Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS (Presidente).-

Corresponde ocuparse en el proyecto que autoriza la erección de dos monumentos en memoria de Santa Teresa de Los Andes.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 35ª, en 23 de marzo de 1993.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 3ª, en 7 de junio de 1994,

Educación (nuevo), sesión 13a, en 14 de julio de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Este proyecto, en segundo trámite constitucional y originado en moción, cuenta con nuevo informe de la Comisión de Educación y Cultura, que propone aprobarlo.

--Se aprueba en general y particular el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En segundo lugar, procederemos a tratar el proyecto de interpretación de normas sobre atribuciones de los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia en materia de libertad condicional.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del ex Senador señor Ortiz).

En primer trámite, sesión 6ª, en 30 de junio de 1992.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 12ª, en 12 de julio de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Esta iniciativa, en primer trámite constitucional e iniciada en moción, cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Dicha Comisión, con los votos de los Honorables señores Fernández, Martin y Adolfo Zaldívar, resolvió por unanimidad proponer a la Sala su rechazo.

--Se rechaza en general el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ahora ocuparse en el proyecto que deroga los incisos cuarto y quinto del artículo 369 del Código Penal.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de la ex Senadora señora Soto).

En primer trámite, sesión 32ª, en 11 de marzo de 1993.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 13ª, en 14 de julio de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El proyecto, en primer trámite constitucional y originado en moción, ha sido informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que, por unanimidad, recomienda rechazar la idea de legislar.

--Se rechaza en general el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto que modifica el Código de Minería y otra norma legal.

Debo recordar que en sesión de la semana pasada, los Comités acordaron tratar hoy en primer lugar esta iniciativa, según lo pidió el Senador señor Alessandri a través del Honorable señor Pérez.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 1ª, en 6 de octubre de 1992.

Informes de Comisión:

Minería, sesión 20ª, en 31 de agosto de 1993.

Minería (segundo), sesión 9ª, en 5 de julio de 1994.

Discusión:

Sesiones 21ª, en 1º de septiembre de 1993 (queda para segunda discusión); 4ª, en 5 de abril de 1994 (queda pendiente la discusión general); 5ª, en 6 de abril de 1994 (se aprueba en general).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El proyecto tiene segundo informe de la Comisión de Minería; se encuentra en primer trámite constitucional, y versa sobre modificaciones al Código de Minería y a otra norma legal, en relación a la superposición de pertenencias mineras y otras materias.

Fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República . Contenía una serie de normas con rango de ley orgánica constitucional, ya que modificaban la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Sin embargo, en este segundo informe la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, dejó reducida la iniciativa a enmiendas del Código de Minería.

Para los efectos de aplicar el mecanismo descrito en el artículo 124 del Reglamento, la Comisión deja constancia de los siguientes artículos que no fueron objeto de indicaciones: ninguno; artículos que se modificaron como consecuencia de indicaciones aprobadas: el Primero y el Segundo; artículos que sólo han sido objeto de indicaciones rechazadas: ninguno. En seguida, señala que las indicaciones aprobadas sin enmiendas y la aprobada con modificación son las consignadas en los números 4) y 5) de la página 3 del segundo informe, y que las indicaciones rechazadas -se indican en el número 6-pueden renovarse con la firma de DÍEZ señores Senadores, o por el Ejecutivo , en su caso.

El proyecto consta de dos artículos.

Corresponde, en consecuencia, pronunciarse sobre las modificaciones propuestas en el segundo informe.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión particular el proyecto.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , el proyecto que la Comisión de Minería propone en su segundo informe ha quedado bastante reducido, en relación con la iniciativa que aprobamos en general. Ello se debe a que inicialmente estábamos en un error, pues creíamos que en Chile existía un problema grave con la superposición de pertenencias mineras. Y, en realidad, no es así.

Durante el plazo en que el proyecto se ha tramitado -más de un año-, nadie ha podido informar al Senado sobre la existencia de juicios de superposición. El propio Ministerio de Minería reconoció, en junio del año pasado, que no contaba con los antecedentes necesarios al respecto. Según informes de personas confiables, en todo Chile sólo habría alrededor de una docena de tales juicios.

Esto quiere decir que nada justifica cambiar de manera fundamental el Código de Minería, el cual ha dado estabilidad a los títulos mineros, posibilitando una gigantesca inversión extranjera en el sector.

En términos generales, el proyecto que se propone en el segundo informe perfecciona el texto vigente, asegurando aún más que no se puedan producir superposiciones. Es así como se sanciona drásticamente al ingeniero o perito que, a sabiendas, mensure una pertenencia superpuesta. Además, y para evitar cualquier desconocimiento en la materia, en caso de que el Servicio Nacional de Geología y Minería, al informar de una mensura, alerte sobre una superposición, este hecho deberá ser publicado (como lo exige en este momento el referido Código), y también tendrá que notificarse personalmente al afectado, según lo propone la Comisión.

En general, se procuró no modificar en forma sustancial dicho texto legal, sobre todo en lo referente a la prescripción, que es un mecanismo delicado y que se encuentra bien regulado actualmente, por lo que se ha estimado inconveniente alterarlo.

La mayoría de las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad; otras, por 3 votos a favor y 2 abstenciones, como la relativa a la prescripción. Sólo una indicación se rechazó por 3 votos contra 2.

Para terminar mi intervención, y a pesar de que no es usual hacerlo, quiero destacar la calidad, profundidad y erudición con que el informe fue elaborado por el Secretario de la Comisión de Minería , don Carlos Hoffmann , quien efectuó un análisis y una exposición exhaustivos respecto del proyecto, de las indicaciones que se presentaron y del debate que se suscitó entre los miembros del referido órgano técnico.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , debo manifestar que, en realidad, yo no participé en el estudio del segundo informe de la Comisión de Minería, pero sí en el análisis efectuado con ocasión del primer informe, en mi calidad de Presidente de la misma. Y, como lo ha dicho el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, ahora se ha producido un cambio de opinión absoluto de lo que sostuvimos cuando estudiamos la iniciativa con motivo del primer informe. En la medida en que el texto que se halla en nuestras manos debe dar cuenta del debate en la Comisión, me llama mucho la atención la detallada racionalización de la defensa que se hace respecto a por qué se retrotraen los planteamientos que formulamos con ocasión del informe anterior y que aprobamos en general. El segundo informe consigna una discusión muy sesuda y profunda y un alegato jurídico que ciertamente llama la atención -repito-, y que creo que tiene su origen más en el texto elaborado por la Secretaría que en el debate mismo realizado en la Comisión de Minería. No sé si será útil y conveniente que en los informes de los respectivos órganos técnicos se refleje mucho más el análisis jurídico de la Secretaría, por muy versado que sea, que la opinión, lisa, sencilla y, a lo mejor, con menor contenido jurídico, de los propios Senadores.

Me llama mucho la atención que se haya procedido de esa manera en este segundo informe. Y no niego la validez y la profundidad de todos los análisis que en él se hacen, los cuales resultan muy interesantes.

Al parecer, lo anterior nos llevará a hacer casi una apreciación general, debido al cambio de posición que adoptó el referido órgano técnico, en cuyo segundo informe se da un enfoque absolutamente distinto -o profundamente distinto, por lo menos- del contenido en el primer informe. A mi juicio, el proyecto, en sí mismo, está desvirtuado, si bien se le han introducido algunos perfeccionamientos. Por ejemplo, él establecimiento de la pena para los peritos que colaboren en una superposición -aspecto que se incluye en el artículo 73 del Código, que se modifica en ese sentido- me parece que es algo positivo, como también el hecho de que para evitar la superposición se obligue a notificar personalmente al supuesto afectado, considerándose los efectos jurídicos con relación a éste.

Sin embargo, he observado que se evitó abordar dos puntos de importancia y que no implican un problema de desestabilización de la propiedad minera. El primero de ellos se refiere a cómo hacer compatible los intereses del derecho minero con los relativos al derecho de propiedad urbana. Hemos visto -y éste es un tema en el cual pueden ir aumentado las dificultades- que muchas veces las peticiones de manifestación minera se hacen respecto de terrenos urbanos o que pueden llegar a serlo, con el único objeto de lograr -ésta es una situación que se le ha presentado especialmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo- una indemnización, a veces bastante cuantiosa, por permitir que se construya y renunciar a la pertenencia.

Ese es un tema que no se ha resuelto, y creo que tendremos que analizarlo en el futuro con el objeto de buscar alguna solución en tal sentido, porque el problema va en aumento.

El segundo punto que no se ha considerado es el de la relación entre el interés minero y el interés del predio agrícola. Respecto de este tema, el Ejecutivo hizo un planteamiento en el proyecto original, a fin de tratar de evitar el abuso de las manifestaciones mineras sobre esos predios. Actualmente, se encuentran protegidos aquellos en los cuales hay plantaciones de frutales, viñedos o bosques artificiales. Pero sucede -y esto se lo planteo al Senado- que ha surgido intranquilidad en muchos sectores campesinos por el hecho de que se hacen manifestaciones mineras sobre terrenos en los que no existe ese tipo de plantaciones.

Esta situación ha inducido a muchos propietarios agrícolas al absurdo de pedir una manifestación minera sobre sus propios predios, con el objeto de evitar que lo haga un tercero.

Lo relativo a este problema -que el Gobierno trató de solucionar, pero no con mucha perfección- también fue eliminado del debate, y ha quedado sin una solución.

Cabe advertir, respecto al tema urbano, que el Ejecutivo formuló una proposición -expondré los argumentos del caso cuando se analice la indicación pertinente- con el objeto de que pudiera intervenir el SEREMI de la Vivienda, lo cual fue desestimado por la Comisión en el segundo informe.

Pero hay una materia que, en mi opinión, es fundamental, y en la que no se trata de detenerse en la cuestión de si ha habido muchos juicios o no, sino que lo importante es tener en cuenta que eventualmente podría haberlos y, sobre todo, que podría quedar desprotegido el pequeño minero.

Debo hacer presente que formulé una indicación en lo referente a la prescripción, con el objeto de modificar el sentido del artículo 96 del Código de Minería, y aplicar la que, a mi modo de ver, es la norma básica en nuestro ordenamiento jurídico en lo relativo a la adquisición del dominio. Todos aprendimos -y esto lo establece expresamente el Código Civil- que cuando hay una propiedad inscrita a nombre de distintos dueños prevalece y llega a ser dueño por prescripción adquisitiva aquel que tiene la posesión y uso material del predio en cuestión. Espero que mi indicación, que fue rechazada por la Comisión, pueda ser discutida en esta Sala, toda vez que ella tiende a evitar una situación que es muy riesgosa, cual es que en la minería se pueda adquirir el derecho a la concesión por la vía de la prescripción extintiva. Esto significa que una persona, por el hecho de superponer su concesión a otra que figura inscrita con anterioridad, no necesita la posesión material y el uso, sino que basta que cumpla con el plazo de cuatro años para que se haga dueña, en perjuicio de quien era el propietario previo y que tenía tanto una inscripción a su favor como el uso y la posesión material. Pienso que ése es un elemento que no podemos dejar de considerar. Por eso, cuando se analice mi indicación, pediré que se realice un debate in extenso a fin de que podamos llegar a una conclusión y, posteriormente, a una solución respecto del problema.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , es bien curioso lo que ha ocurrido con este proyecto. Nació por mensaje del Presidente de la República de 22 de septiembre de 1992; luego, fue reemplazado en su totalidad mediante indicación sustitutiva de 30 de marzo de 1993, y ahora vemos que el primer informe de la Comisión de Minería es alterado o cambiado sustancialmente por el segundo.

Llama la atención que en una iniciativa enviada por el Primer Mandatario anterior para poner fin a una situación grave, se cambie el criterio tan radicalmente de un período a otro.

Esto no es cuestión de porcentajes de juicios más o de juicios menos. Aquí hay un hecho cierto. Con la entrada en vigor del actual Código de Minería se estableció de hecho la posibilidad de superponer pertenencias mineras. Y eso es un atentado real en contra de la propiedad y la concesión mineras del antiguo titular, pues éste, aunque se halle en posesión material de su pertenencia y trabajándola, puede perderla si no actúa, dentro de determinado plazo legal, para impedir que se materialice la aberración jurídica que significa que un eventual segundo concesionario, sin título legítimo ni derecho alguno, en el hecho termine como dueño de ella.

En mi opinión, tal es la razón que motivó al Presidente de la República a enviar un proyecto de ley. Y, por eso, hoy día uno queda atónito al darse cuenta de que esa situación prácticamente no existiría en la actualidad y que, por tanto, no sería necesario legislar sobre ella. Sin embargo, la ley que contiene el nuevo Código de Minería -viciada constitucionalmente, según el Tribunal Constitucional, al no ser aprobada con carácter de ley orgánica-, deja la propiedad y la concesión mineras en una situación de tal inestabilidad que ha dado origen a innumerables juicios y que al supeditar la propiedad minera a que su dueño deba actuar y plantear una acción de nulidad -a veces esto no se hace, por desconocimiento o imposibilidad-, deja a los propietarios en un estado de absoluta indefensión.

Este es el cuadro existente y vemos, con mucha preocupación, que un problema de constitucionalidad como el que deja abierto el artículo 96 del Código de Minería, no será corregido debidamente por el legislador.

He dicho.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , aunque no participé en la discusión particular del proyecto en la Comisión, me ha extrañado el cambio producido entre el primer y el segundo informe. La verdad es que si se hubiera dado a conocer en la Sala el segundo informe como primero, yo habría votado negativamente la idea de legislar, porque va contra la esencia de lo que pretendió el Gobierno en su oportunidad.

¿Cuál fue la idea original? Como aquí ha dicho el Senador señor Adolfo Zaldívar , después de cierto período de aplicación del actual Código de Minería, en el que se constataron, no una sino muchas de las deficiencias naturales que toda obra nueva presenta, se quiso corregir estos problemas. Para tal efecto, se nombró una Comisión (muy plural y de alto nivel, compuesta por profesores universitarios y presidida por el señor Ruiz Bourgeois) para abocarse a la revisión del Código tomando en cuenta la experiencia recogida durante su vigencia.

Como esa labor iba a demorar mucho tiempo y se estaban presentando algunos hechos puntuales, pedí a esa Comisión, en mi carácter de Ministro de Minería , desglosar lo relativo a la superposición de pertenencias, precisamente con el fin de dar mayor seguridad a las propiedades mineras y de este modo impedir toda superposición no autorizada por ley. Ello tenía por objeto otorgar facilidades a los mineros, que no siempre están debidamente enterados ni tienen la posibilidad de recurrir a un tribunal para iniciar un juicio, y entregar seguridad a la inversión en el campo minero.

El Senador señor Alessandri dijo desconocer el número de casos que han presentado problemas. Tiene razón. Yo no estaría en condiciones de decirle cuántos son. Potencialmente pueden ser muchos; pero esta tarde quiero recordar en forma específica aquel que me indujo a solicitar de la referida Comisión que se desglosara el tema de la superposición de pertenencias. Me refiero a "La Candelaria", mina de cobre perteneciente a la Phelps Dodge y ubicada en la Tercera Región, en la cual los inversionistas -ya habían invertido sobre la base de los títulos que poseían y asesorados por abogados de reconocido prestigio, todos los cuales concurrieron a la Comisión de Minería del Senado a dar su opinión respecto del proyecto- vieron amagado su derecho por personas que pretendían una superposición de pertenencia. Eso significó que la inversión inicial, ascendente a 500 millones de dólares -en definitiva se autorizó una de hasta 1.500 millones de dólares-; estuviera detenida durante años, en espera de que se resolviera el pleito, el cual llegó a su fin cuando los propietarios de la mina alcanzaron un acuerdo con las personas que plantearon la superposición, en virtud del cual se canceló a éstas una suma determinada.

No lo digo a propósito de este caso, pero la situación se presta para verdaderos chantajes. Cualquier individuo que no tenga otro título que el haber descubierto una pequeña irregularidad eventual podrá alegar una superposición. ¡No va a explotar jamás la mina! Probablemente no sea ésa su intención, pero paralizará la inversión. Y, como resulta más caro mantener considerables recursos paralizados o cuantiosos empréstitos devengando intereses, que pagar a las personas que actúan en esa forma, se prefiere llegar a un acuerdo como el señalado.

Yo no sé si el número de casos es importante o no. No sabría decir a cuántos pueden llegar. Potencialmente -repito-, pueden ser indefinidos; me limito a citar un caso cierto y real, a prueba de desmentidos, en que una inversión de más de 500 millones de dólares en la mina "La Candelaria", perteneciente a la Phelps Dodge, en Copiapó, estuvo detenida por más de un año debido a un pleito.

Eso fue lo que llevó al Ejecutivo a presentar el proyecto. Y ahora resulta que no hay nada que arreglar; pero estoy seguro de que habrá otros pleitos y se producirán nuevas paralizaciones de inversiones.

El señor ALESSANDRI .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor HAMILTON .-

Tal vez, otros inversionistas no tendrán el mismo interés o la paciencia que los anteriores para insistir en sus propósitos.

La verdad es que desconozco los motivos y los intereses en juego detrás de estas disposiciones -que los debe haber, naturalmente-, pero entre el primer informe y el segundo ha habido un cambio fundamental en la posición de la Comisión de Minería del Senado. Estoy de acuerdo con el proyecto primitivo, con todos los perfeccionamientos que requiera; sin embargo, soy contrario a su desnaturalización, cualesquiera que hayan sido las buenas razones legales que se puedan invocar en el segundo informe.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , aquí se están haciendo afirmaciones que, a mi juicio, carecen de fundamento, porque la finalidad de la iniciativa era resolver el problema de las superposiciones. Durante el debate del primer informe se habló que había unos 10 mil juicios sobre superposiciones, lo que aparecía como algo considerable y como una irregularidad en la propiedad minera. Pero después se supo que son muy pocos esos litigios. Sin embargo, es efectivo -como dijo el Senador señor Hamilton - que los hay y que ha habido abusos. Y este proyecto pretende evitarlos: cuando existe superposición, para que rija la prescripción extintiva de la pertenencia que queda debajo de la que se constituye, debe notificarse personalmente al titular de la original. Con ello se impide cualquier abuso derivado de que esa persona no tenga conocimiento de que se constituyó encima otra pertenencia. A mi juicio eso es fundamental, pues así se subsana una gran parte de los problemas.

Por otro lado, en conformidad a lo dispuesto en el Código de Minería, todo el territorio nacional debe uniformarse según el sistema de coordenadas U.T.M., con lo cual se sabrá exactamente quién es dueño de qué pertenencia. Por el momento, efectivamente ese antecedente es desconocido, porque aún no está terminado el proceso; en la Segunda Región ni siquiera se ha comenzado, mientras que en otras Regiones ya se ha llevado a cabo y se conoce a los dueños de cada pertenencia.

Luego del debate habido sobre la materia, se consideró suficiente que el proyecto -repito- establezca la obligación del que se superpone, en el caso de que se descubra que debajo hay ya una pertenencia constituida, de notificar al titular de ésta; de lo contrario, no empiezan a correr los plazos de prescripción.

Estimo que este requisito constituye, efectivamente, seguridad para el dueño de una pertenencia minera, porque sabrá que, si es afectado por una superposición, ésta le será notificada personalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Código respectivo.

Asimismo, se castiga hasta con pena de prisión al perito que a sabiendas mensura una propiedad minera sobre otra. De manera que se deberá tener mucho cuidado en lo sucesivo de no incurrir en esta falta, y si existe superposición, hacerlo saber, para no cometer este delito. O sea, se ha reforzado lo más posible, dentro del sistema establecido por el Código de Minería, la seguridad jurídica del propietario de una concesión minera para que no haya superposiciones.

Señor Presidente , deseo referirme también, a las afirmaciones del Senador señor Andrés Zaldívar sobre el tema de las prescripciones.

El informe de la Comisión resulta muy claro al señalar: "En la actual normativa del Código de Minería, el titular de una pertenencia superpuesta no gana jamás por prescripción a la que está afectada por la superposición". (No existe la prescripción adquisitiva en esta materia en todo el Código de Minería). "Lo que ocurre es que la acción de nulidad del afectado prescribe en el plazo de cuatro años". Y al prescribir la acción, entonces, el que está arriba se hace dueño de la pertenencia. Ese es el sistema establecido en el Código.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Muchas gracias, señor Senador.

Casualmente, ésa es la pregunta que hay que responder. Ocurre que, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería, un antiguo concesionario que se encuentra trabajando su pertenencia tranquila y pacíficamente está expuesto a que un nuevo concesionario, que no ha entrado a poseer esa pertenencia, por el solo hecho de haber transcurrido el plazo de prescripción de 4 años, puede hacerse de esa propiedad. En tal caso, todos debemos concordar en que esta disposición es un atentado en contra del derecho de propiedad consagrado en la Constitución. Y eso es lo que el proyecto del Gobierno, en gran medida, quería sanear, corrigiendo el sistema establecido en el artículo 96 del citado Código, por no corresponder a un buen ordenamiento jurídico que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de las inversiones y la seriedad de los procedimientos.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , deseo responder al Honorable señor Adolfo Zaldívar .

La verdad es que se trata de dos posesiones distintas. Para poder adquirir en virtud de la prescripción adquisitiva, ésta debe recaer sobre un bien singular; por ejemplo, un reloj que tiene Su Señoría y que poseo yo. Sin embargo -repito-, aquí son dos concesiones distintas, equivalentes a dos relojes, a dos propiedades, separados. Estas son las concesiones otorgadas por un juez y, aunque recaigan sobre un mismo terreno, son diferentes; pueden tener su origen en sentencias diversas, etcétera. Por lo tanto, nunca el de arriba puede acceder, por prescripción adquisitiva, a la propiedad de la concesión del de abajo.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

En conformidad a la Constitución y a la ley orgánica constitucional respectiva, un juez no puede otorgar una concesión sobre una propiedad donde previamente ya hay una. Si lo hace, dicho acto es nulo conforme al Derecho Público.

El señor PÉREZ .-

Eso es lo que estamos viendo en este proyecto. Porque en minería existe así.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Precisamente eso es lo que pretendemos evitar mediante esta iniciativa, lo que hoy Sus Señorías no están haciendo posible.

El señor ALESSANDRI-

Señor Presidente , insisto -porque veo que no hay acuerdo- en que en el informe de la Comisión se propone proteger adecuadamente al titular de la concesión, pues se impide que ignore que, en caso de superposición, en cuatro años puede perder su pertenencia, porque ello debe notificársele personalmente.

Repito: con el correr de los años todo el sistema de concesiones mineras, de acuerdo con el Código respectivo, se establecerá en base a coordenadas geográficas llamadas U.T.M., lo cual permitirá saber exactamente quién es el dueño de cada pertenencia. Además, con la modificación propuesta en virtud de la cual se notifica personalmente al propietario de la pertenencia ya constituida de la superposición, se le garantiza el conocimiento de este hecho, porque antes debía enterarse por medio del Boletín Oficial de Minería. Creo que esto es lo máximo que se puede establecer, como seguridad, para el concesionario minero.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , quiero puntualizar dos temas.

Si bien es cierto que cambió el informe de la Comisión de Minería -mi voto sobre el Artículo Tercero, que lo declaraba inconstitucional, fue primero minoritario, y después, mayoritario- también lo es que entretanto otros son los integrantes de la Comisión y otro es el Gobierno y el Ministro de Minería . Este proyecto fue enviado cuando el Honorable señor Hamilton desempeñaba esa Cartera; pero ahora, el señor Teplizky , actual Ministro de Minería , ha expresado que el Artículo Tercero en su opinión es inconstitucional.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Eso no es efectivo. No sé en que momento Su Señoría lo escuchó, porque en la Comisión de Constitución, donde se trató el tema, jamás dijo eso.

El señor PÉREZ .-

Entiendo que sí, señor Senador. En todo caso, yo no puedo revelar conversaciones personales.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , el punto se precisa en una minuta que dejó el señor Ministro . Tengo en mi poder el original de su planteamiento ante la Comisión de Constitución, la que por encargo de la Sala, comenzó a analizar el Artículo Tercero contenido en el mensaje del Presidente de la República , que revivía una acción de nulidad ya prescrita. Para ello, escuchó a distinguidos abogados, dos de los cuales opinaron que era inconstitucional, los señores José María Eyzaguirre García de la Huerta y Samuel Lira , y otro, el señor Ramón Jara , sostuvo lo contrario.

El Ministro de Minería presente e invitado a la sesión expresó lo siguiente:

"La Comisión se ha servido invitar al Ministro del ramo, con el objeto de conocer su opinión sobre la constitucionalidad del artículo 3º del proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Minería, en relación con la superposición de pertenencias mineras (Boletín N° 814-08), aprobado en el primer trámite constitucional.

"Es de sobra conocido el grave problema que plantea la superposición de pertenencias mineras, por los juicios de oposición o de nulidad que genera, en perjuicio de la seguridad de los derechos del concesionario que quedan así supeditados a los resultados -siempre contingentes- de tales juicios. Ello es especialmente grave frente a los posibles inversionistas extranjeros en minería, quienes precisan, ante todo, seguridad y estabilidad en sus derechos.

"De ahí la importancia que este proyecto. Por su urgencia, el Ejecutivo lo desglosó y lo propuso independientemente de otro más extenso, que intenta superar diversas limitaciones procesales y técnicas, evidenciadas por la práctica en la aplicación del Código actualmente vigente, que significó un nuevo paso útil y valioso en la realización del principio de la "certeza técnica" en el derecho minero.

"Ahora bien, el artículo 3° del proyecto aprobado en primer trámite constitucional, que no corresponde a la iniciativa del Ejecutivo,"...

El señor HAMILTON .-

¿Podría repetir la última parte, señor Senador ?

El señor DÍEZ.-

..."que no corresponde a la iniciativa del Ejecutivo,"...

El señor HAMILTON.-

¡Esto era lo que deseaba subrayar!

El señor DÍEZ .-

..."sino que fue introducido por esta Comisión, establece que se otorga a los titulares de pertenencias mineras que haya sufrido superposición, el plazo de un año para entablar la acción de nulidad del acta de concesión consagrada por el N° 7 del artículo 95 del Código de Minería.

"La inteligencia de esta norma es, pues, la siguiente, según su claro tenor literal:

"El titular de una concesión sobre la cual se ha superpuesto otra, ha dejado transcurrir los cuatro años contemplados por el artículo 76 del Código de Minería.".

"El concesionario subyacente, por decirlo así, después de transcurrido ese plazo, ha entendido -correctamente- extinguidas las posibles acciones en su contra, y gozar, por ello, libre y pacíficamente del derecho real sobre su concesión, amparado por las garantías constitucionales que protegen la propiedad.

"La eventual aplicación de la norma en análisis viene a alterar, retroactivamente, esta situación y los derechos del concesionario referido se ven, por un nuevo año, expuestos a acciones judiciales de nulidad.".

En seguida, continúa con un razonamiento que, para no cansar al Senado, no daré lectura, y concluye señalando que el Artículo Tercero del primer informe es inconstitucional.

El señor HAMILTON .-

Excúseme, señor Senador.

Deseo reiterar que el Artículo Tercero, señalado como inconstitucional por el señor Ministro , no fue propuesto originalmente por el Ejecutivo .

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.

El señor PÉREZ .-

¿Puedo continuar con el uso de la palabra, señor Presidente ?

El señor DÍEZ .-

El señor Ministro , después de citar el N° 26° del artículo 19 de la Constitución Política de 1980, expresó:

"A la luz de tales preceptos, cuyo texto es claro; que concuerda con la historia fidedigna de su establecimiento, según consta en las Actas respectivas y, además, según son interpretadas por la doctrina -unánime en esto- de los autores, la opinión del Ministerio de Minería es que el artículo 3o en análisis no respeta las garantías constitucionales que amparan al titular de una concesión minera y, por consiguiente, no constituye una norma legal encuadrada dentro del ordenamiento constitucional, sino que lo contraviene.".

Esto fue lo manifestado por el Ministro de Minería en la Comisión de Constitución.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , por lo demás, el reponer el Artículo Tercero en nada fortalece o en nada erosiona la propiedad minera, porque simplemente abre retroactivamente demandas en materia de concesiones. Por lo tanto, nada tiene que ver con las superposiciones mineras; se trata de un problema de plazos.

Lo profundo y positivo de esta iniciativa -yo había solicitado la palabra con anterioridad al Senador señor Alessandri , que planteó el tema-, es lo que nadie ha discutido en la Sala ni tampoco en la Comisión: la concesión minera, según la disposición vigente, se notifica mediante el Boletín Oficial de Minería. Por lo tanto, si una persona se superpone a un concesionario anterior y notifica por el Boletín Oficial de Minería y éste, tras un lapso de cuatro años, no se opone -por no haber tenido la oportunidad de revisar los boletines y advertir la superposición, o, en el caso de los pequeños mineros, por no contar con el abogado o el perito necesario-, esa persona puede requerir la nulidad de la concesión y pasar a ser su titular.

Este es el grave error que contiene el Código de Minería, y el proyecto, en su sentido profundo, apunta a rectificarlo. Y lo hace a través de dos mecanismos: por una parte, estableciendo que la concesión que dé el juez deberá señalar la superposición, y por otra -la más importante-, obligando al que se sobrepone a notificar a quien tiene una concesión previa en los terrenos que pretende.

En estos puntos -sobre los que no ha habido discusión- radica la importancia de la iniciativa, pues tienden a fortalecer la propiedad minera y a evitar la superposición.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , en el fondo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de modificar el Código de Minería a fin de evitar las superposiciones. Lo que se discute ahora es la manera de hacerlo. Creemos que el texto aprobado en el segundo informe de la Comisión de Minería permitirá alcanzar ese objetivo -hasta donde es ello posible-, en la medida en que establece la obligación de alertar al superpuesto de la existencia de una superposición.

Por consiguiente, el presente debate es más bien de técnica jurídica. Se trata de ver qué tipo de prescripción opera y cómo se determina. Pero -reitero- todos concordamos en que hay que suprimir las superposiciones.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , proyectos como éste, de mucho alcance técnico, obligan a intervenir -desde luego, con el voto- a los técnicos y a quienes no lo somos. Sin embargo, hay aquí un problema de Derecho general que me interesa destacar.

El proyecto primitivo contemplaba una norma que reabría un plazo respecto de situaciones ya acontecidas. El texto que hoy enfrentamos, en cambio, la ha eliminado. Por consiguiente, ahora discutimos cuál es la disposición que ha de regir de manera permanente en materia de superposiciones, y no una referida a situaciones pasadas, como inicialmente sucedía, creándose una cuestión dudosa desde el punto de vista constitucional.

En lo personal, encuentro razonable que centremos la discusión de la iniciativa -por lo demás, bastante breve- en torno a modificaciones que fijan normas de carácter permanente hacia el futuro, y que se haya marginado de ella el articulado que pretendía aplicar determinados preceptos a situaciones ya acontecidas o fenecidas, ya que ello crearía incertidumbre respecto de la propiedad.

Si no he entendido mal -pido a Sus Señorías que me rectifiquen si estoy en un error-, el problema del pasado, las situaciones establecidas con anterioridad, está sometido a la resolución de los tribunales, y serán éstos los que dirán si ha o no ha tenido eficacia el proceso de superposición en los casos que les corresponda ver. De modo que el Congreso no está reabriendo una situación ya resuelta, o -para utilizar la expresión que figura en la Carta- reviviendo un proceso fenecido, ni cruzando el límite de lo constitucional.

La norma que finalmente se propuso concita el acuerdo de todos, en la medida en que implica, por ejemplo, que una superposición no puede entrar a favorecerse con un plazo de cuatro años si no es notificada al concesionario subyacente. El problema radicaba en cómo regiríamos las situaciones pasadas, para las cuales originalmente se reabría un plazo. Pero eso ha quedado fuera del proyecto y, en mi opinión, acertadamente, sin perjuicio de que podamos debatir en lo futuro, en un proyecto de ley separado, una norma que no procure validez permanente, sino solucionar un problema anterior, arriesgando una objeción grave de inconstitucionalidad.

He dicho, señor Presidente.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , sin duda, es muy preocupante que a través de una superposición se afecte, sin su conocimiento, la propiedad, especialmente, de pequeños mineros. Entonces, nuestra mayor inquietud radica en la dificultad de estudiar esta iniciativa evitando que ello ocurra, y coincidimos con los señores Senadores que lo han hecho notar. Sin embargo, revisado el problema, decidimos colocarnos en la perspectiva de qué hacer hacia el futuro.

El tema involucra dos dimensiones: cómo corregir las posibles injusticias del pasado y cómo actuar hacia adelante.

Si miramos hacia atrás, naturalmente podemos encontrar muchos casos de perjuicio o de injusticia debidos al desconocimiento |de algún pequeño minero. No obstante, según los antecedentes de que dispongo, el número de juicios por superposición es muy bajo, mucho más de lo que se pensó en un inicio. De modo que este aspecto no reviste la magnitud que se le atribuyó. ¿De qué forma se pueden corregir tales situaciones? Dando un plazo adicional para que se aleguen todas las nulidades. Pero, en tal caso, vemos el riesgo de que el perjuicio sea mayor que el beneficio que deseamos conseguir, ya que al reabrir situaciones ya resueltas podría quedar en duda un conjunto de operaciones actualmente en curso. De allí que me incline por una fórmula que no signifique una extensión indiscriminada del plazo para las alegaciones en comento.

Queda, pues, por ver la otra dimensión del asunto: qué resolvemos hacia el futuro. Debemos decidir si el plazo actual de cuatro años para interponer una acción de nulidad es adecuado. Mi impresión es que, en la legislación contemporánea, los plazos más bien se han ido acortando, por la velocidad con que las cosas cambian. Entiendo que originalmente era de 6 años. Bajarlo a 4 fue prudente, y no soy partidario de volver a extenderlo. Lo fundamental en este caso es proteger a la gente durante ese lapso, y, en tal sentido, creo que el proyecto, con la notificación personal al afectado por una superposición y con la ampliación del plazo para recurrir de oposición ante la misma, cumple mejor ese objetivo que la normativa vigente, y, por tanto, apunta en la dirección correcta.

Por consiguiente, si bien comparto la preocupación por los pequeños mineros que han visto afectada su propiedad en el pasado, estimo que quedarán mejor protegidos de aquí en adelante, y, asimismo, que la fórmula de la simple reapertura o extensión del plazo -si hubiera otra, estaría dispuesto a considerarla- podría generar un conjunto de complicaciones más serias de lo que imaginamos. Por lo demás, entiendo que el propio Ejecutivo está dispuesto a revisar su posición sobre esta materia, la cual, incluso, no se reflejó en el Artículo Tercero aprobado en el primer informe de la Comisión.

Señor Presidente, en vista de las consideraciones anteriores, me inclino por ser muy firme en el resguardo hacia adelante, y, no encontrando una fórmula que permita subsanar las situaciones pasadas, creo que el mal menor es no reabrir el plazo para entablar las acciones de nulidad de manera generalizada.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , antes de referirme a esta enmienda debo señalar que una de las primeras indicaciones al proyecto se rechazó por el argumento de que no convenía hacer muchas modificaciones al Código. Como se sabe, en la actualidad, el gobernador debe autorizar o rechazar, por resolución fundada, las peticiones de concesiones mineras en terrenos urbanos. Pues bien, la Comisión, en el primer informe, aprobó una indicación -basada en otra del Ejecutivo- tendiente a que aquél no procediera por sí solo, sino que requiriera informe al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Pero, con motivo del segundo informe, se argumentó largamente en el siguiente sentido: "No hagamos esta enmienda porque no es conveniente alterar el Código de Minería sólo para ese efecto. Es importante mantener la norma actual, y, por lo demás, si se quiere que el gobernador consulte al SEREMI, basta que el Presidente de la República o el intendente respectivo le den instrucciones para obrar de esa manera".

Creo que esa argumentación es bastante poco sólida, porque me parece más importante que, conforme a la estructura jurídica de la organización del Estado, se determine la forma de hacer los procedimientos. Y, a mi juicio, sería bueno requerir del Secretario Ministerial de la Vivienda -en los casos en que se afecten terrenos de su ámbito- un informe previo a la autorización o negativa que pudiera dar el Gobernador , en términos fundados.

Tocante a la indicación formulada por un miembro de la Comisión, cabe señalar que ésta establece una excepción. La disposición vigente no permite ejecutar labores mineras a menos de 50 metros de caminos públicos, de líneas eléctricas de alta tensión, etcétera, y a menos de cierta distancia también de lugares destinados a depósitos de materiales explosivos o inflamables. Y, a mi juicio, el prohibir que se efectúen dichas faenas donde existen ese tipo de instalaciones, es una norma lógica. El señor Senador estimó conveniente introducir una excepción, diciendo, que las concesiones que se hubieran otorgado con anticipación podrán ejecutar esas tareas sin cumplir tales obligaciones de distancia, con los riesgos que ello implica. Y fundamenta su indicación expresando que, por ser la concesión minera un derecho de propiedad, si se limita su ejercicio, se vulneraría el número 24° del artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, debo decir al autor de la indicación que dicha norma constitucional también estatuye que "sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad" -que es el caso de la propiedad minera- "y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.". Es decir, el derecho de propiedad está sujeto también a una determinada reglamentación, según la citada norma.

Por ese motivo, la indicación es inconveniente. A mi juicio, la concesión minera debe requerirse, aun cuando se trate de una concesión anterior, porque existen las mismas razones para no ejecutar tareas mineras a distancias menores que las señaladas en el Reglamento actualmente vigente. Y si se introduce una modificación, puede darse el caso de que un concesionario anterior efectúe labores mineras sin el permiso respectivo al borde de un polvorín o a menos de 50 metros de los lugares que la ley ha determinado como no convenientes.

Por lo anteriormente expuesto, votaré en contra de la indicación aprobada por la Comisión, ya que, a mi juicio, es inadecuada e innecesaria.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

¿La idea de Su Señoría es reponer el artículo correspondiente del número 1) del primer informe?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

No, señor Presidente . Eliminar la norma del número 1) del Artículo Primero aprobada por la Comisión que dice: "No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, los titulares de concesiones mineras no requerirán, para ejecutar labores mineras, de los permisos", etcétera.

El señor PÉREZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , en verdad -y esta materia la conversé con el Honorable señor Andrés Zaldívar -, yo presenté la indicación; y lo hice para proteger la propiedad privada. Encuentro atendibles los argumentos que el señor Senador señala, pero las concesiones mineras se hallan en terrenos sumamente extendidos. Y aquélla plantea que no requerirán de permisos quienes tengan faenas mineras instaladas antes de la realización de obras públicas, pensando, por ejemplo, que el establecimiento de un polvorín o los grandes trazados eléctricos pudieran quedar ubicados a más de 50 ó 300 metros de distancia.

En suma, a mi juicio, esto merece una reflexión. Encontrando atendible lo planteado por el Honorable señor Andrés Zaldívar , me gustaría oír las opiniones de otros miembros de la Comisión, porque...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?

El señor PÉREZ.-

Con todo agrado, señor Senador.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , en mi entender, la redacción de la norma traiciona el planteamiento del señor Senador . Esta dice: "No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores," -esto es nuevo- "los titulares de concesiones" -actualmente no tienen esta facultad- "no requerirán" -alude a las futuras instalaciones, no a las que se encuentran en funcionamiento- "para ejecutar labores mineras, de los permisos a que se refiere este artículo.". Eso, a mi juicio, es grave. Todas las labores mineras deben quedar sujetas al reglamento de seguridad hoy vigente, aun cuando la concesión sea anterior, con lo cual no se vulnera la norma constitucional del número 24° del artículo 19, que he citado.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, luego de que el Senador señor Alessandri haga uso de la palabra, se procederá a votar.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , quiero hacerme cargo de la primera parte de la observación del Senador señor Andrés Zaldívar respecto de la supresión del requisito de tener que contar con un informe previo del SEREMI de la Vivienda para ejecutar labores mineras dentro del radio urbano.

La Comisión estimó que ello era innecesario, porque el artículo 3o del Reglamento de Minería dispone que el Gobernador -indudablemente, puede ser cualquier autoridad- deberá consultar a las autoridades competentes para dar el permiso. Sin embargo, si hay un problema dentro de la ciudad, lo lógico es que éste recurra al SERVIU, a fin de consultar sobre la posibilidad de ejecutar labores mineras. Por eso no se aprobó esa indicación. Se estimó que estaba de más, por cuanto dicha materia se halla regulada en el artículo 17 del Código de Minería y en el artículo 3o del Reglamento.

Por otra parte, en cuanto a eliminar el número 1) del Artículo Primero aprobado por la Comisión, como propone el Senador señor Andrés Zaldívar , en verdad no tengo inconveniente. Ello deberá resolverlo la Sala.

El señor PÉREZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , concuerdo con lo planteado por el Senador señor Andrés Zaldívar . La indicación debería estar referida a las faenas mineras y no sólo a las concesiones, para que hubiera cumplido bien su objetivo. Por lo tanto, después de analizar más su redacción, creo conveniente rechazar el informe de la Comisión al respecto.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, quiero dar la explicación correspondiente.

El artículo 27 del Código de Minería expresa: "Sobre las sustancias concesibles existentes en terrenos cubiertos por una concesión minera no puede constituirse otra.". Es lo mismo que establece, en su primera parte, la norma propuesta en el primer informe: "La constitución de concesiones mineras superpuestas está prohibida.".

Después de analizar bastante esta materia y de ver otros artículos del Código de Minería, se llegó a la conclusión de que el procedimiento de interrumpir la constitución de la propiedad minera no era conveniente, porque la persona afectada disponía de otras instancias procesales posteriormente para oponerse a la mensura y a otras medidas de concesión minera. Por esa razón, la Comisión estimó mejor no alterar el artículo 27 del Código, ya que, repito, después se pueden ejercer diversas acciones.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , precisamente esa disposición era una de las más medulares que discutimos cuando se planteó el proyecto. Y cuando conocimos la opinión de diversos juristas -incluso algunos de sus informes fueron hechos por escrito-, nos percatamos de que la inmensa mayoría de ellos coincidía en la bondad de una norma de ese tipo.

No es tan cierto, como se dice, que al concesionario burlado después se le franqueen muchas instancias para buscar justicia e impedir la acción de quien pretende sobreponer una mensura a la suya. No es así. Y eso provoca, muchas veces, que el inversionista se vea sorprendido por esa clase de situaciones y deba iniciar latos juicios y por último -según se señaló aquí- tenga que llegar a transar -sobre todo cuando se trata de grandes capitales-, pagando sumas cuantiosas para eludir al molestoso. Mucha gente realiza ese tipo de trámites y algunas personas han hecho de ellos su profesión habitual.

El artículo propone un procedimiento realmente eficiente, pues permite al juez que está conociendo de la causa tener todos los antecedentes y proceder de oficio cuando estime que se infringe una prohibición expresa del Código de Minería, conforme a la cual no puede haber superposiciones mineras. Y el inciso primero de la disposición sugerida es mucho más explícito que el actual artículo 27, porque determina derechamente, sin muchos recovecos, que "La constitución de concesiones mineras superpuestas está prohibida.". Hay prohibición expresa y, si se infringe, se incurre en nulidad, siendo ésta la primera consecuencia jurídica del acto, Y el inciso segundo regula la forma en que el juez procede. Y este va a proteger, precisamente, al minero que tiene concesión mensurada y respecto de la que se pretende una superposición.

Por consiguiente, el artículo 27 propuesto, aprobado en el primer informe, es muy importante. Sin embargo, por las razones indicadas aquí -no las considero válidas y, a mi juicio, no tienen la misma fuerza que los argumentos esgrimidos en el primer informe- se pretende suprimirlo, en circunstancias de que es uno de los pilares del proyecto.

Por ese motivo, a mi entender, debe aprobarse la norma del primer informe y rechazarse la supresión propuesta en el segundo.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , seré muy breve.

Coincido con el Senador señor Andrés Zaldívar en cuanto a que el artículo 27 aprobado en el primer informe, es uno de los más relevantes del proyecto en .su versión original, pues fue lo que orientó al Gobierno a presentarlo.

La mencionada norma no sólo prohíbe claramente la superposición de pertenencias en los casos que no proceda de acuerdo con la ley, sino que, además, establece que el juez, de oficio, actúe para evitarla cuando, según los antecedentes que obran en su poder, se puede producir tal situación.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , dentro de la misma lógica con que argumentamos anteriormente, analizando las cosas desde aquí hacia adelante, a mi juicio, el texto del artículo 27 propuesto en el primer informe, que considera prohibidas las concesiones mineras superpuestas y fija las pautas a las cuales deberá ajustarse el juez, contribuirá a la protección de quien ya posee la propiedad de una de aquéllas y resguardará suficientemente los derechos de la gente menos protegida o que no cuenta con los conocimientos o información sobre la materia.

Por tal razón, estimo conveniente mantener el artículo en la forma propuesta en el primer informe.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , junto a otros señores Senadores suscribí la indicación para suprimir el artículo -a mi juicio, absolutamente inconveniente-, al cual me referí durante la discusión del primer informe de la Comisión de Minería, por alterar no sólo el sistema fijado en el Código, sino que seria y gravemente las facultades de los tribunales de justicia.

En lo que atañe a las superposiciones, hay un organismo estatal -el SERNAGEOMIN- encargado de velar en forma eficiente en ese sentido; pero, por razones que ignoro -seguramente, por falta de recursos, o algo parecido-, no ha podido hacerlo. En consecuencia, no se encuentran actualizados los catastros mineros. En verdad, si lo estuvieran, el problema tendría secundaria importancia, pues se dispondría de permanente información al respecto. Pero, obviando tal omisión y esa falta de actualización de los catastros por parte de SERNAGEOMIN, le estaríamos otorgando al juez una función que no le es propia. Lo cierto es que la característica de la actuación de los tribunales civiles es la pasividad, porque no deben actuar de oficio. Sin embargo, aquí los estamos autorizando para ello y, en consecuencia, trasladando a la Justicia una responsabilidad que incumbe a las personas. Este juez deberá ser investigador. ¿Y a qué conclusión llegará el intérprete? A la de que por carecer el magistrado de los elementos de juicio, el proceso sufrirá dilaciones, porque aquél no querrá asumir la responsabilidad que, más allá de sus funciones habituales, le atribuye la disposición. Porque los jueces no tienen facultades para actuar de oficio, aun cuando haya leyes prohibitivas sobre numerosas materias. Son las partes las que deben hacer valer sus derechos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos proporcionar es un sistema jurídico eficiente, en virtud del cual los actuales concesionarios tengan la posibilidad de conocer la superposición y defenderse de la misma ante el tribunal correspondiente.

El texto actualmente vigente del Código de Minería establece que la superposición no debe existir; pero el cambio importante del precepto del artículo 27 propuesto no reside en reconocer algo ya establecido por el legislador, sino en el hecho de atribuir a los tribunales la obligación de hacer declaraciones para las cuales no tienen normalmente competencia alguna ni disponen de los elementos suficientes.

Por tales razones, estoy en absoluto desacuerdo con la norma propuesta en el primer informe, y votaré a favor de la indicación, como lo recomienda el segundo.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , he estado leyendo y releyendo el artículo 27 que se propone suprimir, y tengo una duda que quizá convendría aclarar antes de proceder a la votación.

En el segundo inciso se establece una facultad activa al juez para declarar la nulidad de lo obrado y, según lo estime conveniente, hacerlo de oficio. Y más adelante se dice: "Lo dispuesto en este artículo no afectará, en modo alguno, el derecho que reconoce este Código a oponerse a la mensura o a la constitución de la pertenencia, ni el derecho a solicitar la declaración de nulidad de la concesión en su caso.".

Me gustaría que alguno de los señores miembros de la Comisión me explicara cómo juega esta doble función del juez. Vamos a suponer primero que éste, de oficio, declara la nulidad de un procedimiento. Después sigue el proceso adelante, corrigiendo lo que, de oficio, se ha estimado que debe anularse. Y si posteriormente, el afectado acude al mismo juez para pedir la nulidad de la concesión, ¿podría el magistrado declarar la nulidad varias veces o le bastaría hacerlo una sola?

Esa es mi duda. No estoy seguro de que esté clara la disposición.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , precisamente esas dudas llevaron a la Comisión a aprobar la indicación de suprimir la modificación al artículo 27, por estimar que existían numerosas instancias durante la constitución de la concesión minera para que la persona afectada pudiera reclamar su derecho.

El artículo 61 del Código de Minería, dice: "Podrá deducirse oposición a la petición de mensura dentro del plazo de treinta días". Y posteriormente se puede pedir además la nulidad de todo lo obrado. O sea, el artículo 27 equivalía a establecer otra instancia más que, en definitiva, podría demorar mucho los trámites de constitución de la concesión minera. Y, tal como lo señaló la Honorable señora Feliú , el juez no dispondrá de tiempo para actuar de oficio y, probablemente, lo hará a petición de parte, porque los magistrados carecen de los medios para investigar si hay o no fallas en la concesión minera. De manera que, en el fondo, era establecer un trámite adicional e innecesario, por existir otras instancias en las cuales las partes perjudicadas podían oponerse a una concesión superpuesta a otra.

Tal fue la razón exclusiva por la que se aprobó la indicación y se acordó dejar el Código como estaba.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, el texto propuesto por el Ejecutivo y que figura en el primer informe, es el siguiente:

"Sin perjuicio de lo que se establece en los artículos 91, inciso primero, 95, N° 6, y 97, el juez velará por la observancia de esta prohibición y, de oficio, declarará nulo, en cualquier estado del proceso, lo obrado en el expediente de constitución de una concesión en contravención a la prohibición referida. La sentencia que declare la nulidad será apelable en ambos efectos. La declaración de nulidad de lo obrado dejará a salvo el derecho del interesado a mensurar terrenos manifestados comprendidos en su solicitud de mensura no cubiertos por otra concesión minera.

"Lo preceptuado en el inciso precedente no procederá cuando el titular de la concesión que soporte directamente la superposición sea, a su vez, titular de la concesión que se trata de superponer a ella.

"Lo dispuesto en este artículo no afectará, en modo alguno, el derecho que reconoce este Código a oponerse a la mensura o a la constitución de la pertenencia, ni el derecho a solicitar la declaración de nulidad de la concesión en su caso.".

Es decir, como lo señaló un Senador que me precedió en el uso de la palabra, esto tiende a aclarar el futuro. Evita que más adelante cualquier constituyente de una propiedad minera pretenda hacerlo precisamente por la vía de la superposición, porque no se impone al juez una obligación, sino una atribución para que declare nulo lo obrado en cualquier estado del proceso.

En mi opinión, es muy conveniente la enmienda introducida por la Comisión en el primer informe, porque perfecciona la redacción de la iniciativa gubernamental y elimina el trámite de la consulta si el interesado no apela, lo que es lógico en el Derecho Privado.

A mi juicio, la aprobación de lo propuesto en el primer informe es conveniente, porque si el juez que está conociendo la causa de la constitución de una concesión minera adquiere, por los medios legales, la convicción de que existe superposición, debe interrumpir de inmediato el procedimiento y declarar la nulidad. Ello en razón de que, además de dar la debida protección al concesionario antelado, le evitará un posterior juicio de nulidad. Normalmente, los juicios son muy largos y onerosos. Y, sobre el particular, tengo triste experiencia. Los juicios se prolongan por años. Y si hay superposición, lo que procede es que el juez, si ha logrado esa convicción en cualquiera etapa del proceso, declare de oficio, tal como lo propuso el Ejecutivo , la nulidad de lo que se está pretendiendo, y no comenzar de nuevo un largo juicio que, tras demorar años y años, va a llegar finalmente al punto inicial.

Creo que, por la sola economía procesal, ésta es una iniciativa útil. Por lo tanto, soy partidario de rechazar la proposición del segundo informe de la Comisión y de aprobar la del primero.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Antes de proceder a la votación, considero necesario precisar algunos puntos.

El procedimiento de la constitución de la propiedad minera tiene dos fases. Una, la del pedimento y la manifestación, la que, de acuerdo con el artículo 34 del Código de Minería, no tiene carácter contencioso. Y es precisamente a lo que se refiere el artículo 27, porque, como muy bien lo señaló el Honorable señor Alessandri , cuando se entra a la mensura -que es la segunda fase de la constitución del dominio mismo-, ahí hay derecho a oposición y posibilidad de juicio. ¿Qué efectos produce el artículo 27 propuesto? Durante la tramitación voluntaria no contenciosa que hace el pedidor de la mina, si el juez advierte y tiene antecedentes -sobre todo, cuando exista el catastro minero- de que se está haciendo una mensura sobreponiéndose abiertamente y yendo contra las disposiciones legales, declara nulo lo obrado, efecto jurídico que tiene todo acto prohibido. Y lo hace de oficio y en conocimiento de los hechos. No tendrá que esperar el segundo procedimiento -la mensura- para transformar el hecho en contencioso. De ahí lo positivo de la norma, porque en esa forma se desalienta a quienes andan buscando las superposiciones, porque, aunque a menudo el proceso no contencioso puede demorar algún tiempo, es suficiente para entorpecer el dominio de una persona que tenga mensura inscrita. Por tal razón, considero que el artículo 27 debe mantenerse.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Pido la palabra, señor Presidente , para dejar antes constancia de un hecho que dice relación a la materia que estamos discutiendo.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Puede usar de ella Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , si un juez llega a tener conocimiento de una superposición debe, imperativamente, abstenerse de constituir propiedad minera. En caso contrario, estaría faltando gravemente tanto a la Carta Fundamental como a la ley orgánica constitucional, que lo obligan a cautelar la propiedad y la exclusividad de la propiedad minera.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Resultado de la votación: 21 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Cantuarias, Díaz, Errázuriz, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Lagos, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Urenda, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, DÍEZ, Feliú, Larre, Otero, Pérez, Piñera, Prat, Siebert y Thayer.

Se abstuvo el señor Larraín.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Por lo tanto, queda rechazado el número 2) del Artículo Primero del primer informe, relativo al artículo 27, por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (26 señores Senadores).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

En consecuencia, queda vigente el actual artículo 27 del Código de Minería.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , en la Sala todos escuchamos al señor Secretario decir muy claramente que la ley de concesiones mineras era una ley orgánica constitucional, pero no así el Código de Minería. En consecuencia, como aquí no estamos modificando la ley de concesiones mineras, sino el Código de Minería, se requiere de quórum de ley simple. Ahora, que el señor Secretario de la Comisión tenga otra opinión, ése es problema de él. Pero la opinión dada por el señor Secretario de la Corporación consta en la Versión Taquigráfica.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , sin perjuicio de lo que se ha señalado aquí, esta norma, además, otorga una facultad o función a los jueces. En consecuencia, esta disposición de todas maneras reviste el carácter de orgánica constitucional, por cuanto en virtud de ella se atribuye a los jueces una función que actualmente no tienen. A mi juicio, reviste doblemente ese carácter, porque no sólo concede una atribución a los jueces, o les atribuye una competencia, sino que, también regla el sistema de concesiones.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Si vamos a remitirnos al problema estricto, no debemos atenernos a la disposición del artículo 19, número 24°, haciendo una interpretación global de su texto.

¿Qué expresa exactamente dicha norma? Leámosla con cuidado. Dice: "Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional". ¿En cuanto a qué? Solamente en cuanto a los derechos y obligaciones. En ese sentido tiene carácter de ley orgánica constitucional, pero no en lo relativo a la resolución judicial. La Constitución establece que esa ley tendrá el carácter de orgánica constitucional -repito- respecto a los derechos y obligaciones que se confieren. Por lo tanto, el artículo 27 del Código de Minería no cae dentro de la interpretación que se pretende dar a través del artículo 19, número 24°, de la Carta Fundamental.

Tiene la palabra el Honorable señor DÍEZ.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , la Constitución debe interpretarse de manera que exista la debida armonía entre todas sus partes. Cuando el legislador se refiere a las concesiones mineras, establece que éstas se constituirán siempre por resolución judicial, y que una ley orgánica fijará los derechos y obligaciones. A mí juicio, también debe tener tal carácter la ley que determine la concesión, pues, de otra manera, mediante la modificación de dicha concesión se podrían vulnerar todos los derechos y cambiar todas las obligaciones derivados de la propiedad minera.

Por lo tanto, si se desea interpretar correctamente la Carta, debemos partir del hecho de que estamos ante una norma de naturaleza orgánica constitucional. De no ser así, el Texto Fundamental se contradiría a sí mismo. Y no podemos interpretar al constituyente en forma ilógica, sino lógica.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , yo voté en forma distinta a como lo hicieron los Senadores de este lado de la Sala; pero debo señalar que realmente se advirtió que se requería quórum orgánico constitucional. Tan así es que ni siquiera rigieron los pareos. Eso, en primer lugar.

En segundo término, sin ninguna duda, se están dando atribuciones al juez para que, de oficio, declare nula la constitución de una pertenencia que supuestamente se está superponiendo a otra.

Y tercero, la norma en cuestión se refiere a la constitución de la pertenencia minera, que es precisamente de lo que trata el precepto del Código de Minería que se pretende modificar.

Por lo tanto, es indubitable que tal precepto es de naturaleza orgánica constitucional, lamentando que sea así, porque, como a Su Señoría le consta, voté de manera distinta.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , creo que debemos respetar el procedimiento seguido. Antes de la votación, se consultó -yo mismo lo hice más de una vez- el criterio con que nos íbamos a pronunciar, y se declaró que se requería quórum de ley orgánica constitucional, razón por la cual no rigieron los pareos, como acaba de recordar el señor Senador que me precedió.

Por otra parte, es absolutamente obvio -no deseo adentrarme en el problema de la concesión, por no dominar suficientemente el asunto- que la disposición que votamos confiere al juez facultades que no tenía, y ello implica la modificación de una ley orgánica constitucional. Eso es indiscutible y claro, por lo cual no puede aprobarse la norma con quórum simple.

El señor DÍEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Iba a expresar exactamente lo mismo señalado por el Senador señor Thayer , en el sentido de que se trata de dar una facultad al juez, lo que importa una modificación de la normativa correspondiente del Poder Judicial , respecto de lo cual ni siquiera se consultó a la Corte Suprema. De manera que estamos tramitando este artículo con infracción a lo dispuesto en nuestra propia ley orgánica.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , tal como manifesté hace un momento, esta norma requiere quórum orgánico constitucional. Y ello por una doble razón: en cuanto rige las concesiones, en los términos exigidos por el artículo 19, N° 24°, de la Carta, y porque otorga una facultad especial a los jueces para declarar una nulidad de oficio, en la forma establecida en el precepto.

Además, formulo expresa cuestión de constitucionalidad; y conforme a lo dispuesto en el artículo 82, N° 2°, de la Carta Política, recurriré ante el Tribunal Constitucional para plantearla.

Voto a favor.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , esta tarde estamos ante una situación bastante conflictiva, porque cuando se votó el proyecto, se dijo que los pareos no regían, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional. Lo grave es que después de conocerse el resultado de la votación se cambió de opinión, para afirmarse que la materia votada no tiene tal calidad.

Me parece que si la Comisión, por unanimidad, ha señalado que es ley orgánica constitucional, y la votación se ha planteado en ese entendido, no se puede, a causa del resultado de la votación, cambiar tal pronunciamiento. Quienquiera que actúe así en el Senado -esto no es una crítica a alguien en particular- sienta un precedente muy peligroso para el futuro.

Lo que tendremos que hacer de aquí en adelante será decidir de qué clase de norma se trata antes de conocer el resultado de la votación. De lo contrario, se producirán situaciones como la presente, que no dejan en buen pie al Senado ante quienes se informan de sus debates. En este caso nadie planteó que el precepto en cuestión podría no exigir el tratamiento de ley orgánica constitucional, sino hasta después de que se perdió la votación. Eso no parece adecuado para el prestigio y la seriedad de la Corporación.

Por estas razones, voy a votar que la disposición sí es ley orgánica constitucional, concordando con los señores Senadores que por unanimidad lo estimaron así en el primer informe de la Comisión, del cual conoció la Sala al aprobar en general el proyecto.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , ratificaré lo que ha dicho el Honorable señor Otero .

Me parece insólito lo que estamos presenciando hoy día. Hemos conocido dos informes de la Comisión; hemos realizado votaciones con distintos resultados, y siempre se exigió quórum de ley orgánica constitucional, lo que nunca alguien impugnó. Y, porque se pierde una votación -o se gana, sin alcanzar el quórum-, se viene ahora a alegar algo que nunca antes se manifestó en la Sala. La verdad es que lo encuentro insólito. Y estoy sorprendido.

Voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , coincido en que esta votación es, quizá, inoportuna, por cuanto me parece que cada vez que debiéramos votar tendría que haber una clara resolución previa sobre el quórum que exige la correspondiente norma. Sin embargo, iniciada una votación, hay que atenerse, a mi juicio, al texto de la Constitución, en primer lugar.

No estoy de acuerdo con los Honorables colegas cuando opinan que hay una doble causal que permite estimar esta norma como de rango orgánico constitucional, porque, en lo concerniente a la concesión minera, la Carta Fundamental es muy clara al señalar que los preceptos relativos a obligaciones o derechos exigen ese quórum, pero no así los que tocan al otorgamiento mismo.

Y, en cuanto al artículo 74 de la Constitución Política, cabe recordar que en otras oportunidades hemos emitido pronunciamientos que reforman los Códigos de Procedimiento, y no los hemos considerado de quórum especial, porque entendemos que la ley orgánica constitucional de los tribunales es la que dice relación al tipo de tribunales existente y a sus facultades generales para juzgar. En este caso, podríamos concluir que estamos frente a una norma procesal, una norma que, dentro de un procedimiento determinado, otorga una mayor o una menor facultad a un juez. Eso no tiene el sentido que encierra el artículo 74 mencionado; simplemente, se refiere al procedimiento. Por ello, en cuanto al problema concreto, debo decir que a mi juicio el precepto no es de quórum de ley orgánica constitucional, sin que ello obste para mantener mi punto de vista sobre la improcedencia o la eventual nulidad de la votación, por haberse realizado en una circunstancia equívoca.

Voto que no.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , intervendré brevemente, nada más que porque he sido implicado en el tema.

Coincido con el Senador señor Urenda en que por ninguna de las dos causales invocadas -ni el artículo 19, número 24, de la Carta (derechos y obligaciones de la concesión), ni el 74, inciso segundo (consulta a la Corte Suprema), que no dice relación a todo lo que contiene la ley orgánica constitucional de los tribunales- el precepto que nos ocupa es de rango orgánico constitucional. Así se ha reconocido incluso por las propias sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: no todas las normas que conforman una ley orgánica constitucional son de ese carácter.

Y debemos ser restrictivos sobre el particular. Si no, estaremos limitando realmente el proceso de aprobación de leyes, y provocando circunstancias -diría- bastante extremas, como es la de que, en una votación que se gana por 21 votos contra 10, se sostenga que no hay disposición por presentarse una duda sobre si la materia es o no es orgánica constitucional. Considero que eso sería ya algo inentendible desde el punto de vista de lo que es la tarea legislativa.

Por esas razones, creo que enfrentamos un precepto de quórum especial. Cuando la Comisión hizo la consulta a la Corte Suprema, no actuó así por opinar que aquél tiene ese carácter, sino por cumplir lo dispuesto en el artículo 74, inciso segundo, de la Ley Fundamental.

Además, cuando se hace este tipo de calificación, de ordinario el asunto no se discute en la Comisión, pues es una labor que lleva a cabo la Secretaría. Y uno normalmente acepta eso; pero en un momento dado puede reparar en que se ha cometido un error, y hay que rectificarlo.

Este es el, sentido de mi afirmación en cuanto a que no creo que se trate de una disposición de ley orgánica constitucional.

Voto que no.

--Se determina que el artículo 27 del primer informe no es de quórum orgánico constitucional (16 votos por la negativa, 14 por la afirmativa, una abstención y 3 pareos).

Votaron por la negativa los señores Bitar, Carrera, Díaz, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Huerta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Ruiz-Esquide, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Errázuriz, Feliú, Horvath, Lagos, Larre, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Prat, Ríos, Siebert y Thayer.

Se abstuvo de votar el señor Larraín.

No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Matta y Sule.