Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión mixta sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.

Antecedentes:

Informe de la Comisión mixta, boletín Nº 1048-07, sesión 19ª, en 18 de noviembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 3.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Solicito el acuerdo de los señores diputados para autorizar el ingreso a la Sala al asesor del Ministerio de Justicia, señor Claudio Troncoso.

No hay acuerdo.

Según lo dispuesto por el Reglamento, corresponde discutir el proyecto hasta por 30 minutos, con un máximo de tres intervenciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker hasta por diez minutos.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente, sin duda, después de varios años, culminamos una muy importante discusión parlamentaria sobre un tema que preocupa en forma extraordinaria a la sociedad chilena: la violación y los delitos sexuales en general.

Las proposiciones de la Comisión mixta reflejan la percepción generalizada en la población: la actual legislación en materia de violación y delitos sexuales crea una verdadera situación de impunidad.

Al principio de la discusión parlamentaria se nos mostró un informe que señalaba que, de las aproximadamente 22 mil violaciones anuales que se cometen en Chile, la inmensa mayoría más del 80 por ciento no es denunciada, y las que lo son, la menor parte cerca de 20 por ciento, sólo en el 1,5 por ciento se cumple, efectivamente, una condena. Es decir, bajo la actual legislación sobre la materia hay una virtual impunidad.

Al respecto, la Comisión mixta propone, en primer lugar, no innovar en materia de la aplicación de la pena de muerte. Por principio, por definición, muchos de nosotros somos contrarios a dicha sanción y estamos por su derogación no sólo en el caso específico de violación seguida de muerte, sino en los 23 delitos que la contemplan en nuestra legislación. Decidimos no entrar en el tema, porque podría desviarnos y frustrar el proyecto, cuyo único objeto es la persecución y sanción efectiva de los delitos de violación y sexuales en general; además, porque, objetivamente, en nuestra normativa hay penas suficientemente altas en la materia. Baste decir que la condena por violación es equivalente a la del homicidio simple, pudiendo llegar hasta 15 años de presidio. Es decir, las penas no son bajas; al contrario.

En segundo lugar, la Comisión mixta optó por no innovar en materia de secuestro, sustracción de menores o delitos contra la libertad ambulatoria, como lo proponía el Senado, en el segundo trámite legislativo, por no estar referida a las ideas matrices del proyecto.

En tercer lugar y como cuestión fundamental, la Comisión perfeccionó la tipificación de los delitos sexuales; en primer término, la violación. La Cámara de Diputados había estado por una declaración general de penetración sexual, que es, por lo demás, la interpretación que la jurisprudencia chilena ha dado tradicionalmente al verbo yacer, con el que se configura la violación. La Comisión mixta fue partidaria de explicitar las vías de penetración vaginal, anal o bucal como constitutivas del delito. Además, se agregó un artículo para sancionar a los que accedieren carnalmente, sea por las vías vaginal, anal o bucal, a personas menores de 12 años, sin que sea necesario que concurran la fuerza, la intimidación o los números que explicitan las distintas formas del delito.

En segundo término, también se perfeccionó la tipificación del delito de estupro, contemplando dos posibilidades: una, cuando existe prevalimiento, es decir, se abusa de la relación de dependencia o de grave desamparo, o de una perturbación mental del menor, y la otra, cuando se engaña para cometer el estupro.

En tercer lugar, respecto del delito de sodomía, que dio lugar a una discusión bastante amplia e intensa durante la tramitación del proyecto en los dos primeros trámites legislativos, no es cierto que se haya optado por despenalizarlo, sino por mantener su sanción cuando la víctima fuere menor de 18 años, justamente, para protegerlo, por suponer que muchas veces es una persona que no es lo bastante madura ni tiene el suficiente discernimiento para decidir algún tipo de relación sexual, en especial si es homosexual. Por lo tanto, lo único que se despenalizó efectivamente es la relación sexual libremente consentida entre homosexuales mayores de edad, porque estimamos que si bien eso puede ser objeto de un reproche moral, mal puede ser constitutivo de delito, en consideración a que el derecho penal es última ratio, por lo que entra a funcionar cuando todo lo demás ha fracasado.

En cuarto lugar, también se perfeccionaron las figuras relativas al abuso sexual ya no se habla de abusos deshonestos, con una descripción muy minuciosa respecto de aquellas que pudieren afectar a menores de edad, especialmente menores de 12 años, lo que se puede ver en el artículo 366 del proyecto que proponemos. Desgraciadamente, no tengo más tiempo para entrar con más detalle en ese aspecto.

Por lo tanto, aquí se perfeccionan las tipificaciones de los delitos de violación, de estupro, de sodomía y de abuso sexual, entre otros.

La Comisión optó por no penalizar el acoso sexual. Algunos diputados presentamos en el primer trámite una indicación para sancionarlo penalmente, pero llegamos a la convicción de que, tratándose de una acción absolutamente ilegítima y, por lo tanto, reprochable, era más conveniente sancionarla laboral y civilmente, más que penalmente. En este momento, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara conoce un proyecto que sanciona el acoso sexual en términos laborales y civiles.

En los últimos minutos, quiero detenerme en un aspecto que, tal vez, es el más importante del proyecto.

La Comisión fue partidaria de concentrarse en cuestiones de procedimiento. ¿Por qué, si ya dijimos que las penas son suficientemente altas? ¿Cuál es el problema con la violación y los delitos sexuales en nuestro país? ¿Por qué existe esta verdadera sensación de impunidad? Por dos razones: primero, porque las víctimas no se atreven a denunciar, porque más que incentivos, hay desincentivos para hacerlo; y segundo, porque los jueces no tienen instrumentos adecuados para investigar y sancionar efectivamente estos delitos.

¿Qué dispone la proposición de la Comisión mixta? En primer lugar, para que las víctimas se atrevan a denunciar, mantener el secreto o la reserva de las identidades de la víctima y del denunciante.

En segundo lugar, evitar el careo. No hay nada más traumático para la víctima de una violación o delito sexual que tener que enfrentarse al agresor; tanto es así que muchos no se atreven a denunciar sólo para no pasar por esa situación.

En tercer lugar, que todo establecimiento de salud público o privado deberá practicar un examen a aquellas personas que presenten signos de haber sido violadas o abusadas sexualmente y conservar las muestras y los resultados de los análisis y exámenes practicados por un período no inferior a un año. Por cierto, es recomendable que estas pruebas tengan lugar en el Servicio Médico Legal.

Para que el juez pueda investigar y sancionar estos delitos, en primer lugar se establece con el objeto de romper la rigidez que existe actualmente que apreciará la prueba conforme con las reglas de la sana crítica.

En segundo lugar, prescribe que los parientes puedan ser testigos hábiles en estos juicios, con lo que se rompe la regla general que señala que no lo son. ¿Por qué? Porque el 70 por ciento de las violaciones que se comenten en Chile tiene lugar al interior de la familia, y como los parientes son testigos inhábiles, su testimonio no tiene fuerza.

En tercer lugar, contempla medidas de protección para la víctima, con el objeto de que no se vea enfrentada al victimario, tales como la prohibición al implicado de visitar el lugar de trabajo o la casa de la víctima.

Por ello, la Comisión mixta propone y solicita a la honorable Cámara que tenga a bien aprobar, ojalá por unanimidad, este proyecto que después de tres años de discusión sanciona de manera efectiva la violación y los delitos sexuales en general.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán por 10 minutos.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, le solicito que me avise cuando se cumplan 8 minutos de mi tiempo, porque le he cedido 2 minutos al Diputado señor Coloma.

Comienzo señalando que recomiendo la aprobación del texto despachado por la Comisión mixta. Las razones para ello quiero ser lo más sucinta posible son las siguientes:

Se acogieron casi todas las aprensiones planteadas en la Cámara de Diputados cuando se trató el proyecto en tercer trámite constitucional.

Se mantiene la ampliación del delito de violación, entendiendo por ello todo acceso carnal, sexual, ya sea por vía vaginal, anal o bucal.

Se acepta la existencia del delito de violación entre cónyuges, para lo cual se establece como regla procesal que basta la denuncia ante Carabineros para que se inicie el trámite judicial. Aunque no era partidaria de la denuncia sino de la querella, debo señalar que las razones esgrimidas para contemplar dicha norma son de peso, ya que se desea permitir un mayor acceso a la justicia de las personas, sobre todo de aquellas mujeres que han sido golpeadas y violadas por sus cónyuges.

Además, como lo dijo el Diputado señor Ignacio Walker , tuvimos un dilema en relación con el tema de la pena de muerte. El Pacto de San José de Costa Rica nos limitaba, ya que no podíamos extender la aplicación de esta sanción a otros delitos que no fueran aquellos que ya la contemplaban a la fecha de entrada en vigor de esa convención, de modo que no podíamos tipificar una figura diferente.

En lo personal, soy partidaria de la pena de muerte, pero estuve de acuerdo con el resto de la Comisión mixta en que si la derogábamos respecto de estos delitos, así como en el de sodomía, íbamos a tener serios problemas para lograr la aprobación de este texto. Es así como se llegó a la redacción de un artículo que, en verdad, no es la más feliz para una norma del Código Penal, pero que mantiene con claridad la pena de muerte para estos delitos de violación, tal como hoy día está tipificada, es decir, entendiendo que ocurre por vía vaginal, en el caso de las mujeres, o por vía anal, en el caso de los hombres.

No obstante, la Comisión mixta advierte que, de mantener esta enmienda al artículo, se estaría ampliando la pena de muerte a conductas no sancionadas en esta forma por la ley vigente, debido a la modificación del delito de violación que se contemplaba en el proyecto, que, como ya señalé, incluye la vía bucal y anal, lo que antes sólo se consideraba como abusos deshonestos.

Por lo tanto, hubo una aplicación irrestricta del Pacto de San José de Costa Rica en la redacción del proyecto.

También la Cámara de Diputados señaló que debería mantenerse el engaño como una de las formas comisivas del delito de estupro. Esto fue acogido por la Comisión mixta, entendiéndose por engaño todo aquello que tenga que ver con la significación sexual de la conducta, esto es, que la víctima sea susceptible de engañar, ya sea por su inexperiencia o por su ignorancia en el campo sexual.

Tal como lo señaló el Diputado señor Ignacio Walker , el delito de sodomía no ha sido despenalizado, sino que se retipificó, es decir, se amoldó la figura penal a fin de que fuera efectivamente un delito sancionable, para los efectos de que realmente fuera penado. Se entiende que hay sodomía cuando concurren un mayor de edad con un menor de edad. En este caso, primero va a ser penalmente responsable por el acto y se configura la conducta, como el acceso carnal a un varón menor de edad, para hacerlo coincidente con las definiciones de los delitos de violación y de estupro.

Es interesante lo que señala la Comisión mixta en la página 20 del informe, al poner de relieve que el punto importante en la materia es proteger a los menores de edad por su mayor vulnerabilidad, y a eso apunta el texto aprobado en el primer trámite constitucional. De manera coherente, se discrimina la relación sexual libremente consentida entre mayores de 18 años.

Además, la Comisión mixta recibió una información del profesor señor Bascuñán , en el sentido de que todos los académicos del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile consideraban que este delito debía ser eliminado en forma total.

En cuarto lugar, también quiero enfatizar que, aparte de la ampliación del delito de violación, lo más importante apunta a las modificaciones en materia procesal. Es decir, por primera vez este delito va a ser sancionado con cierta holgura o facilidad por los jueces. Básicamente, porque se permite que se aprecie la prueba de acuerdo con la sana crítica; porque se permite que testigos hoy inhábiles, como los menores de edad, familiares o conocidos, puedan dar testimonio hábil en el juicio, y porque se permite todo tipo de exámenes médicos, los que se deberán realizar en cualquier clínica u hospital donde llegue la víctima, los cuales tendrán efecto de plena prueba. Obviamente, se mantienen otras materias, como la reserva de la identidad de la víctima, ampliada sí, con constancia expresa de la Comisión mixta, al hacerla extensiva a cualquier información que permitiere deducirla indirectamente, esto es, el nombre de los parientes o familiares que aparezcan en los medios de comunicación. Además, se mantiene la improcedencia del careo.

Por otra parte, queda fuera el acoso sexual. Hubo un acuerdo mayoritario de la Comisión mixta en cuanto a que el derecho penal es la última razón que se debe aplicar, y todavía en Chile hay mucho que legislar sobre el acoso sexual en materia laboral, en inhabilidades para cargos y funciones públicas, etcétera, que todavía no se ha hecho.

Se dejó fuera también la agravante, que habíamos considerado tan importante en la Cámara, de que el hechor o violador conociera que tenía una enfermedad de transmisión sexual que podía causar la muerte, específicamente, el sida. La Comisión mixta estimó que en estos casos estaba dañándose la vida y la integridad física y no la libertad sexual. Por lo tanto, si la persona enferma de sida que viole a otra persona tuviera la intención de matar y la víctima se enferma, habría un concurso de delitos.

Por último, debo dejar constancia de que oportunamente el Senador Díez planteó a la Comisión mixta la posibilidad de que propusiéramos a ambas salas que el tema de la retipificación del delito de sodomía se sometiera a una votación separada, y hubo acuerdo en rechazarla porque la mayoría de los integrantes de la Comisión mixta compartió que el extenso trabajo desarrollado para lograr estos acuerdos, requería que se votaran en su conjunto las proposiciones a la Sala, sobre todo considerando que habría otras materias muy discutidas para las que también podría proponerse una votación separada.

en rechazarla porque la mayoría de los integrantes de la Comisión mixta compartió que el extenso trabajo desarrollado para lograr estos acuerdos, requería que se votaran en su conjunto las proposiciones a la Sala, sobre todo considerando que habría otras materias muy discutidas para las que también podría proponerse una votación separada.

Por lo tanto, por las razones dadas, recomiendo la aprobación total de todos los artículos aprobados por la Comisión mixta.

Por lo tanto, por las razones dadas, recomiendo la aprobación total de todos los artículos aprobados por la Comisión mixta.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Con cargo al tiempo de su Señoría, tiene la palabra hasta por dos minutos el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero anunciar que, junto con el Diputado señor Elgueta, hemos conversado la posibilidad de presentar mañana una modificación sobre el particular, porque parece que lo razonable es que a lo menos puedan hablar cinco parlamentarios de los que hayan estado presentes en la Comisión mixta durante sus conclusiones, y no ser restringidos a tres. En todo caso es una norma existente que no se puede modificar, pero quizás se podría estudiar más adelante.

En cuanto a la materia que nos ocupa, no quiero ir al fondo de ella, porque ha sido absolutamente debatido y bien expuesto el informe de la Comisión, que es muy completo, y las intervenciones del Diputado señor Ignacio Walker y de la Diputada señora Pía Guzmán son consistentes en lo mismo y nadie puede tener dudas respecto de lo que ya se aprobó. Simplemente, quiero plantear que se produjo una discusión en la Comisión mixta, que no está reflejada en el texto del informe, que es el procedimiento de votación. Digo esto porque, para ser franco, hay varios parlamentarios que no estamos de acuerdo con la globalidad de la presentación. Unos estaban dispuestos a suprimir la pena de muerte respecto de determinados delitos y así lo plantearon y otros, a mantenerla por la significación que tenía y por los efectos que producía dentro del acontecer nacional.

A la inversa, hay algún tipo de planteamiento aprobado por la Comisión mixta, particularmente respecto del caso de la sodomía, sobre cuya solución que se postuló algunos no estamos de acuerdo.

Entiendo la explicación del Diputado señor Ignacio Walker y de la Diputada señora Pía Guzmán y discrepo de ella. Creo que aquí se despenaliza la sodomía, como se ha entendido, y que se crea una figura distinta respecto de los menores de edad.

Como esto fue objeto de una discusión larguísima en el primer trámite, me parece importante señalar, como concepto, que al final se opta por despenalizar la sodomía.

¿A qué voy? A que en la Comisión mixta y hay una antigua discusión reglamentaria respecto de si la Comisión puede recomendar que una materia se vote en parte o como un todo esto se discutió y se acordó votarlo como un todo. Por tanto, y sopesando los argumentos a favor y en contra y dejando en claro que muchos de los parlamentarios, por lo menos de un sector de esta bancada, somos contrarios a esa norma sobre la sodomía, y como consideramos, a la inversa, que el resto de las normas relativas al delito de violación y otros, son muy importantes para modernizar figuras que son expresamente actuales, por lo menos la recomendación a nuestra bancada es votarla a favor, lo cual no implica estar de acuerdo con cada una de las modificaciones, sino que el sistema de votación obliga a tomar una decisión sobre la materia.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos.

El señor BUSTOS (don Juan).-

Señor Presidente, la importancia del proyecto radica en tomar en serio que el objeto de protección en todos estos delitos es la libertad sexual. Por eso, un principio básico que se establece en esta materia es la igualdad de género. De allí que en cualquiera de estos delitos puede ser víctima tanto un hombre como una mujer, como también uno y otro pueden ser autores de ellos. Por eso mismo, no se toman en cuenta determinadas consideraciones en cuanto a condición o características de la persona. Se deja atrás, por lo tanto, aquella tradición de que la mujer casada no podía ser objeto de violación, como no podía serlo tampoco una mujer de vida licenciosa o alegre.

Por eso, dentro de esta misma perspectiva, queda muy claro que lo que se protege no son sentimientos de desagrado, de disgusto o de determinadas concepciones morales.

De allí que la sodomía queda sólo limitada a aquellos casos en los cuales aparece claro un abuso sobre la libertad de otra persona, y queda sólo restringida a aquellos en que hay un abuso sobre un menor.

Por otra parte y esto es importante se llega a una clasificación moderna de todos los delitos sexuales, especialmente desde el punto de vista de su gravedad.

Si bien se mantiene la antigua nomenclatura de violación o estupro, al considerarse todos, aparece claramente que hoy existen delitos graves contra la libertad sexual y otros de carácter menos grave, y, conforme a ello, por lo tanto, se establecen las penalidades correspondientes.

Por eso es que también hoy la violación aparece conceptualizada diferentemente de la tradicional, y de ahí que en ella se consideren tanto el acceso carnal anal, bucal o vaginal para comprender en este hecho punible a aquellos casos más graves de afectación de la libertad sexual.

Pero también esto es muy importante se hace una gran modificación en materia procesal, quizás como se dijo en la Comisión mixta la más trascendente de esta reforma, porque permitirá que estos delitos, cuya sanción hasta el momento tienen muy poca efectividad en la práctica, hoy tengan un cambio radical en su tratamiento y su penalización sea real. Por eso debe señalarse que por esta modificación importante, originada en una proposición del Diputado Elgueta , se introdujeron las reglas de la sana crítica y, por lo tanto, se dejó fuera la prueba tasada de nuestro Código de Procedimiento Penal, lo que permitirá al tribunal, con todos los antecedentes correspondientes, fundamentar si realmente existen tanto el hecho punible como la participación. Es decir, estos dos aspectos quedarán regidos por la sana crítica.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En el resto del tiempo de su Señoría, tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente, quiero reafirmar lo que ha dicho el Diputado Juan Bustos.

Hoy vamos a ratificar una modificación muy fundamental del Código Penal que dice relación con los derechos humanos. Las modificaciones tienden a afirmar el concepto de “libertad sexual”, expresión que, desgraciadamente, no pudimos poner como título, porque, para algunos sectores conservadores, la libertad sexual, en sus códigos, significa libertinaje sexual. Y no es así. La libertad sexual es un valor que significa que sólo la persona puede determinar sus conductas sexuales, su autodeterminación; y, en ese sentido, hemos dado un vuelco en este capítulo del Código Penal con respecto a la cultura patriarcal, que lo teñía absolutamente, que sospecha siempre de la sexualidad de las mujeres. Y hay dos hechos muy claros al respecto. Por ejemplo, víctimas eventuales del delito de estupro son todas las personas que tengan entre 12 y 18 años de edad y no sólo las doncellas de esas edades, como se exige hoy. Asimismo, se deroga el hecho de que el delito de violación se borre como por encanto cuando el victimario se casa con la ofendida.

Entonces, estamos frente a un hecho histórico de trascendencia enorme al desterrar esas visiones añejas en que estos delitos sexuales contra la integridad de las personas, su libertad y su bien más importante, eran considerados como al orden de la familia o al honor del padre, dejando a las mujeres, básicamente, en un lugar de absoluto infantilismo o protección mal entendida que les restaba su calidad de personas.

Quiero recalcar, además, que la sodomía tiene que ver también con la libertad sexual. Hemos discutido largamente en la Cámara y seguimos afirmando que hay estudios que demuestran que un 10 por ciento de la población presenta estas características y que, realmente, penalizar una relación libre, privada, entre personas es un concepto antiguo que ya ha sido superado largamente en un siglo que termina, básicamente, con el reinado para nosotros muy importante de los derechos humanos.

Quiero destacar también que la protección de los niños ha avanzado de manera muy importante. Al respecto se crea el nuevo delito de involucramiento de menores en acciones de significación sexual o en producción de material pornográfico que castigará a quienes, sin tomar contacto corporal con la víctima, afecten la indemnidad sexual del menor de doce años o la autodeterminación sexual del mayor de doce y menor de dieciocho. Porque también la libertad sexual y la autodeterminación pueden ser lesionadas por el engaño. En un país donde la educación sexual es proscrita por los sectores conservadores, muchas personas no tienen claros su realización a través de la sexualidad, su libertad y valoración en términos de su desarrollo.

Quiero destacar, en mi nombre y en el de mi partido, la importancia de los cambios en el procedimiento que se sigue y que permitirán que estos delitos, tan atentatorios contra la integridad de las personas tanto de niños, de niñas como de adultos, puedan realmente ser castigados. Hoy sólo un 10 por ciento de ellos lo son: existe impunidad. Y el cambio de procedimiento actualmente la víctima vuelve a ser victimizada con el procedimiento de investigación va a significar mayor eficacia en términos de que esos delitos no queden impunes.

Por lo tanto, creo que hoy es un día muy importante. La modificación apunta a una modernidad bien entendida en cuanto al respeto de los derechos de las personas.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín Nº 1510-07, sesión 17°, en 15 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.

Informe de la Comisión de Constitución, sesión 26°, en 10 de diciembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 5.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de ley sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado.

En el primer trámite constitucional, la Cámara aprobó un proyecto que consta de cinco artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias, cuyos objetivos son los siguientes:

Incorporar el principio de probidad administrativa, a través de una definición establecida en el artículo 7º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.

Agregar un título III a dicha ley para regular el principio recién enunciado, a fin de darle sustento legal y desarrollarlo de manera sistemática y coherente.

Incorporar en el ámbito administrativo las figuras de tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada.

Perfeccionar el régimen de incompatibilidades por conflicto de intereses entre la función pública y la actividad privada.

Establecer la obligatoriedad para determinadas autoridades y funcionarios de hacer declaraciones juradas de patrimonio y de intereses.

Regular la incorporación de ex funcionarios públicos al sector privado.

Señor Presidente, con el ánimo de sintetizar este proyecto, debatido en forma reiterada en la Comisión de Constitución y en la Sala de la Cámara, explicitaré los tópicos más fundamentales que han generado diferencias y discordia con el Senado, las que, de persistir, traerán como consecuencia el establecimiento de una Comisión mixta.

En primer lugar, hay una amplia discusión respecto de la responsabilidad que corresponde a la Administración del Estado ante una falta del funcionario. La Cámara se manifestó en concordancia con el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución, que dispone que toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar por el daño ante los tribunales que determine la ley. Luego, su actuación no podría afectar al patrimonio del Estado, sino al propio, dado que la responsabilidad se ejerce siempre sobre el patrimonio obligado.

El Senado sustituye el artículo 4º, por el siguiente: “El Estado y los organismos de la Administración del Estado con personalidad jurídica que lesionen derechos de cualquier persona estarán afectos a responsabilidad patrimonial por los daños que causen, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

En la discusión que esta modificación generó al interior de la Comisión, participaron asesores del Gobierno y los profesores de derecho administrativo señores Pierry y Pantoja , cuyas intervenciones la llevaron a recomendar su rechazo, pero con el ánimo de mejorar su redacción en la Comisión mixta.

El problema es cómo conciliar esta disposición con el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política del Estado, que establece la responsabilidad por parte de la Administración del Estado para que opere la indemnización de carácter patrimonial. ¿Es necesario que los actos que hubiere cometido el funcionario tuvieren la intención de inferir daño o bastan por sí solos? Más aún, si en el acto que hubiere generado daño patrimonial a un tercero el funcionario no hubiere violado la ley o la norma jurídica, lo que en la doctrina se denomina “acto de abuso de autoridad”, ¿opera la responsabilidad de parte de la Administración del Estado?

La Comisión recomienda rechazar esta enmienda del Senado para que en la Comisión mixta se vea la manera de hacerla compatible con la norma constitucional.

Otro aspecto importante que incorpora el Senado se refiere a los contratos administrativos. En efecto, agrega el siguiente artículo 8º bis: “Los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley.

“El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato.

“La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo”.

Según información que tenemos, el Ejecutivo está preparando una normativa que se ocupará de los contratos administrativos, especialmente aquellos que tienen carácter oneroso. Sin embargo, la Comisión consideró el agregado del Senado y aceptó la expresión “contrato administrativo” en un sentido amplio, de manera que involucre a todos los contratos de la administración del Estado, sin perjuicio de la legislación más especial que se dictará a posteriori y que se referirá a los contratos entre éste y particulares, cuyo carácter es administrativo patrimonial.

También generó gran debate la disposición que incorpora el principio de la transparencia y establece que las actuaciones de la administración del Estado deben ser públicas.

El Senado quiso ir más lejos en esta materia. Estableció un precepto donde desarrolla de manera más amplia el principio de la transparencia; obliga a los funcionarios de la administración del Estado a observar el principio de probidad administrativa; especifica que la transparencia en el ejercicio de la función pública consiste en permitir y promover la publicidad de los procedimientos; consagra la publicidad de la actuación en la administración, a menos que la ley disponga la reserva o el secreto.

En definitiva, establece un principio cuya incorporación es fundamental. Sin embargo, se hizo hincapié en que en la Comisión se encuentra un proyecto de ley que regula, de manera detallada, pormenorizada, con un procedimiento claro y preciso, el acceso a la información administrativa y fija una serie de restricciones y resguardos. Por eso, se acordó recomendar el rechazo de la disposición del Senado.

Por otra parte, el Senado incorporó un inciso nuevo al artículo 47, en el cual se señala: “Las promociones deberán efectuarse, según lo disponga el estatuto, por concurso, al que se aplicarán las reglas previstas en el artículo anterior, o por ascenso en el respectivo escalafón”.

Lo importante, en definitiva, es que se incorpora, como principio fundamental en la promoción de los funcionarios públicos, la institución del concurso. Esta adición fue aprobada por la Comisión.

Otra materia que generó gran debate dice relación con la incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y el de una profesión, oficio, industria o comercio de carácter particular. En este aspecto, se mantiene la idea matriz de establecer la incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y otra actividad de carácter particular que ocupe horarios que coincidan, total o parcialmente, con la jornada de trabajo asignada. No se incluye la prohibición de usar instalaciones de la administración por estimarse que la materia está suficientemente reglada.

Es de la mayor relevancia el inciso que dice relación con la actividad desarrollada por ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora, que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a su fiscalización. No sólo se señala la incompatibilidad en el ejercicio del cargo, sino que ésta se prolongará hasta seis meses después del término de la misma.

Esta norma es de suma importancia, por cuanto son numerosos los casos de funcionarios públicos que han ejercido labores fiscalizadoras en superintendencias o en instituciones como la Conama, encargada de supervisar acciones en materia medioambiental; el Servicio Nacional de Pesca, en el sector pesca, o la Conaf, quienes rápidamente son contratados por empresas que fueron fiscalizadas por ellos mismos, con lo cual se genera un traspaso de influencia y de información en beneficio de aquéllas. Más aún, opera una verdadera grúa por parte de instituciones privadas para atraer a funcionarios que poseen información privilegiada y conocen los diversos vericuetos del poder y de la fiscalización, con el objeto de usar sus conocimientos en provecho propio.

La idea inicial era que el plazo de vigencia de la incompatibilidad fuera de un año, pero el Senado lo redujo a seis meses. ¡Ojalá que en ese tiempo el ex fiscalizador olvide la información privilegiada que posee! Lo veo bastante difícil, pero, de todas maneras, es una importante señal a fin de que la fiscalización sea transparente.

La Cámara de Diputados y el Senado están de acuerdo con la idea matriz de establecer estas incompatibilidades. El Senado hizo algunas adiciones, que son más de carácter formal que de fondo y, por lo tanto, hubo unanimidad en aprobar la enmienda.

Otra materia que generó bastante polémica y discusión y que no fue aprobada por la Comisión dice relación con la declaración de intereses que incorporó la Cámara de Diputados, además de la relativa al patrimonio, con el objeto de hacer efectivos los principios de probidad y de transparencia de los actos de los funcionarios públicos.

El Senado consideró innecesario mantener la obligación de exigir una declaración jurada de patrimonio cuando el funcionario se incorpora a la administración del Estado y estimó que bastaba con la declaración de intereses; pero varios diputados, entre ellos el informante, estimamos conveniente establecer una suerte de fotografía patrimonial del funcionario que ingresa a la administración del Estado, la cual deberá repetirse en el momento de dejar la función pública, a fin de observar si durante la permanencia en el cargo de la autoridad o del funcionario público hubo un enriquecimiento no compatible con la remuneración percibida.

Desde los puntos de vista jurídico y judicial, de la responsabilidad y del establecimiento de alguna sanción, no es muy viable ni tiene grandes efectos prácticos la declaración jurada de patrimonio, pero sí la tiene respecto de la imagen pública, pues, sin lugar a dudas, parecería bastante sospechoso que una persona ingresara a la administración del Estado poseyendo un inmueble y terminara su ejercicio con cuatro o con un patrimonio claramente superior. Es cierto que ese hecho no basta ni es elemento fundamental para determinar algún tipo de falta o de conducta irregular del funcionario, pero sí clarifica la imagen al momento de regular el principio de probidad.

La Comisión acordó insistir en el criterio original de esta Corporación en cuanto a mantener tanto la declaración jurada de patrimonio como la de intereses. La primera es directa y permite observar, en la de intereses, si hubo o no aumento del patrimonio del funcionario. La declaración de intereses no pasa de ser una entelequia, pues el ejercicio del cargo en beneficio de intereses propios sólo se demostrará con el incremento del patrimonio. Es muy difícil probar de otra forma la existencia de un aprovechamiento particular por parte del funcionario público.

Hay una serie de materias a las cuales no me voy a referir de manera pormenorizada, ya que sólo tienen por finalidad armonizar la norma jurídica. Sin embargo, éste es un proyecto que lleva muchos años de trámite legislativo. La opinión pública ha sido debidamente informada de ello y lo ve como algo muy necesario, no en aras de superar una imagen desmejorada de la Administración Pública, sino de otorgar mayor confianza y credibilidad a una función que, muchas veces, es vilipendiada sin mayores argumentos ni justificación.

El principio de probidad administrativa, establecido y regulado en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, incluye a las instituciones a que ya he hecho mención, con sus consiguientes incompatibilidades. Por eso, ésta es una señal muy importante que la Corporación puede entregar a la ciudadanía, en el sentido de que la Administración tiene limitaciones, restricciones y, además, una norma que sanciona su incumplimiento.

Por último, deseo destacar que estas normas implican la incorporación de un título completo en una ley orgánica. Por ello, para su aprobación se requiere de un quórum alto.

He dicho.

El señor MESÍAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, tal vez no haya actividad más escrupulosamente fiscalizada y controlada que la de los funcionarios públicos.

Desde muy temprano, en la República se dictaron leyes que evidenciaban una preocupación por las conductas y actividades de los funcionarios públicos. El Código Penal y el Estatuto Administrativo ahora derivado hacia los funcionarios municipales, de la salud, y otros, conforman una amplia gama de preceptos legales tendientes a controlar, fiscalizar y sancionar los actos de corrupción. A ello debe agregarse la labor que realiza la Contraloría General de la República.

Además de lo anterior como se desprende de la relación efectuada por el Diputado señor Luksic , aparece claro que el Senado también ha incorporado en estas disposiciones de probidad y de transparencia administrativa a los Poderes Legislativo y Judicial, al Presidente de la República y a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Quiero recordar que esta Cámara sancionó un proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Interamericana contra la corrupción, adoptado en Caracas el 29 de marzo de 1996, donde, en especial, se recomendaba a los Estados miembros sancionar el delito de enriquecimiento ilícito cometido por el funcionario público que, durante el ejercicio de sus labores, incrementara su patrimonio en forma significativa con respecto de sus ingresos legítimos, sin justificación razonable.

En 1994, el Presidente de la República formó una comisión de ética pública, la cual propuso que nuestro país debía contar con una ley de probidad. Dicha iniciativa se encuentra actualmente en trámite legislativo en esta Cámara. Luego de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia observara ciertas materias, ellas fueron rechazadas, determinándose finalmente que fueran resueltas por una Comisión mixta.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, nuestro Código Civil la establecía por los actos de sus funcionarios, y así se había estado aplicando. Sin embargo, la Constitución de 1980, modificada en el Plebiscito de 1989, en el inciso segundo del artículo 38, establece: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

En este aspecto, la Cámara de Diputados se limitó a modificar el artículo 4º de la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, repitiendo prácticamente el artículo 38 de la Carta Fundamental, sin derogar el artículo 44 de la citada ley, lo que fue alterado sustancialmente por el Senado. Esa disposición establecía: “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de atención, pudiendo el Estado demandar al funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.

El Senado derogó del artículo 44 de la ley de Bases y modificó su artículo 4º, lo que adquiere gravedad especial en varios sentidos.

En primer lugar, el nuevo artículo 4º propuesto por el Senado dice: “El Estado y los organismos de la Administración del Estado con personalidad jurídica que lesionen derechos de cualquier persona estarán afectos a responsabilidad patrimonial por los daños que causen,...”.

Mediante esta redacción, es posible que el Poder Legislativo, al dictar una ley, cause perjuicio a terceros. En consecuencia, el Estado debería ser responsable y pagar los daños a esos terceros afectados o perjudicados a través de una ley, teoría que, por lo demás, no parece estar tan fuera de la realidad, puesto que en la revista “Derecho y Jurisprudencia” el profesor Hugo Caldera Delgado publicó un artículo llamado “La responsabilidad extracontractual”, en el cual concluye que el Poder Legislativo, como órgano del Estado, puede lesionar a terceros y, en consecuencia, éste debería pagar los perjuicios correspondientes.

Al respecto, mirando la historia legislativa a partir de 1990, recuerdo lo sucedido con la Ley de Pesca. En esa época se llegó a un acuerdo político, y el Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz presentó la indicación de que las personas naturales o jurídicas que resultaran perjudicadas por dicha ley fueran indemnizadas por el Estado. Sin embargo, esa norma fue suprimida en Comisión mixta.

En mi opinión, con la incorporación de este artículo 4º, el Senado está repitiendo lo que ocurrió entonces, en cuanto a que el Estado puede lesionar derechos de cualquier persona. Por ejemplo, hace poco tiempo, aprobamos la ley sobre filiación. ¿Acaso un hijo legítimo podría presentarse diciendo que resultó perjudicado por la dictación de esa ley, debido a que deberá compartir sus derechos con personas que no gozan de la misma legitimidad?

Creo que este aspecto fue incorporado por el Senado no sé si de buena o mala fe, en este artículo 4º, al sugerir que determinada ley podría afectar a terceros. Además, la derogación del artículo 44 de la ley de bases generales de la Administración del Estado por el Senado implica que sean los tribunales de justicia los que determinen si existe responsabilidad extracontractual del Estado. Dicho artículo establece que esa responsabilidad se refiere sólo al daño causado por falta de servicio, es decir, cuando el Estado, por incumplimiento de las normas jurídicas y reglamentarias, lesiona a alguien. De acuerdo con la tesis del Senado, podría ocurrir que, no obstante cumplir con dichas normas, un órgano del Estado podría perjudicar a alguien, caso en el cual también sería responsable.

Éste es uno de los puntos de discrepancia, y la Cámara resolvió que debería ser dilucidado por la Comisión mixta.

Otro aspecto controvertido como lo señaló el diputado informante es la eliminación de la declaración de patrimonio por autoridades, parlamentarios y altos funcionarios. Deja subsistente la declaración de intereses vinculados a negocios en las decisiones públicas que deben tomar.

Creo que el patrimonio que declaran las autoridades, parlamentarios y altos funcionarios al asumir sus funciones constituye un inventario plenamente identificado que permitirá determinar sobre la base de las adquisiciones que efectúen, durante el lapso en que se mantengan en funciones, si están procediendo con austeridad y actuando de acuerdo con sus ingresos. Así, al cesar en sus funciones, y después de contrastar los dos inventarios, no cabe duda de que la opinión pública podrá juzgar de qué manera han ejercido sus cargos. Por lo demás como ya lo señalé, en el proyecto de acuerdo sobre Convención contra la corrupción, aprobado por nuestro Parlamento, se incluye la recomendación de tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, que se mide, precisamente, por las adquisiciones, enajenaciones y el inventario de bienes corporales o incorporales de dichas personas.

Esta materia relativa al inventario está presente en todo el proyecto, de modo que las muchas indicaciones respecto de las cuales se pronunciará la Comisión mixta dependen de la existencia o inexistencia de la declaración patrimonial.

Un tercer aspecto que interesa a la Cámara es el relativo a la transparencia y fuentes de información. Ambas cámaras estuvieron de acuerdo en que debe existir publicidad y facilidades para acceder a la información, con excepción de aquello que sea reservado o secreto y que diga relación con el cumplimiento adecuado de las funciones, con los derechos de las personas, con la seguridad nacional o con el interés nacional. Sin embargo, se encuentran en trámite legislativo otros proyectos relacionados con la misma materia. En realidad, son tres los proyectos en los cuales podría incluirse lo referente a la transparencia: el de prensa; el relativo a la transparencia, las fuentes de información y las actuaciones desarrolladas en la Administración del Estado, y la iniciativa en discusión. En consecuencia, hay que dilucidar en cuál de ellos quedará incorporada esta materia.

Por último, la Cámara rechazó algunas disposiciones sobre procedimientos para la aplicación de multas, señalando que su reclamación deberá ser resuelta en cuenta por las cortes de apelaciones. Esto significa, en la práctica, una especie de negación de justicia, por cuanto las causas que son conocidas en cuenta no admiten alegatos, y no existe un adecuado proceso. Como, además, se crean tres o cuatro procedimientos para distintas materias en las cuales se imponen multas, la Comisión estima que este asunto debería adecuarse para que exista un procedimiento único.

Termino señalando que éstas son las principales modificaciones del Senado, respecto de las cuales la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara formuló reparos.

He dicho.

El señor MESÍAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, como otros parlamentarios abordarán en general las modificaciones del Senado, quiero referirme específicamente al artículo 57, porque, desde mi punto de vista, cuando se trata un proyecto sobre probidad administrativa es fundamental incorporar la inhabilidad que comentaré. Sin embargo, no ocurrió así ni en la Cámara ni en el Senado.

El artículo 57 establece una serie de inhabilidades para ingresar o permanecer en la Administración Pública y, al iniciar mi intervención, pido que se vote en forma separada.

Para fundamentar mi petición, quiero hacer una historia de esta disposición. Originalmente, cuando este proyecto de ley fue tratado en su primer trámite constitucional y reglamentario por nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, este artículo contemplaba una letra d), que establecía como inhabilidad el consumo de drogas para ser funcionario público.

Cuando dicha disposición se trató en la Sala, se perdió por dos votos; por lo tanto, la letra d) fue rechazada en su oportunidad. Esperaba que, por su importancia, fuera repuesta en el Senado; sin embargo, no ha sido así. Por eso, rechazaré el artículo 57 para ver la posibilidad de reponer aquélla, eventualmente, en la Comisión mixta.

Señalo lo anterior, por cuanto desde mi punto de vista se trata de una disposición fundamental, que debe estar incorporada en esta normativa.

Debo señalar que ésta no es sólo mi opinión, sino también la opinión mayoritaria de la Comisión de Drogas, del Ministerio del Interior es decir, del Gobierno y del Consejo Nacional para Control de Estupefacientes, Conace , máximo organismo asesor en la materia.

Básicamente, los argumentos son los siguientes:

En primer lugar, los funcionarios públicos, sin duda alguna, no sólo representan la fe pública, sino también al Estado. Ellos son los encargados de evitar que se propague la droga, de investigar y sancionar a las personas que trafican o son parte de organizaciones criminales de gran poder corruptor.

Sin temor a equivocarme, afirmo que las organizaciones de narcotráfico representan el mayor grado de peligrosidad en nuestra sociedad; incluso, diría, que son más peligrosas que las organizaciones terroristas. De hecho, en muchas partes del mundo se ha unido el terrorismo y el narcotráfico.

En segundo lugar, se trata de organizaciones criminales que operan a nivel internacional y cuya presencia se ha demostrado en Chile. En el caso de Losada, se ha acreditado que operaba sobre la base del cartel de Cali, lo mismo que del de México. También se ha recibido información de que la mafia italiana está actualmente en nuestro país. En el caso del “cabro” Carrera, se demostró el gran poder de corrupción de estas organizaciones, vinculadas incluso al Poder Judicial, en una de sus cortes de apelaciones.

Si analizamos brevemente lo ocurrido en Chile en los últimos 4 ó 5 años, constataremos que, de manera directa o indirecta, todos los poderes del Estado se han vinculado al tema de la droga a través de sus funcionarios.

No cabe la menor duda de que la primera finalidad de toda organización de narcotraficantes es el debilitamiento de los poderes públicos, dado que sólo de esta manera tienen el camino libre para ejercer su negocio y continuar con el efecto devastador que éste provoca en nuestra sociedad.

En dicho marco, debemos ejercer nuestra responsabilidad de fortalecer y proteger los poderes públicos. Una de las maneras eficaces de hacerlo es prevenir o evitar que ocurran ciertas conductas que debilitan la acción del Estado.

No se trata de desprenderse, lisa y llanamente, de funcionarios públicos que sean consumidores. Se trata es el planteamiento que haremos en la Comisión mixta de dar una oportunidad de rehabilitación a dichos funcionarios, quienes, en caso de reincidencia, deben dejar la Administración Pública. Es decir, la señal es clara: se establece la incompatibilidad, mediante la cual, tanto para ingresar a la Administración Pública como para mantenerse en ella, daremos una señal muy potente y clara.

Inicialmente se les tratará como a enfermos y se les dará la alternativa de someterse a tratamiento; pero en caso de continuar con la adicción, se pone término a la relación laboral y, de esa manera, se impide que permanezcan en la Administración Pública.

En nuestra legislación se ha establecido la incompatibilidad en algunos casos particulares, como en los oficiales y personal de gente de mar; en el personal de Gendarmería de Chile y Policía de Investigaciones; en los militares y personal aeronáutico; es decir, está bastante acotada en la ley de Drogas. Sin embargo, dado el nivel de participación de los funcionarios públicos de los distintos poderes del Estado, parece fundamental que esta disposición se aplique a todos los funcionarios públicos, como una manera de fortalecer a los poderes públicos ante el gran poder corruptor de las organizaciones de narcotraficantes.

En consecuencia, estimo esencial que la Corporación rechace el artículo 57 y que en la Comisión mixta se pueda reponer la letra d), originalmente prevista por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en la discusión del primer trámite reglamentario de este cuerpo legal.

He dicho.

El señor MESÍAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señor Presidente, antes de intervenir, quiero concederle un minuto al Diputado señor Elgueta para que conteste al Diputado señor Orpis.

El señor MESÍAS (Vicepresidente).-

Reglamentariamente, no corresponde, señor diputado.

El señor WALKER (don Patricio).-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, comentaré el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto sobre probidad administrativa de los órganos de la Administración del Estado.

Destaco como altamente positivo el proyecto, dado que, a mi juicio, regula de manera adecuada el tráfico de influencias, el uso indebido de información privilegiada y, en general, el conflicto de intereses entre cuestiones públicas y privadas. Sin embargo, hay un aspecto de la iniciativa que, según mi parecer, en el Senado sufrió un claro deterioro.

El artículo 60 de la Cámara establecía para las más altas autoridades públicas del Estado Presidente de la República, parlamentarios, ministros, subsecretarios, embajadores, directores de empresas del Estado, consejeros del Consejo de Defensa del Estado, jefes de servicios públicos, oficiales de las Fuerzas Armadas la obligación de presentar “una declaración jurada de patrimonio y de intereses dentro de los treinta días siguientes a la asunción del respectivo cargo o función”. Lamentablemente, el Senado, en el segundo trámite constitucional, eliminó la exigencia de establecer la declaración jurada de patrimonio.

Con la redacción de la Cámara de exigir a las más altas autoridades públicas de la nación no sólo insisto la declaración de intereses, sino también del patrimonio, se pretendía establecer, ni más ni menos, una norma que, en la prevención y el combate a la corrupción, operara con fuerza y transparencia, de manera que la ciudadanía conociera con claridad la situación patrimonial de la autoridad al momento de asumir el cargo y al momento de dejarlo.

El sentido de esa exigencia apuntaba a que no se produjeran casos de enriquecimiento originados por conductas irregulares en que la autoridad haya incurrido en el ejercicio del cargo. Me refiero a ingresos que no se pueden justificar en razón de las remuneraciones y a casos en que se favorece un determinado interés particular.

La Comisión Nacional de Ética Pública recomendó a la Cámara de Diputados incorporar la obligación de declarar no sólo intereses, sino también patrimonio, para establecer de manera clara y categórica un efectivo control social sobre la gestión pública.

Por tal motivo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha estimado conveniente rechazar, con la oposición de los parlamentarios de los partidos de Derecha, la modificación introducida por el Senado para establecer una manera efectiva y eficaz de controlar casos de enriquecimiento en el ejercicio de los cargos. A juicio de los parlamentarios de la Concertación que participamos en el debate de la Comisión, este aspecto resulta tremendamente vital y fundamental para evitar casos de enriquecimiento ilícito y sancionar casos de falsedad. Si en este país queremos pasar del discurso a los hechos en el tema de que haya mayor sobriedad y austeridad de las personas que hoy asumen cargos en la Administración del Estado cargos importantes que requieren responsabilidad y donde se toman decisiones relevantes, debemos dar una señal clara y categórica en el sentido de que los cargos públicos no son para servirse de los demás, sino para servir a los demás.

En ese sentido, creo fundamental que exista un incentivo para que los servidores públicos honestos que acceden a un cargo público no para utilizarlo en su beneficio personal o enriquecerse sin causa justificada, encuentren, en definitiva, que no serán contaminados con prácticas que atentan contra la probidad por parte de otros funcionarios que ejercen cargos importantes, y de manera clara haya un desincentivo para aquellos que sólo buscan el lucro personal sin reconocer límite alguno.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rincón.

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, mi intervención tiene por objeto reafirmar la necesidad de establecer la incompatibilidad absoluta entre funcionario público y consumidor de drogas. Habría sido ideal reponer lo propuesto en el primer trámite reglamentario por la Comisión, pero, dado que no podemos hacerlo, llamamos a rechazar el artículo 57 del Senado, puesto que en el actual régimen de incompatibilidades no se contempla la incompatibilidad absoluta entre ser funcionario público y consumidor de drogas.

En esta controvertida materia algunos sostienen que el establecer una incompatibilidad en términos tan generales, que involucre a todos los funcionarios de la Administración Pública, constituiría una narcotización del tema al interior de la misma. Si bien es verdad que ese argumento podría tener alguna base, más todavía cuando no es igual exigir el no consumo, por ejemplo, al chofer de una institución pública, a un administrativo de un servicio público, que al respectivo jefe de dicho servicio, al ministro o al subsecretario, no es menos cierto que respecto de lo que se denomina la doctrina de las funciones críticas, es decir, de jefatura, con niveles de responsabilidad mayor, como los indicados, dicho argumento no tiene validez alguna, y en cuanto a esos casos se debe contemplar la incompatibilidad entre desempeñar tal función pública, con carácter de jefatura, directivo, y el ser consumidor de drogas.

Además, siempre hemos señalado que la incompatibilidad debe ir acompañada de la posibilidad de tratamiento y rehabilitación. Por tanto, no significa que estando el funcionario en cumplimiento de su cargo, deba ser expulsado de la Administración Pública. Al menos, debe tener la posibilidad de rehabilitarse y una segunda oportunidad en términos de su relación contractual con la Administración Pública. Así que, en ningún caso, hemos pretendido establecer un sesgo respecto de todos aquellos funcionarios que, estando en la misma posición, puedan ser objeto de la aplicación de un test de droga, determinado su consumo y, en consecuencia, su expulsión de la Administración Pública. Como fue rechazado en la Cámara cuando se discutió en el primer trámite constitucional, no fue repuesto en el Senado en el segundo, ni podemos renovarlo por procedimiento interno en este debate, llamamos a los diputados a rechazar el artículo 57 propuesto por la cámara revisora, que establece el régimen de incompatibilidades en los términos en que está redactado, por no contemplar la incompatibilidad entre ser funcionario al menos respecto de las funciones críticas y consumidor de drogas.

Además, consta en las actas de la Comisión Especial de Drogas de la Cámara que es un acuerdo unánime de todos sus miembros y, por tanto, de todos los partidos políticos que la componen, el llamar a rechazar este artículo, para así, en Comisión mixta, discutir, en definitiva, el establecimiento de lo que constituiría una señal clara de la voluntad política de la Corporación sobre el tema.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Quedan dos minutos para el término de la discusión, señor diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, trataré de ser lo más breve posible dentro del tiempo que me queda. Creo que éste es uno de los proyectos más importantes que hemos tratado en la Cámara, y me refiero a ello porque, francamente, la corrupción es uno de los problemas más serios que nos ataca como país y que no es sólo monopolio de Chile, sino signo de los tiempos.

Coincido en que hay que insistir en el artículo que se refiere a la declaración de los bienes y de los intereses aprobado por la Cámara de Diputados. La eliminación, por el Senado, de la referente al patrimonio, es perjudicial, pues resulta indispensable que aquellas personas que ocupan altos cargos públicos hagan una declaración de bienes e intereses.

No logramos nada con sancionar proyectos si no aprobamos los catorce que están pendientes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que mejoran la facultad fiscalizadora de la Cámara y que, justamente, tienen por objeto atacar en forma global el problema de la corrupción.

Me referiré a un par de proyectos específicos que yo mismo he presentado junto a otros parlamentarios. El primero sanciona a aquellos funcionarios públicos que, invitados a una comisión investigadora de la Cámara, vienen a mentir. Actualmente les sale gratis dar cualquier versión o decir lo que estimen conveniente, aunque no tenga ninguna relación con la realidad.

Y así sucede con una serie de proyectos que establecen plazos y mecanismos que mejoran la fiscalización de la Cámara de Diputados, elemento indispensable para determinar aquellos actos en que ha habido corrupción y una señal clara a quienes quieran meter las manos en la Administración Pública para que no lo hagan.

Es también importante decir que este proyecto de ley no contiene, como todos quisiéramos, las 41 medidas que la Comisión Nacional de Ética Pública formuló a petición de su Excelencia el Presidente de la República. Sería importante que se incorporaran en un proyecto alternativo.

Un tema que tampoco contiene la iniciativa, pero que sería importante planteárselo al Gobierno, dice relación con el proyecto sobre los tribunales de lo contencioso-administrativo, que se encuentra en el Parlamento, donde ya ha cumplido algunos trámites.

A todos los que estudiamos derecho, nuestros profesores e, incluso, el propio Contralor General de la República, don Arturo Aylwin , en clases de derecho administrativo, nos manifestaban lo fundamental que era la creación de los tribunales de lo contencioso-administrativo para enfrentar la corrupción en la Administración Pública.

El proyecto está aquí en la Cámara. Impulsémoslo; pidamos nuevamente al Presidente de la República que califique su urgencia.

Un tema que tampoco contiene el proyecto es el referido a las indemnizaciones que se otorgan, a todo evento, a los funcionarios de las empresas del Estado.

Hemos tenido un nefasto ejemplo en el caso de Codelco, donde desaparecieron doscientos y tantos millones de dólares. Aquellos funcionarios que eran los responsables de resguardar los recursos del Estado y que éstos se invirtieran bien, obtuvieron suculentas indemnizaciones que, en un principio, se hizo la faramalla de depositarlas en una notaría; sin embargo, después igual se cobraron.

Es inmoral que en nuestra Administración Pública y en las empresas del Estado se establezcan indemnizaciones a todo evento. Cuando se transgrede la ley, éstas se deben perder como una señal clara en contra de la corrupción.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Ha terminado el Orden del Día.

Queda pendiente la discusión de este proyecto.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Corresponde votar el proyecto de ley que perfecciona normas del área de la salud.

Llamo al orden al Diputado señor Manuel Bustos, porque no está permitido el uso de teléfonos celulares en la Sala.

Hay una petición formulada por diversos diputados durante el largo debate del proyecto para que la Mesa se pronuncie acerca de la admisibilidad de la indicación aprobada en la Comisión de Salud en relación al inciso segundo de la letra d) del Nº 1 del artículo 1º, que a la letra señala: “Las instituciones de salud previsional deberán reembolsar al Estado el gasto por las prestaciones y actividades que den cumplimiento a programas de cobertura nacional y por aquellas que la ley obligue”.

Sin pronunciarse respecto al sentido de la norma o lo que ésta busca desde un punto de vista de justicia, por así decirlo, la Mesa declara inadmisible la indicación por ser inconstitucional.

Se trata, en primer lugar, de una norma que se enmarca dentro de las materias de seguridad social de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La seguridad social ha sido definida como el conjunto de principios que reconoce a todo ser humano el derecho a los bienes indispensables para prevenir sus contingencias sociales y cubrir sus efectos.

Ello significa que a la seguridad social no sólo le corresponde la prevención de los llamados riesgos sociales, sino también la cobertura de los efectos que produzcan una vez acaecidos. Por tanto, en la concepción de riesgos sociales se consideran los de origen patológico, enfermedades, invalidez y accidentes del trabajo; de origen biológico, maternidad, vejez y muerte, y de origen económico-social, paro forzoso y cargas familiares. En definitiva, lo anterior lleva a concluir que la seguridad social comprende el tema relativo a la salud y su protección. Se pueden citar como ejemplo de normas sobre la salud comprendidas en el ámbito de la seguridad social, la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la ley de medicina preventiva y la ley de medicina curativa.

Tema distinto es lo relativo a la administración del sistema de seguridad social. Con la dictación de la Constitución del 80, el rol que le corresponde al Estado es subsidiario, de carácter normativo y de control, quedando la administración del sistema en manos privadas en lo relativo a la previsión y en las instituciones de salud previsional en materia de salud.

En armonía con los principios de libertad de elección inspiradores de dicha Constitución, se permitió a los afiliados optar por una administración de salud pública o privada a cambio de la cotización obligatoria, pero formando ambas administraciones un todo orgánico y único, parte integrante de la seguridad social.

En el caso específico que se consulta ocurre lo mismo que en el subsidio maternal que recibe la madre por descanso prenatal y post natal, el cual es financiado con cargo al fondo único de prestaciones familiares, de origen estatal, sea que la cotizante pertenezca al sistema de salud público o privado.

Efectivamente, las prestaciones otorgadas en virtud de los planes generales de salud son financiadas sólo en parte con la cotización de los afiliados al Fonasa, ya que su mayor proporción se cubre con recursos directamente proporcionados por el Estado a través de la ley de presupuestos en el ítem correspondiente al Ministerio de Salud.

Ello se condice con ciertas prestaciones que el Estado puede proveer para paliar algunos de los efectos de las llamadas contingencias sociales.

Por estas razones, cualquier disposición legal que pretenda regular los beneficios o prestaciones que en materia de salud deba otorgar el sistema de seguridad social vigente, como asimismo el financiamiento de los mismos, corresponde a aquellas materias que la Constitución reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 6 de su artículo 62.

En segundo lugar, declaramos la inadmisibilidad porque esto podría implicar tributos. El Nº 1 del artículo 62 de la Constitución reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente: “Imponer, suprimir, reducir o condonar los tributos de cualquier clase o naturaleza”.

El Tribunal Constitucional ha establecido mediante sentencia del 16 de mayo de 1994, que el concepto tributo comprende cualquier obligación pecuniaria que la ley impone a las personas para el cumplimiento de los fines de bien común propios del Estado. En tal sentido, la indicación en comento implicaría imponer a las instituciones de salud la carga económica consistente en restituir aquellos recursos utilizados en los planes generales de salud cuando los beneficiarios de los mismos sean cotizantes del sistema privado.

Por estas dos razones, declaramos inadmisible la indicación que comprende el inciso segundo de la letra d) del Nº 1 del artículo 1º.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Desde un punto de vista formal, corresponde discutir la declaración. Se otorga la palabra por cinco minutos para intervenir en contra de la inadmisibilidad que entiendo es lo que hizo el Diputado señor Aguiló y también por cinco minutos se concede la palabra para argumentar a favor de la declaración de inadmisibilidad.

Para hablar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, quiero refutar la argumentación de la Mesa.

La actual situación de la materia que nos ocupa tiene aspectos de hecho y de derecho.

Por desgracia, creo que han sido escasamente comprendidos los puntos de hecho involucrados en la discusión. Si acciones de salud, como programas de vacunación y otros, para beneficiar al conjunto de la población o para cumplir los objetivos que se propone la autoridad sanitaria, fueran financiadas por los recursos de la nación, no se ve razón alguna para que se pida a un segmento o a uno de los subsistemas de seguridad social que financie la parte que corresponde a los afiliados de aquél. Pero lo que no considera la Mesa, y que es relevante, es que una parte sustantiva del financiamiento de estas acciones de salud no proviene de las arcas fiscales, sino de los cotizantes de uno de los dos subsistemas de seguridad social que existen en el país; el subsistema público o el Fondo Nacional de Salud; y esto es lo que hace enteramente desigual frente a la ley el tratamiento que hoy se plantea en la disposición vigente.

Para que los colegas puedan votar con pleno conocimiento de los antecedentes, diré que el 50 por ciento del financiamiento del Fondo Nacional de Salud proviene de la cotización directa de quienes están afiliados a Fonasa y no a las Isapres; sin embargo, financian las acciones de salud que benefician al conjunto de la población, incluso a los afiliados a las Isapres.

Entonces, lo único que se pretende es restituir justamente la igualdad frente a la ley; es decir, que las acciones de salud general emprendidas por el Estado el ejemplo más nítido son los programas nacionales de vacunación sean financiadas por los cotizantes de los sistemas de seguridad social del país afiliados a Fonasa o a las Isapres, y no sólo por quienes pertenecen a uno de los dos subsistemas, al Fonasa.

Eso significa que el financiamiento de un programa nacional de vacunación provendrá, en la misma proporción, de quienes están afiliados a los sistemas de seguridad, tanto de Fonasa como de las Isapres. Como ya se da el aporte de Fonasa, falta el de las Isapres; si no apenas una parte de los chilenos estamos financiando el conjunto de las acciones de salud en beneficio del resto de la población.

Desde ese punto de vista, en verdad no se altera ninguna disposición constitucional respecto de la organización de los sistemas de seguridad social en salud; siguen afiliados a Fonasa quienes son beneficiarios del subsistema público y siguen afiliados a las Isapres quienes optaron por el sistema privado. Lo que afirmamos es que aquellos bienes de salud que van al conjunto de la población indistintamente a unos y a otros se financien mediante cotizaciones que afecten al conjunto de los cotizantes. A nuestro juicio, esto no afecta a ninguna norma constitucional y, desde luego, tampoco, a la integración y conformación del sistema de seguridad social en nuestro país.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Ofrezco la palabra para hablar a favor de la declaratoria de inadmisibilidad.

Tiene la palabra el Diputado señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, bien ha hecho la Mesa en recoger el reclamo de inconstitucionalidad que, por lo demás, también fue sostenido por las autoridades del Ministerio de Salud en la Comisión.

El tema de fondo radica en que la esencia de estos bienes públicos de salud los programas de inmunización, de alimentación complementaria, de medio ambiente y otros es que constituye un deber ineludible del Estado el acceso y la protección a la salud, como lo consagra nuestro texto constitucional. Respecto de estos bienes públicos, ello se debe hacer bajo el principio de que dichas prestaciones de salud son independientes del sistema previsional al cual estemos adscritos los chilenos.

El precepto constitucional establece el derecho a discriminar, pero no a la discriminación arbitraria justamente donde cae esta indicación como sucede con esta disposición, al obligar a unos y liberar a otros del reembolso. Así ocurre con los que cotizan en el Fonasa y con quienes no cotizan en sistema previsional alguno y que, como esta honorable Cámara sabe, alcanzan al 12 por ciento de los chilenos.

Por eso, al establecer que las instituciones de salud previsional deberán reembolsar al Estado el gasto por las prestaciones y actividades que den cumplimiento a programas de cobertura nacional, está consagrando una norma contraria al principio constitucional, puesto que, como he dicho, esto es independiente del sistema previsional que se tenga. ¿Qué razón habría para que este poder del Estado libere de tal carga a unos y ponga el peso de la misma a otros?

El diputado que me antecedió en el uso de la palabra señaló que esto ya es compartido en el gasto de salud, pero es de la esencia del proyecto en debate, que también hace por primera vez que la totalidad de las cotizaciones de salud del sistema público, del Fonasa, sean de propiedad exclusiva de los cotizantes. De manera que no existe una posición compartida, por así decirlo, sino que las prestaciones ya están siendo financiadas por el erario, o sea, por todos los chilenos, ricos y pobres, que contribuyen a este bien público, en que la esencia de su éxito radica, justamente, en la universalidad de su aplicación y, tal como me referí en ocasiones anteriores, en garantizar los debidos parámetros técnicos.

Los planes de inmunización, sobre todo, tienen efecto en la medida en que cubran, al menos, al 90 por ciento de la población. Mal haríamos en poner una carga adicional a quienes hoy lo tienen por derecho propio, porque también, como lo consagra nuestra Constitución, es obligación del Estado garantizar el debido acceso a la salud a todos los chilenos.

En consecuencia, por el principio de la no discriminación arbitraria que establece nuestra Constitución, no puede consagrarse una arbitrariedad en esta materia. Ello, sin entrar en los contenidos de fondo o en las implicancias que podría tener aprobar una indicación sobre las políticas de salud pública, más aún cuando el propio Gobierno ha señalado la inconstitucionalidad de esta norma y la inconveniencia de aprobarla.

He dicho.