Labor Parlamentaria

PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, de ampliar en 90 días el plazo para informar sobre la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en el Servicio Nacional de Pesca u otros servicios públicos con competencia en el manejo de recursos hidrobiológicos, especialmente la merluza austral.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente sobre investigación a funcionarios públicos por actuaciones en torno a la contaminación del Gran Santiago.

I. MANDATO.

La Cámara de Diputados en su sesión 3ª, de 4 de junio de 1998, aprobó el siguiente proyecto de acuerdo Nº 47, por el cual se facultó a la Comisión para efectuar una investigación sobre la materia del epígrafe:

a) Proyecto de acuerdo Nº 47

“Considerando:

Que cuando el pronóstico meteorológico que anuncia lluvias se hace realidad, los habitantes de Santiago, y especialmente sus autoridades, respiran aliviados: se borran los rastros del material particulado y con ello amaina, por algunos días, la polémica que se repite todos los años entre los meses de mayo y septiembre.

Que pese al optimismo que demuestran a cada instante las autoridades del área ( Intendente Metropolitano , Director de la Comisión Regional del Medio Ambiente Metropolitana o el Director del Servicio de Salud del Ambiente ), ni la opinión pública ni los especialistas del área médica parecen estar convencidos de que el panorama mejore sustancialmente.

Que desde 1990, las autoridades han hecho más de una docena de anuncios de medidas para combatir la polución, que van desde la racionalización de estacionamientos en el centro de Santiago hasta el plan de descontaminación dado a conocer a principios de 1997. Nada de esto, sin embargo, ha sido suficiente para evitar que cada invierno dependa de las lluvias para impedir que los niveles de polución lleguen a márgenes críticos. En este contexto, el principal cuestionamiento proveniente, tanto de sectores médicos como políticos, apunta a una falta de voluntad del gobierno por superar realmente el problema, lo que se traduce en la adopción de medidas erráticas.

Que los hechos más relevantes relacionados con la materia son los siguientes:

1990. En abril se crea la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, que formula 49 disposiciones: racionalización de estacionamientos en el centro, reubicación de parquímetros, estaciones de taxis y restricción de ingreso al centro para el 50% de éstos, entre otras; se crea un plan de emergencia, cuando los índices superen el nivel 500, con restricción vehicular de un 40%. En junio, el gobierno crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente; se aprueba la regulación de recorridos para la locomoción colectiva.

1991. Con multas se sanciona a los microbuseros que no acatan la medida de retiro de 4.700 buses y taxibuses, con antigüedad superior a 12 y 10 años. Los autos nuevos que transiten por las regiones Metropolitana, V y VI deberán usar convertidor catalítico. En 1994, la medida se amplió a todo el país. Comenzó la licitación de recorridos.

1993. Comienza a regir el decreto del Ministerio de Salud que establece límites máximos de emisiones de material particulado para fuentes fijas. Se inicia la segunda fase del plan maestro para descontaminar Santiago , que incluye fiscalización de procesos productivos, control de chimeneas domiciliarias, retiro de buses y nuevas plantas de revisión técnica.

1994. Se publica la ley de Bases del Medio Ambiente. Es necesario destacar que entre los principios en que se sustenta esta legislación, explicitados en el Mensaje, se señalan los principios preventivo (antes que los daños se produzcan) y de eficiencia (soluciones al menor costo y privilegio de instrumentos que permitan la mejor asignación de recursos).

1995. Se dictan los siguientes cuerpos reglamentarios:

Reglamento del Consejo Consultivo de la Conama y de las Coremas. Decreto supremo Nº 86, mayo de 1995.

Reglamento para la dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión. Decreto supremo Nº 93, mayo de 1995.

Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y descontaminación. Decreto supremo Nº 94, mayo de 1995.

1996. Se dicta un decreto que declara a la capital como zona saturada de material particulado respirable, ozono, y monóxido de carbono. Es necesario hacer presente que las normas de calidad del aire empleadas han sido casi todas normas antiguas, dictadas por decretos o resoluciones anteriores a la ley Nº 19.300, y que han estado vigentes por un período superior al indicado por la propia ley, que dispone que “toda norma de calidad ambiental será revisada a lo menos cada cinco años”. Es objetable este planteamiento arbitrario y fuera de la ley Nº 19.300 que establece un claro procedimiento para fijar normas.

1997. En marzo se dicta el reglamento sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. En abril se presenta el anteproyecto del Plan de Descontaminación, con un período de implementación de 14 años. En julio se crea el estado de alerta ambiental en el nivel 200.

Que, según información proporcionada por la revista “Qué Pasa” (23 de mayo de 1998) siete años tardó la elaboración del nuevo plan para descontaminar Santiago , que debería obtener resultados en el año 2001. El estudio concluyó en 1997, y requirió de 19 asesorías extranjeras, 13 consultorías nacionales y un proceso de consulta a más de 500 organizaciones. No obstante, las líneas de acción apuntan en la misma dirección -aunque con medidas más concretas- que lo planteado por la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana en 1990, que presidió don Eduardo Arriagada , y que se detallan en la página 18 de la señalada publicación.

Que, en la reducción de emisiones, el plan no discrimina por actividad productiva, ni por el aporte de cada una de ellas a las emisiones de cada contaminante. Tampoco se aplican sistemas de compensaciones -o derechos transables-, de tal forma de tender a minimizar los costos sociales, dado que aún no inicia tramitación legislativa el proyecto de ley que debió ser propuesto en 1995.

Que, si bien la ley exige una estimación de costos y beneficios del plan, el presentado sólo cuantifica una fracción de ellos. Dentro de los beneficios, sólo se cuantificaron aquellos asociados a la disminución de perjuicios para la salud (disminución de morir prematuramente y disminución de contraer enfermedades respiratorias) producto de la reducción de emisiones de material particulado respirable. Adicionalmente, se menciona que se mejorará la visibilidad, se disminuirán los daños materiales y vegetales, entre otros, beneficios que no han sido cuantificados. Los beneficios cuantificados ascienden a US $ 336 millones. Los costos asociados al 55% de las medidas contenidas en la primera etapa del plan, ascienden a US $ 388 millones. Es decir, los costos y beneficios totales asociados al Plan no están claros, y de lo que se ha logrado cuantificar se obtiene un costo neto de US $ 22 millones.

Que, a pesar de los anuncios, planes y medidas, nuestra ciudad sufre cada vez más los estragos de la contaminación ambiental. Sin ser muchas las medidas evaluadas, éstas se repiten de un plan a otro. Por otra parte, los recursos destinados a las instituciones públicas han sido crecientes. Preocupa, por otra parte, que aún teniendo las herramientas, la autoridad no las aplica en su integridad. Lo anterior se observa en la tabla siguiente, en que en ningún año el número de días en que la población estuvo expuesta a índices superiores al nivel 300, corresponde al total de las preemergencias:

1

Que, este año pasó lo mismo. El 1 de abril, el Director de la Corema Metropolitana anunció que se aplicaría un sistema de pronósticos que permitiría aplicar medidas con 24 horas de anticipación. No obstante, el 16 de mayo, a pesar de que Pudahuel marcó 360, no se tomó medida alguna.

Que, lo anterior, deja en evidencia el fracaso de los planes del gobierno.

La Cámara de Diputados acuerda:

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en el plazo de 45 días hábiles, deberá realizar una investigación relacionada con las actuaciones de los funcionarios públicos en torno a la contaminación del Gran Santiago. Deberá, entre otros aspectos:

Conocer los estudios en virtud de los cuales la autoridad ha determinado la relación entre daños a la salud y contaminación ambiental. ¿Es efectivo que con el plan de descontaminación se evitarán cerca de 6.000 muertes prematuras entre 1997 y 2001? Si el plan fracasa ¿se producirán esas muertes prematuras?

Evaluar la definición y el resultado de las medidas tomadas y de los planes aprobados. Por ejemplo, ¿a qué criterio científico responde el nivel 300 para decretar la preemergencia? ¿Por qué no se incluyen indicadores biomédicos? Pese a la alta incidencia del polvo en las calles, ¿por qué se contempla el lavado de las mismas sólo como prevención de episodios de alta contaminación?

Estimar los costos y beneficios involucrados en dichas medidas y planes, tanto públicos como privados.

Determinar los recursos públicos que, asignados a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a la Corema Metropolitana y al Servicio de Salud del Medio Ambiente, han sido destinados a las materias relacionadas con la contaminación atmosférica en el Gran Santiago.

Calificar la actuación de los funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de las emergencias.

Calificar si el plan de descontaminación de la Región Metropolitana puede contener medidas sobre el manejo de emergencias -aprobadas sólo por decreto supremo- tomadas al margen del Poder Legislativo, a pesar que el Tribunal Constitucional falló en el sentido contrario.

Determinar el grado de cumplimiento en la dictación de normas legales y reglamentarias complementarias de la Ley de Bases del Medio Ambiente, tales como, el reglamento sobre áreas silvestres protegidas de propiedad privada (artículo 35); reglamento para clasificar especies de la flora y fauna silvestres extinguidas, en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, y fuera de peligro (artículo 36); legislación sobre el uso del suelo (artículo 39); permisos de emisión transables (artículo 48); decreto supremo reglamentario del Fondo de Protección Ambiental; normas primarias y secundarias de calidad ambiental, y normas de emisión; actualización de esas normas cada cinco años; zonas del país declaradas latentes o saturadas; anteproyectos de planes de prevención y descontaminación y estado actual de tramitación; grado de cumplimiento del segundo programa priorizado de normas, publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de abril de 1997; y, definiciones sobre seguro ambiental.

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente tendrá la facultad de citar a Ministros de Estado y a funcionarios públicos, en los términos dispuestos en los artículos 298 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, con fecha 6 de junio, se aprobaron dos proyectos de acuerdo que complementan el anterior:

b) Proyecto de acuerdo Nº 56.

“Considerando:

Que los distintos análisis del problema de la contaminación en la capital dan cuenta de que las medidas adoptadas no apuntan en forma directa y contundente a las causas (fuentes contaminantes), sino que por el contrario, plantean soluciones parciales, graduales e indirectas.

Que, las medidas tienden a desincentivar la contaminación. No prohíben contaminar. Se utilizan para ello recursos punitivos económicos, como se aprecia en las soluciones anunciadas, de establecer la tarificación vial y aumentar el precio del combustible.

Que la contaminación atmosférica en Santiago no es meramente un problema económico. Es un problema medioambiental que afecta la calidad de vida de la gente, la salud de la población, y el desarrollo futuro de la ciudad en distintos aspectos de su quehacer.

Que existen fuentes contaminantes que no han sido bien consideradas ni ponderadas. Algunos ejemplos: las quemas agrícolas. Actualmente las controla la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la época de verano para evitar incendios forestales. El resto del año no hay control. Solución: prohibir por completo las quemas agrícolas en la Región Metropolitana y en las regiones VI, VII y VIII, ya que por la acción y dirección de los vientos, arrastran elementos contaminantes.

a) La gran minería del cobre. Hay dos fuentes emisoras contaminantes próximas a Santiago: Ventanas y Caletones ; sobre ellas recae especial responsabilidad en el control de sus emisiones y sobre las cuales debe haber permanente fiscalización. En el caso de Caletones, ésta ha hecho una gran inversión (270 millones de dólares) en sus chimeneas para filtrar los tóxicos de la producción de ácido sulfúrico, lo que implica una reducción de las emanaciones tóxicas en un 38%, lo que supone retirar mil quinientas toneladas diarias de ácido sulfúrico y ocho toneladas de material particulado, fundamentalmente, arsénico. Esto corresponde a una primera etapa que debe comenzar en junio de 1998, y cuya segunda etapa está planteada para entrar en funcionamiento el 2001, con lo cual se espera que esta fuente emisora habrá neutralizado completamente el problema de las emisiones.

Que, los planos reguladores están referidos sólo al ámbito de cada comuna y, por lo tanto, el uso del suelo que en ellos se establece en lo relativo a zonas industriales y residenciales, no está coordinado entre las distintas comunas, produciéndose incluso, que los planos reguladores intercomunales, tampoco, pueden establecer dicha coordinación (normalmente se establecen con posterioridad a los planos reguladores comunales). Así, se explica la instalación de la Central Termoeléctrica de Renca, que fue autorizada a funcionar y a contaminar, dentro de la norma, y que las actuales ofertas para establecimiento de cordones industriales (ventas de terrenos) sólo se guían por el concepto de mercado, sin atender a las condiciones meteorológicas o de vientos predominantes, o regulaciones de uso de suelo. Al respecto, se requiere el compromiso de todas las municipalidades de la Región Metropolitana, en términos de que la instalación de nuevas industrias deba estar sujeta a un plano de ubicación territorial y ambiental, previamente estudiado y aprobado, que garantice que en sus procesos de producción no arrojarán contaminantes, o que sus emanaciones serán de nivel cero.

Que, los criterios de preemergencia y emergencia ambientales son incompletos al no considerar los criterios biomédicos.

Que, el criterio de las soluciones ha de ser ¡no contaminar! Contaminar poco, o dentro de la norma, es matar de a poco, dentro de la norma. Al final mata igual. (Es como el cuento de la niña que le dice a su madre “parece que tengo principio de embarazo...”; se tiene o no se tiene... se contamina o no se contamina).

La Cámara de Diputados acuerda:

Oficiar al Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente , al Director de la Comisión Regional del Medio Ambiente Metropolitana , al Gobierno Regional Metropolitano, y a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, para que tengan a bien considerar los siguientes elementos en el programa de descontaminación de la Región Metropolitana, y/o los planes comunales sobre la materia:

Que el Gobierno Regional coordine el estudio de los planos reguladores comunales, de tal forma que toda instalación de industrias sea realizada en el sector más apropiado, no sólo desde el punto de vista comunal sino también regional. Asimismo, para que coordine otras medidas que fueren atingentes a la materia de este acuerdo.

Establecer en la Región Metropolitana, la prohibición de instalar nuevas industrias que no sean capaces de garantizar y atenerse a la condición de “norma cero” en contaminación. Las industrias antiguas podrán regirse por los estándares establecidos actualmente, o los que se propongan o definan entre la Comisión Regional del Medio Ambiente y la Coordinación Metropolitana de Municipalidades.

Determinar un estricto calendario y control de quemas agrícolas en las regiones Sexta, Séptima y Octava, así como la prohibición permanente de todo tipo de quemas en la Quinta Región y en la Metropolitana, entre los meses de abril a septiembre.

Incorporar el criterio biomédico para la determinación de las situaciones de preemergencia y emergencia ambientales.

Hacer más estricta la norma sobre emisión de fuentes móviles (antigüedad del parque de buses; creación de un ente autónomo y financiado, que se haga cargo de las revisiones técnicas; control en la circulación de buses en horarios no diurnos).

El impuesto al combustible, recientemente anunciado, generará un recurso económico extraordinario, que deberá destinarse obligatoriamente a mecanismos y/o estudios de descontaminación de la Región Metropolitana.

Los recursos generados por efecto de la tarificación vial deberán, asimismo, ser destinados a mecanismos de descontaminación, si es que en definitiva dicho impuesto fuere aplicado.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas anunciadas recientemente por el Director de la Comisión Regional del Medio Ambiente Metropolitana.

Reducir los índices de contaminación tolerados para la determinación de preemergencia y emergencia, en forma significativa, para así proteger mejor a la población.”

c) Proyecto de acuerdo Nº 60.

“Considerando:

Que, se ha publicado, muy recientemente, el Nuevo Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, el que, pese a haber sido diseñado con el concurso de distintas entidades públicas y privadas, requiere ser analizado profundamente a fin de propender a su mejoramiento, para transformarlo así, en un instrumento eficaz para paliar los efectos de la contaminación multicausal del Gran Santiago. Para esto es, incluso, necesario enriquecer el Plan, incorporando visiones políticas y técnicas que permitan generar nuevas vías alternativas y complementarias para enfrentar el problema.

Que, es necesario tratar los temas medioambientales con altura de miras, tendiendo al diseño de una política de Estado, que comprometa a todos los órganos públicos en su ejecución, sin exclusiones de índole político-partidista. En el seno de esta Corporación existen distintas y legítimas opiniones, ideas, recomendaciones y sugerencias que deberían ser analizadas con detenimiento por la comisión legislativa especializada.

Que, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la honorable Cámara de Diputados, tiene gran experiencia en abordar este tipo de materias, constituyéndose en una instancia política y técnica que da cabida y garantías a los distintos pensamientos políticos y científico-técnicos que sobre esta materia existen.

Que, la referida Comisión ya se encuentra mandatada por esta Sala a fin de realizar una investigación sobre la actuación funcionaria de los encargados de administrar los planes y programas de contingencia frente a episodios medioambientales de emergencia, recientemente ocurridos en la Región Metropolitana, para lo cual tiene un plazo de 45 días hábiles para emitir un informe a esta Sala.

Que, atendidos los antecedentes expuestos, sería muy oportuno y conveniente mandatar a la Comisión, para que dentro del plazo vigente de mandato, otorgado por el Proyecto de Acuerdo Nº 47, de fecha 4 de junio de 1998, se dedique a estudiar los contenidos específicos del actual Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, incorporando nuevos enfoques y visiones técnicas y políticas orientadas a enriquecer el Plan y para constituir, en lo posible, una sola opinión institucional de la Cámara de Diputados sobre la materia.

La Cámara de Diputados acuerda:

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, dentro del plazo que le ha sido otorgado por el Proyecto de Acuerdo Nº 47, de fecha 4 de junio de 1998, se dedicará, además, al estudio a fondo del actual Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, recogiendo en su seno la opinión de las diversas instituciones técnicas, sean públicas o privadas, con el objeto de complementar y enriquecer las actuales medidas contempladas en el Plan de Descontaminación vigente, propendiendo a la formulación de una opinión institucional de la Corporación sobre el tema.

Para el cumplimiento de este mandato, la Comisión podrá citar e invitar a funcionarios públicos y a personas o entidades particulares, conforme lo establecen los artículos 298 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. SESIONES REALIZADAS.

Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión acordó reunirse, además, en Santiago en el Palacio Ariztía, a fin de recabar el máximo de información sobre el tema. Se efectuaron 23 sesiones.

III. PARTICIPANTES Y EXPOSITORES.

Durante el transcurso de la investigación, asistieron a la Comisión los señores Álex Figueroa , Ministro de Salud ; Claudio Hohmann y Andrés Wallis , Ministro y Subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, respectivamente; señora Berta Belmar , Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Jaime Silva y Patricio Hermosilla , Jefe de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Jefe Departamento de Desarrollo Urbano del Seremi de Vivienda y Urbanismo; Sergio Galilea , Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ernesto Velasco , Intendente de la Región Metropolitana ; Rodrigo Egaña y Clemente Pérez , Director Ejecutivo de Conama y ex Director de Conama Región Metropolitana , respectivamente; Álvaro Sapag , Jefe del Departamento Legal de Conama ; Patricia Matus , Jefa del Departamento de Planes y Normas, Gianni López , Director Técnico y Cristián Santana , todos asesores de Conama; Doctor Mauricio Ilabaca , Director Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente ; doctor Roberto Belmar , Jefe de la División de Salud del Ambiente del Ministerio de Salud ; doña Marta Zamudio , Ingeniero Química , Jefa de Programa Sesma; Juan Sánchez , Jefe Departamento Vigilancia Sanitaria de Sesma ; Juan Pablo Lorenzini , Superintendente de Electricidad y Combustibles; René Morales , Presidente del Colegio de Arquitectos ; Sergio Montenegro , profesor Legislación Ambiental; Fernando Dougnac y Marcelo Castillo , ambos abogados, especialistas en medio ambiente; doctor Andrei Tchernitchin , Secretario Ejecutivo de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile; Javier Hurtado , Presidente del Programa de Medio Ambiente del Instituto Libertad y Desarrollo y doña Ana Luisa Covarrubias , Investigadora del mismo Instituto; Hugo Romero , académico de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile; Andrés Concha , Secretario General y Jaime Dinamarca , Gerente Medio Ambiente , ambos de Sofofa; Juan Escudero , Director del Centro Nacional del Medio Ambiente ; señoras Mary Rose Mackenzie , Directora Ejecutiva de Fondecyt ; Liz Ampt , Gloria Hutt y Rocío Noriega , de la Consultora Steer Davies Gleave; doctor Lionel Gil , Químico Farmacéutico, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y los señores Patricio Lanfranco , Mauricio Montecinos , coordinadores de la ONG, “No a la Costanera Norte” y Rodrigo Ampuero , coordinador de Sinta.

Asimismo, con fecha 6 de julio se efectuó una visita a las oficinas del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana (Sesma) para posteriormente efectuar un recorrido por tres estaciones de vigilancia de la calidad del aire en el Parque O'Higgins, Cerrillos y Pudahuel.

La Comisión, efectuó además una Mesa Redonda sobre “Incorporación de las variables biomédicas en la definición de los episodios críticos de contaminación”, en donde participaron el doctor Carlos Aranda , especialista en infecciones respiratorias de niños; doctor Lionel Gil , Químico Farmacéutico, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile; doctor Andrei Tchernitchin , Secretario Ejecutivo de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile; doctor Roberto Belmar , Jefe de la División de Salud del Ambiente del Ministerio de Salud ; Doctora Patricia Matus , Jefa del Departamento de Planes y Normas; don Julio Monreal , Ingeniero, Jefe del Depto . de Programas sobre el Ambiente del Ministerio de Salud; don Rigoberto Valdivia , abogado, especialista en Derecho Ambiental; don Pedro Mancilla , Kinesiólogo, Programa Infecciones Respiratorias Agudas del Ministerio de Salud, IRA; doctor Ricardo San Martín , Jefe del Depto . Técnico de Sesma; Señora Margarita Préndez , doctora en Química de la U. de Lovaina, Bélgica, Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la U. de Chile.

Del mismo modo, se deja constancia de que reiteradamente fueron invitados los señores José Pablo Arellano , Ministro de Educación , Eduardo Aninat , Ministro de Hacienda y el doctor Enrique Accorsi , Presidente del Colegio Médico AG , quienes se excusaron de concurrir, en cuatro oportunidades.

IV. ANTECEDENTES GENERALES.

a) Ley de Bases del Medio Ambiente, Nº 19.300.

La Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente establece que la autoridad debe desarrollar planes de descontaminación en áreas donde los niveles de contaminantes excedan sistemáticamente las normas ambientales, y planes de prevención donde dichas normas se encuentren en peligro de ser superadas. En 1996, para dar cumplimiento a este objeto, la Región Metropolitana fue declarada como “Zona Saturada” para cuatro contaminantes atmosféricos (material particulado respirable, partículas totales en suspensión, monóxido de carbono y ozono) y como “Zona Latente” para dióxido de nitrógeno. Desde entonces, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) inició la elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la Región Metropolitana. (Decreto Supremo Nº 131, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.)

Su objetivo es cumplir con las normas de calidad de aire cuyo propósito principal es la protección de la salud de la población, la cual se encuentra habitualmente expuesta a concentraciones de contaminantes que afectan su bienestar físico y la calidad de vida en general.

Su marco está dado por el establecimiento de metas de reducción de emisiones para las distintas actividades y fuentes contaminantes, como también por la definición de los plazos en los cuales se alcanzarán estas metas. Además, el programa propone un conjunto de estrategias, líneas de acción y medidas que permitirán alcanzar las metas de reducción de emisiones en los plazos dados. Como parte importante del PPDA se incluye un plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación, que permite que la población esté protegida de los eventos de alta contaminación, durante el plazo necesario para que se alcancen los niveles señalados en las normas ambientales.

Incorpora criterios que permiten asegurar la sustentabilidad del crecimiento económico de la región, una vez alcanzadas las metas de reducción de emisiones.

Establece la participación ciudadana durante el período de discusión e implementación del mismo, a la vez que incluye programas de educación y difusión ambiental, con la finalidad de producir cambios de hábitos y costumbres.

El plan reproduce muchos de los principios orientadores de la ley de Bases del Medio Ambiente, como el participativo, preventivo, de responsabilidad, el que contamina paga, el de eficiencia y el de gradualidad.

Este plan de prevención y descontaminación busca evitar un mayor deterioro en la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación, hasta lograr el pleno cumplimiento de las normas ambientales. Incorpora mayores exigencias tecnológicas para actividades y fuentes nuevas, mayores exigencias de compensación para actividades y fuentes nuevas o modificaciones de las existentes.

La internalización de los costos sociales provocados por la contaminación atmosférica se materializa a través de la exigencia, para el responsable de cada actividad o fuente contaminante, de asumir los costos de cumplir con las metas establecidas.

En el caso de fuentes industriales, el perfeccionamiento del sistema de compensaciones de material particulado, y la exigencia de compensaciones para gases, permite que los bienes y servicios progresivamente reflejen los costos reales de producción, incluyendo el daño social que genera la contaminación.

b) Factores que determinan la contaminación atmosférica.

Los altos niveles de contaminación atmosférica obedecen a la conjunción de varios factores.

-La creciente actividad económica lleva aparejada elevados niveles de emisión de contaminantes. A ésta se suman condiciones urbanas propias de la ciudad de Santiago. La gran extensión y segregación funcional provocan un progresivo deterioro del transporte, con aumentos de las distancias recorridas, de los tiempos de viaje y de los flujos.

-Las condiciones geográficas y meteorológicas de la región son particularmente desfavorables para una adecuada dispersión de contaminantes.

-La exposición a los contaminantes atmosféricos provoca diversos efectos en la salud. Éstos dependen del nivel de concentración, los tiempos de exposición, la acción sinérgica de dos o más contaminantes, efectos de largo plazo. También influye la susceptibilidad de la población expuesta, donde los grupos más afectados son los niños, ancianos y enfermos respiratorios crónicos.

c) Principales efectos en salud de los contaminantes normados.

-Material Particulado Respirable PM 10

Provoca cáncer pulmonar, muertes prematuras, síntomas respiratorios severos e irritación de ojos y nariz.

-Monóxido de Carbono: CO

Presenta alto riesgo para individuos con enfermedades coronarias, aumento de angina en pacientes susceptibles, disminución en las funciones neuroconductuales, efectos perinatales como menor peso del feto y retardo del desarrollo post-natal.

-Dióxido de Nitrógeno: NO2

Su toxicidad se debe principalmente a sus propiedades oxidativas y sus efectos en salud son inducción de edema pulmonar, aumento de metabolismo anti-oxidante, daño celular en el pulmón, irritación y pérdida de mucosa.

-Dióxido de Azufre: SO2

Produce efectos irritantes sobre las vías respiratorias, lo que da lugar a broncoconstricción y bronquitis obstructiva.

-Ozono: 03

Produce tos, dolor de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de tórax, incremento de mucosidad, estertores, cierre de las vías respiratorias, etc.

d) Características geográficas de la Región Metropolitana.

La Región Metropolitana comprende una superficie de 15.554,5 km2 que, comparada con la superficie del país (excluyendo el Territorio Antártico), representa el 2,1 % del total nacional, constituyéndose en la región más pequeña. De la superficie mencionada, un 85,7% corresponde a terrenos montañosos, el 3,3% a espacios urbanizados y aproximadamente el 11% a superficie destinada a la agricultura.

Es una región mediterránea, que se ubica entre la cordillera de los Andes y la de la Costa. Predominan los relieves montañosos que encierran hacia el centro de la región una amplia y extensa cuenca, la de Santiago. Por el norte, el cordón montañoso de Chacabuco la separa de la región de Valparaíso y por el sur, los cerros de Angostura y Chada (en Paine) constituyen el límite con la Sexta Región.

Los cerros que rodean la planicie central imponen fuertes restricciones a la circulación de vientos, y por ende, a la renovación del aire al interior de la cuenca. Por ello, en épocas de estabilidad atmosférica los contaminantes quedan atrapados dentro de la cuenca que alberga a la ciudad de Santiago.

e) Características meteorológicas de la Región Metropolitana.

Los factores climáticos condicionan la dispersión de contaminantes atmosféricos. En el caso de la Región Metropolitana, estos factores son muy desfavorables para dicho propósito. Esto implica que para iguales condiciones de emisión comparada con otras urbes a nivel mundial, las concentraciones de contaminantes atmosféricos resultantes son mayores.

El clima de la zona central de Chile se encuentra modulado por la alternancia de dos factores principales de gran escala: el anticiclón del Pacífico y los sistemas de bajas presiones.

Durante los meses más fríos, los sistemas frontales generan situaciones esporádicas de mal tiempo sobre la zona central y precipitaciones que se registran en forma ocasional e irregular. La aparición de estos sistemas frontales en la Región Metropolitana permite la limpieza temporal de la atmósfera. Una vez que las condiciones meteorológicas mejoran, la concentración de contaminantes aumenta rápidamente.

Santiago presenta una inversión térmica de subsidencia prácticamente todo el año, lo que significa que la zona central de Chile tiene un verdadero techo o capa, que impide la mezcla del aire inferior con el superior. Es así como las partículas de aire que tratan de ascender desde la capa inferior encuentran aire más cálido que impide su ascenso.

Durante el otoño e invierno, se genera una capa de inversión causada por el enfriamiento de la superficie terrestre, la cual se debilita durante el transcurso del día, por efectos de la radiación solar.

Cuando ambos tipos de inversiones se presentan simultáneamente, de preferencia durante los meses de otoño e invierno, se produce una capa de mezcla reducida con una atmósfera muy estable en la superficie, lo que genera una predisposición para los episodios de alta contaminación atmosférica.

Otro factor son las depresiones costeras, que corresponden a sistemas de bajas presiones localizadas, que se generan por el calentamiento de la masa terrestre, lo que repercute en la contaminación de Santiago.

El patrón de vientos superficiales que predomina en la región en todas las estaciones del año, aunque con distintas magnitudes, corresponde al sistema de brisas valle-montaña. Durante el día los vientos soplan desde el sur-oeste. Durante la noche la situación se revierte. En el sector sur de la Región Metropolitana, las condiciones de viento imperantes muestran un transporte de contaminantes desde la vecina cuenca del Cachapoal.

Al norte de la Región, y hasta los límites del Cordón de Chacabuco, durante el día, se aprecian vientos con componente sur, que transportan hacia el norte parte de los contaminantes emitidos en la ciudad. Por la noche el flujo se revierte y se dirige hacia la ciudad, favoreciendo la acumulación de contaminantes.

Las condiciones meteorológicas de verano logran ventilar la cuenca (mayor velocidad del viento y menor potencia de la inversión térmica). Durante el invierno (menores velocidades de viento y menor insolación) no se logra el efecto anterior, lo que redunda en una recirculación de los contaminantes en la cuenca y aumento de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en días sucesivos.

Estos antecedentes permitieron definir que el área a declarar como saturada por CO, PTS, PM 10, y O3 ; y latente por NO2 fuera la Región Metropolitana y no un área menor dentro de la región.

f) Condiciones urbanas de la Región Metropolitana y de la ciudad de Santiago.

Los factores preponderantes dicen relación con la concentración poblacional y de actividades principalmente en la ciudad de Santiago.

La Región Metropolitana según el último censo poblacional de 1992, es la más poblada y densa del país, ya que concentra el 39 % de la población total de la Nación.

En el período 1982-1992, el crecimiento demográfico de la Región Metropolitana (19,7%), estuvo por sobre el promedio del crecimiento nacional.

Asociado al crecimiento poblacional se ha producido una extrema expansión horizontal de la ciudad de Santiago, principalmente hacia la periferia sur y sudoeste. El área de la ciudad conformada por el casco urbano (zonas consolidadas y zonas parcialmente construidas), aumentó de 55 mil hectáreas en 1990 a 65 mil hectáreas en 1995.

Existen otros efectos ambientales negativos asociados a la expansión de la ciudad tales como disminución de la cubierta vegetal, impermeabilización del suelo y cambios en las tasas de reposición de las napas freáticas, pérdida de bosque nativo y erosión.

g) Transporte urbano.

De acuerdo a la última encuesta Origen-Destino de viajes, en el Gran Santiago se realizan 8,4 millones de viajes diarios, los que muestran una fuerte dependencia de modos de transporte motorizados. Del total de viajes, un 17 % se efectúa en transporte privado (automóviles y taxis), el 53% en transporte público, el 20% corresponde a caminata y el resto (10%) a otros modos, tales como bicicleta y motos.

Sólo la zona oriente genera el 48% de los viajes en transporte privado, con una tasa de motorización de 260 veh/ l000 hab., la más alta de la región. En el resto de las zonas, sin embargo, los viajes en transporte público (bus, taxibús, taxi colectivo y Metro) constituyen el modo más importante. A pesar de ello y de los esfuerzos por mejorar el servicio en los últimos 5 años (licitación de recorridos), su calidad en términos de seguridad, comodidad y confiabilidad sigue siendo insuficiente para sostener las necesidades actuales y futuras de la demanda.

En consecuencia, los principales problemas del transporte en la ciudad lo constituyen la concentración horaria y espacial de los viajes, y la mala calidad del servicio de transporte público, lo que fomenta la posesión y uso del automóvil particular.

En efecto, la participación del transporte motorizado de superficie en las emisiones de contaminantes, alcanza niveles del 92% en CO, 7% en PM l0 y 71% en NOx y 46% de COV, según el inventario de emisiones de 1997.

Del análisis de la participación del transporte público y privado en la emisión de contaminantes medidos en gramos por pasajero por kilómetro (gr./pasajero-km) se concluye que el transporte privado genera una mayor contaminación por viaje realizado que el transporte público.

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El parque de vehículos particulares creció un 32% en el período 1990 - 1994 (de 419.888 a 553.597). Esto provocó un fuerte aumento de las emisiones de contaminantes por pasajero transportado. El del parque de buses y taxibuses, en cambio, ha disminuido en un 8% en el mismo período (de 15.037 a 13.770).

Cabe destacar dentro del crecimiento del parque particular, el aumento del número de taxis que asciende a un 60% (de 21.425 a 34.065). Estos vehículos circulan en promedio 4 a 6 veces más que los automóviles particulares, en términos de km por vehículo al año.

h) La actividad industrial en la Región Metropolitana.

Ha crecido notoriamente en los últimos años. Ello ha significado un aumento en el consumo de combustibles, tal como se aprecia en los gráficos, donde se muestran los consumos en los años 1990 y 1994 de los combustibles más utilizados por el sector industrial.

Variación en consumo de combustibles 1990-1994

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V. ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR A LA DECLARACIÓN DE ZONA SATURADA Y LATENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA.

Fue declarada Zona Saturada para cuatro contaminantes atmosféricos: PTS, PM 10, CO y O3 y Zona Latente para el NO2. (D. S. Nº 131, del 12 de junio de 1996 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia ). La declaración de Zona Saturada y Latente para la Región Metropolitana se basa en los niveles de contaminación atmosférica alcanzados. Las normas de calidad de aire han sido sobrepasadas repetidas veces en los casos de partículas totales en suspensión (norma diaria), material particulado respirable (norma diaria), monóxido de carbono (norma promedio de ocho horas) y ozono (norma horaria).

a) Calidad del aire en la Región Metropolitana.

Los antecedentes utilizados para determinar la calidad del aire de la Región Metropolitana provienen del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma), recopilados fundamentalmente a través de la Red de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos (Red Macam) y la Red de Vigilancia.

El análisis de la calidad de aire se realiza en función de las normas de calidad del aire primarias vigentes en Chile, que se detallan a continuación.

Cuando una o más normas de calidad ambiental son sobrepasadas, se da origen a una situación de saturación. Cuando los niveles de concentraciones están entre un 80 y un 100% de la norma de calidad ambiental, la situación es de latencia.

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b) Análisis de los principales contaminantes atmosféricos en la Región Metropolitana.

En los últimos años, se han venido superando sistemáticamente las normas para PTS, PM 10, CO y 03, habiéndose registrado para el NO2, niveles de latencia.

SISTEMA ESTATAL DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD

DEL AIRE REGIÓN METROPOLITANA

SIVICA 1-RM

RED AUTOMÁTICA MACAM2-RM

ENERO 1997

(CONFIGURACIÓN-01)

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A continuación, se muestran los valores máximos alcanzados por los distintos contaminantes mencionados. Éstos se grafican como porcentaje de la norma que representan (100 equivale a la norma). Del análisis del cuadro se desprende que el 03 representa el caso más crítico con una superación de casi tres veces la norma. De los contaminantes graficados, el NO2 se presenta como el menos crítico. Sin embargo, alcanza casi un 90% de la norma que le corresponde, lo que indica su estado de latencia.

Figura 2.3 Porcentaje de norma, valores máximos para cada caso % de la norma.

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CONTAMINANTES

Fuente: Conama R.M.

La Figura 2.4 muestra el número de días por año en que se presentan violaciones a la norma, en la estación de las redes de monitoreo más desfavorable por contaminante.

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El PTS superó en más de 40 días la norma (sobre 91 días de muestra, i.e, un 44% de los días muestreados, lo que equivaldría a más de 160 días por año). El PM l0 y el CO (promedio de 8 horas) en alrededor de 60 días y el 03 en 150 días por año.

Si se comparan los niveles de contaminación con los índices de calidad de aire Icap (Índice de Calidad de Aire de Partículas) e Icag (Índice de Calidad de Aire de Gases) donde 100 representa la norma, 300 nivel crítico (preemergencia) y 500 nivel peligroso (emergencia), se aprecia que la situación más preocupante desde el punto de vista de la salud la representa la contaminación por material particulado respirable.

Figura 2.5: Índices de calidad de aire, valores máximos.

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Fuente: Conama R.M.

-Material particulado respirable: PM IO

El material particulado respirable corresponde a la fracción del material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 milésimas de milímetro. Por su tamaño, estas partículas son capaces de ingresar al sistema respiratorio. Mientras menor sea su diámetro, mayor será el potencial de generar daño en la salud humana. En efecto, las partículas de diámetro menor a 2.5 milésimas de milímetro penetran hasta los alvéolos pulmonares e ingresan directamente al torrente sanguíneo.

La fracción gruesa del material particulado, es decir aquella parte del PM l0 cuyo diámetro está comprendido entre 2.5 y 10 milésimas de milímetro en atmósferas urbanas como Santiago, está compuesta principalmente por polvo resuspendido, el cual es una mezcla de partículas de origen natural con otras de origen antropogénico que han sido recirculadas.

En el caso de la fracción fina del material particulado, es decir partículas de diámetro menor a 2.5 milésimas de milímetro, encontramos mayoritariamente partículas de origen antropogénico ya sea emitidas directamente por procesos de combustión (vehículos diesel, calderas y otros procesos industriales), o como resultado de reacciones de otros contaminantes gaseosos que son emitidos mayoritariamente por vehículos a gasolina y por las fuentes ya mencionadas. Este último es el denominado material particulado secundario.

A continuación, se indican las superaciones de índices Icap 100, 300 y 500. Se aprecia un descenso en el número de días de preemergencia y emergencia. En el caso del Icap 100, no es posible una tendencia tan clara.

2.8 Superación de Icap 100, 300 y 500 Balance al 31 de agosto de 1996. (No incluye P. O`Higgins 93-94)

El índice Icap corresponde a una concentración de 150 ug/m3; el índice Icap 300 a 240 ug/m3 y el índice Icap 500 a 330 ug/m3.

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-Monóxido de carbono: CO El monóxido de carbono es un contaminante gaseoso que se produce por la combustión incompleta de hidrocarburos. Su fuente principal en las ciudades son los vehículos a gasolina.

-Ozono: 03

El ozono es un contaminante secundario de origen fotoquímico que se forma por la reacción entre óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, en presencia de radiación solar. Los procesos fotoquímicos asociados a la formación de ozono son altamente complejos y dependen de la proporción relativa entre óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, y de los distintos tipos de hidrocarburos presentes en las reacciones. Por ello, para entender el problema de contaminación por ozono se requieren estudios específicos de la actividad fotoquímica propia de cada región, incluyendo análisis de los patrones de viento predominantes.

La estación que registra las mayores concentraciones y mayor frecuencia de excedencia de norma es la estación M (Las Condes), ubicada a 15 kilómetros del centro, en la dirección de los vientos predominantes. En ella se registran superaciones de la norma en casi la mitad de los días del año.

-Dióxido de nitrógeno: NO2

La mayoría de los óxidos de nitrógeno generados por el hombre se producen por la oxidación del nitrógeno atmosférico presente en los procesos de combustión a altas temperaturas. El contaminante generado en forma primaria es el NO2, parte del cual rápidamente se oxida a NO2. Ambos óxidos liberados a la atmósfera participan activamente en un conjunto de reacciones fotoquímicas que, en presencia de hidrocarburos reactivos, generan ozono. Además, en su proceso de transformación, este contaminante forma nitratos, es decir, sales que pueden ser transportadas en el material particulado respirable y que en presencia de humedad forman ácidos. Estos ácidos son una parte importante del material particulado secundario, que tiene efectos nocivos en la salud.

-Dióxido de azufre: SO2

Este contaminante es el resultado de la combustión del azufre contenido en los combustibles fósiles (petróleos combustibles, gasolina, petróleo diesel, carbón, etc.), de la fundición de minerales que contienen azufre y de otros procesos industriales. Durante su proceso de oxidación en la atmósfera, este contaminante forma sulfatos, es decir, sales que pueden ser transportadas en el material particulado respirable (PM 1O) y que en presencia de humedad forman ácidos. Estos ácidos son una parte importante del material particulado secundario. Tanto la exposición a sulfatos como a los ácidos derivados del SO2 es de extremo riesgo para la salud debido a que ingresan directamente al sistema circulatorio humano a través de las vías respiratorias.

VI. PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA.

El plan contiene 10 capítulos. Introducción, Diagnóstico, Actividades cuyas emisiones impactan en la Región Metropolitana, Línea de Emisiones, Metas de Reducción de Emisiones , Instrumentos de Gestión Ambiental, Plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación, Programa de Educación, Estimación de costos, Beneficios económicos y sociales y Fiscalización, verificación del cumplimiento y actualización del plan.

Para los efectos de este informe se considerarán básicamente cuatro aspectos, que dicen relación con los temas que se analizarán a continuación:

-Evaluación de lo que ha sucedido con la contaminación de Santiago desde el año 1990 a 1997.

-Plan de descontaminación propiamente tal.

-Episodios críticos en cuanto a cómo se manejan las preemergencias, las emergencias y las alertas ambientales.

-Evaluación general de la efectividad del plan con estimación de los costos y de los beneficios.

a) Evaluación de la contaminación (1990-1997).

Crecimiento económico, poblacional y vehicular.

Resulta imposible hablar de la contaminación de Santiago sin hacer alguna referencia al crecimiento económico y poblacional de la Región Metropolitana. En ambos casos se está hablando de crecimientos muy significativos. La economía ha crecido un 7 por ciento, sin embargo, en estos 7 años, el crecimiento ha sido incluso más expansivo. Por ejemplo, el parque de vehículos particulares en la Región Metropolitana se ha duplicado entre los años 1990 y 1997: de 373 mil aumentó a 735 mil automóviles; los taxis han aumentado un 150 por ciento, de 21 mil a 53 mil; hogares con 2 autos o más han subido un 160 por ciento, de 75 mil a 195 mil. Por otra parte, una de las pocas cifras negativas están referidas al porcentaje de hogares sin automóviles y a la cantidad de buses, que han disminuido en 14 y 44 por ciento, respectivamente. Esto último es fruto de la licitación de buses que se realizó a principios de la década: de 13 mil a 9 mil buses licitados. Hay cerca de mil buses no licitados. Ésta es la realidad de los últimos 7 u 8 años. El año de referencia es 1989, porque para atrás no se registra un gran aumento. En cuanto a respuestas, éste es un tema que surge a partir de la década del 90.

El crecimiento de la actividad económica en los últimos 8 años prácticamente se ha duplicado. Partiendo de un nivel 100, en que la actividad económica prácticamente se ha duplicado entre los años 1989 y 1997. Si se compara con los días de superación de la norma de calidad ambiental, también con un índice estandarizado de nivel 100, se puede concluir que al menos se ha disminuido de 100 a 90 en los últimos 9 años, en circunstancias de que todo indica -y esto también lo ha señalado el Banco Mundial- que cuando un país crece, su contaminación tiende a crecer en un 80 por ciento. Lo óptimo sería que respecto de los días de superación del nivel 100, hubieran disminuido en relación al año 1989. A juicio del Director de la Conama , esto constituye una ganancia ambiental importante. En comparación con los días de superación del nivel 100, si lo que se considera ahora son los días de superación del nivel 300, se puede inferir que hay una ganancia ambiental que es aún mayor. Esto, porque los esfuerzos realizados han tenido una mayor efectividad en los días de alta contaminación y, por lo tanto, hay una reducción de la superación del nivel 300 que indica que la ganancia ambiental es aún mayor. Si se compara con los días de superación del nivel 500 se obtendrá una ganancia aún mayor, en circunstancias de que en los últimos 3 años no ha habido emergencias ambientales. Se debe considerar, que se está hablando de la red tradicional de monitoreo. En los últimos 4 años, desde principios de 1995, no ha habido ninguna superación del nivel 500. La última que se produjo este año se debió a la adaptación de una red nueva. Entonces, para mantener las cosas comparativas, sólo con las mediciones de la red tradicional, se habría producido una ganancia ambiental respecto de las superaciones del nivel 100, una ganancia mayor respecto de la superación del nivel 300 y una ganancia bastante importante respecto de las superaciones del nivel 500. Se debe considerar que se está hablando de material particulado respirable, que es el contaminante que más preocupa.

Ésta es la evolución del material particulado respirable PM 10 completo, sobre un nivel de concentración por más de 100 miligramos por metro cúbico. Actualmente se emplean en concentraciones anuales.

El indicador empleado es el promedio diario, empleándose, además, los promedios anuales. Aquí se utilizan con la red antigua, y han bajado de 105 a 85; es decir, ha habido una disminución significativa, pero no todo lo rápido que sería necesario.

El material particulado se compone de fracción fina y fracción gruesa. La fracción fina, que es el PM 2.5, que es todo lo menor a 2.5 micra (normado en Estados Unidos, aun cuando todavía no está en vigencia la norma), es aquel que al ser más pequeño tiene mayor impacto en la salud. El resto, entre 2.5 y 10 milésimas de milímetro es la fracción más gruesa. Es interesante destacar que la fracción gruesa ha aumentado en forma mínima, de 40 a menos de 50, pero aún así se ha constatado un aumento a pesar del primer plan de descontaminación. Esto debido, básicamente, a la duplicación del parque automotor. Al hablar de la fracción gruesa, entre 2.5 y 10, la referencia debe entenderse hecha al polvo en suspensión. Cuando se considera la fracción fina, se está hablando de partículas que dicen mayor relación con procesos de combustión. Es decir, emisiones de tubos de escape del transporte o emisiones de industrias. Es aquí donde está el logro más significativo de lo que se ha avanzado hasta el momento: la disminución de la fracción fina, de un promedio de 70 miligramos por metro cúbico a 40 miligramos por metro cúbico. Es decir, se habría producido una disminución importante y esto explicaría la ganancia en el control del material particulado, que está dado por la fracción fina, que es lo que está más asociado con el problema de la salud.

Otra manera de leer la evolución del material particulado en los últimos años es con los días de superación de los niveles 100, 300 y 500. Éstos son los días de superación: 83, 95 y 73. No hay una totalización, sino simplemente los días en que se detecta la superación de la norma. Ha habido una cierta evolución desde 83 hasta 57, 60 y 70, o sea, una cierta mejoría, o mejor dicho una cierta tendencia a mejorar. El primer plan de descontaminación implementó un conjunto importante de medidas, que no se mantuvieron en el tiempo. De esta manera, se explicaría el efecto de estas nuevas medidas, pero debido a que, por algún tiempo, no se siguieron implementando, se produjo un quiebre importante en las tendencias. El nuevo plan de descontaminación busca recuperar y acentuar aún más el nivel a la baja.

Si no se consideran las superaciones del nivel 100, sino las de nivel 300, que tienen mayor relación con el impacto a la salud, se puede concluir que hay una disminución mayor, por lo tanto un beneficio, puesto que se ha reducido de 30 ó 32 a la mitad en el último año, de lo cual se puede inferir que se trata de días de superación del nivel 300 y no necesariamente declaraciones de preemergencia. Existen algunas diferencias entre días de superación y declaraciones. En las superaciones del nivel 500, de 10 se ha rebajado a 0, considerando sólo la red tradicional.

¿Cuál es la importancia de diferenciar entre la red tradicional, versus la red nueva? A mediados del año pasado se incorporó una nueva red de monitoreo, que entró en vigencia a principios de este año, que tiene una consecuencia muy importante: aumentar las preemergencias, emergencias y superaciones del nivel 200. Está instalada en lugares donde se han producido mayores niveles de contaminación que en el centro de la ciudad. Esta red de monitoreo, que empezó a funcionar a fines del año pasado, permite concluir que en 1997, con los mismos días de lluvia y las mismas concentraciones, teniendo la red antigua, se habrían producido 73 superaciones del nivel 100. Con la incorporación de la red nueva, se elevó de 73 a 86, puesto que hay nuevas estaciones en lugares donde antes no se realizaban mediciones.

En cuanto a las superaciones del nivel 300, en 1997, habrían aumentado de 16 a 38. Es decir, sólo por el hecho de tener una nueva red de monitoreo, se habrían producido 38 preemergencias en vez de 16. Por ese mismo hecho, se puede considerar que el año pasado se habrían producido 4 emergencias, las cuales no se dieron en los últimos cuatro años. Si esto se une, además de la creación del nivel 200, al estado de alerta, se puede inferir que hay un aumento importante del número de episodios que no está relacionado con que el aire esté más malo, sino con que la autoridad está reaccionando en mayor número de ocasiones, porque se está midiendo mejor -en el caso de la nueva red- y, además -en el caso de alerta-, porque hay más episodios para proteger mejor la salud de la población.

Esta tendencia, constituye un avance importante aunque no pleno. Entre 1990 y 1996, el plan de descontaminación contemplaba medidas como: el retiro de 2.600 máquinas viejas, licitación de recorridos, renovación de la flota, normas de emisión para algunos vehículos y para el transporte privado, paraderos diferidos, mayores esfuerzos en fiscalización, gasolina sin plomo, equipamiento de plantas de revisión, fiscalización en la vía pública. El decreto Nº 4, del Ministerio de Salud, de 1992, establece un mecanismo de compensación de emisiones, un programa de control de fuentes fijas, algunas medidas en materia de polvo de calles, forestación periurbana, construcción de parques urbanos, control de quemas agrícolas, etcétera.

Respecto de las emisiones de automóviles, según estimaciones de Conama de 1997, sin el primer plan de descontaminación, hoy estaríamos en el nivel 100. Sin embargo, estamos bajo el nivel 50 en monóxido de carbono, hidrocarburo y plomo y cerca del nivel 60 en óxido de nitrógeno. Básicamente, se habla de la renovación de automóviles, sobre todo, de la incorporación del convertidor catalítico y la consiguiente reducción de estas emisiones. Si en 1997 se hubiese duplicado el parque de automóviles con los niveles de emisión, estaríamos en un nivel 100.

Respecto de las emisiones de PM 10, se observa una reducción del 50 por ciento, o mejor dicho, estaríamos un 50 por ciento peor, si tuviéramos igual número de micros de principios de década. Estas emisiones son de tubos de escape y de polvo suspendido. Esta proporción es menor y se explica por el retiro de las micros en virtud del primer plan de descontaminación.

El primer plan obedeció a un acto de voluntad política, mientras que el actual se rige por las normas de la Ley de Bases del Medio Ambiente, la cual establece un procedimiento a partir de aquellos contaminantes normados.

Éste es el cuadro de normas que hoy existe, respecto del cual se declara zona saturada en 1995, constatando superaciones de cada uno de los contaminantes, sobre 40 días de superación de partículas totales en suspensión y material particulado de distinto tamaño y sobre 50 días de superación del material particulado respirable. Se supera una de las dos normas de monóxido de carbono -60 días al año- y la norma de ozono supera la mitad de los días del año. Éstos son los contaminantes por los cuales se debe elaborar el plan de descontaminación atmosférica.

Ahora, los días de superación de norma no necesariamente están relacionados con el grado de intensidad en que se supera la norma. La intensidad con que se supera la norma de PM 10 o de material particulado respirable es mayor, y es el contaminante que más preocupa.

En 1995, considerado como el mejor año de este década, se superó el nivel 400 con la red tradicional. En el caso del ozono, se superó el nivel 100 hasta llegar al 200. En monóxido de carbono se ha superado el nivel 200. En óxidos de azufre no hay superación de normas, por lo tanto el plan de descontaminación, no la contempla; sin embargo, se ha incluido, porque éstos contribuyen a la generación de material particulado secundario.

Establecidos los materiales contaminantes, correspondía señalar el área geográfica saturada. El Gobierno, mediante decreto supremo, estableció que la zona saturada era toda la Región Metropolitana. Para ello, se hicieron mediciones que demostraron que las emisiones de cualquier punto de la región tienen impacto sobre la ciudad de Santiago. Es así como se efectuaron traslados, en distintos momentos de tiempo, de las emisiones por efecto de los vientos, que tienen una dirección durante el día y luego, durante la noche, vuelven sobre la ciudad de Santiago. Ésta es una medición que maneja Conama y otras instituciones como el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. Se consideraron 5.500 fuentes fijas, desde su ubicación geográfica, su nivel de emisiones, el tipo de combustible que utilizan, lo cual es importante, porque es el fundamento técnico del plan. También están considerados 3.300 arcos de tránsito, es decir, esquinas respecto de las cuales se conoce el flujo promedio de cuántos vehículos de carga o automóviles con o sin convertidor pasan por ahí; 8 estaciones de monitoreo y 23 ó 24 estaciones meteorológicas. Todo esto permitió desarrollar un modelo de dispersión que llevó a decretar zona saturada no sólo a la ciudad de Santiago, sino a toda la Región Metropolitana.

b) Inventario de emisiones: Dice relación con la responsabilidad de las distintas fuentes en la contaminación de Santiago, en cuanto al material particulado aspirable, que es el polvo de calle y que asciende casi a un 80 por ciento. El resto de material se encuentra repartido casi en iguales partes, entre fuentes fijas y fuentes móviles.

Respecto de los gases, existe una participación bastante mayor de las fuentes móviles. Por ejemplo, sobre el 90 por ciento de las emisiones de monóxido de carbono, son emitidas principalmente por automóviles particulares. El óxido de nitrógeno también es gran responsabilidad de las fuentes móviles, aunque hay una cifra no despreciable, cerca del 30 por ciento, de fuentes fijas; en compuestos orgánicos volátiles también hay una parte importante de fuentes móviles, en forma directa, pero también hay una responsabilidad indirecta de las fuentes móviles, cerca del 40 por ciento, que son las emisiones evaporativas. Al trasladar combustible se evaporan compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos bastante reactivos. Se debe tener presente que el óxido de azufre es un contaminante no saturado, que es de responsabilidad de las fuentes fijas.

Lo primero que cabe destacar es la responsabilidad de las fuentes móviles, ya se trate de polvo de calle o polvo en suspensión del transporte. Eso es respecto de las emisiones, pero aquí hay una distinción muy importante de la cual la Sociedad de Fomento Fabril discrepa.

La Sofofa plantea que la responsabilidad del sector privado es menor en material particulado respirable y de sólo un 8 por ciento, en el año 1997, y que debido al uso de gas natural se redujo un 3 ó 4 por ciento, lo que resulta válido respecto de las emisiones de material particulado. Respecto de las emisiones hay un cambio muy importante entre lo que son emisiones e inmisiones, es decir, lo que respiramos, lo que se llama el modelo receptor, es decir, medir y atribuir a determinadas fuentes la responsabilidad en la contaminación del aire.

¿Cuál es la diferencia? El polvo de calle es muy pesado. Se emite en grandes cantidades, pero también se deposita antes y tiene menor permanencia en el aire. Lo que se considera no es lo que se emite sino lo que respiramos, el polvo de calle baja de 80 a 38 por ciento; esto en PM 10. Si lo que se considera fuera PM 2.5, o sea la fracción más fina, el polvo de calle sería muchísimo menos importante.

Por lo tanto, cabría concluir que el polvo de calle tiene que ser considerado en un 38 por ciento en la contaminación de Santiago, y en forma fehaciente se podría sostener que no es cierto que el polvo de calle es el 80 por ciento, porque si bien ésas son las emisiones, la contaminación, la calidad de aire es lo que se respira, es sólo un 38 por ciento, según las estimaciones de Conama, en un lugar céntrico de Santiago. En el plan hay tres lugares bien distintos y representativos, Plaza Gotuzzo , Cerro Calán y Buin.

Ciertamente, hablar de emisiones es más fácil, porque se refiere a las emisiones en la región, pero cuando se habla de inmisiones, que es lo que se respira, lo que verdaderamente importa, hay que definir un determinado lugar y luego efectuar estos estudios, (para lo cual se ha contado con expertos de la Universidad de Harvard), permitiendo llegar a esta conclusión.

Dentro del tema comunicacional, el Director de Conama Metropolitana reconoció que esto no había sido bien llevado, por lo que se ha producido un cierto grado de confusión. Al hablar de contaminación, es necesario recalcar que si bien es cierto el polvo de calle es mucho, no es todo. Es un 38 por ciento, no 80, como se ha sostenido.

El resto se divide, casi en partes iguales, entre el transporte (éstas son emisiones directas de material particulado), la industria, el comercio y también algunas emisiones del transporte, lo que se llama material particulado secundario: óxido de azufre y óxido de nitrógeno, que inciden, de alguna forma, en el material particulado. Esto está determinado por estudios que señalan que el óxido de azufre es el contaminante por el cual no se superan las normas, si todo indica que sí se debieran superar en Santiago. La interpretación de la Conama y de sus técnicos es que la atmósfera de Santiago permite que los óxidos de azufre que se emiten, por ejemplo, por los motores diesel, se oxiden rápidamente y se transformen en material particulado secundario. Es decir, este 30 por ciento, que principalmente proviene de las emisiones del sector industrial, es el más nocivo, el más dañino, tiene una composición química completamente distinta al polvo de calle. Entonces, ¿por qué no compensar el polvo de calle con material particulado secundario? Estamos hablando de cosas químicamente distintas y también de dimensiones distintas. Aquí hay un 5 por ciento que podría ser atribuible a Caletones. Son trazadores asociados con procesos de refinación y fundición de cobre.

Ahora, ¿qué pasaría si no se hace nada? Si hoy estamos en un nivel 100, todo indica, por las cifras de crecimiento y por las tendencias, que para el año 2005 empeoraría un 30 por ciento para la mayoría de los contaminantes, sólo con un menor aumento en óxidos de azufre por la llegada del gas natural.

Las metas del plan de descontaminación son reducir los días de superación de normas hasta que no haya superaciones del nivel 100. Luego, reducir la situación base en que estamos hoy día: 60 por ciento de las emisiones de monóxido de carbono; 50 por ciento de las emisiones de material particulado. Como se señaló, el NOx y el SOx generan material particulado, por lo que han sido sometidas a las mismas metas. Otras metas son la reducción del 65 por ciento de partículas totales y 50 por ciento para los compuestos orgánicos volátiles. Es decir, si se hace mentalmente el ejercicio, de no hacer nada, vamos a tener un 30 por ciento peor. Lo que se debería intentar, para cumplir la norma, es lograr reducciones de un 50 a un 65 por ciento. Es decir, hay un esfuerzo bastante grande, un desafío ciertamente difícil.

El plan de descontaminación se generó no sólo entre los distintos ministerios. Tal como lo establecen la ley y el reglamento respectivo, se creó un comité operativo y se aprobó el Consejo Directivo de la Conama, pero también se realizó un proceso participativo, denominado “Santiago limpia el aire de Santiago”, con más de 300 líderes ambientales entre ecologistas, empresario y académicos.

Una de las propuestas fue la promoción de ciclovías. Se señaló que existían medidas más urgentes y prioritarias que eran más efectivas para rebajar los niveles de contaminación, lo que no quiere decir que no se pueda pensar en ellas.

Los primeros capítulos del PPDA están referidos al diagnóstico; a continuación se fija un establecimiento de metas globales y sectoriales, que establece que todas las actividades deben reducirse en partes iguales.

Este principio de proporcionalidad ha dado pie a muchas discusiones. Así, por ejemplo, la Sofofa pregunta por qué debe ser ella la que reduzca sus emisiones si es mucho más efectivo aplicar ese plan de reducción a los automóviles, responsables de más del 90 por ciento de las emisiones de monóxido de carbono. En términos de efectividad, se debería centrar el plan en los automóviles, pero la ley establece que la reducción de emisiones debe ser proporcional, lo que obliga a fijar metas de disminución para todas las actividades. Este conjunto de medidas pueden corresponder a iniciativas legales, programas financiados por el sector público o normas establecidas como parte del programa de descontaminación. La evaluación de dichas medidas corresponderá al Estado.

Ahora bien, la meta que fija como plazo 14 años no se refiere a que en ese lapso se va a mejorar la calidad del aire, sino que al cabo de ese tiempo se cumplirán las normas de calidad establecidas. Si se está infringiendo esas metas 60 días al año, el objetivo es que el año 2011 se haya superado esta etapa. Llegar a eso implica cumplir logros intermedios, el primero de los cuales consiste en eliminar las emergencias el año 2000. Cuando se elaboró el plan de descontaminación, el primer objetivo que se planteó fue no aplicar más la medida de emergencia. Sin embargo, como se implementó una nueva red de monitoreo que demostró que la misma calidad de aire iba a dar lugar a la declaración de medida de preemergencia, se optó por eliminar las emergencias el año 2000. Asimismo, se diseñó una segunda meta global que consiste en eliminar las preemergencias el año 2005.

Por otra parte, las medidas sectoriales se resumen en dos: definición de los responsables en el cumplimiento de las metas y compromiso formal de generar instrumentos necesarios para cumplirlas.

c) Reseña del conjunto de actividades productivas y medidas que se implementarán para cada una de ellas.

En cuanto al material particulado respirable, el transporte público es responsable de más del 40 por ciento de las emisiones, los camiones contribuyen con una cifra similar y los automóviles aportan un 20 por ciento del total.

Respecto de la emisión de monóxido de carbono, los automóviles y taxis contribuyen con cerca del 90 por ciento del total. La mayoría de la gente culpa a los buses de ser la mayor fuente de contaminación, siendo determinante la cifra aportada por automóviles. Si se divide la cantidad de emisiones atribuible a cada tipo de vehículo por la cantidad de pasajeros que transporta, se concluirá que el grado de contaminación generado en un viaje por un medio de transporte privado es superior al emitido por uno de transporte público.

En relación con las medidas de reducción de polvo en suspensión, se pueden considerar las siguientes:

-Pavimentación de 1.000 kilómetros de calles de tierra del Gran Santiago en los próximos 4 años.

-Programa externalizado de aspirado y lavado de calles. A partir de este año se dio inicio a un programa, cuyo costo alcanza los 2 millones de dólares, que consiste en la puesta en circulación de 15 camiones que humedecen y aspiran el polvo de las calles. Cada una de estas máquinas recolecta 1 tonelada de residuos.

-Forestación urbana: 700.000 árboles en 4 años. En el primer plan de descontaminación se consideró que la Conaf plantara 35.000 árboles en una primera etapa. El año pasado se plantaron 40.000 y la idea es aumentar esa cifra a 150.000 árboles anuales, de modo que al cabo de cuatro años se cumpla la meta propuesta de arborizar Santiago con 700.000 especies. Forestación periurbana: 3 millones de árboles en 4 años. Se incrementaron los recursos destinados a la Conaf, por lo que se espera plantar en la periferia urbana 3.000.000 árboles en 4 años. La única dificultad radica en contar con particulares interesados.

-Fiscalización y ampliación de la prohibición de quemas agrícolas en toda la región. A fin de cumplir con este objetivo, se modificó el decreto Nº 100 del Ministerio de Agricultura, de 1990.

-Ampliación del programa de parques urbanos.

-Normas de control de emisiones en el ámbito de la construcción, actualmente en manos de la Contraloría.

-Mantención en calidad de áreas verdes las definidas como tales en los planos reguladores.

En cuanto a la reducción de emisiones de transporte, la primera estrategia se vincula con las siguientes políticas a considerar.

En primer lugar, se ha fijado como meta reducir el transporte público según los siguientes parámetros: 50 por ciento para emisiones PM 10 para el año 2005 y 50 por ciento Nox para el año 2011. Para ello se han fijado los siguientes instrumentos:

-Licitación de recorridos, materia en que se establecen algunos incentivos para renovar servicios y disminuir algunos en horarios que no son de punta. En tal sentido, Conama discrepa de que a través de la licitación de recorridos se vayan a reducir las emisiones.

En cuanto al segundo punto, existe un programa piloto para 24 buses a gas natural; 22 nuevos y 2 reacondicionados a gas natural. Este programa se está desarrollando conjuntamente con la elaboración de normas de emisión de buses. El Consejo de Ministros ya acordó la modificación de la norma de emisión de buses. Se habla de que el Consejo de Ministros y la Conama estarían pensando en establecer que a partir de un año, por determinar, sólo ingresarían a Santiago buses a gas natural o equivalentes en términos de emisiones. Además, este programa permitirá analizar qué hacer con los buses antiguos del actual parque.

Si el objetivo es bajar a la gente del automóvil e incentivarla a usar el transporte público, se deberá mejorar la oferta. Es decir, si la economía y el ingreso per cápita crecen anualmente en un 7 por ciento, no podrá existir la misma oferta de buses de Santiago a La Pintana o de Santiago a Vitacura. Existiría una posibilidad de mejorar la oferta de buses, sobre todo para obtener que la gente se desmotive a usar el automóvil o, por lo menos -si es que ha ido incrementando su ingreso per cápita-, no dejen de usar las micros, para lo cual es importante contar con un servicio ejecutivo. Hubo una primera licitación que fue declarada desierta y se están analizando otras formas de cómo avanzar en ello.

Otro tema importante son las vías segregadas, como las de Avenida Grecia, para el transporte público que, a juicio de Conama , son tanto o más efectivas que la construcción de nuevas líneas del Metro. Si bien hay algún avance en esta materia, existen cuatro proyectos nuevos de ingeniería que no se han podido iniciar, porque carecen de los recursos presupuestarios necesarios.

En materia de taxis, se ha otorgado urgencia al proyecto de ley que establece el congelamiento del parque de taxis y la corrección del valor de los permisos de circulación. Hoy día los taxistas pagan la mitad de lo que cualquier otro automóvil, en circunstancias de que circulan ocho o diez veces más que un automóvil particular.

Luego, se han establecido algunos instrumentos para los vehículos de carga, como la prohibición de circular en horas punta por ciertas vías y la existencia progresiva de contratos públicos de camiones con sello verde. Ésas son tareas que se deberán desarrollar.

La segunda estrategia consiste en incentivar el uso racional del automóvil, factor clave para la sustentabilidad del aire en Santiago. Si el parque automotor sigue creciendo un 10 por ciento al año, ningún plan de descontaminación será efectivo. Se debe promocionar el uso racional, para lo cual es clave el tema de la tarificación vial, y reducir severamente la oferta de estacionamientos, es así como acaba de entrar en vigencia la prohibición de estacionar en 48 calles.

También es importante señalar que las solicitudes para estacionamientos subterráneos deben ser aprobadas por la Corema, mediante una evaluación de impacto ambiental. Cada vez que se aprueba un estacionamiento subterráneo se exige la eliminación de un número mayor de estacionamientos de superficie. O sea, de los 150 aprobados en la plaza Óscar Castro , se retiraron 350 de la superficie, por lo cual hay una doble ganancia: una, el traslado de los estacionamientos de la superficie al subsuelo, que permite una liberación de vías lo que conlleva a una menor congestión y, dos, se reduce el número total de estacionamientos en la ciudad.

Otra alternativa es revisar los permisos de circulación. Hay muchas propuestas que se están analizando. Tal vez la más sencilla consista en congelar los permisos para los automóviles más antiguos, es decir, que siempre se pague el mismo permiso de circulación y que no se vaya reduciendo el valor de éste con el tiempo. Generalmente, el automóvil más antiguo contamina más y paga menos.

Otra propuesta está referida a permisos de circulación más baratos o gratuitos para los vehículos eléctricos o menos contaminantes.

También están las vías verdes, propuesta que es coherente con una promoción del uso racional del automóvil.

Se reitera la importancia del tema de tributación de los combustibles, porque no sólo el impuesto a la gasolina es una de las posibilidades. Actualmente, se tramita en el Congreso Nacional, un proyecto relativo al impuesto al gas natural, que es equivalente a la cuarta parte del impuesto a la gasolina. Eso va en la línea de corregir los impuestos según la contaminación de los combustibles.

Otra idea planteada es la licitación de un servicio externalizado de grúas para el retiro de los automóviles mal estacionados.

La tercera estrategia, que es la más típica en un plan de descontaminación, dice relación con las medidas netamente tecnológicas, es decir, con las normas de emisión que entran en vigencia con la publicación del plan de descontaminación. Concretamente, se habla de normas de emisión más estrictas para vehículos nuevos que incluyan el factor de deterioro, es decir, que se considere no sólo lo que emite el automóvil en el presente, sino también lo que va a emitir dentro de cinco o seis años más. Se está trabajando en la homologación de buses mediante un proceso de exigencias mucho más estrictas que las de la revisión técnica para que puedan ser admitidos en el parque. Es un proceso de homologación de automóviles que actualmente existe, y se quiere avanzar en una línea similar para el transporte público, lo que significa la implementación de laboratorios y de otras exigencias.

También tiene plena validez un tema muy técnico y olvidado, que tiene que ver con las medidas más estructurales del plan de descontaminación, la confección de un calendario de mayores exigencias para los combustibles. Las inversiones que requiere el plan de descontaminación son bastante cuantiosas, especialmente en el caso del diesel con menores contenidos de azufre, que es el que se transforma en material particulado; es decir, que sólo se puede usar diesel dorado o equivalente, lo que está contemplado en la primera etapa del plan de descontaminación; una segunda etapa para el año 2000 y, una tercera, para el 2002, época en la cual se desea tener las mismas exigencias que hoy tiene California y que en algunos países de Europa entrarán en vigencia el año 2000. Lo mismo se espera para la gasolina, con menores precursores de ozono, menores composiciones de benceno, mayores composiciones de oxigenado, es decir, combustibles de mejor calidad.

Otro conjunto de medidas están dirigidas a los buses. Por ejemplo, retirar aquellos que han sido rechazados constantemente en las revisiones técnicas mediante normas de emisión más estrictas. Se establecen dos revisiones de gases al año para los vehículos sin convertidor catalítico a partir de 1999. Las plantas cuentan con capacidad para hacer una segunda revisión de gases.

Se implementan, también, normas para regular el recambio de convertidores catalíticos, como asimismo, hacer públicas las estadísticas de los modelos de vehículos que resulten más contaminantes en los controles de calle, en la revisión técnica y en la homologación. Si se advierte a los compradores de automóviles que tal marca o que tal modelo es más contaminante que otro, por el mismo precio, se podrá traspasar la responsabilidad a los consumidores al momento de efectuar su elección, lo que reviste importancia, porque se estará actuando sobre la demanda.

Respecto de lo anterior, se espera poder publicar en los próximos meses las estadísticas de rechazos y del comportamiento de los vehículos por marcas y modelos.

Finalmente y a vía de recapitulación, se ha sostenido que la emisión del polvo en suspensión corresponde al primer 40 por ciento de las concentraciones; el del transporte, al 30 por ciento, y el de las fuentes fijas, aproximadamente al 30 por ciento.

En relación con el número de industrias, entre las 4.500 incorporadas al inventario del Sesma (actualmente hay más de 5.500), se puede distinguir entre industrias grandes, medianas y pequeñas. Corresponden a las grandes y medianas los procesos y las calderas industriales. Los procesos representan un 20 por ciento y las calderas, un 25 por ciento. Un tercio del número de fuentes totales corresponde a calderas de calefacción de edificios y de oficinas, y otro 23 por ciento, a panaderías. Es decir, un tercio corresponde a calderas de calefacción, y el resto se divide, casi en partes iguales, entre panaderías, que son pequeñas, y las fuentes grandes y medianas. Ahora, si lo que se considera, no es el número de fuentes, sino las emisiones generadas por todas ellas, se deberá concluir que las calderas, que tienen una ocupación de un tercio, bajan sólo un cinco por ciento. Las panaderías, que tienen una cuarta parte, representan sólo el uno por ciento de las emisiones. De las grandes y medianas industrias, las calderas industriales representan el 40 por ciento, y los procesos industriales, el 55 por ciento. Esto quiere decir que debemos centrar nuestros esfuerzos en las grandes y medianas.

Si se toman en cuenta las 440 fuentes más contaminantes, o sea, el 10 por ciento más contaminante de la Región Metropolitana, representan casi el 90 por ciento de las emisiones. Incluso más; si se considera el uno por ciento, las 44 fuentes representan el 50 por ciento de las emisiones de material particulado en la Región Metropolitana. Es decir, la concentración de las emisiones de material particulado en grandes y medianas industrias es bastante importante. Por eso, es preciso distinguir entre la estrategia aplicable en las grandes y medianas, y en las pequeñas, pues son estrategias distintas. También, se distingue entre estrategias según el contaminante. Para el material particulado, hoy opera un sistema que es embrionario respecto de los permisos de emisión transable. A vía ejemplar, si se tienen dos fuentes: una que emite 120 toneladas al año y, otra, que emite 90 toneladas, la forma tradicional de encarar el problema es señalar que “reduzcan el 50 por ciento de sus emisiones”, es decir, pedirle a la primera fuente que baje de 120 a 60, y a la segunda que baje de 90 a 45. El decreto Nº 4, de 1992, del Ministerio de Salud, en virtud del cual se congelan todas las emisiones, en vez de exigir una reducción similar a cada uno, les exige una reducción al total, es decir, les dice: “lo que me interesa es que ustedes reduzcan al 50 por ciento sus emisiones; ustedes arreglen cómo hacerlo”. Reducir de 120 a 60 le significaba a la primera fuente un costo de 1.200 dólares la última tonelada; a la segunda fuente, reducir de 90 a 45 le cuesta 4.000 dólares la última tonelada; pero al decirles: “arréglense entre ustedes; lo que me interesa es que reduzcan un 50 por ciento”. Entonces, la primera va a hacer un esfuerzo mayor -imaginemos una industria que tiene acceso al gas natural- y va a reducir a 40, es decir, en vez de pagar 1.200 por la última tonelada reducida, va a pagar 1.500, y le va a vender la diferencia a la segunda, que, en vez de llegar hasta 45 -por ejemplo, una industria que no tiene acceso al gas natural- hace el esfuerzo sólo hasta 65. Por lo tanto, 65 más 40 da como resultado la mitad. Es decir, para la ciudad es exactamente el mismo esfuerzo a un menor costo. Ciertamente da la posibilidad de poner metas más estrictas, si eso significa un menor costo. Esto existe hoy para las calderas industriales respecto del material particulado. El objetivo es reducir las cuatro toneladas que se emitían cuando se estructuró el plan, a dos toneladas al día en el 2005, a través de ir cambiando la meta a 32 miligramos por metro cúbico, con lo que tendremos una reducción del 50 por ciento en las emisiones de material particulado en las calderas industriales.

Respecto de los procesos, el objetivo es la dictación de las normas, lo que se efectúa con el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, mediante consultorías financiadas por el gobierno americano, que permitirán incorporar los procesos industriales a estas normas sobre material particulado.

Por último, en relación, con las fuentes grupales o pequeñas, que representan una cantidad bastante menor, en vez de crear normas muy difíciles de controlar, es preferible incentivar el uso de combustibles limpios, como el gas natural o el gas licuado. Con ello se exime de estar acreditando sus emisiones de material particulado, porque esos combustibles son de emisiones muy pequeñas, salvo que el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente lo requiera, por razones justificadas. En consecuencia, se está dando una señal y un incentivo muy claro, que permitirá al panadero ahorrar los 500.000 pesos al año que hoy le cuesta un control de sus emisiones. Ahora, si usa combustibles semilimpios, como el diesel, sería necesario establecer un sistema de acreditación.

Lo interesante de los mecanismos de compensación es que permiten restringir la oferta. Es decir, se estaría aprovechando el hecho de que se utilizan en el mercado, pero lo destacable sería que la oferta estaría absolutamente restringida. Si existen impuestos y normas de emisión, se puede obligar a usar tecnología más limpia, controlando el total de las emisiones, las cuales están congeladas desde 1992 y no pueden crecer. Si se desea crear nuevas fuentes en Santiago, lo que va a ocurrir es que el precio del kilo de material particulado va a subir.

Este sistema bien podría producir un doble efecto, por una parte una experiencia de corte estatista, al controlar el total de las emisiones, y por otro, un mecanismo sumamente liberal, al permitirles lograr, al menor costo, las compensaciones que sean necesarias.

Sobre los gases, hoy no existe ninguna norma, a pesar de la declaración de zona saturada. Las industrias no tienen límite para contaminar con monóxido de carbono. Actualmente, se trabaja para dictar las normas de emisión para fuentes medianas y grandes, utilizando también un mecanismo de compensación de emisiones. También, se han establecido otros principios, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Como se señaló, las emisiones de material particulado están congeladas desde 1992, es decir, si una empresa quiere producir material particulado en Santiago -por ejemplo, 10 kilos diarios-, tiene que retirar de alguna fuente existente el equivalente a 10 kilos diarios. Desde la vigencia del plan de descontaminación se cambia ese criterio, y la exigencia ahora es de un 120 por ciento de compensación. Es decir, si la misma empresa quiere entrar a funcionar hoy, ya que está vigente el plan de descontaminación, y quiere producir 10 kilos diarios, tendrá que retirar 12. Es decir, el sistema previo se justificaba en una situación de congelamiento de las emisiones. Ahora, lo que existe es que con cada nueva industria habrá una reducción de emisiones, por lo tanto, el techo va bajando.

Asimismo, el plan establece importantes inversiones en materia de combustibles más limpios, con menor contenido de azufre y ceniza, lo que significa menor material particulado.

Por último, el tema más discutido con el sector privado cuando se elaboró el plan de descontaminación, fue el proceso de recuperación de vapor. Desde que se aprobó el plan, sólo se aceptan servicentros que tengan sistemas de recuperación de vapor, es decir, que no sólo echen bencina, sino que también recuperen el vapor que sale. Además, hay todo un programa de transformaciones: la fase 1-a y 1-b, de 1998 a 2001, y la fase 2, del 2001 a 2004.

Ordenamiento territorial de la ciudad de Santiago.

En primer lugar, como todos los planes reguladores deben ser evaluados ambientalmente, hay el compromiso de duplicar la oferta de subsidios habitacionales de renovación urbana para consolidar el proceso de renovación del centro de Santiago y permitir estos subsidios en otros subcentros, para evitar que todos los viajes sean hacia el centro de Santiago.

En segundo lugar, que, por lo menos, el porcentaje de subsidios que se entregue en la Región Metropolitana, no supere la cantidad de habitantes de nuestro país, o sea, que no se siga subsidiando a los chilenos que deseen venirse a la ciudad.

En tercer lugar, promover la utilización de subsidios en viviendas usadas y el compromiso de mantener construcciones a mediana altura.

Finalmente, el PPDA contempla un capítulo sobre una campaña de publicidad, denominada “Santiago Inteligente”, que busca captar la atención de la gente a través de conductas o hábitos que colaboren con la descontaminación.

d) Episodios Críticos de contaminación.

En el tema de los episodios críticos, a juicio del Director de Conama Región Metropolitana , se suele confundir el plan de descontaminación con la forma como se manejan las preemergencias y las emergencias, que son sólo restricciones, ya que cuando se supera el nivel 500, se suspenden las industrias, las clases y todo.

En primer lugar, hasta hace uno o dos años la autoridad se demoraba 48 horas en tomar medidas; en cambio, ahora, se ha diseñado un sistema de pronósticos que busca anticiparse a situaciones o episodios de alta contaminación.

En segundo lugar, se ha rediseñado el manejo del sistema de episodios que hasta el momento había sido bastante desordenado: quién lo declara y en qué momento.

En tercer lugar, se ha avanzado en aspectos de transparencia para comunicar públicamente los índices de calidad del aire, que hasta hace dos años eran secretos. Desde hace un año, todos los medios de comunicación y todas las instituciones que lo deseen, reciben diariamente los índices de calidad del aire con absoluta transparencia. Se trata de un conjunto de medidas preventivas para los meses de invierno. También se han establecido medidas más drásticas, además del estado de alerta ambiental. Para el inicio de los niveles de preemergencia y de emergencia, se revisó la norma “PM 10” y para las preemergencias se establecen medidas más drásticas, es decir, antes paraba un 20 por ciento de las emisiones y hoy, con la preemergencia, para un 30 por ciento. Para el futuro se contemplan planes voluntarios de reducción, los que todavía no están en operaciones, pero que bien pudiera ser una posibilidad interesante, pues hay industrias que paran en enero, porque tienen que limpiarlas. Se intenta buscar fórmulas mediante las cuales, en forma voluntaria (a cambio de algo) puedan contribuir en los meses de invierno.

Al hablar de niveles, es necesario saber que se trata de índices de calidad del aire por material particulado, que son niveles artificiales construidos en la norma. El nivel 100, es la norma, porque es un nivel umbral, es un nivel construido. En este caso, la norma de Chile, es de 150 miligramos por metro cúbico. Ahora, el nivel 200 es el rango entre 151 y 195 miligramos por metro cúbico y el 300 equivale a 240 miligramos por metro cúbico.

La mantención de los niveles se estableció por tres razones. La primera es que los beneficios, en términos de la efectividad de las medidas, era menor que los esfuerzos que había que hacer como sociedad. La segunda es que los episodios críticos son excepcionales, por cuanto no se descontamina a través de medidas más estrictas, sino que a través de normas permanentes más estrictas, pero las medidas de preemergencia o de emergencia no pueden ser la regla general. La tercera es la comparación con niveles internacionales. Los beneficios de bajar de 500 a 450 los niveles de emergencia daba beneficios por un millón dólares cuantificado por el ahorro en consumo de tiempo, de combustible y de impacto en salud.

Cuando se discutió la norma de PM 10, los costos eran de tres millones por la pérdida de productividad en el sector industrial, además de una serie de otros costos no cuantificados.

Se argumentó que los episodios deberían ser situaciones excepcionales. Para Santiago las reglas del juego pueden no resultar del todo claras, si se pasa todo el invierno en preemergencia. En consecuencia, si lo que se quiere es imponer esa norma, se debe hacer para el año completo, y fijar otras especialmente efectivas en términos de salud como situaciones excepcionales. Este año, sólo con la instalación de una nueva red de monitoreo en Pudahuel, Cerrillos , El Bosque y La Florida, se tendrá un aumento muy importante de episodios críticos.

El año pasado todavía no se había alcanzado el nivel 300 y ya los hospitales se encontraban llenos de niños. Al preguntarse la causa, en circunstancias de que se suponía que el nivel 300 no es muy alto, motivo por el cual no se adoptaban las medidas, se concluyó que las mediciones no se efectuaban correctamente.

En 1998, sólo por cambiar la red de monitoreo, se pasará de dieciséis a treinta y siete preemergencias, habrá cuatro emergencias, y a eso se deben sumar las veintinueve alertas ambientales.

El Director de Conama Metropolitana sostuvo que no era cierto lo que señalaba el Presidente del Colegio Médico , de que ésta era la peor crisis de los últimos cinco o seis años, porque en los años anteriores nunca se había medido en Pudahuel, y sólo se decretó emergencia porque dicha estación de monitoreo estaba sobre 500, mientras todas las demás estaban bajo 200, y sólo había una en 207. Es decir, sin la estación de Pudahuel, el año pasado no se hubiera adoptado ni siquiera alerta ambiental. Sin embargo, con una nueva red de monitoreo se decretó la emergencia

Lo que ocurre es que ahora se está midiendo mejor, lo que representa una especie de paradoja, pues el aire, a consecuencia de todas las medidas que se han señalado, debería estar mejor, pues los promedios anuales por lo menos van mejorando; sin embargo, como aumenta el número de alertas, de preemergencias y de emergencias, la percepción pública es que el aire está mucho más malo.

Se argumento también la razón por la cual no se modifican las normas y por qué se justifican los niveles 100, 200 y 300 que existen, en comparación con otros países.

Si se compara nuestra norma, es decir, 150 miligramos por metro cúbico -nivel 100-, es equivalente a la de México y a la de California, lugares en los que también existen problemas de contaminación atmosférica. Sin embargo, acá en el nivel 200 -195 miligramos por metro cúbico- representa una etapa bastante baja, luego tenemos preemergencia, y cuando estamos en emergencia los mexicanos y los californianos están en alerta. Luego vienen las etapas de preemergencia y emergencia en California y México .

Por otra parte, es importante ver que el manejo de episodios críticos debe contar con un sistema de pronósticos que permita anticiparse a la toma de medidas.

Luego se cuenta con el recuento histórico entre 1990 y 1995 de lo que existió hasta que se publicó la nueva norma de material particulado. Era un sistema que operaba en la superación de niveles en base a las predicciones meteorológicas. Eso llevó a situaciones confusas. Más atrás, una evaluación de lo ocurrido entre 1990 y 1995, demuestra que ha habido 54 días con medidas, es decir, con preemergencia o emergencia, de los cuales más de la mitad se tomaron en forma desfasada, es decir, atrasada, y menos de la mitad se tomaron en forma coincidente. Generalmente éstos son episodios de más de un día, es decir, se toma la preemergencia con atraso, pero como al día siguiente también estaba malo, coincidía. La mayoría se adoptó en forma desfasada.

El modelo es matemático, considera la situación de calidad del aire por estación y en base a la proyección de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, si se predice que va a llover, bajan las concentraciones estimadas para cada una de las estaciones.

Además, también se aumentará el número de preemergencias y de emergencias decretadas, porque hasta el momento se ha actuado históricamente en base a los resultados y las cifras que arrojaban los filtros a las 10 de la mañana. En cambio, actualmente hay un modelo que decretará preemergencia o emergencia en base al máximo esperado. Entonces, si a las diez de la mañana la medición es buena, pero en cualquier otra hora arroja un mal resultado, el modelo de pronóstico lo va a detectar y, por lo tanto, se estarán aumentando los grados de protección de la población.

Finalmente, respecto de los episodios críticos, se espera un mayor grado de protección para la salud de la población en el invierno de 1998, porque se cuenta con monitoreo del tiempo real, sistemas de pronósticos, con lo cual se puede anticipar más estaciones, alerta ambiental (que antes no existía), medidas más drásticas, como el aumento de un 20 a un 30 por ciento de preemergencias y de ocho dígitos para las emergencias y, además, porque se cuenta con el plan de descontaminación.

Con este conjunto de medidas, el objetivo central, que es la salud de la población, estaría siendo mejor protegido para este año.

El plan establece, además, qué medidas se evaluaron, y cuáles no fue posible evaluar y que son las que ya están definidas. Por ejemplo, es importante señalar que en el caso del monóxido de carbono, no se evaluó un impuesto más bajo al gas natural, porque no estaba establecido un gravamen y no se sabe si será aprobado en el Congreso Nacional.

Por otro lado, es importante señalar que el plan de descontaminación debe ser actualizado cada 3 años. Ya se está trabajando en la actualización del plan para el año 2000. Esto, básicamente, se debe a las mejores composiciones de combustibles y a la llegada del gas natural.

Los costos del plan han sido estimados en 880 millones de dólares, separado casi en iguales partes entre el sector privado y el Estado.

Los beneficios también están establecidos. Se hizo un esfuerzo importante por revisar la distinta literatura existente sobre los aspectos negativos de la contaminación ambiental en la salud de la población. Se piensa que, si se cumplen las metas, se van a poder evitar 10 mil muertes prematuras por material particulado, tema de difícil comprensión, por cuanto no se trata de que cada día muera gente en la calle, sino de que el riesgo de gatillar enfermedades con peligro de muerte va a bajar de una manera bastante importante desde el año 2011. También es importante el número de casos que se podrán evitar por material particulado en cuanto a admisiones hospitalarias; salas de emergencias, enfermedades respiratorias, etcétera. Todo eso tiene beneficios cuantificados en millones de dólares. No se está cuantificando el daño moral de la pérdida humana, se está hablando de beneficios superiores a los 429 millones de dólares en morbilidad. Si se suma a los 145 millones de dólares por mortalidad, otros costos bastante importantes que representan la contaminación en términos de daño a los materiales y a la agricultura, se está hablando de un beneficio estimado de 1.100 millones de dólares.

Por último, las estimaciones de costos para este año y que estarían financiados en el Presupuesto: Conama, sobre 1.300 millones de pesos; en Vivienda, 14 mil millones de pesos en pavimentación de calles y otras medidas; Minería , 15 mil millones de pesos por reconversión de combustible y un conjunto importante de otras medidas que se están estimando.

Finalmente, el plan contempla un conjunto de medidas que son modificaciones legales que, a juicio de Conama, son claves, y que tienden a cambiar ciertos hábitos y a dar señales adecuadas para combatir la contaminación a largo plazo, como pudieran ser el de tarificación vial, el que establece un impuesto al gas natural -gas licuado- para el transporte, el gravamen en el automóvil, la revisión de los valores de los permisos de circulación y el congelamiento del parque automotor.

VII. OPINIONES VERTIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN.

A) Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Al tenor de las interrogantes surgidas durante la investigación llevada a cabo, Conama dio respuesta de las mismas, en el orden que se consigna a continuación:

1. Balance de las medidas implementadas entre 1990 y 1997;

2. Contenidos del PPDA;

3. Revisión de la Norma de MP10;

4. Costos y Beneficios del PPDA;

5. Efectos de la Contaminación Atmosférica en salud;

6. Avances en Reglamentación y Legislación Complementaria Ley Nº 19.300 y,

7. Posibilidad de incorporar medidas para el manejo de emergencias en el Decreto Supremo Nº 16, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1998, que estableció el PPDA.

1. BALANCE DE MEDIDAS.

¿Es cierto que las emisiones de las fuentes industriales han crecido en masa en los últimos años?

Las emisiones de material particulado de la industria han disminuido de 22,5 toneladas diarias declaradas en 1990 a 6,9 toneladas diarias declaradas en 1998.

Al mismo tiempo, el número de fuentes declaradas ha aumentado de 1.207 en el año 1990 a 5.777 en el presente año.

Esto muestra que, no obstante haberse producido un aumento considerable de las fuentes, se logró disminuir en forma importante el total de emisiones de la industria, lo que demuestra la efectividad de las medidas adoptadas. Esta reducción de emisiones se ha logrado gracias a la aplicación del decreto supremo Nº 4, de 1992, del Ministerio de Salud que fijó:

-Concentración máxima de 112 mgrs/M3N en 1993

-Emisión máxima diaria a partir de 1998

Cabe señalar, finalmente, que todos estos instrumentos se ven reforzados con la vigencia del PPDA.

¿Cuál es la relación entre el problema del O3 y la Central Renca?

El ozono es un contaminante secundario que se forma por la reacción entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de la radiación solar. La central Renca es responsable del orden del 2% de las emisiones de óxidos de nitrógeno de la región. Es necesario destacar que la Central Renca deberá ajustar sus emisiones a las nuevas normas que el PPDA indica para todas las fuentes fijas de la región.

Estas exigencias están en el programa de normas 1998 de Conama y serán publicadas a principios del próximo año.

2. CONTENIDOS DEL PPDA.

Respecto de transporte:

¿Por qué no existe un análisis más crítico sobre el sistema de transporte público, que apunte a un nuevo diseño con vehículos eléctricos y subsidios o estatización? ¿Por qué no se considera transporte público eléctrico y Metro, el cual es más barato en zonas periféricas?

Desde el punto de vista de las emisiones del transporte público, es posible cumplir las metas del PPDA, sólo con un cambio tecnológico en el parque de buses. Independiente de lo anterior, es necesario mejorar el sistema de transporte público con el fin de que sea una alternativa a futuro para sus actuales pasajeros y para los usuarios del automóvil.

En opinión de Conama, los temas claves son:

-Creación de una red independiente de transporte público.

-Servicios combinados bus-metro, con integración tarifaria.

-Ajuste de la oferta de buses a la demanda, especialmente en horas fuera de punta.

-Control estricto de las frecuencias contratadas en la licitación.

Los contenidos del PPDA, respecto de camiones son muy pobres, incluyendo sólo los controles de horarios y no un esfuerzo serio para eliminarlos, especialmente en el centro de la ciudad, en particular en la Vega Central.

En virtud del PPDA, todos los camiones nuevos a partir de septiembre de 1998, deben cumplir las normas de la Comunidad Económica Europea o de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos del año 1994.

En complemento a lo anterior el PPDA, considera desde el punto de vista tecnológico lo siguiente:

-Nueva norma de emisión a partir del año 2002 (EPA 98);

-Nuevos procedimientos de revisión técnica más estrictos;

-Mayor fiscalización en la vía pública y constatación de reparación de vehículos sorprendidos con altas emisiones, y

-Uso exclusivo de combustible que cumpla la norma de composición para la Región Metropolitana.

Independiente de lo anterior se está avanzando en:

-Exigencias tecnológicas especiales a vehículos que circulan en el perímetro céntrico, ampliado, en conjunto con la Municipalidad de Santiago;

-Asesoría sueca en la definición de perímetros verdes donde sólo puedan ingresar vehículos con bajas emisiones.

¿Por qué no se fomentan las vías verdes?

Si el auto compartido no existe ¿por qué se reporta con avance?

¿Por qué no dejar sin restricción a los vehículos compartidos?

No es posible aplicar por problemas constitucionales y legales así como de fiscalización y control, la exención a la restricción vehicular de los automóviles compartidos.

Respecto de las vías verdes es necesario llegar a un acuerdo más amplio con los municipios, para que esta medida se consolide.

No está suficientemente explicitado en términos de costo-beneficio para que se pueda decir dónde se pueden usar segregación de vías, reversibilidad de calles o Metro, v/s otra alternativa que pueda mejorar el transporte.

El rediseño del sistema de transporte urbano es necesario desde el punto de vista ambiental. El diseño final es parte de la reformulación del Plan de Desarrollo del Sistema de Transporte Urbano para el Gran Santiago, anunciado en septiembre de 1996.

Este rediseño debe darse en cumplimiento a las metas de reducción de emisiones del PPDA.

Mejores gasolinas y terminar con la gasolina con Pb (Plomo).

El PPDA, contempla una serie de exigencias ambientales para los combustibles que se expendan en la Región Metropolitana. Producto de lo anterior, Enap está invirtiendo 15.000 millones de pesos este año para avanzar en el cumplimiento de estas exigencias.

Respecto de las gasolinas con plomo el PPDA, exige que el contenido actual quede fijo a futuro de ahora en adelante. La aplicación de las medidas de control de vehículos sin convertidor catalítico significará una disminución del consumo de estas gasolinas, en todo caso, Conama , se encuentra evaluando cómo avanzar en el término de la producción de gasolina con plomo.

¿Cuál es el costo beneficio del gas natural en los vehículos?

¿Por qué no se consideran vehículos eléctricos en el transporte público?

¿Por qué no buses a GNC o eléctricos?

Los principales beneficios ambientales están en el reemplazo de vehículos diesel. En el caso particular de los buses se está desarrollando un programa piloto de buses a GNC (Gas Natural) que permita definir las condiciones para su introducción masiva.

Los alcances del Programa Piloto de Buses son los siguientes:

-Se pondrán en operación 21 buses nuevos a GNC y 4 buses convertidos a GNC-diesel;

-Se realizará un seguimiento de las emisiones y de la operación hasta marzo de 1998 y,

-Se contratará un estudio que determinará beneficios y costos, y propondrá caminos de financiamiento.

Con las recomendaciones del estudio se sentarán las condiciones para el ingreso masivo de buses a GNC en la ciudad de Santiago. Si se desea obtener beneficios ambientales el GNC y gas licuado (GLP) debe ser empleado por vehículos nuevos duales o con sus emisiones certificadas de fábrica.

Las conversiones de vehículos catalíticos usados no significa una reducción de emisiones, principalmente en el caso de los óxidos de nitrógeno. En el caso de los vehículos sin convertidor es posible obtener algún beneficio ambiental.

La conversión de vehículos de 7 o más años de antigüedad no es recomendable. Debe considerarse que existe el riesgo que al permitir la conversión de vehículos sin convertidor se comiencen a transformar los catalizados.

Por lo tanto, la posición actual del Gobierno es:

-Apoyar la introducción de buses a GNC por la importante reducción de emisión de PM que significa (mediante el programa piloto);

-Apoyar la introducción de taxis y vehículos de reparto nuevos a GNC (mediante el proyecto de ley que fija el impuesto específico).

Medidas económicas punitivas no pasarán porque no existe apoyo en el Congreso a la tarificación vial y al impuesto a la gasolina porque la demanda es inelástica.

Si no existe consenso sobre la tarificación vial ¿por qué se reporta avance?

La tarificación vial es una medida estructural en la política de promoción del uso racional del automóvil y de priorización del transporte público.

-Se reporta con avance porque se ha reactivado su tramitación en el Congreso Nacional.

-El transporte privado es responsable del problema de contaminación por gases;

-Estos costos los paga hoy toda la sociedad;

-Es necesario que estos costos los paguen los propietarios de los automóviles;

Los instrumentos para internalizar estos costos son:

a) permisos de circulación;

b) impuestos a los combustibles.

La internalización de estos costos incentiva el uso racional del automóvil, complementando la tarificación vial.

En opinión de la Conama, es necesario abrir un debate más profundo respecto de los puntos anteriores como parte de la discusión de la tarificación vial.

¿Por qué no reducir el parque de vehículos?

Medidas restrictivas de este tipo presentan una serie de problemas de orden constitucional y legal, que el PPDA no está en condiciones de asumir. Por otra parte, se ha optado por cumplir con este objetivo buscando incentivar un uso más racional del automóvil, y por lograr un sistema de transporte público que sea una alternativa atractiva al uso del automóvil.

¿Por qué no hacer un programa piloto con vehículos a GNC o GLP en el sector público, en particular con carabineros?

En el PPDA, se ha planteado avanzar en la dirección de que el sector público cuente sólo con vehículos con sello verde. La propuesta de hacerlo con vehículos a GNC o GLP es muy interesante y se incluirá en la discusión de medidas a implementar durante 1999.

Hacer más estricta la norma sobre emisión de fuentes móviles (antigüedad del parque de buses; creación de un ente autónomo y financiado que se haga cargo de las revisiones técnicas; control en la circulación de buses en horarios no diurnos).

El PPDA, mediante el establecimiento de normas de emisión más estrictas para las fuentes móviles, está incentivando la renovación del parque automotor y de transporte público.

En cuanto a las otras propuestas, si bien están recogidas en parte en el PPDA, deberán ser materia de análisis en el proceso de revisión del Plan previsto para el año 2000.

El impuesto al combustible, anunciado recientemente, generará un recurso económico extraordinario, que deberá destinarse obligatoriamente a mecanismos y/o estudios de descontaminación de la Región Metropolitana.

El destino de los fondos producidos por el aumento del impuesto específico a la gasolina es una materia que debe discutirse y definirse durante la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento. Por lo tanto, es un tema interesante que todavía está abierto a los aportes que se puedan hacer mientras se discute su aprobación.

En cualquier caso, es materia de ley determinar el destino de dichos fondos.

Los recursos generados por la tarificación vial deberán, asimismo, ser destinados a mecanismos de descontaminación, si es que en definitiva dicho impuesto fuere aplicado.

El proyecto de ley sobre tarificación vial se está tramitando actualmente en el Senado, por lo que es en dicha instancia donde se tiene que dar esta discusión.

Existencia de una política de Estado orientada a eliminar la contaminación producida por la locomoción pública, hasta llevarla a nivel cero.

Según se ha señalado anteriormente, el PPDA busca disminuir las emisiones derivadas del transporte público en un 50% al año 2005. Por otra parte, la exigencia que se hace en la ley Nº 19.300 a las distintas actividades es cumplir con las respectivas normas de emisión para que el conjunto cumpla la norma de calidad para un determinado contaminante. Por lo tanto, el concepto de “nivel cero” es impreciso y no guarda relación con la institucionalidad ambiental vigente.

Existencia de estudios que propongan o proyecten la aplicación de desincentivos económicos (pago de patentes, contribuciones o cualquier derecho adicional) por la no adopción de métodos menos contaminantes, como motores catalíticos, combustibles más limpios, petróleo, gas, etc.; esto es, si se ha estudiado gravar en las patentes municipales o de otra forma, el uso de combustibles más contaminantes, y premiar con un menor valor a aquellos que ocupen los menos contaminantes.

A propósito del PPDA, se realizaron numerosos estudios dirigidos a determinar o proyectar medidas de incentivos o desincentivos económicos, tendientes a lograr conductas menos contaminantes, especialmente referidos a estudiar medidas que apunten a establecer incentivos económicos para el uso de tecnologías más limpias en materia de fuentes móviles.

A continuación se entregan algunos estudios que se han realizado o que se encuentran en desarrollo. Todos ellos, no sólo constituyen materias de conocimiento teórico, sino que se encuentran asociados a medidas del PPDA, que en cada caso se señalan:

Actualmente se está desarrollando al interior de Conama R.M. un programa piloto de buses a gas que contempla una evaluación social del proyecto. Si esta evaluación arroja beneficios netos, será necesario realizar una evaluación privada. Esta última consideraría de manera explícita la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento del proyecto, los cuales necesariamente tendrían la forma de incentivo económico: subsidio a la operación, subsidio a la compra de las máquinas, subsidio al consumo (tarifas), disminución de impuestos al gas, etc. Estas evaluaciones estarían finalizando en marzo de 1999, y son desarrolladas de manera conjunta por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile y los departamentos de Ingeniería de Transporte y de Sistemas de la Universidad de Chile. (Medida M3TTE7, Buses a Gas).

-Durante 1997 se encargó al Departamento de Ingeniería del Transporte de la Universidad Católica, el análisis “Estudio del Efecto de un Alza al Impuesto a la Gasolina en las Emisiones de Contaminantes Asociados a Vehículos a Gasolina en la Región Metropolitana”. (Medida M1TTE30, Gravamen al uso del automóvil en la R.M.).

-Recientemente se ha contratado un estudio al interior de Conama R. M. para definir formulaciones de alternativas de tributación a los combustibles de automóviles de manera de incentivar el uso de combustibles más limpios. Este estudio estará finalizado en marzo de 1999 y se lleva a cabo por los Departamentos de Ingeniería de Transporte y Sistemas de la Universidad Católica. (Medida M1TTE4, Incentivo uso de combustibles limpios).

-El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile realizó una evaluación de la medida de corrección del valor de los permisos de circulación de acuerdo a los niveles de emisión de contaminantes que éstos presentan. Esta evaluación forma parte del expediente del PPDA, y sirvió de antecedente al mismo. (Medida M1TTE5, corrección valor permisos de circulación por niveles de emisión).

-El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile realizó una evaluación de la medida de que las fuentes fijas grupales que usen combustibles limpios no tendrán que acreditar la concentración de material particulado. Esta evaluación forma parte del expediente del PPDA y sirvió de antecedente al mismo. (Medida M3FFJ8, No acreditación de la concentración de particulado por fuentes grupales que usen combustibles limpios).

-El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile realizó una evaluación de la medida de que las fuentes fijas puntuales que usen combustibles limpios no tendrán que acreditar la concentración de material particulado. Esta evaluación forma parte del expediente del PPDA y sirvió de antecedente al mismo. (Medida M3FFJ3, No acreditación de la concentración de particulado por fuentes puntuales que usen combustibles limpios).

2.a) RESPECTO DEL DESARROLLO URBANO.

La pavimentación o pavimentos participativos.

En función de la meta del PPDA, de pavimentar 1.000 kms. dentro de los próximos 4 años, el Minvu, dispone para 1998 de:

-2.200 $ millones para pavimentar vialidad intermedia.

-4.715 $ millones para pavimentos participativos.

-El Minvu ha manifestado el compromiso de cumplir esta meta en tres años.

¿Cuáles son las propuestas respecto de subsidios y planos reguladores?

El PPDA, incluye los siguientes compromisos respecto de instrumentos de planificación territorial:

-Definición este año del Plan Regional de Desarrollo Urbano;

-Comenzar posteriormente el proceso de definición de los Planes Intercomunales de Melipilla y Talagante y,

-La puesta en marcha de un programa de actualización de planes comunales al Plan Intercomunal de Santiago.

Respecto de subsidios el PPDA, incluye:

-Aumento subsidios renovación urbana (5.600 millones para 1998);

-Los subsidios asignados a la Región Metropolitana, no deben superar el porcentaje de población que vive en la región y,

-Proyecto de ley con subsidio a las transacciones para vivienda usada.

¿Por qué no se desincentiva el crecimiento de Santiago?

Santiago v/s regiones, ¿como desincentivar la inversión industrial en Santiago?

¿Faltan medidas municipales y de gobierno?

¿Por qué no existe una política tributaria de fomento regional?

Se está avanzando en forma conjunta con Corfo, en la elaboración de una propuesta para incentivar la localización industrial en regiones.

Una política tributaria de fomento regional no es una materia que se pueda abordar desde la perspectiva de un instrumento acotado territorial y temáticamente como un plan de descontaminación. Independiente de lo anterior, hay algunas medidas del PPDA, que al formular una serie de exigencias tecnológicas y de cumplimiento de normas de emisión encarecerán los costos de instalarse en Santiago para fuentes fijas, fomentando indirectamente la localización industrial en regiones.

Instar para que el Gobierno Regional coordine el estudio de los planos reguladores comunales, de tal forma que toda instalación de industrias sea realizada en el sector más apropiado, no sólo desde el punto de vista comunal sino también regional. Asimismo, para que coordine otras medidas que fueren atingentes a la materia de este acuerdo.

Los instrumentos de planificación territorial dictados a nivel comunal están en concordancia con los instrumentos intercomunales y regionales, tal como lo establece la Ley General de Urbanismo y Construcción. Como todos estos instrumentos deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , hay allí una instancia de coordinación muy importante, sin perjuicio de la necesidad de mantener un trabajo permanente y coordinado entre las autoridades regionales y comunales en materia de planificación urbana.

2.b) OTROS ASPECTOS DEL PPDA.

¿Cuál es la explicación para que todas las propuestas del Santiago Limpia el Aire de Santiago no estén incluidas en el PPDA?

El informe da respuestas a las observaciones al anteproyecto del PPDA, incluye un capítulo especial respecto del proceso participativo, el cual se encuentra a disposición de los señores diputados en la Comisión.

Determinar un estricto calendario y control de quemas agrícolas en las regiones Sexta, Séptima y Octava, así como la prohibición permanente de todo tipo de quemas en la Quinta Región y en la Metropolitana, entre los meses de abril a septiembre.

¿Por qué no se controlan las quemas agrícolas en la V y VI región?

El PPDA sólo puede, por mandato de la ley Nº 19.300, ocuparse de la zona declarada saturada por los distintos contaminantes, que en este caso es la Región Metropolitana.

No obstante, en materia de quemas agrícolas se acaba de ampliar la prohibición y el control de estas quemas a las Provincias de Melipilla y Chacabuco. (D.S. Nº 89, del Ministerio de Agricultura, de 1997).

¿La compensación de emisiones industriales significa patente para contaminar?

¿Las emisiones transables pueden significar un aumento en el total de las emisiones, como ocurrió con la ley de pesca que después de decretada la congelación, los permisos crecieron un 150% en 5 años?

Es importante tener presentes las principales ventajas del sistema de compensaciones contenido en el PPDA:

-Minimización de costos.

-Control sobre el total de las emisiones.

-Oportunidades para los no-contaminantes.

-Incentivos para innovación tecnológica.

Según esto, lejos de ser una patente para contaminar, las compensaciones son un instrumento que incentiva el contaminar cada vez menos, y que permite que puedan instalarse fuentes nuevas sin que esto signifique un empeoramiento de la calidad del aire.

Los industriales han manifestado su interés de compensar emisiones de fuentes nuevas y existentes mediante pavimentación de calles. Conama no está de acuerdo con dicha propuesta porque los efectos en salud de las emisiones industriales son muy distintas a los del polvo natural

¿Qué pasa con el control de las emisiones de los hornos de ladrillos?

Por resolución del Sesma de 1994 sólo pueden existir actividad de producción de ladrillos en las comunas de Quilicura, Maipú y Pudahuel. Así también lo establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Los municipios también tienen atribuciones para su control.

¿Cómo resuelve Conama los problemas de coordinación con ministerios en la definición o implementación de medidas?

En la definición de las medidas, que corresponde a la etapa de elaboración del PPDA, junto con el cumplimiento de las etapas del proceso establecidas en la ley y sus reglamentos, se desarrolló un proceso participativo que integró a los distintos ministerios y servicios con injerencia en materia ambiental en la Región Metropolitana, para discutir las medidas que se iban a incluir en el PPDA. Se constituyó un Comité Operativo y Sub-Comités Técnicos, los que en definitiva hicieron las propuestas al Consejo Directivo de la Conama y al Presidente de la República .

En materia de implementación, desde antes que el PPDA, entrara en vigencia, han funcionado en forma permanente un Comité Técnico presidido por el Intendente, y un Comité de Subsecretarios, que preside el Subsecretario General de la Presidencia; que evalúan el estado de avance de las medidas y de las dificultades que se van presentando para su implementación.

¿Por qué no se comunica mejor?

¿Qué medidas existen sobre educación y qué participación ha tenido el Mineduc y con cuántos fondos cuenta para esto?

El PPDA contempla un Programa de Educación y Difusión Ambiental.

En forestación parece razonable una meta de 700.000 árboles urbanos, pero 3 millones de árboles en la periferia es muy poco.

El déficit de árboles en la periferia es superior a 3 millones, pero el aumento de esta meta significa asumir costos muy superiores. Las razones son, principalmente, las siguientes:

La actividad forestal no es tan rentable privadamente; así, la única forma de aumentar las tasas de forestación es vía el pago de costos de plantación y mantención.

La forestación actual sólo considera el valor del árbol y un apoyo técnico.

La incorporación al programa actual de Conaf de los costos de plantación y mantención aumentaría notablemente los costos.

-Han existido, además, problemas serios en la discusión del financiamiento.

¿En necesario establecer en la Región Metropolitana, la prohibición de instalar nuevas industrias que no sean capaces de garantizar y atenerse a la condición de norma cero en contaminación? ¿Las industrias antiguas podrán regirse por los estándares establecidos actualmente, o los que se propongan o definan entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Coordinación Metropolitana de Municipalidades?

Una prohibición de esta naturaleza escapa a las posibilidades jurídicas del PPDA, por cuanto sería materia de ley. Sin embargo, se estima que más que impedir que se establezcan nuevas industrias, lo que se debe hacer es velar por que la calidad del aire no siga empeorando sino que mejore, para lo cual se establecen una serie de exigencias a las industrias nuevas para que compensen el 120% de sus emisiones, de modo tal que una industria nueva significa una mejora en la situación del aire.

3. REVISIÓN DE NORMA DE PM 10.

¿En qué forma se determinan los promedios diarios de PM 10?

El promedio diario se calcula a partir de dos datos: el volumen de aire que fue succionado por el equipo de muestreo en el período de 24 horas (que se mantiene fijo), y el peso de las partículas retenidas en el filtro por el cual se ha hecho pasar el aire.

Los equipos muestreadores de alto volumen poseen un dispositivo que permite capturar las partículas cuyo diámetro es inferior a 10 m en un filtro, que fue pesado antes de colocarlo en el equipo. Luego de 24 horas, se retira el filtro y es entonces pesado nuevamente. La diferencia de peso (filtro con partículas-filtro limpio) indica la cantidad (en gramos) de partículas retenidas. Como se conoce la cantidad de aire que ha pasado por el filtro, se calcula la concentración como masa de partículas retenidas por unidad de volumen succionado.

Este método se denomina gravimétrico, pues se basa en la diferencia de peso del filtro. La información sobre la concentración de PM 10, en el aire sólo puede ser conocida, por este método, al día siguiente de efectuada la medición.

Los equipos que determinan concentración de PM 10, en forma continua (Teom), hacen posible conocer cómo varía esta concentración cada 5 minutos, también son usados para tomar decisiones respecto de la calidad del aire.

Algunos antecedentes sobre la red de monitoreo de la Región Metropolitana.

La red de monitoreo de la Región Metropolitana, en la actualidad, establece la calidad del aire a partir de:

-La medición de contaminantes gaseosos y material particulado respirable PM 10, en monitores que operan en forma continua (determinan las concentraciones cada cinco minutos, y operan durante 24 horas durante todos los días del año, salvo mantención).

-Comprende 8 estaciones que miden la calidad del aire, ubicadas en: Plaza Gotuzzo (Santiago-Centro); La Florida (La Florida) ; Parque Inglés (Providencia); Pudahuel ( Pudahuel ); Parque O’Higgins ( Santiago Centro) ; Cerrillos (Cerrillos); La Paz ( Recoleta ); El Bosque (El Bosque).

La medición de variables meteorológicas (temperatura, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, radiación solar), en alrededor de 25 puntos en la Región.

¿Cuánto falta para que sea una red adecuada?

Las características de las redes de monitoreo se definen a partir de los fines que a ellas se les den. Así, por ejemplo, hay redes destinadas a registrar las concentraciones de aquellas substancias que puedan tener efectos dañinos para la salud de las personas; otras redes se diseñan de modo que ayuden a interpretar cómo se dispersan las mismas sustancias, o pueden estar orientadas a estimar el impacto de una o varias fuentes sobre la calidad del aire. Por supuesto, a una misma estación de monitoreo dentro de una red se le pueden dar varios fines. Sin embargo, el diseño de la red en cuanto a cobertura espacial y temporal y aún en cuanto a variables a medir varía, dependiendo de los fines principales para lo que fue establecida cada red.

El diseño de las redes de monitoreo en Santiago ha obedecido principalmente a la idea de contar con información relevante de los efectos de la contaminación del aire sobre la salud de las personas. Sin embargo, el uso de los datos recopilados a través de dicha red también ha incluido la interpretación de la dispersión de contaminantes en la Región Metropolitana.

Más allá de las consideraciones instrumentales y logísticas, lo apropiado o no de una red de monitoreo debe evaluarse a la luz de su utilidad y relevancia para los fines que debe servir. En este sentido, queda trabajo por hacer en cuanto a la evaluación de las redes de monitoreo disponibles en la Región Metropolitana.

En todo caso, esta red tiene las siguientes características: uso de equipos de medición modernos, posee una cobertura espacial que cubre toda la ciudad de Santiago, y permite disponer de información los siete días de la semana.

¿Es necesario una red más extensa de monitoreo?

En Chile Central se concentra casi un tercio de la población del país. Esto conlleva la concentración de industrias, transporte privado y público, consumo energético y otras actividades que resultan en grandes emisiones de contaminantes. Además, desde otros centros urbanos e industriales en la región se generan otras emisiones de contaminantes. Por ejemplo, las fundiciones de cobre de Ventanas y Caletones emiten respectivamente 0.12 y 0.76 x 106 toneladas por año de SO2 y particulado.

Las condiciones meteorológicas predominantes en Chile Central son tales que favorecen la ocurrencia de altas concentraciones locales de contaminantes con efectos nocivos sobre la salud de las personas y los recursos naturales. En Santiago, durante los meses de otoño e invierno se observan recurrentemente episodios de alta contaminación, especialmente por material particulado respirable debido a la pobre ventilación de la cuenca. En primavera y verano aparecen episodios de contaminación fotoquímica (ozono) debido a la mayor incidencia de radiación solar. Tanto el material particulado fino como el ozono y los precursores de éstos son sustancias que pueden ser dispersadas regionalmente.

Emisiones de material particulado (MP), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno reactivos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de azufre (SO2) en Santiago. Unidad: toneladas por año.

Fuente: Conama-RM, 1997.

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El manejo de los problemas de contaminación atmosférica en Chile Central, antes descritos requiere de herramientas aptas para abordar la dispersión regional de contaminantes, contemplando los aspectos meteorológicos y químicos. En este sentido y para abordar problemas como el smog fotoquímico es necesario contar con redes de monitoreo de escala regional. Así, en este contexto, sí es necesario ampliar y coordinar las redes de monitoreo presentes en Chile Central (red de Caletones en la VI Región, Macam en la Metropolitana y red Enami Ventanas en la V Región).

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Figura 1. Concentraciones promedios mensuales de material particulado respirable (radio aerodinámico inferior a 10 pm) (PM 10) y ozono (O3) observados en 1995 en dos estaciones de monitoreo en la ciudad de Santiago.; Estaciones “D” (Parque O’Higgins) ubicada en el sector poniente y la estación “M” ubicada en el sector oriente de la ciudad. Datos de Conama-RM, abril 1996.

¿Que exista mejor monitoreo no significa que exista mejor aire?

El monitoreo es una actividad sistemática que permite conocer la variación de los indicadores del estado de la calidad de aire en el tiempo y en el espacio. Un mejor monitoreo significa un mejor conocimiento del estado de la calidad del aire. No significa que esta calidad sea mejor.

¿Cómo se monitorea la calidad del aire? ¿Se recoge información y finalmente se toma la decisión de un evento de alta contaminación?

La calidad del aire en la Región Metropolitana se está vigilando en forma continua en la red de monitoreo dependiente del Sesma. En esta red se están tomando datos de concentración de contaminantes gaseosos en forma continua (es posible conocer su variación minuto a minuto, si es necesario), variables meteorológicas también en forma continua y material particulado cada 24 horas y en forma continua.

Las concentraciones de todos los contaminantes regulados son promediadas ya sea diariamente o en promedio móvil de 8 horas (caso del monóxido de carbono) y se calculan los Índices de Calidad del aire para gases (Icag) y partículas (Icap).

Estos índices están definidos por Resolución del Minsal y no corresponden a las concentraciones propiamente tales, si no que son valores adimensionales, que llevan una numeración común de las concentraciones ambientales de los contaminantes (Icap o Icag 100 = norma para cualquier contaminante).

Una vez determinados los índices, se compara con los valores que definen situación de alerta, preemergencia o emergencia y se decide la aplicación de las medidas que correspondan.

Desde 1990 en adelante, las preemergencias y emergencias se decretaban sólo en días hábiles, no en fines de semana o días festivos, debido a la disminución del aporte antrópico de contaminantes que la reducción de actividad de esos días conllevaba.

A contar de 1996, se modifica el criterio de adopción de medidas de contingencia y se decretan incluso los fines de semana, como ocurrió los días sábado 13 y domingo 14 de julio de 1996; los días sábado 19, sábado 26 y domingo 27 de julio de 1997; y el 1 de mayo de 1998.

Con la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, las medidas se toman en función de lo establecido por el Plan Operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación (Mepc 14 del DS Nº 16/98).

-El Director de la Conama R. M., en su calidad de Secretario Ejecutivo de la Corema (presidida por el Intendente) generará un informe diario, en que se procederá a resumir la situación de calidad del aire, pronóstico meteorológico y aspectos de salud junto con una gama de recomendaciones. Dicho informe se consolidará a partir de la información de monitoreo de calidad del aire (emanada de la Red Macam), información meteorológica (emanada de las estaciones de la DMC y de las nuevas estaciones obtenidas de la cooperación de Suecia, Japón y Holanda junto con información satelital) y de la información y recomendaciones emanadas desde el Ministerio de Salud.

-Dicho informe diario se enviará directamente al Intendente quien, cuando corresponda, hará pública la toma de medidas (informe a la ciudadanía) y coordinará las acciones de los organismos en cuanto a implementación y fiscalización.

-Finalmente en forma posterior a la situación de episodio, los organismos citados enviarán a Conama R.M. un informe con un resumen de lo acontecido durante la toma de medidas y su fiscalización con el fin de corroborar la efectividad alcanzada o detectar falencias en la operación, para luego perfeccionar el sistema.

¿Existió negligencia el sábado 16 de mayo?

Alrededor del mediodía del sábado 16 de mayo, el Director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente , Sr. Mauricio Ilabaca , tomó conocimiento de que los Índices de Calidad del Aire por Partículas (PM 10), entre las 10 AM del viernes 15 y 10 AM del sábado 16, mostraban a la Estación Pudahuel con un nivel de 360, en tanto que otras 5 estaciones daban niveles regulares (195, 140, 141, 137 y 129) y 2 estaciones registraban niveles bajo 100 (Las Condes con 47 y Providencia con 64).

Posteriormente, el Director del Sesma se comunicó telefónicamente con el Director de Conama R. M. Sr. Clemente Pérez , para evaluar la situación. Se analizó en conjunto la siguiente información:

-Los monitores continuos de material particulado respirable mostraban una tendencia a la baja en las medias horarias, entre ellas la estación de Pudahuel.

-Informe para la gestión de episodios de Conama R.M, con información meteorológica del Cenma, que señalaba que para el domingo 17 se esperaba el término de la vaguada costera, responsable de la mala ventilación y acumulación de los contaminantes que se estaba observando en la cuenca de Santiago.

-Metodología de Pronóstico de la Calidad del Aire, la que al ser probada con la información de ese mediodía arrojó para el domingo 17, sólo 2 estaciones con niveles sobre 200 y menores de 300, y todas las restantes bajo 200, por lo que sólo se esperaba una alerta al día siguiente.

-Se consideró que los días domingo las emisiones de la ciudad se reducen drásticamente, incluidas las fuentes fijas y las móviles, a niveles mayores de los esperados por la aplicación de una preemergencia.

Con esos antecedentes se decidió seguir evaluando las condiciones al día siguiente.

-El domingo 17, alrededor de las 11 horas A.M, el Director del Sesma , se contactó con el laboratorio de Vigilancia de Calidad de Aire, quien informó de una fuerte alza en la noche del sábado en el sector poniente. La Estación Pudahuel registró en promedios de 24 horas a las 22 horas, un valor de 555, en tanto que la Estación El Bosque dio 209, otras 3 estaciones registraron valores menores a 200 y sobre 100 (171, 156 y 119) y las restantes 3 estaciones dieron niveles bajo 100: Independencia-Recoleta 94, Providencia 54 y Las Condes 39.

-Con esta información el Director del Sesma se comunicó telefónicamente con el Sr. Clemente Pérez , con el Jefe Técnico del Sesma , Dr. Ricardo San Martín y con el Intendente, Sr. Germán Quintana , para evaluar lo que estaba ocurriendo. Se consultó con Bomberos si había ocurrido algún siniestro (incendio) en las cercanías de Pudahuel, en el mismo período que se observó el alza de niveles, que hubiese podido afectar la estación. Se averiguó con Carabineros, si esa institución había registrado algún incidente en la comuna de Pudahuel vinculado a emisiones atípicas, como quema de neumáticos, incendios u otros.

-Al determinarse, que no existían elementos que sostuviesen una pérdida de la validez de las mediciones de la estación Pudahuel, se convocó a una reunión en dependencias del laboratorio de Calidad del Aire del Sesma, encabezada por el Intendente, el Director del Sesma , el Director de Conama R.M y el Jefe Técnico del Sesma. En dicha reunión se decidió declarar Emergencia y se citó a conferencia de prensa en la Intendencia Metropolitana.

¿Si existía información anterior a 1997 de que el aire estaba malo en Pudahuel, por qué no se actuó antes ampliando la red?

El deterioro de calidad del aire es un fenómeno propio de toda la cuenca de Santiago, y sobrepasa la escala local (comunal). El conocimiento de este deterioro dice relación con esta situación de mala dispersión de la cuenca, el régimen de vientos y las emisiones provenientes de fuentes fijas y móviles y no a mediciones sistemáticas realizadas en las comunas.

Por lo tanto, si bien existió evidencia que permitía inferir que esta comuna y otras se encontraban sometidas a altas concentraciones de contaminantes, no era posible cuantificar la magnitud del fenómeno sino sólo en los puntos de monitoreo. Esta cuantificación no incluyó la comuna de Pudahuel, pues la red Macam sólo contaba con puntos en torno del centro de Santiago.

En consecuencia, la posterior ampliación de la red (y la consecuente ampliación de asignación de recursos, personal capacitado y la capacidad de interpretación de datos) no sólo consideró a Pudahuel sino que a otras comunas de la R.M. (La Florida, Cerrillos y El Bosque). Esta ampliación se realizó gracias a la donación del Gobierno Japonés durante 1997.

¿Quién fue el responsable político de lo anterior?

Los responsables legales de la Red Macam han sido los Directores de Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana.

La responsabilidad legal de decretar los estados de emergencia, hasta la entrada en vigencia del D.S Nº 16/98, el Plan de Descontaminación, era del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana. Con posterioridad, el citado Plan establece, en el Plan Operacional de Manejo de Episodios Críticos, responsabilidad de la Intendencia de la Región Metropolitana .

Existe la percepción de que las medidas se implementan cuando los índices indican que hay que hacerlo, pero llama la atención que después de una catástrofe ambiental, al día siguiente se vuelva a la normalidad.

Las condiciones de ventilación de la cuenca pueden cambiar drásticamente de un día a otro, sobre todo ante la ocurrencia de frentes de inestabilidad (sistemas frontales que provocan precipitaciones). Esto explica por qué efectivamente luego de un día de condiciones pobres de dispersión, el día siguiente pueda presentar mejores condiciones de dispersión.

Sin embargo, en invierno es común que condiciones adversas a la dispersión permanezcan por varios días.

La variación de los índices de calidad del aire es una medida de esta variabilidad en la capacidad “autodepuradora” de la atmósfera, pero es importante notar que refleja no sólo los cambios de las condiciones meteorológicas, sino también los cambios en las emisiones.

Luego, es importante complementar la información entregada por los índices, con buena información meteorológica de pronóstico, que permita identificar situaciones meteorológicas adversas con antelación y tomar medidas preventivas.

¿Cuál es la proyección de eventos de alta contaminación para 1998 con la nueva red?

La proyección de los días con medidas aplicando los niveles establecidos por la norma y la red actual es el siguiente:

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Fuente: tomado de Tabla Nº 9 Resumen Escenarios y total de días con medidas asociados de cada tipo.

¿Es posible montar indicadores públicos de calidad del aire?

Tecnológicamente es posible. Pero es importante que la información sea validada antes de ser entregada públicamente, pues una medida errónea (por desperfectos de equipo, situaciones de descalibración u otras) puede generar alarma innecesaria.

Sobre la fijación de la Norma

La norma de calidad ambiental primaria vigente en todo el país respecto a material particulado respirable PM 10 (D.S 185/91 del Ministerio de Minería) sólo contempló la existencia de una norma diaria, y no estableció niveles para decretar estado de emergencia. El D.S Nº 32 y principalmente la Res. Nº 369/88 del Ministerio de Salud establecieron el Índice de Calidad del Aire para Partículas (Icap) y la modalidad de decretar pre-emergencias cuando se superaba el nivel 300.

Con motivo de la elaboración del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana y la formulación del Plan Operacional de episodios críticos, se incorporó al Programa Priorizado de Normas la revisión de la norma primaria de calidad ambiental para material particulado PM 10, en especial de los valores que definen situación de emergencia.

Los objetivos principales de la revisión que se plantearon en la fecha de inicio del proceso fueron:

-Sistematizar los niveles de emergencia ambiental (episodios de corto plazo) para PM 10: alerta (creación de este nivel), preemergencia y emergencia, discutiendo los valores de los niveles asociados; e

-Incluir herramientas para el manejo de estos episodios a través de un sistema de pronóstico (en particular aprovechar el expertise de Conama R. M en su modelo de pronóstico).

Independiente de esto se aprovechó de incluir en la revisión de la norma algunos conceptos simples asociados al desarrollo de regulación ambiental de punta que se está haciendo a nivel mundial, y que las normas chilenas a la fecha no habían considerado, como son la inclusión de criterios estadísticos para la definición de excedencias de normas (los percentiles), así como la reclasificación de estaciones monitoras para tomar el concepto de “exposición humana” asociado a una norma de calidad primaria.

Dadas las restricciones de tiempo que se plantearon al inicio del proceso, es decir que la norma estuviese vigente en el invierno de 1998, debieron reducirse los siguientes plazos:

La preparación del anteproyecto se acortó de 150 días a 113 días (lo usual en los procesos de preparación de normas es que se incluya una prórroga a esta etapa de preparación del anteproyecto, que ha ido desde 20 días a varios meses);

El análisis de las observaciones provenientes de la consulta pública se acortó de 45 días a 6.

Participaron en el proceso, representantes de los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción; Ministerio de Salud; Ministerio de Minería; Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Intendencia de la Región Metropolitana y Seremi de Salud de la RM.

Este Comité Operativo, en conjunto con un Grupo ampliado que incluía a representantes de Escuelas de Salud Pública de las Universidades de Chile, Colegio Médico, Sociedad Chilena de Epidemiología , y del sector industrial, así como técnicos de los Departamentos Jurídico y de Descontaminación, planes y normas, y de la Dirección Regional de Conama Región Metropolitana, sesionó desde el 21 de agosto hasta el 07 de noviembre discutiendo diversos planteamientos en lo relativo a la incorporación de niveles de emergencias a la norma de material particulado respirable.

¿Son comparables las normas nacionales con las internacionales?

Los contaminantes tradicionales del aire se refieren a aquellas sustancias presentes en “grandes” cantidades en el ambiente, y que, generalmente, han acaparado el interés público y las políticas de regulación y control. Éstos son el material particulado (partículas en suspensión, partículas totales en suspensión, partículas respirables), los oxidantes fotoquímicos, ozono, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, ácido sulfhídrico, cadmio, cloro, flúor, hidrocarburos, plomo y sulfuro de carbono (REF Programa de establecimiento de normas de calidad ambiental Tesam, marzo 1996).

En relación a los contaminantes tradicionales, se puede concluir:

Todos los países tienen normas de calidad para el dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

-Sólo España no tiene norma para monóxido de carbono.

Alemania, Suecia y España no tienen normas para el ozono o los oxidantes fotoquímicos.

-En relación al material particulado, sólo Japón y EE.UU. no norman las partículas en suspensión. Por otra parte, Canadá , Alemania, Suiza y España no tienen norma para material particulado respirable (PM 10). Sólo Chile, México y Suecia norman tanto las partículas totales en suspensión como el material particulado respirable. Sólo EE.UU. norma PM 10 anual.

-El plomo es regulado en México, Canadá, Alemania, Suiza, y EE.UU; por otra parte, sólo existen normas para el cadmio en Alemania y Suiza.

-Sólo Alemania y España tienen normas para el ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, sin embargo, sólo Alemania tiene normas para el cloro, mientras que sólo en Canadá y España existen normas para el ácido sulfhídrico.

-Las normas primarias en Chile para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono son idénticas a las de EE.UU; Chile tiene normas para partículas totales en suspensión idénticas a las que antiguamente tenía EE.UU. (en la actualidad no las norma). Chile no tiene normado el plomo.

Además, Holanda y EE.UU. norman una gran cantidad de sustancias peligrosas (Hazardous Air Pollutants), presentes en el aire en cantidades trazas, ya sea en el particulado o en estado gaseoso o aerosol. Chile sólo regula estos compuestos a nivel de exposición laboral.

¿Existe en el mundo algún lugar con contaminación parecida a la de Chile donde estos valores varíen drásticamente, en detrimento de lo que se está haciendo acá?

Estados Unidos acaba de finalizar su proceso de revisión de la norma de material particulado manteniendo los valores del standard de 1987 (150 y 50 ¿gr/m3 para los promedios diarios y anuales, respectivamente). Incorporó varias modificaciones metodológicas en el ámbito de las excedencias (percentiles) y la definición de estaciones de monitoreo orientadas a la población.

La Unión Europea ha presentando una propuesta al Parlamento Europeo en el sentido de hacer más estrictas las normas de material particulado en dos fases. Para la primera fase establece un límite de 50 ¿gr/m3 de PM 10 en 24 horas, con 50 % de margen de exceso tolerado a la entrada en vigor de la directiva y con fecha de cumplimiento del 1 de enero del año 2005. También propone un límite anual de 30 ¿gr/m3, para el mismo contaminante, con fecha de cumplimiento también en enero del 2005 y similares condiciones de excedencia. La segunda fase contempla similar valor para el período de 24 horas, con un máximo de excedencia de 7 veces en el año, y de 20 ¿gr/m3, a partir del año 2010.

Tanto la Unión Europea como EE. UU., tienen planteados valores para material particulado fino (PM 2.5). No tienen vigencia actual; entrarían en vigencia, previa una nueva revisión por parte de la EPA, el año 2004, en EE. UU. y en el año 2005 en la Unión Europea.

¿Existen otras normas internacionales más bajas de PM 10?

Aparte del Estado de California, en EE. UU., actualmente no, pero se espera que los países de la Unión Europea vayan estableciendo las normas, dando cumplimiento con la Directiva Europea . Es importante tener presente que los países europeos, tienen un sistema legal tal, que les permite flexibilizar el cumplimiento de las normas. Se utilizan los protocolos y acuerdos entre la autoridad y los responsables del cumplimiento. A modo de ejemplo, Suecia, que posee estándares estrictos los usa de guía o meta. Las exigencias a las industrias son definidas caso a caso, incorporando mayor flexibilidad al proceso normativo. Canadá, es otro país en donde las normas de calidad son consideradas guías (guidelines).

Si EPA bajó la norma de ozono, ¿por qué nosotros no?

Chile tiene normado el ozono, por medio de la Resolución exenta del Ministerio de Salud Nº 1215, del año 1978. El nivel que establece es de 160 ¿gr/m3, promedio horario. Mediante acuerdo Nº 27 de marzo de 1998, el Consejo de Ministros de Conama acordó la revisión de dicha normativa.

Se revisarán también los siguientes contaminantes (incluidos en la Res. Nº 1215): Material Particulado Sedimentable, Anhídrido Sulfuroso, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, y los oxidantes fotoquímicos expresados como ozono.

Para este efecto se encuentra en desarrollo un estudio, mandatado por Conama , “Antecedentes para la Revisión de la Norma de Calidad del Aire, contenida en la resolución Nº 1215 del Ministerio de Salud, 1978”, que está siendo ejecutado por la consultora SGA.

Antecedentes aportados por el citado estudio, relativo al proceso de revisión de la norma norteamericana por parte de la EPA, indican que:

El estándar antiguo de la EPA era de 240 ¿gr/m3 promedio horario. Las modificaciones propuestas por ella, para el nuevo estándar tienen relación con dos aspectos de la norma. Primero, el límite se reduce, al que actualmente tiene Chile, es decir a 160 ¿gr/m3. Segundo se modifica el promedio de horario, a un promedio acumulado cada 8 horas. En resumen, desde un punto de vista comparativo, nuestro estándar sigue siendo más estricto que el de la EPA, ya que los promedios son horarios. En todo caso, la revisión que se iniciará formalmente el próximo año, permitirá considerar los antecedentes chilenos e internacionales para establecer o no una modificación de la norma de ozono.

¿Es comparable el material particulado respirable (PM 10) mexicano y californiano con el santiaguino?

Los límites de material particulado respirable presentes en la ciudad de Santiago, son más elevados que los medidos en Ciudad de México y en Los Ángeles, California. Desde un punto de vista de la composición del material particulado, también puede diferir, pues ella depende, entre otras, de las características de composición del polvo natural, las características de composición de los combustibles industriales y vehiculares utilizados y de las llamadas emisiones biogénicas, es decir de las emisiones provenientes del tipo de vegetación presente.

¿Es comparable la situación de California (EE.UU.), México y Chile en cuanto a la composición de contaminantes?

No es directamente comparable, por cuanto tanto en California como en Ciudad de México la contaminación por ozono es más crítica que la situación chilena.

¿Por qué no se emplea una norma de 50 ¿grs/m3 en reemplazo de 150, tal lo como propuso el Ministerio de Salud?

El 25 de julio de 1997 se dio inicio a la elaboración del anteproyecto de revisión de norma de calidad primaria para material particulado respirable, en especial de los valores que definen situaciones de emergencia (Res. exenta Nº 0492 Conama).

Dicha resolución fue publicada en Diario Oficial con fecha 2 de agosto de 1997.

El 14 de agosto (ord 972503) el Director Ejecutivo de la Conama solicitó al Ministro de Salud la nominación oficial de un representante para conformar el Comité Operativo de la norma.

Se efectuaron 6 reuniones del Grupo de Trabajo Ampliado, para la discusión del anteproyecto de norma:

-21 de agosto: Participaron por el sector sistema público de salud el Sr. Julio Monreal (representante del Ministerio), Dr. Mauricio Ilabaca ( Director del Sesma ) y Dr. Luis Martínez (Seremi Salud R.M). Se realizó una introducción general al proceso de revisión de la norma y una exposición técnica relativa: “Diagnóstico de Operación del Sistema Vigente para el Manejo de Situaciones de Emergencia Ambiental”.

-28 de agosto: Participaron por el sector sistema público de salud el Sr. Walter Folch (Ministerio de Salud), Mauricio Ilacaba ( Sesma ) y Dr. Gerardo Cuevas (Seremi Salud R.M). Durante la primera parte de la reunión, el Dr. Ilabaca presentó los resultados de su investigación epidemiológica “Relación Entre la Contaminación Atmosférica y las Consultas por Emergencias Respiratorias Pediátricas en el Servicio de Urgencia del Hospital L. Calvo Mackenna, en Santiago de Chile”. El Dr. Gil (representante del Colegio Médico) informó de una visita suya a las oficinas de la EPA en la que se enteró de los principales aspectos que rodearon la discusión de la fijación de nuevos estándares para material particulado 2.5 y PM 10. En este último caso sólo se incluyó un cambio en el percentil para la evaluación del cumplimiento de la norma. En la segunda parte, contempló dos presentaciones de Conama, relativas al uso de sistemas de pronóstico para predecir episodios de contaminación atmosférica.

-04 de septiembre: Participaron por el sector sistema público de salud el Sr. Pedro Mancilla (Ministerio de Salud), Mauricio Ilabaca ( Sesma ) y el Dr. Gerardo Cuevas (Seremi Salud R.M.). El Sr. Pedro Mancilla presentó un avance de las investigaciones tendientes a relacionar el monitoreo epidemiológico con niveles de contaminación, que llevó a cabo el Programa IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) del Ministerio de Salud. Conama solicitó presentar un documento con la postura del Ministerio de Salud relativa a la incorporación de las variables biomédicas a la revisión de la norma.

-09 de septiembre: Participaron por el sector sistema público de salud Pedro Mancilla , Walter Folch , Dr. Manuel Ipinza (Ministerio de Salud), y el Dr. Gerardo Cuevas (Seremi Salud). El principal indicador propuesto fue el de porcentaje de infecciones respiratorias agudas bajas (IRA bajas). Se solicitó presentar información sobre la operación de los indicadores propuestos. La Sra. M. de la Luz Vásquez (Ministerio de Minería) presentó información acerca del marco de operación de las redes de monitoreo existentes, asociadas a la actividad minera.

-El día 22 de septiembre Conama recepcionó un documento elaborado por el Ministerio de Salud, con antelación al proceso de revisión de la norma (24/07/98) denominado “Criterios que deben ser considerados para decretar pre-emergencias o emergencias en la Región Metropolitana”. Este documento consta de 4 partes: variables epidemiológicas, donde aparecen los indicadores de salud que se pueden utilizar; variables climatológicas; índices de calidad del aire y concentraciones ambientales; y situación de los vehículos catalíticos. Este documento no solicita ni modificación del valor de la norma de PM 10, ni entrega opinión sobre los niveles de emergencia, sólo describe los actualmente vigentes.

-30 de septiembre: Participaron por el sector sistema público de salud el Sr. Walter Folch (Ministerio de Salud), Mauricio Ilabaca ( Sesma ) y el Dr. Gerardo Cuevas (Seremi Salud). El Dr. Manuel Salinas realizó una completa presentación acerca de los efectos en la salud del material particulado respirable. En la segunda parte, el Sr. Ricardo Katz , en representación de Sofofa, hizo una presentación de cómo abordar el tema de la evaluación de costos y beneficios en la asignación de los niveles que definen niveles de emergencia.

-7 de noviembre: Se presentó el borrador de anteproyecto al comité ampliado, y se informó del inicio de la etapa de consulta pública. Se decidió de común acuerdo no hacer más reuniones, y que las observaciones al anteproyecto llegaran formalmente por escrito.

-El período de consulta pública duró 2 meses, llegaron 66 observaciones, de las cuales 10 fueron del Sesma, no se recibió opinión formal del Ministerio de Salud, ni del Colegio Médico, ni de facultades ni de sociedades científicas. El grueso de las observaciones y propuestas de modificación llegaron por parte de la Sofofa.

¿Por qué no se incluyen indicadores biomédicos?

Como resultado de las reuniones, se concluyó, en lo complicado que sería introducir este nuevo indicador en el anteproyecto de norma, en particular porque este tipo de indicadores da cuenta del efecto que tienen los episodios de contaminación atmosférica en la salud de la población, antes que predecir o prevenir su causa. Muchas veces, el factor que comanda la existencia de un episodio crítico de contaminación es la situación meteorológica de corto plazo, la que lleva a reducir las condiciones de dispersión de la contaminación en el área afectada. En este sentido, para abordar situaciones de emergencia se debe tener capacidad de respuesta en el corto plazo y por breves períodos. Se expresó en tales reuniones que los indicadores biomédicos son más útiles en términos de gestión de recursos en el área de atención de la población enferma, antes que la gestión de medidas inmediatas de reducción de emisiones de fuentes como son las que se llevan a cabo en las situaciones de emergencia que se definen para tal fin en los planes de descontaminación, y que se ven potenciadas en tal caso por el uso de herramientas como una metodología de pronóstico.

Adicionalmente, en la cuarta reunión se solicitó a los expositores del grupo de trabajo del Programa Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que hicieran llegar el anteproyecto de norma con los antecedentes que permitiesen evaluar cuántos días adicionales de alerta, preemergencia o emergencia se hubiesen dictado en 1997 si es que estuviesen operando indicadores biomédicos. Esta información era clave para efectos de estudiar aspectos técnicos de la propuesta, así como realizar la evaluación técnico-económica del impacto de la norma, antecedentes que no fueron recibidos.

El día 14 de enero concluyó el período de 60 días que dispone el reglamento respectivo para formular los comentarios al anteproyecto de revisión de norma, publicado el día 15 de noviembre. A esa fecha solamente se recibieron observaciones provenientes, en el sector Salud, del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, y cuyos principales alcances tenían que ver con los temas de justificación de la fijación de niveles que definían la situación de emergencia ambiental y de condiciones para el uso de la metodología de pronóstico, pero no con la no inclusión de las variables biomédicas en el anteproyecto.

Con fecha 23 de enero de 1998, el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, habiendo escuchado la fundamentación realizada en esa oportunidad por una representante del Ministerio de Salud acerca de la inclusión de parámetros biomédicos en la presente norma, y considerando lo expuesto previamente, decidió que los indicadores biomédicos no fuesen parte de la norma. Sí se acordó que dichos parámetros fuesen considerados en la gestión de las emergencias dentro del contexto del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, cuando la situación de contaminación lo amerite, debiendo utilizarse las capacidades con que cuenta el Ministerio de Salud para dichos casos.

Con posterioridad, se estableció un equipo técnico Minsal-Conama para determinar la modalidad de incorporación de indicadores biomédicos en la gestión de los episodios de emergencia de la R.M. Para este efecto el Ministro de Salud solicitó realizar un seminario con expertos nacionales e internacionales, para debatir la materia.

¿En qué afectaría bajar el PM 10 a menos de 100?

Una norma de material particulado respirable (PM 10) más estricta (menor a 150 ¿gr/m3), que tiene vigencia en todo el territorio de la República tendría los siguientes efectos:

-Costos proporcionales asociados a su cumplimiento: a modo de ejemplo Chuquicamata, que se encuentra con un Plan de Descontaminación para cumplir con el nivel actual, tendría serias dificultades de lograr un nivel de 50 ¿gr/m3.

-Con alta probabilidad tendríamos planes de descontaminación, por material particulado desde la Sexta Región al Norte, en varias de las localidades expuestas en forma importante a polvo natural.

-Como la fracción gruesa del PM 10, predomina en climas y geografías desérticas (polvo natural), y su efecto en la salud es menor que la fracción más fina (producto de la combustión), los beneficios en salud serían probablemente marginales a los ya establecidos para la R.M.

-En conclusión para obtener un beneficio en la salud un poco mayor al actual, el país debería asumir costos muy significativos.

¿Por qué no rebajar la norma, aunque las normas internacionales no lo justifiquen?

La decisión de normar es una decisión soberana. En Chile, el Consejo de Ministros de Conama aprueba año a año, las normas que se dictarán o revisarán. La ley de Bases del Medio Ambiente, establece que para fijar una norma se deben considerar análisis técnicos y económicos, desarrollo de estudios científicos, consulta a órganos competentes públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas y una adecuada publicidad.

Por lo tanto, Chile puede darse las normas que fundadamente considere adecuadas.

¿A qué criterio científico responde el nivel 300 para decretar emergencias?

La Resolución Nº 369/88 del Ministerio de Salud, estableció para tipificar la situación de calidad del aire, un índice de calidad del aire. El índice de calidad del aire (ICA), cuando se refiere a las partículas se denomina (Icap), y define una escala adimensional que busca homogeneizar los efectos en salud para distintos períodos de exposición a diversas concentraciones de los contaminantes actualmente normados.

El D.S. Nº 32/90 del Ministerio de Salud estableció las situaciones de emergencia para el Icap. Entonces cuando el Icap superaba el nivel 300, se decretaba pre-emergencia.

El criterio científico de la superación del nivel 300 Icap para PM 10, corresponde a registrar en cualquier instante un valor promedio de concentración para las 24 horas anteriores superior a 240 ¿gr/m3.

¿Cuáles son los costos y beneficios de bajar la emergencia de 500 a 450?

La implementación de medidas de emergencia en vez de pre-emergencia cuando el nivel de concentración de MP 10 se encuentre en el rango 450 - 499, traería consigo beneficios para la población de la Región Metropolitana, destacándose la disminución de los impactos en la salud y el ahorro en los recursos tiempo y combustible. Por su parte también trae importantes costos para el sector industrial.

La tabla 4.4, resume los costos y beneficios (ref. Análisis general del impacto económico y social del anteproyecto de revisión de la norma de calidad primaria para material particulado respirable (MP 10), en especial que define situaciones de emergencia.

Sobre el Plan de Descontaminación

¿Cuál es la efectividad de las medidas de preemergencia?

Estimación de efectividad en reducción de emisiones por tipo de fuente atribuible a medidas de preemergencia y emergencia.

13

Fuente: Estimación en base a % de participación en inventario 97.

¿Cuánto se reducen las emisiones o la calidad del aire cuando hay restricción vehicular para seis u ocho dígitos?

Reducción de emisiones y concentraciones para cada tipo de episodio:

 14

Fuente: Análisis General de Impacto Económico y Social del Anteproyecto de Revisión de la norma de Calidad Primaria para PM 10, Conama, 5 de enero de 1998.

4. COSTOS Y BENEFICIOS DEL PPDA.

¿Cuántos son los fondos necesarios para descontaminar?

De acuerdo a los estudios técnicos y científicos que forman parte del expediente del PPDA, los recursos necesarios para implementarlo ascienden a US$ 911.230.711. De éstos, el 48% es asumido por los emisores y el 52% por el Estado.

Cuando se dice evitar muertes, ¿significa el riesgo de morir o son muertes reales?

Si no se aplica el PPDA ¿mueren realmente 10.000 personas?

El enfoque respecto de salud es errado porque sólo considera muertes no enfermedades.

¿Por qué si el que contamina paga, el Estado está pagando la mitad?

Parte de las emisiones provienen de la falta de infraestructura (calles pavimentadas, bermas, etc.), lo que hace que el Estado deba asumir los costos correspondientes.

En segundo lugar, las tareas de fiscalización del PPDA recaen en su gran mayoría en el Estado, lo que hace indispensable asignar recursos para tales propósitos.

Finalmente, como todo bien público, una mejora en la calidad ambiental de una ciudad como Santiago requiere de financiamiento estatal para que se materialice.

¿Cuántas personas, producto de la contaminación de Santiago, tienen una calidad de vida mala en cuanto a salud, por enfermedad?

No se dispone de un registro de enfermedades atribuibles a la contaminación atmosférica, en la Región Metropolitana. Sin embargo, se ha estimado sobre la base de algunos estudios epidemiológicos la cantidad de personas afectadas por la contaminación atmosférica y consecuentemente los beneficios de descontaminar la ciudad.

A continuación se presentan las estimaciones llevadas a cabo en el contexto de la Revisión de la Norma para material particulado respirable y en el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.

a) Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.

El análisis de estimación de costos y beneficios económicos, del Plan de Descontaminación (D.S Nº 16/98), usó una metodología en la que se estiman casos evitados de impacto en la salud de los habitantes de la ciudad de Santiago.

Beneficios cuantificados debido a enfermedades evitadas por el PPDA.

15

b) Revisión de la Norma.

El estudio elaborado por el doctor Manuel Salinas (Efectos Agudos del PM 10 en la salud humana, Revisión de la Bibliografía), estableció dos estimaciones diferentes que se presentan a continuación:

Estimación para Santiago del número de personas afectadas por los incrementos en la contaminación por MP 10 (promedio de los tres últimos días). Los valores presentados en la tabla son incrementales, vale decir que es el número de personas que presentarían el efecto, cuando por efecto de la mala dispersión, los niveles suben en las cantidades indicadas, respecto al valor registrado antes que se desencadenara el episodio.

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Tomado de Tabla 6 “Efectos Agudos del PM 10 en la Salud Humana, Revisión de la Bibliografía”, M. Salinas.

Esta estimación fue realizada sobre la base de porcentajes de cambio propuestos por un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre revisión y puesta al día de las recomendaciones de la calidad de aire para Europa.

El doctor Salinas, también utilizó, los resultados de estudios realizados en Chile por Ostro e Ilabaca, para estimar el número de personas afectadas por la contaminación atmosférica. Dichas estimaciones pueden leerse en la siguiente tabla. Consideró para su estimación, que las mediciones de MP10, representaban la exposición del 60% de la población de la Región. Por lo tanto, es una estimación conservadora del efecto en salud.

Estimación del número de personas afectadas en Santiago por cada 50 ¿gr/m3 de incremento en la contaminación por MP10 (promedio diario del día anterior).

17

Fuente: “Efectos Agudos del PM 10 en la Salud Humana, Revisión de la Bibliografía”, M. Salinas.

¿Es efectivo que con el Plan de Descontaminación se evitarán cerca de 6.000 muertes prematuras entre 1997 y 2001?

El principal beneficio de descontaminar el aire de la Región Metropolitana, es la disminución del riesgo de morir y enfermar, a raíz de la presencia de contaminantes en el aire que respiran los habitantes de la región.

Las muertes prematuras evitadas, de cumplirse las metas del Plan, se estimaron para el material particulado respirable (MP 10) y el ozono (O3).

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Fuente: D.S. Nº 16/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Si no se aplicara el Plan ¿morirían realmente 10.000 personas?

El objetivo del Plan es lograr que se cumpla con la norma de calidad, para lo cual se han establecido metas intermedias. Este hecho implica disminuir la exposición de las personas. La disminución de la exposición significa evitar muertes, estimadas según los antecedentes de la relación dosis/respuesta, en 10.455 durante el período. No alcanzar estas metas, significaría mantener niveles de exposición más altos y por ende un mayor riesgo de morir. Esta mayor exposición, a la establecida por las metas del Plan, resultaría en muertes. El número depende de los niveles de contaminantes y de la población expuesta.

¿Si el Plan fracasa, se producirán esas muertes prematuras?

De no implementarse a cabalidad las medidas establecidas por el Plan, menor será la ganancia en aire limpio. Los beneficios en muertes prematuras evitadas serán proporcionales al esfuerzo en descontaminación alcanzada.

¿Cuando se habla de evitar muertes significa el riesgo de morir o son muertes contables?

Los esfuerzos en descontaminar producen una disminución de los contaminantes presentes en el aire, lo que permite disminuir la exposición de las personas a esos contaminantes. Esta disminución en la exposición, conlleva una reducción del riesgo para los habitantes de la Región Metropolitana. La reducción del riesgo se traduce en muertes prematuras evitadas en el contexto de la evaluación de costos y beneficios del Plan.

Recursos públicos asignados a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a la Corema Metropolitana que han sido destinados a materias relacionadas con la contaminación atmosférica del gran Santiago.

En lo que dice relación a presupuestos de la Conama y Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, existen para 1998 los siguientes fondos asignados:

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5. EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA SALUD.

Estudios en virtud de los cuales la autoridad ha determinado la relación entre daños a la salud y contaminación ambiental.

La relación entre daños a la salud y la contaminación atmosférica está descrita en la literatura científica desde la década de los 50, cuando en Londres se alcanzaron niveles de “humo negro” de hasta 4460 ¿gr/m3. Los efectos en la población sana consistieron en algunas molestias pasajeras, o en la exacerbación de síntomas respiratorios ya existentes. En las personas más vulnerables (enfermos), sin embargo, se agravaron síntomas y dolencias, con el resultado de que muchas de ellas murieron debido a este fenómeno, llegando a estimarse entre 3.500 a 4.000 muertes por sobre lo esperado para el período de las tres semanas que siguieron a los cuatro días de duración del episodio.

Los estudios realizados desde esa fecha en diferentes partes del mundo indican claramente que los riesgos derivados de la contaminación atmosférica por material particulado respirable no sólo consisten en la precipitación de una muerte temprana en enfermos graves (del corazón y pulmón), si no que también puede haber aumento en las enfermedades infantiles y aparición de síntomas en sujetos previamente sanos.

Validez del enfoque de salud.

Durante la revisión de la norma para material particulado respirable (MP10), en especial de los valores que definen situaciones de emergencia (Resolución de inicio Nº 492/del 25 de julio 1997) se identificaron los siguientes tipos de efectos adversos en salud (ref.: efectos Agudos del PM 10 en la salud humana, Revisión de la Bibliografía):

-Estudios sobre Mortalidad: La asociación entre MP10 y Mortalidad está principalmente ligada a las causas respiratorias y cardiovasculares;

-Estudios sobre Morbilidad: Hospitalizaciones y Consultas en Servicios de Urgencia;

-Estudios sobre Síntomas Respiratorios y Función Pulmonar;

-Estudios Toxicológicos;

-Estudios de Exposición Humana y,

-Estudios en Animales.

En el documento “Análisis General del Impacto Económico y Social del Anteproyecto de Revisión de la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable (MP10), en Especial los Valores que Definen Situaciones de Emergencia” (13-NOR-01/97) se evaluaron los siguientes impactos en la salud.

-Admisiones hospitalarias por enfermedad respiratoria;

-Admisiones hospitalarias por enfermedad cardiovascular;

-Visitas a salas de emergencia;

-Días con síntomas de asma;

-Días de actividad restringida para adultos;

-Enfermedades respiratorias bajas en niños;

-Síntomas Respiratorios Agudos y,

-Bronquitis Crónica.

La evaluación de beneficios del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana (D.S. Nº 16/98), del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, consideró además de los impactos recién enumerados, los días de actividad restringida.

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA DICTACIÓN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS COMPLEMENTARIAS DE LA LEY Nº 19.300.

Avances en la dictación de legislación complementaria a la Ley Nº 19.300

La Ley Nº 19.300, contempla la dictación de la siguiente normativa complementaria, tanto de nivel reglamentario como legislativo:

-Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (art. 13 y 1º transitorio, de la Ley Nº 19.300);

-Reglamento de Normas de Calidad y de Emisión (art. 32, de la Ley Nº 19.300);

-Reglamento de Planes de Prevención y de Descontaminación (art. 44, de la Ley Nº 19.300);

-Reglamento Áreas Protegidas de Propiedad Privada (art. 35 de la Ley Nº 19.300);

-Reglamento de Clasificación de Especies (art. 38 de la Ley Nº 19.300);

-Reglamento Consejos Consultivos;

-Ley de Permisos de Emisión Transables (art. 48 y 4º transitorio de la Ley Nº 19.300) y,

-Ley de Suelos (art. 39 de la Ley Nº 19.300.)

Reglamento de evaluación de impacto ambiental.

Respecto al Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, es dable indicar que, mediante el D.S Nº 30, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 27 de marzo de 1997, se dictó el mencionado texto, el que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de abril de mismo año.

A la fecha han ingresado al sistema 310 proyectos de inversión, de los cuales 38 corresponden a estudios de Impacto Ambiental y 272 a Declaraciones de Impacto Ambiental. A junio del presente año se encuentran resueltos 23 estudios y 150 declaraciones.

Reglamento para la fijación de normas de calidad ambiental y normas de emisión

Respecto al mandato de la Ley Nº 19.300, contenido en el artículo 32, cabe señalar que mediante D. S. Nº 93, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se aprobó el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad y de Emisión, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de octubre de 1995.

El artículo 9 del referido Reglamento dispone que “Corresponderá al Director, previa consulta a los órganos competentes de la Administración del Estado, proponer al Consejo Directivo para su aprobación, en marzo del año respectivo, un programa priorizado de dictación de normas de calidad ambiental y de emisión”.

A la fecha se han dictado 3 Programas Priorizados de Normas, correspondientes a los años 1996, 1997 y 1998, los que a continuación se reproducen, indicando el estado de avance de cada uno de ellos:

PROGRAMA PRIORIZADO DE NORMAS 1996 (D.O. de 1.06.96 y de 15.02.97)

20

PROGRAMA PRIORIZADO DE NORMAS/1997 (D.O de 15.04.1997)

21

PROGRAMA PRIORIZADO DE NORMAS/1998 (D.O de 15.04.1998)

22

Reglamento para la dictación de Planes de Descontaminación y Prevención

A su vez, mediante decreto supremo Nº 94, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1995, se aprobó el Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación.

Desde la publicación del mencionado Reglamento, se han dictado dos Planes de Descontaminación, a saber: Plan de Descontaminación para el Área Circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco-Chile (decreto supremo Nº 81, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1998, publicado en el D.O. de 3 junio de 1998) y el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (decreto supremo Nº 16, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1998, publicado en el D.O. de 5 de junio de 1998).

Por otro lado, se encuentra en etapa de presentar, para su aprobación, el Proyecto Definitivo al Consejo Directivo de esta Comisión , el Plan de Descontaminación para la Zona Circundante a la Fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco-Chile.

Es conveniente señalar que antes de la dictación de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y durante el primer gobierno de la Concertación, dada la crítica situación que venía de años arrastrándose respecto de los altos niveles de contaminación generados por las fundiciones de cobre, principalmente de propiedad estatal, se adoptó la decisión de iniciar procesos de descontaminación respecto de las mismas.

Para el logro de estos objetivos fue dictado el decreto supremo Nº 185 del Ministerio de Minería del año 1991, que reglamenta el Funcionamiento de Establecimientos Emisores de Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado y Arsénico, en todo el territorio de la República.

Este decreto fijó normas de calidad ambiental primarias y secundarias para algunos contaminantes, lo que permitió la declaración de zonas del territorio como latentes o saturadas, dependiendo de si las normas estaban sobrepasadas o a un 80% de la misma, respectivamente; estableció un procedimiento y contenidos mínimos para los Planes de Descontaminación o Prevención que obligaba a dictar en el caso de zonas declaradas latentes o saturadas; determinó, además, ciertas condiciones para la instalación de nuevas megafuentes en las zonas declaradas latentes o saturadas.

El decreto Nº 185, tuvo además la importancia de constituir la primera herramienta normativa aplicable en todo el territorio nacional, pues hasta su fecha de dictación, todos los instrumentos y medidas descontaminantes fueron enfocadas a la Región Metropolitana. El decreto constata la realidad de existir otras zonas degradadas por contaminación y emprende su recuperación.

Por último, y como único modo de hacer aplicables sus disposiciones, decreta que los responsables de las megafuentes habrán de instalar redes de monitoreo en las zonas de influencia, en base a cuyos datos se desencadenarán los procedimientos y planes que el mismo decreto establece.

Este decreto contiene los fundamentos técnicos de lo que luego serán las regulaciones referentes a las disposiciones sobre descontaminación que se contienen en la Ley Nº 19.300.

En base al decreto Nº 185 se han dictado varios Planes de Descontaminación vigentes hasta esta época, como son los de Ventanas, Chuquicamata y Paipote. Asimismo, bajo esta normativa se encuentra en la etapa final de dictación el Plan de Descontaminación para Pedro de Valdivia y María Elena .

Zonas del país declaradas saturadas o latentes

Todas las zonas que han sido declaradas saturadas o latentes, ya sea bajo las disposiciones e instrumentos de la ley Nº 19.300 o del decreto supremo Nº 185, se encuentran con Plan de Prevención o Descontaminación vigente o en alguna etapa de tramitación. Son las siguientes, y en cada caso se señala el instrumento jurídico por el que se determinó la declaración de latencia o saturación según corresponde:

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Otros reglamentos y legislación complementaria

La Comisión Nacional del Medio Ambiente ha estado desarrollando, desde 1994, diferentes actividades para lograr el cumplimiento de los artículos 35, 37, 38, y 39, de la Ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente . Es importante indicar que, para llegar a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en los indicados artículos, se debe contar, en forma previa, con estudios para la ordenación y análisis de la información técnica y jurídica vigente en el país, en cada una de las materias en cuestión. Por lo anterior, se debe prevenir que para cumplir con el objetivo final, esto es, legislar o reglamentar, según el caso, se deben realizar verdaderos procesos de elaboración técnica y jurídica, que en caso alguno, se tratan de actividades únicas que den resultado en forma inmediata.

Reglamento sobre áreas silvestres protegidas privadas

Las actividades que se han realizado para el cumplimiento del artículo 35 de la Ley Nº 19.300, Reglamento de Áreas Protegidas de Propiedad Privada, han consistido en la elaboración de informes jurídicos y técnicos, en este último aspecto cabe destacar, el proyecto “Análisis y Diseño Metodológico para la Elaboración de Planes de Manejo en Áreas Silvestres Protegidas Privadas”, cuyo resultado estará listo en diciembre de 1998.

Reglamento sobre especies en categorías de conservación

Respecto a los artículos 37 y 38, del Reglamento de Especies de Flora y Fauna Silvestres, durante 1996-1997 se elaboró el Sistema de Información sobre Biodiversidad (BDM), que se encuentra inserto en el Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia), como uno de sus módulos. Dicho BDM, contiene un metadato y una base de datos bibliográficos que recopila la información disponible en Chile sobre especies, ecosistemas y genes, la que incluye información producida entre 1910 y 1997. Este trabajo permitió rescatar 7.000 referencias, de las cuales se han clasificado 5.000, y se han ingresado 2.500 a la base de datos bibliográficos.

Otra actividad realizada, en este caso con el apoyo del Museo Nacional de Historia Natural, fue actualizar los grupos taxonómicos, en categorías de conservación, tratados en los “Libros Rojos” coordinados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En 1996, se evaluó el estado de conservación de las especies nativas de mamíferos acuáticos y de reptiles y anfibios de Chile. En 1997, por su parte, se evaluó el estado de conservación de las especies nativas de flora y fauna.

Otra actividad realizada en 1997, se refiere al desarrollo del estudio “Elaboración de un Reglamento que establece los procedimientos para clasificar las especies de flora y fauna silvestre en categorías de conservación. Dicho reglamento consta de dos partes, el componente técnico, que se encuentra en su etapa final y un componente jurídico, que se encuentra en elaboración.

Actualmente se sigue trabajando en la preparación y edición de los denominados “Libros Rojos” y, en el estudio referido a la elaboración de un diseño para determinar la forma de efectuar un inventario de especies en peligro de extinción.

Regulación recurso suelo

En 1994 se elaboró, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, una propuesta denominada “Plan Nacional de Conservación de Suelos”, el cual presenta un diagnóstico del estado de deterioro del suelo y se establecen las acciones a seguir, en cuanto a los aspectos educativos y jurídicos. A su vez, se desarrolló un estudio jurídico, cuyo resultado fue la elaboración de una estrategia legislativa sobre esta materia, de manera de complementar la implementación de las opciones técnicas contenidas en el Plan.

En consideración al trabajo realizado, se ha planificado, para 1998-1999, iniciar un programa de estudios y de discusión pública sobre el tema, con el objeto de elaborar una política de gestión del recurso suelo y la elaboración del proyecto de ley para el manejo sustentable del mismo.

Reglamento del Consejo Consultivo

Respecto al Reglamento del Consejo Consultivo, es dable indicar que mediante decreto supremo Nº 86, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1995, se aprobó el mencionado Reglamento, el cual fue publicado en el D.O. de fecha 26 de octubre del mismo año.

Permisos de emisión transables

Finalmente, respecto a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley Nº 19.300, referido a los Permisos de Emisión Transables, cabe indicar que la Comisión ha estado desarrollando desde el año 1994 estudios sobre la materia, es así como trabajó en el “Diseño del Sistema de Permisos de Emisión Transables”. Actualmente es un objetivo prioritario por lo que se está elaborando el anteproyecto de ley para regulación de esta área, el cual se espera presentar al Congreso Nacional en los próximos meses.

Fondo de protección ambiental

Se informa que dicho fondo se encuentra actualmente operativo. Sus Bases Generales han sido aprobadas por Resolución Nº 57 de 29 de abril de 1997, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, debidamente tomada razón por la Contraloría General de la República. A la fecha se han realizado dos concursos para el desarrollo de proyectos destinados a la reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

Definiciones sobre seguro ambiental

Las primeras definiciones necesarias para hacer operativo el seguro ambiental consagrado en el artículo 15 inciso segundo de la ley Nº 19.300, se establecieron en el decreto supremo Nº 30, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1997, Reglamento para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Actualmente, a nivel interno de la Comisión, se elabora y discute una modificación al Reglamento de EIA, que, entre otros tópicos, se hace cargo de aclarar los aspectos relacionados al seguro ambiental en los siguientes sentidos:

Se regula una clase especial de seguros como los apropiados para resolver sobre la autorización provisoria consagrada en la ley, estimándose que lo más adecuado es establecer pólizas de garantía.

Se excluye la posibilidad de presentar seguros por daño y responsabilidad civil, pues éstos en la práctica han demostrado no ajustarse a los requerimientos de un sistema de autorizaciones provisorias bajo seguro.

Se regula, asimismo, la autorización provisoria, a objeto de que el titular del proyecto especifique las obras que habrán de ser cubiertas por la misma, y que la Corema pueda solicitar informaciones adicionales para resolver sobre la solicitud de autorización.

7.- INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL PPDA.

Posibilidad de incorporar medidas de emergencia en el decreto supremo que estableció el PPDA. Relación con el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley Nº 19.300.

El texto del artículo 49 de la ley Nº 19.300 aprobado por el Congreso Nacional contemplaba una norma que autorizaba adoptar medidas especiales en situaciones de emergencia ambiental, que podían considerar todas o algunas de las restricciones específicas al ejercicio de los derechos constitucionales, que especificaba el propio proyecto.

Así, se permitía restringir derechos cuando resultara indispensable para recuperar los índices de calidad ambiental y exclusivamente por el período necesario para ello. Específicamente, se consideraban restricciones a los derechos de propiedad, en cuanto al uso de vehículos motorizados, o restricción vehicular; de reunión, en lugares de uso público; la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, en industrias y otras fuentes de contaminación ambiental. Asimismo, se consideraba la posibilidad de establecer determinadas limitaciones al uso y goce de aquellas industrias o establecimientos con fuentes de emisión.

La sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 28 de febrero de 1994, dictada con ocasión del control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre Bases del Medio Ambiente, declaró:

“Que el artículo 49 es inconstitucional, y por tanto debe eliminarse de su texto, como asimismo el epígrafe que le precede. Que la frase “y los que establezcan las regulaciones especiales que regirán en caso de emergencia ambiental”, contenida en el artículo 50 del proyecto; y la frase “y la aplicación de las regulaciones especiales en caso de emergencia” del inciso primero del artículo 51 del proyecto, también son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto”.

No obstante, los artículos 45 y 47 de la Ley Nº 19.300 disponen que los planes de prevención y de descontaminación, deberán establecer la reducción de emisiones por parte de las empresas o actividades que las generen y podrán utilizar como instrumentos de regulación normas de emisión e impuestos o tarifas por el uso de ciertos bienes y servicios, medidas que claramente constituyen restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades. Estas disposiciones no fueron objetadas ni modificadas por el Tribunal Constitucional.

Además, cabe señalar que el artículo 32 de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente establece expresamente, que las normas primarias de calidad ambiental, que se dicten mediante decreto supremo firmado por los Ministros Secretario General de la Presidencia y de Salud, deben definir los niveles que originan situaciones de emergencia.

Por otro lado, es importante agregar que las disposiciones legales se aplican desde el día en que empieza a regir hasta aquel en que cesa su vigencia. La ley rige, por regla general desde su promulgación y publicación en el Diario Oficial.

Ello no obsta a que la ley pueda señalar expresamente que entrará en vigencia en fecha distinta a su publicación. El período que media entre dicha publicación y la vigencia, se denomina vacancia legal. En él, la ley no rige. La ley también podría señalar una fecha de aplicación anterior a su publicación. Es lo que se denomina retroactividad de la ley.

La ley rige hasta su derogación. La derogación es la supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal, ya sea por su reemplazo por otra o por su simple eliminación.

La derogación de la ley corresponde al legislador. Quien tiene la facultad para dictar las leyes, tiene también la facultad de dejarlas sin efecto.

Los particulares, de este modo, no tienen facultad para derogar las leyes. Ellos sólo pueden renunciar a los derechos que las leyes les confieren, siempre que éstos miren exclusivamente a su interés individual y no esté prohibida su renuncia.

Mientras dure la vigencia de la ley, nadie puede desconocerla. Al ser una manifestación de la voluntad soberana, obliga a todos los órganos del Estado, quienes deben regir su actuación no solamente por la Constitución, sino también por todas las normas dictadas conforme a ella.

La fuerza de la ley es tan incontrarrestable que sólo la Corte Suprema, en un recurso de rango constitucional, interpuesto en una gestión pendiente, puede declarar inaplicable, para ese caso concreto, un precepto legal por vulnerar el contenido de la Constitución. Sólo el más alto tribunal de la República puede decretar la prescindencia de una ley para un caso concreto. Sin esa orden, ni siquiera los tribunales pueden desconocer o dejar de aplicar una ley.

Es más, si un tribunal ordinario, conociendo de un asunto que le corresponda resolver, no aplica la ley al caso concreto, incurre en una causal de casación consistente, justamente, en “infringir la ley”. Dicho recurso permite anular el fallo.

Lo anterior, demuestra que el imperio de la ley tiene suficientes resguardos. Por lo mismo, ningún órgano del Estado puede desconocer una ley vigente.

Ahora bien, la ley Nº 19.300, fue publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994 y no ha sido derogada. Se trata, en consecuencia, de una ley plenamente vigente, que ningún órgano del Estado puede dejar de aplicar.

Lo anterior implica que los artículos 32, 45 y 47 de la ley Nº 19.300, están plenamente vigentes.

Como ya se señaló, los artículos 45 y 47 de la ley Nº 19.300, disponen que los planes de prevención y descontaminación deberán establecer la reducción de emisiones por parte de las empresas o actividades que las generen, y podrán utilizar como instrumentos de regulación normas de emisión e impuestos o tarifas por el uso de ciertos bienes y servicios, medidas que claramente constituyen restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades. Estas disposiciones no fueron objetadas ni modificadas por el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, cabe señalar que el artículo 32 de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente establece que las normas primarias de calidad ambiental, que se dicten mediante decreto supremo firmado por los Ministros Secretario General de la Presidencia y de Salud, deben definir los niveles que originan situaciones de emergencia. Tampoco esta norma fue objetada.

Tal interpretación conforme a la Constitución existe. Si la Ley de Medio Ambiente vigente, permite que los planes de descontaminación o de prevención adopten medidas de emergencia y, paralelamente, permite que las normas de calidad definan los niveles que originan las situaciones de emergencia, es porque tanto las “situaciones” como “las medidas” que se pueden adoptar en una emergencia, son reconocidas por la ley.

La declaración de inconstitucionalidad que hizo el Tribunal Constitucional respecto al artículo 49, sólo buscó eliminar las situaciones de emergencia como categorías desvinculadas de las normas de calidad y de los planes de descontaminación.

Lo anterior tiene fundamento si se considera que tanto la dictación de las normas, como la elaboración y aprobación de los planes, están sujetos a un estricto procedimiento administrativo. Éste comprende la realización de estudios técnicos y la participación ciudadana, ambos mecanismos directos de control de la ciudadanía y, a mayor abundamiento, éstos han sido debidamente tomados de razón por la Contraloría General de la República, lo que significa que cuentan con una presunción de constitucionalidad y legalidad.

B) Ministerio de Salud.

El Ministro señor Figueroa se refirió a la contribución que ha efectuado el Ministerio de Salud durante estos años, así como a la formulación, elaboración y aplicación de los planes de descontaminación en la capital. Este esfuerzo, iniciado en la década de los noventa, no tiene parangón en la historia de Chile. Marca un punto de inflexión entre una preocupación exacerbada y natural por el desarrollo económico de las ciudades, y por ende por el desarrollo social de la población, y lo que está ocurriendo en este momento, en que a la par de lograr este desarrollo, se ha incorporado una conciencia ecológica de preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, lo que permite al ser humano alcanzar condiciones óptimas para mejorar su calidad de vida.

El desarrollo científico nacional e internacional ha dejado bastante claro el efecto que algunos elementos contaminantes tienen sobre la salud, fundamentalmente en el ámbito de la contaminación atmosférica y diversos estudios desde la década de los veinte hasta ahora a nivel internacional, los cuales demuestran el efecto etéreo del material particulado del azufre, ozono y sus derivados como propulsores, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y otros elementos que están en la atmósfera debido fundamentalmente a la actividad humana. No son elementos geológicos derivados de los recursos naturales, sino que son elementos contaminantes del aire generados fundamentalmente por la actividad humana. La mayor parte de estos elementos contaminantes -en el mundo y en la cuenca de Santiago-, son antropogénicos.

En ese contexto es relevante saber que hoy toda la investigación científica es categórica en demostrar el efecto de estos contaminantes sobre el aparato respiratorio, en la generación de efectos agudos, que se expresan en irritación bronquial y, por lo tanto, en una mayor frecuencia de bronconeumonia y síndrome bronquial obstructivo.

Asimismo, entre sus efectos crónicos está el cáncer pulmonar, expresión máxima del efecto crónico acumulativo.

Por otra parte, en este siglo se han producido varios episodios que han permitido a la comunidad científica entender más la situación, como los ocurridos en Bélgica, en la ciudad de Mosa, en 1920; en Pennsylvania, en la ciudad de Indonora, Estados Unidos, en 1948, y en Londres, en 1952 y 1959, lo que generó una gran discusión política, social, económica y, el interés de la comunidad científica internacional en el tema.

En todos esos episodios se observaron síntomas respiratorios de tipo irritativo, obstructivos y se produjo una mortalidad más elevada que los promedios establecidos en dichas ciudades en épocas anteriores.

En los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana influyen varios factores, como el lugar y el tiempo de exposición, las características de la persona, entre las cuales las más relevantes son las fisiológicas y la edad, respecto de la cual está claramente establecido que el árbol bronquial de los lactantes, preescolares, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas de diversa índole, tiene una labilidad mucho mayor frente a la acción irritativa de los contaminantes del aire.

Si bien no está demostrado que el sexo tenga mayor influencia, se sabe que en los factores educación y cultura influye fundamentalmente el hábito del tabaco.

El aspecto estratos sociales y características laborales se refiere básicamente al factor de riesgo, porque hay grupos de alta exposición, como el de los vendedores ambulantes, choferes de la locomoción colectiva, suplementeros, policías de tránsito, etcétera.

No obstante, los factores más confundentes, desde el punto de vista de las características del huésped, son la edad y los fisiológicos de la persona.

Todos los estudios nacionales e internacionales desarrollados para demostrar el efecto de la contaminación atmosférica sobre la salud humana se topan con los llamados elementos confundentes, respecto de los cuales se han ido desarrollando, a lo menos, tres líneas de trabajo que permiten despejar este tipo de elementos, los que muchas veces distorsionan las conclusiones que los investigadores obtienen acerca del efecto real sobre la salud humana de la contaminación del aire que se produce al exterior de los hogares.

Uno de los factores confundentes es la temperatura. A modo de ejemplo, el aire frío genera una bronco-constricción, es decir, una disminución del lumen del árbol bronquial, fundamentalmente broncosecundario y bronquiolos. La humedad también modifica la respuesta bronquial.

Otro factor es el hábito de fumar, dado que está claro que tanto quien fuma como el denominado fumador pasivo tienen menor capacidad respiratoria.

Asimismo, en este tipo de investigaciones siempre es bueno controlar los combustibles de uso doméstico o la contaminación intradomiciliaria.

Otro factor es la hiperactividad bronquial, porque hay procesos genéticos que imponen una mayor susceptibilidad de las personas frente al efecto irritativo de los elementos contaminantes. De hecho, en la literatura internacional y en diversos estudios realizados en Chile, ha quedado demostrado que hay personas que son más hiperactivas que otras frente a algunos estímulos sobre el árbol bronquial.

También lo es la estatura de los niños, así como lo es la condición de las viviendas, donde se deben ponderar las condiciones estructurales, la aislación térmica, la temperatura ambiente, el grado de hacinamiento que existe en ella y otra serie de aspectos que es necesario tener en cuenta cuando se elige un grupo a investigar, para lo cual un grupo de control debe supervisar el tema de las viviendas, así como el de la situación laboral y el estrato social.

En los estudios desarrollados en Santiago en la década de los 90, así como en los que se han realizado en otras partes del mundo, se han logrado establecer algunos métodos que permiten aislar los factores confundentes, a fin de dejar claramente establecido cuál es el efecto de la contaminación del aire sobre la salud humana.

Por lo tanto, se puede decir que tanto en nuestro país como en la comunidad internacional hay décadas de estudio que permiten llegar a las conclusiones señaladas, así como demostrar que la contaminación produce efectos agudos y efectos crónicos.

Respecto de los efectos agudos, la contaminación produce una serie de enfermedades y problemas respiratorios en la vía alta, como rinitis aguda, faringitis aguda, laringitis aguda y afecciones agudas de las vías aéreas superiores. Asimismo, está comprobado su efecto sobre las denominadas IRAS bajas, es decir, sobre las infecciones respiratorias agudas bajas, que son todos aquellos procesos inflamatorios que ocurren desde la laringe hacia abajo, como laringitis aguda, bronquitis aguda, bronquiolitis, procesos de consolidación pulmonar -como la bronconeumonia-, síndrome bronquial obstructivo, también denominado bronquitis obstructiva, etcétera.

Por lo tanto, está claro que la contaminación atmosférica, tomando en cuenta todos los contaminantes que pueden concurrir en un momento determinado, actúa como un factor irritante de la vía respiratoria. Al mismo tiempo, disminuye la inmunidad local del aparato respiratorio, fundamentalmente de las paredes bronquiolares y de las alveolares. Al respecto, se debe tener en cuenta que el alvéolo, que es la unidad básica del pulmón, es una membrana rodeada por capilares, la que, a su vez, rodea un saco de aire por donde se produce el intercambio gaseoso, de CO2 hacia el exterior y de oxígeno hacia el interior.

Se ha demostrado que algunos elementos contaminantes afectan esa pared alveolar, pues los macrófagos, que pasan de la sangre al saco alveolar, comienzan a atacar a los elementos contaminantes y los fagocitan. Debido a eso el macrófago queda cargado, lo que hace que su actividad disminuya y que, al mismo tiempo, tenga menor capacidad de fagocitosis de otros elementos, como virus y bacterias.

Eso es lo que se denomina una disminución de la inmunidad local tisular, lo que genera, en forma inmediata, una debilidad en la pared alveolar, con lo cual los virus y las bacterias tienen un caldo de cultivo para crecer y atacar al huésped.

En consecuencia, la contaminación no genera problemas neumónicos o de consolidación pulmonar bacteriana, sino que lo que hace es agravarlos, a través del fenómeno irritativo y de disminución de la inmunidad. En segundo lugar, posibilita una invasión más fácil de los microorganismos en el aparato bronquial y alveolar.

La acción irritativa de los elementos contaminantes hace que en el conducto denominado bronquiolo se genere una hiperreactividad bronquial, lo que produce la bronco-constricción. Cuando ésta se genera, los alvéolos que están en la periferia permanecen donde el aire queda atrapado, el que no puede salir ni entrar.

Eso se demuestra fisiológicamente a través de estudios espirométricos realizados en Santiago y en otras partes del país, en los que se ha comprobado que el volumen espiratorio forzado en el primer segundo de la espiración, es decir, cuando el individuo bota el aire, está disminuido.

Hay otra serie de datos espirométricos que demuestran que la gente que vive en Santiago -aislando los factores confundentes- tiene parámetros más alterados que la que vive en la Quinta Región, según el estudio que ya se conoce de Los Andes.

En cuanto a los efectos crónicos, hay elementos que son muy preocupantes en los efectos acumulativo-crónicos, fundamentalmente en la partícula pequeña denomina PM 2,5, que son todas aquellas derivadas de la combustión de origen antropogénico que mide menos de 2.5 micrones.

Se ha demostrado que este tipo de partículas, por una serie de investigaciones internacionales que se han realizado en los últimos años, se generaría por reacción fotoquímica en la atmósfera y no sólo por un problema de combustibles fósiles.

La característica que tiene esta partícula es que al ser muy fina no se queda atrapada en la fosa nasal, ni en la cavidad de la faringe, ni en la laringe, ni en el bronquiolo mayor, sino que pasa directamente al bronquiolo y al alveolo.

La otra singularidad del PM 2,5 y fracciones menores a ésta, es la gran capacidad de adsorción a otro tipo de elementos, tales como virus o bacterias. Eso puede explicar el efecto agudo, la hiperactividad y la mayor disminución de inmunidad local. Al mismo tiempo, esta partícula fina tiene facilidad para atrapar plomo, níquel, aluminio y cadmio, que son metales pesados, y junto con eso es capaz de absorber algunos compuestos tipo hidrocarburos de la clasificación aromática, por ejemplo el benzopireno, lo que ha sido demostrado en algunos estudios internacionales -entre ellos el de la doctora Margarita Préndez en 1991- con un alto poder cancerígeno.

El mecanismo patogénico de la partícula fina que llega al alveolo se expresa porque disminuye la capacidad de los macrófagos alveolares. Diría que éste es el elemento contaminante que más daño produce en la inmunidad local tisular pulmonar.

El Diputado señor Álvarez-Salamanca preguntó si los macrófagos tenían capacidad de ir limpiándose.

El señor Ministro respondió que era posible, porque una de las cosas poderosas que posee el ser humano es que los órganos son adaptables a las condiciones del medio ambiente, especialmente el pulmón. Se ha demostrado que los mineros que trabajan en condiciones atmosféricas muy adversas por los contenidos -tanto sanguíneo como tisular- de los contaminantes propios de la actividad minera, son prácticamente similares a las que tiene una persona que vive en el campo. Ello porque el pulmón es un organismo que tiene particularidades estructurales y fisiológicas que le permite una gran capacidad de adaptación. Por lo tanto, si se saca un individuo y se lo coloca en un medio que no tiene los efectos del smog, naturalmente su recuperación es mucho más rápida que si se compara con el común de los demás.

Respecto del tabaco es importante señalar que si una persona deja de fumar, recién a los 10 años deja de correr el riesgo de contraer cáncer del que tiene un no fumador. Eso por el efecto del alquitrán y nicotina que se acumula en los macrófagos. El tabaco genera otros efectos deletéreos como la ruptura de los sacos alveolares y la ruptura del bronquiolo, lo que va generando un proceso enfisematoso, que es mucho más complicado revertir porque ahí lo que se ha generado es un daño pulmonar irreversible. El enfisema pulmonar, por definición, es un daño tisular que está dañando la capacidad elástica del pulmón, y es un proceso prácticamente irreversible.

Ahora, el riesgo de enfermar de un cáncer de un fumador es más alto que el de una persona no fumadora, y para no correr el riesgo de enfermar por cáncer, el fumador tiene que dejar pasar a lo menos 10 años sin fumar.

El Diputado señor Rojas recalcó el alto número de alergias que hay en Santiago y que están confluyendo con toda esta problemática que se vive hoy en lo que tiene relación interna con el domicilio. Al hablar de la contaminación domiciliaria, específicamente los ácaros, en la televisión se mostraba el alto porcentaje de estos parásitos que crean enfermedades alérgicas. Se decía que este alto grado de contaminación intradomiciliaria está dado porque casi todas las casas son alfombradas, más aún si ésta es de bouclé, que son unos nudillos constantes. Lo que se explicaba en esa oportunidad es que son microbios imperceptibles, y que a la vez están acrecentando toda la problemática de la vía respiratoria de los niños. En definitiva, es un tema que se debería analizar.

Lo anterior, ha influido bastante sobre la hiperactividad bronquial, pero también hay fenómenos genéticos asociados. Porque una persona asmática tiene más posibilidades de que sus hijos sufran esta enfermedad que una no asmática. Aun cuando hay un factor genético asociado, hay algunos elementos que actúan desencadenando esta hiperactividad bronquial. Uno, es un ácaro, de la misma familia de los piojos y la sarna, que está prácticamente en el polvo. Cuando dicen: “levanté polvo y me puse a estornudar”. No, lo que pasa es que el polvo de las casas transporta este ácaro y genera una hiperactividad bronquial.

También los pólenes que generan algunos árboles producen un mayor impacto sobre la gente que sufre de hiperactividad bronquial y también están los materiales particulados que se originan para calefaccionar la casa, como el óxido de nitrógeno que se genera por el uso del gas intradomiciliario. Por más de 3 horas, en determinadas concentraciones, produce una hiperactividad bronquial. El material particulado de combustibles fósiles, como leña, parafina y carbón también generan una mayor reacción bronquial intradomiciliaria.

Todo este conocimiento científico que se ha ido acumulando en Chile, ha llevado al Ministerio de Salud y a la Conama a redactar un acuerdo, que ya fue aprobado en forma unánime por el Comité de Ministros de la Conama.

Estas cuatro medidas aprobadas enriquecen el Plan de Descontaminación de Santiago. Fundamentalmente, gracias a la participación activa de toda la ciudadanía y un compromiso intersectorial muy fuerte. Es importante constatar que las concentraciones promedio anuales del material particulado respirable entre los años 1990-1997 han disminuido en un 20 por ciento, a pesar de que la actividad económica en la capital se duplicó.

De no haber tenido una intervención activa sobre la cuenca y el aire, con todas estas medidas que se han adoptado, naturalmente que la situación atmosférica en Santiago sería peor.

Dentro de las cuatro medidas aprobadas, es destacable la incorporación de indicadores biomédicos para extender por 24 horas los estados de preemergencia y emergencia ambiental.

Se ha concordado una metodología de trabajo en la cual el Ministerio de Salud está convocando a personas expertas en la materia y la Conama está colaborando activamente.

En Santiago, en el período de verano, el 25 por ciento de todas las consultas son por motivos respiratorios. Pero cuando avanzamos en los meses, por ejemplo a fines de mayo o junio, inmediatamente se expresa un peak que va revelando varias cosas: uno, mayor concentración de agentes bacterianos y virales; dos, inversión térmica en Santiago, por lo tanto hace más frío, y tres, mayor concentración de contaminantes y, por ende, menor dispersión de ellos. Al mismo tiempo, hay una serie de factores en Santiago que explican esta diferencia con la Octava Región, en circunstancias de que en ésta hace más frío y hay más contaminación intradomiciliaria, porque el uso de la leña está absolutamente masificado, pero en Santiago está prohibido. Por lo tanto, hay una situación entre una región y otra que se explicaría fundamentalmente por la contaminación atmosférica de Santiago.

En Santiago, el dos por ciento de todas las consultas pediátricas durante el año son por bronconeumonías y en la Octava Región un poco más del uno por ciento. Durante los meses de más fríos, como mayo, junio y julio, nuevamente se observa esa diferencia y claramente aumenta el porcentaje de bronconeumonías en Santiago.

Desde el punto de vista de la población, si la IRA baja por sobre el 40 por ciento, si está en una situación complicada, y por sobre el 3,5 por ciento de neumonías también es una situación que requiere cuidados, ya sea reconvirtiendo camas de los sectores público y privado, para atender más pacientes con problemas respiratorios que quirúrgicos, asignando más recursos o reasignándolos en ese momento o bien haciendo mayores exigencias a los habitantes para proteger a los niños enfermos, evitar que se agraven o que otros contraigan esta enfermedad. Esto se viene desarrollando desde 1992 y existen estadísticas que demuestran exactamente el mismo comportamiento durante muchos años. Por lo tanto, son informaciones absolutamente confiables.

Ahora, en estos ocho años de investigación se ha demostrado que los peak de bronconeumonía, de síndrome bronquial obstructivo y de IRA baja en estos consultorios o centros centinelas de atención primaria, preceden en una a dos semanas los peak de bronconeumonías y de bronquitis obstructivas que se dan en los servicios de urgencia hospitalarios.

Respecto de los efectos agudos y crónicos del material particulado, hoy Santiago no tiene una norma anual de PM 10, pero sí una norma diaria, que permite tomar decisiones sobre la base de los peak que se producen, que son los responsables del proceso inflamatorio agudo en el árbol bronquial del ser humano. Sin embargo, no existe una norma anual que mida todos los promedios diarios y transforme la norma del PM 10 no sólo para evitar su efecto agudo, sino que también para establecer una normativa más exigente que permita evitar los efectos acumulativos y crónicos sobre el aparato bronquial del ser humano. En otras palabras, la norma diaria no protege los efectos crónicos del PM 10. Por lo tanto, se requiere una norma anual.

Hay una medida de fondo que ayudará enormemente al tema del PM 2,5, que es la introducción del gas natural en Santiago. Es un salto cualitativo muy revolucionario en toda la dinámica de la ciudad, porque se está apostando por un combustible que no tiene el defecto de generar partículas. En ese ámbito, las conversaciones sostenidas con personeros de la Sofofa han sido muy francas y ellos han apoyado plenamente la idea de la norma anual del PM 10 y del PM 2,5.

El Diputado señor Álvarez-Salamanca preguntó por qué no se admite la central termoeléctrica de Renca respecto del tema del gas, si tiene ciclos combinados. Cuando hay estado de emergencia, todo el mundo le carga los dados a la famosa central Renca y se genera una discusión en cuanto a la responsabilidad que le cabe en esta situación.

El Ministro de Salud sostuvo que el Intendente de Santiago habría conversado el tema con los representantes de la Conama y del Ministerio de Salud y se llegó a la conclusión de que era necesario declarar a Santiago como zona saturada de material particulado y ozono. Eso inmediatamente dejó fuera de funcionamiento a tres o cuatro termoeléctricas que estaban instaladas en Santiago. Después comenzó la discusión en Curacaví y en la Quinta Región.

En la dictación de esa norma, se fue mucho más estricto con las termoeléctricas y se declaró a Santiago zona saturada de partículas y ozono.

Lo ideal, naturalmente, es que exista un proceso energético derivado del uso de combustibles que sean menos dañinos. En este caso, si se pregunta qué es más dañino, el gas natural o el otro combustible, claramente se tendrá que optar por el uso del combustible a gas natural, porque es menos dañino.

Además, es cierto que hay problemas con el ozono en Santiago, pero hoy, el más severo, el más cancerígeno, el que genera efectos crónicos más importantes es el material particulado. El verdadero enemigo de los ciudadanos que viven en Santiago es el material particulado y, fundamentalmente, el fino, el PM 2,5. Por lo tanto, existe un acuerdo con la Conama, con el apoyo del Comité de Ministros, de hacer una norma del PM 2,5. Primero, porque debido a su tamaño ingresa directamente al alvéolo, en cambio el PM 10 se queda en la garganta; segundo, tiene una toxicidad aguda mayor; tercero, tiene características de acumulación en el organismo que es mucho más ominoso, fundamentalmente por los metales pesados y los benzopirenos que transporta.

Al mismo tiempo, se ha señalado claramente que el PM 2,5 es fundamentalmente de origen antropogénico, es decir, lo genera la persona, y una fracción lo genera la reacción fotoquímica en la atmósfera.

La otra constatación importante es que no es posible, mediante la regulación del PM 10, controlar el PM 2,5. Eso está establecido en toda literatura internacional y nacional.

Algunos sostendrían que los chilenos no podemos ser tan exigentes porque esto no está normado en ninguna parte del mundo. Efectivamente, en Estados Unidos se aprobó la norma y comienza a regir a partir del 2002. En Europa está en plena etapa de discusión y es posible que al 2000 se implemente en todos los países de Europa.

¿Por qué no se hizo antes? Era imposible sin tener una verificación clara y categórica de lo que estaba ocurriendo en la cuenca de Santiago con el PM 10, de haber realizado lo que se ha hecho hasta ahora y de tener un plan de descontaminación que hoy permite englobar una decisión política y económica de marca mayor, como es normar el PM 2,5. Por el hecho de ser antropogénica, cuando se comience a estudiar y se dicte la norma, habrá mucha presión de grupos económicos, de grupos políticos, de grupos de poder, lo que hará necesario colocar el tema sobre la mesa para conversar con todos ellos y llegar a un acuerdo razonable respecto de cuál es la norma de PM 2,5 que la ciudad de Santiago se va a dar para proteger la salud de la población, fundamentalmente de los que tienen al árbol bronquial más vulnerable como son los lactantes, los preescolares, los adultos mayores y los pacientes crónicos.

El señor Diputado Delmastro , preguntó cuál era la diferencia entre la norma anual y la norma diaria.

La norma diaria permite, por sobre cierto nivel en el día, decretar estados de excepción. La norma anual lo que hace es tomar promedios de todos los años, y en un año de todos los días, con el objeto de decir “en un año la ciudad no puede superar tal nivel de contaminante”, pero eso a su vez puede tener un aterrizaje diario y, por lo tanto, ser más estricto en el control de actividades cotidianas.

Es una norma anual que rige todos los días. Es un promedio histórico en el cual se va a tener que tomar la decisión de que por sobre cierto nivel hay que hacer algo.

El Diputado señor Delmastro señaló que el problema de Santiago se da en todo el país, fundamentalmente por razones económicas, pero que también le preocupa el destino que tienen otras ciudades. Se sabe que hay una serie de normativas dictadas para Santiago, pero también hay otras ciudades con crisis, en cierto modo más solapada, más escondida, como Concepción, Temuco y Osorno. Hay ciudades que tienen mucha contaminación, de otras fuentes probablemente, de distinto origen, pero que al fin y al cabo es contaminación.

La legislación permite declarar zona saturada, por algún contaminante, a diversas regiones del país. Por lo tanto, el mecanismo legal existe. Una vez que se declara zona saturada por algún contaminante a esa ciudad o área geográfica, se inicia el proceso de elaboración de un plan de descontaminación. Por tanto, hoy existen los mecanismos legales.

Algunas de las normas que se han dictado para Santiago tienen carácter nacional, por lo tanto, también deben ser consideradas por los servicios de salud, que son los que fiscalizan su cumplimiento en otras regiones del país.

Ahondando en el tema el señor Delmastro manifestó su preocupación al referirse a la eliminación de todos los buses en Santiago y su traslado a regiones. Todos los buses que hoy circulan por Valdivia son los que se dieron de baja en Santiago.

En cuanto a la contaminación intradomiciliaria el Diputado señor Leay sostuvo que cuando se declaró estado de emergencia ambiental en Santiago, tuvo la oportunidad de visitar el Hospital Félix Bulnes, que está ubicado en un sector modesto y de bastante densidad poblacional. A propósito de la importante cantidad de niños y adultos que concurrían a atenderse, los médicos comentaban que muchas de las afecciones broncopulmonares que presentaban esos pacientes tenían su origen en la contaminación emanada de los combustibles utilizados en los sistemas de calefacción de viviendas, como la parafina, el carbón, etcétera. En tal sentido, solicitó antecedentes sobre la realización de algunos estudios relativos a la contaminación intradomiciliaria o si se ha presentado alguna propuesta en el marco del plan de descontaminación.

El señor Diputado Arratia , expresó que en el caso de Rancagua, la contaminación ha sido producida por los altos hornos de El Teniente y por los buses provenientes de Santiago y los que circulan en la región.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló que el material particulado, se da un plazo máximo de tres años para generar condiciones operacionales o tecnológicas en procesos pequeños que aseguren el mantenimiento de un nivel de bajas emisiones. Paralelamente, el plan indica que se definirán procedimientos de fiscalización simples y de costos razonables y que el Ministerio de Salud, en un plazo máximo de tres años, deberá determinar parámetros técnicos complementarios. Anunciados los pasos, ¿contará con los recursos necesarios para enfrentar el plan? ¿Qué rol va a jugar el Sesma y en qué medida los servicios de salud se incorporarán a los programas anunciados?

Ahora bien, la incorporación de las variables biomédicas y la declaración de preemergencia y emergencia ambiental juegan un rol muy importante. Sin embargo, aun cuando se cumpla fiel y cabalmente toda la normativa vinculada con esos temas, subsiste un problema relacionado con la norma relativa al material particulado. ¿El Ministerio tiene entre sus planes evaluar la calidad de dicha norma?

Por lo tanto, desde el punto de vista del manejo de la ciudad, la decisión de normar en relación con el PM 2,5 es mucho más relevante que bajar los índices, crear estados de alerta o incorporar indicadores biomédicos. Santiago tendrá un cambio sustantivo cuando focalice su atención en la partícula fina. Para el Ministerio de Salud es mucho más importante anualizar la norma que discutir los niveles de corte diario. Sin embargo y más poderoso que ese instrumento es la norma del PM 2,5.

Ahora bien, el Ministerio de Salud cuenta con los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos. Resulta interesante la idea de que el Sesma pueda multiplicar sus recursos con el apoyo de los servicios de salud.

En ese aspecto, existe una línea de organización a nivel de servicios de salud.

Algunos municipios están interesados en el tema. Ellos han puesto a disposición un consultorio de atención primaria para hacer un trabajo para la comunidad en esta área.

Está claro que, de una u otra manera, la contaminación intradomiciliaria pasa por un tema de educación de la familia; también, por uno económico.

Corresponde al Ministerio atacar la falta de educación de la población en el uso de los combustibles al interior de la casa.

Se ha considerado un plan a fin de hacer un estudio acerca de cuáles son las condiciones de combustión con sistemas de calefacción doméstica, para proponer algunas políticas más consistentes desde el punto de vista de la actividad económica.

Si la electricidad es una alternativa, es lógico que haya una decisión de país para que la electricidad baje sus tarifas en junio y julio, cuando se ve la mayor cantidad de casos de bronconeumonías y no suba sus tarifas.

Se está avanzando en educación medioambiental, a fin de que la población asista a los consultorios de atención primaria.

El gas natural es un elemento fundamental, que también le puede cambiar la cara al movimiento y a la dinámica de la ciudad, si las tarifas son accesibles.

El Ministerio facultará a los servicios de salud para fiscalizar el cumplimiento en edificios de las emanaciones de monóxido de carbono, que ha cobrado muchas víctimas. También es uno de los efectos colaterales que tiene el mal uso de algunos artefactos domésticos de calefacción en base a gas.

La posibilidad de un adecuado cumplimiento del plan, radica en la responsabilidad de los Ministerios para cumplir las metas y los planes, más que en la capacidad de la Conama de exigir una facultad coordinadora.

En ese sentido, ¿cómo va el Ministerio de Salud a evaluar el cumplimiento de sus metas por la gran dispersión, especialmente de los servicios de salud o del conjunto muy disperso de tareas normativas, fiscalizadoras, investigadoras?

El Diputado señor Leay solicitó conocer la opinión respecto de los siguientes puntos:

¿Considera que el plan de descontaminación de Santiago es satisfactorio? ¿Están tomados todos los puntos propuestos por el Ministerio de Salud o si ven ciertas debilidades y en qué áreas considera el Ministerio de Salud que se debe profundizar?

El Ministro señor Figueroa , expresó que le parecía valorable que existiera un plan de descontaminación, que no existió desde que se fundó Santiago ; por primera vez en la década del 90, se asumió como país, una actitud seria en torno a este tema.

Por lo tanto, desde esa perspectiva, considera que un plan de descontaminación en la cuenca de Santiago, es un instrumento poderoso y potente que puede permitir cambiar la cara y la historia no sólo en Santiago, sino que en el resto del país.

Señaló que tenía la convicción de que los últimos elementos aprobados en el Comité de Ministros le dan una mayor potencia, una mayor fuerza, a este plan de descontaminación, porque focaliza la atención en los aspectos más decisivos para la prevención y la descontaminación de una cuenca que hoy tiene características geográficas imposibles de modificar.

C) Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma .

Concurrió el señor Mauricio Ilabaca , Director del Sesma , quien señaló que el Servicio de Salud del Ambiente cumplía fundamentalmente dos funciones dentro del plan de descontaminación: la medición del aire y el tema de las fuentes fijas y cómo se cumple este cometido.

Actualmente, la región cuenta con 5.777 fuentes fijas catastradas; de ellas, 4.751 son fuentes activas. Esto significa que alrededor de un millar de fuentes han sido chequeadas o desmanteladas, que no están funcionando. A diferencia de 1990, cuando partió el programa de vigilancia, el Servicio contaba con 1.207 fuentes activas, por tanto, hay un incremento extremadamente importante. No es que hayan ingresado o se hayan creado más industrias en Santiago, sino que se ha incrementado el número de fuentes catastradas en función de actividades emisoras de una mayor cantidad de partículas a actividades de menor volumen y que no estaban siendo fiscalizadas por distintos motivos. Entre ellas, por ejemplo, las calderas de los hornos de las panaderías, otras fuentes pequeñas de procesos industriales no conocidas y por lo tanto no reguladas.

En 1990, las 1.207 fuentes emitían 22,5 toneladas diarias, mientras que en marzo de 1998 ese porcentaje se redujo a 5,5. Cifra que se estima irá en reducción conforme se sigan aplicando los criterios de revisión de las distintas fuentes de muestreo isocinético, sobre todo, con la introducción de gas natural en proyectos de reducción de emisiones. Por lo tanto, y a objeto de salir del llamado preemergencia, a principios de abril de este año, de 5,5 se redujo a 5,47 toneladas diarias. En tanto, con el último listado emitido, bajó a 5,3 toneladas diarias. Toda esa información es absolutamente comprobable y auditable, en función de los muestreos isocinéticos que presentan las distintas empresas y, fundamentalmente, para dar cumplimiento al instructivo de salir del listado de invalidación.

Otro elemento importante es el número de fuentes que hoy están paralizando en cuanto a su concentración de emisión. Particularmente, en 1993, ante una preemergencia tenían que paralizar 88 fuentes fijas. En ese entonces el punto de corte correspondía a 287 mg/m3. En 1998, en relación con el último listado, a fines de junio, deben paralizar 291, es decir, más de tres veces, con un punto de corte en 59,7, lo cual demuestra un notable avance. Es decir, acá se suspende sobre la norma -la norma era 112-, por tanto más de un ciento por ciento estaban sobre la norma. En cambio, hoy se corta en un tramo mucho más bajo, casi la mitad de lo que era la norma, y muchas veces inferior a lo que correspondía a 1993.

En el caso de las emergencias, en que tienen que paralizar el 50 por ciento de las emisiones totales, correspondía a 453, parando en 92,5 mg. el punto de corte, la última incorporada a la emergencia, en tanto que ahora es casi tres veces más, es decir, 1.376, de acuerdo con el último listado, con un punto de corte de 45,3.

De esta manera se pueden apreciar los avances en la descontaminación de material particulado, sobre todo de fuentes fijas, donde efectivamente hay un mecanismo de incentivo para que las industrias reduzcan sus emisiones.

¿En qué consiste ese incentivo?

En la medida en que se decreten más preemergencias y más contingencias, paralizan sus procesos más industrias, hay un problema de tipo productivo y, por tanto, hacen el mayor esfuerzo por salir del listado, y al salir producen movimiento. Es decir, si hay 290 fuentes, la que está en el número 280, si logra reducir y quedar más bajo, sale del listado y paraliza otra. Éste ha sido un mecanismo extremadamente interesante que ha permitido estimular a las industrias para que sigan reduciendo sus emisiones, no obstante ya estar bajo la norma.

En cuanto a la responsabilidad de las emisiones totales, existen dos criterios distintos: la emisión y la inmisión o modelo receptor, esto es, lo que la gente respira. Según estudios de la Conama, cuando las partículas son emitidas por las distintas fuentes y lanzadas al aire, el 77,9 por ciento corresponde a polvo resuspendido y un 7,6 por ciento a industria, comercio y construcción.

Si se considera el efecto de la gravedad, es decir, la atracción que ejerce la tierra sobre todos sus elementos, se produce una reducción de las partículas. Al analizar los filtros de la estación Gotuzzo, (que se encontraba hasta agosto de 1996 detrás del Ministerio de Hacienda), se logró establecer que un 33 por ciento de material particulado es generado por actividad industrial. En otras palabras, el polvo desprendido baja de un 77,9 por ciento a un 33 por ciento, y en lo que respecta a actividad industrial, comercial y material particulado secundario, el porcentaje sube de un 7,6 a un 38 por ciento.

El polvo resuspendido que se encuentra en la calle proviene de tres puntos: de las fuentes fijas, de las móviles y del polvo natural.

Las emisiones de esas distintas fuentes generan un material que se decanta, cae sobre las vías por donde circulan los vehículos, lo que provoca el fenómeno de la resuspensión. En este sentido, el polvo que produce la industria, la construcción y el transporte es mucho mayor, por cuanto el polvo resuspendido corresponde a polvo reciclado generado en las fuentes contaminantes originales. En la medida en que se pueda actuar sobre las fuentes primarias y, adicionalmente, limpiando las calles, se podrán reducir los niveles de contaminación.

Ahora bien, desde el punto de vista del modelo receptor, es decir, de lo que la población respira, considerando las cifras detectadas por los monitores ubicados en la zona céntrica, la emisión de las fuentes fijas sube de un 7,6 por ciento a un 38 por ciento, y los contaminantes emitidos por las fuentes móviles de un 6,5 por ciento a un 25 por ciento. A contrario sensu y dado el efecto de gravedad, el polvo resuspendido baja. De manera que lo que más interesa desde el punto de vista de la salud pública son las fuentes móviles y las fijas, porque las emisiones se generan a altas temperaturas, lo que produce un material tan dañino y fino que no alcanza a 1,5 micras de diámetro.

Lo importante es reducir las emisiones y actuar con igual rigurosidad respecto de todas las fuentes fijas, como las industriales, (que corresponden al 50 por ciento del total de las fuentes que deben paralizarse en caso de emergencia), las hospitalarias, las ubicadas en edificios públicos y los hornos de panadería.

Hasta 1988, el servicio contaba con cuatro estaciones en el perímetro céntrico (Avenida La Paz, Parque O’Higgins, Seminario y Gotuzzo) y una en Las Condes. En la actualidad, todas se mantienen operativas, con excepción de la estación Gotuzzo, que se optó por eliminarla.

La tendencia histórica del PM 10 entre los años 1989 y 1997 sobre la base de la concentración media mensual en µg/m3, indica una tendencia descendiente. Entre 1989 y 1997 se produjo una reducción total de 24 microgramos por metro cúbico en PM 10, lo que corresponde a una reducción de un 2,9 por ciento en cada uno de esos años. Si se comparan estos datos con la situación del material fino, es decir con aquel menor a 2,5 micras en el mismo período existe una reducción mucho mayor, lo que traducido en cifras corresponde a un 44 por ciento, con un 3,7 por ciento de reducción anual, es decir a una P de menos de 0,004.

¿Qué se quiere demostrar con estas cifras? Que la situación ha variado significativamente con la instalación de nuevas estaciones en la zona periférica de la Región Metropolitana. En tal sentido, si se quiere comparar la evolución de la calidad del aire, es fundamental contar con un parámetro estándar, no modificar la forma de medición como tampoco la localización.

Respecto de esta materia, el Diputado señor Sánchez preguntó si desde el punto de vista de la salud pública y de la incidencia en las enfermedades respiratorias, es más relevante la permanencia en el tiempo de determinada cantidad de material particulado o los episodios críticos generados por éste.

El señor Ilabaca sostuvo que en una investigación efectuada para detectar el efecto de la contaminación del aire en niños, se pudo determinar que el mayor daño se produce por el efecto prolongado a la exposición de contaminantes. Es más, el efecto en niños se eleva al doble si la mala calidad del aire se mantiene durante un período de siete días, en comparación a si esa misma situación se mantuviera tan sólo durante 24 horas. Así, mientras menos horas se analizaban, menor era el impacto en la salud. Por ejemplo, si durante una hora los niveles de contaminación son muy altos, ello no necesariamente debe reflejarse en un impacto significativo en la salud de una persona. En cambio, a mayor cantidad de horas reclutadas o entre más días de mala calidad ambiental, mayor es el efecto esperado. Esto se relaciona con tomar las medidas que correspondan lo más pronto posible, con el objeto de reducir y evitar las concentraciones de contaminantes. De ese modo, se mantendrá un efecto permanente en el tiempo.

La investigación demostró que el PM 2,5 es responsable del 75 por ciento de los efectos producidos por la contaminación.

El Diputado señor Arratia preguntó si existía algún estudio nacional que demuestre la diferencia entre un proceso neoplástido broncopulmonar en la Región Metropolitana respecto de otras regiones que suponen ciudades no contaminadas.

La respuesta a esta interrogante, fue que el tema era altamente complejo, porque el cáncer es una enfermedad multifactorial, que se produce por distintos elementos que lo pueden desencadenar, como podría ser la contaminación externa -y, entre ellos, la contaminación presente en el aire-, como contaminantes procedentes de procesos industriales, y por lo tanto, de exposición laboral, como también por contaminación dentro del hogar o de ambientes cerrados, como es fundamentalmente el humo del cigarrillo. Además, se origina otro factor extremadamente complejo, cual es la expresión de un cáncer -hay que esperar un largo período de tiempo- y eso significa que es muy difícil poder limpiar y poder decir cuál es el efecto de un determinado elemento respecto del problema en cuestión.

En función de largos estudios efectuados en Inglaterra, a fin de determinar la relación del tabaco, igualando poblaciones, una que fuma contra otra que no fuma, se fueron evaluando cuántos cánceres u otros tipos de enfermedades fueron apareciendo. Fue un estudio carísimo, por lo que han sido escasos los estudios de este tipo en el mundo, y sólo pudieron determinar exclusivamente el tema del tabaco.

En el tema de contaminación del aire, en nuestro país no hay ningún estudio que permita asegurar eso, ni retrospectivo tampoco. Pero sí ha habido estudios en modelos bacterianos, en este caso, en salmonellas específicas, que es el modelo test de Ames, que ha desarrollado el doctor Gil, que permitió demostrar que al exponer estas bacterias muy especiales, desarrolladas con ingeniería genética, reaccionaban en presencia de mutágenos que provocan alteración de material genético.

Entonces, en un test muy específico, si hay presencia de algún mutágeno, esta bacteria crece. Por lo tanto, demostró que había crecimiento y presencia de elementos cancerígenos en el aire de Santiago. Esta situación también fue estudiada por Sesma. Fueron enviados filtros a Japón y se determinó también que contenían una presencia importante de mutágenos, en este caso, alrededor de 3,5 veces más elevadas que la que tenían las estaciones de monitoreo de Tokio, y que de alguna forma apuntaban a generar una hipótesis de que pudiera estar vinculado a la circulación de vehículos de locomoción colectiva funcionante a diesel, transporte de carga, también trabajando con diesel. Por distintos elementos, ésta es una hipótesis que hay que seguir investigando, a diferencia de otro tipo de elementos. En este caso, es un tema en el que hay elementos para suponer, pensar y seguir explorando.

El Diputado señor Arratia solicitó antecedentes respecto de presencia de arsénico, como agente cancerígeno, la existencia de alguna tabla de riesgo respecto del arsénico medioambiental en Santiago.

En este sentido, se le respondió que Conama Metropolitana había hecho investigaciones y enviado filtros con el objeto de investigar la composición toxicológica del material particulado, sobre todo del respirable.

Actualmente, Sesma sólo monitorea los contaminantes denominados “criterios”, que son aquellos que están regulados y normados y que se miden en todas parte del mundo, que son cuatro gases y el material particulado, en general.

Los filtros que se enviaron el año pasado a Estados Unidos, están siendo analizados en los laboratorios de la Agencia de Protección Ambiental, a objeto de constatar la presencia de materiales pesados como cadmio, plomo y arsénico. Son procesos extremadamente complejos, en donde se deben efectuar múltiples gestiones, pesajes, análisis bioquímicos de distintas complejidades, etc.

Lo más probable es que pueda existir algún otro elemento detrás, porque Chile es un país minero y pudiera existir alguna proporción.

Según información obtenida de la Consultora Epidemióloga de la Organización Panamericana de la Salud, estos análisis estarían en proceso y su realización depende de la disponibilidad de equipamiento de dicho organismo.

Existen estudios de los doctores Manuel Oyarzún y Paulina Pino , de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en los que se determinó la presencia de sulfatos y algunos iones y elementos minerales: fierro, manganeso, magnesio, cobre; pero no arsénico.

El Diputado señor Arratia , se refirió a la planta de tratamiento de ácido sulfúrico de Rancagua, en donde se eliminan 1.200 toneladas diarias de ácido sulfúrico con este primer proceso, que regula el 38 por ciento del material que emiten en Caletones. Pero, junto con eso, en este primer proceso, se eliminan también 8 toneladas diarias de arsénico. Al sumar las 1.200 toneladas más las 8, casi no significan nada, pero si son llevadas al cuadro de la contaminación diaria y la fuente fija de Santiago, que es de 5,3 toneladas diarias, aunque esa fuente contaminante descienda en un 10 por ciento sobre el Área Metropolitana, por los regímenes de vientos de todas maneras es altamente significante, y más todavía cuando la cantidad de arsénico que se va a eliminar con este proceso -8 toneladas- no corresponde sino a aproximadamente al 40 por ciento del que se emite actualmente. Lo que significaría que esta planta de tratamiento sólo va a tratar el 38 por ciento de los materiales -esto es, de ácido sulfúrico, de arsénico-. Eso quiere decir que, a pesar de la planta de tratamiento, van a seguir decreciendo alrededor de 12 toneladas diarias, las que están bajando actualmente en realidad. Se retiran 8, pero en realidad las reales son alrededor de 20. Siendo el arsénico un material cancerígeno, no resulta inocuo.

En lo que dice relación con estudios respecto del cáncer pulmonar y broncopulmonar en la Región Metropolitana respecto de otras regiones, pudiera ser que el puente sea muy caro hacerlo a partir de aquí para adelante, porque habría que hacer un estudio de costos: 8, 10, 15 años, pero en medicina también existen los estudios retrospectivos, considerando las fichas en un hospital se puede obtener una tendencia certera.

El Director del Sesma sostuvo que otro factor importante era que Santiago presentaba una tasa de adicción al tabaquismo mayor que otras regiones del país. En todas partes se observa lo mismo: en los lugares más urbanizados hay mayor tendencia a fumar. En Santiago se produce el efecto de que las mujeres fuman más que las de provincia y mucho más que las del campo, lo mismo dentro de adolescentes.

Sostuvo que el tabaco efectivamente tenía más peso que la contaminación del aire, desde el punto de vista del cáncer.

El Diputado señor Alessandri requirió datos sobre qué material particulado en Tokio era menor que el que existe en Santiago.

Respecto de los filtros que habrían arrojado índices superiores a los de Tokio, cabe consignar que el estudio efectuado permitió sustentar la hipótesis de que las fuentes móviles a Diesel serían un importante responsable de las diferencias observadas respecto a Tokio. A partir de este estudio, se desarrolló una nueva investigación para profundizar dicho planteamiento y probar, mediante un diseño apropiado, esta hipótesis. Dicha investigación aún no concluye y los nuevos análisis están siendo efectuados por el Instituto de Salud Pública de Japón, el cual tiene una vasta experiencia en este tipo de análisis, los cuales son efectuados en forma rutinaria y con reconocimiento internacional.

En general se puede señalar que existen elementos que pueden provocar alteración del material genético, tanto en mutágenos directos como indirectos. En este sentido, un elemento fundamental de comparación y que permite sustentar la hipótesis respecto de lo anterior, es que en Tokio tienen fuentes fijas, fuentes industriales controladas con filtros y sistemas para abatir sus emisiones. La diferencia radica en que su locomoción colectiva es fundamentalmente a gas natural, en tanto que la nuestra es a diesel. Los filtros extraídos en Santiago tienen características oleosas, con alto contenido de aldehído, lo cual apunta a pensar en el diesel. Por lo tanto, un elemento interesante de estimular sería la conversión a combustibles más limpios, como el gas natural.

Otro elemento interesante, es que Japón, en veinte años, logró reducir sus niveles, lo cual demuestra que es algo factible de hacer. Teniendo Japón un ingreso per cápita varias veces mayor que el nuestro y siendo Chile todavía un país en vías de desarrollo, en el mejor de los casos, haciendo la comparación entre la cantidad de recursos que dispuso Japón para controlar este tema y la que se puede destinar en Chile, la ventaja que se pudiera obtener sería la experiencia comprobada.

El Diputado señor Alessandri recalcó que en Tokio existía una mayor cantidad de fuentes contaminantes. Por ejemplo, si aquí existen 10.000 buses, en Tokio existen 48.000. Es decir, la relación es cinco a uno. No obstante, ellos producen menos material contaminante que nosotros. Ésa es una situación que amerita una preocupación especial, en relación con la incidencia de la movilización colectiva, la cual Japón determinó, hace doce años, que era su mayor fuente contaminante. Entre doce y ocho años fueron variando hacia el uso del gas como combustible, con lo cual han logrado una solución parcial, pero que representa una ventaja de cinco a uno con respecto a Chile.

El Diputado señor Sánchez hizo presente que en la mantención de un determinado índice en el tiempo versus episodios críticos, no se había abordado el tema de las muertes, pero sí el de las incidencias de enfermedades respiratorias, para lo cual solicitó datos en relación con la tasa de incidencia de enfermedades respiratorias en niños de uno a cinco años.

Se le informó que sólo se disponía de la información del Hospital Calvo Mackenna, entre 1995 y 1996.

El Diputado señor Sánchez hizo hincapié en que al superar ciertos índices, aumentan los casos de enfermedades respiratorias, colapsando los hospitales, debido al aumento de la demanda, de lo cual se debiera inferir que sería relativamente fácil tener esa información. Se ha sostenido que de 1991 en adelante, se han perfeccionado las mediciones en terreno, lo que haría necesario saber cómo se traduce en la solución del problema.

A partir de la premisa de que el material más fino -menos de 2,5 micras- es el principal responsable entre los efectos que produce la contaminación del aire en la salud de los niños -lo que se puede proyectar al resto de la población más susceptible- el esfuerzo debe centrarse en el control de las fuentes fijas. Lo que se ha demostrado con la reducción permanente que han tenido las fuentes fijas en relación con su total de emisiones. Lo importante es la reducción permanente en el tiempo. No se trata de reducirlas durante uno o dos días, que es lo que uno podría esperar en el caso de una contingencia, de una preemergencia o de una emergencia, sino lo que interesa es su reducción todos los días del año, porque mientras más tiempo permanezcan los niveles de contaminación elevados, mayor es el impacto en la salud que se pudiera esperar.

En relación con el efecto en la salud, no se debe olvidar que la contaminación del aire, por sí, en el caso de bronconeumonías, no es un elemento indispensable para ocasionar una enfermedad. Pero sí lo es la presencia de virus, salvo en el caso del cuadro obstructivo o asmático. Sin embargo, para la bronconeumonía y la neumonía, que es lo que más preocupa, se requiere siempre la presencia de virus o agentes biológicos. Se han dado semanas completas en que los niveles de contaminación han estado bajo la norma, y, no obstante, los hospitales han estado en situaciones bastante complejas. La misma situación ocurrió en 1995, en que durante la primera quincena de julio se produjo el peack, es decir, la situación de mayor contingencia a nivel de los hospitales, de mayor sobreconsulta por razones de tipo respiratorias en los niños, y, sin embargo, hubo buena calidad de aire, es decir bajo el nivel cien. Cuando se producen los peack de contaminación, la situación epidémica es tendiente a la baja. ¿Qué significa esto? Todos los estudios epidemiológicos han logrado establecer que la contaminación tiene un impacto, pero que es bastante menor al que tiene el frío por sí mismo, como elemento presente, y un impacto mucho menor que el que tiene la presencia de virus distintos de los que normalmente están presentes en nuestro entorno. Por lo tanto, la contaminación es un elemento coadyuvante, que se debe atacar, no sólo por el impacto que tiene en las enfermedades respiratorias; sin embargo, no es la principal causa que desencadena problemas.

En 1996 se produjo una epidemia muy importante de virus influenza, que ocasionó una sobreconsulta extremadamente importante, situación que no se produjo en 1995 ni en 1997. Es decir, hay momentos en que la presencia o no de determinados virus provoca una mayor consulta en los distintos centros, ya sea de atención primaria, tanto en centros asistenciales públicos como privados. Pero hay una importancia muy grande de los factores biológicos, desde el punto de vista bacterial o viral.

El material particulado y la contaminación tienen importancia, pero en una ponderación bastante menor que la presencia de agentes virales o bacterianos diferentes.

El Diputado señor Leay, pidió antecedentes sobre la eficacia de incorporar parámetros médicos dentro de las distintas variables para el tema de la contaminación.

Al respecto, el señor Ilabaca , señaló que en 1996, al realizar una investigación considerando la hipótesis de que se podían incorporar, para decretar medidas de contraurgencia y actuar en forma más anticipada, trabajar con medios móviles y en vez de esperar medir un promedio de 24 horas hacerlo en 8 ó 4, se observó que con 4 horas el material particulado no era significativo y con 8 sí, pero con un porcentaje de influencia a nivel de la población infantil en cuanto a consulta muchísimo menor que el promedio de 24 horas o de los últimos siete días. Por lo tanto, los resultados no fueron los esperados, de un nivel mayor en relación con un período más corto de tiempo.

Sin embargo, con esos antecedentes se analizó con Conama Metropolitana, quienes establecieron que lo más importante no eran los niveles medidos por las estaciones de monitoreo, sino que el factor absolutamente independiente eran las condiciones de ventilación de la cuenca. Por lo tanto, si hay malas condiciones de ventilación en Santiago, en los días siguientes se constatará la situación registrada en nuestros monitores y, posteriormente, con dos o tres días, dependiendo del caso, se podrá observar un aumento de consultas en los centros hospitalarios.

De lo cual se desprende que la situación biomédica es el último elemento en la concatenación de hechos, desde un punto de vista temporal. Por lo tanto, la variable absolutamente independiente dice relación con las condiciones de mala ventilación en la cuenca, lo que se comprueba mediante la constatación que registran las estaciones de monitoreo y, finalmente, se registra el efecto a nivel de la salud.

Por lo tanto, si lo que se desea es proteger con medidas preventivas que antecedan a los hechos, es necesario actuar considerando las variables meteorológicas y lo que se recoge hoy con el modelo que entra en vigencia en la cuenca de la Región Metropolitana, descartándose la utilización de variables biomédicas. El año pasado, recogiendo la información de que en un período largo de posesión de mala calidad del aire, como fue una preemergencia de seis días, donde incluso casi se superó el nivel 500, se dio un domingo con índices bajo el nivel 100, pues había entrado el aire costero, situación que se ha vuelto a repetir, limpiándose totalmente la cuenca. Sin embargo, estando los niños de vacaciones, se le solicitó al Ministro de Educación que mantuviera la restricción de clases por dos días más, porque en esos momentos los hospitales estaban con el máximo de sobreconsultas, y los niños, como estaban de vacaciones, se levantan más tarde, no estaban expuestos al frío, estaban en sus casas, juntándose sólo con su grupo de amigos o de vacaciones fuera de Santiago. Entonces, al volver se iban a exponer a ambientes hacinados en la sala de clases, compartiendo 20, 30 ó 40 niños distintos virus, lo que significa una mayor posibilidad de contagio.

Por consiguiente, en base a la utilización de un criterio biomédico y a la información de lo que estaba ocurriendo en los centros hospitalarios, se prefirió que, no obstante tener niveles buenos en la calidad del aire, el Ministro de Educación prorrogara las vacaciones por dos días más. Se utilizó la variable biomédica para proteger la salud de la población sin que esto significara detener industrias o fuentes móviles.

Sería necesario incorporar indicadores biomédicos pues son elementos interesantes que habría que seguir evaluando cómo se pueden utilizar en la toma de decisiones con antecedentes científicos y técnicos que avalen su utilización, pero si se quiere aplicar medidas para decretar lo más anticipadamente posible estas medidas de contingencia, parecería que lo que se está aplicando hoy es lo más adecuado.

El Diputado señor Leay solicitó información sobre la contaminación intradomiciliaria, los efectos, estudios, puesto que, según antecedentes obtenidos, en los sectores más modestos, el tema de calefacción, que en algunos casos es a carbón, o parafina, es lo que genera un ambiente de contaminación ajeno a todo lo dicho sobre material particulado y a todo el problema atmosférico en general.

Al respecto, se incluye la exposición realizada sobre la materia por el doctor Lionel Gil . (págs. 211 y sgtes.)

En cuanto al PM 2,5 materia que no se encuentra reglamentada a nivel mundial, a diferencia del PM 10 donde se pueden fijar ciertas normas de emisión, se sostiene que la industria genera más PM 2,5, pero también se deben establecer normas más estables como una guía para las personas del sector industrial productivo del país, en los términos en que se deben regir, con normas estables, porque un día se puede sostener A, mañana B y pasado mañana C, lo cual requiere de inversiones.

El doctor Ilabaca señaló que el tema de las fuentes fijas, en relación con el material particulado, se medía en material particulado total y no con el PM 10 ni con PM 2,5. Esto es, se mide en miligramos y no en microgramos. Entonces, es necesario aclarar por qué permanentemente se asocia a fuentes fijas a la industria. Se mide el material particulado total, por lo tanto, aunque en el futuro exista una norma de PM 2,5 siempre se le va a medir a las fuentes fijas el material particulado total en miligramos. El director de Sesma se inclinó por generar una norma de PM 2,5 haciendo presente, que ni Estados Unidos ni la Unión Europea habían desarrollado esa norma, y que existía una discusión técnica muy fuerte al respecto, con argumentos e investigaciones de ambos sentidos, por una parte está la actividad productiva, y por la otra, el Gobierno, donde todas las investigaciones están apoyadas por la EPA, en que se establece el texto de salud en los niveles más bajos de material particulado. Por lo tanto, en Estados Unidos corresponde adoptar una decisión, contemplando los distintos actores, beneficios y daños que ocasionaría considerar un determinado nivel, ya sea en 60, 70, 20 ó 10 microgramos, como algunos están planteando. Por lo tanto, es un tema extremadamente complejo (es una discusión que hoy se está llevando a cabo en el Congreso de los Estados Unidos) respecto del cual hay antecedentes técnicos que avalan las distintas posiciones en la mayor amplitud del abanico.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está trabajando para tener equipos que permitan medir con exactitud y de la mejor forma posible, a fin de generar todos los estándares, pues no sólo se requiere fijar un estándar, sino que la metodología completa para evaluarla.

La contaminación intradomiciliaria es un elemento muy trascendente. En Santiago no sólo tenemos contaminación exterior, sino que también las temperaturas son muy bajas y está el hacinamiento de la gente de escasos recursos. Además, los niños pasan mucho tiempo encerrados, no hacen deporte, tampoco pueden jugar a la pelota en la calle, como ocurría antes, para dar un ejemplo más rutinario. Los niños de estratos socioeconómicos más elevados pasan más tiempo viendo la televisión y jugando al Nintendo, es decir, haciendo actividades dentro de su hogar. Eso produce que ejerciten menos su musculatura general, incluyendo la respiratoria.

Aun cuando no existen estudios al respecto, se cuenta con un importante grado de percepción entre médicos y epidemiólogos de que en Santiago los niños tendrían una menor capacidad de respuesta, fuera de que se encuentran inmersos en una ciudad que tiene altos niveles de contaminación, lo cual podría explicar un deterioro en su inmunidad.

Respecto de la contaminación intradomiciliaria existen sólo hipótesis, pues no hay ninguna investigación que permita asegurar que en Santiago la inmunidad de los niños es menor respecto de otras ciudades del país o fuera de Chile. Lo mismo ocurre en cuanto al tema de la capacidad respiratoria. Sólo existen apreciaciones de personas que tienen un importante conocimiento sobre el tema.

Se han hecho investigaciones sobre contaminación intradomiciliaria que han logrado determinar que en lugares altamente contaminados, como la zona céntrica de Santiago, los niveles de contaminación dentro de estos ambientes cerrados se explican, en su gran mayoría, por la contaminación exterior que ingresa. Sin embargo, en lugares periféricos de Santiago, como las comunas de Renca y Lo Barnechea (en la zona oriente) en los que hay condiciones de contaminación menores en la parte exterior, se observa que la contaminación interior tiene una mayor importancia, ya sea por el sistema de calefacción, por la cocina, incluso por el uso del calefón, así como por hábitos personales, como el tabaquismo.

Se produce también contaminación intradomiciliaria cuando los hogares cuentan con sistemas de calefacción inapropiados, es decir, cuando emiten muchos contaminantes debido a la utilización de estufas a parafina y de braseros o leña. En esos casos, si no se cuenta con sistema de extracción de emisiones se deben esperar niveles de contaminación mayores de los que se registran en el exterior del hogar. Por lo tanto, se pueden identificar aquellos hogares que presentan hijos que se enferman más, a fin de aplicar medidas más específicas. De allí la importancia del trabajo de atención primaria para identificar aquellas familias que se encuentran en esa situación, a fin de trabajar con ellas para superar las condicionantes propias que expongan a los niños a mayores riesgos, lo cual es independiente de lo que se haga respecto de la contaminación exterior.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó:

¿Cuánto tiempo demorará en conocerse el resultado de los filtros que fueron enviados a USA respecto de los índices cancerígenos? Dada la gravedad y el reconocimiento de la situación de peligro para la salud, y debido a que éstos habrían arrojado índices superiores a los de Tokio.

Asimismo, ¿qué medidas podrían originarse de acuerdo a la respuesta que se obtenga y cómo funciona el mecanismo de prevención en caso de comprobarse esa situación?

El Director de Sesma , doctor Ilabaca , enunció:

Apuntar a acciones más drásticas y de pronta implementación en relación a las fuentes que resulten identificadas con una mayor participación y responsabilidad.

Orientar medidas preventivas y educativas hacia la población.

Mantener una vigilancia de estos elementos en el tiempo para retroalimentar las decisiones y medidas del PPDA.

¿Qué medidas previas se han tomado ante el escenario de que aquello resultara cierto?

En este caso, los elementos con potencial mutagénico encontrados en los filtros fueron recogidos a través de muestreadores de alto volumen para medir PM 10, por lo que su contenido forma parte de dicho material particulado. Por lo tanto, todas las medidas del primer Plan de Descontaminación, y las que contiene el actual en material particulado, apuntan a reducir sus concentraciones en el aire. Particular importancia tiene considerar que las principales fuentes emisoras de elementos mutágenos la constituyen las que combustionan energéticos fósiles a altas temperaturas, como fuentes móviles y fijas, sobre las cuales se han realizado los mayores esfuerzos para que bajen sus emisiones.

Si se considera que Japón demoró veinte años en reducir sus niveles de contaminación, en Chile se ha señalado que ello puede lograrse en once años.

¿Cuáles son los índices, los parámetros y los instrumentos que tenemos en el país que nos permiten competir con Japón y lograr reducir nuestra contaminación casi en la mitad del tiempo en que lo hizo aquel país?

Precisamente el conocer la experiencia de Japón y de otros países desarrollados que ya recorrieron el mismo camino, al igual que países con una idiosincrasia similar, como lo es México, permiten evitar errores y apuntar rápidamente a las medidas más costo-efectivas, y controlar y reducir dicho problema en un menor tiempo.

El Plan de Descontaminación señala que de aquí al 2011 se van a evitar alrededor de once mil muertes prematuras o anticipadas.

¿Si fracasa la evaluación de este plan, se producirán o no dichas muertes? ¿Cuál será el índice de medida con que el Sesma va a medir el éxito, fracaso o cumplimiento parcial del plan? Si se utilizó la medida de muertes prematuras, también cabría una evaluación prematura por el cumplimiento insuficiente del mismo, lo cual resulta extremadamente grave, pues es reconocer que en Santiago hay personas que morirán en forma anticipada producto de la incapacidad de luchar contra la contaminación.

El concepto de “muertes prematuras” o “anticipadas” se refiere a un evento vital que se adelanta en su ocurrencia estimulado de alguna forma por la contaminación, mediante mecanismos fisiopatológicos que aún no han podido ser explicados y que son motivo de controversia entre los epidemiólogos a nivel internacional. De todas formas estas muertes se van a producir más adelante, independientemente de la calidad del aire, debido a las malas condiciones generales de esas personas, ancianas o portadoras de enfermedades debilitantes.

Con respecto a las medidas con que el Sesma va a medir el cumplimiento del plan, se puede sostener que éstas se medirán en función de los avances y cumplimientos específicos de las distintas medidas que le corresponde efectuar en forma directa, teniendo disposición de los recursos necesarios, y en aquellos aspectos que requieren la participación directa del Sesma.

En relación con la norma de la calidad del aire, los niveles diarios de PM 10 ¿habrían superado la norma máxima permitida de 60 días del año, sobrepasando, en algunas oportunidades, en 250 por ciento la norma o el porcentaje de la norma cumplida?

Nuestra norma diaria de PM 10 es de 150 microgramos por metro cúbico, en circunstancias de que en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, la norma de contaminación de partículas es tres veces más exigente, pues es de 50 microgramos por metro cúbico. En Japón, la norma es de 100 microgramos por metro cúbico, y en la Unión Europea alcanza a 50 microgramos por metro cúbico.

¿Sería necesario reducir la norma de PM 10 a una cifra de 50 microgramos por metro cúbico? ¿Qué dificultades existirían para no hacerlo de esa manera? ¿Qué implicancias tendría hacerlo? ¿Por qué se mantiene la norma PM 10 en 150 ¿g/m3 toda vez que hay un reconocimiento mundial en que a partir de los 50 ¿g/m3 se producen daños a la salud?

La recomendación de la Organización Internacional de la Salud (OMS), era de 150 ¿g/m3, en promedio de 24 horas, que es la que nuestro país adoptó en 1978, a través de la dictación de la resolución Nº 1215. Posteriormente, no se volvieron a dar recomendaciones y hoy día Estados Unidos, los países de la Unión Europea y otros países desarrollados, se encuentran trabajando normas para material fino: PM 2,5 el que aparece como responsable de los efectos en salud de acuerdo a los avances en investigación epidemiológica internacional. Por lo tanto, lo más apropiado es seguir este mismo camino y hacer esfuerzos para normar directamente PM 2,5 en vez de PM 10.

Desde hace muchos años estaríamos con 100 microgramos por metro cúbico, en circunstancias de que en Estados Unidos y en la Comunidad Europea se establecieron 50 microgramos por metro cúbico.

¿Ha provocado esto algún daño a la salud de las personas, teniendo presente que la media ha sido 100?

El estudio y estimación del daño en salud por exposición prolongada a niveles medios o bajos de PM 10, es de difícil cuantificación debido a la gran cantidad de elementos confundentes e intervinientes que sesgan esta relación, lo cual es más complejo de despejar a medida que se extiende el período de evaluación temporal. Por este motivo, la mayor parte de los estudios publicados internacionalmente se refieren a series de tiempos en que se evalúan efectos agudos o de períodos cortos de exposición. No obstante ello, existen estudios de Cohorte o de Casos y Controles Anidados, que permiten evaluar períodos de tiempos más prolongados y estimar en forma más aceptable efectos prolongados. Es el caso de comparaciones entre poblaciones que conformaron cohortes comparables de Santiago y la ciudad de Los Andes, estudio que tuvo la deficiencia de no haber medido la contaminación en la ciudad control; y el de cohortes de estudiantes viviendo en Santiago y San Felipe , en donde no se encontraron diferencias entre ambos grupos en estudio, luego de dos años de seguimiento.

Respecto de los umbrales de preemergencia y emergencia, el propio Ministerio de Salud ha señalado que el nivel 300 es excesivo y es un 50 por ciento superior al nivel que se asocia al desarrollo de enfermedades. Esto lo ha señalado el Colegio Médico, a través del doctor Accorsi , pero en general la comunidad médica y el propio Ministerio han señalado que el nivel 300 en la preemergencia y el 500 en la emergencia resultan excesivos. Un estudio del Ministerio de Salud ha objetivado un aumento del 30 por ciento en las infecciones respiratorias pediátricas al pasar del nivel 200 al 300, lo que demuestra que hay un daño efectivo al superar el nivel 200. La alerta ha sido decretada cuando el nivel ha llegado a 250. Por lo tanto, los propios estudios del Ministerio de Salud señalan que debe decretarse en el nivel 200.

No se está hablando del nivel 50 en la norma norteamericana de la ciudad de Los Ángeles ni de la norma chilena que es 150, sino del nivel 200. O sea, si hay daño en la salud de las personas por qué no se ha disminuido el umbral para decretar preemergencia en el nivel de 150 y por qué se insiste en los criterios de decretar las emergencias y preemergencias en igual nivel, más allá de los índices introducidos en las alertas.

El problema no es el nivel de contaminación medido hoy para decretar alguna medida de contingencia sino que es ser capaces de anticiparse a este evento y adoptar medidas de mitigación y de control de emisiones en forma previa a la superación de determinados niveles de concentración de PM 10. Esto es lo que se pretende lograr con el Nuevo Sistema Predictivo de la Calidad del Aire, el cual ha permitido declarar contingencias con niveles muy por debajo de los planteados en el caso de la primera preemergencia que se dictó con un nivel de 187, sin siquiera superar el 200.

Respecto de otro tipo de contaminantes como el dióxido de azufre -conforme lo reconoce el propio plan del Gobierno- excede las normas de los países desarrollados, como Suecia, la Unión Europea y la propia recomendación de la OMS.

La norma del SO2 fue fijada en base a la norma general de Estados Unidos, lo mismo que la del NO2 , pero en este último caso, el índice de calidad del aire por gases de NO2 se fijó de acuerdo al estándar del Estado de California de Estados Unidos, uno de los más estrictos del mundo.

El Diputado señor Navarro preguntó si la norma para el dióxido de azufre excedía las normas de los países desarrollados en relación con el nuestro, y también respecto de la de dióxido de nitrógeno, cuya norma actual es 100 microgramos por metro cúbico, siendo un ciento por ciento superior a la fijada en Europa y Estados Unidos, la cual, además, presenta un estado de latencia en la Región Metropolitana con un registro del 89 por ciento de la norma.

Solicitó, además, datos sobre crecimiento, control y fiscalización del cumplimiento de esta norma.

En este sentido, el Director de Sesma sostuvo que respecto de los contaminantes gaseosos, en la medida que su Servicio cuente con los recursos solicitados para llevar a cabo las distintas tareas encomendadas, éstas podrán llevarse adelante con el mismo éxito con que se ha actuado en la reducción de emisiones de material particulado en fuentes fijas.

¿Es efectivo que los niveles de ozono superan la mitad de los días del año la norma de latencia y en qué sectores de Santiago?

El número de días en que se supera la norma de Ozono en Santiago es de aproximadamente 150 días, de acuerdo con lo que se señala en el documento editado por Conama sobre el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana.

Cabe consignar que Santiago cuenta con una de las normas más estrictas por Ozono (80 ppb), en tanto que la norma Federal de los Estados Unidos es de 120ppb.

Sostuvo, además, que en un documento de la OMS, se señala que en 1995 la norma horaria por ozono se sobrepasó 404 veces en el mismo año. Al respecto, requirió conocer en cuánto está calibrada en lo que respecta a las mediciones, porque hay quienes sostienen que tiene que haber una norma promedio de 8 horas para mejorar la información epidemiológica sobre los efectos del ozono.

Efectivamente, la norma de ozono, de acuerdo a la Resolución Nº 1.215, es la media aritmética máxima de una hora. Pero para efectos de estudios epidemiológicos se pueden construir muy fácilmente las medias de horas que el investigador quiera, y trabajar con ellas, agrupándolas por el número de horas que le interese (2, 3, 4 hasta 23 horas, por ejemplo). El doctor Ilabaca sostuvo que en su tesis había trabajado indistintamente con la mayor media horaria y también con el mayor promedio móvil de 8 horas, resultando significativamente mayores los estimadores con la norma chilena: la mayor media móvil horaria. Establecer una norma de 8 hrs. haría bajar los niveles, reduciría las veces en que se superaría la norma y subestimaría los efectos del ozono en salud, hecho indeseado al menos para las autoridades con competencia ambiental.

Con referencia a los estudios de Estados Unidos se espera que éstos concluyan para contar con ellos y, en la medida en que se observen elementos de riesgo en salud más allá de todo lo esperado, habrá que continuar con el paso siguiente que significa ubicar cuál es la fuente que los genera para poder actuar sobre ellos aplicando las políticas correspondientes. Esto se retroalimenta más con la información que se debiera de obtener de los filtros enviados a Japón.

A modo de comentario, el señor Ilabaca agregó que el año pasado al producirse el paro de la locomoción colectiva, se tomaron los filtros de los días previos y del día del paro -que fueron remitidos a Japón-, con el objeto de observar si hubo diferencias significativas en elementos mutágenos en los distintos días. O sea, el día que hubo paro no hubo circulación de fuentes de transporte colectivo, aun cuando esto ocurrió en un día en que se tuvo una buena calidad de aire por corresponder a un período fuera de contaminación.

En otras palabras, estos análisis de filtros tienen por objeto retroalimentar o recoger antecedentes que permitan enfrentar las políticas que se están llevando a cabo dentro del servicio, como también retroalimentar a otros sectores, como transportes u otros.

Respecto de los cancerígenos insistió en que en la medida en que baja el PM 2,5 bajan las emisiones totales de las fuentes fijas. La principal preocupación ha sido actuar con aquellas fuentes que generan PM 2,5, porque evidentemente ahí están las fuentes fijas, puesto que el PM 2,5 es el principal contenedor de elementos que alteran la información genética.

Por lo tanto, en cuanto a qué medidas se van a tomar -y que ya se están tomando- para combatir los elementos que provocan alteración de material genético, la política es reducir las emisiones de fuentes móviles y de fuentes fijas.

En ciudad de México, que tiene problemas por el ozono, se pensó en un momento dado que la existencia de una refinería en el centro de la ciudad podría ser un importante aporte de elementos que constituían ozono. Se planteó que había que sacarla de la ciudad, lo cual se hizo con un costo enorme desde el punto de vista de las fuentes laborales y de recursos para el país. Al año siguiente se observó prácticamente la misma cantidad de ozono en la ciudad, incluso había aumentado.

En este momento se pueden identificar, en función de lo que se recoge y los filtros de monitoreo, los elementos que permitan sustentar cuál es el origen de ese material particulado, que son los modelos de receptor e inmisión que se han dado a conocer. Por lo tanto, en función de ellos hay que apuntar con medidas específicas a ciertas fuentes. Es decir, se puede reducir el tiempo para lograr efectos similares en beneficio de la calidad del aire en función de aprovechar las experiencias, la tecnología y el conocimiento directo de personas que hayan participado en esta materia.

Respecto del tema de las muertes anticipadas, es necesario aclarar algunos aspectos.

Una muerte prematura es la que de todas formas va a ocurrir. Se produce en personas que tienen una situación desmedrada desde el punto de vista de sus condiciones fisiológicas. Como ha señalado el doctor Manuel Salinas , es como el viento de otoño que bota las hojas de los árboles; en otras palabras, es una hoja que de todas maneras se va a caer y está esperando el momento en que llegue la ráfaga de viento para botarla. En otras palabras, son muertes que se anticipan al momento en que iban a ocurrir, pero que de todas maneras se van a producir. En relación, con el tema de la mortalidad existe una discusión muy grande respecto de cuál es la plausibilidad biológica, o sea, los mecanismos que desencadenan esa muerte. Se ha logrado establecer una sucesión estadística significativa en distintos estudios y lugares del mundo que señalan que a mayores niveles de contaminación es esperable observar un mayor número de muertes prematuras. En este sentido, una forma de evaluar la efectividad del plan es considerar en cuánto se pueden evitar estas muertes prematuras, es decir, dejar que éstas ocurran en el tiempo en que las personas puedan verse afectadas con mayores niveles de contaminación.

Respecto del tema de las normas de calidad del aire se ha expresado un porcentaje de 250 por ciento. Sin embargo, es una cifra que puede corresponder a 1989 o al inicio de los años noventa. En este último año el nivel más alto obtenido en promedios de 24 horas es de 550 µg/m3 en Pudahuel, cuando lo normal es de un poco más de 340 µg/m3. Por lo tanto, corresponde a un poco del ciento por ciento de la norma de 150, y no los 250 que se señaló. En este sentido, más que discutir rebajar las normas de PM 10, se deben crear normas de PM 2,5 para guardar concordancia con otros países. Santiago tiene estaciones de monitoreo de PM2,5 desde 1988. En esta última investigación se ha podido ver que el PM 2,5 tiene un porcentaje mayor de responsabilidad que el PM 10, siendo el PM 2,5 un subconjunto de éste. En otras palabras, cuando se mide el PM 10 también se está midiendo el PM 2,5. En períodos de alta contaminación del aire el PM 2,5 tiende a crecer en su fracción dentro del PM 10, porque hay elementos que se acumulan más. Por lo tanto, más que bajar normas de PM 10, hay que crear normas de PM 2,5.

En ese sentido el Diputado señor Sánchez preguntó qué estaba haciendo Sesma para incorporar la norma de PM 2,5.

Se le respondió que se había efectuado una investigación epidemiológica que muestra que el PM 2,5 tiene un factor de responsabilidad mayor que el PM 10. Por lo tanto, la sugerencia era que se siguiera trabajando con esos datos. Una investigación por sí sola no basta, se requieren más elementos para tomar decisiones, de manera de reunir distintos elementos que permiten tener la conclusión de que es una información bastante válida desde el punto de vista de la metodología utilizada, lo que constituye sólo un estudio. Por lo tanto, no es posible tomar conclusiones directas en función del punto de corte para crear una norma, pero es un elemento interesante.

Ahondando sobre la materia, el Diputado señor Sánchez requirió si existían antecedentes en otras partes del mundo, a lo cual se le respondió que las investigaciones realizadas en Estados Unidos eran las que daban los rangos.

Este tema está siendo discutido en Estados Unidos y en la Unión Europea, es decir, por las principales potencias del mundo, a lo cual hay que estar atento a lo que ocurra y, a su vez, hacer nuevas investigaciones en Santiago, para contrastar lo que ha sido analizado en el servicio. En este sentido, en la investigación que tiene en cartera la Conama Metropolitana y Nacional hay distintos diseños que están siendo planteados sobre este tema.

El Diputado señor Leay preguntó si existían estudios que revelen la proporción de PM 2,5 y PM 10 en una tonelada, respecto de lo cual se informó que existían antecedentes para determinarlo, entendiendo que lo que le importa a la gente no es la emisión de lo que sale por la chimenea o el proceso industrial, sino lo que respira la persona. La tendencia es que mientras se den más días de mala ventilación, más tiende a concentrarse el material más fino, es decir, el filtro sale más negro mientras más días de alta contaminación se presenten, porque la partícula fina es la que tiende a perdurar y la gruesa a depositarse. En ese sentido, en una semana completa con un episodio de alta contaminación los últimos días siempre tenían los niveles más altos.

Se aclaró que se desconocía la proporción de las emisiones por cada fuente o del total, porque el modelo de inmisión estaba hecho en PM 10 y no en PM 2,5.

A continuación el Diputado señor Navarro ( Presidente ) se refirió al informe de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa , que en relación con las emisiones de fuentes fijas, señala “situaciones francamente absurdas, como el hecho de que por emitir cada vez menos material particulado a la atmósfera, más industrias deban paralizar en situaciones ambientales críticas; enumerando 940 en caso de emergencia mientras que ahora deberán paralizar 2.350.” ¿Por qué habiendo menos emisión de partículas y bajado los niveles, deben paralizar más industrias, lo que llevaría a un contrasentido?

En lo que dice relación con los excesivos niveles de preemergencia o de emergencia, el señor Ilabaca declaró, que se debía recordar que Santiago cuenta con estaciones nuevas, que anteriormente no existían y, por tanto, no se sabía qué niveles de exposición tenía la población que vivía en esa zona. En las estaciones céntricas y en Las Condes se mantiene una tendencia constante a la baja en PM 2,5. Por lo tanto, en la medida en que continúen bajando los niveles medios y promedios de PM 2,5 y PM 10, el impacto de la contaminación en la salud también debería ser menor. Ahora, para seguir manteniendo esta afirmación correspondería observar cualitativamente la composición de los contaminantes, por tanto, hoy se trabaja investigando ese tema para saber qué está pasando, para contar con el equipamiento que permita medir cualitativamente la contaminación del aire, para ver si hay o no variación. La impresión que existe al comparar los filtros de los años 95 y 96, es que la proporción de elementos cancerígenos, mutágenos, etcétera, se redujo el año 96 respecto del 95, y ésa es información propia de sus resultados.

Por otra parte, respecto de los niveles de PM 10 para decretar las medidas de preemergencia y emergencia, reviste real importancia el modelo predictivo. Un día jueves se tuvo un nivel de 167, en la estación de Pudahuel, el nivel máximo observado, y se decretó preemergencia para el día siguiente, sin llegar a nivel 200 ó 250 u otro nivel para decretar la medida. Por tanto, esto demuestra que aplicar criterios predictivos, desde el punto de vista de considerar pronóstico de calidad del aire para el día siguiente es extremadamente apropiado, y en el caso de que este modelo se equivoque se aplica el modelo de constatación, que fue lo que finalmente se hizo, que es el que rige hoy.

En el tema de la adopción de normas, esto constituye decisiones propias de cada país y de cada ciudad en función de lo que se considere aplicar en cada zona. Nuestro país ha utilizado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En cada país hay posibilidad de modificar estos niveles y, evidentemente, son factibles de ser estudiados. El punto es que en Santiago los contaminantes que más riesgos producen, fundamentalmente por sus niveles elevados, son en material particulado, y por ende la importancia que tiene el material particulado fino.

El SO2 tiene una tendencia permanente al descenso. Es uno de los contaminantes que a principios de los años 90 tenía un nivel bastante elevado y que cada vez se reduce más. Los óxidos de nitrógeno han tendido a elevarse y, por ende, el plan de descontaminación lo ha considerado para el control del ozono, por lo tanto, en un tiempo más, una vez que se apliquen las medidas para su control que genere el plan sobre NOx, también va a tender al descenso.

En el caso de la opinión de la Sofofa, que señala que se establece una reducción de emisiones y no obstante aumenta el número de fuentes, la verdad es que esto se comprende mejor entendiendo cómo se genera el listado, el cual se genera en función de un orden decreciente de concentración. Entendiéndose por concentración el apellido paterno para hacer un ordenamiento, y construyéndose un listado en orden decreciente, a cada fuente se le va sumando el total de emisión diaria, por tanto, el apellido materno. Entonces, se construye el 20 ó 30 por ciento que se tiene que revisar en preemergencia o el 50 por ciento a revisar en emergencia al alcanzarse el tope ordenado por concentración, pero sumando el 30 por ciento o el 50 por ciento en función de la emisión diaria que cada fuente fija genera.

Ocurrió que a medida que más se iba bajando en el nivel de concentración, se tenía un mayor número de fuentes, porque había fuentes que estaban en niveles más altos, pero al reducir sus emisiones van bajando y se va concentrando cada vez más el número de fuentes en niveles más bajos. Esto es una especie de pirámide, donde en la cúspide hay un pequeño número de fuentes que emiten mucho, pero en la medida en que estas fuentes van reduciendo sus emisiones, van quedando todas englobadas en los estadios más bajos de la pirámide, por lo tanto, va permutando un mayor número de fuentes. Es eso lo que ha ocurrido y forma parte del esfuerzo de descontaminación y, además, estimula a que las fuentes sigan reduciendo sus emisiones. No son sólo fuentes industriales, puesto que casi la mitad está constituida por panaderías, edificios comunitarios y actividades públicas.

Finalmente, el doctor Ilabaca , señaló que respecto de la norma de PM 2,5 Sesma no tenía competencia para la dictación de tales normas. Pese a eso, el Sesma en conjunto con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, habían participado de una investigación en ese sentido, constituyendo un elemento interesante, pero que requería de mayor profundización.

Volviendo al tema del ozono, el Diputado señor Sánchez preguntó qué ocurría con la norma si ésta se estaba sobrepasando más de 200 días al año.

El ozono tiene una norma muchísimo más estricta que la norma federal de Estados Unidos. Nuestra norma es de 80 partes por millón, en Estados Unidos 120; en Ciudad de México 120. Nuestro nivel es un tercio más estricto, y eso también plantea un elemento positivo: ser mucho más exigentes a futuro. En la medida en que se vaya controlando el material particulado -el SO2 ha ido disminuyendo progresivamente-, la tendencia será que el contaminante predominante sea el ozono. Por lo tanto, la idea es pasar de un ambiente de contaminación exterior reductor a uno oxidante. Es lo que ha sucedido en países europeos. En el tiempo en que Alemania estaba dividida, los países de la órbita socialista presentaban niveles elevados de material particulado y SO2, característico de los países de más escasos recursos. En cambio, en los países desarrollados, que presentan mayor actividad vehicular y utilización de combustibles más limpios, la tendencia apunta al aumento de elementos oxidantes como el ozono.

En Santiago, la estación Las Condes ha detectado en días soleados niveles que superan la norma, lo que provoca que sobre todo en días de verano y otoño -dependiendo de las condiciones de radiación solar, ello también puede ocurrir en días de primavera e invierno- se supere el nivel 100.

El Diputado señor Alessandri se refirió a declaraciones de algunos representantes del Estado que habían señalado que la neblina que se cierne sobre Santiago es conveniente para bajar los niveles de contaminación, pese a que siempre se había oído que la neblina que cubría Londres agravaba la situación medioambiental.

Desde otro punto de vista, solicitó datos sobre la manera como influiría la reducción presupuestaria, estimada en 500 millones de pesos.

Por último, el Diputado señor Alessandri preguntó por qué no se había establecido ninguna norma que regulara el PM 2,5, desde 1988 a la fecha, en circunstancias de que quienes conocen la materia han dicho que es el causante directo de variadas enfermedades y que ataca directamente los alveolos.

El señor Ilabaca aclaró que respecto de la incidencia del combustible diesel, esto correspondía a una hipótesis que debía ser demostrada. Ello no quiere decir que se pueda argüir que los mutágenos que se recolectan a través de los monitores que detectan material particulado sean responsabilidad de la locomoción colectiva que utiliza combustible diesel.

En cuanto al tema de la neblina, argumentó que la que entra a Santiago era aire costero. Por lo tanto, cuando hay ingreso de aire costero a Santiago no sólo entran partículas de agua, sino que además viene un aire totalmente renovado, sin contaminación. Ese aire desplaza el que tenía la cuenca. Por lo tanto, los niveles de contaminación bajan muchísimo, porque se renueva totalmente el aire de la cuenca.

Comentando una situación puntual, aclaró que lo que había ocurrido recientemente, era precisamente que el aire costero no había alcanzado a penetrar hasta el interior de la cuenca, sino que llegó solamente hasta un poco más allá de la zona poniente de Santiago, por lo que la limpieza sólo se produjo en el aire de Pudahuel y de Cerrillos. Pero, al mismo tiempo, el aire que estaba en esa zona fue desplazado y fue comprimido contra la precordillera. Por eso, en La Florida dio un índice de 320, lo que explicaría ese fenómeno.

La presencia de neblina tiene además un elemento adicional, y es que las gotas de agua ayudan a ser elementos que precipitan los contaminantes: al unirse la partícula, ésta precipita, tiene más masa y es atraída por la tierra.

En relación con la reducción presupuestaria, el doctor Ilabaca sostuvo que Sesma había completado sus inversiones este año en relación a un laboratorio de biología molecular y de análisis de aguas contaminadas con residuos líquidos industriales, que tenían otro proyecto en carpeta para el presente año y que desconocía mayores antecedentes sobre los efectos de la reducción anunciada.

Revisando la bibliografía internacional, se observó que en muy pocos lugares del mundo se medía PM 2,5. Por lo tanto, la información y los antecedentes de que se dispone hoy respecto del PM 2,5 son elementos absolutamente recientes.

De la revisión de estudios europeos, se pudo concluir que en 11 países de la Unión Europea en que se hicieron investigaciones en salud tanto en mortalidad como en morbilidad, es decir enfermedades respiratorias, en dos, a lo más, habían hecho mediciones de PM 2,5. En todo el resto medían partículas totales suspendidas -es decir, de diámetro hasta de 45 microgramos-, medían black smoke que son hasta PM 13. Es decir, menos de 13 microgramos de diámetro por metro cúbico.

El Diputado señor Leay sostuvo que cuando existían las antiguas estaciones, todas ubicadas en el sector centro, se señalaba que la contaminación estaba en el centro de Santiago; después con las nuevas estaciones, que están instaladas en la periferia, hoy se señala que los más altos índices de contaminación están en la periferia. ¿Se podría concluir que la contaminación cambia de sector? ¿La contaminación ha aumentado? ¿Se medía bien?

En ese sentido, el doctor Ilabaca señaló que resultaba muy difícil decir si la contaminación había aumentado respecto de la zona poniente, que es donde está Pudahuel, porque no se tenía medición en esa época. Pero sí se podía sostener respecto de la zona céntrica, donde existen claras evidencias de que los niveles de contaminación han tendido a reducirse a lo largo del tiempo.

Lo importante es señalar que en 1989 los niveles de contaminación -por estudios de aquella época- mostraban situaciones de superación de normas muchísimo mayores que las que se dispone hoy. El conocimiento respecto de cómo se comportan los contaminantes dentro de la cuenca también demuestra -lo cual no es una situación que necesariamente haya cambiado- que van cambiando de una zona a la otra. Durante el día, los vientos llevan los contaminantes en dirección al nororiente, y, en la noche, esa situación se invierte. La cuenca no ha cambiado geográficamente, esto es, en cuanto al contorno natural, a la parte topoclimatológica. Lo que ocurre es que los contaminantes quedan atrapados en la zona poniente de Santiago, que es una zona mucho más baja -lo cual se comprueba al observar la presencia de neblina-, y quedan atrapados con la capa de inversión térmica radiactiva que en esa zona se produce, que es mucho más adhesiva que en otras partes de la cuenca, y que hace que los niveles sean mayores que en otros puntos de monitoreo existentes en este momento. Además, en el pasado, había en esa zona una estación de monitoreo semiautomática, que efectuaba mediciones una vez a la semana, lo cual permitía tener un registro, que comprueba la presencia de niveles mayores que en el resto de las estaciones.

El Diputado señor Leay indicó que una de las críticas que se hacía al plan de descontaminación era, básicamente, que tiene un desconocimiento acerca de cuál es el nivel máximo de emisión posible, para compatibilizar eso con el desarrollo de diversas actividades que garanticen una calidad ambiental adecuada en base a las normas. Generalmente, como no existe ese nivel máximo de emisiones, se dictan normas. En Chile existen infinitas normas para no contaminar. No obstante, no se cumplen. Respecto de esa crítica al hecho de no fijarse el nivel máximo de emisiones, porque, como las fuentes van creciendo, tanto fijas como móviles, en el sentido de que año a año aumenta el parque automotor, obviamente se debe fijar el nivel máximo de emisión, pero también se debe tener un sistema que vaya permitiendo mantenerlo, porque ha ocurrido, como dice la Sofofa, que, si bien es cierto han bajado su nivel de contaminación, han aumentado las industrias, con lo cual aumentan las normas, aumentan más contaminantes y, en definitiva, no hay una regla clara.

En relación con lo expresado precedentemente, el Diputado señor Leay solicitó la opinión de Sesma al respecto.

El señor Director expresó que existían dos tipos de normas: una, la norma de calidad, que se mide con la estación de monitoreo y que sirve para desencadenar las medidas de preemergencia, de contingencia y también los planes de descontaminación, y, otra, la norma de emisión de las distintas fuentes, por ejemplo, de las fuentes fijas y móviles. Sesma como servicio debe velar por las fuentes fijas. Existe un mecanismo, que es válido para un determinado tipo de fuente, que establece el congelamiento de las emisiones, por lo tanto, impide el ingreso de nuevas fuentes, de nuevas emisiones, a la cuenca de Santiago.

Si bien es cierto las fuentes móviles no tienen directa competencia con el servicio, es necesario tener medidas que permitan reducir sus emisiones.

Al respecto, la señora Marta Zamudio , jefa del control de emisiones de fuentes fijas, explicó en qué consiste el tema del congelamiento de emisiones y el sistema de compensación de emisiones, que permite que las fuentes industriales reduzcan sus emisiones y se mantengan en un nivel cada vez más bajo.

El sistema de compensación de emisiones congeló las emisiones para las fuentes fijas, es decir, si se estaba en un nivel de x toneladas diarias de emisión, este nivel no puede ser sobrepasado. Existe saturación desde el punto de vista del material particulado, en consecuencia, cualquier aporte adicional significa que se aumentan las emisiones del sector. Por lo tanto, se permite que siga habiendo industrias que se puedan instalar, sin que afecte la calidad del aire. Lo que se hace es exigir que cualquier fuente nueva, sea de un tamaño determinado, sea que emita mil o más de mil metros cúbicos de gases de salida de sus chimeneas por hora, debe compensar el ciento por ciento de sus emisiones. Es decir, para incorporarse a la región debe conseguir que otra industria o que otra fuente -porque la compensación es fuente a fuente- que existe ya en una región reduzca sus emisiones en el mismo nivel en que estas nuevas fuentes las están aumentando, es decir, si esta nueva va a emitir diez kilos al día, debe haber otra fuente que reduzca sus emisiones en diez kilos. Esto se aplicaba hasta el plan de descontaminación, porque ahí se estaba manteniendo un nivel de emisiones. Pero al existir saturación, no sólo se debe mantener este nivel, sino, además, reducir esa emisión. El plan incorpora un porcentaje mayor de reducción: a un 120 por ciento. Es decir, por cada kilo nuevo que se aporta, tiene que reducirse un kilo doscientos, de manera que cada vez se vaya obteniendo un veinte por ciento más. Estas mediciones y controles son efectuados por Sesma. Se lleva a cabo una medición isosimétrica, es decir, se miden las emisiones, la concentración y la masa que sale en un determinado tiempo por una chimenea. Se mide la fuente que ingresa y la que va a compensar esa emisión. Esta medición, incluso, se hace en su condición de máxima carga, es decir, en las peores condiciones de emisión.

El Diputado señor Sánchez hizo presente una duda acerca de si Sesma tenía capacidad para medir 5.700 fuentes fijas, a lo cual se le respondió que las mediciones son efectuadas por 12 laboratorios privados, calificados por el servicio, que están autorizados para medir, dotados de equipos, personal idóneo e instalaciones apropiadas, los cuales tienen la obligación, cuando van a hacer una medición, de avisar, al menos, con 48 horas de anticipación, de modo que se pueda auditar. Además, deben enviar un informe con un resultado de esa medición, que también es revisado. Incluso, existe un tercer modo de fiscalización, la auditoría, es decir, cuando algún resultado no parece muy razonable, Sesma puede realizar la medición con sus propios equipos.

El Diputado señor Leay pidió antecedentes acerca del número de empresas que han compensado emisiones.

Frente a esta interrogante, la señora Zamudio respondió que la mayor cantidad eran compensaciones internas, o sea, un reemplazo de una fuente por otra. Son empresas que cambian, dan de baja una e incorporan otra, entonces, las emisiones de las que salen son traspasadas a la fuente nueva.

La señora Zamudio aclaró una interrogante del Diputado señor Leay, respecto de si la norma del año pasado era de 102 ó 112 microgramos por metro cúbico y actualmente era de 56, a lo que se le respondió que dependía de la fuente. Que para una fuente puntual, la norma seguía siendo 112 miligramos por metro cúbico; mientras que para una fuente grupal, la norma es de 56 miligramos por metro cúbico.

Ahondando sobre la materia, el Diputado señor Leay solicitó una relación de cuántas son de 112 y cuántas de 56.

Se precisó que existía una segunda norma que continuaba siendo de 112, que es una meta diaria de emisión que se calcula por 56. Por eso, se habla mucho de que bajó la norma a 56, aun cuando la norma sigue siendo 112, pero tiene una segunda meta que se calcula con 56. Recalcándose, además, que todas las fuentes de la Región Metropolitana son de menos de una tonelada.

También se precisó el concepto de megafuente, que serían aquellas fuentes que emiten más de una tonelada diaria, que son las que regulaba el decreto 183 del Ministerio de Minería. En general, son las grandes empresas mineras, las fundiciones como Paipote. En la Región Metropolitana no existen fuentes que emitan más de una tonelada diaria, por lo tanto, no existe ese tipo de fuente. Todas las fuentes de la Región Metropolitana son de menos de una tonelada diaria y todas son fiscalizadas.

El señor Ilabaca expresó que primero se considera cuáles son las que pueden compensar, las que existían antes, que fueron declaradas y están registradas. Si hay alguna que no fue registrada, el problema es de la fuente. Pero ocurre que por desconocimiento -porque muchos casos son procesos industriales que generan material particulado- el titular de la fuente no la registró y el servicio llega a ella, ya sea por alguna denuncia, por una fiscalización o bien por otro tipo de procedimiento. En este caso, fiscalización del servicio por otros programas, no por contaminación de actividades industriales al aire. Entonces, se logra ubicar y ver qué pasa con esa fuente, se le exige cumplir y ahí está que vaya creciendo, pero en los dos últimos años la tasa de crecimiento de las fuentes fijas catastradas se ha mantenido bastante estable, el aumento ha sido pequeño.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó si era posible que hoy se instalaran fuentes chicas, sin ser detectadas y que posteriormente se incorporen al proceso sin compensar, porque el número ha variado. ¿En qué momento se incorporan?

Esta situación a juicio de la señora Zamudio resultaría poco probable, puesto que existe un sistema de declaración de emisiones que permitiría completar el catastro. Todas las fuentes y propietarios de fuentes emisoras tuvieron que declararlo.

En función de las emisiones y de procesos regulados por el decreto Nº 4, del Ministerio de Salud, de 1992, se puede sostener, a juicio del doctor Ilabaca , que cuentan con un instrumento legal que permite controlarlo, pero otro tipo de encuestas, a las cuales se ha hecho alusión, que son de otras fuentes, que pueden generar emisiones mediante viajes de los funcionarios, camiones de carga y descarga, no estarían reguladas por dicho decreto.

Hay un número importante de actividades que quisieran instalarse en Santiago y que no han podido hacerlo, al presentar sus evaluaciones de impacto ambiental ante la Corema, dado que se les exige compensar, y al ser fuente nueva no han podido hacerlo. De hecho, una actividad solicitó compensar con pavimentación de calles y se le manifestó que no podía hacerlo y, a raíz de eso, ese proyecto se fue de la Región Metropolitana y hoy está tratando de ingresar a otra región, que es el caso de la cementera que iba a instalarse en la provincia de Melipilla.

Respecto de las chimeneas, se argumentó que éstas son reglamentadas por un decreto que establece su prohibición en lugares abiertos. Por lo tanto, sólo se permite un sistema de calefacción que tenga doble cámara, que permita un segundo proceso de combustión de las emisiones. Eso, de acuerdo con el nuevo plan de descontaminación, hoy está restringido en caso de situaciones de contingencia ambiental.

En relación con el modelo predictivo, la Diputada señora Isabel Allende manifestó su preocupación respecto de su funcionamiento. Al visitar las estaciones de monitoreo se explicó, de manera bastante detallada, la información de cómo cambiaba al tener un modelo predictivo y cómo se podía anticipar. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que se pretende, que es la evaluación para establecer los límites y ver cuándo realmente está afectando la salud, debería ser más eficaz.

Al respecto inquirió una explicación de lo acontecido un sábado en la estación de Pudahuel, donde se supone que había una medición de trescientos y tanto que no se declaró, porque en virtud del modelo predictivo se supone que al día siguiente habría mejores condiciones de ventilación, lo que debiera haber significado un descenso.

El Director de Sesma explicó que el modelo tiene como objetivo predecir, anticiparse a los episodios de alta contaminación. Es una planilla de cálculo, pero lo importante es la información que se le incorpora, que básicamente es la calidad del aire, la información meteorológica, que se califica según un análisis que hace un equipo meteorológico del Instituto Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile, la tendencia a las concentraciones y la condición del día.

En el caso aludido, se debe considerar que el modelo de pronósticos lleva más de una semana funcionando, ha estado acertado todos los días, salvo el sábado. O sea, el modelo de pronóstico también funciona cuando no se sabe que está funcionando. Desde que entró a regir, desde hace dos semanas o diez días, ha estado con bastante acuciosidad, por cuanto también ha estado acertado cuando no ha habido preemergencia.

El jueves por primera vez se decretó preemergencia con niveles bajo 300, incluso se decretó con niveles bajo 200, pues la estación más alta arrojó índices de 167, en virtud de que el modelo de pronóstico señalaba condiciones de ventilación muy negativas, producto de la vaguada costera, que era el fenómeno meteorológico más complicado.

Efectivamente, el modelo acertó, porque el viernes se supero el nivel 300, pero ciertamente a un nivel menor del que se había pronosticado, lo cual se puede atribuir a las medidas que se adoptaron. A saber, el modelo había pronosticado aproximadamente 340, y lo que se produjo de nivel máximo fue de 309. Por lo tanto, se podría decir que el viernes el modelo funcionó bien, lo que permitió adoptar medidas de preemergencia ese mismo día.

Al estar el viernes el nivel sobre 300 muchos se preguntaron por qué no se decretó preemergencia para el sábado, si el viernes se había superado el nivel 300. Esto no se hizo porque ése es justamente el objetivo del modelo de pronóstico, pues en lugar de tomar medidas para el sábado se tomaron para el mismo viernes. Tal vez por eso, algunos periodistas consultaron por qué no se habían tomado medidas para el sábado, lo que se debió a que con el modelo por primera vez se adoptó la preemergencia exactamente el mismo día en que correspondía hacerlo. Hasta allí todo estaba bien. Sin embargo, el sábado el modelo de pronóstico se equivocó, pues se debe tener en cuenta que éste considera la variable meteorológica como una de las más importantes, por lo cual nunca tendrá ciento por ciento de certeza. Por eso no se decretó preemergencia para el sábado.

Está establecido que si el modelo de pronóstico se equivoca se opera con el mecanismo que existía antes, o sea, la constatación. El sábado el modelo se equivocó, por lo que entonces se adoptaron medidas de preemergencia para el domingo. Es decir, hubo dos días de superación del nivel 300. El viernes, gracias al modelo de pronóstico, se tomaron medidas en el mismo día, con lo que se ganó un día. El sábado el modelo se equivocó y, debido a eso, se volvió a actuar exactamente como se venía haciendo antes, con un desfase de 24 horas.

Siempre se indicó que con el modelo no se estaba ahorrando preemergencias, sino que el objetivo era mejorar la oportunidad con que se toman las medidas. Sin el modelo de pronóstico se hubieran tomado las medidas el sábado y el domingo, y el último hubiera sido viernes y sábado, si el modelo hubiera estado acertado los dos días. Sin embargo, como el modelo se equivocó un día, se tomó el viernes, donde acertó, y el domingo con el desfase del sábado.

En consecuencia, el modelo va a inducir a equivocaciones, pero el diseño del mecanismo supone que al equivocarse se vuelva a actuar como se hacía antes.

En resumen, hay dos mecanismos preventivos. Uno es la alerta ambiental. Es decir, siempre que se supere el nivel 200 se adoptan medidas de alerta, a menos que el modelo indique que corresponde preemergencia o emergencia.

El segundo mecanismo preventivo es el modelo de pronóstico, que opera para preemergencias y emergencias.

El Diputado señor Arratia expresó coincidir con la opinión vertida por el Diputado señor Girardi , en relación con la incorporación de los criterios biomédicos.

El criterio biomédico tal vez no sirva para anticiparse al problema, pero permite saber la base sobre la cual se actúa. Es decir, es distinto que se presente un índice de contaminación de 100 en un período de verano -cuando no hay temperaturas bajas ni factores que contribuyan a la contaminación, cuando no es período de infecciones ni hay cuadros virales que estén circulando en el medio ambiente, que son los que terminan por desencadenar todos lo problemas- a que dicho nivel se presente en julio, con temperaturas próximas a cero grados. En consecuencia, el pronóstico se va a hacer sobre dos bases distintas. Desde el punto de vista médico tiene importancia el criterio biomédico.

Resumiendo lo anteriormente expresado la Diputada señora Isabel Allende señaló que se estaba trabajando con un modelo predictivo que representa un paso cualitativo superior, en el sentido de que permite anticiparse. En consecuencia, aunque haya niveles bajos, se puede adelantar de que no habrá condiciones óptimas de ventilación u otros factores que incidan, y de esta manera se podrán tomar las medidas correspondientes.

No obstante, resulta evidente que esto va acompañado de otros elementos. Uno de ellos es saber hasta dónde existen facultades y condiciones para pronosticar sobre la marcha, porque uno de los elementos que permite la anticipación lo constituyen las variables meteorológicas, las cuales, a pesar de estar al borde del siglo XXI, aún no brindan absoluta precisión.

El tema del modelo predictivo, a juicio del Diputado señor Girardi , se viene debatiendo hace más de un año. En este sentido agregó que hacía un año que el Ministerio de Salud y el Colegio Médico estaban solicitando la incorporación de la variable biomédica del modelo predictivo. Incluso, existe un documento que el Ministerio de Salud envió hace un año a la Conama, titulado: “Criterios que deben ser considerados para decretar preemergencia o emergencia en la Región Metropolitana”.

Asimismo, recalcó que el indicador más sensible y fiable es el porcentaje de infecciones respiratorias.

Por vía de ejemplo citó el caso del indicador de consultas por bronconeumonía en relación al total de consultas en sitios centinelas, en el cual se debe indicar estado de alerta cuando se sobrepasa el 3,5 por ciento de las consultas por tres días consecutivos. Preemergencia cuando se sobrepasa el 4,5 por ciento y emergencia cuando se sobrepasa el 5 por ciento.

Añadió que el Ministerio de Salud ha señalado a Conama que dentro del modelo predictivo, la variable más sensible, más que la climatológica, es la biomédica. Eso tiene sentido, porque lo que busca cautelar el modelo predictivo es poder decretar preemergencia y emergencia -que son instrumentos de contingencia- cuando la contaminación ha sobrepasado los niveles que son dañinos para la salud.

Resumiendo, el Diputado señor Girardi señaló que el fracaso del modelo predictivo se debe a que no se ha logrado darle un seguimiento al elevadísimo nivel de enfermedades, consecuencia de la contaminación, y lo mismo se repite en las enfermedades de bronquitis obstructiva, donde aparece un 37 por ciento con este síndrome, lo que demuestra la gravedad de la contaminación.

El Ministerio de Salud y el Colegio Médico han indicado que se podría agregar esta variable como elemento de predicción. Cuando se está en el nivel 4 por ciento -y esta información se puede tener día a día-, poder saber que hay una situación de riesgo y con este antecedente reafirmar la posibilidad de decretar preemergencia o alerta. El Ministerio ha señalado que cuando se llegue a un 5 por ciento, se debe decretar emergencia.

Un modelo predictivo como estaba antes tenía una eficacia o certitud de 50 por ciento, ahora tendrá un 60 ó 65. Con la variable meteorológica presenta un 40 por ciento de rango de error. Resulta difícil aceptar un rango de 40 por ciento de error cuando se trata de toda una comunidad, una población de 4 millones y medio de personas expuestas a mayores riesgos de contaminación. ¿Cuánto es el mayor riesgo de salud que significa para una población haber llegado a un nivel 300, que podría haber sido evitado oportunamente? ¿Cuánto es el mayor riesgo? El Colegio Médico ha dicho que al llegar a nivel 300 aumenta en un 10 por ciento la mortalidad. ¿Cuánto es el mayor riesgo de bronconeumonía y de bronquitis obstructiva? Entonces, si quieren comparar la variable biomédica, el nivel de corte se para. Si se observa la semana 22, casi sobre el 5 por ciento. O sea, si se hubiera incorporado esta variable habría varias semanas en que si no hubiese habido un relajamiento, estaríamos en emergencia.

Respecto de la conducta del viernes, el Diputado señor Girardi dijo que le parecía una conducta de mal criterio porque podrían haber anticipado una preemergencia para el sábado porque se sabía que había un nivel 300. Puesto que cuentan con este dato, y por lo tanto conocen la información. Es cierto que no está incorporada legalmente, pero es una cuestión de sentido común. Las autoridades que están tomando decisiones saben que están en un nivel de 6 por ciento de bronconeumonía y de 37 por ciento de bronquitis obstructiva, además, tienen la variable meteorológica. Al respecto, se mostró partidario de tomar las cosas verdaderamente como son, señalando que se trataba de un problema político. Asimismo, recordó que el documento del Ministerio de Salud establece que hay que bajar los niveles para decretar preemergencia y emergencia. Textualmente dice: “El nivel 500 implica un alto riesgo para la salud, por lo tanto, es necesario adoptar medidas para evitar por todos los medios llegar a este nivel decretando el nivel de emergencia en el índice 400”, y no de 500. El Ministerio de Salud propone decretar preemergencia, en vez de 300, en el nivel 250.

La solución es agregar la variable biomédica, porque si bien no va a ser un sistema ciento por ciento seguro, por lo menos da la posibilidad de que el sistema no sea ciego. Si se mide el daño a la salud, que es el que se quiere cautelar, por qué no tomar la variable a cautelar e incorporar la variable que se tiene que resguardar como un criterio para tomar decisiones de salud, sobre todo cuando el propio Ministerio de Salud la ha estado planteando

A modo de complemento, el señor Ilabaca señaló que el modelo predictivo había significado un avance sustantivo respecto de lo que se disponía anteriormente, sumado al grado de perfeccionamiento a lo largo del tiempo, porque el nivel de incertidumbre que se asociaba a la variable meteorológica se va a ir corrigiendo en la medida en que se vaya observando en qué aspectos puede fallar. Por lo que resulta un elemento extremadamente importante que permite que las medidas se apliquen cuando más se requiere y no por un desfase.

El tema de bajar niveles, por ejemplo, es algo que si se adopta por sí mismo sin considerar la variable meteorológica también tiene la posibilidad de equivocarse y más que el porcentaje de incertidumbre que establece el modelo predictivo. En otras palabras, si hoy se establece a un nivel más bajo del que ahora se adopta, pero no se consideran las variables meteorológicas, al otro día puede haber una condición de aire que permita la ventilación y tener los niveles de contaminación muchísimo más bajos de los que se podría esperar en función de cuál es la herramienta que se está utilizando.

El año pasado, el Ministerio de Salud amplió la incorporación de indicadores, pero con el objeto de actuar en forma preventiva. Precisamente, se quería actuar con la incorporación de variables meteorológicas y este modelo de pronóstico, no como se está planteando en este momento, de utilizarlo conjuntamente. El utilizarlo conjuntamente para perfeccionar y mejorar es algo que se ha planteado recientemente y no hacia atrás. Personalmente, fue partidario de trabajar exclusivamente con constatación de niveles de concentración de contaminantes, y esto era una media móvil de 8 horas para premedir, pero se prefirió lo que estaba planteando la Conama Metropolitana, porque trabajar con una media que agrupara niveles más altos de contaminación en períodos más cortos no era una variable independiente. El indicador biomédico se aplicó el año pasado y puede volverse a aplicar en otra ocasión.

En suma, para actuar anticipadamente frente a un episodio se requiere el conocimiento de variables meteorológicas que permitan saber qué va a ocurrir al día siguiente.

Sobre la condición epidemiológica en el marco que se desarrolla el asunto, no pueden ser considerado en forma independiente, sino que se requiere perfeccionar todo lo que ya existe, ya que es un elemento que está actuando al final de toda la cadena de acontecimientos. Pero, como lo señaló el Diputado señor Arratia , no es un elemento que por sí mismo obligue a tomar medidas de contingencia, puesto que pueden ocurrir situaciones como la de 1995 o de hace algunas semanas, donde los niveles bajos de contaminación del aire registrados durante una semana completa mantenían la situación epidemiológica con el mismo patrón. Por lo tanto, hay momentos en que la contaminación, cuando está elevada, tiene un impacto en la salud y en otros en que ésta presenta una situación de línea de base en relación con el resto del año.

A continuación, el Director Ejecutivo de Conama , señor Rodrigo Egaña , realizó una precisión de los tiempos, fechas y circunstancias respecto de la preparación de la norma de PM 10, que comenzó en 1997 y terminó en este año.

El 14 de agosto de 1997 se puso en discusión la revisión de la norma de PM 10. A partir de ello, se realizó un conjunto de reuniones en las cuales se entregó un recuento de los temas tratados en el comité operativo que revisó la norma. El sentido de esas reuniones fue recoger los antecedentes necesarios para revisar la norma.

El 22 de septiembre, Conama recepcionó un oficio del Ministro de Salud , al que se acompaña un documento de fecha 24 de julio de 1997, en el cual se habla de la variables epidemiológicas, los indicadores de salud, la sugerencia de rebajar los índices para decretar las distintas situaciones. Esto fue discutido e incorporado al dossier de la preparación de la norma. Hubo un amplio debate.

El 7 de noviembre la Conama presentó el anteproyecto de norma, en el cual se tomaron en consideración las sugerencias, algunas de las cuales se desecharon. Ese anteproyecto de norma, que tenía 2 meses de consulta pública, recibió 66 observaciones. Del sector salud llegaron 10, generadas por el Sesma. No llegaron observaciones del Ministerio de Salud como entidad formal, ni tampoco del Colegio Médico, ni de facultades de medicina, ni de sociedades.

El 14 de enero, terminado el período de consulta pública, había instrucciones del Consejo de Ministros de poner en discusión el proyecto de acuerdo de norma, porque existía la decisión del Gobierno de tenerla aprobada en Contraloría antes de que empezara el período de invierno. Esa norma fue discutida en la sesión del 23 de enero.

En esa reunión, la subsecretaria subrogante del Ministerio de Salud señaló, ante el proyecto de norma que estaba sometido a consideración del Consejo de Ministros, que dicha cartera solicitaba la incorporación de los indicadores biomédicos en la formulación de la norma como elemento para predecir situaciones de emergencia. El debate que se planteó, que se reflejó en la norma, fue que los elementos biomédicos era necesario tomarlos en consideración para la gestión de las condiciones de salud en situaciones de emergencia. Con esa consideración, el proyecto de norma fue aprobado por la unanimidad del Consejo de Ministros y sometido a discusión en la Contraloría, el cual fue aprobado a principios de abril.

En la reunión del Consejo de Ministros de mayo de 1998, a partir de toda la discusión pública sobre el tema de los factores biomédicos, se le encargó al Ministerio de Salud y a la Conama revisar nuevamente el tema que se había tenido en consideración a ese efecto. Se hizo una proposición que está en consideración del Ministerio de Salud y éste hizo otra. Hubo una discusión interna. No ha habido una proposición del Ministerio de Salud exacta, precisa y definida sobre cómo introducir los factores biomédicos en esta materia, es decir, con indicadores y medidas ajustadas a los distintos eventos. Hay una acuerdo del Consejo de Ministros que encarga al Ministerio de Salud y a la Conama revisar la materia.

El informe del Ministerio de Salud del mes de julio, que fue entregado y recepcionado en el proceso de generación de la norma en septiembre, fue anterior al contenido del anteproyecto de la norma. La única opinión que llegó al Ministerio de Salud sobre el anteproyecto de norma fue del Sesma.

Insistió en que había habido decisiones de corte político u otros intereses para excluir el elemento de la creación de la norma, porque, primero, no se ajusta a la realidad de cómo fue discutida la norma y, segundo, hay una discusión técnico-científica sobre el tema. Incluso, el Ministerio ha planteado hacer un seminario nacional e internacional para discutir este elemento, cosa que está en la discusión conjunta, porque hay opiniones de personeros muy respetables en su materia que dicen que no es posible incluirlo. El tema de los factores biomédicos es materia de preocupación y debe ser tratado en situaciones de alta contingencia de epidemias, como la que existe actualmente, donde hay una situación del aire relativamente mejor que en otras oportunidades. Igual se han dado altos índices de constatación de enfermedades, porque la situación estructural ha ido cambiando. Entonces, la acusación de que ha habido elementos estrictamente políticos u otros para definir el tipo de norma no se ajusta a la realidad y la situación ha sido distinta.

En el tema de la duración de las medidas, el Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , solicitó saber por qué para las medidas de preemergencia no se tomaba como criterio que la norma durara 48 horas y no un día. A su juicio debería haber alguna correlación cuando se produce un episodio, si se toman las medidas por más tiempo, si es probablemente porque hay menos eventos de preemergencia, independiente de que sea por el modelo nuevo o el antiguo.

Ahondando sobre el particular, el señor Ilabaca expresó que el año pasado, cuando se convocó por Conama a discutir el tema de la norma en situaciones de contingencia que se plantea para generar un mecanismo que se anticipe, que sea predictivo, se trabajaron las variables meteorológicas y en ese entonces la División de Salud Ambiental del Ministerio de Salud presentó el tema de los indicadores biomédicos como algo que se podría anticipar a la toma de decisiones. En esa discusión dicha argumentación no recibió aprobación, porque toda lógica demuestra que la situación biomédica es el último evento de toda una cadena de acontecimientos que parte por las malas condiciones de ventilación.

Sin embargo, en el tema de los indicadores biomédicos, señaló que se habían utilizado el año pasado y que se podían volver a utilizar. Lo que se hizo fue aplicar medidas de tipo administrativas, como pedir al Ministro de Educación que postergara la entrada a clases durante dos días, luego de seis días de altos niveles de contaminación. Ésa fue la forma en que se utilizaron, en función de una situación de alta contaminación durante seis días.

Cuando se aplica una medida de contingencia a fin de superar un determinado nivel de contaminación, ello obedece a que la situación imperante constituye un riesgo para la salud, tema que debe ser analizado con mucha seriedad, por cuanto quienes han planteado la incorporación de indicadores biomédicos deben considerar que en determinado momento los niveles de concentración pueden elevarse, aun cuando ello no se refleje en mayores consultas médicas. El director de Sesma se manifestó de opinión que las medidas de contingencia ambiental debían aplicarse en el evento de que existiera una alta concentración contaminante, por cuanto se corre el riesgo de afectar a niños, mujeres embarazadas y ancianos, quienes son los más susceptibles de contraer enfermedades respiratorias. Todas las investigaciones epidemiológicas internacionales demuestran que aunque la concentración de contaminantes sea baja, de todas formas la población más susceptible contraerá enfermedades. Por lo tanto, las medidas deben adoptarse siempre y cuando se detecten niveles elevados de contaminación. Por esa razón, se decretó preemergencia ambiental el 17 de septiembre del año pasado y el 23 de marzo pasado.

El señor Ilabaca rectificó que la duración del actual modelo y el anterior sólo permiten tomar medidas en forma absoluta y de un día para otro, salvo en lo relativo a la alerta, que se generó a partir de una disposición presidencial y en función de una resolución dictada por el Ministerio de Transportes.

En cuanto al modelo predictivo, señaló que éste está desarrollado para considerar los parámetros día a día y no fue concebido para dictar medidas, por ejemplo, con 48 horas de anticipación.

En relación con el tema del monóxido de carbono y las normas horarias, el Director de Conama Metropolitana expuso que se había analizado bastante la posibilidad de imponer una norma que considerara 8 horas en lugar de 24 ó una de 24 en vez de 48. Cada una tiene una virtud: la norma de 8 horas tiene la ventaja de detectar mejor episodios cortos y de alta contaminación, y las de mayor duración la de pesquisar con mayor precisión situaciones de mantención sostenida de altos niveles de contaminación. Finalmente, se optó por aplicar la de 24 horas, por cuanto esa norma horaria permite una capacidad de respuesta más adecuada. Si se hubiera optado por la norma que considera 8 horas, no se habría tenido capacidad de reacción. Se trata de una decisión de política pública, pero basada en criterios científicos que toman en cuenta la capacidad de respuesta. De esa forma, la población se ha podido ordenar de mejor manera, lo que resultaría imposible si las órdenes se cambiaran cada 8 ó 48 horas.

A propósito de los criterios biomédicos, sostuvo que tenía la impresión de que se dan por obvias y se mitifican determinadas cuestiones. Por ejemplo, ciertos centros de estudios y la Sofofa mitifican el hecho de que se puedan compensar las emisiones lavando las calles. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Sin embargo, a la mitad del país le parece una solución obvia. En tal sentido, también parece obvia la incorporación de criterios biomédicos. Se ha dicho que este tipo de situaciones no ocurren en otros lugares por una dificultad: estamos tratando de anticiparnos a los hechos, pero se olvida que las enfermedades son causadas por la contaminación. Por eso, lo que se necesita es anticiparse a ella a fin de tomar medidas oportunas y efectivas. En el episodio ocurrido el fin de semana, era mucho mejor aplicar la medida de preemergencia el viernes, es decir el mismo día en que se verificaban altos niveles de contaminación, que el sábado o domingo, cuando ya éstos se encontraban en franco descenso.

De manera que lo primordial, indicó, es analizar los criterios biomédicos, discutir cómo incorporarlos y no darlos por obvios. ¿Qué pasaría si nos encontramos con una epidemia en enero y no existe contaminación? ¿Que pasaría si se diera esa situación en una semana de lluvia sostenida? En tal sentido, no es tan obvio que los criterios biomédicos cumplan con esos requisitos. De hecho, en las primeras semanas de junio los índices de contaminación no fueron altos; sin embargo, hubo una epidemia y los hospitales se llenaron. Situaciones como ésa llevan a pensar que situaciones que parecen obvias no lo son.

El Diputado señor Olivares solicitó efectuar una comparación entre el modelo descriptivo y los indicadores biomédicos.

Indicó que, a su juicio, en la medida en que vaya disminuyendo el índice, la posibilidad de rango de error de este método predictivo -los indicadores biomédicos- cada vez van a ser menos necesarios. Aún más, si esto se hace día a día, las enfermedades que se vayan produciendo serán por otra causa.

Expresó que le parecía muy azaroso introducir indicadores que, en realidad, eran multifactoriales, y que no dan cuenta de la contaminación de Santiago.

Comparando la situación de Concepción y Santiago, señaló que Concepción probablemente contaba con una mejor red asistencial primaria que en Santiago, puesto que existen muchos consultorios abandonados por los médicos. Los resfríos comunes y los estados gripales se transforman en bronconeumonías al cabo de tres, cuatro o cinco días por la falta de atención.

En cuanto a la calidad térmica de las viviendas, recalcó que en Concepción están mejor preparadas para resistir el frío y la lluvia, como queda demostrado con una mera observación: cuando allá llueve mucho no hay grandes inundaciones. En cambio en Santiago llueve un poco y se inunda. Hay una mejor preparación. Así, por ejemplo, el grado de hacinamiento de Santiago no se puede comparar con el de Concepción. Los colegios están más atiborrados. Hay más edificios con departamentos. Los espacios son menores.

El Diputado señor Arratia , planteó que parecía una contradicción cuando se habla de las variables biomédicas, sin embargo, si se formulan con un estilo distinto, en forma clara y concreta, no hay contradicciones. Por ejemplo, si en enero hay una crisis, con un cuadro viral que afecta y hay una consulta pediátrica por cuadros broncopulmonares, que supera el seis por ciento, lógicamente, se va a considerar ese elemento. Sin embargo, se debe entender, que ése no va a ser el único criterio que se considerará. Es un elemento más a considerar dentro del diagnóstico y del tratamiento. Ahora, si en un día se supera el seis por ciento de las consultas por bronconeumonías pediátricas, en julio, esto va a tener otro significado. Aquí es donde se debe aportar flexibilidad al sistema. La variable biomédica no es el único elemento.

Sostuvo, además, que aplicar el criterio biomédico, en términos de instalar el sistema, no tiene costo. El sistema está desarrollado y los servicios de salud tienen un control diario epidemiológico, lo que está sucediendo en todos los consultorios de Santiago. Basta con que el director del servicio le pida a los directores de hospitales o de servicios, y va a tener la información día a día. Hay secretarios, personal médico, paramédico, etcétera.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló compartir plenamente la opinión del Diputado señor Girardi respecto de la responsabilidad política de las autoridades. Expresó que ésta no era una Comisión técnica, sino política. Y, por lo tanto, lo que correspondía establecer eran los criterios por los cuales las autoridades responsables de aplicar las medidas las han o no tomado, en donde las variables científico-técnicas o médicas son importantes, pero aquí se ha establecido, de manera reiterada, que el concepto de la arbitrariedad en la toma de las medidas es permanente. En su opinión, hay una responsabilidad cuando un documento oficial de la Dirección de Salud Ambiental tiene un año en el Gobierno, conocido por el Consejo de Ministros de la Conama, con recomendaciones sustanciales para contribuir a proteger la salud del pueblo, no ha sido considerado. Porque, además, el tema del 2,5, de reducir los parámetros, que tiene más de un año a la fecha no ha sido considerado por el Consejo de Ministros, por la Conama ni por el Sesma.

Entonces, aquí hay un criterio político de arbitrariedad que no ha sido considerado, lo que en su opinión apunta al establecimiento de que si efectivamente hay responsabilidad o no, porque cabe preguntarse, cuántas personas han muerto, producto de que no se han tomado estas medidas.

Volviendo a un aspecto esencial, sobre la factibilidad de que el éxito o fracaso del plan determine o no cuántas muertes se produzcan, señaló que en definitiva, se está hablando de la vida de las personas y no de índices más o índices menos; cómo esto afecta a las personas, cuántos niños con bronquitis obstructiva o cuántos niños han muerto producto de esta situación o cuántos podrían morir.

Su duda dice relación con si la falta de decisión de parte de las autoridades de la salud y de la Conama, se debe a la falta de capacidad jurídica constitucional para tomar las medidas o a negligencias funcionarias que deban ser sancionadas o, en definitiva, hay un análisis científico-técnico que sustente lo contrario a lo que un grupo muy importante de la sociedad está planteando, en especial por millones de santiaguinos que lo plantean.

El Diputado señor Rincón solicitó formalmente que respecto del documento tantas veces aludido, llegue debidamente firmado a la Comisión por la persona que responsablemente lo emitió.

Expresó que le parecía obvio que los temas de la norma y de las facultades que tiene determinada autoridad no dicen relación con la autoridad, porque ésta no fija la norma, sino que la aplica. Por lo tanto, si existe un parámetro verdaderamente reglado -en un país legalista y exegeta en lo jurídico como el nuestro- es obvio que la autoridad debe aplicar la norma como está. Si además existe doctrina constitucional o jurisprudencia de alguna determinada instancia, y cuando este tema ha sido confrontado a nivel jurídico, legal o constitucional, es obvio que la autoridad debe ser cautelosa cuando aplica la norma, más aún cuando también existen instancias privadas, como la Sofofa u otras, que pueden reclamar o impugnar una mala aplicación de la misma.

Según su criterio lo importante es establecer que el tema de fondo es la norma, su conceptualización y su diseño, no su aplicación.

En consecuencia, expresó, que encontraba que las discusiones eran un tanto banales, pues el tema central no era el establecimiento de un sistema que permita predecir adecuadamente la emergencia en la Región Metropolitana para poder contaminar tranquilos, sino diseñar un plan de descontaminación que permita tener un nivel o calidad de vida mejor, lo cual pasa, de una u otra manera, porque existan incentivos para el desarrollo de las regiones, a fin de que no exista una tremenda cabeza hipertrófica con casi seis millones de habitantes, en una población nacional que no llega a los catorce millones.

Lo esencial a su parecer es el tema de la generación de las condiciones que permitan descontaminar Santiago , para lo cual se debe desincentivar el proceso productivo, comercial y de vida de Santiago, porque si se analizan las cifras se encontrará que hay datos que señalan que diariamente ingresa una gran cantidad de personas a vivir a la capital, lo que implica que esa misma gente está emigrando de las regiones. De lo anterior, resulta indispensable precisar si el tema de fondo es contar con un sistema de predicción tal que se pueda contaminar con la conciencia tranquila, que permita que cuando la contaminación llegue a niveles muy altos se pueda regular, o si, por el contrario, se trata de ver cómo descontaminar Santiago , por la vía del incentivo a las regiones, lo cual puede incluir políticas de carácter tributario para el incentivo del desarrollo de las mismas.

Finalmente, el señor Ilabaca , Director de Sesma , realizó una breve exposición sobre diversos aspectos de su servicio.

-Evaluación de la capacidad de fiscalización del Sesma y evolución de sus recursos:

Al respecto, indicó que la misión esencial de Sesma, es “proteger la salud de la población de los riesgos presentes en el ambiente”, la que es cumplida a través de las siguientes líneas de acción: a) Participación en el proceso de Formalización de Actividades Productivas; b) Desarrollo de una Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica de los elementos del ambiente y su impacto en salud; c) Fiscalización de Control de las actividades autorizadas; d) Atención de denuncias de la comunidad; y e) Promoción de los principios de Salud Ambiental, incorporando, además, a otros sectores.

De lo anterior se desprende que este Servicio es eminentemente preventivo, que basa su estrategia en fomentar y motivar prácticas seguras en relación al ambiente para evitar riesgos en salud. En este contexto, la fiscalización es un elemento más dentro de esta estrategia, de gran relevancia sin duda, por su efecto aleccionador y disuasivo hacía quienes no respeten la normativa.

Sesma ha centrado su estrategia en la coordinación con los municipios y con otros Organismos del Estado, físcalizadores o de fomento productivo, con el objeto de difundir la normativa de salud ambiental e incentivar la formalización de las actividades económicas para que se cumplan en forma rigurosa, de manera que éstas minimicen las posibilidades de causar riesgos a la salud ambiental.

De esta forma es posible observar, en los últimos 4 años, un número creciente de actividades que acuden al Sesma a iniciar sus trámites de formalización de actividades y una tendencia a la baja en los indicadores de riesgo de acuerdo a la Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica. Al mismo tiempo ha sido posible percibir una reducción en el número de denuncias presentadas en el Sesma, no obstante mantener, en el período, una política de incentivar las denuncias por parte de la comunidad.

Simultáneamente, la estrategia de Promoción de la Salud antes descrita, ha permitido obtener resultados más costo-efectivo que mediante un trabajo meramente punitivo o de fiscalización, en áreas como la prevención de enfermedades digestivas infectocontagiosas, zoonosis, accidentes y enfermedades profesionales, al incorporar aspectos de educación comunitaria. Esto como consecuencia de una adecuada estrategia de intervención poblacional que motiva cambios conductuales y el desarrollo de destrezas en las personas, que les permitan a su vez identificar y prevenir los riesgos ambientales, manteniendo sana a sus familias.

Dentro del ámbito de la fiscalización, se pueden destacar los resultados, expresados en estadísticas comparables, es decir registrada y procesada en forma similar, a contar de 1993 a 1997.

En 1993, el presupuesto del Sesma ascendió a $ 1.781 millones, con 281 funcionarios en total al término del período, sumados fiscalizadores y administrativos. De éstos, sólo 124 correspondían a personal profesional en labores fiscalizadoras. Con esos recursos se inspeccionaron, por solicitudes de formalización, un total de 21.748 actividades; por inspecciones programadas (aquellas establecidas en forma programada por el Servicio de acuerdo a criterios preventivos), se realizaron 15.481; se fiscalizaron 6.484 denuncias de la comunidad; y se iniciaron un total de 3.267 sumarios sanitarios, todas estas actividades realizadas por los distintos programas del Sesma,

El presupuesto de 1997 fue de $ 3.678 millones, con un total de 430 funcionarios, 224 de ellos profesionales destinados a labores de fiscalización. Así mismo se realizaron durante todo el año 1997 un total de 29.030 inspecciones por solicitudes; 32.580 inspecciones programadas; 6.550 sumarios sanitarios y se atendieron 6.760 denuncias ingresadas por la comunidad.

Es decir, en el período comprendido entre 1993 y 1997, este Servicio logró duplicar su presupuesto, incrementó los recursos humanos en casi un tercio y mejoró sustantivamente el nivel de profesionalización del personal fiscalizador, el que creció casi en un 100%. Con estos recursos el Sesma formalizó casi un tercio más de actividades, duplicó el número de fiscalizaciones según planificación de los distintos programas, se inició el doble de sumarios sanitarios y las denuncias cayeron casi al mismo nivel que en 1993, luego de ascender en 1994 a 9.530, a 10.506 en 1995, y a 8.373 en 1996, lo que demuestra un importante impacto de la acción preventiva de este Servicio.

Otros parámetros interesantes de analizar corresponden al número total de inspecciones realizadas por funcionario fiscalizador, registrándose información comparable sólo a contar de 1995, luego de la creación de la Unidad de Control de Gestión y la implementación del sistema de indicadores de gestión. De esta forma se pueden resaltar que en 1995 cada funcionario de terreno realizó en promedio 464 fiscalizaciones, En tanto que en 1997 cada uno efectuó en promedio 565; es decir un 18 % de aumento.

Aparte del número de actividades, también se ha registrado entre 1995 y 1997, una significativa disminución de los tiempos de respuesta a las solicitudes de formalización, reduciéndose a la mitad el número de solicitudes respondidas en más de 90 días (incluyendo los días que son de responsabilidad del titular de la actividad); y se registra un 16,5 % de caída en los tiempos de respuesta en menos de 30 días.

También es importante considerar, en lo referente a ámbitos de Fiscalización, que en estos 4 años y fracción, el Sesma ha expandido su trabajo a nuevas áreas de la salud ambiental, creando unidades que antes no existían. Es el caso del Programa de Medicina del Trabajo, que desde 1995 desarrolla acciones de fiscalización y prevención de accidentes y enfermedades profesionales en microempresas y en actividades laborales de mayor riesgo. Para graficar la importancia de esta nueva unidad, es necesario considerar que ella es responsable de fiscalizar las actividades de la construcción en forma permanente, situación que con anterioridad prácticamente no era inspeccionada, debido a los escasos recursos y enormes necesidades y prioridades del Servicio.

A contar de 1996 se crea la Unidad de Ruidos, al interior del Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas, que participa activamente en la redacción de nuevas normativas sobre este tema y mejora sustantivamente la evaluación del ruido en los Estudios de Impacto Ambiental.

En 1996 se crea el Laboratorio Ambiental del Sesma, con lo cual se triplican las 15 mil muestras que este Servicio enviaba al Instituto de Salud Pública, realizando en la actualidad más de 45 mil análisis de muestras de Aguas y Alimentos, en Vigilancia Sanitaria en la Región,

A fines de 1997, se inaugura la Unidad de Atención del Usuario, la que ha permitido mejorar la accesibilidad a los interesados, sus actividades productivas y, por ende, estimular un mayor número de establecimientos para que cumplan las condiciones sanitarias exigidas.

A inicios del segundo trimestre de 1998 se creó el Departamento de Vigilancia Sanitaria, el cual permite mejorar la gestión de los programas técnicos del Servicio, al reducir el número de programas a cargo del Departamento Técnico -concentrando su accionar en las actividades de mayor relevancia- y crear una repartición que desarrolle análisis y elabore propuestas en torno a la vigilancia sanitaria y epidemiológica.

Es importante señalar que todas estas nuevas unidades, en lo concerniente a contratación de recursos humanos adicionales, arriendo de espacio físico e inversiones (como en el caso de Laboratorios), han sido financiadas íntegramente a través del presupuesto de este Servicio, en un esfuerzo propio, sin mediar aportes especiales de otros organismos. Esto ha sido logrado fundamentalmente gracias a una gestión financiera ordenada, en lo cual contribuyó en forma sustantiva el desarrollo de un proceso de Planificación Estratégica, el que se inicia a contar de 1994.

-Cumplimiento de metas de fiscalización.

Respecto de las metas institucionales, este Servicio ha dado un efectivo cumplimiento a cada una de las metas de Compromisos de Gestión en lo concerniente a áreas de fiscalización, desde 1995 a la fecha, cuando se introduce por primera vez en el sector salud esta metodología de evaluación de la gestión.

-Evolución presupuestaria, en miles de pesos:

1990 664

1991 1.205

1992 1.531

1993 1.781

1994 2.613

1995 2.707

1996 3.160

1997 3.678

1998 3.882

En estas cifras se observan dos grandes incrementos, correspondientes al año 1991, en que el presupuesto del Sesma crece gracias a los aportes de la Campaña del Cólera; y luego en 1993-1994, en que se actualizan y elevan los aranceles que cobraba este Servicio por los distintos permisos y certificados. Posteriormente, el incremento permanente de la actividad global del Servicio, junto a una ordenada gestión financiera, sustentó el crecimiento del presupuesto en los años siguientes.

-Estación de Pudahuel:

En general esta Estación de Monitoreo ha venido registrando en el último mes, niveles menores que a principios de la temporada de frío, y relativamente menores respecto de otras estaciones como El Bosque y La Florida; pero al mismo tiempo mayores que Las Condes y Providencia.

-Grado de peligro al que queda expuesta la población:

Los períodos en que se registran los mayores niveles de contaminación son fundamentalmente nocturnos. En el sector poniente, Sur y Sur oriente, esto ocurre principalmente al caer la noche hasta entrada la madrugada, período de tiempo en que la población, en su mayoría, se encuentra compartiendo ambientes interiores, cerrados y, en esta época del año, con algún tipo de calefacción, por lo que el riesgo de respirar aire exterior es menor.

-Planes de prevención más sectoriales:

Es importante considerar que los contaminantes atmosféricos migran de un lugar a otro, sujeto a las modificaciones en la ventilación y de la inversión térmica, entre otros aspectos, por tanto, los niveles registrados en una estación un día determinado, pueden registrarse al día siguiente en otro punto de la cuenca de aire de Santiago. De esta forma, las medidas preventivas recomendadas a la población deben ser siempre las más conservadoras e incluir a toda la población.

-Variables biomédicas:

Este tema se encuentra ya zanjado, en el sentido de un importante acuerdo entre la Conama y el Minsal, en torno a incorporar estas variables para perfeccionar el sistema de declaración de contingencias, habiéndose descartado como mecanismo para desencadenar por sí mismas las emergencias, dado que no son variables independientes. Al contrario, corresponden al último evento en ocurrir en toda la cadena de acontecimientos, gatillado por la mala ventilación de la cuenca, luego de lo cual se constata un aumento de los niveles de contaminación, que de persistir por algunos días, y en concentraciones elevadas, van a impactar en un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias explicadas directamente por la mala calidad del aire.

-Dependencias del Sesma:

Éste es uno de los 29 Servicios de Salud que conforman el Sistema Nacional de Servicios de Salud, es descentralizado, teniendo cada Servicio un patrimonio y personalidad jurídica propio. Al mismo tiempo, cada Servicio desarrolla acciones operativas, en tanto que al Ministerio de Salud le cabe un rol normativo-regulador y de supervisión. En este contexto, el Director de los Servicios de Salud y del Sesma es nombrado por el Ministro , estando bajo la dependencia administrativa del Subsecretario de Salud .

-Grado de discrecionalidad:

Respecto de la ?discrecionalidad?, este Servicio se rige por el Estatuto Administrativo y debe cumplir con todas las normas y regulaciones en materia de salud ambiental emanadas del Ministerio de Salud.

D) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Asistieron el Ministro y Subsecretario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señores Claudio Hohmann y Andrés Wallis .

El señor Hohmann , Ministro de Transportes y Telecomunicaciones señaló que el sector transporte era contaminante por naturaleza, por cuanto está constituido por medios motorizados que utilizan el petróleo y sus derivados para propulsarse. Las pequeñas y grandes ciudades de todo el mundo dependen cada vez más del transporte motorizado público y privado para satisfacer las necesidades de movilidad de la población, necesidades que aumentan en la medida en que los países crecen y se desarrollan. En este sentido, Santiago no constituye una excepción; por el contrario, se trata de una ciudad que ha crecido en forma sustantiva, como también, sus necesidades de movilización. En los años 70, una persona realizaba un viaje diario y hoy realiza tres. Eso revela hasta qué punto la población tiene necesidad de movilizarse.

En septiembre de 1992, se aplicó por primera vez en las Región Metropolitana, y Regiones Quinta y Sexta (estas dos últimas no presentan contaminación, pero sí una alta circulación vehicular), la norma EPA 87 para vehículos livianos, cuyo peso bruto fuera inferior a los 2.700 kilos, norma que impone que el vehículo cuente con dispositivo catalítico e inyección electrónica. Esta reglamentación se puso en funcionamiento mucho antes que en cualquier otro país de Latinoamérica, incluido México (que presenta niveles de contaminación tanto o más agudos que los registrados en Santiago).

A partir de 1994 y por diversas razones, la norma EPA 87 se extendió a todo el país y se impuso como requisito para todos los vehículos que ingresaran a Chile. Como información adicional, cabe consignar que en la actualidad casi la mitad del parque automotor de Santiago cumple con dicha norma.

En resumen, ésa fue la primera norma importante, cuya implementación obligó a hacer un esfuerzo económico a quienes compraban vehículos en Santiago y en el país a fin de adquirir dispositivos catalíticos y de inyección electrónica. Se trata de una de las normas más severas que se aplican al transporte privado en el mundo.

A partir de septiembre de 1995, se estableció la norma EPA 87 para todos los vehículos del país, cuyo peso bruto alcanzara entre los 2.700 y 3.860 kilos. Como se ha expresado, esta norma obliga a los vehículos a funcionar con dispositivos catalíticos y de inyección electrónica. De manera que desde 1995, tanto los vehículos particulares como los comerciales bencineros comienzan a cumplir normas bastante estrictas.

Ahora bien, los buses que funcionaban en Santiago en las décadas del 70 y del 80 provenían de un escenario donde no existían normas, o si las había, eran muy difusas. Sin embargo, a partir de 1993, a través de la licitación de recorridos, comienzan a imponerse las normas EURO 1 (regla europea para buses diesel) y EPA 91, la norma más exigente hasta ese momento para ese tipo de vehículos.

Luego, en septiembre de 1996, el Ministerio de Transportes establece que todos los vehículos nuevos deben cumplir con las normas Euro 2 y EPA 94, las más exigentes hasta ese instante. De hecho, la norma EPA 94 es la más severa. Lo que se ha detectado porque algunos buses importados directamente de Europa han tenido problemas para cumplirla.

En cuanto a las normas EPA 98 y Euro 3, reglamentaciones europeas y norteamericanas que van a entrar en vigencia en ambos continentes para este tipo de vehículos, podrían ser incluidas en vehículos nuevos. Es decir, los motores de los buses que entran a Santiago desde septiembre de 1996 cumplen con normas muy exigentes -Euro 2 y EPA 94-, lo que se ha reflejado en un aumento del costo para los operadores cuando tienen que comprar un bus nuevo dotado con estos motores o cuando tienen que reemplazarlos.

En camiones y otros vehículos de peso bruto mayor de 3.860 kilos, las normas Euro 1 y EPA 91 empezaron a regir desde septiembre de 1994, y desde septiembre de 1998. Muy pronto, empezarán a regir las normas Euro 2 y EPA 94.

El Ministro señor Hohmann recalcó que le parecía que no existían estándares o normas mucho más exigentes que las que se aplican en el país. Estas normas se aplican en ciudades o lugares donde hay mayor contaminación en el mundo desarrollado o donde hay mayor preocupación. La siguiente etapa sería utilizar nuevas normas publicadas en esos países, como EPA 98 o Euro 3 o normas de cero emisión, como los vehículos eléctricos, lo que tiene otras consecuencias, pero que, desde el punto de vista ambiental, es un aspecto muy importante.

¿Cumplen los vehículos de la locomoción colectiva de Santiago con las normas EURO 2 y EPA 94?

Frente a una pregunta del Diputado señor Sánchez , el Ministro respondió que 4.384 vehículos de locomoción colectiva cumplen las normas EURO 2 y EPA 94, lo que había representado un costo muy importante para los empresarios y usuarios.

A continuación el señor Ministro abordó temas relacionados con realizaciones, que se habrían hecho sin problemas de contaminación en Santiago; pero que han repercutido favorablemente en el problema de contaminación. Las dos líneas del Metro de Santiago, que se construyeron en las décadas del 70 y del 80, tenían que ser expandidas en el sistema a una tercera línea y, ahora, a una cuarta y quinta líneas.

La construcción de la línea 5 del Metro ha demandado 490 millones de dólares, para una transferencia de 138 mil pasajeros al día, desde medios alternativos, que utilizan combustibles fósiles o producción de congestión en la avenida Vicuña Mackenna . Ésta es la obra de infraestructura más grande de la década. Es una obra de transporte urbano, de transporte público, en la ciudad de Santiago, hecha con un esfuerzo muy importante, porque no es una obra totalmente financiada por el Estado, sino que también, en parte, financiada por los propios usuarios, a través de una política tarifaria que ha ido subiendo paulatinamente, lo cual es consistente con la idea de que son los usuarios de Santiago los que tienen que pagar por resolver sus problemas, y no necesariamente el resto del país, en especial si se considera que otras líneas de Metro deberán seguir en construcción. Actualmente, el Ministerio, a través de Sectra, está analizando cuáles serían los proyectos más atractivos de expansión del Metro -las líneas 4 y 5- que se espera sean construidas la próxima década para finalizar con el plan inicial que constaba de cinco líneas. Es decir, se ha hecho un importante esfuerzo financiero para el Estado y, por supuesto, un esfuerzo administrativo de enorme significación.

Luego, en cuanto a la regulación del transporte público, está el retiro de buses de antigüedad superior a 18 años. Un primer esfuerzo logró el retiro de 2.700 buses en 1991. Eran buses que tenían hasta 30 años de vida. Fue un proyecto que otorgó recursos para comprar esos 2.700 buses. El Ministerio de Transportes consideró que éste era un primer paso importante para el sistema de transporte público de Santiago, que estaba muy obsoleto, con una edad media de casi 12 años de promedio; hoy, está más o menos en cuatro. En este tema las inversiones han sido del orden de 4 millones de dólares.

Existe, también, un programa que retira todos los años los buses que tienen más de 18 años. Esto significa que, en promedio, anualmente se están retirando, dependiendo del año, 300 a 400 buses, incluso hasta 500. Esto se ha venido realizado todos estos años en forma normal. De hecho, en Santiago son pocos los buses que llegan a cumplir la mayoría de edad, porque, entre otras cosas, existen incentivos, a través de la licitación, para tener buses más modernos. Eso significa que se han ido eliminando paulatinamente las fuentes más contaminantes, porque todavía un bus que tiene 18 años está construido con una tecnología muy contaminante. Tenían motores diesel que no cumplían con normas como las que ya se señalaron. En pocos años más los buses que se vayan retirando y que cumplan 18 años estarán dotados de motores mucho menos contaminantes. Ahí comenzará una gran ganancia ambiental desde el punto de vista del transporte público.

La segunda realización más importante, y que quizás sea la clave de la modernización del transporte público en Santiago, ha sido la licitación de recorridos, mediante la cual se entregaron atribuciones al Ministerio para regular el sistema de transporte público. Este mecanismo se ha utilizado en variadas oportunidades, logrando un uso más racional de las vías y de los vehículos.

La licitación ha requerido algo menos de 500 millones de dólares, utilizados para modernizar el transporte público de superficie en Santiago. Esta cifra representa otra línea de Metro invertida en Santiago, no por el Estado, sino por el sector privado, que han pagado también los usuarios a través de la tarifa, para modernizar el sistema de transporte de Santiago.

Se puede afirmar que el actual es el parque más moderno que ha tenido el transporte público en su historia. Las aspiraciones exigen que sea mucho más moderno y que vaya a la par con el desarrollo del país; se ha intentado una modernización muy sensible, que ha tenido el costo señalado.

Está el plan piloto de buses a gas natural comprimido, que se está elaborando en conjunto con Conama y la Intendencia Metropolitana , con una inversión de 250.000 dólares. Se quiere validar la conveniencia económica y ambiental del uso del gas natural en buses en Santiago, lo que traerá un impacto sobre la tarifa que deben pagar las personas, porque estos buses son más caros.

Sería necesario saber qué impacto tendrá en el empresariado la adquisición de buses a gas, porque no por el cambio de tecnología su manera de mantener los buses va a cambiar. Si una persona ha comprado un bus diesel, y transcurridos ocho años no lo ha mantenido en forma rigurosa, razón por la cual el bus emite en forma visible, probablemente lo mismo va a pasar con un bus nuevo a gas, si no es mantenido adecuadamente. A ello se agrega el agravante de que el gas es invisible; ahora, como el diesel es visible, es posible establecer programas de fiscalización.

Se piensa que Santiago podría beneficiarse con el gas natural, pero es necesario implementarlo bien, a fin de garantizar a la ciudad un estándar económico razonable y que, por esa vía, se lograra descontaminar.

En relación con las tecnologías descontaminantes en vehículos, el Ministro Hohmann señaló que existían 400.000 vehículos equipados con convertidor catalítico en la Región Metropolitana. Se cree que el promedio de las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos se ha reducido en el orden de diez veces en relación con los automóviles convencionales. Esto es muy notable y es un avance muy significativo. Se ha tenido información de que en ciudad de México se estableció la obligación de normas que llevan al uso del catalítico, sólo desde hace un año, en circunstancias de que en Chile rige desde 1992. Casi la mitad del parque está catalizado, lo cual tiene efectos muy importantes sobre la emisión unitaria por vehículo. No obstante, no se puede despreciar el hecho de que el parque vehicular, en su conjunto, ha estado creciendo por efectos del crecimiento económico.

Respecto del sistema de reducción de emisiones en buses, un total de 4.384 buses cumplen las normas EPA o EURO. Se piensa que las emisiones de partículas se han reducido en un 54 por ciento respecto de los buses convencionales. Como los buses nuevos son más caros, hay una tendencia en el empresariado a mantenerlos mejor, porque hay un capital de riesgo involucrado. Debido a ello, se podría estimar que los buses nuevos también tienden a ser mejor mantenidos, con lo cual la ganancia en la reducción de material particulado podría todavía ser mayor en el largo plazo.

En 1989, antes de la licitación, se habían reconocido 11.122 buses en Santiago. Pero se tiene la firme impresión, por la cantidad de buses que se retiraron en 1991, de que éstos llegaban al orden de los 13.000 en Santiago. No todos operaban todo el día, ni todas las semanas ni todos los meses, porque eran buses bastante antiguos. Después de la licitación, existen 8.400 buses licitados y otros que corresponden a servicios de conexión con el Metro, rurales y otros, que están en el orden de 600. Por lo tanto, se está hablando de unos 9.000 buses en Santiago. Estos números están muy bien chequeados, porque hoy existe una obligación legal de mantener registros, además de la acción del departamento de fiscalización que permite saber cómo está la situación en términos de cumplimiento. Si se observa una calle común y corriente, como Bandera, Alameda o Vicuña Mackenna , que son circuitos licitados, se comprobará que es difícil cortar, a una hora razonable, buses que se han denominado “piratas”, esto es, que no tienen un cartón licitado, o sea, una patente que les permita hacer ese recorrido. En la base de datos de los buses licitados, el inspector fiscal del Ministerio sólo digita la patente y sabe si hay uno de los que los empresarios denominan “buses piratas”. Normalmente, eso se da más en la noche, muy en la noche, que son horas en que el departamento de fiscalización no siempre puede actuar. Pero, en todo caso, se da de una manera bastante reducida, lo cual quiere decir que en Santiago, si bien ha crecido el parque vehicular en su conjunto, los buses han disminuido y son menos contaminantes. Además, se va reduciendo mucho la contaminación de los buses, porque cada año se van retirando los más antiguos.

El efecto del sistema de convertidor catalítico en automóviles es muy destacable. En rigor, en Santiago, si se mantuviere el parque en el mismo nivel, de un año para otro, lo que se estaría produciendo con la obligación de comprar un auto que porta el sistema catalítico y el sistema de inyección electrónica -sin los cuales no se puede pasar una revisión técnica-, se produciría una enorme reducción de la contaminación que emiten los vehículos que se incorporan al parque vehicular. El problema es que está creciendo mucho el parque vehicular de un año a otro, y eso no es algo que se pueda controlar.

El departamento de fiscalización del Ministerio, que se consolidó el año 1994, ha realizado un promedio de 18.000 controles en la vía pública. Es un departamento que hace una labor tremendamente fuerte, especialmente en lo que es el control de emisiones en la vía pública, en conjunto con Carabineros. Se estima que desde septiembre de 1993 en adelante se ha producido una reducción de emisiones muy sensible, probablemente en torno del 50 por ciento.

El control centralizado de semáforos es un proyecto que se realiza a partir de principios de 1990, y que se consolida en estos tiempos. Se está hablando de un sistema que, quizás, es el más moderno de Latinoamérica. Prácticamente los 1.400 semáforos que existen en Santiago están conectados hoy a una sala de control. Se está hablando de 1.364 semáforos conectados a una sala de control, con una inversión aproximada de 30 millones de dólares. Este sistema va poniendo cada año más inteligencia al control de semáforos. Suele ocurrir que la gente ve un semáforo y cree que no es una cosa apreciable. Pero en un viaje común y corriente, cualquiera puede cruzar perfectamente intersecciones semaforizadas, y si todas estuvieran operando como operaban en décadas pasadas, obviamente habría un problema realmente terrible en Santiago. Sin embargo, a este sistema se la ha ido dotando de una capacidad de inteligencia notable, aprovechando la computación.

El aporte en este sentido ha significado reducciones significativas del monóxido de carbono, hidrocarburo, probablemente en torno del 30 por ciento en algún caso, o del 23 por ciento en otro, por la vía de reducir el tiempo en que los vehículos están operando en las calles. Es un proyecto que deberá seguir expandiéndose. Hoy, del total de los semáforos, aproximadamente doscientos son completamente inteligentes. ¿Cuándo un semáforo es completamente inteligente? Cuando detecta los flujos que están demandando semáforos de uno u otro lado en las ramas que convergen a una intersección. Ese semáforo es muy sofisticado y cuesta mucho dinero. Se espera ir dotando al sistema cada vez de más semáforos computarizados. Los otros operan con sistemas prefijados, es decir, el computador puede administrar ocho, diez, quince programas distintos durante el día. Ahora, es difícil mantenerlos actualizados, porque si en una intersección -ya sea por los efectos que produce un colegio o la instalación de un nuevo edificio- cambia el flujo, de un año a otro se debe estar monitoreando una cantidad enorme de semáforos para ir viendo qué programa le conviene a ese semáforo, pero aun así es un sistema de un tremendo potencial reconocido por los expertos. Hoy, en Sao Paulo se está construyendo un proyecto muy parecido, en donde uno de los contratistas es Sonda que, precisamente, fue contratado por su experiencia en Santiago.

Se ha dado prioridad a los buses con el sistema de paradas diferidas, el cual en la Alameda ya lleva cuatro años de ejecución y está plenamente operativo. Llevarlo a cabo tomó una inversión del orden de los 500 mil dólares. Se ejecutó en conjunto con la Municipalidad de Santiago y se estima que, en el tránsito de los buses que operan por la Alameda, ha permitido disminuir en un 30 por ciento las emisiones. De no contar con este sistema operativo de paradas diferidas en la Alameda habría un grave problema de congestión. Por otra parte, se tiende a olvidar la situación que había antes del retiro de 2.700 buses en la Alameda, cuando las calles estaban copadas de buses en algunos puntos.

La municipalidad de Providencia en conjunto con el Ministerio hizo una inversión del orden de los 800 mil dólares, lo que se ha traducido en un tránsito más fluido de buses lo que ha permitido disminuir las emisiones.

Finalmente, el proyecto que ha tenido mayor rendimiento es el de sistema de prioridad de buses en Avenida Grecia, el cual consiste en una vía exclusiva, la cual demandó una inversión de 4 millones de dólares por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero que fue diseñado por el Ministerio de Transportes. Se ha constatado una disminución importante de emisiones por parte de los buses que circulan por estas vías.

A raíz de una modificación introducida a la Ley de Tránsito, se instauró lo que hoy se denomina: homologación de vehículos en Chile. Esto significa, que todo modelo de automóvil que entra al mercado debe ser homologado, esto es, el que quiere vender esos vehículos en Chile debe llevar un modelo prototipo y someterlo a pruebas en un centro de control y certificación vehicular que el Ministerio desarrolló hace ya algunos años. Se prueba el vehículo a fin de determinar que tenga condiciones que le permitan cumplir con las normas de seguridad y emisiones, que en Chile son más severas que en el resto de Latinoamérica. De manera que a un usuario que compra un vehículo en nuestro país no le suceda -lo que ha sucedido hasta no hace mucho- que éste sea incapaz de cumplir con las normas de emisiones sin pasar la revisión técnica y como la persona ya lo había comprado, finalmente, debía gastar más para cumplir con esas normas.

Se ha construido, además, un centro de control y certificación vehicular, con un costo del orden de los 3 millones de dólares, instalado en la comuna de Maipú. Es un centro muy bien equipado y moderno, desconocido para muchos, por cuanto sólo lo usan los empresarios de la locomoción colectiva y los que venden autos en Chile.

Hasta la fecha se han homologado 305 modelos que se venden en el mercado y que corresponden al 40 por ciento de los modelos disponibles en el país. Esta función recién comenzó en septiembre del año pasado, de modo que está comenzado, pero se estima que en un par de años más todos los vehículos que se vendan en Chile estarán homologados, es decir, certificados de que cumplen con las normas de emisiones que en el país se han establecido.

En Chile no se pueden importar masivamente vehículos usados, sino que en forma excepcional, como lo que ocurrió con el programa de retornados o la excepción contemplada para la zona norte, por efectos de la Zofri.

En el tema de las revisiones técnicas, es público y conocido que el Ministerio estableció un nuevo sistema de revisiones técnicas para Santiago. Se hicieron tres concesiones para las plantas que operan en Santiago desde el año pasado y una cuarta que acaba de perfeccionarse hace muy poco. El Ministerio enfrentó algunos problemas durante la puesta en marcha de este sistema y la oposición tenaz de muchos de los usuarios. Sin embargo, hoy se puede sostener que los esfuerzos han rendido frutos, por cuanto hay un sistema plenamente operativo y mucho más confiable que el anterior. De hecho, es muy difícil que este sistema pueda ser manipulado como en el pasado. Se ha inspirado en el tema medioambiental y de seguridad en Santiago, pero muy fuertemente por el tema medioambiental. Anualmente se presenta un millón de revisiones técnicas que se realizan en Santiago, lo que no incluye al transporte público, con un costo muy moderado si es que se lo compara a nivel mundial. Los 7 mil pesos -que es el promedio que cuesta una revisión- corresponden a la mitad o menos que en otros países. Por ejemplo, en Buenos Aires cuesta 40 dólares hacer la misma inspección. El 46 por ciento de las revisiones técnicas resultan rechazadas en primera instancia. Esto significa que los vehículos que normalmente están circulando, cuando llegan a la revisión, no están en condiciones de seguridad permitida y en un porcentaje muy elevado de emisiones para circular legalmente. Es decir, andan transgrediendo las normas de emisión. De modo que las revisiones técnicas son un evento importante en lo que se refiere al control de la contaminación en Santiago, complementado con lo que es la fiscalización en la calle, aun cuando el 46 por ciento es una cifra muy elevada. Son personas que probablemente estén de acuerdo con descontaminar la ciudad; sin embargo, utilizan sus automóviles emitiendo más de lo que la norma permite, lo que revela que la revisión técnica es un mecanismo extremadamente útil.

Por otra parte, en lo que se refiere a los buses se realizan 44.500 revisiones al año. Las plantas de buses fueron licitadas en el gobierno anterior, las que también funcionan de una manera bastante automatizada, en donde resultan rechazados el 47 por ciento. El motivo de rechazo ha ido en franca disminución, ya sea por emisiones, seguridad y otros detalles como la presentación del bus. Se ha tratado de poner disciplina y orden en este sistema, pero de todas maneras se realiza un importante esfuerzo para descontaminar. Sólo a título de referencia, se puede señalar que los autobuseros que se reúnen en el Ministerio, siempre se están quejando de esta función fiscalizadora del Estado. Hoy, un empresario de la locomoción colectiva, para cumplir con la revisión técnica, pierde entre una o dos semanas en dotar a su bus de las condiciones que le permitan aprobarla. Esto quiere decir que deben realizar un esfuerzo y entre ellos, obviamente, el tema de emisiones es importante.

Otro esfuerzo importante dice relación con la información a los usuarios sobre el mercado de vehículos, que se comenzará a realizar a partir de 1999. Se espera efectuar una inversión del orden de los 350 mil dólares, con el propósito de dar transparencia al mercado, a fin de que los usuarios escojan aquellas tecnologías más limpias. Dicha información no existe en la actualidad. Sin embargo, con las revisiones técnicas y con el centro de certificación vehicular se podrá decir a los usuarios de manera confiable cuáles son los vehículos que en Chile contaminan menos. Dicha información es muy compleja de dar, y por eso hay que entregarla con mucha fundamentación, pero es algo que se quiere comenzar a efectuar, con el propósito de orientar a la gente para que compre vehículos menos contaminantes.

En cuanto a la fiscalización de fuentes móviles, se señaló que a partir de 1993 el Ministerio de Transportes cuenta con un departamento de fiscalización. Desde 1994, a la fecha, se han realizado 324 mil controles documentados, por lo cual se puede llevar fácilmente.

La inversión en ese programa ha sido del orden de los 2.400.000 dólares. Sin embargo, se ha ganado mucho en términos de dotar al Estado de una capacidad de fiscalización efectiva, muy tecnificada, y con un grupo relativamente pequeño de fiscalizadores se ha podido avanzar en gran manera. En la actualidad se fiscaliza cada bus un promedio de tres veces en el año, lo cual no tiene comparación con lo que ocurría en 1993, cuando los buses no podían ser fiscalizados por el Ministerio, pues ésta era implementada por algunos alcaldes o Carabineros. Hoy el Ministerio lo hace en forma sistemática, con lo cual se ha aumentado la capacidad fiscalizadora del Estado.

El Ministro señor Hohmann agregó que cuando algunos alcaldes, como el señor Ravinet , en Santiago, o el señor Lavín , en Las Condes, han realizado estos mismos controles con sus equipos, han obtenido tasas de buses infractores similares a las del Ministerio. Dicha tasa es de alrededor de 10 por ciento. Es decir, por cada diez buses inspeccionados en la calle, uno está contaminando fuera de norma, resultado que también han obtenido los alcaldes mencionados con los mismos equipos y normas, lo que demuestra que el sistema ha logrado bajar el número de buses contaminantes.

Hay que recordar que a comienzos de los noventa, de cada diez buses que se inspeccionaban, seis contaminaban visiblemente, pues ni siquiera era necesario inspeccionarlos con instrumentos.

En relación con una pregunta del Diputado señor Navarro ( Presidente ) relativa a las multas, explicó que éstas son las que establece la Ley de Tránsito, y que cualquiera puede ser el fiscalizador, ya sea sólo Carabineros, el Ministerio de Transportes -que normalmente lo hace a través de Carabineros- o la municipalidad. Respecto del control, agregó que hoy es algo más sofisticado, pues no se efectúa, como al inicio de la década de los noventa, que consistía sólo en un sistema de medición visual. Eso se puede seguir haciendo, pero como hoy los buses son más sofisticados, se requiere un método instrumental, y existe acuerdo cuando los alcaldes quieren hacer eso y reforzar dicho programa, debido a lo cual hoy efectúan la medición de una manera parecida a la nuestra.

Ahondando sobre el punto, el Subsecretario añadió que el control era el mismo, y se realiza en forma independiente del Ministerio -como lo señala la ley-, los inspectores fiscales o municipales. Sin embargo, ambos convergen al mismo sistema de sanciones, a través de los juzgados de policía local. Por lo tanto, no hay recaudaciones para el Fisco, sino que todas son recaudaciones municipales. Incluso, las inspecciones que se efectúan derivan en citaciones al juzgado de policía local correspondiente a la zona geográfica donde se llevó a cabo la inspección.

Por otra parte, el Ministro señor Hohmann hizo mención a un programa que ha resultado muy satisfactorio para el Ministerio, el control indirecto que realiza la propia población. En muchos casos la gente quiere colaborar cuando ve un bus contaminando. Desde 1995, hasta la fecha, se ha instalado el denominado Fono Acción, sistema que permite denunciar en forma telefónica a un infractor, sea éste un bus, vehículo comercial o privado. Desde que se instauró este sistema se han recibido 78 mil denuncias por humo visible. Quienes las reciben las dejan registradas en un computador, y se genera un sistema mediante el cual el Fono Acción termina cuando se localiza al infractor. En la actualidad se pueden detectar con mucha rapidez, pues se cuenta con un sistema de detección del bus y a qué línea licitada pertenece. Incluso, en muchas ocasiones los propios empresarios han querido colaborar con este sistema. Esto tiene un efecto disuasivo sobre los infractores, pues a muchos les ha llegado la citación a través de un sistema como el señalado, porque se piensa que además de la fiscalización que efectúa el Ministerio, este sistema, que permite que la población participe controlando la participación de los buses, ha generado un complemento importante a la fiscalización, lo que se puede demostrar señalando que el 75 por ciento de las denuncias que se reciben son contestadas de alguna forma, es decir, se logra efectuar un chequeo del vehículo que se ha denunciado; del 75 por ciento de las denuncias, cerca del 60 por ciento constituyen en definitiva una infracción.

En lo que respecta al método de control, antes se efectuaba un control de opacidad al vehículo en la calle, esto es medir cuánto humo está echando. Si era aprobado, el bus se podía ir, pero si resultaba rechazado se le aplicaba la multa que establece la Ley de Tránsito y el retiro del bus de la operación de la calle. Éste cumplía la sanción en un recinto municipal, básicamente un corral, pasaban una o dos semanas -lapso en el cual la pérdida que tenía el empresario era tremendamente fuerte- lograba pagar la multa que le hubiera impuesto el juez y volvía a la calle a contaminar. Sin ninguna reparación, porque todo el tiempo que el bus no estaba en la calle significaba que el empresario no tenía ninguna capacidad de poder repararlo. Por este motivo se innovó y actualmente se ha llegado a un acuerdo con varios alcaldes de Santiago que han comprobado que es mejor que si después del control el vehículo resulta rechazado, se les solicita efectuar la reparación mecánica. Se les retira el cartón de recorrido, lo que significa que el bus puede seguir circulando pero no transportando pasajeros. Dicho cartón de recorrido surgió a propósito del sistema licitado. Si lo encuentra un carabinero transportando pasajeros sin el cartón de recorrido, tiene una sanción. Por lo tanto, el empresario no está dispuesto a arriesgarse a ella, y esa reparación mecánica que hizo o reclama que ha hecho, tiene que ser verificada en el centro de control y certificación vehicular en Maipú, que se le ha denominado 13 B para los efectos internos del Ministerio, donde el bus llega para comprobar que ha sido reparado y está en condiciones de volver a circular. Por tanto, paga la multa de todas maneras, pero ahora el Estado es el que certifica que el bus está en condiciones de volver a circular sin emitir gases.

¿Qué existía antes? Que los buses que se controlaban en la calle, los infractores tenían una opacidad de 31.6 por ciento. Ésa es una opacidad muy elevada, o sea contaminaban mucho. Con este sistema se ha obtenido que los buses que se verifican en el centro de control vehicular del Ministerio tienen una opacidad promedio de 9,6 por ciento. Es una opacidad muy baja, y si se llega a estar en rangos inferiores al 5 por ciento se podría decir que, técnicamente, los buses no contaminan nada. De hecho, 9,6 por ciento de opacidad, desde el punto de vista visual, es casi invisible.

Respecto del tema de la opacidad, el Ministro señor Hohmann aclaró que es el porcentaje de luz que deja de llegar desde un punto inicial al otro lado. Si entremedio se coloca una tabla, tiene un ciento por ciento de opacidad. Si hay una nube de material particulado, como la que emite un bus diesel no bien mantenido, tiene opacidad dependiendo del sistema de estimación de 10, 20, 30 y hasta 100 por ciento. Pero más que el tamaño de las partículas es la densidad. A su vez, si las partículas son más grandes es probable que la opacidad aumente porque la luz no logra pasar al otro lado.

Las disminuciones de opacidad del 31,6 al 9,6 es el área más segura para sostener que el bus está contaminando menos, y en todos los rubros peligrosos es así. En partículas muy finas y menos finas, lo que se llama PM 10 ó PM 20, hay una menor contaminación. Esto quiere decir que hay 31,6 buses mal mantenidos, echando humo visible; 9,6 buses bien mantenidos y echando menos humo y en muchos casos no visible.

Las mediciones se llevan a cabo mediante un opacímetro que es un dispositivo que en la punta tiene dos superficies, una de las cuales emite luz y la otra sirve como receptor de ésta, lo que se coloca en la salida del tubo de escape. Esto se pone donde está saliendo la humareda y se está midiendo cuánta luz llegó al otro lado. Si la humareda es densa puede haber una opacidad de 20 ó 40 por ciento y si es baja un 6, 7 u 8 por ciento.

Finalmente, en el otro rubro denominado sector de fuentes móviles, los vehículos comerciales y particulares son menos contaminantes por la vía de haber introducido las normas EPA 87, que requieren del convertidor catalítico y del sistema de inyección electrónica. Hay mejor gestión de tránsito municipal y estatal por la vía del control de estacionamientos, de la computarización de los semáforos, del diseño vial y otras cosas que se han ido realizando. Sin embargo, hay una mayor cantidad de vehículos. En Santiago hay alrededor de 750 mil vehículos, entre particulares y comerciales, posiblemente la próxima década haya 1 millón y antes de que se cumpla el bicentenario de la República probablemente un millón y medio, si las tasas de crecimiento económico siguen la tendencia de esta década, que todos desean, porque hace superar la pobreza y el subdesarrollo. Pero en todas partes donde se ha superado la pobreza y el subdesarrollo la tasa de motorización crece sin posibilidad de ser controlada.

Por eso el Gobierno pasado y éste han tramitado el proyecto de tarificación vial, que no persigue controlar el ingreso de los vehículos al parque vehicular, sino su uso en las calles cuando éstas se encuentren congestionadas y, en el caso de Santiago, la ciudad contaminada.

El Diputado señor Arratia , preguntó cuál era el motivo por el cual no se había puesto más énfasis o no se había dado más prioridad al uso del gas natural como combustible para los vehículos de transporte. Sobre todo si se consideran los siguientes elementos: primero, es menos contaminante; segundo, tecnológicamente, su posibilidad de uso está probada tanto en vehículos de locomoción colectiva de transporte como particulares, y tercero, algo que no es menor, Chile no tiene petróleo, es dependiente, y si se quisiera tener un sistema para no serlo se podría implementar, porque en la zona de Magallanes se acabó el petróleo, pero el gas natural existe en cantidades muy importantes y no se está aprovechando, salvo para los vehículos y la calefacción domiciliaria.

Respecto de la posibilidad de priorizar el uso de gas, indicó el Ministro de Transportes que se debe señalar que hasta el año pasado dicho combustible no existía en Santiago. Se han hecho experiencias piloto con buses, debido a la reciente disponibilidad de ese elemento. Los buses que hasta hace poco estaban disponibles en el mercado para utilizar gas provenían de Europa. Su tecnología no sólo permitía la utilización de gas, sino mayor confortabilidad; sin embargo, los costos se elevaban a casi el doble. Nadie en su sano juicio podía pensar en hacer circular esos buses en Santiago. Existen buses armados en Brasil que son mucho más baratos y que respetan más fielmente los índices ambientales. Ellos representan una mejor alternativa para mejorar los actuales vehículos de la locomoción colectiva.

El Diputado señor Leay solicitó profundizar tres aspectos: El primero dice relación con empleo del gas natural, y también de la generación de otro tipo de motores que no sean a diesel o gasolina.

El segundo apunta a mejorar el transporte público en cuanto a la calidad. Si bien se han hecho normas de control, una de las cosas que habla la gente es que sigue usando su vehículo porque considera que el sistema de transporte público no le da las condiciones, la rapidez o la comodidad necesarias para cambiar el automóvil por un vehículo de transporte público, independientemente de lo que se ha hecho en el Metro. Por ejemplo, se han escuchado propuestas de colocar el sistema de doble carro.

El tercer aspecto está relacionado con el desincentivo del uso del automóvil, a lo cual de alguna manera puede ayudar la tarificación vial. Resulta un contrasentido hacer estacionamientos subterráneos en el centro de Santiago y, por otro lado, que se diga que haya que desincentivar el uso del automóvil. Sin embargo, en la medida que se le den mayores condiciones a las personas para llegar a su trabajo, lo más probable es que lo sigan usando. Es una política que adoptó el Ministerio hace un par de años, pero no se ve reflejado en un programa claro sobre este tema.

Al respecto, el señor Ministro se refirió al tema de los estacionamientos subterráneos realizado por diversas municipalidades, entre otras, la de Providencia. Los estacionamientos subterráneos van a costar mucho más, porque son mucho más caros que construir estacionamientos liberados -muchas veces gratuitos en la calle o tarificados por un parquímetro-. La tarifa del parquímetro no es la tarifa social de utilizar esa infraestructura vial, sino que es la tarifa que recupera la inversión parquímetro.

En vez de ser un incentivo el estacionamiento subterráneo para la llegada de automóviles, es más bien, por lo menos, desde el punto de vista tarifario, un desincentivo. Va a costar más caro llegar a la comuna de Santiago, que a la comuna de Providencia, porque las calles no van a estar disponibles para el estacionamiento. En todas ellas va a regir una prohibición para estacionar y, segundo, el estacionamiento subterráneo va a ser, como suelen ser los estacionamientos privados, hoy día bastante más caros que sobre la calzada. Por lo menos, así está planteado y así sucede en muchas partes del mundo, donde hay estacionamientos subterráneos ostensiblemente más caros que en la vía pública. De esa manera, se está cumpliendo con un desincentivo al uso del auto.

Del mismo modo manifestó su preocupación en el tema de la oferta de las vías. Por ejemplo, la Costanera Norte, que sería el primer proyecto concesionado a nivel urbano, que iría de oriente a poniente y viceversa, con varias salidas al centro va a incentivar el uso del automóvil. Entonces, eso apunta no sólo a aumentar la congestión, sino que, de una u otra manera, también la contaminación, porque en la medida en que haya mayor flujo de vehículos, sean catalíticos o no, igual aumenta la contaminación atmosférica.

Finalmente, en el mejoramiento de gestión vial se habló mucho de las vías verdes. En este sentido, también, solicitó antecedentes sobre esa experiencia, en términos generales, si se podría mejorar o volver a implementar. Expresó, que a su criterio, esto debería ser parte de un paquete y no medidas aisladas. No se saca nada con tener vías verdes si es que se está incentivando el uso del vehículo con estacionamientos en el centro o si no se está mejorando el transporte público, etcétera.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ), a su vez se refirió al tema del retiro de buses, que como ha quedado señalado, se habría seguido desarrollando a un ritmo de 400 anuales, para lo cual formuló las siguientes interrogantes: ¿se están pagando, qué se está haciendo o es similar al proceso de la primera vez que se pagó por el retiro?

Asimismo, en relación con el plan piloto de buses a gas, se menciona que habría 450. La pregunta es por qué tan pocos, cuál es la perspectiva de aumento y qué tipo de subsidio estatal se contempla. Además, ¿hay un convenio internacional o con qué tecnología se puede implementar? En definitiva, ¿quién paga ese plan? ¿Hay contribución del sector privado? ¿Por qué fracasaron los troles? En Valparaíso todavía funcionan, sin embargo, fue una iniciativa que se vio como promisoria en el ámbito de la energía eléctrica.

Desde otro punto de vista, respecto de los promedios de emisión, está el monóxido de carbono como uno de los principales elementos. No han considerado el tema del PM 10, porque evidentemente cuando se ha cuestionado hoy el uso del automóvil catalítico, no importa el tipo de motor que tenga, el desplazamiento físico es el que produce el polvo en suspensión, que es el 75 por ciento del polvo contaminado que se eleva al aire. Básicamente, el PM 10 que ha mencionado, el CO y el ozono.

¿Cuál sería el número óptimo de buses para Santiago? Han sido licitados 9.023 buses, más 600 y tanto. En las horas no peak hay una larga fila de buses con muy pocos pasajeros. El número óptimo permite dimensionar el mercado o la oferta que uno espera del sector privado.

Una medida que pudiera ser efectiva es el establecimiento de regulaciones al crecimiento del parque automotor, porque de 176.000 vehículos nuevos este año, 87.000 de ellos van al Gran Santiago.

Específicamente, ¿qué elementos se pueden implementar para restringir el crecimiento del parque automotor? De más está señalar que no están gravados los estacionamientos y el número de patentes. Es decir, aquí uno podría pensar que es al revés. Paga más patente el auto nuevo y menos el viejo. La verdad es que el auto viejo contamina más. Hay una contradicción respecto del tema del permiso de circulación.

¿Cuántos fiscalizadores tiene el Ministerio de Transportes? ¿Qué número está en terreno? ¿Han implementado un programa de fiscalizaciones? ¿Tienen horas extras?, que es un tema esencial, porque las fiscalizaciones no sólo se hacen en horarios de oficina, sino durante todo el día. ¿Esas horas extras alcanzan para una fiscalización permanente?

También está el tema de las multas. ¿Cuántas multas se cobran efectivamente? La experiencia con otros servicios fiscalizadores no es de las mejores. Por ejemplo, en Conaf y Sernap , si bien son ámbitos diferentes, pero las multas cobradas no superan el 10 por ciento. El 90 por ciento es eludida, por diversos motivos.

Respecto del cambio de uso de gasolina, Conama ha señalado reiteradamente que se esperan inversiones para mejorar la misma como un elemento energético. ¿Qué visión tiene el Ministerio de ello? Además, ¿tienen algún tipo de programa que podrían denominar “estrella”? ¿Cuáles son los dos o tres programas centrales a los cuales el Ministerio apuesta que van a tener importancia en eliminar la contaminación?

El PPDA establece como una de las tareas que se le impone al Ministerio, la Reducción de Emisiones al Transporte. En este sentido el Diputado señor Navarro , solicitó saber si el Ministerio estaba en condiciones de responder a estas exigencias, conocer el grado de jerarquización que tiene esta exigencia en el plan de descontaminación, proviniendo de propuestas fuera del Ministerio o si éstas son las mismas. Por ejemplo, el tema de los taxis. ¿Qué pasa con el proyecto de ley para congelar el parque de taxis? Hay una comparación con Nueva York, con Tokio y aquí el número es extraordinariamente elevado.

En la propuesta de Conama se habla de prohibición de circulación de horas puntas por ciertas vías, exigencia progresiva de contratos públicos, camiones con sello verde, corrección del valor del permiso de circulación para los taxis. Pagan menos y son los que circulan en mayor cantidad. Reducción severa de la oferta de estacionamientos, vías verdes de auto compartido, licitación de servicio externalizado de grúas de retiro de automóviles mal estacionados. ¿Es facultad del Ministerio o de los municipios? ¿Pueden algunas de estas medidas ser tomadas sectorialmente en algunas comunas por los municipios sin necesidad de resolución del Ministerio? Estacionamientos en vías públicas, ¿de quién depende? ¿Es atribución del municipio o requiere autorización del Ministerio? ¿Por qué hay resistencia a establecer más calles sin autorización de estacionamiento?

Por último, se plantea reducir emisiones por vehículos, dos revisiones técnicas por año y regulación del recambio de convertidores catalíticos y revisiones técnicas más estrictas. ¿La actual revisión técnica incluye renovación del catalítico?, porque hay automóviles de 1994 a 1998, es decir, cuatro años con el mismo catalítico. ¿Puede ser un elemento nuevo?, ya que la vida de uso de éste requiere recambio o afinamiento.

Otro aspecto sobre los que requirió datos el Diputado señor Navarro , se refiere a la renovación de vehículos estatales ¿Que tipo de vehículos tiene el Ministerio y cuál es la antigüedad? Al formulársele esta pregunta al General Cordero , actual Senador, en relación con el uso de vehículos policiales a gas, señaló que no había problemas, que había posibilidades y que no representaban peligro de explosión o de atentado.

En definitiva, cuál sería la factibilidad de que el Estado introduzca vehículos que funcionen con gas. Se trataría de una sola decisión frente a las mil que podrían adoptar los privados.

Por último, el Ministro señor Hohmann señaló que la utilización de autos propulsados por gas no ha causado mucho entusiasmo en otras partes del mundo, por cuanto la llamada “maleta” ha causado dificultades para la instalación de los estanques. Lo que sí es factible -por lo demás, ello ha sido comprobado en Punta Arenas- es que los taxis y colectivos se beneficien de esa situación.

El Ministerio no duda de que con la utilización de vehículos que vienen especialmente construidos para este efecto se obtengan los máximos rendimientos anticontaminantes. Sin embargo, algunas pruebas aplicadas en autos usados a los que se le han incorporado convertidores han demostrado que los resultados no siempre son los mejores. Recordó que cuando se tomó la decisión de utilizar el convertidor catalítico, se señaló que dicho dispositivo se utilizaría sólo en vehículos nuevos. Dicha determinación se adoptó a raíz de un estudio de la Comisión de Descontaminación de la época, el que demostró que la incorporación de convertidores catalíticos a vehículos usados en muchos casos se traducía en mayor contaminación.

Ahondando en la materia, el Ministro señor Hohmann , indicó que la discusión estaba centrada más bien en la utilización del sistema en autos usados. Los sindicatos y quienes están interesados en la materia están pensando en dotar a sus vehículos de un sistema dual, es decir, en utilizar bencina y gas. En cuanto al uso del sistema en autos nuevos, el Ministerio apoya tal política.

Asimismo, señaló que en la actualidad era posible adquirir ese tipo de vehículos e hizo mención a un proyecto de ley en actual tramitación sobre impuesto a los combustibles.

El señor Wallis , Subsecretario , precisó que de hecho, se compran vehículos con esas características en Punta Arenas. Lo que sucede es que el sistema de recaudación de impuesto al combustible se realiza a través del pago del permiso de circulación. En el caso de Punta Arenas, el cálculo de ese impuesto se efectúa sobre la base de vehículos comerciales que recorren 40.000 kilómetros al año. Cualquier persona puede importar un vehículo propulsado por gas -por lo demás, existen dos surtidoras de gas en Santiago-, pero el problema es que deberá pagar una fortuna por el permiso de circulación.

A su vez, el Diputado señor Leay, expresó que en la actualidad, aproximadamente 400.000 vehículos privados no utilizan el sistema catalítico y son los que más contaminan; sin embargo, las normas que se han mencionado -por ejemplo, la EPA 87- han sido diseñadas para autos nuevos. La propia Conama ha manifestado que los autos usados no catalíticos reconvertidos a fin de que puedan utilizar gas contaminarían mucho menos si existieran las plantas adecuadas para realizar tal procedimiento.

En este sentido, el Ministro señor Hohmann hizo presente que lo primero que se debe resolver es la modalidad de pago del impuesto, y en seguida abordar un sistema regulatorio, que dé garantía absoluta de que el kit o procedimiento que proponga el Estado para la conversión no sea sobrepasado por incentivos que busquen cambiar el sistema y produzcan más contaminación. Es perfectamente posible utilizar un kit no demasiado sofisticado en un vehículo con 12 años de antigüedad y provocar mayor contaminación. Por eso, el Ministerio desea ser extremadamente cuidadoso a fin de asegurar que el sistema a instaurar pueda ser controlado por el Estado.

El señor Wallis ejemplificó lo anterior, señalando que, además, existía un asunto económico que cruza el problema. Si se revisa el diario, un Subaru Legacy año 1992 sin convertidor catalítico tiene un valor de 3.000.000 de pesos y el kit de conversión cuesta 1.500 dólares, es decir, alrededor de 750.000 pesos. De manera que incorporar a un auto que vale 3.000.000 de pesos un kit que cuesta 750.000 pesos es bastante poco razonable cuando por 3.750.000 pesos se puede comprar un vehículo catalítico que da más prestaciones.

El Ministro señor Hohmann manifestó tener sospechas de que se va a comprar un dispositivo no de 750 mil sino de 200 mil ó 100 mil, y se hará muy a la rápida para que, en combustible, la persona interesada pague un impuesto menor, de ser aprobado el proyecto en el Parlamento.

En relación con el sistema menos contaminante, el Diputado señor Leay preguntó por un mejoramiento de la calidad del transporte público y por la utilización de tecnologías más sofisticadas.

Se debería propender hacia un sistema de transporte público mucho más eficiente todavía, en el sentido de que todavía hay ganancias ambientales importantes en el sistema de transporte público de Santiago, especialmente considerando que en el horario de punta muchos más buses salen de lo que la demanda justificaría.

Este sector ha estado siguiendo un cambio más bien cultural que un cambio estrictamente profesional. Es decir, es un sistema que todavía sigue siendo tremendamente atomizado; no es una estructura industrial tan típica, sino que más bien aquí sigue predominando el autobusero que tiene uno o dos buses.

El conductor es el factor preeminente. Por lo tanto, a las cuatro de la tarde, cuando sobran buses, y hay pocos pasajeros, se regala la calle al vecino de línea. Si dejo de operar, la otra línea se lleva la demanda.

Hay un cambio a la empresarización de este sector. De un año a otro no se puede establecer por ley, sino que son cosas que se van dando en la medida en que ha aumentado el nivel de inversiones en este sector. Un bus no cuesta 50 mil dólares como hace un tiempo, sino 100 mil y hasta 120 mil dólares desde hace dos años.

En la medida en que todos los buses que entran a Santiago tienen que estar dotados de transmisión automática, no pueden entrar con transmisión mecánica, sino con transmisión automática; en la medida en que ya no es un tornillo de una bomba inyectora de estos nuevos buses dotados de motores y electrónica complejas, esto va significando mantener preventivos. Varias líneas han ido haciendo una gestión mucho más empresarial cuando tienen 10 ó 15 de estos buses. Ya tienen 2 ó 3 millones de dólares de inversión en capital.

Es decir, es algo mucho más grande. Se ha ido produciendo paulatinamente un cambio de gestión. Todavía estamos en transición, desde un sistema sumamente automatizado manejado de manera mercantil a un sistema mucho más profesional. Esas cosas obviamente toman mucho tiempo y no se pueden decretar.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) sostuvo que muchos de estos buses habrían sido adaptados con carrocerías montadas sobre chasis de camiones y no serían diseñados para tal efecto.

Al respecto pidió la percepción del Ministerio en este sentido. ¿Cuál era la información de que se disponía? ¿Los buses cumplen con la normativa de transporte de pasajeros o hay un prediseño de un montaje o un ensamblaje que haga que la amortiguación y otros elementos se deterioren en calidad y que no estén diseñados para la comodidad?

El Ministro señor Hohmann respondió que si se quería tener un bus en Santiago de la máxima confortabilidad como en Bruselas, podría costar 300 mil dólares; o sea, 3 ó 4 veces el valor de los de acá. Tener todo lo que se quiera en el bus, significaría una tarifa alta y la locomoción colectiva de Santiago atiende a los sectores de bajos ingresos, que no tienen otra alternativa de transporte. Son cinco millones de pasajeros diarios; 800 mil lo hacen en Metro.

Se tiene una percepción de que el Metro lleva mucha gente -800 mil al día son muchos- pero la locomoción colectiva transporta 6 veces más. Es decir, casi 5 millones de pasajeros al día. Lo hace para sectores de bajos ingresos. Hay que resguardar mucho el tema tarifario, porque si no esas personas serían excluidas de su capacidad de movilizarse en la ciudad. Muchos toman cuatro buses para movilizarse hacia ciertos sectores. Se ha solicitado a los buses mucha más descontaminación que confortabilidad. Si se exigen chasis del tipo de los que operan en Europa o en los Estados Unidos -operan buses que se denominan articulados, en el sentido de que la conformación de sus chasis es especialmente hecha para todo este tipo de confortabilidad-, se trataría del único país en Latinoamérica con ese tipo de buses, porque en Argentina, en Sao Paulo , en Caracas o en ciudad de México operan estos buses respecto de los cuales es peyorativo decir que son chasis de camiones.

La fábrica Mercedes Benz , de Sao Paulo , que provee gran número de los chasis que se venden en Chile, los fabrica para ser equipados como buses con un sistema de tracción y de amortiguación para ser buses. Por lo tanto, la prueba está en Metalpar, en 4 Ases o en cualquiera de estas empresas que carrozan buses, o en El Detalle, que es una empresa carrozadora argentina, que también provee de buses a Santiago.

Hoy en Santiago se venden buses Volvo , que cuestan 120 a 130 mil dólares, con amortiguación muy sofisticada, transmisión automática. No son buses obligatorios, porque son tremendamente caros. Pero algunas compañías o empresas están considerando tener uno, dos o tres de esos buses para sus líneas, y se están vendiendo en Santiago, en circunstancias de que apenas hace siete años, la única manera como crecía este sistema de transporte público era adquiriendo liebres estrechísimas, donde casi nadie se podía sentar. Hoy está creciendo sobre la base de estos buses mucho más confortables.

En relación con el número óptimo de buses para Santiago, cabría preguntarse cuánto se quiere que la gente camine y cuánto se quiere que la gente espere en un paradero para tomar un bus. Si se estiman “diez minutos de caminata y diez minutos de espera en un paradero”, significa que se requiere un número x de buses, pero si se habla de “media hora entre la caminata y la espera”, como ocurre en Sao Paulo , será otro el número de buses requerido. Por ejemplo, hay ciudades europeas que no tienen más de dos mil buses. Madrid es el ejemplo. París tiene cuatro mil buses -es la ciudad europea que tiene más buses-. Entonces, depende; 8.400 buses licitados, más 600 buses que están en los recorridos de acercamiento al Metro, es un número de buses que otorga a los usuarios del transporte público a Santiago una alta cobertura espacial y temporal. Permite a una persona esperar poco y caminar poco para subir a su bus.

Mantener el rol del transporte público es algo extremadamente vital para descontaminar la ciudad, porque si la señal fuera en contrario, es decir, empeorar los niveles del servicio de usuarios del transporte público, significaría decir a la gente: “cómprese un auto”.

Ocho mil buses operando fuera de punta no se justifica. Ahora, la reducción estimada en el horario fuera de punta está entre el 20 y el 25 por ciento, lo que podría mejorarse. Actualmente, se estudia con los empresarios la forma como resolver el problema de la atomización. La pregunta es muy simple: quién se queda en el paradero a las 10:30 de la mañana, cuando puede salir a llevar algunos pasajeros.

Ahora, no siempre es correcto evaluar el sistema por la vía del número de buses que se ven vacíos. Los aviones, cuando van cargados, algunas veces vuelven vacíos. El Metro, en la estación Neptuno está totalmente vacío. Si alguien se pusiera a observar cómo está de lleno el Metro en la estación Neptuno, diría que siempre está vacío y se preguntaría para qué pusieron ese sistema. Pero cercano a la estación Universidad de Chile el Metro va muy lleno; además, depende del sentido de tráfico que se tenga. En ese sentido, sería aconsejable que los buses redujeran su oferta.

Existen dos iniciativas legales en actual tramitación que son de la mayor importancia, como el congelamiento de taxis y la tarificación vial.

En lo que respecta a la centralización para la adopción de medidas como el control de semáforos, que también es centralizado, se ha obtenido gracias a un acuerdo adoptado por los alcaldes. Otras funciones como el control de estacionamiento, el control de obras en la calle, el transporte público y la integración del sistema de transporte, debe también ser efectuado de manera consensuada, por cuanto la mayor parte de los viajes a nivel metropolitano son intercomunales, y el transporte público es quizás el mejor ejemplo. Por eso, la licitación de recorridos en Santiago, que transcurren a lo largo y ancho de Santiago, debe hacerse de manera centralizada. Resulta imperioso, desministerializar los problemas de Santiago, en particular el de transporte, y darle un carácter metropolitano, sin perjuicio de las funciones que corresponden a los gobiernos comunales. Lo principal es tener una institución, ciento por ciento del tiempo, integrando todas las funciones. Se requiere, como en todas las grandes ciudades, de una entidad que modernice la gestión metropolitana de Santiago y la haga capaz de enfrentar estos enormes desafíos.

En muy pocos países se ha controlado la entrada al parque, por ejemplo, en Singapur. El Estado determina el número de licencias o permisos de circulación al año, las que se licitan públicamente, en donde el precio de los automóviles es más o menos equivalente al doble del que tenemos acá. Es decir, la gente paga por el precio del automóvil más el cupo que se licitó, además que los números son increíbles, 10 ó 20 mil al año, no más que eso, mientras que acá están entrando 160 mil autos al año, de los cuales un poco más de la mitad se quedan en Santiago.

El Diputado señor Rincón, sintetizando las opiniones vertidas, señaló que todo apuntaba a dos criterios. Uno relativo a las medidas que permitan tener una mejor calidad del aire en Santiago. Mientras que el segundo tiene por objeto conocer cuáles son las medidas o herramientas que tienden a potenciar el desarrollo de las regiones y posibilitar una mejor calidad de vida en Santiago. Bajo esa gran premisa, si sólo se tienen autos con convertidor catalítico, el ciento por ciento de buses a gas, el ciento por ciento de semáforos computarizados y un número óptimo de estacionamientos subterráneos, en consecuencia, con plena descongestión de las calles, porque son medidas complementarias y otras medidas más enfrentadas a un crecimiento vegetativo como el que se estima en la población de Santiago y también del parque automotor con más de 80 mil vehículos al año, en que probablemente pasado el 2000 ó 2005, en que tal vez se tendrá 8 ó 9 millones de habitantes en Santiago y dos millones y medio de vehículos.

Al tenor de todas las consideraciones anteriores, el Diputado señor Rincón preguntó al Ministro de Transportes si creía que el nivel de vida y la calidad del aire en Santiago iban a ser mejor, igual o peor o, en definitiva, el problema sería el mismo.

En relación con la pregunta formulada, el Ministro señor Hohmann sostuvo que le era difícil contestar, porque carecía de la competencia técnica debido a que se trataba de un problema de evaluación. Pero que si así fuere, probablemente, la ciudad estaría menos contaminada, porque la solución pasaba por aumentar la movilidad no sólo de la población, que aumenta más que la población en Santiago, incluso se podría detener la población como ha ocurrido en Londres, en París, y seguir aumentando la movilidad a una razón de 2 ó 2.5 al año. Por lo tanto, existirían más santiaguinos que se estarían moviendo, a pesar de que serían los mismos. Otra cosa es saber en qué se están moviendo, porque si aumenta la movilidad en el Metro o en el transporte público no sería dañino ambientalmente, porque de todas maneras los buses van a mejorar, respondiendo en forma hipotética a los planteamientos formulados.

Otro aspecto es el que dice relación con cuál es el grado de responsabilidad de los santiaguinos respecto del mantenimiento de sus automóviles. Ejemplificando, valdría pensar en si los usuarios de catalíticos estarán dispuestos a invertir en una mantención óptima de los convertidores y en general de respetar las normas que cada día serán más estrictas. Hasta el momento, no se ha detectado un compromiso serio por parte de la ciudadanía en este sentido, en usar preferentemente el Metro o servicios de transporte público en desmedro del uso de automóviles privados, la utilización de colegios cercanos al lugar de residencia, de modo de evitar los largos traslados. ¿Cuántos viajes menos se originarían en esas circunstancias? ¿Cuánto transporte público o privado menos originaría un sistema así? Pero es un sistema a largo plazo que tiene costos enormes, tanto en el cambio de hábitos como de inversión.

Por eso, muchas de las interrogantes formuladas cabría plantearlas también en otro sentido, si la ciudad no está dispuesta a hacer transformaciones importantes que originen menos transportes, porque localizan mejor sus actividades o descentralizan mejor sus funciones, si la ciudad o los ciudadanos no quieren cumplir con las normas más exigentes que se irán imponiendo y creer en ellas, porque cuando se le dice a la gente que estas normas no sirven para nada, no se cree en ellas y cuando se dice que se va a restringir otro dígito y al lado se está diciendo que el programa no sirve para nada, entonces, la ciudadanía no respeta las restricciones y tampoco está dispuesta a cooperar.

La participación de la comunidad, la conciencia de la gente, resultan elementos primordiales dentro del desarrollo del plan, cuya puesta en práctica está diseñada a largo plazo. Desconcentrar Santiago será un proyecto a largo plazo, como lo ha demostrado la experiencia de Londres y París, en que las personas han emigrado a los alrededores de las grandes urbes, creando toda la infraestructura.

En el mediano plazo, 5, 6 ó 7 años, que es lo que propone el Plan, también hay un compromiso muy elevado de la gente, porque sin la colaboración ciudadana el plan no surtirá efectos.

Abordando otro aspecto el Diputado señor Sánchez solicitó datos relativos a si existía una buena capacitación para los choferes de movilización colectiva, por cuanto si la estimación es de dieciocho mil buses en Santiago, lo que implicaría igual número de choferes, cabría considerar las muchas oportunidades en que se puede apreciar actitudes poco correctas con los escolares, etc.

En lo que dice relación con la capacitación, el señor Ministro planteó que hacía dos años, con motivo de la licitación de recorridos, los empresarios del gremio organizaron cursos de capacitación para conductores y empresarios de locomoción colectiva de Santiago, y fue así como todos los conductores de locomoción colectiva de la época pasaron por este curso.

Los empresarios han advertido que invertir en su gente puede significarles un gran ahorro, pues con la introducción de nuevas tecnologías el motor está atrás del bus, debido a lo cual algunos conductores están teniendo graves problemas de fundición de motores, porque no escuchan el ruido del motor, pues antes lo tenían adelante, lo que les permitía saber cuándo se pasaban de revoluciones. Con la actual tecnología no pueden saberlo. Por lo tanto, está apareciendo este fenómeno en algunos buses nuevos.

A partir del próximo año la licencia de conductor profesional será exigible a todo nuevo conductor de buses de locomoción colectiva. Eso significa que para obtenerla deberá educarse en una escuela de conductores profesionales, conforme con la nueva Ley de Tránsito.

Por otra parte, los conductores se van a independizar de una remuneración directamente vinculada con el corte de boletos, porque, a partir de este año, se implementará el cobrador automático, que no llevará a una remuneración completa fija, sino a un alto grado de remuneración independiente del número de pasajeros que se suben al bus, lo cual hará que el conductor se consolide más en la conducción.

Además, la transmisión automática -no todos los buses la tienen en estos momentos, pero sí los que están entrando- disminuye mucho el efecto del aceleramiento que los conductores normalmente imprimen para captar pasajeros, pues ya no tendrán ese incentivo en forma tan directa. Además, la caja de cambios de transmisión automática hace las transiciones de aceleración y desaceleración mucho más lentas.

E) Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La Comisión consideró, además, importante, contar con la opinión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder conocer el grado de cumplimiento de las políticas que el Plan le impone a dicha cartera.

De conformidad con lo anterior, la Comisión contó con la exposición de la Subsecretaria, doña Berta Belmar , quien concurrió acompañada de los señores Jaime Silva , Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Patricio Hermosilla , Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda .

En primer término, la señora Subsecretaria se refirió a lo que ha sido el programa de descontaminación para el Área Metropolitana, que fundamentalmente se basa en lo que tradicionalmente liga al Ministerio de Vivienda con la parte vivienda y no con el urbanismo. Generalmente se cree que la intervención que tiene el Ministerio en este aspecto es prácticamente sólo en vivienda, pero también existe una gran área de urbanismo que las actuales autoridades se han empeñado suficientemente en desarrollar, sobre todo en el área Metropolitana tomando en consideración el estado en que se encuentra el ambiente con la contaminación que se vive en dicha área.

Los programas atingentes al Plan tienen que ver fundamentalmente, con los pavimentos participativos, parques urbanos, subsidios de renovación urbana, los distintos estudios que se están realizando y una modificación a la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

En cuanto a pavimentos participativos, es un programa que se trabaja en conjunto con las municipalidades y los vecinos. Esto implica que se debe formar un comité en cada una de las comunas donde existen calles o pasajes sin pavimentar, el cual permita establecer una colaboración en un sentido de solidaridad de los vecinos y de coparticipación con las autoridades municipales y el Ministerio. El aporte que realizan los vecinos es entre un 5 y 15 por ciento aproximadamente, otro aporte similar lo hace la municipalidad dependiendo del tramo, del tipo de calle o pasaje donde está ubicado y todo el resto lo aporta el Ministerio, el cual fluctúa entre el 70 y 75 por ciento aproximadamente. A veces, depende de si la municipalidad tiene recursos o no, pero nunca es menos del 60 por ciento.

El déficit calculado hasta el 15 de junio de 1998, según los antecedentes entregados por los municipios a la Seremi Metropolitana, es de 498 kilómetros: 363 kilómetros de calles y 135 kilómetros de pasajes.

El costo de pavimentar los 498 kilómetros a un valor referencial es de aproximadamente 20 millones 400 mil pesos, los cuales serán realizados en los años 1999 y 2000.

Si se considera lo realizado en los años anteriores: 237, 223 y 132 kilómetros en 1995, 1996 y 1997, respectivamente, y los 160 kilómetros programados para el año 1998 es posible afirmar que contando con los recursos financieros, sería posible cumplir con la meta de tener pavimentados todas las calles y pasajes del área Metropolitana en el año 2000.

En lo que respecta a los parques urbanos en este momento se puede destacar la construcción de Quebrada de Macul, cuyo monto asignado para 1998 es de 100 millones de pesos.

En obras por ejecutar en 1998 se contemplan pasarelas que comunican los sectores norte y sur, la completación de los sistemas de riego, iluminación, plantaciones de árboles y arbustos, césped, juegos infantiles, mobiliario urbano y juegos ornamentales de aguas.

En plazos y programas de obras, se pueden citar la apertura de propuestas el 31 de julio de 1998; el inicio de obras el 1 de septiembre de 1998 cuyo término ha sido estimado para el 31 de diciembre del mismo año, para lo cual se ha asignado un presupuesto para el año 1999 de 250 millones de pesos.

El monto asignado para 1998 en el Parque Cerro Blanco, que está en medio del área Metropolitana, es de 100 millones de pesos. Dentro de las obras por ejecutar en 1998 está el sistema de riego total del parque con un presupuesto para 1999 de 150 millones de pesos.

Los plazos de apertura de propuestas para Cerro Blanco es el 31 de julio de 1998, el inicio de obras el 1 de septiembre y el término de obras estimado, el 31 de diciembre de este año.

Otro elemento es el que dice relación con el Subsidio de Renovación Urbana. Éste es un beneficio que asciende a 200 unidades de fomento y el 5 de junio se dio cierre al primer llamado a dicho subsidio.

En la Región Metropolitana postularon 1.116 individuales y 205 colectivos, con proyecto.

Se estima que el número de postulantes para el segundo llamado, que será en el mes de octubre, será similar al primero con lo que el número de subsidios otorgados para este año será superior a 2.000.

La evolución de los beneficiados con este subsidio ha sido el siguiente: 1.191, el año 1995; 1.409, el año 1996; 1.959, el año 1997 y se espera que el año 1998 sean 2.000.

El Ministerio estudia ampliar el área de aplicación de estos subsidios, ya que la renovación urbana está fijada y si se hace un esfuerzo por ampliarla, obviamente se podrán ofrecer más subsidios en esas áreas.

En cuanto a estudios, la División Técnica y de Estudios del Ministerio de Vivienda, Ditec, constituye la contraparte técnica de un estudio de Zonificación Térmica Nacional que definirá los requerimientos térmicos que debería cumplir cada zona. Estas regulaciones serán incorporadas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones durante este año.

Dicho estudio determina las condiciones en que se debe construir región por región en todo el país, especialmente en la Duodécima Región; determinar, por ejemplo, qué clase de calefacción requiere cada tipo de tipo de edificio -especialmente los públicos- ya que la idea es establecer claramente las condiciones térmicas que tiene cada región a fin de determinar las normas a aplicar y qué característica debe tener la construcción.

También, tienen gran participación la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en conjunto con otras Seremis y Servicios, tales como Gobierno Regional, Ministerio de Transportes, Ministerio de Bienes Nacionales, la Conama Región Metropolitana, Sectra , Ferrocarriles del Estado, Metro, SEC, Sesma , Sernatur, Sernageomin y Gobernaciones Provinciales que han participado en la elaboración de la primera etapa del plan consistente en la recopilación de antecedentes y elaboración del diagnóstico a fin de determinar las condiciones de este estudio.

Por otra parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en coordinación con el Gobierno Regional y las municipalidades correspondientes elaborará un Programa de Actualización de los Planes Reguladores Comunales en conformidad con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el cual ya se encuentra vigente.

De allí entonces que la situación actual de las 37 comunas es la siguiente:

-Comunas con Plan Regulador Comunal de 1998 en adelante, 5.

-Comunas en proceso de aprobación del nuevo Plan Regulador Comunal, 1.

-Comunas en proceso de elaboración de nuevo Plan Regulador Comunal, 24.

-Comunas que aún no inician nuevo Plan Regulador Comunal, 7.

Al respecto la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo desarrolla una labor permanente de orientación a los equipos técnicos municipales.

En principio, se consulta el inicio de este programa especial con 6 municipios, entre los cuales se encuentra La Pintana , Recoleta e Independencia, entre otros, a fin de iniciar los Planos Reguladores Comunales.

Por otra parte, la División de Desarrollo Urbano es la contraparte técnica del estudio denominado Diagnóstico de Costos Marginales en el Crecimiento de la Ciudad. Dicho diagnóstico va a revelar qué pasa con los costos marginales, cuál es la proyección que tienen en el crecimiento de la ciudad, sobre todo si tomamos en consideración que uno de los graves problemas de la Región Metropolitana es el aceleramiento con el cual está creciendo y cómo está aumentando su densificación.

El estudio tiene una duración de 120 días y consta de 3 etapas -40, 50 y 30 días-, cuyos montos son de 9.600, 16.000 y 6.400 millones, respectivamente. Además, considera la forma como se llevará a efecto. Este estudio se inició el 1 de julio, estimándose tener resultados parciales en septiembre, octubre y noviembre de este año.

Por otra parte, respecto de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en este momento se encuentra en la Contraloría General de la República el decreto que propone una serie de medidas para mitigar el impacto de emisiones de polvo y materiales, tales como regar el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones, transporte de materiales en camiones con carga cubierta, lavado del lodo de las ruedas de los camiones que abandonen la faena, mantención del aseo de la obra, sin desperdicios, evacuación de los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias, a fin de que no haya emanaciones de polvo y ruidos molestos, colocación de telas en la fachada de la obra para minimizar la dispersión de polvo, utilización de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

Por otra parte, recientemente se ha firmado un protocolo para iniciar el estudio sobre la aplicación del asbesto. Dadas las características que tiene este material, es ampliamente utilizado en diferentes tipos de productos comerciales, como balatas de frenos, textiles, tuberías sanitarias, aislantes térmicos y acústicos para viviendas, planchas lisas para revestimiento de tabiques y otros productos industriales como papeles y pinturas. Se deben agregar los tubos de asbesto-cemento, las planchas de asbesto-cemento lisas y onduladas, las tejuelas de asbesto y productos preformados de asbesto-cemento. Teniendo en consideración que existen antecedentes que demuestran lo peligroso que puede resultar este material, se firmó un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Cámara Chilena de la Construcción, el Servicio Nacional del Consumidor, los Colegios de Arquitectos, Constructores Civiles, Ingenieros y Médicos, el Instituto de Ecología Política, el Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales y la Asociación Chilena de Productores de asbesto-cemento.

Con esto se demuestra que existe conciencia entre las distintas entidades para mitigar el uso y ojalá eliminar el uso de este producto. Los objetivos son eliminar los riesgos que significan la manufactura de productos y diseño de un programa de investigación tecnológica orientada a la sustitución gradual del asbesto-cemento por otros materiales inocuos.

Por otro lado, en el plan maestro de la Región Metropolitana está el Cuarto Programa de Vialidad Urbana, que se debe desarrollar entre 1998 a 1999. En éste se considera el mejoramiento del eje Pedro Aguirre Cerda en las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. Esta vía atraviesa tres comunas, y su objetivo principal es mejorar la intercomunicación comunal, el tránsito y la flexibilización de ese nudo vial. Están contemplados la resolución de contrato con su fecha, su monto y el plazo total de ejecución es de 546 días.

El mejoramiento del eje Pedro Aguirre Cerda , que constituye casi 7 kilómetros de largo, consta de tres etapas: Etapa 1: tramo I, sector Exposición a Departamental; duración: 165 días. Etapa 2: tramo III, sector de Lo Errázuriz a Camino Lonquén; duración 135 días. Etapa 3: tramo II, sector Departamental a Lo Errázuriz, duración 246 días. La fecha de inicio de esta obra es el 22 de abril de 1998 y su término está estimado para el 20 de octubre de 1999. La fecha de término de la primera etapa es el 4 de octubre de 1998 y el avance del plazo en la etapa 1 es del 7,1 por ciento. La inversión estimada para 1998 es de 3.438 millones de pesos aproximadamente y la inversión decretada es de 2.700 millones de pesos.

La obra vial Costanera sur-oriente, de las comunas de Las Condes y Vitacura, es un proyecto de ingeniería en desarrollo. Se cuenta con la correspondiente aprobación de la Unidad Coordinadora de Vialidad Urbana y de Mideplan. En este momento está en la etapa de expropiaciones. Se debe tener presente que el ajuste presupuestario la afectó en cuanto a la velocidad de desarrollo y la inversión involucrada concluirá en el año 2000. Por lo tanto, este proyecto sufrirá un retraso en esta etapa. La rebaja del último ajuste presupuestario es de 1.777 millones de pesos a 590 millones 892 mil pesos para 1998. La obra en su totalidad tiene un costo aproximado de 6 mil millones y para 1999 se contempla una inversión de 3.800 millones de pesos.

El mejoramiento de Avenida Departamental , entre Avenida La Feria y Pedro Aguirre Cerda , en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos y Estación Central, tiene un monto de inversión de 1.400 millones de pesos. Este proyecto tendrá una postergación hasta 1999, ya que estaba contemplado realizarlo durante el segundo semestre de 1998.

También se contempla el mejoramiento de la Avenida 5 de Abril y conexión con Avenida Pedro Aguirre Cerda , en las comunas de Cerrillos y San Miguel , con un monto de inversión de 2.100 millones de pesos, que también sufre una postergación para el próximo año.

También, se contempla el mejoramiento del cruce eje San Eugenio-Avenida Bustamante con el eje Avenida Grecia, en la comuna de Ñuñoa, con un monto de inversión de 3.700 millones de pesos, que también tiene una postergación.

La señora Belmar , Subsecretaria, recalcó que en el ajuste presupuestario, ante una opción necesaria, las obras de vialidad debieron ser postergadas para 1999, a fin de evitar que dicho ajuste afectara la construcción de las viviendas básicas y progresivas, lo que se traducirá en que el área de vivienda se verá resentida, por lo que el Ministerio optó como política postergar las obras de vialidad, para no comprometer ni dañar el programa de viviendas que debe cumplir durante 1998. Lo mismo ocurre con la obra vial Conexión Avenida Suiza - Las Rejas, que también fue postergada para el próximo año.

A continuación el Diputado señor Navarro ( Presidente ) hizo algunas preguntas relacionadas con el ordenamiento territorial, basadas en argumentaciones dadas por Conama y Sesma , que según su criterio habrían significado que el crecimiento de Santiago ha llegado a un nivel de expansión urbana horizontal que está saturado, lo que ha generado una situación insostenible, como lo han señalado diversas personas en cuanto a que Santiago no podría seguir creciendo ni urbana ni industrialmente, lo cual ha llegado al límite de colapsar la capacidad.

En este sentido, el Diputado señor Navarro solicitó conocer la opinión del Ministerio respecto del crecimiento vegetativo de Santiago, considerando que al año se trasladan 100 mil personas desde regiones a la capital, lo que ejerce una fuerte presión respecto de los programas de vivienda social. Se ha señalado especialmente que habría una modificación del número de viviendas asignadas a Santiago, por cuanto hasta ahora habría existido una política preferencial para asignar un mayor número a Santiago que a regiones, lo que estaría incentivando la instalación en la Región Metropolitana en desmedro de las demás regiones.

Las políticas que el Ministerio tiene o cómo se relaciona con el ordenamiento territorial, especialmente con nuevas zonas de expansión urbana que ha tenido Santiago , como el denominado Plan Chacabuco. Efectivamente, si eso forma parte de una política definida por el Ministerio y qué rol juega respecto de la expansión urbana en este plan específico, que además ha tenido diversos cuestionamientos respecto del modo de implementación.

Respecto del tema del recorte, se señaló que habría menos pavimentación y menos árboles, dos de los elementos esenciales que ha señalado la Conama respecto de la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda. Será afectado el programa de arborización, 3 millones de árboles de aquí al año 2001, y el de pavimentación en Santiago. ¿Existe un programa de ajuste para que se respeten dichos programas? El Ministro públicamente señaló que se mantiene la construcción de viviendas, pero que si se verán afectados los proyectos de pavimentación y arborización, que son esencialmente los dos elementos que el programa de descontaminación le asigna al Ministerio. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en la demora del cumplimiento de las metas? y, en definitiva, si un Ministerio cambia sus prioridades de política o cambia su nivel de inversiones, cómo afecta eso el cronograma general del plan?

En cuanto a la planificación de los instrumentos territoriales, el Ministro de Transportes señalaba que el ordenamiento territorial es difícil, especialmente en el tema de los planes reguladores. ¿Cuál es el rol que cumple el Ministerio respecto de este ordenamiento territorial? ¿Qué grado de participación tiene en las medidas que son definidas en los planes reguladores comunales por el consejo regional y el Intendente? ¿Existe algún plan que pueda ser tomado en su integralidad? Pone como ejemplo específico el caso de las comunas de Lo Espejo y San Bernardo, en que una calle divide las dos comunas. Se quemó una industria en San Bernardo, contaminó a Lo Espejo, incluida la oficina del alcalde, escuela, y murieron personas; sin embargo, el Concejo se negó a trasladar la empresa. Por lo tanto, qué instrumentos en la planificación territorial se tienen para abordar problemas que existen y otros que puedan generarse. ¿El Ministerio de Vivienda tiene algún grado de control de gestión o de decisión en este desarrollo de planificación territorial?

El Diputado señor Arratia asignó una importancia trascendental a la coordinación y los planos reguladores entre las distintas comunas. Manifestó su preocupación en cuanto a que la zona más fuertemente industrial del área Metropolitana es la zona sur poniente de la ciudad que en razón de los vientos predominantes, especialmente en los meses de invierno, esa contaminación es encajonada en el sector norte y en el sector oriente de Santiago, y no sólo se contamina el sector sur. Por lógica, se debiera pensar que las industrias no debieran estar en Santiago, o bien estar situadas en un lugar donde los regímenes de vientos no implicaran un compromiso tan grande de la ciudad. A su juicio, el problema radica en la interacción que debería existir, por cuanto cada comuna hace su plan regulador, diseña las zonas industriales dentro de su comuna, pero no hay un manejo entre las distintas comunas.

Gran parte de los barrios residenciales de Santiago tienden a crecer hacia el sector norte llegando a La Dehesa y otros se pasan a la zona de Colina.

La Subsecretaria, doña Berta Belmar , expresó que el plan regulador establecía áreas industriales y de preservación ecológica.

Las municipalidades dicen no tener fondos ni recursos para hacer los planos reguladores. Entonces, hoy se está estudiando la posibilidad de hacer un convenio entre la Intendencia Metropolitana , el Ministerio de Vivienda y la Universidad de Chile, a fin de trabajar en esos planos reguladores. La duda es cómo obligar a una municipalidad o a una comuna para que tenga su plan regulador si no existen recursos.

El señor Hermosilla expuso que el plan metropolitano de Santiago está contenido en una norma que está vigente desde 1994 para las 37 comunas que conforman el Gran Santiago, más otras que fueron incorporadas a fines de 1997. El plan define, entre otras cosas, el área urbana y la restringida para dichos efectos. El color verde designa las zonas silvoagropecuarias o áreas restringidas para el desarrollo urbano por el hecho de ser zonas con buenos suelos para la actividad agrícola. La gama de amarillos indica los cordones de cerros, montañas y áreas de preservación ecológica. Los diferentes gradaciones de rojo y naranja señalan las principales zonas urbanas mixtas, esto es, que admiten usos de carácter inofensivo. La gama de morados designa las zonas industriales exclusivas, pero que admiten actividades molestas. En 1994, el plan regulador planteó la gran zonificación para Santiago, y en 1997 se agregaron territorios de la provincia de Chacabuco.

Además de las zonas mixtas urbanas de carácter inofensivo y las llamadas áreas molestas, donde se congrega la actividad industrial, el plan contempla entre otras cosas el fortalecimiento o creación de 11 subcentros de equipamiento metropolitano. Algunos ya existen, como el que se emplaza en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, pero la idea es crear otros lugares lejos de los principales centros de la ciudad que permitan el abastecimiento de servicios.

De manera que uno de los objetivos del plan es definir claramente los límites de la ciudad. En relación con lo que existía hasta 1994, el plan persigue restringir el crecimiento de Santiago, de modo de mantener en estado rural los bordes poniente y sur y encauzar el crecimiento hacía los límites norte -Huechuraba y las comunas de nororiente- y oriente, ocupando las comunas del área precordillerana. Una de las consecuencias de esta norma es que establece un crecimiento máximo tanto de Santiago como de Chacabuco, que comprende las comunas de Colina, Lampa y Tiltil.

El Diputado señor Navarro preguntó si se mantendría el sistema de parcelas de agrado. A lo cual el señor Hermosilla señaló que en el caso de la provincia de Chacabuco, se trató de mantener áreas con buenos suelos agrícolas a fin de evitar la expansión de Santiago. Así, las áreas urbanas que considera el plan corresponden a las cabeceras de comuna -Colina, Lampa y Tiltil- y otras que ya existían, como Batuco. La idea es reconocer estos centros y, a la vez, generar crecimiento en torno de ellos. De ese modo, existirán masas de población que hagan viables los equipamientos, servicios e infraestructura que allí se emplacen. Un objetivo adicional es ir creando zonas que no contemplen centros urbanos entre Santiago y los lugares ya señalados, y dar lugar, en los sitios cercanos a los cerros, a las llamadas zonas urbanizables de desarrollo condicional.

El Diputado señor Sánchez requirió datos sobre los parámetros que se consideraron para diseñar las zonas coloreadas en verde.

Dando respuesta, el señor Hermosilla señaló que se había considerado la calidad de los suelos y el equipamiento de riego, pero también la idea de conservar emplazamientos que funcionaran como pausas urbanas.

Lo concreto es que, además del poblamiento producido en las áreas prioritarias de desarrollo, existe la opción de las zonas urbanizables de desarrollo condicionado. Estas últimas poseen una doble norma: por un lado existe la posibilidad de desarrollar loteos de baja densidad; sin embargo, si se dan determinadas condiciones, como el tamaño del proyecto, aportes a la comuna en términos de mejoramiento de las condiciones de equipamiento e infraestructura y seguridad de que no se ocuparán áreas de riesgo, estos sectores podrían alcanzar densidades poblacionales similares a las existentes en las llamadas áreas prioritarias.

El problema radica en que se empieza por parcelas de agrado de 5 mil metros cuadrados, porque la ley lo permite, y terminan después, no con 5 mil metros cuadrados, sino con 2 mil, mil, o 500 metros cuadrados, inventándose ciudades nuevas completas.

Por lo tanto, siempre hay formas de burlar la ley. Se han visto en otras zonas que, por ejemplo, se hacen parcelaciones de cinco mil metros cuadrados para parcelas de agrado. Pero se destinan y no aparecen calles. Después, los vecinos aportan, en comodato o en usufructo vitalicio, a los vecinos, las áreas verdes y calles, una cancha de polo, una cancha de equitación, una piscina, un club house, áreas comerciales y todo lo demás. Al final, las parcelas de agrado, terminan siendo sitios de 500 metros cuadrados.

El Diputado señor Arratia afirmó que una de las razones para hacer este plan Chacabuco, es intentar frenar el desarrollo de parcelas de agrado.

El tema de las parcelas de agrado es tremendamente grave, porque se empieza a formar una especie de ciudad al margen de ella y sin ninguna conexión. Pueden desarrollarse proyectos al amparo del decreto ley Nº 3.516, que no tiene ninguna conexión entre sí y, otros, ninguna urbanización.

Entonces, se solicita al Estado o a las municipalidades que se financie la pavimentación, la iluminación o el gas.

La propuesta para el tema de las parcelas de agrado, va por la vía de una modificación al decreto ley Nº 3.500, una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y una indicación, en tercer trámite constitucional, y que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que las municipalidades, al confeccionar sus planos reguladores comunales, pueden regular el territorio completo de la comuna, de manera de entregar esta decisión de parcelas o no parcelas de agrado, al nivel comunal y regional, y no tener una decisión de tipo nacional.

El Ministerio comparte la inquietud por lo que está ocurriendo con las parcelas de agrado y la intención es tratar de proteger esas zonas verdes y concentrar algún tipo de desarrollo en esta zona de desarrollo urbano, condicionando que puedan generar pequeños pueblos, porque se pide un tamaño mínimo de 300 hectáreas. Por lo tanto, podemos estar hablando de una cantidad de personas que pueden sustentar un pequeño poblado y que tienen la exigencia de generar empleos en esa zona y de tener una vivienda social.

El Diputado señor Navarro formuló a continuación una serie de consultas relativas al tema de las metas, inversiones y desarrollo. ¿Están a cargo del plan de expansión? ¿Quién regula? ¿Quién establece las condiciones? ¿Quién autoriza? ¿Qué costo significa el impacto de los subcentros y el plan de Chacabuco?

En definitiva, todo programa que representa una reforma, involucra un costo humano y de infraestructura. Entonces, expandir la ciudad -como se ha hecho- a una proporción más grande que la de Santiago, ¿qué grado de planificación va a tener el Serviu?

La señora Belmar expresó que el Ministerio estaría programando construir más viviendas, lo que podría interpretarse como un incentivo para que las personas siguieran postulando a viviendas de Santiago.

En este orden de cosas, no ha habido un aumento significativo en los últimos años. El promedio de viviendas que se construyen para el Área Metropolitana, es de alrededor de 7 mil viviendas. De esas, casi el 90 por ciento están construidas en viviendas tipo C, esto es, edificios que son de hasta 3 pisos.

En lo atingente al ajuste presupuestario, señaló que el programa de pavimento participativo programado para 1998, no sufriría alteraciones. Tampoco habría ajuste respecto del plan de arborización. El ajuste que se hizo tiene que ver con la postergación de programas de vialidad intermedia, que se trasladan para 1999, y con la reducción que tiene el proyecto de la Costanera Sur, que se construye entre el puente Los Andes y la actual Costanera Andrés Bello. En la parte de vivienda, el ajuste tiene que ver con el pago de subsidios de vivienda progresiva y básica, tomando en consideración que dentro de los llamados que se hacen anualmente, el porcentaje de personas que cobran -el subsidio tiene una duración de veintiún meses- ese subsidio, nunca es absoluto, nunca es del ciento por ciento. Entonces, basándonos en esa estadística y en esa proyección, el ajuste se hizo respecto del pago de esos subsidios.

En lo referente a los instrumentos territoriales o de planificación que el Ministerio ejecuta a través de la Secretaría Regional Ministerial, existen facultades para obligar al municipio a que haga su plan regulador comunal. Pero ocurre que la ley establece que si la municipalidad no lo hace, lo debe hacer la Secretaría Regional Ministerial, y el costo de lo que ello significa, tendría que descontarse. Incluso, establece que podría haber una especie de embargo de los fondos de la municipalidad para poder pagar ese plan regulador. Pero las secretarías regionales ministeriales del país no tienen capacidad para hacerse cargo de la elaboración de los planes reguladores de todas las comunas que no lo tienen. Concretamente en Santiago, se está hablando de 53, en el Área Metropolitana, y, dentro de las que están pendientes, habría 31 comunas que debieran tener su plan regulador. No existe capacidad en las Seremis para obligar a hacerse cargo de lo que establece la ley. Por ello, se ha pensado en un convenio firmado entre la Intendencia Metropolitana , el Ministerio de Vivienda y la Universidad de Chile, a fin de que el Ministerio, aporte una parte del costo de esos planes reguladores, que la Intendencia Metropolitana o el gobierno regional se haga cargo de otra parte, y que la comuna también tenga que pagar. En el fondo, consiste en firmar un convenio que permita que efectivamente estos planes se puedan realizar. Pero hoy, por una parte, el municipio no cuenta con recursos para contratar consultorías, y por otra, la Seremi, para dar cumplimiento a la ley, no tiene la capacidad ni los recursos humanos ni técnicos para hacerse cargo de elaborar todos esos planes reguladores.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) se refirió al limite del crecimiento. Si los municipios determinan un crecimiento industrial, a contrario sensu de lo que opina la otra comuna, ¿qué grado de determinación se tiene para evitar esos impactos?

En esta situación, es el municipio quien debe limitar el crecimiento a través del plan intercomunal, que es el gran marco que las comunas deben respetar. Por ejemplo, el plan intercomunal establece las áreas de industria molesta. Las comunas no pueden pasar por encima de ese plan intercomunal. Están obligadas a respetarlo. Lo otro que ocurre también es que para que el plan regulador comunal vaya al gobierno regional, se requiere un informe técnico primero de la secretaría ministerial; existiendo la obligación de coordinar un plan con otro.

El Diputado señor Arratia acotó que en el plano expuesto, el sector sur poniente de Santiago es precisamente la zona industrial. Si se pasa por el camino que va pegado al aeropuerto de Cerrillos, se apreciará que esta zona, por lo menos en un 70 por ciento, aún no está construida. Sin embargo, dice: “Se vende terreno industrial”. Ello significa que con todos los problemas de contaminación que hay en la ciudad, todavía se van a autorizar que esas 500 ó 600 hectáreas que actualmente existen ahí se llenen con industrias, en una ciudad que está saturada y en un sector que técnicamente parece ser de alto compromiso.

Ahora, en este plano las zonas rojas son urbanas. Sin embargo, cuando se recorre hacia el norte, pegados a la carretera de Chacabuco, se puede observar que hay muchos condominios que no aparecen con zona roja, es decir, zona urbana. Chicureo tampoco aparece con zona roja. A lo mejor, si en este mapa se pusiera todo esto con zona roja, aparecería más zona roja aquí que lo que realmente es zona poblada, lo que significa que el mapa distorsiona un poco.

El señor Silva expresó que era necesario tomar en cuenta un factor de cambio entre el plan de 1994 y el de 1960, que era muy distinto. La tecnología industrial permite hoy la existencia de industrias no contaminantes. El decreto Nº 4, del Ministerio de Salud, de 1994, impide la existencia de industrias contaminantes en Santiago. Una nueva industria no podría ser una industria contaminante.

Tradicionalmente, los sectores industriales estuvieron en el norte de la ciudad, y los sectores poblacionales, en el sur, lo que significaba que toda la población que trabajaba en las industrias se desplazaba de un lado a otro de la ciudad. Este plan refuerza la existencia de algunas zonas industriales al lado sur. Al mismo tiempo, el Ministerio ha construido una cantidad importante de viviendas al lado norte, de manera de disminuir la probabilidad de viajes tan largos dentro de la ciudad, con lo cual se disminuyen los tiempos de transporte, consumo de energía, la posible contaminación. Lo otro que se plantea en la zona roja es dejar entregado a la decisión municipal la posible existencia de industrias, no sólo no contaminantes, sino que inofensivas, o sea, que no planteen ninguna molestia, a fin de generar oportunidades de empleo en distintas partes de la ciudad y no tener esas migraciones diarias. Eso es parte de este plan.

La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, señora Belmar , recalcó que sin el plano regulador metropolitano la proyección de la extensión de la ciudad era de 100 mil hectáreas y con el plano regulador aprobado en la Región Metropolitana se disminuyó a 60 mil, lo cual establece una densidad que estaba proyectada de 100 personas por hectárea a 150.

El Diputado señor Leay expresó que Conama hablaba de un plan regional de desarrollo urbano y preguntó si estaba terminado.

A mayor abundamiento, el señor Hermosilla , expresó que era importante recordar que existían varios niveles de planificación y distintos planes reguladores comunales. Desde 1960, existe un intercomunal de Santiago, que sería un segundo nivel, que por ser de rango mayor obliga a que sus normas generales sean respetadas por los planos reguladores de cada municipio, el que sería a nivel local, y el intercomunal, o sea el nivel mayor, correspondería al plan regional de desarrollo urbano.

En noviembre de 1997, el Intendente de la Región Metropolitana señaló que era importante no seguir trabajando como se estaba haciendo. Se aprobó una norma intercomunal para Colina, Lampa y TilTil -en 1997- y actualmente se trabaja en otros, como el de Melipilla y Talagante. Pero, en ese momento, se tomó la decisión de que antes de seguir avanzando en otros intercomunales, se tuviera una visión del conjunto. En ese sentido, el Intendente y el gobierno regional acordaron que se disminuyera el ritmo de trabajo mientras no hubiera un marco de referencia de toda la región. En julio de 1998, se ha completado la etapa de recolección de antecedentes y la elaboración del diagnóstico. Para eso fue muy importante el insumo conocido como ordenamiento territorial ambientalmente sustentable al estudio tratado por el gobierno regional, en el cual participaron muchos servicios. En definitiva, se entregó una carta con los principales temas ambientales de la Región. Con ese dato se ha estado trabajando con el proyecto de plan regional, que se cree estará listo a mediados de 1999.

El Diputado señor Rincón rectificó que en lo que se refiere a Santiago se habló de dos mil subsidios de renovación urbana para 1998, y considerando que es una importante herramienta de identificación, en lo que se refiere al casco urbano central de Santiago que contribuye al tema de los equilibrios territoriales de los asentamientos poblacionales, no se considera aumentarlo o incentivarlo tanto en número como en la ampliación de la zona. En resumen, dos cosas, el tema de los subsidios, porque dos mil aparece como muy poco, y el de la zona misma que se está estudiando.

La señora Belmar respondió que durante los últimos tres o cuatro años había ido aumentando el subsidio de renovación urbana. Se trata de un programa que oferta el subsidio, son 200 UF para quienes están interesados y estén dentro de la zona declarada como renovación urbana. En este momento se estudia la ampliación de aplicabilidad de ese subsidio, a fin de que la zona de renovación urbana sea ampliada y aumenta el número de subsidios, lo que significa contar con los recursos para ello

El Diputado señor Rincón solicitó conocer en términos numéricos, ¿en cuánto se podría traducir si se consideran estos recursos?

La señora Belmar respondió que se esperaba un aumento de por lo menos, unos 2.300 ó 2.500 subsidios, pero que dado el marco que ha entregado el Ministerio de Hacienda, concretamente la Dirección de Presupuesto, en un instructivo firmado por el Presidente de la República en torno a cuál es el tope del presupuesto, no es claro que se pueda aumentar en el nivel deseado, el cual se ha estimado en el doble.

El Diputado señor Leay planteó su preocupación en lo que dice relación con el subsidio de renovación urbana, específicamente con la focalización. Cuando el subsidio lo crea el Estado siempre va en apoyo de la gente más modesta, lo que debiera ser prioritario. Pero cuando en Santiago se ven los edificios que están con renovación urbana, de 1.000, 1.200 ó 1.400 UF -que es gente que está obteniendo un subsidio de 200 UF-, obviamente no se está llegando al sector más pobre, por cuanto ese grupo no tiene una capacidad de ahorro para llegar a tener ese nivel de casa o departamento.

Motivo por el cual solicitó mayores antecedentes sobre la desfocalización, y lo que son las políticas de Estado en materia de vivienda social.

La señora Belmar aclaró que el subsidio no estaba destinado a los sectores más pobres, sino a cambiar el de renovación urbana y contemplaba propiedades hasta 1.500 UF. La idea es que en esos terrenos que son más caros, efectivamente se produzca una movilización e innovación para mejorar los cascos viejos de la ciudad.

Últimamente, se ha incorporado en San Bernardo, todo el lugar en donde estaba la maestranza, porque es un sector que tiene terrenos de alto valor que necesitan ser mejoradas, a fin de que efectivamente se pueda renovar los sectores más viejos de las ciudades, lo que también se está haciendo en la Cuarta Región que, a raíz del terremoto, por ejemplo en La Serena y Coquimbo, existe la oportunidad de renovar el casco viejo de la ciudad, a través de los estudios que se realizan.

El Diputado señor Sánchez recordó que cuando fue director del SAG planteó el divorcio que se producía entre las decisiones del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura, en relación con la necesidad de establecer un sistema mediante el cual se pudiera tener derecho a voz y voto, a fin de tomar decisiones sobre suelos agrícolas.

Señaló que al discrepar del plan intercomunal de Chacabuco, aparecieron especialistas agrícolas de todos los sectores, del sector vivienda e inmobiliario, con opiniones diferentes, pues algunos señalaban que esas tierras no servían para nada y otros que eran terrenos muy buenos. Finalmente, salieron adelante con el plan intercomunal.

No obstante, sobre este tema faltaba un intercambio de ideas con el Ministerio de Agricultura, así como una decisión de dicha Cartera al respecto.

El Diputado señor Arratia señaló que cuando se produjo esta polémica pública, en menos de dos semanas aparecieron unas veinte versiones del mapa en cuestión, pues éste se acomodaba de acuerdo a las circunstancias.

Por otra parte, en el sector de Chicureo había 400 hectáreas de los mejores suelos de Chile, que eran de la empresa Petoseed, en donde producía semillas para exportar, en las cuales hoy se ha levantado un gran condominio de 400 hectáreas.

En consecuencia, con los problemas que tiene Santiago con la contaminación ambiental, alejar la posibilidad de agricultura, con la oportunidad de descontaminar que tiene ésta de oxigenar el sector, resulta de la mayor gravedad no haber sido capaces de darse cuenta de esa situación, porque cuando se está analizando el problema de la contaminación que existe en Santiago, se debió haber considerado el impacto positivo que significaba tener un cordón de agricultura que rodeara la capital.

Finalmente, el Diputado señor Sánchez expresó que los intereses económicos de una generación son tan grandes en ese sector que se ha preferido hipotecar los intereses de las generaciones futuras, con una visión que resulta insustentable.

El Diputado señor Navarro se refirió a lo que el Plan denomina Estrategia en el Control de las emisiones provenientes de la agricultura, que en lo atinente señala: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo incorporará progresivamente en su Programa de Parques Urbanos de la Región Metropolitana el uso de compost.”, y establece como meta hasta el año 2000.

Desde otro ángulo, el Diputado señor Navarro se refirió al M3EDI 1, que es la nomenclatura que ha utilizado la Conama en el Plan de Descontaminación que señala: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictará las normas técnicas que deberán cumplir los materiales destinados a la aislación térmica de las viviendas que se construyan en la Región Metropolitana.” ¿Por qué sólo en la Región Metropolitana, especialmente en lo que respecta al uso del asbesto, en circunstancias de que se ha sostenido que el impacto del asbesto en materia de salud es extraordinariamente negativo y hasta donde se sabe dicho material sigue siendo utilizado en programas de construcciones sociales, mejoramiento de barrios y casetas sanitarias, lo cual está en el mercado chileno con un alto desconocimiento de los usuarios, pese a que existen programas en el mundo entero para eliminarlo o protegerlo. La dictación de normas establece como plazo hasta el año 1998.

Otro objetivo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es confeccionar y elaborar el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana, el que deberá garantizar el cumplimiento de metas establecidas en el Programa de Descontaminación, que fija también como plazo mediados de 1998.

Otro objetivo de la Conama dice: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en coordinación con el Gobierno Regional y las municipalidades correspondientes, elaborará un programa de actualización de los Planes Reguladores Comunales, en conformidad al Plan Regulador Metropolitano de Santiago .” Dicha meta está fijada para el año 1999.

Éstos son los plazos que la Conama ha determinado que tiene que cumplir el Ministerio.

Frente a estas obligaciones, el Diputado señor Navarro (Presidente) preguntó si efectivamente las metas se iban a cumplir, y si estaban los recursos necesarios.

Hizo referencia a un decreto de disminución del número de viviendas que es considerado complejo inmobiliario, por lo tanto los niveles de exigencias se obtienen del estudio de impacto ambiental. Esto ha sido observado por algunos sectores de urbanistas y profesionales, lo que ha causado gran preocupación porque no es una mayor restricción o regulación sino que presenta mayores externalidades, no medibles. Se conoce que la exigencia de 100 unidades habitacionales -que era la norma establecida- podría ser compleja a la hora de considerar los estudios de impacto ambiental, especialmente en comunas pequeñas. Pero el número al cual se elevó establece un saldo cuantitativo. Al respecto, solicita una explicación de los motivos por qué se ejerció porque en su distrito, por ejemplo, la llegada de más de 100 viviendas genera no sólo un impacto en el ambiente sino también en la calidad de vida y hay una presión sobre los servicios municipales que están recargados. Esta es una externalidad que sería necesario saber cómo lo está evaluando el Ministerio. Por ejemplo, hay algunos sectores en que la llegada de 200 ó 300 viviendas supone 1.500 personas que vienen a presionar los sistemas comunales de todo tipo. Y con esto también se toca el tema ambiental porque cada cual trae aparejado su medio kilo de basura, urbana o domiciliaria; por lo tanto, hay una presión.

Respecto del compromiso de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda en cuanto a cautelar el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que permite la construcción fuera del límite urbano, reservándola prioritariamente para situaciones diferentes, según el Plan, debiera estar terminado el año 1998.

Otro objetivo señala que el Serviu otorgará un número de subsidios habitacionales igual o menor al porcentaje de habitantes de la Región Metropolitana en relación al total del país. También tiene como plazo el año 1998.

De la misma manera se señala que el Serviu mantendrá la tendencia actual de construcción de vivienda social de tipologías “B” (2 pisos) y “C” (3 pisos o más) en la Región Metropolitana, correspondiente a un 100% del total entregado en la región. También tiene plazo para 1998.

Se contempla que el Serviu deberá aumentar la oferta de subsidios de renovación urbana hasta duplicar su número para el año 2000. Aquí se establece como plazo el año 1999, pero sería necesario conocer los costos.

Al respecto, sería conveniente conocer qué sectores de Santiago estarían afectos a este subsidio. Se piensa solamente en Santiago Poniente o hay otras áreas, y qué grado de difusión ha tenido.

También contempla que se deberá presentar un proyecto de ley en virtud del cual se cree un subsidio a las transacciones, que complemente el subsidio básico modalidad libre elección (‘básico privado’), con el objeto de hacer operativo el sistema de viviendas usadas, el cual también tiene como plazo fines de 1998.

Además, se contempla que los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Obras Públicas deberán desarrollar un programa de edificios ancla en los subcentros establecidos en el Plan, también con plazo a mediados de 1998.

Por último, se establece que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reasignará recursos de su presupuesto al Programa de Parques para construir durante el año 1997 los parques de Cerro Blanco y Quebrada de Macul.

Finalmente, respecto del programa de pavimentación, cabe destacar el déficit de 1.000 kilómetros de calles y pasajes sin asfaltar que aún existen dentro del gran Santiago, durante los próximos 4 años, fijándose como plazo el año 2000.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) hizo presente su preocupación debido a que Conama no tiene instrumentos de fiscalización que impongan a los ministerios el grado de cumplimiento, también, respecto del cuál será el grado de evaluación de los mismos. El éxito del plan, cuya responsabilidad política se asigna la Conama, radica en un número importante de servicios públicos y ministerios.

La señora Belmar respondió las inquietudes del Diputado señor Navarro , expresando que Conama era una comisión y un organismo más que coordina con los Ministerios de Obras Públicas, de Transportes y de Vivienda acerca del cumplimiento del Plan de Descontaminación y Medio Ambiente. Por una parte, quien coordina a todas estas instituciones en el Área Metropolitana es el Intendente y, por otra, a través de lo que hace la Conama, la Secretaría General de la Presidencia , a través de su Subsecretario . Todas las semanas se llevan a cabo reuniones con el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia , señor Sergio Galilea , a fin de ir midiendo el grado de avance de cada uno de los puntos reseñados. Al mismo tiempo, el Intendente de la Región Metropolitana tiene otra instancia para coordinar a todos los subsecretarios en lo que dice relación, fundamentalmente, con los Planes de Vialidad Urbana, de Vialidad Intermedia y de Emergencia para Descontaminar.

El Diputado señor Girardi solicitó la opinión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la eficacia del Plan de Descontaminación.

La señora Belmar , respondió que el Ministerio era una parte del Plan. Las medidas que están llevando a cabo no sólo el Ministerio, sino en general el resto de los organismos y las instituciones que participan son fundamentales e impostergables, pero no suficientes. En este sentido, se requieren más recursos. Por ejemplo, si en el Programa de Pavimentos Participativos no existen los recursos, no se podrá cumplir el déficit anunciado para el año 2000; incluso, de contar con los recursos se podría cumplir antes de esa fecha. Si hubiera recursos suficientes para la implementación de esto sería un aporte importante respecto de cómo se prioriza lo que hoy está ocurriendo en el Área Metropolitana. Por lo tanto, el esfuerzo que hacen las distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si bien es impostergable y urgente, no es suficiente.

El Diputado señor Navarro (Presidente) requirió datos sobre el cumplimiento de las metas del Plan de 1997, en lo que dice relación con el Cerro Blanco y Quebrada de Macul.

La señora Belmar , respondió que respecto del Cerro Blanco, este proyecto tenía varias etapas y que su término estaba previsto para diciembre de 1998.

Añadió, que en el caso de la Quebrada de Macul, no existía duda, pero en Cerro Blanco existían problemas. Por una parte, hay un grupo de personas que está viviendo en las casas que hicieron allí hace mucho tiempo y, por otra, una parte del cerro fue declarada “zona típica”. En todo caso, la meta debería cumplirse en diciembre de 1998 y sólo no se podría dar lugar a ese cumplimiento por las situaciones señaladas.

F) Colegio de Arquitectos.

El señor René Morales , Presidente del Colegio de Arquitectos , expresó que en los temas fundamentales se preguntan cómo se debe mover la gente y cómo se estructuran en el territorio las actividades, las funciones y los movimientos de las personas, que es lo que en definitiva dice relación con el desarrollo territorial y urbano sustentable.

Hizo mención a la participación del Colegio de Arquitectos en el Frente Ciudadano, por cuanto consideraba importante intervenir, participar y lograr incidir como colegio profesional, con opiniones, en un frente que tiene como objetivo principal ser referente de los ciudadanos en materias medioambientales.

Como Colegio de Arquitectos y a través del Frente Ciudadano, planteó la dimensión del tema medioambiental, como también, la dimensión médica de la contaminación, con las propuestas que ha hecho el Colegio Médico. Señaló que los arquitectos tenían una visión diferente, en relación a propuestas e ideas, al igual que la tiene el Colegio de Profesores, cuya dimensión en relación con la formación de los niños y de los estudiantes y a la capacitación de los profesores, tiene un sentido especial, una dimensión y una variable diferente, la cual se ha ido incorporando en el Frente Ciudadano.

El Colegio de Arquitectos pretende posicionar algunas ideas y conceptos a considerar, respecto de aquello que se ha denominado urbanismo ambiental, con el propósito de tener la dimensión medioambiental en una proyección de desarrollo urbano y territorial.

G) Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El señor Galilea , Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , expresó que si se analiza la información durante el período 1989 a 1998, desde el punto de vista económico, se tendrá casi una duplicación del crecimiento económico. Sin embargo, desde el punto de vista de uno de los indicadores de contaminación del aire, que está relacionado con el denominado nivel 100, se da una situación que varía más o menos entre 100 y 89. Es decir, existe una ganancia ambiental medida desde el punto de vista de las diferencias de lo que sucede con el crecimiento económico y con el indicador de contaminación del aire.

Probablemente éste sea el dato más relevante, que toma las mediciones de las estaciones Gotuzzo, La Paz, O’Higgins y Seminario, que son las únicas sobre las cuales existe la posibilidad de establecer una gráfica de 9 puntos durante el período 1989 y 1997 y dan una variación en un sentido positivo, aunque menor, y un avance relativamente significativo en los índices de contaminación de las partículas finas, que son las más nocivas para la salud de la población. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de las partículas gruesas, donde los indicadores dan un nivel de variación que ha aumentado en magnitud de 38 a 42 y las partículas finas han bajado de 70 a 40. Esto da una síntesis de un indicador de 108 a 84 en términos de mejoras de la situación ambiental.

La perceptibilidad que tienen la ciudadanía, las organizaciones sociales y, en general, la opinión pública, es que el tema de la contaminación del aire en el gran Santiago sigue siendo extremadamente complejo y difícil.

Sería sumamente sencillo decir que se han producido estos avances, que han sido el resultado de que hoy haya una mayor cantidad de estaciones de monitoreo que en el pasado, que todo es el resultado de un plan de descontaminación que antes no existía y que hoy es probablemente la más completa pieza de descontaminación, así reconocida internacionalmente, en situaciones similares, bastante mejor que los estándares de ciudad de México, que hoy podría ser la situación comparable más normal, pero eso no soluciona los problemas, a lo más los mitiga. Si bien es cierto ha mejorado, de una manera significativa en lo que dice relación con partículas finas, que son las más graves. No ha mejorado la situación de las partículas gruesas, que han crecido en un porcentaje inferior, pero esto ha ocurrido en un plazo de 9 años, en que se ha duplicado el producto de la ciudad. Los niveles de actividad económica que hay en el gran Santiago son exactamente el doble en ocho años.

El Presidente de la República , al terminar de analizar los aspectos que decían relación con la posibilidad de incorporar a los vehículos catalíticos al régimen de restricción vehicular para situaciones excepcionales de emergencia, señaló que probablemente esto podría ocurrir 3 ó 4 veces al año. Ocurrió 3 veces este año, en promedio, 3,5 veces. Si se consideran dos dígitos, significa pedirle a una persona que tiene vehículo catalítico que una vez al año deje de circular. El Presidente expresó que si se estaba hablando de una o dos veces al año, era preferible que fuera una apelación directa y voluntaria de la ciudadanía y no necesariamente algo que llevaría a un complejo proceso legal, que se debería aprobar como una modificación al plan de descontaminación, lo que requiere a lo menos de ocho meses de trámite legal, sólo para regular situaciones de emergencia.

Es evidente que el automóvil catalítico genera sobre la calidad del aire tipos de efectos negativos que son cualitativamente distintos e inferiores a los que provocan los no catalíticos, pero también es evidente que hoy los vehículos catalíticos tienen efectos importantes, especialmente en materia de polvo en suspensión. Quizás, el polvo en suspensión no es el punto más relevante de todos los aspectos, pero sin duda sería una medida que podría cambiar en beneficio de situaciones de emergencia.

El Subsecretario señaló que quizás las medidas que tienen que ver con la restricción vehicular, que son probablemente las más conocidas por el conjunto de la población como medidas contempladas en el plan de descontaminación, son secundarias dentro del conjunto del paquete de medidas que es necesario tomar para enfrentar el problema. Por ejemplo, una apelación ciudadana en circunstancia de nivel 500, de emergencia, tal como se establece hoy en el propio régimen del plan, que no se hacen clases de educación física en los colegios o que en determinadas circunstancias en aquellas áreas o comunas donde el nivel de deterioro del aire son mayores, se puede producir suspensión de clases. En esas mismas circunstancias, por ejemplo, el 18 de mayo de este año, pareció que una apelación presidencial respecto al no uso o restricción autoimpuesta de los vehículos catalíticos pudiera tener tanto o más efecto que una normativa legal en esta materia.

Muchas de las cuestiones que tienen que ver con los efectos reales del plan de descontaminación dicen relación no sólo con estos instrumentos legales, con el marco institucional en que se dan y con el monto de los recursos de que se dispone, sino sobre todo con el grado de conciencia ciudadana.

El mérito más importante es que en un período de ocho años, en el que se ha duplicado el nivel de actividad económica y más que duplicado el parque automotor privado, existen niveles de aire similares o incluso algo menores que los que había hace ocho años.

La ciudadanía tiene una disposición a autorrestringirse en una cantidad importante de materias que es bastante superior a la que muchas veces las autoridades o los líderes de opinión piensan. La ciudadanía puede ser convocada, como ha quedado demostrado, a determinadas restricciones importantes con un grado de disciplina fuerte y significativo.

¿Cuáles son algunos de los elementos más importantes que explican los avances y que habría que acentuar en el último tiempo? Las normas más estrictas para las industrias. Sin duda, este tema ha sido de particular relevancia, a tal punto que los representantes del sector industrial, o algunos de sus representantes, dicen que el sector industrial ha cumplido, que los índices críticos de emisiones que tenían, si se comparan con la situación de las fuentes activas, ha variado muchísimo. Eso es cierto. Es decir, las emisiones propiamente industriales respecto de la contaminación del aire han disminuido significativamente. Es un elemento importante. ¿Pueden hacerlo mucho mejor? ¡Sí! ¿Los niveles de hoy son muchos más estrictos? Así es, por lo tanto, están sometidos a control una cantidad de fuentes fijas que son tres veces la cantidad de fuentes fijas que existían en el período de los últimos ocho años.

El avance que se produce en las emisiones de las industrias ha sido significativo. Esto ha sido obtenido, fundamentalmente, tanto por el proceso de reconversión de algún tipo de actividad como por el hecho de que el Servicio de Salud del Ambiente, fundamentalmente, con recursos extremadamente limitados, ha aumentado los grados de control sobre un número superior de fuentes. Para decirlo en una sola frase, en 1990 había 1.200 fuentes fijas catastradas, que generaban 22,5 toneladas al día. En 1998 las fuentes catastradas sometidas a control en los distintos niveles de contaminación son 4.751 y producen un total activo de 5,3 toneladas emitidas al día, contra 22,5 de las 1.200 industrias de 1990.

En 1990 la situación de aire en Santiago era francamente de las más críticas a nivel mundial, en cambio, la situación actual ha mejorado en ese ranking.

Las mejoras en los combustibles y probablemente los procesos de conversión a gas natural debieran provocar efectos importantes. En este caso, el hecho de tener combustibles sin plomo ha provocado logros importantes.

En cuanto al programa de pavimentación de calles y pasajes, más de 600 kilómetros de vías se han visto beneficiadas por esta iniciativa. Ello asegura un ritmo de pavimentación participativa en el Gran Santiago de 200 a 220 kilómetros, lo que genera un efecto extraordinariamente importante y significativo en cuanto a la solución del tema relativo al polvo en suspensión, atacando en forma directa el problema. Siempre que se proyecta este tipo de programas las municipalidades deben hacer un sacrificio adicional en conjunto con el gobierno central, situación que en un principio generó cierta resistencia.

En la actualidad, el único problema lo constituyen los empresarios. A pesar de ello, técnicamente es posible aventurar que durante 1999 podrían pavimentarse la totalidad de las calles y pasajes del Gran Santiago. Para cumplir con ese objetivo el Gobierno debe hacer un esfuerzo en materia presupuestaria.

Ahora bien, ¿por qué subsiste este problema? Porque hasta 1990, las empresas constructoras que edificaron poblaciones no consideraron pavimentar sus calles y pasajes, lo que trajo como consecuencia un aumento de las vías sin pavimentar superior a los 1.000 kilómetros. Con todo, el programa ha avanzado en otros aspectos, como la transformación de sitios en áreas verdes y la recuperación de zonas para espacios recreativos y deportivos a lo largo de todo el país.

El programa de pavimento participativo ha operado no sólo en la capital, sino también a nivel nacional. En tal sentido, durante los dos últimos años el programa ha cobrado mucha fuerza en regiones, en especial en la zona del Biobío.

En cuanto al programa de lavado y aspirado de calles, esto opera mediante 15 camiones, los cuales recogen 70 toneladas de polvo al día. Lo óptimo sería doblar la capacidad actual, de modo de cubrir 34 comunas durante 1999, lo que incrementaría la recolección de polvo a 170 toneladas diarias. Las mejoras en productividad y la duplicación de los recursos permitirían augurar una mejora en esta materia del orden del 30 por ciento. La primera evaluación del programa de aspirado de calles concluye que se recoge aproximadamente un 60 por ciento de polvo y un 40 por ciento de otras basuras. El próximo año se implementará un programa especial de lavado de calles especialmente dirigido a las zonas de menores recursos del norte y sur del Gran Santiago. Se estudia desarrollar esta modalidad de limpieza durante los sábados, entre las 10 y las 12 horas. Este aspecto no fue contemplado en la licitación que interesó a las 5 empresas que actualmente operan en la capital, por lo que se espera que el lavado de calles se ponga en marcha en el transcurso del próximo año. Como se trata de una operación que se efectúa en la noche, ella es desconocida por gran parte de la población. Es necesario revertir esa imagen no sólo para demostrar la labor del Gobierno en esta materia, sino para disciplinar a la población en cuanto al manejo de la basura.

En relación con materias más duras, esto es aquellas que requieren mayores inversiones, sería del todo positivo diseñar mayor cantidad de vías segregadas, como es el caso de la avenida Grecia. Uno de los beneficios que trae aparejado este tipo de infraestructura es que acorta casi a la mitad el tiempo de desplazamiento vehicular. Sin embargo, el emplazamiento de una vía segregada implica invertir grandes sumas de dinero. La vía segregada de avenida Grecia tuvo un costo equivalente a la tercera parte de los recursos destinados al programa de pavimento participativo de la Región Metropolitana.

Simultáneamente al proyecto de avenida Grecia, la municipalidad de Providencia llevó a cabo importantes obras en Bilbao con un costo cuatro veces superior. Sería muy importante poner en práctica el sistema de vías segregadas en Santa Rosa o Gran Avenida -se trata de dos arterias que necesitan en forma urgente agilizar el movimiento vehicular-; sin embargo, el costo alcanzaría a diez veces el monto invertido en avenida Grecia.

Estos ejemplos demuestran que el programa de vías segregadas se encuentra severamente limitado en términos de financiamiento. Ojalá los municipios que cuentan con mayores recursos pudieran cooperar a fin de hacer realidad estos programas. En el caso de avenida Grecia, la cooperación de la Municipalidad de Ñuñoa fue extraordinariamente importante. Desgraciadamente, no siempre existe la posibilidad de encontrar avenidas anchas para ejecutar estos trabajos ni tampoco la disponibilidad de recursos presupuestarios para destinar volúmenes superiores a los 7 mil millones de pesos y, adicionalmente, 18 mil millones de pesos en el programa de pavimentos participativos sólo en la Región Metropolitana. Respecto de esas disponibilidades financieras es probable que no se obtengan para 1999.

En cuanto al Metro, se puede sostener que podría transportar, en horas “peack”, un 18 por ciento más de pasajeros.

Probablemente el Metro de Santiago sea una de las empresas, a nivel mundial, que ha mejorado más su estándares en los últimos cinco años. La conducta del santiaguino respecto del Metro es radicalmente distinta a la del santiaguino respecto de cualquier otro medio de transporte. Si hay alguna obra particularmente valorada por la ciudadanía, es el Metro.

Es necesario contar con una disciplina muy fuerte para trabajar. Por ejemplo, con tiempos de intermediación horaria que se han reducido hasta tres ó cuatro veces, sin tener los problemas severos de Ciudad de México o de Caracas, que serían los dos casos de tecnologías comparables en materia de Metro.

La ampliación, desde ese punto de vista, y del plan de descontaminación, la línea 5, y la posibilidad de actuar de algunas complementaciones a la obra de ejecución de Metro, es decir, la ampliación de red de Metro, volvería a ser probablemente el elemento de transporte público más importante y vital desde el punto de vista de la contaminación de Santiago. ¿Cuánto cuesta?

En esta materia, las dificultades son similares a las de las vías segregadas. Por último, ¿quién financia lo que cuesta? ¿Será el presupuesto nacional o se deberá pensar en algún tipo de mecanismo mediante el cual el subsidio directo o la acción directa que se haga mañana en acción de contaminación tenga que ver estrictamente con el pago de los consumidores y particularmente con el pago de los automovilistas o de quienes ejercen el transporte privado en la ciudad de Santiago, de modo de no gravar a las provincias con los efectos de esta acción de carácter nacional en esta materia?

Hay una serie de otras materias respecto de las cuales todavía hay mucho que avanzar, especialmente en los servicios combinados. No existe cultura de servicios combinados bus-metro y se han detectado dificultades para los procesos de integración tarifaria.

Con todos los avances producidos en la licitación de recorridos de transporte urbano -por ejemplo, hoy día circulan por la Alameda Bernardo O’Higgins la mitad de los vehículos que circulaban hace cinco años-, siguen siendo todavía extraordinariamente significativos.

En materias de servicios combinados, la cultura es escasa.

En otras circunstancias, se ha inaugurado con bastante esfuerzo de los alcaldes de Las Condes, Providencia y de Santiago , por ejemplo, la posibilidad de establecer la línea de buses ejecutivo, la diversificación del transporte público creando un estándar de transporte público mejor, con periódicos, información de lo que ocurre en el Parlamento, y otras cosas motivantes para la ciudadanía.

Durante un período importante, el sistema fue gratuito. Parecería que la gratuidad como modalidad de incentivo, desincentivó a los eventuales usuarios.

Entre las experiencias importantes en materia de transportes, está lo que se llamó las vías verdes.

Hay ciudades donde existe penalización al uso individual del automóvil. Obviamente cualquier tema que tenga que ver con la penalización de un derecho ciudadano es algo que se debe estudiar con mucha prudencia.

Los análisis efectuados señalan que los niveles de velocidad en las pistas verdes son significativamente superiores a las pistas no verdes. Los niveles de cumplimiento son superiores al 65 por ciento.

Para este año, se decidió no continuar con este proyecto, no tanto por el problema de los acuerdos de los alcaldes de Las Condes, Providencia y Santiago, que eran imprescindibles para operar ágilmente.

El sistema no podría operar sólo en una de esas comunas, fundamentalmente en la Costanera, donde esto operó.

La efectividad es del orden del 30 por ciento en el índice de velocidad, lo que resulta significativo.

Entre los temas pendientes que tienen que ver con condiciones de tráfico, sin duda el congelamiento del parque de taxis, actualmente en el Senado, puede ser entendido como una medida excepcional, la que sin duda puede establecer que este elemento puede ser interesante.

La suspensión de la existencia de este registro durante un período de tiempo puede implicar algunos beneficios muy sustanciales de la ciudad de Santiago.

En la ciudad de Santiago y en todas las ciudades con problemas de saturación, el proyecto de tarificación vial probablemente sea el que de modo más nítido puede tener efectos significativos importantes, porque establece un mecanismo mediante el cual se afecta directamente la racionalidad y la lógica del automovilista privado. Directamente, porque el automovilista privado, al optar por una vía pagada o no pagada hace el símil de lo que hace el automovilista interurbano, cuando puede pasar por un túnel y decir: “Pase por la cuesta y no pase por el peaje”.

Se ha dicho que en Chile no existe la experiencia en relación con otros países. ¿Por qué en Malasia esta situación opera con algunas restricciones o con respecto a algunas áreas de la ciudad? ¿Por qué en Nueva York existe un sistema de tarificación de los estacionamientos, que es tan alto que genera una disciplina en la conducta de los automovilistas? En Nueva York un porcentaje elevadísimo de la gente hace uso del transporte público, forzosamente, entre otras cosas, por el costo del transporte privado y porque existen penalizaciones al derecho de estacionamiento, que son de una fuerza brutal.

El proyecto de tarificación vial es una esperanza extraordinariamente importante en ese sentido, porque disciplina la conducta del automovilista privado, porque, de paso, prioriza el transporte público y porque al establecer una penalización relativa o un gravamen, sólo al automovilista privado, en lo que se refiere a determinadas vías, definidas como áreas congestionadas, se está incentivando el traslado de una masa de consumidores importante hacia el transporte público y se están generando condiciones de demanda para el recepcionamiento de estándares de transporte público, que pueden ser más diferenciados.

Finalmente, no se debe descartar la idea de que el mecanismo de tarificación vial implica un mecanismo recaudatorio. Desde el punto de vista de las dificultades que existen en otros países con los mecanismos recaudatorios, particularmente cuando los países deciden hacer algunos esfuerzos importantes, tales como inversiones, el tema acerca de qué mecanismo se requiere para obtener un volumen de recursos importante lleva a la discusión de cómo mejorar las condiciones recaudatorias.

Las condiciones recaudatorias no sólo se mejoran por la vía de los tributos. Estas se van a mejorar por la vía de perfeccionar los controles tributarios, que han tenido tanto o más efecto, y por la elevación de las tasas de gravamen. Pero esto implicaría avanzar en dos sentidos, que no son despreciables, desde el punto de vista de los objetivos más globales y más nacionales del plan de descontaminación de Santiago. El primero es aumentar los recursos por la vía de quienes los aportan, que son los automovilistas privados, lo cual implicaría que, por primera vez, tendríamos un gravamen de los santiaguinos, particularmente de los automovilistas privados, para la solución de problemas que tienen que ver con el aire de la Región Metropolitana. El tema de la contaminación del aire de Santiago tiene que ser resuelto por los santiaguinos.

La puesta en aplicación de la tarificación vial puede suponer un período de marcha blanca, entendiendo que ésa es una manera razonable de plantearse frente a las dificultades tecnológicas de aplicación de un mecanismo, que implica algunas variantes muy importantes, porque es evidente que hay atochamientos y una serie de otros efectos. Además, todavía está pendiente el tema de cuál es la maquinita de pago o la maquinita de control que los automovilistas privados deberán tener obligatoriamente, porque ése es el mecanismo mediante el cual esto opera. También existe la opción de implementar un sistema de sellos, para el manejo respecto de áreas y no necesariamente sobre vías.

Los especialistas e ingenieros de transporte, unánimemente, han sostenido, con mucha fuerza, que éste es su proyecto predilecto, y que el sistema debe ser aplicado a nivel de cada una de las vías y con automóviles que tengan una suerte de control o máquina de contabilidad propia. Los especialistas del Ministerio de Transportes ven como un mérito y no como una dificultad el hecho de que se diga que esto no ha tenido una discusión tan importante en otras partes, porque evidentemente en otros lugares existe el transporte subsidiado o transporte semipúblico municipal y no existen las alternativas que tenemos acá.

A pesar del avance producido en el campo de la licitación del sistema de transporte público, hoy se constata una suerte de costo social, inherente al hecho de observar, especialmente en horas que no son de punta, una cantidad importante de buses circulando sin pasajeros, lo cual es de fuerte significación, más allá de que es una situación propia del transporte. En consecuencia, los mecanismos de regulación son elementos que pueden estar en consideración.

En relación con el crecimiento de la ciudad, es decir, qué pasa con el desarrollo urbano y cuáles son sus modalidades, se puede inferir que a nivel de desarrollo urbano, existen problemas que hicieron crisis durante la década del ochenta en el Gran Santiago.

En la década del ochenta, la superficie urbana efectiva de Santiago aumentó a más del doble. Se sostuvo, con mucho énfasis, que el problema radicaba en que el suelo era un recurso escaso, por lo cual era caro, debido a las regulaciones históricas de estos controles gubernamentales. Por ello, lo que se debía hacer era disminuir los controles, desregular el conjunto y dejar que la ciudad creciera como el mercado lo determinara. De esta manera la ciudad se expandió, duplicando su superficie urbana en un período inferior a siete años. Es más, aumentó muchos de sus costos, particularmente los de transportes, en, a lo menos, tres veces, provocando efectos de segregación social extraordinariamente complejos. La ciudad de Santiago se transformó, hacia finales de los ochenta, en probablemente uno de los casos internacionalmente más analizados, de situación de deterioro de su condición de barrio y de segregación urbana.

Santiago es una ciudad en la cual se puede obtener respuesta a muchas preguntas sólo con saber dónde vive una persona. Es decir, el lugar donde uno vive en Santiago permite saber la condición social de las personas, y en algunos casos hasta se puede saber cuál es su club deportivo favorito, porque el nivel de segregación social y la estructuración de los barrios de Santiago es enorme. Debido a eso, el costo de transporte se elevó, en promedio, tres veces, de modo que se da el dudoso récord de que al final de la década de los ochenta los trabajadores no especializados, que recibían rentas extremadamente bajas en ese momento, tenían un costo de transporte que era inhibitorio para sus posibilidades laborales. Por cierto dicho costo era aún mayor en los casos de personas que trabajaban en programas de empleo mínimo.

Dicha referencia histórica permite realizar una comparación, y se puede sostener que según la proyección que se dio en la década del noventa el crecimiento de la expansión urbana de Santiago no superará el veinte por ciento. Además, se podría hacer referencia al hecho de que Santiago se expande cinco veces menos en términos proporcionales

En 1996, en la reunión mundial del hábitat, el Plan Intercomunal de Santiago fue destacado como uno de los tres instrumentos de planificación, para ciudades con una escala similar a la de Santiago, con mayor contenido ecológico de los instrumentos de planificación vigentes en el mundo.

Se dispone de un instrumento que tiene una mecánica de resolución en la cual están incorporados los consejos regionales y en donde existe participación ciudadana. Eso permite asegurar que en la actualidad las formas de regulación de la ciudad sin duda son tremendamente distintas a las que existían antes, las cuales habían sido inhibidas al máximo.

Sin duda en este tema hay desafíos urbanos clave, como el de la recuperación de los barrios. A modo de ejemplo, la actual comuna de San Miguel no es lo que era hace cinco años, y eso no es el resultado del mercado o del nivel de la actividad económica, sino porque allí existen en la actualidad subcentros importantes. Al igual que San Miguel , el barrio Bellavista y el sector de Pío Nono es una zona que ha sido muy recuperada por la ciudad.

En consecuencia, lo que hoy están proyectando los municipios y los privados, como el parque industrial Huechuraba y el subcentro La Pintana, permite pensar que la ciudad de Santiago podría mejorar muchísimo si tuviera subcentros urbanos y si se buscara, entre otros aspectos, inhibir el costo y la necesidad de transporte, respecto de lo cual uno de los problemas más serios que existe son los viajes escolares, porque todavía un porcentaje muy importante de personas aspira, teniendo una diferenciación en los grados de educación o en los grados de expectativas sobre los niveles educacionales, a que los jóvenes estudien en una escuela secundaria en una comuna distinta a la de origen. Debido a eso es muy difícil establecer un régimen mediante el cual la persona que vive, por ejemplo, en La Granja, estudie en dicha comuna, porque el mecanismo de movilidad social real permite que cualquier joven tenga la posibilidad de llegar al Instituto Nacional o a otro colegio, como uno particular privado, etcétera. Por lo tanto, no se puede inhibir dicho mecanismo de movilidad social.

Desde ese punto de vista resulta evidente que hay desafíos urbanos gravísimos, como en el tema que se refiere al transporte público.

Esto no es una lucha en contra de Santiago a fin de favorecer a las regiones del país, porque los problemas de la capital se deben entender en una perspectiva nacional. No obstante, cabe preguntarse qué pasa con la creación de incentivos regionales para que las actividades económicas puedan desarrollarse en regiones. Además, cabe preguntarse qué posibilidades hay de tener una estructura más pujante, porque en la actualidad el 75% de las inversiones privadas extranjeras se realizan fuera de la Región Metropolitana, pero no ocurre lo mismo en términos de la gestión. De hecho, la concentración de la actividad financiera hace que en muchas regiones haya desahorro. Por ejemplo, la región de La Araucanía tiene los indicadores de pobreza más estables del país, uno de los cuales es el desahorro, es decir, el hecho de que en las comunas costeras de dicha región hay niveles de ahorro que son superiores a los niveles de colocación del Banco del Estado. Hasta esos contrasentidos se dan en algunas regiones.

En consecuencia, el punto es si como país se está dispuesto a tener un Banco del Estado como el que tuvimos o a invertir recursos en asistencia técnica o crediticia como los que algún día tuvimos, a fin de llevar a cabo actividades razonables, porque algunas de ellas deberían descontinuarse, como la del carbón, en la cual históricamente ha habido problemas, así como algunas actividades pesqueras que tienen problemas inevitables desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, surge la duda de si los procesos de reconversión tecnológica permitirán saber cuáles son las líneas de créditos realmente posibles en la actualidad para superar, por ejemplo, la situación del petróleo y la suerte de diversificación del gas que existe en Puerto Natales y en la zona de Magallanes.

Incluso, respecto del proyecto de la Trillium, de prospección forestal de madera nativa, el cual ha sido planificado en condiciones señeras desde el punto de vista del desarrollo ambiental del país, existe un grado de expectativas regional muy superior al que debería haber.

Al respecto, a veces se argumenta que los proyectos deben ser aprobados para solucionar la falta de empleos, pero lo que nunca se debe hacer es otorgar concesiones ambientales con el propósito de generar fuentes laborales, y menos en un país con el grado de diversificación de recursos naturales como el nuestro. Sin embargo, hay que ver los dramas que tienen hoy los pequeños industriales a nivel regional para acceder a recursos de financiamiento, a capacitación técnica, etcétera. En consecuencia, nuestros instrumentos aún siguen siendo extremadamente insuficientes.

Cuando se habla de incentivos surgen respetables opiniones, por ejemplo, sobre el proyecto de ley austral o sobre si los mecanismos que hay en determinados temas son o no suficientes. El debate de fondo es si estamos de acuerdo en que se debe disponer de un volumen de recursos significativo del erario y del Presupuesto de la Nación para activar fondos concursables, que se asignen en forma transparente a través del Banco del Estado o de algún instrumento, a fin de generar condiciones de desarrollo efectivo en determinadas áreas.

Incluso, el proceso de reconversión tiene importantes debilidades y dificultades, como ocurre en la zona del carbón. La situación de Coronel es distinta a la de Lota. Por ejemplo, la pavimentación de la avenida General Carlos Prat, es algo que influye en el nivel de actividad que hay en dicho lugar.

En consecuencia, surge la pregunta si eso se hace sobre la base de inversión pública o de una combinación de inversión pública y privada, y sobre cuáles son las oportunidades empresariales reales que el gobierno está dispuesto a avalar. Al respecto, la discusión sobre mantención o no de la agricultura campesina o de los llamados sectores tradicionales de zona agrícola, lleva a determinar el carácter que deben tener los instrumentos de financiamiento, como la Corfo, institutos de fomento en otras áreas, como fomento minero, pequeña y mediana minería, y el Banco del Estado.

La clave ha sido la inversión pública, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si en 1990 el FNDR era 12 mil, hoy es 180 mil. Esto significa que en muchas de las regiones, por ejemplo la Araucanía, se cuenta con infraestructura de salud, empleo, educación, mejoramiento de caminos y mantención de caminos secundarios muy superior a la que existía en períodos recientes. Todo eso tiene un efecto productivo. Pero mientras eso no tenga un correlato de mayor significación en el ámbito de apoyo a la inversión productiva directa -como líneas de crédito-, no significa volver al estado nacionalista y refundar la Corfo, por ejemplo. Significa trabajar a través de mecanismos más concursables, tener más Fondef para las regiones. Es decir, más posibilidades de acceso a las alternativas tecnológicas y más posibilidades de acceso a carteras de proyectos. ¿Por qué no puede haber un grupo de especialistas que vaya a la zona del carbón y diga cuáles son las iniciativas que requieren subsidio público para que se le entreguen a los privados proyectos prefactibilizados? Esa parte está pendiente en el área regional. Se ha avanzado muchísimo en materia de inversión regional y también en inversión municipal. Hoy tenemos 12 ciudades de Chile, incluido Puerto Montt -por cierto- que crece a tasas superiores del Gran Santiago. Temuco, sin duda, también es una ciudad de Chile que crece. Santa Cruz de la Sierra y Temuco son las dos ciudades que más han crecido en los últimos 25 años en América Latina. Uno es el desarrollo petrolero; otro, el símbolo del desarrollo de la pobreza. Es decir, un desarrollo terciario de una ciudad cuya actividad fundamental son el comercio y los servicios -a pesar de que tiene un área deteriorada- que capta una migración interna extraordinariamente importante. El símbolo del crecimiento con pobreza, o el símbolo del crecimiento con situaciones dramáticas -como es el caso de Temuco-: el signo de crecimiento con situaciones más de expectativas tipo Maracaibo, al igual como Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Estos temas son necesariamente muy transversales, Requieren de voluntades políticas muy fuertes y activas, tales como tarificación vial, la penalización a los tributos metropolitanos. Desde el punto de vista del equilibrio del desarrollo nacional, de la capacidad exportadora del país, del comportamiento de la fuerza de trabajo, de las fronteras interiores y de la soberanía y el desarrollo de zonas australes es un elemento que forma parte de la nacionalidad. No es un elemento menor que pudiera ser cuantificable, pero es absolutamente sustancial entre otras cosas el medio ambiente. De lo contrario va a ocurrir que el día de mañana, por la ausencia de desarrollo en algunas zonas o regiones del país se diga: “Venga usted acá, contamine porque aquí tiene posibilidades de contaminar”.

El Diputado señor Leay formuló algunas consultas relativas a estudios sobre los permisos de emisiones transables, su “timming” para entrar en operaciones.

En lo que dice relación con las fuentes móviles, que es uno de los elementos importantes de contaminación, se habla mucho del proyecto de reconversión de combustibles líquidos a combustibles gaseosos, fundamentalmente el gas natural, y para eso la Intendencia de la Región Metropolitana ha coordinado con otros organismos del Gobierno un plan piloto para implementarlo a futuro. En varios países del mundo ha dado grandes resultados. ¿Cuál es la lógica que tiene el Gobierno si por una parte está impulsando este plan piloto y, por otro lado, manda un proyecto en que triplica el impuesto al gas natural? ¿Cómo se maneja este tema al interior del Gobierno? Porque si se quiere dar un incentivo al gas natural este elemento se triplica básicamente en buses, pero en automóviles baja. Entonces, el transporte público, que es donde interesa atacar el material particulado que produce el diesel pudiendo ser éste el mecanismo de reemplazo, quiere decir que se está triplicando. La inversión de gas natural es bastante alta porque el instrumento para abastecer de gas en las bombas bencineras vale medio millón de dólares y para que esto funcione debe existir una red, porque si van a haber solamente 3 bombas en Santiago sería un proyecto absolutamente fracasado. Entonces, no se ven los incentivos correctos para la introducción del gas una vez que tengamos este plan piloto.

La reconversión debiera incluir a los autos usados, puesto que todos los estudios de afuera así lo indican. Aunque el catalítico no produce ningún efecto positivo que cambie las variables, en un auto no catalítico está probado que aumenta claramente el monóxido de carbono, que es un elemento extraordinariamente importante y la zona de Santiago está declarada saturada en esa materia.

El Plan de Descontaminación no es enfático y está sujeto a muchas variables. Por ejemplo, la Conama puede señalar que se pavimentarán tantos kilómetros. Pero esa es una propuesta, no es que ello se vaya a materializar; puede que se cumpla o no.

En el Comité de Ministros que integra Conama no hay un órgano resolutivo, claro, concreto. Eso genera que el plan de descontaminación tenga una serie de buenas intenciones, pero con ellas no se va a descontaminar Santiago . Puede tener la mejor de las intenciones, como todos los funcionarios de los servicios públicos, pero una cosa es tener la intencionalidad y otra es tomar las medidas adecuadas y las herramientas necesarias para lograrlo.

Finalmente, la eficiencia no está bien regulada en este plan en términos de los costos y beneficios, ni la equidad en cuanto a la inversión, porque hay sectores que están haciendo un mayor esfuerzo y otros no. Por ejemplo, el plan menciona la contaminación intradomiciliaria, pero no propone absolutamente nada.

En definitiva, el resultado será un gasto de mil millones de dólares, pero nadie asegura que se va a descontaminar Santiago.

En relación con los costos y beneficios directos e indirectos del PPDA, respecto de los puntos de vista público y privado, sería muy grave poner en juego mil millones dólares, si no se tuviera la certeza de que se van a obtener beneficios por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares. Sobre esa lógica se ha construido el conjunto de medidas. Entonces, se está hablando de una rentabilidad social del 40 por ciento. Sin embargo, muchas personas sostienen que dicha rentabilidad es muy superior a ese porcentaje. Entre otras materias, éste es uno de los casos que se enseña en los talleres de proyectos de las escuelas de ingeniería.

Es necesario hacer una valoración social, que significa mejoras en la salud pública, las cuales se miden a través de esperanza de vida. Es una discusión metodológica muy compleja. De manera que hay una subvaloración de los beneficios. Ésa es la opinión técnica que se ha analizado con los especialistas sobre la materia. La rentabilidad social de este programa no es inferior al 40 por ciento. Se trata de un esfuerzo nacional de extraordinaria importancia, independientemente de que no se menciona quien asume los costos, porque depende de muchas variables.

Desde el punto del énfasis, el plan no puede ir más allá de lo que la ley establece. El plan hace recomendaciones que deben ser materia de ley. El plan no puede señalar que desde mañana habrá tarificación vial, porque es una materia regulada por ley. Entonces, hay muchas materias relacionadas con la regulación del sistema de transporte y las medidas impositivas o tributarias.

En ese sentido, se deben analizar una serie de elementos sobre la consistencia del plan de descontaminación con un conjunto de otras iniciativas gubernamentales o parlamentarias en términos de proyectos de ley. Por ejemplo, la tarificación vial es un elemento sustancial del plan de descontaminación.

El Diputado señor Leay señaló que, con ocasión de la discusión de la ley de Administración Regional y de la modificación de la ley de Municipalidades, se intentó configurar la idea de los gobiernos metropolitanos, pero hubo algunas referencias de carácter programático más que institucional respecto de las modalidades de coordinación. El gobierno regional es más que la Intendencia, pero mucho menos de lo que se necesita desde el punto de vista profesional y técnico. El gran desafío no es tener un intendente electo, sino una actividad de dirección técnico profesional de alto nivel en la Región Metropolitana. Falta un equipo de cuarenta o cincuenta profesionales en las distintas ramas, ligados en una sola entidad, que dependan del Intendente de la Región Metropolitana . Ese es el desafío principal. Eso obliga a tener una mayor coordinación entre transporte y vivienda.

Sobre las fuentes móviles, señaló el señor Subsecretario que consideraba que los temas relativos al gas estaban muy vinculados con los tributarios. La escala de operación supone incentivos de un volumen suficientemente alto para asegurar escalas de operación tecnológica. Se podría repetir la experiencia del alcohol -como dicen los brasileños-, en que había combustible de alcohol, pero en pocos lugares. Entonces, los resultados en materia de transporte que hoy tendríamos serían extremadamente caóticos. Ha funcionado en Curitiba, en Porto Alegre, porque ha sido el resultado de políticas más bien de diseño, de planificación urbana, que son señeras en el mundo, pero sin duda que el tema de la reconversión sigue pendiente.

Tener gas es una ventaja para el país, pero hay ciertos sacrificios que el país tendrá que hacer en materia recaudatoria de manera significativa.

Finalmente, en relación con los permisos de emisiones transables, esto es materia de ley. No puede ser materia de potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Desde el punto de vista estrictamente técnico y político, hay un reconocimiento de la potestad reglamentaria del Presidente de la República , que en la opinión jurídica del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, el marco de la Constitución del 80, es de leyes programáticas, es de leyes marco y, por lo tanto, apela cuantiosamente a la figura de los reglamentos; en algunos sectores de fiscalía y Contraloría se ha sostenido que la potestad reglamentaria no puede ir más allá de lo que la ley dice, y es evidente que no puede ir más allá, pero tiene la obligación de especificar. Para decirlo de alguna manera, no se puede decir que los proyectos inmobiliarios deberán ser sometidos a estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es un proyecto inmobiliario? ¿La ampliación de una casa? Todos estarán de acuerdo en que la ampliación de una casa no va a requerir un estudio de impacto ambiental. Quizás todos estarán de acuerdo en que un proyecto que abarcará 5 u 8 manzanas es un proyecto que va a tener impacto, y alguien podría decir que ese impacto se medirá a través del mecanismo de regulación urbana. Técnicamente es un tema muy complejo.

El caso de los permisos transables es de otra naturaleza. Dos materias claves. En primer lugar, la voluntad política de legislar desde el punto de vista del Ejecutivo sobre la existencia de permisos transables supone ponerse de acuerdo en niveles de calidad. Es decir, se podría sostener hoy que la situación en una localidad determinada respecto de determinados tipos de contaminantes es la situación deseable o ideal, y sobre la base de esa línea se podría establecer transacción.

En el área Metropolitana de Santiago hay dificultades en operacionalizar este mecanismo, por la discusión de si la línea de base debe ser previa al mecanismo o a la transacción. Además, las transacciones deben ser en unidades ambientales equivalentes. Por ejemplo, nueva Renca . Cuando se dice que va a producir respecto de tal material una emisión mayor, tiene que haber una compensación en ese mismo tipo de material. Es decir, no siempre va a compensar gases por la vía de pavimentar calles. Tiene que haber una unidad de equivalencia en las transacciones. Son las materias sobre las cuales es necesario construir un acuerdo como condición previa.

En Inglaterra opera un sistema bastante efectivo de organismos de transacciones debido a que existe una buena línea de base y este mecanismo de transacciones en áreas temáticas. Se espera que el proyecto de ley respectivo ingrese a trámite legislativo el año 1999.

El mecanismo en los países en que ha operado el nivel de transacciones se encuentra fuertemente regulado; existen acuerdos entre privados, muchas veces hay informes de la autoridad local y se agilizan mucho los procedimientos. También son países donde la convicción ambiental es más fuerte que la nuestra, tanto la convicción de entender que los temas de mejoramiento ambiental no sólo tienen que ver con las convicciones profundas de la gente, sino que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Por ejemplo, la capacidad exportadora del país va a depender de que se tengan estándares ambientales, niveles salariales, etcétera, propios de un país desarrollado y civilizado.

El Diputado señor Leay manifestó que en Chile se debería educar a la población, porque el que reclama por la contaminación le gusta que haya aire limpio, pero sin hacer ningún esfuerzo. Por lo tanto, hay que educar para que haya solidaridad de esfuerzos. Esos permisos de emisión transables apuntan a un mecanismo de mercado que en su estructura permite que eso se vaya regulando, aunque es más fácil ponerse de acuerdo en los niveles máximos de emisión.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) expresó una duda respecto de la institucionalidad de Conama, considerando que ésta depende de la Segpres, ¿Cuál es el rol que cumplirá esa Secretaría en relación con los planes, plazos y costos? ¿Qué tipo de evaluación y seguimiento aplicará a los planes hasta el 2011, específicamente en cuanto a las responsabilidades de los Ministros que integran la Conama? A su juicio, no está claro cuál es el grado de obligatoriedad jurídica y política que tienen esos personeros en el cumplimiento de los plazos, metas y programas. El plan de descontaminación obedece a un decreto ministerial y algunos de los factores mencionados pueden ser relegados a un segundo plano si ellos se topan con políticas básicas de otras Carteras.

Sostuvo que en 1993, una vez aprobado el proyecto de ley sobre Bases del Medio Ambiente, se había efectuado una presentación en contra de dicho cuerpo legal. El Tribunal Constitucional, en fallo dividido, acogió la presentación, lo que trajo como consecuencia la exclusión del artículo 49, que otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo a fin de regular y hasta restringir el ejercicio de determinados derechos. Por otra parte, el fallo de alguna manera zanjó la controversia en cuanto a si respetar en primer lugar el derecho al ejercicio libre de una actividad económica o el derecho a la protección de la salud física y síquica de la población. Según su criterio, la derogación del artículo 49 significó la eliminación de uno de los instrumentos más eficaces con que pudo haber contado la ley a fin de dotar a la autoridad de facultades de regulación. En tal sentido, preguntó si era posible subsanar esta falencia y a través de qué tipo de instrumento. Si bien es cierto que se ha avanzado en esta materia, sobre todo en relación a las fuentes fijas, todavía existen limitantes que en algún momento podrían frenar la capacidad reguladora de la Conama y del Ejecutivo.

Por último, el Diputado señor Navarro , señaló que durante el transcurso de esta Comisión se había constatado la carencia de un órgano superior que coordinara la acción de los distintos actores involucrados en el plan de descontaminación. En tal sentido, parecería evidente que los municipios juegan un rol muy importante y que el plan regulador es el instrumento por excelencia para normar el desarrollo urbano de la ciudad. Con todo, existen señales adversas al sentido propio del plan, como la decisión adoptada por 22 comunas de rediseñar sus planes reguladores comunales a fin de reincorporar áreas de expansión industrial en zonas urbanas con el propósito de percibir los beneficios por el pago de patentes industriales.

El señor Galilea , Subsecretario , argumentó que el rediseño se refería a la legislación relativa a las denominadas industrias molestas.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) expresó que la tendencia debería apuntar a separar geográficamente las áreas de expansión urbana y habitacional de las industrias, pero la determinación adoptada parecería ir en contra de esa idea. Quien debe aprobar esos planos reguladores es el Intendente, personero que preside tanto el gobierno como la Corema Regional. En tal sentido, solicitó antecedentes respecto de cuál era el rol que jugarán las Coremas y los Intendentes en decisiones como la señalada. Si bien el plan de descontaminación considera algunos lineamientos en esa dirección, se trata de acciones políticas de desarrollo urbano que exceden el ámbito de las propias comunas. En tal sentido, parecería necesario contar con un plan intercomunal de desarrollo urbano, pero no queda claro cuál es el órgano que debe hacerse cargo del diseño de esta opción, que a lo menos cuenta con dos elementos que podrían ser evaluados. Uno es el Plan Chacabuco, el cual crea un área de expansión urbana de Santiago sobre la importancia agrícola y establece criterios que deberían ser parte de una estrategia de desarrollo urbano industrial del Gran Santiago.

Respecto del tema planteado por el señor Subsecretario sobre el decreto que determina el crecimiento inmobiliario habitacional, que sin duda ha causado un grado de controversia pública, específica cómo la ciudad debe crecer o qué tipo de restricciones o regulaciones se le imponen a determinados diseños de desarrollo urbano habitacional, señaló la Segpres le compete no sólo la presidencia del Consejo de Ministros de Conama y el rol de supervigilancia o seguimiento o permanencia respecto de este y todos los otros planes de descontaminación del país, lo que se lleva a cabo a través de Conama mediante una opción de política.

El Presidente de la República estimó que en los temas de contaminación y de congestión, el gobierno regional debía desempeñar el máximo rol posible dentro de sus atribuciones institucionales, de modo que, independientemente de que sea Conama la responsable institucional del plan de descontaminación de Santiago, porque, para decirlo de alguna manera, Segpres genera mecanismos de coordinación con los Ministerios de Transportes, de Vivienda, de Salud, de Educación y con todos los organismos que tienen que ver con esto, para asegurar, entre otras cosas, los análisis de consistencia que son indispensables en algunos minutos. Por ejemplo, de qué modo, frente al análisis del presupuesto de la Nación, está asegurado el compromiso de cada uno de los Ministerios en aquellas materias en las cuales está comprometida la acción fundamental de un plan de descontaminación.

Es evidente que una gran cantidad de materias son sólo producto de leyes. Ahí podría haber una consistencia política en términos de hasta dónde un gobierno que se juega por plantear una determinada propuesta de descontaminación, es también un gobierno capaz de jugarse con más fuerza por las modificaciones legales de aquellas materias de carácter programático que están incluidas en eso.

Respecto del artículo 49 de la ley Nº 19.300 y de su apelación ante el Tribunal Constitucional y sobre el ámbito de las facultades extraordinarias, sin duda que constituye una pérdida muy importante la no aplicación de dicho artículo de acuerdo con el fallo de mayoría dictado por ese Tribunal.

El Gobierno tiene entre sus proyectos presentar durante 1999 una modificación global a la ley Nº 19.300, que entre otras cosas incorpore nuevamente una regulación del tipo de la del artículo 49, vale decir, reafirmar la capacidad de potestad reglamentaria del Presidente de la República sobre ámbitos muy importantes.

Respecto de la institucionalidad, el mayor déficit está en la capacidad profesional y técnica y no en decir que tiene que ser transporte, que tiene que ser vivienda o que tiene que ser un comité especial o que tiene que ser un intendente, pero con rango de ministro , o que tiene que haber una nueva autoridad metropolitana electa o no por la ciudadanía.

Más allá de tener un Intendente, que puede ser electo o no, y puede ser muy razonable pensar en uno u otro sentido de acuerdo con distintos esquemas institucionales, lo que parece de toda evidencia es la carencia de un equipo profesional y técnico del más alto nivel, ojalá instalado al nivel del gobierno regional metropolitano.

El Ejecutivo podría llevar a cabo acciones destinadas a fortalecer la capacidad profesional y técnica del gobierno regional, sin actuar necesariamente en un nuevo marco institucional. Haciendo una cierta separación en ese sentido, de modo que la reconversión del Ministerio de Planificación pueda tener como otro de sus subproductos deseados, la posibilidad de dedicar secciones importantes de capacidad profesional y técnica de dicho Ministerio a las tareas propiamente de coordinación profesional y técnica en el ámbito metropolitano. Ésas podrían ser materias importantes respecto de las cuales podría haber novedad más allá de las modificaciones de carácter institucional.

En cuanto a las opiniones sobre el Plan Chacabuco, señaló que era probablemente, la expresión más lograda. El plan Chacabuco no es una expansión urbana, sino que es una alternativa para el desarrollo urbano de Santiago. Ha sido una discusión muy lata en el Colegio de Arquitectos como en otras entidades afines. Está vinculado a la ley de parcelación.

En la práctica, los agoreros que señalaron que el plan Chacabuco iba a significar una mera expansión de Santiago, hasta el momento, por los años transcurridos, no parecen haber tenido razón. En todo caso, independientemente de que la tengan o no, sería muy grave que Chacabuco se convirtiera en una mera extensión de Santiago, con lo cual se estaría cumpliendo precisamente lo que se denunciara anteriormente como uno de los temas más complejos en la década del 80.

Lo que está en discusión es la existencia de una indefinición reglamentaria extremadamente grave para la actividad inmobiliaria del país y para la certeza y seguridad jurídica. Como no hay una definición de lo que vamos a llamar proyecto inmobiliario, cualquiera ampliación de vivienda o de industria o de cualquier naturaleza, pudiera entenderse como proyecto inmobiliario y podría discutirse en tribunales, que debiera estar sometida a estudios de impacto o a declaración de impacto. Poca duda cabe acerca de que una ampliación de esa naturaleza no vaya a requerir una exigencia ambiental particular. Sin embargo, si eso tiene un determinado volumen o está ubicada en un determinado lugar, los impactos ambientales llevarían a la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental. La ley Nº 19.300 no exige a todos los proyectos, independientemente de su naturaleza, tamaño y localización, estar sometidos a declaración o estudio de impacto ambiental. También está el tema de que en la mayoría de los casos, las situaciones más atrabiliarias, desde el punto de vista ambiental, ocurren en las áreas más estrictamente normadas y planificadas. Probablemente, la zona más controversial, desde el punto de vista inmobiliario ambiental, sea la comuna de Vitacura. Muy legítimamente hay conjuntos de organizaciones ciudadanas que han dicho que esta forma de desarrollo urbano es inadecuada. Si es así, lo que hay que mejorar es el instrumento de planificación, que permitió eso. El hecho de que en tribunales se haya favorecido, en ocasiones, el derecho adquirido de un permiso de edificación, previo, incluso, a la legislación ambiental o al instrumento de planificación, ha permitido que se hayan autorizado construcciones inmobiliarias importantes, de alta densidad, en zonas recuperadas de ríos, y que han sido controversias muy importantes que se han dado en el país.

Por ello, expresó que el decreto Nº 131, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 1998, debe constituir un avance importante en la certidumbre jurídica que todos deben tener -privados y públicos-, en cuanto a que las inversiones inmobiliarias de un determinado tamaño deban ser sometidas a estudio de impacto ambiental. Esta definición, que es más completa que la anterior, en términos de que señala más criterios y que ha sido el resultado de un trabajo técnico muy complejo y tremendamente poco comprendido en general por la ciudadanía, es una definición que, probablemente, no va a dejar totalmente conformes ni a unos ni a otros, pero que permitirá que exista la certeza de que si se va a hacer una ampliación urbana que va a implicar la modificación de ejes de transporte, se requerirá de un estudio de impacto ambiental.

El seguimiento del plan es efectuado por la Conama. La subsecretaria debe velar por la coordinación entre Conama y el resto de los Ministerios.

La Conama tiene una cantidad importante de atribuciones, que le permiten llevar a cabo, a través del comité técnico del plan, con participación de todos los ministerios e instituciones involucradas, un esfuerzo y coordinación importantes. Sin embargo, este esfuerzo no da para que la Conama se establezca como una suerte de supraministerio y que, por lo tanto, vaya más allá de la normativa propia y específica de cada uno de los ministerios. En opinión del señor Subsecretario , para solucionar ese problema y toda vez que no se puede pensar en una modificación del estatus jurídico de la Conama, es condición indispensable que esta tenga, adicionalmente, un apoyo muy fuerte del gobierno regional de la Región Metropolitana. Ese requisito se va a conseguir sólo si se aumenta la capacidad profesional y técnica en ese nivel. Finalmente, ninguna de estas cosas será posible si no existe una coordinación, particularmente del ministerio coordinador, que es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que permita que todo lo exterior pueda ser efectuado dentro de las prioridades gubernamentales. Se deben buscar mecanismos de financiamiento especial. Hoy existen mecanismos de financiamientos con fondos regionales, como el programa de aspirado y lavado de calles. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha jugado un rol importante, y se puede asegurar que en la última reunión de gabinete, el plan de descontaminación estuvo entre las prioridades gubernamentales.

El Diputado señor Delmastro sostuvo que había una debilidad institucional en la administración, porque es obvio que administrar una ciudad como Santiago es muy distinto que hacerlo en ciudades como Concepción, Puerto Montt o Valdivia . Por eso, piensa que Santiago merece un régimen muy especial.

A modo de ejemplo, cuando la ciudad de Londres vivió un problema similar al de Santiago, los ingleses solucionaron su problema mediante un gran administrador de la ciudad, el que era una especie de supraministro. Si esto existiera en nuestro país, esa persona debería contar con las herramientas necesarias para abarcar todos los temas y lagunas que quedan en nuestra institucionalidad actual, en donde de pronto existen tierras de nadie y que se traslapan entre ministerios, en las cuales nadie tiene injerencia, capacidad ni autoridad. Es decir, falta una autoridad que esté verdaderamente legitimada para responder a los problemas que se presentan en las diferentes áreas.

Por otra parte, entiendo que en Londres, hace aproximadamente unos seis años atrás, se eliminó dicho cargo, pero al parecer hace un par de meses volvieron a restituirlo, porque estaban volviendo atrás en el problema de la contaminación y estaban quedando áreas en que nadie tenía injerencia o autoridad.

Se ha señalado que a los intendentes regionales les falta respaldo y asesoramiento técnico. Sin embargo, eso no es todo, porque aunque contaran con dicho respaldo aún no contarían con la autoridad institucional necesaria para responder los problemas que se presenten.

A juicio del señor Galilea hoy los gobiernos regionales tienen un ámbito de competencias que excede la posibilidad de llevarlas a cabo. Es decir, podrían llevarlas a cabo mucho mejor si hubiera un equipo de profesionales y técnicos que los respaldara, pues dicha falta de profesionales es un elemento clave para ese fin.

La experiencia internacional en esta materia es diversa. En este ámbito, los ingleses han ido y vuelto varias veces, pues se ha dado el caso de que los laboristas van y los conservadores vuelven, y esto se da en todas las combinaciones. En la época de Harold Wilson hubo un gran desarrollo de este tema, y el otro auge se produjo en la época de Margaret Thatcher. Es decir, cuando se estaba desmantelando el Estado, se estaba haciendo más Estado desde el punto de vista de la política urbana.

Si en Chile se creara un gobierno metropolitano, se generaría la expectativa de que dicho ente tendría la solución a todos los problemas, y a nadie le gustaría ser gobernador metropolitano en esas condiciones, porque habría una discusión permanente con todos los ministerios respecto de si dicho organismo dejó obsoletas o no las atribuciones de cada una de las distintas Carteras, y se produciría una crisis de competencia.

Desde ese punto de vista, comparte la idea del Ministro de Transportes, en cuanto a la existencia de una autoridad metropolitana de transportes que cuente con un carácter más bien técnico.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló que el Plan contemplaba el esquema del proceso de fiscalización, verificación y cumplimiento y actualización del PPDA con la participación ciudadana. Aquí se establece el proceso de participación de la Conama para fines de 1998.

El organigrama de la Conama establece que el Consejo Directivo es el soporte final, es quien recibe los informes de fiscalización y quien resuelve las innovaciones o las actualizaciones del Plan producto del proceso participativo permanente.

El tema es que el Consejo Directivo de la Conama lo integran los ministerios y en ese sentido surge la siguiente duda, si quienes van a evaluar los resultados del Plan son los mismos responsables de elaborarlo. ¿Cómo se explica el establecimiento de atribuciones normativas, facultativas y evaluativas para el Consejo Directivo de la Conama , en circunstancias de que lo que evalúa es su propio comportamiento? Ese Consejo autoevalúa el cumplimiento de las metas de cada una de los ministros. En su opinión, este mecanismo de evaluación debiera ser revisado ya que termina siendo juez y parte en un proceso que, sin duda, requeriría la participación de agentes externos. Por ejemplo, que las universidades o los entes ciudadanos pudieran entregar un informe de resolución. Nota una dificultad del mismo orden de las carencias institucionales de la oportunidad de llevar adelante el Plan en relación con los Ministerios. Insiste en esto, porque es uno de los elementos importantes en cuanto a los grados de éxito de la gestión del Plan de aquí al 2011 y a su vez las posibilidades reales de modificaciones o actualizaciones, ya que será el propio Consejo Directivo el que decida.

La autocrítica o autoevaluación es siempre un esfuerzo difícil por la propia naturaleza humana y también por la propia distancia que se debe tener de los hechos que se evalúan. En general, los procesos de evaluación, operan como mecanismos que deben tener una cierta distancia pero no una participación directa de los niveles que se evalúan. Por lo tanto, la carencia de institucionalidad respecto de un órgano que pueda tener facultades en el entendido de que el Consejo Directivo de la Conama es el organismo supremo en el proceso de fiscalización, evaluación y verificación de cumplimiento, muestra una nueva carencia de que este proceso de participación ciudadana permanente de fiscalización pueda contar con una opinión externa. No se hace presente en el Plan la posibilidad de existencia de evaluaciones externas, tales como instituciones o consultoras que pudieran permitir que el Consejo contara con elementos que están más allá de los propios Ministerios.

Por último, el tema del proceso participativo ciudadano, sin duda, mantiene una carencia respecto del órgano que va a conocer de las observaciones. Además, el grado de importancia asignado al tema de la participación ciudadana no es el adecuado en el ámbito de que el bien común perseguido es el mejor bienestar ciudadano y, por lo tanto, el actor principal de todo el Plan son las personas de la Región Metropolitana. Por eso resulta importante que lo que las personas digan, piensan, sufran o dejen de sufrir es el elemento más significativo del Plan porque hacia ellos apunta: mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santiago.

Por lo tanto, el rol del proceso de participación debiera ser relevante, fundamentalmente, y lo que el Plan expresa no está con el relieve necesario ni con las garantías de que dichas observaciones vayan a poder ser cumplidas; a contrario sensu de lo que es el estudio de impacto ambiental, donde hay un sistema establecido pero que ya también arroja algunas debilidades que debieran ser revisadas. La preocupación surge porque si la participación ciudadana para la evaluación, verificación y actualización del Plan va a ser similar al esquema establecido en el estudio de impacto ambiental, entonces se originará un problema garantizado porque ese sistema ya está teniendo algunos problemas.

El Subsecretario señor Galilea discrepó de lo expresado por el señor Presidente de la Comisión .

El Consejo Directivo de la Conama en materias tan relevantes como la definición de planes de contaminación, apelaciones que la ciudadanía exprese, requiere para pronunciarse sobre la materia de un informe previo, ya sea del consejo consultivo de la región que corresponda o del consejo consultivo de la Conama. Independientemente del carácter no vinculante estricto de una u otra materia, que entre otras cosas es lo mismo que pasa con la participación ciudadana, se podría decir que la participación ciudadana debe ser desvinculante y, desde ese punto de vista lo que se debería hacer es plebiscitar las medidas del Plan a través de algún tipo de mecanismo.

Probablemente el hecho de que la población participe a través de mecanismos que no son estrictamente vinculantes, el Consejo Directivo podría llevar a un cierto desaliento. Sin embargo, también es razonable sostener la no vinculancia del proceso participativo porque no son los vecinos quienes van a decidir estrictamente lo que va a pasar en el conjunto de la Región.

La experiencia demuestra que muchos consejos consultivos funcionan en una cantidad innumerable de instituciones; en materia ambiental son los que más operan. Los comités directivos de Conama a nivel regional están influidos por el escrutinio público de un modo más evidente que muchas otras instancias gubernamentales. En su opinión, todo eso es necesario y debe ser perfeccionado.

En el caso del plan de descontaminación, la participación ciudadana ha sido muy relevante. Ha habido una cantidad muy importante de eventos y ya está en desarrollo el actual proceso de participación ciudadana respecto de la evaluación del plan. Es más, hubo un pronunciamiento del consejo consultivo sobre la necesidad de algunas modificaciones. Entonces, la gente puede pensar que algún dirigente de un colegio profesional o un diputado de la República ha señalado que los indicadores biomédicos son muy importantes. Independientemente de que ello sea relevante, el Comité Técnico, encargado de discutir las formas de participación con las organizaciones de la ciudadanía y las entidades especializadas del Colegio Médico y otras entidades, propuso que el consejo directivo adoptara las modificaciones sobre la incorporación de los indicadores biomédicos para el tratamiento de la situación de preemergencia y emergencia, no para gatillar esas situaciones, sino para establecer un mecanismo que permita, en la proposición que debe ser reafirmada a través de mecanismos de participación ciudadana, la eventual prolongación de las situaciones de preemergencia y emergencia por factores biomédicos. Alguien puede sostener que es el resultado de un personaje vanguardista ambiental, lo cual es perfectamente legítimo y posible. Sin embargo, es el resultado de un proceso de participación ciudadana y de la operación plena de la institucionalidad, incluso del consejo directivo. Los consejos consultivo y directivo han puesto atención preferentemente en el PM 2,5, recogiendo la observación más importante desde el punto de vista de la salud pública, en el sentido de que la lucha no es sólo contra el polvo en suspensión, sino fundamentalmente respecto del PM 2,5. El consejo consultivo aprobó, en forma unánime, las proposiciones técnicas que nos han permitido hacer modificaciones muy importantes respecto de ésta y otras materias.

Lo mismo ocurre con el tema del tratamiento de los niveles de arsénico por un acuerdo suscrito entre la Conama y los Ministerios de Salud y de Minería. De modo que hay una gran cantidad de materias en que la institucionalidad ambiental está operando en forma más plena de lo que se pensaba.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó si se podía pensar en la posibilidad de mejorar el proceso de participación ciudadana. Los consejos consultivos tienen una forma de designación importante, están el Presidente de la República , los empresarios, el mundo académico y los trabajadores. La idea de participación ciudadana, desde el punto de vista de la satisfacción del consumidor, tiene una relación más directa con lo que piensa el propio ciudadano. En definitiva, se apunta a que la ciudadanía tenga una buena evaluación del plan de descontaminación, por cuanto el mejor evaluador es el que sufre el riesgo. En ese sentido, el grado de participación de ese nivel de ciudadano no aparece claramente perfilado, ni hay voluntad de la ciudadanía en participar. Mas bien, está orientado a grupos sectoriales que reivindican la participación con mucha fuerza, pero no es un elemento que forme parte de la demanda de los propios ciudadanos. Sin embargo, un Estado democrático que tiende hacer más colectivos e individuales los compromisos, tiene grados restrictivos de éxito progresivamente negativos. El elemento de la participación denota una clara política de Estado y de Gobierno en el plan de descontaminación.

El Diputado señor Olivares señaló respecto de la participación, que también habrían cuestiones extremadamente técnicas que estaban en juego. La gente muchas veces tiene satisfacción por lo que percibe, pero no sabe que se está enfermando.

Sostuvo que algunas personas han señalado que los factores biomédicos son el resultado de un estudio. Existe una relación para decretar los estados de preemergencia y emergencia, pero tampoco es la panacea. Como médico, tiene la impresión de que los factores biomédicos fueron aceptados debido a una presión, entendiendo la gran relatividad que éstos tienen para que, desde el punto de vista técnico, sirvan para decretar los estados de preemergencia o emergencia.

Cuando se señala que en Santiago hay más enfermedades respiratorias agudas que en Concepción, surgen algunas dudas de que éstas se deban al problema de la contaminación ambiental externa. Esta situación se está gatillando producto del frío y de la contaminación intramuros que se está produciendo, porque la contaminación que existe ahí está por sobre las normas de lo que está pasando en la calle. Por lo tanto, piensa que se debe tener cuidado cuando se plantea el hecho de una gran participación ciudadana, porque a lo mejor se puede arribar a situaciones que corresponden más bien a sensaciones y percepciones.

El Subsecretario señor Galilea , en relación con la incorporación de los factores biomédicos para el tratamiento en situaciones de emergencia y preemergencia, señaló que de ningún modo se ha considerado que ellos gatillen las situaciones de emergencia y preemergencia. Cree que en ésta y muchas otras materias ambientales la discusión técnica, científica y política está en el colocar los datos de la investigación científica como contraparte para explicar si necesitará o no que todos los niños estén en situación grave para decretar emergencia. Es obvio que eso tiene que ver con las estaciones y las mediciones directas.

La expresión que tienen los temas ambientales en la crónica ciudadana o del modo en que son debatidos en el plano más científico, técnico, especializado, etcétera, muchas veces muestra que hay grados de acuerdo mucho más importantes que los que se aprecian frente a temas que son vistos como tremendamente controversiales. Esto, por lo demás, es absolutamente normal en el mundo.

El tema ambiental se ha prestado para controversias abiertamente artificiales por la gestación de movimientos y corrientes de opinión, que exceden en mucho los objetivos de un debate sobre la materia. Sin embargo, sostuvo que era perfectamente perfectible el mecanismo de participación ciudadana en estas materias. Es más, el antídoto frente a lo que se denomina excesos de supuesto ambientalismo superficial, pero planteado con mucha fuerza en los medios de comunicación, la única manera en que se combate es con participación ciudadana. Mientras mejores sean los mecanismos de participación e involucramiento de la ciudadanía en temas que son complejos, menos lenguaje y espacio para la descalificación, más lenguaje para los acuerdos de importancia.

Los consejos consultivos de las distintas Coremas del país habitualmente toman decisiones unánimes en la inmensa mayoría de los casos. Desde ese punto de vista, la experiencia del plan de descontaminación de Santiago puede ser perfectible.

Respecto de si la participación ciudadana es vinculante o no, eso llevaría a abrirse hacia una discusión relevante.

En Suiza hay plebiscitos en que se discuten muchas veces la sanción de normas ambientales, al igual que en el estado de California. Se eligen tantos representantes, tantos senadores y se aprueban o no en plebiscito determinado tipo de normas, y habitualmente de tipo ambiental.

Cree que un perfeccionamiento legal debiera requerir algún grado de participación ciudadana.

Los consejos consultivos tienen relativa vigencia, a modo de ejemplo, los consejos consultivos municipales, incluso los consejos consultivos a nivel de gobernaciones y provinciales, desde los cuales se trabajó en la ley orgánica de municipalidades y en la ley de gobierno de administración regional, son experiencias insuficientes, menores, sin ninguna vigencia, sin embargo, la experiencia de los consejos consultivos en temas ambientales es extremadamente vital y perfectible.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) acotó que se trataba de un tema absolutamente emergente. La controversia que se está dando en el ámbito comunal de la llegada e instalación de empresas versus los impactos ambientales que estos tienen, versus la generación de empleos y, por lo tanto, el ataque directo al tema de la pobreza, es un tema emergente, porque tiene un factor de controversia en la ciudadanía y está siendo un factor de presiones cruzadas a las autoridades locales. Esto se insinúa en comunas de todo el país.

La discusión respecto de la participación vinculante pasará a ser un evento decisorio, porque en definitiva la ciudadanía elige pagar o absorber un grado de contaminación a cambio de un bien o un insumo como es el empleo, y si esto radica sólo en la autoridad y en un tipo de autoridad medioambiental o política, produce un enfrentamiento y un inmovilismo, porque en definitiva el proyecto se hace o no se hace, pero el tema de fondo, que es el impacto medioambiental, desaparece del primer plano y lo que aparece es el conflicto político.

El Diputado señor Girardi señaló que, a su juicio, los liderazgos ciudadanos los establece la propia ciudadanía. Por lo tanto, le parece inadecuado plantear que los que existen son superficiales. El conflicto medioambiental se ha generado no porque el tema en sí mismo sea problemático, puesto que se trataría de un tema que le da al país la oportunidad de modernizarse, de demostrar generosidad y afecto a la vida y de enriquecer un modo de desarrollo. Para Chile es crucial incorporar criterios ambientales en su estrategia de globalización. Tarde o temprano nuestro país deberá vender medio ambiente como valor agregado. Dicho elemento constituirá un factor fundamental en los productos que se desee poner en el mercado. No hacerlo significará reconocer que padecemos de una miopía tremenda. De hecho, algunos procesos en el ámbito de la fruticultura podrían ser acusados de dumping ecológico y en el campo de la salmonicultura ya han habido intentos; sin embargo, ellos no han prosperado, aunque en el futuro podrían hacerlo.

El cuestionamiento radica en que los procedimientos que se utilizan son los superficiales. Por ejemplo, cuando se denunció la presencia de plomo en Antofagasta y Arica, ambos casos eran conocidos por las autoridades de salud hacía 5 años. Sin embargo, se prefirió mantener silencio y exponer a la comunidad a un riesgo. De manera que no existe superficialidad cuando el Colegio Médico o algunos parlamentarios se involucran en esos procesos.

Ahora bien, cuando se observa el conjunto de procedimientos, uno se da cuenta de que un instrumento o mecanismo administrativo puede resolver a favor o en contra lo que uno quiere y que se debe aceptar la resolución. El problema radica en cómo se generan esas resoluciones, porque es el modus operandi el que debilita el acuerdo final. En el caso Trillium, se aprobó un proyecto que contaba con un estudio de impacto ambiental negativo, lo que vulnera la credibilidad. En la Sexta Región se trasladó al director de la Conama porque aparentemente hubo filtración de información respecto de un caso concreto de contaminación, lo que de ser cierto constituiría un hecho gravísimo. Lo que sucede es que finalmente estos temas quedan en manos de funcionarios públicos que jamás han tenido conocimiento, experticia o involucramiento sobre los mismos. ¡Es ahí donde se produce la mayor superficialidad!

Por eso tenemos muchas dudas respecto de cómo se han aprobado una multitud de proyectos. Acabamos de regresar de La Ligua, lugar donde pudimos imponernos de la situación de los petroglifos. Sería positivo que el Subsecretario hiciera llegar la autorización y los informes que envió la Corema de la Quinta Región a la Conama respecto de este asunto. Asimismo, quisiéramos obtener antecedentes de cómo se incorporó El Alfalfal al plan Chacabuco. Tal vez frente a muchas decisiones no vamos a estar de acuerdo, pero en la medida que se adopten con transparencia siempre serán saludables.

Ahora bien, otro tema importante es la apertura a la participación ciudadana. Ayer, junto al Diputado señor Navarro conversaron con un enviado de la embajada de los Estados Unidos, experto en materias ambientales, quien señaló que cada vez que en Estados Unidos se quiere aprobar una iniciativa ambiental primero se consulta a la ciudadanía, quienes recibirán sus efectos. Si en Chile se pudiera avanzar en transformar la participación ciudadana en un instrumento de poder, evidentemente la gente se interesaría mucho más en los proyectos que la afecta. No nos interesa que las resoluciones que se tomen sean favorables o no; lo que importa es que la Conama se convierta en un instrumento que dirima conflictos de intereses y preserve con transparencia los principios y valores ambientales.

El Subsecretario señor Galilea al referirse a los talleres de participación activa, expresó que se habían debatido temas bastante controversiales. Esas experiencias han sido extraordinariamente alentadoras. En tal sentido, considera que la mejor manera de perfeccionar ese tema es abriendo el sistema hacia formas de participación activa. Ahora bien, si esas formas son vinculantes, si es posible, por ejemplo, que una comunidad determine si se puede o no depositar basura, es un tema debatible y no poco controversial. Esa discusión la viven hoy países europeos y el propio Estados Unidos. Instrumentos como el plebiscito u otros mecanismos de consulta o el hecho de que los planes de descontaminación tengan la categoría de leyes, son elementos que forman parte del debate controversial.

En el tema del plan de descontaminación, el grado de conciencia ambiental en la Región Metropolitana, en los bienes públicos, privados, parlamentarios y gubernamentales es abiertamente superior al que existía hace diez años, lo que significaría que hay una base mínima para conversar pausada, razonable y científicamente, con el menor tipo de descalificaciones posibles, los temas que aparecen muchas veces como muy controversiales, pero que cuando hay participación activa, real, completa de la población las aparentes controversias son mucho menos relevantes, y la defensa de los intereses de la calidad de vida general de la población son perfectamente cautelados.

H) Intendencia Región Metropolitana, Centro Nacional del Medio Ambiente e Instituto Libertad y Desarrollo.

Asistieron los señores Ernesto Velasco, Intendente de la Región Metropolitana; Javier Hurtado, Presidente del Programa de Medio Ambiente del Instituto Libertad y Desarrollo; y Juan Escudero, Director del Centro Nacional del Medio Ambiente.

El señor Velasco se refirió al rol de la Intendencia en una doble dimensión: uno, el Intendente es el representante del Presidente de la República por la vía del Ministerio del Interior en una región determinada y, dos, es Presidente del gobierno regional como órgano ejecutivo.

Desde el punto de vista del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, el único instrumento que tiene como responsabilidad el Intendente para aplicar normas se encuentra en un decreto por medio del cual el Presidente de la República le entrega el rol de coordinador de las políticas públicas, de carácter intersectorial y de distintos ministerios para los efectos de ir haciendo un seguimiento de tareas que tengan relación con el Plan.

Esta política está restringida a dos ámbitos de materias. Una, las medidas específicas de transporte urbano y, dos, algunas políticas de ciertos ministerios específicos para el problema de la descontaminación.

La Intendencia tiene que difundir lo que son medidas de índice de calidad del aire que diariamente se tienen que entregar para conocimiento de la opinión pública. Esto opera a través del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, Sesma . Cuando usa el método de constatación de índice de calidad del aire entra a regir el sistema de monitoreo; y de preemergencia y emergencia, cuando se decreta alerta ambiental. Por lo tanto, la Intendencia sólo cumple el rol de difusión entre lo que hace la Corema y el Sesma dando a conocer diariamente los índices de calidad del aire para informar y fijar la restricción vehicular. Donde sí hay un nivel de participación mayor es en una Comisión técnica de seguimiento de lo que son las medidas del Plan, cuyo secretario técnico es Conama y quien desempeña el cargo de Presidente es el Intendente .

Paralelo con esto hay dos temas a los que se les ha dado mucha importancia: coordinación entre el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los municipios, y concreción de los planos reguladores comunales. Como un dato de la realidad, en la Región Metropolitana hoy solamente hay 5 comunas que tienen sus planos reguladores al día, algunas están en proceso y otras bastante atrasadas. Para ello se ha constituido una Comisión de trabajo entre el Ministerio de Vivienda y el gobierno regional. Hay un convenio en curso, el cual debe renovarse el año 1999, en lo que se refiere a pavimento participativo para completar 500 kilómetros, y un compromiso con el Ministerio de Vivienda que dice relación con los planos reguladores comunales. Asimismo, están en conversaciones con el Ministerio de Vivienda para que en el año 1999 se pueda avanzar en el financiamiento compartido entre gobierno regional y dicho Ministerio para que los municipios puedan terminar sus planos reguladores comunales. A su vez, en el gobierno regional hay una Comisión de ordenamiento territorial cuyo objetivo es trabajar con cada uno de los municipios para ver los niveles de avance y de estancamiento que estos tienen, y así contar con este instrumento de planificación tan importante como son los planos reguladores.

Otra instancia es el Crot, Comité Regional de Ordenamiento Territorial, que lo componen los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes, Vivienda, Salud, Agricultura, además de otros servicios como el Sesma y Conama para definir algunas políticas específicas que a nivel de región se tienen que ejecutar y que son de mayor urgencia, no tanto como la del Comité Técnico Mayor de Seguimiento del Plan que tiene un horizonte de tiempo hasta el año 2011, sino para realizar medidas concretas y específicas, que hay que cursar rápidamente durante el año 1998.

Posteriormente se refirió a dos ámbitos de la contaminación de la Región Metropolitana. Uno, se refiere al control de las emisiones, y el otro, a la regulación del crecimiento de la ciudad. En cuanto al control de las emisiones hay algunas medidas que el gobierno regional está tratando de estimular y sacar adelante como es el aspirado y lavado de calles. Dicha iniciativa tiene un costo de 788 millones de pesos, y estaría en funcionamiento durante aproximadamente 6 meses, o sea, hasta septiembre. Éste se aplica en las 32 comunas del gran Santiago y se agregan las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

El 50 por ciento de lo que se extrae es polvo y el otro cincuenta por ciento son escombros de materiales de construcción, restos de áridos, latas de bebidas, envases de plásticos, etcétera.

En el ámbito del gobierno regional, hay un proyecto piloto de buses a gas natural, el cual ha tenido un nivel de aletargamiento y que han tratado de estimular y potenciar. Dicho proyecto dice relación con la Intendencia, la Conama y la Confederación del Transporte Público de la Región Metropolitana. En él se llega a la conclusión de que el uso de gas natural, desde un punto de vista del potenciamiento y de la modernización del transporte público, es el elemento del futuro. Eso realmente producirá una racionalización del transporte público. Se observa una muy buena voluntad y disposición de los dueños de los microbuses. En 1998, se pretende llegar a una cantidad de 19 ó 20 buses a gas natural que estén en circulación. En este proyecto piloto se está viendo la experiencia real de cómo bajar las emisiones de contaminantes en la región.

Por otra parte, Metrogas ha demostrado interés en colocar servicentros para que los empresarios puedan cargar sus vehículos con gas natural.

En el Parlamento hay un proyecto de ley que no cuenta con el consenso necesario para dar un estímulo al transporte público a gas. El gobierno regional ha elaborado un proyecto que tiene un costo aproximado de 70 millones de pesos, en el cual se hizo un estudio sobre la factibilidad del uso a gas natural en el transporte público. A partir de dicho estudio, se han implementado cuatro microbuses antiguos, que están en circulación con estudios combinados a diesel y a gas natural, a fin de ver la experiencia real que tienen, y lo otro es colocar buses nuevos.

Por lo tanto, el proyecto de bus a gas natural, que es el tema del futuro, debe potenciar la modernización de un transporte público menos contaminante y de mayor calidad para el usuario, lo cual está muy relacionado con el tema de los incentivos.

Los agentes que forman parte de esto señalan que no hay incentivos necesarios para embarcarse en una empresa de este tipo, sobre todo si el costo de un bus a gas natural, en comparación con uno a diesel, es 25 por ciento superior. Por lo tanto, necesariamente debe haber un incentivo para que este proyecto sea rentable y el mercado tenga una señal muy fuerte que vaya en esa dirección.

Como gobierno regional, han sostenido reuniones con los empresarios de la locomoción colectiva, los operadores y los representantes de Metrogas, para que sigan incentivados con el proyecto. Pero falta una señal, por la vía de un proyecto que está en el Parlamento, que tiene la idea de rebajar, desde un punto de vista tributario, una suerte de incentivo para el uso de gas natural.

Desde el punto del control de las emisiones, el tema de la fiscalización ha cobrado gran importancia, a fin de que los servicios tengan un rol activo y eficiente para el control de emisiones.

Fiscalización de quemas agrícolas

Dado que están prohibidas las quemas agrícolas durante un período determinado, como también las de neumáticos, es muy difícil ejercer una fiscalización real cuando no se cuenta con el apoyo de Conaf, órgano que tiene la responsabilidad de hacerlo en todo el cinturón agrícola, dada su magnitud.

Respecto de la fiscalización de las emisiones de fuentes fijas, en este caso de la industria, el Sesma va a terreno a realizar procesos de fiscalización, para que cumpla con las normas que corresponde. Lo mismo se ha hecho con el proyecto de aspirado de calles, que se ha fiscalizado en terreno con los alcaldes de las comunas donde se ha desarrollado.

En cuanto al tema del crecimiento de la ciudad, se refiere a las cosas que se harán a futuro.

Al margen de los planos reguladores comunales, que son instrumentos de planificación que determinan los niveles de inversión pública y la localización de industrias, en definitiva del crecimiento urbano, existe un segundo instrumento de planificación que son los planos intercomunales. En la Región Metropolitana, el Plan Regulador Metropolitano cubre las 32 comunas del Gran Santiago, el 35 por ciento de la comuna de San Bernardo, una parte de la Comuna de Puente Alto y se incorpora el Plan Intercomunal de Chacabuco. Todavía faltan las Provincias de Talagante, Melipilla , Cordillera y una parte de la del Maipo.

Desde un punto de vista de futuro, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tienen la tarea de establecer el Plan Regional de Desarrollo Urbano, el cual no tiene un carácter normativo, porque de acuerdo con la ley solamente están los planos comunales e intercomunales y no existe un instrumento de planificación de carácter regional. Sin perjuicio de eso hay que generar un instrumento de tipo indicativo, cual es el Plan Regional de Desarrollo Urbano, que debería tener la capacidad de ordenar los planos intercomunales comunales y reguladores comunales bajo una visión de región, la que hoy no existe.

Se debe iniciar un proceso con los actores privados, como la Sofofa, los colegios profesionales, los diputados de la región, los alcaldes, y los entes públicos, como los ministerios. En el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica hay nueve ministerios y trece servicios, cuyas políticas públicas están vinculadas al mismo. Por lo tanto, el plan regional de desarrollo urbano debe ser una visión estratégica de lo que la Región Metropolitana debería ser en los próximos 30 ó 40 años.

Hay cálculos que establecen que la región, en los próximos 30 años, va a crecer en un promedio de 3.200.000 personas. Si se mira desde 1990 hasta 1997, la población ha crecido en la región un 14 por ciento; la fuerza de trabajo, 27 por ciento; el parque automotor, 86 por ciento, y los vehículos particulares, 96 por ciento dentro de este 86 por ciento. Por lo tanto, hay un crecimiento económico indudable en la región.

Otro tema notable es el transporte público. Si se quiere desincentivar el uso del automóvil, hay que potenciar el transporte público por la vía de que sea más seguro y más económico. Además, está el tema de las vías segregadas. En definitiva, hay que combinar el Metro con el transporte público y en algunos casos con proyectos pilotos que puede ser el tranvía a electricidad, el ferrocarril tanto urbano como suburbano en provincias como Chacabuco, Talagante y Melipilla . Es decir, hay que hacer una combinación de políticas públicas en el contexto de lo que se cree que debería planificarse a través de este instrumento que han denominado plan regional de desarrollo urbano. Es decir, que sea como una visión estratégica, que hoy no existe en la región, en términos de delimitar lo que es su crecimiento urbano.

Paralelamente, están otros aspectos, como es potenciar los subsidios de remodelación urbana o la compra de viviendas usadas en determinados sectores de la ciudad, para evitar el crecimiento incoherente, sin planificación. También viviendas sociales en altura, que son temas que el Ministerio de la Vivienda está tratando.

Es muy difícil que un Intendente, que objetivamente tiene menos poder que un ministro , cumpla e implemente las medidas. Para llegar a la práctica, se depende de la voluntad de terceros actores, puesto que no hay ninguna norma o facultad legal que le dé al Intendente herramientas para obligar al seguimiento y ejecución de una determinada norma o política que está radicada en un ministerio. La labor de la Intendencia es sólo una trabajo de coordinación y de seguimiento, pero desde un punto de vista concreto, falta un instrumento que le dé al Intendente herramientas legales para poner un sello a lo que es un gobierno regional.

Otro tema importante es la reforestación y arborización de 3.700.000 especies de aquí a 4 años. Tienen algunos proyectos que están en el ámbito del gobierno regional que se hace con la Conaf o con algunos municipios, para efecto de asignar algunos recursos, por la vía de que los municipios concursen con este fin, que va en paralelo a lo que hace Conaf y el Ministerio de Agricultura.

Existe un convenio de programación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para los pavimentos participativos. De hecho, para 1999 quedarían 500 kilómetros por pavimentar y se espera hacerlo en calles y en pasajes interiores.

El Diputado señor Rincón preguntó si existe en Santiago algún plan o programa destinado al tema del transporte en base a energía eléctrica.

El señor Velasco respondió que en este momento no hay ningún programa en el ámbito de lo que es el gobierno regional. Cuando habla de gobierno regional, al margen de la Intendencia, está el Ministerio de Transportes a través de la Subsecretaría Regional Ministerial correspondiente, que está estudiando un plan de transportes por la vía de tranvías a electricidad.

A fines de 1992 se implementó en Santiago el uso de los troles. De hecho, había una línea que operaba por Recoleta, San Antonio , en el centro, abarcando dos comunas. En definitiva, ese proyecto fracasó, porque desde un punto de vista económico para la empresa que se lo adjudicó no había rentabilidad. Ahora, por informaciones obtenidas, la lección que quedó es que un proyecto de esa naturaleza, que cubre sólo dos o tres comunas, con un recorrido que compite con transporte de diesel que tiene más movilidad en término de recorrido y uno de electricidad que tiene un recorrido más fijo, se da una competencia absolutamente desproporcionada. Por lo tanto, a futuro uno de los temas que se han planteado es estudiar proyectos de esta naturaleza, pero abarcando varias comunas. Por lo menos unas diez comunas, donde por la vía de la licitación se estimule el uso de la electricidad en combinación con el Metro o con recorridos distintos a la locomoción colectiva.

El Diputado señor Rincón señaló que le llamaba la atención que dando tan buenos resultados el Metro, teniendo tal capacidad de transporte público en Santiago con extensión incluso fuera de la Región Metropolitana con sistema de combinación como el Metrotrén, etcétera, lo cual avala el sistema de Metro, no exista a nivel de red pública ningún incentivo. Entonces, llama la atención que no esté funcionando y que no exista ningún sistema, plan o programa que tienda precisamente a que el transporte de superficie tenga esa alternativa real, dado los buenos resultados del Metro.

En seguida preguntó al Intendente si creía que la aplicación de esas medidas, aún cuando tuvieran éxito, serían la solución al problema o sólo contribuirá a mitigar en parte la contaminación ambiental que vive Santiago. Asimismo, si la aplicación de estas medidas no es la solución, ¿cree que ésta pasa por el desarrollo de una estrategia a nivel del país, sobre todo considerando que la concentración urbana en la macrozona, que cuenta con 8 millones de habitantes, genera un desequilibrio territorial y que no existe un verdadero incentivo para el desarrollo de las regiones, como tampoco una política tributaria que apunte en esa dirección? Ningún gobierno ha logrado solucionar el problema de ordenamiento territorial nacional ni la excesiva concentración urbana en la Región Metropolitana. Así las cosas, en el año 2005, Santiago puede llegar a tener 8 ó 9 millones de habitantes y más de 10 en la macrozona. Entonces cabe preguntarse de qué sirve adoptar las medidas que se proponen si el crecimiento vegetativo de la población, el paulatino aumento del parque automotor y el carácter finito de la cuenca hacen ineficaz cualquier tipo de solución.

El señor Velasco respondió que si se observa la Región Metropolitana, es posible constatar que la naturaleza es un factor de descontaminación como también de contaminación. En tal sentido, existen numerosos estudios que se refieren a la vaguada costera, a la isoterma, a la circulación del aire y al papel que juega el emplazamiento de la región. Sobre este punto enfatiza que como gobierno regional han suscrito un convenio con Alemania para llevar adelante el proyecto Otas -Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable-, que busca estudiar, desde un punto de vista geográfico, una serie de variables presentes en la región. De manera que no se puede desconocer que ha habido avances en esta materia. Por ejemplo, existen más de ocho fotografías satelitales, se están llevando a cabo estudios que abordan los suelos, los recursos hídricos y el fenómeno de la erosión. Asimismo, ya se han proyectado estudios económico-sociales respecto de la utilización de la cuenca a futuro.

Ahora bien, cree que a futuro, la contaminación debe ser atacada en sus causas estructurales. Para ello se debe continuar mejorando las tecnologías de las fuentes fijas y móviles, como también seguir combatiendo el polvo en suspensión a través de la pavimentación de calles, la expansión de la red vial básica, la arborización urbana y la reforestación. Por ejemplo, una parte del Cerro Blanco, a quince minutos de Santiago, se encuentra absolutamente erosionada, por lo que deben tomarse medidas para reforestarlo.

A su juicio, el tema relativo al crecimiento de la ciudad debe quedar contenido en un instrumento de planificación que aún no existe. Hasta el momento se cuenta con planos reguladores comunales e intercomunales, pero falta un instrumento, en cuyo diseño participen todos los actores sociales, que delimite las zonas urbanas, el desarrollo inmobiliario y las zonas industriales. En esto se debe actuar con una lógica de cooperación y no de confrontación, a fin de planificar el desarrollo de la región hasta encontrar un límite que sea respetado por todos los involucrados.

Junto con ello, se encuentra el tema urbano. Existen municipios como Santiago que muestran un avance notable en cuanto a remodelación urbana, construcción de viviendas sociales en altura, subsidios y viviendas usadas, instrumentos que permiten clarificar el crecimiento de la ciudad. A su juicio, es extraordinariamente importante seguir avanzando en esa dirección. Las medidas asociadas a los episodios críticos de contaminación sólo mitigan el problema, pero no atacan las causas estructurales.

El plan contiene dos hitos notables: el año 2000 se tienen que revisar y reactualizar algunas de estas políticas, y repotenciar, cuando corresponda.

Lo propio va a suceder el año 2005. Si se ve, desde 1990 hasta la fecha, hay ganancia ambiental, en términos que ha habido un crecimiento equivalente al doble de la actividad económica en la región, y no solamente se ha contenido, sino que son los grados de deterioro de la calidad del aire. Estos son temas que son muy difíciles de probar desde un punto de vista de sentido común. Pero existen las cifras.

Por lo tanto, hay que pasar de una lógica de confrontación, a una de cooperación entre los actores públicos y los actores privados y definir estos dos instrumentos, que, a su juicio, son los que van en la dirección importante de confrontar estos temas: potenciar el transporte público -que afecta la congestión- y el desarrollo urbano que, a su juicio, debe estar en un instrumento, como un plan nacional de desarrollo urbano, y atacar el resto de las causas por la vía de medidas dentro del plan.

En cuanto al rol del Intendente, éste coordina las políticas públicas. Hay políticas que están contenidas dentro del plan y deben ser objeto de un seguimiento.

En regiones el tema es mejorar los niveles de calidad educacional; incentivar que profesionales jóvenes se vayan a vivir allá; estimular la inversión tanto nacional como extranjera; crear polos de desarrollo regionales que sean sustentables en el tiempo. O sea, toda una dinámica que va más allá de decir: “Oiga, echemos a las industrias de la Región Metropolitana, que se vayan.” ¿Pero a dónde se van?

El Diputado señor Delmastro preguntó en cuanto al proyecto de crear un plan regional de desarrollo urbano, ¿existe en el país alguna región en que se haya hecho esto?

El señor Velasco respondió que en la Quinta Región habría un proyecto piloto que se estaría estudiando en el gobierno regional. No hay ninguna región del país que tenga un instrumento de planificación como el mencionado.

El Diputado señor Delmastro recordó que en las sesiones anteriores se había hablado de 3 millones de árboles a plantar, en cuatro años, cantidad insuficiente si se piensa que se están gastando casi 2 millones de dólares en seis meses en barrer y aspirar las calles. En realidad, es polvo que no solamente viene de las calles adyacentes o inmediatamente del lado de lo que se está limpiando, sino que viene de los cerros aledaños, de toda la forestación que hay alrededor de Santiago. El mismo Cerro Blanco está en el centro de la capital y es un peladero, es una fuente de polvo gigantesca.

Una medida, a más largo plazo, mucho más permanente, sería realizar un esfuerzo gigantesco de forestar todos los alrededores de la Región Metropolitana completa. Por lo tanto, podría mejorar también la calidad del aire por el lado de la disminución del CO2 ¿Qué esfuerzos se podrían hacer? ¿En qué zonas se van a plantar y con qué especies? ¿Está definido dentro del plan de la Intendencia, es decir, si es zona urbana, zona rural, o intermedia?

El señor Velasco cree que una de las causas estructurales de la contaminación en la Región Metropolitana, que se debe atacar, es la falta de pulmones verdes, lo que permitirá una oxigenación mayor de la atmósfera. Ello involucra un proceso de muchos años. La región no tuvo una adecuada planificación urbana, en términos de su crecimiento y se fueron quitando pulmones verdes, pulmones de oxigenación, que hoy son peladeros. Indudablemente, dos factores muy importantes son la arborización urbana y periurbana y la reforestación, que son cosas distintas. Al respecto, hay diferentes órganos que están trabajando en esta materia. Uno es la Conama de la Región Metropolitana, que tiene programas específicos de reforestación y arborización urbana y periurbana en algunos sectores; otro es la Conaf, a través de los planes regulares del Ministerio de Agricultura; otro es el gobierno regional, a través de proyectos, a los cuales pueden concursar determinados municipios, que están fundamentalmente en lo que es el cinturón más lindante con los sectores rurales o periurbanos y, otros, en el corazón urbano, para lo que son sitios eriazos o plazas públicas. Por lo tanto, existe una combinación de actores orientados al tema de alcanzar la meta de 3.700.000 especies, que se debe tener a cuatro años. Ahora, una vez concluidos esos cuatro años, está gestión tendrá que evaluarse.

Entiende que son, aproximadamente, 17 variedades las que se ocupan. De hecho, la Región Metropolitana tiene distintos tipos de suelo, de vegetación y de zona. Son 17 variedades, cuya implementación se hace con un criterio técnico, que, en este caso, es aplicado por la Conaf, que es el órgano especializado en esta materia.

En síntesis, existen distintos órganos, que apuntan a la macrometa de implementar 3.700.000 especies, y cada uno aporta en el ámbito de las cuotas que les va a corresponder respectivamente. Lo que venga, deberá ir evaluándose en los distintos hitos que contiene el mismo plan.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) recordó que el primer plan de descontaminación partió en 1990. Después, han venido suscitándose diversas fechas respecto del cumplimiento de las metas del plan. Hay quienes, en ese transcurso, han dado metas de tres o siete años. El ex Intendente , Germán Quintana , habló de un plazo de cuarenta años para descontaminar Santiago . Asimismo, consultó si bajo la actual administración de la Intendencia se había ejecutado alguna evaluación respecto del plazo que requeriría descontaminar Santiago .

El señor Velasco hizo presente que durante el gobierno del Presidente Aylwin, desde 1990 a 1994, se creó toda una institucionalidad, que no existía con anterioridad, en los temas ambientales. Existió un plan que, por lo menos, pretendió controlar el proceso de expansión de las fuentes fijas y dar una normativa. Ahora, el plan de prevención y descontaminación atmosférica tiene metas, que entraron a regir el 6 de junio de 1998, y que se plantean hasta el año 2011. Asimismo, tiene dos hitos, que son los años 2000 y 2005, para su actualización. Por lo tanto, en la medida en que se cumplan las metas del plan, que son sectoriales, que involucran a nueve ministerios, a trece servicios e incorporan a proyectos que están en este momento en el Parlamento y a otros que tendrán que enviarse a futuro, se podrá llegar al 2011. Por lo tanto, se muestra cauto. No porque el plan fije el 2011 como plazo, necesariamente será así; es un silogismo que, al final, lleguemos al 2011. Esto va a depender mucho del seguimiento que se vayan dando a estas tareas, y de que se cumplan los compromisos y las metas sectoriales. En definitiva, esto se deberá evaluar en los hitos que el mismo plan contempla, a fin de cumplir con sus objetivos.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) le consultó al Intendente cuál, a su juicio, podría ser la relación que debiera establecerse en un plan óptimo de coordinación comunal, territorial, dado que los planos reguladores coordinan el ordenamiento territorial. Si bien el plan de descontaminación debe coordinar políticas, la jerarquía es difusa respecto de quién asume la conducción de coordinación. ¿Tiene la Intendencia Metropolitana facultades para imponer a los municipios determinadas obligaciones mutuas en materia de descontaminación, o para obligar a los ministerios a la implementación de determinadas políticas, ya sea de manera permanente o en situaciones de emergencia o preemergencia?

El señor Velasco respondió que las facultades de la Intendencia están referidas básicamente al ámbito de coordinación de políticas públicas, que deben implementar distintos ministerios. Por lo tanto, son los ministerios los que tienen la responsabilidad de llevar adelante esas tareas, por la vía de sus secretarios regionales ministeriales o de políticas públicas, que están contenidas en sus propios planes. Hay un dato importante y no menor, cual es el tema del financiamiento de políticas públicas. En este caso, en su gran mayoría, estas políticas forman parte del análisis presupuestario y ejecución presupuestaria de los mismos ministerios. Por lo tanto, el rol de la Intendencia es coordinar dichas políticas públicas. Ahora, hay algunas políticas que se han ido traspasando al gobierno regional, para que éste las pueda implementar. Por ejemplo, el proyecto de reversibilidad de Vicuña Mackenna, contiene, dentro del plan de transporte urbano, medidas inmediatas, que quedaron contenidas en el gobierno regional. En ese caso, aprobaron el proyecto, el cual salió con fecha 19 de abril a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ahora, viene el recorte presupuestario, se están buscando fórmulas para poder financiarlo, con lo cual eso estaría prácticamente listo. Se tiene una facultad, por la vía de un proyecto de este tipo, para imponer a un conjunto de municipios, como pueden ser los de La Florida y Puente Alto, un proyecto específico, desde un punto de vista de transporte público, lo que es concreto.

Ahora bien, como gobierno regional, hay otro aspecto importante, como es el Corema, la Corporación Regional de Medio Ambiente, Conama , Región Metropolitana, es el lugar en donde cualquier proyecto de tipo económico o productivo tiene un particular o un actor público, que es el proponente, quien presenta su proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental que, en definitiva, la Corema, que la preside el Intendente, un secretario ejecutivo, el director de Conama Región Metropolitana , el gobernador, secretarios regionales ministeriales y los consejeros regionales del gobierno regional, que son quienes evalúan, en última instancia, si se acepta o rechaza la declaración de impacto ambiental. Ahí también hay un tema bastante importante, en términos de sustentabilidad ambiental de proyectos económicos productivos en determinadas comunas o que están radicadas en una comuna y tienen un instrumento de planificación cuando se cumple con todo el rigor técnico que corresponde.

La relación entre el municipio y el gobierno regional carece de algunos instrumentos de tipo normativo. Hoy, el municipio tiene un cúmulo de facultades, desde el punto de vista de educación, de salud primaria, de los departamentos de obra que, en definitiva, son ellos quienes deben fiscalizar la implementación de la nueva ordenanza de urbanismo y construcción. De hecho, en esta nueva ordenanza que radica mucho en los temas de los juzgados de policía local y en las direcciones de obras, no tienen facultad en la supervisión del cumplimiento de normas ambientales, que sería un típico ejemplo en la cual los municipios, a través de sus direcciones de obras, tienen que cumplir adecuadamente una fiscalización.

Centro Nacional del Medio Ambiente

El señor Escudero hizo presente que el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana que se formuló en 1990 fue la respuesta del Presidente Aylwin a los problemas identificados en la década anterior.

Entre 1986 y 1989 se llevaron a cabo una cantidad de estudios impulsados por la Intendencia de la Región Metropolitana y financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que dieron como resultado un diagnóstico razonablemente concreto del problema ambiental de la Región Metropolitana.

El Plan de Descontaminación de Santiago fue preparado dentro del contexto de la campaña presidencial de don Patricio Aylwin por un grupo de alrededor de 35 ó 40 personas, a través de una Comisión que dirigió en su momento don Eduardo Arriagada , quien posteriormente, en 1990, fue nombrado presidente de la Comisión Especial de Descontaminación, creada mediante el decreto supremo Nº349, del 27 de abril de 1990, del Ministerio del Interior.

El Plan de Descontaminación se planteó como un esfuerzo colectivo del gobierno y de la ciudadanía. En ese momento se entendía que el problema de la contaminación, en todos sus ámbitos, era, sin duda, responsabilidad de las autoridades, pero también se entendía que había una participación protagónica de todos los ciudadanos, por lo cual debería haber un involucramiento muy profundo de toda la ciudadanía en las soluciones.

En consecuencia, se formuló un llamado que abarcaba iniciativas para combatir la contaminación atmosférica, la de las aguas, la acústica y los problemas asociados al manejo de residuos en la Región Metropolitana.

El Plan tenía secciones que abarcaban los distintos campos donde había problemas ambientales en la región. Estos eran el campo de la contaminación hídrica, donde se planteó definir un sistema de tratamiento central, que posteriormente se tradujo en el Plan de Tratamiento de Aguas Servidas que formuló Emos, con el cual se pretendía definir el tipo y grado de tratamiento que se daría a las aguas servidas de la Región Metropolitana; el sistema de cobro, de que estas inmensas obras serían financiadas, lo que se cumplió mediante una ley, y una iniciativa para controlar en forma previa la producción de residuos industriales líquidos.

En términos de contaminación acústica, en ese momento se formuló un pequeño plan, que consistía en la revisión de las normas ambientales, las normas de construcción, y la incorporación de criterios acústicos en el desarrollo urbano, es decir, el distanciamiento de las instalaciones más sensibles en relación con las principales fuentes de ruido. Éste es un campo en el cual se ha avanzado con mucha lentitud, pues recién está terminada la primera de estas iniciativas, que dice relación con el reestudio de las normas ambientales.

En el tema de los residuos sólidos se plantearon básicamente dos iniciativas: demostrar la factibilidad de rellenos sanitarios seguros, lo que se consiguió a través de mejoramientos muy sustantivos en el funcionamiento de los rellenos sanitarios que había en la época, que dejaron de ser el problema agudo de cuando se comenzó, y una planificación de mediano y largo plazos de la red de rellenos sanitarios de Santiago.

Otras acciones que se plantearon decían relación con la modificación de las normativas de desarrollo urbano para prevenir las sobreexpansión de la ciudad, que en ese tiempo ya se vislumbraba como un problema mayor hacia el futuro. Además, se consideraba incluir los aspectos de seguridad de la ciudad ante inundaciones, almacenamiento de sustancias peligrosas, los que resultaron en el desastre que se produjo en épocas posteriores y que aún no están adecuadamente resueltos.

El Plan de Control de Contaminación Atmosférica contemplaba medidas de corto, largo y mediano plazo para reducir emisiones en forma estable y permanente, y, en forma independiente, un plan de manejo de emergencias, el cual nunca fue concebido como la solución para el problema, sino sólo como una acción para remediarlo en tanto entraban en operación las medidas de control permanente.

Dicho plan maestro de control de la contaminación se basó en algunas premisas.

Hubo un diagnóstico muy detallado sobre los distintos tipos de contaminación que afectaban a la ciudad, y se decidió privilegiar el control de material particulado. En ese sentido, hubo una postergación consciente de abordar en forma integral otros problemas de contaminación que había en esos momentos, especialmente la del ozono, que fue dejado para una segunda etapa. Sin embargo, se adoptaron medidas preventivas con respecto a la contaminación por monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que son el resultado principalmente de la operación de los automóviles, y se adoptaron medidas puntuales para el control de SO2 que fueron las que afectaban a las grandes empresas causantes de este tipo de contaminación.

El Plan de Descontaminación 1990-1994 consiguió una serie de éxitos relativos que son bastante notables. El transporte público colaboró con el retiro de 2.600 máquinas viejas, que era como el 20 por ciento de las micros de la época.

Se fijaron normas de emisión para los buses, lo que permitió terminar con la práctica de importación de motores usados.

También se llevó a cabo la licitación de recorridos con incentivo a la renovación de flota, con lo cual se logró una renovación casi de la mitad de la flota.

Se implementaron varias medidas tendientes al ordenamiento del tránsito, principalmente las paradas diferidas, que permitieron despejar la Alameda, que en ese momento era un problema mayúsculo. Una mejora sustancial en las plantas de revisión técnica tipo A, que son las que atienden a los microbuses. Se creó el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes, que desde esa época empezó a fiscalizar tanto a las plantas de revisión técnica como a efectuar controles en la vía pública, primero a la locomoción colectiva haciendo extensiva esta práctica a los automóviles.

En cuanto a transporte privado se implantó la norma de emisión para vehículos nuevos, acompañada de la producción y distribución de gasolinas sin plomo y lubricantes especiales, lo que se realizó durante el año 1992. También se llevó a cabo el reequipamiento de las plantas de revisión técnica tipo B, que son las que atienden a los automóviles con una exigencia importante en la calidad de los servicios que ofrecen. Se empezó el trabajo de computarizar los semáforos y la inspección de vehículos en la vía pública.

Con respecto a las fuentes fijas, en esa época el decreto supremo Nº 4 del Ministerio Salud, de 1992, obligó llevar un registro obligatorio de todas las fuentes, cosa que no existía anteriormente; el establecimiento de normas de emisión, que fueron rápidamente cumplidas casi por la totalidad de las industrias de la ciudad; una rebaja programada de emisiones que culminó exitosamente en el plazo de 4 años; el establecimiento de un sistema de compensación, que es un mecanismo que ha resultado bastante exitoso y que en este momento está en discusión su perfeccionamiento hacia un sistema de permiso descentralizado. En este campo también se dio mucha importancia a la fiscalización, creándose en el año 1993 el Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas, Proceff, como parte del Servicio de Salud del Medio Ambiente, lo que permitió por primera vez tener un control efectivo de emisiones de las fuentes fijas.

En lo que respecta al polvo de las calles se empezó en esa época el programa extraordinario de pavimentos. Se dijo en su momento, y hay constancia de ello, que el rango de pavimentación era de 200 ó 230 kilómetros de calles por año, por encima de lo que se estaba haciendo anteriormente. A pesar de ello persisten los déficit. También se estableció el primer programa de limpieza de calles en 3 comunas.

En el rubro “otros” se consideró la forestación. Hubo un año que se plantaron 300 ó 400 mil árboles, y en el año “peak” se llegó a plantar 1.250.000 árboles. Sin embargo, hubo una mortandad de árboles muy intensa debido a que los sistemas de seguimiento posteriores fueron bastante deficientes, y eso es lo que ha hecho revisar las metas posteriormente.

Por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se realizó un programa para la construcción de parques urbanos y desde ese tiempo se han estado inaugurando dos parques por año en la ciudad, como también un programa de control de quemas.

Se estableció un programa específico para el control de SO2 que abarcó principalmente al sector de Renca, que cambió combustible: si antes quemaba carbón pasó a una mezcla de petróleo-carbón con una baja muy sustancial de emisiones, especialmente de SO2 particulado. La planta de Molymet en Nos, que era la fuente singular más potente -el 60 por ciento del total de SO2 en la ciudad- instaló una planta de ácido sulfúrico que bajó sus emisiones en un 95 por ciento. Se acordó con Enap una rebaja programada en el contenido de sus combustibles, que era otro componente importante por el cual este contaminante dejó de ser un problema por sí mismo.

La evaluación del Plan concluye que éste logró resultados positivos aunque modestos. Hubo menos días de emergencias, menos graves. Hubo disminución objetiva en la concentración de monóxido de carbono en toda la zona que se monitoreaba en la época y leves aumentos en las concentraciones de ozono y NO2, que son los contaminantes que preocupan hoy día.

La evaluación es que el esfuerzo técnico -a pesar de ser muy importante y efectivo- fue básicamente asfixiado por el crecimiento de la ciudad. Cada una de las medidas técnicas que lograba rebajas de 50, 60 ó 70 por ciento en las emisiones, era compensado por el crecimiento del mismo orden de magnitud en la venta de combustibles, circulación de vehículos, consumo total energético, etcétera.

Hacia adelante, esas posibilidades de progreso técnico se van agotando, lo que resulta sumamente preocupante. Las primeras medidas de control de contaminantes son muy efectivas en el sentido de que se parte sin control y se entra a utilizar tecnologías modernas, por ejemplo convertidor catalítico para los automóviles. Esto logró conseguir un primer golpe muy grande de 90 ó 95 por ciento de rebaja en el monóxido de carbono por cada vehículo.

Con respecto a la situación base, la rebaja es marginal, es de un 2 ó 3 por ciento y no de un 60, 70 u 80. Entonces, por la vía del progreso técnico las posibilidades de mejora se van agotando y son cada vez más difíciles y más caras.

Se está reconociendo la importancia de la construcción como fuente de contaminantes, sector que no fue incluido en el primer plan de descontaminación. Solamente con posterioridad se ha logrado dar cuenta de que este sector tiene una participación muy fuerte en la contaminación.

Otro tanto ocurre con el tránsito, el cual está creciendo de una manera que no es sustentable y, por lo tanto, esto significa que hay factores en la ecuación completa que no están adecuadamente tomados en consideración. Se trata de dar una opinión hacia adelante, en el sentido de insistir en la variable tecnológica como único instrumento. Es necesario abordar las variables de número, como el tamaño de la ciudad y el volumen de actividad, de manera que cualquier aumento en el número sea compensado, para que las emisiones totales sigan su tendencia a la baja, aunque aumente el nivel de actividad. Eso está adecuadamente recogido en la reglamentación que afecta a las fuentes fijas. Cualquier fuente nueva que se integra a la ciudad, aparte de cumplir con las normas de emisión, debe compensar completamente las emisiones nuevas que están incorporando al sistema, lo cual no tenemos en el transporte ni en el desarrollo urbano. Esos son los grandes desafíos que quedan por cubrir en esta materia

Instituto Libertad y Desarrollo

Participó el señor Javier Hurtado quien señaló que existe consenso de que hay un problema; que las normas de calidad para las partículas de ozono y monóxido se superan muchos días al año y que el dióxido de nitrógeno se encuentra en estado de latencia; que el problema más grave, sobre todo en los meses de invierno, es el tema del material particulado; que Santiago está ubicado en un lugar bastante complicado, rodeado de cordilleras y emplazado en una depresión. Otro aspecto en que todos coinciden es en el diagnóstico general del problema. Se ha señalado que es importante tener la información que han entregado la Conama y la Corema. También hay acuerdo en que en los últimos años se han realizado algunas mejoras, debido básicamente al decreto de salud Nº 4, de 1992, que congeló las emisiones industriales hasta el 6 julio a los vehículos catalíticos, que el transporte público se ha mejorado, puesto que los vehículos de hace diez años hoy no se ven con tanta frecuencia. Sin embargo, no hay acuerdo en la forma como se debe abordar el problema. Hay que tener claro el modelo físico de Santiago, que prácticamente es una caja cerrada, sobre todo en el período de invierno, en el cual la capa de inversión térmica baja a tal nivel que no hay ninguna aireación posible. Ese modelo se puede hacer. Mientras más baja es la capa de inversión térmica, mayor es la concentración. Ése es un fenómeno físico en el que existe acuerdo. A medida que sube la capa, baja la concentración hasta más arriba de los cerros donde hay aireación. Incluso, su moderación física ha quedado bastante clara. Los modelos de dispersión son simples, se pueden hacer, pero no son perfectos.

Ahora, conociendo el volumen de esa caja en las condiciones más críticas, se podría calcular cuánto es lo máximo que se puede emitir para no superar una norma específica.

También ha habido discusión respecto del tema de las partículas, el cual es un problema grave. Hoy, las partículas respirables que están consideradas en la ley son el PM 10, que son partículas inferiores a 10 micrones. Provienen de distintas fuentes, por lo cual tienen distintas composiciones. Además, mientras más pequeña es la partícula, más dañina es, porque cuando se respira penetra en los pulmones, incluso llega al torrente sanguíneo.

Ahora, no se pueden plantear compensaciones entre unas partículas y otras, porque son distintas. Es un hecho sumamente claro. En general, el mundo ha sabido tratar los problemas de la diferenciación de partículas. En vez de entrar en una discusión eterna de que todas las partículas son distintas y que no se pueden trabajar, hay que señalar dos cosas importantes. Cuando se habla del tamaño, el mundo en general regula el PM 10. Los países que realmente han logrado controlar el PM 10 -como Estados Unidos- están entrando a una segunda fase en el sentido de plantearse el PM 2,5, a fin de mejorar aún más la calidad de vida de las personas.

Respecto de que todas las partículas son distintas por su toxicidad, su peligrosidad, también el mundo ha sabido manejar el tema. En el fondo, trabajan, controlan y norman PM 10, pero aquellas partículas que se dan cuenta que son más dañinas, por ejemplo, el plomo, se norma aparte.

En la sesión pasada se mostró un gráfico de cómo se ha bajado el PM 10 en Santiago y cómo lo ha hecho, más fuerte aún, el PM 2,5. Obviamente, ha habido un control mucho más fuerte en la industria que probablemente aporta más PM 2,5.

Luego, tal como está en la normativa, hay normas de calidad de PM 10 y el plan de descontaminación debe plantear acciones para reducir la concentración de PM 10 y no entrar en la discusión de si esta acción es para PM 2,5.

El tema de la contaminación intradomiciliaria, es muy importante. Obviamente, las casas tienen sistemas de calefacción, se fuma, hay espacios cerrados que acumulan contaminantes y otras cosas que contribuyen a un microclima propio, a un aire propio que muchas veces es bastante más dañino que el aire externo. De hecho, las casas hay que ventilarlas todos los días para sacar las partículas que están dentro.

Hay una tabla de las Naciones Unidas, Anual Review of Energy and the Environment, que muestra promedios generales de muchos países en que la contaminación intradomiciliaria es el doble, en general, que en el exterior. Si en las calles es 190 mg/m3, se verifica un promedio de 300 mg/m3 en los espacios cerrados. Es decir, dentro de las casas se está constantemente en emergencia ambiental.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó si ese estudio era aplicable a Chile, a lo cual se le respondió que se trataba de un estudio general, un promedio y el dato de Chile lo desconocía.

Por ejemplo, en la India es 10 veces más, según ese mismo informe. Acá el brasero es algo común, sobre todo a nivel rural.

Es importante darse cuenta de que según este estudio, en promedios generales, el 80 por ciento del tiempo las personas pasan en espacios interiores y 20 en exteriores. Por tanto, el tema intradomiciliario es muy importante.

En cuanto a soluciones que se han propuesto públicamente, menciona las siguientes: sacar las industrias de Santiago, ya que a pesar de que su incidencia directa es baja, genera actividad en transporte y construcción; la reconversión de locomoción colectiva y taxis a gas natural, pavimentar calles, etcétera.

Cree que no hay la solución mágica. Todas se pueden hacer, pero la única diferencia es el costo social y económico de la solución. Sacar las industrias de Santiago es factible. Recuerda que el tema de la ciudad de Los Ángeles, donde se hizo un acuerdo público de sacar las industrias a un lugar específico, se vio el tema tributario y otras cosas para sacarlas a una zona industrial. Fue oneroso, pero se hizo. Eso podría ser factible, y sería una solución.

Chile se ve enfrentado a una serie de problemas graves, aparte de la contaminación, como la pobreza, por lo cual los recursos económicos que existen no son infinitos y se debe ser eficiente en su uso, para buscar la solución que tenga el mínimo impacto desde el punto de vista del costo para la población. Ése es el objetivo.

¿Qué es el plan de descontaminación? Es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental. El plan de descontaminación no es una idea para buscar algunas mejoras. Es un instrumento legal, establecido en la ley, que tiene un objetivo clarísimo de solucionar un problema, es decir, que la ciudad recupere los niveles de calidad que se han fijado como norma.

¿Cómo se gesta el plan? Primero, se establecen normas de calidad ambiental, que tiene incorporado un proceso de gestación que parte de un principio que establece la propia ley del medio ambiente: el principio de eficiencia económica. De hecho, el establecimiento de normas trae incorporado evaluaciones económicas clarísimas de cada una de las normas.

Segundo, hay que medir los elementos normados; si se superan las normas hay que declarar la zona en cuestión como saturada, y cuando se superan las normas se establece un plan de descontaminación para recuperar la calidad ambiental.

¿Qué requisitos debe cumplir el plan? Claridad de metas, quiénes deben reducir emisiones, qué elementos, cuánto y en qué plazo; zona geográfica bien definida; equidad en las acciones a llevar a cabo; proporcionalidad en la reducción para todos los sectores; factibilidad técnica para cumplir las metas; análisis costo-beneficio, y análisis costo alternativo.

¿Cuáles son las deficiencias del plan de descontaminación?

El plan de descontaminación tiene un objetivo preciso: recuperar los niveles de calidad primarios. Tal como lo señala el plan, “las medidas incluidas como primera etapa del plan reflejan todo lo que es posible hacer en los próximos años para descongestionar el Gran Santiago. El problema que las estimaciones de efectividad indican que esto no es suficiente para alcanzar las normas de calidad del aire”.

Ahora bien, ¿por qué no se ha logrado recuperar la calidad ambiental? En cuanto a las emisiones industriales, se considera un sistema de compensación, como asimismo la congelación de las emisiones en forma global. Respecto del resto de las actividades, el plan no es claro en apuntar al congelamiento señalado. En este caso, aunque se imponga una normativa, es tanta la contaminación del aire que es difícil que algún sistema lo renueve. Por tal razón, es importante pensar en un congelamiento total.

Las medidas que se han adoptado respecto de las industrias parecen claras, pero si piensa en otras destinadas al mejoramiento de calles, el plan no es claro al respecto, por cuanto no cuantifica en detalle las vías a pavimentar. En tanto, la ciudad continúa creciendo, no se ha congelado el crecimiento, surgen nuevas parcelas de agrado, centros poblados, loteos, etcétera, lo que incrementa el problema.

Respecto de las construcciones, se reconoce que se trata de un tema importante y se clarifica que deben ser las municipalidades quienes controlen los permisos. Sin embargo, el plan no consigna ninguna obligación precisa que acote ese ámbito.

Considera que la contaminación intradomiciliaria es el gran tema a debatir. Sin embargo, el plan señala a este respecto que “se propondrá revalorar, recomendar y proponer un subsidio para combustibles distintos del kerosene que puedan ser usados por los habitantes de menos ingresos de la región”. Queda la sensación de que sólo se busca valorar proposiciones y no dar señales claras en cuanto a entregar soluciones concretas.

En cuanto al transporte público y tal como lo indicó el Intendente Metropolitano, es esencial tener claro que la utilización de gas natural es una medida importante para solucionar el problema provocado por el uso del diesel. Existe un proyecto de ley que propone aumentar el impuesto a los vehículos de transporte público que utilicen gas natural. La legislación actual grava en 350.000 pesos anuales a los buses que recorren 100.000 kilómetros al año, pero el proyecto de ley propone subir a 900.000 pesos ese gravamen, lo que es totalmente contrario al objetivo de descontaminar. No existe claridad respecto de lo que se debe hacer.

Por otra parte, el plan persevera en el tema de la restricción vehicular. Si se examinan los estudios de la Universidad Católica ellos demuestran que el número de viajes realizados diariamente por los vehículos que circulan por Santiago, considerando una restricción de dos, cuatro y seis dígitos, alcanzan a 2,8 millones, 2,8 millones y 2,7 millones, respectivamente. ¿Qué demuestra esto? Que la medida es totalmente ineficaz.

Otro de los tópicos que aborda el plan es el manejo de los episodios críticos. Cuando se decreta preemergencia, se paraliza el 30 por ciento de las industrias y el 60 por ciento de los vehículos. ¿Cuándo se decreta la preemergencia? Cuando el nivel alcanza a 210 microgramos por metros cúbico, o dicho en otras palabras, cuando se supera la norma en más de un 40 por ciento. Sin embargo, la reducción de la circulación vehicular y la paralización de un porcentaje de las fuentes fijas logran bajar las emisiones de contaminación tan sólo a un 12 por ciento. Como es de suponer, una solución como ésa es ineficaz.

Cuando se decreta estado de emergencia, los niveles alcanzan a 330 microgramos por metro cúbico de concentración. Hay que recordar que la calidad deseada es de 150 microgramos por metro cúbico. Es decir, en un estado de emergencia los niveles se duplican. Lo lógico sería reducir el ciento por ciento de la actividad para recuperar una condición ambiental aceptable. De manera que es dable pensar que las emergencias se han solucionado básicamente por el cambio de las condiciones meteorológicas y no gracias a las medidas adoptadas.

A su juicio, la única forma de resolver el tema de la contaminación de Santiago no parte por congelar la ciudad, las industrias, los automóviles o las calles, sino las emisiones, y regular la cantidad máxima que puede tolerar la urbe. Una vez congeladas las emisiones, hay que buscar un sistema mediante el cual se puedan repartir dichas emisiones a distintos sectores, a fin de permitir, en una segunda etapa, que opere un sistema de derechos transables en el que se compren y vendan derechos -en otras palabras, intercambios de emisiones entre distintos sectores-, con el objeto de poder desarrollar en la ciudad las actividades que eficientemente demuestran que pueden desarrollarse desde el punto de vista ambiental y económico, y las actividades que no son capaces de alguna forma de entrar en este mercado de derechos de protección, tendrán que irse de la ciudad. El tema el mercado lo resuelve perfectamente con un sistema de derechos, que debe determinar la forma en que esos derechos deben transarse, y cómo se deben incorporar actividades al sistema.

Al aplicarse en Los Ángeles, se demostró que el sistema de derechos estaba bien definido, con algunos actores relevantes que participaban de estos derechos. Cuando un actor se daba cuenta de que era muy difícil venir al mercado a demostrar derechos para entrar e instalarse, el sistema permitía que el actor fuera a buscar a otras actividades que no están dentro del sistema de derechos, y generara proyectos específicos de reducción en la ciudad de este contaminante específico que se está viendo en ese caso. Mediante esa reducción puntual, podría adquirir un derecho.

Un ejemplo puntual: una industria no podía entrar en un momento determinado. Eran caros ciertos derechos. El mercado estaba muy complicado. Lo que hizo esa industria, fue cambiar la flota de buses a un colegio que tenía buses antiguos. Presentó un proyecto a las autoridades, y dijo: “Si cambio estos buses, compenso de alguna forma, con lo cual le permitieron hacerlo”.

Respecto del sistema de derechos, en especial el relativo a las partículas, no existe ninguna experiencia en el mundo. Sin embargo, tampoco había experiencia en AFP cuando se inició en Chile. Cree que, de alguna forma, hay que probarlos. Estimó que lo peor del mundo, es seguir en la situación en que se está. Se ha probado en la industria al normarla. Se ha logrado el objetivo deseado. Cree que las demás áreas están todavía muy abiertas, con lo cual un sistema de derechos define la cantidad máxima permitida. Debería funcionar, en general, ese tipo de soluciones, y además considerar las fuerzas motrices para que funcione un sistema de este tipo. Se pueden ver las diferencias de costo de reducción de partículas de distintas actividades. Hay bastantes diferenciales de costo, con lo cual se podría tender a pensar que va a haber un mercado posible para que este sistema funcione en particular.

Se ha probado para otros productos en otras partes, y ha funcionado.

No tiene por qué ser distinto, siempre que se reconozca que en partículas se está hablando de un conjunto bien definido, de los PM 10 o PM 2,5, o como se quiera definirlo.

En cuanto a la experiencia mundial de derechos de emisión -por lo menos, lo que contaban en Los Ángeles-, se logran reducciones a un costo 50 por ciento menor respecto del costo de normas tradicionales.

Un sistema de derechos permite, de alguna forma, considerar que muchas acciones van a emitir -los que son más eficientes en general desde el punto de vista económico- y aquellos que son más ineficientes debieran salir del sistema.

El señor Pérez, don Clemente , discrepó de la afirmación de que el plan no cumple las metas, razón por la cual el plan no estaría cumpliendo su objetivo principal.

Lo que el plan señala, en forma muy franca, es que las estimaciones de efectividad realizadas no son suficientes para cumplir las metas. Distinto es que el plan no permite cumplir las metas. ¿Cuál es la diferencia? Que hay medidas, ya sea porque no estaban complementamente determinadas o porque sencillamente no hay capacidad de estimar su efectividad, que no se sabe cuánto contribuyen pero sí se sabe que contribuyen. Por ejemplo: No hay en la literatura estimaciones de cuánto contribuye la forestación a disminuir la contaminación atmosférica. Lo que el plan establece, es la estimación de efectividad de cerca del 50 por ciento de las medidas. Con ese 50 por ciento de las medidas, se está muy cerca de cumplir las metas. El otro 50 por ciento va en la dirección correcta, que contribuye a contaminar, pero no se puede calcular.

Además, se sabe que el plan de descontaminación es un proceso. No es sólo un acto o un proceso al cual se suma la ordenanza de las normas de la construcción, las actualizaciones que se van a hacer cada tres años, y ciertamente, con eso, está seguro que se van a cumplir las metas.

La realidad es que en Chile no hay modelo de distorsión de material particulado. El más avanzado lo tiene la Conama Metropolitana y el Centro Nacional del Medio Ambiente.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló que según el Informe de Libertad y Desarrollo la forma de abordar el problema no restaurará la calidad del aire en la región. Entiende que, en definitiva, si se quisiera poner las cosas en óptimo, los habitantes de Santiago tendrían derecho a respirar el mismo aire como lo hacen los habitantes de la XII Región. Un aire limpio, que bajo ninguna de las normas internacionales, pudiera observarse el más mínimo daño para la salud. Ése es un derecho contemplado en el artículo 19, Nº 8 de la Constitución.

Por tanto, la pregunta que surge en la Comisión es ¿la calidad del aire no va a bajar, producto del crecimiento, por ejemplo, de los catalíticos? No sabe cuál es el eje de la afirmación. Si es el tema de los catalíticos, por cuanto algunas de las medidas no han logrado la efectividad, porque se ha producido el aumento de los catalíticos, o en el ámbito del resto de las medidas, el tema de la movilización colectiva, o el tema de los planes de pavimentación, por cuanto sigue creciendo la expansión horizontal de la ciudad, y por lo tanto, ¿cuál de esos ejes hace que se reafirme que no se restaurará lo que hubo? ¿Qué fue lo que hubo? ¿Qué se debe restaurar? ¿El aire de 1810, de 1910?

El señor Hurtado indicó que se debe tener claro que la ley establece que las normas de calidad son el deseo del ciudadano. Es la definición del precepto constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. El precepto constitucional no significa establecer la ley de vivir en un ambiente de contaminación cero, sino que dice “el ambiente está no contaminado. Dentro de la norma”. Pero, en el fondo, hay un parámetro perfectamente claro definido en la ley, que es la norma de calidad.

En partículas, se tiene que llegar a tener 365 días del año -lo establece la ley- a un nivel de calidad que sea mejor o igual a 150 microgramos por metro cúbico. Eso dice la ley y es lo que hay que restaurar. No es un número mágico, sino que está establecido legalmente. Señaló que no se valora, por ejemplo, que la industria, con todo el congelamiento, efectivamente bajó de 20 toneladas de emisión diaria, a 5 toneladas.

Hay buenas intenciones, pero no implican asegurar que se cumpla los 365 días del año, que el nivel de calidad ambiental no se supere. El tema de la forestación son buenas intenciones. Nadie puede obligar a los organismos a que cumplan con los planes. Ni siquiera la Intendencia puede obligar a que se cumpla con estos objetivos. Hay buenas intenciones, pero lo importante es tener metas, objetivos, planes concretos, para lograr esa intención. En cuanto a la forestación, se habló de tres millones y medio de árboles, sin tener claro exactamente cómo se contribuye y sin tener claro qué significa, en términos de reducción. Además, ¿quién está obligado a hacerlo? ¿Quién va a controlar que eso se haga? En el sector vehicular se ve que, si bien se establece el catalizador para los vehículos nuevos, lo único que se quiere implementar es la restricción vehicular, que no soluciona el problema, sobre todo en cuanto a partículas. Por ejemplo, en Los Ángeles el 90 por ciento de la contaminación particular, producto del transporte, está explicada por el 10 por ciento de los vehículos más viejos. ¿Qué se está haciendo en Chile respecto de los vehículos más viejos? Nada. El número de revisiones técnicas es la misma. No hay un plan concreto, que tienda a congelar las emisiones de las otras actividades. Sólo se están congelando industrias; nada más.

El señor Velasco hizo presente que nadie ha sostenido que el plan de prevención y descontaminación es algo perfecto. Es un instrumento perfectible. Dentro del mismo plan se establecen dos hitos, los años 2000 y 2005, para una revisión de las políticas, de las metas u objetivos ahí contenidos.

Dejó en claro que hay metas, que, sectorialmente, los distintos ministerios deben cumplir. Ahora, respecto a cuál es el rol del Intendente en este caso, reiteró que éste debe coordinar políticas públicas para la Región Metropolitana, donde existe una unidad técnica de seguimiento, pero que dichas políticas son implementadas y financiadas por los distintos ministerios. Ahora, ello no significa que los ministerios no cumplan esas metas. Cuando un plan lleva sólo dos meses de ejecución, no se puede evaluar si las metas se han cumplido o no. El plan establece el año 2000 para ver el cumplimiento de las metas y objetivos.

Asimismo, se han planteado dos temas: la pavimentación y la arborización, respecto de los cuales en el plan hay metas concretas. Se habla de que se debe arborizar, tanto en zona urbana como periurbana, y reforestar 3.700.000 especies. Es una meta concreta, para lo cual hay cuatro años, en términos específicos.

En cuanto a la pavimentación, hay un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respecto del pavimento participativo, específicamente referido a calles y pasajes interiores. En ese sentido, hay una meta, y, de acuerdo con los datos concretos que existen, faltarían 500 kilómetros para completar, durante 1999 y fines de ese año, la carencia en este tipo de pavimentación.

Se ha dicho que no hay ninguna política hacia los autos usados. Se ha incorporado y está contenido dentro del plan, año 1999, la segunda revisión técnica, es decir, se pasa de una revisión a una segunda; habrá más rigurosidad, en términos de control de emisiones en las plantas de revisión técnica.

Otro aspecto, es el tema de la industria. Se afirmó que es el único agente contaminante, en términos de fuentes fijas, que está congelado y que está acotado en el tiempo, en cuanto a metas concretas que debe cumplir. En paralelo, se tiene que llegar a lo propio, en cuanto al transporte público. La tercera parte es el crecimiento de la ciudad. Por eso, cree que no sólo el tema del control de las emisiones y de los derechos transables de emisión, es el único y gran argumento para controlar el problema de la contaminación en la región. Simultáneamente, se debe avanzar en lo que es el transporte público y en el crecimiento de la ciudad. A su juicio, debe haber un instrumento global de planificación de Región que lo permita. Esto ha sido visto desde el punto de vista de la emisión, pero no de la inmisión. Efectivamente, en lo que se refiere a la emisión el transporte participa con un 7 por ciento de contaminantes, lo mismo que en la industria y en el polvo en suspensión con un 78 por ciento. Ahora, en cuanto a la inmisión, que es lo que se respira y afecta a la salud de la población, las fuentes fijas -producto de sus procesos industriales- obviamente no son de un 7 por ciento, sino que de un 37% en el daño de la salud de la población, por ende son partículas más finas que llegan en forma mucho más compleja al aparato respiratorio. Lo propio ocurre en el transporte público.

Por lo tanto, el polvo en suspensión, cuando se ataca por la vía de la pavimentación, de la arborización o con proyectos específicos, como es el aspirado de calles o el uso a gas natural, se está atacando una causa, pero hay otras. Falta un instrumento de planificación urbana, el tema del crecimiento de la ciudad y de equidad, que no sólo se le puede aplicar a la industria, sino también al transporte público y a las quemas en la agricultura, etcétera. Hay muchas situaciones que se escapan por la falta de presupuesto para ejercer una real fiscalización. En definitiva, hay un integridad de temas que forman parte de las metas por cumplir.

El señor Hurtado insistió en que se puede usar otro instrumento y no llamarlo el plan de descontaminación de Santiago, sino ideas de cómo lograr mejorar Santiago , porque “plan” es algo muy preciso. Por ejemplo, qué metas hay respecto a la renovación de crecimiento de calles no pavimentadas con respecto de las que sí lo están.

En cuanto a la arborización, si bien la meta es de 3,7 millones de especies, en cuánto contribuye eso, por qué son 3,7 y no 37, cuál es la razón de esa meta. No le queda claro cuál es el objetivo técnico deseado.

Por otro lado, que los autos más nuevos se revisen una vez cada dos años y una vez al año los más viejos es una diferencia notable. La gente que tiene autos relativamente nuevos -hasta cinco años-, lo más probable es que usen talleres autorizados, que es bastante más riguroso en la mantención de su auto que del que tiene uno con quince años, pues lo carbura mal. Las diferencias son enormes. Por eso, más que restringir el lugar de las revisiones, qué responsabilidad tienen los revisores, su pregunta es al revés. Habría que buscar alguna relación. Sólo se está buscando por el lado de restringir la oferta del sistema de revisión más que la demanda del mismo servicio. Son enfoques distintos que pueden ayudar a solucionar el problema.

El Diputado señor Díaz señaló que le llamaba la atención el punto relativo al crecimiento que señaló el señor Escudero . Todos los esfuerzos técnicos que se han hecho se han ido asfixiando en la medida en que la ciudad crece, lo que reafirma el Intendente dándole la importancia y la necesidad de planificar, de una u otra manera, el crecimiento de la Región Metropolitana. Por eso, todo hace pensar que la solución del problema va relacionada con el tema de la regionalización, a fin de hacer un esfuerzo a nivel nacional, utilizando las herramientas tributarias, los derechos de emisión del Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Qué ideas hay al respecto?

El Diputado señor Navarro (Presidente) estimó que entre las medidas que pudieran tender a bajar las emisiones se deben establecer algunas respecto de las patentes de los automóviles.

En cuanto a la restricción, un cambio tributario permitiría tener patentes más caras para los autos más viejos y más baratas para los más nuevos, lo que puede significar un incentivo para la renovación del parque automotor.

Respecto de las emisiones transables, es complicado establecer las emisiones transables para temas como el aire, pues no es sencillo determinar cuánto es el aire limpio que deberíamos fijar como tal a fin de poder establecer una venta de emisiones transables, sin considerar los problemas que de ello se derivarían, porque más de alguien podría comprarlos para sacar a la competencia del camino. ¿Cómo se ha actuado en otros países respecto del establecimiento de un proceso de emisiones transables?

Por último, se plantea que la pavimentación de las calles es el costo-reducción más económico, pues se señala que la pavimentación del kg-red equivale a 0,86 dólares, versus los 1.500 dólares que cuesta la instalación de filtro mangas en las industrias.

Por otra parte, el Sesma planteó en su oportunidad que hay dos tipos diferentes de emisiones de partículas, pero aún están en evaluación las normas respecto del arsénico y del plomo. En cuanto a su toxicidad, existe una gran coincidencia en que los grados de las partículas resuspendidas son diferenciadas respecto del tipo de emisor o fuente al cual son más cercanas. Por lo tanto, el tema del polvo del PM 10 debe estar asociado al grado de peligrosidad que tenga la partícula producto de ese contaminante. Ése es un tema que estará presente dentro de la discusión, porque las proyecciones o parámetros que tenemos deberían variar en los próximos meses producto de la creación de este tipo de normas, lo que hará cambiar el cuadro, por lo cual habría que analizar la posibilidad de establecer un costo-reducción.

El señor Hurtado , en cuanto a por qué el Plan no congela las demás emisiones sino sólo las industriales, respondió que las normas existentes en el Plan señalan que cualquier industria que entre al sistema debe comprar derechos para compensar con otra. Es decir, está congelado el máximo de emisiones industriales. Sin embargo, no pasa lo mismo con otras actividades. Por ejemplo, las calles no están congeladas. De hecho, se puede construir una población mañana en cualquier parte y hacer nuevas calles, para lo cual obviamente hay involucrados permisos municipales, pero no está considerada esta variable en el crecimiento de la ciudad. Mientras eso ocurra no se puede garantizar que el Plan funcione o logre sus objetivos. Por lo tanto, se debe buscar una forma de impedir o de normar el crecimiento. En ese sentido, el sistema de derechos transables de emisión tiene la gracia de ponerle valor al hecho de vivir en una ciudad congestionada, es decir, le pone valor a la contaminación, pues contaminar en una ciudad que ya está contaminada obviamente será mucho más caro que hacerlo en una ciudad que no lo está. Por lo tanto, se genera ese mercado o esa diferenciación.

Estimó interesante el tema respecto de los catalíticos. El uso del catalizador ha sido una solución muy eficaz para evitar que la cantidad de monóxido de carbono y de hidrocarburos llegara a los niveles que podría haber alcanzado de no haber existido. De hecho, las normas en esos contaminantes no han sido sobrepasadas gracias a dicha incorporación.

Por eso, no queda claro qué se lograría con establecer una restricción a los automóviles catalíticos Si se está pensando en la restricción de los catalíticos con la idea de bajar el número de autos que se desplazan por la ciudad, a fin de que se levante menos polvo, no se está considerando que existe un fenómeno físico llamado turbulencia. Es decir, si se reduce la cantidad de vehículos en las calles, lo único que se logrará será el aumento de la velocidad promedio de los vehículos, ya que a menos autos más velocidad promedio -porque hay menos tacos-, y a más velocidad promedio se produce mayor turbulencia, la cual es un fenómeno cuadrático. O sea, en el fondo, dispersa mucho más contaminante el auto que anda rápido que el que anda lento.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó si, entonces, el Instituto Libertad y Desarrollo no está de acuerdo con la restricción a los catalíticos.

El señor Hurtado respondió afirmativamente. No está de acuerdo con ningún tipo de restricción vehicular. Se tienen que buscar otras formas, tales como tarificación vial o restringir los estacionamientos. Respecto de los autos, reiteró que la renovación de los permisos de circulación deberían ser más caros para los vehículos antiguos. También debe revisarse el impuesto a la cilindrada, porque hay algunas que son más óptimas que otras desde el punto de vista de emisión. Lo de comprar derechos y no usarlos, que es otra pregunta, no ve por qué no resulta extraño eso respecto de la tierra. Se podría comprar un campo y no usarlo.

Se ha dicho que nadie comparte las normas de PM 10, 150 microgramos por metro cúbico, lo cual él tampoco comparte, probablemente porque es una norma muy antigua, del año 1978, pero es la que se tiene y la meta es lograr que ésta se cumpla. Después se debe buscar mejorar lo que la sociedad quiere: tener mejor calidad que los 150 microgramos por metro cúbico sacando derechos del mercado.

Ahora, respecto al tema de compensar partículas de chimenea con polvo de la calle, otra vez se cae en la misma discusión. Si se pretende diferenciar todas las partículas por tamaño y por grado de toxicidad, en verdad nunca se va a resolver el problema. Porque si después de normar el PM 10 se concluye que es un problema y se apunta a corregir eso, fantástico. Se puede decir que se solucionó porque las partículas chicas no son más graves. Entonces, se debe normar las más chicas -las PM 2,5- si se cree que eso soluciona el problema, y mejor olvidarse del PM 10. Pero para eso la ley es muy clara al establecer la forma de fijar las normas, de medirlas y una vez que se superen las normas hacer un plan de descontaminación. Si se quiere hacerlo en PM 2,5, que se haga. Pero que no se venga con el argumento de que si se tiene la norma PM 10 y se trata de arreglarlo y todos cooperan para transar en los PM 10 mutuamente y poder reducirlo, venir después con el argumento de que el PM 2,5 es más dañino. Eso quiere decir que cuando se dicte la norma PM 2,5 otro va a levantar la mano para decir que es más dañino aún. Cree que se tiene que fijar un punto y ese es PM 10. Lo mismo pasa con la toxicidad. Todas las partículas son distintas. De hecho, las tierras de otras procedencias no son iguales. Si se va al norte donde hay arsénico en la tierra y otras cosas, ese aire ambiental es mucho más grave del que puede haber en Santiago. Ahora si se empieza a distinguir que todas las partículas son distintas, nunca se va a resolver el problema. Cree que ha sido inteligente el tomar el PM 10 como global y si se encuentra en ella partículas más dañinas, como plomo o asbesto -que son normas apartes- alguien van a salir con que no se permiten porque son graves y dañinos. Pero no se puede pretender distinguir entre todas las partículas y usar ese argumento para no permitir la transacción. Porque si lo que hay que reducir es PM 10, que se transe el PM 10 y que se busque la forma de hacerlo.

El señor Pérez, don Clemente , estando muy de acuerdo con el Instituto Libertad y Desarrollo, en teoría, respecto de las bondades del sistema de permisos de emisión transables, no le cabe sino decir que “otra cosa es con guitarra” porque aplicarlo es muchísimo más complejo y supone que en la Cámara de Diputados se están buscando políticas públicas y no soluciones teóricas de libros. Por ejemplo, propone pensar en el congelamiento de las emisiones de los automóviles. Una propuesta, tal vez la más aterrizada, sea congelar los permisos de circulación. Bueno, pero cómo se va a fiscalizar que la gente no se compre un automóvil y lo registre en Rancagua o impedir que los habitantes de esa ciudad vengan a Santiago, si la restricción vehicular tiene serias dificultades en su implementación. Entonces, hay cosas que están muy bien en teoría, pero es imposible realizarlas en la práctica. Por eso, se ha planteado que la solución más apropiada es la tarificación vial.

Respecto de la pavimentación, no es posible plantear el crecimiento de la ciudad y luego el congelamiento de sus calles. El plan regulador establece un congelamiento de la ciudad. Por lo tanto, una vez que el radio urbano esté pavimentado, las calles de tierra no podrán seguir aumentando. Sin embargo, ese tema se escapa por la vía de las parcelas de agrado. Entonces, está muy de acuerdo con la teoría, pero la interrogante es cómo traducir eso en la práctica.

Siendo un firme partidario de los permisos de emisión transable, la experiencia que hay en el mundo es muy escasa y entre megafuentes. En Santiago no hay ninguna megafuente que responda a esa categoría. La experiencia en la costa este de Estados Unidos es centrar las termoeléctricas, que son megafuentes, en emisiones de óxido de azufre sólo para determinados contaminantes y en la costa Oeste, en California, para emisiones de óxido de nitrógeno y óxido de azufre para fuentes grandes con monitoreo continuo, en tiempo real. Por lo tanto, la autoridad ambiental de California sabe perfectamente lo que está permitiendo transar. En la práctica, ningún país del mundo tiene un sistema de compensación de emisiones ni siquiera para fuentes pequeñas ni permisos de emisión transable para material particulado. Es un tema absolutamente nuevo.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó: ¿cuál era el monto destinado a la investigación pura respecto de este tema en el plan de descontaminación, de los 987 millones de pesos? ¿Cómo se hicieron los paper académicos respecto del tema del congelamiento del crecimiento horizontal de la ciudad? ¿Cómo se congela el crecimiento respecto de las zonas de expansión industrial?

Citó el boletín informativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de enero de 1998, donde se señala que, por el contrario, hay reincorporaciones en zonas industriales exclusivas. De las 22 municipalidades que están tratando el plan regulador, 16 han solicitado reincorporarse y 2 han presentado indicaciones al estudio del impacto ambiental respectivo. En el mapa de zonificación se aprecia un acercamiento, en vez de un alejamiento, al núcleo central de la Región Metropolitana, es decir, los 16 municipios que están solicitando las zonas industriales exclusivas o definiendo áreas industriales exclusivas están señalando en su plano regulador industrial la necesidad de acercarse a la ciudad, más que alejarse de ella, excluyendo las zonas más lejanas e incluyendo las más cercanas. Esto generará un incentivo perverso respecto del congelamiento del crecimiento cercano al casco urbano de la instalación industrial.

Preguntó si existe coordinación entre los ejecutores del plan y el mundo académico de investigación universitario o privado.

El doctor Lionel Gil señaló que el Fondecyt en los últimos años no ha financiado proyectos sobre esos temas y han sido reemplazados por otros. Es decir, no hay un fondo exclusivo para eso. ¿Qué posibilidades se tiene de contar con un fondo exclusivo de origen estatal, para financiar estudios como esos? También se ha señalado que Santiago es el mejor conejillo de indias para la investigación sobre esos temas, porque es una ciudad que tiene características muy especiales que no tienen otras ciudades. Por lo tanto, existen las condiciones para realizar investigación.

Respecto del tema de los recursos, consultó si el Plan considera los recursos, si la Intendencia es capaz de proveerlos y si el sector privado es capaz de ponerlos a disposición, porque el plan considera solamente recursos estatales, o sea, 970 millones de pesos.

El señor Pérez expresó que gran parte de la investigación que se realiza, se efectúa con cooperación europea, japonesa y americana.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó cuánto dinero ha aportado el sector privado en el tema de la investigación.

El señor Hurtado indicó que la Sofofa ha señalado los recursos privados que se han incorporado en la industria para las modernizaciones.

Hay información, estudios, formas de ir tarificando e implementando sistemas de mercados. Por ejemplo, la tarificación vial es un tema que ha sido muy complicado sacar de la discusión. Es un paso de solución, en el cual se reconoce que los instrumentos de mercados son los más exitosos para resolver el problema. Las transacciones también son un mecanismo de mercado. La suma de todos resolverá el problema y generará los recursos para resolverlos. ¿Dónde están los recursos para la pavimentación? Sabe que hay planes, pero los resultados finales son caros. Con eso se logran levantar recursos privados para un montón de proyectos públicos que hoy no tienen recursos suficientes para hacerlo. Justamente, esos mecanismos de mercado van a lograr esa interacción que todos están pidiendo, pública o privada, en la búsqueda de los recursos y las condiciones para lograr los objetivos que se quieren alcanzar. Se debe trabajar, investigar, pero el camino que está planteado no garantiza el resultado que la ley le exige al plan.

El señor Velasco hizo presente que los recursos de que dispone la Intendencia o el gobierno regional para los temas de estudio del sistema de contaminación son muy pocos. Recordó que el gobierno regional no sólo tiene que ver con temas de contaminación, sino con una multiplicidad de tareas que hay en la región. Sin perjuicio de lo anterior, hay algunos estudios que eventualmente se pueden realizar, pero nó de gran magnitud, toda vez que el gobierno regional no dispone de los fondos para hacerlo.

Respecto a la restricción de los automóviles catalíticos, es una facultad que el Presidente de la República tiene que ejercer en su minuto, por la vía de un decreto. En definitiva, es una materia que está en estudio y no se resuelve a nivel del gobierno regional.

En cuanto al tema del desarrollo urbano, efectivamente, lo que hay es un crecimiento de la ciudad, donde el único instrumento que se tiene para ejercer una real fiscalización son los planos reguladores. Eso es lo concreto, porque en los planos reguladores comunales se establece dónde se pueden instalar industrias, “los parques industriales”, dónde no se pueden instalar, el crecimiento que va a tener la comuna propiamente tal, y eso ligado a los planos intercomunales. Es decir, está normado, incluso hay un documento en el cual se establecen las industrias peligrosas, las industrias molestas y, en definitiva, cómo deberían ir saliendo de la circunvalación Américo Vespucio, por la vía de una solicitud que ejercen los municipios ante el Minvu. Es un problema del Minvu y deberían responderlo los ministerios respectivos.

Santiago tiene una política que se ha definido por la unanimidad del gobierno regional para que los instrumentos de planificación, que son los planos reguladores comunales, planos intercomunales, hagan cumplir la normativa vigente en términos de evitar el crecimiento de la ciudad absolutamente disparatado, a fin de que las industrias molestas o las peligrosas cumplan la norma que indica cómo salen del perímetro que corresponde. Para eso hay que generar un instrumento de planificación -hoy no existe-, que diga relación con una planificación de región. Ese instrumento debe establecer períodos, plazos, metas, zonas delimitadas donde la actividad económico-productiva se pueda desarrollar y señalar claramente lo que no se puede realizar.

En definitiva, el único instrumento de planificación que hoy existe, desde un punto de vista del ordenamiento territorial, son los planos reguladores comunales.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó si era efectivo que los planos reguladores comunales tienen que ser visados por el gobierno regional, a lo cual el señor Velasco respondió afirmativamente.

El Diputado señor Navarro (Presidente) hizo presente que uno de los planteamientos del Instituto Libertad y Desarrollo es que las medidas adoptadas no logran compensar el crecimiento vegetativo y pasivo. Además, plantean la posibilidad de sacar las industrias de Santiago, por lo menos es un enunciado.

¿La Intendencia puede hacer efectiva esa norma? Por ejemplo, decirle al alcalde de la comuna de Quilicura que su área de crecimiento industrial está saturada. Hay que tener presente que los alcaldes tienen la facultad de definir el uso del suelo, con oposición ciudadana, hay vías de publicación en los diarios, hay observaciones, pero al final eso no ocurre, porque en general se hacen las publicaciones y la gente no logra identificar los lugares en los cuales se está pidiendo el uso del suelo, pues son planteados de manera muy técnica.

Asimismo, le preguntó al señor Pérez por qué no fue incorporado como una medida de regulación el tema del crecimiento industrial en el cordón periférico de Santiago. Por lo menos, está la posibilidad de un instrumento real para retardarlo. No sabe si están obligados a aprobarlo pasado un determinado tiempo, pero si bien no existen los planos intercomunales, la aprobación de los planos comunales tiene una resolución de carácter regional por parte del gobierno regional.

Del mismo modo, preguntó si esa variable será incorporada, por lo menos a la luz del plan, ya que lo que informó el Minvu en enero de este año es contradictorio con lo que han venido planteando y que ha estado dentro de los consensos de todos los actores que han participado de las sesiones de la Comisión, porque en definitiva la tendencia es sacar las industrias lo más lejos posible del área urbana, llevándolas a zonas donde la situación geomorfológica sea menor.

El señor Velasco indicó que comparte en algún sentido lo señalado por el Diputado señor Navarro . En este momento lo concreto son los gobiernos regionales a través de sus consejos regionales, que en el caso de la Región Metropolitana lo integran 26 consejeros regionales, que en definitiva son los que sancionan los planos reguladores comunales. Esos planos cubren todo un proceso a través de la Comisión de ordenamiento territorial; llegan ahí los alcaldes o cualquier ciudadano de la comuna respectiva a entregar su visión sobre el proceso que se está desarrollando. Una vez concluida esa etapa, en la cual también va el Minvu y entrega su opinión respecto del plano regulador de la comuna, se presenta en el consejo regional en pleno y, en definitiva, se aprueba o se rechaza.

Indudablemente, no puede hablar por todo el consejo, que está integrado por distintas bancadas y distintos representantes. Según su criterio esto se debe cumplir. En la actualidad, el único instrumento de planificación y ordenamiento territorial corresponde a esas instancias. No sabe si la solución definitiva pasa por erradicar las industrias, pero de lo que sí está claro es que se debe hacer cumplir la normativa vigente. De hecho, existe un estudio que señala que existen industrias peligrosas y molestas, por lo que es evidente que deben salir de la circunvalación Américo Vespucio. Ello puede hacerse cumplir a través de los planos reguladores o bien mediante un estudio de impacto ambiental. Como se sabe, cualquier actividad económico-productiva debe someterse a dicho sistema de evaluación, el que es examinado por la Conama y finalmente por la Corema, este último integrado por gobernadores, seremis, directores de servicios y representantes del Core. En tal sentido, si se quiere ordenar la ciudad, es esencial determinar los lugares en que pueden instalarse las industrias peligrosas o molestas.

El señor Escudero señaló que no hay que confundir la peligrosidad o molestia de una determinada industria con su influencia sobre las emisiones contaminantes. No cabe duda de que una industria peligrosa debe estar lejos de la gente; sin embargo, en eso también debe considerarse la física del fenómeno. La contaminación atmosférica de Santiago cubre toda la cuenca, pero la inversión térmica expande el fenómeno 300 kilómetros a la redonda, esto es desde Los Vilos a Talca, incluida la costa y buena parte de la cordillera. De manera que cuando se habla de erradicar industrias de Santiago a fin de disminuir los efectos contaminantes, hay que considerar que el radio afectado es bastante grande. Desde el punto de vista de los efectos contaminantes, no incide en nada el hecho de que una industria esté ubicada en Vicuña Mackenna, en la orilla del río Maipo o trasladarlas desde el sur a Huechuraba. De manera que hay que tener mucho cuidado con esta iniciativa generada en un ambiente no técnico, como es la discusión de los planos reguladores llevada a cabo a puertas cerradas en el Ministerio de la Vivienda, cuyos efectos, en su mayor parte, han sido negativos.

Respecto de lo señalado por el señor Hurtado en cuanto a las expectativas del plan de descontaminación, de cumplir con la meta de recuperar la calidad de vida de Santiago, consideró que antes de afirmar con propiedad hay que poner las cosas en perspectiva. Si se lee el plan, los temas sobre los que él reclama aparecen mencionados como factores que deben tenerse en cuenta en la segunda o tercera etapa. En ese sentido, hay que reconocer que se ha hecho un tremendo esfuerzo por recoger todo el conocimiento disponible. El proceso de participación, a fin de recoger opiniones, ha sido extraordinariamente amplio. De hecho, se han considerado todos los temas. Lo que sucede es que el desarrollo de los instrumentos para aplicar la idea no ha sido parejo. Por ejemplo, el sector industrial dispone de instrumentos relativamente maduros, cuestión que no sucede en el sector urbano.

En consecuencia, existe la obligación de desarrollar aquellos instrumentos deficientes hasta el punto alcanzado por los utilizados en el ámbito industrial. En esa perspectiva, el costo debe ser asignado a los agentes que causan el crecimiento, proceso en el cual debe estar involucrada una institución que se haga políticamente responsable del cumplimiento de ese cometido. Ese tipo de desarrollo no existe en términos de crecimiento de la ciudad ni tampoco respecto del transporte privado, ámbitos donde no se necesita tanto responder a la pregunta de qué hacer –al menos sobre ese punto existe acuerdo a nivel teórico-, sino cómo actuar. El sistema de permisos de emisión transables constituye una posibilidad, pero también se ha dicho que no existe ninguna experiencia en el mundo que indique cómo trabajar ese tema en el terreno del material particulado. En lo personal, es partidario de dar cabida a los permisos de emisión transables en forma restringida hasta alcanzar la experiencia necesaria para asegurar el éxito completo del sistema. No obstante, es indudable que tiene un rango de aplicación mucho más amplio que el ensayado hasta ahora.

El Diputado señor Díaz preguntó si existían estudios acerca de la incidencia que podría tener la utilización de la herramienta tributaria para incentivar el traslado de industrias a lugares donde existe menos desarrollo.

El señor Pérez señaló que si se considera que la principal causa de contaminación de Santiago es el transporte público y el automóvil, obligar a las industrias a estar lejos de donde vive la gente, significaría generar viajes más largos.

Le parece que es obligación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago fijar que determinadas áreas, que eran industriales, dejen de ser industriales, a menos que se sometan a esa evaluación ambiental sui géneris, porque no existen regulaciones ni nada.

El plan regulador establece que, si una determinada área genera más de una actividad, más de una industria, y quiere permanecer como zona industrial, tiene que someterse a un estudio de impacto ambiental, vial y de riesgo.

Se han evaluado los estudios de impacto ambiental, que son una cosa sui géneris. No tienen un procedimiento, una publicación ni una participación, porque es parecido el sistema de impacto ambiental.

En general, ha provocado que haya sectores de pequeños empresarios, que no se pueden imaginar en Carahue, porque es gente que vive ahí, que no va a tener la capacidad económica de trasladarse a otro lado.

El señor Escudero hizo presente que hay poquísimas experiencias exitosas en el mundo de políticas de descontaminación masiva.

El país más exitoso, en términos de tener una política regional equilibrada en países modernos, es Alemania. Tiene una distribución de tamaño de ciudades cercanas al ideal, porque después de la guerra no tenían ciudades. Partieron de cero. Diseñaron en el papel qué ciudades eran las que querían.

Los brasileños han hecho algunas cosas muy buenas en materia de desconcentración de Sao Paulo , donde se llevaron masas de industrias para crear ciudades nuevas de tamaño medio. Sao Paulo es una ciudad industrial. Se llevaron a la Mercedes Benz como la mayor fábrica de buses y camiones del mundo y crearon una ciudad alrededor de ella, que ahora tiene un par de millones de habitantes.

Santiago no es una ciudad industrial. No tiene ninguna actividad de ese porte. Las cosas que son grandes, son prácticamente los servicios. ¿Se van a llevar los bancos para crear una ciudad nueva?

Lo que sí es sabido, es que si se quiere desconcentrar un paquete de actividades, tiene que ser un paquete relativamente integrado de ciudades que se interrelacionen, y tiene que ser lo suficientemente lejos como para que esas actividades se muevan con su gente. Es decir, se saca poco con llevar una industria a 50 kilómetros y que los empleados sigan viviendo en Santiago. Desde el punto de vista del movimiento que generan y la contaminación que generan, no pasa nada.

Respecto de la existencia de información de la contaminación por material particulado, pasa una cosa bastante desafortunada. Los países que son desarrollados como para tener información y generar conciencia sobre esos temas no tienen el problema de material particulado y los países que lo tienen son más subdesarrollados que Chile. Entonces, si se quiere saber cuánto polvo puede retener la forestación, la respuesta tiene que ser generada con recursos científicos chilenos.

El Diputado señor Díaz hizo presente que, según se dijo, a Santiago llegan 100 mil personas al año, toda vez que la oferta de trabajo en regiones es bajísima. Las industrias están en Santiago. Por lo tanto, es una cuestión lógica, de sentido común. Hay que crear fuentes de trabajo fuera de Santiago, para que la gente no emigre.

El señor Hurtado señaló que los instrumentos económicos apuntan a que la gente pague los costos reales de los problemas que genera. Puede ser por el lado de tributos. De hecho, los impuestos a la emisión son un instrumento conocido. Hay experiencias internacionales de poner impuestos a la emisión. Se habla de los vehículos. Se puede poner un impuesto a los combustibles y otras actividades donde se puede hacer lo mismo.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó si el señor Hurtado proponía encarecer la bencina.

El señor Hurtado respondió que eso se puede hacer localizado. Hay mecanismos tributarios y mecanismos de derechos. Ahora, la diferencia entre los dos es que en los mecanismos tributarios hay alguien que decide dónde, cuándo y a quién le pone más impuestos o menos. En el mecanismo de derechos se deja que el mercado haga eso.

Respecto de lo que se ha dicho en cuanto a la aplicación restringida del sistema de derechos, se muestra de acuerdo; al inicio, todo sistema nunca parte al ciento por ciento. Pero cuando se parte, restringidamente, en la aplicación de un sistema de derechos, también tiene que vigilar la forma de ir incorporando nuevas actividades al mismo sistema, de lo cual hay experiencia internacional. Del tema se sabe en Chile. De hecho, el proyecto de ley sobre derechos transables está en la Conama desde 1995. Para ello, se hizo un estudio, se contrató al abogado Julio Lavín , etcétera. Está el instrumento. De hecho, había una obligación legal, en virtud de la ley de bases del medio ambiente, que establecía que las autoridades tenían un año para generar la ley de permisos de emisión transable.

Respecto de la ubicación industrial, se entendió que sacar las industrias era una recomendación. Existen muchos mecanismos y muchas formas de solucionar el problema y una de ellas puede ser sacar todas las industrias. Es una forma más. Lo que interesa es ver el costo. Moverlas es un sistema de derechos. El costo lo dará el mercado y dirá quién se mueve y quién no. Así, por ejemplo, citó el caso de las petroleras en Salinas, que se van a Quintero. De hecho, tienen un plazo para irse. Pero los incentivos están bien puestos. ¿Cuánto vale hoy un terreno inmobiliario? En el lugar donde están ubicados los estanques de Salinas, es tremendamente grande. La Copec, la Esso y la Shell saben que el solo hecho de cambiarse de lugar les genera una renta tremenda, por el terreno que están vendiendo. Les paga todos los costos. Eso es lo que el mercado logra. Lo mismo pasa con los derechos de emisión. Probablemente, va a ser más barato irse a emitir al desierto, que iniciar una actividad industrial en la mitad de Santiago.

El señor Escudero , en cuanto a la intervención del señor Hurtado , señaló que en priorización regional se maneja con los términos “fuerzas de atracción” y “fuerzas de empuje”. Lo que el señor Hurtado señaló son, básicamente, las fuerzas de empuje. Si se hace más cara la instalación en Santiago, se está, de alguna manera, empujando a las actividades económicas para que se vayan. Ahora, si se quiere tener buenos resultados, en cuanto a que las actividades no se dispersen y vayan a provocar problemas a otra parte, tiene que haber en algún lugar un núcleo atractivo, que les esté dando una alternativa razonable a esas actividades que se van a ir. Ahora, la única respuesta que se da en este momento como atracción, son los parques industriales contemplados en los planos reguladores de varias ciudades, lo que es claramente insuficiente. Es decir, si se va a implementar una política de descentralización, está de acuerdo en que es indispensable que Santiago pague sus costos, y que estas externalidades que existen en Santiago se manifiesten en costos para la gente que está buscando localización o está buscando cambiarse de localización, de manera que tengan incentivo para irse a otro lado. Pero alguien tiene que dar alternativas realistas y de buena calidad a esa gente, para que se vaya a lugares donde no va a causar problemas. En ese sentido, los planos reguladores, como herramienta, son insuficientes. Lo único que hace el plano regulador es prever espacios.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó si se considera que el mercado está resolviendo el tema de la ubicación de los núcleos de atracción respecto del desarrollo inmobiliario. Tal parece que no está respondiendo a eso, sino, más bien, a beneficios adicionales, con los cuales, sin duda, se busca mejorar la calidad de vida de ciertos segmentos. Es decir, no apunta a una idea global de incidencia en la calidad de vida de la ciudad, sino más bien de grupos corporativos, capaces de pagar la plusvalía del suelo que ha sido saneado para eso. Ésa es la tesis que planteó el profesor Romero respecto del crecimiento estrella, que significa que, en definitiva, la región está creciendo hacia algunos sectores, lo que implica un mayor desplazamiento hacia lugares donde hay mejores condiciones en el medio ambiente, pero que provoca una mayor contaminación al resto de la ciudad. Es decir, el mercado lo está resolviendo para grupos muy específicos, aunque el problema persiste para el global.

Menciona el artículo 3º transitorio de la Ley de Bases del Medio Ambiente, disposición que para los efectos del artículo 48, señala que “La Comisión Nacional de Medio Ambiente, dentro del plazo de un año, contado desde la promulgación de la presente ley, presentará al Presidente de la República el estudio técnico para la formulación del proyecto de ley que regule los permisos de emisión transables” ¿Qué pasa con ese proyecto?

El señor Escudero aseguró que da fe de que ese estudio técnico se hizo a tiempo, porque tuvo la oportunidad de redactarlo durante el verano de 1995.

El señor Hurtado afirmó que respecto a que si hoy hay incentivos adecuados para la “regularización” real, la verdad es que no. Hay que ver el tema de las contribuciones o, por ejemplo, el del cobro de la basura. ¿Están dados los incentivos para que en las casas se recicle la basura y se separen los distintos envases? Da lo mismo, si hoy sale casi gratis. Entonces, obviamente, todas estas cosas que no están bien tarificadas, hacen que no haya ningún incentivo para moverse racionalmente. Esto tiene mucho que ver con el poder económico, ya que la capacidad de lobby es mayor y esas cosas sí las regula el mercado cuando funciona. Hay que generar los instrumentos para que eso funcione bien. Hoy nadie quiere tener un basural en su comuna, porque nadie lo paga. Ahora, si una comunidad va a percibir algún ingreso o beneficio, a lo mejor, podría estar dispuesta a tenerlo, siempre y cuando se cumplan ciertas normas.

El Diputado señor Navarro preguntó si el Instituto Libertad y Desarrollo ha visualizado medidas que podrían ser incentivo para que el sector privado pudiera relocalizar o no localizar, motivar los planes de expansión. Mover la industria tiene un costo enorme y es tremendamente complicado, pero generalmente están en proceso de expansión para mejorar su implementación, por lo tanto, requieren de más espacio. ¿Qué tipo de instrumentos podrían ser interesantes para que los empresarios del sector privado puedan pensar en ese tipo de alternativas?

El señor Hurtado respondió que ese es el tema de la asignación inicial. Efectivamente, hay un problema inicial, está la ciudad como está, es un dato. El mensaje de los últimos ocho o nueve años es que las industrias cumplan con ciertas normativas. Tampoco es llegar y decir que se van a sacar, porque de alguna forma hay “derechos adquiridos”. Estar en un lugar, cumplir con las normas y estar vigente. Ahora si se es industrial y se le imponen todos los costos para irse, obviamente, no lo va a hacer. Pero si le ponen un sistema a largo plazo para lograr ese objetivo, a lo mejor lo hará. No se puede pretender que unos sectores paguen todo el costo de reducir el problema, eso es algo que no se puede pretender. Si se van a cambiar las reglas del juego, entonces que se busque alguna forma que no imponga costos sesgados. En el fondo, los que están más dispuestos a pagar por estar en Santiago van a hacerlo versus los que no lo están, pues hay personas que no van a estar dispuestas, porque tiene un costo razonablemente alto y en vez de instalarse en Santiago se van a ir a otra parte.

Sería un error decir que se van a subir los costos para que las industrias se vayan a regiones. A modo de ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, las normas ambientales son bastante más relajadas, lo que se explica por la ventilación y otros aspectos de dicha ciudad que son muy distintos a los de Santiago, y lo mismo ocurre en la ciudad de Mendoza. Debido a eso, hay varios empresarios que se están trasladando fuera de Chile y no a Santiago. En consecuencia, debemos pensar en el costo-país que eso involucra.

Por lo tanto, se deben generar instrumentos e internalizar los costos de operación, lo que no se puede hacer en el corto plazo, porque no es tan rápido obtener los instrumentos de mercado, los impuestos y otras cosas que permitan dicho fin.

El señor Velasco indicó que en cuanto a la pregunta que formuló el Diputado señor Díaz respecto de los incentivos, ha solicitado información sobre experiencias que se han realizado en otros países para lograr descentralizar polos industriales, llevándolos desde las capitales a las regiones.

En ese tema hay varios factores que conforman una suerte de mínimo común. Generalmente se llega a la conclusión de que en la Región Metropolitana se tienen industrias molestas o peligrosas. Si con ese argumento se le pide a una empresa que se instale fuera del perímetro Américo Vespucio o a una región cualquiera, a lo mejor dicha industria va a requerir, desde el punto de vista competitivo, el uso de ferrocarril, de un puerto u otra infraestructura. El problema es que se ha demostrado que no es suficiente crear un incentivo tributario o la entrega de un terreno por cierta cantidad de tiempo -respecto del cual a lo mejor el municipio correspondiente ni siquiera pida patente-, si eso no conlleva otras cosas, como una oferta educacional, de salud y de calidad de vida adecuada para esos polos de desarrollo que se quieren crear. Más aún, ni siquiera es suficiente que se brinden ofertas de trabajos.

Mirado eso desde otra perspectiva, no se ha logrado determinar con precisión cuántas de las cien mil personas que anualmente se vienen a vivir a Santiago se trasladan para buscar trabajo, aunque la gran mayoría lo hace debido a eso. No obstante, hay una gran cantidad de personas que se trasladan porque en Santiago hay mejores colegios y centros de educación superior. Se valoran más esas cosas que vivir en un lugar con aire limpio.

En consecuencia, cuando se habla de la generación de polos de desarrollo, no basta con crear buenas condiciones para que la gente se traslade, sino que hay que abarcar el tema en forma integral. Es decir, se deben generar condiciones educativas, culturales, de salud y todo un entorno de calidad de vida, pues es la única manera de obtener condiciones permanentes en el tiempo.

El Diputado señor Díaz se mostró plenamente de acuerdo con lo planteado por el Intendente de la Región Metropolitana . De hecho, los hospitales y los colegios de las regiones son de inferior calidad que los de Santiago debido a la forma en que distribuyen los recursos, porque la gente de regiones está pagando tributos para alimentar a Santiago. Es decir, hay una enorme inequidad en la manera en que éstos se distribuyen.

Por lo tanto, como señaló el Intendente, es necesario revisar el tema en términos integrales.

El señor Velasco , asimismo, señaló que no basta con generar polos de desarrollo dentro de la Región Metropolitana, hacia Chacabuco, Melipilla y Talagante, sólo en términos de oferta de desarrollo urbano y laboral. El éxodo hacia la capital se produce, entre otras cosas, porque los colegios que ofrecen una buena calidad de educación están en el centro; lo mismo ocurre con los centros comerciales y otras áreas.

Por lo tanto, desde el punto de vista del transporte público, no es menor hacer una combinación entre el ferrocarril urbano y el suburbano, buscar mayor acercamiento hacia el metro, vías segregadas y el potenciamiento del transporte público, pero también se deben generar centros suburbanos o subpolos de desarrollo dentro del gran polo llamado Región Metropolitana, los cuales deben ser realmente integrales, y en ellos se deben generar condiciones para que la población tenga calidad de vida, lo que implica pasar de una lógica de concentración a una de descentralización, así como la utilización racional del recurso suelo de la Región Metropolitana, todo lo cual no existe en la actualidad.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) hizo presente que la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, señora Berta Belmar , señaló que dicho Ministerio tiene contemplado, a lo menos, catorce subcentros urbanos en la Región Metropolitana. Sin embargo, eso es un proyecto. Es decir, en algunos lugares eso está en una etapa incipiente, pero no está pensado como una fórmula, y hay que ver cómo resulta. ¿Hay experiencia al respecto?

El señor Hurtado señaló que creía que la solución de generar por ley polos obligados, no funciona; recordó la experiencia del barrio industrial de La Reina.

El señor Escudero indicó que una de las cosas que se pueden hacer para ayudar en el tema de los descontaminantes es lo relativo al tratamiento de residuos. La temática medioambiental se ha encasillado en el tema de aire, siendo que el control de material particulado es de las cosas baratas que hay. Las realmente caras son, primero, tratamiento de residuos líquidos y, más aún, tratamiento de residuos sólidos. Este último puede alcanzar a miles de dólares por tonelada su tratamiento. Y eso en las industrias medianas o chicas es muy difícil, esto es, es complicado que cada una, individualmente, pueda generar su propio sistema de tratamiento. La posibilidad de generar sistema de tratamiento centralizado para un conjunto compatible de industrias, puede ser un instrumento interesante de generar esas fuerzas de atracción hacia lugares predesignados.

I) Superintendencia de electricidad y combustibles.

Concurrió el señor Juan Pablo Lorenzini , Superintendente de Electricidad y Combustibles, quien expresó que la Superintendencia es un organismo cuya función, a diferencia de otros ámbitos del sector nacional, es típicamente fiscalizadora. Son pocos los ámbitos del aparato público en que las funciones reguladoras y fiscalizadoras están desagregadas. En el caso de la energía, tenemos funciones desagregadas entre los órganos reguladores. En el caso eléctrico, particularmente la Comisión Nacional de Energía desarrolla esa función.

En ese contexto, lo que compete en el ámbito del plan de descontaminación es fiscalizar aquellas medidas que la autoridad ambiental o sectorial, en el ámbito de nuestras competencias, ha definido como parte de dicho plan. Fundamentalmente, se refieren a dos ámbitos de acción específica: a la calidad de los combustibles y a su composición y a algunos procedimientos asociados a la cadena de distribución y de utilización de los combustibles. Este último caso corresponde a “recuperación de vapores”, la recuperación de los compuestos orgánicos volátiles.

En esta materia, la Superintendencia ha participado, como órgano técnico, en la definición de los parámetros de las nuevas características de los combustibles. En la definición del diesel A-1 y A-2, que se estableció a través del decreto Nº 456, en julio del 1997, se distinguen entre un petróleo diesel para usos generales y otro para uso exclusivo en las actividades de transportes, sean estas de carga o colectivo de pasajeros.

En la actualidad se fiscaliza la normativa contenida en el decreto Nº 456. La Superintendencia está desarrollando, como uno de sus planes de acción más relevante, la toma de muestras y la verificación mediante análisis de laboratorio de una serie de muestras de petróleo diesel en establecimientos que denominamos “consumos propios”. La distribución de combustible a nivel de detalle se realiza en estaciones de servicio de acceso público, y en los llamados consumos propios, que son estaciones de servicio para abastecimiento de una línea de transporte, sea de carga o de pasajeros. En este último punto, particularmente por la sensibilidad que tiene, por la cantidad de usuarios a los que abastece, y usuarios de utilización intensiva, es donde se han concentrado hasta hoy los análisis y controles. A la fecha, se han efectuado verificaciones de laboratorios en 45 consumos propios de la Región Metropolitana. Los resultados de las pruebas iniciales ya están finalizadas y en los casos en que se ha detectado adulteración del combustible se han formulado los cargos correspondientes y se aplicará la sanción una vez que el procedimiento sea completado. Las respectivas empresas tienen derecho a hacer chequear por otros laboratorios sus contramuestras y las muestras testigos, de manera tal que en el curso de septiembre se va a completar, para todos los casos, el procedimiento correspondiente y se podrán aplicar, las sanciones que la situación amerite.

Adicionalmente, se está desarrollando un plan paralelo de fiscalización de la calidad y de la composición de las gasolinas para uso en vehículos. Este año se realizarán 200 muestras de gasolina. Es un proyecto que se ha desarrollado recién, de modo tal que su resultado debiera estar de aquí a fines de octubre de este año, o un poco antes.

El Diputado señor Álvarez-Salamanca señala que entiende que el refinamiento se hacía a través de Enap. Entonces, ¿por qué se han hecho controles a distintas empresas respecto de la calidad de los combustibles? ¿Hay adulteración?

El señor Lorenzini respondió que no es un sistema único. Enap es la única productora en Chile, pero hay libertad de importación del producto final. No es usual, porque Enap fija precios bajo paridad de importación, de modo tal que usualmente es más conveniente para las empresas distribuidoras Esso , Shell, YPF, comprar el producto refinado a Enap que importarlo directamente, pero hay ocasiones en que ha habido importación directa. Particularmente, YPF tiene importación directa de gasolina, que por sus características se estima que no existe en el mercado chileno.

Lo que se está haciendo es un control no en el punto de refinería, sino en el de consumo. Es como los controles que hace el Servicio Nacional del Consumidor en materia alimentaria. Entonces, se va al consumo propio de cualquier línea -Pudahuel, Las Rejas-, se toman muestras de esa estación de consumo propio, con el objeto de verificar si lo que contiene ese estanque que surte a esa línea de locomoción colectiva es petróleo diesel A-1 o es un petróleo diesel que está contaminado con agua, con kerosene, es decir, adulterado con otro combustible o con sustancias extrañas que no necesariamente son combustible, que afectan la calidad del combustible que utilizan y, por lo tanto, la combustión de los motores.

El Diputado señor Delmastro preguntó quiénes hacen los análisis. ¿Son laboratorios autorizados? ¿Son confiables?

La respuesta fue que se están utilizando cuatro laboratorios en el actual proceso de combustibles, tanto para diesel como gasolina. Para algunas de las mediciones, aquellas que resultan menos críticas, se está utilizando laboratorios de RPC, de Cesmec -un organismo privado-, de Enaer, Empresa Nacional de Aeronáutica, y el laboratorio que tiene el propio Ministerio de Transportes. Además, la distribución de muestras entre ellos se hace de manera tal que los resultados de uno se contrasten con los resultados del otro, con el objeto de verificar si se están realizando las gestiones adecuadas. En los cuatro casos se trata de laboratorios autorizados y reconocidos como aptos para brindar certificación. Con todo, hay dos tipos de muestras que sólo las analiza Cesmec , ya que el resto de los laboratorios no cuenta con la tecnología adecuada para hacerlo.

El Diputado señor Arratia solicitó saber si la clasificación de petróleo dorado y no dorado correspondía a la nomenclatura A1 y A2.

El señor Lorenzini respondió afirmativamente. El petróleo A1 es lo que Enap denominaba comercialmente petróleo dorado, es decir, un combustible con menor cantidad de contaminantes.

El Diputado señor Arratia , ahondando el tema, preguntó por qué razón ninguna estación de servicio identifica con esa nomenclatura el petróleo que expende. La única forma en que se puede conocer la calidad del petróleo es solicitando las facturas de compra.

El señor Lorenzini respondió que, comercialmente, la diferenciación en la Región Metropolitana es imposible, porque la norma impone a las estaciones de servicio el expendio de petróleo diesel A1. El petróleo A2 sólo puede ser utilizado por las fuentes fijas.

Un segundo ámbito de la labor de la Superintendencia, consiste en la recuperación de vapores. Durante el proceso de distribución de combustibles, en particular del A1 -el más volátil-, escapa una buena cantidad de vapores al ambiente. Esto puede comprobarse con sólo acercarse a una estación de servicio y advertir el olor a combustible. Esto se produce tanto en el llenado de camiones en el terminal como en el trasvasije de combustible desde el camión al estanque de las estaciones de servicio y desde éste a cada uno de los vehículos. El plan de descontaminación prevé una serie de medidas para la recuperación de vapores. Este año, se iniciará la fase 1A, que considera la etapa de trasvasije desde el terminal al camión cisterna que realiza la distribución. También está previsto un avance de la etapa 1B, que consiste en cargar combustible desde el camión cisterna hasta el estanque de la estación. Para los años venideros está prevista la etapa 2, que considera la pistola utilizada para cargar combustible en los vehículos. En ella se establece la imposición de mecanismos de captura de esos vapores, de modo de impedir que salgan a la atmósfera, destruirlos mediante quema o bien reutilizarlos en el proceso de refinación de nuevo combustible. Para este efecto, el plan de descontaminación asigna a la Superintendencia una función adicional a la de fiscalización del sistema, cual es regular los mecanismos de acreditación de las distintas tecnologías. La idea es que antes de incorporar la tecnología de las empresas distribuidoras, que soportan el peso de la transformación de los equipamientos, exista una certificación de los distintos sistemas, de modo tal de incorporar al mercado sólo los que demuestren -tal como lo establece el plan- un 90 por ciento de eficiencia en materia de recuperación y un 95 por ciento en lo relativo a quema o reutilización de vapores.

Aunque a primera vista las medidas señaladas parecen poco relevantes y los vapores relativamente escasos, es preciso señalar que el hidrocarburo crudo es altamente precursor de ozono. Se trata de una medida cuantitativamente modesta, pero cualitativamente muy relevante. El tema ha sido abordado con las empresas distribuidoras de combustible. De hecho, Texaco ha presentado planes específicos que buscan reconvertir todas sus instalaciones. Incluso, dicha empresa ha señalado que está en condiciones de adelantar la segunda fase, que comprende la modificación de la pistola de carga. Con todo, la principal preocupación es Emalco, empresa que ha ajustado más su cronograma respecto del plazo máximo de aplicación de la medida de regulación de vapores en el trasvasije de combustible desde el terminal a los camiones cisterna.

Por último, otro tema que preocupa es el relativo a la contaminación intradomiciliaria por monóxido de carbono en edificios de departamento, aspecto al que se ha destinado mayor cantidad de recursos. En esa dirección hemos implementado un proyecto piloto que aún está en desarrollo, razón por la cual todavía no existe una evaluación definitiva. Sin embargo, se han chequeado detalladamente 28 de los 130 edificios respecto de los cuales existían antecedentes de tener problemas de contaminación intradomiciliaria por monóxido de carbono.

El tema de la contaminación por monóxido de carbono se hizo famoso en junio del año pasado por la muerte de una periodista de Megavisión. Sin embargo y precisamente por haberse constatado ese hecho, en marzo de ese mismo año ya se había cortado el suministro de gas a dos edificios de la Región Metropolitana. En tal sentido, desde el año pasado se ha desarrollado una labor de fiscalización con recursos propios, a lo que se debe sumar la iniciativa de autoridades locales, como la puesta en marcha por el alcalde señor Lavín en conjunto con Dictuc. A partir de allí, se ha tenido una muy provechosa y eficiente coordinación con ese organismo de la Universidad Católica. De hecho, no sólo se han compartido estadísticas, sino además el Dictuc ha informado determinadas situaciones de riesgo a fin de que se adopten las medidas correspondientes. Esa relación se ha traducido en información precisa y seria respecto de 130 edificios que presentan el fenómeno ya aludido, 32 de los cuales en algún momento sufrieron cortes de suministro. En la actualidad, sólo 4 mantienen esa situación. Eso no significa que el resto se haya ajustado ciento por ciento a la norma, pero al menos ya no existe riesgo para quienes habitan esos edificios.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) formuló una serie de interrogantes relacionadas con las funciones que debe cumplir la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con transporte, distribución de combustibles y electricidad. ¿Con cuántos funcionarios cuenta la SEC? ¿Cuáles son las exigencias que les impone el plan?

A su juicio, la SEC carece del número de funcionarios adecuados. El número de funciones que la ley le atribuye en combustible, electricidad y gas es tarea que sobrepasa las posibilidades físicas de los funcionarios.

Por lo tanto, la garantía respecto de que pueda haber una prevención adecuada está dada por la capacidad de los funcionarios para trabajar; incluso más allá de las horas normales.

Al respecto solicitó conocer ¿cuántos funcionarios en la calle están fiscalizando? ¿Cuánto es el universo a fiscalizar? Se dice que hay 1.500 ó 2.000 bombas de bencina en Santiago. Hay tantos puntos de distribución de gas; todo un sistema de control de la distribución de electricidad domiciliaria.

¿Es efectivo que a la SEC le corresponde recibir la denuncia si alguien en un edificio tiene un problema de electricidad, o si algún empalme domiciliario individual está malo?

Tenemos millones de usuarios con capacidad de demandar fiscalización a la SEC por electricidad; millones en el ámbito del gas, o cientos de miles, y también millones, por el tema del combustible. La Octava Región tiene cinco fiscalizadores. Durante años no existió un ingeniero en combustible. Hace algunos meses se agregó uno.

Entonces, el plan tendrá el éxito adecuado en los términos planteados si existe capacidad de fiscalización.

El señor Lorenzini manifestó que la capacidad de fiscalización no era la más conveniente.

Si bien es cierto hay un correlato entre capacidad de fiscalización y el número de funcionarios, no es en el correlato directo.

Se han implementado medidas que no necesariamente llevan a aumentar muy importantemente la calidad a funcionarios.

Hace 5 años la Superintendencia tenía 158 funcionarios como dotación máxima; hoy día, tiene 140. Hace cinco años, no existía gas natural en Chile; no había un proceso de reconversión muy acelerado como el de Metrogas; como los que en la Quinta Región están desarrollando Gasvalpo y Energas ; no había ni Gas-Andes, ni Nor-Andino, ni Gas-Atacama ni Gasoducto del Pacífico en el caso de la Octava Región, todas actividades, áreas de trabajo nuevas, que se deben fiscalizar.

De modo que la capacidad es bastante reducida en número de fiscalizadores.

Los gasoductos tienen un tipo de fiscalización distinto.

En el caso de Egas, son cuatro profesionales en la Región Metropolitana; en el caso de electricidad, cinco disponibles de la Región Metropolitana; en el caso de las direcciones regionales, la Superintendencia tiene un promedio de tres funcionarios por región, uno de los cuales es profesional, y el resto, personal administrativo; en el caso de la Octava Región, es la que cuenta con mayor dotación. Efectivamente, cuenta con seis personas, pero sólo dos son profesionales, y el resto es administrativo.

El tema ¿se ha superado? Fundamentalmente, si por la vía del establecimiento en el presupuesto de programas específicos de fiscalización y de asignaciones presupuestarias para efectos exclusivos de fiscalización, mediante la creación de una asignación de fiscalización en el ítem de transferencias a terceros. Eso ha permitido incrementar fuertemente la capacidad de trabajo, particularmente por la flexibilidad que genera el uso de los recursos financieros, materiales y humanos.

Así, se puede dotar, durante este año, gracias al establecimiento de esta asignación, de algo más de 120 millones de pesos de un profesional adicional en cada una de las regiones del país y dos profesionales, que son aquellos que están trabajando específicamente en estas medidas de control, toma de muestras, análisis de laboratorio, en el tema del plan de descontaminación de la Región Metropolitana. El mismo proceso, con los implementos que se han estimado del caso, se está solicitando al Gobierno para la discusión presupuestaria de este año, y cada una de estas actividades definidas en el presupuesto como programa, vale decir, no como parte del presupuesto ordinario de funcionamiento vegetativo de la Superintendencia, sino que como programas con costos asociados y perfectamente definidos, de modo de generar centros de costos que aseguren que esas labores pueden ser desarrolladas.

Consultado sobre la existencia de personal adicional, se respondió que sólo se contrataba transitoriamente y sobre la base de honorarios. No todas las actividades del plan de descontaminación tienen una vigencia en el tiempo absoluta. En el caso específico del control del petróleo diesel, los planes de fiscalización son más bien asociados a la época invernal donde el tema de la contaminación en la Región Metropolitana es más crítico. Por lo que no es necesario contar, posteriormente, con ese personal para esa labor específica.

Probablemente, se va a requerir otro personal con otras calificaciones técnicas. Esa es una ventaja de la asignación de programas en el presupuesto, y permite contar con la flexibilidad de personal que lleve a realizar más eficientemente la labor.

En definitiva, puede ser que permanentemente en la SEC haya siete u ocho personas contratadas a honorarios para desarrollar una labor, y ese número se pueda mantener constante. Pero la composición de ese personal, la calificación y las características técnicas van adecuándose a cada una de las actividades de fiscalización que, en cada momento, se está realizando.

La Superintendencia, además forma parte del comité de evaluación del cumplimiento y autorización del plan de descontaminación de la Región Metropolitana.

Adicionalmente se debe presentar un reporte anual respecto de las medidas adoptadas durante el año para dar cumplimiento al plan.

El Diputado señor Rojas sostuvo que en los períodos estivales, en que se acentúa la problemática hay una mayor fiscalización. Pero, al margen, es bastante complicada la situación respecto de la contaminación de combustibles que se producen en estas zonas de embarque o desembarque en estas localidades. En el verano, también eso podría producirse.

Por lo tanto, más allá de que haya una aireación natural en la zona contaminada por efecto de los vientos, cambio de temperatura, etcétera, hay un daño per se de contaminación.

Eso cambia de acuerdo con la zona estival. Pero, la regularización, la fiscalización, no debiera disminuir, porque hay un daño a la clientela, al proceso, a todo, porque hay una contaminación real.

Ninguna de las actividades de fiscalización se deja de hacer en forma permanente. Lo que ocurre es que en determinados períodos se concentran mayores esfuerzos en determinadas tareas. Se desarrolla este análisis de laboratorio durante todo el año. Hoy día existen dos profesionales dedicados de manera exclusiva en este período a este tema.

El Diputado señor Rojas preguntó si la contaminación producida por el combustible está básicamente referida al diesel. ¿Qué pasa con los otros combustibles?

Se ha constatado contaminación en el diesel, de acuerdo con los resultados de laboratorios que hoy se tiene. Todavía no están los resultados de laboratorio acerca de las gasolinas, pues se privilegió la fiscalización del petróleo diesel por ser más incidente en su utilización y en sus efectos contaminantes para este período. De aquí a fines de octubre se debieran tener los resultados de laboratorio de las 200 muestras de gasolina.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ), en relación con la línea de acción 3, del plan, referida a la reducción de emisiones fugitivas y mejora de los combustibles industriales, que establece una fiscalización, con el objeto de reducir las emisiones de gas en los terminales de distribución y en los tanques de almacenamiento de los establecimientos de expendio de combustibles líquidos -estaciones de servicio, en la fase uno, de 1997 a 2004, preguntó ¿qué medidas especiales se debieran tomar? El reglamento establece que no debieran existir emanaciones de gas y que se debieran tomar medidas precautorias. Todos conocen cómo se lleva a cabo el trasvasije del combustible, y, en verdad, la tecnología no está incorporada ni en los camiones ni en los actuales expendios. Cabe mencionar la situación ocurrida en el Lago Lanalhue, donde Apex , dos días después de que el camión había volcado, hace la maniobra para trasvasijar, con lo cual se le va todo el combustible al lago -no en el accidente sino en la maniobra de trasvasije del combustible-, lo cual da cuenta de que estamos hablando de un terreno precario en cuanto a las capacidades y competencia de quienes realizan este tipo de maniobra. Por lo tanto, ¿qué mejorías debería tener el sistema? Se sigue autorizando la instalación de estaciones de servicio en cualquier punto de la ciudad y no se ha podido establecer una regulación para ello. Los municipios terminan autorizando la instalación de bombas bencineras en los lugares más densamente poblados, porque es donde hay más autos. No existe una tecnología que permita que este avance progresivo de las bombas de bencina mejore en cuanto a las emanaciones y en cuanto a su ubicación, porque se están instalando cada vez más al interior de la ciudad, y claramente estas emanaciones afectan a la población.

El señor Lorenzini expresó que la reglamentación vigente no establecía la obligatoriedad de la recuperación de vapores. Sin embargo, con la sola dictación del plan, se ha vuelto obligatorio. De hecho, desde el 6 de junio de éste año, la Superintendencia no ha registrado, ni ha inscrito ninguna estación de servicio, cuyo estudio de evaluación de impacto ambiental -al que están sometidas las estaciones de servicios- no incluya las medidas correspondientes para la recuperación de vapores. En este caso hay que distinguir dos situaciones: una, la de las nuevas instalaciones, que deben cumplir desde ya, y al ciento por ciento, las exigencias del plan, y otra, la reconversión de las estaciones preexistentes, para lo cual existe un cronograma en cada una de las fases definidas en el plan. En este sentido, la tecnología existe, pero, en verdad, no se ha tenido la oportunidad de exigirla, porque no se ha instalado ninguna estación de servicio, desde el 6 de junio hasta hoy, que haya sido registrada en la SEC.

El tema de las recuperaciones se ha desarrollado con mucho éxito en algunos países, como Méjico, Estados Unidos, particularmente en el estado de California, que es pionero en todas estas materias ambientales, y Alemania, donde todas las estaciones de servicio tienen sistema de recuperación de vapores.

Básicamente, existen dos tecnologías. Una, la tecnología de balance, que consiste en que el camión se llena desde abajo y el líquido va ocupando el espacio que tenían los vapores; luego, se los capturan en una segunda manguera, que los devuelve al mismo estanque que lo está llenando.

Debe llevarse a cabo por abajo, a fin de facilitar la salida, controlada y hermética. En las bombas bencineras el proceso es exactamente el mismo. El camión cisterna, mediante una manguera, que generalmente es coaxial -es una manguera dentro de otra-, por un lado va cargando, y por otro, por el mismo proceso de ocupación del espacio que hace el combustible, va recapturando los vapores y los devuelve al camión; luego, el camión los reingresa al terminal, al punto de almacenamiento. En el caso de los automóviles sucede exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué se dice que existen dos tecnologías? Una consiste en aprovechar este balance de presiones, y otra, en forzar la captura de los gases mediante vacío. Los equipos succionan el gas que se va aproximando a la salida del estanque, o a la salida del camión cisterna o del vehículo -en el caso de la fase 2-, el cual es capturado por vacío. Posteriormente, esos gases son reincorporados al proceso de producción o son quemados, que no es la solución universalmente adoptada, al menos en las estaciones de servicio. En los establecimientos industriales se emplea el sistema de quema, por tratarse de una quema controlada,.

Respecto de la tecnología que debe tener pistola, existen dos alternativas: una, es una capucha de goma, que hace la captura, y otra, es una pistola igual a la que se conoce, pero que, al ser coaxial, tiene una serie de orificios. Estas son tecnologías que están en uso. Existen marcas conocidas, aprobadas y certificadas en distintos países del mundo. De hecho, el proceso de certificación se va a basar en el reconocimiento de esta certificación externa. No tiene sentido ni cuenta hoy con la tecnología para hacer una certificación propia, lo que no significa que no se establezca un sistema de fiscalización, que permita chequear la eficiencia del sistema, una vez instalado. Pero cada uno de sus componentes puede ser certificado de origen. Conceptualmente, el sistema se certifica en tres momentos. Se certifica cada componente: La pistola, la manguera, la bomba de vacío, etcétera. No son soluciones herméticas, porque se puede tener la pistola de una marca o una manguera de otra y se certifica como conjunto. Después se hace una recertificación periódica para verificar que las condiciones de funcionamiento inicial se mantienen persistentemente en el tiempo.

El plan de descontaminación transfiere la responsabilidad de la reconversión de las instalaciones existentes hoy a las compañías distribuidoras. Esso , Shell y Apex deben cumplir con determinados índices de reconversión en sus estaciones de servicios. En una primera etapa, en un 50 por ciento a partir del 1 de diciembre de este año. Son etapas anuales sucesivas de 50 por ciento, 75, 90 y ciento por ciento. Fases 1 y 1B, es decir, el 1 de diciembre de este año es una fecha de referencia hasta la etapa de carga al estanque de la estación de servicio y en el 2000 comienza la exigencia para la pistola de carga al vehículo, que es la más difícil de implementar.

No tienen la misma eficiencia en la experiencia internacional por una razón muy simple. Particularmente en el caso de la pistola de carga al vehículo, el sistema de balance requiere completa hermeticidad de la capucha, pero hay miles de diseños distintos. Entonces, hay muchos modelos de vehículos en los cuales funciona bien y otros en que su eficiencia disminuye por la forma en que están hechas las carrocerías, porque no está normalizado. En cambio, en el sistema por succión es indiferente cuál es el diseño de la estructura del vehículo. Se ha preferido el sistema de succión, sin embargo, lo que hace la norma es establecer un grado de eficiencia. Será riesgo del inversionista escoger un sistema que potencialmente no le garantice la eficiencia correspondiente. Se certificarán, en condiciones de laboratorio, todos los componentes.

El sistema de balance no funciona bien en todos los casos, pero fundamentalmente se va deteriorando con el tiempo en la medida en que los componentes -que son básicamente de caucho y goma- no sean periódicamente reemplazados, va afectándose directamente la eficiencia del sistema. Es decir, se puede tener sistemas de balances que cumplan la condición de 90 por ciento en sus inicios, pero no hay certeza de que esa condición vaya a mantenerse en el tiempo.

En el supuesto de que se comience a utilizar vehículos con gas, como ocurre en Punta Arenas desde hace mucho tiempo -allá existen dos estaciones de servicio que lo expenden-, donde todos los taxis funcionan a gas natural, hay normas chilenas acerca de este tema que la dirección regional de la Duodécima Región fiscaliza.

Cuando el uso del gas se extienda a la Región Metropolitana, habrá que crear un sistema, un procedimiento y unidades de fiscalización específicos, que hasta este instante no han sido necesarios.

Finalmente, el señor Lorenzini aclaró que la labor de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles era la de fiscalizar la calidad de los combustibles, no las emisiones. La SEC fiscaliza combustibles, gas y electricidad en cualquiera de las etapas de la cadena.

J) Colegio Médico A.G.

Asistió el doctor Andrei Tchernitchin , Secretario Ejecutivo de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile A.G., quien se refirió a los efectos de los contaminantes, señalando que los efectos agudos no sólo son dañinos para la salud; muchas veces, la exposición crónica produce daños más importantes y una serie de enfermedades. También existen los llamados efectos retardados o diferidos, que pueden ser causados incluso por exposiciones breves a niveles bajos. Éstos causan cuatro fenómenos distintos: cáncer, que también es provocado por la exposición crónica; malformaciones fetales en el período precoz del embarazo, debido a exposiciones a arsénico, plomo y otros contaminantes; mutaciones transmitidas de generación en generación, e imprinting, producido por niveles bajos de contaminantes en el último trimestre del embarazo o en los primeros años de vida del infante (hasta los cinco años). Su efecto se traduce en leves malformaciones bioquímicas o funcionales -muchas veces pasan inadvertidas hasta la edad adulta- y son predisponentes para la generación de cáncer, infertilidad, cambios neuroconductuales, asma bronquial, enfermedades infecciosas bronquiales por daño inmunológico, etcétera.

En cuanto a la exposición crónica, el efecto más conocido es el cáncer, pero puede dar lugar a otros males, como enfermedades cardiovasculares o broncopulmonares crónicas. Este tipo de exposición también da pie para la generación de efectos agudos, como enfermedades broncopulmonares obstructivas, o aumento de enfermedades agudas, como la bronconeumonia. Asimismo, el efecto prolongado puede agravar determinadas enfermedades broncopulmonares. Así por ejemplo, una simple gripe puede generar una enfermedad mucho más grave, e incluso muerte prematura.

Se ha demostrado que en Santiago, determinadas muertes prematuras han sido causadas por exposición a partículas y ozono. Los trabajos de Ostro y el que llevó a cabo el Banco Mundial han demostrado que existe una correlación directa entre mortalidad aguda producida hasta tres días después de la exposición y la cantidad de partículas respirables PM 10.

No obstante, sin contaminación también hay bastantes muertes en invierno. Hay muchos factores, algunos difíciles de imaginar. Mueren más personas en días fríos. El frío produce un aumento de la mortalidad. Y también en coordinación con la cantidad de partículas.

El aumento de diez microgramos de partículas, determina en forma bastante precisa el aumento de la mortalidad en un 1 por ciento. Es decir, si murieran cien personas, mueren 101 personas con solamente un aumento de diez microgramos por metro cúbico.

Ahora, ¿de qué muere la gente y en qué lugares? Por las partículas, mueren exclusivamente por enfermedades broncopulmonares y cardiovasculares.

Se ha hecho una correlación. Este es el aumento de mortalidad. Es de una línea recta que comienza con 50 microgramos de partículas por metro cúbico. De ahí empieza a aumentar en forma directamente proporcional; una línea recta hasta más de 330 microgramos, que equivalen al índice 500. El índice 100 equivale a 150 microgramos. Aquí están las cifras que se van a entregar: el índice 100 equivale a 150 mil por gramo. Es decir, si la mortalidad aumenta con un índice de la tercera parte de 150 microgramos, el índice sería 33. En este momento, en la legislación europea, se adoptó un índice de 50 microgramos. Ya hay un aumento de mortalidad. Y con 50 microgramos comienza a aumentar la mortalidad. En Santiago, el índice 100 equivale a 150 microgramos. Con 50 no hay, no se detecta. Por lo tanto, con el índice 100 de Santiago, 150 microgramos, ya tenemos una mortalidad de un 10 por ciento mayor que la que debiera encontrarse con este índice bajo.

Cuando se llega a un índice de 500, equivale a 330 microgramos. Tenemos un 28 por ciento de mortalidad aumentada. Ahora, cómo se calculan estos índices. El índice 100 se ha definido en Chile, como en todos los países. Es un nivel de contaminante en el cual se supone, o se suponía en esa época que no producía daño. Pero los avances tecnológicos y científicos cada vez permiten encontrar daños a niveles inferiores. Pero el índice no ha cambiado. En otros países, sí. Pero el índice 500 se ha definido como un nivel que generalmente produce un daño peligroso. Entre 100 y 500, es una línea recta de correlación entre niveles de contaminantes y el denominado índice y, entre 100 y 0, es una línea recta; o sea, se quiebra, la pendiente de la curva es distinta. Es una recta que va a 0. Esto significa que con una diferencia entre el índice 100 por la mortalidad de 10 por ciento aumentada y el índice 500, se decreta emergencia; 28 por ciento, tenemos un 18 por ciento de mortalidad que aumenta por encima de lo que legalmente se considera con certeza que produce daño. Nosotros hicimos el cálculo: cuando los índices subieron a 550 en Pudahuel, la mortalidad subió por encima de 30 por ciento. Si se hubieran decretado todas las medidas de emergencia un día sábado, en que los índices subieron a 330 en Pudahuel, pero no se tomaron medidas, esperando que por condiciones climáticas o de fin de semana los índices hubieran bajado, subieron el domingo a 550. Esa sola diferencia puede explicar una mortalidad de un 10 por ciento por encima de 330. Esto significa que murieron 5 personas en exceso por no haber tomado medidas ese día. ¿Quién falleció? Eso es imposible decirlo. Cuando en la prensa aparece que una persona que llegó de Colina a Santiago se desplomó y cayó muerta, científicamente no podemos asegurar que la muerte ocurrió por contaminación o por un infarto que se venía gestando u otra causa. Hay que pensar que en un día pueden haber 60 ó 70 personas con esas características.

Sin embargo, se puede afirmar que de todas las personas que murieron, 5 fallecieron porque ese día no se tomaron medidas.

La mortalidad aumenta cada vez que sube la contaminación, y con los índices denominados normales -índice 100, 150 microgramos-, ya tenemos un 10 por ciento en exceso de mortalidad. Esto significa que en la ciudad de Santiago las expectativas de vida se acortan ¿Quiénes mueren? Los niños, por enfermedades que se hacen más graves, y los ancianos de la tercera edad, que ya tienen enfermedades crónicas. Por lo tanto, los habitantes de Santiago tienen más de diez años de diferencia en cuanto a expectativas de vida en relación con un habitante de una zona que no tenga contaminación atmosférica.

Además de las enfermedades agudas y aumento de muertes, tenemos el cáncer. El cáncer broncopulmonar es producido por tres factores principales: el tabaquismo, los benzopirenos del aire, partículas PM 10 y arsénico. En Santiago hay poco arsénico, aunque puede haber un poco más en la zona oriente, por la pluma que viene de Caletones.

Explicados, en general, los efectos que producen los contaminantes del aire, es importante analizarlos uno por uno. El humo negro que se ve en Santiago está constituido principalmente por benzopirenos y plomo. Los benzopirenos producen, principalmente en el largo plazo, cáncer broncopulmonar. También la exposición crónica a los benzopirenos deja, por el mecanismo del imprinting, un daño en el sistema inmunológico, es decir, produce un cambio irreversible de las moléculas, que regulan la inmunidad. Se ha descubierto que este fenómeno ocurre no sólo en los niños, sino también en los adultos, y es irreversible.

Los benzopirenos son originados por los motores diesel, o sea, por la combustión del petróleo. Los automóviles particulares o los buses que no sean a diesel, producen muy pocos benzopirenos. El otro productor es la industria, que utiliza diesel.

El plomo es otro de los factores de las partículas. El plomo proviene de los automóviles que usan bencina con plomo. Los buses no liberan plomo. El plomo como los benzopirenos, después de estar un par de días en el aire y circular de oriente a poniente o de norte a sur, repetidas veces, se mantienen hasta que llegue un frente de mal tiempo que produzca ventilación, con lo cual salen, pero parte se depositan en el suelo y vuelven a ser levantados como polvo de ciudad.

Hay que pensar en una idea importante: eliminar la bencina con plomo. Hay dos soluciones: una, pasar a autos con catalizador lo más rápido posible, o usar bencina sin plomo.

¿Qué daño produce el plomo? Agudo, prácticamente ninguno. Es muy difícil obtener una contaminación tan alta, por respirar aire con plomo, que produzca la muerte. No obstante, va produciendo un daño crónico, por el mecanismo del imprinting, en los niños y en la mujer embarazada. El plomo se elimina con una velocidad muy lenta; en una persona, la mitad se elimina en más de diez años. Por lo tanto, si una mujer en su juventud ha ido acumulando plomo, lo va depositando en los huesos y durante el embarazo, como el organismo femenino necesita sacar calcio de sus reservas para entregárselo al feto a fin de que forme sus huesos, saca calcio de los huesos y también saca plomo, el cual produce un grave daño.

¿Qué otros efectos produce el plomo? Está demostrado que en el aparato reproductor femenino produce infertilidad, que puede ser irreversible. En los hombres es posible que sea irreversible, pero no está demostrado que también sea irreversible en los niños. Además, el plomo produce un daño al sistema nervioso central; en los niños se observa una disminución del coeficiente intelectual. Esto se traduce en un aumento del fracaso escolar, por una disminución de la memoria y de la capacidad de atención , con el consiguiente aumento de conductas antisociales.

El plomo, además, causa efectos bioquímicos sobre receptores de algunas hormonas en el sistema nervioso central. Una de ellas es el receptor de endorfina, que es la hormona del estado de ánimo, y esto produce una mayor facilidad para adicción de drogas de abuso, en este caso opiáceas, como también afecta el receptor de otras hormonas en relación con drogas estimulantes, como la cocaína y anfetaminas.

Ahora, el plomo, además de la bencina, está en las pinturas domiciliarias que aportan aproximadamente un tercio del plomo que hay en la sangre de los habitantes de las ciudades, los otros dos tercios vendrían en la bencina con plomo.

Hay un contaminante que no es tan problemático, el SO2, el anhídrido sulfuroso que se transforma, se oxida a SO3, anhídrido sulfúrico. Ambos son absorbidos por las partículas, incluso en la tierra. Por eso la tierra de campo no es peligrosa, pues las partículas aunque sean respirables no dejan daño en el pulmón, pero al lado de la Región Metropolitana y otras ciudades que se están contaminando al tener SO2 y SO3, el cual además absorbe humedad, se forma ácido sulfúrico y aunque sea en pequeñas cantidades son partículas muy irritantes que también van produciendo daño en el aparato broncopulmonar y se suma o potencia los daños producidos por benzopireno y favorece la absorción de plomo.

Otros contaminantes son los óxidos de nitrógenos, denominados NOx. ¿Cómo se forman estos óxidos? Se forman cuando se produce cualquier combustión a temperatura alta en presencia de aire. Es decir, además de oxígeno, que es necesario para que ocurra la combustión, hay nitrógeno y éste se oxida a NO o NO2. El NO no es tóxico. De hecho, el organismo forma pequeñas cantidades de NO que es un transmisor casi hormona que permite la comunicación entre algunas células, pero el NO se oxida a NO2 que es medianamente tóxico. Ahora el NO2, el óxido nítrico, en presencia de oxígeno y de un catalizador, que son los hidrocarburos volátiles con excepción de metanos, todos los otros hidrocarburos volátiles son catalizadores y de otro catalizador que es la luz ultravioleta, el segundo oxígeno del NO2 se sale, vuelve al NO y se incorpora a la molécula de oxígeno O2 para formar O3. Es decir, ozono. Ese ozono es muy inestable y vuelve con mucha facilidad a generar NO2 a partir de NO, es decir, se está formando y desdoblándose. Pero en presencia de luz ultravioleta existe una transformación de una cantidad muy importante, más de la mitad del NO2 a ozono, que es mucho más tóxico que el NO2 y ese ozono produce un efecto que está muy bien estudiado, que es una irritación, un daño a la mucosa respiratoria. También favorece las bronconeumonias, que son de verano o de primavera, pero también produce una irritación al sistema nervioso central que ha sido poco considerado.

Cuando aumenta la capa de ozono la gente se pone más inquieta y nerviosa. En la parte norte de la zona oriente de Santiago, donde hay mayor cantidad de ozono, porque en la parte sur hay muy poco, se aprecia una mayor agresividad, lo que puede causar accidentes.

Está demostrado que el ozono aumenta la mortalidad, aunque no tanto como las partículas, así como produce aumento de diversas enfermedades broncopulmonares y crisis asmática.

Los hidrocarburos volátiles, que no tienen una toxicidad conocida directa, son importantes, por lo cual sería necesario legislar sobre los mismos, ya que favorecen la formación de ozono.

El benceno es el aditivo que se usa para la bencina sin plomo, el que de acuerdo con el plan debe disminuir. Produce cáncer, en especial linfático o leucemia.

Otro contaminante del aire son los asbestos. En Chile, el problema principal con el asbesto se produce por algunos materiales de construcción. Por ejemplo, las planchas de los techos, como el Pizarreño, son de asbesto, así como el internit, que cubre los muros interiores. Por lo tanto, habría que normar al respecto.

En cuanto al Plan de Descontaminación, éste constituye un avance. Sin embargo, es altamente insuficiente, porque contiene una serie de medidas de carácter técnico, pero no incluye medidas políticas, así como tampoco medidas a largo plazo, porque la solución pasa por la descentralización del país.

Por otro lado, es inconcebible que alrededor del cuarenta por ciento de la población del país viva en el dos por ciento del territorio. Esa cifra de población llega incluso al cincuenta por ciento, si se toma en cuenta la Quinta Región. Por lo tanto, se deben crear políticas de descentralización.

Asimismo, deberían crearse incentivos tributarios, para que los industriales se cambien a otras zonas, las que deben ser estudiadas, porque tampoco se trata de que se trasladen a cualquier parte.

Eso significa que además de haber un incentivo tributario para los que migran, debería haber un recargo tributario para quienes permanecen, como una manera de incentivar más la migración.

Otra medida que debería contemplarse es la implementación de una red de Metro o de movilización colectiva que sea atrayente, porque es muy difícil prohibir el uso del automóvil, tal como lo hacen los habitantes de las grandes ciudades europeas o norteamericanas. De esta manera se va a desincentivar el uso del automóvil.

Además, debe haber medidas de fiscalización para las industrias. De acuerdo con el plan se está normando, por ejemplo, la concentración de partículas por metro cúbico, y no la cantidad de toneladas o kilos de contaminantes que están saliendo, porque de nuevos estudios toxicólogos que se han realizado no es lo mismo que salga tierra que benzopireno o una sustancia mucho más tóxica. Aun cuando están medidas en partículas, hay algunas que son muy tóxicas y otras menos. Por su parte, las emergencias no consideran los contaminantes en relación con la industria que contamina. Quizás también se está afectando la productividad cuando a tabla rasa se dice “todos los que contaminan tienen que parar”, pero no se piensa quiénes contaminan más con partículas o con ozono. A lo mejor, no emiten partículas pero sí más ozono. Ellos debieran tener una restricción cuando se produce una emergencia por ozono, las cuales han ocurrido más de la mitad de los días del año. Ha habido 400 veces que ha sido sobrepasado el límite de ozono en la zona oriente de Santiago.

Ronda de preguntas

El Diputado señor Delmastro señaló que sin duda la solución pasa por la descentralización del país.

Respecto de los efectos retardados, específicamente cáncer, malformación fetal, la mutación y el imprinting, pregunta: ¿Qué hay de base para correlacionar el grado de contaminación atmosférica con estos cuatro efectos, que son bastante graves? Pide referirse un poco más al imprinting.

Le llama la atención la escala con que se rigen los planes de emergencia en Santiago, lo que en otros países es distinto. En Estados Unidos año a año han ido bajando los máximos permisibles para decretar estado de emergencia. ¿Existe una sugerencia del Colegio Médico de cambiar esa escala?

Finalmente, cuál es la opinión del Colegio Médico respecto del efecto de desforestación.

El Diputado señor Alessandri consultó acerca de la importancia que se le atribuye al PM 2,5, lo cual se está trabajando en las sociedades más desarrolladas, dejando un poco de lado el PM 10, porque no tiene la misma gravitación que podría tener el PM 2,5, lo cual influye sobre el polvo.

Es necesario que los organismos técnicos y estatales determinen qué tipo de polvos producen un serio daño, porque, mientras más grande es la partícula, ésta cae más rápidamente y tiene una menor capacidad de transporte por el aire.

El Diputado señor Álvarez-Salamanca afirmó que hay que buscar una solución a través de incentivos tributarios para que las industrias salgan de Santiago y se instalen en las provincias.

Preguntó si existe un catastro de la contaminación que emiten todas las industrias de Santiago; por ejemplo, si una industria de pintura emite tanto de este tipo de contaminante, tanta cantidad de este otro.

El Diputado señor Leay señaló que existe un problema de contaminación, pero no hay un diagnóstico respecto de cómo enfrentar el tema. Por ejemplo, podría haber un acuerdo respecto de cuáles son los índices o los niveles máximos que debieran aceptarse en la calidad del aire. El problema existe desde hace muchos años y no hay acuerdo.

Hay normas en el país que datan de 1906, que establecen que no se pueden echar aguas servidas a los ríos, pero no se cumple. Se podrían enumerar 70 normas para descontaminar tanto aire, ríos, etcétera, que no se cumplen.

Entonces, si no hay conciencia respecto de como las leyes mueren, más que generar normas, quizás sea necesario primero generar conciencia en este aspecto.

Consultó acerca de como tratar de conciliar desarrollo con calidad de aire. Es decir, tal es el nivel máximo, entonces se puede hacer funcionar esto, pero no se puede dejar fijo, porque obviamente la ciudad va a ir creciendo, se quiera o no. Está absolutamente de acuerdo con que hay que descentralizar, pero las ciudades siempre van a tener un crecimiento menor que el que dicen hoy de once por hora, pero podría ser uno por hora, pero siempre seguirá creciendo. Por lo tanto, se van a generar más industrias, a un menor nivel de crecimiento, habrá más utilización de vehículos y, por lo tanto, va a haber personas, industrias y actividades que contaminen más, entonces los niveles que se han fijado se van a ir superando. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de compensación para regular todo esto, porque si se deja estático, es imposible, porque al poco tiempo se sobrepasa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo?

También le preocupa un término que señaló el doctor Tchernitchin, que le parece interesante. En la compensación entre fuente fija, fuente móvil, se mencionó el factor toxicidad, que es una discusión que ha habido el último tiempo. Una industria podría tratar de instalarse, solicitando los permisos y señalando que pavimentará 200 kilómetros en la Región Metropolitana, como una especie de compensación. Se ha hablado de que la mayor toxicidad está en las partículas más finas, en las PM 2,5, pero no hay normas en el mundo al respecto. Lo ha consultado directamente a la Comunidad Europea y recién están evaluando ciertas normas, pero hoy no existen en ninguna parte del mundo.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) hizo presente que junto a otros diputados interpuso, en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago , una demanda en contra de las autoridades que resultaren responsables por una situación muy puntual, la muerte de don Daniel Mella, un jubilado que tenía su residencia en Colina. El día 20 de mayo viajó al centro de Santiago , se sintió mal, se subió a un taxi y falleció. Los índices de calidad del aire, que la autoridad tuvo en sus manos un par de días antes, señalaban que se habían retardado en la toma de acciones o de medidas preventivas.

Por otra parte, la legislación chilena estima que el índice 100, que equivale al nivel de partículas 150, no produce daño a la salud. Sin embargo, el informe del Colegio Médico señala que esos niveles producen un alza de la mortalidad aguda equivalente al 10 por ciento. Expertos del Sesma indicaron en la sesión pasada que la norma considerada inocua en Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea, alcanza a 50 microgramos por metro cúbico de aire. En esta materia, el informe es enfático: “En la Región Metropolitana fallecen alrededor de 55 personas diariamente, y como consecuencia del episodio de crisis ambiental, habrían fallecido 16 personas en forma adicional.” Es decir, esas muertes se pudieron evitar. En tal sentido, al aumento del índice de 100 a 500 significó un alza de muertes agudas equivalente a 18 por ciento, esto es, se pudo haber evitado el fallecimiento de alrededor de 10 personas.

El Sexto Juzgado del Crimen declaró que no hubo responsabilidad de las autoridades del Sesma por no haber decretado la preemergencia, no obstante que los índices de la estación Pudahuel así lo hacían aconsejable. El objetivo de la demanda por la muerte de don Daniel Mella tuvo por objetivo dar cuenta de que en Chile fallecen personas debido a que las normas ambientales son insuficientes o porque las autoridades no establecen las condiciones necesarias para resguardar la salud de la población.

Consultó cuál es la opinión del Colegio Médico sobre esta materia, sobre todo considerando que esta situación es contraria a lo señalado por la Constitución. No parece lógico que por una parte el Colegio Médico señale que se están produciendo muertes debido a la contaminación, y por otra, que permanezcan las normas que regulan la materia.

Frente a la pregunta de por qué se mantiene en 150 el PM 10, el Director del Sesma señaló que en Chile falta aplicar la norma del PM 2,5, que se vincula con el polvo más fino, el cual se alberga en los alveolos y produce afecciones broncopulmonares especialmente en niños y adultos mayores. ¿Es posible aplicar dicha norma? ¿Qué efectos podría traer aparejada? ¿Es posible determinar cuánto PM 2,5 se encuentra incluido en el PM 10? En otras palabras, ¿cuánto porcentaje de las 57,6 toneladas de polvo emitido por vehículos y fuentes fijas corresponde al nivel PM 2,5?

En el plan de descontaminación existen responsabilidades ministeriales. De hecho, el Ministerio de Vivienda está mandatado para pavimentar calles y avenidas, bajar los niveles de polvo en suspensión y fomentar la arborización. Sin embargo, ese Ministerio ha recortado el presupuesto destinado a arborización y pavimentación. A juicio del Colegio Médico, ¿Cómo afectará los niveles de contaminación el hecho de disminuir la arborización y la pavimentación de calles?

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , hizo presente que en algunos países hay productos absolutamente prohibidos, porque producen cáncer u otras patologías; sin embargo, en Chile están autorizados. El caso del lindano es típico, también se siguen usando planchas de asbesto en los techos de las casas, producto que produce cáncer. En la Región Metropolitana, principalmente, la cantidad de asbesto es impresionante.

Consultó acerca de cuán distintos son los parámetros de Chile de los de otros países, cuáles son las particularidades a tomar en cuenta, cuáles son las prioridades y en qué ámbito se está priorizando.

Asimismo, señaló que una de las patologías mayores que se tiene en Chile es de cáncer gástrico. ¿Tiene que ver con los contaminantes o con fenómenos de la especie que se adaptan en esta parte del mundo o por las cargas minerales en las aguas?

No se tienen datos claros sobre la composición de los contaminantes, ni tampoco se sabe lo que se denomina “polvo en suspensión”. Algunos tienden a decir que es pura tierra, que no produce daño. Otros dicen: “No se sabe lo que tiene”; otros, “sí se sabe lo que tiene”. ¿El Colegio Médico ha hecho estudios sobre la materia?

Hay un tema en debate que tiene que ver con los factores biomédicos en las preemergencias ambientales. Algunos argumentan que es un mal indicador, porque una vez que está la enfermedad estamos frente al efecto que la contaminación puede tener en esa enfermedad.

A juicio del Colegio Médico, ¿cuál debe ser la fórmula para incorporar las variables biomédicas? ¿Es por porcentaje de consultas? ¿Es el único instrumento posible o hay otros? En lo personal se muestra partidario de que se considere ese parámetro.

El Diputado señor Leay, en relación con la contaminación intradomiciliaria, consultó si el Colegio Médico tiene estudios al respecto. ¿En qué época sube la contaminación o baja? ¿Qué incidencia tiene en la salud esa contaminación intradomiciliaria?

El Diputado señor Sánchez consultó acerca del criterio de quien contamina paga.

El doctor Tchernitchin señaló que está absolutamente demostrado que algunos contaminantes producen cáncer. Estos estudios epidemiológicos son mucho más difíciles para los efectos crónicos, porque hay que esperar mucho tiempo. No es un efecto tan inmediato, como que subió el índice y al día siguiente hay más muertes, más hospitalizaciones, etcétera. Hay muy buenas evidencias que demuestran que cada contaminante produce su propio tipo de cáncer. Un buen ejemplo es el arsénico, el cual produce cuatro tipos de cánceres: broncopulmonar, a la vejiga urinaria, a la piel y cáncer hepático, que es menos frecuente.

Hoy se conocen más de cien sustancias que se sabe que producen imprinting, pero hay numerosas sustancias que no han sido investigadas. En ello radica la importancia de promover la investigación.

Cuando se encuentre algún daño, se debe normar y prohibir el uso de sustancias, como se hace en otros países. Muchas veces se retira un medicamento por veinticuatro horas y se prohíbe su uso cuando se descubre que es tóxico. Ante esa situación, la empresa farmacéutica desarrolla otro que no tenga esa toxicidad. En Chile no ocurre eso. Aquí hay medicamentos prohibidos en otros países; no sólo los lindanos.

Se habló de la deforestación y del polvo que aumentaría en lugares deforestados. Los árboles son mucho más importantes que eso. Indudablemente, donde no hay vegetación hay más polvo, lo cual es grave en la ciudad, pero no en el campo, donde el polvo no es tóxico. Para contaminantes como el monóxido de carbono, los vegetales son útiles, especialmente los que tienen hojas persistentes o los que tienen hojas cuando más se necesita, que es en invierno, cuando, por motivos de la capa de inversión, hay más monóxido de carbono, el cual causa daño, no tanto como el plomo, pero causa.

Además, los árboles producen evaporación y con eso baja la temperatura y aumenta la humedad, lo que favorece a la precipitación. El pino y el eucaliptos no son lo más convenientes para la reforestación. El eucalipto evapora mucha agua, pero seca el terreno, y los pinos, evaporan poco agua. No se puede reemplazar con pinos la flora nativa; si se deforesta una zona de árboles nativos debiera reforestarse con las mismas especies.

Respecto de los árboles y la deforestación, existe una polémica en torno a las parcelas de agrado. En la mayoría de ellas se deforesta el terreno, cuando lo que debería promoverse es una parcelación con una condición: prohibido deforestar.

En cuanto a la credibilidad de los organismos estatales, se pueden tener algunas dudas, pero no se pueden expresar sin tener la confirmación. El Colegio Médico ha denunciado la existencia de plomo en pinturas y las autoridades no lo han desmentido públicamente. Después de un año se logró hacer la medición de plomo en pinturas y demostrar su alta toxicidad. Sobre el punto señala que la empresa de pinturas que más altos niveles de plomo tenía en sus pinturas no es una empresa chilena, sino la filial norteamericana Sherwin Williams que tenía el doble de plomo en sus pinturas de la empresa que le seguía, que sí era chilena. El Ministro de Salud se comprometió a dar públicamente la información, la que nunca ha sido entregada.

En cuanto a las partículas PM 2,5, hasta el momento no hay estudios, sino estimaciones. Podría ser que un tercio de PM 10 sean PM 2,5. El PM 10 significa de diez micrones para abajo y el PM 2,5 equivale a partículas más tóxicas y, por ende, más dañinas, pero la sospecha es que lo que va entre 2,5 y 10 también produce daño. Cuando es superior a 10 queda en las vías respiratorias superiores y no produce daño, entre 10 y 2,5, quedan en los bronquios finos y los medianos, lo que produce irritación crónica. Las partículas de 2,5 entran a los alvéolos -no quedan en los cilios, porque son mucho más pequeñas- y de ahí pueden pasar al torrente circulatorio o ser fagocitadas, o sea, englobadas, por células macrófagas y que después migran a otros lugares del pulmón. Así entraría una parte importante de las partículas finas del plomo directamente a la sangre. Las partículas de plomo más grandes son expulsadas hasta la faringe y ahí son deglutidas. Los benzopirenos deglutidos, probablemente no causen tanto daño, pero el plomo sí, porque se absorbe y se disuelve en el estómago.

Por lo tanto, cuando exista información sobre el PM 10 tendrá, además, que ser normado y no reemplazado. Tampoco me parece ético esperar 3 ó 5 años para tener toda la información sobre PM 2,5 y normar. Es decir, hay que normar para PM 10 y apurarse en tener la información respecto de PM 2,5.

En relación con la pregunta formulada sobre toxicidad, es indudable -tomando un ejemplo extremo- que el polvo de campo que pueda tener una partícula fina no es tóxico, aunque entre a los alvéolos. En cambio, en Santiago las partículas son más tóxicas, porque no sólo contienen benzopireno, sino elementos de distinto tipo. Al respecto, el profesor Lionel Gil tiene información en la Universidad de Chile sobre mutagenecidad, en la cual podemos apreciar que las partículas de PM 10 son extraordinariamente mutagénicas, más tóxicas en cuanto a mutagenecidad que las de otros países, porque eso depende del tipo de petróleo que comercializan las empresas y de los procesos de elaboración.

Sería importante que toda empresa declarara los procesos a un equipo técnico-fiscalizador, a fin de que analice si éstos pueden ser contaminantes, ya que no podemos trabajar con cajas negras, en donde lo que ocurre adentro sea desconocido, y que después se mida si hay o no partículas.

Otro aspecto que se debe considerar es la fiscalización versus la concientización de la población. Es indudable que debe haber leyes y fiscalización. La educación es importante, porque debe haber una masa crítica de habitantes que se dé cuenta de la importancia de vivir en un medio que no sea tóxico y que no afecte su salud. Por eso es muy importante que haya campañas públicas.

Respecto de la credibilidad, y la responsabilidad del Sesma, se refiriere a una información -que personalmente no le consta- que tiene que ver con la contaminación por plomo de una empresa de la Región Metropolitana que fundía baterías. Cuando llegó el Sesma a constatar la denuncia, el cuidador no abrió las puertas de la empresa, argumentando que la entrada estaba prohibida. Es cierto que el Sesma debería contar con todas las armas legales para obligar a mostrar los procesos, pero, ya que no dispone de ellas, la gente del Sesma debería haber vuelto al día siguiente. Sin embargo, lo hicieron luego de un mes.

No ha querido señalar de quién es la responsabilidad, si del Sesma o de otro organismo, cuando no se tomaron las medidas de decretar emergencia al llegar al nivel 550. Sin embargo, plantea una pregunta, en el sentido de qué información tenía el Sesma respecto a los datos meteorológicos, porque en el Colegio Médico se sabía el día anterior, gracias a mapas meteorológicos del satélite bajados de Internet, que se iba a presentar un problema de esta naturaleza. Seguramente el Sesma también disponía de dicha información, entonces, ¿por qué no hizo nada?

Los parámetros biomédicos son necesarios porque pueden alterarse por otros factores. Ejemplo, con el frío, aumentan las epidemias y las consultas; la gravedad de las enfermedades aumenta con la contaminación. La sugerencia es que si la autoridad es más estricta en los momentos en que hay más consultas puede evitar dicho agravamiento. Es decir, después de presentada la enfermedad se le podría dar un mejor pronóstico a los enfermos que han sido afectados por la epidemia. Se sabe que la contaminación produce enfermedades, entonces si las consultas de urgencia suben sin mucha contaminación, quiere decir que esas se van a agravar y, por lo tanto, se necesita ser más estricto.

El Diputado señor Arratia consultó si existía algún estudio respecto de la incidencia de cáncer gástrico, cérvico uterino, broncopulmonar, hepático en la Región Metropolitana que pudiera indicar que el mal manejo o el manejo inadecuado de los temas de la contaminación haya provocado consecuencias en los últimos años.

El doctor Tchernitchin respondió que existían algunos estudios de la Organización Panamericana de la Salud que muestran la incidencia de distintos tipos de cáncer en diversas regiones, incluyendo la Metropolitana, que es de hace algunos años. No hay más estudios recientes. Pero se debe pensar que el cáncer es determinado por el aire después de 20 años de contaminación. Por lo tanto, lo que hay en contaminación ahora va a determinar patologías 10 ó 15 años después.

El Diputado señor Arratia preguntó si existe cáncer de vejiga en la Región Metropolitana.

El señor Tchernitchin respondió afirmativamente. Se sabe que la causa principal es el arsénico, el que se debe a la pluma de arsénico de Caletones que afecta al sector oriente de Santiago principalmente.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó en relación con la central Renca de Santiago, porque más allá de las situaciones judiciales en que se ha visto envuelta, lo concreto es que ésta constituye un peligro por el ozono en el ambiente. ¿El Colegio Médico tiene alguna opinión acerca de los efectos que va a tener esa situación?

El Diputado señor Leay reiteró su consulta respecto de la contaminación intradomiciliaria.

El doctor Tchernitchin respondió que en relación con la central de Renca, después de pedir antecedentes técnicos a la gerencia eléctrica de Santiago, Chilgener y otras, la información que han obtenido no ha sido coincidente. Curiosamente, en un informe que se les entregó, los datos fueron disminuidos y luego aumentados en el porcentaje exacto. O sea, fueron modificados probablemente para obtener mejores beneficios con Conama.

Ahora, de acuerdo con esos datos, alrededor del 3 por ciento del total de los óxidos nítricos que se transforman en ozono de la Región Metropolitana provienen de esa única megafuente y sería aproximadamente la mitad de todas las fuentes fijas.

Ahora, como la Central Renca está autorizada sólo algunos días del año para utilizar el combustible antiguo, a base de carbón y petróleo de ciertas características, durante esos días se produce aproximadamente un 2,8 por ciento de ozono adicional. Por lo tanto, si ambas funcionan simultáneamente sería prácticamente un 6 por ciento, usando los análisis más conservadores. Hicieron varios cálculos usando varios supuestos. Entonces, en esa ocasión se tendría el 6 por ciento del ozono causado solamente por una megafuente. Por eso, es un error que a las empresas se les diga que pueden contaminar tanto en un año, pero el peligro es si eso lo emiten en varios días. Además, puede haber una contaminación con ozono, por lo cual el daño puede ser mayor.

En cuanto a la contaminación intradomiciliaria, el doctor Lionel Gil ha hecho un estudio en el cual ha demostrado que cuando sube la contaminación, afuera inmediatamente aumentan los mismos índices en interiores -en 15 minutos se igualan- y cualquier fuente, un fumador, una estufa o cualquier tipo de combustión, aumenta la contaminación intradomiciliaria. El único combustible inocuo para evitar una mayor contaminación intradomiciliaria en días de frío es la energía eléctrica. Todos los demás producen, en mayor o menor grado, contaminación.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) solicitó antecedentes sobre el gas natural.

El doctor Tchernitchin respondió que el gas natural no es absolutamente no contaminante, porque produce óxido de nitrógeno, esto es, ozono. Indudablemente es más limpio que otros combustibles, no produce benzopireno, no libera plomo y no tiene óxido de azufre.

En relación con los mecanismos de compensación, es muy importante considerar el factor de toxicidad. No cualquier emisión es lo mismo. Una fábrica que produce partículas, aunque sean finas, pero que sean áridos, puede ser mucho menos tóxica aún en la Región Metropolitana que una empresa que produzca o queme plásticos, por la cantidad de sustancias no normadas, como las dioxinas. Cuando se combustionan o fabrican plásticos hay producción de dioxinas que salen al aire y que son muy tóxicas.

Le parecen ilógicos los mecanismos de compensación de la central Nueva Renca. Es decir, para producir la liberación de algunos productos en forma permanente, adquieren algunos taxis viejos que en uno o dos años estarán obsoletos y no podrán seguir circulando. Los contaminantes son distintos. Si fuera el mismo contaminante, tendrían que ser químicamente idénticos, lo cual es muy difícil de identificar.

Por otra parte, éticamente no le parece adecuado darle un valor a los contaminantes, o sea, si se paga se puede favorecer las muertes de otras personas. Hay que hacer todo lo posible para producir menos daños a las personas.

En cuanto a los niveles máximos, deben haber comisiones técnicas que estudien constantemente y no produzcan una norma que dure 50 años, puesto que en dos o tres años pueden variar las condiciones. Sin embargo, el Colegio Médico ha sido excluido de algunas comisiones en las cuales puede hacer un aporte. Participaron de la comisión de normas de las pinturas, donde surgió una norma no lo buena que hubieran querido, pero es bastante aceptable. En la comisión encargada de estudiar el plomo en el aire quisieron hacer algunos aportes; sin embargo, desde hace un año que no son invitados.

Respecto del PM 10, el daño es distinto. La composición de las partículas de PM 10 no son idénticas. Por ejemplo, la de Los Ángeles y Santiago son distintas. Las partículas de PM 2,5 tienen otra composición.

En cuanto a las responsabilidades ministeriales, deben hacerse estudios técnicos para cuantificar y elegir entre pavimentar o arborizar. Los árboles y el pavimento son importantes, pero mucho más es la norma y medidas como descentralizar el país o prohibir que una industria siga contaminando.

Le parece muy grave que se dé mucha importancia a las concentraciones en las emisiones de las partículas, pero no de los volúmenes. Por ejemplo, si se tiene un problema y se producen 70 miligramos en vez de los 52, es muy fácil, se construye un tubo más amplio, se le pone aire y entonces baja la emisión. Pero, en realidad, la cantidad de contaminante va a ser la misma y, por lo tanto, hay que preocuparse no sólo de la concentración, sino también de la cantidad.

El Diputado señor Delmastro consultó acerca de la escala de índices que se usa en Chile. Quiso saber si el Colegio Médico tuvo alguna injerencia en la confección de esa escala y si se sabe por qué esa escala no es lineal entre cada uno de los tramos de los índices. Se parte con una diferencia de 50 mg/m3, baja a 22 microgramos y después en la escala superior sube a 45 microgramos por cada cien puntos. ¿Cuál es la razón de esas diferencias?

El doctor Tchernitchin respondió que el Colegio Médico no tuvo injerencia en la escala, pero ésta es lineal entre el índice 100 y el índice 500. Allí es lineal, porque son los dos puntos que se definen. Se define el límite del supuesto no daño, que es 100, que correspondía en esa época a 150, y el de 500, que es la concentración más alta, que produce daño grave, pero que sería como admisible. Entre estos dos puntos es lineal. Bajo esos puntos está confeccionado de tal manera que el índice cero corresponda a PM0, y eso es válido para cualquier contaminante. Es decir, la curva se quiebra en el índice 100.

El Colegio Médico no tuvo ninguna injerencia en esto y ha solicitado índices más bajos. Está de acuerdo con disminuir, por el momento, el umbral para decretar preemergencia en 150, para emergencia 250, con la salvedad de que los parámetros biomédicos deben ser considerados y que cuando éstos se alteren debe ser decretada emergencia, aunque los índices estén bajo ese margen.

Es importante considerar los criterios biomédicos, porque cuando existen niveles muy altos de contaminación, estos tienden a agravar los cuadros epidémicos. Por lo tanto, los estados de preemergencia o emergencia ambiental deben decretarse antes de que dichos cuadros se produzcan. De esa manera se evitaría el agravamiento de un sinnúmero de enfermedades broncopulmonares y la muerte de muchas personas.

El Diputado señor Arratia hizo presente que en la sesión a la que concurrió el Sesma, se mencionó que el barrido de calles podía constituir una de las soluciones para disminuir los índices de contaminación. El tema le provocó preocupación, por cuanto se sabe que son miles las arterias que existen en Santiago y se carece de los vehículos necesarios para realizar esa tarea. Así las cosas, la medida propuesta aparece como una solución cosmética. Por eso, concuerda con el doctor Tchernitchin en que la mejor forma de solucionar el problema que vive Santiago consiste en no aceptar que se contamine, ni siquiera en concentraciones bajas. Las 4.700 industrias catastradas en Santiago tienen un común denominador: producen sobre 1.000 metros cúbicos de gases por hora, lo que constituye un tremendo volumen. Eso significa que tal vez los análisis apenas consideran un 20 por ciento del total de fuentes contaminantes. Por tanto, no sólo se trata de un problema de concentración, sino de contaminación total.

El Diputado señor Girardi señaló que ha venido planteando sistemáticamente la necesidad de incorporar los indicadores biomédicos como un elemento que da sensibilidad y especificidad a las decisiones en un modelo predictivo que hoy -tal como está- tiene un riesgo de fracaso de cerca de un 40 ó 45 por ciento. Es decir, cada vez que se aplica se deja correr el modelo. Hay un riesgo de error de un 45 por ciento.

La incorporación de la variable biomédica hace disminuir el rango de error. Es importante incorporar estos criterios biomédicos, porque al final el objeto de un modelo predictivo es evitar el daño a la salud.

La variable se enriquece incorporando los datos de contaminación y datos meteorológicos.

Es importante usar la variable biomédica aún teniendo nivel 200, que en Chile significa sólo alerta. Le parece muy importante lo que señala, porque cuando se está a nivel 200, estamos sobre la norma máxima permitida de contaminante. A veces, si se agrega eso -nivel de 200-, bajas temperaturas, frío, u otros factores, podemos tener igualmente daño severo a la salud como si tuviéramos nivel 400. Por lo tanto, lo que nos va a preanunciar esta condición es la variable biomédica.

El doctor Tchernitchin dice que la norma chilena de calidad de partículas es elevada. Hoy, la norma máxima de partículas es de 150. La Comunidad Económica Europea tiene 50. Esto es, tres veces más exigente que la chilena. 90 días al año se sobrepasa la norma máxima de 150. Si la norma fuera de 50, casi todos los días del año se sobrepasaría la norma.

En cuanto al ozono, no existen planes de contigencia. Es decir, hay veces en que se duplica o triplica la norma de ozono, y no se decreta preemergencia ni emergencia en función del ozono. Sólo se decreta en función de partículas. Consulta acerca de la norma aceptable de ozono.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , dijo entender que la norma que privilegia la concentración versus el volumen es reciente. No es una norma de larga data. ¿Participaron profesionales médicos en esa discusión o sólo fueron sólo ingenieros? La norma, que es nueva, es equívoca, sin duda. Por tanto, se debe intentar con volúmenes más que concentración.

Consulta sobre el ozono. La central Renca podría llegar a representar del 3 al 5,6 por ciento de la emisiones de ozono en la Región Metropolitana. ¿Cuál es la principal fuente de emisión de ozono? Los datos indican que durante la mayor parte del año se sobrepasa la norma. Respecto de algunas de las normas sobre el control de las emisiones de ozono, quiso saber la principal causa por la cual no se está abordando.

El doctor Tchernitchin respondió que en cuanto a la primera pregunta, en relación a los volúmenes de concentración, el Colegio Médico no había sido consultado.

En relación con prioridades sobre normas, hay tóxicos que son más peligrosos que otros, sobre los cuales habría que normar más rápido. Entre ellos, está el plomo, los benzopirenos, el arsénico.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , consultó si a juicio del doctor Tchernitchin esas son las tres prioridades.

El señor Tchernitchin respondió que el plomo es una de las prioridades más importantes. El arsénico -quizás-, para la Región Metropolitana no tanto. El asbesto es también importante.

El señor Navarro ( Presidente ) consultó si la restricción a los autos no catalíticos tendría incidencia en la generación de ozono. Se ha afirmado que los catalíticos no contaminan.

El señor Tchernnitchin respondió que los vehículos catalíticos contaminan menos monóxido de carbono y no contaminan con plomo, porque no pueden usar bencina que la contenga. Emiten muy pocas partículas. Pero en NO2, es aproximadamente lo mismo. Por lo tanto, en cuanto a la formación de ozono sería lo mismo.

El Diputado señor Girardi consultó acerca de la posibilidad de transar contaminantes que tienen distinta calidad toxicológica.

El doctor Tchernitchin indicó que no consideraba ético vender la capacidad de contaminar. Si la composición es distinta, existe el peligro de transar algo que es poco tóxico por algo que es mucho más tóxico.

K) Doctor Lionel Gil

Asistió el señor Lionel Gil , Químico Farmacéutico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

La exposición del doctor Gil tuvo por objeto determinar los conocimientos científicos sobre la contaminación intradomiciliaria, especialmente dentro de los hogares, toda vez que diversas instituciones, especialmente la Sofofa, han señalado que este tipo de contaminación puede ser diez veces más importante que la producida en el exterior.

Señaló que la contaminación del aire es un problema que preocupa a todas las naciones, porque está produciendo cambios climáticos globales y afectando la salud de millones de personas. El interés por la calidad del aire ha tenido su atención preferencial en la contaminación atmosférica, restando importancia o casi ignorando la generada en ambientes interiores. Esta situación está cambiando, ya que la información científica más reciente señala que la contaminación de interiores puede representar un riesgo para la salud de las personas igual o mayor que el de la contaminación atmosférica.

El ambiente interior es visto como un refugio a la contaminación atmosférica, incluso a muchos enfermos en las grandes ciudades se les recomienda permanecer en sus casas durante episodios de alta contaminación exterior. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que las emisiones de los vehículos e industrias se infiltran en residencias y edificios y si la ventilación interior es mala, estos contaminantes se acumulan, alcanzando concentraciones superiores a las del exterior.

Además de los contaminantes infiltrados al interior de las viviendas y lugares de trabajo, también se emiten contaminantes que se producen como consecuencia de la actividad humana o por liberación de materiales de construcción o alhajamiento. Entre éstos se incluyen numerosos compuestos químicos introducidos por la tecnología moderna para mejorar nuestras condiciones de vida y productos liberados en procesos de combustión. Los efectos de estos agentes químicos en la salud de las personas se pueden potenciar por la presencia de contaminantes de origen biológico, como alérgenos, bacterias, virus, hongos, etcétera.

Exposiciones a altas concentraciones de contaminantes por períodos cortos o concentraciones menores por largos períodos pueden tener efectos que van desde signos de disconfort, por ejemplo, irritación de ojos, dolor de cabeza, hasta infecciones respiratorias agudas en niños, enfermedades respiratorias crónicas, tales como bronquitis, enfisema pulmonar, asma, enfermedades cardíacas, como cardiopatías coronarias, como también diversos tipos de cánceres.

La mala calidad del aire interior también es la causa de numerosos accidentes mortales, como, por ejemplo, las frecuentes intoxicaciones por monóxido de carbono que han ocurrido recientemente, algunas de las cuales se han presentado en edificios modernos recién construidos.

En los últimos años, el problema de la contaminación del aire de residencias, oficinas y edificios públicos ha comenzado a adquirir gran relevancia. La preocupación sobre los efectos potenciales de la contaminación de espacios interiores en la salud humana proviene de tres observaciones.

Una, la mayor parte de la población urbana gasta entre 80 y 90 por ciento de su tiempo en espacios interiores, siendo el hogar el lugar donde las personas pasan más del 60 por ciento de su tiempo.

Dos, los niveles de algunos contaminantes pueden ser mayores en espacios interiores que en el exterior y en algunos casos exceden interiormente los niveles de las normas recomendadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud para la calidad del aire atmosférico.

Tres, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades cardiorrespiratorias y los ancianos constituyen los grupos más sensibles a los efectos de la contaminación de interiores.

Como este problema es relativamente reciente y no se conoce en toda su magnitud, no se ha evaluado el impacto que tiene en la población.

La mayor parte de las investigaciones en este tema se han llevado a cabo en los países desarrollados, donde el problema tiene una connotación distinta a la de los países en vías de desarrollo, ya que hay diferencias en los tipos de fuentes emisoras, en costumbres y hábitos y en la importancia que se asigna a los efectos en la salud.

En los países desarrollados, que generalmente tienen buenos índices de calidad de aire exterior, la mayor preocupación se centra en el hábito de fumar, en el radón, formaldehído y en otros compuestos orgánicos liberados de materiales de alhajamiento y limpieza. Se le da gran preferencia a los problemas relacionados con los sistemas de aire acondicionado y calefacción central, instalados generalmente en edificios inteligentes y energéticamente eficientes.

No obstante los nuevos diseños y tecnologías usadas, muchos de ellos tienen problemas de calidad de aire y en algunos se presentan los síntomas de lo que se ha definido como síndrome del edificio enfermo. Se da este nombre a una serie de síntomas que se presentan en personas que trabajan en edificios generalmente con sistemas de aire acondicionado, los cuales desaparecen cuando la persona abandona el edificio. Dichos efectos causan ausencia y afectan el rendimiento laboral.

En los países más pobres, la contaminación de interiores se produce principalmente debido a actividades diarias como cocinar o calefaccionar y en las que se utiliza kerosene, carbón, leña u otros combustibles de biomasa, los cuales emiten contaminantes de alta toxicidad en concentraciones que pueden superar varios órdenes de magnitud de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional estima que aproximadamente dos tercios de la población del mundo en áreas rurales emplean en sus hogares combustibles de biomasa. Adicionalmente a este tipo de contaminación, en las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo una fuente importante de contaminación de interiores lo constituye el aire que se infiltra desde el exterior, el cual frecuentemente es de mala calidad y contiene cientos de sustancias peligrosas para la salud humana.

Sobre la base de estos antecedentes, en países desarrollados, las instituciones encargadas de establecer las regulaciones ambientales han creado comités de expertos constituidos por científicos de alto nivel que aseguran que en el desarrollo de las políticas de calidad de aire interior está presente el más reciente conocimiento científico.

Es indudable que la población debe ser educada sobre el problema de exposición a contaminantes dañinos y se debe establecer regulaciones que protejan su salud. Los países en vías de desarrollo no deben limitarse a copiar legislaciones de los países desarrollados, que muchas veces pueden ser irrelevantes para sus hábitos y condiciones de vida, sino que deben desarrollar sus propios reglamentos que se adapten a sus necesidades dentro de los límites de sus propios recursos.

Los contaminantes de interiores pueden ser de tipo químico, físico o biológico. A todos estos agentes se adicionan alteraciones de las condiciones de comodidad o confort, tales como sensaciones térmicas -frío o calor-, humedad relativa, ruido, vibraciones y todas las variables sicosociales asociadas a alteraciones en la calidad de vida de las personas.

Entre los contaminantes de interiores más frecuentes se pueden mencionar el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, las fibras, los metales pesados, los pesticidas, los hidrocarburos policísticos aromáticos, compuestos orgánicos volátiles y mezclas complejas, como las que se encuentran en pinturas, materiales de limpieza, humo de tabaco ambiental y material particulado.

Los agentes de tipo físico más importantes son las radiaciones y los ruidos provocados por instrumentos y maquinarias.

Como agentes biológicos se encuentran las bacterias, los virus, los hongos y los artrópodos, los cuales pueden estar presentes en los sistemas de ventilación o calefacción o formando parte de los aerosoles biológicos suspendidos en el aire.

Las fuentes interiores más importantes son los sistemas de calefacción, los hornos, las chimeneas, las estufas, los cigarrillos, los aditivos, los materiales de construcción, los animales, los muebles nuevos, etcétera.

Normalmente, el aire exterior debería servir para diluir los contaminantes interiores. Sin embargo, cuando la calidad es deficiente, se produce el efecto contrario: se aportan nuevos contaminantes, que incrementan los niveles de los contaminantes interiores.

Las fuentes exteriores más importantes son el tráfico vehicular, las emisiones industriales, las calles de tierra, las quemas agrícolas, etcétera.

Los óxidos de nitrógeno son producidos por estufas a parafina y cocinas a gas; el monóxido de carbono por el humo del tabaco y la combustión de combustibles; el SO2 por estufas a parafina, calefactores a leña o gas; el ozono por fotocopiadoras, impresoras láser, etcétera; compuestos orgánicos volátiles por materiales de construcción, humo de tabaco y hornos a gas.

Hay ciertos factores que favorecen la mala calidad del aire interior. La temperatura y humedad juegan un papel importante en la generación de biocontaminantes de interiores. Las áreas con mayores posibilidades de desarrollo de biocontaminantes son las cocinas, baños, closets, alfombras, aguas estancadas y cielos falsos. En general, una humedad alta favorece el crecimiento y desarrollo de insectos, hongos y bacterias al interior de equipos de ventilación y conductos.

Se debe señalar que la presencia y generación de biocontaminantes está determinada además por los hábitos de limpieza y aseo, número de habitantes, animales domésticos, etcétera.

Otro factor importante es la dimensión de los edificios. Grandes edificios significan, entre otras cosas, un gran número de equipos y enormes recorridos de ductos, magnificando el problema de la contaminación de interiores.

Los materiales de construcción, así como los de alhajamiento y terminaciones, muchas veces son grandes fuentes de emisión o reabsorción de contaminantes. La selección de los materiales de construcción debería ser realizada con el mayor cuidado, por profesionales con conocimientos en el tema, ya que la emisión de contaminantes es variada y depende del proceso de fabricación o terminación del producto. Se recomienda utilizar materiales de construcción con bajas tasas de emisión o, simplemente, no contaminantes.

Existe una gran cantidad de contaminantes provenientes de materiales de construcción y terminación, como determinados revestimientos murales de tevinil o tela, paneles divisorios acústicos, closets, cajoneras, pinturas en base solvente, materiales de aislación de poliestirenos, cielos falsos que almacenan gases, polvos y biocontaminantes, adhesivos, etcétera. Estos contaminantes pueden ser mitigados utilizando sustitutos como autoadhesivos de fábrica, sellados en caliente, engomados de borde y pegamentos sin solventes. La ventilación acelerada, el lavado nocturno y el horneado de la construcción son factores importantes. En los países desarrollados, en especial en Europa, los edificios nuevos deben permanecer varios meses sin habitarse en espera de la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles.

El uso de productos de aseo y otros, como desodorantes ambientales, ceras lustradoras, productos de lavado y limpieza, pesticidas y lubricantes, también constituyen factores importantes.

Para comprender los efectos de los contaminantes de ambientes interiores sobre la salud humana, es necesario tener presente los conceptos de concentración, exposición y dosis.

La respuesta ante la exposición a un contaminante o a una mezcla de éstos está principalmente determinada por la dosis y depende en gran medida de la concentración, del tiempo y la vía de exposición. No se debe confundir dosis con los términos exposición y concentración. La concentración se refiere específicamente a la cantidad de un contaminante presente en el aire en un lugar y tiempo determinados. La exposición implica el contacto entre el contaminante y la persona expuesta. En cambio la dosis es la cantidad del contaminante absorbido por el individuo.

Por lo general, cuando la concentración de un contaminante se incrementa, también lo hacen la exposición, la dosis y los efectos. Cuando las características de exposición se correlacionan con los efectos en salud, se habla de una relación dosis-efecto. Existen dos tipos: uno individual, donde cada persona genera un efecto diferente, y otro poblacional, que indica una diversidad de respuestas de dosis en un segmento específico de individuos.

Generalmente, una pequeña dosis produce muy pocos efectos o bien éstos no son observados. Cuando la dosis aumenta, también aumentan los efectos. Si la dosis es muy elevada y la composición del contaminante muy nociva, puede llevar a la muerte.

Los contaminantes pueden ingresar al cuerpo humano por absorción a través de la piel, por ingestión o por inhalación. Sin embargo, cuando se habla de exposición a contaminantes de interiores, la inhalación tiene la mayor importancia, porque los contaminantes alcanzan rápidamente el pulmón y se distribuyen por el sistema sanguíneo a los diferentes tejidos.

La evaluación de la dosis-efecto es una parte crítica al evaluar el riesgo de la exposición.

Generalmente los contaminantes no están en forma aislada, sino que forman parte de mezclas complejas y dinámicas, que cambian con el tiempo y con las actividades humanas.

Lamentablemente el conocimiento científico que tenemos sobre los efectos de las mezclas es escaso.

Los efectos de los contaminantes en la salud se clasifican en tres tipos:

Efectos agudos, los que ocurren inmediatamente después de la exposición, usualmente dentro de las veinticuatro horas; por ejemplo, compuestos químicos liberados de materiales de construcción podrían producir dolores de cabeza, irritación de nariz y de ojos en individuos sensibles. Generalmente los efectos agudos no se manifiestan por un período muy prolongado y desaparecen al finalizar la exposición. Sin embargo, algunas exposiciones a altas concentraciones, pueden producir efectos agudos irreversibles, aun más graves como la muerte, tal como ha ocurrido en exposiciones con monóxido de carbono.

Efectos crónicos, que son los de respuesta tardía a exposición de contaminantes, los cuales generalmente resultan de exposiciones repetidas por períodos largos. Por ejemplo, se podrían mencionar el asma bronquial y la bronquitis crónica; ambos relacionados a exposición a contaminantes químicos o biológicos.

Efectos diferidos, que se presentan por la exposición prolongada de contaminantes, cuyos efectos pueden expresarse después de un período muy largo de tiempo, independientemente de si la exposición continúa o ha cesado. Entre estos efectos se incluyen las modificaciones hereditarias del material genético, mutagénesis y el cáncer.

Un concepto importante se refiere a algunos efectos asociados a edificios.

La exposición a aires interiores puede implicar, desde un daño específico, a una variedad de manifestaciones de malestar que pueden aparecer como efectos agudos primarios. Generalmente, estos efectos están relacionados con el número de horas que una persona permanece en el interior de un edificio.

La exposición a contaminantes de interiores podría transformarse en efectos crónicos, como daño respiratorio.

En este tipo de efectos usualmente se hace una diferencia clínica entre enfermedad relacionada al edificio, donde la causa está identificada y el síndrome del edificio enfermo, donde la causa no está clara.

Enfermedad relacionada al edificio. Este efecto se refiere a una enfermedad por exposición al aire de un edificio donde los síntomas y malestares clínicos de la patología están identificados, así como el agente y las vías de exposición de éste. Generalmente, el agente causante es químico. Sin embargo, también puede tratarse de un patógeno alérgeno o un alérgeno biológico.

Las principales fuentes de agentes biológicos son los humedificadores, los filtros de aire y los sistemas de aire acondicionado.

Los síntomas más específicos relacionados con la enfermedad del edificio son escalofríos, fiebre y tos, o más serios, como afecciones respiratorias o pulmonares.

Síndrome del edificio enfermo. Estos efectos se refieren a una serie de malestares agudos y no específicos de los ocupantes del edificio. Generalmente están asociados a una mezcla de factores de ambiente físico, individual y ocupacional. Por ejemplo, estrés laboral.

La Organización Mundial de la Salud ha definido los siguientes síntomas para el síndrome de edificio enfermo: irritación de ojos, sensación de sequedad de la piel y mucosas, fatiga mental y dolores de cabeza, alta frecuencia de tos e infecciones de las vías respiratorias, difonías y afecciones al pecho, náuseas y vértigos.

En lo que respecta a los efectos de contaminantes en la salud, el monóxido de carbono, se puede señalar que la oxidación incompleta de materias orgánicas resulta en la formación de monóxido de carbono, el cual puede ser inhalado y unirse a una proteína de la sangre, que es la proteína que normalmente transporta el oxígeno hasta los tejidos.

El monóxido de carbono tiene una afinidad 240 veces mayor que el oxígeno. Por lo tanto, puede desplazar al oxígeno de su unión a esta proteína, y en lugar de transportar oxígeno, transporta a la célula monóxido de carbono, el cual actúa como inhibidor de la respiración celular.

El bióxido de azufre actúa solo o combinado con partículas como irritante. La inhalación es la ruta principal de exposición especialmente en relación a efectos en la salud humana.

La respuesta fisiológica básica es una bronco-constricción en grado menor, lo que se traduce en una resistencia a las vías áreas.

Existen claras evidencias de que los individuos asmáticos son especialmente sensibles al bióxido de azufre, aun cuando hay una variabilidad importante en la sensibilidad en individuos sanos.

Es importante señalar que, en el caso del problema de contaminación atmosférica en Londres, donde murieron más de 4 mil personas, el efecto se debió a una asociación entre bióxido de azufre y material particulado producido generalmente por combustión de carbón.

Otro contaminante importante es el humo de tabaco ambiental, que es una mezcla compleja de humo de cualquier producto de combustión de tabaco, cigarrillos o pipas, que pueden contener más de 3.800 compuestos. Varios de los contaminantes de la fase particulada y gaseosa descritos para humo de tabaco son irritantes, calcinógenos, mutagénicos e iteratogénicos. Los efectos del hábito de fumar se han asociado generalmente al cáncer al pulmón, infarto al miocardio, daño vascular periférico y daño al pulmón obstructivo crónico.

Otro contaminante importante es el material particulado. Este puede absorber en su superficie cientos de compuestos, como metales pesados. Por ejemplo, los que están en las pinturas, fibras y una variedad de compuestos orgánicos. Sin embargo, su composición química no es definida y puede presentar gran variabilidad.

Entre los compuestos importantes absorbidos en el material particulado, están los hidrocarburos, policísticos aromáticos, de los cuales varios han sido clasificados como agentes cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, el material particulado que contiene policísticos aromáticos podría modificar genes y cromosomas de células vivas, provocando mutaciones que eventualmente podrían traducirse en cáncer.

Otros contaminantes también importantes son los pesticidas domésticos que incluyen productos de origen orgánico, inorgánico y son ampliamente utilizados en ambiente de interiores, ya sea para eliminar insectos voladores o rastreros.

Los efectos agudos por exposición a pesticidas generalmente se asocian con dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilitamiento e irritaciones de las vías respiratorias, piel, nariz y ojos.

Finalmente, están como contaminantes importantes las fibras. Algunas han mostrado que los efectos están directamente relacionados a la forma y al tamaño de la fibra. El asbesto ha sido una de las fibras más importantes en términos de salud.

¿Cuáles son los riesgos potenciales para la salud por exposición a contaminantes? La evaluación del riesgo potencial para la salud por exposición a contaminantes permite evaluar los costos asociados en esta exposición, antecedentes que son de gran importancia para definir las políticas ambientales.

La evaluación del riesgo implica cuantificar e identificar los agentes contaminantes y plantearse preguntas tan básicas como: ¿se transformará la exposición en un efecto agudo, crónico o diferido? ¿Cuántas de las personas expuestas manifestarán algún efecto? ¿Cuándo se manifestará este efecto?

El riesgo puede ser medido para una población o para un individuo particular y, en general, se toman en cuenta efectos específicos, como efectos agudos y crónicos, muertes y riesgo de cáncer.

Para la determinación del posible daño se utiliza generalmente información científica que correlacione o determine efectos adversos a la salud por exposición a algún agente contaminante.

Los grupos más sensibles de la población generalmente son personas que responden drásticamente a concentraciones de un contaminante al que otros individuos no responderían.

En algunos países desarrollados se está trabajando en el desarrollo de normas y recomendaciones para la calidad de aires interiores.

Las recomendaciones y normas públicas para calidad de aire tienen como objetivo principal proteger la salud, especialmente la de personas sensibles, que gastan más tiempo en sus residencias particulares y, por ende, en los interiores. También se deben incluir en esta reglamentación los estándares ocupacionales que pretenden proteger a los trabajadores, especialmente los ambientes interiores de industrias.

Normas, códigos, recomendaciones, diagnósticos y protocolos

más importantes de considerar en los ambientes de interiores:

1. Normas de calidad de interiores: especifica concentraciones máximas de contaminantes.

2. Normas para emisiones desde las fuentes: especifica los máximos de emisión para una fuente determinada.

3. Normas de ventilación: especifica los rangos mínimos de ventilación con aire exterior.

4. Códigos de edificación: asignan especificaciones en la construcción misma y en el proceso de construcción.

5. Recomendaciones de mantención: se refiere a procedimientos de operación y mantención de equipos o instrumentos utilizados en los interiores.

6. Diagnósticos y protocolos para las medidas de calidad del aire.

Actualmente se han establecido muy pocos estándares gubernamentales para calidad de aire de interiores. Organizaciones y autoridades del gobierno de Canadá han publicado estándares y recomendaciones para edificios no industriales, sugiriendo niveles máximos de exposición para contaminantes aéreos, así como requerimientos de ventilación, y que los estándares y recomendaciones para mantener una buena calidad de aire interior estén sujetos a dos consideraciones: la relación entre los niveles de contaminantes y la salud de los ocupantes de una edificación. Una concentración aceptable de un contaminante debería ser la máxima concentración permitida que no cause efectos adversos en la salud de las personas expuestas en ambientes interiores. El período de exposición debería ser específico para cada contaminante.

La Organización Mundial de la Salud ha publicado una guía de calidad de aire para 28 compuestos orgánicos e inorgánicos. En general, las recomendaciones para contaminantes en Europa están basados principalmente en reglamentaciones de ventilación, comodidad térmica y máximos permisibles para algunos contaminantes.

Posibles soluciones para la contaminación de interiores

Como consecuencia de la existencia de una gran variedad de contaminantes al interior de un edificio, la solución al problema de contaminación de interiores es compleja. Al momento de buscar las soluciones se deben tomar en cuenta diferentes factores que lleven a una remoción parcial o total de los contaminantes. Además, las medidas deben ser revisadas pensando en eliminar o minimizar las emisiones al interior e impedir, de algún modo, la infiltración de contaminantes del exterior. Desde este punto de vista, se pueden enumerar varias medidas utilizadas comúnmente en el tratamiento de los contaminantes:

Eliminación. Esto ocurre por remoción de los contaminantes o eliminación de las fuentes de emisión. Por ejemplo, remoción de paneles de asbesto, prohibición de fumar.

Sustitución. Uso deliberado de materiales menos tóxicos o no contaminantes.

Aislación. Encapsulado, apantallado, recubrimiento, alejamiento u otras formas de separar los contaminantes del contacto con las personas o el medio ambiente.

Diseño. En obras nuevas, seleccionar y verificar cuidadosamente los materiales de construcción, espacios, métodos de mantención y procesos de aislación.

Limpieza. Eliminación del polvo, mediante limpieza a fondo de todos los recintos del edificio. Además, se deben cuidar y mantener los equipos de limpieza.

Mantención y mejoramiento de los equipos electromecánicos

Educación y entrenamiento. El personal de una empresa y el público en general deben ser incluidos en la temática de la contaminación de interiores. Se debe educar en cuanto a los contaminantes ambientales, sus principales fuentes y posibles efectos para la salud de las personas.

Filtración y purificación. Se deben seleccionar y mantener cuidadosamente los equipos para filtrar u oxidar los contaminantes.

Ventilación. Se debe realizar un control de los contaminantes por dilusión.

Estudios efectuados en la Región Metropolitana demuestran claramente los efectos. El primero realizado en la calle Bandera, para estudiar los efectos de la infiltración del aire exterior al interior de los edificios, y otro, en una zona de extrema pobreza, en la comuna de La Pintana, principalmente para estudiar el efecto que producen diversos tipos de combustibles utilizados en calefacción.

La trasparencia muestra la medición simultánea de monóxido de carbono que se hizo en la calle Bandera y al interior de un edificio. En la parte superior se muestran los niveles de monóxido de carbono que se obtuvieron durante 24 horas al interior de una oficina; en la parte inferior se muestran los niveles de monóxido de carbono en la calle. La forma de las dos curvas son muy similares. Se puede observar claramente cómo incrementa el nivel de monóxido de carbono en el exterior, en horas peak de tráfico vehicular. Por ejemplo, a partir de las 18 horas y a partir de las 7 y 8 de la mañana. Se puede apreciar cómo este incremento que se observa en la calle, inmediatamente ocurre al interior por infiltración. El caso más interesante es que la concentración máxima de monóxido de carbono se obtuvo en la calle, con 23 partes por millón, a las 20.04 horas de la noche, y sólo seis minutos después, es decir, a las 20.10, se alcanzó la misma concentración al interior de la oficina. Pero lo más interesante es que este aire que se infiltró, prácticamente desde las 20 horas hasta las 3 de la mañana permaneció a concentraciones superiores a la norma del monóxido de carbono.

Una encuesta realizada en personas que trabajan en la calle Bandera versus personas que trabajan en un área no contaminada, como es la comuna de Curacaví, que se refiere a los síntomas y signos que han sido establecidos por la Asociación Americana del Tórax, indica claramente que las personas que trabajan en Bandera sufren entre tres y cuatro veces más ataques de tos, de estornudos, expectoraciones, silbidos al pecho, bronquitis, rinitis, irritación en los ojos, ojos rojos, sequedad en la garganta, fatiga permanente durante el trabajo y problemas de voz, lo cual indica que las personas que están trabajando en ambientes contaminados, respecto a personas que trabajan en ambientes más limpios, presentan efectos importantes en su salud.

Otro estudio realizado en la Municipalidad de La Pintana, en una zona de extrema pobreza, en el grupo habitacional 19, que ha sido clasificado, por la encuesta de caracterización socioeconómica, como una de las áreas con menor ingreso económico en la ciudad de Santiago, tuvo por objetivo identificar y cuantificar los principales contaminantes de interiores, caracterizar las fuentes más importantes, estudiar la asociación entre contaminación de interiores y presencia de signos, síntomas respiratorios y cambios en la función respiratoria.

Sería interesante ver algunos aspectos de tipo socioeconómico. El promedio de las viviendas estudiadas era de 33 metros cuadrados, el número de habitantes promedio por casa era de 6 y el de casas encuestadas 133. Es decir, en este promedio de 33 metros cuadrados habitan entre 2 y 15 personas, lo que revela los lugares donde la gente vive tremendamente hacinada. Sin embargo, el entorno de estas viviendas generalmente está dada por calles pavimentadas, pero en este sector había predios agrícolas lo cual garantizaba una calidad de aire exterior bastante mejor de la que existe en otras zonas de Santiago. Los materiales de construcción fueron principalmente la madera y el ladrillo, y el 14 por ciento correspondía a pisos de tierra y aproximadamente el 40 por ciento de las murallas no tenía ningún tipo de revestimiento.

En términos de síntomas y signos de enfermedades respiratorias, el 75 por ciento de los individuos encuestados señalaron que existían problemas respiratorios en el período de invierno. La mayor parte de las personas resfriadas tenían tos, combustión o flemas, y las frecuencia de bronquitis alcanzaba al 62 por ciento y de bronquitis obstructiva al 50.

El material particulado fue de 1,3 veces promedio mayor en el interior, en bióxido de azufre casi 5 veces, el monóxido de carbono alrededor de 4 y los hidrocarburos policísticos aromáticos alrededor de 7 veces, más concentrados en el interior que en el exterior.

La concentración del material particulado PM 10 durante las horas de calefacción, mediante distintos tipos de combustibles. En esta parte se pueden apreciar la concentración de material particulado producida por leña y observar que la concentración promedio obtenida durante las horas de calefacción alcanzó casi los 500 microgramos por metro cúbico.

También se puede observar la norma que es de 150 microgramos por metro cúbico y lo que se utiliza para decretar emergencia en Santiago, que es a nivel de 330 microgramos por metro cúbico, lo que se llama nivel de calidad de aire 500, y se puede observar que en las habitaciones en donde se usó leña las concentraciones fueron superiores a los períodos de emergencia, aunque esto ocurrió durante el período de calefacción y, sin embargo, al hacer un monitoreo en tiempo real, este efecto no sólo se presenta durante la hora de calefacción, sino que se extiende un poco más allá debido a que la ventilación de estas viviendas es bastante mala.

En general, se puede decir que tanto para la leña, el carbón, la parafina y el gas las concentraciones de material particulado al interior de estas viviendas superaron los 240 microgramos por metro cúbico, que es lo que se emplea para decretar preemergencia y que en el caso de la leña estas concentraciones fueron superiores a lo que se utiliza para decretar emergencia. Ahora, ¿qué sucede con el monóxido de carbono?

Se aprecia que para el caso del monóxido de carbono la norma de ocho horas es de nueve partes por millón, la cual fue sobrepasada durante los períodos de calefacción tanto en las casas que utilizaron leña, carbón, parafina y gas, siendo nuevamente la leña y el carbón los combustibles más contaminantes.

Si se analiza el caso de una casa habitación que utilizó leña, en la cual para el monóxido de carbono se refleja el promedio horario durante dos horas de calefacción, la concentración de monóxido de carbono prácticamente supera la norma, aun tres horas después de apagado el sistema de calefacción.

Durante el período de encendido del sistema de calefacción, en este caso la leña, la temperatura interior alcanzó a 18 grados. La Organización Mundial de la Salud recomienda una temperatura óptima al interior de las viviendas del orden de 20 grados. Por lo tanto, aun implementando este sistema de calefacción, no se alcanzó la temperatura óptima, pero lo más interesantes es que, una vez apagado el sistema de calefacción y que corresponde a la noche, la gente estuvo durmiendo en esas viviendas a una temperatura de 7 grados, es decir, 13 grados más bajos de lo que recomienda la OMS.

Por otra parte, la humedad de estas viviendas fue bastante alta, del orden del sesenta y tantos por ciento, en circunstancia de que la recomendación de la OMS es de bajo cincuenta. Aquí entran una serie de hábitos que son muy importantes, como por ejemplo, en algunas casas se observó que la gente que se calefacciona seca su ropa al interior de las viviendas, lo cual en términos de salud es poco recomendable.

Esto mismo refleja lo que sucede con el bióxido de azufre, en donde nuevamente se sobrepasó la norma durante las horas de calefacción y las concentraciones de bióxido de azufre siguieron sobre la norma después de apagado el sistema de calefacción. Esto es lo que ocurre con material particulado, en que se llegó a concentraciones casi superiores a los 500 microgramos por metro cúbico y que la concentración de material particulado al interior de la vivienda, prácticamente, sobrepasó la norma casi 4 ó 5 horas después de apagado el sistema de calefacción.

Esto representa las concentraciones que se obtuvieron para hidrocarburos policísticos aromáticos. El carbón y la leña resultaron una fuente muy importante de sustancias de tipo cancerígeno.

Conclusiones:

El 90 por ciento de las viviendas utilizaban algún sistema de calefacción durante el período de invierno y la mayoría corresponde a un sistema altamente contaminante.

La mayoría de las casas que utilizaban combustibles contaminantes como leña, carbón, parafina y gas superaron las normas de material particulado PM 10 y SO2 para 24 horas y CO para 8 horas.

Las concentraciones promedios fueron superadas drásticamente durante las horas de calefacción, hasta 9 veces más alto que en las casas donde no se utilizaba calefacción.

Los combustibles más contaminantes fueron la leña y el carbón. Las concentraciones promedio de los contaminantes interiores fueron significativamente superiores a las obtenidas en exteriores.

Si bien es cierto en la zona donde se realizó este estudio la calidad del aire no es tan mala como en el resto de la ciudad, al interior de la población estudiada es muy mala y representa un alto riesgo para la salud de las personas.

Los contaminantes determinados al interior de la vivienda tenían sus principales fuentes emisoras al interior de ellas. Si bien es cierto este estudio representa una situación puntual de una zona de extrema pobreza en la provincia de Santiago, vale la pena tomar consideraciones en lo que esto representa en otras áreas del país, especialmente en la zona sur donde la gente, generalmente se calefacciona con leña y en algunas casos a carbón, sistemas que como se puede demostrar a través de este estudio son altamente contaminantes.

Es indudable que la mala calidad de aire de interior constituye un factor de riesgo para la población, tanto para las personas que habitan en áreas rurales como en las grandes ciudades. Lo que se respira en interiores, ya sea en el hogar, lugar de trabajo, lugares públicos o medios de transporte, tiene mayor riesgo para la salud de lo que se respira en el aire exterior aun en ciudades muy contaminadas. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha ubicado la contaminación de interiores entre 18 factores de riesgo de cáncer de la población de Estados Unidos. En países en vías de desarrollo en áreas rurales, la contaminación de interiores deriva del uso diario de combustible para cocinar o calefaccionar, muchos de éstos son de biomasa, los cuales producen contaminantes altamente tóxicos y las viviendas no han sido diseñadas con sistemas eficientes de ventilación. Lo mismo ocurre en las grandes ciudades, especialmente en zonas de extrema pobreza, donde los efectos de los contaminantes se exacerban por la falta de higiene, hacinamiento y frío. Estos niveles de exposición tienen efectos importantes en salud, tales como infecciones respiratorias agudas, enfermedades pulmonares y respiratorias crónicas y cáncer. Se estima que 400 a 500 millones de personas en países en vías de desarrollo sufren este tipo de enfermedades, especialmente niños, mujeres y ancianos. Es indudable que las enfermedades más comunes y asociadas con la contaminación de interiores son las infecciones del tracto respiratorio debido a virus, bacterias y otros organismos que son transmitidos de persona a persona mediante la tos, estornudos, contactos a través de la piel e ingestión de alimentos contaminados con partículas infectadas.

Muchos años de investigación no han contribuido con nuevos métodos efectivos para reducir el riesgo de transmisiones de estas enfermedades. Lo más efectivo viene siendo el uso eficiente de sistema de ventilación y evitar el hacinamiento.

Mitigar el problema de contaminación de interiores requiere de la acción concertada en varios frentes. Se debe estimular el uso de combustibles más limpios, el diseño de viviendas mejor ventiladas y con materiales menos contaminantes, se debe impulsar campañas de educación a la población sobre uso de agentes químicos en el hogar, el uso de un apropiado sistema de calefacción y cocción, la necesidad de ventilación, limpieza e higiene, la prevención de la exposición es la mejor alternativa para proteger la salud de la población y para mejorar su calidad de vida.

En Chile, el tema de calidad de aire interior ha sido muy poco estudiado. La población y las autoridades todavía no han tomado conciencia de su importancia. A modo de difundir el tema, el año 1995 se organizó el primer encuentro Latinoamericano de Contaminación de Interiores sobre el cual un grupo de expertos internacionales elaboró unas recomendaciones acerca de lo que el país debía hacer, que aparecen en un libro publicado el año 1997, “Calidad del aire interior y sus efectos en la salud humana”, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud.

Algunas recomendaciones que hizo el grupo de expertos, pueden resumirse de la siguiente manera:

Informar a la opinión pública sobre el tema de la calidad de aire interiores, respondiendo preguntas tales como:

¿Qué es la contaminación de aire de interiores? ¿Cuáles son las principales fuentes?

¿Por qué el conocimiento de la calidad de aire de interiores es importante?

¿Por qué la exposición por inhalación de contaminantes representa un riesgo para la salud humana?

¿Por qué se debe considerar los alérgenos y agentes infecciones al evaluar un problema de contaminación de interiores?

¿Cómo pueden las personas reducir los niveles de contaminantes y el riesgo asociado a la contaminación de espacios interiores?

¿Cuáles son los costos en salud para la población y en la productividad de los trabajadores que paga la sociedad por una mala calidad de aire?

También se recomendó realizar una investigación sobre mediciones de contaminantes interiores y controles de fuentes. Entre ellos está desalentar el uso del carbón y la leña como combustibles de calefacción si no se cuenta con sistemas adecuados de combustión; desalentar el hábito de fumar en espacios cerrados y mal ventilados; adecuar espacios separados, bien ventilados para uso de fumadores; desalentar la presencia de mascotas al interior de las viviendas; limitar el uso de solventes y otros agentes químicos peligrosos a espacios exteriores o áreas específicas bien ventiladas.

En términos de legislación, promover la aplicación de incentivos que favorezcan la edificación de viviendas y edificios saludables que permitan, junto con el ahorro de energía, tener una buena calidad de aire de interiores.

Promover la aplicación de incentivos que estimulen la instalación en viviendas y oficinas de estufas y calefactores con alta eficiencia en el uso de energía y con bajas emisiones de contaminantes.

Como medida de prevención, mientras se realizan estudios para legislar, utilizar para interiores los índices de calidad de aire establecidos en la legislación actual para aire exterior.

Promover una revisión de las normas de ventilación de aire, de modo que no sólo estén dirigidas al confort térmico, sino también a la calidad de aire interior.

Promulgar una legislación que requiera que los parámetros de ventilación diseñados se hayan implementado antes de que se ocupe un edificio. Esto es tremendamente importante por los ejemplos que hemos visto de las intoxicaciones con monóxido de carbono.

Promulgar una legislación que requiera de inspecciones periódicas de los parámetros de ventilación aprobados antes de la ocupación para asegurar la mantención de las especificaciones de ventilación durante el funcionamiento de los edificios.

Promover en poblaciones sensibles, principalmente de extrema pobreza, la protección del aire en interiores, subsidiando materiales de construcción para mantención de sus hogares, combustibles limpios (como la electricidad) y sistemas de calefacción no contaminantes.

Promover y apoyar los estudios de calidad de aire interiores que permitan evaluar y definir las principales fuentes de riesgo para la salud de la población en interiores.

Respecto de la situación actual de la contaminación de interiores en Chile, la autoridad de gobierno que corresponda, deberá formar un comité especial para:

a) Determinar el estado del conocimiento del problema de contaminación de interiores en Chile.

b) Ayudar a evaluar las principales fuentes de riesgo para la salud humana en interiores.

c) Definir los pasos que se deben seguir para mejorar la calidad de aire de interiores de viviendas, lugares públicos y comerciales. Entre éstos se deben incluir la educación, legislación y necesidad de investigación.

En los países desarrollados todas estas normas están basadas en el conocimiento científico. Reitera la necesidad de promover la investigación científica en el área ambiental y que aquellos organismos que financian la investigación científica en Chile deben dar prioridad a este tipo de estudio, especialmente en lo referido al problema de contaminación del aire que, al menos en Santiago, afecta al 40 por ciento de la población chilena.

En lo que dice relación con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, el señor Gil señaló que se iban a realizar algunos estudios a través de concursos públicos, donde podrían participar todos los investigadores con algún grado de calificación o de interés y ser resueltos por comités. Son muchos los estudios que se realizan en este país con concursos cerrados, en los cuales no se permite postular a todos los investigadores; que cuando participen consultores extranjeros, haya una participación importante de profesionales chilenos, de manera que el “know how” quede en el país.

El Diputado señor Arratia sostuvo sobre la base de las cifras dadas que la contaminación intradomiciliaria es muy superior a la que se produce fuera de los hogares en la Región Metropolitana y por períodos más prolongados. Los meses en que se utiliza calefacción, sea a carbón, leña o gas, son más que los períodos críticos de contaminación en la Región Metropolitana. Con frecuencia se superan las normas máximas y en muchas oportunidades sobre 500 microgramos diariamente. No una vez al mes ni cada quince días, sino todos los días, porque la calefacción se usa todos los días. Por lo tanto, si esas cifras son ciertas, la gravedad que esto reviste es muy importante.

Requirió, además, antecedentes sobre estudios comparativos respecto de la incidencia de cáncer pulmonar o afecciones respiratorias entre poblaciones que utilizan estos sistemas de calefacción contaminantes dentro de la ciudad o aquellas que no los utilizan. Por ejemplo, en la zona norte del país los períodos de bajas temperaturas son pocos, por lo tanto los medios de calefacción que se utilizan, que son contaminantes, no son tantos. ¿Existe alguna relación entre los grados de contaminación entre dos poblaciones diferentes con las patologías broncopulmonares, cáncer o de otro tipo?

Los resultados específicos obtenidos se refieren a un área determinada, en la cual se ha realizado el estudio de las condiciones en que viven esas personas, lo cual no necesariamente puede ser generalizado al resto de la población de Santiago o a otras regiones. Además, tenemos un ejemplo específico de lo que puede ocurrir con distintos tipos de contaminantes.

En términos de concentraciones de contaminantes en el interior de las viviendas, el factor ventilación es muy importante, al igual que la calidad del combustible que se utiliza. De manera que la educación de las personas respecto del problema cumple un rol fundamental.

La tasa de cáncer pulmonar es más alta en la Segunda Región, donde normalmente esto no podría ser atribuido a un problema de contaminación intradomiciliaria, sino al arsénico. Se desconocen cifras comparativas de otras regiones.

¿Cuál es la incidencia de la contaminación interior versus la exterior?

El estudio de la calle Bandera muestra que hay un efecto de infiltración del aire exterior. Entonces, la calidad del aire interior está dada por lo que se genera al interior de la vivienda más lo que se infiltra.

Por lo tanto, es muy difícil establecer la contribución de cualquiera de estos dos tipos de contaminaciones en la incidencia de enfermedades respiratorias.

El Diputado señor Arratia preguntó por la utilidad práctica de algunos métodos comerciales para filtrar el aire de las casas, a lo cual se le respondió que existen diversos métodos. Por ejemplo, instrumentos que pueden precipitar partículas por cargas eléctricas o absorberlas a través de filtros.

Así por ejemplo, se utilizó un equipo para reducir partículas, que funciona muy bien con un filtro EPA, el cual queda muy negro.

Existen algunos sistemas de retención de gases. Es decir, existen tecnologías que permiten reducir la contaminación de interiores, pero la mayor parte de ellas están al alcance sólo de algunos estratos de la población, porque son muy caros.

En los países nórdicos, en Finlandia, la población gasta mucho tiempo en interiores, pues tienen una conciencia muy clara del problema. Uno de los factores más importantes para que una persona adquiera una vivienda son las normas de calidad de aire interior. Esto significa que en Finlandia no tienen regulaciones impositivas respecto de la calidad de aire en interiores. Sin embargo, son los demandantes de la vivienda quienes exigen buenas construcciones de acuerdo con buenos criterios de calidad de aire. Es decir, aquí la educación pasa a ser fundamental y es el mercado el que regula que los edificios se construyan utilizando el concepto de calidad ya aludido.

El Diputado señor Delmastro señaló que llama la atención que casas de 33 metros cuadrados almacenen 90 metros cúbicos de aire, lo que hace que la capacidad de dilución de los contaminantes de interiores sea precaria.

Asimismo, expresó su preocupación por las cifras entregadas por el doctor Gil respecto del PM 10, por cuanto, de alguna forma, la casa está en contacto con el ambiente externo, lo que produce infiltraciones desde el exterior al interior y viceversa. Si ello es así, ¿en qué medida afecta el interior de la vivienda el grado de contaminación exterior?

El señor Gil respondió que se debe considerar que las viviendas no están selladas y que existe una dinámica de concentración que circula desde el exterior al interior y viceversa. Ahora bien, como se trata de viviendas muy pequeñas y con mala ventilación, es evidente que la contaminación comienza a acumularse. Si la contaminación interior es mayor, los contaminantes tienden a salir y diluirse. En el caso descrito, las viviendas estaban situadas en un área semiagrícola, por lo que la contaminación exterior era reducida, y a pesar de emplazarse en una zona de extrema pobreza, la mayor parte de las calles estaban pavimentadas. Era algo que no esperábamos.

La educación juega un papel fundamental en este tema. En algunas de las viviendas que se visitaron se pudo apreciar que en pequeñas habitaciones se concentran actividades sociales en torno de un sistema calefactor, donde por lo demás conviven perros, gatos, humedad y personas.

El Diputado señor Olivares preguntó acerca de cuál es el grado de incidencia que ejerce la contaminación intradomiciliaria en las insuficiencias respiratorias agudas, por cuanto, este tipo de cuadros se presentan generalmente en el invierno. ¿Existe algún estudio comparativo que considere la relación temperatura/contaminación y su incidencia en este tipo de enfermedades en ciudades como Santiago y Concepción?

Pese a que el Ministerio de Salud posee datos importantes en relación con esas ciudades, no es posible dar respuesta a esta interrogante, porque los estudios sobre contaminación intradomiciliaria son escasísimos. Se hizo un estudio en Temuco a petición de una organización no gubernamental que estaba preocupada de la contaminación de esa ciudad. A pesar de que el trabajo se centró en la contaminación de interiores, se pudo constatar la gran polución exterior. Esa constatación fue muy importante, porque hasta ese entonces se decía que Santiago era la única ciudad que presentaba este problema. A raíz de ese estudio se comenzaron a destinar recursos para realizar monitoreos en regiones y se modificó la legislación con el objeto de decretar estados de preemergencia y emergencia.

El Diputado señor Arratia consultó si el factor temperatura de alguna forma incide en los problemas broncorrespiratorios, en especial en los niños.

Los índices de contaminación intradomiciliaria muestran la mantención durante dos o tres horas luego de apagado el sistema de calefacción, aun cuando la temperatura intradomiciliaria cae en forma violenta. Ello podría llevar a sostener la hipótesis de que el factor temperatura, que siempre ha sido ponderado como muy importante en los problemas broncorrespiratorios, no sería tan importante como el grado de contaminación, que tendría un efecto mucho más prolongado no sólo fuera de las habitaciones, sino también dentro de ellas.

Concluyendo, el señor Gil manifestó que dentro de los factores de riesgo se encuentran los niveles de contaminación y la baja temperatura. En los casos señalados, ambos factores están presentes, de modo que inciden en las enfermedades respiratorias.

El Diputado señor Olivares señaló que al analizar los altos índices de estas insuficiencias respiratorias agudas es claro que estas coinciden con el invierno, los períodos de más baja temperatura, donde obviamente se usa mucho más calefacción, tal vez se puede concluir que la contaminación intradomiciliaria tiene relación mucho más directa con este tipo de enfermedades, que la contaminación extradomiciliara, habida cuenta de que en los meses de verano también hay contaminación extradomiciliaria, que muchas veces supera la norma. Sin embargo, las insuficiencias respiratorias agudas no aparecen con el mismo grado de intensidad que en el invierno.

El señor Gil expresó al respecto que era evidente que las condiciones de contaminación en el verano e invierno, y la incidencia de las enfermedades respiratorias son muy distintas.

Otro factor importante de considerar es la época de verano, cuando las viviendas generalmente están mucho más ventiladas, no se usan sistemas de calefacción y pueden generarse otros contaminantes. Sin embargo, si la calidad del aire exterior no es buena, va a influir en la calidad de aire interior.

En el caso específico de Santiago, el problema de contaminación exterior en el invierno es de material particulado y monóxido de carbono. En períodos de primavera y verano, es de ozono.

Si bien es cierto, aparentemente, la ciudad parece limpia, superamos muchos días en el verano y en la primavera el porcentaje aceptable de ozono, que es otro tipo de contaminante que también produce enfermedades respiratorias. Ahí, la contaminación exterior pasa a jugar un rol importante.

Los países desarrollados generalmente tienen índices de calidad de aire muy buenos, y los países en vías de desarrollo, especialmente con climas fríos, tienen bastantes problemas de contaminación. Entonces, ambos factores son importantes: la contaminación externa y la contaminación interna, teniendo en cuenta los problemas de infiltración.

El Diputado señor Girardi formuló un comentario respecto de la temperatura y la contaminación, en donde se produce una sinergia entre bajas temperaturas y niveles de contaminación intradomiciliaria. Es decir, no son dos factores aislados que operan cada uno por su cuenta, lo que se ha visto sobre todo en los pequeños lactantes, niños menores de un año o menores de seis meses, que habiendo contaminación intradomiciliaria, lo que agrava los cuadros sobre todo en términos de aparición de bronconeumonias es que se juntan al mismo tiempo bajas temperaturas y contaminación intradomiciliaria. Eso apunta un poco a la solución. Así como las casas en Chile son antisísmicas, deberían ser térmicas, porque esa solución resuelve ambos problemas. Primero, mantiene la temperatura. Por lo tanto, calefaccionando la casa un tiempo adecuado, con una emisión evidentemente contaminante lo menos posible se va a poder mantener esa temperatura durante un largo tiempo y vamos a tener calefaccionada la casa, y no va a pasar que al sacar la calefacción y la pérdida de concepción térmica de la vivienda bajara cerca del 70 por ciento y en forma muy brusca. Con casas con tecnología y una concepción antitérmica, se va a mantener la temperatura; se va a tener necesidad de emitir mucho menos para alcanzar la misma temperatura. Se necesitará menos combustión.

En Chile, sobre todo en las ciudades de Santiago y sur del país, se requiere con urgencia que todas las casas cuenten con tecnología antitérmica, porque resolvería el problema. En invierno se duplica la exposición de contaminantes a los cuales está expuesta la persona en exterior, si es al interior. Por lo tanto, hay una medida que se debería promover y propiciar, a través de leyes, así como se les exige a las casas un conjunto de medidas asísmicas.

El señor Gil ponía como ejemplo el efecto del plomo, en Alemania cuando hubo una contaminación de un material tóxico que era más grave. Era dioxina. Observó cómo una cantidad de suelo de un cierto espesor en una zona muy amplia fue removido, sacado y tratado, cosa que no ha ocurrido en la zona de los acopios. Eso quedó igual. Por lo tanto, es una zona contaminada. Ahí va a haber siempre partículas que se van a movilizar y van a llegar dentro de la casa, a pesar de que estén en los sitios de acopio. Lo mismo sucede en Santiago y en otras ciudades, donde, muchas veces, las zonas más populares están llenas de sitios eriazos, que son verdaderos depósitos de basuras tóxicas peligrosas, que, al final, terminan conviviendo dentro de la casa, porque las trae el niño en la ropa cuando va a jugar a la pelota.

Además, tenemos otro tipo de contaminantes, los plaguicidas y pesticidas, que se suman, en términos de cargas de contaminantes por uso indiscriminado, a la exposición que está teniendo una persona. Por lo tanto, considera muy importante si se pudiera trabajar en la generación ciertos instrumentos legales, que apunten a hacer térmicas las casas y a hacer obligatorio el tratamiento de los residuos peligrosos en este país, para que no queden depositados, acopiados clandestinamente, cerca de las viviendas, exponiendo a la gente que vive dentro a niveles de contaminación muy alto.

Refiriéndose al tema de la pintura, el Diputado señor Rojas preguntó si existía algún estudio al respecto. Si bien hay algunas pinturas que son especiales para ciertos rubros, como “Baco”, que se especializa en la parte automotriz o la situación que vimos recientemente, ¿tienen conocimiento de que en la actualidad eso haya disminuido o se siguen elaborando las pinturas en las mismas condiciones en que se hacían en años anteriores?

Frente a lo anterior, el señor Gil respondió que no existía ningún tipo de estudio, pero que había una reglamentación referente al contenido de plomo en las pinturas. Ahora, hay que distinguir dos situaciones, aquellas pinturas en las cuales se utilizan solventes orgánicos y el proceso del pintado mismo durante el cual hay una exposición bastante importante. En los países desarrollados existen regulaciones muy estrictas respecto a la elaboración de pinturas, en especial a las que se utilizan en vivienda.

L) Sociedad de Fomento Fabril.

Asistieron los señores Jaime Dinamarca y Andrés Concha , Gerente de Medio Ambiente y Secretario General de la Sofofa , respectivamente.

El señor Concha señaló que para la Sofofa el Plan de Descontaminación de Santiago constituye un motivo de especial preocupación. Después de analizarlo le encontraron una serie de deficiencias que considera necesario dar a conocer con miras de poder implementar un plan que permita garantizar el objetivo que se pretende, cual es descontaminar Santiago .

Siendo la industria una parte de los problemas que se pretende superar, el Plan va a fracasar justamente por la ausencia de metas claras, obligaciones específicas y mecanismos de fiscalización que permitan garantizar que lo que establezca el Plan se pueda cumplir.

Están muy conscientes de que a esta altura del desarrollo de Santiago tienen poca responsabilidad, o una responsabilidad menor respecto de su contaminación. Sin perjuicio de lo anterior, se mostraron interesados en que se establezca un Plan efectivo que realmente permita descontaminar la Región. De otra manera, ven que el debate se puede distorsionar enormemente y dirigirse hacia otros objetivos que son confusos.

Permanentemente se escucha el planteamiento de que hay que sacar las industrias de Santiago. Por ese camino no sólo no se consigue el objetivo, sino que, además, se incurre en costos gigantescos para todas las personas que habitan Santiago y, a la larga, se evade la solución del problema, toda vez que éste se resuelve con medidas distintas de las que se han tomado en el Plan de Descontaminación.

El señor Dinamarca inició su exposición haciendo referencia al decreto supremo Nº 4, de 1992, del Ministerio de Salud, que dispuso un congelamiento de las emisiones del parque industrial metropolitano y también una meta de reducción que se concretó a partir del 1 de enero de 1993, una norma de concentración máxima de 112 miligramos por metro cúbico con otra norma de carga diaria, que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de este año.

Dicho cuerpo legal señala que los estudios realizados por la Intendencia de la Región Metropolitana indican que el 20 por ciento de las emisiones de material particulado respirable provienen de la industria. Además, que el valor de 150 microgramos por metro cúbico normal de partículas respirables, como concentración media aritmética diaria, es superada en forma reiterada entre los meses de abril y agosto.

Como resultado de ese diagnóstico se determinó que para alcanzar las normas de calidad del aire, a las industrias les corresponde contribuir en este plan de reducción de emisiones, mediante el cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo que se fijan en el citado decreto.

Agregó que los empresarios requieren de un tiempo razonable para realizar las transformaciones técnicas necesarias a fin de lograr una reducción de las emisiones de sus procesos industriales y que, adicionalmente, es necesario tener reglas claras y estables para el adecuado desenvolvimiento de la actividad económica nacional, especialmente en lo que se refiere a decisiones de nuevas inversiones.

Como resultado de estos considerandos, el decreto supremo Nº 4, del Ministerio de Salud, de 1992, estableció que las fuentes estacionarias no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 112 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar, otorgando plazo hasta el 31 de diciembre de 1992 para alcanzar la norma de emisión señalada. Es decir, el 1 de enero de 1993 todas las fuentes fijas de la Región Metropolitana, incluidas las industrias prioritariamente, debían cumplir dicha norma. Además, se estableció una carga diaria fijada sobre la base de una fórmula, que significaba que a partir del 1 de enero de 1998 las fuentes fijas debían reducirse a la mitad; es decir, al 50 por ciento de las emisiones autorizadas al 1 de enero de 1993.

Ése fue el contexto normativo que instauró la autoridad en ese momento para comprometer a la industria en el Plan de Descontaminación anunciado por la Comisión de aquella época.

¿Cuál fue el resultado de este Plan?

En el año 1990 se tenían registradas 1.207 fuentes fijas que emitían 22,5 toneladas al día, lo que hacía 8.213 toneladas al año. Esto constituía el 20 por ciento de las emisiones totales de material particulado respirable en la Región Metropolitana.

El año 1997 se predijo un aumento a 5.432 fuentes fijas y una reducción a 8,7 toneladas diarias de material particulado, lo que da 3.176 toneladas anuales. Esto representa el 7,6 por ciento de las emisiones totales de material particulado, cifra que es la línea de base del Plan de Descontaminación y que se ha venido analizando en estas últimas semanas.

El año 1998, de acuerdo con las cifras oficiales entregadas por el Sesma, la cifra de fuentes fijas es de 5.777 y la emisión diaria sigue bajando a 5,3 toneladas. Esto representa 1.938 toneladas al año y 4,8 por ciento del total de las emisiones diarias.

La cifra que aparece en el cuadro Reducción de Contaminantes con Gas Natural corresponde a la que se dieron en una conferencia de prensa efectuada por Proceff (Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas), Sesma , Conama y Metrogas con ocasión de la incorporación de la empresa número 200 a la red de gas natural, la que, manteniendo el número de fuentes fijas, registra una baja mayor a 3,2 toneladas diarias, es decir, las 1.164 toneladas anuales corresponden, más o menos, al 3 por ciento del total de las emisiones de la industria en el contexto regional.

Por lo tanto, hoy el sector industrial metropolitano genera el 3 por ciento de las emisiones diarias de la Región Metropolitana, es decir, 1.164 toneladas.

Con la incorporación del gas natural se registra una reducción muy significativa de material particulado respirable, de 50 por ciento en promedio, de óxido de nitrógeno, de anhídrido sulfuroso, de monóxido y de compuestos orgánicos volátiles.

En algún momento se señaló que la incorporación masiva del gas natural en el sector industrial y en el parque automotor iba a producir un alza del óxido de nitrógeno -el precursor del ozono-, lo que no es efectivo.

Respecto de la evolución de las fuentes fijas -información proporcionada por la Conama-, las 1.207 que existían en 1990 han aumentado en forma sostenida a 5.777 en 1998. De manera que las cifras oficiales de 22,5 toneladas-día, por 1.207 fuentes fijas, se baja a 5,3 toneladas, sin considerar la incorporación del gas natural.

Por lo tanto, para controlar el problema de la contaminación atmosférica en la Región Metropolitana no necesariamente hay que congelar la ciudad. Es posible congelar las emisiones atmosféricas, permitiendo el desarrollo normal de las actividades productivas, incluso su incremento, sin que ello signifique un aumento de la contaminación. La mejor demostración es lo que ha ocurrido con el parque industrial metropolitano.

El señor Dinamarca exhibió otro gráfico que mostró el impacto ambiental atmosférico de los sectores industria, comercio y construcción, como lo establece el Plan de Descontaminación en el inventario de bases de 1997. Las 3.176 toneladas anuales corresponden al 7,6 por ciento del total de las emisiones atmosféricas de 1997. El material particulado respirable, en las calles, corresponde al 80 por ciento. En materia de monóxido y óxido de nitrógeno, las fuentes móviles son infinitamente superiores, lo que se reduce con el gas natural. Los compuestos orgánicos volátiles, que corresponden a fuentes móviles, servicentros, etcétera, son los mayores aportadores de este precursor del ozono.

En anhídridos sulfurosos, si bien la industria es mayoritaria, hay que destacar dos elementos importantes: la reducción del anhídrido sulfuroso con gas natural que es casi de un noventa y tantos por ciento, cifra ya obsoleta; además, con los monitoreos realizados con la red Macam en los últimos siete u ocho años en la Región Metropolitana, nunca se ha podido establecer que la norma de anhídridos sulfurosos ha sido sobrepasada. Es decir, jurídicamente, de acuerdo con la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Santiago no está contaminado de anhídridos sulfurosos, porque no se ha sobrepasado el límite máximo establecido en la norma de calidad, ni siquiera estamos en el nivel de latencia. No obstante, el Plan impone la reducción del anhídrido sulfuroso, porque se estima que es un precursor del material particulado.

El Diputado señor Leay señaló que según información proporcionada por la Conama, aproximadamente el 39 por ciento de las emisiones anuales es generado por calderas industriales, que podrían haber introducido el gas natural. Sin embargo, el 55 por ciento de estas emisiones provenía de procesos donde el gas no tenía mayor participación. Entonces, ¿se ha mejorado tanto en procesos como en calderas industriales o sólo en estas últimas?

El señor Dinamarca respondió que producto de la incorporación masiva del gas natural en los últimos cinco o seis meses, el Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Universidad Católica, por encargo de Metrogas, ha registrado que la baja ha sido mayor en los procesos. Eso se explica porque las calderas que fueron reconvertidas a gas natural ya estaban usando un combustible menos contaminante. Por lo tanto, la reducción no fue tan abrupta, como ocurrió en hornos y procesos.

En conclusión, como lo señaló el Subsecretario General de la Presidencia , señor Sergio Galilea , en el seminario con la comunidad organizada de la Región Metropolitana para ver el seguimiento del plan, no obstante haberse duplicado la actividad económica, el incremento de las emisiones atmosféricas se mantuvo bajo control. Ese es el diagnóstico que compete al sector industrial metropolitano. Hubo un incremento sustantivo y relevante en el empleo y en el número de fuentes fijas, pero a la vez una reducción significativa en sus emisiones atmosféricas.

¿Qué dice el plan respecto de la industria? Señala que se debe conseguir una reducción del 50 por ciento de las emisiones de material particulado y de polvo suspendido de aquí al año 2011. En las demás fuentes, transporte e industrias, la reducción del 50 por ciento es al año 2005.

El sector industrial, el año 1997 emitía 3.176 toneladas, la reducción es 1.588 al año 2005. Eso es el 50 por ciento. Sin embargo, según se señaló, hoy estamos en 1.164 toneladas.

Por lo tanto, el sector industrial debería sentirse tranquilo y satisfecho de anunciar que la meta que le establece la autoridad para el año 2005 la han adelantado a 1998. Pero no están tranquilos, porque el plan de descontaminación luego de decirles que tienen que llegar a 1.588 toneladas en el año 2005, dispone en el artículo 11 que se debe modificar el decreto supremo Nº 4 en el sentido de que a partir de 1 de enero no habrá más emisión diaria que las que resulten de aplicar esta fórmula, que puede aparecer muy extraña. Anuncia un ejemplo. Una empresa que tiene una caldera de 4 mil metros cúbicos diarios, si se multiplica esa cifra por 24 horas va a dar la mitad de lo que esa empresa tenía autorizado a emitir antes del 1 de enero de 1998. Si se multiplica ese mismo caudal por 50 y luego por 32, se va a tener que la reducción impuesta a la industria no es un 50 por ciento, sino 72 por ciento. Por ejemplo, una industria que de acuerdo con el decreto supremo Nº 4 no podía emitir más de 112 mg/m3 de material particulado a partir de 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1997, de 4 mil metros cúbicos de caldera de caudal, le daba 10,8 kilos día. Se multiplican los 4 mil metros cúbicos por 00122 miligramos, por 24 horas y da el nivel de carga máxima diaria permitida a la industria, 10,8 kilos día. Si le aplicamos la norma de 56 mg/m3 que rige a partir del 1 de enero de 1998, debe reducir automáticamente a la mitad, a 5,8 kilos, y si se aplica la norma de 50 miligramos luego de 32, la industria en 1997 estaba autorizada a emitir 10,8 kilos, debe bajar a 3 kilos al año 2005.

Entonces, se nota una incongruencia aparente que hasta el momento no se logra explicar, porque se les dice por un lado que las 3.176 toneladas anuales del sector debían bajar a 1.588, pero cuando se modifica el decreto supremo Nº 4 y se lleva a la práctica, se les da una reducción de 72 por ciento y no de 50 por ciento. Es el caso real de una empresa que a partir de esta evaluación resolvió cerrar la planta de Santiago y ampliar la de Buenos Aires, porque no podía bajar a 72 por ciento.

Bajar el 72 por ciento es contrario a lo que señalaba el decreto supremo Nº 4 de 1992, que estableció que era necesario tener reglas claras y estables en la actividad económica. A su vez, constituiría una infracción a la Ley de Bases del Medio Ambiente, cuyo artículo 45, letra f), dice que el plan de descontaminación debe señalar la proporción en que deberán reducir sus emisiones las actividades responsables de la emisión de los contaminantes, la que deberá ser igual para todas ellas. Lo subraya la Ley de Bases del Medio Ambiente, y también representa un contrasentido con el artículo 5º de la misma ley, que proyectando el principio de igualdad ante la ley, que es garantía constitucional, ordena que las medidas de protección ambiental que aplique la autoridad no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazos y exigencias.

Esto, para el sector industrial, habida cuenta del descenso sostenido en sus emisiones industriales, representa un escenario de inestabilidad y de incertidumbre jurídica bastante complicada.

El sector industrial siente que no obstante todo el esfuerzo y la interesante proyección que hacen respecto de las metas, que para el sector industrial ya están cumplidas, se les vuelven a cambiar las reglas en el decreto Nº 4, de manera que antes que reducir el polvo de las calles tienen que reducir el PM 10 de la industria y, además, en un enfoque que jurídicamente no les resulta claro, porque aplicando las fórmulas que tiene el decreto Nº 4 y que se modifica en el plan, les da una reducción de 72 por ciento.

¿Qué dice el plan respecto del PM 10 proveniente de las calles? De las calles proviene el 80 por ciento de las emisiones de material particulado respirable. Causa importante de estas emisiones es el déficit que existe en infraestructura, en la red vial y en el sistema de captación de aguas lluvia. Se producen las inundaciones, queda barro, después se seca y empieza el círculo ya conocido. Otras son las bermas de tierra de las calles.

El plan señala que de aquí al 2005 las calles van a reducir un 25 por ciento. Si se aplica la norma del decreto Nº 4 a la industria, la reducción para el sector es 72 por ciento.

Una consultora preguntó cuánto cuesta reducir un kilo de material particulado respirable. En promedio, reducir un kilo de material particulado respirable pavimentando calles, representa menos de un dólar, y reducir la misma cantidad en la industria, en promedio, 700 dólares; 700 veces más. Si se siguiera el principio de la eficiencia que señala la Ley de Bases, esto es, obtener los mayores beneficios ambientales con el menor costo económico y social, se debería haber abordado fuertemente, hasta el 2005, el tema de las calles, sobre todo considerando que el sector industrial viene aplicando el plan de descontaminación desde 1992.

En resumen y de acuerdo con el plan, el 2005 la industria debería emitir 1.588 toneladas anuales y las calles 24.000 toneladas anuales. Sofofa tiene algunas dudas.

En el caso de las industrias, está claro que se cumple lo que señala el plan, por cuanto desde 1992 las emisiones industriales se encuentran totalmente congeladas y deben continuar reduciéndose conforme con las metas establecidas. Sin embargo, en lo que se refiere a las calles, las emisiones no se encuentran congeladas. Ésa es la realidad. En esta materia, el ex Ministro de Transportes , don Germán Correa, también ha manifestado su pesimismo respecto del plan de descontaminación.

Reiteró que el plan señala que el 2005 debería haber 1.588 toneladas de PM 10 industrial y 24.000 toneladas de polvo en las calles. El sector industrial ofreció compensar sus emisiones por una reducción en las calles. La Conama rechazó el ofrecimiento argumentando que el PM 10 de las calles no guarda comparación con el PM 10 que emiten las industrias. El tema ha continuado debatiéndose. De hecho, el 29 de junio pasado se realizó un seminario auspiciado por la Conama y organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y otros organismos, en el que se concluyó que no era el momento de abordar los derechos de emisión transables ni muchos menos de compensar material particulado industrial.

El argumento de la compensación no es aceptable, por cuanto la industria emite PM 2,5. Sin embargo, ocurre que la norma vigente se basa en el PM 10. De hecho, la red Macam mide ese parámetro desde que entró en funciones; el decreto que declaró zona saturada a Santiago se basó en esa medición; el plan descontaminación también se propone atacar el PM 10; el índice Icap, índice de calidad del aire para partículas vigente desde 1988, toma como referencia el PM 10 para declarar los estados de preemergencia y emergencia. Asimismo, las medidas de restricción vehicular y paralización industrial de fuentes fijas toman en cuenta la superación de límite impuesto por el PM 10. En resumen, todo gira en torno de ese parámetro, pero se obliga a las industrias a reducir sus índices el 2005 porque sus emisiones alcanzan un PM 2,5.

¿Qué sostiene la Sofofa respecto de ese punto? El tema relativo al índice 2,5 es muy inquietante y el deber de la autoridad es normar esta materia, lo que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Una vez diseñada la norma, se deben monitorear las distintas fuentes que existen en Santiago a fin de conocer cuáles son las que emiten PM 2,5. Enseguida, es necesario determinar la concentración de contaminantes, verificar el aporte de cada fuente, de modo de establecer si sobrepasan el PM 2,5. Por último, se debe diseñar un plan de descontaminación que persiga reducir el PM 2,5 al valor que fije la autoridad.

A continuación, se exhibió un cuadro confeccionado por el Director del Sesma que muestra la evolución del PM 10 y el PM 2,5 entre 1989 y 1997. En dicho lapso, se constata una baja del PM 10 de 24 por ciento. Asimismo, el PM 2,5 ha disminuido en la Región Metropolitana un 46 por ciento en el mismo período.

Históricamente, las medidas de la autoridad se han concentrado en el sector industrial, y si hay una baja generalizada en la atmósfera de Santiago ha sido porque las medidas de la autoridad están concentradas mayormente en el sector industrial.

El otro argumento que da la Conama es respecto del aporte en las inmisiones. ¿Qué dice en definitiva el inventario base de 1997 de la Conama? Que la industria emite el 7,6 por ciento de material particulado de la atmósfera y las calles un 80 por ciento.

Una cosa es lo que se emite y otra lo que queda arriba y respiran todos los santiaguinos, es decir, las emisiones, y como el PM 10 industrial no es 10, sino 2,5 -más liviano-, permanece más tiempo arriba y, además, es más nocivo. Ése es el argumento.

Es necesario mirar el plan de descontaminación. Se hizo un monitoreo en julio, agosto y septiembre, en 1996, en tres estaciones, durante tres meses, en Santiago, en Gotuzzo, Cerro Calán y Buin. Sobre la base de ese monitoreo, se llegó a la conclusión de que la industria tenía el 30 por ciento de las emisiones.

Si se toma el monitoreo de Buin, el 70 por ciento de las emisiones es de agricultura. Si se toma la del cerro Calán, es de la industria. Si toma la de Gotuzzo, más o menos, es lo mismo.

Pero ¿qué dice eso? Muestra el impacto local de las emisiones del sector.

Si se tienen tres industrias emitiendo allí afuera, en la calle, lo más probable es que, en tiempo real, se tenga una fuerte incidencia de las emisiones industriales en la calidad del aire.

Siempre que la Sofofa ha discutido con la Conama por qué se declara zona saturada a todo Santiago, por qué se declara preemergencia a toda la Región Metropolitana, y no sólo a Pudahuel, que es donde se registra el índice más alto, la Conama responde -y la autoridad del Sesma- que lo que pasó en Pudahuel lo generó toda la Región Metropolitana. Entonces, de poco sirve -metodológicamente hablando- saber cuál es el aporte local de cada sector si al final todo lo que se emite va a parar a la atmósfera y circula por toda ella, al punto de que lo que se tiene en Las Condes va a afectar en la noche a Pudahuel, y a la inversa.

No está de acuerdo con el enfoque que la Conama hace del PM 10 de las calles, y sugiere que se postergue para el 2011, y que se adelanten los otros sectores al 2005. La rebaja es del 50 por ciento, y que se constituya un área programática o de gestión pública en que difícilmente alguien va responder si es que no se reduce el 25 por ciento proyectado para el 2005.

Respecto de la construcción, hizo dos comentarios:

La construcción es una importante fuente emisora de contaminantes en la atmósfera, especialmente en material particulado.

Al revisar el plan de descontaminación, lo único que se concluyó fue que las municipalidades deberían controlar el tema a través de ordenanzas.

Afortunadamente, hace un par de semanas, el Ministerio de la Vivienda tomó la iniciativa y dijo: “Bueno, para qué esperar. Saquemos nosotros un decreto”. Entiendo que se está tramitando en la Contraloría. Pero no nos parecía tampoco una señal muy alentadora que el plan de descontaminación de la Región Metropolitana dijera: “Bueno, que las municipalidades saquen las ordenanzas correspondientes para controlar el material particulado de la construcción”.

Respecto de la contaminación intradomiciliaria, es un tema de la mayor trascendencia porque, al final, si se está hablando de descontaminar Santiago , si la Cámara de Diputados ha resuelto que una Comisión ad hoc informe a la Sala sobre cómo evalúa este plan y han venido todos los actores relevantes de la comunidad regional, en el fondo es porque les preocupa el tema de fondo.

En materia de contaminación intradomiciliaria, se sabe que la población más vulnerable son los lactantes y las personas de la tercera edad. Las casas de la gente pobre tienen sistemas de calefacción bastante rudimentarios, que hace que, en el fondo, tengan entre tres y diez veces los índices de contaminación que hay afuera. ¿Qué propone el plan? Tiene un párrafo para la contaminación intradomiciliara. Estaría evaluando si es recomendable proponer un subsidio para combustibles distintos del kerosene, a fin que puedan ser usados por los habitantes de menores ingresos en la Región Metropolitana.

En cuanto a la locomoción colectiva, el plan de descontaminación es muy categórico al señalar que, en el transporte público se pueden encontrar las mayores ventajas del gas natural. Sin embargo, el proyecto de ley de impuesto al gas natural -que está en el Cámara de Diputados, aumenta tres veces el monto del impuesto.

Respecto de la duda si se podrá reducir el material particulado y el anhídrido sulfuroso, pero incrementar el Nox, nuevamente aquí se tiene el comparativo entre lo que emiten vehículos a gasolina o diesel, versus gas natural. A estas alturas, no debiera haber ninguna duda o vacilación sobre la conveniencia de incorporar gas natural en la locomoción colectiva, como tampoco la debiera haber sobre incorporarla a la industria, como ocurre hoy, en que se han obtenido reducciones significativas, de acuerdo con lo registrado por la Universidad Católica en el estudio que hizo a petición de Metrogas.

¿Qué propone la Conama? El Director Nacional les recordó un plan piloto: 21 buses nuevos y cuatro buses convertidos; un seguimiento hasta marzo de este año, y un estudio que determinara beneficios y costos.

Nuevamente, se está en un área en la que no hay una aseveración categórica y lapidaria. Sería cosa de ordenar que los buses de tal día o de tal año se reconviertan, como ocurre con la industria, que tiene que reducir un 50 por ciento en tal fecha; es decir, con normas, plazos y disposiciones imperativas.

En materia de episodios críticos, se sabe que el decreto Nº 32 ordenaba paralizar el 50 por ciento de las emisiones diarias, en situación de emergencia, y el 20 por ciento, en situación de preemergencia. El plan aumenta al 30 por ciento la paralización de las emisiones diarias, en fuentes fijas, en condiciones de preemergencia. Ésa es la innovación del plan. El problema es que este sistema tiene un sentido perverso, porque mientras más reducen sus emisiones las industrias, más industrias tienen que parar para completar el 30 por ciento exigido en caso de preemergencia o el 50 por ciento, en caso de emergencia.

En 1993, el 20 por ciento de las emisiones diarias correspondía a 88 fuentes fijas. En 1993, las emisiones industriales eran bastante significativas. El 31 de marzo de 1998, el número de fuentes fijas aumenta a 237, para mantener el 20 por ciento. Con el 30 por ciento, este número aumenta a 291. El 50 por ciento que debiera paralizar, en situación de emergencia, corresponde a 1.376 fuentes fijas. La última industria que debe paralizar, hoy está emitiendo con una concentración de 45,3 miligramos por metro cúbico -la norma oficial son 112-. En ese caso, se está hablando de una industria que hizo un esfuerzo considerable por mejorar su impacto ambiental. Si bien estaba autorizada para emitir 112, dijo: “Voy a bajar a 45,3”. Sin embargo, igual tiene que parar. La señal para esta industria, estando en 112, o en 80, o en 46, es que igual tiene que parar. Es una señal contradictoria. En el fondo, cuando el Director del Sesma dio a conocer el listado de emergencia, se quedaron todos muy sorprendidos, porque señalaba a 2.350 fuentes fijas. Después se hizo un ajuste en base al plan de descontaminación. Pero, en verdad, no parece ser muy acertado, respecto del manejo de episodios críticos mediante paralización de fuentes fijas.

Respecto de la restricción vehicular, el plan persevera en el tema, a pesar de que un estudio de la Universidad Católica revela la nula efectividad. Ese informe señala que una restricción con dos dígitos, aumentada a cuatro o a seis, no tiene mayor incidencia en el número de viajes.

En consecuencia, el manejo de episodios críticos, por restricción vehicular y por paralización industrial, tiene estos antecedentes que les hace dudar seriamente de la eficacia de la medida y de la constitucionalidad de la misma. Al respecto, recuerda el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional lo señalado en el artículo 49, de la Ley de Bases del Medio Ambiente, en el sentido de que ordenaba regular mediante decreto, porque, de acuerdo con el número 8, del artículo 19, de la Constitución Política, es la ley la que puede establecer restricciones, no el decreto. En ningún caso el Ejecutivo puede restringir garantías constitucionales parar proteger el medio ambiente, porque las restricciones, según la Constitución, son para situaciones de excepción constitucional. Es más, el Congreso ni siquiera puede delegar en el Ejecutivo , para que, mediante decreto con fuerza de ley, regule las garantías.

Anteriormente, las medidas de preemergencia y emergencia se adoptaban una vez que se concurría a la preemergencia. Con las recientes modificaciones, las medidas se deben aplicar antes de que se produzca el episodio crítico, a fin de prevenir. Este modelo predictivo se estrenó recientemete. La Sofofa es partidaria del modelo predictivo, porque le parece absurdo que se produzca una emergencia ayer y hoy se paralicen las actividades. Se estrenó un jueves, en que la Conama y el Sesma predijeron que el viernes iba a haber preemergencia. Debido a ello, paralizaron el 30 por ciento de las emisiones diarias de fuentes fijas, a partir de las 21 horas de ese jueves, y decretaron restricción de seis dígitos, a partir de las 6 horas del viernes. ¿Qué pasó el viernes? Se produjo igual la preemergencia y el sábado también. En consecuencia, nos preguntamos cuál es la eficacia de paralizar actividades industriales y de restringir vehículos. Si todas las fuentes emisoras de Santiago contribuyen a generar el período crítico, ¿por qué se paralizan sólo algunas? Ha llegado a la conclusión de que la crisis no se reduce paralizando el 30 por ciento de las industrias y restringiendo seis dígitos. Según se dijo en el estudio de la Universidad Católica, la restricción vehicular no tiene ninguna incidencia, y, de acuerdo con el día en que se inauguró el modelo predictivo, tampoco tuvo ninguna incidencia la restricción industrial.

Las únicas medidas que se encuentran en el plan llegan hasta el 2005. Si se quiere saber qué ocurrirá entre el 2005 y el 2011, no se sabe, porque el plan pone en marcha estas medidas conocidas y, simultáneamente, anuncia que las instancias correspondientes se ponen a estudiar las medidas que van a faltar entre el 2005 y el 2011, para conseguir la meta. Respecto de las medidas, señaló que todo lo que se puede hacer está en el plan; no se puede hacer nada más. El problema es que todo eso no sirve para descontaminar Santiago . Por eso, se anuncia, desde ya, un estudio de las medidas que hay que sumar entre el 2005 y el 2011, para tratar de llegar a la meta. El plan cuesta 911 millones de dólares, con la observación de que eso no va a descontaminar Santiago , como lo dice y lo reitera la Conama.

En su oportunidad, la Sofofa señaló a las autoridades de la Conama que no les parecía que el plan fuese muy eficiente si reducir un kilo de material particulado costaba menos de un dólar mediante la pavimentación de calles y 700 el incorporar tecnología a la industria.

Ésas son sus observaciones al Plan, con la tranquilidad que les da el diagnóstico que tienen de sus emisiones industriales, de la evolución que han experimentado desde 1992, a partir del decreto supremo Nº 4, con la tranquilidad que les da constatar que hoy están muy por debajo de la meta que anuncia el Plan para el 2.005. Ven con preocupación que estas áreas comunes, como las calles, la arborización y la locomoción colectiva constituyen acuerdos programáticos de gestión pública, y aunque la Conama no puede imponer su autoridad -porque legalmente no la tiene- va a depender de la buena voluntad de tal o cual repartición pública.

Finalmente, creen que para descontaminar Santiago lo primero que hay que hacer es congelar las emisiones totales. La solución del problema atmosférico de Santiago pasa por congelar no sólo las emisiones industriales, sino que todas. Por ejemplo, no tiene sentido que no se controlen las emisiones de los vehículos con convertidor catalítico si el parque automotor se multiplica por tres, porque todo automóvil que circule por Santiago va a cumplir la norma. Por lo tanto, no tiene sentido que se congelen las emisiones industriales y se normen las emisiones de los motorizados si día a día siguen habiendo nuevas poblaciones, calles que no se pavimentan, espacios que no se arborizan, ni se generan áreas verdes.

No se tiene por qué congelar la ciudad, pero sí frenar, con vigor y resolución, las emisiones atmosféricas. Sabemos lo que emiten las calles, los vehículos, el diesel, la industria, el comercio, la construcción, y lo único que está congelado con vigor y voluntad desde 1992 es la industria, que es la única parte en donde se aplicó este sistema sui generis.

Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es congelar totalmente las emisiones. Si un municipio otorga al año 50 mil permisos de circulación, se le debe congelar esa cantidad para que no otorgue más, con un horizonte de reducción de permisos de circulación a 30 mil en diez años más, o si quieren en 20 ó 40, de lo contrario se seguirá achicando a un sector y seguirán creciendo los restantes.

Se preguntó para qué es un plan de descontaminación. De acuerdo con la Ley de Bases y su reglamento, es para recuperar la calidad del aire que establece la norma, no más de 150 microgramos por metro cúbico de aire normal. El Plan de descontaminación debe asegurarle a todos los santiaguinos que durante los 365 días del año la calidad del aire no va a ser jamás peor que 150 microgramos por metro cúbico de aire. Resuelto eso, la pregunta es cuántas emisiones o toneladas diarias se pueden emitir para no sobrepasar eso. Anualmente se están emitiendo 42 mil toneladas, ¿Cuántas se deben emitir como máximo para no sobrepasar los 150 miligramos? Serán 20 mil, 10 mil ó 15 mil, ¿Cuánto es lo que se puede emitir como máximo, en conjunto por todas las fuentes, para mantener la calidad? Eso va a depender del mes, porque entre abril y octubre, por la inversión térmica, es mucho menos que los meses restantes.

Entonces, lo primero que habría que hacer es congelar las emisiones y luego planificar su reducción total para llegar a la cifra global que permita mantener una actividad normal en Santiago sin sobrepasar los niveles de calidad establecidos en la norma. Luego hay que asignar a cada sector sus emisiones, cuánto puede emitir el sector de fuentes móviles y distinguir cuánto es lo que se le va a autorizar a la locomoción colectiva, al parque automotriz privado, al industrial, a las municipalidades, al Serviu o a quien administre las calles y avenidas, etcétera. De esa manera se podrá asignar una responsabilidad, pero también un derecho, y que no ocurra lo de hoy, que no existe una autoridad que responda. Aquí hay un titular de un sector que tiene una meta, un derecho asignado y que puede transar ese derecho con el resto de las fuentes, de manera de reducir una asignación óptima a este recurso escaso, que es el derecho que se tiene en Santiago. Generar derechos de emisión transable, utilizar instrumentos económicos y normar en aquellos casos en que lo anterior no sea posible aplicar.

El Diputado señor Delmastro consultó acerca de qué medidas económicas podrían contribuir a descontaminar Santiago .

El señor Dinamarca respondió que la ley consigna el sistema de derechos de emisión transable, el que está fijado en la ley de Bases.

El Diputado señor Delmastro preguntó si la Sofofa estaba de acuerdo.

El señor Dinamarca indicó que hay que explorar todos los instrumentos disponibles, porque si se fija una norma de emisión y no se controla el crecimiento de las emisiones, no se consigue nada. Es decir, no se logra un crecimiento normado de la contaminación.

Si el recurso de emitir partículas a la atmósfera de Santiago es gratis bastaría con comprar otro auto para evitarse problemas. Ello es similar al absurdo que se da con los permisos de circulación de los automóviles, los cuales son más baratos para los autos más viejos y más caros para los modernos, lo que es un contrasentido ambiental.

En la ciudad de California hay experiencias sobre el derecho de emisión transable que pueden ser perfectamente aplicables en Chile, pero no dentro de un contexto de tanta improvisación, sino de una visión integral del tema, en la que puedan calzar perfectamente todos estos instrumentos.

El Diputado señor Olivares señaló que le parecía que es contradictorio plantear el congelamiento de las emisiones totales y decir que debido a que las industrias no contaminan el parque industrial puede seguir creciendo, porque en la medida en que ello ocurra va a aumentar la población en Santiago, lo que implica mayor tránsito de locomoción colectiva y de vehículos particulares. No se puede tener una ciudad con un parque industrial que crece de manera incontrolable.

Si se dejan crecer las industrias, ¿cómo se podría decir a la locomoción colectiva que no puede circular, o que sólo pueden hacerlo tales o cuales vehículos?

El Diputado señor Alessandri señaló que no se trata sólo de controlar el número de emisiones que pudiera estar generando el parque industrial, pues ese factor trae anexo una serie de otras situaciones: las emisiones aumentan por la contaminación intradomiciliaria y por un mayor transporte público o privado, lo cual lleva a la ciudad a límites realmente insoportables.

Otro aspecto que le preocupa dice relación con el PM 2,5, porque hasta donde se sabe en ninguna parte del mundo se ha podido normar el índice PM 2,5. En consecuencia, ¿dispone la Sociedad de Fomento Fabril de algún estudio que señale que existe la posibilidad de normar el PM 2,5? Es importante saber eso, porque de ser así se podría definir con claridad qué diferencia hay entre el PM 2,5 y el PM 10, a fin de saber cómo ajustarlos.

Le parece de toda lógica el hecho de que haya que distribuir las emisiones por sector, porque no se podría seguir cargando la mano a uno solo, ya que el sector más fácil de controlar es el industrial. Por lo tanto, cuando se aplica una norma al sector industrial se cree que todo lo demás vendrá como consecuencia de ello, lo que en la práctica no ocurre.

El Diputado señor Leay estimó que no va en el camino correcto apoyar la descentralización, porque es un concepto distinto, que no tiene que ver con el tema de la descontaminación. Es absurdo pensar que reducir las industrias y no dejar que ninguna más se instale en Santiago traerá como consecuencia que no se crearán nuevas poblaciones o villas, que no habrá mayor movilidad ni que se van a comprar más autos, porque la generación de empleos va por otro lado en Santiago, por lo cual quizás cada vez habrá mayor crecimiento industrial en otras regiones.

Por otra parte, se debe analizar qué incidencia tiene el sector industrial en la contaminación. Según las cifras que se han dado, el parque industrial en la región tiene una incidencia de aproximadamente 3,6 por ciento del total de emisiones de material particulado. Por lo tanto, ésta es muy pequeña. En cambio, si representara el noventa por ciento, ciertamente que se deberían considerar medidas más fuertes. Sin embargo, en la actualidad ellas se deben tomar en otras áreas, lo cual permitirá, de una u otra manera, apoyar la descontaminación de Santiago.

Cuando se plantea la idea de congelar emisiones, debe haber acuerdo respecto de cuál es la cifra que permitirá tener un aire limpio, que no dañe la salud de la población. Además, el congelamiento de emisiones debe ser adaptable con el desarrollo de la ciudad como eje, y no sólo con el desarrollo industrial, sino en todo el sentido de la palabra. ¿La Sofofa ha realizado algún estudio sobre esta materia, así como si lo ha elaborado, respecto de la planificación de la reducción de emisiones, algún estudio que pudiera ser aplicable a la realidad de Santiago?

El Diputado señor Tuma indicó que el sobrepoblamiento que vive Santiago, está produciendo un efecto multiplicador de instalaciones de actividades en la Región Metropolitana que está directamente relacionado con el aprovisionamiento de materias primas, de insumos y con una gran demanda de productos. Por ello, a los inversionistas les es más rentable y conveniente instalarse en Santiago que en regiones. La solución del tema es desconcentrar Santiago dándole oportunidad a las regiones. Preguntó qué incentivos permitirían que al inversionista le fuera indiferente invertir en regiones o en Santiago.

El señor Dinamarca señaló que el tema de la descentralización productiva es de la mayor importancia. Plantearlo a propósito del Plan de Descontaminación es muy atractivo. Sin embargo, cada vez que se hacen las evaluaciones, tanto en el Congreso como en los gobiernos regionales no hay ningún plan de descentralización que haya servido. Ni la Ley Arica, ni el Plan Austral, ni la Ley de Reconversión del Carbón. ¿Cuál podría ser el incentivo? No hay ninguno que funcione mejor que el mercado. Sin perjuicio, hay que seguir impulsando iniciativas que tiendan a fortalecer la matriz productiva de las regiones.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló que respecto del tema de las emisiones, en especial del PM 10, los esfuerzos deben ser compartidos. Si bien han sido planteados el rol y el porcentaje que juega la industria al bajar dos tercios en una proyección óptima, hay nuevas reducciones. Lo que le preocupa es la afirmación respecto de que la industria está en su tope. Si eso es efectivo, no es industria moderna, porque la que está instalada en Los Ángeles y en las grandes urbes, donde la norma es 50, emite menos, porque la norma del PM 10 es tres veces menor.

No ha quedado claro por qué no se puede incentivar a las industrias a fin de que no sigan creciendo en Santiago y, a su vez, que los planes de expansión de las mismas se expandan en regiones o desincentivar la llegada de nuevas industrias desde regiones a Santiago producto de esta situación.

¿Qué proyección tiene la llegada del gas natural?

Respecto del costo del plan, ¿es correcto que este asciende a US$ 911.230.711?

El señor Dinamarca respondió que el costo está señalado en el plan.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó acerca de cuánto costarían las propuestas que la Sofofa ha planteado respecto de congelar las emisiones totales, planificar el plan de reducción total y generar un modelo de emisiones transables.

Una consideración general. El Ministro de Transportes ha dicho que en Santiago se realizan 4.800.000 viajes diarios en bus versus 800 mil viajes diarios en Metro, en el área del empleo y del transporte público al trabajo. Es un impacto asociado directamente a la ubicación territorial geográfica de las industrias. Es decir, en la medida en que la localización de las industrias tiene una distancia y una focalización adecuada, impacta directamente en el viaje de los trabajadores. Por lo tanto, quiere saber si la Sofofa ha evaluado el crecimiento de la ubicación del actual cordón industrial de Santiago y cómo afecta el tema de los viajes. Se ha planteado que son tres horas hombre de viajes por día.

El crecimiento de la industria al cual han hecho mención los representantes de la Sofofa va a significar un impacto importante en el número de viajes. Es decir, si la ampliación de las industrias está cada día más lejos de los trabajadores, sin duda hay un impacto real frente al tema del transporte.

El señor Dinamarca aclaró que no había planteado que el parque industrial debería seguir creciendo, achicarse o mantenerse. Lo que ha querido decir es que el tema de la descontaminación de Santiago no se ha considerado sobre la base del parque industrial únicamente.

Si alguien cree que la solución del problema pasa por ahí, tendría que recordar que en la década del 60, bajo el Gobierno del Presidente Jorge Alessandri, se nombró una Comisión para estudiar el problema de la contaminación atmosférica de Santiago y se llegó a la conclusión de que el problema era el polvo de las calles. Como tenían un alto déficit de pavimentación de calles, hasta ahí llegó el trabajo de la Comisión. Treinta años después se llega a la misma conclusión: el 80 por ciento de las emisiones de material particulado viene de las calles.

En cuanto al plan regulador Metropolitano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está proponiendo que las industrias se alejen más todavía de los trabajadores, y eso contraría abierta y frontalmente la política oficial de la Conama. Por esa razón, entre otras, los alcaldes están pidiendo la mantención de sus actividades industriales.

Cuando señaló que las industrias están en el límite y no pueden reducir más, lo que quiso decir es que no pueden reducir más. Algunas industrias están emitiendo menos de un kilo día y no pueden reducir más.

El Presidente de la Comisión destacó el caso de California. Una cosa es mejorar la mala calidad del aire y no estar en 150 microgramos; en 195, que es alerta; ojalá nunca en 240, que es preemergencia, y jamás en 330, que es emergencia, y lo óptimo es estar en 100, en 80 o hasta ver la cordillera. Lo cierto es que mientras no se elimine el 80 por ciento de las emisiones diarias de las calles nunca se va a ver la cordillera, ni siquiera el cerro San Cristóbal .

Por cierto, se puede mejorar la calidad del aire, se puede llegar a una calidad de 60, 80, 90 ó 100 microgramos, lo que se quisiera, pero la industria, que produce el 3 por ciento de las emisiones diarias, no puede reducir más, porque al final va a quedar reducida a la nada misma, y no es por un problema tecnológico. Están con gas natural, con las mejores calderas, con los mejores sistemas de abatimiento de emisiones, ya no se puede hacer nada más, salvo que sea a cero actividad.

Respecto del gas natural y de los incentivos para radicarse en regiones, uno de los problemas que más escucha la Sofofa es que a las industrias no las dejan instalarse. Es conocido el caso Trillium, el de la celulosa en Valdivia, el de la nueva forestal en Valdivia, Gasco en Talcahuano, etcétera. Es decir, los mayores problemas de regiones que llegan a conocimiento de la Sofofa es para pedir ayuda a fin de que se solicite a la autoridad que no se sigan frustrando los proyectos de inversión.

Entonces, es claro que el gas natural no es el incentivo, sino cuál es el desincentivo que existe por la vía del sistema de evaluación de impacto ambiental que encarece el proyecto y que dilata la decisión de la inversión inicial.

Respecto de los costos alternativos, la Sofofa está realizando un estudio en conjunto con Metrogas respecto del costo que significará cambiar la totalidad de las estufas que utilizan parafina y carbón en la periferia de Santiago. Cabe destacar que el uso de dichos combustibles origina la mayor parte de las consultas médicas asociadas a enfermedades respiratorias. En todo caso, subsidiar la reconversión de los sistemas de calefacción en los hogares pobres utilizando gas natural u otras alternativas trae aparejado un alto beneficio de ahorro. El capítulo dedicado a los costos, incluido en el plan de descontaminación, señala claramente que si se logra descontaminar Santiago , el ahorro alcanzaría los 500 millones de dólares.

Para la Sofofa el tema de la contaminación intradomiciliaria es particularmente sensible, por cuanto allí reside el nudo del problema que aqueja el medioambiente de Santiago. Por otra parte, quienes más se ven afectadas son las familias de escasos recursos, y como lo dijo, la solución no parece inalcanzable.

El Diputado señor Olivares planteó que la solución no pasa por desplazar determinadas industrias de Santiago, con el consiguiente éxodo de gente. Lo que sería positivo es que el parque industrial no continúe creciendo, lo que es una cuestión diferente.

Estimó muy relevante la información que se ha entregado en cuanto a que las industrias aportan un 3 por ciento del total del material particulado. Indudablemente, se trata de una medición directa practicada a esas fuentes contaminantes. Sin embargo, ¿qué sucede con el transporte público y privado asociado a esas industrias? Sin duda, generan un incremento del parque automotor. Es decir, también existe una relación entre el crecimiento del parque industrial y el aumento de la contaminación. Es probable que un plan que incluya la pavimentación de calles y la arborización de determinadas áreas termine con el polvo en suspensión. Sin embargo, ¿qué sucedería si se instalan nuevas industrias? Con toda seguridad aumentará el traslado de personas con el consiguiente incremento del parque automotor. Reiteró que no ha planteado el traslado de industrias, por cuanto sabe muy bien que conlleva grandes costos. Considerando que las industrias aportan sólo un 3 por ciento de la contaminación total, es partidario de que las industrias se encuentren cerca de los lugares donde vive la gente.

El señor Concha rectificó que no afirmó que la expansión de Santiago no traerá costos; por el contrario, existen gastos asociados a urbanización, construcción y locomoción. Todos esos costos son conocidos y reflejan la escasez de recursos disponibles para llevar adelante una inversión como la descrita. Por otra parte, congelar el monto de las emisiones significa reconocer que la Región Metropolitana está saturada. De manera que cuando se habla de expansión es forzoso reconocer que existen recursos que son escasos. En el caso de Santiago, si alguien desea expandirse, deberá comprar sus derechos de emisión, los que tendrán un límite. De ese modo, se salvaguardará el número de emisiones.

En la práctica, el incremento de los costos redundará en un incentivo para que a futuro la actividad productiva se desarrolle en regiones. De ese modo, construir resultará más caro, porque para realizar esa actividad deberán comprarse derechos de emisión. Lo mismo ocurrirá con la locomoción, pues la introducción de nuevas tecnologías redundará en un pasaje más caro. De esta manera, la gente, sin que se lo digan, comenzará a elegir otras ciudades para realizar sus actividades.

En consecuencia, estima que el aire -recurso escaso y en la actualidad saturado- debe tener un precio. En ese sentido, cree que el mecanismo no es sacar las industrias porque el problema no lo causan ellas. Es todo el conjunto. Sencillamente, el punto es otro. La posición es si se le adjudica el derecho a la municipalidad. Hoy las municipalidades indirectamente son responsables de muchos de los costos de contaminación que existen en Santiago, porque no han tenido los recursos suficientes para introducir áreas verdes, para limpiar sus calles, para pavimentar, etcétera.

Ahí hay un punto importante. Corresponde al presupuesto público ver cómo se distribuyen los recursos a nivel nacional y se le dan recursos a Santiago. Si no se otorgan recursos para limpiar las calles, para aspirarlas, para pavimentarlas, para crear áreas verdes, tendrá que ser el mercado el que se los dé. Si hay alguna industria que quiera instalarse en Santiago, tendrá que comprar derechos e ir a una municipalidad y decir: “Compro este derecho. Voy a pavimentar la calle con fondos propios, no va a ser presupuesto público”. Si no se llega a esa transacción, esa industria tendrá que localizarse en otra parte. Se tiene que buscar una solución económica y que socialmente se traduzca en un aporte.

Todos los proyectos en torno a cambiar los centros de actividad tienen costos gigantescos.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , consultó si la Sofofa tenía estudios sobre toxicidad de la emisión. Entiende que hay un ámbito -probablemente el más complejo- porque los parámetros decían una cosa, y el término 2,5 otra, y el nivel de toxicidad de las emisiones que cree que, como tercer punto, al corto o mediano plazo, va a ser el principal debate en el cual se van a encontrar.

Junto con eso, una opinión sobre si participaron o no en los debates especialistas para fijar parámetros de cómo se miden las emisiones; es decir, si las emisiones se miden por concentración o por volumen, porque la Sofofa cambió su actitud violentamente hace seis u ocho meses. Entre los logros que se le atribuyen está el de haber hecho un lobby extraordinario para que se acogieran conceptos de emisiones medidos con concentración y no por volúmenes absolutos.

Le gustaría escuchar la opinión de la Sofofa, porque cree importante que quede en acta, respecto de lo que indica que la norma oficial no cautela bien los intereses del bien común, precisamente, porque se ha adoptado cierto tipo de parámetro. Por último, pregunta si se ha planteado la forma.

Entiende que la cantidad de estudios aprobados en Chile sobre impacto ambiental son centenares y miles. Personalmente, cree que los proyectos de inversión que estudian el impacto ambiental han sido bastante espectaculares, lo que encuentra positivo.

Hace esa reflexión, porque uno de los debates que ha habido al interior de la Comisión versa sobre si se debe hacer de otra forma el estudio de impacto ambiental y no dejarlo en manos de los privados, a fin de que elaboren sus propios estudios.

El sistema actual es muy oneroso. Es menos oneroso que en otros países. Hay que cambiarlo para hacerlo más estricto.

Algunos tienen dudas. Tienen que cambiar, porque un cambio podría ser sometido a un aumento. Cree que, en un sentido muy loable, cierto tipo de industrias tienen una calificación de sus representantes donde quienes contaminan más, versus quienes contaminan menos, y la posibilidad de que haya incentivos para trasladarlos fuera de cierto tipo de industrias, porque entiende que no todas las industrias son contaminantes. Hay algunas que sí lo son, y otras que evidentemente no lo son.

Cuando se abre el bulto, parece que son todos los mismos. Entiende que no es así. Hay unos pocos que contaminan bastante. No sabe si tienen ellos su propio sistema de clasificación.

El señor Dinamarca respondió que si se toma el listado de las fuentes fijas que deben paralizar en preemergencia y emergencia, este listado está ordenado en orden decreciente, partiendo por aquellas fuentes fijas que emiten una mayor concentración, siendo el límite máximo 112 miligramos el metro cúbico desde 1993. Entonces, se empieza a hacer el listado y se colocan las que están en 112, 111, 110 etcétera, hasta llegar al 30 por ciento de las emisiones diarias en preemergencia, o el 50, de las emisiones diarias de emergencia. Se baja entonces el listado a 45,3 la industria o la fuente fija que está emitiendo a 45,3 diarios, que representa el 50 por ciento de las emisiones diarias. Ese listado se ordena, entonces, por concentración, por un sentido lógico. Tiene su lógica. Las que son menos eficientes, desde el punto de vista ambiental, debieran ser las que paralicen primero. Está claro que cuando fueron llamados a analizar por la Conama el tema de la paralización, desde un principio, se mostraron contrarios a la paralización parcial, porque les parecía injusto y discriminatorio que sólo algunos paralizaran, en circunstancias de que la preemergencia o emergencia fue generada por todos, más aún, si se considera que la medida no sirve para nada, tal como categóricamente lo dice el estudio de la Universidad Católica, respecto de la restricción vehicular.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , preguntó si a criterio del representante de la Sofofa la restricción de emisiones, incluso para las fuentes fijas, servía.

El señor Dinamarca respondió afirmativamente, apoyándose en el estudio de la Universidad Católica.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , afirmó que ese estudio se refiere a la restricción vehicular, y pregunta: ¿La restricción de las fuentes fijas no sirve para nada?

El señor Dinamarca señaló que el primer día en que se predijo que habría preemergencia, se paralizó el 30 por ciento de las emisiones, a las 21 horas del día anterior, a fin de que ésta no se produjera, pero se produjo igual. Además, se repitió el sábado. Por eso la Sofofa planteó que si había una situación crítica y la autoridad quería hacer algo, debía rezar mucho para que subiera el techo de inversión térmica o parar todo Santiago, para no agravar la situación. Pero la autoridad dijo: “Vamos a parar parcialmente la actividad de Santiago”. Sin embargo, teniendo claro que es muy poca la incidencia que tiene -como lo revela la experiencia del modelo predictivo-, les parece que es igualmente discriminatorio.

Ahora, si bien existe un ranking, las que están más complicadas, y son muchas en número, son las calderas de las comunidades de edificios, de hospitales y de oficinas públicas. Al analizar las calderas industriales y los hornos de proceso, las emisiones diarias no parecen ser mayores -en promedio, la media son 60 ó 65 miligramos por metro cúbico-. Las más contaminantes son las no productivas.

En cuanto al criterio de megafuentes, la Conama había propuesto que la medida de paralización de industrias no se hiciera en base a concentración sino en base a emisión másica, debido a lo que estaba ocurriendo, en el sentido de que bastaba con paralizar tres o cuatro megafuentes para completar el 30 ó el 50 por ciento de las emisiones diarias. Pero ocurría que, desde el punto de vista de deficiencia ambiental, eran las menos contaminantes. Entonces, les pareció que si alguna señal iban a dar a las fuentes fijas, tenía que ser una no perversa. A la megafuente le daba lo mismo no mejorar, no cambiar a gas natural y seguir emitiendo 112 miligramos, porque igual la iban a paralizar, esté en 112 o en 12. Lo que está pasando con las fuentes fijas que se paralizan es exactamente lo mismo que estuvo a punto de ocurrir con el tema de los catalíticos. La gente dijo: “Cómo me van a cambiar las reglas del juego ahora”. A la industria le pasa lo mismo. El mecanismo es perverso. Entonces, más perverso se hacía si se paralizaba por criterio de emisión másica y no por criterio de concentración. Lo menos perverso posible, en ese caso, era que se paralizaran a las más contaminantes, desde el punto de vista de unidad productiva versus emisiones en concentración.

En cuanto al PM 2,5, señaló que con el doctor Ilabaca , con Clemente Pérez y con Rodrigo Egaña están absolutamente contestes en la constatación inicial, en términos de que el 2,5 es mucho más agresivo. Desde ese punto de vista, asumen su identidad en esa materia. Por eso, mientras el PM 10 baja un 24 por ciento en diez años, el 2,5 baja un 46 por ciento. Ahora, si el tema sigue siendo ése, lo que se solicitó era que se dijeran cuál es la regla del juego de este 2,5; cuál es la concentración. Si hay que reducir, se debe decir cuánto deben reducir.

En cuanto al sistema de evaluación de impacto ambiental, últimamente se está haciendo muy recurrente la medida de socorro de las asociaciones gremiales de las regiones, en el sentido de que los proyectos están siendo sometidos a mucho cuestionamiento público, incluso, antes de que se presente el estudio de impacto ambiental a la Corema; lo mismo ocurre cuando se presenta, mientras se evalúa y después de que se evalúa. Esto resulta muy difícil para un industrial. En consecuencia, el llamado de las asociaciones industriales señala que hay mucha campaña pública en contra de ciertos proyectos de inversión, incluso de los pequeños, con lo que toda la buena voluntad de que las empresas puedan irse a regiones no se ve muy correspondida por la comunidad.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) reiteró la pregunta del Diputado señor Juan Pablo Letelier en orden a qué pasa con otros tipos de contaminantes, respecto de la toxicidad.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , preguntó si la Sofofa tenía estudios acerca de la toxicidad de las emisiones, porque es una de las cosas acerca de las cuales se va a centrar el debate. Quiso saber si la Sofofa tiene su propia organización o ranking de sus industrias o de sus afiliados más contaminantes o menos contaminantes. Le interesan las calderas de los asociados de la Sofofa, porque la información que han dado es que estos últimos años el sector privado ha hecho grandes inversiones. Se han hecho reconversiones y antes había industrias bastante más contaminantes que las de ahora.

El señor Dinamarca respondió que los últimos estudios que les han llegado demuestran que bajaron el PM 2,5, lo que ingresa al torrente sanguíneo es igualmente nocivo. Respecto del PM 10 es lo mismo, conversaron con la doctora Matus acerca de cuál era el umbral aceptable de PM 2,5 y PM 10. Por qué se decreta alerta ambiental con 195 de concentración, preemergencia con 240 y emergencia con 330 si en Estados Unidos, California y en México se hace mucho más tarde, la norma es mucho más holgada. La respuesta que les dio la doctora -en una conversación muy franca e informal- fue que en el nivel de toxicidad de la partícula respirable no existe un umbral recomendable. Si se recomienda 60, 100 ó 150 microgramos se está alertando un nivel de riesgo o aceptando un nivel de seguridad. Creer que hay un nivel donde no se corre ningún riesgo no existe, el único nivel que existe en esa materia es cero. Entonces, cualquier nivel que se defina es riesgoso y va incrementándose. Ahora, en el caso de Chile es de 150, que parece ser un poco excesivo dado el número de días en que se sobrepasa. No es lo mismo tener una norma de 150 en California que no se sobrepasa nunca, que en Santiago que se sobrepasa 60 días al año. El asunto es que en función de lo que pasa en Santiago se limita toda la actividad productiva nacional, porque las normas primarias son nacionales por un problema local de Santiago, que es la inversión térmica.

Frente al tema normativo están disponibles para discutir la norma o la nueva meta, si hay que fijarla, pero debe hacerse con todos los elementos sobre la mesa. Cuál será el costo económico social que va a tener para la región, para el país o para la localidad específica esa norma, tanto en beneficio de la salud como en pobreza. Creen que el mejor sitio para discutirlo es en el Congreso Nacional, por eso que desde un principio defendieron la tesis de que las normas primarias deberían ser fijadas por ley.

Ese tema no ha sido abordado en el plan de descontaminación, el cual dice que se debiera llegar a ella en 14 años más. Creen que no se llegará, sino que se tendrá que hablar de un tercer plan de descontaminación. La meta del 2005 la industria la cumplió hoy. El asunto es que no están tranquilos, porque cuando se haga la evaluación el 2005, se va a constatar que el plan no sirvió y le van a decir a la industria que tampoco era ésa la meta, sino que mucho más.

El Diputado señor Leay preguntó por qué se exige PM 2,5 cuando la Sofofa dice que el plan de descontaminación es PM 10 y la zona saturada de Santiago también es PM 10. Pero en toda lógica no deja de ser cierto que una partícula más diminuta que es emitida por un proceso de combustión, cualquiera que sea, permanece más en el aire, es lógico que su decantamiento sea más lento que una partícula mayor. Lo que no está claro es la toxicidad de esa partícula. Cuando plantean el sistema de compensación o los permisos de emisión transable, cuál es el estudio en que basan esa afirmación.

Le gusta la iniciativa, pero le preocupa la salud de las personas, por eso cómo se puede sustentar que cambiar 10 toneladas de material particulado de PM 10 de una industria equivale a la pavimentación de siete calles. ¿En qué se sustenta eso?

El señor Dinamarca hizo presente que lo que le plantearon al Ministerio de Vivienda fue que la Conama les recomendó no hacer localización de emisiones entre industrias y otros sectores. Entonces, le expresaron al Ministro que no se podían comparar peras con manzanas, pero sí fijar una tabla de conversión. No tienen temor a la tabla de conversión que les fijen, el asunto es que como el costo es 1 a 700, reducido un kilo en la calle, versus reducir la industria que cuesta 700 veces más acá, están abiertos a la tabla de conversión que estimen pertinente. Pero el tema de fondo es que normalmente Santiago está sobre los 150 microgramos en PM 10, así lo revelan 60 días al año, a veces se llega al doble y se tiene emergencia, como ocurrió en Pudahuel. El asunto es que de ese PM 10 que anda en la atmósfera, la industria tiene su responsabilidad, además se dice que es más peligrosa porque es PM 2,5. La pregunta es cuál es la concentración máxima aceptable de PM 2,5 en la atmósfera.

El Diputado señor Leay hizo presente que no hay norma.

El señor Dinamarca señaló que era correcta la afirmación del Diputado señor Leay, pero imaginan que puede ser 70, 60, 50 ó 40. Han pedido que al menos les den una referencia.

El Diputado señor Sánchez afirmó que eso no ocurre en ninguna parte del mundo.

El señor Dinamarca reiteró que solicitan al menos una referencia, porque tiene la impresión de que se está sobredimensionando el tema, porque el último cuadro que entregó Sesma en Internet dice que hoy la concentración en Santiago es más o menos de 70 PM 2,5. Es un dato importante, no quiere decir que se esté bien o mal, pero es interesante en cuanto a las concentraciones. Pone de relieve que habla de inmisión y no de emisión. Se midió la atmósfera, se tomaron los filtros de la red Macam, se pesaron PM 10 y PM 2,5 y se llegó a la conclusión de que la baja de PM 2,5 ha sido de 46 por ciento en los últimos diez años y de PM 10, 24, y que hoy la concentración promedio mensual de PM 2,5, en invierno, es más o menos 70. A lo mejor, puede ser 50, no se sabe. El asunto es que al sector industrial se le está poniendo la vara muy alta, sin saber cuál es la verdadera incidencia de esos 70 microgramos por metro cúbico de concentración PM 2,5 en Santiago en la peor época del año, en invierno, en circunstancias de que las mayores consultas de salud por enfermedades broncopulmonares y respiratorias se producen en la periferia, debido a la contaminación intradomiciliaria.

Cuando han hablado el tema con el Director del Sesma , éste les ha expresado su punto de vista personal. Les señaló que había hecho un posgrado sobre la materia, y que tiempo después había sido muy gratificante haber expuesto en otras partes del mundo sobre el tema y encontrarse con otros especialistas que habían llegado a la misma conclusión que él, es decir, que el problema estaba en la contaminación intradomiciliaria. Les señaló que en Santiago, debido al uso del kerosene y del carbón, la contaminación intradomiciliaria debía ser tres o cuatro veces la del exterior.

Por lo tanto, el planteamiento de la Sofofa es trabajar en el tema de la contaminación intradomiciliaria y que se enfrente el tema del polvo de las calles. Si después de efectuar todo eso se dan cuenta de que la norma sigue siendo complicada, entonces se podría entrar a normar el PM 2,5, pero hay que fijar las reglas.

El Diputado señor Sánchez recordó la exposición realizada por el doctor Tchernitchin, quien mostró con cifras y gráficos que con 50 microgramos por metro cúbico había cero aumento de mortalidad en población expuesta, es decir, niños y personas enfermas. Sin embargo, agregó que por sobre esa cantidad dicho aumento estaba medido en forma matemática, pues hizo ver que con 100 microgramos por metro cúbico había un aumento de la mortalidad de nueve o diez por ciento, hasta llegar a 150 microgramos por metro cúbico, donde se producía un 28 por ciento de aumento en el riesgo de muerte. Eso está medido en forma matemática.

El señor Dinamarca señaló que si se establece un índice de 50 microgramos por metro cúbico, Santiago estaría paralizado todo el año, en circunstancias de que, por ejemplo, esto nunca ocurriría en Talcahuano, porque allí, por la dispersión atmosférica, nunca se llegará a un nivel de 50 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, en Santiago, por la inversión térmica y por lo cerrado de la cuenca, es muy probable que el nivel normal sea 50. En todo caso, conoce los estudios que señalan que a medida que se va aumentando se registra un cinco por ciento de incremento.

La doctora Patricia Matus , asesora de la Conama, señaló que el PM 10 era nocivo, y que si se establecía 100 ó 150 microgramos por metro cúbico, ese índice era igualmente nocivo, sólo que en un caso se moría menos gente que en el otro. Agregó que allí la decisión tenía que adoptarla la autoridad política, en el sentido de señalar cuál era el nivel de riesgo que aceptaba. Sin embargo, como eso no lo puede decidir un solo funcionario de gobierno, sería bueno que lo hiciera el Congreso. Es decir, que sea éste el que determine si establece el nivel de 100 ó 150 microgramos por metro cúbico.

El Diputado señor Navarro (Presidente) hizo presente que ha quedado meridianamente claro que el parque industrial tiene una baja incidencia en el aporte de PM 10, que es el elemento básico que está normado para medir la calidad del aire en Santiago.

Sin embargo, Santiago ha sido declarada zona saturada para tres contaminantes: el polvo en suspensión, el monóxido de carbono y el ozono, y zona latente para el NO2 y óxido de nitrógeno, elementos que no están considerados al hacer la evaluación sólo en el ámbito del PM 10.

Citó una carta del Colegio Médico dirigida al ex Ministro Secretario General de la Presidencia , don Juan Villarzú , de 16 de diciembre de 1996, en la cual plantearon en forma textual: “Para los contaminantes del aire que no se encuentran normados la prioridad es la siguiente, considerando en todos ellos tanto normas de calidad, niveles de emisión en atmósfera, ambientes laborales y otros, incluyendo también normas respecto de parámetros de toxicidad (ejemplo, niveles de plomo en la sangre y otros indicadores biológicos).” Allí se señala una serie de elementos que sin duda se encuentran presentes cuando existe actividad industrial, como el plomo, el arsénico, los asbestos, los benzopirenos y los principales compuestos inorgánicos y orgánicos de origen industrial, para los cuales no hay norma.

Señaló: sin duda son elementos que se deben tener en consideración. Si bien no están normados, sería interesante conocer cuál es el grado de manejo, regulación y definición que tienen dentro de la actividad industrial que representa la Sofofa, porque sin duda están interesados en que no sólo en el PM 10 se cumpla. Hasta antes de que existieran las normas de PM 10 o de monóxidos era evidente que se sobrepasaban todas las normas, por lo cual la salud estaba expuesta. Por lo tanto, tiende a pensar que, del mismo modo en que antes de que se establecieran normas para este tipo de elementos se podían sobrepasar, se puede proyectar que no existiendo normas para los elementos que ha señalado, también podrían estar sobrepasados una vez que la norma se establezca o por lo menos constatar su existencia en el polvo de la ciudad.

La Comisión tuvo la oportunidad de escuchar a diversos académicos, quienes señalaron la existencia de un peligro adicional, a raíz del polvo resuspendido. Hicieron ver que el polvo resuspendido de la zona urbana es diferente al de la zona rural, por cuanto lleva adheridas diversas partículas, las que no están normadas ni han sido investigadas en forma adecuada. Por lo tanto, una de las fuentes productoras, por ser donde se maneja este tipo de elementos, no se hallaba en los hogares ni en los automóviles, cuyas emisiones tienen plomo y monóxido de carbono, pero que no contienen arsénico, asbestos, benzopirenos o los principales elementos orgánicos o inorgánicos de origen industrial.

En consecuencia, quiso saber si la Sofofa tiene antecedentes de otros elementos que, no estando normados, puedan estar presentes en el ámbito de la contaminación atmosférica de Santiago.

Por último, citó el Plan de Descontaminación de Santiago de la Conama, donde se señala que la distribución másica de microgramos por metro cúbico y porcentual del PM 10 en Plaza Gotuzzo, en julio y septiembre de 1996, el material particulado secundario de transporte, industria, comercio y calefacción era de 37,48 por ciento.

El señor Dinamarca dijo que ese era el porcentaje de inmisión registrado en Plaza Gotuzzo.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó si eso podría estar determinado por la cercanía de un área de industrias o por impactos directos que no necesariamente deben estar presentes en toda la cuenca de la Región Metropolitana.

Asimismo, destacó la participación del señor Hugo Romero , especialista en Desarrollo Urbano de la Universidad de Chile, quien en su exposición sobre el Plan de Descontaminación entregó antecedentes extraordinariamente positivos, producto de la alta tecnología que permite establecer elementos que tampoco están normados y que son objeto de escasa investigación. Destaca en forma textual: “Daré el ejemplo de la comuna en la cual hemos estado trabajando más intensamente, la comuna de Macul. Esta comuna tenía la otra particularidad, prácticamente no queda nada verde, lo que queda verde es el Campus San Joaquín . Es interesante, ya que en este Campus San Joaquín todos los sectores que ocupan sus instalaciones tienen una temperatura cero.” Al respecto, mostró fotografías satelitales de la temperatura de diversos sectores. A continuación dijo: “Representa la media de todo el área de estudio. El sector industrial de Vicuña Mackenna tiene un incremento térmico de aproximadamente tres grados, sobre la media de la comuna. El otro sector industrial tiene una temperatura relativamente parecida. Hay también un sector de viviendas sociales, no tiene vegetación, es una isla de calor importante”.

En definitiva, señaló que esos flujos de contaminación son aportados e identificados por las industrias, y tienen un patrón definido. En ese sentido, en la fotografía satelital se establecía claramente la zona industrial asociada a un nivel de temperatura, y se observaba en forma muy clara cómo se generaban y diferenciaban de las zonas urbanas, habitacionales y de áreas verdes.

Por lo tanto, señaló: “Quiero plantear también que, frente a estos cambios, habría que implementar en la ciudad, aun cuando no son tan categóricas las posibilidades de que excluya a todas las industrias, porque esto es poco probable y poco factible por muchas razones.” Agregó: “Es necesario que el Plan de Descontaminación considere una mayor participación de las comunidades, a fin de establecer una adecuada coordinación”.

Hay otro elemento claramente importante ante la presencia del área industrial, que es la variación de la temperatura, cómo influyen los flujos de contaminación, producto de la importancia térmica que tienen con el ciclo de vientos de la cuenca de la Región Metropolitana, que no resiste, hay un impacto asociado, ligado al área de industrias, que tienen que ver con la temperatura y, sin duda, también tiene elementos muy importantes, nocivos, tal como el profesor Romero lo señaló.

El señor Dinamarca le preguntó al Presidente de la Comisión si entendía que la política de la Conama sería que las industrias estuvieran fuera de Santiago.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) respondió negativamente. Entiende que las recomendaciones generales surgidas en forma reiterada durante el transcurso de la discusión de la Comisión por parte de los expertos es la recomendación de que las industrias no permanezcan en el cordón industrial.

El señor Dinamarca hizo presente que siempre ha escuchado de Rodrigo Egaña y de Clemente Pérez críticas muy fraternales. Una de las cosas que criticaba la Conama del plan regulador metropolitano es que saca las industrias del anillo de Américo Vespucio, con lo que se alargan más los viajes y distancia al trabajador de su fuente de trabajo, lo que produce además contaminación atmosférica.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) indicó que el profesor Romero también planteó la teoría del crecimiento urbano tipo estrella, que ha significado los diversos planes de parcelas de agrado que ha posibilitado que ciudadanos de mayores recursos estén emigrando fuera de la ciudad, con un desplazamiento promedio de 30 ó 40 kilómetros, generando centros de poblamiento urbano, lo que también alarga todo este tipo de viajes. Pero ésos son fenómenos de expansión urbana, en este caso habitacional, incontrolados. El tema es que dentro de la planificación del crecimiento en los próximos años, hay una cierta línea estratégica para la ubicación de las industrias que la Sofofa está evaluando. En cuanto a las regiones, estimó que éstas no deberían repetir los grados de concentración que hoy sufre Santiago , sino más bien, imitar el modelo, que Santiago está buscando, que es precisamente tener áreas donde la instalación de industrias no produzca ningún tipo de problemas.

El señor Dinamarca señaló que respecto de los otros elementos, hay iniciativas que incluso les ha tocado estudiar y trabajar con Cancillerías, por ejemplo, respecto de algunos contaminantes orgánicos persistentes, que son doce, y que se están tratando de normar por tratados, uno de los cuales es la temida dioxina, urano y otros. La Sofofa ha participado en esas reuniones y ha aportado los antecedentes técnico-científicos que tienen en base a su propia bibliografía y literatura científica. En muchos casos, han coincidido. Es más, muchos de esos contaminantes que se quieren prohibir por tratados, están prohibidos en Chile desde 1994. Por ejemplo, la Conama de la Región del Biobío invitó al sector industrial a que dijera en qué quería que se normara, y la Sofofa, a través de la Cámara Chilena de la Producción y del Comercio y de las sociedades pesqueras, propuso normar los olores de la industria de la celulosa y harina de pescado. Son dos normas que pidió el sector industrial, porque la no existencia de la norma dejaba sujeto al sector industrial al olfato de la gente, y podía ser que a la gente le resultara desagradable y, por tanto, toda la actividad económica quedaba sujeta a un escenario de inestabilidad, por lo que pensaron que lo más razonable era normarlo.

La Sofofa también está participando en una Comisión ad hoc que se constituyó en Santiago con la Conama, a la cual asistió gente de la Universidad de Concepción, para entregar los antecedentes que van a permitir elaborar las normas sobre compuestos orgánicos volátiles. La Conama les anunció que está en estudio un conjunto de 8 normas más para la Región Metropolitana, además de la revisión de las vigentes.

Según el tercer programa priorizado de normas, anunciadas en marzo de este año, se va a revisar PM 10, anhídrido sulforoso, ozono. Pero además se van a dictar normas sobre contaminantes primarios precursores del ozono, como comportamiento volátil. En cada una de esas iniciativas están trabajando, desde luego, contándole a sus asociados y subdepartamentos técnicos toda la literatura que les permita ver qué está pasando en el resto del mundo y así sugerir un camino apropiado a la realidad local y a la autoridad. Están conscientes de que viene un proceso normativo muy importante y además están pidiéndolo porque, de lo contrario, los recursos de protección y las acciones judiciales que se emprendan en contra de algunas industrias, serán resueltos por el juez sobre la base de disquisiciones extranormativas.

A la Sofofa le alienta mucho la idea de que se norme, y una de las cosas que se han señalado a la Conama es que debieran ser un poquito más ágiles, porque han pasado 3 años, se han anunciado como quince medidas, y han salido sólo tres.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló que respecto de las disposiciones constitucionales se hizo referencia a la constitucionalidad que tendrían las medidas respecto de suprimir la libertad de desarrollar una actividad productiva. En esta relación aparece un acto inconstitucional, al que también se ha hecho referencia aquí, respecto del artículo 49. En ese sentido, le gustaría conocer la opinión de la Sofofa al respecto, porque hoy, el gobierno no puede aplicar la restricción a los autos catalíticos por cuanto la derogación del artículo 49 por el Tribunal Constitucional, que además constituía la restricción de los procesos industriales -industria y automóviles catalíticos- en una regulación que podría estar afecta. Sin embargo, los asociados de la Sofofa han estado sujetos a restricciones en lo que significa paralización. No obstante, el Gobierno no ha tomado medidas respecto del tema de los automóviles catalíticos. En ese sentido, si la Sofofa está de acuerdo con el artículo 49, en el sentido de que la autoridad ponga más restricciones, se podrían haber indicado las regulaciones al espectro completo de los actores contaminantes. No sabe cuál es la norma o las regulaciones que restringen a las industrias. Sin embargo, no se puede hacer lo mismo con los automóviles, sean catalíticos o no, puesto que todos aportan polvo en suspensión. En este sentido, el artículo 49 fue declarado inconstitucional, o sea, la facultad expresa no existe. Por lo tanto, ése es el debate que ha estado en discusión. ¿Cuál es la propuesta de la Sofofa respecto de ese tema? Han planteado que se sienten discriminados por los actores contaminantes de las fuentes móviles. En ese sentido, es partidario de reponer el artículo 49. Por lo tanto, es una facultad que no existe. ¿Cuál es la facultad para restringir a la industria y por la cual se establece que las fuentes fijas no son restringidas?

El señor Dinamarca respondió que la restricción vehicular y la paralización industrial fueron establecidas en el decreto Nº 32, del Ministerio de Transportes, de 1990, el cual nunca fue impugnado, porque no había Congreso Nacional. Sólo los señores diputados y el 25 por ciento de los senadores pueden impugnar dicho decreto. El plan aumenta, mediante decreto, a 30 por ciento y persevera en la restricción.

La Sofofa hizo presente a la Contraloría General de la República lo que señaló el tribunal, pero dicho organismo se declaró incompetente. De manera que pidieron a la Cámara de Diputados o al Senado que presentara el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero tenían claro que ningún parlamentario estaría disponible para hacerlo. Finalmente, le mandaron esa información a la mayoría de los parlamentarios de la Región Metropolitana.

Cuando se ha aplicado restricción, un ciudadano particular puede recurrir de protección para abrir la instancia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que tiene la Corte Suprema respecto de decretos ya existentes. El Tribunal Constitucional tiene sólo 30 días de plazo, desde que se cumple. Entonces, la Corte Suprema señaló que era constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que declarar restricción vehicular y paralización industrial era inconstitucional. Por eso el Gobierno sigue aplicando esa medida sobre la base del decreto Nº 32 y del Código Sanitario, que dice que la autoridad puede prohibir o permitir las emisiones atmosféricas.

M) Sergio Montenegro

Asistió el señor Sergio Montenegro , abogado, profesor de Legislación Ambiental de las universidades de Santiago de Chile y Mayor, y de Inacap.

El señor Montenegro enfocó su exposición desde el punto de vista de ciertos aspectos constitucionales y legales del plan de prevención y descontaminación atmosférica de la Región Metropolitana.

Este plan ha sido cuestionado en cuanto a su constitucionalidad y legalidad. Las principales críticas han provenido del sector empresarial, de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Comisión Nacional de Energía y Vapores Industriales Limitada, que hizo un requerimiento, incluso, ante la Contraloría General de la República, y de algunos medios de prensa, básicamente las editoriales de los diarios “El Mercurio” y “La Tercera”, que han estado sistemáticamente planteando y diseminando la dudosa constitucionalidad y legalidad tanto del plan de descontaminación como de todas las medidas que se tomen a partir de él. Básicamente, sus críticas apuntan a que todo este plan consiste en un conjunto de restricciones y limitaciones que estarían lesionando los derechos básicos constitucionales, como son el derecho de propiedad, el derecho a ejercer libremente una actividad económica y el derecho a disponer de los bienes, como elementos del derecho de propiedad.

Un segundo punto de crítica o ataque apunta a que ni el plan mismo ni ninguna de las medidas que se contienen en él podrían establecerse por simple decreto, dentro de la potestad reglamentaria del Ejecutivo , sino que requerirían de ley.

El tercer elemento de crítica es que ya hubo un fallo del Tribunal Constitucional, del 28 de febrero de 1994, que se pronunció respecto de un artículo en concreto, referente a ciertas restricciones y limitaciones de tipo permanente, que podría adoptar la autoridad en situaciones de emergencia o preemergencia. Pero eso fue un fallo y un hecho muy puntual. Sin embargo, ha sido sacado a relucir, casi permanentemente, que este plan estaría yendo a contrapelo de una decisión del Tribunal Constitucional, lo cual, como demostrará más adelante, no tiene nada que ver, pues ese caso fue una situación muy puntual y no puede constituir una limitación a futuro para cualquiera otra medida que se tome. Ésas son las tres principales críticas que se han hecho al plan.

¿Dónde están los fundamentos de este plan de descontaminación? ¿Dónde está su base constitucional? Desde su punto de vista, está en el artículo 1º, de la Constitución Política, que en su inciso cuarto establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a su perfeccionamiento, a su valor como ser humano. Para ello, puede tomar una serie de medidas que están dentro de su mandato como representante de la comunidad.

En seguida, al entrar al gran estatuto de las garantías constitucionales, contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política, cuyo número 1º señala que la Constitución asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Luego, en su número 8º establece la garantía constitucional sobre el medio ambiente, por todos conocida. Sin embargo, en todos los documentos y en todos los debates parece que la lectura llega sólo al primer inciso de dicho número, que señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahí queda el análisis y no se siguen leyendo los incisos siguientes, que son básicos y fundamentales para todo lo que viene a continuación. El número 8º dice, además, que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar por la preservación de la naturaleza, etcétera.

El deber del Estado, congruente con su primera disposición del artículo 1º de la Constitución, es que debe arbitrar todas las medidas, soluciones y propuestas que tiendan a materializar y a hacer efectiva esta garantía constitucional y la Carta no precisó qué se entiende por velar o que no sea afectado. Está dentro de la potestad de sus órganos que el Estado puede arbitrar cualquier tipo de medidas que sea coincidente con este mandato sustancial que le entrega el ordenamiento constitucional.

Otra disposición que también se olvida con frecuencia es el artículo 19, Nº 8º, el cual dice que “La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.”. Para hacer efectiva esta garantía podrá, en cualquier oportunidad y circunstancia, y por disposición del legislador, restringirse, limitarse o establecerse algún tipo de restricciones al ejercicio de todos los otros derechos, como el de propiedad, el de disponer de los bienes, el de trasladarse de un lugar a otro, el de ejercer alguna actividad económica, etcétera.

Sin embargo, en el mismo artículo 19, en el Nº 26, se establece el único límite que puede tener esta invasión o esta restricción a los derechos constitucionales al señalar que la Constitución asegura “que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que aquella lo autoriza no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.”

Aquí se compatibiliza hasta dónde pueden llegar estas disposiciones que pueden ser instrumentalizadas a través de la potestad reglamentaria. ¿Cuál es el tope? Que ninguna de estas medidas puede significar un desconocimiento en su esencia de los derechos constitucionales que impidan su total ejercicio.

Al respecto es muy interesante conocer una serie de fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago como de la Corte Suprema, a raíz de sucesivos recursos de protección contra la restricción vehicular, en que sistemáticamente la Corte de Apelaciones ha sido invariable en sostener que todas las resoluciones o decretos por los cuales se ha impuesto la restricción vehicular han sido perfectamente posibles de dictar a través de decretos o resoluciones del Ministerio de Transportes, de la Subsecretaría o de la Intendencia. No se requiere una ley especial, porque la facultad legislativa está tomada sobre la base de lo que dispone la Constitución, en leyes que han sido dictadas con mucho tiempo de anterioridad, como es el Código Sanitario, la Ley de Tránsito y la que, en su oportunidad, creó la Subsecretaría de Transportes.

Todos son textos legales basados en la Constitución. Por lo tanto, la potestad reglamentaria, enmarcándose en estos mandatos claros y precisos de la ley y la Constitución, pueden perfectamente llegar a la disposición en concreto.

En todos estos fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago también se ha agregado, que se altera un derecho en su esencia cuando se desfigura totalmente en lo que son sus requisitos, atributos básicos y cuáles son éstos del derecho de propiedad para los efectos de los que disponen de vehículos y cuál es el derecho en su esencia del que dispone de otro tipo de ejercicio de uno de estos derechos, cuando sencillamente en el caso concreto de los vehículos, se le expropiara, en donde se requiere de una ley especial que contemple todo el procedimiento expropiatorio o bien cuando se le cercenara absolutamente el poder de disponer del vehículo en su plenitud: venderlo, traspasarlo, arrendarlo, circular por todo el territorio de la República , etcétera. En esos casos se estaría en presencia de una limitación en su esencia. Por lo tanto, la Corte ha sido reiterativa en sostener que estas medidas son simples modalidades de ejercicio que en nada afectan el derecho de propiedad ni el de libre disposición de los vehículos.

En cuanto al tema de los vehículos catalíticos, que se anuncia, se estima como probable y que hay mucho temor en adoptar la decisión. En su opinión, basada en todos estos antecedentes, la modalidad de los vehículos catalíticos fue establecida mediante un simple decreto, el 211, que está dentro de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Toda potestad reglamentaria está inspirada en los principios de oportunidad y conveniencia, que es plena y soberanamente decidido por el Ejecutivo. Ésa es la esencia de una potestad reglamentaria, razones de conveniencia u oportunidad. ¿Quién la juzga, cuándo puede o no puede ser? Es el propio Poder Ejecutivo , mientras no sea inconstitucionalidad o ilegal no hay problema. Hasta donde se ha visto y analizado no hay ninguna norma constitucional y legal que le haya dado un estatuto propio e inviolable a los poseedores de vehículos catalíticos. ¡Que se anunció! La historia de Chile está plagada de anuncios que ha hecho el Ejecutivo u otras autoridades que después por razones de conveniencia u oportunidad cambian de la noche a la mañana y en situaciones mucho más críticas.

Es decir, la potestad reglamentaria del Ejecutivo , del Presidente de la República a través de sus ministros, es esencial de que juzgue las razones de conveniencia y oportunidad. Si en un momento se estimó que los vehículos catalíticos, que no tienen ningún estatuto de excepción no por vía constitucional ni legal, tampoco estamos en presencia de un contrato ley, que es el que suscribe el Estado con el inversionista extranjero, es el estatuto que regula toda la materia relativa a condiciones tributarias, a retiro de utilidades, etcétera, y no puede ser variado unilateralmente, porque hay un compromiso del Estado que requiere el acuerdo de las dos partes, y aquí no hay un contrato ley respecto de las personas que adquirieron un vehículo catalítico. Ocurre que en este momento, de acuerdo con lo que se ha escuchado al Ministro de Salud y a todos los expertos que han venido a la Comisión, el problema crítico de la contaminación ya no es de gases, sino que del material particulado fino de PM 10 y PM 2,5 que es arrastrado por el polvo en suspensión llegándose a la conclusión de que ese polvo lo arrastran y lanzan vehículos catalíticos, convencionales, buses de la locomoción colectiva, etcétera. De manera que perfectamente podría argumentarse como una razón de conveniencia, oportunidad, de urgencia o de salud que se varíe y se cambie el estatuto por el cual se le dio esta franquicia a ese tipo de vehículos, de manera que no hay ningún problema constitucional o legal. Más bien está en la decisión política, de costo-beneficio que el Ejecutivo , junto con el Ministro , tendrán que evaluar y sopesar.

Concordante con todo este predicamento de que estamos dentro del ámbito constitucional y legalidad de estas medidas también se debe tener presente que ellas han sido tomadas dentro del marco de la Ley Nº 19.300, la cual no ha sido objetada, derogada ni anulada, porque hubo un fallo del Tribunal Constitucional que recayó sobre un artículo y unas disposiciones muy específicas, pero el texto completo de la ley Nº 19.300 está plenamente vigente, en virtud de la cual pueden adoptarse, vía decreto, una serie de medidas, tales como los planes de prevención, de descontaminación, la fijación de normas y otras disposiciones que contemplan la posibilidad de que en algún momento se pueda ir hacia una restricción o limitación de los derechos constitucionales, con lo cual se vuelve al análisis de que todo eso está enmarcado dentro de la Constitución.

Asimismo, es importante tener en cuenta que la parte final del artículo 1º de la ley Nº 19.300 dispone que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se regulará por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Es decir, la ley deja vigente y convive con toda la legislación existente con anterioridad a marzo de 1994, lo que, de un modo u otro, toca o invade alguna materia relacionada con el medio ambiente. Por lo tanto, tampoco podría argüirse que sólo la ley Nº 19.300 es la que autorizaría la adopción de ciertas medidas tendientes a solucionar algunos problemas de protección del medio ambiente, porque existe legislación al respecto. Con eso, una vez más, volvemos al predicamento de que se trata del Código Sanitario, del decreto ley Nº 3.557, de 1981, Ley de Fomento Agrícola, y de otra serie de disposiciones.

En consecuencia, si se quiere recurrir a bases legales externas a las establecidas en la Constitución, se puede mencionar el artículo 14 del decreto con fuerza de ley Nº 725, de 1967, del Código Sanitario, que establece: “Corresponderá a los servicios de salud la supresión de cualquier factor que ponga en peligro la salud, seguridad o bienestar de la población.” Allí se da la posibilidad de que sea la autoridad de Salud la que, en conjunto con el Ejecutivo u otra autoridad, señale qué factor está afectando gravemente la salud de la población.

El artículo 67 del mismo Código va a más allá todavía, pues expresa: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar por que se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las normas de este Código y sus reglamentos”. Aquí la ley establece el marco y permite que se opere por vía reglamentaria, pero no señala el límite ni dice cuándo ni cómo, pues se trata del ejercicio de una potestad reglamentaria, como es el Código Sanitario.

Por último, respecto de los reglamentos que se dicten, el artículo 89 del Código Sanitario, dispone: “El reglamento comprenderá normas como las que se refieren a:

“a) la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de materias u olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar del hombre o que tengan influencia desfavorable sobre el uso y goce de los bienes.

“La reglamentación determinará, además, los casos y condiciones en que podrá ser prohibida o controlada la emisión a la atmósfera de dichas substancias;”. En este caso, la reglamentación es la que señala cuando prohíbe funcionar o cuando impone limitaciones o restricciones.

Asimismo, se desconoce o se ignora que existe otro texto aún mucho más antiguo, de 1981, el decreto ley Nº 3.557, Ley de Fomento Agrícola, que aunque estaba planteado en otro contexto y para otro ámbito de acción, en el inciso final de su artículo 11 rescata y tiene una disposición muy importante, pues establece que en casos calificados se autoriza al Presidente de la República para ordenar la paralización total o parcial de las actividades, empresas artesanales, industriales, fabriles y mineras que lancen al aire humos, polvos o gases, que vacíen productos y residuos en las aguas, cuando se comprobare que con ello se perjudica la salud de los habitantes, se alteran las condiciones agrícolas de los suelos o se cause daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de vegetales o animales.

Parecía que el decreto Nº 3.557 había quedado en el desván del olvido. Sin embargo, fue desempolvado por dos importantes fallos de cortes de apelaciones, las cuales, conociendo de recursos de protección, señalaron que este decreto estaba muy vigente y activo, como ocurrió en el famoso caso de los olivareros de Copiapó, a raíz del recurso de protección que presentaron debido a las emanaciones y los contaminantes que estaba arrojando la fundición de pellets de la Compañía Minera del Pacífico, los que habían producido un serio daño a toda la producción de olivos del valle del Huasco, así como a los pescadores de la bahía Chapaco .

Uno de los fundamentos más importantes de dicha sentencia señalaba que esa compañía había estado infringiendo, en forma sistemática, el decreto ley Nº 3.557, y que, por lo tanto, se acogía, entre otros considerandos, el recurso de protección.

En consecuencia, ésta es otra herramienta legal que sirve de fundamento a cualesquiera de las medidas que vayan en beneficio y protección del medio ambiente.

La potestad reglamentaria del Presidente de la República , respecto de la cual el artículo 24 de la Constitución establece una base constitucional importante, al señalar que al Presidente de la República le corresponde el gobierno y administración del Estado, está señalando en términos amplios y comprensivos, todo lo que el Presidente de la República puede tener como visión dentro de su potestad prima de gobernar y administrar el Estado. Además, el artículo 32 de la Carta dispone que al Presidente de la República le corresponde, entre otras funciones, la potestad reglamentaria.

Por otra parte, ha quedado claramente establecido el reconocimiento por parte de los tribunales superiores de justicia de que se pueden limitar o restringir otros derechos o libertades, así como de la potestad del Presidente de la República para su aplicación.

El fallo del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 1994, que recayó sobre el artículo 49 de la ley Nº 19.300 se fundamentó sobre su contenido, acogiéndose el recurso planteado a dicho tribunal, con el voto de minoría, del ex Ministro señor Colombo .

El artículo 49 planteaba que en situaciones de emergencia ambiental se podían adoptar, vía decreto, una serie de regulaciones especiales de carácter permanente para recuperar los índices de calidad de aire que habían sido sobrepasados o que ameritaban la declaración de emergencia o las situaciones excepcionales. Se señalaba que dichas limitaciones podrían comprender restricciones a uso de vehículos y prohibiciones de emisión a empresas o industrias. Eso era lo que señalaba en general dicho artículo, respecto del cual hubo mucha polémica, porque establecía la posibilidad de que vía decreto se pudieran establecer situaciones de emergencia o preemergencia en forma más o menos permanente, además de que podía llegar a limitar o restringir el ejercicio de otras garantías constitucionales.

La declaración de inconstitucionalidad prosperó, es decir, fue acogido el requerimiento basado fundamentalmente en que se dijo que las restricciones eran de competencia exclusiva del legislador.

Se señalaba que tales restricciones a la Constitución sólo se preveían para los estados de excepción constitucionales, es decir, como aquellos derivados de agresión, de conmoción interior, de calamidad pública, etcétera.

También se sostuvo que estas restricciones afectaban el contenido esencial de tales derechos. En este punto también se observa una discrepancia entre lo que sostiene el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia, porque, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han dicho que toda vez que se limiten o se restrinjan algunos derechos en aras del medio ambiente no hay una lesión en lo esencial de estos derechos. No obstante, el Tribunal Constitucional opina que éstos se lesionan.

El voto de minoría del ex ministro señor Colombo señala que el deber imperativo del Estado es promover el bien común, para lo cual hacía una larga exposición del artículo 1º de la Constitución, de las atribuciones del Ejecutivo, etcétera. Además, insistió en que la potestad reglamentaria era una potestad básica e irrenunciable del Presidente de la República . El ex ministro Colombo señaló que la Constitución y la ley podían establecer una cosa, pero que era el Presidente de la República o sus Ministros los que debían determinar cuándo era oportuno actuar en un sentido u otro.

El ex ministro Colombo también sostuvo que las restricciones a los derechos tenían como objeto el bien común. En ese sentido, nadie puede pensar que se adoptan medidas que restringen o limitan derechos en forma caprichosa, pues siempre se tiene presente el bien común.

Por último, rebatiendo lo que planteaba el voto de mayoría, el ex ministro Colombo dijo que estas situaciones de emergencia ambiental no tienen nada que ver con los estados de excepción a que alude la Constitución Política, los que están claramente definidos. Éstos son agresión externa, conmoción interior, sublevación, calamidad pública, etcétera.

Las emergencias ambientales son un campo mucho más restringido por cuanto afectan sólo a parte del territorio nacional y con el Plan de Descontaminación se ha comprobado que es un problema localizado, de manera que aquí se están confundiendo cosas elementales.

El señor Montenegro señaló compartir plenamente el voto en contra del ex ministro señor Colombo , porque sus efectos sólo se producen con respecto al artículo 49, que fue recurrido de inconstitucionalidad y, por lo tanto, no puede considerarse como un elemento de amenaza o limitante a la adopción de futuras decisiones en esta materia. Por lo demás, de acuerdo con el principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, los efectos de los fallos de los Tribunales, son de efecto relativo. Sólo se refieren a las causas por las cuales se pronuncian, limitándose a lo que se plantea entre las partes.

La declaración del Tribunal Constitucional terminó y se agotó en esa instancia sólo para ese artículo. Además, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Política, los fallos del Tribunal Constitucional, sólo obligan al Poder Legislativo. Al determinar que una norma es inconstitucional no se puede promulgar ni ser ley de la República; que fue lo que se hizo, al excluir este artículo. Por ello, todo lo que se instrumentalice a futuro, basado en la ley Nº 19.300, en la Constitución y en la potestad reglamentaria del Ejecutivo , van a estar con esta sombra de inconstitucionalidad. No se puede esgrimir este argumento del fallo del Tribunal Constitucional como un pecado original de todo lo que venga a futuro, porque si se agotó el efecto relativo a los fallos, éste es capítulo terminado.

La Ley Nº 19.300 consigna en una serie de párrafos, disposiciones a través de las cuales se van a poder dictar normas de calidad ambiental o normas de emisión. Para eso está trabajando la Conama con el Ministerio de Salud.

Finalmente, el espaldarazo más definitivo al Plan de Descontaminación en cuanto a su constitucionalidad y legalidad emanó de la propia Contraloría General de la República al cursar sin objeciones el Decreto Nº 16, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el cual, en el momento en que estaba en trámite de toma de razón por la Contraloría, la Sociedad de Fomento Fabril hizo una presentación de “téngase presente” haciendo ver la ilegalidad y la inconstitucionalidad de tales medidas. Al respecto, el dictamen 19.315, de 2 de junio de 1998, de la Contraloría, se hizo cargo de cada una de las objeciones de la Sofofa y las que descarta, llegando a la conclusión de que son plenamente legales y constitucionales.

Con ello queda completamente aclarada la perfecta constitucionalidad y legalidad del Plan, y de las medidas que se adopten.

A continuación el señor Montenegro planteó algunos reparos u observaciones respecto de su contenido.

1) Carece de un marco global de referencia en donde se integre la variable contaminación atmosférica con otros componentes de la problemática ambiental, dentro de otras variables, que son tanto o más importantes que este solo punto. Dentro de las doctrinas de los autores del medio ambiente y los estudiosos del tema, se plantea el principio de la globalidad para que no sólo se parcialice que hay otras concomitantes. Aquí se produce un distanciamiento. Es como decir : “los árboles no dejan ver el bosque”. Se trata de un conjunto de disposiciones, que se pierden al tomar este asunto muy parcializado, mencionando muy a la pasada el uso del suelo, el sistema de transportes, el manejo de residuos etcétera, pero se desenfoca de este aspecto global. Al respecto, rescata lo planteado por el Diputado señor Girardi , al señalar que el problema no era una industria más o una industria menos; ni tampoco que contaminen más o contaminen menos. El problema está en que detrás de esa industria hay puestos de trabajo, familias, casas traslados, movimiento de ida y venida de camiones, movimiento de material, transporte, bulla, ruido, etcétera. Aquí hay otra serie de otras concomitantes aparte el problema ambiental atmosférico, que no pueden desconocerse.

También se podría considerar como otro elemento la expansión desmedida de la ciudad. Aun cuando la Constitución dice que cada uno tiene derecho a vivir donde quiera, si se localiza un conjunto hacia el sur, otro al norte y otro al oriente, se va a producir un movimiento de tierras, más viajes, etcétera, lo que también forma parte de un pandemónium creando más problemas ambientales.

2) La complejidad y alcance de toda las medidas pone en duda la real capacidad institucional de la Conama, considerando su naturaleza jurídica, competencia y funciones para implementar y supervigilar cabalmente sus disposiciones.

En su opinión, éste es un monstruo de mil cabezas, en el buen sentido de la palabra. No es malo, pero es tan grande el cúmulo de tareas y de medidas que se proponen, que no es para una simple Conama tal como está estructurada hoy día. Al analizar la ley orgánica, esta señala que: “Corresponderá a la Comisión proponer al Presidente del la República políticas ambientales, informarle periódicamente cómo se están cumpliendo las leyes, actuar como órgano de consulta, mantener un sistema de información, administrar el sistema de la evaluación impacto, colaborar con las autoridades competentes, coordinar a los organismos.” Es un cúmulo de atribuciones y funciones. Es imprescindible darle otra naturaleza jurídica y se muestra partidario de un organismo supraministerio, con autonomía competente, con poderes ejecutivos fiscalizadores pero al estilo de EPA.

3) Como consecuencia de todas estas consideraciones, surge como prioritario e impostergable la creación de un “gran administrador” y “gerente territorial” o un “intendente mayor” para la Región Metropolitana.

Es indiscutible que tiene que haber alguien que tome decisiones sin que tenga que estar supeditado a requerimiento de un Ministro u otro, o de algún choque con los problemas presupuestarios.

Al respecto, hace presente una inquietud: ¿Hasta cuándo la Conama va a exigir metas, estudios y cumplimientos, en circunstancia de que las cosas no funcionan coordinadamente?

En Inglaterra, un gran administrador de la ciudad de Londres, que actuaba con plenos poderes, fue eliminado en el Gobierno de Margareth Thatcher, pero hace dos meses tuvo que ser reintegrado. Al destacar que era importante que este funcionario contara con plenos poderes se entiende así porque dependen de él la policía, el transporte, la salud, la educación, el aire y todo lo que surgió a raíz de la crisis del año 52; lo tuvieron que reintegrar porque reconocieron el resultado. También Jacques Chirac fue el gran alcalde mayor de París y con plenos poderes. Entonces, ¿por qué estas cosas no ocurren acá?

Respecto de las medidas propuestas, hay una inadecuada proporcionalidad entre las mayores fuentes aportantes de contaminación y el énfasis en las medidas propuestas. Se le está recargando demasiado el control al sector de fuentes fijas. Con los actuales mecanismos y disposiciones estamos bien, pero se está descuidando una mayor proporcionalidad o énfasis en los otros sistemas y componentes de fuentes contaminantes.

Además, existe descoordinación entre las medidas propuestas y los órganos de ejecución y sus recursos financieros.

A raíz de la publicidad del plan, al director regional de la Conama se le preguntó si se podrá llegar a la tasa de forestación del millón de árboles, a lo cual respondió que era absolutamente impracticable, porque no se podían plantar más de 60 ó 70 mil árboles cuando más, debido a las condiciones del terreno, la aridez, los problemas que hay en la precordillera de Santiago y los cuidados que hay que otorgarle a los árboles. Es muy fácil crear campañas de plantación de árboles, pero quién los riega. Cuántas campañas de boys scout, de juntas de vecinos y de escolares plantando árboles se han realizado.

El decreto ley Nº 701, sobre bonificación de las plantaciones y forestaciones, exige una determinada tasa de crecimiento. No se trata de plantar tantos árboles con este plan de manejo. Primero se debe ver si resulta o no. Se proponen cosas absolutamente impracticables. Es una situación muy preocupante que a futuro puede ocurrir en vialidad, en transportes o en salud, en el sentido de que la Conama propone esto, pero la realidad de las cosas dice esto otro.

La mayoría de las medidas se plantean como meras recomendaciones o simples indicaciones. Son demasiado débiles respecto de la urgencia de algunos problemas.

Finalmente, advierte una nula o escasa preocupación por temas que, aunque no son propios de un plan de descontaminación, tienen directa vinculación con él.

1º Expansión desmedida e irracional de zonas urbanas.

Hay un proyecto de ley en trámite para unificar el decreto ley Nº 3.516, que autoriza subdivisiones y parcelaciones. Pero en el plan no se dice nada. Eso es crítico para poner coto al asunto de la expansión desmedida, sacrificando terrenos agrícolas, etcétera. Algunos podrán decir que hay una Comisión Mixta de Vivienda o Agricultura que regula estas cosas y se incorporó el Sag, Turismo y Bienes Nacionales. Pero, ¿qué hace esta Comisión?

Es lo mismo que cuando la Conaf dice que, por excepción, autoriza no reforestar con bosque nativo, sino con otro tipo, cuando incluso puede tener autorización de la Conaf para cambiarle el uso del suelo. Entonces, cuando las normativas dicen que la regla general es esto, pero las excepciones son estas otras, la excepción se transforma en la regla general y ésta queda en el olvido.

Es urgente modificar el plan regulador intercomunal de Santiago. Nada se señala sobre las medidas que propone el plan de 1994. Se le está imponiendo densidades habitacionales a ciertas comunas sin tomar en cuenta la realidad de hoy. El plan intercomunal se comenzó a elaborar en 1989 y se concretó en 1994. La realidad es totalmente distinta. Las comunas de Lo Barnechea y La Florida están reclamando que esas tasas de densidad les producen un descalabro. Entonces, hay conflictos en los tribunales sobre los permisos de edificación, los loteos, etcétera.

La cota máxima para límite edificado es la precordillera. Esto también está ligado al problema de la forestación. En este momento, el plan regulador intercomunal establece la cota 900. Pero está superada hace mucho tiempo. Además, se está planteando una carretera de pie de monte en la cota 1.000. ¿Qué significa esto? Construir servicentros, hosterías, restoranes, escuelas, viviendas, hacer loteos, etcétera. Entonces, luego estaremos llegando a la cota 1.100 ó 1.200.

Otro problema importante es la zonificación industrial.

El plan regulador intercomunal plantea una serie de posibilidades de que la convivencia de industrias molestas y contaminantes dentro de los límites del gran Santiago también estén dentro de las excepciones y las contraexcepciones. Hay comunas que no quieren que sus industrias se vayan de sus territorios; en cambio, a otras se les están dando todas las facilidades para que se queden. Entonces, urge definir una nueva clasificación de industrias contaminantes, peligrosas, explosivas, molestas e inofensivas, la cual viene de los años ochenta. Concuerda con la Sociedad de Fomento Fabril cuando dice que esa clasificación es absurda, porque con ella los servicentros no podrían estar en zonas residenciales, puesto que por los combustibles que almacenan y las materias primas que manejan son altamente explosivos y peligrosos. De manera que esa clasificación está obsoleta.

La zonificación industrial también debería analizarse a la luz de que coincida con las disposiciones del plan.

Por último, echa de menos un mayor énfasis en los sistemas de transportes. Hay que restituir los transportes eléctricos y los trenes interurbanos, por cuanto son soluciones que conviven en otros países más desarrollados que el nuestro y nadie se avergüenza de tomar un tren para ir a su trabajo. Por el contrario, en Santiago tenemos traumas y mitos de que cómo me voy a subir al Metro. Hay tranvías en Austria, Alemania, Holanda, etcétera. Aquí también teníamos tranvías eléctricos. ¿Qué sucedió con los trolebuses? Se cometió el equívoco de meterlos en algunas avenidas donde los choferes eran agredidos por los de los microbuses, porque le hacían la competencia. El problema es quién definió ese recorrido. En consecuencia, en el plan se hace muy poco énfasis en el planteamiento de nuevos sistemas de transporte no contaminantes.

N) Fernando Dougnac .

Según el señor Dougnac, abogado, el Plan de Prevención y Descontaminación presentaría un problema básico: que los parámetros a través de los cuales se puede determinar su bondad o maldad están equivocados. Basó su argumentación, señalando que el decreto supremo Nº 59, establece como nivel normal 150 microgramos por metro cúbico de material particulado respirable.

Eso significa que lo normal, lo que sirve para determinar si hay contaminación o no es el rango de 150 microgramos por metro cúbico normal de aire.

Es importante considerar que en Estados Unidos, Australia, Japón, Inglaterra, etcétera, los mecanismos han demostrado que los efectos se producen cada vez que se sobrepasan los 50 microgramos por metro cúbico, por cada 10 que suba sobre 50, aumenta en un 1 por ciento.

El artículo 3º del decreto 59 señala: “Defínese como niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para material particulado respirable aquellos que, de acuerdo a los cuales el valor calculado para la calidad del aire y concentración de 24 horas, se encuentran en el respectivo rango señalado en la tabla siguiente:

“Nivel 1: de 195 a 239 microgramos por metro cúbico.

Nivel 2: de 240 a 329 microgramos por metros cúbico.

Nivel 3: de 330 o superior”.

Es decir, el nivel por el cual la autoridad comienza a decir que estamos siendo afectados por la salud ni siquiera respeta el de 150, porque parte de 195. A esto se debe agregar el percentil 98, como una manera de evitar que se tenga que declarar situación de emergencia cada vez que sobrepasaba la norma.

¿Qué está sucediendo? Que cada vez que se dice que la situación está mala, no está mala sino que está pésima; cuando se dice que está buena, está mala; cuando se dice que está muy mala, los santiaguinos se están muriendo.

En el plan de descontaminación se señala que el sector que más material particulado aporta, tomado en forma individual, es el industrial; luego los vehículos y la contaminación natural producto del viento, que es muy importante. Sin embargo, el viento y el polvo siempre han existido y la gente no se ha muerto por eso. Lo que sucede es que este polvo es material contaminado, por lo cual estamos respirando veneno.

En este momento, el grave escollo constitucional que tenemos es que la Ley de Bases del Medio Ambiente ha interferido con las facultades del Ministerio de Salud, pero éste las conserva, de manera que perfectamente un ministro de salud podría, si tuviera la intención de hacerlo, reivindicar esas atribuciones.

Resumiendo, lo esencial es que la cuenca de Santiago no soporta la cantidad de gente que habita en ella, la que cada día aumenta más. Cualquier plan realista que vaya a la médula del problema tiene que partir por una desconcentración de la ciudad. Por lo tanto, hay que establecer leyes de incentivo tributario acompañadas de fuertes restricciones para que las fábricas se instalen fuera de Santiago, favorecer el transporte público, etcétera.

Ñ) Universidad de Chile. Escuela de Geografía.

Asistió el señor Hugo Romero , académico de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, quien señaló que el tema más relevante es el relativo al ordenamiento territorial, que ha sido uno de los menos trabajados en el país.

El ordenamiento territorial y los problemas ambientales a que se enfrenta el país es producto esencial del estilo de desarrollo que lleva el país y no habrá ninguna solución mientras no se relacionen mutuamente. Ésta es una de las grandes causas del fracaso actual del modelo.

En el caso específico de Santiago, que lamentablemente representa una situación que se ha enfatizado demasiado respecto de su peculiaridad, la situación urbana -encerrada en una cuenca- se reproduce prácticamente en todo Chile, de Arica a Puerto Montt. Lo que varía es la apertura de la cuenca hacia los vientos circulantes y dominantes. Los problemas de contaminación que afectan a Temuco, Iquique , Valparaíso , Viña del Mar y a muchas otras ciudades del país probablemente son comparables si se analizan proporcionalmente y, lo que es más severo, van a ser igualmente acelerados y agravantes en el próximo futuro, si no se adoptan medidas preventivas a tiempo. Dentro de las medidas preventivas, la condición ambiental urbana de una ciudad ubicada en una cuenca es extraordinariamente compleja. No ha habido ninguna capacidad de comprender esta complejidad. No se conocen las leyes de los procesos naturales y recién se comienza a medirlos. Por lo tanto, no se está actuando de una manera adecuada respecto del concepto de cuenca.

Ninguno de los procesos que están ocurriendo en Santiago son producto de la naturaleza per se, sino de la forma como los hemos controlado o manejado, que es fácilmente perceptible que no se ha hecho bien y lamentablemente podría estar ocurriendo en otras ciudades del país.

También es importante tener en cuenta que en Santiago se están presenciando los efectos de la globalización económica.

Desde este punto de vista, el Plan de Descontaminación no destaca el hecho de que el proceso de concentración económica, demográfica y productiva del país es una cuestión que torna irreversible el tema de la contaminación atmosférica en Santiago. Al incremento del ingreso y del producto y a la concentración de la actividad económica le siguen, consecuentemente, el tema de la contaminación. La concentración de Santiago es extraordinaria en términos de producto interno, mientras que otras regiones desfallecen completamente.

De las inversiones programadas en el próximo futuro, la mayor cantidad continúa estando en la Región Metropolitana. Las otras regiones son básicamente las que exportan materias primas, como la Segunda. Lo que presenciaremos en el próximo futuro es un Chile doble, dual, el Chile del norte y del sur y esto no es sólo una posición geográfica. Pensamos que en Chile se va a reproducir el esquema general de Italia: una del norte y otra del sur; un Brasil del norte y otro del sur, países del norte y del sur. Mientras esto no se revierta, todos los principios económicos hacen plenamente justificable que la inversión se siga concentrando aceleradamente en Santiago, no sólo el monto, sino la calidad de la inversión. Por lo tanto, este tema es absolutamente importantísimo y prioritario a la hora de enfrentar cualquier asunto como éste.

Con la actual estructura regional de la inversión y con la prevista para los próximos años, la condición de contaminación de la Región Metropolitana se acentúa día a día.

En Chile, se ha pasado desde l975 hasta ahora por tres fases de regionalización diferentes: la primera fue la político-administrativa (del gobierno militar), que dio al país regiones de esta naturaleza.

La segunda regionalización ocurrió entre 1975 y 1985, que fue el despliegue del capital a lo largo del país impulsando los recursos naturales y la economía exportadora.

La tercera base de regionalización que hoy he observado se llama conformación de macrorregiones o macrozonas en el país. Una de ellas abarca desde la Cuarta hasta la Octava Región, más o menos. ¿Qué características tienen estas áreas? Son altamente concentradoras, usufructúan altamente la ventaja de localización.

Otro polo de desarrollo muy importante en regiones es el sector de Antofagasta y Chuquicamata. El tercero, indefinido todavía, a mi juicio, es Concepción y Talcahuano. Un cuarto, quizás con un poco más de definición, pugna entre Temuco, Osorno , Valdivia y Puerto Montt.

Ahora, si esto se lleva al espacio urbano, es importante toda esta inversión y energía que se está acumulando en cada uno de estas zonas del territorio chileno.

Esto es dramático, porque existe una concentración, lo que hoy se llama un claustro, un racimo de proyectos, en tanto el resto del país como que espera una expectativa que realmente no queda clara desde el punto de vista del desarrollo y de la inversión.

Urbanamente, lo más relevante que ha ocurrido, y que está ocurriendo a nivel mundial -por eso puso el ejemplo de otras ciudades de Estados Unidos- es lo que se llama la formación de la ciudad estrella, o sea, que se extienden por vías de comunicación rápida en forma tentacular. Entonces, se está en presencia de un cambio muy importante en el patrón de urbanización de las ciudades chilenas.

Inicialmente el crecimiento era por crecimiento de la mancha urbana, lo que se llama creción, y cada vez que se fijaba un límite urbano, lo que venía a continuación era superarlo. Eso es lo que ocurría históricamente.

El nuevo proceso, sin embargo, se llama suburbanización, y señala que el uso del automóvil privado y la valoración de recursos que hasta hoy no se habían valorado, por ejemplo, los ambientales, hace que la ciudad comience a dispararse en todas direcciones. Esto no sólo lo observan en Santiago, sino que también en Temuco, en Puerto Montt y en otras ciudades.

Entonces, cree que no hay necesariamente un entendimiento global del proceso de urbanización. En Estados Unidos, durante los últimos 20 años, la gente ha incrementado su distancia de desplazamiento hacia el centro de la ciudad. De 5 ó 6 kilómetros hace 20 años, hoy la gente está viajando hasta 50 kilómetros entre su lugar de trabajo y el de su residencia. Hoy la tasa de motorización de Estados Unidos es un automóvil por cada 1,8 habitante. Si Chile sigue el estilo de motorización de Estados Unidos, en Santiago se debería tener en los próximos años alrededor de 2 ó 3 millones de vehículos. Nuevamente se vuelve al estilo de desarrollo. ¿Qué estilo de desarrollo se quiere implementar?

Por el contrario, hay países asiáticos que privilegian el transporte público y la tasa de motorización es un automóvil por 150 habitantes. En Santiago tenemos, aproximadamente, 1 por cada 7 habitantes. Todavía la tasa de motorización de Chile corresponde a la de un país subdesarrollado.

El crecimiento de la ciudad, comienza a diseñar estos factores que menciona, o sea, el crecimiento de la mancha urbana en todas las direcciones.

Hay un estudio que ha sido publicado por la prensa, que hizo una consultora para el Ministerio de Hacienda, que se refiere al crecimiento de Santiago fijado para 1970-2010. ¿Qué se observa? Contrariamente a lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 70, la mancha urbana -dejando algunas ciudades como Colina, San Bernardo y Puente Alto fuera de ella-, se incrementa. Se observa el surgimiento de fragmentos urbanos, unos archipiélagos urbanos, como Lampa y Batuco. Se está presenciando la formación de una anillo enorme que está circunscribiendo toda la zona metropolitana actual, pero al mismo tiempo se pueden observar los corredores futuros de desarrollo, que manifiestan el mismo modelo estrella que se veía anteriormente para Estados Unidos.

Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que se pueden sacar con ese patrón de densidad y de segregación social? Aquí está identificado claramente dónde va a vivir cada grupo social en el futuro. Aquí no hay ninguna posibilidad de complementación, de solidarización ni de internalización de las externalidades urbanas. Aquí lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Los grupos sociales económicamente más poderosos resuelven sus problemas buscando un medio ambiente cada vez más favorable, alejándose de las fuentes contaminantes, y los pobres esperan en sectores bien definidos y que, incluso, están bien determinados hacia el futuro.

El drama, es que esta gente se está localizando en el sector de Chicureo, de moderna urbanización, por lo que se están yendo cada vez más arriba de la cordillera, incluso los que se van extendiendo hacia Melipilla por el sector de Padre Hurtado. Todos resuelven su problema personal, y a la vez aumentan la distancia de viaje, pero ¿quién resuelve el problema de la externalidad y de la contaminación que ellos aportan?

No se conoce evaluación ambiental alguna de los planes reguladores intercomunales, que se está planeando para Melipilla, para la provincia de Chacabuco o para la propia Región Metropolitana. No hay objetivos ambientales explícitos en ninguno de estos instrumentos de planificación.

Existe un satélite que recorre todos los días Santiago, el cual entrega información relacionada con la temperatura de la ciudad. Lo que se ve es la isla térmica del centro de Santiago, resultante de la densificación histórica que ha sufrido ese sector. Entre el centro de Santiago y su periferia -por ejemplo, el pie de monte o el sector rural ubicado al poniente de Santiago - se han llegado a registrar variaciones de temperatura de hasta 10 grados. Esto es muy importante, por cuanto estas islas de calor urbanas permiten que las nubes y la convergencia de contaminantes contribuyan con su efecto, desde todos los sectores de la periferia urbana, a la situación que vive el centro de la ciudad. Por lo tanto, lo que sucede en la periferia urbana es fundamental para medir el efecto en el perímetro central. Casi todas las ciudades del mundo están preocupadas de deshacer estas islas de calor urbanas.

Con todo, se registró una buena noticia: el 8 de julio, por primera vez en 10 años, Santiago estuvo despejado y sin contaminación, lo que permitirá obtener, también por primera vez, una imagen de invierno. Mediante estas imágenes se podrá apreciar cómo se distribuye la temperatura y conocer el rol de las áreas frías y cálidas. ¿Por qué es relevante ese rol? Porque este contraste térmico determina la existencia de brisas que si bien pueden resultar insensibles a los aparatos que registran vientos, son extraordinariamente interesantes desde el punto de vista de la movilidad de la contaminación.

Al exhibir dos imágenes satelitales, una de 1984 y otra de 1994, se observaron todas las zonas que en los últimos diez años vieron decrecer significativamente la cubierta vegetal. El plan de descontaminación plantea la posibilidad de forestar, pero el crecimiento de la ciudad y su estilo urbano de desarrollo se traduce en deforestación, lo cual constituye una contradicción. Los japoneses son quienes más han avanzado en calcular la relación entre la mantención de la calidad ambiental urbana determinada para una ciudad y la existencia de superficies verdes. La relación se resuelve 4 a 1 a favor de la calidad ambiental urbana. Se trata de un tema extraordinariamente importante que el plan de descontaminación aborda sólo parcialmente a través del programa de forestación.

Sin embargo, no sólo se trata de saber cuántos árboles se van a plantar, sino de atender a elementos tan importantes como la localización, las funciones ecológicas e incluso temas que parecen menores, como el hecho de que las especies arbóreas que se incorporen no pierdan sus hojas en invierno y otoño como ocurre en la actualidad.

Exhibió una imagen que muestra la vegetación que restaba en la comuna de La Florida en 1994. Como se aprecia, el hecho de que la vegetación se prolongue a través de las quebradas, permite que éstas se constituyan en corredores de biodiversidad y en importantes agentes de circulación de vientos. En la zona cordillerana, las diferencias de temperatura están marcadas entre la ladera y la llanura, espacio donde circula permanentemente el viento. En este sentido, es importante observar las diferencias entre el valle del Maipo, hoy utilizado como área de picnic, y el sector que recae hacia Santiago . Ambos sectores deberían ser iguales, pero el segundo ha sido deforestado sistemáticamente debido a que se ha utilizado como zona de extracción de leña, franja para ganado y últimamente como lugar de urbanización.

De la imagen, se vislumbra nítidamente el desaparecimiento total de las cubiertas vegetales naturales que rodean Santiago . Eso, lamentablemente, no ha sido considerado en los planos reguladores, lo que obliga a ser mucho más exigentes en la evaluación de proyectos de impacto ambiental. No quiere decir con esto que los proyectos inmobiliarios que puedan localizarse en esa zona sean negativos per se, por cuanto ello dependerá del diseño urbano.

Si se compara la distribución de la vegetación con la distribución de la temperatura en la comuna de La Florida, se concluye que existe una estricta relación entre ambas: a mayor temperatura, menor índice vegetal. Si la expansión urbana de La Florida continúa indiscriminadamente ocupando todas las laderas desaparecerá la brisa y la ventilación.

Ronda de preguntas

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , señaló que el fenómeno térmico de La Florida es un buen ejemplo de lo que puede pasar y es un mal ejemplo de lo que pasó.

Lo ocurrido en el valle de la Región Metropolitana ¿cómo se revierte? ¿Se tendría que forestar todo el cordón precordillerano para que después haya cambios de temperatura y se generen vientos?

El señor Romero indicó que el esfuerzo más grande no sólo está centrado en tratar de reconstituir los ecosistemas que existían sino que la arborización urbana e intraurbana también parece una cuestión fundamental.

La vegetación cumple una función de aislamiento no sólo de contaminación sino también de ruido, que es muy relevante.

Es necesario que -el plan de descontaminación no lo considera de ninguna manera- haya una mayor participación de las comunidades. Si la comunidad se da cuenta de que la arborización es muy relevante, el vecindario debe asumir el compromiso de que esa función ecológica se cumpla.

La población debería saber lo que es desarrollo ambiental urbano.

Asimismo, es importante contar con una autoridad intercomunal ambiental. Probablemente, lo que está afectando a comunas cercanas está redundando en otras.

Si no hay una autoridad ambiental clara que esté observando todos los procesos, que esté orientando a la investigación epidemiológica a las áreas supuestamente más afectadas, cree que se produce otro problema que hoy han denunciado algunos alcaldes de Santiago.

Respecto de los últimos inventarios de contaminación, el gran problema planteado ahora como prioritario, son las partículas por polvo en suspensión. Hay mediciones de Margarita Werner, de la Universidad de Chile, hechas en la cumbre del cerro San Cristóbal hace algunos años. Vio que en el suelo había polvo de Calera de Tango.

Al mostrar un mapa se pudo ver el pie de monte, entre el valle del Mapocho y el valle del Maipo, comparados en términos de fotografías aéreas, de 1962, 1983 y 1991, pero respecto de un parámetro bien específico, que se llama coeficiente de escurrimiento, el cual corresponde a un porcentaje que se calcula utilizando la topografía, la cubierta del suelo, la vegetación y la pendiente, que determina qué porcentaje del agua escurre y qué porcentaje del agua infiltra. Por supuesto, es un parámetro ambiental clave a la hora de la recarga de los acuíferos, pero también es muy relevante a la hora de la producción de polvo y de su incorporación a la atmósfera. Todo el pie de monte de Santiago, en estos treinta años de análisis, ha incrementado substancialmente su coeficiente de escurrimiento. En otras palabras, a menor lluvia, los efectos sobre el incremento de las inundaciones y la producción de sedimentos es mayor. Si no hay una solidaridad de la ciudad con su entorno y su pie de monte, en este caso, montañoso -esto no sólo es válido para Santiago-, los problemas terminan redundando en la manera que se observan hoy. Por supuesto, la circulación del polvo hará que éste se mantenga en la atmósfera.

La contaminación, a su juicio, es producto de la forma, de la función, del tamaño y del tipo de desarrollo urbano. Mientras no se ataquen esos problemas, todas las medidas pasan a ser exclusivamente paliativas. Enfrentar esos problemas significa tener conciencia de que en Santiago hay dos patrones de urbanización superpuestos, que están pugnando: uno de los sectores más ricos, que tiene una capacidad de desplazamiento cada vez mayor, y que hace que la ciudad se expanda crecientemente hacia sectores bien definidos; y otro, que es el permanente incremento de la mancha urbana por acreción. Ése es el comportamiento de los sectores medio y bajo. Son dos cuestiones diferentes. No se pueden involucrar a las dos en un mismo esquema de desarrollo urbano, porque no obedecen a las mismas leyes. Sin embargo, habría que pensar de qué manera esos dos patrones de urbanización son ambientalmente sustentables y, al final, repercuten en una mejor condición para la ciudad. Por ejemplo, las personas que vivían en el sector de Las Condes, y que viajaban 10 kilómetros hacia el centro de la ciudad, hoy, que viven en Chicureo, están viajando 25 kilómetros. Otro ejemplo es Colina. Aquí hay un desfase notable entre esta calidad de vida, entre esta forma de progreso que experimenta este grupo social, con esta enorme capacidad de generarse un ambiente más adecuado y su rol funcionando dentro del sistema urbano. El incremento de la contaminación asociada a este patrón de urbanización de baja densidad, no ha sido examinado de ninguna manera.

La segunda obligación ética y política está dada en qué condiciones ambientales vamos a dar a la mayoría de las personas, a aquellos que no tienen la capacidad de desplazamiento, a aquellos que dependen casi exclusivamente del ambiente que nosotros como ciudadanos les heredamos.

Insistió en que si no hay un reestudio del problema, y no hay un manejo de la situación urbana, desde el punto de vista sustentable, todas las tendencias apuntan a que el problema se va a agravar año a año y en ningún caso se va a resolver.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , preguntó al profesor Romero si había hecho algún estudio ambiental sobre el plano regulador metropolitano, a lo cual respondió negativamente.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , solicitó antecedentes respecto a si alguna vez se les ha pedido a los alcaldes que hicieran un estudio ambiental para la Región Metropolitana en su plano regulador y que hicieran ajustes. ¿Nunca se ha intentado?

El señor Romero respondió que en ninguna acción urbana se han fijado objetivos ambientales explícitos.

Afirmó que el reglamento de evaluación de impacto ambiental avanza en un concepto muy importante: evaluar ambientalmente los planos reguladores, porque así se estaría en presencia de una posibilidad de prever situaciones futuras y la asignación y usos del suelo que se haga y los diseños urbanos aceptables, pudieran tener un objetivo ambiental.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo , preguntó si los planos reguladores se someten al reglamento.

El señor Romero respondió que de conformidad a la ley, sí, pero aún no hay experiencias. Cree que hasta el momento se ha sometido sólo uno, el de Talcahuano, que también plantea un desafío muy importante, porque la legislación señala que al momento que se da a conocer a la comunidad la propuesta del plano regulador, en el momento en que se exhiba a la opinión pública, se procede a la evaluación de impacto ambiental. Es decir, en el diseño del plan regulador, de las calles, en la determinación de la altura de los edificios, en la urbanización urbana, en las funciones que cumple el barrio, en todos ellos, hay un elemento ambiental explícito que debe ser monitoreado y evaluado a futuro.

Entonces, esa situación de planificación estratégica ambiental es muy importante para el país y no sólo a nivel urbano, sino también a la luz de sus propias políticas de desarrollo. En estos momentos existe una situación de conflictividad permanente, pues se trata de resolver los conflictos, pero no hay capacidad de previsión ambiental. Sería conveniente que existiera una instancia de planificación estratégica ambiental en Chile con una participación ciudadana más masiva.

Asimismo, afirmó que no hay una investigación científica adecuada para responder a los problemas que plantea el desarrollo urbano y regional, como se discute hoy. No hay ningún acercamiento entre la Conama y el aparato científico. Lo que hace la Conama es contratar consultorías, lo cual priva de una opinión neutral más amplia. La ley plantea la existencia de un fondo de investigación en medio ambiente, que jamás se ha implementado.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó si existía alguna evaluación, por ejemplo, de Concepción, Valparaíso, Puerto Montt o de La Serena.

El señor Romero respondió que no sabe de ninguna evaluación en ese sentido y, sin embargo, cree que es un tema de la mayor importancia. Entonces, lo interesante sería que en el caso de las otras ciudades, particularmente aquellas que son más vulnerables, se practicaran mediciones experimentales. La gente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha hecho algunas, pero también hay mediciones más sistemáticas hechas por primera vez por la Conama que indican, por ejemplo, que la contaminación atmosférica de Temuco podría llegar a ser más grave que la de Santiago, proporcionalmente.

Le parece que Temuco, a raíz de que el municipio debe elaborar su plano regulador, se convertirá en una de las primeras ciudades grandes que tendrá la opción de que en su plano regulador aparezca la evaluación ambiental.

Por otra parte, las mediciones que practicó la Conama en Valparaíso, Iquique , Temuco y en otras ciudades, demostraron que en las vías de alta circulación la contaminación atmosférica es igualmente alta.

En el caso de ciudades como Coihaique, Valdivia y Temuco, que utilizan durante la época de invierno la leña como combustible, es extraordinariamente alta la contaminación por hidrocarburo.

En otras palabras, la contaminación depende de la situación geográfica, del combustible y de los hábitos que tienen las ciudades.

Otra cosa que resulta paradójica es que en casi todas las ciudades se repite, aunque sea a escala, una alta congestión en las vías céntricas principales, en circunstancias de que estamos hablando de distancias pedestres.

Por lo tanto, si no se emprenden acciones en ese sentido, se estaría repitiendo la misma experiencia de la capital.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) indicó que en el Plan diversos ministerios señalan varias medidas y sugerencias, especialmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se dan metas y plazos, pero no aparecen los montos de las inversiones.

Le pregunta al señor Romero si ha hecho alguna evaluación del impacto de dichas medidas, si van en la línea correcta, si pueden ser cumplidas, y en cuanto a qué requerirían para un cumplimiento más efectivo. Lo pregunta porque en el Plan se establece que el artículo 55 de la Ley de General de Urbanismo y Construcciones deberá ser aplicado con mayor rigidez para evitar la explosión inorgánica de la ciudad.

El señor Romero respondió que la única manera de evaluar la efectividad de las medidas es en su conjunto y en su globalidad.

Por lo tanto, mientras no se observe el conjunto de la situación y mientras las medidas no demuestren ser altamente sinérgicas y coordinadas, es muy difícil evaluar las cosas una por una, porque eso no da cuenta de las contradicciones que se están dando.

En el Plan se señala que se plantarán 700 mil nuevos árboles, pero si uno calcula las superficies en relación con el volumen de árboles perdidos, puede darse el caso de que mientras estamos poniendo 700 árboles, a lo mejor estamos sacando 800. ¿Cómo se puede coordinar esto?

Los esfuerzos de coordinación en el desarrollo sustentable que se conocen a nivel mundial se desarrollan no sólo entre el sector público, sino también entre el privado. Sin embargo, en nuestro caso se pueden apreciar dos visiones totalmente antagónicas, y percibe en el Plan de Descontaminación una acción de coordinación en ese sentido.

Además, es muy difícil pronunciarse sobre la efectividad de medidas que aparecen mencionadas una por una y que corresponden a distintos sectores, ministerios y grupos, porque contrario a esto, la experiencia que existe en proyectos de descontaminación exitosos a nivel mundial han sido estructuras de coordinación y de gobierno metropolitano mucho más compartidos e integrados.

Cuando se ven los niveles de inversión en Chile se comprueba que el 95 por ciento de la inversión productiva es privada. Por tanto, no se puede prescindir de conversar del tema ambiental con el sector privado.

Así, por ejemplo, la principal inversión en Santiago hoy es un proyecto inmobiliario, en Chicureo. Las propias declaraciones de los propietarios o los agentes inmobiliarios del sector de Chicureo hablan de una inversión de 3 mil 500 millones de dólares para lograr una ciudad de 230 mil habitantes. La mayor cantidad de inversión está en infraestructura; por supuesto, calles pavimentadas, televisión por cable, teléfono y todo lo que implica una urbanización de lujo. Es claro que hoy los que hacen la ciudad, y los que la orientan en una determinada dirección y los que valoran los recursos, son los agentes privados.

En definitiva, el Plan es típico de una acción pública, lo cual está bien, pero no se sabe hasta qué punto está concordado con las comunidades locales y con los agentes privados.

Asimismo, señaló que al país le hace falta una perspectiva estratégica de desarrollo en la cual las bonanzas que se pueden obtener en cierto momento se traduzcan en acciones específicas para los malos momentos. Es decir, que toda esta tendencia tan interesante que existe se estructure en un tejido social e industrial local que permita resistir los momentos difíciles. En ese sentido, vale la pena pensar en los distritos industriales de Alemania, España e Italia, los que han aprovechado los momentos de bonanzas, para estructurar la pequeña y mediana industria, diversificar la producción y disminuir la dependencia de los mercados en términos de intercambio externo.

En la última estadística del Banco Mundial, que se publicó en febrero de este año, Chile aparece como el país que ha retrocedido más lugares en términos de la sustentabilidad en su desarrollo. Ha descendido 16 lugares. Aparece de qué manera un país que crece económicamente podría estar descapitalizándose desde el punto de vista de sus recursos.

El Diputado señor Rincón señaló que de conformidad a la exposición del profesor Romero se podría reforzar una de las teorías que se han planteado en el sentido de que las medidas para descontaminar Santiago que dicen relación con micros o buses a gas, transporte eléctricos, restricciones, vías alternativas, costanera sur o norte, no es la esencia del problema, y que éste es mucho más de fondo. En la medida en que se siga centrando en eso, todas esas normas para tener una ciudad “más limpia” es como un marco regulatorio para contaminar con la conciencia tranquila.

El señor Romero afirmó que si fuera industrial y tuviera que hacer una inversión en este país, no dudaría en ningún momento para no invertir en Santiago.

Entonces, si uno ve la situación de Santiago, que es clásica de un desarrollo regional desequilibrado, el problema de la contaminación es como el síntoma más agudo. Ése es el tema. Mientras no se revierta ese proceso no habrá ninguna alternativa. Lo único que se debería hacer en Santiago es programar procesiones con mucha anticipación

El Diputado señor Rincón afirmó que es claro que falta un acuerdo nacional público-privado que genere un país con una visión estratégica de desarrollo.

El señor Romero hizo presente que en el libro titulado “Crecimiento Económico y Sustentabilidad del Desarrollo de Chile”, que publicó con el profesor Osvaldo Sunkel , se analizaron los temas del agua, de la energía y de las regiones sector por sector. Llegaron a la conclusión de que el desarrollo chileno no es sustentable. Todos los países tienen centros de investigación o de altos estudios, los que permanentemente están investigando este tipo de cuestiones. En Chile, casi todo se le ha confiado al Ministerio de Vivienda, que poco tiene que ver con el desarrollo del territorio, entre otras cosas, porque sólo se preocupa del área urbana, que sólo es el 5 por ciento del territorio. ¿Quién se preocupa del desarrollo territorial no urbano en Chile? Nadie. Mientras no se aborde este tema, los asuntos seguirán siendo revertidos y, desde ese punto de vista, claramente insuficientes, puesto que al año se agregan 70 u 80 mil vehículos al parque automotor de Santiago . Entonces, si se construyen todas las vías de circulación rápida que se quieran, en cinco años más estarán todas obsoletas, porque lo único que se está haciendo es resolver el déficit acumulado.

Ñ) Fondecyt

Asistió la Directora Ejecutiva de Fondecyt , señora Mary Rose Mackenzie , quien informó sobre los proyectos que se financian, especialmente en relación con los temas de medio ambiente y contaminación. Hay desconocimiento sobre qué es el Fondecyt y éste se tiende a confundir con Conicyt. El Fondecyt es un fondo, un instrumento de desarrollo científico y tecnológico creado por el decreto con fuerza de ley Nº 33 del año 1981, del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación basados en la calidad, sin distinción de áreas prioritarias ni del precedente institucional de los mismos. Los proyectos se aprueban por calidad y excelencia en todas las áreas del conocimiento, en un concurso en que se presentan alrededor de 1.500 proyectos anuales, de los cuales se financia a sólo un tercio de ellos.

El sistema de evaluación que se ocupa es por pares, es decir, cada propuesta de investigación recibe tres o cuatro opiniones de árbitros, ya sea nacionales o extranjeros. El Fondecyt funciona a través de un consejo, el cual es nombrado por el Presidente de la República y sus miembros duran tres años en sus cargos.

En relación con el tema de la contaminación presentó una lista de proyectos. El Fondecyt equivale solamente al 7 por ciento de los recursos que asigna el Estado a investigación. Este es el fondo más grande que hay en el país. Actualmente hay en ejecución alrededor de mil proyectos en distintas áreas del conocimiento, y se están repartiendo, aproximadamente, 36 millones de dólares anuales.

Respecto del tema de la contaminación, si bien no existe como disciplina, es decir, que alguna persona postule un proyecto sobre contaminación atmosférica de Santiago, están distribuidos en las áreas del conocimiento en que se ocupa la investigación científica. Los proyectos se presentan en las áreas de química, físico-química, ingeniería, medicina, etcétera.

Por otra parte, desde su creación, en 1992, hasta 1998, se han invertido en este proyecto 1.800 millones de pesos, lo que equivale al 1,4 por ciento del total de recursos que se han asignado a los proyectos Fondecyt.

En relación con la postulación, el porcentaje de aprobación es bastante alto. Desde 1990 a 1998, en esta área han concursado 167 proyectos y se han aprobado 61, o sea, el 86,3 por ciento de aprobación. Se aprobaron entre el 27 por ciento y el 33 por ciento como promedio. En general, los proyectos en el área de la contaminación atmosférica son aprobados en un porcentaje del 47 por ciento, porque se incluyen otras materias. Entre 1982 y 1998 se han aprobado anualmente 79 proyectos, de un total de 6.400. En este momento existen 13 proyectos en ejecución sobre estos temas.

Los proyectos que se aprueban en el Fondecyt están vinculados fundamentalmente con investigadores que trabajan en las universidades, o sea, estos 13 proyectos en ejecución corresponden a personas de las Universidades de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Cipma y la Universidad Católica de Valparaíso.

El Diputado señor Rojas preguntó si la distribución de los fondos se hace a nivel regional o nacional, a lo cual la señora Mackenzie respondió que en todo el país sin distinción de regiones.

La señora Mackenzie señaló que el Fondecyt fue creado para aprobar proyectos basados en su calidad, independiente de donde vengan, según lo indica la ley, sin áreas prioritarias y sin procedencia institucional.

Fondecyt fue pensado para aprobar proyectos basados en la calidad, y no para reforzar la capacidad de investigación. Se estima que esa capacidad de esfuerzo debe ser previa a la calidad. Por ejemplo, una universidad del sur, de bastante prestigio, tenía generalmente un muy buen porcentaje de aprobación dentro del concurso, pero hace dos años bajó de un 37 a un 15 por ciento. Entonces, la gente de la Universidad se preguntó qué había ocurrido. Resulta que los mejores investigadores que ellos tenían se trasladaron, fueron contratados por empresas o se dedicaron a labores administrativas dentro de la propia Universidad. Entonces, postuló el resto que, obviamente, no estaba capacitado para competir con los otros, lo que hizo bajar el porcentaje.

Respecto de la participación regional, hace cuatro años, por tres veces consecutivas, se hizo un programa regional, que se pensó que el gobierno iba a aprobar. ¿Qué se pretendía con esto? Que una región determinada, respecto de un tema particular, tuviera realmente ventaja y poder vincular la actividad de la región a los investigadores, a la universidad, a la industria y al gobierno estatal, pero nunca hubo recursos para eso.

El Diputado señor Rojas preguntó quién fiscalizaba la puesta en marcha o la viabilidad de un determinado proyecto universitario. ¿Existe un banco de proyectos nacionales? Si la Universidad de Concepción -por señalar un ejemplo- desarrolla un proyecto relativo al problema del plomo, algo que está afectando a la Segunda Región, a dicho estudio, que se supone que es de muy buena calidad, a sus conclusiones finales, ¿pueden acceder las otras regiones a fin de no repetir proyectos similares?

La señora Mackenzie señaló que valía la pena explicar el sistema de evaluación. Se presenta un proyecto en un área determinada, el que es revisado por un grupo de estudio nombrado por el Consejo, al que se le asignan cuatro árbitros. El proyecto se evalúa y vuelve al Consejo con las recomendaciones de los cuatro árbitros y con un puntaje, además de la proposición de aprobarlo o rechazarlo.

Si el proyecto se aprueba, se transfieren los recursos al favorecido por todo el año, lo que se traduce en honorarios, gastos de operación, en fin, y, a la Universidad, el bien de capital. El favorecido tiene que entregar un informe anual de avance -si el proyecto es de dos o tres años- acompañado de sus indicaciones, las que también son evaluadas.

Los proyectos deben finalizar con un manuscrito o una publicación en una revista de corriente principal, de carácter internacional, entonces cualquier persona puede ver el resultado de ese proyecto.

Además, toda la información se incorpora en un banco de datos en una biblioteca en Conicyt y también en una página web.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) pidió saber si se había evaluado en alguna oportunidad la existencia de un fondo especial. Es decir, ¿por qué tiene que ser un fondo general? ¿Por qué no puede haber uno por especialidad, que garantice un porcentaje de los recursos del fondo para determinado problema en busca de soluciones científicas?

Como respuesta la señora Mackenzie señaló que existen varios programas. Inicialmente, Fondecyt empezó con los llamados proyectos regulares, es decir, proyectos que se pueden postular en todas las áreas del conocimiento, y a los que accede gente con más trayectoria. Posteriormente, fue necesario hacer una diversificación de Fondecyt. Esto empezó en 1991. Se crearon proyectos especiales para jóvenes, proyectos de doctorado y también de postdoctorado. Hace dos años se inició un proyecto sectorial que apuntaba justamente a ese aspecto. Se identificó un problema en la Segunda Región del país, de biomas y climas terrestres, que tiene que ver con la situación específica de la Segunda Región y se puso a trabajar a gente de distintas universidades. Ese proyecto fue un éxito, pero no se ha dispuesto de los recursos para hacer otros proyectos sectoriales.

Cita, por ejemplo, un proyecto sectorial con el fin de determinar cuál es el tipo de enfermedades que más afectan a la tercera edad, conocer las razones de ciencia básica, por qué la gente tiene diabetes en Chile. No obstante, no se cuenta con recursos para llevarlo a cabo.

El año antepasado se inició un programa, llamado Fondat, para crear centros de avanzadas en investigación científica y tecnológica. Hay gente que ha adquirido cierto nivel en ciencias y se piensa en que hay que fortalecerla para que no sigan postulando con proyectos chicos, sino establecer centros en algunas áreas, que fueron definidas por el gobierno, que permitan tener postgrado para que se hagan investigaciones con empresas.

En este momento hay dos proyectos Fondat funcionando. Uno, en biología marina y oceanografía y, otro, en matemática aplicada. ¿Qué ha ocurrido con esto? Se ha puesto el dinero, pero también ha sido posible la incorporación de recursos internacionales. Por ejemplo, el proyecto de oceanografía en que se estudia la corriente de El Niño, la corriente de Humboldt, y diversos temas que dicen relación con los problemas que afectan al país; se han hecho convenios con la Armada, porque ellos también tienen interés en este tipo de investigación, pero no en dinero efectivo, sino mediante el uso, durante unos dos meses, de sus buques. El día barco vale 6 mil dólares.

Pronto se llamará a dos concursos más, los que consideran cuatro áreas, una de las cuales es medio ambiente.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) preguntó: ¿Cuáles son los requisitos que se exigirán? ¿Quiénes podrán postular? ¿Es posible hacer un seguimiento de los resultados a fin de determinar si se trata de una investigación científica progresiva y de esa manera saber quiénes pueden acceder a extender su estudio? ¿A quién pertenece el know how? ¿A la institución o al investigador? ¿Dónde se discute la ampliación de recursos? ¿Quiénes son los miembros clave del Ejecutivo que se relacionan con ese aspecto? ¿Existe un registro de las instituciones y de los investigadores? ¿Qué oportunidad tienen los investigadores que no poseen trayectoria y que recién están dando los primeros pasos?

La señora Mackenzie señaló que el Fondecyt está estructurado en tres niveles. El primero, que corresponde al Conicyt, está conformado por el Ministro de Educación , que lo preside, y los titulares de Hacienda y de Mideplan, quienes determinan los porcentajes de recursos que anualmente se destinan a ciencia básica e investigación tecnológica o ciencias aplicadas.

El segundo nivel está constituido por los Consejos Superiores de Ciencia y Desarrollo Tecnológico. Cada uno está conformado por 10 personas, 6 vinculados con ciencia y 4 con tecnología. Los miembros son nombrados por tres años y son elegidos de una terna que es presentada al Presidente de la República . Su nombramiento es a título individual y no representa a ninguna institución.

El Consejo de Ciencia elige presidente anualmente y la presidencia del Consejo de Desarrollo Tecnológico es asumida por derecho propio por el presidente de la Conicyt. Cada uno de los consejos tiene un miembro cruzado con el otro y sesionan en conjunto a la hora de tomar decisiones.

El tercer nivel de estructura corresponde al Conicyt. La ley señala que para que el Fondo funcione, Conicyt debe proporcionar la infraestructura necesaria. Por esa razón se creó una dirección ejecutiva que participa en las reuniones del consejo y que tiene que ver con todos los aspectos relativos a la ejecución de programas y administración del Fondo.

Pueden postular a estos recursos investigadores pertenecientes a universidades, institutos profesionales, empresas y particulares. Por ejemplo, existe gran interés para que personas individuales postulen al área de ciencias sociales. Pero, ¿por qué las personas están tan interesadas en vincularse a las universidades? Porque existe un cosubsidio. Por cada proyecto universitario de investigación se paga un 17 por ciento adicional, ello por cuanto la Universidad pone a disposición del investigador su infraestructura.

En cuanto al seguimiento de resultados, se fiscalizan los proyectos en forma estricta desde el momento en que éste se inicia. Cada modificación que sufra el proyecto original debe ser sometido a una evaluación. Por otra parte, durante el primer año el investigador debe entregar un informe de avance, una publicación o un manuscrito medianamente elaborado. Los proyectos tienen una duración de 1 a 3 años.

Posteriormente, se efectúa un seguimiento en relación con la producción obtenida y se evalúa la significación del proyecto en su área de competencia. Debe tenerse en cuenta que se financia fundamentalmente la ciencia básica, no la tecnología. Para ello existe el Fondef, que financia proyectos más grandes. Muchos de ellos ligan a investigadores universitarios con empresas. Fondef coloca una parte del dinero y la empresa otra, de modo de crear una especie de negocio.

La ley señala que la propiedad de los resultados es del Fisco. En tal sentido, en Chile la tramitación de patentes ofrece bastantes dificultades. Si un investigador desea ser dueño de una patente, debe devolver todos los recursos que le proporcionó el Fisco.

Respecto de quien tramita los recursos destinados al Fondecyt, se debe señalar que la tramitación es bastante compleja. El presupuesto del Fondo depende del Ministerio de Educación. En una primera etapa se definen las necesidades propias, pero siempre existe un recorte al Ministerio de Educación. En seguida, los montos presupuestarios son analizados por el Ministerio de Hacienda, cartera que por lo general efectúa el mayor recorte. Virtualmente, hay una enormidad de recursos y de muchos programas contemplados, como los regionales que no se han realizado.

En cuanto a los investigadores jóvenes, hace algunos años se diversificó ese proyecto. ¿Qué ocurría con los jóvenes hace ocho o diez años? Tenían que postular en conjunto con los investigadores para aprender. Se hicieron tres tipos de concursos: uno para investigadores, a fin de que hicieran un proyecto que formara parte del proceso y del doctorado. En general, en Chile se demoran 4 años. Ellos pueden hacer una investigación que es financiada por Fondecyt. Se les otorga un sueldo, los gastos de pasajes para ir a buscar sus resultados fuera de Chile. Eso lo hacen con un cupón.

Este programa viene afinándose desde hace cuatro o cinco años y alrededor de 80 de estas postulaciones están siendo financiadas.

Dos, se inició hace cuatro años un programa para post-doctorado. ¿Qué se pretendía con eso? Que las personas que hubieran obtenido el doctorado durante los últimos cinco años -chilenos que estuvieran fuera de Chile-, se insertaran en el medio nacional. Era muy difícil que no se pudieran vincular a una persona determinada. Se quiso que postularan chilenos, pero que presentaran un proyecto en forma independiente. Una vez que ese investigador se inserta en una institución y presta trabajo, el proyecto termina.

Usualmente las becas de doctorado en Chile tienen financiamientos de Fondecyt. Eso dura cuatro años, pero normalmente los jóvenes requieren un año adicional para terminar.

Tres, se inició el concurso de término de tesis que es financiado en parte por Fondecyt, a fin de obtener el título de doctor. Estas tres categorías, independientemente de todo el proceso en Fondecyt, tienen memoristas.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) acotó que en lo personal, nuestras universidades se encaminan no necesariamente a tesis de investigación más acabadas con ese tipo de financiamiento, sino más bien de aplicación práctica. En su opinión, algunos no la comparten -hay un porcentaje enorme de tesis y memorias de grado que en definitiva terminan en una biblioteca-, y no tienen una visibilidad y una proyección adecuada. Existe una gran demanda. Hay muchos niveles municipales y niveles locales en regiones de incorporación de estudios más aplicados en los cuales no se protesta, porque, en definitiva, no hay soporte de recursos para orientar investigaciones.

La auxiliar asistente de este Fondo, para la organización de memorias o proyectos, no tiene las tesis de término de carrera.

La señora Mackenzie aclaró que ése es un problema universitario. Cada universidad debe preocuparse de cómo da sus doctorados. Fondecyt sólo financia el proyecto, pero no se preocupa de los alumnos desde que empiezan sus tesis.

El Diputado señor Olivares señaló que falta un reconocimiento respecto a la importancia que tiene para el país esa serie de proyectos. Frente a la problemática medioambiental de Santiago, ¿qué pasa con la participación de Fondecyt? ¿Pueden tener antecedentes para que le entregue a la Conama la utilidad de ese producto?

El Diputado señor Rojas, refiriéndose a la situación pública de Antofagasta, dijo que existía un estudio que señala que desde 1950 a la fecha han muerto más de 400.000 personas, en la Segunda Región, por concepto de síntomas cancerígenos producidos por arsénico. Esta situación es preocupante desde el punto de vista regionalista, porque cuando se deben determinar los recursos financieros para las municipalidades, siempre las más grandes tienen mayor posibilidad de acceder a ellos, porque cuentan con ingenieros y arquitectos. Las municipalidades chicas no tienen ni siquiera un constructor civil, para elaborar un proyecto. Por ello, se refirió al fondo macropresupuestario por región, que es una idea que se planteó en Antofagasta a nivel municipal, en el Core. Por ejemplo, la comuna de la cual fue alcalde, no necesitaba alcantarillado, pues toda la ciudad lo tenía, pero sí necesitaba una plaza. Sin embargo, considerando el plano competitivo con Antofagasta, que sí necesitaba alcantarillado, estaba claro que no iban a aprobar la plaza, que para nuestra comunidad era prioritaria. Por ello, se generó un fondo macropresupuestario, al cual todas las comunas pudieron acceder, sin distingo alguno. Se trata de un fondo macropresupuestario, de 40 millones de pesos, contra proyecto, a beneficio del interés propio de cada comuna. Después, el sobrecargo de fondos del Core se fue a un concurso, al cual también se podía postular.

La señora Mackenzie señaló que al disponer el fondo por regiones, puede ocurrir, en un concurso, que la gente, a lo mejor, no tenga la capacidad para realizar el proyecto que se presente en una región determinada, versus otros proyectos que se presenten de otras regiones. Por ejemplo, este proyecto que hicimos es regional, y no fue aceptado. Se solicitaron 500 millones de pesos para vincular a las empresas, a la universidad y al gobierno regional. El objetivo eran las universidades más pequeñas, porque se sabe que en aquellas áreas en que sí son competitivas, se aprueban los proyectos, pero en las que no, les faltan refuerzos, y lo que se pretendía era precisamente dar un refuerzo con la industria y con el gobierno regional.

El Diputado señor Rojas solicitó el envío de un listado de los proyectos aprobados de dos años a la fecha.

La señora Mackenzie aclaró que en materia de contaminación atmosférica postularon 78 y fueron aprobados 37, lo cual significa un 47 por ciento de aprobación. Es un muy alto porcentaje para esa área. En otros temas, existe, vinculado, un 27 por ciento de aprobación.

El Diputado señor Navarro (Presidente) consultó cuál era el fuerte del fondo.

La señora Mackenzie respondió que, en términos generales, el 90 por ciento de lo que se aprueba son investigaciones del área universitaria; el resto corresponde a otras instituciones en particular. Ahora, del sector universitario, más o menos el 70 por ciento son investigadores del área metropolitana; el resto es de regiones. Asimismo, se presentan proyectos en el área biomédica, en el área de ciencias, en la biología, también vinculados a medicina. El área de ciencias sociales presenta tantos proyectos como el área biomédica. Nuestro promedio, respecto de proyectos, en el primer año, es, aproximadamente, de 18 millones de pesos.

Asimismo, señaló que existían 23 grupos de estudios en las distintas áreas, pero ninguno con dedicación exclusiva al tema ambiental.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) señaló que resulta claro que existe una institucionalización de la ciencia medioambiental. Asimismo, consulta respecto del Fondef.

La señora Mackenzie indicó que el Fondef es un fondo que se creó en 1992; son proyectos de innovación e infraestructura científico-tecnológica, en donde una parte la aporta Fondef y la otra, la empresa. Son proyectos menos prioritarios, que deben cumplir ciertos requisitos.

El Fondef es administrado por Conicyt, a diferencia del Fondecyt, que elige los proyectos en base a su calidad.

El Fondef tiene áreas prioritarias, como agropecuaria, forestal, informática, manufacturas, minera, pesca, agrícola, etcétera. Es decir, tienen proyectos en los cuales el impacto ambiental es mayor, lo cual no ocurre en el Fondecyt, porque no fue creado para eso.

El Fondecyt fue creado a partir del DFL Nº 83, el cual establece que debe aprobar proyectos a través de concurso público, en el cual debe privilegiarse la calidad. Es decir, son proyectos de excelencia, que abarcan todas las áreas del conocimiento. Por lo tanto, en un llamado a concurso se presentan todos, pues no tenemos áreas prioritarias ni procedencia institucional. Debido a eso, puede ocurrir que en un concurso se presenten proyectos de un área determinada y que todos sean malos. Nos ocurrió un año en que se rechazaron todos los proyectos relacionados con biología marina, debido a que los otros tuvieron mejor puntaje.

Los proyectos son ordenados y distribuidos por ciencia y por investigación aplicada o desarrollo tecnológico, entre los cuales entran los proyectos de medicina, ingeniería y agronomía. Es decir, se corta hasta donde haya calidad y hasta donde alcance la plata.

A través de los años la mayor parte de los recursos se los han llevado proyectos relacionados con biología.

De un año para otro pueden darse condiciones muy distintas y los proyectos pueden perder vigencia, pues la ciencia cambia muy rápido, por lo que deben volver a concursar. De hecho, ya se produce un cambio en el transcurso en que los proyectos se presentan y se evalúan, para lo cual transcurre prácticamente un año. Tal vez si hubiera más recursos podrían ser arrastrados para el año siguiente, pero en la actualidad se está financiado alrededor de un tercio de los proyectos.

En relación al tema de las publicaciones, indicó que había revistas de corriente principal a las cuales se les denomina “issue”, las cuales ya están establecidas y son importantes, por lo que a los investigadores les interesa publicar sus estudios en ellas. Como dichas revistas ya están definidas, es difícil que otra revista entre a formar parte de este “issue” de corriente principal, en el que hay tanto revistas internacionales como nacionales; es el caso de la Revista Médica de Chile. Por lo tanto, los investigadores deben publicar allí para dar a conocer sus resultados, con lo cual quedan a disposición de todo el mundo.

El Diputado señor Sánchez preguntó si está disponible en Internet la información completa de las investigaciones terminadas, a lo cual la señora Mackenzie respondió que está disponible en la página web y en la biblioteca de Fondecyt.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) solicitó información sobre los recursos que solicitaron para 1997 y 1998 y cuántos obtuvieron.

En 1998, Fondecyt recibió 15 mil millones de pesos. Sin embargo, ¿cuánto pidieron en el anteproyecto?

La señora Mackenzie señaló que pidieron 17 mil millones de pesos, y este año están pidiendo 19 mil millones de pesos, dado que hay proyectos de arrastre que se demoran dos o tres años y hay que cumplir con los proyectos nuevos. Sin embargo, ya se les anunció que el monto asignado para el próximo año ascendería sólo a 17 mil millones de pesos.

El Diputado señor Rincón solicitó oficiar al Fondef y a Conicyt, a fin que remitan el listado de los proyectos que están en ejecución y los que ya están terminados.

La señora Mackenzie volviendo al tema del Fondef señaló que éste se inició gracias a un préstamo del BID. Ese organismo exige que haya dinero de contraparte para financiar sus programas y para este efecto se pusieron los dineros del Fondecyt. Ahora, ese programa terminó con una evaluación del Fondecyt y del BID en forma muy positiva. En este momento existe una evaluación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en donde Fondecyt fue elegido dentro de los organismos de gestión pública y se están evaluando algunos de sus resultados.

O) Organizaciones no gubernamentales, ONG.

Concurrieron como invitados, en representación de la Coordinadora “No a la construcción de la Costanera Norte”, los señores Patricio Lanfranco y Mauricio Montecinos . Además, participó el Arquitecto del Sistema de Ingeniería de Transportes , Sinta, don Rodrigo Ampuero .

El señor Lanfranco señaló que la ONG “No a la construcción de la Costanera Norte”, es una coordinadora de organizaciones sociales que agrupa a más de 30 instituciones, de las cuales el 90 por ciento de ellas tiene personalidad jurídica. Esta institución se formó, específicamente, con el fin de poder suspender el proyecto Costanera Norte, que tiene mucho que ver con el Plan de Descontaminación de Santiago.

Respecto del Plan de Descontaminación de Santiago se refiere exclusivamente al proyecto Costanera Norte.

Dicho proyecto ha sido definido por el Ministerio de Obras Públicas como una de las primeras concesiones urbanas y une el sector oriente-poniente, desde La Dehesa hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En su opinión, ese proyecto contradice el Plan de Descontaminación de Santiago, toda vez que la propia resolución de Corema establece: Primero, que, con la construcción de la costanera, resulta evidente que el óxido de nitrógeno -NOx- aumentará en 2,9 por ciento.

Producto del Plan de Descontaminación de Santiago, Corema le exige al proyecto que tenga una compensación de un 120 por ciento. Es decir, si hay un aumento de un 2.9 por ciento, habría que compensar eso con una disminución en el área de influencia, que corresponde al 120 por ciento.

Piensa que eso es completamente ilógico ya que el Plan de Descontaminación de Santiago en un principio establecía el desincentivo del uso del automóvil y después fue cambiado por el uso racional, cosa que ya adquiere un nivel casi completamente personal.

Lo concreto es que todas las investigaciones, tanto nacionales como internacionales, demuestran que un proyecto de ese estilo es completamente coherente con el incentivo al uso del automóvil. Consecuente con ello, la resolución de Corema establece que el proyecto significa la generación de 39 millones de kilómetros por vehículo al año. En definitiva, este proyecto incentiva el uso del automóvil con esos dos elementos.

El nuevo plan de transporte que se está realizando en Inglaterra desde principios de año, establece claramente que los automóviles se comportan como los gases, es decir, tienden a ocupar todo el espacio disponible que se les genere. Ésa es la razón fundamental por la cual los ingleses suspendieron el aumento de dos pistas nuevas de la M-25, la Motorway 25, que rodea la ciudad de Londres, como también el que en Estados Unidos no se reconstruyera la carretera de Los Ángeles, destruida por el terremoto de hace tres años.

En consecuencia, en Santiago se está actuando en la dirección equivocada, porque el sistema y el plan están mal concebidos.

A pesar de haber tenido una resolución en contra del Consejo Consultivo, única instancia donde la participación ciudadana tiene alguna opinión, porque de los nueve miembros hay dos elegidos de Participación Ciudadana, la Corema aprobó el proyecto con las siguientes características. Una vez aprobado, el Intendente de Santiago , en un hecho inédito, va donde el gerente del proyecto, que en ese entonces era el Ministro de Obras Públicas , y le da cuenta de esta aprobación. Antes no había ocurrido que el Intendente de la ciudad respectiva haya ido a alguna de las oficinas de los entes privados a dar a conocer esta resolución. Este hecho demuestra que Corema y Conama eran organismos que estaban supeditados al Estado y, en este caso, a esa autoridad política.

En consecuencia, el Plan de Descontaminación de Santiago no va a tener peso, si no cuenta con una participación ciudadana transversal, una fiscalización adecuada y la capacidad de escuchar lo que realmente quieren y deciden los ciudadanos. Entonces, habiendo dos hechos que demuestran claramente que van en contra de la descontaminación de Santiago, sin embargo se aprueba mañosamente.

En definitiva, su principal crítica al Plan de Descontaminación de Santiago obedece a que si no tiene validez política ni consenso político, ni la capacidad de supeditar a los organismos del Estado a responder de la misma manera y que obligue a los entes privados, no tiene ninguna posibilidad de ser viable. Después de este proyecto aprobado por Corema, cualquier ente privado puede decir que no tiene las mismas condiciones que se le dieron al Ministerio de Obras Públicas.

En consecuencia, independientemente de la buena voluntad de que exista el plan de descontaminación no tiene ninguna capacidad de acción si no es controlado transversalmente en todos sus niveles y en cada una de sus acciones.

Señaló un ejemplo concreto de las dificultades que tiene este plan de descontaminación desde una perspectiva ciudadana. El proyecto contempla la construcción de 3,6 kilómetros bajo tierra en un concepto denominado trinchera cerrada, cuya ubicación geográfica va desde los canales de televisión hasta la calle Vivaceta, donde aflora nuevamente a la superficie. Allí se va a producir la mayor concentración de gas. El proyecto establece construir chimeneas cada 70 metros, que van a evacuar los gases de los dos túneles que están superpuestos -uno va hacia el oriente, que está abajo, y el otro va hacia el poniente, que está arriba del primero-. En consecuencia, cada 70 metros existirían chimeneas que evacuarían los gases de los 3,6 kilómetros.

El proyecto de resolución, de acuerdo con el Plan de Descontaminación de Santiago, establece que deben haber ciertas diluciones, mitigaciones, uso de filtros, etcétera, cosa que el proponente no ha declarado específicamente, para que los técnicos averigüen si las diluciones que se van a producir en el interior son reales. Pero como ya hay una identificación y un reconocimiento tanto por parte del proponente como de la Corema, está claro que existe un aumento de 2,9 por ciento en la emisión del Nox.

Todos los ciudadanos que vivan en esa faja que está bajo tierra van a sufrir un aumento de la contaminación, y el 120 por ciento de compensación que le exige la Corema es en función del área total de influencia, es decir, de los 32 kilómetros o de la ciudad de Santiago. Sin embargo, toda la gente que vive en esa área no va a tener compensación; por el contrario, sufrirá un aumento desmesurado y concentrado de esos gases. Entonces, hay un área en la cual se encuentran hospitales, colegios, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, piscinas, etcétera, cuya población está condenada a sufrir un aumento de la contaminación, lo cual no sólo se contrapone al Plan de Descontaminación de Santiago, sino que con la garantía constitucional (Nº 8º del artículo 19) que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En definitiva, creemos que si el plan de descontaminación de Santiago no tiene la capacidad, la voluntad política y la manera de coordinar el accionar industrial, estatal, comercial, etcétera, de toda la ciudadanía, no tiene ninguna validez, sobre todo, se disminuyen mucho sus intenciones.

El señor Montecinos señaló que, en términos generales, los plazos que se dio la autoridad para cumplir con el plan de descontaminación son sumamente excesivos. Ésta es una decisión política que se ha adoptado, pero la gran mayoría de las personas que participó, concordaron en que la descontaminación de la Región Metropolitana tiene que hacerse a la brevedad posible y tomar decisiones más drásticas para reducir el tema de la contaminación.

Asimismo, consideró que las medidas que se proponen en el plan de descontaminación son demasiado generales, muchas veces de intenciones y, lógicamente, ve que falta una mayor coordinación debido a la carencia de verdadera voluntad para llevar a cabo las medidas que propone.

Tal como se señaló anteriormente, el plan de descontaminación no pretende desincentivar el uso del automóvil, sino que utiliza el término “uso racional del automóvil”. Ese cambio significa que en realidad la autoridad no va a tomar medidas drásticas para reducir verdaderamente el uso del automóvil, lo que se está viendo como un ejemplo en la aprobación del proyecto de Costanera Norte, que va a generar 39 millones de kilómetros adicionales anualmente.

Pero no sólo se trata del caso del automóvil, que es uno de los grandes temas en el área metropolitana, sino que hay otros tremendamente importantes y que no son atacados en su totalidad. Por ejemplo, el tema del uso del fuego. No se ataca el problema del uso del fuego en su totalidad, prohibiendo definitivamente las quemas, sino que hay una suerte de fiscalización que cuesta muchísimo, pero no se prohíbe definitivamente el tema de las quemas, las que se siguen permitiendo. Eso es contaminación grave para Santiago y para el resto del país.

En conclusión, cree que la participación ciudadana no fue tomada en cuenta en su totalidad. Mientras no se tome en serio, y no sea realmente evaluada y considerada, siempre va a tener un escaso valor para las autoridades.

El señor Ampuero tocó aspectos relativos a algunas de las decisiones más importantes que se han adoptado en la historia de Santiago respecto del tema del transporte. Por lo tanto, la vinculación es inmediata al tema de la congestión y de la contaminación y al tema que se está tratando en este momento.

La primera línea de Metro se construye en el sentido del menor flujo de movimiento, lo cual constituye un contrasentido.

El siguiente paso es construir la Línea 2, cuyos terminales estarán ubicados en la Plaza de Armas y en Lo Ovalle. La construcción de esa Línea no cruza el Mapocho y no completa la cruz, esto es, no atraviesa hacia el norte de Santiago. Ese diseño no ayuda a disminuir la cantidad de buses y, en consecuencia, tampoco la contaminación ni la congestión.

Lo anterior supone la construcción de dos estaciones, Cal y Canto y Universidad de Chile, lo que tiene un costo aproximado de 10 millones de dólares. Ello se explica porque se trata de estaciones sobredimensionadas que esperan un flujo futuro e intersecciones con otras líneas de Metro. Desde el momento en que no se utilizan para ese fin, constituyen un lucro cesante, es decir, una inversión no aprovechada.

Como señaló, uno de los terminales es Lo Ovalle y en algunos años más se espera un surgimiento de población bastante importante en el sector de La Florida. Hace algunos decenios, hubo una propuesta que perseguía resolver el tema del transporte en ese sector, que consistía en prolongar la Línea 2 hasta La Florida. El costo de dicho proyecto alcanzaba a los 100 millones de dólares. Cuando se preguntó al presidente de Sectra por qué no se había avanzado en esa propuesta, simplemente respondió que nunca la habían evaluado.

Ahora bien, construidas las Líneas 1 y 2 -esta última sin atravesar el Mapocho, lo que impedirá disminuir el flujo de microbuses o “marea amarilla”, como lo calificó el Ministro de Transportes -, definitivamente no se aceptó la prolongación de la Línea 2 hasta La Florida y se comenzó a estudiar una línea desde La Florida al centro. La Línea 5, que va desde La Florida hasta Baquedano o Universidad de Chile -la estación de destino aún está en suspenso-, fue licitada, proceso en el que participaron dos importantes consorcios: uno ofreció construirla a un costo de 230 millones de dólares, y otro -un consorcio mexicano-alemán- por 200 millones de dólares. En definitiva, la Línea 5 se terminó de construir a un costo de 562 millones de dólares. Subraya que el consorcio mexicano-alemán ofreció entregar la Línea 5 llave en mano. Por lo tanto, es inexplicable por qué se aceptó un proponente que no sólo cobraba más, sino que una vez que obtuvo la licitación y por diversos manejos que no desea calificar, la cifra original aumentó en un porcentaje que es absolutamente inaceptable para la ciudadanía. Por otra parte, se prometió que la Línea 5 podía transportar 170 mil pasajeros diarios; sin embargo, en la actualidad es capaz de movilizar tan sólo 110 mil pasajeros al día. En otras palabras, el resultado fue desastroso.

Entonces, ¿qué ocurre? Que a la luz de estos antecedentes, resultaba más adecuado e inteligente haber prolongado la Línea 2. ¿Por qué motivo? Porque si bien las estaciones de La Florida tienen un altísimo tráfico, las intermedias tienen que ver con lo que se ha dado en llamar tráfico suburbano y pueden estar cerradas. En algunas sitios de Londres existe tanto tráfico que muchas estaciones no son atendidas porque la entrada es liberada.

Ahora bien, se deben recordar la encendida batalla cívica que tuvo como centro de discusión el hecho de si la línea adoptaba como terminal la estación Universidad de Chile o bien Baquedano. En definitiva, era mucho mejor inclinarse por la estación Universidad de Chile dado que, por una parte, podían aprovecharse las dos estaciones que habían sido construidas precisamente para ser atravesadas, y por otra, se dejaba a la gente a cuatro cuadras del centro. Elegir la estación Baquedano implicaba dejar a los usuarios a trece cuadras del centro. De manera que por ahorrar 50 millones de dólares, que era el sobreprecio que se pagaba por optar por la estación Universidad de Chile, se optó por la que se emplaza en Plaza Baquedano. Las consecuencias están a la vista.

Recalcó que el proyecto del consorcio mexicano-alemán tenía un costo de 200 millones de dólares y la propuesta del consorcio Gec-Alsthom, 230 millones de dólares. ¿Qué sucedió? Que Gec-Alsthom presentó un proyecto incompleto, pero las autoridades de turno lo aceptaron tal como venía, a pesar de que no consideraba determinados equipos y transformaciones. Ahora bien, una vez que alguien se adjudica parte de una propuesta, el resto se pone mucho más duro de negociar. Ése es el motivo que explica que la cifra inicial haya crecido en forma inaceptable.

El Diputado señor Leay consultó si la cifra llegó finalmente a 562 millones de dólares, lo cual fue confirmado por el señor Ampuero .

La estación terminal Baquedano adolecía de una falla previsible: la saturación del terminal, lo que efectivamente ocurrió. Ello no habría sucedido si se hubiese tomado la decisión de optar para estos efectos por la estación Universidad de Chile. Lo que se propone ahora es invertir 200 millones de dólares para resolver un problema que pudo haber encontrado solución gastando tan sólo 50 millones. Sinta ofreció salvar la nave construyendo una línea desde Plaza Baquedano hasta la parte de arriba de la estación Cal y Canto. ¿Por qué interesa tanto el punto elevado de la estación Cal y Canto? Primero, porque es una estación sobredimensionada y que se encuentra equipada para recibir varias intersecciones. Ahí está la estación Mapocho. Para Sinta es parte de un proyecto de un tren que partía de estación Mapocho, que iba al aeropuerto de Pudahuel y que, posteriormente, llegaba a Valparaíso, que tiene un tramo urbano que parte de estación Mapocho hasta Lo Barnechea. De cierto modo, es un proyecto alternativo a Costanera Norte por sus características.

Es importante la estación Cal y Canto, como un nudo intermodal, donde llegan metro, buses, tranvías, automóviles y buses urbanos.

El presupuesto inicial de la línea 5, pasa de 296 a 562 la referencia sobre el presupuesto de Sectra de 1993 y la memoria del Metro de 1997. Ahí está la diferencia.

Le llama la atención una carta al Presidente del Colegio de Ingenieros , en el cual las autoridades del Metro le decían que la diferencia de precios entre la obra inicial y la obra terminada era de un 0,8 por ciento, lo cual no es efectivo. Esa carta existe. En algún momento la Comisión podrá tenerla a su disposición.

Tampoco ha resultado el tema de los pasajeros por día. Es una línea cuyas estaciones intermedias son absolutamente inútiles, en términos de la ciudadanía toda.

Bien, el proyecto de la extensión de la línea 5 en Plaza Baquedano y en forma paralela a la Alameda, o sea en forma paralela a la línea 1, ha sido considerada por el equipo Sinta y por la totalidad.

En cualquier país del mundo una línea de metro -400 metros- es un absurdo. Por lo tanto, se está frente a una situación de hecho desastrosa y que involucra un gasto de millones de dólares inadecuadamente.

La propuesta de Sinta es el Metro en Plaza de Armas hasta donde está llegando en este momento; que llegue a Plaza de Armas no es tan malo, si bien era mejor como proponía Sinta , haber continuado desde Plaza de Armas hasta Cal y Canto. Entre otras razones, por motivos técnicos, porque el equipo podía pasar de una línea a otra, de la línea 5 a la 2.

Cuando se construyó la línea 5, quedó trunca, y obligó a construir además los talleres, posteriormente, lo que constituye un factor importante.

La propuesta de Sinta es parar el metro en Plaza de Armas, asumir los costos políticos que significa -en cierto modo el 50 por ciento de los puestos políticos-, porque si bien el Gobierno se ha comprometido y el Presidente es la primera persona que ha visitado las obras, se llega a un nivel de compromiso: solamente hasta Plaza de Armas. Eso ¿qué significa? En primer lugar, seguir adelante con una idea absurda, con una solución inadecuada. Por otra parte, esos recursos pueden ocuparse en potenciar definitivamente el enlace entre las dos estaciones -Cal y Canto y Universidad de Chile- construidas a escasa distancia. Si bien es caro construir en el centro, por otro lado potencia ese nudo intermodal que para Sinta es fundamental para la ciudad de Santiago, entre otras cosas, porque el movimiento de las tierras en el aeropuerto ya está alcanzando a las 9 mil personas diarias, y desde Valparaíso a Santiago , los pendulares -pendolares, como los llaman en Italia- son del orden de los 20 mil personas diarias.

Por lo tanto, los estudios de mercado para eliminar esto justifican este tipo de inversión. Permitir que esta gente, o incentivar que esta gente haga su traslado en automóvil, es una masacre a la ciudad de Santiago. Son buenos los argumentos que se esgrimieron anteriormente. Cualquier ingeniero de transporte sabe que, a más vías, más tráfico, siempre que se cumplan dos condiciones: uno, que el ingreso per cápita aumente y, segundo, que el precio de los automóviles baje, que es lo que está ocurriendo en este momento en Chile.

Por lo tanto, su propuesta es parar el Metro en Plaza de Armas, potenciar y atravesar el Mapocho. Ésta es una propuesta estratégica fundamental para Santiago, porque permite disminuir el número de micros. Eso es claro como el agua: mientras no se integren tarifariamente, ya sea por horario, precio o distancia, los sistemas de transportes de Santiago -y mientras no se atraviese con la red de Metro hacia el norte del Mapocho- están condenados a tener sistemas paralelos, deficientes, contaminantes y una cantidad de micros absolutamente inadecuada.

La otra ventaja de atravesar por el centro de Santiago perpendicularmente, es que se potencia un viejo trazado, que es el de la línea 3, que va al sector de Ñuñoa con carga suficiente para subsistir desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la última consecuencia es que integra un proyecto de tren, que fue presentado por el equipo Sinta , que es un tren que tiene un tramo suburbano desde Mapocho al aeropuerto de Pudahuel, atravesándolo por debajo; posteriormente, la cuenca Lipangue, el estero Marga Marga para llegar a Viña del Mar y Valparaíso, y por otra parte, tiene un tramo urbano, que es el que va desde Mapocho hasta Lo Barnechea .

A través de los estudios desarrollados por Sinta el tramo urbano de trenes rápidos es más barato que el tramo urbano de Metro metropolitano.

El Diputado señor Leay expresó su acuerdo con la primera exposición, del señor Lanfranco . El proyecto Costanera Norte es la antítesis a descontaminar la ciudad de Santiago. Lo único que está haciendo es favoreciendo al sector oriente de la capital con un mayor acceso al centro y que le va a permitir una mayor comodidad y rapidez para llegar al centro. Eso va a generar mayor movilidad y uso de automóvil no racional sino que irracional.

Todo el mundo en la última exposición señaló que lo lógico era hacer sistemas de transportes alternativos al vehículo, como metros que son carísimos, otro sistema de trenes o el sistema alternativo que permita a la persona racionalmente dejar su auto. Hasta la fecha no lo hace, porque el sistema de transporte público es muy malo. Por lo tanto, la gente tiene la tendencia a seguir usándolo.

Todo lo que se ha dicho es real. Falta agregarle que el proyecto de transporte privado se hace con garantías estatales. Es increíble. A ese nivel ha sido la presión que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas en esta materia. Ayer se habría llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

Preguntó si el sistema de tren urbano es un sistema subterráneo o aéreo. ¿Qué han pensado de la parte urbana -sector oriente- respecto de un proyecto alternativo por la costanera norte y también interurbano? ¿Cómo está pensado eso?

El señor Ampuero hizo presente que preferiría que la respuesta técnica fuera dada por un ingeniero experto en ferrocarriles. Su especialidad -arquitecto- se orienta más al urbanismo y al transporte a nivel general. En todo caso, recordó la siguiente situación. La estación Mapocho, no obstante las modificaciones que ha tenido, permite la construcción, entre el río y el edificio, de dos andenes subterráneos y dos andenes sobre superficie. Por lo tanto, tener a la estación Mapocho como un nudo internodal es una posibilidad que todavía existe.

El proyecto sobre el tren fue presentado al Ministerio de Obras Públicas, y si en algún momento el Gobierno define cierto interés por la competencia, en el marco de la ley de concesiones, Sinta estará en la cancha con su proyecto. El tipo de solución es un tren de dos pisos, que tiene una locomotora en los dos extremos -por lo cual no necesita patio de maniobras-, que acelera muy rápidamente, y que, por tener dos pisos, necesita, dentro de la ciudad, estaciones con andenes muy cortos. En cuanto al trazado, a las velocidades promedio y a la carga de pasajeros, no se considera la persona más autorizada para entrar en detalles en este momento.

El Diputado señor Rojas , tuvo la impresión de que en el plan de descontaminación de Santiago los invitados no fueron lo suficientemente escuchados. Le llama poderosamente la atención la exposición referida al gasto respecto del Metro. Un proyecto puede ser sancionado o modificado por diferentes situaciones que han ocurrido en el transcurso del desarrollo; pero pasar de 200 millones de pesos a 520 millones de pesos, significa casi más del ciento por ciento del proyecto.

El Diputado señor Sánchez señaló que no tiene una opinión formada sobre el proyecto de la Costanera Norte. En todo caso, cree que la salvación de Santiago es regionalizar el país, aunque ésa es otra discusión. El hecho de no tener una vía expedita, como pudiera ser la Costanera Norte, que permita evacuar rápidamente Santiago , significa mayor tiempo, y, si bien se ha dicho que son 39 millones de kilómetros menos de distancia, los autos están mucho más tiempo con los motores encendidos, contaminando la ciudad.

El señor Lanfranco respondió afirmativamente y hay estudios técnicos al respecto. La situación sería completamente diferente si el proyecto Costanera Norte -ya ha sido propuesto por otros arquitectos y urbanistas- no pasara por el centro de Santiago, porque al pasar por ahí, ocurre que vienen desde los dos polos hacia el centro de Santiago, y uno de los problemas que no tiene resuelto el estudio de impacto ambiental son los enlaces viales. Es decir, si alguien se mete al centro de Santiago a las 8:30 horas y se da cuenta de los tacos que existen a esa hora, es de imaginar los tacos que van a ocurrir cuando se implemente la Costanera Norte, si es que se implementa. No se van a aumentar ni a ensanchar las calles. Por su parte, la Municipalidad de Santiago está creando 120 estacionamientos nuevos. Es decir, es una solución que entra en completa contradicción.

Distinta es la situación que ha sido propuesta, que es infinitamente más barata -vale 15 millones de dólares-, cual es realizar cinco pasos bajo nivel, con Américo Vespucio. El anillo de Américo Vespucio, que va por fuera, es más directo para la salida de Santiago. Si se ve el mapa, el tramo que se propone hace una vuelta para pasar por el centro de Santiago. En cambio, en el caso de la circunvalación Américo Vespucio, el tramo pasa mucho más directo y alimentando todos los barrios industriales que se han ido creando alrededor de Américo Vespucio. De ahí se va al aeropuerto o adonde sea. El tema es que, independientemente de que se puede ganar, en un primer año, mayor velocidad de los automóviles, está absolutamente claro que a los cinco años se ocupará completamente la capacidad vial, y a los automóviles que antes estaban se agregan todos los nuevos automóviles que se generaron en esos cinco años. En consecuencia, en el mediano plazo, sería una situación bastante peor que la que se tiene ahora, aun sin proyectos. Ésa es una de las cosas importantes en el plan de descontaminación de Santiago, porque uno de los grandes argumentos que se ocupa para justificar el proyecto de Costanera Norte es decir que el parque automotor está creciendo un 7.3 por ciento anual, bajo estas condiciones y más o menos lo que se ha visto. Entonces, el punto no es cómo se alimenta ese 7.3 por ciento anual, sino cómo se reduce. Ahora, eso no sólo ocurre para Santiago, sino que para todas las ciudades. Si se visita Temuco se verá que está tanto o más contaminada que Santiago. El plan como tal no contempla el desincentivo del uso del automóvil, no calcula la capacidad que cada una de las ciudades tiene que resistir para un determinado parque automotor, lo que es muy posible hacer.

El señor Montecinos hizo un alcance adicional respecto a la situación de las regiones, en el sentido de cómo son afectadas gracias a lo que el plan de descontaminación permite que se instalen nuevos proyectos viales que están generando mayor tránsito. Además, el proyecto está bajo concesión y el Gobierno ha tenido que dar una serie de garantías, las que van a tener que pagar todos los chilenos desde Arica a Punta Arenas.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó respecto al monto de las garantías, a lo cual el señor Montecinos respondió que ascienden a aproximadamente 60 millones de dólares. Lo que se subsidia es lo que ha salido publicado en la prensa, lo que significa, por ejemplo, el pago del 85 por ciento de los peajes incobrables durante los seis primeros años.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) solicitó una explicación con mayor detalle respecto al no pago de peajes.

El señor Montecinos indicó que no lo pagarán parte de los usuarios, por eludirlo o por sencillamente no pagarlo. Habrá un subsidio adicional que lo pagarán todos, 60 millones de dólares en total.

El señor Lanfranco señaló, según ha trascendido a la prensa el acuerdo a que habría llegado el Ministro Tohá con Hacienda , quien les aseguró que les entregaría la información en tanto la tuviera, que Hacienda garantiza el 85 por ciento de los peajes, que es la mayor garantía que el Estado ha entregado a proyecto de concesión vial. Todos los proyectos de concesiones viales, El Melón, la Ruta 5, llegan al 70 por ciento y aquí se está entregando un 15 por ciento más como garantía. Entonces, desde el punto de vista estatal, es casi escandaloso financiar un proyecto privado con fondos públicos que no es rentable y esto va no sólo hacia el hecho de no pago, sino que también según las proyecciones del proyecto en sí, si no llegan al 85 por ciento, el Estado pone el dinero pertinente. Ésa es la garantía.

El señor Ampuero se refirió a las conclusiones del “green paper” del Parlamento Británico respecto del tema de la tarificación vial, los que señalan que así como el tema estaba planteado y dada la cantidad de información que había, el proyecto de tarificación vial en Inglaterra no podía proseguir.

Los argumentos que se esgrimieron en ese momento siguen vigentes, como lo que ocurrió con la policía inglesa, la que pidió que no le pasaran la responsabilidad de velar por que la gente pagara. En el caso de Chile, el sistema judicial y la policía, que apenas tienen recursos para combatir la delincuencia, se verían recargados con las decenas de miles de infracciones que se agregarían debido a que el sistema no funciona si hay gente que no paga.

Por otra parte, en el tema de los accidentes, nadie, ni en Inglaterra ni en Chile, ha cuantificado el costo de los accidentes, porque para esto no existen tablas ni es medible.

Respecto del no pago, hay situaciones que están en el límite de lo cómico. Por ejemplo, cuando en Italia se implantó el sistema de tarificación vial se dieron cuenta de que había mucha gente que no pagaba, la cual, además, cometía otro tipo de infracciones. Se descubrió que las cámaras no funcionan si se utiliza laca spray o si se circula a más de ciento treinta kilómetros por hora. Por lo tanto, se consiguió el efecto contrario, pues en la actualidad la velocidad promedio en Italia es altísima y los accidentes han aumentado, precisamente, porque una vez que la gente descubre esta fisura de los controles trata de evitarlos.

Existen otras modalidades. En Inglaterra, donde la policía funciona muy bien y los sistemas de controles son algo más eficientes que en Chile, hay un 14 por ciento de gente que no paga. En consecuencia, por lo menos, se parte con un piso que es similar al europeo. Sus cálculos indican que en Chile se llegará al treinta por ciento de gente que no paga, debido a lo cual ocurrirá lo mismo que con el peaje del ingreso al aeropuerto internacional, en el que el Fisco termina pagando el estacionamiento de funcionarios de empresas privadas.

El tema es serio, porque es muy simple eludir esos sistemas de control. En Europa, donde el noventa por ciento de las personas aprende a conducir en escuelas especialmente habilitadas para ese fin, la gente ensucia las patentes de sus automóviles a fin de eludir el pago, con lo cual no funciona la cámara que los controla, a lo que se agrega que los lorries, como se denomina a los vehículos de transporte pesado internacional, simplemente no pagan, porque abandonan el país dentro de las 24 horas, lo que hace que su seguimiento sea extraordinariamente difícil.

Por lo tanto, la experiencia que existe en otros países respecto del control de pagos y del sistema judicial que se necesita, permite concluir que aún no se ha inventado en el mundo un sistema eficiente para controlar dichos pagos, y si no lo han conseguido los europeos cabe pensar que tampoco ese sistema estaría disponible en Chile. Las experiencias que hay respecto del tema son puntuales, se refieren a puentes y a trazados muy específicos, donde casi siempre existe la posibilidad o la opción de pagar en forma manual. En consecuencia, resulta obvio que el proyecto Costanera Norte está absolutamente trunco en ese aspecto, por lo que es apresurado seguir adelante con una solución ingenieril que, además de ineficiente, tiene todas las consecuencias colaterales que señaló.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó por qué el señor Lanfranco considera que en el caso en comento no se tomó en serio la participación ciudadana.

El señor Montecinos señaló que en el documento denominado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, pese a que el Comité Ecológico Bellavista fue representado por Lake Sagaris , a quien le correspondió dar a conocer una serie de ponencias sobre lo que a juicio de esa organización debería contener el Plan de Descontaminación, sin embargo, con posterioridad, una vez leído el Plan, se dieron cuenta de que muchas de las opiniones y sugerencias que allí se entregaron no estaban contenidas en el mismo.

Los plazos que allí se mencionan son muy amplios para reducir la contaminación o por lo menos para llegar a una línea de base que cumpla con las normas que están vigentes en la actualidad. En todo caso, las normas mismas configuran otro tema de discusión. En consecuencia el plazo que ha fijado la autoridad con tal fin es muy amplio. En consecuencia, creo que no todas las medidas que se propusieron para llegar a reducir el nivel de contaminación fueron reflejadas en forma adecuada, y ése fue el sentir general respecto de la participación ciudadana.

La participación ciudadana, tal como está recogida en la ley Nº 19.300, está restringida exclusivamente a los primeros sesenta días desde que el proyecto ingresa al sistema, y es por todos sabido que a los estudios de impacto ambiental se le formulan posteriormente una serie de observaciones por parte de la Conama y los servicios públicos competentes en el área, y el proponente agrega los addendum, pero como sobre éstos han pasado los sesenta días, la ciudadanía no tiene posibilidades de efectuar objeción alguna.

En el caso específico de Costanera Norte, el estudio original que presentó el Ministerio de Obras Públicas fue de tan mala calidad que ameritó de parte de ellos un informe muy completo cuestionando un sinnúmero de aspectos, documento que fue refrendado por los servicios públicos. A raíz de esa situación, Conama se vio en la obligación de solicitar al proponente que efectuara algunas aclaraciones y que presentara nuevos documentos. Sin embargo, como ciudadanía, ya no tenían oportunidad alguna de participar.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó si el señor Montecinos considera que la saturación que hoy existe en Santiago no está reflejada finalmente en las disposiciones del Plan, a lo cual se le respondió negativamente.

El señor Lanfranco , en cuanto al proceso específico de participación ciudadana, señaló que, en primer lugar, el proceso está definido por parte de Conama sobre la base de un plan maestro de cómo se debe hacer la participación ciudadana, la que indudablemente difiere de lo que hacen unos organismos respecto de otros, o un proyecto respecto de otro. Algunos son más específicos y otros lo son menos. En el caso en comento, por las características del proyecto en sí, que es de una gran complejidad ingenieril, y por la diversa composición social del eje que atraviesa el proyecto, se fue conformando un equipo multisocial y multiprofesional de muy alto nivel y cada vez que se enfrentaban a situaciones que no las entendían lograron una asesoría directa muy importante de profesionales muy calificados. En consecuencia, su opinión llegó a ser una opinión social y técnicamente muy bien fundamentada. Pero cuando le dijeron a la Conama que participaban bajo una serie de condiciones, se dieron cuenta de que a los expropiados de Independencia, por ejemplo, que son 160 familias no les quedó más que decir “bueno, nos tenemos que ir”, y se tuvieron que ir sin pan ni pedazo porque vinieron las amenazas municipales y de parte del Ministerio con firmas de documentos. A su vez, esa misma gente les fue contactando con personas que estaban en situación similar, como las de Pedro de Valdivia, quienes tenían un problema de ruidos por el Parque Metropolitano . El Presidente de la Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Norte , don Ambrosio García Huidobro -ingeniero- contrató un perito para que hiciera las mediciones de acuerdo con los planos determinando que 6.7 hectáreas del Parque Metropolitano eran intervenidos directamente por el proyecto. En consecuencia, el proyecto era ilegal. Y ésa fue un arma muy importante que tuvieron, porque si era ilegal tenían la posibilidad de presentar un recurso judicial, siendo ésa una de las razones por las cuales se cambió el proyecto al barrio Bellavista. A pesar de haberlo negado durante un año, el proyecto se cambia después a Bellavista no porque se hubiera considerado ilegal, sino argumentando que favorecía más a los habitantes de Bellavista -cosa que reconoce cierta- pero también ellos habrían tenido otro problema.

La Ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente , define los proyectos medioambientales a evaluar en forma muy específica. Don Carlos Cruz, Jefe de Concesiones , declaró al diario “La Tercera” y en una reunión que sostuvieron hace 10 días con el Ministro , que éste era un anteproyecto y que el concesionario estaba en condiciones de hacer las modificaciones pertinentes para que el proyecto saliera adelante. Entonces, ¿para qué se discute todo esto? ¿Para qué estudiar dónde va a ir el trazado, si éste puede ser cambiado, como fue en el caso Bellavista?

El Diputado señor Sánchez consultó la opinión de los invitados respecto de la Conama?

El señor Ampuero señaló que el consejo consultivo de la Conama es el único que incorpora a diferentes sectores de la sociedad, como el Gobierno, los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos, etcétera.

En el caso de Trillium, el consejo consultivo votó en contra del proyecto y se aprobó por parte de Corema.

En el caso de la Costanera Norte, el consejo consultivo rechazó el proyecto en dos oportunidades. Cuando la Corema iba a reunirse por tercera vez con dicho consejo, que probablemente lo rechazará nuevamente, ésta se reúne el día anterior y aprueba el proyecto, sin esperar la reunión del consejo consultivo ni tomar en cuenta las resoluciones anteriores en contra del proyecto. Entonces, la aprobación de ese proyecto fue mañosa. Es necesario tener una autoridad ambiental independiente de las posiciones políticas, donde pueden estar representados todos los partidos políticos. Está claro que el Presidente Frei hizo un llamado de atención a Conama para señalarle que no debía frenar los proyectos. Eso significa que están para aprobar el proyecto con mitigaciones, compensaciones, todo lo cual tiene un mecanismo de negociación. A su juicio, la Conama está mal desde el punto de vista de la conformación legal.

En el caso Gas Andes, la Conama quiso jugar un papel intermediario. Sin embargo, la gente de San Alfonso lo sacó rápidamente y se formó una comisión que negoció directamente con los involucrados.

Hoy, el Ministro señor Tohá ha abierto una mesa de conversaciones directamente con la Coordinadora, en la cual no está la Conama. La Conama ha tratado de sacar una resolución nefasta. En este sentido, el plan de descontaminación no tiene ningún apoyo. Cuando el señor Rodrigo Egaña planteó el tema de los mayores impuestos a la bencina fue desautorizado inmediatamente por el Ministro de Hacienda .

La Conama es un organismo que trata de hacer cosas interesantes, pero si carece de poder no tiene sentido que exista. La única manera de tener poder es la existencia de una autoridad independiente, que deberá ser definida con cargos que se postularán a través de las diferentes organizaciones sociales, los diputados, la institucionalidad del Estado, la cual tendrá una duración determinada y se elegirán.

Si bien los temas de la Costanera Norte, y de la congestión y contaminación son muy dramáticos, es conveniente mirar hacia adelante con varios años plazo. Hay dos temas sustanciales.

El primero es estructural institucional, y dice relación con la existencia de tres ministerios -de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones- que se sobreponen y tienen atribuciones que se confunden.

Su experiencia personal fue la presentación al Ministerio de Transportes del proyecto de tren expreso desde el aeropuerto a Valparaíso. Sin embargo, el Ministro señaló que no le correspondía. O sea, si un proyecto de transporte no le corresponde al ministro de esa cartera, a quién debe dirigirse. En definitiva, él señaló que le correspondía al Ministerio de Obras Públicas, porque allí están concentrados el sistema y el área de concesiones.

Todo el mundo sabe que el Ministerio de Obras Públicas hace varios años desmanteló su único departamento ferroviario donde existían personas que sabían algo de trenes, de ferrocarriles. Por lo tanto, es un caso típico de una frondosidad de ministerios absolutamente añeja y que en los países modernos y europeos hace rato que ha sido sustituida por un ministerio responsable de todos los temas de infraestructura y de planificación espacial.

Este tema es de fondo, está pendiente y es el más importante y urgente. Obviamente, es una modificación bastante seria a la institucionalidad chilena, pero mientras se siga trabajando de esa manera no se llegará a ninguna parte.

Respecto de la participación ciudadana, la percepción del tema, es que mientras no se participe antes, es palabrería hueca, no conduce a nada y no tiene sentido participar. Ésa ha sido nuestra actitud sobre el tema.

Cuando hicieron una propuesta en el caso del tren Exa, el expreso al aeropuerto, fue presentada al Intendente a través del Colegio Médico, la que envió al Seremi de Transportes, el cual emitió una respuesta que llegó al Intendente, en la que señalaba que nuestro proyecto era insuficiente. Obviamente, en un proyecto de la envergadura de un tren de Santiago a Valparaíso solamente el estudio de mercado necesita de 400 millones de pesos.

Por lo tanto, en primer lugar, no hay voluntad del gobierno respecto del tema ferroviario y, en segundo lugar, están pidiendo a un grupo de ciudadanos independientes que trata de contribuir a la conformación de un banco de ideas y proyectos, un estudio de mercado, lo cual es absolutamente absurdo.

En todas partes del mundo, las grandes intervenciones urbanas tienen como primeros protagonistas a la comunidad, la cual con el apoyo nacional o internacional entrega su participación y después se hacen los proyectos.

En el caso del proyecto de Costanera Norte, se enteró por el diario.

El Diputado señor Olivares le consultó al señor Ampuero si considera que un tren a Valparaíso es viable desde el punto de vista financiero. Tiene la impresión de que los trenes actualmente no se financian en ninguna parte del mundo. Entonces, en cuánto habría que subsidiarlo, cuánto costaría un proyecto de esa envergadura, porque obviamente que si las pérdidas o los subsidios son demasiado importantes, a lo mejor es inviable pensar en proyectos de esa naturaleza.

El señor Ampuero expresó que desde el momento en que el Estado empuja una solución de uso del automóvil para llegar a Valparaíso, obviamente que no puede coexistir con una política orientada a fomentar el tren.

En Europa lo corriente es que si se va de una ciudad a otra, se haga en tren, y el tren tiene la fantástica virtud de llegar al corazón de las ciudades de manera segura, rápida, confortable y amistosa con el medio ambiente.

Es una decisión de Estado: se juega por el tema de la doble vía y la construcción de túneles adicionales o destina esos recursos, que ya está gastando, al tema ferroviario. Obviamente no alcanza y el tren tiene que ser subsidiado.

Al respecto, Sinta hizo un estudio de mercado previo, pero obviamente un estudio de mercado serio sobre el tema demandará un 10 por ciento de la inversión total. Se calculó que un estudio de mercado cuesta entre 300 y 400 millones de pesos, pero cuando el Estado gasta esos dineros en un segundo túnel o una segunda vía, en subsidiar el no pago de tarificación vial, obviamente que se está frente a una decisión estratégica que va en sentido contrario.

El Diputado señor Sánchez señaló que además de las medidas que se puedan adoptar para mejorar las condiciones del transporte e infraestructura, se encuentra el tema de la creación de incentivos para que la gente viva fuera de Santiago. Por ejemplo, la puesta en marcha de un tren rápido da la posibilidad de que la gente trabaje en Santiago y viva en Valparaíso. Sin duda, una solución de ese tipo entregaría múltiples beneficios, pero ello depende finalmente de una decisión política.

El Diputado señor Leay propuso que se estudie la posibilidad de invitar a Sinta, a fin de que sus profesionales ilustren de manera más completa sobre los alcances del proyecto. Sin duda, se trata de una iniciativa extraordinariamente importante y sería positivo conocer sus pormenores con mayor tiempo. De ese modo, quienes se encuentran convencidos de que la iniciativa es viable, tendrán la oportunidad de apoyarla en forma concreta.

P) Liz Ampt , geógrafa urbana, de nacionalidad australiana.

La señora Ampt señaló que en Adelaida, Australia, el departamento de transporte desarrolló un programa llamado “Cambio Cultural”, que transformó totalmente lo que ese servicio había hecho hasta ese momento. Se desarrolló una estrategia con varios objetivos comunes, tanto para las autoridades como para los ciudadanos de Adelaida, tendiente a reducir el uso del auto en dicha ciudad, para lo cual lo primero que hicieron fue preguntar a los ciudadanos si ellos consideraban que la reducción era necesaria. En forma muy sorpresiva, la mayoría de la gente respondió que sí era necesario.

Entonces se desarrolló el programa denominado “Armonización de viaje”, el cual fue diseñado para reducir el uso del auto sin cambios en la infraestructura, donde cada persona hace cambios por sí misma, pero cada uno recibe también beneficios personales e individuales en tiempo y uso del tiempo en forma más eficiente.

El plan tuvo cuatro pasos. Primero, se midió el tiempo de los viajes, después se entregaron ideas sobre cómo cada uno puede hacer pequeños cambios, luego se trató de hacer los cambios y, finalmente, se midió de nuevo. La primera etapa consistió en medir el comportamiento del viaje y para eso cada persona debió registrar los viajes de una semana en un diario individual. En fin, se midió cuán frecuentemente y cuántas horas pasaron las personas en sus autos.

Posteriormente vienen las ideas, que son cuatro, la más importante es la primera, que consiste solamente en pensar y no hacer nada todavía, lo que se traduce en dejar de andar en auto, sino transformar su ruta en la forma más eficiente posible.

La segunda idea que se les dio a los conductores fue combinar modos, lo que significó que algunas veces se usa el auto, otras el bus, se camina o bien se usa bicicleta.

La tercera idea consistió en combinar actividades. Por ejemplo, si se va al doctor, se debe tratar de hacer las compras en el almacén cerca de la consulta, en lugar de cruzar la ciudad o bien ir a lugares más cercanos.

La cuarta idea fue decirle a la gente que no tenían por qué hacer grandes cambios.

Entre los participantes del programa hubo un 21 por ciento de reducción en el kilometraje recorrido. Como no toda la comunidad tomó parte, se hizo una estimación que reveló que alrededor del 11 por ciento en promedio sería el impacto si toda la comunidad hubiera formado parte del programa.

Un programa como el descrito tiene efectos y beneficios. Los beneficios para el medio ambiente: menos emisiones, menos ruido y menos contaminación del aire. Pero más importante que eso, la gente en Adelaida encontró que había beneficios para ellos mismos, como menos estrés, más ahorro de tiempo e, incluso, algunos ahorros monetarios.

A su vez, se tomaron dos aproximaciones: primero, desde el gobierno y, segundo, mantención de medidas de regulación tradicionales. Por ejemplo, se promovió que los niños fueran a escuelas más cercanas a sus casas, en lugar de ir a escuelas elegidas por otras razones; se revalorizó el almacén de la esquina, en el sentido de que muchas compras podían ser resueltas a pie y en viajes muy cortos, evitando los viajes en automóvil al supermercado, y se continuó con algunas mejoras en infraestructura, pero siempre en el contexto de esa aproximación más global.

La parte más importante de la estrategia es que las personas fueron capaces de hacer cambios por sí mismas.

Lo que aún está por probarse, pero es probable que ocurra, es que finalmente, cuando aparezcan los reglamentos, las personas entiendan el contexto en que ellos están definidos y sean capaces de incorporarlos y respetarlos con una sonrisa en los labios.

En Santiago se está aplicando un plan piloto de ese método por parte de la Intendencia Metropolitana a través de Sectra. El programa comenzó preguntando a la gente de Santiago si quería cambios. La pregunta que se formuló en muchos barrios sobre ese mismo tema era la siguiente: “De quién es la responsabilidad de que haya contaminación”. La mayor parte de la gente respondió: “De todos, o sea, tanto nuestra como del Gobierno.” Se espera que a fines de julio se tengan los resultados de esa aplicación piloto.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó acerca de cuánto vale un plan de ese tipo para el Gran Santiago y cuánto tiempo puede durar una propuesta a escala, porque es evidente que no se puede aplicar al ciento por ciento del universo.

La señora Ampt respondió que si se quisiera utilizar el método en mil o diez mil hogares, debería pensarse en un plazo de seis meses, hasta cubrir todos los procesos de cambios del programa.

El Diputado señor Navarro ( Presidente ) consultó si hubo subsidio del Gobierno para esos temas. En definitiva, ¿quién lo financia?

La señora Ampt respondió que en Adelaida el plan comenzó como un programa del departamento de transporte del gobierno, pero después pasó a organismos privados que lo financiaron. El organismo que promovió el proyecto en Sidney fue el equivalente al Automóvil Club local.

VIII. CONCLUSIONES GENERALES.

La Constitución Política garantiza en su artículo 19, el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En consecuencia, cabe concluir que todo plan de prevención y descontaminación debe antes de nada asegurar tales derechos por sobre todo otro tipo de consideraciones político económicas, lo que claramente a juicio de esta Comisión no sucede con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana.

Tras el largo debate que surgiera al interior de la Comisión, se concluyó que la manera como se ha enfrentado el problema de la contaminación atmosférica de la Región Metropolitana, es insuficiente y las medidas que contempla no solucionan el problema que afecta a Santiago, ya que las políticas que establece en materias como salud y transporte o no están contempladas o son claramente insuficientes.

La aplicación de este plan significa en lo inmediato, mantener los actuales índices de contaminación, pero en el mediano plazo al aumentar las fuentes, la contaminación evidentemente se incrementará.

En efecto, este Plan no ha sido eficaz, requiriéndose al efecto introducir importantes cambios institucionales, estructurales y culturales a fin de poder llegar a una solución definitiva y eficaz del problema.

Asimismo, se pudo comprobar que el nivel de los mecanismos e instrumentos actualmente contemplados por el Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana, presentan un alto grado de incumplimiento, descoordinación y otra serie de problemas de orden teórico como práctico, que difícilmente permitirán una pronta solución de los problemas que afectan a la población de Santiago.

Este modelo prioriza las decisiones políticas y económicas en desmedro de las medidas técnicas, científicas y ambientales. Esto es consecuencia de que el organismo máximo que es el Consejo de Ministros, sea un órgano eminentemente político. Esto unido a la falta de una autoridad centralizada político-técnica atenta contra la eficacia de cualquier proyecto ambiental.

La Comisión ha llegado a la convicción de que las medidas técnicas serán insuficientes y cualquier plan fracasará de mantenerse las actuales tasas de crecimiento de la Región Metropolitana.

Sin perjuicio de las conclusiones de carácter particular que se consignarán más adelante, la Comisión concuerda en que existen cuatro problemas básicos que deberán ser atendidos con prontitud, decisión y voluntad política de manera de priorizar y dar real solución al grave problema que afecta a la Región Metropolitana. De no resolverse estos aspectos, la contaminación de Santiago seguirá aumentando o en el mejor de los casos se mantendrá con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de sus habitantes.

1. Descentralización.

En primer lugar, resulta esencial sentar las bases de una real descentralización del país, tanto en lo administrativo como en infraestructura, de manera de obtener un desarrollo sostenido y equitativo para las regiones.

Asimismo, otro factor que tiene directa relación con el anterior, es la carencia de un ordenamiento territorial equilibrado tanto en la expansión urbana como poblacional.

Ambos tipos de expansión unido a las difíciles condiciones geográficas de Santiago han sido determinantes en la crisis ambiental que se vive hoy en la Región Metropolitana. Temas que el plan no contempla de manera integral.

2. Institucionalidad de Conama.

El modelo institucional en que se basa Conama carece de una autoridad para coordinar, fiscalizar y sancionar, que le permita exigir que cada institución del gobierno y del Estado introduzcan la variable ambiental a las políticas, normas y acciones que son de su competencia.

De este modo, sería necesario que las políticas de los ministerios que incidan en el medio ambiente consideraran el impacto que producirán al definir sus acciones.

Se puede constatar, que no existe una autoridad máxima en materia ambiental, con poder suficiente para exigir niveles de protección ambiental al conjunto de sectores.

Actualmente las decisiones son tomadas en el Consejo Directivo, integrado por trece ministros, con igualdad de voto, que representan a todos los sectores que participan en la definición de las exigencias ambientales y adoptan compromisos sectoriales.

La coordinación que ejerce Conama se traduce en la definición general de criterios y objetivos que luego deben ser ejecutados por las distintas instancias, debiendo velar además por su cumplimiento y ejerciendo la fiscalización de los agentes privados participantes.

De esta manera la autoridad normativa y la que debe aplicar tales prácticas se confunden.

En general las atribuciones ambientales son difusas y las capacidades técnicas muy precarias, debido a las limitadas disponibilidades técnicas existentes y a la falta de recursos tanto humanos como financieros.

La variable ambiental y su regulación requieren de un alto grado de conocimiento y dominio de un gran número de materias científico técnicas, dado la característica multidisciplinaria que tiene la ciencia ambiental.

La preocupación por la temática ambiental en nuestro país es reciente, aun cuando existe una frondosa normativa anterior a la ley Nº 19.300. Conama con sus cinco años de existencia ha sido objeto de variadas críticas en cuanto a la organización de su institucionalidad. Se trata de un servicio público descentralizado, que está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Dentro de sus funciones más importantes cabe destacar la coordinación de las atribuciones ambientales propias de los órganos sectoriales del Estado.

El Consejo Directivo, es la instancia superior, en la cual reside la autoridad política, constituyendo el nivel de operación final de las decisiones técnico administrativas de los órganos subalternos. Entre sus funciones cabe destacar también la de aprobar los programas, normas y planes de descontaminación.

Fuera de estos órganos existe, además, una variada gama de instituciones de la administración pública con competencia ambiental, que en virtud de leyes y decretos anteriores a la vigencia de la ley de Bases del Medio Ambiente, tienen también atribuciones para otorgar permisos con componente ambiental o de fiscalización en materias ambientales, como es el caso del Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, órgano fiscalizador de la calidad del aire y de los residuos sólidos de la Región Metropolitana.

Si bien es cierto Conama coordina las políticas, resulta claro que carece de facultades fiscalizadoras que le permitan exigir el cumplimiento efectivo de las metas y políticas al no contar con facultades coercitivas para exigir el cumplimiento de los objetivos planteados y en consecuencia la responsabilidad se diluye.

En este sentido, la Comisión al tenor de los antecedentes analizados, estima pertinente iniciar un diálogo abierto sobre la conveniencia de que Conama pase a ser un Ministerio o pase a depender de un supra ministerio encargado de la administración de los recursos naturales renovables. De no estimarse posible, sería necesario modificar su estructura y crear un órgano con competencia en lo ambiental, con amplias facultades de fiscalización y competencia para aplicar sanciones pecuniarias importantes. Dadas las especiales y complejas características del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se estima que debería quedar entregado a otro organismo de carácter netamente técnico.

3. Instrumentos de gestión ambiental.

El primer instrumento que establece la ley es el de la educación y la investigación, materias que no han sido suficientemente desarrolladas y que constituyen el pilar fundamental. La implementación de un sistema que intensifique los estudios en materias ambientales, empezando por la incorporación de esta ciencia en los programas educacionales debiera ser una de las principales tareas a implementar en la educación chilena, introduciendo la temática en los planes y programas, de manera de influir positivamente en las próximas generaciones y cambiar de este modo muchos de los hábitos que no propician valores que garanticen conductas de prevención y reparación del medio que ha sido dañado.

Otro, de los instrumentos de gestión ambiental que prescribe la Ley de Bases en su artículo 3º transitorio, se refiere a la obligación de Conama de presentar al Presidente de la República el estudio técnico para la formulación del proyecto de ley que regule los permisos de emisión transables, materia que la Comisión no evaluó y que considera debiera ser objeto de un amplio debate antes de ser enviado al Congreso Nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, se sostuvo que si bien pudiera ser un instrumento útil en algunas regiones, en el caso de Santiago pudiera significar que al permitir que nuevas industrias se instalaren en esta cuenca saturada, aun cuando tuvieran menor emisión, asunto que parece discutible, puesto que no todos los contaminantes tienen la misma toxicidad, el resultado pudiera ser que con el intercambio que se produciría, nuevamente se generaría un incentivo para la localización en Santiago.

El tema de la participación ciudadana, tampoco ha sido suficientemente desarrollado. En consecuencia, cabría considerar el estudio de una modificación que permitiera una amplia participación de la comunidad durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental y no solamente en su inicio.

Al respecto, sería conveniente que nuestra legislación contara con una ley del derecho a saber, como se denomina comúnmente en Estados Unidos, que consiste en un cuerpo legal que obliga hacer pública las emisiones de sustancias o residuos peligrosos por parte de las industrias. Al establecerse la obligatoriedad de declarar emisiones se permitiría dimensionar el problema y a continuación se podrían elaborar programas para reducir estas emisiones mediante acuerdos voluntarios con el sector productivo como aquellos que trata de impulsar el Ministerio de Economía con su Política de Producción limpia.

Una de las ausencias más importantes a la hora de evaluar la aplicación y diseño del Plan de Descontaminación de Santiago, se refiere al ámbito municipal o local y a la participación ciudadana que se debía canalizar a través de dicho ámbito.

En efecto, al revisar el escaso desarrollo de medidas tales como, el Programa Comunal de Diagnóstico de los Problemas Ambientales, surge con claridad que una de las principales carencias institucionales del Plan de Descontaminación se refiere precisamente a la escasa participación del Municipio y de los ciudadanos como actores responsables del mismo.

En este contexto, tal carencia ha implicado desaprovechar no sólo una posibilidad institucional de apoyo a las medidas contempladas en el Plan, sino también, un importante canal de participación ciudadana que resulta imprescindible para su éxito.

En razón de lo anterior urge incorporar y reforzar al menos tres aspectos:

a) Sensibilización y educación ciudadana.

Para nadie es un misterio que por más que se tomen diversas medidas para combatir la contaminación, si no se cuenta con una efectiva toma de conciencia por parte de la ciudadanía acerca de sus propias responsabilidades en esta difícil y compleja tarea, de tal forma, que sean los propios ciudadanos a través de una participación efectiva y dirimente, quienes fiscalicen y promuevan la adopción de los criterios que permitan mejorar y perfeccionar el tema ambiental, y específicamente en lo que dice relación con el Plan de Descontaminación.

En este sentido, sin duda, uno de los mejores agentes para ejecutar una efectiva campaña de sensibilización y educación es el Municipio por su cercanía y contacto diario con la ciudadanía, partiendo por ejemplo, por su trabajo en los establecimientos y programas educacionales y juntas de vecinos.

b) Elaboración efectiva de los Diagnósticos Comunales de Problemas Ambientales.

Como se señaló anteriormente, este aspecto no ha mostrado casi ningún avance, perdiéndose una posibilidad relevante de participación ciudadana en el perfeccionamiento y ampliación del mismo.

El diagnóstico territorial y comunal de los problemas ambientales de Santiago debe constituir una de las tareas prioritarias a desarrollar durante el presente año.

c) Fiscalización del cumplimiento de las medidas del Plan de Descontaminación.

Como se menciona en el presente informe una de las mayores deficiencias en la aplicación del Plan de Descontaminación ha sido precisamente la fiscalización en terreno de su cumplimiento.

En este contexto, la capacidad institucional de fiscalización se vería notablemente potenciada si se incorpora a las Municipalidades como actores responsables de dicha tarea, sobre todo, en lo referido a la fiscalización de las fuentes medianas y pequeñas de contaminación que por sus características son muy difíciles de regular.

Finalmente, cabe concluir en la imperiosa necesidad de desarrollar campañas comunales donde se capacite a los vecinos para cooperar en las tareas de fiscalización.

4. Extracción de áridos y tratamiento de residuos sólidos.

Por último, un tema que resulta de vital importancia es el que dice relación con los áridos y el tratamiento de residuos sólidos.

Conforme a las conclusiones extraídas del Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el Problema del Tratamiento de Residuos Sólidos en Santiago , éste constituiría hoy en día uno de los problemas ambientales más graves y urgentes que enfrenta Santiago .

En este contexto, un aporte sustancial al Plan de Descontaminación sería la incorporación de este tema, teniendo en cuenta por ejemplo lo referido a la aplicación efectiva del Proyecto de Restauración de Vertederos Ilegales en la Región Metropolitana y de la exigencia de estudios de impacto medio ambiental a toda actividad de extracción de áridos.

Ambos temas constituyen ámbitos que enriquecerían en forma relevante la cobertura actual del Plan de Descontaminación, sobre todo si se piensa, que en Santiago hoy existen 101 vertederos ilegales, siendo gran parte de ellos producto de la falta de regulación de la actividad de extracción de áridos.

Cabe señalar, tanto respecto del problema de los vertederos ilegales, como de la extracción de áridos, que en ambos casos ya existen propuestas cuya implementación depende del Poder Ejecutivo .

Así respecto del primero, correspondería poner en aplicación el proyecto de restauración de vertederos ilegales, suspendido por razones presupuestarias y respecto del segundo, bastaría incluir con cierta urgencia en la presente legislatura, el proyecto que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente para eliminar en el artículo 10 letra i) el término “industriales”.

Actualmente el término “ industriales” hace que sólo estén obligados a elaborar estudios de impacto medio ambiental los grandes proyectos industriales de extracción de áridos, dejando afuera a los de mediana y pequeña envergadura.

IX. CONSIDERACIONES, CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.

Teniendo presente la amplitud de las facultades otorgadas por los proyectos de acuerdo Nºs 47, 56 y 60, las numerosas opiniones, antecedentes y documentos acumulados durante la investigación llevada a cabo por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, se acordó agrupar las consideraciones en cinco grandes bloques, incluyendo en cada uno de ellos las conclusiones y proposiciones que fueron surgiendo durante su análisis pormenorizado.

1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL APLICABLE A SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL.

A. Génesis y establecimiento del Plan de Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana (PPDA)

Las primeras medidas institucionales para hacer frente al problema de contaminación atmosférica de Santiago, comenzaron en 1990 con la creación de la Comisión Especial de Contaminación (antecesora legal de la actual Comisión Regional del Medio Ambiente, Región Metropolitana (Corema R.M.), creada mediante decreto Nº 349, del 27 de abril de 1990, del Ministerio del Interior. Esta Comisión elaboró un Plan de Descontaminación para Santiago cuyos resultados prácticos están a la vista: el problema no se resolvió y muy por el contrario tendió a agudizarse con el paso de los años.

En medio de las sucesivas crisis ambientales, se promulgó el 9 de marzo de 1994 la ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente, la cual establece en su Párrafo 6º, artículo 43, que “La declaración de una zona del territorio como saturada o latente se hará por decreto supremo que llevará la firma del Ministro Secretario General de la Presidencia y contendrá la determinación precisa del área geográfica que abarca. Llevará, además, la firma del Ministro de Salud , si se trata de la aplicación de normas primarias de calidad ambiental, o del ministro sectorial que corresponda, según la naturaleza de la respectiva norma secundaria de calidad ambiental.

Esta declaración tendrá como fundamento las mediciones realizadas o certificadas por los organismos públicos competentes, en las que conste haberse verificado la condición que la hace procedente. El procedimiento estará a cargo de la Comisión Regional del Medio Ambiente.

A su vez el artículo 44, señala que “Mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que llevará además la firma del ministro sectorial que corresponda, se establecerán planes de prevención o de descontaminación, cuyo cumplimiento será obligatorio en las zonas calificadas como latentes o saturadas, respectivamente.

Cabe tener presente, además, que el mismo cuerpo legal define “zona latente: como aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo, se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, y como zona saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas”.

De conformidad con la normativa anterior y con lo que establece el decreto Nº 94, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1995, que establece el Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y descontaminación, se dictó el decreto Nº 131, de 1996, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República que declaró a la Región Metropolitana Zona Saturada por:

-Partículas Totales en Suspensión (PTS),

-Material Particulado Respirable (PM10),

-Monóxido de Carbono (CO),

-Ozono (O3) y

-Zona latente por Dióxido de Nitrógeno (NO2).

El PPDA para la Región Metropolitana, establecido por el decreto Nº 16, de 6 de junio de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se fundamenta en que dichos contaminantes se encuentran sobrepasados en toda la Región en virtud de lo cual se exige restablecer la calidad del ambiente a la norma, esto es, la resolución Nº 1215, del Ministerio de Salud, del año 1978.

Se debe tener presente finalmente, que en conformidad a la ley Nº 19.300 la autoridad responsable de adoptar medidas y procedimientos para superar crisis o emergencias ambientales, como también de elaborar los planes de prevención y descontaminación, es la Corema respectiva, en este caso, la de la Región Metropolitana.

Del análisis efectuado, como de los antecedentes tenidos a la vista durante la investigación la Comisión concluyó que el itinerario adoptado para la solución ha sido extremadamente lento. El tiempo que ha tomado la autoridad ambiental ha sido excesivo dada la gravedad del problema de contaminación atmosférica que afecta desde hace tantos años a la ciudad de Santiago. Es de suponer que ante una situación de saturación se implementen las medidas pertinentes de manera expedita, estableciendo para ello un procedimiento sumario y ágil. Esto no ha sido así y muy por el contrario la autoridad ha tolerado que se produzcan situaciones de crisis como las vividas en el invierno de 1998.

Desde la vigencia de la ley N º 19.300 en 1994, debieron transcurrir dos años para que se dictara el respectivo decreto que declaró a Santiago como zona saturada y latente y dos años más para poder contar con el correspondiente plan. Es decir, cuatro años en total.

Conclusión

En consecuencia, la Comisión concluye en primer lugar, que la autoridad representada por la Conama y Corema han actuado poco diligentemente, dejando pasar excesivamente el tiempo sin que se adopten medidas urgentes para salvaguardar la salud de los habitantes de la Región Metropolitana.

Proposiciones

Revisar y reformular los procedimientos administrativos existentes para enfrentar crisis ambientales, creados por la propia autoridad, vía potestad reglamentaria, por cuanto se ha demostrado que ellos tienden a otorgar el remedio a una situación que ha estado generando perjuicios con bastante antelación.

Para ello sugiere en concreto que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República se aboque al estudio, y análisis de los procedimientos existentes, dentro de los próximos seis meses, en especial el que determina la declaración de una zona saturada o latente y el que determina la implementación de un plan de prevención y descontaminación dado que se trata de situaciones de emergencia que deben tener pronta respuesta y solución y que no pueden quedar supeditadas a las formas burocráticas de muchos de nuestros procedimientos administrativos.

B. El PPDA como instrumento de gestión ambiental.

a) El PPDA no es el instrumento idóneo para resolver el problema de contaminación de la Región Metropolitana.

b) Desde un punto de vista formal el PPDA es sólo un instrumento de gestión ambiental más, dotado de un conjunto de medidas tecnológicas, que no contiene instrumentos de política ambiental eficaces para resolver los problemas estructurales de la ciudad que son determinantes en la contaminación. Carece, además, de medidas para enfrentar factores tan importantes como el crecimiento poblacional, industrial y de superficie de Santiago. Así, como su interrelación con las otras regiones del país.

Su proposición dice relación sólo con la reducción de la variable emisiones de los contaminantes: PTS, PM10, CO y O3.

Los planes de descontaminación tal como aparecen establecidos en la ley Nº 19.300, no resultan eficientes cuando se trata de situaciones complejas como la que afecta a la Región Metropolitana, toda vez que coexisten innumerables variables que hacen imposible su manejo con la aproximación metodológica que permite la ley y el reglamento de planes y normas. Derechamente se debe estudiar la generación de un instrumento para la descontaminación de zonas en que las variables a tratar sean multifactoriales, fundamentalmente estructurales y culturales como es el caso de la Región Metropolitana. Si este problema se sigue mirando solamente desde una perspectiva tecnológica, nunca tendrá solución.

El objetivo del PPDA es reestablecer las emisiones a los índices permitidos por las actuales normas de calidad ambiental, es decir, no se hace un cuestionamiento a las normas de calidad ambiental en si mismas, sino que sólo se persigue restablecer las emisiones a los parámetros ya establecidos, aspecto que se estima objetable.

Conclusión

El problema de la contaminación que afecta a Santiago constituye un problema mucho más complejo que una mera cuestión de emisiones más o emisiones menos, por lo que se ha estimado que la fórmula que contempla el PPDA es equívoca, puesto que sólo tiene por objeto abocarse específicamente a bajar los índices atmosféricos, dejando de lado otros aspectos de igual o mayor importancia.

Proposición

Al respecto, la Comisión estima que este instrumento debe ser complementado incorporando políticas globales y multifactoriales, que incluyan temas como el ordenamiento territorial, industrial, de transporte e interegional.

Elementos que han quedado absolutamente desfasados con el crecimiento que ha experimentado y que seguirá teniendo la ciudad de Santiago.

c) Mecanismos de fiscalización deficientes.

El PPDA establece una serie de metas a cumplir gradualmente para lo cual se mencionan mecanismos de fiscalización, de verificación del cumplimiento y actualización del mismo, señalando para cada caso el organismo o institución encargada de hacer cumplir sus preceptos.

Cada uno de estos organismos participantes debe presentar un informe anual ante la Corema Metropolitana, que dé cuenta de las actividades y fuentes fiscalizadas, como asimismo, del cumplimiento de las gestiones y metas asignadas en los plazos establecidos, todo lo cual será coordinado por este mismo organismo, el que a su vez elaborará un informe anual, de carácter público, en base a la información de los organismos sectoriales, que será presentado al Consejo Directivo de Conama .

Conclusión

En consecuencia, los mecanismos que el PPDA contempla para hacer cumplir sus preceptos se reducen a la obligación de informar periódicamente por parte de cada autoridad acerca del modo en que se están aplicando las medidas del plan vía informe anual y a posteriori de la ejecución de los hechos y actividades objeto de fiscalización.

Proposición

La Comisión estima que las fiscalizaciones no pueden ser a posteriori, a través de la entrega de un simple documento anual, sino que a priori a través de medidas preventivas más eficaces, como la fiscalización en terreno.

d) Indeterminación de muchas de las exigencias y obligaciones impuestas.

Entre las medidas que contempla el plan existen muchas como la M10TR 18 establecida en la estrategia 4 del PPDA relativa a “Evitar nuevos viajes motorizados” (pág. 6-27) que señala: “Los Ministerios y Servicios Públicos respectivos aumentarán la ponderación en proyectos de mejoramiento de telecomunicaciones e informática, de servicios de atención pública estatales, en el proceso de postulación anual de presupuesto ( Sistema Nacional de Inversiones )”, o bien, la medida M3FFJ 11 que señala que “El Sesma fortalecerá la fiscalización de los mayores emisiones en masa (Kg/día o Ton/año) de gases y partículas”. (pág. 6-40).

Conclusión

No aparece suficientemente claro el contenido exacto de la obligación ni menos los órganos estatales obligados en el primer caso, ni la forma ni medios para implementar la referida mayor fiscalización. En este sentido, medidas como las señaladas son más bien de naturaleza programática y no obligaciones jurídicas coercibles.

e) Naturaleza jurídica de las obligaciones que impone el PPDA.

En lo que dice directa relación con las obligaciones que impone el PPDA, la propia Ley de Bases, establece en el inciso segundo de su artículo 46, que en aquellas áreas en que se esté aplicando un plan de prevención o descontaminación, sólo podrán desarrollarse actividades que cumplan los requisitos establecidos en el respectivo plan. Su verificación estará a cargo de la respectiva Comisión Regional del Medio Ambiente o de la Conama, si el plan abarca zonas situadas en distintos lugares.

Cabe tener presente que los planes de prevención y descontaminación son presentados por el Director de Conama ante el Consejo Directivo, compuesto de trece ministros, quienes lo suscriben y por lo tanto, cabe concluir que al ser finalmente aprobados por el Presidente de la República , los ministros deben dar fiel cumplimiento a las obligaciones que ellos establecen, de otro modo violarían el artículo 36 de la Constitución Política, al ser responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con otros ministros.

En este sentido y a mayor abundamiento, el Intendente de la Región Metropolitana , señaló que las facultades de la Intendencia están referidas básicamente al ámbito de coordinación de políticas públicas que deben implementar las distintas Secretarías de Estado. Por lo tanto, son los Ministerios los que tienen la responsabilidad de llevar adelante esas tareas.

En suma, si bien es cierto Conama está dotada de facultades de verificación, no cuenta con facultades de fiscalización como tampoco sancionatorias, por lo que en definitiva cada organismo o ministerio debería responder del incumplimiento de las obligaciones que establece el PPDA ante el Ministro Secretario General de la Presidencia y finalmente ante el Presidente de la República . En la práctica, con la reducción presupuestaria, muchas de las medidas que debían adoptarse han quedado reducidas con lo cual el plan ha visto mermado sus metas.

Por otra parte, la existencia de más de 1.200 normas ambientales ha generado como consecuencia que exista poca claridad, lo que en muchas ocasiones se traduce en duplicidad de funciones y en definitiva dificulta la delimitación de responsabilidades.

f) Naturaleza claramente recomendatoria de muchas de las medidas del PPDA.

El plan establece medidas en consideración a proyectos de ley que deberían ser enviados al Congreso Nacional, desconociéndose la suerte que podrían correr y cómo se podrían materializar tales medidas en caso de que tales iniciativas no fueran acogidas.

Como ejemplos de lo anterior, pueden citarse las siguientes medidas:

-M1TTE 7 “se presentará un proyecto de ley que corrija el valor del permiso de circulación de los taxis en la Región Metropolitana con el objeto de equipar su valor al de un automóvil particular equivalente”.

En este caso no queda claro si las medidas se cumplen presentando el proyecto de ley u obteniendo su aprobación definitiva. Lo razonable lleva a concluir que la medida se cumple una vez que se obtiene el resultado en ella establecido, que en este caso es la aprobación de un proyecto que imponga u obligue en determinado sentido. De ser así las medidas que contempla el PPDA no pueden ser sino de naturaleza recomendatoria para el Parlamento, por cuanto no pueden imponerse al Poder Legislativo en cuanto a resultados.

Otro tipo de medidas, utilizan vocablos tales como “podrá”, lo que resta toda fuerza coercitiva a la medida, por cuanto en la práctica pasan a ser meras recomendaciones, como por ejemplo la medida que se indica a continuación.

-M3FFJ22 “ El Sesma podrá, sin perjuicio de otros procedimientos autorizados, controlar las emisiones de humo de dichas fuentes, mediante la escala de Ringelmann, que es aquel método de prueba para definir la densidad aparente visual del humo”.

Conclusión

Dado el carácter recomendatorio e incierto de muchas de las medidas que establece el plan, no resulta claro como podrían cumplirse las metas de no acatarse ciertas recomendaciones, como asimismo, de no ser aprobadas ciertas materias que requieren de la dictación de leyes, que bien pudiera ser que no contaran con la necesaria aceptación en el Congreso Nacional, o que su tramitación se viera entrampada. Al respecto se adjunta un listado con las materias que deberán ser enviadas al Congreso Nacional y que hasta la fecha no han sido enviadas. (Anexo I).

Proposición

Solicitar a Conama un listado priorizado de los proyectos de ley que se enviarán al Congreso Nacional con un cronograma que señale las fechas estimativas en que deberían aprobarse para dar efectividad al plan.

g) Plazos excesivos.

Se ha estimado que los plazos de reducción de emisiones son excesivamente largos: catorce años, y es difícil que, de acuerdo con la tradición político-institucional chilena, se mantenga la política diseñada por un Gobierno al comenzar otro. Esto genera incertidumbre acerca de si el año 2000 se seguirá impulsando este plan o uno nuevo. Lo anterior se puede graficar con la situación ocurrida luego del término del Gobierno del Presidente Aylwin, en que, al cambiar la Dirección de la “Comisión Especial de Descontaminación”, también cambiaron las políticas de ésta y la ejecución del “Programa de Descontaminación Ambiental del Área Metropolitana de Santiago”, quedó en suspenso, lo que se tradujo en el fracaso del mismo, que hoy se pretende reparar con el PPDA, repitiendo los mismos objetivos, acciones y programas. Entre el año 1998 y el año 2011, se sucederán cuatro Gobiernos, incluido el actual, lo que no asegura la continuidad de las políticas que se pretende desarrollar en tan largo tiempo. Esto en la práctica significará una pérdida de los objetivos y una disminución de las responsabilidades políticas de las autoridades frente a la ciudadanía.

Conclusión y propuesta

En consecuencia, esta Comisión considera excesivos los plazos que se han establecido para tan sólo disminuir las emisiones globales que afectan a Santiago. En este sentido considera que tales plazos debieran ser revisados de manera de poder reducirlos.

h) Verificación del cumplimento de las obligaciones contenidas en el PPDA.

Para cerciorarse del cumplimiento progresivo del PPDA la Corema Región Metropolitana deberá implementar un “Programa de Verificación del Cumplimiento del PPDA” que velará por el cumplimiento del cronograma de entrada en vigencia de los distintos instrumentos de gestión ambiental como también de las metas de reducción de emisiones, función que se deberá materializar en una evaluación anual contenida en un informe de carácter público.

Conclusión

Al analizar el informe enviado por Conama sobre el seguimiento efectuado a marzo de 1999, se constató una serie de inexactitudes y un número importante de incumplimientos de parte de diversos servicios y organismos públicos, todo ello según se detalla en un cuadro, que se incluye como anexo II de este informe. La Comisión discrepa de la manera como Conama considera cumplidas las metas. Por ejemplo, se sostuvo que una meta se consideraba cumplida desde el momento que se iniciaba, sin distinguir si se cumplía a cabalidad o no.

Proposición

Oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia , solicitando información más acabada sobre el cumplimiento del plan, como también, sobre la manera de ponderar el cumplimiento de cada una de sus metas.

C. Precariedad de la actual institucionalidad para resolver problemas ambientales.

Del estudio llevado a cabo, resulta clara la insuficiencia técnica, material y humana existente en los distintos servicios y organismos públicos involucrados en los compromisos del PPDA para hacer frente al problema de contaminación de Santiago. A modo de ejemplo, no parece ajustado a la realidad exigir al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que implementen medidas que impliquen una mayor fiscalización si no se otorgan al mismo tiempo mayores medios y recursos, para que ello sea posible. En este sentido medidas como la ejemplificada corren serio riesgo de ser inoperantes.

Conclusión

La amplia gama de normas ambientales vigentes entregan variadas facultades, lo que en definitiva se traduce en una falta de visión exacta y acertada respecto a la responsabilidad jurídica que les cabe a cada uno de los actores involucrados en el cumplimiento de las metas del PPDA, situación que se ve agravada por cuanto en algunos casos no queda claramente determinado quien es el responsable, como tampoco se establecen las directrices para determinar la forma y procedimientos para ello, ni los plazos de cumplimiento de las medidas. Del mismo modo, no se establecen los efectos y responsabilidades ante el incumplimiento, todo lo cual surge claramente de la lectura de muchas de las medidas contenidas en el PPDA.

Todo lo anterior, se fundamenta en:

-Ausencia de nexos jurídicamente vinculantes entre las propias instituciones. Así, por ejemplo, Conama sólo “coordina” a los distintos organismos, los que en todo caso deben atenerse desde luego y primeramente a su mandato legal y luego a las “recomendaciones” del ente coordinador.

-Inexistencia de un sistema legal de responsabilidades en lo ambiental que determine claramente los efectos del incumplimiento de obligaciones. El PPDA no establece sanciones para aquellos organismos responsables del incumplimiento de las medidas que en el se establecen.

D. Modificaciones al marco jurídico institucional para enfrentar situaciones de emergencia ambiental

Los Planes de Prevención y Descontaminación importan un cúmulo de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de anormalidad ambiental y que rigen en tanto permanezca o perdure la situación de crisis consistente en reestablecer los índices de contaminación a los establecidos por la norma de calidad ambiental.

Al respecto, resulta necesario tener presente que el sentido y objetivo de un Plan de Descontaminación resultan claves para poder evaluar los alcances, éxitos o fracasos del mismo.

Conclusión

Por ello, la Comisión discrepa de la naturaleza del Plan de Descontaminación como un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental o que este sea un instrumento legal que tiene por objetivo recuperar niveles de calidad que se han fijado como norma.

Ante situaciones como las que afectan a la Región Metropolitana se requiere, por una parte y como ya se señalara, de un diseño global y estructural de los problemas ambientales a partir del cual se formulen políticas de gestión y solución de los mismos, y por otra de medidas urgentes y eficaces que frenen y disminuyan el aumento agudo de contaminantes que pueda sufrir la ciudad en momentos puntuales.

Proposiciones

El instrumento PPDA debe ser perfeccionado y complementado por otros instrumentos que permitan tomar medidas de fondo y ante situaciones de urgencia ambiental.

En este sentido se sugiere implementar una reforma a la ley Nº 19.300 que tenga por objeto:

1. Definir un instrumento de regulación que establezca un instrumento legal que fije el marco para el manejo de situaciones de emergencia ambiental con prontitud y eficiencia.

2. Revisar la institucionalidad de Conama con miras a modificarla. Teniendo presente los escasos años en que este organismo ha estado funcionando, en los cuales han abundado las crisis y conflictos ambientales, lo que se ha traducido en un escaso poder de prevención de los mismos. En sus deliberaciones imperan por regla general criterios políticos y económicos y no técnico-ambientales, lo que ha generado un aumento de los conflictos que son sometidos a los tribunales de justicia. Todos estos aspectos han contribuido a que sea blanco de las más fuertes críticas de todos los sectores políticos y ciudadanos siendo uno de los sectores gubernamentales peor evaluados socialmente.

Impulsar una fuerte reforma a la institucionalidad de la Conama y las Coremas para lo cual se propone al Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley que recoja las siguientes ideas matrices:

Designación de una autoridad del medio ambiente, autónoma, con atribuciones reales, dotada de facultades fiscalizadoras y sancionatorias eficaces, con una dotación suficiente tanto de recursos humanos como económicos que le permita desarrollar su labor de una manera eficiente.

3. Armonizar los principales cuerpos legales relativos a materias ambientales, sobre todo en lo que dice relación con competencias ambientales, como por ejemplo, establecer claramente los límites entre el ámbito sanitario y el ambiental.

4. Agilizar la entrada en vigencia de la ley Nº 18.362, sobre Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fuera dictada el año 1984 y que aún no ha entrado en vigencia en espera de la transformación legal que deberá experimentar la Comisión Nacional Forestal.

5. Reformular el instrumento Plan de Descontaminación con el objeto de gestionar globalmente los problemas de contaminación de Santiago o de otras zonas o territorios del país con problemas de contaminación, de manera tal que se incluyan políticas ambientales multisectoriales, multifactoriales y estructurales dirigidas fundamentalmente a lograr la descentralización del país.

6. Proponer una reforma legal referente a la actuación y responsabilidad funcionaria en el cumplimiento de los programas de contingencia sobre el manejo de emergencias ambientales y sobre el cumplimiento de las medidas del PPDA.

7. Incorporar e implementar mecanismos que permitan hacer más transparente la información a la población, como pudiera ser la instalación de indicadores del nivel de contaminación en las principales arterias de la ciudad.

2. MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTEMPLADOS PARA ENFRENTAR EN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN.

A. Industria y fuentes fijas.

La Región Metropolitana concentra el 40% de la población del país y el 42 % de la fuerza laboral ocupada. Un 58% de esta última cifra, corresponde a la industria manufacturera.

De lo anterior, se puede desprender que las fuentes fijas, concretamente las industrias y la actividad industrial que se desarrolla en la Región Metropolitana constituyen un factor clave en el problema de la contaminación. Santiago es un atractivo polo de desarrollo industrial y por consiguiente un centro de mayor oferta laboral constituyéndose en un atractivo natural para el asentamiento humano.

Cada cinco años emigran a Santiago 348.526 personas en busca de trabajo, según antecedentes obtenidos en el último censo poblacional. Además, se debe considerar el crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento vegetativo anual que experimenta Santiago ha sido estimada aproximadamente en cien mil personas.

Cada nueva industria que llega a esta cuenca saturada genera al menos los siguientes grandes impactos:

-Nuevos contaminantes a una ciudad ya saturada.

-Nuevos puestos de trabajo para trabajadores y sus familias, que a su vez presionan sobre la contaminación.

Conclusión

Ante esta situación se hace urgente frenar esta lógica perversa que ha llevado a Santiago a un colapso difícil de revertir, generando instrumentos creativos que desincentiven el crecimiento industrial y poblacional de Santiago y propendan al desarrollo de las regiones.

Al respecto la Comisión acuerda que la autoridad correspondiente de cuenta de las medidas incumplidas al 15 de marzo, de acuerdo con el cuadro que se adjunta en el anexo III.

Proposiciones

Diseño de un instrumento de congelamiento de nuevas industrias, con prohibición absoluta para la instalación, funcionamiento de mega fuentes contaminantes, así como la necesidad de establecer como norma no solamente la concentración de material particulado emitido, sino también el material particulado total cada 24 horas, según normas estrictas que aseguren la salud de la población.

En relación con la restricción de las industrias que no son megafuentes, se sugiere aumentar en un 50 por ciento la exigencia de los estándares y proponer específicamente el establecimiento de una norma de cantidad total.

Crear una política de desincentivo a la instalación de industrias en la Región Metropolitana, que sea coherente con el desarrollo de las regiones y la descentralización política y administrativa real del país.

Mejoramiento de la infraestructura en regiones en lo que dice relación con aeropuertos, puertos, rutas y vías de acceso.

Facilidades para dotar de infraestructura a los sitios industriales.

Proponer incentivos de orden tributario, para la instalación de industrias en regiones, como pudiera ser un crédito tributario o la rebaja en el impuesto a la renta, alternativas que el Gobierno debiera estudiar y que ya se encuentra contemplada por ejemplo, en el Plan Austral para el desarrollo de las regiones australes. También, pueden considerarse subvenciones y ayudas para la formación de obra de mano calificada, otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales para inversiones en infraestructura como, también para el uso de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente.

Adicionalmente, se podrían considerar otro tipo de incentivos destinados a la ubicación y reubicación de industrias, mediante el financiamiento de obras públicas e infraestructura, y en general en materias de salud, educación y vivienda, que faciliten el traslado de personas a regiones.

Incentivar la descentralización del sistema financiero.

Creación de centros técnicos destinados a formar mano de obra calificada en regiones.

B. Transporte y fuentes móviles.

Una ciudad ambientalmente sustentable es aquella en la cual se minimiza el consumo energético por habitante así como el tiempo de transporte que genera una maximización del tiempo libre. Sin perjuicio, de que existe una larga serie de indicadores en este mismo sentido, la Comisión estima que los elementos anteriores deben ser asumidos de manera prioritaria en la planificación urbana del transporte público. Especialmente, si se considera que los tiempos de transporte alcanzados en la ciudad de Santiago demandan como promedio un total de dos a tres horas de ida y vuelta al lugar de trabajo.

Otro dato importante a considerar es el que dice relación con el aumento del parque automotor en Santiago, el cual experimentó un incremento de 64%, lo que equivale a 383.187 vehículos en 1985 y 627.452 en 1996. De mantenerse la tendencia, se estima que el parque tendría un incremento equivalente en el período 1997-2010, con el consiguiente aumento en las emisiones de contaminantes atmosféricos, especialmente de material particulado.

Conclusión

La Comisión concuerda en que la política de transporte público ha sido poco exitosa. No se ha apreciado un mejoramiento sustancial en la calidad del servicio a los usuarios.

El transporte es el principal foco generador de contaminantes en Santiago, de manera que se hace absolutamente indispensable tomar medidas drásticas para controlar las emisiones provenientes de estas fuentes.

No existe una política de restricción y control eficiente del transporte de carga.

La autoridad correspondiente debe dar cuenta de las medidas que se encuentran incumplidas al tenor del cuadro que se acompaña en el anexo IV.

Proposiciones

Implementar una política real de transporte para Santiago, aspectos que no contempla en forma integral el PPDA.

Fomentar una política de desarrollo de infraestructura vial, otorgando al mismo tiempo prioridad al proyecto de vías exclusivas para el transporte público.

Promover un fuerte fomento al transporte público de manera de desincentivar el transporte privado.

Mejorar el transporte público, otorgándole calidad y eficiencia.

Establecer fuertes restricciones al transporte de carga en Santiago.

Acelerar la reconversión con material nuevo, incorporando alternativas como gas y electricidad.

Para lo anterior, se deberán considerar:

Iniciativas tecnológicas que tiendan a modernizar permanentemente el transporte santiaguino.

Implementación de un sistema eficaz de sincronización de semáforos.

Diseño de una estructura regional de transporte terrestre que contemple todas las variables involucradas tales como medios, tiempos, rutas, coordinación, etc.

Sistema integrado de transporte público que incluya buses, metro y tren.

Incorporación de trenes de superficie modernos dada su probada eficacia y su carácter no contaminante.

Restringir y planificar el crecimiento del parque automotor destinado a uso particular así como el destinado a transporte público (taxis y colectivos).

C. Normas de calidad ambiental y de emisión.

Con fecha 26 de octubre de 1995, fue publicado en el Diario Oficial el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad y de Emisión, aprobado, mediante el decreto supremo. Nº 93, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En lo que dice relación con la contaminación atmosférica y la regulación existente de los contaminantes del aire hay que destacar que sólo se ha aprobado la norma de calidad ambiental para el PM10, quedando el resto bajo las regulaciones vigentes con anterioridad al marco de la ley Nº 19.300. Con todo, la nueva norma para el PM10 mantuvo la regulación vigente desde 1978 (resolución 1.215/78) en 150 µg/m3. Esta resolución es una transcripción de normas aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Esta resolución norma el O3, Co, PM 10 y NO2.

El PPDA como ya se dijera someramente, no hace cuestionamiento alguno a los efectos sanitarios y ambientales de las normas de calidad ambiental por las que se rige. Simplemente propone llegar en el plazo de catorce años a los parámetros por ellas permitidos.

Conclusión

Lo anterior, constituye un defecto de fondo del plan, por cuanto con ello manifiesta la ausencia de análisis técnicos sobre los efectos que generan o pueden generar los parámetros de las actuales normas en la salud de la población. De hecho y como se expresará más adelante en el capítulo relativo a la salud, existe un fuerte cuestionamiento al índice vigente para el PM10, que para muchos es altamente nocivo para la población más susceptible, es decir, para las personas de la tercera edad y preescolares.

Dictar una norma de PM 2,5 de 50 ¿g/m3.

En el tema del ozono, cabe consignar que la norma que lo regula es poco exigente al igual que la de partículas. Desde el año 1998 esta norma ha sido sobrepasada en 179 días, alcanzando en algunas oportunidades dos o tres veces la norma.

En consecuencia, cabría:

Disminuir la norma de 160 ¿g/m3 a 100 ¿g/m3.

Establecer períodos de contingencia para el ozono, decretando estados de alerta en 200, premergencia en 300 y emergencia en 400.

Trasladar la Central Renca que es una fuente de nitrógeno y ozono en un plazo de cinco años, fuera de la cuenca de Santiago.

Proposición

Reformular las normas de calidad ambiental actualmente en vigor, con el objeto de hacer más estrictos los parámetros máximos de concentración de contaminantes que ellas establecen, como por ejemplo:

-Dióxido de Azufre (SO2): El nivel de azufre, no obstante encontrarse bajo la norma, debe resguardarse por cuanto este contaminante junto a las partículas genera efectos sinérgicos reconocidos por el propio plan, aspecto que no fue evaluado científicamente. A mayor abundamiento, se debe recordar la experiencia de Londres del año 1952, en cuya oportunidad murieron 4.500 personas por la interacción de partículas con SO2. Además, conforme lo reconoce el propio plan, la norma actual chilena de SO2 excede las normas de países desarrollados, tales como Suecia, la Unión Europea y la propia recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, se concluye en que es necesario incorporar en un tiempo prudente y razonable las siguientes nuevas normas de calidad y de emisión inexistentes en el actual ordenamiento jurídico ambiental:

-Material particulado fino (PM 2,5) que permitiría controlar los efectos de la fracción más fina y agresiva del PM10.

-Material particulado respirable (PM10) como media aritmética anual, lo que permitiría controlar los efectos crónicos de exposición al contaminante.

-Plomo atmosférico: No existe una norma que controle el nivel de plomo en la atmósfera. Nuestra legislación, sólo contempla una norma para el control de plomo en los alimentos, contenida en el reglamento sanitario de los alimentos, y una norma sobre plomo aplicable únicamente en los lugares de trabajo (decreto Nº 745, de 1992, del Ministerio de Salud). Si se consideran los lamentables precedentes de contaminación por plomo, como ha ocurrido en Antofagasta y Arica, lo idóneo sería establecer a la brevedad una norma que controle los niveles de concentración de este contaminante en el aire.

-Arsénico: La regulación vigente está restringida a los lugares de trabajo (decreto Nº 745, de 1992, del Ministerio de Salud) pero nada existe hoy en materia del nivel tolerable o permisible de arsénico en la atmósfera. En relación a este contaminante también existen precedentes de contaminación que lamentar en Arica y Caletones en la VI Región.

-Asbestos: contaminante altamente tóxico utilizado en nuestro país sobre todo en el ámbito de la construcción por sus facultades aislantes y térmicas. Se recomienda prohibir su utilización. Actualmente, sólo existe un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Cámara Chilena de la Construcción para limitar su uso.

-Toxicidad de partículas: corresponde a una variable no evaluada para efectos de adoptar medidas de control respecto a los contaminantes. Por lo tanto, se recomienda su estudio para la posterior inclusión en las medidas de control ambiental.

Rebajar la norma del PM 10, media aritmética diaria vigente de 150 ¿g/m3 a los estándares internacionales de 50 ¿g/m3 y la del ozono de 160 ¿g/m3 a 100 ¿g/m3.

Conama se encuentra tramitando la incorporación de una serie de nuevas normas tanto de emisión como de calidad ambiental en virtud de 3 programas priorizados de normas (1996,1997 y 1998). Sin embargo, dichos estudios no contemplan la incorporación de una norma para el PM 2.5 ni para el PM10 (media aritmética anual) ni una relativa a la toxicidad de las partículas, aspectos que según esta Comisión deberían ser incorporados.

D. Ordenamiento territorial de la cuenca de la Región Metropolitana.

Se ha sostenido que el 40% de la población vive en la Región Metropolitana, lo que representa el 2% de la superficie total del país y a una densidad de 350 habitantes por kilómetro cuadrado.

Una ciudad bien concebida no genera problemas ambientales, para lo cual se requiere que el elemento planificación sea el elemento central.

De las opiniones recogidas durante la investigación, hubo consenso respecto del diagnóstico de Santiago, en concluir que dado que vivimos en una especie de “olla con tapa” rodeada de cerros y con capa de inversión térmica permanente es imposible que la ciudad pueda seguir creciendo sin un alto costo para sus habitantes. Santiago no puede seguir creciendo desde el punto de vista de su expansión geográfica como tampoco desde el punto de vista de su densidad.

Sobre esta materia, el PPDA establece que el Ministerio de la Vivienda en coordinación con el Gobierno Regional y las Municipalidades elaborará un programa de actualización de los planes reguladores comunales en conformidad al Plan Regional Metropolitano de Santiago (PRMS) el cual ya se encuentra vigente.

La actual situación de la Región Metropolitana es que de un total de 40 comunas sólo 5 cuentan con Plan Regulador Comunal (PRC) vigente y aprobado a 1999; 22 están en proceso de elaboración de un PRC, 3 en proceso de aprobación y 10 que aún no lo inician. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha planteado el estudio denominado “Diagnóstico de costos marginales en el crecimiento de la ciudad” a fin de proyectar su crecimiento o densificación, actualmente en proceso final de revisión.

Conclusiones

Una política tributaria de fomento regional es una materia que debe abordarse desde la perspectiva de un instrumento acotado territorial y temáticamente.

Asimismo, se constató las limitantes del PPDA para prohibir la instalación de nuevas industrias que no sean capaces de garantizar y cumplir con las exigencias ambientales.

El plan carece de instrumentos y no se plantea como objetivo la regulación de los planes reguladores comunales e intercomunales, ni el congelar el crecimiento respecto de las zonas de expansión industrial.

Esta Comisión no considera apropiado regularizar las zonas industriales al interior de Américo Vespucio, por cuanto el Plan Regional Metropolitano de Santiago no fue acertado en su origen en el sentido que al alejar las zonas de habitación de las industrias contribuye a alargar los desplazamientos y por lo tanto a aumentar la congestión y contaminación, influyendo además en la calidad de vida de los trabajadores que pasan más horas utilizando los medios de locomoción colectiva.

Finalmente la Comisión considera que la autoridad correspondiente debe dar cuenta sobre las medidas incumplidas y pendientes al 15 de marzo de 1999, que se adjuntan en el anexo V.

Proposiciones

Dictación de medidas y exigencias que guarden relación con el grado de saturación, de manera de obtener un descincentivo real a la instalación de nuevas industrias en la Región Metropolitana.

La solicitud de 22 municipios de la Región Metropolitana para que se reincorporen áreas actualmente clasificadas de desarrollo urbano para su reclasificación como zonas de desarrollo industrial, bajo el incentivo del cobro de la patente industrial por parte de los municipios que solicitan el cambio, parece ser una contradicción insalvable y en consecuencia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera rechazar dicha reclasificación.

De lo anteriormente señalado, se desprende la necesidad de que las municipalidades fundamenten su petición, de tal forma que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Conama puedan pronunciarse sobre las consecuencias de una eventual aprobación de dicha solicitud.

Revisar y modificar la legislación sobre urbanismo y construcción con el objeto de establecer criterios ambientales para el crecimiento ordenado y coordinado de las comunas y de la ciudad.

Junto con el Plan Regional Metropolitano de Santiago existe el desarrollo y estudio de un Plan Regional de Desarrollo Urbano. En 1997, el Intendente de la Región Metropolitana señaló que la inexistencia de un marco de referencia para toda la Región resultaba contraproducente, esperándose que esta situación se subsanaría a mediados de 1999. La Comisión comparte el análisis del Intendente en este punto.

El Plan Regional de Desarrollo Urbano debe tender a ordenar los planos intercomunales y reguladores comunales bajo una visión de región que hoy no existe.

En la discusión del proyecto de ley sobre administración regional y municipal, se debatió la idea de que los gobiernos metropolitanos debieran tener más facultades para administrar y ordenar el territorio de su gobierno. Surge entonces como prioritario estudiar la posibilidad de crear un “gran administrador o gerente regional” para la Región Metropolitana, o bien, dotar de mayores poderes y facultades a las autoridades regionales ya existentes, de manera de coordinar todas las políticas considerando a la Región Metropolitana como un todo.

Otro aspecto, que tiene bastante importancia y que cabe considerar es el que dice relación con la no contaminación del material particulado inferior al PM 2,5 que a mediano y corto plazo terminará siendo tan o más grave que los elementos antes mencionados.

3. IMPACTO EN SALUD QUE GENERA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE SANTIAGO Y MODO COMO LO ENFRENTA EL PPDA.

La presencia de contaminantes, tales como las partículas o el ozono, entre otros, en determinadas concentraciones generan efectos negativos en la salud de las personas.

El diagnóstico por todos aceptado es que la cuenca de Santiago está sometida permanentemente a importantes concentraciones de contaminantes poniendo en riesgo y peligro la salud de sus habitantes.

El problema está en que aún con plan existe impacto en salud por cuanto las normas primarias de calidad ambiental actualmente existentes que son las que protegen la vida y salud de las personas no son cuestionadas, revisadas ni menos modificadas.

Datos científicos entregados a esta Comisión, hacen concluir que como efecto de la exposición a partículas y ozono se producen muertes prematuras, cáncer e incluso alteración en el material genético. Al respecto sólo basta ver como complemento a la información ya integrada en el cuerpo del informe, el siguiente cuadro:

EQUIVALENCIA ÍNDICES PM10 Y PARTÍCULAS PM10 Y MORTALIDAD

(Colegio Médico)

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La evaluación y constatación por parte del Colegio Médico de la superación durante 60 días/año de las normas en 1995 para monóxido de carbono y partículas PM10, resulta particularmente grave. Asimismo, la superación por más de 150 días de las normas de ozono.

El ozono es un contaminante secundario, por lo tanto su control es bastante difícil. El énfasis debiera centrarse en el control de los precursores, especialmente el dióxido de nitrógeno NO2 y cuantificar la importancia que tienen por ejemplo las quemas agrícolas, los compuestos orgánicos volátiles de los autos catalíticos, los compuestos orgánicos bioquímicos, especialmente los producidos por las plantas.

La no consideración del material particulado inferior a 2.5 que a mediano y a corto plazo terminara siendo tan grave o más que los elementos antes mencionados.

Conclusión

Lo anterior, significa que la población de la Región Metropolitana está respirando aire que puede afectar su salud durante más de 200 días/año.

Proposición

Por lo precedentemente expuesto, se estima necesario que los informes de índice de calidad del aire, así como sus efectos en la salud deban ser publicados y conocidos por la ciudadanía, así como los informes sobre los elementos con potencial mutagénico encontrados en los filtros de muestreo de alto volumen para medir PM10 deben ser evaluados y su procedencia e incidencia debe ser advertida de manera inmediata a la población de riesgo.

Fijar metas de reducción de emisiones y establecer mecanismos de control. En el caso de considerarse que las quemas agrícolas son relevantes, se debería desarrollar un programa para que los residuos agrícolas tengan otro tratamiento, como pudiera ser el compostaje.

Deben ser considerados, además otros agentes que no han sido incorporados.

A. Salud y normas de calidad ambiental.

De los antecedentes técnico científicos aportados durante la investigación es posible concluir que la norma chilena para el PM10 equivalente a l50 µg/m3 es demasiado permisiva generando daños en la salud de la población, ante lo cual debe ser redefinida y disminuida a un nivel similar al que establezca la norma internacional.

Dado que el material particulado 2.5 es el responsable de un alto porcentaje de patología broncopulmonar y cancerígena, sería necesario dictar tal normativa.

Asimismo, no se considera adecuado que para disminuir los impactos antes señalados, se comparen los tiempos del PPDA señalando que el plan demorará once años en hacer lo que Japón hizo en veinte, pues obedecen a realidades distintas que no pueden ser comparadas.

Conclusión

Las metas planteadas para el 2011, no aseguran su concreción, estimándose que más bien tendrían un carácter de expectativas, en especial al constatar que las normas parciales no se cumplen.

Proposición

Acelerar la implementación de nuevas normas de calidad ambiental, actualmente sin normativa, y que representan un importante agente ofensivo para la salud de las personas. Así, por ejemplo, por los datos científicos recogidos esta Comisión estima pertinente incorporar a la brevedad una norma para el PM 2.5, correspondiente a aquella fracción fina de las partículas y que como se ha señalado son las que generan mayor daño al ingresar a las vías respiratorias por su capacidad de filtrarse al torrente sanguíneo. Asimismo, incorporar a la brevedad una norma para el plomo atmosférico y también para otros contaminantes que carecen de regulación en la actualidad, como arsénico y otros metales pesados.

Otorgar transparencia a la composición físico-química del material particulado PM10, de manera que pueda ser de conocimiento público.

B. Incorporación de medidas para disminuir la contaminación intradomiciliaria y sus efectos en la salud de la población.

El plan prácticamente carece de propuestas en esta materia, en circunstancias que estudios avalados por el Dr. Lionel Gil y la Dra. Marta Adonis de la Facultad de Medicina de la U. de Chile señalan que la contaminación intradomiciliaria tendría mayor incidencia en comparación a la extradomiciliaria.

La investigación realizada sobre la influencia de la contaminación exterior en la calidad del aire de los espacios interiores demanda la inmediata incorporación de esta variable en la evaluación, investigación e iniciativas de descontaminación y educación hacia la población de Santiago.

Conclusión y Proposición

La contaminación intradomiciliaria debería ser combatida mediante estudios y propuestas técnicas pertinentes por parte de la autoridad que incluyan análisis de los combustibles, de los materiales de construcción, del diseño de las viviendas, de los sistemas de calefacción, ventilación y otros.

C. Variables Biomédicas.

El Ministerio de Salud ha destacado la importancia de incorporar las llamadas “Variables Biomédicas” lo que hace incomprensible las razones de un eventual rechazo, como tampoco que Conama no las haya considerado en el actual PPDA.

En efecto, el Ministerio de Salud ha señalado entre las variables que deben ser consideradas:

VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS:

Los indicadores de salud (morbilidad respiratoria) para la toma de decisiones de alerta, preemergencia y emergencia deben ser los siguientes:

1. El indicador más sensible y fiable es el porcentaje de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAS Bajas) en relación al total de consultas en los Centros Centinelas de Atención Primaria. Este indicador cuando aumenta y se mantiene elevado durante siete días es un elemento importante en la toma de decisiones.

2. Indicador de consultas por bronconeumonia en relación al total de consultas en sitios centinelas. Se debe incorporar estado de alerta cuando se sobrepasa 3.5 % de las consultas por tres días consecutivos, preemergencia cuando se sobrepasa 4.5% y emergencia cuando se sobrepasa 5%.

3. Indicador por síndrome bronquial obstructivo. Cuando se observa aumento de la tendencia por tres días consecutivos debe considerarse alerta, de 7-9 días preemergencia y por más de 10 días emergencia.

Como indicador más global, incidencia diaria de consultas por causas respiratorias en Servicios de Urgencia en relación a la mediana de cinco años anteriores. Como elemento para decretar alerta debe haber un aumento sostenido por cinco días, pre-emergencia entre 6-9 días y emergencia sobre 10 días”.

Conclusión

La decisión de no acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Colegio Médico que indican de manera perentoria y urgente la necesidad de incorporar esta variable en el análisis y decisiones relativas al enfrentamiento de episodios críticos, constituye un hecho grave. Lo anterior establece el incumplimiento de un acuerdo, anuncio público e información oficial entregada a esta Comisión Investigadora respecto a su inmediata incorporación durante el año 1998.

Proposición

La incorporación inmediata de tales variables. La autoridad debe proceder a incorporarlas como un elemento que junto a los existentes incida en la determinación de una situación de crisis ambiental para adoptar las medidas de urgencia del caso.

Se sugiere que la incorporación de las variables biomédicas permita no sólo la prolongación o calificación a posteriori de los episodios de alerta, preemergencia y emergencia, sino también el adelantamiento de ellos.

Al respecto, se sugiere que la consideración de estas variables permita no sólo la prolongación o calificación a posteriori de los episodios de alerta, preemergencia y emergencia, sino también el adelantamiento de ellas cuando ellas establezcan peligro de daño importante a la salud de la población con niveles de material particulado contaminante inferiores a la norma establecida. Esto podría permitir por ejemplo que en períodos de alta incidencia en patologías broncopulmonar muchas veces por causas ajenas a la causa ambiental, como pudieran ser las bajas de temperatura ambiente, epidemias, etc..., permitieran adoptar las medidas de alerta, preemergencia y emergencia considerando índices de tolerancia inferiores en 50 microgramos en cada uno de los casos a los normalmente establecidos, lo cual incidiría en un adelantamiento de adopción de medidas.

A mayor abundamiento, se adjunta texto que reproduce la discusión surgida en la mesa redonda elaborada por la Comisión sobre esta materia, en donde el Ministerio de Salud planteó, defendió y apoyó decididamente la incorporación de las variables biomédicas demostrando una real preocupación por la salud de la población en los términos en que lo consigna la Carta Fundamental.

4. FORMA DE ENFRENTAR LOS EPISODIOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN.

El PPDA no innova mayormente en relación a lo que ya existe. Se formulan algunas medidas que sólo retocan las ya existentes pero que en el fondo son las mismas que se vienen aplicando en los últimos 8 años.

Las declaraciones de “preemergencias” y “emergencias” para episodios críticos se hacen en niveles o umbrales muy altos, cuando las condiciones ambientales son muy peligrosas para la salud de la población, por lo que debieran rebajarse en el corto plazo. También se decretan en forma tardía privilegiando el funcionamiento de las industrias, en desmedro de la salud de la población.

Por tanto, el hecho que de un año a otro disminuyan las pre-emergencias o emergencias, no constituye ninguna garantía o prueba seria y objetiva del mejoramiento de la calidad ambiental del aire o de la eficacia de las políticas de anti-contaminación. En consecuencia, se debe avanzar en el establecimiento de indicadores más objetivos y confiables, como estudios epidemiológicos, u otros similares.

Conclusiones

La Comisión comparte y estima necesario la implementación de la reducción de los niveles de preemergencia y emergencia dado que como el propio Ministerio de Salud señala “el nivel 500 implica un alto riesgo para la salud por lo tanto es necesario adoptar medidas para evitar por todos los medios llegar a este nivel, decretándose emergencia en el nivel 400 y no 500”. El Ministerio propone decretar preemergencia en el nivel 250 en lugar del nivel 300.

Los dos mecanismos preventivos, es decir, la alerta ambiental -o sea, siempre que se supere el nivel 200, se adopten medidas restrictivas adicionales-; y el modelo de pronóstico que opera para preemergencias y emergencias han demostrado un margen de error planteado como alternativa a la reducción de los niveles.

En virtud de lo anterior, resulta necesario abordar los niveles en que se decreta preemergencia y emergencia modificando sus umbrales y no conformarse con mecanismos preventivos que han demostrado su ineficacia, aún cuando ello pueda significar un aumento considerable de los episodios de emergencia y preemergencia, sin que ello signifique en la práctica que se produzca un aumento de la contaminación debido al cambio de la medición.

Proposiciones

Decretar estado de alerta ambiental con índice de 150 µg/m3, debiendo tomarse las siguientes medidas:

Limitar la actividad física de los menores de 16 años.

Suspender las actividades laborales de las embarazadas.

No sacar a los lactantes de sus hogares.

Evitar el acceso a las zonas de alta contaminación a los mayores de 65 años y enfermos broncopulmonares y cardiovasculares.

Decretar la preemergencia con índice 200.

Decretar la emergencia con índice 300.

Incorporar a la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Colegio Médico en las diversas comisiones de estudio del gobierno destinadas a implementar medidas de descontaminación y de planificación relacionadas con el medio ambiente.

Aumentar las exigencias, disminuyendo en 50 µg/m3 los niveles máximos exigidos para declarar episodios cuando las variables biomédicas así lo determinen.

Establecer alerta, preemergencia y emergencia para el ozono y también para el material particulado 2.5.

5. IMPACTO ECONÓMICO DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN.

A. Análisis del Presupuesto asignado por Ministerio al Plan de Descontaminación.

Según información entregada por Conama los recursos totales necesarios para implementar el PPDA ascienden a US$ 911.230.711. De éstos, el 47.6% es asumido por los emisores y el 52.4% por el Estado, sin considerar los costos no cuantificados. En cambio, los beneficios directos cuantificados que implicaría su aplicación se han estimado en US$ 1.095.615.780.

El siguiente cuadro resume los costos y beneficios estimados del plan (US$) .

25

26

En lo que respecta a cada organismo sectorial encargado de dar cumplimiento a medidas del PPDA, para 1998 se otorgaron recursos adicionales por $ 31.653 millones de los cuales $ 30.499 corresponden a fondos sectoriales y $ 1.692 se solicitaron al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) según antecedentes otorgados por Conama.

El siguiente cuadro refleja lo anterior por institución:

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Conclusiones

Pese al presupuesto proyectado para el PPDA y las mayores asignaciones efectuadas a cada organismo para 1998 con el objeto de cumplir con medidas concretas y específicas asignadas a cada uno de ellos, se presentan retrasos y en muchos casos claros incumplimientos de los plazos establecidos para realizar tales medidas, aduciendo razones presupuestarias, como se desprende claramente del análisis que se consigna en el cuadro que se adjunta como anexo II.

Muchos de los organismos llamados a cumplir con las metas del plan han sufrido una disminución en diversos ítem de su presupuesto anual, situación que no se condice con los compromisos asumidos por el PPDA. Esta situación a juicio de la Comisión hace responsable a la autoridad financiera representada fundamentalmente por el Ministerio de Hacienda quien ha dejado sin financiamiento muchas de las medidas y retrasado la ejecución de otras tantas.

La Comisión solicita oficiar a los señores Ministros de Hacienda y de Vivienda a fin de que expliquen detalladamente en qué consistió y cómo afectará la disminución de recursos en cuanto a inversión de parques urbanos, programas de forestación y pavimentación urbana, por cuanto el presupuesto asignado para 1998 alcanzó un monto de M$ 3.158.509 en parques urbanos y M$ 43.940.891 en pavimentación, en circunstancias que en 1999 se produjo una considerable disminución que para parques urbanos alcanzó sólo a M$ 2.179.800 y M$ 19.182.000 en pavimentación más M$ 18.330.561 de pavimentos participativos.

Proposiciones

Impedir que los planes de emergencia sean susceptibles de reducción presupuestaria por cuanto obedecen a situaciones críticas que tienen directa relación con la salud de la población.

Del mismo modo, los presupuestos otorgados deberían ser garantizados de manera que aseguren el fiel cumplimiento de las medidas establecidas en el plan.

Al respecto la Comisión propone:

Solicitar al Ministerio de Hacienda la incorporación una norma destinada a que cada servicio que participa en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférico de la Región Metropolitana desglose qué cantidad destinará a la ejecución del Plan, de manera que tal proposición pueda quedar incluida en el proyecto de Presupuestos para el año 2000.

Asimismo, incluir en el proyecto de Presupuestos para el próximo año, una disposición que establezca que los servicios que están obligados a desarrollar políticas o medidas establecidas en el Plan, deban rendir cuenta de los gastos efectuados en este rubro, debiendo enviar copia del mismo a la Cámara de Diputados.

B) Presupuestos para investigación ambiental en el marco del Plan de Descontaminación.

En lo que dice relación con esta materia, se constató la casi nula existencia de iniciativas o proyectos que, generados desde Casas de Estudios Superiores, Centros de Investigación u Organismos No Gubernamentales, efectúen aportes al Plan de Descontaminación de Santiago.

El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), creado en l992 para apoyar proyectos de innovación e infraestructura científico-tecnológica, ha visto disminuido su presupuesto para proyectos en las áreas de Minería, Pesca y Acuicultura, Agropecuario, Forestal, Manufactura y Multiárea, de manera considerable. Si se toma en cuenta que el año 1992 su presupuesto alcanzó la suma de 9.300 millones de pesos, el año 1993 fue de 13.900 millones de pesos, el año 1994 de 12.500 millones de pesos y los años 1995 1996 y 1997, alcanzó las sumas de 6.000, 7.400 y 7.500 millones de pesos, respectivamente.

Conclusiones

A pesar de los altos montos disponibles, no existe una asignación específica para el desarrollo de temas propiamente medioambientales, puesto que el tema es abordado sólo como una de sus variables y menos en relación con fórmulas o proyectos para descontaminar.

Fondecyt, a través de su Directora Ejecutiva Mary Rose Mackenzie , reconoció que no existen proyectos específicos sobre la contaminación atmosférica de Santiago, a pesar de que se han aprobado alrededor de 37 iniciativas.

Proposición

Institucionalizar la ciencia medioambiental, como un área específica de postulación a los recursos concursables del Fondef, los que son administrados por Conicyt.

En tal sentido se propone designar recursos especiales para la creación de un fondo adicional, cuya finalidad sea la investigación de la ciencia ambiental, como también el estudio de nuevas propuestas que complementen el PPDA.

X. CONCLUSIÓN FINAL.

El análisis de los distintos aspectos que se tuvieron en consideración, permitió a la Comisión concluir lo siguiente:

1. El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana no es un instrumento adecuado para enfrentar la complejidad y magnitud del problema ambiental de Santiago, pues carece de políticas e instrumentos eficaces e integrales que permitan disminuir la contaminación en un plazo razonable, motivo por el cual ha perdido credibilidad.

2. De las 104 medidas contempladas, 23 se encuentran cumplidas (22, 1%), 46 incumplidas (44,2%), 32 pendientes (30.7%) y 3 sin evaluación (2.8%).

3. De lo anterior, se concluye la clara irresponsabilidad, negligencia e impericia de las autoridades involucrada en el cumplimiento del Plan, en particular del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Al efecto se acuerda solicitar a su Excelencia el Presidente de la República se sirva evaluar el desempeño de estas autoridades.

4. Pasar los antecedentes a la Contraloría General de la República para que determine si los incumplimientos de los ministerios y servicios que no han ejecutado las metas asignadas en el plan, constituyen infracciones que jurídicamente merezcan algún tipo de sanción, todo ello sin perjuicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales que la Corporación o por medio de sus diputados individualmente considerados, estime pertinente emprender a raíz de esta situación.

XI. PROYECTO DE ACUERDO.

Por todo lo anteriormente expresado, más las consideraciones que podrá agregar el señor diputado informante , la Comisión propone finalmente, a la honorable Cámara, aprobar el siguiente

?Proyecto de Acuerdo:

Teniendo presente lo dispuesto en los Proyectos de Acuerdo Nºs 47, aprobado en la sesión 3ª, de 4 de junio; 56 y 60 aprobados en sesión 6ª de 10 de junio de 1998 que facultó a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para investigar las actuaciones de los funcionarios públicos en torno a la contaminación del Gran Santiago y demás facultades otorgadas mediante los otros dos proyectos de acuerdo.

Visto el informe entregado, en sesión de esta fecha y atendido el debate habido en la Sala acerca del contenido y alcance de dicho informe,

La Cámara acuerda:

1. Aprobar las conclusiones y proposiciones de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.

2. Facultar a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para continuar con el estudio, seguimiento e investigación acerca del cumplimiento y evaluación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, hasta su total ejecución.

3. Remitir copia del informe para su conocimiento, a las siguientes autoridades y organismos.

-A su Excelencia el Presidente de la República.

-Al señor Ministro del Interior.

-Al señor Ministro de Hacienda .

-Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia .

-Al señor Ministro de Salud .

-Al señor Ministro de Educación .

-Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

-Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

-Al señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción.

-Al señor Ministro de Obras Públicas .

-Al señor Ministro de Agricultura .

-Al señor Ministro de Minería .

-Al señor Ministro de Planificación y Cooperación.

-Al señor Contralor General de la República.

-Al señor Intendente de la Región Metropolitana.

-Al señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.”.

XII. DESIGNACIÓN DE DIPUTADO INFORMANTE .

La Comisión acordó, por unanimidad, designar Diputado informante al honorable Diputado Alejandro Navarro Brain .

Acordado en 23 sesiones celebradas por la Comisión entre el 15 de junio de 1998 y el 21 de abril de 1999, con la asistencia de los Diputados señores: Navarro Brain, don Alejandro ; Acuña Cisternas, don Mario ; Alessandri Valdés, don Gustavo ; Álvarez Salamanca Büchi, don Pedro Pablo ; Arratia Valdebenito, don Rafael ; Cristi Marfil, María Angélica ; Díaz del Río, don Eduardo ; Girardi Lavín, don Guido ; Letelier Morel, don Juan Pablo ; Olivares Zepeda, don Carlos ; Rincón González, don Ricardo ; Rojas Molina, don Manuel ; Sánchez Grunert, don Leopoldo ; Cornejo Vidaurrazaga, don Patricio ; Leay Morán, don Cristián ; Monge Sánchez, don Luis ; Delmastro Naso, don Roberto ; Mulet Martínez, don Jaime ; Aguiló Melo, don Sergio ; Allende Bussi, doña Isabel ; García-Huidobro Sanfuentes, don Alejandro ; Gutiérrez Román, don Homero ; Kuschel Silva, don Carlos ; Tuma Zedan, don Eugenio ; Riveros Marín, Edgardo ; Luksic Sandoval, don Zarko ; Hales Dib, don Patricio y Vega Vera, don Osvaldo .

Sala de la Comisión, a 21 de abril de 1999.

(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Secretaria de la Comisión”.

ANEXO I

LISTADO DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN

EL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

DEL ÁREA METROPOLITANA QUE REQUIEREN DE LEY

1. M3FMV11: Se deberá proponer un proyecto de ley para modificar el inciso segundo del artículo 21 de la ley Nº 18.483, con el fin de restringir el ingreso al país de vehículos usados. La simple modificación restrictiva podría ser de origen parlamentario.

2. M1TTE7: Se presentará un proyecto de ley para equiparar el valor del permiso de circulación de los taxis en la Región Metropolitana con el de un automóvil particular equivalente. Es de iniciativa del Presidente de la República .

3. M1TTE31: Se presentará un proyecto de ley para congelar el parque de taxis en la Región Metropolitana.

Actual ley Nº 19.593 Diario Oficial de 17 de noviembre de 1998.

4. M1TTE1: Se insistirá en el proyecto de ley sobre tarificación vial, mediante la incorporación de fundamentos ambientales. (La insistencia en sí, como es obvio, no es materia de ley, pero se trata de un tema relacionado con la actividad legislativa). Es de iniciativa del Presidente de la República .

5. M1TTE30: Los Ministerios de Hacienda, de Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación y Cooperación deberán estudiar la creación de un gravamen al uso del automóvil en la Región Metropolitana, ya sea por la vía de aumentar el impuesto a la gasolina, un cobro adicional en el permiso de circulación en la región u otras medidas. (En la medida en que se traduzca en la creación de un nuevo tributo, requerirá ley). Es de iniciativa del Presidente de la República .

6. M1TTE4: El Ministerio de Hacienda formulará alternativas de tributación a los combustibles para incentivar el empleo de combustibles más limpios. (Dependiendo del tipo de alternativa, podría requerir de ley). Es de iniciativa del Presidente de la República .

7. M1TTE5: Se presentará un proyecto para modificar la Ley de Rentas Municipales a fin de corregir el valor del permiso de circulación para incentivar la renovación del parque automotor más contaminante. Es de iniciativa del Presidente de la República .

8. M1TTE28: La Comisión de Planificación e Infraestructura de Transporte y la Conama, desarrollarán estudios para evaluar alternativas a incluir en el Plan de Desarrollo del Sistema de Transporte Urbano para el Gran Santiago, en función de las metas para la reducción de emisiones que deben alcanzarse de acuerdo al PPDA. Entre estas alternativas está la de imponer nuevas políticas tarifarias e impositivas al transporte privado para internalizar los costos de la contaminación. (Nuevamente dependerá de la alternativa que se evalúe, la que para llevarse a cabo, podría requerir de ley). Es de iniciativa del Presidente de la República .

9. M3FFJ12: Encomienda al Servicio de Salud del Medio Ambiente fortalecer las tareas de cooperación de los municipios en la fiscalización de fuentes pequeñas, para lo que, además, se modificará la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de entregarles atribuciones para fiscalizar este tipo de fuentes, de tipo domiciliarias y comerciales detallistas, incluyendo la atribución para fiscalizar la prohibición del uso de chimeneas. Es de iniciativa del Presidente de la República .

10. M1 OTR13: Se presentará un proyecto de ley para crear un subsidio a las transacciones, que complemente el subsidio básico, modalidad libre elección, con el objeto de hacer operativo el sistema de viviendas usadas. Es de iniciativa del Presidente de la República .

ANEXO II

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

DEL PPDA AL 15 DE MARZO DE 1999[1]

Identificación de la Medida: se da cuenta resumidamente en lo que consiste la medida junto a la clave asignada por el PPDA.

Responsable: se individualiza al o los responsables del cumplimiento de la medida, según PPDA.[2]

Situación según Conama: %Av. = porcentaje de avance estimado en relación a la totalidad de las actividades ligadas a la medida, independiente de la fecha de informe, de tal manera que 100%Av. indica medida cumplida según Conama ; y %Cu.= porcentaje de cumplimiento estimado en relación a las actividades ligadas a la medida anteriores a la fecha del informe de tal manera que 100%Cu indica medida al día pero no necesariamente cumplida según Conama.[3]

Exigencias y Plazos según PPDA: corresponde a la modalidad exigida para cumplir con la medida o el plazo dentro del cual o a partir del cual la medida debe cumplirse según señala para cada caso el PPDA.

Evaluación: corresponde al cotejo de lo realizado por cada responsable según informe de Conama y lo exigido por el PPDA y en virtud de lo cual la medida puede no encontrarse evaluada (si Conama no informa de ella); pendiente (si la medida no se ha ejecutado por no exigirlo aún el PPDA; cumplida (si se ha ejecutado la medida); incumplida[4] (si la medida no se ha ejecutado a pesar de exigirlo el PPDA.) [5]

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ANEXO III

1. Al Presidente de la República.

a) Medida M3FFJ12 sobre envío de proyecto de ley de modifica a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para otorgar atribuciones de fiscalización a fuentes pequeñas.

2. Al Ministerio de Salud:

a) Medida M3FFJ4 que le exige, junto al Sesma y Conama , revisar el D.S.4/92 de su cartera sobre emisión de materia particulado para fuentes denominadas procesos.

b) Medida M3FFJ6 que le exige, junto a Conama, efectuar estudios para dictar normas de emisión de Nox, COVs y CO para fuentes medianas y grandes.

c) Medida M3FFJ8 que le exige, junto al Sesma, modificar el D.S. 4/92 y 1905/93 ambos de su cartera para incorporar nuevo método de medición de emisiones en panaderías y calderas grupales.

d) Medida FFJ5 que le exige, junto al Sesma y Conama , incorporar las fuentes tipo procesos al sistema de compensación de emisiones de material particulado para lo cual deben ejecutar un programa de caracterización de procesos cuya primera etapa debió cumplirse el 6 de diciembre de 1998 y asignación de identificación de fuentes al 30 de noviembre de 1998.

e) Medida FFJ7 que le exige, junto al Sesma y Conama, establecer un sistema de compensación de emisiones de CO, NOx y COV para fuentes estacionarias medianas y grandes para lo cual deben declarar sus emisiones gaseosas hasta el 24 de marzo de 1999.

f) Medida M3FFJ1 que le exige, junto al Sesma, que las fuentes estacionarias puntuales de la Región Metropolitana cumplan con determinadas condiciones al 6 de diciembre de 1998.

g) Medida M3FFJ17 para modificar el D.S. 4/92 en orden a aumentar a 120% la proporción de compensación de las nuevas fuentes estacionarias puntuales.

h) Medida M3FFJ18 para modificar el D.S.4/92.

i) Medida M3FFJ3 para modificar el D.S.4/92.

j) Medida M3EDI4 que prescribe efectuar un estudio y proposiciones sobre contaminación intradomiciliaria.

3. Al Sesma:

a) Medida M3FFJ11 para fortalecer la fiscalización de gases y partículas.

b) Medida M3FFJ12 que ordena fortalecer las tareas de las Municipalidades en la fiscalización de fuentes pequeñas.

c) Medida M3FFJ13 destinada a fortalecer la capacidad de fiscalización del Proceff.

d) Medida M3FFJ15 para revisar metodologías de medición de gases y material particulado.

e) Medida M3FFJ16 con objeto de fortalecer la gestión del sistema de compensación de emisiones.

Medida M3FFJ22 que lo faculta para controlar las emisiones de material particulado por otro método.

4. A Corfo:

a) Medida M3FFJ14, sobre mecanismos de articulación de los instrumentos de fomento existentes.

5. Al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

a) Medida M2CMB1 y M2CMB2 que le exigen, junto a la SEC, establecer determinados requisitos y cronogramas para a instalaciones de CL en la Región Metropolitana a partir del 1 de diciembre de 1998.

b) Medida M2CMB3 que le exige, junto a la SEC, modificar el D.S. 90/96 de su misma cartera en el sentido de establecer nuevas condiciones para los estanques de almacenamiento de combustibles al 1 de diciembre de 1998.

6. A la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

a) Medida M2CMB8 que le exige fortalecer su fiscalización en sectores de distribución de combustibles.

7. Al Ministerio de Agricultura:

a) Medida M3EDI2 para ampliar la fiscalización del D.S. 100/90 y estudiar la posibilidad de exigir un seguro ambiental por quemas en la Región Metropolitana.

8. A la Comisión Nacional de Energía:

a) Medida M3EDI5 que le exige impulsar un programa de mejoramiento de la eficiencia en el uso de la energía en edificios públicos.

9. A las Municipalidades:

a) Medida M4EDI1 sobre control de las actividades de la construcción con el objeto de reducir las emisiones.

ANEXO IV

1. Al Presidente de la República:

a) Medida M3FMV 11 relativo a envío de proyecto de ley que modifique el inciso segundo del artículo 21 de la ley 18.483 con el fin de restringir el ingreso al país de vehículos usados.

b) Medida M1TTE 7 que exige enviar un proyecto de ley que corrija el valor del permiso de circulación de los taxis en la Región Metropolitana.

c) Medida M1TTE 1 que exige insistir en el proyecto sobre tarificación vial.

d) Medida M1TTE5 sobre presentación de un proyecto de ley que modifique la ley de rentas municipales con el objeto de corregir el valor del permiso de circulación.

2. Al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:

a) Medida M3FMV 3 consistente en modificar el D.S. 54/97 aumentando las exigencias en la emisión de óxidos de nitrógeno y material particulado en las normas para modelos de vehículos medianos y que de acuerdo al PPDA debe encontrarse cumplida a partir de septiembre de 1998. (No informada)

b) Medida 2M3FMV 4 para fortalecer la fiscalización de las normas de emisión para modelos de motores de vehículos pesados.

c) Medida M3FMV 5 para desarrollar un sistema de homologación de las nuevas normas de emisión para buses.

d) Medida M3TTE 1 sobre implementación de servicio informático para la aplicación del art 93 del D.S. 212/92.

e) Medida M3FMV 6 sobre confección de estudios para introducir el control de emisiones de óxidos de nitrógeno en las revisiones técnicas de vehículos con convertidor catalítico.

f) Medida M3FMV 16 que exige desarrollar un sistema único de acreditación de establecimientos de mantención, reparación e inspección de emisiones de buses y vehículos a gas.

g) Medida M3FMV 12 para establecer procedimientos para el recambio de los convertidores catalíticos.

h) Medida M3TTE 6 a objeto de incorporar a partir de marzo de 1999 a la restricción vehicular los vehículos de transporte escolar.

i) Medida M3FMV 14 que le exige habilitar un sistema integrado de información de la calidad de los vehículos. (No informada)

j) Medida M3FMV 18 para efectuar un control estricto de las emisiones de camiones y vehículos de carga, en la vía pública. (No informada)

k) Medida M1TTE 18 sobre diseño y gestión para la implementación de un sistema de control electrónico de las frecuencias del transporte público, en virtud de lo establecido en la ley Nº 18.696.

l) Medida M3TTE 7 que establece como plazo el año 1998, para hacer una prueba piloto para comparar emisiones de buses propulsados por GNC y diesel.

m) Medida M1TTE 14 que le exige disponer vías para servicios ejecutivos de transporte público.

n) Medida M1TTE 6 y 23 para definir para 1998 una política de regulación de la operación de taxis básicos y colectivos urbanos.

o) Medida M1TTE 3 que le exige, junto a las Municipalidades correspondientes, fijar tarifas que reflejen los costos por impacto en la operación de los vehículos que circulan por calles en que se permite estacionar.

p) Medida M1TTE28 que le exige, junto a Conama, desarrollar estudios para evaluar alternativas en plan de sistema de transporte urbano.

q) Medida M1TTE8 sobre definición durante 1998 de una política de regulación del transporte de carga.

r) Medida M1TTE21 sobre incorporación de una red de vías segregadas.

s) Medida M1TTE25 para elaborar un Plan maestro para transporte de peatones y ciclistas.

3. Al Ministerio de Hacienda:

a) Medida M1TTE 30 que les exige, junto al Mintratel y al Mideplan estudiar la creación de un gravamen al uso del automóvil en la Región Metropolitana.

b) Medida M1TTE4 para formular alternativas a la tributación a los combustibles.

4. Al Ministerio de Planificación y Cooperación:

a) Medida M1TTE27 sobre incorporación de criterio de estimación de emisiones a Manual de Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura de Transportes .

b) Medida M1OTR18 que le exige, junto a los demás Ministerios y Servicios respectivos, aumentar la ponderación de proyectos de informática en el Sistema Nacional de Inversiones.

5. Al Ministerio de Educación:

a) Medida M1OTR19 que le exige, junto a las Municipalidades, coordinar un sistema de horario diferido de clases.

6. Al Ministerio Secretaría General de la Presidencia:

a) Medida M1OTR16 para perfeccionar los mecanismos de entrega de información en los servicios públicos.

7. A la Intendencia de la Región Metropolitana:

a) Medida M1TTE24 para crear una Unidad Técnica Metropolitana de Transporte.

b) Medida M1OTR20 sobre creación de un “sello del PPDA”.

ANEXO V

1. Al Presidente de la República:

a) Medida M1OTR13 sobre proyecto de ley que cree un subsidio a las transacciones que complemente el subsidio básico-modalidad libre elección para hacer operativo el sistema de viviendas usadas.

2. A la Intendencia e la Región Metropolitana:

a) Medida M1OTR5 para impulsar el funcionamiento del Consejo Regional de Ordenamiento Territorial (Crot).

b) Medida M1OTR15 que le exige, junto al Ministerio de Educación, elaborar y coordinar un programa de mejoramiento de la oferta educacional en zonas sur y sur oriente de Santiago.

3. Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

a) Medida M1OTR1 para confeccionar y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana (PDURM).

b) Medida M1OTR4 que le exige, junto a Conama, desarrollar estudios sobre externalidades de los proyectos inmobiliarios.

c) Medida M1OTR14 que le exige, junto al Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Obras Públicas desarrollar un programa de edificios ancla en los subcentros establecidos en el PRMS.

d) Medida M4OTR3 sobre reasignación de recursos de su presupuesto para construir los parques Cerro Blanco y Quebrada de Macul.

4. A Las Municipalidades:

a) Medida M1OTR21 que las faculta para asociarse en una o más Asociaciones de Municipalidades con el objeto de coordinar la gestión ambiental de sus territorios.

ANEXO VI

OFICIOS ENVIADOS POR LA COMISIÓN:

1. Oficio Nº 49-98.

Destinatario: Al señor Director del Sesma .

Contenido: Solicita respuesta a consultas efectuadas en última sesión sobre contaminación de Santiago.

2. Oficio Nº 59-98.

Destinatario: Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Contenido: Solicita saber si el recorte presupuestario para 1999 contempla una disminución del ítem destinado a la forestación de los parques urbanos bajo administración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

3. Oficio Nº 60-98.

Destinatario: Al señor Director del Sesma .

Contenido: Solicita el envío del catastro de las industrias de la ciudad de Santiago, con indicación de los elementos contaminantes que estas emiten.

4. Oficio Nº 61-98.

Destinatario: Al señor Director del Sesma .

Contenido: Solicita información acerca de los antecedentes de que dispone ese servicio en relación a los elementos que componen las pinturas fabricadas por la empresa Sherwin Williams, particularmente en cuanto al componente plomo.

5. Oficio Nº 62-98. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Jefe de la División de Salud Ambiental del Ministerio de Salud .

Contenido: Solicita información acerca de los antecedentes de que dispone ese servicio en relación a la eventual contaminación del aire (fuertes olores a componentes químicos) a consecuencia de emanaciones provenientes de la empresa Härting .

6. Oficio Nº 76-98. Sin respuesta.

Destinatario: A la Organización Mundial de la Salud.

Contenido: Solicita el envío de copia de la guía de calidad del aire respecto de la comunidad térmica y de la ventilación, particularmente respecto de los países de América Latina.

7. Oficio Nº 77-98. Sin respuesta.

Destinatario: A la Directora Ejecutiva de Fondecyt .

Contenido: Solicita información acerca del monto de los recursos que está invirtiendo el Estado respecto de las investigaciones relacionadas con la contaminación atmosférica.

8. Oficio Nº 78-98.

Destinatario: Al Director Ejecutivo de Fondef .

Contenido: Solicita información acerca del monto que ese servicio ha destinado a la investigación científica y tecnológica en materia medioambiental y el listado de proyectos, realizados o por ejecutar, aprobados por Fondef.

9. Oficio Nº 109-98. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Director de Corema Región Metropolitana .

Contenido: Solicita información sobre el cumplimiento y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférico de la Región Metropolitana, a diciembre de 1998, a fin de evacuar el informe final sobre la investigación que se lleva a cabo.

10. Oficio Nº 111-99. (Reiteración oficio Nº 109).

Destinatario: Al señor Director de Corema Región Metropolitana .

Contenido: Solicita actualización de condiciones y requisitos del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, con indicación detallada de metas alcanzadas a marzo de 1999.

11. Oficio Nº 112-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente .

Contenido: Solicita conocer data de ozono existente en el año 1998 y en los meses de enero y febrero del año en curso.

12. Oficio Nº 113-99.

Destinatario: Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Contenido: Solicita el envío del Boletín Informativo, de ese Ministerio, correspondiente a enero de 1998.

13. Oficio Nº 114-99.

Destinatario: Al señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Contenido: Solicita programa de seguimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana.

14. Oficio Nº 123-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Contenido: Solicita conocer grado de cumplimiento de programas de localización industrial en regiones que Conama elaboró conjuntamente con Corfo, con indicación de alcances de teles programas y las fechas previstas para su concreción.

15. Oficio Nº 124-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Vicepresidente Ejecutivo, de la Corporación de Fomento de la Producción.

Contenido: Solicita conocer grado de cumplimiento de programas de localización industrial en regiones que Corfo elaboró conjuntamente con Conama, con indicación de alcances de tales programas y las fechas previstas para su concreción.

16. Oficio Nº 125-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Vicepresidente Ejecutivo, de la Corporación de Fomento de la Producción. (Corfo)

Contenido: Solicita conocer resultados de encuesta realizada por esa Corporación, sobre la menor o mayor voluntad del empresariado a trasladar sus actividades a regiones y cuales serían los factores de que dependería ese posible traslado.

17. Oficio Nº 126-99.

Destinatario: A la señora Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Contenido: Solicita legislación comparada relativa a los mecanismos de incentivo y desincentivo adoptados por distintos países para evitar el flujo migratorio hacia los grandes centros poblados.

18. Oficio Nº 127-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Director Ejecutivo del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef)

Contenido: Solicita el envío del listado completo de proyectos de ese Fondo orientados al tema medioambiental, indicando la fecha en que se llevó a cabo, circunstancia de haberse terminado o no y, si se logró la finalidad perseguida, y cómo se obtuvo.

Asimismo, solicitó el cuadro estadístico de los últimos diez años acerca de cada una de las actividades financiadas en el sentido indicado.

19. Oficio Nº 131-99.

Destinatario: Al señor Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de Senado, Senador Julio Lagos Cosgrove.

Contenido: Solicita conocer el estado de avance de tramitación del proyecto de ley que “dispone el pago de derechos por el uso de vías urbanas afectadas a congestión vehicular”, posibles modificaciones y el tiempo que podría emplearse en su despacho.

20. Oficio Nº 134-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Contenido: Solicita conocer el costo de la aplicación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana, así como una estimación de beneficios obtenidos a la fecha.

21. Oficio Nº 137-99. Sin respuesta.

Destinatario: Al señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas .

Contenido: Solicita antecedentes sobre el costo que implica para una persona vivir en la Región Metropolitana, versus lo que significaría habitar en otras regiones del país.

22. Oficio Nº 138-99.

Destinatario: Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción. (Corfo)

Contenido: Solicita antecedentes sobre estudios destinados a incentivar la instalación de industrias en regiones.

Moción de los Diputados señores Huenchumilla , René Manuel García , Salas, Rincón , Ceroni , Mulet , Elgueta , Hernández , Van Rysselberghe y Juan Pablo Letelier .

Modifica la Ley General de Telecomunicaciones para protección de la radiodifusión local y regional. (boletín Nº 2326-15)

I. INTRODUCCIÓN.

1. Marco legal.

Las concesiones para los servicios de Telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión están reguladas a través de la ley Nº 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, publicada el 2 de octubre de 1982, y sus modificaciones posteriores.

2. Concurso público.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, durante el primer mes de cada cuatrimestre calendario, procede a llamar a concurso público para todas las concesiones que se le hubieren solicitado y para aquéllas cuya caducidad se hubiese declarado durante el período que medie entre uno y otro concurso.

Asimismo, deberá llamar a concurso con no menos de 180 días de anterioridad al vencimiento del plazo de vigencia de una concesión de radiodifusión.

De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.168, la concesión será asignada al postulante cuyo proyecto ofrezca las mejores condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión y servicio, y un cumplimiento cabal de los requerimientos de las bases del concurso público. En el caso de que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones técnicas, la concesión se resolverá mediante licitación entre ellos, salvo cuando uno de estos concursantes sea el anterior concesionario, ya que en este último caso habría un derecho preferente para su asignación.

3. Exigencias del concurso público.

Para participar en los concursos públicos antes señalados, los postulantes deberán presentar una solicitud al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que contenga:

-La identificación de las personas jurídicas de derecho público o privado que postulan a la concesión: representantes legales, gerentes, administradores, directores, etc.

-Proyecto técnico con el detalle pormenorizado de las instalaciones y operación de la concesión a la que se postula, el tipo de emisión, la zona de servicio, plazos para la ejecución de las obras e iniciación del servicio, y todos los antecedentes y requisitos técnicos exigidos por las bases y las disposiciones legales y reglamentarias o un técnico especializado en telecomunicaciones.

-Proyecto financiero, debidamente respaldado, destinado exclusivamente a la instalación, explotación y operación de la concesión a la que se postula.

4. Resolución del concurso.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo fijado para la recepción de las solicitudes, deberá emitir un informe respecto de cada solicitud, considerando el cumplimiento de los requisitos formales de carácter legal y reglamentario. En caso de existir dos o más solicitudes, deberá establecer, en forma separada y fundamentada, cuál de ellas garantiza las mejores condiciones técnicas de transmisión o de prestación del servicio, y cuáles son similares. Cuando se trate de un concurso por expiración de plazo de una concesión, se deberá consignar si alguno de los postulantes es el actual concesionario.

Los informes técnicos de la Subsecretaría tienen el valor de prueba pericial.

Una vez que los postulantes son notificados del informe de la Subsecretaría, tienen un plazo de diez días para desvirtuar los reparos que les parezcan injustificados. Por su parte, la Subsecretaría tendrá también diez días para pronunciarse sobre las observaciones que los postulantes hagan a su informe.

Posteriormente, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones asignará la concesión o declarará desierto el concurso público o, de existir solicitudes con similares condiciones, llamará a licitación entre éstas.

En el Decreto Supremo que otorga una concesión deberá dejarse constancia expresa de los elementos esenciales de ésta: tipo de servicio, zona de servicio, período de la concesión, plazo para el inicio de la construcción de las obras y para su terminación, plazo para el inicio de las transmisiones, la potencia y la frecuencia. Asimismo, el Decreto deberá especificar para la concesión titular: ubicación de los estudios, ubicación de las plantas transmisoras, ubicación y características técnicas del sistema radiante y del radioenlace estudio-planta.

5. Características de los concesionarios.

Sólo podrán ser titulares de una concesión o hacer uso de ella, a cualquier título, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país. Sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales no deberán estar procesados o haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

Los presidentes, gerentes, administradores y representantes legales de una concesionaria de radiodifusión de libre recepción deberán ser chilenos. Tratándose de directorios, podrán integrarlos extranjeros, siempre que no constituyan mayoría.

La concesionaria tiene la obligación de informar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones todo cambio en la presidencia, directorio, gerencia, administración y representación legal. Además, tratándose de sociedades anónimas o en comandita por acciones, se deberá informar de la subdivisión y transferencia de acciones, y en el caso de sociedades de personas, el ingreso o retiro de socios o el cambio en el interés social.

En el caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso de concesiones, a cualquier título, se requerirá la autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que no podrá denegarla sin causa justificada. El adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones que el concesionario.

II. DESARROLLO DE LA RADIODIFUSIÓN EN CHILE.

1. Amenazas sobre la radiodifusión local.

A pesar del innegable avance y penetración de la televisión en las últimas décadas, la radiodifusión continúa siendo uno de los principales medios de comunicación, información y entretención para nuestro país, particularmente en aquellas localidades apartadas y/o rurales en donde la oferta televisiva es restringida.

La radiodifusión local y regional ha acompañado nuestro desarrollo, ha sido un instrumento de información, educación y por sobre todo de comunicación y ayuda social. Todos hemos escuchado más de una vez alguna radioemisora local, quizás nos han parecido pintorescas, quizás le hemos encontrado limitaciones técnicas, pero indudablemente no podemos negar que recogen y representan la voz de la gente de la localidad.

El esfuerzo de los que trabajan en radioemisoras locales es digno de destacar, con gran sacrificio y entrega para mantener informadas y apoyar a sus localidades se realiza en la mayoría de los casos con pocos recursos e importantes limitaciones técnicas. Sin embargo, cuentan con el apoyo de su gente, que les escucha diariamente.

No obstante, a pesar de la importancia de estas radioemisoras a nivel local, estamos asistiendo en los últimos tiempos a su progresiva desaparición, las que producto de los avances tecnológicos como la transmisión satelital y de las disposiciones legales vigentes, han ocasionado que las concesiones inicialmente otorgadas a estas estaciones de radios locales sean transferidas (vendidas, arrendadas, transadas en el mercado) a las poderosas radios de Santiago, transformado estas concesiones locales en cadena de las emisoras capitalinas.

2. Impactos sobre las comunidades locales.

La desaparición de las emisoras locales, las que informan los acontecimientos que han ocurrido en el pueblo, que conectan a las ciudades con el mundo rural, que informan los cortes de luz, de agua, que hacen de correo, que entregan los horarios de los buses intercomunales o interprovinciales, entre otras acciones de carácter social, y que también entregan las informaciones sobre lo que pasa en Chile y el mundo, indudablemente atenta contra los valores e identidades de nuestras localidades y regiones y, por sobre todo, contra nuestra cultura y nuestra gente.

Los espacios de comunicación locales son reemplazados por medios informativos que obviamente privilegian lo nacional (lo que sucede en Santiago), condenando a que parte importante de nuestro país se entere diariamente de la restricción vehicular en Santiago, de los índices de contaminación, del aumento de la delincuencia capitalina, haciendo así efectivo el dicho “Santiago es Chile”.

De esta forma, contrariamente al impulso y al esfuerzo por fortalecer el proceso de descentralización del país, que los distintos actores de la vida nacional han desplegado en la última década, en materia de radiodifusión estamos asistiendo a una creciente concentración y centralización de la información. Concentración, debido a que pocas estaciones de radio controlan a través de sus cadenas y estaciones repetidoras parte importante de las radioemisoras del país, y centralización, porque dichas estaciones son de Santiago, obligando, tal como se señalara anteriormente, a que todas nuestras ciudades y pueblos estén más informados de lo que pasa en la capital que de lo que ocurre en sus localidades.

Otro impacto negativo importante de la extinción de las radioemisoras locales es el desempleo que ocasiona su cierre, ya que con la nueva tecnología y la comunicación en cadena, se requiere un personal reducido, pues sólo se cumplen funciones de estación repetidora.

3. Legislación permisiva.

Si bien la ley Nº 18.168 establece una serie de exigencias para los concursos públicos de concesiones de radiodifusión, tales como la presentación de un proyecto técnico con el detalle pormenorizado de las instalaciones y operación de la concesión a la que se postula, el tipo de emisión, la zona de servicio, plazos para la ejecución de las obras e iniciación del servicio, y todos los antecedentes y requisitos técnicos exigidos por las bases y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, permite asimismo la transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de estas concesiones.

De tal modo que nos encontramos frente a una muerte anunciada de la radiodifusión local, ya que a través de los concursos públicos estas concesiones son adjudicadas a consorcios que cuentan con un gran respaldo técnico, pero que finalmente no concretan las instalaciones, sino que transan (o transfieren) la concesión en el mercado, posibilitando un crecimiento del monopolio radial de las estaciones santiaguinas, muchas de las cuales cuentan con importante participación de capitales extranjeros.

Otro factor que atenta contra la desaparición de la radiodifusión local es que dada la imposibilidad de competir con los grandes consorcios de la comunicación radial, los propietarios de las concesiones locales terminan transfiriéndolas, arrendándolas o cediéndolas a dichos consorcios, los que finalmente las transforman en estaciones repetidoras.

MODIFICACIONES LEGALES

En consecuencia, si queremos salvar a la radiodifusión local, preservar nuestras culturas e identidades locales, fortalecer la descentralización, hacer más transparente el negocio de las concesiones de radiodifusión, y especialmente, no privar a parte importante de la población de nuestro país de medios de comunicación que hoy son instituciones de servicio social, deberemos impulsar las modificaciones legales y reglamentarias que permitan alcanzar estos objetivos.

Las modificaciones normativas que se requieren deben apuntar a lograr que los proyectos técnicos que se presenten a los concursos públicos para las concesiones locales, exigidos según el Art. 13 A de la Ley General de Telecomunicaciones, se materialicen efectivamente.

Asimismo, los cambios en la ley Nº 18.168 debieran establecer que una concesión, al ser transferida, arrendada, cedida, etc., debe mantener y cumplir con el proyecto técnico para lo cual fue otorgada, y que en caso de no ocurrir esto, se produzca su extinción.

III. PROPUESTA.

Dado que hoy la ley Nº 18.168 establece la exigencia de un proyecto técnico en el que se especifique, entre otros, el tipo de servicio, la zona de servicio, el período de la concesión, el plazo para el inicio de la construcción de las obras y para su terminación, el plazo para el inicio de las transmisiones, la potencia y la frecuencia, lo que se requiere es hacer efectivas estas disposiciones, impidiendo que se transfiera el uso de la concesión antes de la materialización del proyecto seleccionado. De este modo, se cautelaría la materialización efectiva de los proyectos de concesión local.

Otro objetivo es mantener y/o fomentar radioemisoras de carácter local para lo cual es conveniente establecer en las bases del concurso algunas exigencias y requerimientos que deberán cumplir los proyectos técnicos que postulen a la concesión.

Los medios de comunicación local, que recogen la voz de la gente de las ciudades y pueblos del país, permiten preservar las costumbres, identidad y cultura, hoy amenazadas por la globalización de las comunicaciones. Queremos que no se pierda nuestra identidad, que la gente esté informada de lo que pasa en el mundo, pero sin perder de vista lo que sucede en su entorno inmediato.

La radiodifusión local debe continuar siendo un medio de comunicación para nuestras comunidades regionales, provinciales y locales, ya que no se trata sólo de medios informativos, sino fundamentalmente de servicios públicos de gran utilidad social.

Para estos efectos se propone el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Art. 1º.- Introdúcese en el inciso 1º del Art. 13 A, después del primer punto seguido lo siguiente: “El proyecto deberá contener un porcentaje de transmisión preferencial de información local o características técnicas específicas que aseguren la generación de transmisiones en forma independiente”.

Art. 2º.- Introdúcese en el Art. 21 de la ley Nº 18.168 el siguiente inciso cuarto, pasando el actual a ser inciso quinto: “La transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento de uso, a cualquier título, de una concesión sólo podrá efectuarse una vez materializado el proyecto técnico seleccionado en el concurso público. El adquirente tendrá la obligación de mantener el proyecto técnico original del concesionario, y sólo podrá efectuar modificaciones a éste previa autorización de la Subsecretaría”.

Art. 3º.- Introdúcense en el Art. 23 de la ley Nº 18.168 los siguientes numerales 5 y 6.

“5.- No materialización de los elementos de la esencia de la concesión definidos en el Art. 14 y establecidos en el Decreto Supremo que otorga la concesión.

6. Incumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del Art. 21”.