Labor Parlamentaria

Informe de la Comisión Especial encargada de investigar los problemas administrativos en la Empresa Nacional del Carbón S.A.

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial pasa a informaros de su cometido, al tenor de lo acordado por la Sala en su sesión celebrada con fecha 13 de septiembre de 1994.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES GENERALES SOBRE EL ORIGEN, INTEGRACIÓN Y ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.

1.- El día 19 de abril del 1994, en la sesión 13a de la 328a legislatura extraordinaria, el Diputado señor Edmundo Salas de la Fuente intervino en la Sala de la Corporación para denunciar graves hechos que afectan a la Empresa Nacional del Carbón, derivados, a su juicio, de “la ineptitud, la improvisación y la pésima reestructuración de esta empresa, tanto del directorio de Enacar como de la agencia de la reconversión y de la ineficiente gestión del gerente general de esta empresa, señor Juan Zapata González”, que la han llevado “tanto en Lota como en Arauco, al desastre económico y social más grande que ninguna empresa haya tenido en Chile”. Ello, junto a otras apreciaciones que efectúa en su discurso, lo mueven a concluir que muchos personeros están y han estado “trabajando tenazmente para llegar al cierre definitivo de las minas de carbón”, emitiéndose, “curiosamente una señal para vender estas empresas mineras, una vez que el Estado haya pagado y jubilado a todos; es decir, una vez que haya invertido la no despreciable suma de, más o menos, 300 millones de dólares que cuesta cerrar estas minas”, “y justamente cuando los propios dirigentes de los mineros del carbón han formado una comisión bipartita para elaborar un estudio serio acerca de un plan claro de autofinanciamiento en el corto y mediano plazo, que contemple todas las posibilidades para extraer un carbón rentable de aquí a cinco años, cuyo costo decreciente de producción podría llegar a 29 dólares la tonelada”, en circunstancias que la actual crisis “ha traído como consecuencia altos costos de explotación que, de 61 a 65 dólares por tonelada de carbón en 1990, han subido a 200 ó 300 dólares, según lo que se dice hoy”.

Tales antecedentes movieron al señalado señor Diputado, con la adhesión de los señores Diputados don René García García, don Homero Gutiérrez Román, don Alejandro Navarro Brain, don Víctor Pérez Varela, don Víctor Reyes Alvarado y don Héctor Zambrano Opazo, a solicitar en la aludida sesión el envío de los siguientes oficios, con los propósitos que, literalmente, también, se señalan:

A los señores Ministros Presidente de la Comisión Nacional de Energía, de Minería, de Hacienda, Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo y al señor Contralor General de la República, para que impartan las instrucciones necesarias a fin de que se investigue y se dé respuesta a las siguientes preguntas: con qué dotación y a qué costo recibió Enacar el señor Italo Zunino, al momento de su designación como Presidente del Directorio; si hay relación entre el gasto de sueldos y salarios con la disminución del número de trabajadores; con qué dotación cuenta hoy Enacar-Lota y cuáles son sus costos promedios desde 1993; por qué Enacar tiene un Gerente de Operaciones Cuprífero y contrata un número importante de profesionales venidos del cobre y de la caliza para dirigir una empresa carbonífera, que necesita profesionales con mucha experiencia en el carbón, preparados especialmente en la labor minera más compleja de los países que cuentan con este recurso; por qué Enacar contrató a honorarios a un ex gerente asesor de la anterior administración, el cual se retiró con la indemnización especial, y a cuánto equivalen sus honorarios; a cuánto asciende el desembolso de Enacar por los diferentes estudios de factibilidad técnico-económica y operacional encomendados a diversas empresas, incluyendo una encabezada por el actual gerente de operaciones; por qué se persigue a los pocos profesionales que aún se mantienen en Enacar que discrepan de las barbaridades que proponen los nuevos expertos traídos del norte, sin ninguna experiencia en el carbón e, incluso, expulsan al señor José Anabalón, quien también había sido contratado recientemente y al manifestar una opinión técnica contraria a la del señor Rojas, también recién contratado, se armó un verdadero escándalo en la casa de huéspedes de la empresa Enacar; si el señor Italo Zunino sabe que hay demanda en los tribunales de Lota, y por qué se despidió al gerente de operaciones, señor Joaquín Acevedo, que era uno de los pocos que sabía de carbón y les dijo que la máquina que importaban para la construcción de galerías -labores en desarrollo- sólo serviría en galerías con roca dura y horizontal y no en los mantos de carbón; por qué dicen que van a aumentar la explotación de carbón cuando, en realidad, sólo ha habido aumento cuando ella se efectúa con el equipo mecanizado; y, por último, por qué no habían preparado el otro equipo del manto 2, que la empresa tenía guardado, para reemplazar el mecanizado del manto 3, bajando drásticamente la producción de enero a junio.

También solicitó que se oficiara a Su Excelencia el Presidente de la República a fin de que imparta las instrucciones necesarias, en atención a las siguientes ideas, no sólo suyas, sino de todos los Diputados de la Octava Región que tienen que ver, directa o indirectamente, con este problema, surgidas para paliar los efectos del problema del carbón: consideración de una reconversión efectiva del carbón; franquicias tributarias para facilitar la instalación de industrias; subsidio a la mano de obra; plan de obras públicas y de viviendas; destinación de un porcentaje del impuesto territorial de la zona del carbón a obras de desarrollo en esa zona; estímulo a la micro y pequeña empresas y al artesano para absorber mano de obra, y capacitación con subsidio de un salario mínimo para que los numerosos trabajadores cesantes tengan realmente una verdadera capacitación.

Finalmente, requirió el envío de un nuevo oficio al señor Presidente de la República, remitiéndole su exposición con todas las peticiones de investigación formuladas, para que haga un estudio serio y responsable de este problema que hoy afecta a los mineros del carbón.

Documentos, todos ellos, que fueron cursados a sus destinatarios, con igual fecha de la sesión en referencia, por el señor Presidente de la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de la misma.

2.- La Contraloría General de la República, en respuesta a la investigación solicitada –según se vio- por esta H. Corporación, dispuso su realización por parte de su Regional Biobío, participando en ella los funcionarios Ángel Mercado Ávila, Adolfo Olmedo Barría, Jaime Rendón Sepúlveda y Víctor Astudillo Parra, todos ellos de dotación del Departamento Auditoría e Inspección de esta última.

Los resultados de la misma se encuentran contenidos en el informe N° VE-100/94, de 18 de agosto de 1994, documento que se acompaña como anexo N°1.

3.- La H. Cámara de Diputados en sesión 39a, de fecha 13 de septiembre de 1994, aprobó por 84 votos contra uno y una abstención, el siguiente Proyecto de Acuerdo N° 128-A: “Considerando:

Que la Contraloría General de la República efectuó una investigación a la Administración de la Empresa Nacional del Carbón, concluyendo que ésta “ha actuado con manifiesta negligencia administrativa”.

Que en sus conclusiones la Contraloría observa, por improcedentes, desembolsos por un total de $ 85.206.640.- en razón de pagos indebidos de indemnizaciones, pasajes y fletes, consumos y otros.

Que, asimismo, la Contraloría denuncia que los resultados negativos obtenidos por la empresa se han visto incrementados por ajustes que no obedecen a decisiones del Directorio.

Que en mérito de estos mismos antecedentes la Contraloría General de la República solicitó al Consejo de Defensa del Estado accionar judicialmente, atendido que se presume la existencia de delitos.

La Cámara de Diputados acuerda:

Formar una Comisión Especial Investigadora, con la misma composición que una Comisión Permanente, para que se aboque al conocimiento de los hechos sucedidos con motivo de la administración de la Empresa Nacional del Carbón S.A. y se determinen las responsabilidades que correspondan.

La investigación abarcará el período comprendido entre 1987 y marzo 1994, y su plazo será de 45 días.”.

4.- Por acuerdo de la H. Cámara, adoptado en la misma sesión antes aludida, la Comisión quedó integrada por los siguientes señores Diputados:NELSON ÁVILA CONTRERAS ALBERTO CARDEMIL HERRERA RENÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA ROBERTO LEÓN RAMÍREZ JOSÉ MAKLUF CAMPOS ALEJANDRO NAVARRO BRAIN JOSÉ MIGUEL ORTIZ NOVOA VÍCTOR PÉREZ VARELA EDMUNDO SALAS DE LA FUENTE JORGE ULLOA AGUILLÓN JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY CARLOS VILCHES GUZMÁN MARTITA WORNER TAPIA

5.- La sesión constitutiva de la Comisión se efectuó el día martes 4 de octubre de 1994, oportunidad en la que los señores Diputados miembros procedieron a elegir a su Presidente, obteniendo, en definitiva, seis votos el señor Roberto León Ramírez y cuatro votos el señor Edmundo Salas de la Fuente, registrándose un voto en blanco, resultando nominado, en consecuencia, el primero de los nombrados

6.- Con fecha 04 de octubre de 1994, a petición del Diputado don Edmundo Salas de la Fuente y con la adhesión de los Diputados señores Mario Hamuy Berr, Hosain Sabag Castillo, Víctor Pérez Varela, Jorge Ulloa Aguillón y Héctor Zambrano Opazo, esta Corporación acordó dirigir Oficio -bajo el N° 2515, de igual fecha- al señor Contralor General de la República a fin de que dispusiera el inicio de una investigación sumaria acerca de la gestión de la Empresa Nacional del Carbón S.A., e informará acerca de los siguientes aspectos:

a)Auditoría operacional contable, financiera y de procedimientos, en especial en las áreas de ventas y adquisiciones desde 1987 a la fecha.

b)Dotación y costos por tonelada de carbón desde el año 1990 a la fecha.

c)Cantidad de ejecutivos y gerentes que han laborado en esa empresa, incluyendo el detalle de sus remuneraciones, entre 1990 y 1994.

7.- La Contraloría General de la República, en virtud de lo antes indicado, practicó una nueva investigación por cuenta de su Regional del Bio Bío, en la cual participaron los funcionarios señores Manuel Machuca Navarrete, José Gómez Alarcón, Juan Munieres Villegas y Jaime Rendón Sepúlveda, también pertenecientes al Departamento de Auditoría e Inspección de ésta.

Los resultados de esta diligencia se encuentran contenidos en el Informe N° A-4/95, de 20 de febrero de 1995, documento que se acompaña como Anexo N° 4.

8.- Con fecha 11 de octubre de 1994, a solicitud del Diputado don Alejandro Navarro, esta

Cámara de Diputados acordó cursar, entre otros, Oficio N° 2660, al señor Contralor General de la República, con el propósito de que se sirviera disponer una investigación acerca de una serie de interrogantes que planteara, relativas al funcionamiento y administración de Enacar S.A., en el período comprendido entre los años 1987 y 1990, los que pasan a transcribirse:

a)El número de bienes y activos que Enacar licitó en el período 87-90, con una evaluación de los debidos resguardos del patrimonio en relación con los precios del mercado al momento de su venta, las formas de pago efectuadas, la individualización de las personas naturales o jurídicas que adquirieron dichos activos, así como los procedimientos de licitación pública y privada con que se realizaron estas ventas. Y si éstos se ajustaron a la normativa que rige a Enacar como empresa con participación del Estado y como sociedad anónima.

De igual modo, indicar de qué forma y en qué se invirtieron los recursos provenientes de dichas ventas.

b)Se dé respuesta a por qué Enacar tuvo la sobredotación de personal que hemos conocido y de qué manera ésta aumentó en dicho período, señalando en forma exacta el número de trabajadores, de ejecutivos y de servicios prestados por terceros a honorarios que hubieren sido contratados, así como las escalas de sueldos aplicadas a cada uno de estos estamentos y a cada uno de los denominados roles y rol privado de esta empresa.

Especialmente, que la Contraloría investigue si existen verdaderamente las personas que aparecen contratadas y/o que hayan prestado servicios en la empresa, por lo cual debe ser certificado fehacientemente por el Registro de Identificación Civil, toda vez que había recibido denuncias e información de que la planilla de pagos de Enacar durante años incluyó personas ajenas a la empresa, que pertenecieron o pertenecen a los servicios de seguridad del gobierno militar.

c)Cuáles son las pérdidas de los balances que ha arrojado la empresa en los años 87, 88, 89 y 90, y cuál fue el total de la producción de carbón y el costo de la tonelada de carbón, especialmente en Lota-Enacar y Trongol, que tuvo la empresa durante esos años.

d)A quiénes se les contrató asesorías y dónde están dichos informes. Además, qué tipo de capacitación se realizó durante el período 87-90, cuáles fueron los resultados de dicha capacitación y qué costo tuvo para la empresa.

e)Qué estudio de prospección y de desarrollo se realizó en ese período y a qué costo.

f)Quiénes integraron los directorios de la empresa durante el período 87-90 y señalar y aplicar los mismos procedimientos de investigación que la Contraloría ha utilizado en la revisión de los directorios durante el período 90-94, a fin de establecer las responsabilidades que pudieran colegirse de esta investigación del mismo modo que el informe de la Contraloría ha señalado, y el cual todos conocemos. (Se refiere al Informe N° VE-100/94)

g)Investigar y señalar todos los informes de las auditorías internas que existieren y que haya realizado la empresa, y si sus observaciones se cumplieron de acuerdo con las recomendaciones dichas, y en especial aquéllas que hubieren sentado la posibilidad de acción jurídica en defensa del patrimonio de la empresa.

h)Precisar la fecha exacta de las irregularidades en la organización del sistema y en la modalidad de la adquisición de maderas por parte de Enacar, dado que ésta ha sido un punto relevante en el informe de la Contraloría.

i)Investigar de qué modo, en qué forma y en qué monto las indemnizaciones fueron pagadas durante ese período, las que fueron adelantadas y no descontadas, los bonos reservados que fueron pagados y, especialmente, en relación con las necesidades de desarrollo de la empresa y con la coherente productividad que justifiquen el pago de dichas indemnizaciones y también el de los bonos reservados.

j)Si es posible que se hubieren efectuado en ese período préstamos personales del mismo modo que se constató en el informe de la Contraloría y en qué montos y a qué personas alcanzan dichos préstamos personales, y si quienes los obtuvieron los devolvieron en la forma adecuada.

k)En qué monto y en qué porcentaje se hizo uso de la franquicia tributaria del Sence y cuáles fueron sus alcances, sobre todo qué tipo de trabajadores fueron los capacitados.

l)Si de acuerdo con la ley N° 18.066, que autorizó a Enacar para enajenar viviendas imputadas al impuesto habitacional, en su artículo 2° que dispone que el destino de los fondos percibidos por ese concepto se aplicarán a la rehabilitación o reparación de otras viviendas de su propiedad, para ser transferidas a sus trabajadores, ex trabajadores o herederos, se cumplió, y de no ser así, qué destino y qué provisión tuvieron dichos fondos.

m)Evaluar el costo mensual y anual que significó la casa del directorio para Enacar en el período 1987-1990 y detallar de manera específica, quiénes y por cuánto tiempo y en cuántas ocasiones hicieron uso de estas instalaciones de propiedad de Enacar.

n)Si se estableció en los contratos colectivos, que la empresa sostuvo con los trabajadores, beneficios especiales a los dirigentes sindicales y en qué consistieron éstos, así como si se amplió la exigencia de que dichos dirigentes tuvieron la jornada de trabajo que su contrato exigía, además de detallar quiénes cumplieron esta responsabilidad laboral, y si de algún modo especial o formal dichos trabajadores recibieron trato especial durante dicho período.

ñ) Señalar el monto y el ítem específico de los recursos que el Estado destinó a Enacar en dicho período y cuánto dinero invirtió el Estado en Enacar con recursos frescos u otros en el período 1987-1990.

o)Por último, señalar expresamente el estado en el cual fue recibida la Empresa Nacional del Carbón por el gobierno de don Patricio Aylwin, especialmente en materia financiera y de productividad.

9.- La Contraloría General de la República, conforme a lo solicitado, realizó una nueva investigación, también por parte de su Oficina Regional del Biobío, efectuada por sus inspectores Adolfo Olmedo Barría y Víctor Astudillo Parra y que se contiene en el Informe N° VE-8/95, de fecha 28 de febrero de 1995, el que se adjunta como Anexo N° 5.

10.- La Cámara de Diputados, accediendo a sendas peticiones formuladas por esta Comisión Especial Investigadora, acordó prorrogar en tres ocasiones -todas ellas por sucesivos sesenta días y siendo la última de fecha 03 de mayo del año próximo pasado- el plazo de que disponía ésta para evacuar su informe.

CAPÍTULO II

RESEÑA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA COMISIÓN

1.- Sesiones efectuadas

Esta Comisión Especial celebró 23 sesiones, entre el 04 de octubre de 1994 -de carácter constitutivo- y el 1°. de agosto de 1995, con una duración total de 35 horas y 55 minutos. Sin perjuicio de ello, con fecha 16 y 23 de enero de 1996, se llevaron a efecto sendas reuniones en las que sus integrantes analizaron y evacuaron un pronunciamiento acerca de las conclusiones de la presente investigación.

Además, con fecha 18 de noviembre de 1994, visitó la VIII Región, sesionando en la sede del Gobierno Regional y en las dependencias de la Empresa Nacional del Carbón S.A., en Lota, por aproximadamente 05 horas, en conjunto.

2.- Personas invitadas que asistieron

-Oscar Aedo, Contralor Regional del Biobío -Guido Aguirre, ex Asesor Jurídico de Enacar -Víctor Astudillo, Fiscalizador Contraloría Regional del Biobío -Jorge Berazaluce, Vicepresidente en ejercicio de Enacar -Carlos Cáceres, ex Director de Enacar

-Juan Cruz Balmazábal, ex Arrendatario Teatro y Piscina de Lota -Carlos Cruz, ex Vicepresidente Directorio Enacar, período 1992-1994 -Claudio Díaz, ex Asesor Directorio de Enacar S.A.

-Mario Elizondo, Director, período 1992-1994

-Luis Enríquez, Director actual de Enacar

-Jaime Gatica, Director período 1990-1992

-Roberto Hempel, ex Director de Enacar, período 1987-1990

-Juan Honorato, Jefe del Depto. Fiscalización, Contraloría Regional del Biobío

-Pedro Huenchur, Jefe de Servicios Generales de Enacar

-Osvaldo Iturriaga, Contralor General de la República

-Ricardo Jara, ex Director de Enacar, período 1990-1992

-Juan Carlos Jorquera, Director actual de Enacar

-Dagoberto Latorre, ex Director de Enacar, período 1990-1992

-Marcos Lima, ex Director, período 1992-1994

-Rafael López, Gerente General de Enacar en ejercicio

-Rita Lorca, ex Gerente de Recursos Humanos de Enacar

-Guido Macchiavello, ex Director de Enacar, período 1990-1992

-Gonzalo Martner, ex Director de Enacar, período 1990-1992

-Ángel Mercado, Fiscalizador Contraloría Regional del Biobío

-Carlos Mladinic, ex Director, período 1992-1994

-Luis Humberto Novoa, Asesor Jurídico de Enacar

-Adolfo Olmedo, Fiscalizador Contraloría Regional del Biobío

-Juan Ignacio Pérez, ex-Superintendente de Relaciones Industriales Enacar

-Jaime Rendón, Fiscalizador Contraloría Regional del Biobío

-Jorge Reyes, Abogado Asesor de la Contraloría General de la República

-Sergio Rivera, Auditor Interno de Enacar

-Mario Ruiz-Tagle, ex Asesor Jurídico de Enacar

-Armando Sánchez, ex Director de Enacar, período 1990-1992

-Enrique Silva, ex Asesor del Directorio de Enacar

-Ricardo Solari, Director, período 1992-1994

-Enrique Standhile, ex Director de Enacar

-Jorge Undurraga, Gerente de Ventas de Enacar en ejercicio

-Luciano Valle, actual Presidente del Directorio de Enacar

-Juan Hugo Zapata, ex Gerente General de Enacar

-Italo Zunino, ex Presidente Directorio Enacar

-Eduardo Zúñiga, ex Gerente General de Enacar

-Dirigentes de los diversos Sindicatos de Trabajadores de Enacar S.A (intervinieron los señores Carrillo, Tiznado, Salazar, Burgos, Gutiérrez y el Sr. Díaz).

3.- Documentos principales recibidos por la Comisión

Para efectos de lo previsto en el N° 3 del artículo 286 del Reglamento se enumerarán, a continuación, los antecedentes escritos más relevantes recibidos por esta Comisión Especial durante su cometido, omitiendo, como es natural, aquéllos que contienen los informes evacuados por la Contraloría General de la República en relación a las investigaciones por ésta practicadas en la Empresa Nacional del Carbón S.A., a requerimiento de esta H. Cámara de Diputados, y la respuesta formulada por dicha empresa al citado Organismo Contralor en razón de los cargos que éste le efectuara en su informe N° VE-100/94, de 18 de agosto de 1994, antecedentes todos que se encuentran contenidos en el anexo.

-Balance anual de Enacar S.A. en el período 1987-93.

-Memorándum, de fecha 8 de mayo de 1992, suscrito por varios Ministros de Estado (Hacienda, Economía, Corfo, entre otros), que contiene propuestas para enfrentar la crisis del carbón. Una fotocopia de este documento fue entregada por el señor Zunino en la sesión del 16 de noviembre de 1994.

-Carta, de 11 de mayo de 1992, del Ministro de Energía, en que adjunta el informe de la Comisión Interministerial sobre diagnóstico, perspectivas y propuestas de desarrollo para la zona carbonífera de la VIII Región. Fotocopias de ambos antecedentes -la carta y el informe- fueron entregadas por el señor Zunino en la sesión del 16 de noviembre de 1994.

-Auditoría, de fecha 16 de noviembre de 1993, entregada por la Contraloría General de la República acerca del programa de reconversión productiva en la zona del carbón.

-Carta, de 7 de abril de 1994, del señor Emilio Torres S., adjuntando información sobre los aportes fiscales directos a Enacar S.A. entre 1974 y 1994.

-Oficio N° 413, de 9 de mayo de 1994, de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, informando sobre la situación económico-financiera de Enacar S.A.

-Informe en Derecho, del 10 de mayo de 1994, elaborado por el señor Manuel Daniel A., acerca de los hechos observados como improcedentes o ilegales que se mencionan en el Informe VE-100 (18.ABR.94), de la Contraloría Regional del Biobío.

-Oficio, de 25 de mayo de 1994, del Ministro Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, en que aborda las causas de la crisis de Enacar S.A. y las medidas que se han adoptado para paliarla.

-Oficio Res. N° 93, del 8 de agosto de 1994, del Contralor Regional del Biobío, sobre ampliación de la investigación efectuada en la empresa por un período de a lo menos 10 años, hacia atrás.

-Proyecto de Acuerdo N° 128-A, de 13 de septiembre de 1994, de la Cámara de Diputa-dos, en virtud del cual se crea la Comisión Investigadora.

-Citación, de 4 de octubre de 1994, del Secretario de la Cámara de Diputados a la sesión constitutiva de la Comisión Investigadora de Enacar S.A.

-Oficio N° 8206, de 18 de octubre de 1994, del Presidente. del Consejo de Defensa del Estado, en el cual precisa declaraciones anteriores, acerca de las responsabilidades penales derivadas del informe de la Contraloría Regional del Biobío.

-Oficio, de 21 de octubre de 1994, del Director Regional del Serneagemin, junto al cual acompaña antecedentes relacionados con la actividad de fiscalización de seguridad minera llevada a cabo por ese servicio.

-Carta, de 2 de noviembre de 1994, del Presidente del directorio de Enacar S.A., a través de la cual da respuesta a diversas consultas planteadas por la Comisión sobre aspectos de gestión de la empresa.

-Oficio N° 7, de 2 de noviembre de 1994, del Superintendente de Valores y Seguros, relativo a los estados financieros de Enacar S.A.

-Oficio N° 850, de 7 de noviembre de 1994, del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, confirmando que este organismo presentó una denuncia penal por algunos de los hechos mencionados en el informe de la Contraloría.

-Oficio N° 38.316, de 9 de noviembre de 1994, del Contralor General de la República, informando que las investigaciones solicitadas por la Comisión se encuentran en pleno desarrollo.

-Carta, de fecha 10 de noviembre de 1994, del fiscal de Corfo, remitiendo nómina de directores de Enacar S.A. bajo la presidencia de Italo Zunino.

-Oficio N° 38.523, del 11 de noviembre de 1994, del Jefe de la División Auditoría Administrativa de la Contraloría, adjuntando copia de dos dictámenes relativos a la responsabilidad de los gerentes y empleados de las empresas Corfo.

-Carta, de 11 de noviembre de 1994, del Presidente del Directorio de Enacar S.A., adjuntando diversos antecedentes: contratos, balances, manuales de operaciones, etc.

-Fax, de 15 de noviembre de 1994, del Contralor General de la República, comunicando designación del abogado Patricio Ojeda para iniciar un sumario en Enacar S.A.

-Balance de gestión de Enacar S.A. (período mayo 92-abril 94), entregado por el señor Zunino en la sesión del 16 de noviembre de 1994.

-Carta, de 23 de noviembre de 1994, del Presidente del Directorio de Enacar S.A., acompañando copias de dos actas de sesiones del directorio de la empresa.

-Carta, de 24 de noviembre de 1994, del Presidente del Directorio de Enacar S.A., en la cual proporciona antecedentes relacionados con el traspaso del servicio de agua potable por parte de esa empresa a Essbio.

-Carta, de 30 de noviembre de 1994, del señor José Carrillo B., donde ratifica antecedentes solicitados por la Comisión Investigadora.

-Documentos varios relacionados con la gestión administrativa y financiera de la empresa, a saber (se mencionan los más importantes):

Contratos de transporte de personal y carga, y de arrendamiento de vehículos, suscritos por Enacar S.A. y diversos contratistas entre 1987 y 1992.

Procedimiento de compra en el mercado nacional.

Procedimiento de importaciones.

Órdenes de compra correspondientes a 1994.

-Carta, de 1 de diciembre de 1994, del Contralor Regional del Biobío, donde puntualiza que el informe VE-100/94 da cuenta de irregularidades en relación con el cumplimiento de los fines de la empresa y no con asuntos de gestión.

-Carta, de 1 de diciembre de 1994, del señor Celedino Fierro, acompañando fotocopia de una declaración de venta de madera a Enacar S.A.

-Acuerdo entre Enacar S.A. y sindicatos de la empresa, de 26 de junio de 1992, sobre indemnización por término del contrato de trabajo y retiro voluntario. Este documento fue entregado por el señor Zunino en la sesión 9a., del 7 de diciembre de 1994.

-Documento, entregado por el señor Zunino en la sesión 9a. antes referida, que contiene antecedentes sobre las conclusiones de la Contraloría General de la República para establecer deterioros patrimoniales inexcusables y gastos improcedentes.

-Antecedentes sobre la mina “La Chulita”, proporcionados por el señor Zunino en esa misma sesión.

-Carta, de 20 de diciembre de 1994, del señor Rafael López C., en que se refiere al rol ejecutivo y general de Enacar S.A.

-Presentación, de 22 de diciembre de 1994, del señor Juan Ignacio Pérez G., adjuntando antecedentes sobre la gestión de don Italo Zunino, como Presidente de Enacar S.A:, y del señor Juan Hugo Zapata, en su calidad de gerente general de la empresa.

-Fax, de 28 de diciembre de 1994, de la señora Graciela León, mediante el cual remite la nómina de directores de Enacar S.A. en el período 1990-92.

-Carta, de 16 de mayo de 1995, del señor Ariel Ulloa, en que responde cuestionario formulado por la Comisión Investigadora.

-Oficio N° 609, de 17 de mayo de 1995, del Contralor General de la República, en que se refiere al período durante el cual Enacar S.A. registró pérdidas por 21 mil millones de pesos.

-Fax, de 19 de junio de 1995, remitido por el señor Italo Zunino, solicitando a nombre del ex directorio de Enacar S.A. el envío de copias del pronunciamiento definitivo de la Contraloría.

CAPÍTULO III

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ESTATUTOS DE Enacar S.A.

1.- SÍNTESIS HISTÓRICA

Las primeras explotaciones de carbón en Lota se inician en el año 1844, obtenidas de afloramientos superficiales, pero la explotación planificada e industrial comenzó en 1852, año que marca el nacimiento de la industria extractiva del carbón con la formación de la Compañía Cousiño y Gerland, organizada e impulsada por don Matías Cousiño.

Más tarde, en 1859, don Federico Schwager inició la explotación de mantos carboníferos del fundo Boca Maule, en Coronel, creando una nueva empresa productora de carbón. A través de los años las Compañías formadas por estos hombres han desarrollado sus actividades de acuerdo a la norma de progreso técnico que cada época ha requerido, dando especial importancia al incremento del bienestar de sus trabajadores.

La Empresa Minera de Lota fue cambiando de denominación: (1852 - 1856) Cousiño y Gerland, (1857 - 1869) Sociedad Cousiño e Hijo; (1870 - 1904) Cía. Explotadora de Lota y Coronel; (1905 - 1920) Compañía de Lota y Coronel; (1921 - 1932) Compañía Minera e Industrial de Chile; (1933 - 1964) Compañía Carbonífera e Industrial de Lota.

Por su parte, la Empresa fundada por don Federico Schwager se inició con el nombre de Compañía de Carbón de Puchoco y a partir de 1892 se denominó Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager S.A., razón social que se mantuvo hasta la fusión.

Desde febrero de 1964, a raíz de la fusión de las Compañías de Lota y Schwager dispuesta por D.S. N° 686, del 29 de febrero de 1964, pasa a denominarse Carbonífera Lota- Schwager S.A.; el 31 de diciembre de 1970, mediante un convenio suscrito entre un grupo de accionistas de Carbonífera Lota-Schwager S.A. y la Corporación de Fomento de la Producción, ésta pasa a ser dueña mayoritaria de sus acciones.

Posteriormente, por Resolución N° 91, de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, de fecha 22 de diciembre de 1973, se establece la actual razón social de Empresa Nacional del Carbón S.A.

En el curso de los años 1975 y 1976 se materializaron las operaciones de integración a Enacar de las Cías. Carboníferas de Arauco, mediante el decreto ley N° 931, del 17 de marzo de 1975, que autorizó la transferencia de la totalidad de las acciones de la Compañía Victoria de Lebu, Compañía de Colico Sur S.A. y Compañía Carbonera de Pilpilco a la Empresa Nacional del Carbón S.A.

A fines del año 1979, la Empresa concurrió a la formación de una sociedad filial, denominada originalmente Compañía Carbonífera Schwager Ltda., hoy Carbonífera Schwager S.A., con el objeto de explotar el Establecimiento Minero de Schwager.

Durante 1987, Enacar S.A. traspasó el 51% de su participación en Carbonífera Schwager S.A. a la Corporación de Fomento de la Producción y el 32,4% a diversos inversionistas del sector privado, entre ellos a los propios trabajadores de esa Empresa, con lo que dicha sociedad dejó de ser filial, pasando a ser coligada.

En el curso del ejercicio 1988, Enacar S.A. completó la venta de su participación accionaria en Carbonífera Schwager S.A. mediante el traspaso del 14% a la Corporación de Fomento de la Producción y un 2,54% a diversos inversionistas del sector privado, incluidos trabajadores de la propia Compañía. Con estas ventas Cabonífera Schwager S.A. dejó de tener el carácter de empresa coligada de Enacar S.A.

En el curso del ejercicio 1989, Enacar S.A. concurrió a la constitución legal de dos empresas filiales suyas, Carbonífera Victoria de Lebu S.A. (Carvile S.A.) e Isapre del Car-bón S.A. (Isacar S.A.).

2.- ESTATUTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A.

TÍTULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1°

Se constituye una sociedad anónima denominada “Empresa Nacional del Carbón S.A.” que se regirá por las disposiciones de los presentes estatutos, de la ley N° 18.046 y su Reglamento y de las demás normas aplicables a este tipo de sociedades, pudiendo emplear para fines de propaganda la abreviatura “Enacar S.A.”

Artículo 2°

La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y Lota, en las Comunas del mismo nombre. Las Juntas de Accionistas, Directorio y Gerencia General sesionarán en Santiago, los libros de contabilidad se llevarán en la ciudad de Lota, todo lo anterior sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que se puedan establecer en otros lugares del país o del extranjero.

Artículo 3°

La duración de la Sociedad será de cien años contados desde el veintiséis de julio de mil novecientos veintiuno, fecha de la aprobación primitiva de los estatutos por el Supremo Gobierno; pero este plazo podrá prorrogarse por mayor número de años si así lo acordaren los accionistas en Junta General Extraordinaria.

TÍTULO II OBJETO DE LA SOCIEDAD

Artículo 4°

La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o ajena, las siguientes actividades:

a)La exploración, prospección, reconocimiento, explotación o beneficio de yacimientos mineros, especialmente carboníferos.

b)La importación, exportación, distribución, compra, venta y comercialización de carbón, sus derivados, subproductos y, en general, de toda clase de bienes corporales muebles.

c)El estudio, evaluación, diseño, construcción y desarrollo de actividades de carácter portuario en la bahía de Lota en la Región del Biobío, la operación y explotación de dicho puerto y sus instalaciones, la prestación de servicios de bodegaje, carguío, atención de naves y todos aquellos relacionados con el transporte marítimo o accesorios del mismo.

d)La prestación de servicios de asesoría, administración, organización de empresas y asistencia técnica para la realización de actividades relacionadas con aquéllas referidas en las letras a), b) y c) que anteceden, y en general, la prestación de servicios remunerados a terceros, mediante el uso o empleo de sus maestranzas, talleres, equipos e instalaciones.

e) La inversión en todas sus formas, la administración de los bienes en que se invierta y la percepción de sus frutos; la participación en sociedades y la compra y venta de acciones y derechos sociales.

TÍTULO III

CAPITAL Y ACCIONES

Artículo 5

El capital de la Sociedad será la cantidad de $ 32.083.814.000.- dividido en 5.097.383.413.- acciones nominativas y sin valor, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 10 de la ley N° 18.046. Dicho capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo quinto transitorio de estos estatutos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.

Artículo 6°

Los títulos de las acciones serán nominativos y ellos deberán contener las menciones que determine el Reglamento de Sociedades Anónimas.

Artículo 7°

La Sociedad llevará un Registro de Accionistas con anotación del número de acciones que cada uno posea, registro en el cual se inscribirán también los gravámenes y derechos reales distintos al del dominio que se constituya sobre las acciones. Sólo los titulares de acciones que figuren inscritos en este Registro, con a lo menos cinco días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, tendrá derecho a participar en la misma.

Artículo 8°

La forma de los títulos de las acciones, su emisión, canje, inutilización, extravío, reemplazo, cesión y demás circunstancias de los mismos, y la transferencia de las acciones, se regirán por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento. No hay serie de acciones ni privilegios.

Artículo 9°

En los casos de usufructo, las acciones se inscribirán en el Registro de Accionistas a nombre del nudo propietario y del usufructuario, expresándose la existencia, modalidad y plazo del usufructo. Salvo disposición expresa en contrario de la ley o de la convocatoria, el nudo propietario y el usufructuario deberán actuar de consuno frente a la Sociedad.

Artículo 10°

La Sociedad no reconoce ni admite fracciones de acciones, y si dos o más personas tienen participación en una o en varias acciones, los codueños deberán designar un apoderado común para actuar ante la Sociedad.

TÍTULO IV ADMINISTRACIÓN

Artículo 11°

La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por siete miembros.

Artículo 12°

Los Directores durarán tres años en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Directorio se renovará totalmente en cada oportunidad, correspondiendo a la Junta General Ordinaria efectuar los nombramientos.

Artículo 13°

El Directorio elegirá de su seno en su primera sesión después de la Junta Ordinaria en que se haya efectuado su elección, un Presidente y un Vicepresidente, que lo serán también de la Sociedad y de las Juntas de Accionistas. En ausencia del Presidente lo reemplazará el Vicepresidente y faltando éste presidirá aquél de los Directores que fuere designado por elección entre los Directores asistentes.

Artículo 14°

El Directorio designará un Secretario encargado de levantar el Acta de las sesiones, llevar el libro correspondiente y actuar como Ministro de Fe. El Secretario del Directorio se desempeñará también como Secretario de las Juntas de Accionistas.

Artículo 15°

Los Directores cesarán en sus cargos, por las incompatibilidades a que se refieren los artículos 35 y 36 de la ley N° 18.046, de 1981, por incapacidad legal sobreviniente, por su declaración en quiebra, por imposibilidad, fallecimiento o renuncia.

El Director que adquiere una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él.

Artículo 16°

Las funciones de Director no son delegables y ellas se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida.

Artículo 17°

Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta General llamada a hacer la elección periódica de Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que han concluido en su período hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de 30 días a una Junta General para hacer el nombramiento.

Artículo 18°

Para proveer al reemplazo de los Directores que hubieren cesado en sus cargos por alguna de las causales señaladas en el artículo quince de los estatutos, el Directorio procederá a nombrar el o los reemplazantes, que durarán en sus funciones hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se procederá a la renovación total del Directorio.

Todo cambio en el Directorio será publicado en un diario del domicilio social y comunicado a la Superintendencia de Sociedades Anónimas.

Artículo 19°

Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez al mes en las fechas predeterminadas por el propio Directorio. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más Directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual, deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria.

Artículo 20°

Para que el Directorio pueda constituirse en sesión, se requerirá como quórum la asistencia de cuatro de sus miembros y los acuerdos y resoluciones se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que preside la reunión.

La citación a reunión de Directorio se efectuará en la forma dispuesta por el reglamente de la Ley de Sociedades Anónimas y a las demás especificaciones que el propio Directorio determine.

Artículo 21°

El Gerente General sólo tendrá derecho a voz en las reuniones del Directorio y responderá con los miembros de él de todas las resoluciones y acuerdos ilegales o perjudiciales para los intereses sociales, cuando no contare su opinión contraria en la respectiva acta.

Artículo 22°

El Directorio es revocable conforme a la ley.

Artículo 23°

Los Directores que en una operación determinada tuvieran en nombre propio o como representantes de otras personas interés, deberán comunicarlo a los demás Directores y abstenerse de toda deliberación sobre dicha operación. Los acuerdos se tomarán con prescindencia del Director o Directores implicados y serán dados a conocer en la primera Junta de Accionistas por el que la preside, debiendo hacerse mención de esta materia en la citación.

Artículo 24°

Se llevará un libro de Actas de Sesiones en el cual se escriturarán las deliberaciones y acuerdos del Directorio. Cada Acta deberá ser firmada por los Directores que hayan concurrido a la respectiva Sesión, por el Gerente General y por el Secretario.

Si algún Director falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el Acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento.

Se entenderá aprobada el Acta desde el momento de su firma y desde esa fecha podrán llevarse a efecto los acuerdos que en ella se refieren, a menos que el propio Directorio hubiere autorizado en forma expresa para llevarlos a efecto de inmediato, en cuyo caso deberán cumplirse, cuando correspondan, las formalidades dispuestas para ello por el Directorio.

Artículo 25°

Las autorizaciones a que se refieren los artículos dos mil ciento cuarenta y cuatro y dos mil ciento cuarenta y cinco del Código Civil sólo podrán ser acordadas por las tres cuartas partes de los miembros que compongan el Directorio en sesión a la que no concurran los Directores que deban asumir el carácter de mandatarios de la Sociedad y que se deje testimonio especial de esta circunstancia en el Acta. La misma regla se aplicará para que la Sociedad pueda contratar con el Gerente General o con alguno de los Directores o sus parientes en cualquier grado de la línea recta y hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, o con las sociedades o empresas en las cuales aquellos sean Director o dueño directo o a través de otra persona natural o jurídica de un 10% o más de su capital.

Artículo 26°

Son atribuciones del Presidente:

a)Presidir las reuniones del Directorio y de las Juntas de Accionistas

b)Convocar a Sesiones de Directorio y de las Juntas Generales de Accionistas, en conformidad a las normas de estos estatutos y de la ley.

c)Desempeñar las demás funciones que contemplan estos estatutos y la ley.

Artículo 27°

El Directorio de la Sociedad la representa judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades legales y de administración y disposiciones que la ley o los presentes estatutos no establezcan como privativos de la Junta General de Accionistas, incluyendo aquellas respecto de las cuales las leyes pudieren exigir un poder especial.

Lo anterior es sin perjuicio de la representación judicial que corresponde al Gerente General de la Sociedad.

Artículo 28°

Los Directores serán remunerados y la cuantía de su remuneración será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas.

TÍTULO V DEL GERENTE GENERAL

Artículo 29°

El Directorio designará un Gerente General, el cual estará premunido de todas las faculta-des y obligaciones de un factor de comercio y de aquellas otras que contempla la ley y le confiera expresamente el Directorio. El Gerente General será a la vez Secretario del Directorio y de las Juntas, salvo que el Directorio haya designado a otra persona para cumplir dicho cometido. El cargo de Gerente General es incompatible con el de Director, Auditor o Contador de la Sociedad.

TÍTULO VI DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Artículo 30°

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad tendrá lugar durante el mes de abril de cada año en el lugar, día y hora que determine el Directorio, para tratar las siguientes materias:

1.- Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por el Directorio o los liquidadores de la Sociedad, y el examen de los informes de los fiscalizadores.

2.- Pronunciarse sobre la distribución de utilidades si las hubiere, en cada ejercicio y, en especial, sobre el reparto de dividendos.

3.- Elección o renovación de los miembros del Directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración.

4.- Fijar la remuneración del Directorio; y

5.- Cualquier otro asunto relacionado con los intereses y marcha de la sociedad, con excepción de aquellos que deban ser tratados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en conformidad a la ley y estos estatutos.

El Directorio deberá, además, convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas cuando así lo soliciten los accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto y cuando se lo requiera la Superintendencia de Valores y Seguros, mientras la sociedad se encuentre sometida a su control.

Artículo 31°

El Directorio convocará a Junta General Extraordinaria de Accionistas cuando, a su juicio, los intereses de la Sociedad lo justifiquen, cuando así lo soliciten con un objeto determinado y por escrito un número de accionistas que represente, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto y cuando se lo requiera la Superintendencia de Valores y Seguros, mientras la sociedad se encuentre sometida a su control. En las Juntas Generales Extraordinarias se tratarán y decidirán las materias que la ley o estos estatutos entreguen a su conocimiento y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente.

Artículo 32°

La citación a Junta se hará por medio de un aviso destacado que se publicará a lo menos por tres veces en días distintos, en un diario de cada domicilio social que haya determinado la Junta de Accionistas o a falta de acuerdo o en caso de desaparición o suspensión del periódico designado, en el Diario Oficial, en el tiempo, forma y condiciones que señale el Reglamento.

Tratándose de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, el aviso expresará la materia o asuntos que la motivaron.

Artículo 33°

Sólo podrán participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que haya de celebrarse la respectiva Junta.

Los Directores y Gerentes que no sean accionistas podrán participar en las Juntas Generales con derecho a voz.

Artículo 34°

Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por otros accionistas, mediante carta poder dirigida a la sociedad. Podrán también hacerse representar por una persona que no sea accionista, pero en este caso, el mandato deberá otorgarse por escritura pública o por una carta poder firmada ante Notario.

Artículo 35°

Los concurrentes a las Juntas Generales, antes de iniciarse la sesión, firmarán una hoja de asistencia en que se indicarán, a continuación de cada firma, el número de acciones que el firmante posee, el número de acciones que representa y el nombre del representado.

Artículo 36°

Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea o represente.

Artículo 37°

Las Juntas Ordinarias y Extraordinarias se constituirán en primera citación con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y en segunda citación con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse en primera citación.

Artículo 38°

Los acuerdos de las Juntas Ordinarias se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, mayoría que regirá también para los acuerdos de las Juntas Extraordinarias, a excepción de aquellos que impliquen reformas de estatutos sociales, los que deberán ser adoptados con el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y de los enumerados en el artículo 67 de la ley N° 18.046, los cuales deberán ser adoptados con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto.

Artículo 39°

Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente o Vicepresidente del Directorio, o por quien haga sus veces, y actuará como secretario quien lo sea del Directorio.

A falta de ellos se les nombrará reemplazantes accidentales por los asistentes a la Junta.

Artículo 40°

En todas las elecciones que se efectúen en las Juntas de Accionistas, éstos podrán acumular los votos que posean o representen en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo estimen conveniente.

Resultarán elegidas las personas que, en una misma y única votación, obtengan mayor número de votos hasta completar el número de cargos por proveer.

Sin embargo, con el acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto se podrá omitir la votación y proceder a elegir por aclamación.

Artículo 41°

Para proceder a la votación, el Presidente y el Secretario conjuntamente con las personas que previamente hayan sido designadas por la Junta para firmar el Acta de la misma, dejarán constancia en un documento de los votos que de viva voz vayan emitiendo los accionistas presentes según el orden de la lista de asistencia. Cualquier accionista tendrá derecho, sin embargo, a sufragar en una papeleta firmada por él, expresando si firma por sí o en representación.

Con todo, a fin de facilitar la expedición o rapidez de la votación, el Presidente de la Sociedad o la Superintendencia, en su caso, podrán ordenar que se proceda alternativa o indistintamente a la votación de viva voz o por papeleta.

El Presidente, al practicarse el escrutinio que resulte de anotaciones efectuadas por las personas antes indicadas, hará dar lectura en alta voz a los votos, para que todos los presente puedan hacer por sí mismo el cómputo de la votación y para que pueda comprobarse con dicha anotación y papeleta la verdad del resultado.

El Secretario hará la suma de los votos y el Presidente proclamará elegidos a los que resulten con las primeras mayorías, hasta completar el número que corresponde elegir.

El Secretario pondrá el documento en el que conste el escrutinio, firmado por las personas encargadas de tomar nota de los votos emitidos y también las papeletas entregadas por los accionistas que no votaron de viva voz, dentro de un sobre que cerrará y lacrará con el sello de la Sociedad y que quedará archivado en la Compañía a lo menos por dos años.

Artículo 42°

El Acta que consigne la elección de los Directores y fiscalizadores, contendrá la designación de los nombres de todos los accionistas asistentes, con especificación del número de acciones por el cual cada uno haya votado por sí o en representación y con expresión del resultado general de la votación. Copia de esta Acta se enviará a la Superintendencia de Valores y Seguros y Bolsas de Valores, como asimismo, copia del Acta de la reunión del Directorio en que hayan nombrado reemplazante en conformidad al artículo decimoctavo.

Artículo 43°

De las deliberaciones y acuerdos de las Juntas se dejará constancia en un libro especial de actas, que será llevado por el Secretario. Las actas serán firmadas por el Presidente o por quien haga sus veces, por el Secretario y por tres accionistas elegidos por la Junta en cada caso o por todos los asistentes si los accionistas fueran menos de tres.

Si alguna de las personas designadas para firmar el Acta estimare que ella adolece de inexactitudes u omisiones, tendrá derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. Las Actas son un extracto fiel de lo ocurrido en la reunión, y en ellas se consignarán necesariamente los nombres de los accionistas presentes y el número de acciones que cada uno posee o representa; relación sucinta de las observaciones e incidentes producidos; relación de las proposiciones sometidas a discusión y del resultado de la votación, y lista de los accionistas que hayan votado en contra.

Sólo por consentimiento unánime de los concurrentes podrán suprimirse en el Acta la constancia de algún hecho ocurrido en la reunión y que se relacione con los intereses sociales.

Deberá enviarse a la Superintendencia una copia íntegra del Acta de toda Junta General de Accionistas.

Artículo 44°

Sólo en Junta General Extraordinaria de Accionistas podrá tratarse de la disolución de la sociedad, de la transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos, de la emisión de bonos o debentures convertibles en acciones, enajenación del activo fijo y pasivo de la sociedad o del total de su activo. Estas Juntas se celebrarán con la concurrencia de un Notario, quien deberá certificar que el Acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.

Artículo 45°

Las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas serán obligatorias para la Sociedad y para los accionistas inasistentes o que se han opuesto a ellas, todo ello sin perjuicio del derecho de retiro conferido a estos últimos por la ley N° 18.046.

TÍTULO VII MEMORIA, BALANCE Y UTILIDADES

Artículo 46°

El treinta y uno de diciembre de cada año, se practicará un Balance General del Activo y Pasivo de la Sociedad que contendrá las indicaciones que exijan las leyes y el reglamento.

Artículo 47°

En la Junta General Ordinaria el Directorio dará cuenta a los accionistas del estado de los negocios de la Sociedad, presentándoles una memoria que contenga una información explicativa y razonada sobre las operaciones realizadas durante el último ejercicio, acompañada del balance general, del estado de ganancias y pérdidas y del informe que al efecto presenten los auditores externos e inspectores de cuentas.

En las Cuentas de Ganancias y Pérdidas de dicho balance se colocarán en rubros separados todas las sumas percibidas durante el ejercicio por el Presidente y los Directores.

Artículo 48°

Los dividendos se pagarán exclusivamente con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio, o de las retenidas provenientes de balances aprobados por la Junta de Accionistas. Si la Sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades que se hubieren obtenido en el ejercicio serán destinadas, en primer lugar, a absorber dichas pérdidas.

Se distribuirá anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, a prorrata de sus acciones, el 30% a lo menos de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo acuerdos dife-rentes adoptados en la Junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas.

Artículo 49°

Durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Memoria, Balance e Inventario, Actas, Libros y demás piezas justificativas de los mismos y el informe que deben presentar los Auditores externos y los Inspectores de Cuentas, estarán a disposición de los accionistas para su examen en la oficina donde funciona la Gerencia. Para este objeto la sociedad tendrá en todos sus domicilios sociales copias impresas o escritas a máquina de esos documentos. En una fecha no posterior a la del primer aviso de convocatoria a Junta Ordinaria, el Directorio deberá enviar a cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo registro, una copia del Balance y de la Memoria de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los Auditores y sus notas respectivas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 75 de Ley N° 18.046.

Artículo 50°

La Sociedad publicará la información que determine la Superintendencia de Valores y Seguros sobre sus balances generales y estados de ganancias y pérdidas debidamente audita-dos en un diario de amplia circulación de cada domicilio social, con no menos de diez ni más de veinte días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta Ordinaria que se pronunciará sobre los mismos.

Dentro del mismo plazo antes referido, la Sociedad deberá presentar a la Superintendencia de Valores y Seguros los documentos antes señalados en el número de ejemplares que esta última determine.

Si el balance y cuentas de ganancias y pérdidas fueren alterados por la Junta, las modificaciones se publicarán en los mismos diarios dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta, sin perjuicio de que ellos deberán ser también remitidos a los Accionistas inscritos en el Registro.

El balance deberá consignar los nombres del Presidente, Directores, Gerentes e Inspectores de Cuentas de la Sociedad, con indicación de las transacciones de acciones de la misma efectuadas por dichas personas durante el ejercicio.

Artículo 51°

Cuando lo permita el estado de los fondos sociales y el Directorio lo estime conveniente, podrá distribuirse a los señores accionistas durante el ejercicio y con cargo a las utilidades del mismo, dividendos provisionales, bajo la responsabilidad personal de los Directores que concurran al acuerdo, y siempre que no hubiere pérdidas acumuladas.

TÍTULO VIII FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 52°

La Junta Ordinaria de Accionistas designará anualmente auditores externos independientes con el objeto de examinar la contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la Sociedad y con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.

Artículo 53°

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la Junta General Ordinaria de Accionistas designará anualmente dos Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes, cuyos cargos serán indelegables con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad con la obligación de informar a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato. Los inspectores podrán, además, vigilar las operaciones sociales y fiscalizar las actuaciones de los administradores y el fiel cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y estatutarios. El informe respectivo deberá ser entregado a la Sociedad por los Inspectores designados, por escrito, con quince días de anticipación, a lo menos, a la fecha fijada para la Junta Ordinaria.

Los Inspectores de Cuentas podrán ser reelegidos indefinidamente.

TÍTULO IX DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y JURISDICCIÓN

Artículo 54°

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por las demás causas legales.

Artículo 55°

Llegado el caso de disolución, se convocará a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que, salvo acuerdo unánime en contrario de las acciones emitidas con derecho a voto y lo dispuesto en el artículo 110 de la ley N° 18.046, nombrará una Comisión Liquidadora compuesta de tres personas, una de las cuales será designada por ellos mismos Presidente y representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente.

Artículo 56°

Los liquidadores tendrán en lo que corresponda, las atribuciones y deberes que les señala la ley a los Directores, siendo su remuneración la que les acuerde la Junta.

Artículo 57°

La Comisión Liquidadora sólo podrá ejecutar los actos y contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidación de la Sociedad, representará judicial y extrajudicialmente a ésta y estará investida de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativos de las Juntas de Accionistas, incluyendo aquéllas respecto de las cuales las leyes pudieren exigir un poder especial.

No obstante lo anterior, las Juntas que se celebren con posterioridad a la disolución o la que la acuerde, podrán limitar la facultad de los liquidadores, señalando específicamente sus atribuciones o aquéllas que se les suprimen.

La representación a que se refiere el presente artículo es sin perjuicio de la que corresponde al Presidente de la Comisión en conformidad con el artículo quincuagésimo quinto (55).

Artículo 58°

La Sociedad se entenderá subsistente como persona jurídica para los efectos de su liquidación y se le aplicarán los Estatutos en lo que le conciernan.

Artículo 59°

Toda cuestión que se suscite entre los Accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la Sociedad o sus Administradores, sea durante la vigencia de la misma, o durante su liquidación, será resuelta sin forma de juicio ni ulterior recurso por un árbitro arbitrador, designado de común acuerdo por las partes involucradas y a falta de acuerdo por la justicia ordinaria, en cuyo caso el árbitro será arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en lo que respecta al fondo, debiendo recaer su nombramiento en un abogado que haya ejercido por a lo menos tres años en el cargo de Ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia o de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO

El aumento de capital de mil ochenta y nueve millones trescientos veinte mil trescientos cinco pesos a tres mil cuatrocientos treinta y dos millones trescientos setenta mil quinientos treinta y seis pesos, se entera y paga considerando el capital de pleno derecho resultante de la aprobación del ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, ascendente a mil setecientos noventa y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos, más la capitalización de las siguientes reservas capitalizables existentes al mismo ejercicio antes referido: Reservas provenientes de utilidades, cincuenta y dos mil ciento once pesos, reservas provenientes de revalorizaciones y reavalúos legales, cuarenta y tres mil ciento seis pesos, reservas por reajustes de capital propio, seis mil doscientos setenta y seis millones ciento noventa y un mil trescientos trece pesos, todo lo cual da un total de ocho mil sesenta y dos millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos, suma a la que se deduce cuatro mil seiscientos treinta millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos diecinueve pesos correspondientes a la pérdida financiera acumulada al término del mismo ejercicio, la que es absorbida con cargo al capital.

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO

El aumento de capital de tres mil cuatrocientos treinta y dos millones trescientos setenta mil quinientos treinta y seis pesos a ocho mil quinientos ochenta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil pesos se entera y paga considerando el capital de pleno derecho efectivamente suscrito y pagado resultante de la aprobación del balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1985, ascendente a cinco mil trescientos cinco millones ochocientos sesenta y dos mil pesos, más la capitalización de cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres millones treinta y cinco mil pesos proveniente de reservas por reajuste de capital propio, todo lo cual da un total de nueve mil setecientos ochenta y ocho millones ochocientos noventa y siete mil pesos, suma a la que se le deduce mil doscientos cuatro millones quinientos un mil pesos correspondiente a la pérdida financiera acumulada al término del mismo ejercicio, la que es absorbida con cargo al capital.

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO

El aumento de capital de $ 8.584.396.000.- a $ 9.895.338.000.- se entera y se paga considerando el capital de pleno derecho efectivamente suscrito y pagado resultante de la aprobación del balance del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1987 ascendente a $ 12.354.308.000.- más la capitalización de $ 234.829.000.- proveniente de reservas, todo lo cual da un total de $ 12.589.137.000.-, suma a la que se le deduce $ 2.693.799.000.- correspondiente a la pérdida financiera acumulada al término del mismo ejercicio, la que es absorbida.

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO

El capital de la Sociedad ascendente a $ 41.759.840.987.- dividido en 2.714.226.872 acciones nominativas y sin valor nominal, se conforma, proviene, suscribe y paga, de la siguiente manera, en conformidad a los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el 30 de septiembre de 1992.

a)Del ajuste del capital estatutario de $ 9.895.338.000.- dividido en 1.089.320.305 acciones nominativas y sin valor nominal suscritas y pagadas, al capital de pleno derecho resultante de la aprobación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1991, ascendente a $ 20.257.503.000.- manteniendo el mismo número de acciones.

b)Del aumento de capital efectivamente suscrito y pagado de $ 20.257.503.000.- a la cantidad de $ 33.854.953.000.- manteniendo el mismo número de acciones, mediante la capitalización de la totalidad de los fondos o reservas correspondientes a una mayor retasación técnica, contemplados en el balance al 31 de diciembre de 1991 y ascendente a $ 13.597.450.000.-

c)De la disminución de dicho capital de $ 33.854.953.000.- a $ 16.759.841.000.- manteniendo el mismo número de acciones mediante la absorción de la totalidad de las pérdidas, incluyendo las acumuladas y las del ejercicio, las que en conjunto suman

$ 17.095.112.000.- según el mencionado balance al 31 de diciembre de 1991.

d)Del aumento de dicho capital de $ 16.759.841.000.- dividido en 1.089.320.305 acciones nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas, a la cantidad de

$ 41.759.840.987.- mediante la emisión de 1.624.906.567 acciones de pago, sin valor nominal, para ser suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años a contar del 30 de septiembre de 1992.

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO

El capital social ascendente a $ 32.083.814.000.- dividido en 5.097.383.413 acciones nominativas y sin valor nominal, se conforma, proviene, suscribe y paga, de la siguiente manera, en conformidad a los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 13 de abril de 1994.

a)Del ajuste del capital estatutario ascendente a $ 41.759.891.000.-, dividido en 2.714.226.872 acciones nominativas y sin valor nominal, al capital de pleno derecho resultante de la aprobación del balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1993, ascendente a $ 50.163.416.000.-, manteniendo el mismo número de acciones.

b)De la disminución de dicho capital de $ 50.163.416.000.- a la cantidad de $ 17.083.814.000.-, manteniendo el mismo número de acciones, mediante la absorción de la totalidad de las pérdidas, incluyendo las acumuladas y las del ejercicio, las que en conjunto suman la cantidad de $ 33.079.602.000, según el mencionado balance al 31 de diciembre de 1993.

c)Del aumento de dicho capital de $ 17.083.814.000.- dividido en 2.714.226.872.- acciones nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas, a la cantidad de $ 32.083.814.000.- mediante la emisión de 2.383.156.541 acciones de pago sin valor nominal para ser suscritas y pagadas al contado al valor de $ 6,294173187 por cada acción dentro del plazo de tres años a contar del 13 de abril de 1994, en dinero efectivo o con otros bienes, en especial, mediante la capitalización de las cantidades que los accionistas hayan puesto a disposición de la Sociedad a la fecha de la Junta Extraordinaria del 13 de abril de 1994.

3.-ANTECEDENTES ESCRITURAS CONSTITUCIÓN, MODIFICACIONES Y LEGALIZACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. ANTES DENOMINADA CARBONÍFERA LOTA SCHWAGER S.A., COMPAÑÍA CAR-BONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA Y COMPAÑÍA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

A. CONSTITUCIÓN

Escritura Pública de 15 de junio de 1921 ante el Notario de Valparaíso don Arturo Bascuñán Cruz, modificada por la de 14 de julio de 1921, ante el mismo Notario, inscritas a fs. 515, vta. N° 421 y fs. 526 N° 422 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1921, fs. 885 vta. N° 697 y fs. 902 N° 699 del Registro de Comercio de Santiago de 1921.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 1.588 de 27 de julio de 1921 inscrito a fs. 526 vta. N° 426 Registro de Comercio de Valparaíso 1921 y fs. 901 N° 698 Registro de Comercio de Santiago 1921.

PUBLICACIONES

17,18, 19, 20 y 22 de agosto de 1921 Diario El Heraldo de Valparaíso y 28 de julio de 1921 Diario Oficial.

REFORMAS DE ESTATUTOS

1.Escritura Pública 30 de agosto de 1921 ante el Notario de Valparaíso Arturo Bascuñán Cruz inscrita a fs. 698 N° 552 Registro de Comercio de Valparaíso 1921 y fs. 903 N° 700 Registro de Comercio Santiago 1921.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 2.142, de fecha 14 de octubre de 1921, inscrito a fs. 685 N° 553 del Registro de Comercio de Valparaíso 1921, y fs. 907 vta. N° 701 Registro de Comercio Santiago 1921.

PUBLICACIONES

26, 27, 28, 29 y 31 de octubre de 1921 diario El Heraldo de Valparaíso y 19 de octubre de 1921 Diario Oficial

2.Escritura Pública de 06 de mayo de 1933 ante el Notario de Valparaíso don Francisco Javier Hurtado, inscrita a fs. 606 N° 288 Registro de Comercio de Valparaíso 1933, y fs. 2.151 N° 624 del Registro de Comercio de Santiago 1933.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 1.476, de 06 de junio de 1933, inscrito a fs. 646 N° 289 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1933 y fs. 2.181 N° 625 del Registro de Comercio de Santiago 1933.

PUBLICACIONES

23, 24, 26, 27 y 28 de junio de 1933 diario El Heraldo de Valparaíso y 06 de julio del mismo año Diario Oficial.

3. Escritura Pública de 23 de julio de 1946 ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto fue inscrito a fs. 644 N° 563 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1946.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 3.460 de 16 de agosto de 1946, inscrito a fs. 644 vta. N° 564 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1946.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 29 de agosto de 1946.

4.Escritura Pública de 16 de octubre de 1946 ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto fue inscrito a fs. 901 N° 772 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1946.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 4.543, de 13 de noviembre de 1946, inscrito a fs. 904 N° 774 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1946.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 03 de diciembre de 1946.

5.Escritura Pública de 01 de febrero de 1950 ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto rola inscrito a fs. 562 N° 380 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1950.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 4.860, de 26 de mayo de 1950, inscrito a fs. 563 vta. N° 381 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1950.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 26 de julio de 1950.

6.Escritura Pública de 02 de septiembre de 1952 ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto rola inscrito a fs. 594 N° 386 del Registro de Comercio de Santiago de 1953.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 5.037, de 06 de junio de 1953, inscrito a fs. 596 vta. N° 387 del Registro de Comercio de Valparaíso del mismo año.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 27 de julio de 1953.

7.Escritura Pública de 31 de mayo de 1955 ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto rola inscrito a fs. 828 N° 568, del Registro de Comercio de Valparaíso de 1955.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 5.751, de 19 de julio de 1955, inscrito a fs. 830 N° 569, del Registro de Comercio de Valparaíso del mismo año.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 13 de agosto de 1955.

8.Escritura Pública de 09 de enero de 1957, ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto rola inscrito a fs. 489 vta. N° 338 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1957.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 4.870, de 26 de mayo de 1957, inscrito a fs. 491 vta. N° 339 del Registro de Comercio de Valparaíso 1957.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 17 de junio de 1957.

9.Escritura Pública de 23 de septiembre de 1957, ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, cuyo extracto rola inscrito a fs. 1.040 N° 696 del Registro de Comercio de Valparaíso de 1957.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 10.742, de 04 de diciembre de 1957, inscrito a fs. 1.041 N° 697, del Registro de Comercio de Valparaíso del mismo año.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial 23 de diciembre de 1957.

10.Escritura Pública de 15 de mayo de 1961, ante el Notario de Valparaíso don Jorge Alemparte, y 25 de noviembre de 1963, ante el Notario de esa misma ciudad don Rafael L. Barahona, cuyo extracto rola inscrito a fs. 254 vta. N° 145 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 1.397 N° 838 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 2 vta. N° 2 del Registro de Comercio de Coronel, todos de 1964.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 683, de 29 de febrero de 1964, inscrito a fs. 255 vta. N° 146, del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 1.398 N° 839 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 2 vta. N° 2 del Registro de Comercio de Coronel, todos de 1964.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 12 de marzo de 1964.

11.Escrituras Públicas de 17 y 26 de diciembre de 1963, otorgadas ante el Notario de Val-paraíso señor Rafael L. Barahona y Carlos Calderón, respectivamente, cuyo extracto rola inscrito a fs. 257 N° 147 del Registro de Comercio de Valparaíso, rectificado a fs. 319 vta. N° 182; a fs. 1.445 N° 847 del Registro de Comercio de Santiago, rectificado a fs. 1.942 N° 1.102 y a fs. 4 vta. N° 3 del Registro de Comercio de Coronel, todas de 1964.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 686, de 29 de febrero de 1964, inscrito a fs. 259 vta. N° 148 del Registro de Comercio de Valparaíso, a fs. 1.447 N° 848 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 4 vta. N° 3 del Registro de Comercio de Coronel, todas del año 1964.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 12 de marzo y de 06 de abril de 1964.

12.Escritura Pública de 17 de diciembre de 1964, otorgada ante el Notario de Valparaíso Rafael L. Barahona, modificada por la de 2 de febrero de 1965 ante el Notario de Santiago señor Patricio Zaldívar, suplente del titular Rafael Zaldívar, cuyo extracto rola inscrito a fs. 255 vta. N° 152 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 1.971 N° 937 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 1 N° 1 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1965.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Hacienda N° 545, de 27 de febrero de 1965, inscrito a fs. 257 vta. N° 153 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 1.972 N° 938 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 3 vta. N° 2 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1965.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 22 de marzo de 1965.

13.Escritura Pública de 04 de febrero de 1966, ante el Notario de Valparaíso Marcelo Montt de Ferari suplente del titular Jorge Alemparte Jiménez, inscrita a fs. 557 N° 340 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 3.125 N° 1.593 del Registro de Comercio de Santiago y fs. N° 6 del Registro de Comercio de Coronel, todas de 1966.

APROBACIÓN SUPREMA

D.S. Resolución N° 173 Ministerio de Hacienda, 26 de abril de 1966 inscrita a fs. 558 N° 341 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 3.125 N° 1.594 del Registro de Comercio de Santiago, y fs. 11 N° 6 del Registro de Comercio de Coronel, todas del año 1966.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 20 de mayo de 1966.

14.Escritura Pública de 28 de diciembre de 1971, ante el Notario de Santiago don Sergio Rodríguez, modificada por la de 19 de enero ante el mismo escribano, inscrita a fs. 280 N° 157 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 1.438 N° 763 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 7 vta. N° 3 del Registro de Comercio de Lota, todas del año 1972.

APROBACIÓN SUPREMA

Resolución N° 106 de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio de fecha 24 de febrero de 1972, inscrita a fs. 281 N° 158 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 1.446 N° 764, del Registro de Comercio de Santiago y fs. 6 vta. N° 4 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1972.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 02 y de 10 de marzo de 1972.

15.Escritura Pública de 05 de diciembre de 1972, ante el Notario de Santiago don Rafael Zaldívar Díaz, modificada por la de 05 de noviembre de 1973 ante el mismo escribano cuyo extracto rola inscrito a fs. 57 vta. N° 24 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 282 N° 123 del Registro de Comercio de Santiago, y fs. 12 N° 2 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1974. 

APROBACIÓN SUPREMA

Resolución N° 91 C de fecha 22 de diciembre de 1973, emanada de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, inscrita a fs. 58 vta. N° 25 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 283 N° 124 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 1 N° 1 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1974.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 12 de enero de 1974.

16.Escritura Pública de 11 de diciembre de 1974 ante el Notario de Santiago Rafael Zaldívar Díaz, modificada por la de 09 de mayo de ese año ante el mismo escribano, inscrita a fs. 680 N° 376 del Registro de Comercio de Valparaíso, fs. 5.451 N° 3.009 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 8 vta. N° 5 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1975.

APROBACIÓN SUPREMA

Resolución N° 220-C de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 26 de junio de 1975.

17.Escritura Pública de 09 de diciembre de 1976, ante el Notario de Zaldívar, inscrita a fs. 12.064 N° 7.258 del Registro de Comercio 7 del Registro de Comercio de Lota, todas de 1977.

APROBACIÓN SUPREMA

Resolución N° 292 S, de 26 de diciembre de 1977 emanada de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 29 de diciembre de 1977.

18.Escritura Pública de 23 de julio de 1979, ante el Notario de Santiago don Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita a fs. 10.650 N° 6.224 del Registro de Comercio de Santiago, y fs. 3 vta. N° 2 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1979.

APROBACIÓN SUPREMA

Resolución N° 366 S de 24 de agosto de 1979, emanada de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 31 de agosto de 1979.

19.Escritura Pública de 05 de diciembre de 1979, adicionada por la del 14 de enero de 1980, ambas ante el Notario de Santiago don Tito Sánchez G., inscrita a fs. 3.320 N° 1.660 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 7 N°3 del Registro de Comercio de Lota, de 1980.

APROBACIÓN SUPREMA

Resolución N° 100 S, de 25 de febrero de 1980, emanada de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 04 de marzo de 1980.

20.Escritura Pública de 19 de abril de 1982, ante el Notario de Santiago don Tito Sánchez

G., inscrita a fs. 6.595 N° 3.599 del Registro de Comercio de Santiago y fs. 12 vta. N° 2 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1982.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 30 de abril de 1982.

21.Escritura Pública de 27 de noviembre de 1984, ante el Notario de Santiago don Mario Baros González, inscrita a fs. 17.736 N° 9.548 del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 23 N° 12 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1984.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 06 de diciembre de 1984.

22.Escritura Pública de 09 de mayo de 1986, ante el Notario de Santiago don Mario Baros González, inscrita a fs. 8.541 N° 5.342, del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 13 N° 4 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1984.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 22 de mayo de 1986.

23.Escritura Pública de 30 de mayo de 1988, ante el Notario de Santiago, don Mario Baros González, inscrita a fs. 12.808 N° 6.885, del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 21 N° 9 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1988.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 07 de junio de 1988.

24.Escritura Pública de 16 de agosto de 1988, ante el Notario de Santiago don Mario Baros González, inscrita a fs. 20.843 N° 11.026, del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 28 N° 14 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1988.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 26 de agosto de 1988.

25.Escritura Pública de 06 de junio de 1989, ante el Notario de Santiago don Mario Baros González, inscrita a fs. 14.403 N° 7.260 del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 1 vta. N° 2 del Registro de Comercio de Lota, ambos de 1989.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 14 de junio de 1989.

26.Escritura Pública de 15 de octubre de 1992, ante el Notario de Santiago don Kamel Saquel Zaror, inscrita a fs. 33.276 bis N° 20.381 del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 28 vta. N° 23 del Registro de Comercio de Lota, ambas de 1992.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial de 07 de noviembre de 1992.

27.Escritura Pública de 20 de abril de 1994, ante el Notario de Santiago don Kamel Saquel Zaror, inscrita a fs. 8.008 N° 6.612 del Registro de Comercio de Santiago y a fs. 4 N° 5 del Registro de Comercio de Lota, ambos de 1994.

PUBLICACIÓN

Diario Oficial del 26 de abril de 1994.

DIRECTORIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A.DESDE 1987 A LA FECHA

AÑO 1987

Presidente: Sr. Sergio Valenzuela Ramírez

Vicepresidente: Sr. Guillermo Letelier Skinner

Directores: -Sr. Jorge de la Fuente Salazar

-Sr. Roberto Hempel Holzapfel

-Sr. Sergio Shindler Contardo

-Sr. Remberto Urrea Muster

-Sr. César Vicuña Elguín

Secretario: Sr. José M. Carvallo Torres

AÑO 1988

Presidente: Sr. Jorge Ballerino Sandford

Vicepresidente: Sr. Guillermo Letelier Skinner

Directores: -Sr. Jorge de la Fuente Salazar

-Sr. Roberto Hempel Holzapfel

-Sr. Sergio Shindler Contardo

-Sr. Remberto Urrea Muster

-Sr. César Vicuña Elguín

Secretario: Sr. José M. Carvallo Torres

AÑO 1989

Presidente: Sr. Jorge Ballerino Sandford Vicepresidente: Sr. Guillermo Letelier Skinner Directores: -Sr. Jorge de la Fuente Salazar -Sr. Roberto Hempel Holzapfel -Sr. Alvaro Hurtado Guzmán -Sr. Pablo Ihnen de la Fuente -Sr. Sebastián Bernstein Letelier Secretario: Sr. José M. Carvallo Torres

AÑO 1990

Presidente: Sr. Pedro Buttazoni Alvarez Vicepresidente: Sr. Ariel Ulloa Azócar Directores: -Sr. Ricardo Jara Ramírez -Sr. Dagoberto Latorre Aguayo -Sr. Gonzalo Martner Fanta -Sr. Guido Macchiavello Contreras -Sr. Armando Sánchez Araya Secretario: Sr. Abraham Abusleme Saquel

AÑO 1991

Presidente: Sr. Pedro Buttazoni Alvarez Vicepresidente: Sr. Ariel Ulloa Azócar Gerente General: Sr. Eduardo Zúñiga Pacheco Directores: -Sr. Ricardo Jara Ramírez -Sr. Dagoberto Latorre Aguayo -Sr. Armando Sánchez Araya -Sr. Guido Macchiavello Contreras -Sr. Gonzalo Martner Fanta

AÑO 1992

Presidente: Sr. Pedro Buttazoni Alvarez Vicepresidente: Sr. Ariel Ulloa Azócar Gerente General: Sr. Eduardo Zúñiga Pacheco Directores: -Sr. Ricardo Jara Ramírez -Sr. Dagoberto Latorre Aguayo -Sr. Armando Sánchez Araya -Sr. Guido Macchiavello Contreras -Sr. Gonzalo Martner Fanta

AÑO 1993

Presidente: Sr. Italo Zunino Muratori Vicepresidente: Sr. Carlos Cruz M.

Gerente General: Sr. Juan Hugo Zapata Directores: -Sr. Mario Elizondo A.

-Sr. Jaime Gatica B.

-Sr. Marcos Lima A.

-Sr. Carlos Mladinic A.

-Sr. Ricardo Solari S.

AÑO 1994 (HASTA LA FECHA)

Presidente: Sr. Luciano Valle Acevedo Vicepresidente: Sr. Jorge Berazaluze Donoso Gerente General: Sr. Rafael López Caro Directores: -Sr. Eduardo de la Barra Vega -Sr. Luis Arcadio Enríquez Quinteros -Sr. Mario Alberto Elizondo Arenas -Sr. Juan Carlos Jorquera Díaz -Sr. Carlos Alberto Morales Letelier

CAPÍTULO IV SÍNTESIS DE INFORMES EMANADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DESCARGOS FORMULADOS POR Enacar S.A.

Esta parte del informe se ocupará de ilustrar acerca de los diferentes pronunciamientos efectuados por la Contraloría General de la República, a requerimiento de esta H. Cámara de Diputados, en relación a las investigaciones realizadas por el Organismo Contralor en lo que respecta a problemas administrativos denunciados y que afectan a la Empresa Nacional del Carbón S.A.

Como se indicara en el Capítulo I , la Contraloría evacuó los Informes N°s. VE-100/94, de 18 de agosto de 1994; VE-157/94, de 28 de noviembre del mismo año, en respuesta a los descargos formulados por Enacar S.A. al anterior; A-4/95, de 20 de febrero de 1995, atingente a ampliación solicitada por el Diputado Edmundo Salas de la Fuente; y, finalmente, VE-8/95, de 28 de febrero del mismo año, relativo a nuevos puntos planteados por el Diputado Alejandro Navarro.

Los referidos informes, al igual que los descargos hechos por Enacar S.A. a las observaciones contenidas en el primero de ellos, se acompañan en calidad de anexo; sin embargo, atendida la relevancia que dichos documentos tienen en la investigación encomendada a esta Comisión Especial, resulta ineludible consignar sintéticamente en este Capítulo sus aspectos más destacados.

A. HECHOS INVESTIGADOS POR LA CONTRALORÍA CONTENIDOS EN INFORME N° VE-100/94

1.- ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS Y COSTOS DE Enacar S.A.

1.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La Empresa ha venido presentando, en forma sistemática, pérdidas en sus Estados de Resultados, las cuales se han ido acrecentando de un período a otro. Tal es así que de una pérdida de M$ 4.585.115, en el año 1990, los Estados Financieros elaborados al 31.12.93 dan cuenta de un resultado negativo del orden de los M$ 9.585.200. Lo anterior sin considerar los M$ 23.487.435 (todas las cifras de resultados en moneda año 1993) con los cuales culminó el ejercicio comercial 1992, que se vio afectado por circunstancias diversas, entre las que se pueden mencionar, el pago de indemnización extraordinaria ocasionado por la brusca disminución de la dotación de personal, el reconocimiento de las pérdidas producidas por las Empresas Relacionadas y los gastos financieros derivados de su alto endeudamiento.

Los resultados negativos en crecimiento se explican por la baja en la producción y en las ventas, que entre los años 1990 y 1993 experimentaron disminuciones del 56% y 59%, respectivamente, como asimismo, por la reducción de personal no compensada con un grado conveniente de mecanización, rigidez de estructura de gastos fijos y la insuficiencia de labores de reconocimiento y desarrollo que originaron como consecuencia natural el incremento de los costos unitarios de producción.

Además de lo anterior, en los resultados adversos a los cuales se hace referencia, contribuyen los desembolsos que implican el mantenimiento del Hospital, Parque de Lota y Casa del Directorio, que aun cuando los primeros originan ingresos, ellos no tienen ninguna relación con los gastos que ocasionan, constituyéndose en una carga que dada la situación actual de la Empresa, se hace prácticamente imposible de sostener.

Del mismo modo, en materia de servicios de terceros, si bien se han adoptado algunas medidas tendientes a su racionalización éstos siguen representando en algunos ítemes valores susceptibles de ser mejorados, en concordancia con la evolución que ha experimentado la Empresa en cuanto a la dotación de personal, volúmenes de producción y de ventas. Mención especial merece la situación de los vehículos menores que registran una subutilización que alcanza a M$ 17.702.

1.2- ANÁLISIS DE COSTOS

Los costos unitarios de explotación han registrado valores que oscilan entre los US$ 83,42, en el año 1990, y US$ 100,35, en el año 1993, en tanto que los de operación alcanzan a US$ 94,84 y US$ 116,28 en los mismos ejercicios.

Incidencia directa en el aumento que muestran los costos de producción, han tenido, como ya se indicara, la disminución paulatina de la producción, una estructura de costos fijos rígida respecto a las variaciones que experimentan los niveles de ésta, característica propia de los frentes de producción bajo superficie y la insuficiencia de campos desarrollados y preparados que minimicen el tiempo de detención en las faenas. De la misma manera, la reducción de personal acaecida en el año 1992, que alcanzó aproximadamente al 48,2% de la dotación total, no produjo el efecto que en primera instancia hubo de esperarse, debiendo comentar eso sí, que con posterioridad a ello se suscitaron ascensos y aumentos de remuneraciones en forma paralela e independiente a los reajustes otorgados de acuerdo a los convenios colectivos, en discordancia con las políticas restrictivas formuladas por el Directorio en esta materia.

Ello significó incrementar el gasto en este rubro en $ 54.853.000.000, en el año 1992 y en $ 42.360.000 en el año 1993, sin considerar los Bonos Reservados y el Rol Privado.

En esta materia, se puede concluir, en función de los antecedentes analizados en el cuerpo de este Informe, que los costos unitarios obtenidos por la Empresa podrían alcanzar valores más favorables en la medida que se materialicen acciones concretas de racionalización en algunas áreas, se eviten desembolsos innecesarios y se disponga de la tecnología adecuada que permita lograr tal objetivo.

2.INVERSIONES TRASPASADAS A GASTOS

En el curso del ejercicio 1992, se efectuaron castigos de bienes del Activo Fijo, con cargo a Resultados, por un total de $ 568.545.702, correspondientes principalmente a proyectos y obras en curso que no se llevaron a cabo, según se explica en Memoria que da cuenta de los Estados Financieros de ese ejercicio.

Esta cifra, entre otros, se refiere a Estudios, Obras, Sondajes y Desarrollos del yacimiento denominado “La Chulita “, representando las inversiones efectuadas en esta última la cantidad más significativa del total ($ 385.120.187).

Sobre el particular, el ajuste precedente merece los siguientes alcances:

2.1. - Mina La Chulita

2.1.1- La decisión relativa al castigo de las inversiones concretadas en este yacimiento fue adoptada en forma exclusiva por el ex Gerente General, don Juan Hugo Zapata, sin que existiera en forma previa, un acuerdo en tal sentido por parte del Directorio, órgano de administración superior sobre el cual radica la facultad y la responsabilidad de definir acciones que tengan relación directa con la explotación de frentes que afecten la continuidad del negocio.

2.1.2.- De la decisión anterior no existe ratificación documental, ocurriendo que el mecanismo de ajuste practicado en el sistema de información contable, carece de sustento formal, observación válida también para el resto de los componentes de la cifra global castigada.

2.1.3.- Existe una incongruencia entre la decisión de castigo y las acciones ejecutadas por la Empresa en el año 1993, las que en forma resumida se exponen a continuación:

a)Traslado de equipamiento para preparación y explotación de La Chulita por la suma de M$ 611.203, de lo cual da cuenta el documento Serie GO-GG N° 16 de 22.03.93, es decir, aproximadamente 2 meses después de cerrados los Estados Financieros que contienen su castigo.

b)Desde enero de 1993 a mayo de 1994 se han desembolsado un total de $ 111.632.744 por concepto de mantenimiento de esta Mina.

c) Por Contrato N° 23, del 10.09.93, se encargó a Servicios Geológicos Mineros y Computacionales Ltda. el “Estudio Geológico Estructural de las Minas Trongol y Chulita”, cancelando por ello un valor total de $ 7.558.537.

Todo lo anterior denota una intencionalidad clara de mantener en condiciones adecuadas esa Mina para una posible explotación futura y, por lo tanto, deja de manifiesto la improcedencia del castigo contable de que fue objeto y que, en su oportunidad, significó incrementar injustificadamente los resultados negativos de la Empresa en la cantidad de $ 385.120.187.

2. 2.- Otros Componentes.

2.2.1.- En los valores indicados se incluye además las obras referidas a Planta Tratamiento Carbones Menudos por $ 11.762.598, U.G.D. Construcciones por $ 10.785.148 y Proyecto Stacker por $ 6.576.964, que originaron bienes activables, razón por la cual no aparece del todo razonable el reconocimiento de pérdida por los conceptos que se aluden.

2.2.2.- Producto de la confrontación entre las cifras contables con las consignadas en las Planillas Control de Inversiones, se determinó una descuadratura del orden de $ 11.076.896, que pasó a conformar el total castigado bajo la denominación de “Diferencia”, sin que mediara un análisis exhaustivo tendiente a establecer las causas que pudieren haberla ocasionado, aumentando la pérdida del ejercicio 1992 en una cifra cuyo origen resulta desconocido.

3.- BOSQUES Y MADERA MINA

En relación a esta materia se estableció un conjunto de situaciones irregulares, algunas de las cuales fueron dadas a conocer en su oportunidad por el Departamento de Auditoría Interna de la Empresa.

3.1.- Hasta el año 1991 no se disponía de sistemas de control en cuanto a los stocks existentes en las canchas de madera.

3.2.- Previo a las adquisiciones de bosques no se efectuaron estudios técnicos sobre cubicación que estimaran adecuadamente el potencial maderero de los bosques y de esa forma proteger adecuadamente los intereses de la Empresa, hecho que provocó pagos en exceso por $ 16.814.296, en valores históricos, derivado de una sobreestimación del verdadero potencial.

3.3.- En inventario físico practicado por el Departamento de Auditoría Interna se determinó un faltante de 1.997,61 M.R., que valorizados al 20.04.93, fecha del inventario, significó una pérdida de $ 51.266.040.

3.4.- Por negligencia administrativa no se explotaron 120 M.R., en el bosque Traiguén adquirido según contrato N° 43, de 06.11.91, situación que causó una pérdida de $ 1.101.360.

3.5.- No se había hecho efectiva a la fecha de esta Fiscalización (junio de 1994), la letra notarial a la vista entregada por don Celedino Fierro Manríquez por valor de $ 6.350.000, para garantizar el anticipo que Enacar le hiciera en la compra del bosque denominado Loncotripay el 09.08.91 y, que por circunstancias atribuibles al vendedor, no pudo ser explotado, lo cual denota una evidente negligencia en cuanto a la protección de los activos de la entidad.

3. 6.- El Informe de Auditoría Interna N° 9, de 24.03.92, da cuenta de un conjunto de situaciones anómalas; sin embargo, la Gerencia General de la época no impartió instrucciones en orden a investigarlas para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran haber afectado a los funcionarios involucrados en esta área, toda vez que tales situaciones ocasionaron un perjuicio al patrimonio de la Empresa. Lo mismo ocurrió con el faltante al que se hace mención en el punto N° 3.3.

4.- APORTES FISCALES RECIBIDOS APLICADOS POR Enacar

Se verificó conforme la recepción y contabilización de los recursos estatales aportados a la Empresa, determinándose que durante el año 1992 se había enterado la suma de M$ 18.477.000; en 1993, un total de M$ 7.129.000, y a mayo de 1994 M$ 4.842.000.

Respecto de la utilización de tales fondos, se constató que durante el año 1992 se orientaron mayoritariamente a solventar gastos en el pago de indemnizaciones y de remuneraciones al personal, como asimismo a aportes a la empresa relacionada Carvile S.A., en valores representativos del 41; 20 y 8,8% del total percibido, respectivamente.

Durante el año 1993 los recursos se aplicaron preferentemente a la amortización de deuda y al pago de remuneraciones, en cifras equivalentes al 42 y 17 por ciento, respectivamente; en 1994, el 40 por ciento de los fondos se destinaron igualmente a la amortización de deudas.

5.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL

5.1- CONTRATOS Y DESPIDOS.

En relación a las contrataciones y despidos a que se alude en la presentación de la Honorable Cámara de Diputados, cabe precisar que requerido el ex Gerente General, en cuyo cargo está radicada la facultad para contratar y despedir a trabajadores, manifestó las razones que tuvo en consideración para adoptar las decisiones sobre los casos denunciados, las cuales se contienen en declaración prestada ante esta Comisión Fiscalizadora.

5.2- CONTRATACIONES IRREGULARES.

El ex Gerente General de la Empresa, señor Juan Hugo Zapata González, en contradicción al espíritu y finalidad de la ley N°19.129/92 y vulnerando lo preceptuado en el artículo 7°, letra b) de dicho numeral, dispuso que los señores Aníbal Luco Garrido, Luis Ribera Guerra, Luis Torres Araneda y Julio Valenzuela López, continuaran desempeñando funciones en la Compañía, no obstante que se habían acogido a retiro y, por ende, se había procedido a finiquitar sus respectivos contratos de trabajo, con todos los beneficios adicionales contemplados para incentivar el retiro voluntario de trabajadores.

Esta resolución, ilegalmente adoptada por el mencionado ex-ejecutivo, significó para la Empresa el pago improcedente de un total ascendente a $ 27.253.860, por liquidaciones de haberes correspondiente al tiempo que tales personas permanecieron, en la forma ya señalada, en dicha Sociedad.

5.3.- HONORARIOS.

El análisis de los valores cancelados por concepto de honorarios permitió determinar que éstos alcanzaron a M$ 112.810; M$ 197.204; M$ 188.066 y M$ 176.972, en los años 1990, 1991, 1992 y 1993, respectivamente, derivándose que los recursos aplicados por este concepto durante 1993, en cifras actualizadas a dicho año, fueron superiores en un 57% y en un 10%, respecto de 1990 y 1991 e inferior en un 6%, en relación al año 1992.

Los servicios prestados son de variada naturaleza, incluyéndose entre ellos los relacionados con los profesionales de la salud, para el Hospital de la Empresa; asesorías legales de abogados; estudios y asesorías técnicas de profesionales especialistas en la materia; etcétera.

5.4- ASESORÍA JAVIER SERGIO FUENTES AGUIRRE

Se verificó que el Ingeniero Civil en Minas, señor Fuentes Aguirre fue contratado para prestar servicios de asistencia técnica y asesoría de nivel ejecutivo por el entonces Gerente General don Eduardo Zúñiga Pacheco, a contar del 01.03.92 y prorrogado dicho contrato por el ex Gerente General, Juan Zapata González, primero como persona natural y, posteriormente, como “S.F. Ingenieros Consultores Ltda.”, con honorarios de 2,5 U.F. por cada hora de trabajo prestada a la Empresa.

Desempeñó asimismo, entre los meses de julio y diciembre de 1993, el cargo de Gerente de Operaciones, entendiéndose que tal función la cumpliría como labor propia de la asesoría contratada y sin una relación de subordinación o dependencia, aspecto que se estima como altamente inconveniente, por cuanto de acuerdo con su vínculo contractual se encontraba eximido de toda responsabilidad administrativa frente a eventuales hechos derivados de su gestión.

El total de recursos utilizados por la Empresa en dicha asesoría alcanzó a M$ 100.903.- en valores actualizados a U.F. del 30.06.94, que se desglosa en M$ 99.852 por concepto de honorarios y M$ 1.051, en pasajes aéreos Santiago-Concepción-Santiago.

Lo anterior, sin perjuicio además de los costos con cargo a la Empresa por concepto de alojamiento y alimentación proporcionada en la Casa del Directorio, beneficio que también se había convenido contractualmente con el mencionado asesor y cuya cuantía no fue posible determinar por no disponerse de los antecedentes sobre el particular.

En cuanto al resultado y aprovechamiento de la referida asesoría puede señalarse que los proyectos no se materializaron por falta de recursos, pero producto de las sugerencias y recomendaciones contenidas en los informes, se ha podido introducir mejoras parciales y se han ejecutado diversas acciones que han permitido un avance y mejoramiento en los procesos productivos de las faenas mineras.

5.5- CONTRATACIÓN EX-ASESOR ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.

Efectivamente, como se plantea en la denuncia, al Ingeniero Comercial señor Francisco Massoni Gaoza, después de haberse acogido a retiro voluntario con todos los beneficios adicionales contemplados para incentivar el retiro de los trabajadores de la Enacar, se le contrató por el Gerente General de la fecha, señor Zapata González, sobre la base de 15 UF por cada día trabajado, además de la alimentación y movilización dentro de la VIII Región y pasajes aéreos Santiago-Concepción-Santiago, para “desarrollar las funciones de asistencia técnica y asesoría de nivel ejecutivo a la Gerencia General en materias económicas, financieras y técnicas orientadas a la elaboración de un proyecto de autosustentación”.

Este acto de mantener a un ex-trabajador en la Empresa después de haberse acogido a retiro voluntario, en las condiciones ya indicadas, no se condice con la finalidad de la ley N° 19.129/92. Cabe señalar, por otra parte, que en su finiquito de trabajo de 30.06.92, se le canceló indebidamente la suma de $ 969.855, correspondiente a reajuste estimado de enero a septiembre, por no cumplir los requisitos establecidos en la resolución GG N°13, de 15.06.92, que dispuso dicho beneficio.

5.6- CONTRATO SEÑOR ALBERTO ROJAS PIÑONES.

Mediante contrato sobre la base de honorarios, suscrito con fecha 01.09.93, entre el ex Gerente General, señor Juan Zapata G., y el referido señor Rojas Piñones, se convino como retribución a sus servicios un honorario mensual de $ 2.399.611. No obstante, sin que estuviera contemplado entre los beneficios a solventar por parte de la Empresa, a la fecha de término anticipado de su contrato se le canceló la suma de $ 542.800.-, por concepto de mudanza Los Andes-Concepción-Los Andes. Cabe agregar, por otra parte, que el Gerente General resolvió poner término anticipado a sus servicios un mes antes de la fecha estipulada, en consideración a que el citado profesional “había estado involucrado en incidentes que provocaban desprestigio para la autoridad”, cancelándosele indebidamente la suma de $ 2.065.809, por “indemnización por desahucio voluntario un mes”, en circunstancias que, dicho beneficio, procedía en el caso que su término anticipado se produjera “por causales no imputables al señor Rojas”.

6.- CANCELACIÓN INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS ESPECIALES

6.1.- Indemnización por sobre lo convenido en contratos.

Se verificó el pago indebido por este concepto en favor de los ex-trabajadores señores Luis Tartari Villagrán y Aníbal Luco Garrido, por las sumas de $ 1.676.071 y $ 1.367.148, respectivamente, correspondientes a uno y a dos meses de indemnización contractual por años de servicios en exceso, para cada caso, por expresa autorización del señor Gerente General.

6.2.- Indemnizaciones fuera de plazo.

La Gerencia General, en concordancia con las directrices del Directorio y Acuerdo Empresa Nacional del Carbón y Sindicatos de Trabajadores, formalizó y restringió el otorgamiento de beneficios especiales para aquellos trabajadores que se acogieran a retiro voluntario, en las condiciones y plazos estipulados en Resoluciones emitidas por dicha Autoridad. No obstante, en discordancia con lo dispuesto formalmente en tales documentos, se procedió a cancelar indebidamente beneficios adicionales en los finiquitos de los trabajadores señores Eduardo Martínez Estrada, Joaquín Acevedo Brado, Ilario Pranzini Conti, Eduardo Luna Flores y Narciso Cortés Pasten, por la suma global de $ 22.536.183.

6.3.- Anticipos de indemnizaciones no descontadas.

Por omisión, descuido y/o negligencia de las personas responsables de su manejo, no se dedujo de los haberes de los finiquitos de contratos de trabajo de las personas retiradas en 1992, los anticipos a cuenta de indemnizaciones, por la suma global de $ 2.900.000, valor que a la fecha de la auditoría no había sido recuperado.

6.4.- Otros pagos indebidos.

Por las razones y fundamentos expuestos detalladamente ya indicados, se canceló indebidamente un total de $ 7.804.238, a los ex-trabaj adores señores Sergio Carrillo Cisternas, David Vásquez Alarcón, Carlos Venegas Lavado, Peter Crorkan Healy y a la señora María Macaya Bahamondes, a la fecha de su retiro de la Empresa.

6.5.- Bonos reservados.

Se constató que, por determinación del Gerente General de la Empresa, del Administrador de la Planta de Trongol y/o de otros niveles gerenciales, se cancelan a algunos trabajadores sumas de dineros, por diferentes montos y períodos, internamente denominados “bonos reservados”; que no guardan relación con una sana y transparente política de remuneraciones, habida consideración a que dichos emolumentos están destinados a pagar conceptos expresamente restringidos por la propia Administración, como lo es, por ejemplo, el caso de las horas extraordinarias a personal administrativo.

6.6.- Compensación de feriado en dinero.

En contravención a lo dispuesto en los artículos 65 y 72, de la ley N° 18.620, que aprueba el Código del Trabajo, en la época que interesa, el ex-Gerente General, señor Juan Hugo Zapata González, dispuso para beneficio de sí mismo el otorgamiento de $ 3.218.384.-, por concepto de “compensación en dinero” por el feriado no hecho efectivo, correspondiente al período junio 1992 a junio de 1993.

No obstante, casi nueve meses después de haber percibido dicha suma y habiéndose percatado que había procedido en forma irregular, según expresamente lo reconoce, se efectuó el traspaso del saldo de la referida compensación a “préstamo a largo plazo” por un valor de

$ 1.958.384 -, además de $ 560.000, correspondiente a cuatro cuotas de $ 140.000, cada una, incluidas en sus liquidaciones de los meses de agosto a noviembre de 1993, para el solo efecto de tributación, que no habían sido descontadas en sus respectivas planillas mensuales.

Sin perjuicio del carácter de ilegalidad que reviste la acción señalada, se infringieron normas tributarias al declararse en parcialidades la suma total percibida por el concepto ya indicado. Finalmente, cabe consignar que, de conformidad al análisis efectuado, se habría cancelado en exceso la suma de $ 560.000 -, al señor Juan Hugo Zapata, por este mismo concepto.

6.7.- Préstamos personales.

Se detectó que el ex-Gerente General ya individualizado, dispuso para sí mismo, sin la autorización del Directorio de la Empresa, el otorgamiento de préstamos personales por la suma de $ 8.600.000 aproximadamente, recibidos en tres parcialidades. Este hecho infringe lo dispuesto en el artículo N° 50, de la ley N° 18.046, de 1981, sobre Sociedades Anónimas, en concordancia con lo preceptuado en el N° 5, del artículo 42 de ese cuerpo legal, que señala que a los gerentes también les será aplicable lo dispuesto para los directores, en cuanto a que no pueden tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad, sin la autorización del Directorio otorgada en conformidad a la ley.

Por otra parte, y relacionado con el mismo tema, se verificó que el ex-Vicepresidente del Directorio de Enacar S.A., señor Ariel Ulloa Azócar, recibió fondos de la Empresa, en el mes de abril de 1990, por la suma de $ 1.500.000, autorizado según expresas instrucciones del Presidente del Directorio, señor Pedro Buttazzoni A., en calidad de “fondos a rendir”, a liquidarse el 30 de junio de 1990, y sin especificar el motivo del gasto a realizar. Posteriormente de dicha operación, tratada como préstamo personal, se le retuvo, en los meses de enero y marzo de 1991, de dietas y de gastos de representación, la suma de $ 427.000.- El saldo, ascendente a $ 1.073.000, el señor Ulloa Azócar lo reintegró, sin reajustes ni intereses, más de cuatro años después de haberlo recibido.

Por consiguiente, es válida para este ex-Director de Enacar S.A. así como lo sería también para el señor Buttazzoni, la contravención legal impugnada, conforme a lo establecido en el número 5, del artículo 42, de la ley N° 18.046, ya citada.

7.- ROL PRIVADO.

7.1.- Aspectos generales.

Fundamentalmente se estima necesario señalar respecto de este rubro, las deficiencias relativas a la falta de un sistema de información y registro, en donde se consigne en detalle las operaciones efectuadas; ello, por cuanto si bien es cierto tales transacciones son incorporadas a la contabilidad de la Empresa, éstas se registran en forma global, genérica, que no permiten efectuar los análisis con el grado de detalle que se requiere en determinadas oportunidades. Se verificó, además, que manejan bajo este concepto diversos gastos, tales como: publicidad radial, pago de honorarios, reembolsos por gastos médicos, consumos de Ejecutivos y otros, que no corresponde sean administrados reservadamente, vía Rol Privado.

7.2.- Anticipos de sueldos.

El ex-Gerente General, señor Zapata González, dispuso para sí anticipos de sueldos en términos que, en forma reiterada, originaron saldos acreedores en sus liquidaciones mensuales de remuneraciones. Ello, con la agravante que durante los meses de marzo a agosto de 1993, parte de los mencionados anticipos fueron destinados a tomar depósitos a plazo en entidades bancarias, en beneficio de dicho ejecutivo.

7.3.-Beneficios y gastos improcedentes.

Conforme a los fundamentos y análisis efectuados, la Empresa incurrió en desembolsos destinados a solventar gastos y cancelar beneficios a empleados que, conforme a los argumentos sostenidos, resultan improcedentes. Dichas erogaciones ascienden a un monto total de $ 10.789.136 y se relacionan con los siguientes conceptos: pasajes aéreos Santiago- Concepción-Santiago.

Consumos diarios en restaurantes de la Capital.

Viáticos y ayudas en dineros a dirigentes sindicales.

Contratación de seguros de vida en beneficio personal de ejecutivos.

Celebraciones y compras de obsequios derivados de actividades ajenas a los fines de la Empresa.

Pagos de dietas a Directores que no concurrieron a sesiones. Gastos no acreditados como Institucionales.

8.- CAPACITACIÓN.

Los gastos por este concepto ascendieron para los años 1992 y 1993, a $ 43.487.291 y

$ 60.381.565, respectivamente, en cifras históricas, con cargo a la franquicia tributaria del

Sence, correspondiente a 100 y 113 cursos aprobados y ejecutados, con un total de 1.066 y 1.743 trabajadores capacitados.

De acuerdo con los antecedentes analizados, los cursos se orientaron principalmente al área de producción y en forma decreciente a los tópicos de computación, administración y otros.

8.2.- Evaluación del sistema de control interno.

El examen efectuado permitió apreciar diversas deficiencias de procedimientos y control en materia de capacitación, que en general están referidas a falta de reglamentación interna; omisión de llamados a propuestas o cotizaciones; adjudicación directa por parte de la Jefatura del Departamento; etc.

8.3.- Capacitación a dirigentes sindicales.

Se verificó que la Empresa financió durante el año 1992, acogiéndose a las franquicias tributarias del Sence, cursos solicitados y dirigidos a dirigentes sindicales, no obstante que tales acciones están orientadas exclusivamente a trabajadores, al tenor de lo preceptuado en el artículo N° 1 del D.S. N° 146, de 1989, que aprueba el Reglamento del D.F.L. N° 1, de 1989, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo.

8.4.- Gastos en capacitación no descontados a ex-empleados.

A diversos trabajadores que se retiraron de la Empresa y que se encontraban realizando cursos de capacitación financiados con cargo al Sence o de costo de Enacar, no se les descontó de sus respectivos finiquitos la parte proporcional del gasto incurrido con posterioridad a la fecha de término de sus contratos, por cuanto, no es procedente que con recursos estatales se solventen acciones en beneficio de ex trabajadores de la citada Sociedad, alcanzando la cifra objetada a la suma de $ 2.738.000 .

8.5.- Utilización indebida de franquicia tributaria.

Se constató que la Empresa ha hecho uso indebido de la franquicia tributaria del 100% contemplada en el Estatuto del Sence, por trabajadores que, según se verificó, percibían una remuneración mensual superior a los 10 Ingresos Mínimos Mensuales estipulado en el artículo 21 del DFL N° 1, ya citado, por un valor total de $ 2.425.237.

8.6.- Pérdida de crédito por gastos de capacitación.

La Empresa Nacional del Carbón S.A., por el año tributario 1992, ejercicio comercial 1991, ha incurrido en una pérdida de $ 19.462.603.-, por no haber rectificado oportunamente la declaración de renta de ese período, por concepto de un mayor gasto de capacitación no informado, no obstante que el Departamento de Auditoría Interna había comunicado, con fecha 6.07.92, tal omisión.

9.- OTRAS MATERIAS OBSERVADAS

9.1.- Sociedad Colectiva “El Cateador”.

La Empresa, con la autorización de su Gerente General y, sin que mediara contrato de compraventa de bienes y/o servicios con la referida Sociedad, cursó en febrero y marzo de 1994, dos anticipos por un total de $ 37.675.025. Tales desembolsos se efectuaron, además, sin exigir de dicha entidad garantía alguna que velara por los intereses de Enacar S.A..

Las mencionadas erogaciones corresponden a pagos efectuados por cuenta de trabajadores de la Empresa que adquirieron derechos de la Sociedad Civil “El Cateador” y que autorizaron a aquélla para que procediera a descontar de sus liquidaciones mensuales, cuotas hasta extinguir el total comprometido por la adquisición de los derechos de la referida Sociedad.

La operación descrita no se ciñó a los procedimientos normales establecidos por la propia Gerencia General en materia de préstamos, puesto que no hubo solicitud de parte de los interesados, selección de los mismos ni fueron registrados en la cuenta contable habilitada para tal efecto.

A la fecha de esta Inspección (junio de 1994), existían numerosas peticiones de trabajadores de la Empresa para que les suspendieran los descuentos por haber resultado infructuosos los esfuerzos para obtener el certificado de “Cesión de Derechos”, de parte de “El Cateador y Cía” y habida consideración, además, que la Superintendencia de A.F.P. había revocado la autorización de la AFP Laboral y dispuso su liquidación, entidad respecto de la cual se señaló, en un comienzo, serían copropietarios los trabajadores que participaron de esta operación.

9.2.- Arriendo de Teatro y de piscina.

Por contrato suscrito por el ex-Gerente General, señor Zapata, con fecha 12.04.93, Enacar se vio afectada en su patrimonio, en beneficio del contratista particular don Juan Cruz Balmazábal, al condonar deudas que éste mantenía con la Empresa por $ 1.758.873 -; por contraer la obligación de cancelar deudas del señor Cruz derivadas de gastos del complejo Piscina N° 2 y Teatro Lota Alto que éste mantenía en arrendamiento y cuya obligación contractual recaía en su persona, por un total de $ 1.844.667 - y por cancelar, además, a dicho arrendatario la suma de $ 1.000.000 - a título de “compensación por el servicio de administración”, durante los meses de verano de 1993, lo cual no estaba, de modo alguno, establecido en anterior contrato de arrendamiento suscrito entre las partes antes indicadas. A su vez, mediante contrato de fecha 28.01.94, se convino con la I. Municipalidad de Lota el arrendamiento de los citados inmuebles, verificándose que sólo el 09.06.94 se canceló el arriendo impago de cuatro meses, más la garantía exigida en el referido contrato.

9.3- Deudores Hipotecarios.

Derivado de la política adoptada por la Empresa, en cuanto a permitir que a los trabajadores con deudas hipotecarias vigentes a su fecha de retiro, no se les descontara el saldo adeudado de las indemnizaciones a percibir, ha originado que al 30 de mayo del presente año se adeude por este concepto, la suma de $ 78.778.893 -, que equivale a un 45% de morosidad.

9.4.- Préstamos habitacionales a trabajadores socios Carcop.

Los saldos mantenidos por concepto de préstamos habitacionales a los trabajadores socios de Carcop, que alcanzaban alrededor de $ 30 millones, fueron castigados contablemente, sin que se hubieran agotado los medios legales de cobro y obtenido la autorización del Ministerio de Hacienda en los términos señalados por el artículo 19 de la ley N° 18.832.

La eliminación contable de estos saldos fue dada a conocer por el Departamento de Auditoría Interna mediante informe N° 24, de 28.08.91, sin que se adoptara, por parte de la Administración, ninguna medida al respecto.

9.5.- Edificio Chollín.

Por concepto de mantención del Edificio Chollín se canceló entre el mes de enero de 1990 y mayo de 1993, injustificadamente, un total aproximado a los $ 11.500.000, puesto que dicho inmueble, en las fechas indicadas, ya se encontraba ocupado por sus propietarios y el proceso de venta ya estaba finiquitado por medio de la formalización de las respectivas escrituras.

9.6.- Casa del Directorio.

El bien raíz denominado Casa del Directorio demanda a la Empresa desembolsos anuales por un monto cercano a los $ 25 millones, representando el 30% de dicha cifra adquisiciones de bienes destinados a alimentación, lo cual no deja de llamar la atención, toda vez que los miembros del Directorio, en general, celebran las sesiones en la ciudad de Santiago.

9.7.- Situación dirigentes sindicales.

Se constató que 29 trabajadores de la Empresa, que revisten la calidad de dirigentes sindicales, no acatan las disposiciones legales contenidas en los artículos Nos. 249 y siguientes del DFL N°1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, con respecto al uso de los permisos sindicales de parte del empleador, para ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar del trabajo y con relación al pago de remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales. En efecto, la norma legal establece que, sin perjuicio del acuerdo a que puedan arribar las partes, tanto las remuneraciones como los demás beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador, por el tiempo que abarquen los permisos otorgados a los directores o delegados para cumplir labores sindicales, deben ser solventados por el respectivo sindicato.

Por el contrario, en la Enacar S.A. , en abierta contravención a las normas legales citadas, los dirigentes sindicales permanecen ininterrumpida y permanentemente en actividades propias de sus cargos de dirigentes, con pago íntegro y total de todas las remuneraciones y beneficios con recursos de la Empresa, ascendentes a una suma aproximada de siete millones de pesos mensuales.

9.8.- Gastos de edificios desocupados.

Actualmente, la Empresa cuenta con los siguientes inmuebles que están sin uso desde el 23 de marzo de 1993, por efecto de políticas de reubicación física de la Administración: Edificio ex-Gerencia General, Relaciones Industriales, División Técnica y Ventas Zona Sur, lo que ha significado para la Sociedad un costo por concepto de energía eléctrica y agua potable, ascendente a $ 4.995.637.-, en el período comprendido entre marzo de 1993 a mayo de 1994. Asimismo, se encuentra desocupado, pero sin costos, el local denominado exCapacitación, desde el mes de octubre de 1992.

B. PLANTEAMIENTO DE Enacar S.A.

Frente a los cargos formulados por la Contraloría General del la República en su informe N° VE-100/94, antes sintetizado en sus aspectos más relevantes, Enacar S.A. hace valer sus defensas, con fecha 10 de octubre de 1994, las que pasan a indicarse, también resumida-mente, utilizando para su comprensión la misma sistematización, por temas. El texto completo de este documento de inserta como Anexo N° 2.

1.- ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS Y COSTOS DE Enacar S.A.

En primer lugar, es un error atribuir el descenso de la producción del año 1993 directamente al éxodo de personal calificado en 1992, ya que aún en el caso de que no se hubiesen retirado en esa fecha, y se mantuvieran en la empresa hasta hoy, la presencia de este personal, por sí solo, no habría garantizado un aumento en la producción, dado que actualmente no existen reservas probadas sobre las cuales se pueda planificar.

Es fácilmente demostrable, a su vez, que la razón de la escasez de reservas probadas, es la falta de reconocimientos que habrían existido de haberse mantenido una política de reservas que hubiera permitido en el tiempo ir reponiendo las Reservas Probadas a medida que éstas se fueran consumiendo. En minería del carbón es necesario, como estándar, hablar de reservas probadas para cinco años de producción como mínimo .

Desde otro punto de vista, se ha señalado que la Mina de Lota es capaz de producir entre 300.000 y 400.000 ton/año, con la misma infraestructura y nivel de dotaciones que hoy tiene. Esto sería posible si existieran frentes de carbón posibles de explotar, es decir, si hubiese reservas probadas y proyectos sustentados por éstas.

Las políticas en los últimos 20 años en cuanto a Reservas, no es sino un reflejo de la ausencia de directrices claras frente al futuro de la Mina Lota. La falta de una línea única, traducida en cambios de Estrategias, en donde se han mezclado decisiones encontradas, incluso en cuanto a la continuidad de la Empresa, ha influido en la postergación sistemáticamente de las acciones que pudieran revertir el deterioro generalizado de ella, transmitiéndose además al ánimo y espíritu de los trabajadores. La inexistencia de objetivos y planes de largo plazo fundamentales en la planificación minera, motivado probablemente por el contexto de situaciones complejas, que no nos corresponde calificar, tiene en la actualidad a la mina Lota sin reservas geológicas explotables (reservas mineras extraíbles).

Es en esta causa básica en donde se encuentra la raíz del aumento de los costos. Cuando se adopten las medidas adecuadas en el tiempo oportuno, podrá revertirse el resultado. Su postergación en el tiempo es el factor más negativo en estos instantes. A medida que éste transcurre, se agotan los saldos de producción y el crecimiento de los costos unitarios tienden a infinito.

Manifestar que la mantención de ciertos ítemes menores, como algunos de los mencionados en el Informe (subutilización de Vehículos Menores y mantención Casa del Directorio) es la causante del deterioro, categóricamente constituye una evaluación insuficiente y, más aún, impide y/o desvía la atención en la búsqueda de la causa esencial. Lo fundamental es, entonces, hurgar en aquellos indicadores que representan las claves en el resultado, sin perjuicio de las medidas oportunas que permitan mejoras en todos los aspectos de la Administración.

Específicamente, sobre las causas enunciadas en el citado Informe, cabe señalar lo siguiente:

a)Baja en la producción. Este punto ha sido extensamente analizado precedentemente.

b)Baja en las ventas. Las ventas son linealmente dependientes de la producción. Si no hay producción, no hay ventas. Por lo tanto si se refiere a una, el referirse a la segunda es absolutamente redundante. 

c)Reducción del personal no compensada con mecanización. Tiene un impacto importante, pero por sí sola no explica el resultado, además no es la variable de mayor incidencia.

d)Rigidez en la estructura de gastos fijos. Es parte del análisis, los gastos fijos son muy incidentes y no sólo corresponden, como se ha dicho, a administración, sino también a la mantención de la infraestructura de la mina.

e)Insuficiencia de labores de reconocimiento y desarrollo. Esto ha sido suficientemente tratado en párrafos anteriores.

f)Mantención del Hospital. No es relevante. Para los montos de gastos operacionales considerados hoy (del orden de los 15.000 millones de pesos) no representan más del 2.5 al 3.0 (%).

g)Mantenimiento del Parque. Del mismo modo, éste no sobrepasa el 0.5 (%) del gasto operacional total.

h)Mantenimiento de la Casa del Directorio. Sin duda este ítem es irrelevante. No repre-senta siquiera el 0.15 (%) del gasto operacional.

i)Subutilización de los vehículos menores, ya sea por concepto o por incidencia en el costo (menor que 0.05(%)), no tiene significación como explicación en el alza del costo unitario. Lo anterior, se expresa independientemente de medidas de racionalización ya evaluadas por la Administración de la Empresa y que no es del caso aquí comentar.

Otras Precisiones

Desde el punto de vista contable, también es procedente realizar algunas precisiones y consideraciones, que no se reflejan con la claridad necesaria en el citado Informe, tales como:

a)Gastos Anuales

Durante el período de cuatro años evaluados, se lograron fuertes disminuciones de gastos, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

-01

b)Endeudamiento.

El endeudamiento considera dos escenarios. En el corto plazo, la cuota proporcional anual para el año 1994, resulta ser de $ 4.642 millones de pesos. Esta cuota considera servicio de la deuda e intereses de los créditos KFW, Banco de Chile y crédito sindicado (reprogramación de créditos y novación de bonos, negociaciones realizadas en el año 1992). La deuda de largo plazo, asciende a $ 21.802 millones de pesos, y considera el capital asociado a los créditos señalados precedentemente. Se debe agregar a esta cantidad la suma estimada de $ 7.680 millones de pesos por intereses a esta fecha.

c)Inversión en Empresas Relacionadas. 

La variación de las inversiones en empresas relacionadas obedece a las variaciones en el Patrimonio de las empresas filiales. Cuando alguna filial ha producido pérdidas, la inversión ha disminuido proporcionalmente a la participación de la empresa matriz. En los ejercicios de los años 1990 y 1991, no se registraron pérdidas, por lo que se reconoció una utilidad por Inversión en Empresa Relacionada.

d)Hospital.

En relación a los ingresos generados por los servicios prestados por el Hospital, la mayor parte de éstos se traducen en corriente efectiva de recursos. En promedio, las instituciones de salud previsional bonifican un 70 (%) de las prestaciones de salud. El saldo restante es recuperado ya sea por vía contado o por descuentos mensuales reajustados de acuerdo a las variaciones del IPC.

Si bien es cierto entre los años 1991 y 1993, ha existido una disminución superior a los 12.000 millones de pesos en el gasto total, esta variación se produce por dos causas. La primera, es la consecuente baja en la producción y niveles de desarrollo, en tanto que la segunda, apunta a las diversas medidas de racionalización implementadas en el período (Concentración de las actividades de superficie, disminución paulatina de la burocracia, contracciones organizacionales, etc.).

Dado que este tipo de medidas de racionalización no ha sido suficiente, la Empresa encomendó estudios de ingeniería para identificar los aspectos críticos en los resultados y así abordar, a través de la implementación de las recomendaciones vertidas por los informes evacuados, los problemas que representaban las mayores pérdidas en el ejercicio. De esta forma aparecen los gastos relacionados con los estudios asociados a la Modernización de la Mina Lota. Estos estudios han sido de gran importancia y trascendencia, dado que identifican y ordenan, desde el punto de vista del costo, los aspectos más relevantes de todo el proceso productivo.

El actual Directorio de la Empresa, con el compromiso de sus Ejecutivos, Profesionales y Dirigentes Sindicales, ha trazado un plan estratégico que considera la única salida viable para la realidad de Enacar S.A., dentro del contexto local. Este plan considera implementar cambios profundos en la organización y mejoras substantivas en la operación, con el objeto de llegar a una situación de equilibrio operacional, en el cual los ingresos se igualan a los gastos. Como consecuencia de lo anterior, los aportes estatales decrecerán sostenidamente hasta desaparecer. Los estudios realizados en el pasado reciente, han sido una contribución importante en la confección de los planes y sustentación de los supuestos empleados en la elaboración de programas y focalización de las estrategias. Será necesario, en el futuro inmediato, contar con la aprobación, por parte de las autoridades, de aquellas medidas administrativas que imperativamente requiere la nueva estrategia y del otorgamiento de los recursos de capital, considerados como supuestos en las soluciones planteadas.

Desde el punto de vista administrativo, se redistribuirán las funciones de acuerdo a un nuevo esquema organizacional, creando y adaptando los procedimientos para las distintas actividades relacionadas, con el fin de liberar de trámites innecesarios la gestión y respaldar adecuadamente las decisiones a través de relaciones cruzadas y el apoyo de comités y equipos de gestión. De este modo, se pretende privilegiar la transparencia en la aplicación de los procedimientos y evitar focos de autoridad que se traduzcan en futuros puntos de vulnerabilidad.

Como complemento de lo anterior, y en forma paralela, se está implementando una nueva política de remuneraciones, aprobada por el Directorio de la Empresa. De esta manera se pretende que el sistema de remuneraciones, regulado por valores equivalentes de mercado, en lo posible tienda a incentivar la productividad en un marco de equilibrio interno y externo, y sobre la base del irrestricto respeto a los derechos laborales

El Informe de la Contraloría, se refiere específicamente al comportamiento de las remuneraciones canceladas en el período 1990 y 1993, presentando cifras y conclusiones, respecto de las cuales la Empresa considera necesario precisar los siguientes aspectos:

a)El costo por concepto de remuneraciones del año 1993 disminuyó en relación a los años 1990, 1991 y 1992 en proporciones equivalentes al 47,1%, 48% y 39,3%, respectivamente. Es decir, el gasto en el rubro disminuyó en el año 1992 en $ 1.288.940.000.- (14%) y en el año 1993 en $ 3.065.617.000.- (39,27%), sumas que incluyen los valores del Rol Ejecutivo o Privado como se denomina en otros casos.

b)Existen antecedentes que no fueron considerados en el Informe de la Contraloría, producto de un análisis parcial que conduce a una distorsión de conclusiones respecto de las variaciones de remuneraciones de algunos funcionarios que otorgó la Empresa en el año 1992, independientemente de los incrementos derivados de Negociaciones Colectivas, dando la impresión que ellos se otorgaban indiscriminadamente, sin obedecer a causas objetivas.

c)Es así como los aumentos de sueldos bases observados en algunos casos corresponden -por lo general- a mayores responsabilidades asumidas por los trabajadores, y en otros a ajustes por eliminación de algunos haberes. También debido al retiro masivo de personal, fue necesario tomar medidas oportunas de motivación para que las actividades no se paralizaran, las que se tradujeron en mejoras remuneracionales.

d)Por otra parte, los incrementos de remuneraciones que se observan en forma destacada en el cuadro que al respecto presenta el Informe, no obedecen a reajustes otorgados de una sola vez, sino que a aumentos paulatinos a través del tiempo, según las nuevas responsabilidades que los funcionarios iban adquiriendo.

El Sr. Héctor Navarrete Muñoz. Al 31.03.92 se desempeñaba como Jefe de Turno con un sueldo base de $ 94.066.- A contar del 01.04.92 por cambio de ocupación como Ingeniero de Ejecución, aumenta su sueldo base a $ 155.579.- y el 01.09.92 recibe un nuevo aumento por sus funciones como Ingeniero Civil de Minas percibiendo un sueldo base de $ 241.463.- El 01.10.92 su sueldo es reajustado de acuerdo al Contrato Colectivo de Lota quedando en $ 277.924.-, el que con motivo también del reajuste del mismo instrumento colectivo, el 01.10.93 asciende a $ 312.109.

Finalmente, a contar del 01.11.93, se le designa Jefe del Departamento de Desarrollo y Preparación Mina Lota, ajustándose su sueldo a $ 505.000.- conforme a sus nuevas responsabilidades.

Sr. Eduardo Oyarzún Rodríguez. Al 31.03.92 su sueldo base era de $ 170.413.- desempe-ñándose como Ingeniero de Ejecución Eléctrico. A contar del 01.04.92 se le aumentó su sueldo base a $ 310.651.- por cambio de ocupación a Ingeniero Civil Industrial (título que obtuvo a través del beneficio Becas Universitarias contemplada en el Contrato Colectivo). Finalmente, a contar del 01.06.92, se le nombra Ingeniero Asesor de Estudios de la Gerencia de Recursos Humanos con un sueldo de $ 439.700.

Sr. Juan Valderrama Salazar. En primer lugar, cabe aclarar que su sueldo al 01.01.92 era $ 142.017.- reajustándose el 01.10.92 por efecto de Contrato Colectivo quedando en $ 163.462.- y no en $ 96.147 como erróneamente aparece en el Informe. Luego, el 01.12.92, por cambio de ocupación de Técnico Programador a Analista de Sistemas y Jefe Programador de Computadores se le asigna un nuevo sueldo de $ 196.147.

e)Como puede apreciarse de lo expuesto precedentemente, las variaciones de sueldo consignadas en el Informe, son producto de las distintas responsabilidades que los funcionarios han ido asumiendo, y ellas consideran también los reajustes de Contratos Colectivos.

f)Finalmente, es válido señalar que las situaciones comentadas no se contradicen con el mandato de un manejo eficiente y austero de la Administración, en cuanto dichos aumentos responden a necesidades operacionales objetivas que necesariamente motivaron las decisiones asumidas en cada oportunidad. Se adjunta como Anexo N° 2, detalle de las variaciones de sueldos de cada una de las personas que se mencionan en el Informe de Contraloría bajo este acápite.

En relación a las observaciones y comentarios que la Contraloría Regional efectúa en su Informe, la Empresa puntualiza lo siguiente:

-Depreciación. Es evidente que la incidencia de la depreciación ha aumentado en relación al Costo Directo Total, y ello es natural, ya que este último disminuyó en relación a los años 1990, 1991 y 1992 en proporciones de 39,6%, 46,6% y 30,4%.

-Servicios de Terceros. La conclusión que se expresa en el Informe, en cuanto a que no se advierte en forma clara un manejo que tienda a la reducción de los Servicios de Terceros en el tiempo, es contradictorio con las cifras del propio Informe. En efecto, en ellas se observa que los costos incurridos por la Empresa bajo este concepto, han experimentado un decrecimiento entre el año 1990 y 1993 del orden de los M$ 2.193.251.-, equivalente a un 57%.

-Locomoción Menor. La observación efectuada por la Contraloría en orden a lo que califica como una evidente subutilización de los vehículos, del servicio denominado Locomoción Menor, y que concluye señalando que la Empresa incurrió en costos no justificados, constituye una apreciación parcial de los hechos al no considerar los siguientes antecedentes; los cuales se retiraron en forma voluntaria, precisamente para atender este servicio dentro de la política de incentivar la reconversión.

a)Cada uno de los respectivos contratos de arrendamiento tiene convenido el valor por hora, fijando un mínimo de 10 horas diarias de lunes a viernes, siendo todos los gastos, tanto de combustible, mantención, reposición de repuestos y pago de seguros, entre otros, de responsabilidad del dueño del vehículo.

b)Para un mejor control de los vehículos, y sólo para efectos de distribución de costos, se dispuso llevar lo que se denomina “Hoja de Ruta”, que es diaria, en la cual cada conductor anota el servicio y tiempo empleado, documento que debe ser firmado por el funcionario de la Empresa ocupante del vehículo, con su respectivo N° de ficha y Centro de Costo.

-Consumo de Materiales. La comparación de las cifras correspondientes a los años 1990 y 1993, demuestra un ahorro en este concepto del orden de los app. M$ 1.600.876.-, equivalente a una disminución de un 51,58%.

2.- INVERSIONES TRASPASADAS A GASTOS DURANTE EL AÑO 1992

La Contraloría observa en su informe, los castigos contables de que fuera objeto, en el año 1992, la cuenta “Obras en Construcción”, concluyendo, en lo medular, que:

1.- La Chulita: (M$ 385.120.187)

1.1.- No existió Acuerdo del Directorio de Enacar, deduciéndose, en el Informe, que la decisión de castigar fue adoptada por el ex-Gerente General, don Juan Hugo Zapata, excediéndose en las atribuciones delegadas por el Directorio.

1.2.- Existe incongruencia entre la decisión de castigar, y las acciones ejecutadas por la Empresa en el curso de 1993.

1.3.- Es improcedente el castigo contable de ese activo y que, en su oportunidad, significó incrementar injustificadamente los resultados negativos de la Empresa.

2.- Estudios: ($ 108.200.570.-)

-Sin observaciones.

3.- Otros ($ 75.224.946.-)

-Se sugiere analizar las partidas castigadas cargadas a resultados por concepto de Planta de Tratamiento de Carbones Menudos, ya que ésta, según Contraloría, se encuentra funcionando, y U.G.D. Construcciones, en lo que dice relación con construcciones Parque, a objeto de practicar las regularizaciones pertinentes, si así se determinase.

En relación a todo lo anterior, la actual Administración considerando la magnitud de los valores observados en esta materia (M$ 586.546.-), equivalentes al 77,15% del total observado por Contraloría, solicitó a los auditores externos Sres. Langton Clarke, una completa investigación al respecto.

Dicho estudio, en lo que respecta a la situación observada para la mina “La Chulita”, es categórico en su conclusión, al afirmarse que la decisión de Enacar S.A., de castigar contablemente los valores acumulados en la cuenta “Obras en Construcción” referidos a la mina “La Chulita”, obedeció a la estrategia de acción planteada por el Directorio de la Empresa, a base del mandato recibido a nivel Ministerial y de Gobierno, el cual establecía que todos los esfuerzos deberían concentrarse en la Mina Lota.

A su vez, en lo referente a la observación sobre la “Planta de Tratamiento de Carbones Menudos”, existe un error al confundir el Proyecto indicado con el “Proyecto de Ampliación del Circuito de Finos”. Este último fue implementado y es el que actualmente se encuentra en funcionamiento, en tanto que el Proyecto observado, como lo señala el Estudio de los Auditores Externos ya citados, no fue ejecutado. Por consiguiente, su castigo era procedente. Asimismo, lo obrado respecto a U.G.D. Construcciones, es consistente con los principios contables generalmente aceptados, puesto que las obras observadas no tienen uso alternativo, no poseen, como contraparte, un ingreso al cual se puedan asociar y, finalmente, no aumentan la vida útil del bien.

Por tanto, del análisis del estudio de los Auditores Externos Langton Clarke, se concluye que los castigos contables del año 1992 son consistentes con las políticas diseñadas para la Empresa y con las normas y principios contables generalmente aceptadas. De modo tal que, Enacar estima procedente lo ejecutado en estas materias en el año 1992.

3.- BOSQUES Y MADERA MINA

La Empresa ha tomado nota de las observaciones efectuadas por la Contraloría en esta materia, resolviendo hacerse parte en la investigación judicial que se lleva a efecto en el Juzgado del Crimen de Lota por presunto fraude en contra de Enacar S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, se han impartido las instrucciones a objeto que, dentro de las posibilidades legales que aún lo permitan, se deduzcan acciones particulares en contra de quienes resulten responsables de deterioros patrimoniales a la Empresa, demandando las indemnizaciones de perjuicios correspondientes. En los casos que existen garantías vigentes, también se ha instruido para hacerlas efectivas de inmediato.

Respecto de algunas situaciones particulares observadas, cabe efectuar los siguientes comentarios:

a)Precisamente a raíz de una auditoría interna practicada en 1992, fue que se llevó a cabo una profunda reestructuración tanto en la organización del área forestal como en la modalidad de adquisición de la madera para mina, incluyendo el término de contrato inmediato a los ejecutivos del área.

b)La situación particular de la merma de 1.997,61 MR. de madera, detectada en una auditoría interna de 1993, ha sido objeto de un informe especial del área forestal en la que señala que un importante porcentaje de ella tiene su origen en la pérdida por aserrado, que, según procedimiento nunca fue rebajado de los saldos libros, independiente del factor de rebaja que se emplee para considerar el % de aserrado, además de que tampoco se rebaja el volumen de los despuntes y charlatas, subproductos del proceso, que se vendían a particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa ha encargado a los Auditores Externos, Sres. Langton Clarke, una completa investigación al respecto.

4.- APORTES FISCALES RECIBIDOS Y APLICADOS POR Enacar S.A AÑOS 1992

1993-1994 (A MAYO/94)

Es destacable señalar que en relación a este punto, la Empresa ha operado una suma de $ 30.448.- millones de pesos de aportes fiscales, en el período 1992, 1993 y hasta mayo de 1994, sin que hubiese surgido observación alguna por parte de la Contraloría Regional en cuanto a su registro, contabilización y control.

5.- CONTRATACIONES DE PERSONAL

5.1.- Contratos y Despidos.

En lo que se refiere a la apreciación de desuniformidad de los beneficios contemplados en los contratos de trabajo, ello tiene causas históricas, derivadas principalmente de la época en que se empezó a contratar personal bajo las normas del D.L. N° 2.200 de 1978, ya que, según si los contratos de trabajo individuales hubiesen sido suscritos con anterioridad o posterioridad al 15 de junio de 1978, fecha en que se publicó dicho D.L., los trabajadores involucrados se agrupan en los siguientes Roles:

Rol A:Ex-Empleados Antiguos.

Rol B:Ex-Obreros Antiguos

Rol C:Trabajadores con remuneración mensual, contratados bajo las normas del D.L. N° 2.200.

Rol D:Trabajadores con remuneración diaria, contratados bajo normas del D.L. N° 2.200.

Lo anterior se encuentra expresamente contemplado en los actuales Contratos Colectivos y de ello se desprende la diversidad de beneficios que tienen unos y otros, situación que en las diversas negociaciones colectivas realizadas desde 1981 en adelante, no ha sido posible modificar por el alto costo que ello involucraba.

Sin embargo, atendido a la fuerte disminución que han experimentado los trabajadores pertenecientes a los Roles A y B, principales beneficiarios de la diversidad de bonos, producto de los distintos planes de reducción de personal (Incentivo a las indemnizaciones, jubilación anticipada ley N° 19.129, pensiones ley N° 16.744, entre otras), el Directorio aprobó, y se encuentra en proceso de implementación, un nuevo sistema de remuneraciones que, regulado por los valores equivalentes de mercado, en lo posible tienda a incentivar la productividad en un marco de equilibrio interno y externo.

5.2. Contrataciones Irregulares.

La ley N° 19.129 establece que los trabajadores que hubieren estado prestando servicios en cualquier empresa carbonífera del país, cuyo contrato de trabajo terminare por cualquier causa entre el 10 de septiembre de 1991 y la fecha en que expire el subsidio a la actividad carbonífera a que se refiera esa ley (febrero 1995), y adicionalmente hubieren tenido, a lo menos, 25 años de trabajos pesados en actividades mineras subterráneas (con la excepción de la referencia a la antigüedad de, a lo menos, 18 años que estableció transitoriamente la ley N° 19.173), tendrán derecho a una indemnización compensatoria especial de carácter mensual y de cargo fiscal. Esta indemnización es incompatible con toda actividad remunerada en empresas carboníferas.

Por su parte, el artículo 79, letra b), de la ley N° 19.129, citado en el informe, señala que las empresas acogidas al subsidio de esa ley, no pueden aumentar su dotación de personal durante el período de vigencia del subsidio, ni contratar personal de reemplazo, salvo la excepción que ella misma establece. Agrega que para estos efectos se incluirá en la dotación de personal a aquellos trabajadores que, aun cuando no tengan un vínculo laboral con la empresa, realicen funciones habituales en dependencia de ésta.

La referida ley también prescribe que, en casos calificados, las empresas pueden efectuar contrataciones de personal de reemplazo en funciones que no puedan ser realizadas por otros trabajadores de las mismas, para lo cual se requiere autorización del Consejo de la Comisión Nacional de Energía.

En este contexto, es preciso consignar que los señores Aníbal Luco Garrido, Luis Rivera Guerra, Luis Torres Araneda y Julio Valenzuela López no se acogieron al beneficio de la indemnización compensatoria mensual de cargo fiscal de la ley N° 19.129, sino que a los beneficios de la indemnización especial por retiro voluntario contemplado en el Acuerdo Empresa Nacional del Carbón (Enacar S.A.) y Sindicatos de la Empresa de 26 de junio de 1992 (0,70% adicional a la indemnización por años de servicios que pudiere corresponderles).

En segundo lugar, los señores Luco, Rivera, Torres y Valenzuela, sólo fueron contratados a honorarios en forma transitoria, por requerirse de sus servicios atendida la especialización de las funciones que servían. Respecto de los tres primeros se solicitó la autorización correspondiente a la Comisión Nacional de Energía para poder contar con sus servicios bajo contrato de trabajo permanente, tal como lo preceptúa la ley N° 19.129 para esos efectos. En el caso del Sr. Valenzuela, Ex-Contador General Interino, solamente prestó servicios a honorarios por 3 meses, a objeto de preparar informes y entregar el cargo a su sucesor, habiéndosele cancelado como honorario total, por los 3 meses, un monto levemente superior al equivalente a un mes de la remuneración normal que tenía a la fecha de su retiro. (Honorarios: $ 450.000.-, Ultima Remuneración Mensual: $ 437.807.-)

Al no obtenerse la autorización de la Comisión Nacional de Energía para contratar en forma permanente a los señores Luco, Rivera y Torres, éstos cesaron en sus servicios a honorarios.

Las razones de necesidad de contar con los servicios de estas personas fueron ratificadas por el Directorio en su Sesión N° 1.630, de 9 de diciembre de 1992, informada al Señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía por carta PD N° 20/92, de 29 de diciembre de 1992. (Ver Anexo N° 8)

En cuanto al monto de los honorarios, ellos fueron resueltos por el Gerente General, considerando que los servicios a prestar implicaban mayor responsabilidad y la decisión de otorgarles el equivalente a un mes de honorarios, cuando se puso término a sus servicios, obedeció a una manera de compensar el hecho que no iban a ser contratados bajo vínculo laboral en forma indefinida, como previamente el Gerente General les habría manifestado.

Por lo tanto, en esta materia, no se ha contravenido la ley N° 19.129.

5.3.- Honorarios.

Es preciso aclarar que en este acápite existe un error en los cálculos porcentuales al afirmarse que los recursos aplicados por este concepto durante 1993, en cifras actualizadas a dicho año, fueron superiores en un 57% y en un 10% respecto de 1990 y 1991. De las cifras que el Informe expone, se deduce claramente que el costo incurrido en 1993 fue sólo superior al del año 1990 e inferior al de los años 1991 y 1992, equivalente a una disminución de un 11% y 6%, respectivamente.

Cabe señalar que los contratos a honorarios para atender servicios específicos, esporádicos y transitorios en otros casos, de diversa naturaleza, tal como lo menciona el Informe, obedecieron a necesidades de ese instante de la Empresa, que no podían ser cubiertas con personal de planta y cuya paralización habría significado un serio trastorno para sus actividades.

En todo caso, es conveniente destacar que de la auditoría practicada por Contraloría Regional a los gastos por honorarios no se derivaron observaciones que formular sino que se precisaron algunos hechos que, en estimación de los fiscalizadores, serían inconvenientes.

5.4.- Asesoría Sr. Sergio Fuentes Aguirre.

En relación con la Asesoría del Sr. Fuentes, debe señalarse que se trata de un profesional en el campo minero, cuyo nivel y prestigio lo califican como Consultor Senior. (Ver Anexo N° 9 con Curriculum Vitae). Sus honorarios responden, por lo tanto, a los niveles de mercado nacional a que se sujeta este tipo de profesional especializado.

No nos corresponde, en un informe de esta naturaleza, pronunciamos sobre la justicia del mercado.

Respecto a los informes evacuados por el Sr. Fuentes, no cabe sino reiterar lo expresado a esa Contraloría en el sentido que, los estudios encomendados a la empresa S.F.I.C. por las Administraciones anteriores, han sido un franco aporte a través del diagnóstico y planteamiento de soluciones conceptuales y operacionales al desarrollo y desempeño global de la Mina Lota y de la Empresa Nacional del Carbón S.A., abriendo una brecha para la solución técnica de diversos problemas de sus faenas.

Sobre la observación considerada como improcedente, por haberse aceptado el pago con cargo Enacar de la factura N° 15, de 12.07.1993, de SF. Ingenieros Consultores Ltda. por $ 208.672.- por concepto de gastos de secretaría, fotocopias y reprografía, la Empresa solicitó al Sr. Fuentes aclarar esta situación, recibiéndose carta de fecha 26 de septiembre del año en curso en donde manifiesta que el Informe a que se refiere esa factura, fue entregado en nueve (9) juegos encuadernados completos, más un resumen ejecutivo, en circunstancia que la denominación de “estudios y servicios vendidos” obliga a la sociedad consultora independiente a entregar sólo tres (3) juegos de los mismos (original y 2 copias). Es decir, lo aceptado cancelar por Enacar, es sólo el equivalente al costo de los seis juegos de informes adicionales solicitados por la misma Empresa, siendo, en consecuencia, procedente su pago. (Ver Anexo N° 10)

En relación a la factura N° 16, de 02.08.1993, por la suma de $ 6.164.835.-, observada en el Informe, en cuanto contemplaría horas de trabajo en un mismo día tanto en Santiago como en Lota, la Empresa le ha solicitado al Sr. Fuentes una detallada relación de esta situación. En cualquier caso, el valor que eventualmente pudiese ser cuestionado es sólo el equivalente al de 12 horas ($ 300.000. app.), ya que el único día del mes de julio que efectivamente aparece como trabajado en Lota y Santiago es el día 5 de julio de 1993.

5.5.- Contratación Ex-Asesor Administración Anterior

La Contraloría califica como cancelación indebida la suma de $ 969.855.-. incluida en el finiquito de trabajo de 30.06.92 del señor Francisco Massoni Gaozza, correspondiente a rea-juste estimado de enero a septiembre, por no cumplir los requisitos establecidos en la Resolución GG. N° 013, de 15.06.92, que dispuso dicho beneficio.

Al respecto cabe señalar que, si bien es cierto la Resolución mencionada en su letra d) se refiere exclusivamente a los trabajadores del Establecimiento Lota, de hecho el beneficio de reajuste en él contemplado se hizo extensivo a los trabajadores de la oficina en Santiago que se acogieron a retiro voluntario.

5.6.- Contrato señor Alberto Rojas Piñones.

El señor Alberto Rojas P., fue contratado transitoriamente a honorarios, para cumplir servicios directos a la Gerencia de Operaciones, aunque se esperaba poder extenderle un Contrato de Trabajo permanente en el caso de que, autorizado por la Comisión Nacional de Energía, en el período transitorio respondiera a las expectativas fijadas en él de modo que se justificara una asignación de responsabilidades directas.

La decisión de terminarle el contrato transitorio a honorarios, respondió exclusivamente a evaluaciones técnicas de la Gerencia de Operaciones de la Empresa, estimándose conveniente poner término anticipado a sus servicios en el mes diciembre de 1993, indemnizándosele en conformidad a la cláusula quinta del respectivo contrato.

La decisión de reembolsarle los gastos por flete de mudanzas, respondió a lo pactado con el Sr. Rojas, aunque ello no fuera expresamente incorporado en el respectivo contrato, considerando que su residencia de origen, cuando se le requirieron sus servicios, era la ciudad de Los Andes.

6.- CANCELACIÓN INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS ESPECIALES

Previo a analizar algunos de los puntos que se observan en este acápite, resulta del todo necesario dejar consignado que el Gerente General contaba con facultades otorgadas por el Directorio para determinar indemnizaciones u otros pagos que motivaran el retiro del personal.

En efecto, las atribuciones de que disponía el Gerente General, se encontraban en los poderes que le fueron otorgados por el Directorio. El primero de ellos, emana de la Sesión N° 1.621 del 30.06.1992, reducida a escritura pública con la misma fecha; y el segundo de la Sesión

N° 1.628, de 06.11.1992, reducida a escritura pública con fecha 27.11.1992. En tales poderes se le otorga expresamente la facultad de “nombrar y remover al personal de Empleados y Obreros y fijarles sus deberes y remuneraciones”.

De modo que los pagos dispuestos por el Gerente General se hicieron encontrándose debidamente facultado.

Sin embargo, como lo que se imputa es la discrecionalidad en tales pagos, hay que tener presente que la política definida por el Directorio, por expresas instrucciones del Supremo Gobierno, era la de reducir la dotación de personal, adecuándola a las reales necesidades de funcionamiento de la Empresa.

El hecho de que el Acuerdo Empresa-Trabajadores de 26.06.92, para facilitar la salida de personal mediante pago de indemnización adicional, haya terminado el 30.09.1992, no significaba que no subsistiera en la Empresa excedente de dotación. De modo tal que se mantenía vigente la necesidad de crear las condiciones para estimular los retiros. En este punto, las decisiones del Gerente son consecuentes con sus facultades de administración y, además, contaron con el asentimiento tácito del Directorio. Sin perjuicio de que al disponerse formalmente la reestructuración operacional de la Empresa para adecuarla a las necesidades del programa de inversión que se acordó, el Directorio en su sesión N° 1.640, de 28.05.1993, hizo aún más explícita dicha autorización, por cuanto representaba un esfuerzo adicional para que las inversiones que se estaban acordando realmente se tradujeran en un mejoramiento de la eficiencia, un aumento de la productividad y una sustancial reducción de costos.

6.1.- Indemnizaciones por sobre lo convenido en contrato.

-Sr. Luis Tartarí V.: De acuerdo a lo señalado al inicio de este punto, el Gerente General de la época, dentro del marco de promover el retiro de personal y adecuar los mandos superiores, considerando las circunstancias especiales del caso y la hoja de servicios del Sr. Tartari, resolvió otorgarle el beneficio adicional del equivalente a un mes de indemnización contractual por años de servicios, respecto del cual sólo le faltaban 2 días para completarlo.

-Sr. Aníbal Luco G: La Empresa ha solicitado al ex-Gerente General una aclaración al respecto.

6.2.- Indemnizaciones fuera de plazo.

En relación a este punto, cabe efectuar las siguientes precisiones.

-Sr. Joaquín Acevedo Bravo: Se objeta el pago de la suma de $ 6.414.797.- por concepto de indemnización adicional, equivalente al 0,70% de su indemnización por años de servicios, en circunstancia que su pago era procedente ya que se encontraba estipulado en un Anexo a su Contrato de Trabajo, de fecha 30 de septiembre de 1992.

-Sr. Ilario Pranzini Conti: El valor objetado por Contraloría de $ 12.110.425.- corresponde al beneficio del 0,70% de indemnización adicional establecida bajo el N° 2 del Acuerdo Enacar-Sindicatos de 26.06.92, que, a la fecha de su retiro, convino con el Gerente General de la época reemplazar por desahucio especial de 6 meses que tenía pactado en un Anexo a su Contrato de Trabajo de fecha 08.09.88.

-Sres. Eduardo Martínez E., Eduardo Luna F. y Narciso Cortés P. : Los valores por con-cepto de indemnización adicional que en cada caso fueron objeto de reparo por el Informe de la Contraloría, obedecieron a decisiones del ex-Gerente General Sr. Juan H. Zapata en el marco de incentivar el retiro voluntario de personal, a objeto de ir adecuando las dotaciones al Plan de Reestructuración contemplado para la Empresa.

6.3.- Anticipos de Indemnizaciones no descontadas.

Debido a que se cursaron un número de 1.786 liquidaciones de indemnización en Lota por valor de MM$ 6.900.- app. en el período julio-noviembre de 1992, y ante el hecho de no contar oportunamente con los recursos para su cancelación, hubo que efectuar anticipos a cuenta de las indemnizaciones a muchos trabajadores.

Es efectivo, según consta en documento interno del Jefe del Departamento de Personal de la época, don Juan I. Pérez G., que se produjo la situación observada por Contraloría, en el sentido de que en 16 de los finiquitos cursados un año atrás, por error se omitió el descuento de valores cancelados como anticipos, o bien no fueron descontados en su totalidad de sus indemnizaciones, lo que fue detectado por el Departamento de Contabilidad de la Empresa.

Por gestiones que se han estado realizando, durante el primer semestre de 1994, se han recuperado $ 860.000.-, estando pendiente de enterarse aún $ 140.000.-, ya documentados. En cuanto a los demás, se continuarán las acciones tendientes a obtener, de acuerdo a las posibilidades legales, la recuperación de los valores no descontados en su oportunidad.

6.4.- Otros Pagos Indebidos.

-Sr. David Vásquez Alarcón: Existe comunicación escrita del Sr. Vásquez, de fecha 01 de agosto de 1992, en orden a acogerse al programa de retiro voluntario, establecido en los términos de la Circular GG. N° 21/92, de 01 de julio de ese año, esto es, con anterioridad a la fecha en que expiraba dicha circular (15.08.1992), si bien su retiro lo hizo efectivo al 30 de agosto de 1992.

-Sres. Sergio Carrillo Cisternas, Carlos Venegas Lavados y Sra. María Macaya Bahamondes. Sus pagos adicionales fueron hechos por resolución del Gerente General, en el ámbito de promover el retiro voluntario de personal, conforme a la política que se había diseñado para la Empresa.

-Sr. Peter Crorkan Healy. El pago observado fue autorizado expresamente por el Gerente General de la época, señor Eduardo Zúñiga P.

6.5.- Bonos Reservados.

Los valores cancelados por este concepto corresponden en algunos casos a trabajos de carácter especial o exigencias adicionales a las habituales, y en otros dirigidos a premiar actuaciones destacadas o incentivar incrementos de productividad.

Sobre el particular, existe la documentación respaldatoria que señala a quién, cuánto y las razones de su otorgamiento.

Por ejemplo, en el caso del Establecimiento Trongol, se paga un bono de $ 10.000.- mensuales a los Disparadores de Interior Mina, ya que éstos, por procedimiento de trabajo, deberían disponer de un ayudante en los frentes, pero debido a la fuerte disminución de personal que hubo a contar de 1992, se acordó que el propio Disparador asumiera también la labor que correspondía al ayudante, pagándosele el referido bono por este mayor esfuerzo. Es del caso destacar que esta situación significa para la Empresa un menor gasto de $ 2.160.000.- mensuales.

Por otro lado, la denominación de “Bono Reservado” puede llevar a un equívoco o a una doble interpretación, cuando en realidad éste corresponde a un código de haberes que históricamente el Área de Remuneraciones ha utilizado para cancelar valores que no están codificados en el sistema computacional.

En cuanto al bono reservado cancelado al ex-funcionario Sorastro Toro V., se han hecho las gestiones para obtener su recuperación, dentro de las posibilidades legales. (Anexo N° 14).

Estos inconvenientes administrativos están considerados en el diseño del nuevo Sistema de Remuneración aprobado por el Directorio.

6.6.- Compensación de Feriado.

Respecto del valor cancelado en exceso bajo este concepto al ex-Gerente General Sr. Juan

H.Zapata, ascendente a $ 560.000.-, se han efectuado los trámites para su restitución, en el marco de las posibilidades restringidas que se tiene considerando el finiquito que le otorgó la Empresa, suscrito por el ex-Presidente del Directorio don Pedro Courard B.

6.7.- Préstamos Personales.

-Sr. Juan H. Zapata G. Sin perjuicio de tener presente la restricción referida en el punto anterior, la Empresa ha hecho llegar al Sr. Zapata el cálculo de los respectivos intereses correspondientes a los dineros calificados como préstamo por la Contraloría.

En todo caso cabe mencionar que el ex-Gerente General Sr. Zapata efectuó un depósito a favor de Enacar S.A. por la suma de $ 150.000.- por los reparos que se le formulan en este acápite, correspondiente a los intereses derivados de las siguientes sumas:

a)$ 5.303.024.-

b)$ 2.800.000.-

c)$ 500.000.-

Debe señalarse, sin embargo, que el Sr. Zapata ha dejado constancia que dicho depósito no significa reconocimiento alguno de su parte frente a los reparos del Informe.

Respecto a la referencia que hace el Informe en este punto al art. 79 de la ley N° 18.575, de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en la cual están insertas las empresas públicas creadas por ley, la Empresa reitera lo señalado en cuanto a su naturaleza jurídica, por lo que esta cita no corresponde haber sido considerada para el análisis de Enacar y, esto rige aun cuando en la actualidad el accionista mayoritario en un porcentaje superior al 50% de su capital social sea la Corporación de Fomento de la Producción.

-Sr. Ariel Ulloa Azócar. El Sr. Ulloa ya enteró las cantidades correspondientes a los reajustes e intereses del valor observado en el Informe.

7.- ROL PRIVADO.

7.1.- Aspectos Generales.

Si bien las operaciones bajo este rubro se registran en forma global en la Contabilidad, la Empresa cuenta con la información de detalle que soporta las mismas. En el Rol Ejecutivo siempre se ha dispuesto de un Libro de Remuneraciones, en el cual se van registrando enumeradas y correlativas todas las operaciones efectuadas en cada mes. Por lo demás es requisito legal contar con ellos y son fundamentales para el cierre contable que se realiza cada fin de mes. De no existir estos antecedentes no habría sido posible, por ejemplo, que los fiscalizadores conocieran el detalle de los gastos que se imputan vía Rol Ejecutivo.

En cuanto a los diversos gastos que se manejan en este rol, la actual administración ya adoptó medidas destinadas a que las materias que se tratan en él, se circunscriban sólo a las remuneraciones del nivel superior y a los emolumentos del Directorio.

7.2.- Anticipos de Sueldos.

En los Contratos Colectivos vigentes se encuentran debidamente reglamentados la forma, oportunidad y porcentaje de los anticipos que corresponden a los trabajadores según el rol al cual pertenezcan.

7.3.- Beneficios y Gastos Improcedentes.

-Hospedaje y Alimentación en Casa del Directorio.

Cabe aclarar que no todos los empleados del nivel ejecutivo de la Empresa perciben la Asignación de Colación observada por el Informe bajo este punto. Sólo cuatro funcionarios cuentan aún entre sus haberes con este beneficio, el cual se encuentra expresamente contemplado en sus contratos individuales.

Con respecto a la situación observada del Sr. Juan Hugo Zapata, fue práctica habitual que los Gerentes Generales, en su estadía en Lota, ocuparan la Casa del Directorio, considerando la inexistencia en la ciudad de establecimientos de hospedaje de nivel adecuado.

-Cancelación Pasajes Aéreos.

No corresponde calificar como improcedente la cancelación de pasajes aéreos entre Con-cepción y Santiago de los Gerentes que se mencionan bajo este acápite, toda vez que su pago se encontraba convenido con ellos, aun cuando no se consignó expresamente por escrito. En otros casos, obedecían a necesidades propias de la buena gestión de la Empresa (reuniones con distintas reparticiones de Gobierno y con otros organismos relacionados con el quehacer de la Sociedad), además de considerar que Enacar también tiene domicilio legal en Santiago.

-Gastos por Consumos.

Este ítem observado corresponde a gastos de atención a Ejecutivos, Directores y Personeros de instituciones o empresas relacionadas con la gestión de Enacar, por lo que son procedentes.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de evitar gastos por encima de lo razonable, la actual administración implementa un sistema de registro y control detallado para este tipo de situaciones y que, además, se ha considerado en un sistema formalmente establecido.

No obstante la observación hecha en el Informe o de cualquier otro reparo en este mismo sentido que se haga respecto del punto que comprende esta materia, la actual Administración ha asumido la decisión de implementar un sistema de remuneraciones simple, transparente y uniforme, eliminando asignaciones y bonos que no cumplan con el principio señalado.

-Aportes a Dirigentes Sindicales.

La suma objetada por el Informe de $ 576.000.- dice relación con aportes efectuados por la Empresa para solventar parte de los gastos de los Sindicatos, con motivo de las gestiones de la ley N° 19.129 y su modificación, como así también por los acuerdos internos a que se arribó en materia de incentivar el retiro de personal estableciendo indemnizaciones adicionales.

-Póliza de Seguros Personales de Ejecutivos.

Respecto de lo observado por Contraloría sobre esta materia, ha sido política de la Empresa mantener una Póliza de Seguros de Vida para sus ejecutivos del más alto nivel.

-Gastos Celebración Cumpleaños - Atención Aniversario Comisión Nacional de Energía

Corresponde a gastos resueltos por las respectivas Administraciones en cada caso.

7.4- Remuneraciones del Directorio.

Como consideración general, es válido tener presente que, de la revisión practicada por los fiscalizadores de la Contraloría Regional, respecto de los pagos efectuados en este rubro durante el año 1993, se concluye que éstos resultaron conforme con los valores establecidos, precisándose sólo tres observaciones necesarias de aclarar, a saber:

-Sr. Carlos Mladinic.

Se imputa a Enacar el haber cancelado $ 82.970.- al Sr. Mladinic, por concepto de una dieta correspondiente a la Sesión N°1.632, de fecha 15.01.1993, a la cual no habría asistido. Sin embargo, consta en el Acta original del Libro de Sesiones del Directorio la firma y asis-tencia a esa reunión del mencionado ex-Director.

-Sr. Ricardo Solari.

El Gasto de Representación que se le imputa como improcedente por la suma $ 116.277.-, corresponde a un cheque que fue anulado por la Empresa, conforme al procedimiento habitual en estos casos.

En relación al pago en exceso que figura observado por $ 166.110.-, hechas las averiguaciones sobre la materia, se pudo constatar que hubo un error administrativo al cancelársele dos sesiones de comité. El valor correspondiente, debidamente reajustado, fue restituido a Enacar tan pronto el Sr. Solari fue advertido de esta situación.

-Boletas de Honorarios.

En cuanto a la observación sobre la oportunidad de la extensión de las Boletas de Honorarios de los Directores, se ha tomado debida nota de ello a objeto de cumplir con las normas administrativas del caso.

7.5.- Otros Gastos Rol Privado.

En lo concerniente al reparo referido a reembolsos o gastos de consumo y hospedaje en la ciudad de La Serena del ex-Gerente General Sr. Zapata, la Empresa le ha solicitado la aclaración pertinente

8.- CAPACITACIÓN

Sobre este acápite del Informe, se debe tener necesariamente presente la anormal situación que se vivió en Enacar en el período 1992-1993. El masivo retiro de personal, del año 1992, obligó a desarrollar un proceso intensivo de capacitación especialmente dirigido a quienes debieron asumir mayores responsabilidades y, en forma destacada, a compensar la menor experiencia promedio con una fuerte acción de entrenamiento en materias de Prevención de Riesgos. Como dato ilustrativo de esto último, debe considerarse que de 300 trabajadores capacitados en estas materias en 1992, se pasó a más de 1.000 en el año 1993.

Esta mayor actividad de entrenamiento para compensar el éxodo de personal calificado y semi-calificado, en el marco de una disminución de coordinadores de capacitación que, de 7 a principios de 1992 se redujo a 1 a fines del mismo, produjeron las situaciones anormales que el Informe consigna.

A fin de corregir el sistema, en estas materias, en el mes de julio del presente año, la actual administración dio instrucciones de que se confeccionara un Procedimiento de Capacitación, complementario al “Instructivo sobre Capacitación y Desarrollo de Personal” existente, que permita una actualización normativa de cada una de las fases necesarias para el entrenamiento efectivo y controlado del personal de la Empresa y una redefinicion de las Políticas que las sustentan.

En dicho procedimiento se contemplarán todas las materias observadas por Contraloría Regional y por el Departamento de Auditoría Interna, sin perjuicio de las acciones particulares que correspondan efectuar en cada caso.

8.6.- Pérdida de Crédito por Gastos de Capacitación.

En relación a este punto, la Empresa ha solicitado la Asesoría de los Auditores Externos, Sres. Langton Clarke, a fin de determinar las acciones a seguir.

9.- OTRAS MATERIAS OBSERVADAS

9.1.- Sociedad Colectiva “El Cateador”.

Con respecto a esta materia, cabe expresar que el reintegro de los valores entregados a la Sociedad El Cateador, correspondientes a sólo una parte del préstamo concedido por la Empresa a un grupo de trabajadores, a descontar en determinadas mensualidades, se encuentra garantizado con la autorización del descuento por planillas otorgado por cada trabajador.

En los casos de trabajadores que se han retirado de la Empresa, se les ha descontado de sus finiquitos el total del préstamo o el saldo otorgado en su caso.

9.2 - Arriendo de Teatro y Piscina.

-Sr. Juan Cruz Balmazábal: El Sr. Cruz se adjudicó en una licitación pública el contrato de arrendamiento del Teatro y la Piscina N° 2 de Enacar.

Los pagos observados como indebidos en el Informe, fueron autorizados por el Gerente General de la época, a objeto de dar oportunidades al arrendatario, para que éste pudiera sacar adelante el proyecto inicial tenido en vista en la licitación de estos inmuebles, que, entre otros, consideraba contratar ex-trabajadores de la Empresa.

-I. Municipalidad de Lota.

A la fecha el contrato de arrendamiento de 28.01.1994 pactado con la I. Municipalidad, por los mismos inmuebles mencionados en el párrafo precedente, se encuentra con todos sus pagos regularizados y debidamente enterada la garantía exigida en el contrato.

9.3.- Deudores Hipotecarios.

Dentro de las medidas adoptadas por la Empresa para incentivar el retiro de personal, estuvo aquélla de dar facilidades a los deudores hipotecarios que renunciaran voluntariamente, no descontándoles el saldo total de la deuda habitacional de sus respectivas indemnizaciones, permitiéndoles que ella fuera siendo pagada en dividendos mensuales, teniendo presente la garantía de la hipoteca y de la prohibición de gravar y enajenar establecidas en favor de Enacar S.A.

En todo caso, cabe señalar que al detectarse que se incrementaba la morosidad en el pago de los dividendos, la Empresa hizo llegar a los deudores, reiteradamente, cartas circulares haciendo presente dicha situación. La última vez que se efectuó esto fue en mayo 1994.

La Empresa ha tomado debida nota de la recomendación del Informe y en este sentido ha impartido las instrucciones para que se tomen medidas destinadas a disminuir los niveles de morosidad.

9.4.- Préstamos Habitacionales.

Se trata de saldos por concepto de préstamos bancarios para ahorro previo de postulación a viviendas, de trabajadores socios de la Cooperativa Abierta de Viviendas Trabajadores del Carbón Ltda., Carcop Lota, otorgados en el período 1984 a 1987, que fueron asumidos por la Empresa, en la medida que esos mismos trabajadores empezaban a pagar sus dividendos hipotecarios. Dichos saldos de préstamos fueron castigados contablemente. La Empresa realizará todas las gestiones tendientes a recuperar estos valores.

9.5.- Edificio Chollín.

Entre los bienes prescindibles con que contaba Enacar en la comuna de Coronel, se encontraba el denominado Edificio Chollín de Puchoco Schwager, de 196 Departamentos, destinados a familias de trabajadores de esta Empresa, el cual fue construido en 6 etapas entre los años 1943 y 1950. Se encuentra entre los Bienes Imputados al Impuesto Habitacional de 5%. Por esta condición de Imputado, Enacar debía, mientras fuere de su propiedad, mantenerlo y dotarlo de los servicios esenciales como agua potable, alcantarillado y electricidad.

Con la promulgación de la ley N° 18.066, del 02 de diciembre de 1981, la Empresa ofreció en venta los departamentos a sus actuales ocupantes, encontrando gran desinterés por comprar. Sólo en 1985 se concretaron las primeras ventas, resultado de una fuerte campaña de la conveniencia de ser dueños de sus viviendas.

Debido a la gran cantidad de familias que vivían en el citado Edificio, las deficiencias de los sistemas Agua Potable y Alcantarillado como asimismo el basural que allí se acumulaba a diario, obligó a la Empresa a disponer personal para realizar esta labor de mantenimiento, la que fue traspasada en 1987 al contratista Sr. José Baeza González. En marzo de 1989 se intentó prescindir de los servicios de esta persona, comunicando a sus ocupantes que serían ellos los encargados de administrar el mantenimiento de estos servicios, situación que no ocurrió, dado que no lograron conformar la Junta de Administración.

En abril de 1989 el Médico Director del Hospital de Coronel, mediante oficio Ord. N° 221/791, informa a Enacar que deben subsanarse a la brevedad las deficiencias detectadas en el referido edificio por la Oficina de Higiene Ambiental de Coronel, para evitar focos de contaminación que atentan contra la población. Dicho oficio también sugiere la necesidad y conveniencia de mantener allí en forma permanente un operario especializado para atender en forma expedita los frecuentes reclamos de los moradores por deficiencias en el funcionamiento del alcantarillado e instalaciones de agua potable.

Por tal razón, Enacar solicitó nuevamente los servicios del citado contratista, quien realizó esta labor en forma ininterrumpida hasta mayo de 1993, fecha en que se había vendido sólo el 56% de los departamentos del edificio.

Solamente en septiembre de 1992, Enacar hizo entrega material de los sistemas de agua potable y alcantarillado a la Empresa de Servicios Sanitarios, Essbio (redes y matrices de ambos sistemas).

Por las razones expuestas, no corresponde calificar como injustificados los gastos de mantención de este Edificio.

9.6.- Casa del Directorio.

En el contexto de las medidas generales que está adoptando la actual administración, se considera también la implementación de algunas destinadas a lograr un mejor orden de los gastos y reducirlos en cuanto ello sea posible.

9.7.- Situación Dirigentes Sindicales.

En esta materia no se han contravenido las normas legales citadas en el Informe.

La normativa contemplada en los incisos 4° y 5° del artículo 249 del Código del Trabajo, no es de carácter imperativa sino permisiva, esto es, permite realizar actos o reconocer determinadas facultades. Expresamente el inciso final de la disposición citada establece: “Las normas sobre permiso y pago de remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador podrán ser objeto de negociación de las partes”.

Sobre este mismo particular, debe recordarse que con anterioridad a la dictación de la ley N° 19.069, sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva (Diario Oficial de 30.07.1991), regía la norma que establecía que los sindicatos no podían contratar o recibir directa o indirectamente aportes, donaciones, empréstitos ni, en general, ninguna otra clase de financiamiento de las empresas a que pertenecían sus asociados, disposición que sólo a contar de la publicación de la ley citada dejó de tener aplicación.

En lo que atañe a los permisos de los Dirigentes Sindicales en el último tiempo, dada las especiales y temporales condiciones, ellos han contado con la autorización de la Empresa para no desarrollar sus labores habituales como funcionarios, a fin de disponer del tiempo necesario para participar activamente en los análisis y discusiones relacionados con el programa de inversiones tendientes a asegurar la viabilidad de la Empresa. Superada la circunstancia, es obvio entender que se superarán también estas especiales condiciones.

9.8.- Gastos de Edificios Desocupados.

El 23 de marzo de 1993, la Administración de la Empresa dispuso el traslado del personal administrativo a dependencias del sector superficie Pique Carlos, lo que permitió dejar desocupados los inmuebles Edificio Administración, Relaciones Industriales y Ventas Zona Sur.

Sin embargo, se debió seguir cancelando consumo de energía eléctrica por dichos edificios, por existir un contrato con Frontel que sólo en marzo de 1994 pudo modificarse, reemplazando la potencia contratada BT2 a BT1 (pago de consumo real), disminuyéndose drásticamente en un 95% aproximadamente las tarifas por este concepto. En relación al agua potable de los edificios desocupados, se continuó cancelando solamente el valor por concepto de cargo fijo, debido a que no se puede eliminar la red en forma total por el indispensable consumo en la mantención de éstos.

En todo caso, es preciso consignar que la Administración de la Empresa, en noviembre de 1993, llamó a licitación por el arrendamiento y/o venta de los Edificios Administración, Relaciones Industriales y División Técnica, publicándose los avisos pertinentes en los Diarios “El Mercurio” y “El Sur”, correspondientes a los días 21 y 23 de ese mes, respectivamente, habiendo retirado las bases una sola persona, la que no presentó oferta en el plazo fijado, declarándose, en consecuencia, desierta dicha licitación.

Finalmente, en cuanto a la aclaración solicitada en el Informe por la energía eléctrica de las dependencias del inmueble Ventas Zona Sur, arrendada transitoriamente a Investigaciones de Chile de Lota, mientras se habilitaban las nuevas oficinas de esa Institución en Lota Bajo, podemos señalar que la arrendataria cancelaba un valor pactado por dicho consumo ascendente a $ 20.000.- mensuales, habiendo pagado los valores del arriendo ($ 50.000.- mensuales) y de consumo de agua potable en su totalidad.

C- SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Formulados los anteriores descargos por parte de la Empresa Nacional del Carbón S.A. a aquellas imputaciones que la Contraloría General de la República le efectuara primariamente en su Informe N° VE-100/94, ésta emite su pronunciamiento final sobre los hechos investigados a la fecha, por Informe N° VE-157/94, de 29 de noviembre de 1994 (Anexo N°3). Este documento pasa, a continuación, a sintetizarse, usando, al efecto, la misma estructura empleada en los dos subtítulos anteriores de este capítulo, a fin de facilitar su comprensión.

1.- ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS Y COSTOS DE Enacar S.A.

1 .1. Sobre resultados y Costos

En esta materia, la Gerencia de la Empresa manifiesta acuerdo con los planteamientos contenidos en el Informe de esta Contraloría Regional, en cuanto a las causas que han originado un deterioro en los resultados de Enacar S.A.

No obstante lo anterior, resulta conveniente dejar establecido algunas precisiones sobre el particular:

a)El análisis contenido en el Informe emitido con motivo de la Auditoria efectuada a la referida Empresa se enmarcó en lo solicitado por la H. Cámara de Diputados y para ello se tuvieron en consideración todos los antecedentes documentarios que fueron proporcionados a los fiscalizadores durante el curso del examen, de tal manera que lo planteado obedece exclusivamente a lo incluido en tales documentos .

b)En el documento de respuesta, la Empresa efectúa algunas consideraciones relativas al descenso de la producción, mantención de ítemes menores e ingresos generados por servicios del Hospital, que no corresponden a lo consignado en el Informe de esta Controlaría Regional, sino que más bien se originan en frases extraídas de su contexto, que en nada desvirtúan el contenido del Informe en este rubro.

Cabe hacer presente, que lo sustentado en esta materia se ubica en el contexto global del análisis de resultados y costos de Enacar S.A., razón por la cual lo expuesto en el Informe N° VE-100/94, debe entenderse en tal sentido, toda vez que además, se fundamentan, en lo pertinente, en los propios estudios técnicos encomendados por la Gerencia General de la Empresa, documentos emitidos por Ejecutivos de ella, Memorias anuales que el Directorio presenta para su aprobación a la Junta de Accionistas, e Informe de Gestión correspondiente al período mayo 1992 - abril 1994.

1.2.- Comentarios sobre Remuneraciones

A este respecto, la Gerencia General de la Compañía formula algunos comentarios relacionados con la disminución experimentada por el costo en remuneraciones entre los años 1990 y 1993, indicando asimismo que existen antecedentes que no fueron considerados en el Informe de la Contraloría Regional, producto de un análisis parcial que conduce a una distorsión de conclusiones respecto de las variaciones de remuneraciones de algunos funcionarios.

Sobre el particular, es preciso dejar establecido lo siguiente:

-El análisis practicado durante el curso del examen, como asimismo, las conclusiones expuestas en el Informe sobre este tema, consideraron todos los antecedentes existentes en la Empresa sobre esta materia y bajo ningún punto de vista constituye un análisis parcial, habida consideración que el documento de respuesta no aporta nuevos antecedentes que permitan superar los planteamientos formulados sobre el rubro.

En efecto, los aspectos que se dice no fueron considerados por esta Contraloría se refieren exclusivamente a reubicación del personal y asunción de nuevas responsabilidades, aspecto que en ninguna parte del informe aparece objetado, más aún se hace referencia a aspectos de esa naturaleza cuando se cita la declaración del ex-Gerente General don Juan Hugo Zapata .

Los comentarios que sobre remuneraciones se encuentran incorporados en el Informe emitido por esta Entidad Fiscalizadora están referidos sobre la incidencia que éstas han tenido en el costo directo en el período 1990-1993. De manera que, no obstante que el gasto derivado de este concepto (en valores absolutos) ha disminuido en forma paulatina entre los años 1990-1993, el nivel de impacto en el costo directo se ha mantenido en rangos similares.

Cuando esta Contraloría se refiere a los mejoramientos de remuneraciones, en forma independiente de los reajustes otorgados por la Empresa, de acuerdo con las negociaciones colectivas de los trabajadores, lo hace con el fin de resaltar la ausencia de una política clara en esta materia y concordante con la realidad que presenta la Empresa en el aspecto financiero, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Directorio en sesión realizada con fecha 14.10.92. Este hecho es reconocido por la Gerencia General de la Empresa cuando en la página 0112 del documento de respuesta se plantea que “se está implementando una nueva política de remuneraciones.”

Procede aclarar que el Informe emitido con motivo de la Investigación efectuada especifica claramente el período en el cual se materializaron los mejoramientos de remuneraciones (año 1992 y abril de 1994), teniéndose, por lo tanto, que lo incluido en la letra d) del punto 1.2, de la respuesta analizada, en cuanto a que los aumentos “no obedecen a reajustes otorgados de una sola vez”, no armoniza con lo informado por esta Contraloría Regional.

1.3.- Sobre Otros Rubros

En relación a esta materia, se indica que en cuanto a los servicios de terceros, habría una contradicción entre lo señalado en el Informe y las cifras del mismo, toda vez que este con-cepto, entre los años 1990-1993, decreció en un porcentaje equivalente al 57%.

Sobre el alcance anterior, es preciso reiterar que lo aludido por esta Contraloría Regional en este rubro está referido a la variación porcentual que los servicios de terceros muestran respecto al costo directo y no a cifras en valores absolutos, de tal forma que cuando se habla que no se advierte de manera clara un manejo que tienda a su reducción en el tiempo, ello se hace en el contexto de los cambios que ha experimentado la Empresa, en cuanto a su estructura de personal y de producción, como también en el marco global del análisis de resultados de Enacar S.A. Por otra parte, cabe hacer presente que en lo que se refiere a locomoción menor, en su oportunidad fueron examinados tanto los contratos como las hojas de rutas de la muestra de vehículos considerados, antecedentes que permitieron formular los comentarios sobre el particular, los cuales, se reitera, se ubican en el contexto global de costos y resultados.

Es necesario indicar que sobre este punto, la Empresa no aporta nuevos antecedentes que permitan llegar a conclusiones distintas a las expuestas por este Organismo Contralor.

2.- INVERSIONES TRASPASADAS A GASTOS DURANTE EL AÑO 1992

En este rubro se especifica que se solicitó a los auditores externos Langton Clarke y Cía. Ltda. una completa investigación al respecto.

En lo relativo a La Chulita, se indica que el informe emitido por los auditores externos es categórico en su conclusión al afirmarse que la decisión de Enacar S.A., de castigar contablemente los valores acumulados en la cuenta “Obras en Construcción”, obedeció a la estrategia de acción planteada por el Directorio de la Empresa, sobre la base del mandato recibido a nivel Ministerial y de Gobierno, el cual establecía que todos los esfuerzos debían concentrarse en la Mina Lota.

Sobre el particular, es conveniente indicar que la Contraloría no desconoce las atribuciones que en esta materia tiene el Directorio, sin embargo, lo que se observa es que éste no tuvo participación en la decisión de castigar contablemente este yacimiento, según se desprende de las Actas que dan cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones que realiza dicho órgano de Administración Superior. Ello es ratificado por el ex-Gerente General al expresar en su declaración, “ que este procedimiento no tiene su origen en el acuerdo del Directorio, pero la idea central se conversó con varios directores que estuvieron de acuerdo con la medida”.

Puede destacarse, en relación con este tema, que dicho ejecutivo, en su oportunidad, no hizo referencia alguna a la estrategia del Directorio y al mandato del nivel Ministerial y de Gobierno.

En consecuencia, no hay constancia que el Directorio haya acordado tal medida y de esa manera haya formalizado el mandato Ministerial y Gubernamental que se alude.

Del mismo modo, se mantiene la observación referida a que el ajuste contable carece de sustento formal, considerando que el propio ex-Gerente General reconoce en su declaración que la instrucción no fue dada por escrito.

En cuanto a las acciones efectuadas por la Administración, con posterioridad al castigo contable de La Chulita, relativas a mantención y traslado de equipamiento, la Empresa en su respuesta indica lo siguiente:

a)Que de los M$ 111.533, que en el Informe de la Contraloría Regional se mencionan como desembolsos para el mantenimiento de esta Mina, sólo M$ 48.065 se refieren a este concepto, toda vez que los restantes M$ 63.468, corresponden a errores de imputación en el sistema contable de la Empresa, los que se normalizaron en el curso del presente año 1994. A este respecto, es preciso dejar establecido que no es efectivo que los mencionados errores de imputación hayan sido normalizados a la fecha, según consta en certificación extendida por el Contador General de Enacar S.A. con fecha 07.11.94.

En consecuencia, corresponde que la Gerencia de esa Empresa acompañe los antecedentes documentarios que acrediten la efectividad de los errores de imputación en los cuales se habría incurrido, como asimismo, de aquéllos que se emitan con motivo de su normalización.

b)Que el equipamiento informado en Oficio G.O.- G.G. N° 16, de 22.03.93, del Gerente de Operaciones al Gerente General, por M$ 611.203, constituye una estimación de la inversión propuesta en el estudio de Prefactibilidad Técnico-Económica Campo Sureste Mina Colico, Sector La Chulita, de los cuales hasta el mes de abril de 1992 sólo se traspasaron M$ 238.177.

Al respecto, resulta procedente citar lo declarado por el señor ex-Gerente General de la Empresa, quien señala textualmente: “el mantenimiento es obligatorio y debe hacerse de todas maneras, pues de otra forma se va a perder el físico de la Mina. El criterio de la Administración cambió a mediados de 1993 y se trató de hacer una negociación con los trabajadores de Trongol, la que consistía en traspasarle la propiedad de La Chulita mediante la renuncia de estos trabajadores a Enacar. Esto representó hacerle una serie de traspasos de equipos, maquinarias y herramientas, lo que significa la necesidad de activar nuevamente el valor de la Mina”.

En conclusión, de acuerdo a los antecedentes aportados durante el curso del examen y a lo relatado por la Gerencia respecto de este tema, se estiman procedentes las observaciones formuladas por esta Contraloría, sin perjuicio de reconocer las atribuciones del Directorio y las consideraciones técnicas respecto de proyectos mineros abandonados .

Respecto de las obras, la respuesta de la Gerencia explica lo siguiente:

Que existe un error al confundir la “Planta de Tratamiento de Carbones Menudos” con “Proyecto de Ampliación del Circuito de Finos”; sin embargo, la señora Mirza Muñoz L., Jefe del Departamento de Planta de Lavado y Control de Calidad, cuando explica lo requerido por los Fiscalizadores, proporciona un certificado que ella misma titula “Planta Tratamiento Carbones Menudos”. Por lo tanto, si alguna confusión hubo en la denominación del proyecto, es de responsabilidad del personal que entregó la información.

Cabe agregar que esa Gerencia no explica por qué en las planillas de control de inversiones el proyecto Planta de Tratamiento de Carbones Menudos figura por M$ 24.335, y su castigo se reconoce por M$ 11.763, no aclarando la diferencia de M$ 12.072.

En lo referente a la U.G.D. Construcciones, con una pérdida de M$ 10.785, sólo se analiza en la respuesta el Cálculo Estructura Escenario Coros, Construcción Tabique Casa de la Cultura y Construcción Banco Aserrador, todo lo cual suma M$ 3.872, sin incorporar aspectos explicativos sobre el concepto denominado Construcciones Parque por M$ 6.913.

Finalmente, respecto de la cifra de M$ 11.077, definida en Planilla de Inversiones proporcionada a esta Comisión Fiscalizadora como “ diferencia” y que también forma parte del total castigado en el ejercicio 1992, no se adjunta explicación más que la indicada durante la auditoría en el sentido que ella surge de la comparación de los saldos contables y los registros destinados a controlar las obras en ejecución.

3.- BOSQUES Y MADERA MINA

Las observaciones formuladas con respecto a este rubro mantienen plenamente su vigencia, aun cuando producto de las acciones ejercidas, tanto por la Empresa como por otros organismos competentes, se logre resarcir a la Sociedad del daño patrimonial causado y determinen las sanciones a quienes resulten responsables de los hechos denunciados.

4.- APORTES FISCALES.

Pese a que el Informe en referencia no contiene observaciones sobre el particular, es de conveniencia dejar establecido que el análisis efectuado se circunscribió sólo a verificar la percepción y el registro de tales recursos, como asimismo a determinar los rubros sobre los cuales se aplicaron.

5.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL

5.1.- Contrataciones,

Esta Contraloría Regional mantiene lo sostenido respecto de que las contrataciones de los ex trabajadores, señores Aníbal Luco Garrido, Luis Rivera Guerra, Luis Torres Araneda y Julio Valenzuela L., son irregulares, por cuanto vulneran lo preceptuado en el artículo 7° de la ley 19.129, de 1992.

En efecto, por ser Enacar S.A. una de las empresas beneficiarías del subsidio contemplado en el artículo N° 1 de la referida ley, le asiste la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ya citado artículo 7°, en cuanto a que junto con solicitar el beneficio debe acompañar el Plan de Readecuación, que contendrá, a lo menos : a) Un plan anual de producción; b) Una declaración jurada notarial de no aumentar su dotación de personal, en cualquiera de sus formas, durante el período de vigencia del subsidio, ni contratar personal de reemplazo, salvo en casos calificados en que dichas funciones no puedan ser realizadas por otros trabajadores de la empresa, requiriéndose en este caso la autorización del Consejo de la Comisión Nacional de Energía, y c) Un programa de incentivos para el retiro voluntario de trabajadores, compatible con los requerimientos de recursos humanos del Plan de Producción.

Puede apreciarse, entonces, que la ley impone expresas exigencias a las empresas para hacer uso de este beneficio de subsidio, dentro de las cuales se incluye el Programa de Incentivo para retiro voluntario, pero el hecho de que trabajadores se acojan a incentivos de dicho programa y no a los establecidos en el artículo 11 de la ya citada ley N° 19.129, no las deja en libertad para recontratar libremente a ex trabajadores, sino que, por el contrario, quedan sujetas igualmente a la restricción de la autorización previa del Consejo de la Comisión Nacional de Energía para proceder a los reemplazos que, a juicio de ese Consejo, se consideren imprescindibles y justificados.

Lo expuesto, lo ratifica el hecho de que la propia Empresa gestionó ante el Consejo de la Comisión Nacional de Energía la autorización para poder contar con los servicios de las tres primeras personas mencionadas, bajo contrato de trabajo permanente, autorización que fue denegada, razón por la cual esa Sociedad procedió a ponerle término a sus servicios, con lo cual se cumplió con las exigencias de la citada ley N° 19.129.

5.2.- Asesoría Sr. Sergio Fuentes A.

Sin perjuicio de las consideraciones sostenidas por la Empresa, en cuanto a fundamentar y justificar la cuantía de los honorarios cancelados al asesor señor Fuentes Aguirre, informa que el gasto de Secretaría, fotocopias y reprografías, por la suma de $ 208.672, ha quedado aclarado por los propios antecedentes aportados por el profesional, ante requerimiento de la Empresa para dar respuesta al Informe de esta Contraloría Regional.

Asimismo, en relación al gasto observado por honorarios cancelados mediante Factura N° 16, de 02.08.93, la Empresa informa que se ha solicitado al señor Fuentes una aclaración sobre lo planteado por esta Contraloría Regional.

5.3.- Pago señor Francisco Massoni Gaozza (Punto 5.3.3 de Informe)

No cabe sino reiterar el pago indebido por la suma de $ 969.855.-, por reajuste incluido en su finiquito de trabajo, habida consideración que dicho desembolso no se ajusta a las condiciones establecidas formalmente por la propia Gerencia General que se contienen en la Resolución N° 013, de 15.06.92, que dispuso este tipo de beneficio.

Que el referido beneficio se haya hecho extensivo a trabajadores que no cumplían requisitos, no legitima el pago otorgado al señor Massoni Gaozza, como se desprende de lo sustentado por la Empresa en su respuesta.

5.5.- Señor Alberto Rojas Piñones (Punto 5.3.4 de Informe)

Corresponde mantener la observación en cuanto a la improcedencia del pago por concepto de indemnización de término anticipado de contrato y por reembolso por gastos de fletes, cursados en favor del señor Rojas Piñones, por las sumas de $ 2.065.809.- y $ 542.800.-, respectivamente, por cuanto, el propio ex Gerente General de la Empresa, quien contrató los servicios sobre la base de honorarios y le puso término anticipado al mismo, expresamente señala que las causas que motivaron el término de la relación contractual fueron los incidentes en los que estuvo involucrado el señor Rojas Piñones, que provocaron “desprestigio para la autoridad” y la indemnización sólo correspondía en caso de término anticipado de contrato por razones o causales no imputables al trabajador.

Por otra parte, cabe reiterar que el pago de fletes no se encontraba incorporado al contrato tal como lo reconoce expresamente la Empresa en respuesta sobre el particular

6.- INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS

Cabe consignar, en primer término, que las observaciones efectuadas sobre esta materia se han formulado teniendo presente las facultades otorgadas por el Directorio al Gerente General para determinar indemnizaciones u otros pagos que motivaran el retiro del personal. De modo, entonces, que nunca se han impugnado tales atribuciones, sino que, precisamente, basadas en ellas, que se materializaron en resoluciones de la Gerencia General y que fijaron las condiciones para hacer uso de estos beneficios, es que la Contraloría Regional las tuvo en consideración para efectuar el análisis de la regularidad de las operaciones, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables y de los propios contratos de trabajo suscritos entre Empresa y trabajadores.

En mérito de lo anterior, se reiteran las observaciones relativas a los siguientes pagos:

6.1.- Señor Luis Tartarí Villagrán , la suma de $ 1.676.071, correspondiente a un mes de indemnización contractual en exceso a la que tenía derecho.

6.2.- Aníbal Luco Garrido.- $ 1.012.702. por concepto de pago de indemnización en exceso, por encontrarse en trámite una aclaración solicitada por Enacar S.A., al ex-Gerente General, señor Juan Hugo Zapata.

6.3.- Señor Ilario Pranzini Conti, la suma de $ 12.110.425, correspondiente al beneficio de 70% de indemnización adicional por haberse acogido a retiro con fecha 20.12.93, en circunstancias que la fecha máxima para hacer uso del beneficio expiraba, conforme a lo establecido por el Gerente General en uso de sus facultades delegadas, el 30.09.92, según consta en Resolución G.G N°016/92. Cabe precisar asimismo, que no es posible aceptar la explicación contenida en respuesta de la Empresa, en cuanto a que se habría convenido entre el Gerente General y el señor Pranzini Conti reemplazar el citado beneficio por el desahucio especial de 6 meses que tenía pactado en un anexo a su contrato de trabajo de fecha 08.08.88, en atención a que la referida modificación no se materializó por escrito, como lo dispone el articulo 11, de la ley 18.620/87, aprobatoria del Código del Trabajo, aplicable en la especie.

6.4.- Señores Eduardo Martínez E., Eduardo Luna F. y Narciso Cortez P. las sumas de $ 1.774.587, $ 1.150.466 y $ 1.085.908, respectivamente, por pagos adicionales cancelados a dichos trabajadores a sus fechas de retiro, por cuanto éstos se materializaron con posterioridad a la fecha de vigencia del beneficio.

En cuanto al pago objetado por la suma de $ 6.414.797, por concepto de indemnización adicional cursada en favor del señor Joaquín Acevedo Bravo, la Empresa ha hecho llegar, en esta oportunidad, un anexo de contrato que no fue presentado durante la investigación practicada, documento que contemplaba el referido beneficio.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso aclarar que, de acuerdo con el finiquito de 01.07.93, dicho pago se efectuó “Conforme a Resolución G.G. N° 16/92”, documento que expresamente señala que el plazo para acogerse a ese beneficio expiraba el 30.09.92, sin hacer ninguna mención al anexo del contrato referido, que respaldaba contractualmente tal beneficio.

6.5.- Señor David Vásquez Alarcón, la suma de $ 897.690, cancelada por concepto de compensación voluntaria equivalente a las remuneraciones del mes de septiembre de 1992, establecido en la resolución G.G. N° 21/92, en razón a que este beneficio expiraba el 15 de agosto de dicho año y el retiro voluntario efectivo del señor Vásquez Alarcón se produjo el 30 de agosto, fecha en que no tenía derecho a acogerse a este beneficio.

6.6.- Señores Sergio Carrillo Cisternas, Carlos Venegas Lavado y señora María Macaya Bahamondes, las sumas de $ 1.578.909, $ 195.291 y $ 189.506, respectivamente, por pagos de los beneficios que expresamente se señalaron en el Informe emitido por esta Contraloría Regional y respecto de los cuales la Empresa, en su respuesta, no aporta antecedentes válidos que permitan desvirtuar las observaciones sobre el particular.

6.7.- Señor Peter Crorkan H. la suma de $ 4.993.342, por concepto de indemnización voluntaria, equivalente a 53 meses de imposiciones que le faltaban para acogerse a jubilación, beneficio que no se encontraba estipulado en su contrato de trabajo.

La Empresa se limita a señalar en su respuesta que el pago observado, antes indicado, fue autorizado expresamente por el Gerente General de la época, señor Eduardo Zúñiga Pacheco.

6.8.- Señor Juan Hugo Zapata la suma de $ 560.000, por anticipo de feriado no descontado de su finiquito de trabajo.

Lo anterior, sin perjuicio de mantener lo sustentado por esta Contraloría Regional, en cuanto a la improcedencia del otorgamiento del referido beneficio, en las condiciones que expresamente se analizaron en el Informe evacuado con motivo de la investigación efectuada en la Empresa.

La Empresa Nacional del Carbón S.A., en su respuesta, informa que se han efectuado los trámites para obtener la restitución del valor antes citado, en el marco de las posibilidades restringidas que se tiene, considerando el finiquito que se le otorgó, suscrito por el ex-Presidente del Directorio don Pedro Courard B.

6.9.- Anticipos no descontados.

La Empresa informa que en el curso del primer semestre de 1994, se han recuperado $ 860.000, y documentado $ 140.000, y que se continuarán ejecutando acciones para obtener la restitución del saldo , hasta completar el total de $ 2.900.000 no descontado en su oportunidad.

Al respecto, cabe señalar que en el expediente de respuesta no se acompaña la documentación que acredite la percepción de los valores indicados en el párrafo precedente.

6.10. - Préstamos Personales Señor Juan Hugo Zapata G.

-Cabe reafirmar lo sostenido en el Informe en cuestión, referente a la improcedencia de los préstamos autoconcedidos por el propio ex-Gerente General, que ha significado infringir las disposiciones del artículo N° 50, de la ley N° 18.046, de 1981.

Asimismo, es necesario puntualizar que las erogaciones antes referidas no han sido calificadas como “préstamos” por esta Contraloría Regional, como lo manifiesta la Empresa en su respuesta, sino que ello emana de los documentos sustentatorios de las operaciones y de expresas declaraciones de personeros de esa Entidad.

En cuanto a las medidas adoptadas, se informa que se ha hecho llegar al señor Zapata el cálculo de los respectivos intereses, obteniéndose un depósito por este concepto, del ex-ejecutivo afectado, por la suma de $ 150.000.

Señor Ariel Ulloa Azócar

De igual forma es válido lo expuesto en cuanto a la improcedencia del préstamo otorgado en favor del ex-Director de Enacar S.A., señor Ulloa, por contravenir lo preceptuado en la ley N° 18.046, antes citada.

No obstante, se ha informado que se han enterado en arcas de la Empresa, las cantidades correspondientes a los reajustes e intereses de la referida erogación, situación que, en todo caso, no ha sido acreditada documentalmente ante esta Contraloría Regional.

7.- ROL PRIVADO.

7.1.- Anticipos de sueldos

Señala la Empresa que en los contratos colectivos vigentes se encuentra debidamente reglamentado la forma, oportunidad y porcentaje de los anticipos que corresponden a los trabajadores según el rol al cual pertenecen. Sin embargo, resulta útil aclarar que lo sostenido por esta Contraloría Regional no se refiere a los anticipos convenidos en los contratos colectivos, sino a aquéllos concedidos al nivel ejecutivo de la Empresa, y que tales alcances dicen relación exclusivamente con anticipos que exceden los haberes mensuales convenidos que, reiteradamente, fueron destinados a tomar depósitos en entidades bancarias, en favor del ex Gerente General, señor Zapata.

En consecuencia, son plenamente válidas las observaciones formuladas por esta Contraloría en este aspecto.

7.2.- Hospedaje y Alimentación en Casa del Directorio

Se mantiene lo sustentado en relación a esta materia, en el sentido que no resulta procedente solventar con recursos de la Empresa los gastos incurridos por los gerentes generales, por concepto de hospedaje y alimentación en la Casa del Directorio, cuando dichos beneficios no se encuentran incorporados en sus respectivos contratos de trabajo, al tenor de lo preceptuado en el artículo 10° del citado Código del Trabajo, el cual expresamente contempla que “deberán señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, alimentos y prestaciones en especie o servicios”.

7.3.- Cancelación Pasajes Aéreos.

En atención a la normativa legal citada en el párrafo anterior, tampoco resultan procedentes los pagos con cargo a la Empresa, por este concepto, por cuanto tal beneficio no se encuentra establecido en los respectivos contratos de trabajo.

Respecto de los pasajes aéreos con motivos institucionales, la Empresa no ha acreditado suficientemente en qué ocasiones y por qué montos, ellos obedecerían a viajes propios de la gestión de la Empresa.

7.4.- Gastos por consumos,

Las erogaciones por este tipo de consumos corresponden, según lo expresamente señalado por esa Gerencia General, a gastos destinados a ejecutivos, directores y otros, relacionados con actividades propias de la Empresa, circunstancia que no se encuentra debidamente consignada en la documentación de respaldo tenida a la vista al momento del examen.

7.5.- Aportes a Dirigentes Sindicales.-

Las consideraciones señaladas por la Empresa en su respuesta, no constituyen antecedentes válidos que permitan desvirtuar la improcedencia de costear con recursos de Enacar S.A., los gastos incurridos por representantes de las organizaciones sindicales en el ejercicio de sus funciones dirigenciales, las cuales deben ser financiadas con fondos de esas entidades.

7.6.- Póliza de Seguros Personales de Ejecutivos.-

Se reiteran los argumentos aludidos, que se tuvieron presente para formular la observación, habida consideración que este beneficio no está incorporado en los contratos de trabajo de los ejecutivos beneficiarios, conforme lo dispone el artículo 10°, del referido Código del Trabajo y que, en consecuencia, no corresponde sea financiado con recursos de la Empresa.

Que sea práctica de la Entidad mantener póliza de seguros de vida para sus ejecutivos, no justifica la procedencia del pago ni desvirtúa la observación efectuada por esta Contraloría Regional sobre el particular.

7.7.- Gastos Celebración Cumpleaños y Otros.-,

La Empresa no entrega mayores antecedentes sobre los desembolsos incurridos para financiar celebración de cumpleaños de ejecutivos, obsequios a ex-Gerente General y atenciones por aniversario de la Comisión Nacional de Energía, por lo que procede mantener las observaciones formuladas.

7.8.- Renuneraciones del Directorio -Señor Carlos Mladinic

En relación a la observación que afecta al ex-Director señor Mladinic, por cobro en exceso de dieta correspondiente a la sesión efectuada con fecha 15.01.93, la Contraloría General se encuentra realizando una investigación complementaria, por cuanto la Empresa no ha aportado antecedentes suficientes para aclarar en definitiva esta situación.

-Señor Ricardo Solari.

Con respecto a las sumas percibidas en exceso por este ex-Director de Enacar S.A., se señala por parte de la Empresa que la cifra de $ 116.277, correspondía a un cheque que fue anulado, conforme al procedimiento habitual y que en relación a los $ 166.110, pagados demás, fueron restituidos por parte del señor Solari, debidamente reajustados, tan pronto fue advertido de esta situación.

Cabe hacer presente, que las observaciones planteadas se formularon sobre la base de la documentación presentada por la Empresa para su revisión, la cual no consignaba la anulación en el Comprobante de Egreso mediante el cual se cursó el pago.

-Boletas de Honorarios

Con respecto a las observaciones contenidas en el Informe sobre este particular, la Empresa, según informa, ha adoptado las medidas, en cuanto a exigir la oportunidad de la emisión de las boletas por concepto de pagos de honorarios a los Directores.

7.9.- Gastos de Consumos y Hospedaje en La Serena.-

La suma observada por un monto ascendente a $ 272.075, correspondiente a gastos no acreditados como institucionales, se encuentra pendiente de una aclaración solicitada por la Empresa al ex-Gerente General, señor Juan Hugo Zapata.

8.- CAPACITACIÓN

8.1.- Evaluación Sistema de Control Interno

La empresa ha tomado debida consideración sobre los alcances relacionados con las deficiencias de los procedimientos de control, según se informa en la respuesta que se hizo llegar a esta Contraloría Regional.

8.2.- Gastos en Capacitación no descontados a ex-empleados.-

Cabe reiterar la observación formulada por $ 2.738.000, por este concepto, por cuanto la Sociedad no ha dado respuesta o aclaración a los valores objetados.

8.3.- Pérdida de Crédito por Gastos de Capacitación.-

Se mantiene la observación relacionada con esta materia, en razón a que no se acompañan antecedentes aclaratorios, salvo informar que se ha solicitado asesoría a la firma Langton Clarke, a fin de determinar las acciones a seguir.

9.- OTRAS MATERIAS OBSERVADAS

9.1.- El Cateador

En relación con los alcances consignados sobre el particular, la Empresa ha sostenido que los desembolsos efectuados en favor de la Empresa Privada El Cateador, se encuentran debidamente resguardados al contar con la autorización de descuento por planilla de los trabajadores beneficiarios. De modo entonces, que la observación mantiene plena vigencia, en tanto no se recuperen en su totalidad los recursos utilizados para este efecto.

9.2.- Arriendo de Teatro y Piscina.-

No se desvirtúan los fundamentos que se tuvieron presente para impugnar los desembolsos en beneficio del contratista señor Cruz Balmazábal, señalando solamente que estos fueron cursados con autorización del Gerente General de la época, señor Zapata González.

9.3. - Deudores Hipotecarios

Corresponde precisar las incongruencias o contradicciones que se observan entre lo sustentado en el oficio respuesta y las declaraciones del ex Gerente General de la Empresa, señor Juan Hugo Zapata, por cuanto, mientras en el primero se señala que por política de la Empresa se dieron facilidades a los deudores hipotecarios que renunciaran voluntariamente, no descontándoseles el saldo total de la deuda habitacional de sus respectivas indemnizaciones, en su declaración el ex-Gerente General, sostiene, en cambio, que sus instrucciones fueron terminantes en el sentido de hacer efectivo todos los descuentos que registraran los trabajadores que se acogieran a retiro.

9.4.- Préstamos Habitacionales a Socios CARCOP LTDA

Se mantiene la observación señalada en este rubro, mientras no se concrete la recuperación de los valores involucrados, conforme a las gestiones que la Empresa informa se están efectuando.

9.5.- Edificio Chollín.-

La Empresa considera que no corresponde calificar como injustificados los gastos por mantención de este Edificio, puesto que por encontrarse entre los bienes imputados al Impuesto Habitacional del 5%, Enacar debía, mientras fuera de su propiedad, mantenerlo y dotarlo de servicios esenciales como agua potable, alcantarillado y electricidad. En relación con ello, necesario resulta recordar que el Informe de esta Entidad Fiscalizadora hace referencia a los gastos comunes originados por los servicios de aseo, destape de descarga de lavaplatos de los distintos departamentos y destape de alcantarillado, que se estiman debían ser solventados por los ocupantes del Edificio, aspecto entendido en los mismos términos por la propia Empresa, puesto que “en marzo del año 1989, comunicó a los ocupantes que ellos debían ser los encargados de administrar el mantenimiento de estos servicios, situación que no ocurrió dado que no lograron conformar la junta de administración” .

Queda claro que el informe de Contraloría no se refiere a los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad, siendo entregados los dos primeros, en septiembre de 1992, a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío S.A.; por lo tanto, el contenido de la respuesta no supera lo observado por esta Contraloría, en lo referente a desembolsos incurridos para cubrir los gastos comunes de este edificio.

9.6.- Casa del Directorio.

Los comentarios y sugerencias que se contienen en el Informe VE-100/94 relacionados con esta materia, han sido acogidos por esa Administración, de acuerdo con las medidas adoptadas sobre el particular.

9.7.- Situación Dirigentes Sindicales.-

Si bien el inciso 5° del articulo 249, del Código del Trabajo, como lo señala la Empresa en su respuesta, es de carácter permisivo y no imperativo, debe tenerse presente que el inciso 42 de dicho precepto legal establece que “el tiempo que abarquen los permisos otorgados a directores o delegados para cumplir labores sindicales se entenderá trabajado para todos los efectos, siendo de cargo del sindicato respectivo el pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador que puedan corresponder a aquéllos durante el tiempo de permiso”, pudiendo ser objeto de negociación de las partes, conforme al inciso 5°, de esa misma disposición, las normas sobre tales permisos y pagos de remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de cargo del empleador, hecho que no ha sido acreditado por la Empresa respecto a la situación que a ésta le afecta.

El marco de legalidad que esa Sociedad argumenta en su respuesta sobre el particular, es abiertamente contradictorio con la posición sustentada por el ex Gerente General señor Zapata González, quien la califica como “tremendamente irregular”, situación que durante su gestión trató de revertir, sin lograr su propósito, según lo expresamente manifestado por dicho personero.

9.8. - Gastos de Consumos Básicos en Edificios desocupados

De acuerdo con la respuesta planteada por la empresa, ha quedado lo suficientemente aclarada la situación que afectaba a la dependencia del inmueble “Venta Zona Sur”, respecto del cual, según se expresa, han sido cancelados los valores por concepto de arriendo y consumo de energía eléctrica.

D.- SÍNTESIS DEL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ-BLICA N° A-4/95, DE 20/02/95

Como se señalara precedentemente, este informe tuvo su origen en una intervención en la Sala de la Corporación del Diputado señor Edmundo Salas De la Fuente, con fecha 04 de octubre de 1994, destinada a ampliar algunos aspectos de la investigación practicada, también a requerimiento de esta Cámara de Diputados, por el Organismo Contralor en la Empresa Nacional del Carbón S.A. y que derivó en los Informes N°s. VE-100/94 y VE- 157/94, solicitud a la cual adhirieron los Diputados señores Mario Hamuy Berr, Hosain Sabag Castillo, Víctor Pérez Varela, Jorge Ulloa Aguillón y Héctor Zambrano Opazo.

I.- ÁREA ADQUISICIONES

A)COMPRAS DE MADERA PARA MINA

Al margen de las observaciones contenidas en el Informe VE-100/94, se comprobaron, entre otras, las siguientes situaciones:

1. - Bosque en pie adquirido hace más de tres años no explotado por no poder ingresarse al

predio y cuyo anticipo ascendente a $ 6.350.000.-, otorgado en dicha data, tampoco ha

sido recuperado.

2.- Saldo de anticipo otorgado en 1990 no descontado y cuya garantía hipotecaria constituida

con posterioridad, con motivo de un convenio de pago por $ 9.885.829.-, tampoco se ha

hecho efectiva.

3.- Anticipos descontados en un período de varios años, entre otras razones, por incumpli

miento de los proveedores y contratistas pertinentes.

4.- Entrega de cheques en favor de vendedores y proveedores a funcionarios de la UGD

Forestal.

5.- Emisión de cheques a vendedores antes de suscribir el convenio pertinente.

B)ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS EFECTUADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

Estas compras cumplen razonablemente con las normas del Manual de Procedimientos pertinentes.

Al margen de lo anterior se detectaron anomalías, tales como:

1.- Contrato de Suministro de ropa industrial suscrito con empresa constituida para tal efecto

por dirigentes de Sindicatos de Trabajadores de la empresa, gestionado y perfeccionado por una unidad distinta a la Superintendencia de Abastecimiento y cuyos saldos nominales adeudados, ascendentes a más de $ 3.000.000.- y derivados del anticipo otorgado y del material entregado, se descuentan en cuotas de $ 10.000.- mensuales.

2.- Recursos inmovilizados en repuestos y materiales sin movimiento desde 1984, por una

suma ascendente, a lo menos, a $ 381.790.526.-

C)INVENTARIO DE DOCUMENTOS EN GARANTÍA

1.- Garantía inexistente sobre contrato de arriendo de ex-Casa de Huéspedes y ex-Casa de Solteros de Lota Alto, por no haber hecho efectivo Enacar S.A. en su oportunidad, cheque girado al efecto por $ 700.000.

2.- Garantía no cumplida en los términos del contrato de arriendo del Teatro de Lota Alto y de la Piscina N° 2, al aceptarse sólo letra de cambio por $ 200.000.

3.- Existencia de diversos documentos entregados en garantía y que se encuentran vencidos, los cuales aún aparecen contabilizados.

4.- No devolución de boletas bancarias y cheques entregados a Enacar S.A. para postular a licitaciones.

5.- Se aceptaron cheques al día para garantizar convenios a futuro sobre servicios de fletes de carbón

D)CONTROL INTERNO Y PRACTICA CONTABLES

Se detectaron una serie de situaciones que revelan debilidades de control interno y prácticas contables y administrativas susceptibles de perfeccionar.

II.- ÁREA VENTAS DE CARBÓN

Se examinó una muestra de operaciones realizadas por la Empresa, referida al período 1987-1994.

1.- Se determinaron serias limitaciones que dificultaron el trabajo de auditoría practicado en Enacar S.A., principalmente por la falta de oportunidad con que la Empresa hizo entrega de los antecedentes requeridos, reiteradamente, durante la revisión; así como por la carencia de documentación contable clasificada, referida principalmente al período 19871989, lo que se extendió, inclusive, hasta el año 1992, tratándose de la documentación soportante de las operaciones por Liquidaciones, tanto de calidad del combustible entregado como otras.

2.- Se estableció la existencia de operaciones de ajustes omitidos, dejándose de percibir

ingresos por la suma de $ 15.306.195.-, afectando además, negativamente, los Estados de Resultados correspondientes a los años 1992 y 1993.

3.- En otros casos, se determinaron atrasos en la preparación de las Liquidaciones finales en consideración a los plazos establecidos en los convenios, con el consiguiente perjuicio económico para la Empresa.

4.- Igualmente, se establecieron diferencias de cálculo respecto de algunas transacciones, derivadas de la determinación del precio unitario aplicado, verificándose un menor ingreso del orden de los $ 21.150.000.-, en relación a operaciones con Enami, y de $ 15.316.368.-, respecto de operaciones con Inacesa, y un mayor ingreso de $ 10.684.498.-, producto de operaciones con este último cliente.

5.- Se comprobaron deficiencias de control interno, especialmente del sistema de archivo de la documentación de respaldo de las operaciones, así como también debilidades referidas a carencia del instrumental adecuado para dejar debida constancia del pesaje de las toneladas de combustible transferidas a canchas de almacenamiento de la empresa, y de los despachos vía férrea efectuados a clientes.

6.- Por otra parte, en relación con las compras de carbón a terceros -analizadas conjuntamente

con las ventas- se comprobaron algunas deficiencias de control, como también la existencia de deudas a favor de la empresa -de antigua , por concepto de regalías u otros, que arrastran saldos desde el año 1987.

III. - DOTACIÓN DE PERSONAL, COSTOS DE CARBÓN Y EJECUTIVOS

a)La dotación de personal decreció aproximadamente a un tercio de la que se mantenía al inicio del período.

b)La producción de carbón registró una reducción significativa, ya que el volumen anual alcanzado en 1993 representaba menos de la mitad del promedio logrado en el cuadrienio 1987-1990, producción anual que se vio desmejorada, más aún, al término del ejercicio 1994.

c)Los costos unitarios de carbón han tenido una tendencia de crecimiento en los últimos años, derivada fundamentalmente de la sensibilidad natural que tienen éstos frente a las fluctuaciones de los niveles de producción.

d)La cantidad de directivos ha disminuido en cerca de un 63%, entre 1987 y 1994, en tanto las remuneraciones devengadas mensualmente, medidas en moneda constante, han experimentado una disminución del orden del 50%, lo cual ha determinado como resultado un incremento en las remuneraciones promedio por ejecutivo, cercana al 100% en el caso del Rol Privado, y al 30% en el resto de los ejecutivos.

E.- SÍNTESIS DEL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA N° VE-08/95, DE 28/02/95

Tal como se señalara en la primera parte de este informe, este documento tuvo su origen en una petición formulada en la Sala de la Corporación por el Diputado señor Alejandro Navarro, acordando ésta, entre otros, cursar oficio al Organismo Contralor, solicitándole ampliar sus investigaciones en Enacar S.A. a los aspectos -también indicados- requeridos por este señor Diputado, cuyo pronunciamiento pasa a resumirse.

1.- VENTA DE ACTIVOS 1987 - 1990:

En facultad de ley 18.066, de 1981, que autoriza a Enacar S.A. para enajenar Bienes raíces cabe señalar que el informe indica:

a)Se enajenaron 398 inmuebles.

b)No es posible indicar el número de especies enajenadas como maquinarias, equipos, vehículos y muebles, ya que no se proporcionó información sobre valores de venta, postura mínima establecida o número de unidades componentes de los lotes.

c)Los valores de los depósitos por cuenta de “otros ingresos - venta propiedades y terrenos imputados” se tiene que superan los valores contabilizados.

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En la cuenta señalada se abona por el valor total de la venta, en depósitos al contado o por la cancelación de cuotas, pudiendo ser el excedente por depósitos de fondos no generados por la venta de bienes imputados.

Lo anterior deja claro que las cifras entregadas no reflejan lo acaecido en este rubro y que hay alteraciones sustanciales inexplicadas.

d)De los ingresos por “otros ingresos-ventas de propiedades y terrenos no imputados” que alcanzan en el período 1987 - 1990 $ 184.141.654.- se desprende:

En muchos casos faltan antecedentes que permitan evaluar el real costo del bien, las ofertas de los participantes y copias de los comprobantes que avalan los pagos.

Lo anterior se constata en la venta de Enacar S.A. a don Juan Humberto Carvajal B, del predio Lote N° 214 de 2.009 m2 en $ 3.011.852.- (705,00 UF) en 10 cuotas mensuales de 70,50 UF

Este fue vendido antes de su cancelación total.

-08 septiembre de 1988 precio de venta Enacar S.A. a don Juan Carvajal B. $ 3.011.852.-17 mayo 1989 precio de venta Don Juan Carvajal B. a Shell Chile $ 6.555.000.-

e)Respecto de la venta de los predios Puchoco 32.449 m2, Fundo la Colcha 46.629 m2, Fundo Boca Maule 6.403 m2, Fundo Millabú 431.358 m2, Fundo Boca Maule- Puchoco 944.305 m2, Fundo Quemir 1.080.000 m2.

No se aportan antecedentes sobre sistemas de ventas, tasaciones comerciales y auto fiscal, vendidos todos por un total de $ 142.419.655.-

2.- DOTACIÓN DE PERSONAL

Respecto de 48 contratos a honorarios acreditados entre 1987 - 1990, no fue posible pronunciarse sobre las funciones, ya que los antecedentes no fueron aportados.

3.- RESULTADOS Y COSTOS DE Enacar S.A.

Se aprecia que tanto los costos unitarios de explotación como los de operación registran los valores más bajos en el año 1990, con $ 23.742.- y $ 26.995.-, respectivamente, con un incremento de la producción de un 13,3% respecto de 1989.

4.- ASESORÍAS Y ESTUDIOS

La comisión fiscalizadora requirió todos los antecedentes de quienes prestaron asesoría, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como lo referido a estudios de proyección y desarrollo y sus costos y los resultados de las gestiones encomendadas. No se entregó antecedente alguno para esta investigación.

5.- CAPACITACIÓN

La comisión fiscalizadora debió abstenerse de emitir una opinión sobre las acciones de capacitación realizadas por Enacar S.A. en el período 1987 - 1990 por la evidente omisión de documentación sustentatoria que respalden los cursos dictados.

Así: 1987 - 1988 Se presentó sólo archivos sin los formularios de comunicación de acciones de capacitación y copia de factura.

1989 Sólo se remitió antecedente de cursos intensivos de la empresa (30 cursos) omitiéndose por lo tanto 130 cursos restantes.

1990 No se ubicaron los respaldos de los cursos que, según las estadísticas, alcanzaron a 128 para el establecimiento de Lota.

Por lo tanto no existe respaldo para justificar y explicar:

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6.- REMUNERACIONES AL DIRECTORIO

Sin observaciones mayores.

7.- AUDITORIAS INTERNAS

El Departamento de auditoría interna de la empresa emitió en el período 87 - 90 un total de 83 informes. 

a)Se determinó un faltante de 76 unidades de tubos de oxígeno valorizados a precio de la época en $ 6.764.000.-

b)Evaluación al departamento de servicios de personal sobre reparaciones, originaron pérdidas por $ 6.141.254.-

c)Evaluación del control interno en el Departamento de almacenes revela una pérdida bruta por adquisiciones incorrectas de $ 24.413.341.-, más el remate de artículos enviados a bodega que sólo arrojó un 10% del costo.

d)Evaluación al control de las existencias de equipos de perforación neumática y microteléfonos, dan cuenta de pérdidas totales no explicadas al 31 de mayo de 1988 por la cantidad de $ 147.590.396.-

e)Informe N° 14, de 1990, sobre auditoría, en la adquisición de madera para mina, relata las severas debilidades de control interno, sobre la base de omisión de 3 contratos de un total de 5 presentados durante el año 1988 que involucran un total de $ 230.319.819.-

Existiendo incumplimiento de contratos por parte de proveedores, estando comprometidos importantes anticipos de dinero, desconociéndose en la mayoría de ellos si se ha resuelto iniciar acciones legales destinadas a exigir el reintegro de los dineros anticipados, se solicitaron informes jurídicos al respecto sin obtener respuesta.

8.- MADERA PARA MINA

Alrededor de los años 1986 y 1987 se suscita la problemática de la madera para Enacar S.A.

No hay antecedentes que den cuenta de lo solicitado.

Sólo en el período 1990 - 1994 se constató la falta de más de 2.000 m3 de madera, siendo de absoluta gravedad el carecer de antecedentes para el período 1987 - 1990.

9.- INDEMNIZACIONES LEY 19.174

Existen $ 77.081.663.- que no están debidamente acreditados en su devolución al Ministerio de Hacienda, no pudiendo ser revisadas las indemnizaciones cobradas anticipadamente para la compra de acciones Corfo, que alcanza a 3.069 trabajadores, por un monto ascendente a $ 2.823.522.213.

10.- ROL PRIVADO

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Se comprobó que la Empresa igualmente mantenía el procedimiento de solicitar, con recursos del rol privado, gastos de atenciones, manifestaciones a ejecutivos, donaciones, asesorías y estudios, reembolsos por gastos médicos, viáticos y movilizaciones, dietas y gastos de representación del directorio, tales como:

a)Atenciones y manifestaciones por $ 3.082.569.-, en 1987, 1988 y 1989.

b)Manifestaciones a proveedores $ 3.157.314.-

c)Gastos improcedentes $ 438.625.-

d)Atenciones al personal y otros particulares (cocktail, almuerzo, compra de mercaderías, whiskies, desayunos del personal de gerencia) $ 843.732.-

e)Donaciones y aportes a instituciones militares: Por confección de estandarte de batalla logístico N° 3 $ 136.680.- y aporte al Comando de Apoyo del Ejército $ 40.000.- , total $ 176.680.-

f)Aporte a Secretaría General de Gobierno, división de organizaciones civiles $ 2.500.000.-

g)Gastos de estadías y viáticos a dirigentes sindicales, 1988 - 1989 $ 922.735.-

h)Préstamos a largo plazo no documentados y sin reembolso por $ 450.000.-, por parte del Sr. Leoncio Toro Araya, Gerente de Administración y Finanzas.

Préstamo no documentado su reembolso por $ 500.000.- del Sr. Fernando Muñoz P.

i)Gastos de Honorarios: Se comprobó que durante los años 87, 88, 89, la empresa canceló regularmente asesorías profesionales a la sociedad denominada “Seguridad y Asesoría Integral Alfa - Omega Ltda.” por un valor total de $ 7.784.000.-, prestaciones en las cuales no se especifica claramente el tipo de servicio realizado, quiénes lo ejecutaron, ni tampoco fue posible ubicar el Contrato de Honorario.

j)Otros documentos faltantes: Por la suma total de $ 408.108.

11.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR VENTA DE VIVIENDAS IMPUTADAS

El artículo 2° de la ley 18.066 que autoriza a Enacar S.A. para proceder a vender viviendas imputadas al impuesto habitacional, establece que los fondos generales por este concepto deben emplearse en la rehabilitación o reparación de otras viviendas de su propiedad para ser transferidas a sus trabajadores, ex-trabajadores o herederos.

La empresa depositó en el período 1987 - 1990, en la cuenta de ahorro a plazo del Banco de Concepción, la cantidad de $ 213.210.358.-, obtenida del producto de la venta de unidades imputadas.

En el mismo período se efectuaron giros con cargo a estos recursos por un total de $ 234.237.035.-

Los antecedentes documentados relacionados con la utilización de estos recursos, no estuvieron a disposición de la comisión fiscalizadora, razón por la cual “no es posible emitir una opinión acerca de si estos fondos se emplearon exclusivamente en los fines prescritos por la ley 18.066”.

12.- CASA DEL DIRECTORIO

No se hicieron llegar a la comisión fiscalizadora antecedentes para su examen. En consecuencia, no existen evidencias formales por escrito de las personas y acompañantes que hicieron uso de la casa del Directorio en el período 1987 a 1990, que permita tener una opinión fundada sobre la administración y uso del inmueble.

13.- DIRIGENTES SINDICALES

La Contraloría Regional practicó durante 1987 una auditoría, que vio entre otras materias lo relativo a “ausencias Sindicales”, observándose que Enacar S.A. no se ajustaba a las disposiciones legales, por cuanto cancelaba remuneraciones, beneficios e imposiciones a dirigentes sindicales que hacían uso de permisos.

14. - SITUACIÓN FINANCIERA DE Enacar S.A.

Sobre el estado en el cual fue recibida la empresa Enacar S.A. por el Gobierno de don Patricio Aylwin A., especialmente en materia financiera y productiva, se señala que la empresa de auditores externos Langton Clarke, contratada el 31 de marzo de 1990, “detectó la existencia de una situación financiera deplorable, con un endeudamiento de corto plazo ascendente a $ 6.874.- millones, con tendencia a aumentar, con costos de producción sustancialmente superiores a los precios de ventas”.

CAPÍTULO V DECLARACIONES PRESTADAS ANTE LA COMISIÓN

En el capítulo I de este Informe se contiene una nómina de todas las personas que concurrieron a prestar declaraciones ante la Comisión. En el presente Capítulo se encuentra una síntesis de aquellas declaraciones, que se ha estimado tienen una mayor vinculación con los hechos investigados.

Cabe hacer presente que la Comisión cursó invitaciones a todos los directores de Enacar S.A. correspondientes al período 1987 - 1990, con el objeto de que aportasen algunos antecedentes relativos a la investigación. De las personas invitadas sólo concurrió el ex-Director señor Roberto Hempel, cuyo testimonio se consigna al final de este Capítulo.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR OSVALDO ITURRIAGA,CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Sesión 4a, del 09 de noviembre de 1994

La Contraloría General de la República fiscaliza la legalidad de las actuaciones de las entidades públicas, mas cuando se encuentra algún hecho que sea trascendente y que pueda ser irregular se hace presente. Desde hace muchos años que se está actuando así. Por ejemplo, cuando en el Gobierno Militar se vendieron las empresas Corfo, no se podía decir si el precio era alto o bajo, pero se daban a conocer los antecedentes; tratándose del capital accionario de Endesa, se señaló que el valor de libro de sus acciones -como lo llaman los auditores- era de tal cantidad y que se vendieron en tanto. Se reflejó, en consecuencia, una disminución patrimonial, pero no hubo un pronunciamiento acerca de la conveniencia del acto.

Respecto del informe de Enacar, se ha actuado de la misma forma, siendo bastante fun-dados sus planteamientos. Se cumplió con la investigación solicitada, enfatizando, quizás, el principio de legalidad, sin que hubiere intención de entrar al mérito de los actos investigados.

De acuerdo al órgano que efectúa la fiscalización, se pueden distinguir tres tipos de ésta: la de origen parlamentario, jurisdiccional y administrativo. Desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, sin embargo, se reconocen cuatro clases de fiscalización: la jurídica propiamente tal, la de mérito, la de eficiencia o de auditoría operativa y el control de programa. Esta última se vislumbra como la fiscalización del siglo venidero y ya se aplica bastante en Bélgica, Estados Unidos y Francia.

Respecto de todas ellas no existen diferencias tajantes. Muchas veces, el control jurídico con el de mérito y con el de eficiencia están de tal manera relacionados que es imposible no abarcar el campo del otro, al ejercer uno de ellos.

En Enacar había una orden perentoria del Directorio a la Gerencia, con el fin de que adoptara todas las medidas que fueran necesarias para bajar los costos de producción, racionalizándolos de manera de evitar lo que está ocurriendo: existen miles de millones de pesos que el Estado tiene que estar suministrando, que se gastan en sueldos y en pagar a los bancos las deudas contraídas, con el consecuente costo financiero que ello significa. En este caso, aspectos que deslindaban en el juicio de mérito, también lo eran de regularidad, porque se estaba en presencia de una instrucción que emanaba del orden jurídico. Por lo tanto, Contraloría no podía dejar de plantearlo.

Esa es la idea central, y debería tomarse en consideración en la discusión de la modernización del Estado, la importancia del método expuesto: No se puede limitar a la Contraloría a un mero control de regularidad, que, en el fondo, es un control formal. Necesariamente se debe entrar en la eficiencia, y aquello implica, de cierta forma, pronunciarse sobre la eficacia, abarcando, por tanto, el mérito.

El control que realiza Contraloría es posterior, por lo que no produce entrabamiento alguno en el desempeño de la empresa. Estas instituciones no están afectas a la toma de razón en su actuar. Si así fuera, para hacer un negocio, primero tendría que tramitarse un decreto o una resolución ante la Contraloría.

El criterio que se sustenta en el proyecto de ley que enviara el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin, que se encuentra pendiente en el Senado, es que la oportunidad o conveniencia de algún acto no debe ser cuestionada por la Contraloría; no obstante, aquello se debe entender racionalmente: En la medida en que estén vinculados con los otros sistemas de fiscalización, es imposible separarlos. Se saca una fotografía de los hechos que ocurren pero, a veces, se hace algún comentario, que no significa atribuir alguna responsabilidad.

En una fiscalización netamente jurídica no sólo se da el juicio, sino que se persigue la responsabilidad; en una fiscalización de oportunidad no se hacen efectiva responsabilidades, sino que se ponen los antecedentes a disposición de las autoridades, sin instruir un sumario por lo anterior.

Por otra parte, por mucho que exista la competitividad entre empresas o sociedades del Estado, con sociedades particulares, no hay que perder de vista que las primeras están conformadas sobre la base de fondos de todos los chilenos. Por tanto, se necesita un control de esta naturaleza. Lo importante es que este control sea imparcial, objetivo y de buen criterio.

Esa es la orientación y, precisamente, esa orientación es la que se sustenta en el proyecto antes aludido, de ley orgánica constitucional, actualmente en trámite en el Senado, y que se patrocinó estando de acuerdo con el Ejecutivo.

Esta investigación se inició por una denuncia efectuada por el Diputado señor Salas, a la cual se sumaron varios Honorables Diputados. El documento anónimo que se encuentra agregado al informe llegó después. Por una denuncia anónima jamás se ha realizado una investigación.

Respecto de las denuncias de carácter criminal, la Contraloría tiene facultades para hacerlas directamente, sin embargo, desde hace bastantes años, se está actuando en esta materia en total armonía y coordinación con el Consejo de Defensa del Estado.

Este Órgano es el especialista en la materia. La Contraloría sólo hace denuncias directas cuando se trata de cosas muy concretas, en la que no cabe duda que hay delito. Cuando los asuntos no están tan claros -y así se actuó con Codelco-, se remiten al Consejo de Defensa del Estado, y la Contraloría se margina del proceso judicial posterior.

Cuando se interpone un recurso de protección en contra de la Contraloría éste se contesta e, inmediatamente, se pide al Consejo de Defensa del Estado que asuma la defensa. La Entidad Contralora no tiene especialistas en derecho penal.

La falta de recursos, tanto humanos como materiales, no le permiten a la Contraloría contratar especialistas, como ocurrió en otra época. La ley de Bases preceptúa que se debe coordinar con otros servicios, cosa que se realiza a través del Consejo de Defensa del Estado.

En estos momentos la Contraloría no tiene control de eficiencia, sino sólo de legalidad; sin embargo, tal como se hizo presente anteriormente, cuando hay situaciones que aparecen como irregulares se observan, porque es de absoluta conveniencia que la autoridad conozca este tipo de problemas, sin que se aplique por parte de Contraloría sanción alguna.

Al proyecto de ley en estudio en el Senado es el propio Ejecutivo el que agrega el control de eficiencia, señalando, al mismo tiempo, que no comprende el control de mérito.

En lo que respecta al control de eficiencia existe bastante discusión doctrinaria. Incluso en la propia Contraloría, don Arturo Aylwin Azócar, profesor de derecho administrativo, y fiscal -a la fecha- del Órgano Contralor, tiene una posición distinta. Sin embargo, recurriendo a la historia fidedigna de la Constitución Política -artículo 87- se demuestra que el planteamiento anterior en este sentido es el correcto. Don Arturo Aylwin, no obstante, sostiene que la Contraloría tiene el control de eficiencia, porque la ley de Bases Generales de la Administración del Estado dice que los servicios deben ser eficientes, tanto en lo operacional cuanto en el manejo del recurso y, en consecuencia, se está hablando de legalidad. Como Contraloría fiscaliza la legalidad de la administración, tiene el control de eficiencia. La misma posición tenía el profesor Enrique Silva cuando, antes de la Constitución del 80, el artículo primero de la antigua ley Orgánica de la Contraloría decía: “La Contraloría debe controlar el debido ingreso y egreso”; y el “debido” significa no sólo el legal sino el “eficiente”. Lo anterior demuestra las distintas posturas que hay entre los mismos profesores.

La Contraloría es una verdadera escuela para preparar funcionarios -profesionales universitarios-. Durante uno o dos años adquieren conocimientos, se especializan y luego se retiran de la Institución. Por tal razón, ésta no cuenta con los medios para realizar la fiscalización como debiera.

No se debe olvidar, por otra parte, que de mil 300 funcionarios que hay en la Contraloría, muchos tienen otras labores. Existe mucha gente que debe estudiar los decretos, tanto en regiones como a nivel central; se lleva la contabilidad general de la Nación. Hay tribunales de cuenta, cuya única función es el control externo. Sin embargo, Contraloría tiene todas las funciones descritas y se deben cumplir dentro de determinados plazos.

Durante el Gobierno Militar, la planta de Contraloría se redujo en 500 funcionarios. Eran 1.860 y quedaron 1.360. Sería ideal contar con una cantidad de recursos tal que permitieran hacer una evaluación o control, a lo menos anual, de las empresas públicas.

Las conclusiones citadas en el informe VE-100/94 son todas de orden legal. Así, por ejemplo, respecto de la tercera conclusión: Una medida de control interno, la de velar por la integridad del patrimonio, ya que no se cumplió el acuerdo del directorio de limitar y reducir los gastos, es una clara circunstancia de orden legal. Si el directorio tiene facultades para determinar qué gastos deben efectuarse y en qué forma, y no se cumple, evidentemente se está infringiendo un acuerdo del directorio. Lo anterior es de carácter jurídico y no de conveniencia. Respecto de la conclusión cuarta, se trata de una simple acreditación de hechos. En cuanto a la conclusión quinta, Enacar reconoció en su contestación, actualmente en estudio, los cargos formulados en este informe de Contraloría. Esto también lo había hecho presente la oficina de control interno de Enacar, y tampoco se había adoptado ninguna medida. Respecto de la conclusión sexta, no se cumplió con la regularidad de las operaciones al no acatar la disposición del directorio de la empresa, en el sentido de adoptar un sistema de manejo austero para disminuir las pérdidas de la misma. Se cuestionó, por tanto, que no se cumplieran los acuerdos adoptados por el directorio que, en el fondo, equivale infringir - dentro de la administración pública- una norma reglamentaria.

Una ley autorizó suprimir personal en Enacar y dar indemnización especial a los funcionarios que se acogieran voluntariamente a retiro, dentro de un plazo determinado. A varias personas se les aceptó la renuncia, se les pagó la indemnización y, sin perjuicio de ello, se les recontrató. Evidentemente que se está infringiendo la ley, porque ella tenía por finalidad suprimir gente.

El hecho de que una persona se haga préstamos a sí misma, en circunstancia de que eso está expresamente prohibido en la ley de Sociedades Anónimas, constituye ciertamente una ilegalidad. No existe un pronunciamiento sobre el mérito.

Es imposible, por otra parte, hacer un zanjamiento absoluto entre los distintos controles existentes: jurídico, de mérito, de eficiencia y de programa. Siempre hay campos comunes, como si fueran circunferencias que se invaden unas a otras. A veces, lo que es de mérito también es de legalidad. Puede que la decisión del gerente, la que racionalmente correspondería adoptar, haya sido una cuestión de mérito, pero, además, signifique la infracción de una disposición del directorio, que es de orden jurídico, y se tiene que fiscalizar.

Debe existir racionalidad en todo el manejo de los organismos públicos, racionalidad que no está al margen del ser humano y que, incluso, está en lo jurídico, porque lo consagra la Constitución indirectamente en cuatro artículos. Por ejemplo, ni la ley ni autoridad alguna puede hacer diferencias arbitrarias; cuando se da indemnización por el daño causado por una encargatoria de reo, o bien, tratándose del recurso contencioso administrativo contra decisiones ilegales o arbitrarias. Siempre la racionalidad debe estar presente.

En cuanto a la relación con otros organismos. La primera es con los departamentos de controles internos. Así lo ordena el artículo 18 de la ley Orgánica. En este caso se ha trabajado en relación directa con aquéllos, no así con la Superintendencia de Sociedades Anónimas. En este ámbito falta la coordinación.

En cuanto a la labor de cautelar el cumplimiento de los fines de las empresas, referida en el artículo 16 de la ley Orgánica, se debe entender en su tenor literal, y el hacer efectiva la responsabilidad de sus directivos o empleados, está analizado en el sentido de que la Contraloría puede instruir sumarios.

La Contraloría no puede perseguir la responsabilidad civil a través del juicio de cuentas, porque no son cuentadantes, no se trata de servicios públicos pertenecientes a la Administra-ción del Estado. Por lo tanto, se debe hacer a través del Consejo de Defensa del Estado.

Si la Contraloría llegara a proponer alguna sanción respecto de algún empleado “particular”, tendría que ser de las contempladas en el Código del Trabajo o en el reglamento interno que tenga la empresa. No se podría proponer una sanción contemplada en el estatuto administrativo.

A la Contraloría, tratándose de servicios sometidos a su fiscalización, le corresponde interpretar las normas del Código del Trabajo. La ley señala que le corresponde pronunciarse sobre el estatuto administrativo, sin embargo, hay una jurisprudencia de la Contraloría -de hace 40 años-, que confiere a la expresión “estatuto administrativo” un sentido amplio. O sea, cualquiera que sea el régimen que se aplique; normalmente se interpretan normas del Código del Trabajo, respecto de las empresas del Estado.

El Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad exclusiva de interpretar las normas de impuestos, pero la fiscalización de los mismos también corresponde a Contraloría, porque la Constitución Política preceptúa que se debe controlar los ingresos y egresos de los fondos fiscales, y éstos son fiscales. La Institución fiscaliza, pero de acuerdo con la interpretación que hace el Servicio de Impuestos Internos. De tal manera que, a veces, se confunde el aspecto de fiscalización con el de interpretación.

Respecto de la información para formular el balance nacional, permanentemente la división de contabilidad pide estos antecedentes.

Si se llegara a comprobar que algún funcionario, en alguna investigación, actuó política-mente, al día siguiente no está en la Contraloría. Se trata que el trabajo se realice con absoluta imparcialidad y objetividad. Por lo tanto, el informe en cuestión no está hecho con la intención de producir el cierre de Enacar, ni mucho menos; ya que es un asunto que no compete a la Contraloría.

En cuanto al tema de los balances, normalmente, respecto del sector empresarial del Estado -empresas del Estado o sociedades ligadas al Estado-, la Contraloría hace auditorías de balances. Ese es el único sector donde hace auditorías de balances. Para este efecto, se remiten los balances oportunamente; se hace la auditoría y se evacua un informe. Esto tiene mucha importancia cuando hay préstamos internacionales comprometidos. Eso se hace regularmente. Se elabora un plan anual de fiscalización, porque la función fiscalizadora también es una labor que debe planificarse.

Lo anterior es selectivo, porque es imposible fiscalizar todos los sucesos de las administraciones, sólo se fiscalizan los sucesos trascendentes.

Se hace el estudio de las horas auditor con que se cuenta y, de acuerdo con eso, se confecciona un plan anual, que muchas veces es modificado por las peticiones que realiza, especialmente, la Cámara de Diputados.

Normalmente las empresas del Estado y las sociedades legales del Estado, que elaboran balances, tienen la obligación de remitirlo; se hace entonces una auditoría de balance y, muy especialmente, si hay préstamos internacionales de por medio.

El informe evacuado por Contraloría es definitivo, pero sujeto a revisión si se hace uso del derecho de petición que tiene cualquier persona, no sólo la autoridad a la cual se remite. Puede, en este sentido, la Cámara de Diputados, un particular, o el propio Presidente de la República, observarlo.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR OSCAR AEDO,CONTRALOR REGIONAL DEL BIO-BIO

Sesiones 1a y 2a, del 11 y 19 de octubre de 1994

Un equipo, integrado por cuatro funcionarios de la Contraloría Regional del Bío Bío -que dirigió en su calidad de Contralor Regional-, auditó Enacar S.A. entre los días 11 y 19 de octubre del año en curso.

Las Contralorías Regionales, a diferencia de lo que ocurre con la Contraloría General de la República, a nivel central, tienen un programa de fiscalización a nivel regional, programas nacionales de acción regional, las investigaciones que solicita la Honorable Cámara de Diputados y las peticiones de las autoridades regionales y de los particulares que se concretan a través de denuncias.

Las tareas relativas a las dos primeras, es decir, a los programas regionales y los nacionales de incidencia regional, implican el desarrollo de auditorías de tipo administrativo, financiero y/o contable. Las relativas a las dos últimas situaciones, o sea, las investigaciones que solicita la Honorable Cámara de Diputados y las peticiones de las autoridades regionales y denuncias de los particulares, implican investigaciones que requieren algunos procedimientos de auditoría, pero, principalmente, indagar los hechos denunciados a través del análisis de la información, la que puede estar constituida por declaraciones, certificación de antecedentes, etcétera.

La investigación a Enacar S.A. se motivó en una denuncia de la Cámara de Diputados. Fue orientada, en consecuencia, a satisfacer a plenitud lo requerido, que consta en la denuncia formulada por el Diputado señor Salas y otros que la suscribieron. Se desarrolló la citada investigación con absoluta normalidad y con plena colaboración de todos los empleados de la compañía. Se investigaron todas y cada una de las situaciones denunciadas, evacuándose, por parte de Contraloría, su informe -N°VE-100/94-, que fue estructurado en base a un esquema tradicional que emplea tratándose de empresas: hechos denunciados, análisis de los mismos y conclusiones.

La citada investigación se encuadró dentro de la competencia que al Organismo Contralor corresponde, de acuerdo con el artículo 16, inciso segundo, de la ley Orgánica Constitucional N° 10.336, el que, en síntesis, otorga a la Contraloría facultades para cautelar el cumplimiento de los fines de la empresa, efectuar auditoría de la regularidad de sus operaciones, perseguir la responsabilidad de sus directivos y empleados, y requerir la información que solicita.

La Contraloría Regional, a través de sus directivos regionales, aprobó el informe evacuado por sus auditores y lo remitió, para similar trámite, al Contralor General. Este, luego de hacerlo, impartió las instrucciones para que fuese enviado a la Honorable Cámara de Diputados. Posteriormente, a nivel regional, por oficios se remitieron informes, exclusivamente, al Presidente del Directorio de Enacar, al Gerente General de la Compañía, al Intendente Regional y al Consejo de Defensa del Estado. Esas son las únicas copias que han sido entregadas por la Contraloría Regional de Bío Bío.

Es de normal ocurrencia que los informes evacuados por la Contraloría General dispongan de un plazo para que los directivos de las instituciones fiscalizadas respondan a las observaciones que se formulan, tanto en lo referido a su contenido como a las conclusiones del mismo. Dichas respuestas contienen antecedentes y elementos de juicio que permiten al Organismo Contralor realizar otra evaluación, en relación con lo planteado en el respectivo informe. Lo normal es que al término del proceso se mantengan las observaciones formuladas, no obstante, por lo anterior, algunas de ellas pueden ser salvadas.

La empresa, sin embargo, hasta el momento -a esa fecha-, no ha dado respuesta, solicitando un mayor plazo para realizar tal cometido. La Contraloría accedió en razón de que, de acuerdo con la información entregada por Enacar, paralela a ésta se estaba haciendo una auditoría externa a la misma, a través de Langton Clarke.

La Contraloría Regional, para abocarse al desarrollo del trabajo encomendado, designó a cuatro auditores, todos con más de 15 años de servicio, con bastante experiencia en materia de auditorías de sociedades anónimas, como es el caso de Petrox y otras empresas del Estado, además de contar con una vasta experiencia docente en las universidades de la región.

El inciso segundo del artículo 16, de la ley N°10.336, se encuentra plenamente vigente, y, por tanto, Contraloría puede evaluar el cumplimiento de los fines y la regularidad de las operaciones de la citada sociedad, en la que el Estado, a través de Corfo, tiene participación mayoritaria (sobre el 90 por ciento).

Se aportaron, a continuación, tres dictámenes que señalan, en forma expresa, las facultades que tiene la Contraloría General sobre Enacar: El N°10.110, del año 89, que directamente señala que Enacar se encuentra sujeta a la fiscalización de la Contraloría, de conformidad con el artículo 16, inciso segundo, de la ley N° 10.336, y los dictámenes Nos.23.158, de 1975, y 16.965, de 1974, que corroboran lo anterior.

El informe emitido fue el resultado de una labor responsable, objetiva e imparcial, del mejor nivel técnico, que respondió a una investigación especial encomendada por la Honorable Cámara de Diputados y no una auditoría común y corriente.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR JUAN HONORATO,JEFE DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO Sesión 2a, del 19 de octubre de 1994

En cuanto al “problema de la madera” de que da cuenta el informe, de acuerdo con la información que obra en poder de la Contraloría, se están tomando ciertos resguardos por parte de la Empresa, postulándose que se diseñarán los sistemas de control interno suficientemente adecuados como para impedir que se produzcan, en el futuro, pérdidas de esa naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior, según lo informado por el Abogado Procurador Fiscal, es uno de los puntos que está entre los que se van a denunciar a los Tribunales de Justicia. Las materias investigadas, en general, dicen relación con préstamos, con autopréstamos, con préstamos cursados a ciertos directores, con algunas indemnizaciones y, finalmente, con el contrato del señor Fierro, en cuanto a que puede existir un posible fraude en una negociación de madera.

Sobre este último problema, el Consejo de Defensa del Estado decidió instruir, directamente a Enacar, para que iniciara las acciones civiles correspondientes, con el fin de resarcir los daños pecuniarios que pudieran haberse producido. Además, se formuló una denuncia criminal que habría sido ingresada el día anterior a esta declaración, para que se investigue la comisión de un eventual delito.

Desde un punto de vista estrictamente economicista, las empresas relacionadas con Enacar, por los volúmenes económicos involucrados, no tienen mayor incidencia en su estado financiero, no obstante, afectar, por cierto, su situación general.

Se estimó que lo propio era presentar la situación de las pérdidas relacionadas como una especie de fotografía, de manera que fuera la propia Empresa, y quienes analicen el informe, los que emitan un juicio de valor.

En cuanto al sistema de control interno implementado por la Empresa, la eficiencia de cualquier mecanismo de esta clase, sin perjuicio de encontrarse bien dotado en cuanto a la infraestructura logística y humana, dependerá del grado de autoridad que esa unidad de control tenga en la empresa: El nivel de dependencia en la estructura orgánica de la entidad va a marcar, sin lugar a dudas, el ámbito real de su competencia y operatividad.

Durante un período, estando bajo el Gobierno Militar, se controló a Enacar. Sin embargo, fueron suspendidas tales auditorías al constatarse que se había constituido una unidad de control interno en la Empresa, existiendo otros requerimientos que atender en el ámbito público de la región. Además, la empresa contrataba la auditoría externa de Langton Clarke que, asociada a la unidad de control interno, apoyaba la gestión.

Indicó que se sienten, sin embargo, responsables de haber suspendido las auditorías, desde el año 1987 en adelante. Decisión que fue adoptada al confiar en la evaluación que se tenía de la marcha de la Empresa, junto a los otros factores que ya se explicaron. Irregularidades dentro de ese período no fueron detectadas con los medios de la época. Los informes fueron positivos, las observaciones fueron de orden administrativo, de procedimiento, sobre algunas situaciones anormales que se corregían.

Se advirtió durante esta auditoría que la autoridad instalada -en el último período de la gerencia general- impidió, en varias ocasiones, que la unidad de control interno pudiese ejercer su gestión eficazmente. Sin perjuicio de lo cual desarrolló una función que pudiera haber sido satisfactoria, de no mediar incidencias generadas en el nivel superior de la autoridad, que Contraloría conoce perfectamente bien.

Cuando Contraloría evalúa los sistemas de control interno de los Municipios, de las Universidades del Estado o de las empresas, los auditores internos de tales entidades se comportan como verdaderos socios. Durante un lapso la auditoría interna se comporta correctamente, sin embargo, en la medida en que se observan cosas y se generan incomodidades en el nivel superior, esa señal se empieza a debilitar.

En cuanto a las relaciones con auditoría interna de Enacar, el procedimiento habitual en Contraloría es que los auditores se constituyan y conversen con auditoría interna, con el fin de enterarse de la apreciación que ellos tienen del problema o situación. En el caso puntual de Enacar esa relación fue muy fluida, porque auditoría interna colaboró de manera muy eficiente con la investigación que se hizo. Se produjo una relación fluida y permanente con los auditores internos durante la investigación.

Entre el Gobierno que asume y la Contraloría se genera siempre una especie de “noviazgo”, que se mantiene mientras ésta no le moleste en exceso ni cree problemas contingentes. Esto, que se da a nivel de los organismos superiores de control, también se advierte en las unidades de control interno. Se trata de una debilidad inherente a la función de control.

En síntesis, el sistema de control interno de Enacar no cumplió cabalmente su misión, ya que, de haber ocurrido así, todas las observaciones contenidas en el informe habrían tenido que ser detectadas por auditoría interna en su momento, con la salvedad de que, respecto de algunas que sí fueron advertidas, igualmente no se tomaron las medidas de rigor por parte de la gerencia de la Empresa.

Por otra parte, se tiene sólo un conocimiento general de la suerte que corren las denuncias efectuadas por Contraloría Regional, no existiendo un seguimiento concreto de las causas que por tal motivo se instruyen. Se preocupa de lo anterior el Consejo de Defensa del Estado.

En cuanto a la relación de coordinación interna con las unidades de control interno, sólo se puede colegir que ésta debe existir, puesto que el inciso segundo del artículo 16 de la ley Orgánica -atingente a la materia- no la menciona en forma expresa. Con Enacar esa coordinación existió hasta los años 1986-1987, realizándose en forma regular auditorías a la empresa. Con posterioridad, por las razones antes explicadas, no se hicieron más.

A lo anterior se suma el hecho de que la Contraloría Regional de Bío Bío cuenta con sólo 22 auditores para cubrir una región que tiene, a modo de ejemplo, 49 municipios. Por otra parte, las remuneraciones deficitarias provocan una rotación permanente de los cuadros propiamente fortalecidos de auditores. Esto significa que como a una empresa del Estado no se puede enviar a una persona que está recién ingresada a la Contraloría, siempre se presentan dificultades para hacer este trabajo.

Probablemente la Contraloría de Bío Bío sea la que más capacitación externa aporta en todo el país; se fortalecen las unidades de control interno y se imparten seminarios de toda índole.

No existe límite que separe la administración del control, o sea, este último es la retroalimentación natural de cualquier sistema de organización. El control entrega información para la toma de decisiones. La Contraloría, al evacuar un informe, pretende entregar a la empresa un elemento de apoyo para la toma de decisiones futura, independiente de que haya situaciones controvertidas o difíciles de manejar. Es más, Contraloría está animada de un principio de control educativo, sin interesarle particularmente descubrir fraudes o acciones delictivas en general.

En ese plano, en muchos sectores de la actividad se ha mejorado consistentemente. El sector municipal, no obstante, continúa siendo deficitario, porque existen muchos problemas contingentes. El relativo a las empresas es nuevo para la Contraloría, apartándose de lo que ha sido su preocupación histórica.

Se trata de dilucidar el sentido de la frase: “cautelar el cumplimiento de los fines de la empresa”, establecida en el inciso segundo del artículo 16 de su ley Orgánica Constitucional.

Esta cita, no sólo está otorgando competencia legal para intervenir en una empresa como Enacar, y en una privada, donde haya aporte mayoritario por parte del Fisco, sino que posibilita, al usar la expresión “cautelar” -término extremadamente amplio y consistente- una preocupación permanente de la Contraloría. Los fines de una empresa, por otra parte, deben entenderse insertos en el problema de la planificación, conjunto de objetivos y de políticas que se traducen, finalmente, en los planes de acción. En consecuencia, se podrían incluso realizar acciones destinadas a determinar si la planificación cumple con los resultados esperados. No es posible, entonces, pronunciarse sólo sobre las decisiones de planificación.

El cumplimiento de los fines, tratándose de la empresa Enacar, solamente se cauteló hasta el año 1987 por parte del Organismo Contralor.

La investigación que se llevó a efecto por Contraloría en la citada Empresa fue del tipo extraordinario y, más aún, con clara intención de satisfacer plenamente el requerimiento del Diputado denunciante -que llega a través de un oficio de fiscalización del Presidente de la Cámara. Se trata de comprobar si los hechos denunciados son afirmativos o negativos, circunscribiéndose a los mismos.

Las visitas ordinarias se encuentran insertas en el programa de fiscalización anual de Contraloría. Las extraordinarias son todas aquellas que se realizan en virtud de denuncias efectuadas por las autoridades o por la sociedad civil, en general. Se investiga única y exclusivamente lo que se denuncia, sin que se haga una auditoría de estado financiero ni administrativo.

En cuanto a los aproximadamente $ 86.000.000.-, girados sin respaldo, se le está representando derechamente a la gerencia general de la empresa. El gerente general es un funcionario de nivel superior, subordinado directamente al directorio. De manera que la gestión del gerente, en cualquier empresa del país, sea pública o privada, no puede estar en desconocimiento del directorio. El directorio pudiera no tener responsabilidad administrativa, mas, eventualmente, sí cabría algún tipo de responsabilidad, que se puede llamar institucional u orgánica.

En la Empresa existe lo que se denomina el “rol privado”, sistema absolutamente autónomo, que sólo maneja el gerente general, con alguna incidencia, tal vez, del directorio. Ni siquiera la auditoría interna tiene acceso al rol privado, constituyendo, por cierto, una limitante para el ejercicio de tal función. Los citados gastos fueron hechos por la gerencia general, con autorización del gerente general. Se desconoce si tales gastos fueron conocidos por el directorio, mas por el público respaldo que le dio al gerente general, se debe entender que los conoció y, de alguna manera, los aprobó tácitamente.

Un gasto autorizado para la Contraloría es aquél que tiene un soporte legalmente válido; un comprobante de egreso, que es un documento de contabilidad. Ese comprobante siempre tiene la autorización correspondiente, la media firma del gerente general o de algún otro nivel; o sea, la autorización no es expresa cada vez, el gerente general tiene un mandato y lo ejecuta con la confianza del directorio.

La Contraloría no puede emitir un juicio de valor señalando si el directorio cauteló o no sus políticas, correspondiéndole a esta Comisión precisamente tal papel. El informe posibilitaría determinar responsabilidades administrativas dentro de la Empresa.

En este caso, la Contraloría General no dispuso la instrucción de un sumario por una razón de orden práctico, ya que todos aquellos respecto de quienes eventualmente se pudiera haber establecido su responsabilidad administrativa se encuentran fuera de la Empresa. Por ello, en las conclusiones del informe se utilizó la vía del artículo 22 de la ley Orgánica, es decir, remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Se trata que este órgano persiga la responsabilidad civil de los ejecutivos responsables, por los daños patrimoniales causados.

A título ilustrativo, Contraloría está haciendo múltiples sumarios en las municipalidades de este país, sin que puedan resultar afectados los alcaldes desde el punto de vista administrativo, ello de conformidad con su ley Orgánica. Para tal funcionario existe un tratamiento privilegiado, diferente, tema que preocupa mucho a la Contraloría.

Un director de una empresa pública no tiene responsabilidad administrativa sino cuando invista la calidad de funcionario público.

En relación con el documento anónimo que se encuentra agregado en el informe, cuando Contraloría recibe tales antecedentes éstos no son directamente investigados, sino que pasan a ser un elemento que Contraloría evalúa y que se tiene presente para que, en caso de que se pida una visita, el anónimo sea considerado en el análisis.

Tal documento, sin embargo, debe cumplir con ciertos requisitos fundamentales: ser consistente, coherente, y estar vinculado directamente a alguna situación que Contraloría va a investigar.

El documento en mención se estimó que era complementario, porque adicionaba información a la denuncia que había presentado el señor Diputado. Por esa razón, se tomó la decisión de que los auditores lo investigaran, en todas aquellas partes que decía relación con la citada denuncia.

En cuanto a las directrices que emanaban del Gobierno, aun cuando fueron conocidas a través de las actas del directorio, se omitió un pronunciamiento a este respecto en el informe.

La auditoría fue muy presionada, la Cámara de Diputados necesitaba el informe con urgencia, lo que impidió profundizar sobre el particular. Además, esas directrices determina-ban una política de acción para la empresa, de manera que el directorio, que llegaba imbuido de la misma, ejecutara acciones que fueran absolutamente consecuentes con ella.

Se consideró, por otra parte, que era un área muy sensible y de difícil análisis por parte de Contraloría, no disponiéndose del tiempo suficiente para hacerlo calmada y prudentemente.

En relación con la mina “La Chulita” se advierten ciertas directrices, y es probable que Contraloría, después del análisis que haga de la respuesta de Enacar, tenga un pronuncia-miento en este sentido. De todas maneras, no se quiso señalar el vínculo que había.

Generalmente las directrices apuntaban en el sentido de estimar la inviabilidad de la Empresa, de su escasa rentabilidad. Por lo tanto, tenía que venir un proceso de fases, para terminar, finalmente, con la actividad minera. Lo anterior, era una política inevitable.

El directorio, consecuente con esa política, fijó un criterio de austeridad en el gasto, de prudencia en aquello, de enfoque celoso de la gestión, cosa que el gerente general no hizo, por lo que las actividades de éste no pueden entenderse enmarcadas en la política diseñada por el Presidente de la República.

Lo concreto es que en la primera sesión de directorio se estableció una política de gastos, fijándose categóricamente: severidad, austeridad y prudencia en los mismos, ya que la empresa se iba a terminar. Sin embargo, el gerente general se apartó de la mencionada política. No se ha inculpado al directorio en el informe, pero sí queda de manifiesto que las políticas que el directorio implantó no fueron ejercidas a cabalidad por el gerente general.

En relación con haber efectuado alguna gestión o petición ante la Superintendencia de Sociedades Anónimas, se estimó que era innecesario.

Se ha recibido, a través del señor Presidente de la Corporación, una solicitud de algunos señores Diputados para realizar una nueva auditoría en la Empresa, la cual ya se coordinó con el nivel central y se iniciaría a partir del próximo lunes 24 de octubre.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR VÍCTOR ASTUDILLO, FISCALIZADOR DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO Sesiones C, 26a y 4a, 11 y 19 de octubre y 9 de noviembre de 1994

Un equipo, compuesto por cuatro funcionarios de la Contraloría Regional del Bío-Bío -del que formó parte-, auditó Enacar S.A. entre los días 11 y 19 de octubre del año en curso (1994).

Cuando el Contralor Regional habla de una auditoría común y corriente, en el fondo, se está refiriendo a lo que es una auditoría de estado financiero, cuyo objetivo fundamental es obtener un conjunto de antecedentes, evidencia de información, que permitan a los auditores pronunciarse sobre la razón por la cual los estados financieros presentan tal situación, los cambios de ésta y los resultados obtenidos por la empresa durante el período que cubren sus estados financieros.

El conjunto de antecedentes que recaben los auditores, a través del examen del sistema de información contable y la evaluación del sistema de control interno, les permite enmarcar su opinión dentro de un concepto de razonabilidad.

La auditoría hecha a petición expresa de la Honorable Cámara de Diputados tenía un objetivo especial: analizar los costos; ver por qué Enacar tenía resultados negativos; por qué los costos se habían incrementado de esa manera; cómo se habían utilizado los recursos, etcétera. Desde ese punto de vista, esa auditoría, como es investigación, indudablemente que, en forma técnica, se atiene estrictamente a todos los procedimientos que se utilizan en una auditoría en particular.

La auditoría es una sola, pero, en la práctica, se le da nombre o apellido de auditoría de estado financiero, auditoría interna, auditoría integral, auditoría tributaria, incluso se habla de auditoría médica y de auditoría legal. De tal manera que, para hacer esta investigación, que no es una auditoría de estados financieros, se utilizaron todas las técnicas que ocupa la ciencia de la auditoría en particular.

Una de las normas que rige cualquier tipo de auditoría, o cualquiera sea el apellido que tenga, es la que dice relación con la evaluación del sistema de información contable del cual fluye el producto final que son los estados financieros y, además, el sistema de control interno. De él se extrae el conjunto de evidencias documentarías que, finalmente, permite a los auditores arribar a conclusiones fundadas. De manera que, en esta materia, el desarrollo de la auditoría se fundamentó en el marco doctrinario profesional que rige en cualquier tipo de auditoría.

En consecuencia, lo que la Contraloría desarrolló difiere de lo que es una auditoría de estado financiero, a la que se someten anualmente las sociedades anónimas abiertas de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta auditoría, en particular, al margen de ver aspectos financieros contables, estuvo orientada a satisfacer los requerimientos de la Honorable Cámara de Diputados.

En cuanto a los antecedentes a los cuales se remitió el equipo de Contraloría para efectuar esta investigación, como se ha dicho, Enacar es una sociedad anónima, razón por la cual se encuadró en el marco legal, es decir, la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas y su reglamento.

Además, se tuvo presente las instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, para los efectos de todo lo que es el manejo de información financiera contable.

Por otro lado, desde el punto de vista del análisis propiamente tal, en la empresa se tuvo a la vista los registros que conforman el sistema de información contable a partir de los archivos, de su plan de cuentas y de todos los registros que contempla el sistema, de acuerdo a lo que establece el artículo 5° del Código de Comercio.

Además, se revisaron los estados financieros elaborados por la empresa desde 1990 en adelante. Es decir, balance clasificado y estado de cambio de posición financiera, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, y el estado de resultados.

También se consideraron las memorias anuales que el directorio entregó a la junta de accionistas.

A su vez, se solicitaron todos los estudios que la empresa había encargado por la vía de asesorías, a consultores norteamericanos y chilenos, tal como lo dice en la memoria anual del año 1992.

En la Comisión no hay ingenieros de minas, de manera que, para esos efectos, se remitieron a los propios estudios que encargó la administración de la empresa sobre falta de campos desarrollados para la explotación, escasa mecanización, carencia de tecnología. Todos ellos derivaron de los propios estudios que consultoras nacionales y extranjeras entregaron a la gerencia y al directorio de la Empresa. Más aún, en este planteamiento, si se ven las memorias de la empresa, dicen: “En el ejercicio que se informa en la producción del carbón en los establecimientos de Lota, Colico y Trongol representa una disminución de 12,4 por ciento respecto del presente ejercicio. La baja se experimentó principalmente en el establecimiento de Lota, cuya producción cayó al 17,9 por ciento y su explicación está en la falta de campos desarrollados y preparados para producir. Es consecuencia directa de la postergación, por años, de labores de reconocimiento y desarrollo.”

“Lo anterior llevó a la necesidad de afrontar la situación por varias características desfavorables con relación a pérdidas producidas a causa de dificultades geológicas y, por ende, operacionales”.

De forma que todo el aspecto técnico que no poseían por ser sólo auditores financieros y asesores legales, proviene de las propias consultorías que están a disposición de los señores Diputados en la gerencia de la Empresa y, por supuesto, eran consultoras expertas en materia de minas. Ellas arribaron a esas conclusiones.

Tales empresas eran contratadas por la Empresa y están a disposición de esta Honorable Comisión para que tengan una visión de expertos respecto de lo que ocurrió en materia de campo desarrollado y de carencia tecnológica, que no podían ellos llegar a emitir un pronunciamiento sobre esta materia porque no son especialistas. Sin embargo, el auditor y la auditoría en general se apoya en diversas ramas del conocimiento.

Cuando se hacen auditorías financieras, se necesita apoyarse en la administración, en aspectos de economía, finanzas y en asuntos tributarios. También se tiene que basar en informes de especialistas en materias que digan relación con el negocio, en este caso, con la explotación minera, información que derivó específicamente de los estudios e informes que consultoras nacionales y extranjeras, contratadas especialmente para este efecto, entregaron a la Gerencia de la Empresa.

Eso es lo que se podría decir en cuanto a los antecedentes con que se contó: Primero, marco legal de las sociedades anónimas; segundo, todos los registros, documentos, archivos, manuales de cuentas; tercero, memorias anuales que el directorio somete a la aprobación de la Junta de Accionistas. Por último, los estudios técnicos que la gerencia contrató para los efectos del análisis minero, el análisis técnico de lo que es prospección y desarrollo y lo que es, justamente, la situación tecnológica que podía estar incidiendo en un aumento de la producción y, consecuencialmente, lograr una producción buena.

Por otra parte, cuando se habla de sistema de control interno de una empresa, se habla de plan de organización, de procedimientos y métodos, de sistemas de información, de personal y de unidad de auditoría interna. De manera que la unidad de auditoría interna es un elemento que conforma el sistema de control interno propiamente tal. Este tiene vital importancia para que una auditoría sea efectuada por el propio departamento de auditoría interna o por auditores externos, como es el caso de Contraloría.

De tal manera, lo primero que se hace en materia de auditoría es analizar el comporta-miento del sistema de control interno, es decir, es importante que la administración de la empresa diseñe e implemente instancias de control que tiendan a resguardar adecuadamente la confiabilidad de la información y, además, la protección del patrimonio de la empresa.

Desde ese punto de vista, interesa que esas instancias de control, definidas por la administración, se cumplan en la práctica en todos los procesos operativos o circuitos administrativos en los cuales se desarrollan las operaciones de la empresa.

Eso genera para el auditor o el investigador aplicar un conjunto de pruebas de cumplimiento, es decir, tratar de comprobar si efectivamente estas operaciones se están desarrollando de acuerdo a las normas, planteamientos, orientaciones y políticas dadas por la propia administración de la empresa.

Esa es una de las labores que compete también al departamento de auditoría interna, como ente fiscalizador del comportamiento del sistema de control interno dentro de la empresa. Producto de esa labor que desarrolla auditoría interna, fluye un conjunto de informes, de pronunciamientos, que tienden a apoyar la gestión de la administración. Porque el departamento de auditoría interna es un elemento de apoyo como asesor de la dirección o de los máximos ejecutivos de cualquier organismo.

Para Contraloría, una parte de su trabajo es conocer el sistema de control interno de la empresa y, para ello, primero se toma contacto con la unidad de auditoría interna con el objeto de visualizar cada una de las distintas áreas, cuáles son más conflictivas y qué diagnósticos se han establecido.

Dentro de este tenor, en el caso de Enacar se tuvo acceso a los informes de auditoría interna, que ellos mismos emiten, lo cual es procedimiento normal dentro de las técnicas de auditoría que efectúa la Contraloría General de la República y que, además, utilizan Langton Clarke, Price Waterhouse o Deloitte, como empresas de consulta externas.

A la luz de eso, se establecieron algunas áreas examinadas por auditoría interna, en las cuales efectivamente se habían detectado situaciones anómalas e irregulares, como ocurría específicamente en el caso de lo que es el manejo de madera mina, situación que se menciona en el informe, aludiendo y señalando el número del informe de auditoría interna donde se comunica a la administración de la empresa.

En este caso, fueron evaluados y analizados los procedimientos utilizados por auditoría interna, con la cual compartieron sus conclusiones y método. A su vez, se hace mención a auditoría interna al referirse a un crédito no recuperado, producto de capacitación.

Indudablemente, los planteamientos que puede señalar cualquier persona sea civil, político, etcétera, son sus propias opiniones. En lo que compete a la Contraloría, se realizó la auditoría teniendo presente cuáles son sus atribuciones, en orden a satisfacer los requerimientos solicitados por la Honorable Cámara de Diputados. Dentro de ese contexto, la mención que se hace a los informes de auditoría interna es prácticamente un porcentaje mínimo, pero derivado de lo que es el ejercicio técnico de la función auditora, teniendo presente que un aspecto importantísimo en el trabajo del auditor es la evaluación del sistema de control interno de la empresa, donde está inserto, como un componente más, el departamento de auditoría interna.

Ahora bien, en lo que es madera mina, se detectó una serie de irregularidades, al margen de lo que había señalado auditoría interna. En lo que es capacitación, también se detectaron otras situaciones, al margen de lo que había señalado el mencionado departamento.

En consecuencia, no reviste novedad para los efectos del desarrollo de la auditoría el hecho de que los auditores recaben información del departamento de auditoría interna, por cuanto ella conforma y es un elemento más del sistema de control interno que evalúan los auditores.

En cuanto a la situación planteada en el informe sobre la mina “La Chulita”, se debe puntualizar que castigar, en contabilidad, significa eliminar de los activos bienes o derechos que conforman parte del patrimonio de la empresa, por tanto implica reconocerlo como pérdida, en atención a que no es posible obtener una recuperación de una parte o del total de los valores que esos bienes o derechos representan.

No significa dar de baja. Cuando en contabilidad se da de baja un bien de un activo se lleva a una cuenta de bienes excluidos, pero se tiene aún considerada dentro de su activo fijo, de manera que ese es el concepto.

Lo que se señala en el informe -sub anexo N°5-, respecto de la situación de la mina “La Chulita”, es lo siguiente: “En relación al tema de la referencia -La Chulita- me permito informar a usted el resultado de las consultas realizadas con el fin de aclarar las pérdidas a actividades asociadas en mina “La Chulita” durante los años 1990 y 1992, e imputadas como pérdidas a fines de ese año. Los montos presentados por ustedes -338 millones- corresponderían a 600 metros de chiflón desarrollado en el período -o sea, estamos hablando de 600 metros de chiflón desarrollado, que sí es parte física de la mina; no de estudios que finalmente no se concretan en obras-, más equipamiento asociado al desarrollo de túneles. Es decir, compresores, ventiladores, cañerías, ductos de ventilación, generadores, etcétera”.

Lo que se castigó es, en consecuencia, bienes tangibles: chiflón desarrollado, galerías, más equipamiento asociado.

Todo sistema de información contable se sustenta, desde el punto de vista de las anotaciones que se hacen en él, en documentos, y este asiento o ajuste contable no cuenta con respaldo documentario.

Sin perjuicio de lo anterior, en el sub anexo N° 4.7 del citado informe, en la pregunta 2.4, que se le hace a don Juan Hugo Zapata, se señala: “Durante el ejercicio 1992 se efectuaron castigos del activo fijo que significó reconocer una pérdida a los estados financieros de dicho período por un total de 568 millones 545 mil 702 pesos por concepto de proyectos y obras en curso que no se llevaron a cabo”. La frase: “de proyectos y obras en curso que no se llevaron a cabo”, corresponde a la propia administración de la empresa, realizada en las notas a los estados financieros de 1992, y se agrega: “durante el ejercicio 1992 se efectuaron castigos, bienes del activo fijo con cargo a resultado del ejercicio por 568 millones 546 mil pesos correspondiente principalmente a proyectos y obras en curso que no se llevaron a efecto”.

No menciona absolutamente nada más la memoria de 1992 y no hay un desglose de cuáles son los bienes que se castigan, aspecto que, de acuerdo con la circular N°239 de la Superintendencia de Valores y Seguros, debería estar aclarado, detallado en las notas a los estados financieros. Lo anterior, significa no cumplir con las instrucciones de la Superintendencia, en términos de la claridad y de la totalidad de la información que tiene que entregarse a los accionistas y al público en general.

De acuerdo con el artículo 74 de la ley N°18.046 el Directorio tiene la obligación de entregar una memoria razonada, clara e informativa, respecto de la situación financiera, cambio de la situación financiera y los resultados económicos que ha obtenido una sociedad durante un cierto período.

Indudablemente que este documento tiende, a través de sus notas, a aclarar la información que aparece en los estados financieros. De acuerdo con la Superintendencia, las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos. O sea, no son algo que estén a gusto de una administración, de un jefe de contabilidad o de un gerente de finanzas, sino que son parte integrante de los estados financieros, y tienden a entregar información para aclarar partidas que no están por sí totalmente claras en el balance o en el estado de resultados. Los estados financieros que requiere la Superintendencia de Valores y Seguros son tres: el balance general, que refleja la situación financiera y económica de la empresa, es decir, la composición de derechos y obligaciones, lo que tiene y lo que debe, más su capital; el estado de resultado, que muestra la ganancia o pérdida obtenida por la empresa durante un ejercicio y los elementos que han intervenido en esa ganancia o pérdida; y, el estado de cambio de la posición financiera, que da cuenta de cómo ha variado, en ese ejercicio, la composición de derechos y obligaciones que tiene la empresa.

Lo que se observó en el informe no es la atribución que pueda tener la gerencia para castigar o no un bien o para darlo de baja. No se objeta la atribución que pueda tener un Directorio para castigar o no un bien, sino que, en primer lugar, se está haciendo presente que se están castigando, reconociendo como pérdidas bienes que están ahí, que existen, que son tangibles, no estudios que no se concretaron en obras.

En segundo lugar, que el asiento contable a través del cual se reconoce como pérdida no tiene acompañado documento de nadie. No hay oficio de la gerencia donde instruyan al gerente de finanzas o al contador que haga un ajuste para castigar “La Chulita” y todo lo que significa. No hay nada. Y lo reconoce el propio gerente en su declaración: “La instrucción dada en esta materia fue formalizada a través de algún documento escrito que constituye el respaldo oficial de la anotación contable efectuada en el sistema de información”.

La instrucción no fue dada por escrito. El señor Zapata dice: “se decidió castigar todas las partidas que así lo permitieren, para reflejar en la contabilidad todas las posibles pérdidas potenciales”.

En consecuencia, no se está hablando de una pérdida real. Son bienes, es el físico de la mina. Este señor, en una declaración que hace en El Mercurio, señala, al hablar de la mina “La Chulita”, que en el año 1992 se hicieron gastos en mantención del orden de los cien millones de pesos, lo que fue decidido por la gerencia, ya que no se necesitaba la autorización del Directorio, justificándose tal gasto para mantener abierto el yacimiento.

Lo que se reconoció como pérdida es el físico de la mina y el equipamiento asociado, compresores, todo completo. Son gastos, son desembolsos, bienes que están ahí.

De allí que se sostenga en el informe que la instrucción fue verbal y exclusiva del gerente general. Se señaló que, para ello, debió existir una autorización del directorio, concordante con la ley N° 18.046, por cuanto tiene relación con el giro de continuidad de la empresa.

En el acta N° 1.626, el directorio dio facultades al gerente general para vender bienes de la empresa, con autorización de éste. Pero, para vender algo primero tenía que darlo de baja contablemente, porque para castigar un bien de esa naturaleza, que dice relación con el giro del negocio y además provoca impacto en los resultados económicos de la empresa, debía actuar de esa manera.

Por otra parte, se indica que no hay una acción consecuente entre lo que es castigar, llevar a pérdidas, y las acciones que adopta posteriormente la gerencia. Es decir, se mantiene la mina para no perder el físico de ésta y se utilizan los 110 millones de pesos. Además, en su anexo 5, del gerente de operaciones al gerente general, dice: “Equipamiento para explotación de “La Chulita”. Para el desarrollo, preparación y explotación de dicha mina se cuenta con equipos provenientes de control, algunos de ellos instalados y otros por trasladar, que fueron considerados dentro del equipamiento requerido”.

La gerencia requirió un equipamiento al gerente de operaciones y éste contestó diciendo que hay 611 millones en equipamientos que se están traspasando a “La Chulita”, muchos de ellos ya instalados, de acuerdo con lo que es el equipamiento requerido. Además, se hace otro estudio durante 1993 para efectos de analizar la situación sobre caminos.

Este traslado de material por 611 millones se produce en el mes de marzo de 1993 y se había castigado en el balance de 1992. Y a principios de 1993, se empieza a trasladar equipamiento a la mina “La Chulita”.

En el balance de 1992 hay una anotación en el sentido de que, por acuerdo del directorio, se tomó la decisión de paralizar el pique Caupolicán, y lo dice expresamente; no obstante, respecto de “La Chulita” no se dice nada.

Las empresas relacionadas de Enacar, a las que se hace referencia en el informe, son Carvile e Iscar. Las unidades de hospital, casa del directorio, parque, son centros de costos, son unidades más de la Empresa propiamente tal. Incluso se menciona en el informe que los resultados negativos que está presentando Enacar se ven incrementados por las pérdidas que dejan estas empresas relacionadas: Carvile e Iscar.

Posteriormente se dice que también inciden -porque Enacar tiene que cargar con esto-, lo que significa la mantención del parque de Lota, el hospital y la casa del directorio.

De estas unidades, se señala que sólo el hospital y el parque -que también inciden, aunque el efecto es menor, en los resultados de Enacar-, generan ingresos, pero que no alcanzan a compensar el costo que implica mantenerlas como unidades ni efectuar las prestaciones que se hacen a través del establecimiento hospitalario.

En materia de resultados significativos, en cuanto a incrementar un poco las pérdidas de Enacar, tienen mayor relevancia aquellas que dejan las empresas relacionadas, es decir, Carvile e Iscar; y, por supuesto, también significa absorber costos, la mantención del parque de Lota, del hospital y la casa del directorio.

En materia de control interno, tan importante como su diseño, es su evaluación y supervisión permanente. Eso, en función de una característica del control: su positividad. Lo anterior, significa que el sistema de control interno siempre debe estar en condiciones de ser encaminado hacia el perfeccionamiento. El sistema de control interno ideal o absoluto no existe. Siempre un sistema es susceptible de ser perfeccionado y mejorado.

Por otra parte, el diseño de un sistema de control interno puede obedecer o responder a las necesidades de organización de ese momento. Por lo tanto, en la medida que sucedan hechos nuevos y crezca la empresa, necesariamente, surge la necesidad de adaptar el sistema de control interno a las nuevas condiciones imperantes en la organización. En consecuencia, es fundamental reconocer la característica de positividad que tiene el control.

Por otra parte, un sistema de control interno que en una época pudo ser bueno, con el tiempo puede quedar desfasado y no responder a las reales necesidades de las organizaciones. Y eso se ataca por la vía de lo que es la evaluación del sistema de control en forma permanente y proponiendo, a través de la unidad de control interno, las mejoras, recomendaciones o la inserción de instancias de control que tiendan a mejorar el sistema originalmente establecido.

En ese aspecto, auditoría interna, como componente del sistema del control interno, lo evalúa en forma permanente -evaluar significa conocer cuáles son las instancias definidas y cómo responden a las realidades de la empresa-, además de aplicar un conjunto de pruebas de validación o procedimientos de cumplimiento, para determinar si el sistema, tal como está diseñado por la administración, funciona en la práctica. Una situación es que a nivel de gerencia se diseñen instancias o procedimientos de control, y otra es que, en la práctica, esos procedimientos sean observados por el personal en el desarrollo de las operaciones o en los circuitos administrativos definidos para el desarrollo de cualquier operación.

Desde ese punto de vista, auditoría interna de cualquier empresa, emite un informe con recomendaciones y es el nivel gerencial el que debe implementar las medidas que se le proponen.

En el caso específico de Enacar, su departamento de auditoría interna cuenta con un auditor jefe y dos auditores internos que, por las características y dimensiones de la empresa, pudieran ser insuficientes dado que la creación de empresas relacionadas, indudablemente, implica ejercer cierto control en esas unidades.

De manera que no cabe duda de que el sistema de control interno necesita perfeccionarse. En el caso de la madera, no había sistemas de control para cautelar o proteger adecuadamente la salida de ésta desde los bosques hacia las canchas de acopio y desde este último lugar hacia el interior.

Concretamente, Enacar tiene y tenía un sistema de control interno que respondió a las necesidades de algún momento. Pero el sistema de control interno debe ser evolutivo, en términos de ser mejorado. Por ejemplo, respecto de la madera, el hecho de que se señaló que no hubo sistema de control, indudablemente está reflejando que no se fue adaptando a la realidad de la empresa.

Sin perjuicio de lo que se ha mencionado respecto de la mina “La Chulita”, en el informe se cuestionó la facultad que puede tener el directorio para materializar las políticas gubernamentales y ministeriales elaboradas. A lo que se hace mención es a que la confección o materialización de esas políticas no fueron ejercidas en términos de dejarlas establecidas como un acuerdo en un acta del directorio.

Por tal razón, se señaló que no existe constancia en acta de un acuerdo de directorio en orden a castigar “La Chulita”, en concordancia con las políticas a nivel de Gobierno o ministeriales. Fundamentalmente es lo que se señaló en esa materia. La observación planteada está dentro de ese contexto

El hospital y la piscina son activos de Enacar. No cabe duda pues que, para los efectos de su mantención, se deben destinar los recursos que sean necesarios. Lo anterior no está siendo cuestionado en el informe. Se mencionó en él que la mantención de esos activos incide en los resultados de Enacar, sin entrar a calificar la procedencia de tales desembolsos.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR ÁNGEL MERCADO,FISCALIZADOR DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO Sesión 1a, del 11 de octubre de 1994

También formó parte del equipo, integrado por cuatro funcionarios de la Contraloría Regional del Bíobío, que auditó Enacar S.A. entre los días 11 y 19 de octubre del año en curso.

Cuando se constituyen en visita, sea ordinaria o especial, es de normal ocurrencia que se reciban algunos antecedentes, que pueden ser proporcionados por personas ajenas al servicio, o bien internamente -por parte de la entidad-, se trate de un servicio público, de una empresa o de cualquier otro organismo.

Sin perjuicio del oficio de la Cámara de Diputados se recibió un documento, hecho llegar en forma anónima, que se tuvo en consideración, en la medida que guardaba atingencia con las materias solicitadas investigar por aquélla.

En principio, se estimó que tal documento no era pertinente incluirlo en el informe. Posteriormente, el jefe de control externo resolvió que se incorporara, para efectos de que hubiera transparencia absoluta.

En consecuencia, no se trata de un anexo, sino de un antecedente más, que se agregó para que se tomara debido conocimiento del mismo.

No es un documento que esté firmado, ni tampoco se conoce su origen. Las personas, por razones de seguridad y para que no se tomen medidas contra ellas, en reiteradas oportunidades, se ocultan en el anonimato.

Cuando se trata de denuncias, anónimos o documentos que se hagan llegar, que no demuestren hechos concretos, se desestiman; sin embargo, en este caso, existen hechos concretos, con número de documentos, etcétera.

Una auditoría se elabora siempre a través de muestras selectivas, siendo empleado dicho sistema por todos los auditores, tanto externos como internos y, ciertamente, por la propia Contraloría General de la República. Los gastos que en el informe se califican de inexcusables e improcedentes lo son por las razones que allí se explican; lo anterior, sin embargo, no significa que sean los únicos, ya que esas cifras resultan luego de analizar sólo el ámbito de acción abarcado por el trabajo que se llevó a efecto, que no representa el 100 por ciento de las operaciones del período ni de las operaciones en su totalidad.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR EDUARDO ZÚÑIGA,GERENTE GENERAL DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992 Sesión 14, de 7 de marzo de 1995

Fue contratado por el directorio de Enacar desde el 16 de marzo de 1990 hasta el 30 de julio de 1992; es decir, durante 28 meses, que corresponde más o menos al período en que estuvieron los señores miembros del directorio de la época. Durante su período se efectuaron 57 sesiones de directorio, dos juntas ordinarias de accionistas y una junta extraordinaria.

Hace entrega a la Comisión de las actas correspondientes a 57 sesiones de directorio de Enacar, en las cuales se establecieron las políticas de administración y desarrollo de las actividades de la Compañía, de conformidad con los estatutos y de la ley. Deja, a disposición de la Comisión, las 135 resoluciones de la gerencia general, relativas a la administración interna de la Sociedad. También el documento denominado “Sistema de Formación de Gestión” que mensualmente se entregaba a los señores directores y a su accionista principal, Corfo. En este informe se detallan mes a mes y por gerencia, las actividades productivas, de ventas, administración y finanzas. Sólo acompaña el ejemplar de mayo de 1991, ya que el resto de los Informes de Gestión Mensual, están en los archivos de Enacar.

Está hecho con tal detalle ese informe de gestión, que especifica hasta las hortensias plantadas en el paño II del Parque Lota, y todo lo relativo a producción por hombre turno, los costos, movimiento de personal, etcétera.

Como ejemplo del detalle con que se administró la Compañía, por encargo del directorio, se acompaña una serie de informes mensuales de costos y de producción de Enacar, de sus divisiones y unidad de gestión descentralizada, control presupuestario mensual, estadísticos o de rendimientos, producción por hombre-turno, informe mensual de inversiones, etcétera.

Se conocía las limitaciones de esta Empresa: de explotar un recurso de costosa extracción; de la falta de mecanización y de la existencia de sobredotación por efecto de lo anterior y por situaciones sociales sin resolver; elevado endeudamiento de la Compañía; alto costo financiero de ella; un mercado decreciente, etcétera. Durante los años 1995, 1996 y 1997, el parque termoeléctrico del Norte de Chile consumirá del orden de 5 millones de toneladas de carbón, que se va a tener que importar, porque no se tendrá capacidad de generación del producto en nuestro país. La competencia externa es otro factor muy importante para la Compañía.

Se intentó administrar con rigor la Compañía, prueba de ello es que -como se consigna en las dos memorias de balance que le correspondió al directorio y a la gerencia, cuyo directorio presidió don Pedro Buttazzoni- en los ejercicios 1990-1991, se tuvo un margen de explotación positivo, pero dado el alto costo financiero y la falta de capital de trabajo, no se pudo revertir la pérdida de ocho millones de pesos con que fue recibida de la administración anterior. La pérdida continuó fluctuando entre 8 y 9 millones de pesos diarios en los ejercicios 1990 y 1991.

Antes de retirarse de la Compañía, a mediados de 1992, y tomándose como base los estudios encargados por el directorio a las empresas consultoras especialistas en carbón Roberts and Scheafer Company de Shilbown, Canadá, y Robert Chefer de los Estados Unidos, se entregó a las autoridades del Gobierno y al nuevo directorio el denominado “análisis de viabilidad de Enacar”.

En síntesis, ese análisis de viabilidad establecía, en primer lugar, la necesidad de continuar el programa de racionalización e incremento de productividad en marcha. En segundo lugar, completar, durante 1992, los antecedentes geológicos, técnicos, mineros y económicos que permitieran asegurar la continuidad de la mina de Lota. En tercer lugar, que se iniciara en 1992 la evaluación geotécnica, para determinar la factibilidad de modificar la infraestructura de la mina de Lota, condición necesaria para la reducción significativa de los costos de producción. En cuarto lugar, verificar las ventas de carbón a largo plazo, a partir de 1995.

Concluido lo anterior, se plantearon dos alternativas empresariales lógicas. Primero, si las condiciones y conclusiones eran positivas, Enacar debería confeccionar el proyecto de rehabilitación técnica para adecuar la mina de Lota a la nueva realidad de mercado de 1995. Segundo, en caso de que, en diciembre de 1992, se determinara que Lota no cumplía el test geológico, o que la evaluación geotécnica demostrara que no era posible cambiar el diseño de la infraestructura, o que Enacar no obtuviera contrato a largo plazo, se debía aplicar el plan de desmovilización de la mina, reduciendo paulatinamente desarrollos y producciones, para iniciar el desarme final en el año 2004.

En el análisis de viabilidad de Enacar está establecido el detalle, siendo aprobado por el directorio en marzo de 1992. Además éste fue entregado al accionista principal: la Corporación de Fomento de la Producción.

En junio de 1992, el nuevo directorio tomó las resoluciones que la Honorable Comisión conoce y que no es pertinente comentar.

En relación con el informe N° I de Contraloría, es preciso hacer algunas observaciones que, en cierta medida, tocan a la administración que le correspondió.

El informe de Contraloría establece en la página 106 que el gasto de 324 mil pesos, que correspondió a 30 onces, 40 almuerzos y 100 cenas, con motivo del aniversario N° 12 de la Comisión Nacional de Energía, es un desembolso que no guarda relación con los fines ni objetivos de la sociedad. Por lo tanto, su cancelación es injustificada. Es preciso señalar a la Comisión que ese gasto correspondió, específicamente, a una reunión de trabajo efectuada durante todo un día en Lota, entre los integrantes de la Comisión de Energía, el ex Ministro señor Tohá, don Sergio Lorenzini, doña María Isabel González, cien dirigentes sindicales y 20 ingenieros, todos de Enacar. Estas personas analizaron y discutieron durante todo un día los temas relativos a la política energética. Ese día se almorzó y se comió a razón de tres mil pesos por persona en el Club de Empleados de Enacar. Esto está contemplado dentro de los gastos normales de cualquier empresa. Lo mismo hizo Schwager al día siguiente.

En consecuencia, se estimó que esta observación es improcedente y así fue manifestado, en forma personal, al inspector de Contraloría destacado en Corfo, aclarando el punto de vista sobre el particular.

También la Contraloría menciona que habría un gasto inadecuado de 1 millón 781 mil pesos, con motivo de un seguro de vida contratado en favor de algunos ejecutivos de la Compañía.

Sobre ese punto, es preciso hacer presente que este seguro, que se tomó en favor de algu-nos ejecutivos de la Compañía, dice relación con el informe de gestión mensual de mayo de 1991, en el cual se consigna la muerte, a raíz de un accidente, del ingeniero señor Chinchilla, a cargo de la división Pirquén en Curanilahue. Después del accidente fatal, dio instrucciones para que a los ejecutivos que tenían más movilidad dentro de la Compañía se les tomara un seguro por un año con cargo a la Compañía. Esta justificación también fue entregada a Contraloría.

Igualmente, en el informe de Contraloría, se menciona un gasto improcedente por pasaje aéreo del declarante. Se sostiene que el gerente general desempeñaba su cargo o tenía su sede en Santiago. En consecuencia, no ameritaba viajar desde la sede de trabajo en Lota, hasta el lugar de residencia habitual de su familia en Santiago. Al respecto, hace presente que se instaló con la familia completa en Lota.

Los pasajes aéreos coinciden con una serie de reuniones realizadas en Santiago: 57 sesiones de directorio, juntas extraordinarias de accionistas, reuniones con personeros de Mideplan, con la Comisión de Energía, con la División de Presupuesto, con clientes principales como Chilgener, Iansa, y otros con sede en Santiago. Además, las relaciones con los diez bancos a los cuales la Compañía debía más de seis mil millones de pesos a 30 días y cuyo vencimiento había que estar renovando periódicamente. Todo esto obligaba a la gerencia a tener presencia en Santiago, además de las reuniones con el Presidente de la República o con Ministros del área. Esto fue explicado a la Contraloría y espera que haya entendido y, además, que, en algún informe posterior, rectifique los juicios emitidos sobre el particular.

Posteriormente, se menciona otro punto: beneficio adicional al señor Peter Crorkan Healy, por concepto de 53 meses de imposiciones, que le pagó con motivo de acogerse a jubilación. Sobre el particular, se debe hacer presente que esto fue el producto de una negociación con el gerente de operaciones, con más de 30 años de trabajo en la Compañía, que en sus primeros contratos establecía un viaje al mes a Inglaterra.

Posteriormente, en los siguientes contratos, no se le renovó esta cláusula y, en la discusión final, con motivo de su retiro, se llegó a un acuerdo. Se le ofreció que se retirara de la

Compañía, previo pago de 53 meses de imposiciones, de manera que pudiera jubilar en condiciones razonables después de haber entregado toda una vida a la Compañía. Esto también fue explicado a la Contraloría.

En el capítulo de los bosques, fue explicado a Contraloría que la información establecida en la página 60 en su informe es falsa. Ellos establecen que “previo a las adquisiciones de bosque realizadas durante los años 1990 y 1991, no se efectuaron estudios técnicos sobre cubicación, por parte de profesionales que estimaran adecuadamente el potencial maderero de los bosques adquiridos”. Señalan que no se hizo ninguna gestión o análisis de antecedentes técnicos, lo cual refuta.

En materia de bosques -y eso está en los documentos que se acaban de entregar a la Comisión- hay establecida una resolución expresa de la gerencia general, emitida el año 90, sobre el procedimiento para la compra de madera y adquisición de bosques. Es un procedimiento lato, en el cual se establece la imperiosa necesidad de un informe técnico del ingeniero comercial a cargo, y la necesidad de un informe jurídico del abogado -en esa época el señor Novoa- y del señor Abraham Abusleme, miembro integrante de la Corte de Apelaciones. Estos abogados debían informar sobre cualquier tipo de adquisición que la compañía hiciera.

Por otra parte, en los informes mensuales, que también se han entregado a esta Comisión, consta un informe de la unidad forestal descentralizada, la cual analiza y explica los diversos antecedentes técnicos respecto de los bosques y las diversas situaciones que se manejaban en relación con este capítulo.

En esta materia, hace presente que ordenó -llegando a la Compañía y por instrucciones del Directorio- una primera auditoría sobre cómo se estaba procediendo en materia de bosques. Se compró alrededor de un millón de dólares anuales en bosques, y esta cantidad significaba para la Compañía un 2 por ciento del costo.

De ahí que, siendo el pago de personal el capítulo más grueso de la Compañía - equivalente a un 60 ó 70 por ciento-, hubo preocupación de los otros componentes del costo, dentro de los cuales todos aquellos que superaran el 1 por ciento, eran muy relevantes. Por ello, se estableció una unidad especial con ingenieros forestales a cargo, en orden a llevar en excelente forma esa tarea.

Se argumentó en la reunión que se tuvo con funcionarios de Contraloría que el informe de ellos era equivocado en algunos aspectos e incompleto en otros. Lo que ellos tenían que analizar en materia de bosques era el período del gerente anterior, del coronel Quiñones; el período 1990 - 1992 y el del señor Zapata. De modo que en esa continuidad, si se hacía el balance, no había pérdidas para la Compañía. Inclusive se les manifestó que ellos deberían citar a conversar al gerente de la unidad de atención descentralizada, señor Antonioli, y a los gerentes del área de bosques, que era la única manera de tener un informe completo y no uno basado en falsedades o en apreciaciones inadecuadas.

También se hizo presente a la Contraloría lo relativo al contrato del ingeniero señor Fuentes, a quien se contrató como contraparte de la posición americana, por un sistema de horas. El señor Fuentes fue ocupado 10, 20, 30 ó 50 horas en el mes, es decir, por períodos cortos, porque era una asesoría cara. Toda asesoría consultora especializada es de por sí cara:

2,5 UF. por hora es lo que se estaba cobrando.

Si posteriormente se le contrató por períodos más largos, no es de responsabilidad de la Administración, pero sí una asesoría contratada por 10, 20, 30 ó 50 horas era conveniente para la Compañía.

Por último, en la página 92 del informe se establece que, “como corolario”, hubo determinadas horas que se le pagó a un chofer del gerente general para movilizar a la esposa del referido gerente durante ciertos períodos, del 16 de diciembre de 1991 al 03 de enero del 92, beneficio que necesariamente debe acreditarse como ilegal desde todo punto de vista y contrario a los fines y objetivos de la sociedad.

Infortunadamente, en el “baucher” se expresó que estas horas se pagaron al chofer de la gerencia que había desplazado a la esposa del gerente general. Es preciso informar a la Comisión que las esposas de todos los ejecutivos de Enacar trabajaron en conjunto, en forma voluntaria, con el fin de ayudar a mejorar la situación social de esta comuna. Ellas fueron quienes detectaron, el año 90, que había un baño colectivo en las calles de Lota, donde prácticamente iba parte importante de la población a hacer sus necesidades, confundiéndose los niños con los adultos y los borrachos, etcétera. Merced a ellas pudo hacerse desaparecer esa baño colectivo y se establecieron baños individuales en cada una de las casas del personal de Lota. Gracias a ellas se pudo establecer más de cien talleres laborales, donde más de mil mujeres trabajaban fabricando ropa de trabajo para personal de Enacar o para el Hospital, ganándose limpia y honestamente el sustento. Gracias a ellas se estableció la celebración de la Navidad, como correspondía en una zona minera, y gracias a ellas se establecieron juegos infantiles, multicanchas, etcétera.

De ahí que se explicó a Contraloría, en el “baucher” que se pagaba las horas a este chofer, que transportaba a las ocho asistentes sociales de Enacar, más estas señoras. Infortunadamente se deslizó esta mala información, que si hubiese sido consultada con algunos personeros de la época sin duda habría quedado aclarada.

Expresó a los informantes de Contraloría que él y todos los ejecutivos y directores de la época estaban listos para aclarar cualquier punto. Habiendo desaparecido prácticamente todos los ejecutivos que cumplieron, junto con él, tareas en Enacar, no cabía duda de que mucha de esa información era posible que requiriera una explicación. Pudiera ser que no estuviera clara, pero en ningún momento hubo la menor intención, por parte de nadie de la época, de pretender usufructuar en una mínima proporción de lo que esa Compañía daba, entregaba o hacía.

El informe de gestión fue establecido en el tiempo del coronel Quiñones. Es un excelente informe de gestión. Se continuó haciendo, por instrucciones del directorio, hasta junio del 92.

El Manto Tres, que tiene 2,80 metros, debe hoy competir con un manto de 50 metros de carbón en una mina a tajo abierto en Indonesia, cuyo costo de producción es de un dólar la tonelada. Lo que pasa es que como está al interior de los bosques de Sumatra, tiene que des-plazarse por los ríos y llegar a puerto. Hoy este carbón está llegando a Chile a 32 dólares. Se acaba de comprar carbón para la fábrica de Mejillones. A su vez, se planteó a Enacar si era capaz de vender medio millón de toneladas de carbón. Enacar dijo que no era posible y que estudiaría la posibilidad de vender unas 100 ó 120 mil toneladas de carbón.

Desgraciadamente, hoy día, año 1995, tal cual se establece en esos informes, viene la necesidad del carbón. Fue algo advertido por el directorio y por la gerencia, y también por muchos parlamentarios que visitaron la zona, quienes conocían este tema. Infortunadamente, las decisiones se tomaron y se analizará la forma de revertir la situación actual.

Se hicieron descargos parciales respecto del primer informe. Habría sido muy importante conocer los puntos negativos que tiene en la gestión, para aclararlos antes de que se publiquen, porque si se lo envían a ustedes, después a la Intendencia, el diario “La Segunda” lo va a tener a las 24 horas, y publicarán: “2 mil millones de pesos la gerencia del señor Zúñiga”. Y eso es lo se trata de evitar, porque nadie ha robado un peso.

Lo declarado, por escrito, a Contraloría fue lo siguiente: “El día 16 de abril de 1990, previo a una sesión de directorio, el ex director señor Ariel Ulloa se apersonó al suscrito, en calidad de gerente, manifestándome que a raíz de la serie de encargos que le había hecho el directorio, de velar por el problema de un informe sobre el alcoholismo en la zona, de velar por el desarrollo del Hospital de Lota, de verificar las posibilidades de obtener algunos créditos adicionales en el Banco Osorno -consta en el acta de directorio-, de verificar las posibilidades de obtener algunos equipamientos en Europa, de verificar las posibilidades de obtener a través de la esposa del señor Miterrand ciertos equipamientos para el Hospital de Lota, a raíz de todas estas actividades que había encargado el directorio, requería de algunos fondos a rendir para desarrollar esta tarea”.

Se le expresó que no estaba habilitado para otorgar “fondos a rendir” y que, en consecuencia, tenía que recurrir al señor presidente del directorio, don Pedro Buttazzoni, o al secretario del directorio, abogado don Abraham Abusleme.

Posterior a la reunión de directorio del 16 de abril, más o menos a las 14 horas, se reunieron los señores Abraham Abusleme, Pedro Buttazzoni y Ariel Ulloa, donde éste último, planteó su situación de anticipo.

Terminada la reunión, don Pedro Buttazzoni, en forma oral, le expresó que había autori-zado un préstamo por un millón y medio de pesos al señor Ariel Ulloa, en carácter de “fondos a rendir”, y que en un lapso de 60 días debería rendirlos a la caja de Enacar.

Él tenía que viajar, gastar en télex, en llamadas, etcétera. El Secretario del directorio daría cuenta de ello, porque cualquier fondo por rendir a un director, según la ley, debe ser tratado en sala del directorio. Desgraciadamente, al parecer, esto no fue así y el secretario abogado de la época llamó directamente a la señora Esperanza Ballesteros, que estaba en la oficina de Concepción, y le pidió que le diera este anticipo a don Ariel Ulloa. Se emitieron dos cheques, uno por 500 mil pesos y otro por un millón.

Posteriormente, cumplidos 60 días, y de acuerdo con el asesor jurídico, dispuso que se le retuviera parte de su dieta para abonarla a los fondos. Esta situación se mantuvo, y posteriormente los fondos se reintegraron con intereses, reajustes, etcétera.

Durante su período se le deben haber retenido unos 460 mil pesos.

La única persona que autorizó esto fue el presidente del directorio. Posteriormente, cuando aparece este informe, el suscrito pregunta por esta situación al presidente del directorio y éste respondió: “Mira, no me acuerdo de esta cuestión”.

Consultó con su abogado, señor Alfredo Etcheverry, y le dijo: “Es lamentable que tu presidente no se acuerde de esto y, en consecuencia, tú tendrás que asumir la responsabilidad de esta situación”. Por lo tanto, al Contralor regional subrogante le expresó: “Asumo toda la responsabilidad que corresponde, y si mi presidente de directorio dice que él no autorizó, el responsable es el suscrito”. Pero en el “baucher” pertinente hizo colocar: “Autorizado el fondo por rendir de un millón y medio de pesos por orden expresa del presidente del directorio, señor Pedro Buttazzoni”.

Posteriormente, el señor Pedro Buttazzoni mandó una carta al señor Contralor General de la República -que apareció en “La Segunda”- quien encargó al Contralor de Concepción que verificara esto. El Contralor regional pidió declaración a don Ariel Ulloa y a don Abraham Abusleme Aulepe; los tres coincidieron en la versión. Situación que después fue informada al señor Contralor. Se ignora la resolución que tomó el señor Contralor sobre el particular.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR JAIME GATICA,DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992 Sesiones 7A y 10a, del 22 de noviembre y 13 de diciembre de 1994

Se estudió este proyecto complementario al de desarrollo del Manto Tres que, básicamente, era bastante rentable. También se analizó en Mideplan y en la Comisión Nacional de Energía y, al final, se concluyó que era un proyecto que prometía una rentabilidad muy alta; además, una recuperación de la inversión en un plazo relativamente corto, lo que hacía que disminuyeran las pérdidas de la Empresa de manera importante.

No era un proyecto que iba a llevar a la Empresa a un punto de equilibrio; pero sí permitía reducir las pérdidas en un corto plazo de manera importante. Era un perfil de proyecto deseable en ese minuto y se logró convencer a la Comisión Nacional de Energía de que era rentable y que valía la pena hacerlo. Es un proyecto de alrededor de 5 millones de dólares, que es complementado por la inversión de Manto Tres. Ocurre que este proyecto tiene la gran cualidad de que, en un corto período, reduce las pérdidas, porque tiene una recuperación rápida de la inversión.

Cuando empezaron las conversaciones con la empresa extranjera sobre la posibilidad de llevar adelante este proyecto, siempre se topó en el punto de los seguros. Lo anterior significó no poder negociar la primera opción con la empresa, que ganó la licitación, por lo que se siguió con la segunda.

El tema de los seguros es relevante para cualquier empresa privada que quiera hacer esta inversión, y no depende necesariamente de las intenciones del Gobierno, sino de qué empresa quiere asegurar el equipo que está ahí. Eso fue lo que no permitió llegar a acuerdos e implementar este proyecto que, como decía el señor Cruz, estaba muy avanzado y que se había tomado la decisión de llevarlo a cabo.

La salida de personal no es una variable relevante o importante para explicar la caída de la producción experimentada durante los años 1992 y 1993. La razón fundamental se basa en que no había reservas probadas ni desarrollos realizados en el pasado, por distintos motivos.

Cuando el directorio asumió, no había duda de que la producción de la mina iba a caer más allá de lo que se pudiera prever o hacer. Por lo tanto, había que reducir los costos acorde con esa caída de producción. Como es sabido, caería de todas maneras, porque no había reservas probadas ni reconocimiento. Eso es clave para entender todo el resto de los indicadores económicos.

Todos los indicadores económicos de Enacar, en 1991 y 1992, están afectados por esa caída de producción que iba a ocurrir de todas maneras. Está todo el directorio de acuerdo con este diagnóstico, muy bien reseñado en la respuesta que da la Empresa a la Contraloría: la explicación más importante era porque no existían reservas probadas. De manera que no quedaba otra cosa por hacer que poner a la Empresa en una situación acorde con esa caída de producción, lo que significaba reducir costos.

Si se compara la caída de producción de 1991 con la de 1993, ella fue de 50 por ciento: de 670 a 334 mil. Estas son cifras de Contraloría, tomadas del anexo 1 del informe. Y si se compara la caída de costos directos ella es de un 47 por ciento, o sea, es más o menos similar al de la producción; y la de remuneraciones es de un 48 por ciento.

El directorio fue capaz de adaptar la situación interna de la Empresa a una caída de producción, que iba a ocurrir de todas maneras por la situación estructural de la mina.

Ese esfuerzo debe valorarse, porque no era fácil de realizar en ese minuto y, además, descubrir posibilidades de aumentar la producción del carbón mediante el proyecto que llamamos dieselización, que es la base del proyecto Lota 2001.

Es preciso enfatizar el motivo del porqué cayó la producción, que es fundamental para comprender lo que va a pasar en la mina en 1992 y 1993, y entender todo el resto de los indicadores.

Por ejemplo, en 1993 se mantiene el costo medio unitario de explotación, y sube respecto de 1991. Es lógico que suba, si la caída de la producción es alta. Y se sabe por qué cayó. Pero los costos también caen y el hecho de haberlo mantenido más o menos al mismo nivel de años precedentes es una gracia. Si se hubieran mantenido los costos de 1991, la situación que habría tenido la Empresa en 1993 sería caótica.

Los costos, medidos por costos directos del informe de Contraloría entre 1991 y 1993, cayeron en un 47 por ciento, y ese es un esfuerzo que hay que reconocer.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR RICARDO JARA, DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992 Sesión 14, de 7 de marzo de 1995

Explicó que cuando se hicieron cargo del directorio de la empresa, en marzo de 1990, se pidió a Langton Clarke, que era la oficina de auditores externos que tenía le empresa tradicionalmente, un informe del estado económico-financiero de Enacar, y a una firma canadiense sobre el estado geológico y técnico de los yacimientos, especialmente de Lota.

Recordó que la frase final con que terminaba el informe de Langton Clarke, era: “esta empresa difícilmente es viable al año 1990”.

Por consiguiente, el problema que enfrentó el directorio en ese momento era realmente crítico. Por ello se adoptaron una serie de medidas, en consulta con el accionista principal (Corfo en ese momento), entre otras, diversificar la acción de Enacar ya que en ese momento había gran demanda de carbón por la sequía que sufría el país.

Resaltó el estado financiero y técnico en que se recibió la empresa, sin gran desarrollo en la mina, etcétera; fue realmente crítico. Y, en esa circunstancia, hubo que empezar a trabajar durante los dos años que duró el directorio.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR DAGOBERTO LATORRE, DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992 Sesión 14, de 7 de marzo de 1995

En algunas oportunidades, por encargo del directorio o del gerente general y con conocimiento del presidente del directorio, recibió algunas misiones específicas que le hicieron actuar en Lota.

Añadió que, en razón de su especialidad (ingeniero industrial con especialidad en evaluación de proyectos), el directorio de la época se abocó al estudio de prefactibilidad de diversos proyectos de inversión. Entonces, el gerente general o el directorio, le había encomendado que actuara muchas veces como contraparte, ya fuere con consultores externos o para dirigir equipos de ingenieros de Enacar que estaban preparando los estudios.

Destacó el hecho de que al hacerse cargo de la empresa ese directorio, tenía muy clara la difícil situación, ya que si se mantenían los patrones con que se estaba actuando y a ello se agregaba el enorme déficit operacional que tenía la empresa -lo más grave era su costo financiero-, la viabilidad de ésta era difícil. Entonces, este directorio siempre planteó, en especial al principal accionista de la empresa, que era muy difícil manejarla si no se la liberaba de esa carga financiera que, como política general, se había adoptado anteriormente. La empresa se financiaba, año tras año, con préstamos de corto plazo. Ese déficit siempre lo cubrió el Estado pero, desde el año 76 en adelante, éste cambió la modalidad de subsidiar directamente y, a cambio de eso, la Dirección de Presupuestos de ese entonces otorgaba a la gerencia una carta de aval para que se endeudara con el sector bancario privado, mediante préstamos de corto plazo renovables. Entonces, era absolutamente inmanejable la situación financiera.

De ahí que el primer planteamiento que se hizo al Gobierno, en los primeros meses de gestión de ese directorio, con el objeto de aproximarse al punto de equilibrio operacional de la Empresa, fue señalar la imperiosa necesidad de que el Estado la liberara de pagar esos intereses.

Ello no fue posible ya que Hacienda no accedió a tal petición, lo que los llevó a seguir manejándola en la misma forma como se había hecho hace 15 años. De ahí que el nivel de endeudamiento siguió creciendo.

Ahora, las autoridades de Gobierno tenían estudios de proyección del carbón, en el sentido de que la demanda de carbón en Chile, a partir de fines de 1994, iba a ser mayor de lo que se había conocido hasta ese entonces. Basado en eso, cuando se planteó la exploración de “La Chulita” como reemplazo del agotamiento de las minas de Trongol, pues había una clara información de que estaban agotándose, se les autorizó, pero costó bastante. Fue un proyecto elaborado por el directorio y presentado a la Comisión Interministerial integrada por Corfo, la Comisión de Energía y Mideplan, instancias encargadas de aprobar los proyectos de inversión de la Compañía para enviar posteriormente el informe a Hacienda, para que este Ministerio autorizara los fondos.

Finalmente, se obtuvo la resolución de Hacienda, otorgándose los fondos, que nunca fueron puestos a disposición de la Empresa para efectuar los trabajos. Nuevamente “La Chulita” está de actualidad y es posible que se otorguen los fondos para que se hagan las exploraciones pertinentes y pueda iniciarse la explotación, lo que sería con 4 ó 5 años de atraso.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR GUIDO MACCHIAVELLO,DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992

Sesión 13, de 04 de enero de 1995

Se desempeñó como director de Enacar desde marzo de 1990 hasta mediados de junio de 1992, época en la cual, debido a la profunda crisis que vivía el carbón, se decidió fusionar las tres entidades -Carville, Enacar e Iscar- en una sola.

Señaló que cuando se hicieron cargo de Enacar, la empresa ya sufría una crisis muy grande, provocada, fundamentalmente, porque uno de los últimos actos realizados antes de la asunción al poder del ex Presidente don Patricio Aylwin, fue transformar todas las deudas de Enacar, incluso aquéllas de largo plazo, a otras de corto plazo. Todos los meses había que estar pagando altos intereses, lo que constituía una muy pesada carga para la empresa. Así, la principal preocupación consistía en cómo volver a transformar la deuda de corto plazo en una de largo plazo.

Recordó que 1990 fue un año seco; consecuentemente, la energía proveniente del carbón se vendía a buen precio. Incluso tuvieron un año con un balance más o menos equilibrado.

Lo anterior hizo alentar perspectivas de mecanizar las funciones, reduciendo el costo de producción por tonelada, lo que en la práctica se consiguió, pero al año siguiente se produjo lo contrario, es decir, un año muy lluvioso, de manera que una serie de compromisos no se pudieron materializar; mejor dicho, quedaron sin efecto unilateralmente de parte de nuestros compradores.

Otro elemento que afectó mucho fue el bajo precio del carbón colombiano que llegaba a Chile. Entonces, estos dos elementos fueron desequilibrando lo que es la administración, en cuanto tal, y que es propio del directorio.

En agosto, con el afán de reducir los costos, se mecaniza la empresa y se compra una máquina formidable, que iba en un frente de 100 metros, con un grosor de uno, perforando de lado a lado la mina y, en seguida, mecanizadamente, trasladaba el carbón.

Esa maquinaria moderna fue inaugurada en agosto, con asistencia del Presidente de la República, de algunos ministros y de distintas delegaciones.

Con mucha periodicidad, cada dos meses o quizás menos, se nos presentaban estados de cuentas. Se examinaba en forma periódica, ítem tras ítem, cómo se iba desarrollando el ejercicio.

Además de eso, como medida complementaria, existía la ficha que trimestralmente se debía suscribir ante la Superintendencia de Valores. Nunca, durante tal período, la Superintendencia de Valores formuló alcance alguno; de manera que se estaba bastante informado y, cada vez que se presentaba alguna duda, se exigía la presencia del gerente respectivo, en el plano financiero, operacional o técnico.

Agregó que, en particular, le interesaba todo esto, porque él fue quien asumió la responsabilidad de emitir los bonos, por una cantidad de 20 ó 30 millones de dólares, y quien, ante el consejo de la Corporación, constituida por varios ministros, hizo presente que “la única manera que tenemos de transformar a Enacar, de un ‘pasajero de tobogán’, de sacarla adelante, balancear los costos y acercarnos a los costos internacionales es, lisa y llanamente, descargando considerablemente el costo financiero de los créditos de corto y largo plazo”. Fue una operación que duró muchísimo, y le correspondió fundamentar mucho, ante el consejo de Corfo, la responsabilidad que significaba avalar a una empresa que, con todo su capital, si se vendía, les cabría responder por los 30 millones.

En cuanto al Manto Tres y la crítica por la maquinaria que se compró, recordó que los estudios de factibilidad técnica y económica fueron respaldados por profesionales altamente especializados, quienes sostuvieron que esa era una fórmula para bajar el nivel de costos. El sistema estaba funcionando perfectamente; pero, inesperadamente, se produjo una falla geológica. Cuando ésta ocurrió, se consultó acerca del porqué no había un informe que mencionara esa falla geológica, respondiéndose que estas fallas no son permanentes, sino que las producen fenómenos telúricos o geotérmicos imprevistos. Eso fue lo que paralizó inesperadamente la operatividad del Manto Tres, al margen de los cálculos previsiblemente razonables que habían hecho los técnicos.

Las firmas extranjeras que participaron en el estudio dijeron que no había problemas, pero un fenómeno telúrico era imposible detectarlo e impidió seguir explotando el Manto Tres.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR GONZALO MARTNER,DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992 Sesión 13, de 04 de enero de 1995

Aclaró que lo esencial de la tarea que les tocó asumir, era la reducción de costos, porque así lo ameritaba la situación de la empresa, a pesar de que la situación de precio del año 90 fue positiva y permitió tener un balance relativamente satisfactorio.

Allí se abordó el tema de los costos financieros, que resultaban extremadamente onerosos para los resultados de la empresa, habida cuenta de la situación de deudas de corto plazo que, como se sabe, mantienen tasas de interés mucho más altas que los créditos de largo plazo.

Se estableció la política de transformar la estructura de la deuda de corto plazo en deuda a largo plazo, para lo cual se emitieron, en fecha que no recordaba exactamente, bonos de largo plazo, que significaron una reducción sustancial de los intereses de corto plazo.

Otro aspecto eran los costos operacionales de la empresa. Como se sabe, hay un componente vinculado a remuneraciones, que siempre es un costo importante, habida cuenta de una sobredotación relativamente significativa que mantuvo la Empresa por muchos años, que se quiso abordar con sentido social, a través de un diálogo sistemático con los sindicatos.

Respecto de la parte de administración corriente -que no tiene que ver con abultadas cifras de gastos corrientes o de operación-, el mecanismo de control operaba a través de auditorías externas.

Correspondió también, en ese momento, evaluar un concurso de proyectos que la empresa proyectaba realizar: la eventual construcción de una central térmica y la puesta en práctica de la operación comercial del muelle de la empresa, para lo cual se recurría a auditorías técnicas y, respecto a los planes de inversiones, a auditores externos.

Luego están los mecanismos propios del control de la administración estatal, es decir, la labor periódica de la Contraloría General de la República, sin perjuicio -como lo establece también la normativa vigente en la materia- de los informes contables de auditores externos, que anualmente deben revisar la contabilidad para acompañar a la apreciación del balance sus juicios sobre la realidad de las cuentas.

En lo que respecta a “La Chulita”, recordó que este yacimiento siempre fue un tema presente en las reuniones de directorio, porque tenía que ver con la presunción de que allí había una veta de carbón de alta calidad y con buenas perspectivas de explotación. Aclaró que, durante su permanencia en el directorio, no se tuvo un estudio que conllevara la toma de decisión de ponerlo en marcha. Sí estaba presente el tema de evaluar técnicamente y luego analizar su factibilidad económica y la eventual explotación de ese yacimiento.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR RICARDO SOLARI,DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1990-1992 Sesión 10a, del 13 de diciembre de 1994

Señaló que para la construcción de un puerto en la región se requieren, en primer lugar, recursos privados, y cuando se producía la discusión respecto del puerto de Lota, había que entender que la Empresa estaba reduciendo su dotación a la mitad. La maestranza, el hospital, el puerto, al dejar de formar parte de la Empresa y ser transformados en unidades particulares, obviamente, generaban problemas sociales complejos al cumplirse simultáneamente ambos procesos.

En segundo lugar, cada uno de estos puertos requiere para su propio desarrollo la realización complementaria de obras de infraestructura. Se requieren inversiones públicas, pero éstas son limitadas. Y la que se resolvió hacer en esa parte de la región, es la que conectaba con el puerto de Coronel.

En tercer lugar, estos puertos, para tener rentabilidad como proyectos privados, tienen que entrar en operaciones de manera escalonada en el tiempo, no simultáneamente. Entonces, el Estado inhibió su intervención en la expansión del sector portuario con el objeto de permitir la expansión de rentabilidad privada a los proyectos portuarios. Eso le dio rentabilidad y factibilidad al puerto de Coronel.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR ITALO ZUNINO,PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1992-1994 Sesiones 6a, 8a, 9a y 10a, de 16 de noviembre, 06, 07 y 13 de diciembre de 1994

El exPresidente Aylwin le llamó una noche refiriéndole que tenía un gran problema en ese momento, que era uno de los más graves que existía en el país, y requería de su ayuda. Al haber aceptado, junto con los ministros señores Boeninger, Tohá y otros se realizó una reunión para conversar sobre el tema.

En el transcurso del día se trasladó a la oficina de Enacar para conocer la situación de esa compañía. Los balances mostraban que Enacar tenía pasivos por más de 70 millones de dólares, absolutamente vencidos.

Las facturas tenían meses impagas; asimismo, el IVA y la previsión, en más de tres meses. Enacar, en ese momento, no podía solicitar el subsidio otorgado por la ley 19.129. Su situación económico-financiera era un caos.

Cuando esa administración se hizo cargo, se produjo una discusión con los ministros acerca de si a esta compañía había que declararla en quiebra o no. La decisión fue mantenerla por problemas netamente sociales, comprometiéndose el Estado a resolver algunos de ellos.

En Concepción y Lota hubo tomas, además de una serie de hechos anormales. Posterior-mente, junto con el señor Cruz, a quien se nombró vicepresidente, se decidió viajar a Concepción.

Aún deben de estar los recortes de diarios sobre cómo recibieron al señor Cruz en Lota: las piedras que le lanzaron; lo querían linchar, y un sinfín de cosas.

El Intendente de Concepción, que en ese momento era un señor Ugarte, que estaba reemplazando a don Adolfo Veloso, junto con manifestar sus saludos, le refirió: “Necesitamos reunirnos de inmediato con los gerentes de los bancos de la plaza, porque hoy declararán la quiebra de Enacar”. En diez minutos se reunieron entre 10 ó 12 gerentes regionales de la banca en Concepción.

Se conversó el tema y se logró paralizar un poco la situación. Llegaron a Lota, que era un caos; los dirigentes no se querían reunir con ellos. Se buscó la fórmula de cómo iniciar un diálogo, hasta que se logró comenzar a conversar.

En ese momento se tenía de gerente al señor Zúñiga, quien fue de gran ayuda. Después de mucho conversar, al cabo de 30 días se llegó a un entendimiento con los trabajadores, porque la política fue llegar a un acuerdo a través del diálogo, conversando con los trabajadores, sin forzar nada. Si había acuerdo, se adoptaban medidas; si no lo había, no.

Después de un largo debate se llegó a un acuerdo, que la Cámara debe conocer, en atención a que como se modificó la ley 19.129, el Congreso en su conjunto estaba en conocimiento de todo lo que ocurría en la zona del carbón y de la estrategia del Gobierno.

La estrategia del exPresidente Aylwin fue conocida por todos, también en la Cámara. Se tomaron determinaciones en conjunto, Gobierno con la Cámara de Diputados, que luego se fue aplicando. Se llegó a un acuerdo para modificar la ley, y así se hizo, y con ello se logró que más o menos un 50 por ciento de los trabajadores de Enacar jubilara y el otro 50 por ciento se retirara en forma voluntaria con 1.7 sueldo de indemnización por año.

Junto con el retiro de gente de Enacar, también lo hicieron personas de Schwager y los pirquineros. Se ayudó para que hubiera un gran número de jubilaciones y para ello se contó con el gran apoyo del señor Lima, que era director ejecutivo del INP. Él estaba en representación del Ministerio de Hacienda, junto con el señor Gatica y Mideplan, fundamentalmente, para que a los trabajadores que jubilaban se les hiciera el trámite bastante rápido y con la mayor solidaridad y apoyo que se pudiera haber dado.

De estas compañías del Estado se retiraron del orden de 3 mil 500 trabajadores, entre Carbile y Enacar. En Schwager fue un número importante.

Se hizo un paquete de personas entre jubilados y no jubilados, de mil y tantas personas, que tuvieron derecho a la ley 19.129, y después siguieron los pirquineros en Curanilahue y la gente de Lebu.

Fue un trabajo arduo, agotador, de mucho diálogo. Que se retiraran de todas las empresas del carbón, 4 mil ó 5 mil personas sin que hubiera habido un balazo, que nadie se hubiera metido debajo de la mina, sin que hubiera ocurrido ningún hecho anormal, fue realmente impresionante.

Junto con ello, se trató de buscar todo el aparataje de la reconversión para poder ayudar. Hay algunos parlamentarios y otras personas que dicen que la reconversión fue un fracaso, se olvidan que fue sin aporte del Estado, haciéndose casi con “señales”, ya que no se disponía de recursos.

Costó mucho empujar algunos proyectos que habían en la zona pero, felizmente, según una información aparecida en El Mercurio, ahora se instalarían varias empresas en el área de los parques industriales; el Puerto de Coronel se iba a comenzar a construir en pocos días más; se empezaría la construcción del Puerto de Lebu, etcétera.

La doble carretera o doble vía, de Concepción a Coronel, era un proyecto de largo tiempo y que no se cumplía; pero se logró empujar para que se hiciera. El Puerto de Lebu era un proyecto de más de 60 años y también fue impulsado.

Junto con resolver el problema financiero, el pago de facturas y renovar todos los créditos y bonos de Enacar, solucionar el problema social y llegar a acuerdos con sus trabajadores, se debía manejar una compañía.

El trabajo de su gerente fue extraordinariamente bueno. Este es un hombre independiente de derecha, que fue muy dificultoso encontrar. La misión que cumplió fue extraordinariamente buena, más aun con los hechos a la vista.

El déficit probado de caja del primer año, es decir, antes de que asumiera la administración, era de 22 mil millones de pesos; si a eso se le suma las indemnizaciones que había que pagar a los trabajadores, se llegaba sobre 30.500 millones de pesos, y el gerente logró bajar ese déficit a 18 mil millones de pesos, y el segundo año a 7 mil millones de pesos.

En Enacar se pueden cometer errores como en otras empresas, pero todos ellos fueron debidamente contabilizados.

Aparte de administrar, el directorio debe tener la facultad de otorgar poder al gerente general, ya que quienes administran una compañía son realmente sus ejecutivos.

Los controles sobre el gerente eran muchos. Se celebraban 2, 3, 4 ó 5 reuniones mensuales en las que se nos informaba cómo funcionaba la Empresa, sobre las ventas, la producción, las finanzas, las nuevas inversiones, nuevos proyectos, problemas laborales, situación de los trabajadores, etcétera. Además, se le controlaba a través de empresas auditoras externas, del departamento de contraloría de la propia compañía, de Langton Clarke, de los accionistas, de la Corfo, de la Superintendecia de Valores, etcétera.

Se recibieron instrucciones del Gobierno, pero al margen de éstas se reunieron, una o dos veces por mes, con un grupo de ministros que tenía a cargo el tema del carbón, que lo presidía don Jaime Tohá con don Edgardo Boeninger, en la oficina de éste último. Además de estar informando permanentemente de lo que estaba haciendo este directorio, recibía lineamientos para ir mejorando el camino que se estaba acordando. Así que no solamente se recibieron tales directrices por escrito, sino que una o dos veces al mes el Gobierno se reunía con la administración, y se le informaba y se recibían instrucciones. Al término de esta labor, se recibieron felicitaciones de los ministros y del Presidente de la República por la gestión hecha. Ellos encargaron la misión y fue cumplida.

La función que ejercía cada director era una tarea que se cumplía en equipo. No había ninguna que fuera delegada. Además, es importante destacar que Enacar es una sociedad anónima y, como se ha reiterado en innumerables oportunidades, es necesario analizar la gestión en esta compañía bajo el estatuto jurídico de sociedad anónima abierta, fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros y los demás organismos fiscalizadores de derecho común, como la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos y otros.

La gestión de esta compañía, en cualquier investigación que se efectúe, necesariamente debe hacerse bajo los parámetros de sociedades anónimas abiertas y de las normas de derecho privado, donde el ejercicio de las atribuciones y facultades son radicalmente diferentes de las que emanan de las normas de derecho público, sobre cuya base Contraloría evacuó su informe.

Mantener un doble estándar respecto del estatuto jurídico de esta compañía, en el sentido de considerarla organismo público o empresa privada, sólo contribuye a generar confusiones y en nada sirve el propósito de aclarar las supuestas irregularidades observadas por la Contraloría. Esto de ningún modo desmerece la facultad de tal Organismo para fiscalizar el uso de los recursos en empresas en que el Estado es accionista mayoritario.

A mayor abundamiento, se señaló que Enacar es una sociedad anónima privada, constituida como tal en el año 1921. Posteriormente, en la década del 70, la Corporación de Fomento fue adquiriendo acciones, hasta constituirse en accionista mayoritario.

Esta es una de las pocas empresas que no se expropió ni se nacionalizó. Sus acciones fueron compradas a través de la Bolsa y pasó a poder del Estado. Era una empresa privada y a través de la compra de acciones fue a parar a poder de Corfo. Pero ello no significó el cambio de régimen jurídico de la organización.

En 1981, cuando entró en vigencia la ley N° 18.046, que tiene relación con las sociedades anónimas, y distinguió entre sociedades anónimas abiertas y cerradas, Enacar, dada su composición accionaria, adquirió el carácter de sociedad anónima abierta. Esto significaba quedar sujeta a la supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros, y en su actuación se regía por las normas generales aplicables a todas las sociedades anónimas abiertas.

Los Estados cuando intervienen en la gestión de actividades económicas, no representativas de potestades públicas, tienen la opción de hacerlo a través de distintas modalidades de organización jurídica, según las particularidades de las actividades involucradas.

Entonces, la discusión respecto de si Enacar es una empresa privada o es un órgano del Estado no tiene importancia en razón de su propiedad. Lo que interesa es si esta organización desempeña actividades propias de un órgano público o ejerce actividades de gestión económica en áreas en que compite con particulares.

Si Enacar tuviera por objeto institucional ejercer potestades públicas en el campo de la minería, como es el caso del Sernageomin, tendría que actuar como un órgano público pero como actúa en negocios mineros, lo adecuado es que actúe en calidad de organización privada. Ése es el régimen de todas las empresas del Estado en Chile y en cualquier país del mundo.

Enacar es una sociedad anónima abierta -como se indicó-, cuyas acciones se transan en la Bolsa de Comercio, y que se rige por las normas de derecho privado, lo que implica la facultad de adoptar normas y decisiones internas por parte de la Junta de Accionistas, del Directorio, del Gerente General y los demás Gerentes.

La fiscalización ordinaria de la gestión del Directorio y de la Administración, corresponde a la Junta de Accionistas, a la Superintendencia de Valores y Seguros, y en lo pertinente, a la Dirección del Trabajo, al Servicio de Impuestos Internos y otros organismos fiscalizadores propios de cualquier actividad empresarial.

La Contraloría General de la República debe fiscalizar las empresas en que participa el Estado, pero la fiscalización debe hacerse teniendo presente el régimen jurídico aplicable a la Empresa o Institución que se fiscaliza.

La información en la cual se funda la Contraloría para realizar su informe procede de los registros contables elaborados por la Empresa y de los Informes de Auditoría Interna y Externa y, en consecuencia, no existe ningún hecho observado por la Contraloría que al interior de la Empresa no esté respaldado por su respectiva documentación sustentatoria.

Además, es destacable señalar que la Contraloría practicó un examen de los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda y la Corfo a Enacar, sin que hubiese surgido observación alguna en cuanto a su registro, contabilización y control.

La Empresa recibió aportes fiscales durante el período 1992, 1993 a mayo de 1994, por una suma de 30.448 millones de pesos.

Por otra parte, Enacar, al margen del estatuto jurídico por el cual se rige, es una Empresa que constituye el núcleo central y vital del funcionamiento de tres ciudades de Chile, tales como Lota, Curanilahue y Lebu, las que históricamente se han enmarcado en situaciones de extrema pobreza. A modo de ejemplo, en la ciudad de Curanilahue el 74% de los jefes de hogar se encuentran relacionados con la actividad carbonífera; en Lota el 55%.

Esta dependencia de los habitantes de la zona con la actividad carbonífera es la razón por la cual el Estado ha debido entregar una importante cantidad de recursos durante los últimos cuarenta años. Esta preocupación alcanza incluso a empresas del ámbito privado en que el Estado no tiene ninguna participación.

Por ejemplo, los costos asumidos por el Estado en virtud de la ley N° 19.129 y sus modificaciones, que otorga un subsidio compensatorio a las empresas del carbón, en lo cual no se distingue entre empresas con capitales públicos o privados, o recientemente, el caso de Schwager.

Antes de asumir este directorio, una Comisión Interministerial había concluido que la actividad carbonífera de la Octava Región se encontraba en una crisis estructural irreversible, y que los escenarios futuros eran desfavorables, por lo cual la Empresa debía adecuarse a sus reales posibilidades de mercado.

En virtud de lo anterior, las instrucciones que se recibieron por parte de las autoridades de Gobierno fueron, entre otras, las siguientes:

-Limitar las actividades de la Empresa sólo a aquellas faenas cuya explotación representara el menor costo operacional, considerando las cuantiosas pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y el creciente deterioro del precio internacional del carbón.

-Desestimar cualquier nueva explotación minera o el inicio de otras actividades económicas por parte de Enacar, que pudiesen acrecentar sus déficits operacionales, y

-Apoyar procesos de reconversión productiva y laboral con el propósito de minimizar el costo social de las medidas anteriores.

Por otra parte, la situación de Enacar al asumir este directorio era la siguiente:

La Empresa tenía una dotación de 5.102 trabajadores a mayo de 1992 y un déficit proyectado de 22.000 millones de pesos, que debían ser solventados por Corfo.

La Empresa se encontraba impaga de sus obligaciones tributarias, previsionales y financieras en los últimos tres meses.

Producto de la situación anteriormente descrita, la Bolsa de Comercio de Santiago suspendió la transacción de las acciones de Enacar.

Existía una fuerte movilización social en la zona, en la cual participaban los trabajadores del carbón, sus mujeres e hijos, además de todas las organizaciones comunitarias, lo que se traducía en la toma de calles, caminos y poblaciones, con amenazas de tomarse la Intendencia Regional y avanzar hacia el Palacio de la Moneda. Todo lo cual evidentemente representaba un grave conflicto social y político.

Por lo anterior, el resultado de la gestión de la administración en Enacar fue ampliamente exitosa, ya que entre otros indicadores se pueden mencionar los siguientes:

El déficit de caja proyectado para 1992, según datos entregados antes de que asumiera, era de 22.000 millones de pesos. A esto se debe agregar el pago de indemnizaciones legales y voluntarias, que ascendieron a 8.500 millones de pesos, lo que hace un total de 30.500 millones de pesos.

El déficit real obtenido en el año 1992 fue de 18.000 millones de pesos, logrando un ahorro para el erario nacional de 12.500 millones de pesos en el primer año de gestión.

En 1993, el déficit operacional se redujo a 7.000 millones de pesos, no obstante que durante ese período la Empresa sufrió una profunda reestructuración, por haberse retirado más del 50% de sus trabajadores en forma no programada.

En cuanto a la reducción de personal, que fue una de las tareas prioritarias encomendada, la empresa tenía una dotación de 5.102 trabajadores, reduciéndose a 2.311 en diciembre de 1993. Esta importante reducción de personal se logró sin grandes conflictos sociales ni políticos que afectaran la estabilidad social y el orden público de la zona carbonífera.

Además, se produjo una importante reducción del personal en las empresas carboníferas de las ciudades de Lebu y Coronel.

Se logró una notable reducción de los gastos operacionales. El gasto mensual total bajó de 3.500 a 2.050 millones de pesos durante el período mayo 1992 a abril de 1994, es decir, una reducción del 59% del gasto.

Es importante destacar que el Estado sigue financiando los enormes déficit generados por Enacar, lo que obliga al Fisco a destinar una importante cantidad de recursos a una empresa históricamente deficitaria, lo cual en nada aporta a la superación de la pobreza en la zona.

El Informe de la Contraloría General de la República no formula ninguna imputación a este ex Directorio de Enacar y expresamente lo exime de responsabilidades.

La Contraloría concluye en su investigación que sólo existen eventuales responsabilidades jurídicas para los gerentes generales de la empresa entre los años 1990 y 1994, sólo por dos partidas: una por la de gastos inexcusables, improcedentes, por 85 millones de pesos y, la otra, por deterioros patrimoniales que suman más menos 106 millones de pesos.

El aludido informe tuvo su origen en una denuncia formulada en la H. Cámara de Diputados, y como resultado de una investigación efectuada por la Contraloría General de la República, en la cual señaló diferentes observaciones, sin que en ninguna parte de él se manifieste que existió una actuación dolosa o culpable por parte de este Directorio.

El detalle de las observaciones relacionadas con las presuntas pérdidas ocurridas en Enacar, según el Informe de la Contraloría General de la República, es el siguiente:

1.- Inversiones traspasadas a Gastos por $ 568.545.702.- (quinientos sesenta y ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos dos pesos).

2.- Deterioros Patrimoniales Inexcusables por $ 106.494.299.- (ciento seis millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y nueve pesos).

3.- Gastos Improcedentes por $ 85.206.640.- (ochenta y cinco millones doscientos seis mil seiscientos cuarenta pesos).

Respecto de lo anterior, se hace necesario precisar lo siguiente:

En relación con el punto 1°, la Contraloría General de la República emite una opinión de carácter técnico respecto de la decisión de aplicar un castigo contable referido con la Mina “La Chulita” y otras inversiones traspasadas a gastos. Esta decisión se encuentra suficientemente aclarada y respaldada por los Informes de los Auditores Externos de Enacar (Langton y Clarke), y no ha sido cuestionada esta decisión por la Superintendencia de Valores y Seguros, organismo definido por la ley como el fiscalizador de las Sociedades Anónimas.

La Contraloría General de la República sólo considera en la conclusión séptima, y final de su Informe, que existirían eventuales responsabilidades por las cantidades indicadas en los puntos 2° y 3°, esto es, Deterioros Patrimoniales Inexcusables y Gastos Improcedentes. Responsabilidades que no alcanzan a este ex Directorio.

En definitiva, las cantidades respecto de las cuales la Contraloría ha formulado observaciones ascienden a la suma de $ 191.700.939 (ciento noventa y un millones setecientos mil novecientos treinta y nueve pesos).

La Contraloría General de la República no señala en ninguna parte de su Informe que en Enacar S.A. se hubieran producido pérdidas efectivas de dinero por montos cercanos a los $ 800.000.000.- y que los hechos observados sean representativos o calificables de corrupción o cualquier otra calificativo que signifique la comisión de un hecho que revista los caracteres de un delito, y así lo ha reconocido el propio Contralor General de la República, quien ha manifestado expresamente, en una entrevista que concediera al Diario Financiero, que la Contraloría no ha hablado de irregularidades por $ 800.000.000.- sino de gastos improcedentes por $ 85.000.000.

En relación con los montos observados por el Informe de la Contraloría, muchas de sus partidas corresponden a gastos normales efectuados por una Empresa regida por las normas del Derecho Privado y que fueron adoptadas de acuerdo a criterios de gestión, que pueden ser discutidos, pero en ningún caso significan la comisión de hechos punibles o de conductas empresariales irresponsables.

Como estas partidas objetadas corresponden a decisiones de gestión propias de la Empresa, deben analizarse en el contexto en que éstas fueron adoptadas.

El Gobierno estudió a fondo el problema del carbón. Hizo preparar estudios de análisis de futuro, para ver si era viable o no. Encargó a empresas especializadas en la materia que lo analizaran, y llegaron a la conclusión de que el carbón estaba llegando a su término productivo. Por eso, el Gobierno siguió la estrategia de llevarlo en forma paulatina a su disminución y promulgó la ley 19.129, que permitió la jubilación a los trabajadores; primero, a los 25 años, después, de acuerdo con las modificaciones, lo rebajó a 18 años de trabajos en mina, dando a conocer la estrategia que tenía el Gobierno. Se les dio una serie de otros beneficios. Por ejemplo, se les pagó a empresas para que contrataran trabajadores del carbón, incluidos capacitación, maquinarias menores, etcétera.

En cuanto al tema de los retiros, está el caso de los funcionarios a quienes se pidió que se quedaran el mayor tiempo, que eran los gerentes de producción, de minas. O sea, la gente clave en la Compañía.

Por eso, no se cometieron errores en relación con la ley. Se les pidió que se quedaran a honorarios porque, de lo contrario, la empresa se quedaba sin gente en la parte directiva. Y no se iba a aceptar cometer un error en la producción ni menos en el aspecto de seguridad laboral, porque se podría haber tenido algún problema.

El 11 de mayo, un día antes de que asumiera la administración, el Ministro Jaime Tohá envió un memorando con todo el instructivo. En su carta dice: “Como es de su conocimiento, el Presidente de la República creó, en junio del año pasado, una comisión interministerial integrada por los ministros de Minería, Educación, Planificación y Cooperación, Corfo, Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional de Energía, con el objeto de realizar un diagnóstico y entregar propuestas de desarrollo para la zona del carbón, informe que tengo el agrado de adjuntar. Esta comisión -dice- la cual presidí, concluyó que la industria del carbón de la Octava Región presenta una crisis estructural irreversible y que los escenarios futuros posibles son desfavorables, debiendo ésta adecuarse a sus reales posibilidades de mercado. Su inminente reducción de entre un 11 y 45 por ciento, dependiendo de los escenarios de mercado, conllevará una reducción a lo menos similar en el empleo. Esta situación plantea la necesidad imperiosa de reconvertir el empleo de la zona, para lo cual se requiere la decidida acción del Estado. En este concepto se plantearon variadas propuestas de desarrollo, con la recomendación de que fueran canalizadas a través de la institucionalidad de la agencia de la reconversión.

El Estado estaba aportando y subsidiando a esta compañía desde hace 40 años. El director del sindicato número 1, señor Salazar, dice en entrevista que le hicieron en el diario La Segunda del 12 de septiembre: “Desde marzo que no estamos trabajando porque hemos iniciado un proceso de discusión, donde los dirigentes sindicales estamos un ciento por ciento dedicados a las comisiones que nos propuso el propio Gobierno y no hemos tenido tiempo para trabajar. Enacar tiene déficit desde hace más de 40 años”.

La estrategia llevada adelante en materia del carbón fue aprobada por el Gobierno del ex Presidente Aylwin y el Congreso.

En cuanto a los acuerdos empresas-trabajadores, que correspondió llevar adelante tienen dos aspectos; uno, para trabajadores de superficie que tuvieran más de 50 ó 55 años de edad y más de 25 años de servicios trabajados en la compañía. A ellos se les dio un “puente” hasta que llegaran a la jubilación. Fueron alrededor de 50 ó 100 personas. Dos, una indemnización del 0.7 por ciento sobre el mes que les correspondía por ley, para los trabajadores que se retiraran en forma voluntaria.

Con relación a esto -porque se dice como si fuera algo anormal-, la ley preceptúa que en cualquier empresa privada no se puede pagar menos de un mes por año de indemnización, pero el gerente o el directorio tienen poder para otorgar, desde ahí hacia arriba, cuanto pacten. O sea, pueden pactar el 0.7, el 1, el 2, el 5, el 10 por ciento o pagar lo que estimen conveniente. No hay prohibición, y los gerentes tienen poder para eso.

El objetivo de este acuerdo era pagar el 0.7 por ciento sobre el mes de indemnización por año para que los trabajadores y sindicatos estuvieran de acuerdo, se pudieran hacer las cosas y entrar en diálogo, como se hizo. Por eso no se tuvo conflicto, ya que esto fue conversado y aprobado no sólo por los dirigentes sindicales sino por las asambleas. Grandes asambleas analizaron y estudiaron estas decisiones, lo que fue aprobado por todos los trabajadores. El retiro fue, más o menos, de un 50 por ciento como jubilados y de un 50 por ciento por retiro voluntario.

La presidencia se asumió el 12 de mayo y, a diferencia del resto de los directorios, fue en épocas difíciles.

El acuerdo con los trabajadores se pudo firmar el 26 de junio y la ley fue aprobada en julio.

El retiro era voluntario y no se sabía quién se retiraba. El 30 de septiembre no se sabía quiénes se quedaban y quiénes se iban. Administrar una empresa en esas condiciones es realmente difícil. No se podía tener una planificación para ver quiénes se retiraban y quiénes no, porque no se sabía.

En el anexo 10 del informe de la Contraloría, página 134, hay una serie de puntos que señalan gastos improcedentes por 85 millones de pesos. El punto 1 señala las contrataciones de los señores Luco, Rivera, Torres y Valenzuela por un total de 27.253.860 pesos.

La respuesta de Enacar a la Contraloría observa que las personas aludidas fueron recontratadas, luego de haberse retirado, lo cual no sería posible de acuerdo con la ley N° 19.129, salvo que hubiere autorización de la Comisión Nacional de Energía. En todo caso, es importante tener presente que las personas citadas no se acogieron al beneficio de la indemnización de la ley N° 19.129. Esta gente se retiró con los beneficios generados en el acuerdo con los sindicatos del 26 de junio de 1992, por lo tanto, no estaba impedido por la ley.

Además, estas contrataciones eran absolutamente necesarias para la marcha normal de las actividades. En consecuencia, la empresa, consciente de las limitaciones legales, para evitar daños en la operación, las contrató temporalmente en calidad de profesionales independientes.

Conjuntamente, respecto de los tres primeros profesionales, se iniciaron las gestiones ante la Comisión Nacional de Energía para su contratación, y en cuanto se tuvo el dictamen negativo de este organismo, se puso término al vínculo con los aludidos profesionales. Esta decisión fue conocida por el directorio en sesión 1630, del 9 de diciembre de 1992.

En el caso del señor Valenzuela, que era el contador general, fue contratado sólo para la preparación del informe a su sucesor por un período único de tres años.

El gerente señor Zapata explica en su declaración esta decisión con adecuados fundamentos de gestión, en la pregunta N°3 en el subanexo N°4 del informe de Contraloría. Esta situación era de conocimiento del directorio, según consta en las sesiones N°s. 1630 y 1640.

Los tres funcionarios tenían altos conocimientos de lo que es la mina, eran gerentes de operaciones y los de rango más elevado en toda la parte operativa. Se resolvió recontratarlos y se les solicitó encarecidamente, porque ellos no querían, ya que el manejo de una mina es bastante complicado, y fue exclusivamente para poder tener resultados mejores y evitar que hubiese cualquier accidente como los conocidos.

Con relación al pago del señor Massoni de 969.855 pesos, el informe comienza observando la contratación a honorarios de este ejecutivo luego de haberse retirado y, además, se observa el pago de alimentación y transporte. El señor Zapata explica en su declaración los fundamentos de este convenio (pregunta N°5 subanexo N°4 ante el informe de Contraloría). Sin embargo, en el informe sólo se considera improcedente un pago por concepto de reajuste, al momento de su finiquito laboral ya que, del examen de los pagos por honorarios, se concluye que éstos se ajustaron a las condiciones establecidas en el contrato correspondiente. Este reajuste es observado porque estaba convenido sólo con los trabajadores de Lota.

Se debe destacar que no se hicieron distinciones con los trabajadores de otras zonas, haciendo extensivo el beneficio, como ocurrió en el caso del señor Massoni, en la respuesta de Enacar a Contraloría en el punto 5.5.

En el subanexo 17 del informe de Contraloría, existe una lista de pagos de honorarios entre septiembre de 1992 y noviembre de 1993, que no se encuentran objetados y no existe documento sobre el pago considerado improcedente.

Se estimó que en esos dos puntos anteriores, los pagos son procedentes y no hay ningún error.

En relación con la contratación del señor Alberto Rojas Piñones, que se refiere a pago indebido por 542 mil pesos, se observan pagos efectuados al señor Rojas, por concepto de indemnización por desahucio del contrato a honorarios, gastos y traslado, sin que estos beneficios estuvieran estipulados expresamente.

En el informe de Enacar se expresa que la decisión de término de contrato obedeció, exclusivamente, a evaluaciones técnicas de la gerencia de operaciones, por lo que se procedió al pago de la indemnización pactada.

En la respuesta de Enacar a la Contraloría, punto 5.6, página 27, se dice: “No se acompañan documentos referidos al flete de los bienes del señor Rojas, en cuanto a su procedencia.”. El informe de Enacar concluye que ello fue convenido aun cuando no se incorporó expresamente al contrato, lo cual no le resta validez ya que no estamos en presencia de un acto cuyas solemnidades se encuentren previstas en la ley.

La crisis de Enacar es muy importante, porque ésta no es una compañía que está perdiendo dinero desde hace 2 ó 3 años, sino que lo está perdiendo y además recibiendo aportes del Estado desde hace más de 40 años; así que el tema no es que sea ineficiente hoy día.

En relación con los pasajes de avión de los señores gerentes Zúñiga, Zapata, Ramírez y Torres por 6 millones 231 mil 842 pesos, se alude a que ello no fue estipulado expresamente en sus contratos y se asevera que se trataba de viajes que no correspondían al cumplimiento de sus funciones. El informe de la Contraloría, página 104, dice: “No se entregan otros antecedentes para acreditar la observación”.

El señor Zapata, en respuesta a la pregunta N° 19, informa que la gerencia general de la empresa funcionaba alternativamente en Santiago y Lota, razón por la cual es necesario un constante desplazamiento de los gerentes o ejecutivos. En la respuesta de Enacar a la Contraloría, se expresa que estos pagos se encontraban convenidos en el punto 7.3, página 36.

En la vida moderna y, sobre todo en una empresa como ésta, que tiene oficinas y gerencias en Santiago y Lota, y donde su mayor aporte proviene de la Dirección de Presupuestos y de Corfo, los gerentes tienen que viajar continuamente a pedir recursos, a resolver los problemas financieros en los bancos y a vender además, porque había que vender mucho.

El punto 3 del citado informe, página 104 dice: “Gastos por consumos alimenticios de los ejecutivos, 552.910 pesos. Se observa ese gasto por improcedente, ya que los ejecutivos tenían derecho a una asignación de colación.”. En el sub anexo 28 se agrega un detalle en el cual se consignan 78 consumos, en días distintos, en este período largo de más de dos años, por un total de 552.910 pesos, con promedio por consumo de 7.089 pesos, desde el 1° de diciembre del 92 al 29 de marzo del 94. La respuesta de Enacar a la Contraloría señala que este ítem observado corresponde a gastos de atención a ejecutivos, directores y personas de instituciones o empresas relacionadas con Enacar, por lo que son procedentes; informe referido en el punto 7.3, página 36.

Aquí se demuestra, en cierto modo, cuánto se había apretado la mano para no tener mayores gastos. En 78 consumos, en días distintos, se gastaron 7 mil pesos en promedio. O sea, debe de haber alcanzado para un sandwich o medio sandwich para cada uno.

El punto 4 se refiere al seguro de vida de ejecutivos, por 1.781.392 pesos. Se observa el pago de una prima de seguro de vida efectuado el 25 de marzo del 92 en favor de los señores Zúñiga, Mazzini y otros. El informe de Enacar sostiene que corresponde a una política de la empresa, (informe referido al punto 7.3, página 35). Además, esto no corresponde a la administración del señor Zapata ni a la del declarante. Según expresiones del señor Pedro Huenchur, ejecutivo de la empresa, que constan en el sub anexo 13, hoja N° 3 del informe de Contraloría, a la fecha de término de la póliza no hubo nuevos pagos de esta naturaleza, por lo que el señor Zapata no continuó con esta política y desistió de la utilización de este beneficio que le favorecía. Es decir, el señor Zapata lo terminó. Todos han de saber que en Enacar no es fácil vivir; es complicado y riesgoso.

En el punto 5 menciona celebraciones de ejecutivos por 409.509 pesos. Se observa que en los meses de enero y febrero del año 90 se incurrió en gastos por concepto de celebraciones a ejecutivos de la empresa. Hubo personas que dijeron : “Hubo farras, se regalaban joyas finas, de oro”, con escándalo en la televisión y en la radio. Este es el escándalo. No corresponde a la administración del señor Zapata, sino a enero y febrero del año 90.

En un caso se trata de la celebración del cumpleaños del gerente de finanzas, cuyo nombre no se identifica, efectuado el 23 de enero del 90, en el restaurante de la Colonia Dignidad de esa zona.

El segundo caso trata de regalos entregados al ex gerente general, señor Quiñones, y a su cónyuge. La adquisición de los regalos se efectuó el 2 del febrero del 90.

Estos señores eran funcionarios del gobierno militar, y cuando se retiraron, como es normal, recibieron un regalo. En cualquier sociedad anónima como ésta, es procedente y legal que se otorguen estos regalos. O sea, aquí no hay incumplimiento.

En el anexo número 6 se efectúan las siguientes observaciones a la actuación del gerente señor Zapata: “Pago por compensación de feriado, otorgamiento de préstamos personales, gastos de viaje a La Serena”.

En la declaración del señor Zapata, preguntas 9 y 10, explica que en los pagos por compensación de feriado hubo ciertos errores de cálculos que fueron debidamente corregidos.

En el sub anexo 25 se agregan los documentos contables en que constan los préstamos otorgados y una declaración del señor Plácido Alfonso Bustos sobre los intereses involucrados en estas operaciones. En el informe de Enacar existe constancia de que el señor Zapata efectuó un depósito, en el punto 6.7.

En el sub anexo 27 se inserta una lista preparada por la Contraloría sobre los saldos acreedores de remuneraciones. No se acompañan documentos referidos al viaje a La Serena.

En las conclusiones sobre gastos improcedentes, Contraloría General de la República sólo considera lo siguiente: Pagos en exceso de feriados por 560 mil pesos, gastos estadía en La Serena, 272 mil 75 pesos. Todos los flujos y pagos al señor Zapata constan en la documentación contable ordinaria de la empresa, por lo tanto nunca existió un ánimo preconcebido de ocultar operaciones que estuvieron respaldadas y dentro de la contabilidad. Sí hubo un error, y el señor Zapata lo reconoce.

Los 2 mil y tantos trabajadores de la compañía tenían derecho a un anticipo, a un pago de feriado anticipado y esto es una cultura que se hace por más de 50 años.

Pagos indebidos de indemnización. Los pagos fueron autorizados por el gerente señor Zapata, en cuya declaración explica los motivos por los cuales se procedió a otorgar ciertos beneficios que no contravenían normas legales imperativas sino que respondían a decisiones propias del ejercicio de las facultades de un gerente de sociedad anónima y, además, en el marco de la situación de Enacar, donde existía una política destinada a incentivar la reducción de personal, adecuando su número a las reales necesidades de funcionamiento.

El informe de Enacar, en este punto, concluye que las decisiones del gerente son consecuentes con su facultad de administración y, además, contaron con el asentimiento tácito del directorio: respuesta de Enacar a la Contraloría, punto 6, página 29.

De esto no sólo se tenía conocimiento. Responsablemente la administración lo incentivaba, tanto como los ministros y todo el equipo de Gobierno.

Respecto de indemnizaciones por sobre lo convenido en los contratos, que beneficiaron a los señores Tartari, Luco, etcétera.

En sub anexo número 19 del informe de la Contraloría se incluye el finiquito al señor Luco, en el cual no consta la cifra consignada en dicho informe. No se acompañan documentos referidos a Luis Tartari. En este caso se observa que al trabajador le faltaban sólo dos días respecto del plazo computable para la determinación del beneficio.

Sobre la indemnización fuera de plazo, que benefició a los señores Martínez, Acevedo, Francini, Luna y Cortés, por un total de 22 millones de pesos, de acuerdo al Informe de la Contraloría, página 88, no existen en el informe de la Contraloría documentos referidos a estos pagos. La observación se funda en que la gerencia general otorgó beneficios a los aludidos señores, fuera del plazo establecido en la normativa interna. En el caso del señor Acevedo, el informe de Enacar (punto 6.2, página 30) sostiene que el pago observado era procedente, por cuanto se encontraba pactado expresamente en un anexo de su contrato de trabajo de 30 de septiembre de 1992.

Es importante insistir en que no se ha contravenido norma legal alguna, sino que la gerencia general, en el ejercicio de sus facultades ordinarias de gestión, decidió otorgar los beneficios en la forma que se ha señalado. Estaban de acuerdo con la ley y, por lo tanto, es procedente.

Respecto de anticipos de indemnizaciones no descontadas, por una suma de 2 millones 900 mil pesos, en el sub anexo 23 del informe de Contraloría se encuentra un informe del señor Juan Ignacio Pérez Guevara, jefe del departamento de personal, en el que se señalan los nombres de 16 trabajadores a quienes no se les efectuaron todos los descuentos correspondientes. Se indica que los trabajadores finiquitados durante 1992 fueron más de dos mil, lo que se tradujo en un movimiento de trabajo y de recursos de gran intensidad, produciéndose algún margen de error mínimo si comparamos los 16 casos en que hubo errores.

En la respuesta de Enacar a la Contraloría se indica que los casos fueron 1786, pagándose indemnizaciones por 1 mil 600 millones de pesos: informe referido al punto 6.3, página 31.

En el informe se da cuenta, además, de que se han estado realizando gestiones de reembolso pero, además, recomienda que los trabajadores de Enacar, responsables del pago sin descuento, deben responder solidariamente por los pagos indebidos. Informe de la Contraloría, página 89.

En relación a otros pagos indebidos por retiro, que benefició a los señores Carrillo, Vásquez, Venegas, Costan y Macaya, por una suma total de 7 millones, no constan en el informe de Contraloría documentos referidos a esos pagos. Se produce una confusión de gente en el período de Zapata, Zúñiga y otros.

Es importante consignar que con los aludidos pagos no se transgredieron normas legales imperativas, sino que correspondieron a decisiones en el ejercicio de las facultades ordinarias de gestión.

En el caso del señor Vásquez, existe constancia de que su solicitud de retiro se hizo dentro del plazo enmarcado por la empresa, por lo que no es procedente la observación de que se haya otorgado la indemnización fuera de plazo. Lo anterior se encuentra citado en la respuesta de Enacar a la Contraloría, punto 6.4, página 31.

En el informe de la Contraloría, página 90, se consigna que en los casos del señor Carrillo y de la señora Macaya existió intervención del señor Zunino, la que sólo se limitó a escuchar la solicitud de los interesados.

Sus pagos adicionales fueron hechos por resoluciones del gerente general en el ámbito de promover el retiro voluntario de personal, conforme a la política que se había diseñado para la empresa.

En el caso del señor Costan, la indemnización fue ordenada por el gerente señor Zúñiga, según consta en declaración del señor Huenchur.

En el mes de agosto recién pasado, se retiraron más de 20 trabajadores de Enacar de acuerdo con el mismo sistema que Contraloría está fijando, pagándoles el subsidio de un mes más el 0.5. O sea, este sistema se ha seguido aplicando hasta el día de hoy.

Sobre viáticos a dirigentes sindicales. 576 mil pesos, entre abril y septiembre de 1992, de la suma indicada para actividades sindicales que debieron ser financiadas por los sindicatos, según el informe de la Contraloría, página N° 106. No se agregan los documentos que dan cuenta de estos pagos. El señor Zapata, en su declaración ante los inspectores de la Contralo- ría, explica que se realizaban estas ayudas para mantener las buenas relaciones con los sindicatos e implementar los cambios para el futuro de la compañía.

La respuesta de Enacar al informe de la Contraloría, agrega que la suma objetada dice relación con aportes efectuados para solventar parte de los gastos de los sindicatos con motivo de las gestiones de la ley y de los acuerdos suscritos posteriormente (informe referido a la página 37). Con relación a esto, por tradición y cultura, en Enacar los dirigentes sindicales no trabajan.

Gastos en capacitación no descontados a los trabajadores: 2.738.000 pesos. Se observa el no descuento en los respectivos finiquitos a los trabajadores que asistieron a cursos pagados por Enacar, que finalizaron cuando ya se encontraban en retiro.

En el anexo 14 del informe de Contraloría constan declaraciones de la señora Lorca, gerente de recursos humanos, informando que el procedimiento de descuentos a trabajadores que se retiran por concepto de capacitación nunca ha existido en la empresa. Es importante señalar que la señora Lorca se desempeña en Enacar desde 1967. El informe recomienda iniciar las acciones judiciales para obtener la restitución de los referidos recursos. Es preciso señalar que una de las misiones que se tenían era capacitar a la gente para que encontrara trabajos en otras actividades. En este caso se cumplió exactamente lo que se estaba tratando de hacer, capacitar para que consiguieran un trabajo en otra parte.

En el caso de Enacar, más que el propio informe de la Contraloría, hay que sentarse y analizar profundamente el tema del carbón, porque aquí hay un asunto muy importante. La situación sicológica de los trabajadores es tremenda.

Antes de 1980, el Gobierno militar hizo una serie de esfuerzos para disminuir la cantidad de trabajadores pero, en la época del plebiscito, entre 1980 y 1981, ingresaron a Enacar y Carbile más de tres mil personas.

En el primer año de la administración de don Patricio Aylwin, ingresaron a Enacar alrededor de 700 personas, entre Enacar y Carbile.

Desde entonces, se aplica la estrategia para llevar adelante una situación que se ha ido prolongando en el tiempo y traspasando de Gobierno a Gobierno, de una administración a otra, con muchos problemas, pero no se ha abordado seriamente una estrategia de largo plazo para resolver, según el orden social y normal, la situación del carbón. De repente se dice que la compañía continúa, que deja de continuar; se hace un desarrollo, se paran los desarrollos y una mina debe tener una prolongación de tiempo más allá de cinco o diez años porque, si no, se produce lo que se observa aquí y no se sabe qué hacer, la discusión que se lleva a cabo es agotadora.

Mientras correspondió al directorio estar al frente de Enacar, todas las semanas se efectuaban reuniones con los ministros, con los alcaldes, con los parlamentarios y con las juntas de vecinos. Esta compañía la dirige todo el mundo. Diariamente se reunían con los dirigentes sindicales. El tema del carbón es realmente grave. Una de las consecuencias interesantes que se podrían obtener de esto es abordar el tema seriamente, para trazar una estrategia de largo o mediano plazo o como se estime conveniente. Se debe enfrentar la situación real, dando jubilación y resolviendo los problemas.

Una de las instrucciones que se recibió del Gobierno era la de capacitar a la gente y tratar de que ellos encontraran su reconversión. A todos, sin excepciones, se impartieron los cursos. Además, no fueron pagados por la Compañía sino por el Sence y tampoco está objetado por la Contraloría.

Si se acepta que hubo irregularidades, primero hay que definir si efectivamente lo son. Si las hubo, es una empresa bastante grande y con mucha gente. En el sector administrativo, hay alrededor de 400 personas y siempre puede haber errores de sus funcionarios, tanto del gerente como de cualquier otro de esta compañía. Con relación a ese punto, hay que definir si son irregularidades. Si hubo alguna creo que en una empresa de esta envergadura debería de haber más de una, y quienes sean culpables tienen que responder por ello.

En cuanto a la definición de algunas políticas de remuneración, la compañía tiene políticas de remuneraciones desde hace ya cien años y uno de los temas importantes que se quiso abordar fue cómo cambiar la estructura de los convenios laborales.

Por lo tanto, las políticas de remuneraciones están definidas desde hace mucho tiempo. La actual es la continuidad de esto, porque no se pueden cambiar; es muy difícil hacerlo y los trabajadores se oponen.

Sin la ley, sin lugar a dudas, no podría haberse aplicado esta disminución de trabajadores. Creo que esa ley permitió, en lo fundamental, que hubiera una disminución de trabajadores y se les concediera una serie de compensaciones, se les diera capacitación, se les ayudara a comprar algunos elementos para iniciar nuevas actividades. La ley fue fundamental.

En cuanto al pago indebido al señor Cruz de 4.603.000 pesos, se observa la condonación de deuda del señor Cruz y del pago de ciertas sumas vinculadas a la administración del teatro y piscina, cuyo objetivo era la prestación de servicios recreacionales a los trabajadores de Enacar y a sus familias (informe de Contraloría página 120).

El señor Zapata explica en su declaración que el acuerdo con el señor Cruz tenía por supuesto que los hijos del personal pagarían la entrada a la piscina; como ello no ocurrió, por oposición de los sindicatos, se convino en compensar al señor Cruz por ese menor ingreso.

El señor Cruz, en su proyecto, consideraba la contratación de ex trabajadores de la empresa que además eran minusválidos. También se informa en la respuesta de Enacar. Proceder de otra manera en este asunto tan sensible como la recreación familiar en una zona deprimida hubiera exacerbado aún más sus conflictos sociales.

El teatro, por otra parte, no funcionaba; la piscina estaba rota, era un caos, por lo que se procedió a arrendar, para que se hicieran cargo de las reparaciones, habilitaran el teatro y la gente se pudiese bañar en la piscina. La casa de solteros fue reparada, se hizo una licitación pública y fue entregada. Hoy el único Hotel que hay en Lota es esta casa de solteros, que la administra gente privada sin costo para el Estado, y lo mismo ocurre con la piscina.

El detalle específico de la implementación de las políticas no era de conocimiento del directorio; tampoco fue de su conocimiento una denuncia específica relacionada con los temas señalados.

Con posterioridad al informe de la Contraloría, el directorio tomó conocimiento de esas situaciones y con las restricciones que significaba no estar en la empresa se han podido concluir todas estas cosas.

Esto suma exactamente, punto por punto, las aclaraciones de los 85 millones de pesos. Está todo respaldado en contabilidad; hasta por Langton Clarke, que son los auditores externos, aceptado por la junta de accionistas, por la Superintendencia de Valores, etcétera.

Respecto del tema del castigo de la mina “La Chulita”, junto con un grupo de directores y otras personas, se hizo un trabajo muy meticuloso y largo. El antecedente fundamental en este sentido fue el mandato recibido por el directorio de parte del Comité Interministerial de Ministros que analizaron, estudiaron e hicieron grandes trabajos y fijaron una estrategia para todos los problemas de la actividad carbonífera de la Octava Región.

Los objetivos que se recibieron del Gobierno fueron muy claros: no promover nuevos desarrollos; en el caso específico de “La Chulita”, hacer uno nuevo. Por lo tanto, se castigaron estos estudios hechos antes de que llegara la nueva administración. Todos los gastos efectuados fueron hechos antes de su llegada y, por órdenes precisas de sus mandantes, no se debían abrir nuevas fuentes de producción.

Además de los ministros, el exPresidente Aylwin visitó la zona y estuvo en Schwager, Lota, Lebu y Curanilahue. Incluso algunos parlamentarios estuvieron presentes cuando el exPresidente dio a conocer en Schwager a los trabajadores que se estaba llegando al término del sector productivo del carbón.

El apoyo prestado al señor Zapata no está dado para ser cómplice de supuestas irregularidades, sino que fue por los logros obtenidos en la gestión general de la compañía, que pueden observarse en el balance de gestión. Si los resultados hubieran sido malos, si el déficit del Estado hubiera aumentado, si se hubieran tenido conflictos laborales con la gente, si se hubieran metido debajo de las minas o hubieran hecho tantas cosas, se debería aceptar que cumplió mal su función. Sin embargo, fue al contrario, en el primer año logró una economía para el Estado del orden de 12 mil millones ó 18 mil millones; en el segundo año ese tremendo déficit logró bajarlo a 7 mil millones. Se retiraron cuatro mil personas, se capacitó a la gente para darle nuevas colocaciones, etcétera. El trabajo que se hizo fue muy amplio y trascendente y lo que se debiera hacer es felicitarlo.

Los directores de una sociedad anónima son responsables de todos los temas de que conocen, sea por el informe del gerente o del auditor externo. Estos informaron: “Durante el ejercicio 1992 se ha procedido a castigar en quinientos y tantos millones...” Se tomó conocimiento de ello y se firmó. Si se hubiera objetado, obviamente, se habría dejado nota en el balance o se habría manifestado a los auditores que se objetaba tal castigo. En ese sentido, todo el directorio estaba en conocimiento del castigo de “La Chulita”.

La Empresa no tenía recursos para invertir y tenía un déficit muy grande, sin posibilidades de obtener créditos en el mercado financiero para costear una obra de esa naturaleza. Por lo tanto, se optó por el castigo.

En relación con el castigo de quinientos y tantos millones de pesos, no sólo tenía conocimiento el directorio, sino que también fue informada la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas. Por último, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros en la ficha estadística de codificación que, además, iba firmada por todos los directores.

La mina “La Chulita” está ubicada en la zona de Curanilahue, a pocos kilómetros de la ciudad. La mina estuvo en operaciones entre los años 1900 y 1925. Pertenece a Enacar, que además tiene muchas pertenencias en la zona y también en la Duodécima Región.

Sobre esa mina, al parecer, no había mayores estudios, y por los años 88 al 91 se hicieron éstos y los análisis respectivos. El sondaje y desarrollo de “La Chulita” tuvo un costo aproximado de 380 millones de pesos.

Más que pérdida, es un castigo en un activo contable lo que ocurrió en relación con el citado yacimiento. Tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, se recibieron instrucciones de no abrir nuevos frentes en otra parte que no fuera la zona de Lota, y por ello se pasó a pérdida estos 385 millones, más ciento y tantos millones de pesos que son producto de estudios relacionados con una planta termoeléctrica.

En 1990 ó 1991 en Enacar hubo intenciones de un gran proyecto y construir plantas termoeléctricas. Se proyectaron exploraciones hasta el año 2000. Además, en las pertenencias que tiene Enacar en la Duodécima Región, se hicieron estudios de prospección.

También hubo estudios de multiuso del puerto de Lota, para transformarlo en un gran puerto, etcétera.

No es efectivo que se hubiera efectuado inversiones en maquinarias. Además, todos los gastos fueron hechos antes de la administración de ese directorio. Lo único que se hizo a su llegada fue castigarlos.

Cuando la administración se hizo cargo de esta compañía, esta mina tenía una serie de maquinarias que se mantuvieron. Sólo se contrató personal para sacar las aguas de las galerías y cuidar las maquinarias. Ahí no se hizo inversión, excepto cuando el señor alcalde de Curanilahue y gente de otras empresas privadas, comenzaron a hacer gestiones para que la mina fuera vendida. Junto con ello, los trabajadores de Enacar comenzaron a hacer gestiones para venderla o ponerla en operación.

Se hicieron algunos sondajes para saber si había carbón, encontrándose el directorio con la sorpresa que tiene del orden de un millón y medio de toneladas, de las cuales sólo se pueden operar unas 700 mil, con alto porcentaje de azufre, del orden del 4 al 5 por ciento.

Estos sondajes se hicieron principalmente porque la intención del ex Presidente Aylwin era tratar de vender esta mina a los trabajadores, para lo cual con el vicepresidente y el director señor Carlos Cruz se sostuvieron una serie de reuniones con los trabajadores, con el alcalde y con otras personas, para tratar de incentivarlos en tal sentido.

Respecto del mantenimiento, se dice que se gastaron alrededor de 100 millones de pesos. De ellos, 48 corresponden a la Mina “La Chulita” y los otros 50, al pique Caupolicán, que también estaba paralizado.

Es sabido que todos los gastos producidos en “La Chulita” fueron con anterioridad a nuestra administración. Lo único que se hizo fue mantenerla sin ninguna inversión ni compra de máquinas.

Durante el mes de septiembre de 1994, los medios de comunicación social, nacionales y regionales, anunciaron con una gran cobertura que el Directorio era responsable de una pérdida por $ 800.000.000 en Enacar, siendo este caso presentado a la prensa como un nuevo escándalo de corrupción que afectaba a una Empresa del Estado.

Todos estos antecedentes fueron extraídos del propio informe de la Contraloría y de los informes oficiales de Enacar. Hasta 1991, en Enacar, no existía ningún sistema de control de los inventarios de madera, según el informe de Contraloría, página 9.

En marzo de 1992 se inició un inventario físico de las distintas canchas. Las adquisiciones de bosques durante los años 1990 y 1991 no se encontraban precedidas de estudios técnicos, según informe de Contraloría.

Las observaciones se refieren mayoritariamente a situaciones surgidas con anterioridad a la gerencia o a la administración de este directorio, que decidió, con el objeto de eliminar todos estos problemas, no seguir adquiriendo bosques. De acuerdo con las necesidades, se procedió a la adquisición de maderas dimensionadas puestas en los piques de Enacar y se cerró el departamento de maderas.

En 1992 se llevó a cabo una profunda reestructuración y organización de esta área, incluyendo el término de contrato de los ejecutivos, etcétera, según aparece en una respuesta que entregó Enacar a la Contraloría en el punto 3 de la página 19.

El punto 1 del informe, dice: pago en exceso, compra de madera por 16 millones de pesos.

Se observan diferencias entre lo expresado en contratos de adquisición de bosques y lo obtenido efectivamente por la Compañía. Estas adquisiciones fueron realizadas en 1991 y las diferencias fueron detectadas por el departamento de auditoría de Enacar en 1992.

El punto 2 se refiere a una pérdida por 1.907 metros ruma, avaluados en 51 millones de pesos.

En los inventarios realizados en 1993 se detectaron faltantes derivados de adquisiciones efectuadas en 1991 y operaciones de explotación de bosque durante 1992. Se observa al señor Zapata el no haber iniciado acciones destinadas a identificar responsables por las situaciones mencionadas.

En una auditoría interna de 1993, se detectó que un importante porcentaje de esta pérdida corresponde a mermas por aserrado, que no fueron oportunamente rebajadas de los saldos de libros y tampoco se consideró la rebaja por despuntes y charlata, subproductos del proceso vendido a particulares, según se señala en el anexo número cinco de la respuesta de Enacar a la Contraloría.

Como no había inventario en Enacar sino una especie de barraca donde llegaban las maderas en trozos, se aserraban y esto producía pérdidas como el aserrín, la charlata y una serie de cosas. Nunca se había vuelto a hacer inventario, y cuando se practicó existían estas pérdidas. Se dice que se debió haber tomado medidas para saber quiénes son los responsables de esto. Este es un hecho normal, incluso hay jurisprudencia al respecto. El Instituto Forestal tiene una serie de antecedentes donde se puede determinar cuáles son los porcentajes de pérdidas, etcétera. Si se hubiera iniciado una investigación en este punto, supongo que no se iba a encontrar culpables en 20 años. Si no hay inventario se echan la culpa unos a otros.

En el punto tres se señala la no explotación de 120 metros ruma. Corresponde a un bosque comprado a un señor Olate el 6 de noviembre de 1991, cuya explotación debió iniciarse a principios de noviembre de 1991, y acerca del cual existía un plazo máximo para explotarlo hasta el 31 de marzo de 1992. Al parecer llegó la fecha de término y no se explotó.

En cuanto a una letra notarial a un señor Fierro por 6 millones de pesos, corresponde a una operación en agosto de 1991, en la cual se recibió un documento en garantía que la Empresa no hizo efectivo, ante el incumplimiento de contrato por parte del proveedor. A la fecha de la investigación, no se habían iniciado acciones judiciales; pero la letra está vigente y puede ser ejecutada en cualquier momento. Recién se inició el cobro de esto. El directorio no tenía antecedentes de estos temas.

En la declaración que hace el gerente, también señala que no tenía antecedentes sobre este punto.

En relación a créditos no aprovechados por gastos de capacitación, que son 19 millones de pesos. Esta observación surge de un informe de auditoría interna de julio de 1992 y corresponde al año comercial de 1991, cuya declaración de impuesto a la renta se realizó en abril de 1992. Sobre esta materia no existe un informe de auditoría tributaria especializada. Se observa que la gerencia del señor Zapata no ha realizado una declaración rectificatoria, cuyo plazo venció el 30 de abril de 1993. Se debe advertir que el supuesto menor crédito no genera una devolución automática, sino que previamente se realiza una evaluación por parte del Servicio de Impuestos Internos, el cual debe declarar la procedencia de la devolución de los saldos. Este es un tema entre Fisco y Fisco. Aquí no hay pérdidas; no hay nada.

Después se refiere a la mantención del edificio de viviendas Chullín, de propiedad de la empresa de trabajadores y de Enacar, por 11 millones y medio de pesos. Se observan los gastos de la empresa, en un edificio habitacional, durante el período de transferencia de su dominio a los trabajadores. El proceso de transferencia se inició en 1985 y hasta junio de 1994, según consta en el subanexo N° 37, no se había completado.

No es efectivo, como asevera el informe en la página N° 128, que en 1993 se encontraba concluido el proceso de venta, ya que según antecedentes del mes de mayo a esa fecha sólo se había vendido el 53 por ciento de los departamentos. La casi totalidad de ellos se encuentran ocupados por familias de trabajadores y ex trabajadores, y algunos entregados en comodato a carabineros.

Desde 1987, Enacar tenía contratado un proveedor para los servicios de mantención, porque se entendía que tenía una obligación respecto del edificio hasta que fuera totalmente enajenado, por tratarse de un inmueble construido con fondos del ex impuesto habitacional. Sobre esta materia, existen reclamos de los trabajadores ocupantes por malas condiciones del edificio y resoluciones de higiene ambiental.

Hoy se compra al contratista la madera aserrada, puesta en el pique de la mina. De ahí para atrás él hace lo que quiere con su madera. La guía, por razones tributarias, tiene que hacerse aunque usted regale la charlata. Pero hoy sólo se compra el producto que se necesita y en el proceso de transformación de un trozo en madera hay un 54 por ciento de pérdida. El Instituto Forestal e Impuestos Internos aceptan como pérdida este porcentaje.

Fue Enacar la que inició las grandes plantaciones de bosques en esa zona y toda la generación de la construcción de la planta de Arauco nació de ahí, allá por los años 50 ó 70. Se traspasaron esos bosques desde Enacar a Corfo y ahí se inició la construcción.

El parque de Lota, más que un patrimonio de Enacar, es un legado cultural. El parque lo mantiene Enacar y lo hace por razón social, porque es un fondo turístico; produce utilidades a Enacar y no gastos. Sus ingresos por concepto de entradas son mayores que los gastos.

La piscina y el teatro estaban abandonados, y lo que se hizo fue realizar una licitación pública. Se licitó y un señor ganó la propuesta para dar películas y permitir que la gente ocupara la piscina. El problema que se tuvo con el señor fue que los trabajadores tenían derecho, por contrato colectivo, para que sus hijos se bañaran gratis en la piscina. El quería cobrar y eso no estaba estipulado en el contrato de la licitación.

En cuanto al problema del hospital, del parque y una serie de cosas más. En verdad, cuando se asumió y se planteó separar el hospital de la compañía, la reacción de los dirigentes sindicales fue violentísima; ellos no aceptaban el retiro del hospital y del parque, porque eran parte de su cultura. Pero lo importante es que esta compañía está llegando a su término, porque todos los estudios conducen allí.

Las fallas geológicas que tienen estas minas son realmente graves. Se podría dar una serie de razones importantes, pero lo principal es que el costo que tiene el carbón en Enacar es tremendamente alto; podrá racionalizarse, hacerse cantidad de esfuerzos y no va a ser viable explotarla, según dicen los estudios.

Cuando se llegó, no sólo estaba el problema del hospital, sino el del alcantarillado y el del agua potable, que era de Enacar. Se logró venderlo o traspasarlo a Corfo, y Corfo a su vez lo traspasó a Essbío. La luz eléctrica de Lota alto era de Enacar, los teléfonos de Lota eran de Enacar; es decir, se podrían enumerar una serie de cosas.

Con relación a los edificios, se hicieron muchas gestiones. Se logró centralizarlos en una sola parte y se desocuparon tres, cuatro o cinco edificios estupendos, que fueron ofrecidos a la Universidad de Concepción. Se hicieron gestiones con otras universidades para entregarlos en comodato, y la Universidad de Concepción tuvo interés, pero no tenía el presupuesto.

Se llamó a licitación varias veces y no hubo interesados. En vista de ello, y como los edificios son patrimonio de la compañía, fue necesario seguir con su mantención.

En ambos puertos, (Coronel y Lota), había un gran problema: estas ciudades tenían planos reguladores con una visión netamente turística, por lo tanto, estaba prohibida la construcción de puertos, el desarrollo de industrias y una serie de otras cosas.

En ese momento la primera misión fue abordar el tema en la zona de Coronel para cambiar el plano regulador. Se contó con la ayuda de don Ricardo Solari. Asimismo, el alcalde de Lota colaboró para poder cambiar el plano regulador e iniciar la construcción del puerto de Coronel. Se demoró más de un año en lograr esta iniciativa, hasta que se consiguió.

En Lota se habló con el alcalde para que iniciara los trámites para el cambio del plano regulador y transformarlo de turístico a uno de sectores múltiples. Incluso había que hacer una serie de cambios en las calles, ya que el puerto estaba emplazado en una esquina sin acceso por ninguna parte. Se hicieron los trámites para iniciar este proceso, porque en un futuro cercano este puerto debiera ser múltiple y satisfacer las demandas de la zona. Más aún, varias industrias y empresas deseaban instalarse, pero no podían hacerlo, porque el plano regulador no lo permitía. Después de mucho trabajo y tenaz oposición de algunas personas, se logró conseguir eso. En definitiva, el de Lota es un buen puerto.

Este directorio fue a Enacar a cumplir una misión del Ejecutivo, consistente en aplicar una estrategia muy bien analizada y estudiada, y respaldada por el Congreso a través de leyes que permitieron resolver una serie de problemas en relación con el retiro voluntario de los trabajadores. Fue triste realizar una misión en una empresa del Estado, que se trató de cumplir lo mejor posible y que, al término de ella, se hubiese hecho una publicidad muy dañina para quienes la llevaron a cabo y sus familias.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR JUAN HUGO ZAPATA,GERENTE GENERAL DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1992-1994 Sesiones 11 y 12, de 20 y 21 de diciembre de 1994

En el mes de junio del año 1992 se hizo un estudio económico-técnico de lo que era la compañía, con el propósito de determinar si efectivamente tenía algún sentido positivo la gestión de un gerente general. La razón por la cual se nombró un gerente asesor y no un gerente general, fue porque éste debía realizar un informe y determinar si había acciones que ejercer que permitieran mejorar la eficiencia y, por ende, los resultados tan pobres que tenía la Empresa.

Paralelamente con operar la compañía, se hizo un estudio en conjunto con los ingenieros señores Fuentes y Mazoni, que se entregó en los primeros días de octubre. Se demostró en ese perfil económico que, desde el punto de vista técnico, la Empresa tenía posibilidades de mejorar. Tampoco se ha dicho que sea factible económicamente, sino que se ha señalado que se puede realizar una labor mucho mejor. Por lo tanto, nunca se planteó la posibilidad de terminar con Enacar, que es una empresa con muchos problemas, que afectan seriamente el patrimonio de la Nación, pero que atiende a una comunidad que, prácticamente, es una isla. Si se va a hacer algo, hay que hacerlo en forma gradual y esa fue la tónica de la acción realizada.

Respecto de “La Chulita”, en 1992, era una mina paralizada, que no se pensaba operar en el futuro de corto plazo; menos cuando el Gobierno había encomendado, como misión fundamental, trabajar básicamente en las minas que existían y tratar de mejorar sus resultados.

Por otra parte, los estudios técnicos acerca de la mina y los análisis mineralógicos no indicaban que “La Chulita” fuera una mina de un carbón de mejor calidad en cuanto a azufre o poder calórico al resto de los carbones de la zona. Por ello se tomó la decisión de hacer esta anotación contable, es decir, cargar esos montos que estaban en el activo y pasarlos a pérdida, castigarlos. Esto es un ajuste contable, que se revierte con otra operación contable contraria. Afecta negativamente los resultados de la compañía cuando se pasa del activo a las pérdidas pero, al revertirlo, si la administración considera que va a usar esos bienes y los va a operar, en ese caso va a significar una utilidad, también contable, de la misma cuantía.

El ajuste de “La Chulita” fue conversado con algunos directores, porque un ajuste contable, cuando se define tirar a pérdida un activo, se analiza primero con el personal técnico de la Compañía. Se conversó largamente con el auditor, con el contador general y con el gerente de finanzas y administración de los cuales depende esta actividad. Luego, se hizo con los auditores de Langton Clarke, y todos estuvieron de acuerdo, y, finalmente con los directores. Siempre hay algunos directores que más se relacionan en la cosa concreta, y con ellos se conversó, llegando al acuerdo de que era una medida positiva para el manejo de la Empresa.

Los ajustes contables pueden ser en más y en menos. En el caso de esta Empresa que tenía pérdidas, podían aumentarse o disminuirse; pero ello ocurre por razones naturales. Lo único que se hace es reflejar contablemente una situación real y, efectivamente, aumentan o disminuyen las pérdidas en el resultado de la Empresa. En este caso, aumentaron la pérdida, pero en cualquier momento se revierte ese ajuste contable y va a aparecer la misma utilidad o resultado positivo.

En cuanto a si se considera correcto que la Empresa recontratara personal, pagando el 1.75; realmente, el pago fue de 1,70 no 1,75. Ese fue el tope que existió en el convenio empresa-trabajadores. Es absolutamente correcto hacer las cosas como se hicieron. La misión era reducir la dotación de la empresa, y si se hubiera emprendido una cruzada de reducción de dotación con debilidad, realmente la gente no se decidiría por retirarse de la compañía. Se fue claro, terminante y categórico en cuanto a que tenía que reducirse la dotación, y se tuvo un éxito rotundo desde el momento en que, de 5.102 trabajadores, quedaron 2.311. Eso no se consigue con ambigüedades y debilidades. Eso se consigue solamente si se toman medidas a fondo, en serio.

Esa es la razón por la que se fue consistente en ofrecer a todos los trabajadores de la empresa, sin mediar el nivel que tuvieran, la posibilidad de negociar su retiro. Se comete un error cuando se habla de despidos. Se está hablando fundamentalmente de retiros voluntarios, en los cuales cada trabajador definía su situación futura, analizando la situación concreta de la Empresa y sus posibilidades personales en el campo laboral externo.

Se trataba de reducir el volumen de la empresa, su dotación, costos totales y la dependencia del erario nacional. Es decir, reducir el aporte recibido anualmente del presupuesto nacional. Si se considera ese aspecto, según el mandato que se recibió, la gestión fue brillante, porque reducir la dotación de 5.102 personas a 2.311, es más de la mitad. El total de dinero que se mueve, bajó de 35 mil millones al año, a 25 mil millones, por lo que se está hablando del orden de un 33 por ciento.

Con respecto a la dependencia del erario nacional, en junio del año 92, las proyecciones de peticiones presupuestarias al Ministerio de Hacienda eran del orden de 22 mil millones de pesos. Si a esto se le agrega los 8.500 a 9.000 millones que significó el pago de indemnizaciones a los trabajadores que se fueron, se obtiene una cifra cercana a 31 mil millones, y solamente se pidió al erario nacional 18.500 millones. Son guarismos contables que pueden ser chequeados en los libros y registros de la Compañía.

Se sostiene que hoy está siendo buena la gestión en la empresa debido a un nuevo plan del Gobierno, que planea mejorar la forma de trabajo en la empresa. Hay un plan, pero está basado en estudios que se hicieron en su gerencia. Las personas que están manejando esto fueron contratadas en la misma oportunidad. El actual gerente general subrogante, ingeniero civil de minas que viene del cobre, es una persona con conocimientos suficientes para desarrollar una labor importante y tratar de obtener la mejoría en los resultados de la empresa. Se puede hacer bastante. Hay que trabajar con criterio moderno, con tecnología de punta.

En cuanto a las objeciones formuladas por los gastos del parque, del hospital y de la casa del directorio, cuando se habla del parque y del hospital, se refieren a algo que es parte del capital de la comunidad. Los señores Diputados que han estado en la zona tienen clara con-ciencia de lo que significa el parque y el hospital para la comunidad, no solamente para los trabajadores de Enacar.

Es efectivo que se gasta un poco en el parque, alrededor de 45 millones en el año; pero como hay un ingreso del orden de los 25 a 30 millones, por lo tanto el gasto inorgánico es del orden de 15 a 20 millones.

En este caso, no se conversó con instituciones, sino con particulares, sobre la idea de la creación de una corporación de derecho privado, con el propósito de preservar el parque como un bien de tipo nacional. Lamentablemente no se tuvo el apoyo suficiente de la empresa privada, que era la que interesaba conquistar, para haber concretado este proyecto.

Es un orgullo poder decir todavía que tenemos un parque en Lota, en muy buenas condiciones. Llegan visitas extranjeras y de Concepción a ver el parque, y quedan maravilladas que dentro de esa pobreza de ambiente se cuente con un parque bien mantenido, con flores, con árboles, con gente preocupada de la limpieza. Fue una preocupación, a lo mejor errónea, pero se hizo creyendo que era el criterio que correspondía.

En una zona paupérrima como Lota, no se podía abandonar un hospital. Además, él está incluido en las negociaciones colectivas que permanentemente ha tenido la Empresa con sus trabajadores. Ellos armarían una tremenda revolución si se les quitara esta granjería, esta facilidad de contar con hospital, porque ha servido mucho a la gente pobre, a nuestra gente, no solamente a los trabajadores de Enacar, sino a la gente de la comunidad, dándoles un buen servicio y a costos muy bajos.

En lo referente a la casa del directorio, realmente lo que se gasta en ella es poquísimo. Si se piensa que hay 5 personas que trabajan ahí, que explican alrededor de 15 de los 20 y tantos millones que se gastan en el inmueble al año.

Se cree que es un gasto razonable, porque durante la gestión no se usó para otros fines que los propios de la empresa. No hubo fiestas ni actos de tal naturaleza.

La Empresa no pudo vender la mayoría de los bienes propios y que habían quedado disponibles. Se tomó la decisión de concentrar las actividades de la empresa en la oficina del pique “Carlos”, con lo cual se dejó disponible una serie de edificios que se licitaron a través de El Mercurio y del diario El Sur, de la zona. Lamentablemente no se tuvo éxito y no se consiguió venderlos ni arrendarlos. Sólo con algunas cosas se pudo hacer, por ejemplo, las ex casas de huéspedes y de solteros, se unieron; se repararon y reacondicionaron y fueron arrendados para hotel, ya que Lota no lo tenía. Se pensó que era un servicio que permitía a esta ciudad recibir más gente.

Son opiniones subjetivas decir que diez a quince millones de pesos fueron gastados inorgánicamente en la casa del directorio para el propósito de que cumpla diversos fines. Pero pensemos que, si no funcionara, igual se tendría que efectuar gastos para su mantención. A pesar de que un edificio se mantiene, dadas las hostiles condiciones climáticas de la zona, el deterioro que este bien tendría al final de un período sería desastroso. O sea, la casa del directorio, se perdería.

Habría que hacer algo de fondo, sin embargo, con todos los bienes que la Empresa tiene, a los cuales no se les puede sacar partido productivo, porque eso corresponde a una planificación, a una política orgánica efectivamente real, que así lo permita, porque sólo con intenciones no se consiguen las cosas.

Quedaban 5 personas en el rol privado al retirarse de la empresa, de un total de 12 que había en un principio. Las prácticas modernas de administración dicen que en la gestión tiene que acortarse el conducto entre los que mandan y los que hacen las cosas. En eso se estuvo, tratando de achicar la pirámide, la estructura orgánica de la empresa, con el propósito de que jefes, gerentes y ejecutivos estuvieran más cerca de la gente que está haciendo la labor efectiva.

Parte importante fue vender esta idea al personal de la compañía, porque es una empresa tremendamente tradicionalista. Tiene 142 años de existencia, e introducir ideas innovadoras en el manejo de la gestión es difícil, labor que se efectuaba permanentemente. Se tenían reuniones periódicas con ejecutivos y con gente de otros niveles tratando de vender estas ideas, para que entendieran efectivamente que llegar a jefe no significa dejar de trabajar, sino trabajar más para demostrar que realmente le corresponde esa posición.

El hecho de que se llame rol privado es una simple denominación. No se conoció instrucción alguna de Corfo que impidiera o vetara contar con esa denominación y tener gente bajo esas condiciones dentro de la empresa.

Acerca de la letra de un señor Celedino Fierro, mencionada en el informe efectuado por los empleados de Contraloría, lamentablemente, no se supo de la existencia de ella.

Esta es una empresa grande que movía 35 mil millones de pesos al año, donde laboraban 5 mil 102 personas. Había siete u ocho gerencias; se terminó con una serie de unidades, como la forestal y una serie de cosas de esa naturaleza, así que es perfectamente explicable, aunque no justificable, que no se conociera la existencia de esa letra. Si se hubiera conocido, se habría ordenado su cobro.

Debe haber muchas otras cosas que no se conocieron, por razones obvias. Se sabe que una empresa es como una pirámide y cada uno de sus peldaños tiene atribuciones, funciones, obligaciones, responsabilidades distintas.

Todo esto se va colando hasta llegar a la gerencia general, que debiera actuar, fundamentalmente, por excepción, y controlar la correcta ejecución de las tareas normales y excepcionales de los distintos estamentos de la compañía.

Después se habla de bosques y maderas. En la empresa “Mossomena”, en Curacautín, que tuvo las instalaciones más modernas en el manejo de la madera hace muchos años, se desempeñó el declarante como gerente de operaciones. Antes de pasar a ser propiedad del Banco Español, se exportó una cantidad importante, alrededor de 12 millones de dólares, de casas prefabricadas. Por lo anterior, tuvo la oportunidad de conocer los procesos de producción, los bosques y saber un poco más acerca de lo que significa este material tan noble y difícil de manejar, como es la madera.

Es un trabajo complejo de especialistas; no es cuestión de tomar una sierra y cortar un árbol. Es complicado, sobre todo por las responsabilidades que se generan.

Hay que darse cuenta de que la madera es una materia viva, dinámica y que permanente-mente está cambiando y siendo afectada por condiciones climáticas y bacterias. Hay miles de características que producen pérdidas o mermas en su manejo.

El problema fundamental fue que no se registraron oportunamente las mermas que correspondía; tal vez, fallaron las estadísticas.

En cuanto a las diferencias existentes al investigar se estableció un manejo caótico, en todo lo referente a la parte forestal, desde siempre. Realmente lo primero fue terminar con la unidad de gestión forestal, porque no había forma de salvar a ese enfermo. La única manera era desahuciarlo, liquidarlo y partir con un sistema nuevo, incluso se terminó con la cancha de madera. Es decir, en la empresa no se usa más una sierra. No hay mermas, no hay pérdidas y Enacar, ahora, compra madera dimensionada, de acuerdo con las cantidades y especificaciones dadas por los técnicos que usan la madera y puesta en los carritos que entran a la mina.

Ese fue el proceso que se implantó, tratando de usar la cabeza, el sentido común y un poco de tecnología.

Se produce el aserrín que no tiene utilización, por lo menos en la zona; incluso al tenerla al aire libre y no estar bien hechos los programas de utilización, efectivamente se va deteriorando la madera y abriendo. Eso sucedía en la empresa y, posiblemente, con un manejo adecuado y eficiente de la madera no haya pérdidas, pero el aserrín siempre las produce.

El sistema de anticipos y préstamos es de uso común en todas las empresas del mundo. En Enacar es un sistema consagrado, aun en los convenios colectivos con el personal aparecen los anticipos y los préstamos. Por lo tanto, en lo que se refiere a sus anticipos y supuestos préstamos manifestó sentirlos como absolutamente legítimos, porque era una institución que se usaba por todo el mundo.

En el caso de los supuestos gastos improcedentes referentes a la indemnización de los señores Luco, Martínez, Acevedo, Luna y Cortés, en general, el propósito fundamental de esta decisión estuvo de acuerdo con políticas dadas a la gerencia por el directorio, con el propósito de reducir la dotación en forma consistente en todos los niveles que correspondiera. En cada uno de los casos hubo una negociación, porque la gente no tenía tan claro si se quedaba o se iba. O sea, había que negociar con ellos, sobre todo en los de sueldos más altos, para tratar de reducir la cabeza de esta Empresa que estaba un poco desmesurada.

En cuanto al índice del 1,7, éste se generó en las negociaciones de la Empresa con los dirigentes sindicales y después esto se transformó en el acuerdo Empresa-Trabajadores, que operó paralelamente con la aplicación de la ley N° 19.129. Cuando hay una negociación, ambas partes tienen pensada su estrategia. En el caso de la Empresa, se analizó hasta dónde se podía llegar, y el punto crítico era del orden de 1,7, al cual, en definitiva, se llegó. Fue un acuerdo con los trabajadores.

La liquidación de los señores Luco, Rivera, Torres y Valenzuela, no estaba basada en la ley N° 19.129, sino que ellos se retiraron considerando el acuerdo Empresa-Trabajadores de 1,7 sueldos por año de servicio. En este caso, se negoció exactamente igual que con cualquier otro trabajador, porque parecía injusto, aunque se pensara en la posibilidad de que ellos siguieran trabajando para la Empresa, de lo que no se estaba seguro y que después no se permitió, restarle beneficios que le correspondían, considerando que eran trabajadores como cualquier otro de la Compañía. Se les dio el mismo trato que tuvieron todos los trabajadores que negociaron su retiro. No hubo consulta previa al directorio, porque éste había dado la instrucción específica de hacer estas cosas, teniendo como tope 1,7 veces el sueldo mensual por cada año de servicio. Evidentemente, cuando se maneja una situación con 5.102 personas, la operativa indica que deben haber lineamientos centrales que permitan hacerlo lo mejor que se pueda.

La razón del pago de feriados. En la Empresa se acostumbra comprarle el feriado a los trabajadores. Se hizo en innumerables ocasiones. Lamentablemente, fue equivocado y no se tuvo una rectificación de parte del personal, porque, si así hubiera ocurrido, no se habría hecho. Efectivamente, cuando se señaló que no correspondía que se comprara el feriado, porque esto se hace después de dos años, se impartieron instrucciones para que se cambiara por un préstamo contra el finiquito, cosa que se fue pagando mensualmente y el saldo se pagó contra el finiquito.

En el caso del hospital, se trabajó en Iscar, la Isapre del carbón, formada por trabajadores de la Empresa. Se hizo un estudio para crear una corporación de derecho privado, una fundación, que tendría como propósito concentrar ambas actividades para dar un mejor servicio, incluyendo al resto de la comunidad en forma oficial, buscando la manera de trabajar más como empresa, haciendo promociones. Se conversó con instituciones de salud, con Isapres, pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. Incluso los estatutos de esta fundación están hechos y aprobados por el directorio de esa época.

El curriculum de quien se desempeñó como gerente asesor es el siguiente: “Juan Hugo Zapata González, ingeniero comercial, contador auditor y contador registrado; 35 años de experiencia como profesional. Ha desarrollado labor académica en la Universidad de Chile, como profesor de distintas cátedras, en las Escuelas de Economía y de Contadores Auditores. También dictó clases en la Escuela de Ingeniería Forestal de la misma Universidad, en materia relacionadas con su especialidad. Se le encomendó por el Rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas, crear una sede de la Universidad de Chile en Arica, donde se estableció una escuela de técnicos en administración de empresas, con el propósito de llenar un vacío que existía entre los profesionales. Consistía en formar profesionales de nivel medio, porque había suficientes ingenieros y muy poca gente que pudiera interpretar adecuadamente las medidas reorganizadoras que estos profesionales tenían interés en poner en práctica. Coordinador de las cátedras de administración de empresas, en la Universidad de Concepción, el año 1959. Profesor de innumerables cursos de extensión desde Arica a Concepción. Ha trabajado como ejecutivo de primer nivel, tanto en Chile como en el extranjero. Gerente general, durante 11 años, en la empresa Bolocco. Como asesor, trabajando dos días a la semana y terminando como vicepresidente ejecutivo de la empresa central, el año 71. Vicepresidente ejecutivo, en Argentina, de la firma Gilera Internacional, por dos años. Ha sido consultor de empresas, ejecutivo, gerente de operaciones, gerente general y gerente comercial en distintas empresas. La última, antes de Enacar, fue Patagonia Conection, empresa turística que puso en marcha, organizando un sistema de viajes a la Laguna San Rafael, con la implementación del catamarán Patagonia Express, instalando un hotel en Puyuhuapi. Organizó para la Universidad de Atacama una corporación pro desarrollo de la Universidad, junto a 30 empresarios de la comunidad, con el propósito de proyectar aquélla como un motor de desarrollo de la región. Ha sido consultor de empresas y de microempresas. Ha hecho estudios de microempresas para las municipalidades de Conchalí, Lampa, Combarbalá, Illapel, etcétera. Ha participado en la confección de un banco de proyectos que hizo el Servicio de Cooperación Técnica, entregando alrededor de 15 proyectos para hacer microempresas y que se encuentran en la biblioteca del Servicio de Cooperación Técnica, a disposición de cualquier interesado que quiera usarlo para instalarse en este tipo de actividades. Casado, con 34 años de matrimonio, cuatro hijos.”.

Con el señor Italo Zunino, ex presidente del directorio, se conocen desde hace muchos años y, por ende, su trayectoria en la universidad y en las actividades privadas que ha tenido. Él le planteó esta posibilidad, después se conversó en el directorio y lo contrataron como gerente asesor.

Cuando se maneja un proceso como el que se tuvo en Enacar, en el cual se está reduciendo el tamaño de la Empresa, para buscar un nivel y dimensiones distintas que le permitan ser efectivamente económica, su manejo es muy complicado, sobre todo si se piensa que su reducción de la dotación era personal y voluntaria. No era posible que se interviniera en la decisión de los trabajadores, porque era contrario al espíritu de lo que se estaba haciendo y, por ende, no se podía conservar aquella gente que era de buen nivel y un gran aporte para la Empresa.

Por eso, efectivamente, al terminar el proceso, hubo vacíos en algunas posiciones. En algunos casos hubo que tomar terceros contratistas para que colaboraran en algunos trabajos, los que siempre fueron temporales. No hubo contrataciones permanentes.

El gerente general de la Empresa sólo tomaba parte en las decisiones relevantes, pero en las específicas, no. Había otros niveles de la compañía encargados de su decisión.

En el programa que se plantearon y establecieron, figuraba una mecanización e incorporación de nuevas tecnologías al quehacer normal de la Empresa y mientras no se tuviera esa nueva tecnología ni esas nuevas máquinas y equipos, se tenía que buscar ayuda transitoria de terceros que, llegado el momento en que se contara con los recursos, evidentemente se prescindiría de ellos.

El carbón es un producto que está en franco retroceso en el mundo. En todos los países se está racionalizando y, en algunos casos, se está terminando con la industria carbonífera, como Alemania, Bélgica, España, Francia, Japón.

Se tuvo contacto con un ingeniero representante de la empresa alemana Bochumer, con el cual se conversó el tema. Ellos bonifican la diferencia igual como se estaba haciendo por la administración de Enacar. Por ello se pensó que se estaba cumpliendo un proceso normal que, en este tema, se da en el mundo. El carbón puede que sea en un futuro próximo un producto importante, pero hoy, está sufriendo esos avatares.

El plan que la Empresa tiene, actualmente, basado en estudios realizados por la administración, es correcto. Eso es lo que hay que hacer, trabajar en pro de mejorar la productividad y la eficiencia.

En cuanto al hecho de haber solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales los permisos correspondientes. En esa época se estaba tratando de eliminar o solucionar lo que causaba problemas: gastos, mantención, cuidados, vigilancia de los bienes que estaban en Curanilahue, etcétera. Se trata, por lo demás, de una sociedad anónima y ésta no tiene por qué consultar a Bienes Nacionales al tomar sus decisiones. Una sociedad anónima tiene un gerente y una cierta definición de sus atribuciones; si no está claro, pregunta a su directorio, que define si se hacen o no determinadas cosas.

Acerca de los costos de personal, que se compara con lo que era antes de 1992 y con lo que era a fines de 1993, cuando se llegó al término del proceso de reducción de dotación. La reducción de dotación se refleja claramente en los montos, porque fue una reducción general.

Las remuneraciones bajaron en proporción similar a las cantidades y valores en el período 92 y fines del 93.

En la empresa había personal de planta y a contrata: 5.102 personas de planta y alrededor de 700 u 800 personas contratadas, en las diferentes secciones de la empresa, en maestranza, en la mina, etcétera. Se fue reduciendo ambas cantidades, porque no solamente se hizo referencia a la reducción del personal de planta sino también a los contratistas.

Los contratistas no están computados en el ítem remuneraciones que contablemente se muestran en los balances de la empresa, por lo tanto, no puede referirse a eso.

Las alzas de remuneraciones se refieren a una cantidad modesta de gente, que cambió substancialmente de posición. Se menciona en los anexos del informe de Contraloría a un ingeniero de apellido Navarrete. Este señor empezó como aprendiz, estudió en la escuela industrial; después fue a la universidad y se recibió de ingeniero civil en minas. Es una persona con méritos sobrados dentro de la empresa para ponerlo como modelo y ejemplo, cosa que se hizo. A fines del período asumió posiciones de alta jefatura dentro de la empresa, por las razones lógicas de una persona, que con sus méritos, había llegado a tener una calificación excepcional. Esa persona es la que se menciona que se subió un 300 por ciento. Es obvio. Se tiene que pagar a una persona por el cargo que desempeña.

También está el caso de los electromecánicos, gente fundamental, porque son la base no solamente de la mantención de las operaciones de la mina y en la planta de lavados y de la superficie, sino de la extracción del carbón.

Además, hubo algunas excepciones y se subieron remuneraciones en ambos casos. Todas las alzas de remuneraciones que existieron están justificadas y corresponden, básicamente, a cambios de posición de trabajadores que antes ejercieron una labor 10 y ahora están ejerciendo una labor de nivel 3. No altera el volumen de los valores que se están pagando en remuneraciones.

Paralelamente, también se rebajó substancialmente la cantidad de contratistas, lo que se informó a las autoridades. En los 34 reportes que se hacían todos los meses, hay uno que habla específicamente de la disminución de personal, y menciona tanto al personal de planta como contratado.

En cuanto a que hubo despidos indiscriminados. Se redujo la dotación voluntariamente. Cuando se habla de reducción voluntaria tiene que ser indiscriminada, porque el concepto de discriminar significa que se selecciona a quiénes despedir. El tema se conversó en muchas oportunidades con los dirigentes sindicales. Voluntario significa que cualquiera puede acogerse al beneficio de la ley, y no que se imponga quiénes pueden hacerlo y quiénes no. La ley fue hecha con el propósito de que, voluntariamente, la gente se acogiera a ella, tanto a la ley misma como al acuerdo empresa-trabajadores; por ende, no era posible que se planificara quién se iba a quedar. No había otra forma de hacerlo. Se necesitaba cumplir con claridad y en profundidad el propósito de la disposición: que se fuera la mayor cantidad de gente posible. Eso iba a significar un problema, es cierto, pero no había otra manera de hacerlo, porque, de lo contrario, se estaría torciendo la nariz a la disposición legal.

En el caso de los contratistas, en ningún momento se repusieron trabajadores. Dentro de la cantidad de contratistas que habitualmente se tenía, sin variarla, se usaba gente y se orientaba a los vacíos que el personal especializado de operaciones planteaba como necesario. Con 3.000 trabajadores menos, indudablemente que faltó gente indispensable para la empresa y hubo que recontratarla porque, de otra manera, la Empresa quedaba acéfala.

Dentro del manejo que se tiene como gerente general de una empresa, se justiprecia o evalúa que, efectivamente, los ascensos y mejorías de remuneraciones se hagan fundamentalmente por la capacidad de cada persona. Es decir, cuando se cambia a un trabajador de la posición 10 a la 8, evidentemente se tiene que gratificar con un aumento en su remuneración, porque se le está exigiendo desempeñar un cargo con mayores dificultades y para el cual requiere superiores conocimientos, mayor destreza y tiene que llevar a la empresa a un mejor resultado en la posición que está ejerciendo.

Todos los ascensos que se mencionan y que hubo en el período, corresponden a cambios de posición de la gente en la Empresa, es decir, mayores responsabilidades que las que se tenían. Todos se refieren a ascensos por mejorías de capacidad o necesidad de enfrentar posiciones de mayor responsabilidad.

En cuanto al 1.7 de indemnización. Primero se hizo el acuerdo, -la ley 19.129- y paralelamente se negoció con los sindicatos hasta llegar al acuerdo del 1.7 veces el sueldo mensual por años de servicio trabajado. Y después que se tuvo el acuerdo se permitió a la gente, en un plazo específico, acogerse a él.

Por lo tanto, al tratarse de una decisión voluntaria y personal, mal podría la gerencia incidir en quién se quedaba o se iba y por lo tanto es imposible pensar en racionalizar, porque si se racionaliza significa que se está usando la razón para decidir quién se queda y quién se va y por ende no hay voluntariedad.

Se compró madera por el sistema que haya sido: metros ruma, al boleo, etcétera. Pero esa madera está estacionada en las bodegas, en las canchas de madera de la Empresa y se procede a hacer un inventario físico concreto. Eso es lo que se hizo al hacer este inventario, que determinó el cambiar la modalidad en el manejo de la madera. No existe la palabra “bosques” cuando hablamos de Enacar, de comprar bosques, que es un trabajo muy especializado y se necesita gente que sepa de eso fundamentalmente. Como es tan especializado, existen muchas posibilidades de que se incurra en errores y, por lo tanto, no se acepta ese sistema. Aparentemente costará más caro comprar madera dimensionada, pero al final saldrá más barato. No se tiene a la gente, no se tienen los problemas ni la responsabilidad, y no se necesitan los cuidados, pagando lo que se necesita.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR CARLOS CRUZ, DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1992-1994 Sesiones 6a, 7a, 9a y 10a, de 16 y 22 de noviembre, y de 07 y 13 de diciembre de 1994

Los directores de la compañía no fueron entrevistados por el personal de la Contraloría que estaba haciendo la investigación.

Se intentó, a través de la empresa, fijar los puntos de vista respecto de la gestión realizada. Siempre se pensó que la investigación era de carácter administrativo y no de gestión, por lo que parecía oportuno y pertinente que la Contraloría realizara esta investigación. El fisco es un importante apoyo para subsanar los errores que se cometen en la administración de la empresa.

En cuanto a la mina “La Chulita”, el directorio del que formó parte se enteró en pleno de su castigo al momento de conocer los estados financieros. Es una decisión que el gerente tomó en virtud de lineamientos generales, de políticas que había formulado el directorio, pero no explícitamente respecto de la mina “La Chulita”. Efectivamente pudo haber existido una transgresión en el ámbito global, lo que habría ameritado una discusión en el directorio.

Sin embargo, se debe ser indulgente en este punto, en atención a la situación que vivía Enacar en ese momento.

Se tenía un mandato presidencial, conocido por todos los directores, que ordenaba el funcionamiento de la empresa y que decía explícitamente que ella y el directorio no tenían facultades para iniciar una nueva explotación. En consecuencia, el gerente procedió en forma correcta.

Durante el año 1993 (mayo a junio), a raíz de una serie de ofertas que se recibieron por parte de empresas mineras de la zona y de los propios trabajadores de Enacar, se discutió a nivel del directorio la posibilidad de transferir a privados la explotación del yacimiento. Ante la insistencia del alcalde de Curanilahue, de los trabajadores de la empresa “Copar”, de los empresarios privados que estaban interesados en explotar la mina, y frente la imposibilidad de Enacar de hacerlo -cerrando una fuente de trabajo del orden de unas 250 personas-, pareció pertinente iniciar un análisis más a fondo de ese yacimiento para, en caso de que fuera posible traspasarlo, ver cuál era la viabilidad técnica asignada a ese proyecto.

Cuando se conocieron algunos elementos de análisis que daban una reserva del orden de 1.600.000 toneladas, una cierta característica del carbón y una posibilidad de explotarlo, se decidió iniciar conversaciones con los propios trabajadores de Enacar, para ver la posibilidad de transferir a ellos la mina. En la comisión que se formó para discutir el futuro de la minería del carbón se trató, específicamente, el punto del traspaso de “La Chulita” a los trabajadores de Enacar, a través de algún mecanismo de administración delegada, acuerdo al cual se llegó en diciembre del año pasado. Lo anterior, sin embargo, no fructificó como consecuencia del cambio de directorio, de una nueva orientación en el manejo de la empresa y de los conflictos que hubo a fin de año en Enacar. Para efectuar la prospección se destinaron del orden de los 15 ó 20 millones de pesos.

En la memoria de 1992, efectivamente se hace mención a la discontinuidad del pique Caupolicán y no se menciona el castigo de “La Chulita”, aunque aparecen descontadas de los activos las inversiones realizadas en el pique “La Chulita”. Tal vez se trate de una omisión en la confección de la memoria. No obstante, en la nota 8 c) del balance de 1992, se hace mención a lo anterior.

Finalmente, se puede citar el documento de los Ministros de Economía, Hacienda, Trabajo, Mideplan, Secretaría General de la Presidencia, Corfo y Comisión Nacional de Energía a su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 8 de mayo de 1992, que dice: “A partir de lo anterior, puede concluirse que la estrategia que se siga para enfrentar la emergencia que actualmente vive la empresa debe ser consistente con el objetivo de reducir en forma importante el tamaño de ésta, renunciar a la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo dentro del área del carbón y concentrar el esfuerzo de Enacar sólo en aquellos marcos económicamente sustentables en la mina Lota. El iniciar nuevos negocios o crear nuevas oportunidades de desarrollo en el sector del carbón sólo consigue mantener a la administración de la empresa y al Gobierno expuestos a las presiones que les han llevado a extender la operación de esta empresa más allá de lo socialmente aconsejable”.

Respecto del equipamiento de la mina “La Chulita”, de acuerdo con un informe proporcionado por la Empresa, se concluye en que no hay incorporación de nueva maquinaria a ella, sino que existe un error contable respecto de maquinaria que se consulta como incorporada a “La Chulita”, pero no es así.

Había una decisión de hacer los castigos. Por otra parte, aunque no fue tratado ni dejado en acta que ellos debían aplicarse, la política de la Empresa apuntaba en esa dirección.

Durante el período no se realizaron inversiones en maquinaria o equipamiento. Lo que sí se hizo, tomando medidas al respecto, fue tratar de preservar los bienes que ya habían en “La Chulita”, de manera que no se deterioraran ni se produjeran pérdidas por ese concepto. También fue necesario contratar un equipo de vigilantes, con el propósito de mantener custodiado los bienes con que la Empresa había alhajado o equipado ese yacimiento.

En relación con la respuesta entregada por doña María Isabel González, no se está en condiciones de interpretarla; sin embargo, se hicieron algunos estudios iniciales, sin que éstos hayan finalizado. Es posible que, en la actualidad, la Comisión Nacional de Energía estime que aún no está la totalidad de los estudios realizados para tomar una posición respecto de qué hacer con la mina “La Chulita”.

En consecuencia, los estudios efectuados por este directorio permitieron determinar, en alguna medida, las características del carbón en ese yacimiento y las reservas existentes.

Los ingenieros expertos en esta materia señalan que para poder explotar un yacimiento de esta naturaleza se requieren estudios bastante más acabados que mediciones de tipo general, como las que lograron hacer durante la gestión en referencia.

Se tuvo un largo debate en el directorio, y las actas así lo pueden demostrar, en relación con la necesidad de complementar las inversiones realizadas en el Manto Tres. Al asumir la administración de la Empresa, las inversiones en el Manto Tres ya se habían realizado. Una de las primeras actividades a las cuales se invitó al Presidente de la República del Gobierno anterior, fue la de inaugurar la puesta en marcha del Manto Tres. Existían, sin embargo, insuficiencias importantes en equipamiento, para poder aprovechar en plenitud lo que había sido esa inversión, que fue bastante cuantiosa, del orden de 30 millones de dólares. De inmediato se iniciaron los estudios para ver la forma de abaratar los costos, contando con la restricción del Estado de no destinar recursos a inversión ni a desarrollo en nuevas actividades de la faena. La única posibilidad era usar recursos propios provenientes del mismo rodaje de la empresa y utilizando equipamientos que, en buena medida, estaban en desuso.

Lo anterior dio origen a una serie de trabajos que son los que hoy permiten sostener que hay un proyecto de desarrollo en la empresa. El proyecto que se está sustentando hoy para afirmar que Enacar tiene una cierta viabilidad en el tiempo, se inició como consecuencia de los trabajos que se realizaron.

Respecto de ese punto, hay un análisis bastante profundo; incluso se creó la opción de conseguir vía leasing maquinaria que permitía avanzar en esta dirección. Lamentablemente, la condición financiera de la empresa no permitió que se concretara, puesto que la falencia económica de la empresa no hacía que fuera sujeto de crédito ni de seguros. De manera que eso impidió concretar la adquisición de maquinaria por la mencionada para complementar la inversión del Manto Tres.

Por otra parte, en el informe de Langton Clarke, realizado el 5 de octubre de 1994, entre-gado en la empresa al señor Luciano Valle, en el cual se analiza el castigo de activo fijo de la empresa, se dice que el equipamiento con que contaba “La Chulita” fue instalado en ella en el período comprendido entre abril del 89 y abril del 92, un mes antes de que asumiera el directorio. Por lo tanto, efectivamente en esta gestión no hubo equipamiento adicional en “La Chulita”.

En la mina se hicieron inversiones del orden de los 238 millones de pesos, hasta abril del año 92. Posteriormente fue necesario, para evitar que la mina se deteriorara, que se realizaran traspasos de equipos que permitiesen desaguarla. Esos 600 y tantos millones de pesos, que figuran en el informe, son equipos que tenían por finalidad desaguar la mina. Los gastos adicionales corresponden a todo el sistema de mantención que es necesario para evitar que esto se produzca.

Respecto de los gastos de la empresa para hacer las prospecciones, se sostuvo que, en un momento, se pensó que esa mina podía generar una fuente de trabajo adicional, para lo cual era importante saber qué es lo que se estaba vendiendo. Eso fue lo que dio origen a estos gastos de prospección, investigación y desarrollo. Desde el punto de vista de la explotación minera, no es posible mantener activada una mina que no va a ser explotada, y eso fue determinado por la empresa de auditores.

La negociación con los trabajadores, la llevó personalmente, la llevó personalmente el señor Zunino y el declarante. Ellos se centraron justamente en ver con qué equipamiento podían contar para explotarla, si es que se efectuaba ese traspaso. Lo que se hizo fue mantener la mina, pero no hubo traspaso de equipo para la explotación. Lo que se determinó fue que, en la eventualidad de que la mina fuera traspasada a los trabajadores, ello se iba a hacer con una mina debidamente equipada, de modo que sus indemnizaciones no significaran un desembolso mayor para equiparla y, por esa vía, permitir su puesta en marcha. La idea era traspasarla en funcionamiento. Ese acuerdo no prosperó. La conversación la llevaron a cabo directamente el presidente y el vicepresidente de la compañía.

El castigo de la mina “La Chulita” fue refrendado por la Superintendencia de Valores.

Un informe de la empresa, haciendo referencia a un informe de Langton Clarke, que rea-firma lo planteado por el señor Mladinic en este sentido, dice: “Por tanto, del análisis del estudio de auditores externos Langton Clarke, se concluye que los castigos contables del año 92 son consistentes con las políticas diseñadas para la empresa y con las normas y principios contables generalmente aceptados. De modo tal que Enacar estima procedente lo ejecutado en esta materia en el año 1992”.

Respecto de si se tuvo conocimiento, como directores, de un informe de auditoría interna, nunca se estimó estrictamente necesario, puesto que la preocupación preponderante era no intervenir en detalles de funcionamiento, sino más bien en políticas generales y, particularmente, a la relación con el medio en el cual esta empresa estaba inserta. Por lo que no era una preocupación fundamental ver cómo se estaban resolviendo los problemas internos de la empresa.

Regularmente se recibían informes de gestión del gerente, que indicaban una marcha de acuerdo con lo que la empresa tenía planificado. Por lo tanto, desde el punto de vista de los análisis de procedimiento, no se tenía conocimiento, salvo algo que fuese importante, como el caso de la madera en que, a raíz de este informe de auditoría interna, el gerente informó al directorio el cambio de políticas a seguir para su administración.

El gerente informó de esto al directorio, quien aprobó el cambio de sistema, dado el informe de auditoría interna, y se continuó con el nuevo procedimiento. Por lo tanto, en tal sentido esa fue una información que se recibió.

Respecto de la autonomía del señor Zapata, dependía de un directorio que delegó poderes en él, tal como opera cualquier empresa que se rige por las disposiciones de la ley de sociedades anónimas.

En el caso particular del señor Zapata, existía una relación permanente y directa entre el presidente y el vicepresidente de la compañía. Por lo tanto, buena parte de las decisiones que él tomaba, si bien están avaladas por el poder que el directorio le otorgó, siempre tenían un grado de complementación con lo que opinaban el presidente y el vicepresidente de la compañía, en los campos que competen al directorio de la empresa. Hay ciertas atribuciones que el señor Zapata tenía, como las facultades que tomó por su cuenta, muchas de ellas sin conocimiento del directorio.

Lo concreto, en términos sustantivos, es que había una complementación entre la presidencia, vicepresidencia y gerencia general y el directorio.

Respecto del tema de la madera, efectivamente, dada la cantidad de recursos que se destinaban, se creyó pertinente cambiar el sistema e intentar, por esa vía, comprar madera dimensionada y no bosques, puesto que en el tránsito del bosque a la madera utilizable se estimaba que se producían las mayores pérdidas.

Además, de acuerdo con las propias fechas que menciona el informe de Contraloría, las pérdidas de madera se producen con anterioridad a la gestión de este directorio.

Siempre fue una preocupación fundamental, por otra parte, conocer las reservas de Enacar. Sin embargo, para conocerlas se necesitan recursos que, irremediablemente, hay que sacarlos de la explotación contingente, destinándolos en buena medida a la extracción de estéril, lo cual significa estar sustituyendo el sacar piedra por sacar carbón. Dadas las aflicciones financieras que la empresa tenía en el corto plazo, parecía más relevante destinar estos recursos a la extracción de carbón, de modo de poder financiar la operación extractiva propiamente tal, y disminuir al máximo, de acuerdo al precepto general que encomendara el Presidente de la República y el grupo de Ministros, los recursos de corto plazo que la empresa demandaba del Estado.

En virtud de eso, se destinó buena parte del esfuerzo financiero y productivo a la extracción de carbón y no a los desarrollos y reconocimientos, lo que, por lo demás, estaba en conocimiento de las autoridades en cada discusión presupuestaria.

Cuando se dejó la administración, las reservas a la vista, que son las explotables, eran relativamente exiguas para lo que normalmente requiere una explotación minera de una perspectiva de largo plazo. Se está hablando del orden de 900.000 toneladas para una mina que requeriría 1.500.000 ó 2.000.000 de toneladas para poder explotarse adecuadamente.

En consecuencia, efectivamente ahí hubo una opción, que fue necesaria de acuerdo con la condición financiera de la empresa y que se pensó revertir, en la medida que se lograra concretar este proyecto de mecanización para los desarrollos y reconocimientos, esto es, incorporar mecanización, vía máquinas LHB y máquinas Jumbo.

Lamentablemente, no se pudo concretar en los plazos en que se concluyó la gestión y ello significó, en términos de reconocimientos o reservas a la vista, que son las explotables y alcanzables por parte de la faena productiva, que las reservas fueran menores que las deseables para hacer una explotación razonable.

Los informes de los asesores que se contrataron apuntan justamente a la necesidad de aumentar e incrementar considerablemente las inversiones en desarrollo, pero la situación financiera de la empresa también es importante considerarla respecto de cuáles son las decisiones de producción de corto plazo necesarias de tomar en su momento.

En general, en la minería, mirar los costos de un mes no es pertinente; hay que mirarlos desde una perspectiva de mediano plazo, puesto que son faenas más largas. Dentro del horizonte de planificación del desarrollo de una mina, normalmente se está pensado en algo del orden de 5 años, por lo tanto, eso debiera ser más o menos.

Tal como el costo de enero y febrero fue del orden de 200 dólares, el costo de junio y julio fue de 46 dólares. Es un poco injusto juzgar la gestión de una determinada administración por manifestaciones puntuales, debiéndose analizar desde una perspectiva global.

En marzo de 1993, se forma la comisión bipartita entre los trabajadores y la Empresa, para rediscutir el futuro del carbón, en la idea de que los trabajadores estaban en condiciones de presentar proyectos que demostraran su viabilidad. Esos estudios se hacen durante el año, y a fines de éste se presentaron a la Comisión Nacional de Energía y al Presidente de la República.

En una reunión efectuada en diciembre de 1993, el Presidente de la República volvió a insistir a los trabajadores del carbón sobre el carácter terminal de la industria de este rubro. Ahí se insinuó la opción de concentrar los esfuerzos en un proceso de reducción paulatina en la actividad de Carbile, de modo de cerrar en el mediano plazo, y otro de explotación del Manto Tres, pensando que Trongol era una mina que no tenía mayor viabilidad. También existía la posibilidad de explotar “La Chulita”.

Por lo tanto, siempre estuvo en el ánimo del Gobierno la idea de que la industria del carbón era terminal y de que lo que se buscaba era una reducción paulatina de la actividad carbonífera de la zona, tratando de apoyarla en aquellos puntos que parecían fuertes, insistiendo mucho en la necesidad de reconvertir lo que fuera necesario y posible en la zona del carbón.

Hubo una discusión entre Esbío y Enacar. Esta valorizaba sus activos en un millón de dólares y Esbío lo quería recibir en 20 millones de pesos, porque era el valor residual que tenían estos activos. No tenían valor desde el punto de vista de la inversión, pues estaban absolutamente depreciados.

Se pidió a Corfo que mediara a través de la gerencia de empresas Corfo, a fines del año 93, y esa mediación no ha logrado solucionar esta discusión de precios, pero el traspaso y la operación de los activos ya está en manos de Esbío desde hace un tiempo.

En cuanto a las atribuciones del gerente general, el documento que el Presidente de la República recibe de los ministros es transferido a las personas que se hacen cargo del pro-blema del carbón en mayo de 1992. Por lo tanto, si bien no aparece como un instructivo presidencial, el acto por el cual esto se solemniza es una reunión del comité de ministros con la presencia del Presidente de la República, en la cual se instruye a los señores Italo Zunino y Carlos Cruz hacerse cargo de tales temas en ese acto.

Luego, desde mayo de 1992, hubo varias reuniones con el Presidente de la República. Posteriormente el Presidente anuncia ante los trabajadores, el carácter terminal de la industria del carbón, anuncio que hace en el momento en que los trabajadores le agradecen la promulgación de las leyes Nos. 19.129, 19.120 y 19.121. Justamente ellas les permitía alcanzar una aspiración para ellos muy sentida, como la indemnización compensatoria o jubilación anticipada, a la cual tenían derecho como consecuencia de su trabajo.

Las directrices se hacían en la reunión de directorio, personalmente por el señor Zunino y por el declarante, en visitas permanentes que hacían a la empresa. Se estaba en contacto bastante directo con los ejecutivos.

La segunda cuestión que es importante destacar es que la preocupación no estaba centrada en las pérdidas contables de la empresa sino, más bien, en los flujos financieros que el Fisco tenía que transferirle. Por lo tanto, la gestión apuntó, fundamentalmente -y así lo dicen los instructivos que se recibieron verbalmente, del Director de Presupuestos, del Ministro de Hacienda y de otros ministros involucrados y algunos documentos escritos-, a minimizar el déficit de Enacar, no las pérdidas.

En ese entendido, parecía fundamental preocuparse por la cantidad de recursos que el Fisco tenía que estar transfiriendo permanentemente, para asegurar el funcionamiento de la empresa. En ese contexto, el 1,6 por ciento de incremento de pérdida que significa el castigo de “La Chulita”, si bien es cierto es relevante, ya que probablemente hubo un acto que podría ser calificado eventualmente como “agresor”, desde el punto de vista de lo que era la gestión de la empresa, aparecía como algo no excesivamente importante, de acuerdo con los otros montos que se estaban manejando y a la cantidad de recursos que el Fisco estaba transfiriendo permanentemente.

Se debe aclarar que las personas que aparecen recontratadas en el informe de Contraloría no se acogieron a la ley 19.129, sino al beneficio propio de la negociación “empresa- trabajadores”, que se estableció y que firmó el 26 de junio con éstos, la cual autorizaba su retiro con 1.7 veces su remuneración.

Por lo tanto, si se comete transgresión, no es por recontratarlos sino por incrementar la planta.

En tal sentido, pareció legítimo y procedente intentar retener a tres personas que daban garantía y continuidad técnica a la empresa. No hay que olvidar que este proceso ocurrió por retiro voluntario, y lo que se acordó por el Parlamento, y posteriormente por la empresa, fue que se ofrecía a los trabajadores determinadas condiciones para que se retiraran voluntaria-mente.

En consecuencia, obviamente, significó que los cuadros más competentes y técnicamente calificados de la empresa fueran los primeros que tendieran a abandonarla, más aún cuando se anunciaba que ésta tenía carácter terminal, lo que hizo que la dotación técnica y profesional se viera disminuida. Ello hizo prioritario procurar retener a personas competentes y que se requieren para asegurar no sólo el funcionamiento de la empresa sino, también, la seguridad de la misma.

Aquí existe una discusión muy vieja sobre administración, en cuanto al grado de delegabilidad de la responsabilidad. Se ha aprendido que la responsabilidad no es delegable y, en ese sentido, obviamente, la del directorio de aparecer públicamente respaldando la gestión del gerente general, tiene que ver justamente con ese acto. Este directorio es responsable por la gestión que el gerente general ha llevado a cabo en materias de política de empresa que le parecen sustantivas.

Tal como no es delegable la responsabilidad de los directorios por la gestión general de la Empresa, tampoco se puede hacer responsable el directorio o un director en particular de los actos que el gerente general haya cometido durante su gestión y que no sean conocidos del propio directorio, en virtud de los mecanismos habituales a través de los cuales opera para realizar el control de gestión de la Empresa. Es físicamente imposible pensar que siete perso-nas van a andar detrás de una, para evaluar y perseguir cada una de las acciones que ella realiza, y juzgar en el acto si son actos punibles o no.

En la legislación no están contemplados actos que enmarquen ese tipo de responsabilidades.

Por tanto, admitiendo que la responsabilidad no es delegable, tampoco se puede llegar al absurdo de pensar que un director debe ser responsable por todos los actos que el gerente general realiza, del mismo modo que un director puede cometer algún tipo de acto que no corresponda, que no esté dentro de lo permitido, y que no sea conocido por sus pares.

Los mecanismos utilizados en Enacar para supervisar y ejercer las funciones del directorio fueron mucho más allá de lo que habitualmente corresponde.

Los señores Diputados que han sido directores de empresa lo podrían verificar, si com-prueban, por ejemplo, la cantidad de reuniones sobre temas específicos realizadas en Enacar, que, lamentablemente, sólo constan en la memoria de las personas que trabajaron en Enacar en ese tiempo: gerente de finanzas, de recursos humanos, gerente general, etcétera. La cantidad de tiempo destinado a evaluar, día a día, las políticas que posteriormente se traducían en acuerdos generales de directorio, obviamente, no podían reflejar el trabajo continuo de la Empresa.

En ese sentido, efectivamente, el tiempo dedicado a la gestión de Enacar y la cantidad de recursos destinados a supervisarla, permitió que el resultado de ese esfuerzo fuera absoluta-mente exitoso.

Al hablar de actos punibles detectados por la Contraloría, hablamos de hechos menores, porque, al final, de los 85 millones considerados como gastos improcedentes, varios de ellos pueden ser explicados como actos propios de una gestión y, finalmente, los actos que son sancionables, que tienen que ver con el autopréstamo que se da el gerente general y con la opción de vacaciones, no estaban en conocimiento del presidente de la empresa..

No obstante, la conversación recurrente que se debió sostener durante un período bastante largo con el gerente, respecto de cómo enfrentar el saneamiento de los estados financieros de la empresa, consideraba observaciones y castigos de esta naturaleza que, por la magnitud en que estábamos envueltos en ese momento, aparecían como una decisión que tal vez no era necesario presentar al directorio, entendiendo que es un tema que la norma indica que debiera ser tratado en el directorio.

En consecuencia, dadas las condiciones en las cuales estaba la empresa, se decidió formalmente proceder de esa manera, pero sí había más directores que estaban en conocimiento de esa decisión.

Hay un acta de 27 de octubre de 1992, que da cuenta de los retiros hasta ese momento. Esto fue un convenio que tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de 1990; por lo tanto, es una cifra aproximada, pero la relación se mantiene en términos generales.

El total de retiros a la fecha fue de 2 mil 560 trabajadores, de los cuales mil 363 lo hicieron por concepto de retiro voluntario, es decir, acogidos a este acuerdo empresa- trabajadores; y mil 197 por la ley 19.129. Esa proporción se mantiene y el total de retiros llega aproximadamente a 3 mil; 2 mil 980 tienen que haber sido a noviembre de 1992. La proporción es más o menos la misma.

Básicamente, lo que se tomó en consideración para llegar a este acuerdo con los trabajadores fueron estudios proporcionados por la Comisión Nacional de Energía respecto de la necesidad de acelerar, lo más posible, la reducción de personal. Lo que parecía más conveniente, desde el punto de vista de la gestión de la empresa, era acelerar esa reducción.

Posteriormente, a partir de ese antecedente, se entra en conversación con los sindicatos para buscar la forma de llevarla a efecto sin un mayor costo social y político en la zona. Y, en ese sentido, a fines de junio de 1992 se llega a un acuerdo con los trabajadores que establece una cláusula que considera, primero, el retiro voluntario, y luego, la modalidad de retiro voluntario. La modalidad tiene que ver, básicamente, con la compensación económica que el retiro voluntario provocaba y algunas otras consideraciones menores respecto de beneficios a los cuales los trabajadores o ex trabajadores de Enacar tenían derecho, como es el caso del hospital.

En ese marco se procedió a autorizar la salida voluntaria de todas las personas que quisieran hacerlo, entendiendo que eso significaba una reducción drástica del déficit en el cual la empresa estaba incurriendo. El compromiso era llevarlo a la menor cifra posible, lo que, de acuerdo con los resultados de 1993, se logró.

En el acta 621, del 30 de junio, se trata del acuerdo empresa-trabajadores. Posteriormente, en el acta siguiente, se da cuenta de la primera marcha de esta iniciativa. La labor pertinente, para efectos de este caso, no se planificó, pero sí fueron consideradas las aprensiones que se mencionan; era evidente que por la vía de un retiro voluntario, lo más probable sería que la gente más capacitada fuera la que primero saliera de la empresa.

En cuanto al tema del teatro y de la piscina, en la licitación que se adjudicó el señor Cruz, las bases contemplaban un aporte por parte de Enacar de cien pesos por niño, que iba a ser descontado de las cuotas sindicales. Posteriormente, Enacar hizo ese planteamiento a los sindicatos, los que se negaron a aportar dicha cuota. Por lo tanto, el aporte que la Empresa iba a dar al señor Cruz, para la mantención del parque y del teatro, no se hizo. Ello originó una controversia que llegó a traducirse en una demanda. Para evitar que se llevara a los tribunales, se llegó a un entendimiento que significó a la Empresa tener que pagar una compensación de 1 millón de pesos.

Una preocupación permanente del directorio era ver la forma de armonizar esta situación general de incertidumbre que vivía la Empresa, como consecuencia de una serie de medidas tendientes a disminuir personal y la angustia que eso provocaba en los propios trabajadores. Es natural que en una empresa que se había propuesto reducir una cantidad importante de trabajadores, existieran ciertos elementos de dudas respecto de la continuidad del trabajo. Eso motivó ambientes tensionales que condujeron, finalmente, a que las relaciones entre la parte ejecutiva de la empresa y los sindicatos y sus representantes no fueran las mejores. Eso se trató permanentemente en reuniones de directorio, en vista de reclamos que llegaban de los sindicatos y de gente que hacía presente determinadas situaciones particulares. Y la labor del directorio, en ese plano, fue tomar medidas correctivas para evitar que esto trascendiera a mayores.

De hecho, cada cierto tiempo era necesario provocar reuniones entre los sindicatos, la gerencia y los directores para ir armonizando las posiciones. El ambiente que se trató de describir por parte de algunos daba cierta sensación de persecución hacia algunas personas, lo que estaba muy lejos de la realidad, puesto que nunca hubo un reclamo formal. Más bien eran presentaciones que hacían los dirigentes sindicales, cuando se sentían presionados por parte de la gerencia para hacer abandono de la empresa.

Obviamente, esa no era la política del directorio. Tampoco era su intención presionar la salida de estas personas, sino más bien ofrecer alternativas para que esto se produjera. Es natural que estas tensiones tengan lugar en una empresa en la cual se presenta esa situación. Por lo tanto, no es extraño que en más de alguna ocasión hayan aparecido en la prensa denuncias en ese sentido.

En cuanto al tema de la capacitación, la política de la empresa era destinar a tal efecto la mayor cantidad de recursos posibles. Nunca fue política de ella recuperar las platas que se destinaban a tal fin, puesto que se entendía que esa era la mejor inversión que se podía hacer en una empresa que estaba haciendo un esfuerzo serio por reorientar su actividad, entendiendo que la empresa era el eje productivo de la zona.

Se dictaron una serie de cursos de capacitación. Por lo tanto, es perfectamente posible que alguna persona haya recibido un beneficio de capacitación tal vez más allá de lo adecuado. No obstante, desde el punto de vista de la política de la empresa, en términos de facilitar y promover la formación de la gente que estaba trabajando en ella, parecía que no era un tema que se debiera entrar a revisar puntualmente en la medida que la función del directorio era incentivar esa línea de trabajo en su conjunto. Si eso significaba que una persona recibía 2, 3 ó 4 cursos de capacitación en un período concentrado, eso ya tenía que ver con la función de administración de esa tarea. Pero, desde el punto de vista global, la prioridad era destinar recursos para ese efecto.

La petición principal que se formuló al directorio era actuar en función de una disminución del déficit total de la empresa. Es decir, disminuir la cantidad de recursos que el Estado tenía que destinar para sostener Enacar. Ese fue el objetivo que se planteó como primera prioridad.

En ese sentido, si se evalúa la gestión del gerente, de acuerdo con la información de que se disponía, el resultado es positivo. Hubo una disminución importante del déficit de Enacar entre 1992 y 1993 y, posteriormente, hubo algunas explicaciones que justifican por qué el déficit durante 1994 aumentó, que también tiene que ver con este proceso.

Las acciones en tal sentido se definen desde el directorio, se van ampliando en concordancia con el gerente y tienen que ver, básicamente, con una reducción del principal factor de costos que la empresa tenía: el de mano de obra, que representaba, en su oportunidad, del orden del 60 por ciento del costo final y, por lo tanto, obligaba a tomar medidas de reducción de personal, y que finalmente fue lo que dio origen a las leyes de que se ha hecho mención en reiteradas ocasiones.

Un segundo punto que preocupó al directorio tiene que ver con el costo de producción. Es obvio que para reducir el déficit en la perspectiva del largo o mediano plazo, es necesario que los costos de producción disminuyan simultáneamente.

Para ese propósito se siguió una política de readecuación de personal importante y, una vez agotado el proceso de retiros voluntarios, de acuerdo a la ley y lo convenido con los propios trabajadores, se llevaron adelante distintas iniciativas, no sólo en Enacar sino en otras empresas y comunidades vinculadas al carbón.

De acuerdo con este carácter voluntario y una vez completado este proceso, se practicaron una serie de readecuaciones que permitieron disminuir costos importantes en todos los procesos administrativos y administración de personal.

Para explicar la razón del aumento del costo en Enacar, es bueno tener en consideración tres elementos importantes en la definición de costos: el costo de mano de obra; el equipa-miento con el cual esos trabajadores pueden operar, y las disponibilidades de carbón.

Durante un período muy largo, en Enacar no se realizaron desarrollos ni reconocimientos, lo cual derivó en que el carbón a la vista, lo disponible para poder extraer, era muy poco para los niveles de producción que la empresa estaba sosteniendo. Eso contribuyó a que durante un período muy largo, 1992 y parte de 1993, fuese necesario destinar parte importante de la dotación de trabajadores existente en la empresa a desarrollo y reconocimiento, lo cual significó, en la práctica, extraer piedras y no carbón.

En consecuencia, el costo de la unidad de carbón extraída tiene que ver con el costo directo de la extracción de esa unidad de carbón y también con la cantidad de recursos que se desvían hacia otras faenas, propias del desarrollo de la mina. Eso obligó a que, en términos del costo destinado a la producción, parte importante de este costo se destinara a reconocimiento de desarrollo y, por lo tanto, no se refleja en un nivel de producción deseado.

El tercer elemento es el equipamiento. Se ha dicho que parte importante de éste permite una extracción rápida de carbón y, por tanto, eficiente y de bajo costo. Por ejemplo, el famoso equipamiento del Manto 3, es deficitario. En la empresa no existen maquinarias que prestan una eficiente labor extractiva de carbón. Por lo tanto, fue necesario hacer un programa durante este período que permitiera conseguir esas máquinas complementarias para cumplir dicho propósito; programa que lamentablemente el directorio no fue capaz de llevar a feliz término por la condición financiera que la Empresa vivía. Ello significó que las empresas de seguros que garantizaban su adquisición no estuvieran dispuestas a avalarla.

El famoso programa de “dieselización” no fue posible llevarlo a cabo. No obstante, actualmente ese es el programa que se está intentando implementar en Enacar para complementar la maquinaria.

Es cierto que se experimentó un aumento importante de costos, pero tampoco es tan efectivo, porque si se miran las cifras de costos anteriores se observa que, a principios de 1992, los costos de extracción por unidad de carbón también eran del orden de 100 dólares la tonelada. O sea, un aumento de costos que, mirado en función de los costos de los primeros meses de 1992, no es tan sustancialmente mayor, y que vale la pena reconocerlo en su magnitud global.

En consecuencia, la gestión del gerente, mirada desde el punto de vista de lo que se puede evaluar como directorio, en términos de los esfuerzos realizados para reducir costos, también, en esa perspectiva, son bien valorados. Por una parte, la disminución del déficit y, por otra, el esfuerzo que se hace en términos de la información que el directorio maneja en cuanto a la reducción de costos.

Por último, los niveles de producción tienen mucho que ver con las disponibilidades de carbón, las dotaciones de equipo, la cantidad de personas y con las distintas fallas geológicas.

En consecuencia, también hay una disminución importante de costos, que tiene explicación desde el punto de vista de lo que es la gestión del gerente.

Estas aclaraciones relativas a las funciones y tareas principales de un directorio, asociadas directamente a la política general de la Empresa, se complementan con el ordenamiento del trabajo dentro de ella.

Los esfuerzos realizados para ordenar procedimientos y reagrupar a la gente en función de las nuevas tareas que la Empresa enfrentaba, desde el punto de vista global, también son relativamente bien evaluadas.

Sin perjuicio de ello, y por la misma situación que vivía la Empresa, muchas veces se recibían reclamos, principalmente de sindicatos y de personas que sostenían que se estaban tomando, por parte de la gerencia, medidas que, por una parte, presionaban la salida de la gente y, por otra, localizaban arbitrariamente a las personas en distintos puestos de trabajo.

Cada vez que se tuvieron reclamos de esa naturaleza, fueron analizados con detención. Se conversó con los afectados y los sindicatos. El clima laboral, hasta octubre de 1993, era razonablemente aceptable, dada una situación tan conflictiva como la necesidad de reducir a la mitad de la dotación.

Ahora bien, esto se dificulta porque Enacar vive un proceso de negociación colectiva en el cual los sindicatos, como consecuencia de todo lo que había sido el proceso anterior, intentan recuperar e incrementar ciertos beneficios. En ese momento, la empresa no estaba en condiciones de enfrentar la situación y, obviamente, hizo que las relaciones no terminasen del todo bien.

Esos cuatro elementos, desde el punto de vista de la gestión y lo que compete al directorio, permiten afirmar que la gestión del gerente es buena.

La forma y las distintas medidas o acciones concretas que el gerente adopte día a día, son de su responsabilidad. Tal como se señaló al principio, si bien el directorio es responsable por la gestión del gerente, no puede hacerse cargo de determinaciones contingentes, que aquél adopte.

Respecto de la política de remuneraciones. De hecho, hubo momentos en los cuales fue necesario mejorar remuneraciones, pero tenían que ajustarse a las mayores responsabilidades de quienes asumían los cargos dejados por aquellos técnicos que se retiraban.

Cuando asumió el directorio de la empresa, había tres proyectos elaborados por la administración anterior respecto del futuro de algunos activos que ella tenía y que no estaban destinados directamente a la producción de carbón. Uno de ellos era el proyecto de puertos. La idea era hacer del muelle de descarga de Lota un puerto de descarga de carbón, además de cumplir otras funciones.

En el proceso para conseguir recursos financieros para pagar las deudas que la empresa había contraído en el período anterior, fue necesario traspasar una cantidad importante de activos a Corfo. Se entró en conversaciones para traspasar el puerto de Lota antes de que asumiera la administración.

Hasta ahora, ese traspaso no se ha materializado. Están las actas del consejo de Corfo, donde se insiste en la necesidad de que se materialice este traspaso; pero, en la práctica, este traspaso nunca se realizó. A ello se agrega la animosidad que generó este proyecto en los trabajadores de Lota.

En consecuencia, y con el propósito de tranquilizar los ánimos y resolver los problemas más inmediatos, como eran los de producción de la empresa y todo lo que era reducción de personal, se congeló la idea del puerto de Lota. No obstante, siempre se tuvo presente que una de las palancas de desarrollo para Lota, en el momento que existieran las condiciones para eso, era el puerto.

En el transcurso de las conversaciones surgió la idea del puerto de Coronel. Desde el punto de vista de la viabilidad, existían los inversionistas dispuestos; y desde el punto de vista del funcionamiento, Coronel generaba más servicios, por lo que pareció prioritario impulsar la idea de creación de este puerto. Una vez que éste se concretara, el propósito era entrar a desarrollar la idea del puerto de Lota.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR MARCOS LIMA,DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1992-1994 Sesiones 6a, 7a, 8a y 9a, de 16 y 22 de noviembre, y 06 y 07 de diciembre de 1994

El ex Presidente Aylwin, en Lebu, ante todos los dirigentes sindicales de la zona, les dijo: “que la época de la industria del carbón se había acabado y que no tenía ninguna posibilidad de viabilidad de seguir operando en esa zona. Es una industria terminal.” Un dirigente sindical se levantó diciendo que existía la posibilidad efectiva, a través de una serie de mecanismos que a él le parecían razonables, de bajar los costos. El ex Presidente, en atención a ello, accedió a crear una comisión que evaluaría y estudiaría en detalle, si esas posibilidades existían.

Cuando apareció el carbón importado en Chile se empezó a producir una diferencia sideral, entre el valor de éste y el nacional. Una empresa en la que para producir carbón hay que internarse una cantidad de kilómetros mar adentro no puede competir con la que lo tiene a tajo abierto.

En esas condiciones, las decisiones que la Empresa tomó y el mandato que recibió el directorio, está avalado por la evolución de los precios internacionales del carbón y la manera de cómo fueron variando éstos en relación con los precios de la empresa.

Una actividad donde los costos fijos son extraordinariamente elevados, en la medida en que éstos caen y no cambia el modo de producción; obviamente, cuando se tienen cien de gasto total y cincuenta de producción, el valor será doble, pero si tenemos 25, será de cuatro veces.

La idea de usar los costos medios como una variable para tomar decisiones en materia productiva es buena en el largo plazo, ya que permite decir que si en ese lapso plazo los costos medios son superiores al precio de venta, no hay nada que hacer y se debe cerrar.

Sin embargo, medir el corto plazo no tiene sentido, porque puede ocurrir que en un mes, como ocurre con el Manto Tres, en el momento en que estaba funcionando la maquinaria, obviamente que la producción aumentaba bruscamente y los costos medios caían. Cuando se estaba desarmando para llevarla a otro frente, sin embargo, los costos medios subían en la medida en que el denominador, es decir, la cifra por la cual uno dividía para calcular el costo medio, disminuía y, al hacerlo, se iban hacia arriba los costos.

Por eso se presionó tanto a la Comisión Nacional de Energía. Puede parecer irracional que en una actividad en la cual la decisión global apunta a una empresa que no puede competir con los precios en el largo plazo, se tratara de convencer y de insistir en la mecanización adicional del Manto Tres. Parece irracional, igualmente, en una actividad que efectivamente en el largo plazo va definitivamente al cierre, que se insistiera en la inversión.

Se trataba de optimizar en el corto plazo, de manera de perder la mínima cantidad de dinero posible y por eso es tan importante lo que se llama el “play back”, porque, si en el largo plazo se podía, sin provocar en la zona una catástrofe desde el punto de vista social - como lo estuvimos haciendo- conseguir la reconversión, evidentemente, era lo óptimo. Pero como había que seguir manteniendo la mina para los trabajadores, parecía evidente ver la manera de optimizar.

Por eso se luchó por una inversión con un período de pago y de recuperación lo suficientemente breve, para que la cantidad de recursos involucrados en esa inversión tuviera un retorno adecuado. Precisamente, esa fue la orientación que se le dio a la gestión del negocio.

El gerente general no se desbordó en materia de contratación del personal. Más aún, se discutió latamente en el directorio y se trató de llevar ante las autoridades pertinentes una autorización, porque ellos, que venían llegando a la industria del carbón, tenían clara conciencia de los riesgos que implica ella. No por casualidad esta actividad siempre tiene tantos mártires. Entonces, para la administración era muy importante tener la certeza de que los aspectos técnicos de seguridad estaban cautelados. Tampoco se tenía cómo evitar el que la gente capacitada se fuera. Incluso se quiso dejar a algunos ejecutivos del pasado, de manera de darle continuidad y asegurar que no hubiera ninguna desgracia que lamentar. Gracias a Dios, ello ocurrió y se logró superar esa etapa sin ninguna desgracia que lamentar.

Se trató de convencer a la Comisión Nacional de Energía de que había que flexibilizar, de alguna manera, esta circunstancia. Cuando se aprobó la ley que permitía a los trabajadores jubilar con 18 años de mina -que era el requisito básico-, obviamente ella no se podía poner en todas las condiciones. Conscientemente se trató de adecuar lo que eran las reglas del juego por las que se estaba regido con estas otras variables, que son importantes de considerar, y se insistió ante las autoridades que permitieran rebajar, en parte, esta restricción. No se consiguió y, en ese momento, se tuvo que, pasados tres meses, dejar que estos altos ejecutivos se fueran. No hubo, sin embargo, autonomización del ejecutivo.

Realmente la situación de la zona es extraordinariamente conflictiva. Baste recordar que, cuando se discutió el pliego de peticiones, los trabajadores se tomaron el camino paralizando el flujo vehicular hacia el sur, en una zona tan importante como ésta. De tal manera que se estaba consciente de que el manejo de personal y el manejo de situaciones difíciles era una variable fundamental.

El objetivo que el Gobierno encomendó a la administración de disminuir la pérdida en términos financieros fue extraordinario en sus resultados, desde el punto de vista de lo que eran las estimaciones iniciales en razón de la brusca caída del precio y de la actividad que se veía en ese momento.

Un accidente puede costar decenas de vidas. Por lo tanto, cuando el Gobierno tomó la decisión de iniciar el cierre paulatino de estas minas, se estaba consciente de que se tenía que ser cauteloso desde el punto de vista global y eso fue lo que se hizo. Obviamente que la administración no se preocupó de conocer cuidadosamente cada uno de los detalles que está detrás de la operación, como ocurre en lo que un médico hace cuando la situación está complicada. Evidentemente que las cicatrices no quedan perfectas, y éste es el caso.

Desde el punto de vista de la magnitud de la tarea y de la situación objetiva, social y política de la zona, el directorio actuó responsablemente y a la altura de lo que se le pidió.

El propio Presidente de la República estaba preocupado de este tema, y eso se refleja en que, en vez de 30 mil millones, fueron 20 mil. De los 22 mil que fue el costo de 1992 se pasó a 8 mil en 1993. Si el precio se hubiera mantenido en el promedio que tenía en 1992, se hubiera llevado la pérdida de 1993 a menos de 4 mil millones.

El informe de Contraloría es un informe “ex post”. Sin ánimo peyorativo, un análisis de gestión tiene el gran problema que no logra incorporar lo que son los ruidos del momento, lo que son los sesgos. Los informes de gestión son siempre cuestionables, porque no corresponden a las distintas evaluaciones que uno hace en un momento determinado.

Lo que hace el informe, en forma errónea, es formular juicios de valor. Las cosas objetivas acerca del control pueden estar. Lo que no se puede hacer, en materia de gestión de empresas, es tomar posiciones de si lo hizo bien o mal, porque ya los dados están jugados. Siempre ex post una decisión puede ser criticada.

Si está en juego la gestión de la administración, se debe medir lo que son las variables globales. Eso es lo que se mide en una gestión y es lo que, de alguna manera, se ha venido a presentar: las variables globales. El detalle fino, cuando la situación es como es, hace difícil mantener un control absoluto de todo lo que está ocurriendo.

La definición clásica de administración lleva implícita las ideas afines de : planificar, coordinar, dirigir y controlar.

Tras esta planificación hay un proyecto. Se ha hecho mucho hincapié en eso porque, quizás, es indispensable dejar claro los roles del directorio y del gerente. Las políticas que la Empresa trató de implementar emanan del mandato que los accionistas, representados por el Gobierno, dan al directorio en términos de qué es lo que efectivamente se quiere hacer con la Empresa.

El primer elemento de ese planteamiento está en este proyecto: la misión que se tiene como administración. Muchas veces se ha enfatizado el hecho de que un directorio tiene la representación de la Empresa, pero quien ejecuta las políticas, quien toma la acción, quien se junta con la gente es la administración, la gerencia.

Entonces, en esa dimensión y ampliando la definición, la función de administrar está ligada a cinco grandes tareas: plantear el proyecto mencionado, organizar, motivar y comunicar, medir, controlar y desarrollar a la gente. Estas tareas no pueden ser abordadas por un colectivo, sino que se encarnan en una persona. Hoy la función de administrar está mucho más ligada a la capacidad de convocar a un proyecto común, y eso no es hacer administración.

Las funciones del directorio son: En primer lugar, representar a la Empresa frente a públicos, a personas a las que responde la Corporación. Desde esa perspectiva este directorio respondía y trataba de conversar y representar a la Empresa frente a los distintos públicos que tenían que ver con ella.

En segundo lugar, servir de conducción de la administración. Peter Dragec, define como rol del directorio: “La Empresa necesita un cuerpo revisor, un grupo de gente experimentada, de estatura moral e integridad, gente de capacidad probada y ganas de trabajar que aconseje, asesore y delibere con la alta administración”.

Esta definición de tarea tratamos de cumplirla de la mejor manera posible. Se necesita gente que no sea parte de la alta administración, pero que esté disponible para ella y pueda actuar, con conocimiento y decisiones ante una crisis.

Por eso es que se cambió a los directores, porque había una crisis.

En tercer lugar, velar porque la administración cumpla los objetivos planteados y, tal como el presidente del directorio lo ha hecho, a través de los informes recibidos acerca de la marcha de la Empresa, tanto desde el punto de vista de la gente que se había retirado y de los resultados, se observa que la administración estaba cumpliendo con la misión y la tarea encomendada.

Resumiendo, el directorio o la administración, en esta idea general de planificar, coordinar, dirigir y controlar, específicamente representaba a la Empresa frente a terceros; y de esta manera se hacía. Estos tres son los elementos claves de la tarea. Obviamente hay cosas que es imposible que un directorio pueda conocer; pero, en lo fundamental, en lo que era la función que el dueño nos había encomendado, es decir, administrar y disminuir el déficit, el asunto personal y llevar el proceso sin complicaciones sociales, se llevó muy de cerca por parte de la administración. Hubo innumerables reuniones, incluso muchas de ellas fuera del directorio, porque se entendía que, en una crisis, la labor de un directorio va mucho más allá de lo que efectivamente está definido en los usos y costumbres de este país.

En el caso de las personas que se acogieron a jubilación, el cálculo del valor presente actualizado de las pensiones que se conceden entre el momento en que ellos se retiran y empieza a operar el sistema de pensiones -porque la ley es una especie de puente entre el momento en que se retiran de Enacar y jubilan-, el valor presente no ha sido calculado, y el costo anual de las pensiones no aparece en el costo de Enacar sino en el del INP, que es la institución que está concediendo la pensión.

Es fundamental que se tenga conciencia de lo que se está discutiendo. Pueden creer que se hizo bien o se hizo mal. Las cifras comentadas son: por un lado, las inversiones traspasadas a gastos, 569 millones; deterioros patrimoniales inexcusable, 106 millones; gastos improcedentes, 85 millones; además el autopréstamo que se hizo el gerente no está valorizado. El total de las cifras que aparecen comentadas son del orden de los 760 millones.

Las inversiones traspasadas a gastos son 589 millones y los 385 de “La Chulita”; los deterioros patrimoniales inexcusables, 206 millones. Por último los gastos improcedentes fueron detalladamente aclarados: 85 millones por contrataciones indebidas. Los seis millones, expresados en miles de pesos, corresponden a reajustes, traslado del señor Rojas, consumos, sindicatos, etcétera.

La administración de esta empresa estuvo en el directorio y éste se preocupó de cosas que debe preocuparse, como son los costos medios, los costos totales, el manejo del número de personas, etcétera.

Cuando se respaldó al gerente, se hizo en la medida que éste asumía decisiones que correspondían al manejo de la empresa pero, obviamente, no se puede respaldar algo que no se conocía y que no ha sido valorizado. Los montos involucrados en “autopréstamos” son 8.600.000 pesos en tres parcialidades.

Se cumplió la misión que el dueño encomendó, esto es, disminuir la actividad productiva de Enacar, porque en el largo plazo el costo entre el carbón nacional y el carbón importado iba claramente separado uno de otro.

A partir de 1990, esa situación terminó por deteriorarse. Y en esas condiciones, obvia-mente, corresponde disminuir la producción, hasta cerrar paulatinamente. Exactamente es la misión encomendada.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR CARLOS MLADINIC,DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1992-1994 Sesiones 7a, 9a y 10a, de 22 de noviembre, 07 y 13 de diciembre de 1994

En cuanto al hecho de haber recibido el pago de una determinada cantidad de dinero por la realización de una sesión a la que, según Contraloría, no habría asistido, de acuerdo a la información proporcionada por el fiscal de Enacar, el informe de esa Entidad Contralora, en este punto, sería erróneo y, en tal virtud, el dinero estaba bien pagado y no correspondía hacer devolución alguna.

Lo que sucedió con la sesión 1.633 fue que al aparecer su nombre al final de la misma, la suscribió, sin tomar en cuenta de que en el inicio no aparecía como asistente. De lo anterior puede dar fe el fiscal de Enacar, que es secretario de actas y ministro de fe del directorio.

Por otra parte, en una sociedad anónima el directorio ejerce sus labores en forma colectiva. Las funciones de administración se ejercen en tal carácter y, como tal, cumplió sus labores de manera objetiva, como le encomendaron las máximas autoridades de Gobierno. El grupo que el Presidente de la República formó para integrar el directorio en cuestión reunía características especiales. Todos sus componentes tenían alguna responsabilidad de Estado relacionada con la empresa. En conjunto con los demás directores, hubo una entrega de trabajo completa, reuniéndose varias veces en el mes. Por lo menos, un par de veces a la semana se hicieron reuniones de comité o reuniones bilaterales con distintos organismos del Estado, evaluando la gestión de la Empresa. Lo anterior fue públicamente reconocido por el ex Presidente de la República.

Enacar es una sociedad anónima abierta en la cual el Estado tiene una participación aproximada del 90 por ciento, que ha ido variando con sucesivos aportes de capital en que participan accionistas privados.

Como sociedad anónima abierta está sujeta a la inspección correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros, rigiéndose por el Estatuto de sociedades anónimas y, por cierto, por el derecho privado. Los miembros del directorio, periódicamente deben rendir cuentas a la Junta de Accionistas de la Empresa.

El gerente de una sociedad anónima administra los recursos de acuerdo con un poder otorgado por los directores. La forma que tiene el directorio de cualquier sociedad anónima de conocer la función de un gerente es mediante los propios informes periódicos que éste entrega al directorio y, por cierto, por la opinión que periódicamente entregan los auditores.

Estas son dos formas que tiene el directorio de una sociedad anónima para conocer el avance y gestión de una empresa. De los informes de los auditores externos, que es una de las principales, nada se advertía en el sentido de que se estaba mal empleando recursos públicos. El propio informe de Contraloría, cuando se refiere a la cantidad de aportes fiscales que la empresa ha recibido en estos años, no cuestiona el uso de ellos.

Al momento en que cada una de las personas eran nombradas para la junta de accionistas para ejercer la labor de director, se le entregaba un manual con todas las facultades que tenía el directorio, sus deberes y sus derechos, cómo responden los directores y lo que dice el Código Civil al respecto.

En cuanto al castigo de la mina “La Chulita”, según la Contraloría, con ello se estaba abultando innecesariamente las pérdidas. Sin embargo, según Langton Clarke -y la hace presente en una reunión en la empresa- es que dado que la mina no se estaba explotando, de mantenerla activada se abultaría innecesariamente las utilidades, lo que le parecía grave siendo una sociedad anónima abierta.

Es básicamente una diferencia de apreciación. Los castigos no tienen otra importancia que esa. La opinión de Langton Clarke era exactamente inversa a la de Contraloría: “Si quedaba activada, estaban abultando las utilidades”. Y la opinión de la Contraloría es que se estaban abultando las pérdidas.

En el mismo orden de la instrucción de ir reduciendo la presencia de activos que para el giro de la Empresa eran prescindibles, y que generaban pérdidas y, dado que se había constituido en la zona también una empresa en la que Corfo tiene el 99 por ciento, cuyo giro único es la provisión de agua potable y alcantarillado, se solicitó que esta actividad fuera desempeñada por Esbío. Respecto del parque de Lota y del hospital, se propuso que de todos estos activos que no tenían relación con el giro de la Empresa y que le acarreaban pérdidas, porque no producían beneficios y, por lo demás, estaban absolutamente amortizados, se hiciera cargo otra filial Corfo. Incluso, originalmente se había conversado con el Ministerio de Salud para que se hiciera cargo del hospital de Lota, cosa que no fructificó.

La idea era que la Empresa se centrara en la actividad de Lota. No se tiene conocimiento de si, a la fecha, se ha finiquitado por parte de Corfo el traspaso de una de sus empresas a otra y si se han hecho los ajustes contables correspondientes. Pero el sentido de este traspaso era que Enacar no tuviera más pérdidas que las necesarias por el propio giro del carbón y que de aquello se hiciera cargo la empresa que Corfo tenía para proveer de agua potable la zona.

Se debe mencionar el análisis del activo fijo del informe que hace Langton Clarke, que son los auditores externos. Dice: “El castigo antes mencionado por 385 millones, conjuntamente con el castigo de otro estudio por el valor de 152 millones, lo cual representa un castigo total de 568 millones, fue revelado en los estados financieros del 31 de diciembre de 1992, en la nota número 8-C, informándose con ello a los accionistas y al mercado, pues el 18 de marzo de 1993 fue entregado en la Superintendencia de Valores y Seguros la Ficha Estadística Codificada Uniforme, “Fecu”, firmada por los directores de Enacar S.A.”

Los problemas que se han vivido, no sólo con este directorio sino con anteriores, se deben básicamente a un sistema de integración de los directores que hacen víctimas de situaciones, muchas veces enojosas o indeseadas, a personas que pueden haber puesto su mejor voluntad pero que, luego, son arrastradas a tener que asumir responsabilidades bastante complicadas. Particularmente, en este caso de Enacar, a diferencia de lo que fue Codelco, creo que nos enfrentamos a una situación bastante compleja.

La responsabilidad de un directorio en una empresa sociedad anónima no es excesiva ni ilimitada. Ni siquiera se le exige un cuidado extraordinario. El Código Civil habla expresa-mente de un cuidado ordinario y usa un paradigma para esta expresión como es el cuidado que tiene un buen padre de familia para con sus hijos. Entonces no es posible, para un directorio de ninguna sociedad anónima de este país ni del mundo, conocer de todos y cada uno de los actos que realizan los gerentes: los conoce, como se señaló, a través de los propios informes de los gerentes, tal como se establece en los estatutos, y de los informes de los auditores externos, y creo que este directorio tuvo el cuidado ordinario que esto merece.

Las responsabilidades administrativas buscan perseguir a los funcionarios fiscales o públicos. Esta es una sociedad anónima, que se rige por el estatuto de sociedades anónimas, y, por lo tanto, no se puede atribuir responsabilidades administrativas a empleados que no son funcionarios públicos. Simplemente es una disposición jurídica con vasta jurisprudencia en este país. Este es el directorio que administró la Empresa, se cumplió con su mandato y por ello se responderá.

Respecto de “La Chulita”, ha quedado absolutamente claro que la decisión de castigar es un tema contable y no produce una salida de fondos de la empresa.

Independiente de ello, se podría ver algunos efectos colaterales que podría haber tenido. Uno, es un efecto tributario, que por este camino se hubiera obtenido una pérdida y se hubiera dejado de pagar impuestos por parte de la Empresa, lo que no sucede, porque las pérdidas por este concepto son marginales. La Empresa tenía muchas más pérdidas y, por lo tanto, tampoco tenía que pagar impuesto, por lo que esto no afectó en nada el efecto tributario.

El otro es un aspecto que llamaríamos bursátil, que podría haber influido en el valor de la empresa en La Bolsa. También, en esos términos, es marginal. Por lo demás, el hecho fue anunciado en la Fecu correspondiente, de manera que los accionistas estaban absolutamente informados. Por ese lado, tampoco tiene una mayor importancia. Entonces, la crítica que podría ser válida es por qué no se explotó “La Chulita”; y la explicación más valedera es que la Empresa no tenía recursos para explotarla ni capacidad de endeudamiento para hacerlo.

Todo el esfuerzo financiero de la empresa se fue en dos etapas hacia dos puntos: Primero, una renegociación muy fuerte con los acreedores, porque la empresa estaba en cesación de pago. Tuvo que salir al rescate de bonos emitidos a fines de 1990 ó 1991 y que estaban con “difol” en todo el mercado y en todas las AFP. Los bonos fueron colocados al 93 por ciento y las empresas gastadoras de estos bonos, dado que ellas entendían así, que Enacar había caído en “difol”, estaban pidiendo el rescate al 100 por ciento, lo cual significaba una pérdida muy importante, porque estamos hablando de bonos del orden de los 30 millones de dólares, cantidad muy importante para la empresa.

En consecuencia, todo el esfuerzo financiero de la empresa se dedicó a conseguir recursos para rescatar estos bonos, obtener dinero de la banca para salir al rescate de ellos y lograr que las empresas aceptaran que se comprasen al mismo valor que ellos lo habían adquirido y no pagando el 100 por ciento.

Hubo una discusión por la prensa que duró dos meses, en la cual varias AFP insistían en que ellas exigirían el rescate al 100 por ciento, lo cual significaba que podían pedir la quiebra de la empresa o ir al cobro directo al aval, que era la Corporación de Fomento. De manera que todo el primer esfuerzo financiero se dedicó a este tema.

Después, tal esfuerzo, por tener alguna capacidad de endeudamiento, lo volcó en tratar de conseguir fondos para permitir la mecanización del Manto Tres, proyecto que en la empresa - aunque el nombre no tiene nada de castellano- se llamó de “dieselización”. También se tuvo serios problemas para obtener los seguros adicionales que se requerirían, dada la calidad del control de Enacar.

Esas consideraciones llevaron a tomar la decisión de no actuar sobre “La Chulita”, en tal virtud, se procedió al castigo de estos bienes hasta que alguien decidiera explotarla y, entonces, la empresa figuraría con una utilidad al rescatar esa pérdida. La gente de Langton Clarke y la de finanzas conversaron el tema del castigo en alguna oportunidad.

Generalmente, cuando llega una nueva administración dice: limpiemos y partamos de nuevo. Todas las cosas que efectivamente están abultando el activo aparecen como sujetos de ser castigados. El resultado de este deterioro era por sobre los 20 mil millones de pesos de pérdidas y las cifras de las inversiones traspasadas a gastos no era muy significativa.

Cuando el directorio discutió el balance, se analizaron los montos. En su oportunidad, se reparó sobre la manera cómo los auditores presentaron los resultados, porque el lenguaje que ellos usaban era extraordinariamente subjetivo, en el sentido de emitir algunos juicios de valor acerca de lo que pasaba con los costos medios y todo lo demás, que es un poco parte del tema que en esta Comisión se ha discutido.

En los papeles de los auditores -según fuera informado- hay un detalle exhaustivo de lo que significa revisar cada una de las inversiones traspasadas a gastos, porque precisamente esa es la tarea de una auditoría, lo que es normal, porque son elementos que afectan al resultado.

Sin embargo, se debe dejar claro que no todas las empresas están en una circunstancia como en la que está Enacar y aquí los elementos más significativos, en materia de inversiones o de inventarios traspasados a gastos, estaban asociados al dinero que se tenía en carbón y la gran discusión era acerca de cómo se iba a contabilizar el carbón y el carboncillo, porque eso afectaba muy particularmente los resultados.

Entonces, la discusión acerca de ese tipo de materias no tenía la importancia que en otras empresas y en otras circunstancias debiera tener, por lo que, no fue motivo de grandes discusiones en el directorio.

Este tipo de materias es bastante revisado tanto por los auditores como por la Superintendencia, y discutido latamente entre la administración y los auditores y, por supuesto, también, de una manera implícita, por la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la que tiene que ver con esta materia, y que debe haber tomado conocimiento de ello.

Sólo como una estimación preliminar de la cifra, si se calculara un sueldo promedio de alrededor de 500 dólares -que es un poco más de lo que efectivamente era-, y se aplica el 1.7, o sea, se está hablando de 850 dólares que se pagaba por mes a los trabajadores. Si se multiplica por los mil 400 trabajadores, llegamos a un millón 190 mil dólares mensuales. Si se calcula como máximo veinte meses promedio que se le da a los trabajadores, el costo máximo quedaría establecido en alrededor de 20 millones de dólares que, por cierto, era muy inferior al costo que se estimaba si se hubiese jubilado anticipadamente a toda la empresa.

La administración se encontraba frente a dos posibles escenarios: el despido forzado, una lista de personas que se querían despedir, que se fueran de la empresa e indemnizarlas de acuerdo con lo que determinaba la ley; pero, en razón de los costos sociales que eso involucraba, se optó que el mecanismo más conveniente para la zona era el retiro voluntario y que eso, obligadamente, tenía costos para la empresa. Es decir, cuando se opta por ese tipo de mecanismos no siempre se va la gente que se quiere que se vaya ni se queda la gente que se quiere que se quede.

Cuando se asumió como directorio, la Empresa estaba en cesación de pagos y existía de hecho, por parte de varias administradores de fondos de pensiones, la amenaza de solicitar su quiebra. Por tanto, cualquier venta de activos que se hiciera durante ese período caería en sospecha de quiebra, que ningún miembro del directorio estaba dispuesto a asumir.

Además, según consta en un acta del directorio y en otra del consejo de la Corfo, que ésta decide, a fines de 1992, hacer una concesión solidaria a la Empresa para que rescate los bonos que había emitido, traspasando una serie de bienes a Corfo o entregándoselos en garantía.

Finalmente, hacia 1993 esto se relajó y no se formalizó; pero esa era la razón por la cual no se vendía.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR LUCIANO VALLE, PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL DIRECTORIO DE Enacar S.A. Sesiones 3a y 5a, del 2 y 15 de noviembre de 1994

El directorio último asumió el día 2 de julio del año pasado, de manera que el período investigado por Contraloría no involucra su actuar.

Se ha señalado a la Contraloría General de la República, y a la Regional de Bío Bío, la plena disposición a colaborar en los trabajos que ellos realizaron e, incluso, se solicitó ampliar a diez años el período de la investigación. Lo anterior no fue posible por razones de organización del trabajo de Contraloría.

Este directorio asumió esta tarea teniendo como base una urgente necesidad de cambios, tanto en la estructura como en la forma de gestión de la empresa, con el objeto de lograr una plena autonomía de ella. Se pretende, en definitiva, que para el año 1998 se ponga fin a todo aporte estatal. Sus planes futuros están ligados muy estrictamente a esos compromisos de desempeño; es decir, en el año 1997 no habría requerimientos de mayores aportes estatales por parte de la Empresa Nacional del Carbón. Para la Carbonífera Lebu, en cambio, para el año 1999 se ha planteado un último esfuerzo: un requerimiento de 20 millones de pesos.

La causa principal del deterioro de la Empresa Nacional del Carbón radica en la ausencia de una estrategia definida. Se oscila entre planes exitistas y, en el caso del actual directorio, en inversiones en aspectos no fundamentales. Hasta la opción de cierre de los minerales, que permanentemente se plantea, ha contribuido a generar este clima de inestabilidad.

Por otra parte, no se producen inversiones en lo que se da en denominar el reconocimiento de los yacimientos. Por ejemplo, si hace 4 ó 5 años se hubiera gastado 5 millones de dólares en prospectar los minerales existentes, el costo por tonelada sería hoy de 69 dólares, con la misma dotación, tecnología, estructura y tipo de gestión anquilosada que tiene la empresa.

Los planes que hoy se proponen apuntan, básicamente, a poder realizar, en el plazo de dos años, reconocimientos que muestren cómo están situados los paños de carbón para alcanzar una producción sobre 360 mil toneladas en 1996, y sobre 400 mil en el año 1997.

Si los cálculos son acertados, es decir, se logra un precio de 52,5 dólares la tonelada de carbón, se debería tener un equilibrio operacional y, además, una utilidad cercana a los 300 mil dólares.

Se cuenta con una estructura administrativa sobredimensionada y costos fijos extraordinariamente altos, del orden de 85 por ciento, habiéndose tomado medidas respecto del problema anterior. La empresa tenía una estructura jerárquica de nueve estamentos, los que se han reducido a cuatro. Por este solo concepto, en la plana ejecutiva existe una disminución de un 21 por ciento en los costos, aproximadamente.

Se ha adoptado un estudio de Langton Clarke que, sobre la base de 195 empresas del país, de distinto tamaño y productividad, sitúa los precios en el promedio mínimo del mercado. Tampoco se piensa que se debe pagar menos a los ingenieros por el hecho de trabajar en la Empresa Nacional del Carbón pero, evidentemente, no se pueden cancelar los sueldos de Codelco ni de otras empresas. Es decir, la actual estructura de la empresa, que ya entró en vigor, está establecida sobre la base del promedio mínimo del mercado.

Tradicionalmente en la empresa ha existido cierta rigidez en materia de sueldos y salarios. Se está entrando en negociaciones con los sindicatos, en un clima relativamente armonioso. Se piensa que va a cambiar sin embargo, cuando hablemos de ligar el sistema de remuneraciones con los niveles de productividad, que es nuestro objetivo y nuestro planteamiento.

El hecho de forjar un futuro para esta empresa constituye el principal elemento motivador o catalizador de las energías de esta directiva. Con los sindicatos se ha tenido una relación muy responsable en esa materia y se debe reconocer, por parte de ellos, su plena disposición a asumir sacrificios, más o menos serios, si realmente se pretende que la empresa no siga pidiendo dinero al Estado.

Recientemente se ha presentado una denuncia ante el juzgado de Lota, contra quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas en el departamento de capacitación de la empresa.

Lo anterior es parte importante de las razones que han motivado un deterioro tan generalizado en la empresa, aunque también se encuentra relacionado con decisiones de política general.

Se pretende ahora, en términos globales, buscar y propiciar inversiones justas, en el momento preciso y en materias muy específicas. Creen, y tienen fe, por lo que han planteado sus ingenieros: que es posible sacar a la Empresa de la condición en que está.

Es poco probable, por otra parte, que haya una relación directa entre disminución de dotación y productividad de la empresa. La mina de Lota tiene todo, menos reservas mineras probadas. Inferidas y probables hay sobre 76 millones de toneladas. En esta actividad del carbón se necesitan, por lo menos, reservas probadas a cinco años, que permitan sustentar planes de desarrollo.

Hay una serie de medidas que plantea la Contraloría Regional de Bíobío, que están fuera de los ámbitos propiamente legales, por el hecho de ser la empresa una sociedad anónima.. Una serie de medidas de carácter social, equivocadas o no, fueron tomadas en contextos complejos de presión. Aquello no justifica, sin embargo, lo que se estima pudieran ser expresiones desaprensivas en materia de gastos, los que pudiendo ser menores, son igualmente importantes dentro del contexto de “crisis moral” existente al interior de la empresa, por el hecho de no tener claro su futuro.

Se ha dado extensa respuesta a Contraloría en todos esos puntos, incluida una lista con documentos para entregar a los miembros de la Comisión pero que, lamentablemente, no están en sus manos.

En el citado documento -incluido en el anexo del presente informe- se da respuesta a todos los temas, sin emitir juicios de valor, independientemente del debate que exista sobre si proceden o no las cargas valóricas que supone el informe de Contraloría. La empresa, a través de sus mecanismos internos, asumió las medidas del caso para parte importante de los puntos planteados por la Entidad Contralora.

A modo de ejemplo: El único tema que el informe de Contraloría cita como de presunto fraude a Enacar, como es el de la compra de madera, el directorio presidido por el señor Zunino fue precisamente el que lo sometió a una drástica revisión y transformación. Hoy se compra la madera que entra a la mina en condiciones y a través de terceros, de tal manera que no hay razones para que se produzcan pérdidas de peso o de pulgadas en el camino. Se paga ahora la madera que entra a la mina. El sistema, en consecuencia, cambió radicalmente, finiquitándose a la persona que estaba a cargo de la UGD Forestal.

Hay otras medidas que, por ser de carácter social e involucrar a gente y familias de la zona, se han asumido dentro de lo que ha sido posible.

Se ha llamado a los deudores hipotecarios para que se acerquen a negociar. No es posible tomar medidas draconianas que signifiquen, por ejemplo, sacar a personas de sus casas. La zona tiene una complicación bastante grande, y Enacar ha jugado un rol que la complica aún más.

Para el próximo año se tiene pronosticada la compra de 50 mil toneladas de carbón a los pirquineros de Curanilahue; sin embargo, piden que Enacar compre más carbón. Entonces, se debe optar entre comprar el carbón que necesita la empresa, para combinarlo, o bien el necesario para obtener satisfactorios resultados en su operación.

Se pretende, más adelante, evaluar las posibilidades de cogeneración, gas-carbón, bastante aplicada y vista en Europa. Los problemas del carbón en la Octava Región son de competitividad y están determinados por lo ya señalado y por la falta de innovación tecnológica, adecuada a los planes de desarrollo que existen. De manera que se puede llegar, incluso, a 43 dólares la tonelada y seguir bajando en esa línea.

El cierre de los yacimientos no se contempla, además, porque se piensa que la jubilación anticipada no es una solución real para la gente. Es preferible que ganen el 100 por ciento del sueldo trabajando en algo productivo, a que ganen el 75 por ciento no haciendo nada. Si alguna vez se pensó en hacer un planteamiento de esta naturaleza, se excluía a los sueldos altos. Hay quienes en Enacar ganan sobre 500, 600 ó 900 mil pesos, como algunas asistentes sociales. Lo anterior, desde el punto de vista de la competencia y del mercado, es una irregularidad, una sobredimensión absoluta.

En relación con el tema de la reducción de la sobredotación administrativa, se ha cambiado una estructura extraordinariamente vertical. La gerencia de Enacar es una suerte de “semidiós”, que ha generado una cultura de dependencia muy grande, donde los mandos medios no asumen, en general.

Se cuenta con una sobredotación administrativa que obliga, en dos años, a reducir, de más o menos 300 miembros, a 139. Lo mismo se contempla en los niveles jerárquicos: del grado 9 al 4. Hace pocos días fue cancelada una antigua gerencia y se espera que, en el curso de este año, se haga lo mismo con otra. Existe ahora una sola gerencia, que es la gerencia general, siendo las otras de niveles de Superintendencias. Queda pues una estructura más horizontal, más participativa, que liga las decisiones con equipos y comités de trabajos. Se está incursionando en el tema de la reingeniería con la organización y estructura de Enacar. Incluso, se ha iniciado el traslado de personas al trabajo de la mina. No sobran mineros en

Lota, ni en Curanilahue, ni en Lebu; lo que sobran son administrativos y eso tiene que quedar meridianamente claro. Se ha pedido a los sindicatos que no interfieran en ciertas medidas racionalizadoras, que apuntan a poner justicia en materia de recursos humanos.

En materia de presupuesto, por otra parte, se negocia directamente con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Ha resultado más difícil esta negociación que la llevada a cabo con los sindicatos; ya que es un tema muy complicado. No hay fe en futuros proyectos de la empresa, no hay credibilidad; sin embargo, se ha entregado un plan informado, fundamentado en todas sus materias, que significa bastante dinero.

Si se piensa en un presupuesto que deje a Lota equilibrado operacionalmente en 1997, y a Carvile en 1999, se necesitan del orden de los 20 mil 600 millones de pesos. Se requieren más túneles, sondajes, galerías, cosa que quedaría sujeta a la elaboración del presupuesto de 1996; el conjunto de las empresas del carbón no pediría más de 10 mil millones de pesos. Lo anterior representa la solución definitiva e integral de la problemática existente, y es allí donde se tiene el problema de presupuesto. Se trata que se entregue la suma requerida, ya que, de lo contrario, se obliga a recurrir a líneas de suplemento en octubre.

Las pérdidas de la Empresa Nacional del Carbón son muy altas, del orden de los 30 millones de dólares al año. Desde ese punto de vista, no se puede sostener que sean “pérdidas menores”.

La estructura aprobada por este directorio hoy contempla un sistema de rentas limpias y se está poniendo en práctica. Se eliminó una serie de vicios subyacentes, que se mantuvieron hasta la segunda reunión del mismo, el 15 ó 20 de julio de este año.

Existía el denominado “rol privado” que, al parecer, no estaba sujeto al sistema de contraloría interna de la empresa.

No es posible pagarle a una persona un bono de movilización de 150 ó 160 mil pesos, que no iba en su sueldo. Esa persona aparecía ganando un millón, pero, en realidad, si se le sumaban los bonos de movilización y de colación se llegaba a un millón ochocientos mil pesos, siendo esta última suma lo que percibía realmente.

También se ha terminado con los bonos reservados, que era otro vicio subyacente en el sistema que existía.

Tratándose de “El Cateador”, los gastos que se hicieron fueron autorizados por las personas, individualmente firmados. La empresa no se puede hacer responsable de un convenio que hizo una sociedad inversora -”El Cateador” es una sociedad de inversiones-, con los trabajadores individualmente. Sin embargo, se ha descontado a los trabajadores la plata que la empresa adelantó, porque ésta no tiene por qué hacerse cargo de las pérdidas de “El Cateador”. Se va a continuar con el sistema anterior hasta que se documente la devolución de las platas a los trabajadores que ya se han retirado; respecto de aquéllos que continúan, la empresa no tiene responsabilidad alguna. Aparece claro que la única responsable en esta materia es la Sociedad de Inversiones mencionada.

Esta sociedad inversora se encuentra compuesta por trabajadores de la Federación Minera, los que a su vez tienen relación con los sindicatos de trabajadores de la zona. Estos últimos estaban tratando de conformar una A.F.P., cosa que no prosperó ya que la Superintendencia no dio la autorización para operar.

En el tema de los autopréstamos, que abiertamente cuestiona Contraloría, hay que hacer una diferencia, independientemente de la legalidad del asunto. Cuando se refiere a la gerencia general, a los niveles de decisión del directorio, se está en presencia de un vicio de tipo organizacional. Este se ha tratado de enfrentar por dos vías: por la creación de comités de decisión en las distintas áreas, de manera que no exista decisión omnipotente de una persona que, por lo demás, se contradice con las técnicas más modernas de administración; y, mediante el traspaso de más decisiones al directorio. En otras palabras, los montos de las inversiones planteadas, los lugares donde se realizan esas inversiones y las licitaciones que se hagan, serían materias que tendría que visar necesariamente el directorio de la empresa. Lo anterior, permitiría establecer responsabilidades al interior de la empresa. En consecuencia, se ha elaborado un manual de procedimientos, empezando por la ex-casa del directorio, que ahora se denomina “casa de huésped N° 1”, porque no es una casa del directorio sino de la empresa para efectuar sus trabajos y reuniones. Si existe orden, no hay mérito para calificar de improcedente los gastos que aquí se hacen.

La “compra” de días feriados, que es uno de los temas que se planteaban, también está absolutamente terminado.

Se ha vivido una doctrina y filosofía errada en esta materia, teniendo por cierto dificulta-des. En el día de solidaridad con los trabajadores, con la gente que sufrió la tragedia en Schwager, un grupo de dirigentes sindicales planteó que debía pagarse como día administrativo la asistencia a los funerales. Afortunadamente sólo 5 dirigentes sindicales, de 15, hicieron esta petición, los otros la rechazaron terminantemente. Este tema de la compra de feriados y otros era parte de la mecánica, así se actuaba siempre. En períodos anteriores los dirigentes sindicales fueron, incluso, mejor tratados que ahora, ya que tenían por ejemplo sus pagos de viáticos en Santiago; actualmente eso no existe, ni tampoco existió en el período en que presidió el señor Zunino.

No se necesita, sin embargo, una reforma de la ley sobre el estatuto del estado empresario. Si el próximo año se llega a una buena gestión, perfectamente se podría pensar en incursionar en otras materias, como ampliar el giro de actividad de la empresa, explotando el puerto y trabajando en materias de cogeneración, etcétera. Hay que indagar sobre estas materias. Ojalá que se pueda conseguir el financiamiento externo.

Por otra parte, lo que la empresa compra es sólo carbón limpio. En este sentido existen permanentes disputas, porque los pirquineros, los pequeños empresarios, piensan que al carbón que se lava en sus plantas se les da cifras distintas; sin embargo, se compra carbón limpio, no se puede comprar carbón tosca, porque, normalmente, se pagaría un 50 por ciento más.

La baja de la producción es lo que determina la elevación sustantiva del costo, del precio por tonelada; ésta se debe, esencialmente, a la ausencia de inversiones adecuadas en el momento oportuno, es decir, en materia de reconocimiento de los yacimientos.

Se ha especulado mucho con Lota, se dice que tiene muchas fallas geológicas, pero estamos viviendo a fines del siglo XX, y lo que se necesita es detectar dónde están esas fallas, para saber cómo ubicar la mecanización y cómo trabajar. Ese no es obstáculo en materia de explotación. Existen dicotomías en torno al carbón que han sido extraordinariamente nocivas: En primer lugar, que las minas no son viables. En segundo lugar, que se reducen costos, reduciendo dotación. En la práctica eso no es así, se reducen costos intensificando y mejorando los niveles de gestión y los niveles de explotación. Había cinco mil trabajadores en 1991 y el costo por tonelada era de 60 dólares. Actualmente son, aproximadamente, mil novecientos treinta trabajadores y el costo por tonelada es de 130. Hoy, sacando 400 mil toneladas por año, con la misma dotación actual y la tecnología, estructura y gestión atrasadas que tiene la empresa, se estaría produciendo a 69 dólares la tonelada.

Respecto de la primera dicotomía, los carbones importados, en general, no compiten con el carbón de la Octava Región por los puntos de fusión que da, los componentes de cenizas, los de azufre y porque es un carbón bituminoso.

Iansa no puede comprar otros que no sean los carbones bituminosos. No puede comprar los carbones de la Décima Región ni de la Duodécima, porque son de bajo kilocalorías.

Sin perjuicio de las investigaciones que se llevan a cabo, se ha solicitado un informe en derecho para tener una visión más clara del problema; ya que, en estricto rigor, se debería responder ante la Superintendencia de Valores y Seguros. La naturaleza individual de los accionistas no cambia la naturaleza jurídica de la Empresa. Esa es una cuestión de derecho claramente estipulada. La Empresa Nacional del Carbón no es una Empresa pública sólo por el hecho de que Corfo tenga un 93 por ciento de las acciones, sino porque todos opinan de ella, todos hablan de ella y las cosas se saben primero en la prensa que en los medios o mecanismos internos. Se trata de dilucidar, por otra parte, cuál es el ámbito de acción de la empresa. El referido estudio en derecho costó 2 millones de pesos.

En el informe de Contraloría hay un solo capítulo referido a un presunto fraude a la Empresa Nacional del Carbón, y las conclusiones del informe no tipifican ningún delito. La empresa se ha hecho parte de las denuncias efectuadas por el Consejo de Defensa del Estado y se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, en el caso del cobro de una letra al señor Celedino Fierro, se plantea, por decir lo menos, una situación absolutamente extraña: Se compra un determinado bosque, pero esta operación no se consuma, ya que cuando fueron a sacar la madera no tuvieron cómo pasar al lugar. Si se vendió un bosque ajeno o no, lo tendrá que determinar el juez; no obstante, se ha procedido al cobro de esa letra. La retención de la misma por largo tiempo, ciertamente, fue algo indebido.

Las medidas laborales que se adopten -al tratarse de una sociedad anónima- son materias de derecho laboral y se tendrán que asumir.

Desde el punto de vista legal, en términos globales, el grueso de las acciones comentadas no constituyen delito, y desde el punto de vista de la organización y gestión de la Empresa son altamente cuestionables.

DECLARACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO HEMPEL, DIRECTOR DE Enacar S.A. EN EL PERÍODO 1987-1990 Sesión 20, del 13 de junio de 1995

En cuanto al destino de los fondos generados por la enajenación de viviendas imputadas al impuesto habitacional, materia tratada en la ley N° 18.066, dijo no recordar que el directorio haya discutido el destino de tales fondos (que según la ley deben emplearse en la reparación y mantención de las viviendas del personal), pero sí que existía este programa de venta de viviendas. En el destino de los fondos en cuestión, agregó, el directorio no tuvo ninguna injerencia, intervención o decisión. Tampoco recordó que el tema se haya mencionado.

Reconoció, no obstante, que los informes de auditoría y el dictamen de los auditores sobre el balance fueron, por razones obvias, conocidos por el directorio, ya que éste aprobaba el balance.

En cuanto a los gastos de representación y otros que favorecían directamente al directorio (manifestaciones a proveedores, aportes a la Secretaría General de Gobierno, etc.), que no aparecen debidamente justificados, señaló que el directorio no intervino en su asignación.

Agregó que dentro de los gastos del directorio están sus honorarios, que son públicos, y gastos adicionales de otro tipo que fueron normales e incluso austeros. Específicamente, se refirió a aspectos de la actuación del directorio relacionados con manifestaciones como, por ejemplo, una comida de despedida cuando el directorio cesó en su cargo en marzo de 1990; y un almuerzo en Viña del Mar, con motivo del cambio de presidente, cuando salió el señor Valenzuela.

Negó que los aludidos aportes a la Secretaría General de Gobierno fuesen conocidos por el directorio, lo mismo que un aporte de dos millones y medio de pesos a la división de organizaciones civiles, ya que aparecía en las cifras generales del balance, o sea, no desglosado. Reiteró que este tipo de decisiones no se tomaban en el directorio en pleno, sino que incumbían al gerente general y al presidente de la empresa.

Ante una consulta sobre un informe de auditoría interna, de 1988, que daba cuenta de la pérdida de equipos de perforación por un valor de 147 millones de pesos, y un informe de la Contraloría en que se señalaba que no había constancia de iniciativa alguna de la empresa tendiente a dar con el paradero de los equipos y los responsables del extravío, dijo no recordar una pérdida de esa envergadura. Añadió que, normalmente, no recibían informes de auditoría interna, sino uno mensual, bastante detallado, sobre gestión y estado financiero de la empresa.

El directorio se reunía dos veces al mes: una, para analizar el informe mensual antes indicado, que incluía un desglose de los gastos. La idea era que éstos se mantuvieran dentro de marcos razonables. En la otra reunión se consideraban los aspectos generales de política de la empresa.

En lo concerniente a los gastos del rol privado, aseguró no tener antecedentes del manejo de dicho rol, y en particular acerca de la eventual inclusión de otro ítem (además del de remuneración de ejecutivos), como sostiene un informe de la Contraloría.

En su calidad de director, tenía conocimiento de la situación macro de Enacar, esto es, de las políticas globales, la supervisión de la marcha general y la evolución de la situación financiera de la empresa, pero no el control de gestión de la administración, salvo a nivel general. Esto se traducía en comparar la evolución de los gastos, sin entrar en detalles, dada la complejidad de la empresa.

En otro plano, señaló que en la empresa se abordó seriamente el tema de la capacitación, asignándose anualmente sumas de cierta significación para tal efecto.

En lo concerniente a la falta de respaldo documental de variadas operaciones, como las indemnizaciones cobradas anticipadamente, y que consigna el informe de la Contraloría, argumentó que el hecho de que el órgano contralor no encuentre el respaldo de ciertos gastos no significa que éstos hayan sido mal efectuados o adolezcan de alguna irregularidad. Probablemente, faltó el documento o, después de 7 u 8 años, no fue posible encontrarlo, ya que normalmente los antecedentes se destruyen al cabo de 5 años.

En cuanto a la deplorable situación financiera de que da cuenta el informe preparado por la firma Langton Clarke al asumir la administración Aylwin y que se arrastraba por años, dijo que obviamente era conocida por el directorio y era materia de preocupación constante. El endeudamiento creciente de la empresa se trató de manejar dentro de los márgenes más razonables posibles, pero había un claro desequilibrio entre los costos de producción y los precios de venta, agravado por las exportaciones; comenzó a llegar carbón de Colombia, lo que deterioró la situación aún más. Durante ese período, la empresa trató de manejarse sin recurrir a aportes extraordinarios del fisco, como ocurrió más tarde. Había clara conciencia de que la situación de la empresa era muy comprometida, con un elevado nivel de endeudamiento. De hecho, la empresa tuvo pérdidas del orden de 2 mil a 3 mil millones de pesos, según los balances de los años 1988-89, situación que era producto de un deterioro de años anteriores. Hubo un año, 1985 o 1986, en que Enacar llegó a tener utilidades, pero de ahí en adelante la situación de costos se fue agravando por problemas de explotación y por el excesivo personal que había que mantener. Esa situación era de dominio del directorio y se trató de hacer el mejor manejo posible.

Para paliar la situación, entre los años 1980-1985 hubo una gran reducción de personal, pero posteriormente (incluyendo el período 1987-1990), por razones ajenas al manejo de la empresa, no se continuó dicha política, con el objeto de no complicar el panorama social en la zona del carbón, aun a sabiendas que ello hacía más delicada la posición financiera de Enacar.

La acción del directorio estuvo encaminada, básicamente, a obtener, en la medida de lo posible, una racionalización de la producción con la adquisición de equipamiento más moderno para explotar los distintos frentes. En eso se concentró la acción de la época. A nivel global hubo cuidado en cuanto a gastos generales de la empresa. Por ejemplo, en esa época el tema de la salud era algo extraordinariamente sensible y de alto costo y, precisamente, para descargar de la empresa el gasto muy significativo que generaba la mantención de todos los programas y beneficios de salud que tenían los trabajadores, se creó la isapre del carbón.

En cuanto a la mantención del parque de Lota, no se consideró significativo el gasto. Probablemente había razones de otro tipo, como la de preservar esta área verde tan importante y significativa. Aseveró que no recordaba los gastos que implicaba el parque, pero ellos no se traducían en la contratación de más de dos personas.

Sobre el eventual cierre de la mina como una salida a la crisis, no podía asegurar si se discutió formalmente en alguna sesión de directorio, pero siempre fue un tema latente. En todo caso, sí se tomaron decisiones de cierre de determinados frentes, que eran particularmente antieconómicos.

Respecto al costo de producción del carbón, no lo recordaba con exactitud, pero fluctuaba entre 50 y 55 dólares por tonelada. Precisamente, los problemas radicaban en que estaba llegando carbón del exterior a 45 ó 46 dólares la tonelada. Uno de los grandes compradores de Enacar era la planta Ventana de Chilquinta, además de la central Tocopilla, Iansa y Cap, entre otros. Pero los contratos más debatidos e interesantes para Enacar eran los del suministro en Ventanas, y en esa época entró la competencia del carbón extranjero. Muchas veces se discutió la posibilidad de obtener una protección arancelaria para Enacar, la que nunca se obtuvo.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

En consideración a lo anteriormente expuesto y teniendo presente las facultades fiscalizadoras que competen a esta Honorable Cámara, los Diputados que conformaron la Comisión Investigadora de Problemas Administrativos en la Empresa Nacional del Carbón S.A., concluyen:

1.- Que al investigar las actuaciones durante el período 1987-1990, se constató falta de documentación de respaldo y de comprobantes contables en diversas operaciones. Por esta razón, la Contraloría Regional del Biobío se inhibió de emitir un pronunciamiento definitivo. En todo caso, la Gerencia General de la Empresa deberá dar a conocer los resultados de la investigación interna que ordenara el Organismo Contralor, a fin de establecer las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en estos hechos.

2.- Que esta Comisión desea hacer presente que con anterioridad a la solicitud realizada por.la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 0437 de 19 de Abril de 1994, en orden a practicar una investigación en Enacar S.A., la Contraloría General de la República no realizó auditorías que correspondía llevar a cabo en uso de las facultades establecidas en el artículo N° 16 y siguientes de la ley N° 10.336 . A juicio de su jefatura, estas auditorías no pudieron llevarse a cabo por no contar el organismo contralor regional con recursos ni con el número suficiente de fiscalizadores.

3.- Que el análisis de los antecedentes, documentos, oficios y declaraciones allegados o prestados, en su caso, ante la Comisión, correspondientes al período 1987-1994, nos llevan a ratificar las conclusiones del Informe N°VE-100/94 de la Contraloría Regional del Biobío, en los siguientes aspectos:

a)Que la Gerencia de la empresa actuó con negligencia administrativa, al constatarse el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades cautelares de los intereses de Enacar, lo que se tradujo en algunas pérdidas de su patrimonio en el período 1990-93, que afectan a los rubros “bosques y madera mina”, “préstamos habitacionales cooperativa Carop” y “créditos de capacitación no utilizados para los efectos tributarios”, y desembolsos improcedentes no justificados por conceptos relativos a pagos indebidos de: indemnizaciones, fletes, consumos y otros, en el período 1990-93, por un monto de $ 85.206.640.-

b)Que se ha podido apreciar que los resultados negativos en los ejercicios de los períodos 1990-93 obtenidos por la empresa se incrementaron como consecuencia de ajustes contables que no obedecen a decisiones del Directorio.

c)Que decisiones y políticas de la Gerencia General, en el período 1990-93, en materias relativas a remuneraciones adicionales, honorarios y beneficios voluntarios concedidos a trabajadores que se han acogido a retiro, las que sin representar actuaciones presuntamente dolosas o irregulares, no guardan relación con los lineamientos que definió el Directorio de la Empresa para mantener un ejercicio administrativo austero y eficiente.

4.- Que se constató la inexistencia de actuaciones dolosas o culpables por parte del Directorio

de Enacar que presidió el señor Italo Zunino, lo que queda ratificado en el informe N° VE-100/94 de la Contraloría Regional del Biobío, en el que no se le formula ninguna imputación. Debe consignarse, además, que los integrantes del directorio del período investigado (1992-94) fueron los únicos que concurrieron en todas las oportunidades en que se les invitó por parte de la Comisión, dejando en evidencia su plena disponibilidad para aclarar cualquier materia.

5.- Siendo Enacar una empresa que recibe anualmente importantes aportes del Estado, es necesario que los organismos fiscalizadores, tales como la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Valores y Seguros, establezcan programas especiales de fiscalización mientras existan dichos aportes.

Cabe consignar que vuestra Comisión Investigadora, por unanimidad, acordó votar por separado cada uno de los puntos que componen sus referidas conclusiones, siendo objeto éstas de la siguiente forma:

a)Por la del N° 1 : seis votos a favor y dos en contra;

b)Por la del N° 2 : cinco votos a favor, uno en contra y dos abstenciones;

c)Por la del N° 3 : cuatro votos a favor y tres abstenciones;

d)Por la del N° 4 : cinco votos a favor, dos en contra y una abstención;

e)Por la del N° 5 : pronunciamiento unánime.

PREVENCIÓN DEL DIPUTADO SR. JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO

En su opinión, la Contraloría Regional del Biobío se excedió en sus atribuciones al practicar la auditoría de Enacar, pues entró a analizar el giro de la empresa emitiendo juicios de mérito sobre decisiones de administración que escapan completamente a su control. En efecto, en diversos acápites el Informe de la Contraloría se pronuncia sobre la oportunidad y conveniencia de ciertas medidas relativas a la marcha de la empresa -como utilidad o no de realizar ciertas inversiones-, que competen únicamente a quienes tenían a su cargo la dirección de la misma. Resulta, pues, impropio que el organismo contralor interprete sus atribuciones fiscalizadoras respecto de las empresas públicas en un sentido tan amplio que le facultaría para pronunciarse sobre la forma o el modo en que ellas son administradas, con lo cual se podría producir una interferencia indebida que puede entrabar seriamente su funcionamiento para competir en el mercado.

El principio de legalidad de los actos de administración, tratándose de empresas del Estado, no puede extenderse al mérito de las decisiones de índole económica que la Gerencia o el Directorio adopten. Tal como lo señala la Constitución, cuando el Estado interviene en la vida económica sus actividades quedan regidas por la legislación común, salvo que una ley de quórum especial establezca lo contrario. Si bien esas empresas forman parte de la Administración del Estado según el artículo 1° de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, el control de sus actividades tiene que ajustarse a la naturaleza del ente fiscalizado.

El problema deriva de que tradicionalmente las empresas públicas eran usadas para realizar servicios públicos. En la concepción actual, en que el Estado tiene principalmente una función reguladora, las empresas públicas tienen por objetivo maximizar las ganancias, y su función social queda asegurada por el marco regulador, los subsidios a los usuarios y el destino de las utilidades. Esta concepción se aparta de la visión tradicional de las empresas fiscales, que eran concebidas como una emanación del Estado central, sin autonomía y cuyo estatuto jurídico era un híbrido legal.

Todo ello hace indispensable que en la modernización de la Contraloría se fije con precisión el tipo de control a que deben estar sujetas las empresas públicas y, en el intertanto, sería oportuno que el Contralor General de la República impartiese instrucciones al respecto para evitar situaciones como las ocurridas en Enacar.

PLANTEAMIENTO DEL DIPUTADO ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

El aludido señor Diputado hizo llegar a la Mesa de la Comisión un documento que contiene sus puntos de vista acerca del anteproyecto de conclusiones que fuera sometido a la consideración de sus integrantes, el cual se transcribe a continuación:

“Que de la investigación al período 1987-1990 se constataron, aún con la falta de documentación y comprobantes contables, las siguientes situaciones relativas a:

1.- VENTA DE ACTIVOS 1987 - 1990:

En uso de la facultad de ley 18.066, de 1981, que autoriza a Enacar S.A. para enajenar Bienes Raíces cabe señalar que el informe indica:

a)Se enajenaron 398 inmuebles.

b)No es posible indicar el número de especies enajenadas como maquinarias, equipos, vehículos y muebles, ya que no se proporcionó información sobre valores de venta, postura mínima establecida o número de unidades componentes de los lotes.

c)Los depósitos por cuenta de “otros ingresos - venta propiedades y terrenos imputados” se tiene que los valores de los depósitos superan los valores contabilizados.

-05

En la cuenta señalada se abona por el valor total de la venta, en depósitos al contado o por la cancelación de cuotas, pudiendo ser el excedente por depósitos de fondos no generados por la venta de bienes imputados.

Lo anterior deja claro que las cifras entregadas no reflejan lo acaecido en este rubro, hay alteraciones sustanciales no explicadas.

d)

De los ingresos por “otros ingresos-ventas de propiedades y terrenos no imputados” que alcanzan en el período 1987 - 1990 $ 184.141.654.- se desprende:

d.1) En muchos casos faltan antecedentes que permitieran evaluar el real costo del bien, las ofertas de los participantes y copias de los comprobantes que avalan los pagos.

d.2) Lo anterior se constata en la venta de Enacar S.A. a don Juan Humberto Carvajal B, del predio Lote N° 214 de 2.009 m2 en $ 3.011.852.- (705,00 UF) en 10 cuotas mensuales de 70,50 UF.

Éste fue vendido antes de su cancelación total.

-08 septiembre de 1988 precio de venta Enacar S.A. a don Juan Carvajal B. $ 3.011.852.-17 mayo 1989 precio de venta don Juan Carvajal B. a Shell Chile $ 6.555.000.-

e)Respecto de la venta de los predios Puchoco 32.449 m2, Fundo la Colcha 46.629 m2, Fundo Boca Maule 6.403 m2, Fundo Millabú 431.358 m2, Fundo Boca Maule- Puchoco 944.305 m2, Fundo Quemir 1.080.000 m2.

No se aportan antecedentes sobre sistemas de ventas, tasaciones comerciales y auto fiscal, vendidos todos por un total de $ 142.419.655.-

2.- DOTACIÓN DE PERSONAL

Respecto de 48 contratos a honorarios acreditados entre 1987 - 1990 no fue posible pronunciarse sobre las funciones ya que los antecedentes no fueron aportados.

3.- RESULTADOS Y COSTOS DE Enacar S.A.

Se aprecia que tanto los costos unitarios de explotación como los de operación registran los valores más bajos en el año 1990 con $ 23.742.- y $ 26.995.- respectivamente, con un incremento de la producción de un 13,3% respecto de 1989.

4.- ASESORÍAS Y ESTUDIOS

La comisión fiscalizadora requirió todos los antecedentes de quienes prestaron asesoría, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, así como lo referido a estudios de proyección y desarrollo y sus costos y los resultados de las gestiones encomendadas. No se entregó antecedente alguno para esta investigación.

5.- CAPACITACIÓN

La comisión fiscalizadora debió abstenerse de emitir una opinión sobre las acciones de capacitación realizadas por Enacar S.A. en el período 1987 - 1990 por la evidente omisión de documentación sustentatoria que respalden los cursos dictados.

Así: 1987 - 1988 Se presentó sólo archivo sin los formularios de comunicación de acciones de capacitación y copia de factura.

1989 Sólo se remitió antecedente de cursos intensivos de la empresa (30 cursos) omitiéndose por lo tanto 130 cursos restantes.

1990 No se ubicaron los respaldos de los cursos que, según las estadísticas, alcanzaron a 128 para el establecimiento de Lota.

Por lo tanto, no existe respaldo para justificar y explicar:

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6.- REMUNERACIONES AL DIRECTORIO

Sin observaciones mayores.

7.- AUDITORÍAS INTERNAS

El Departamento de auditoría interna de la empresa, emitió en el período 87 - 90 un total de 83 informes.

a)Se determinó un faltante de 76 unidades de tubos de oxígeno valorizados a precio de la época en $ 6.764.000.-

b)Evaluación al departamento de servicios de personal sobre reparaciones, originaron pérdidas por $ 6.141.254.-

c)Evaluación del control interno en el Departamento de almacenes revela una pérdida bruta por adquisiciones incorrectas de $ 24.413.341.-, más el remate de artículos enviados a bodega que sólo arrojó un 10% del costo.

d)Evaluación al control de las existencias de equipos de perforación neumática y microteléfonos, dan cuenta de pérdidas totales no explicadas al 31 de mayo de 1988 por la cantidad de $ 147.590.396.-

e)Informe N° 14, de 1990, sobre auditoría en la adquisición de madera para mina, relata las severas debilidades de control interno, sobre la base de omisión de 3 contratos de un total de 5 presentados durante el año 1988 que involucran un total de $ 230.319.819.-

Existiendo incumplimiento de contratos por parte de proveedores, estando comprometidos importantes anticipos de dinero, desconociéndose en la mayoría de ellos si se ha resuelto iniciar acciones legales destinadas a exigir el reintegro de los dineros anticipados, se solicitaron informes jurídicos al respecto sin obtener respuesta.

8.- MADERA PARA MINA

Alrededor de los años 1986 y 1987 se suscita la problemática de la madera para Enacar S.A.

No hay antecedentes que den cuenta de lo solicitado.

Sólo en el período 1990 - 1994 se constató la falta de más de 2.000 m3 de madera, siendo de absoluta gravedad el carecer de antecedentes para el período 1987 - 1990.

9 - INDEMNIZACIONES LEY 19.174

Existen $ 77.081.663.- que no están debidamente acreditados en su devolución al Ministerio de Hacienda, no pudiendo ser revisadas las indemnizaciones cobradas anticipadamente para la compra de acciones CORFO, que alcanza a 3.069 trabajadores, por un monto ascendente a $ 2.823.522.213.

10. - ROL PRIVADO

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Se comprobó que la Empresa igualmente mantenía el procedimiento de solicitar con recursos del rol privado gastos de atenciones, manifestaciones a ejecutivos, donaciones, asesorías y estudios, reembolsos por gastos médicos, viáticos y movilizaciones, dietas y gastos de representación del directorio, tales como:

a)Atenciones y manifestaciones por $ 3.082.569.- en 1987, 1988 y 1989.

b)Manifestaciones a proveedores $ 3.157.314.-

c)Gastos improcedentes $ 438.625.-

d)Atenciones al personal y otros particulares (cocktail, almuerzo, compra de mercaderías, whiskies, desayunos del personal de gerencia) $ 843.732.-

e)Donaciones y aportes a instituciones militares: Por confección de estandarte de batalla logístico N° 3 $ 136.680.- y aporte al Comando de Apoyo del Ejército $ 40.000.-, total $ 176.680.-

f)Aporte a Secretaría General de Gobierno, división de organizaciones civiles $ 2.500.000.-

g)Gastos de estadías y viáticos a dirigentes sindicales, 1988 - 1989 $ 922.735.-

h)Préstamos a largo plazo no documentados sin reembolso por $ 450.000.-, por parte del Sr. Leoncio Toro Araya, Gerente de Administración y Finanzas.

Préstamo no documentado su reembolso por $ 500.000.- del Sr. Fernando Muñoz P.

i)Gastos de Honorarios: Se comprobó que durante los años 87, 88, 89 la empresa canceló regularmente asesorías profesionales a la sociedad denominada “Seguridad y Asesoría Integral Alfa - Omega Ltda.” por un valor total de $ 7.784.000.-, prestaciones en las cuales no se especifica claramente el tipo de servicio realizado, quiénes lo ejecutaron, ni tampoco fue posible ubicar el Contrato de Honorario.

j)Otros documentos faltantes: Por la suma total de $ 408.108.

11.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS POR VENTA DE VIVIENDAS IMPUTADAS

El artículo 2° de la ley N° 18.066 que autoriza a Enacar S.A. para proceder a vender viviendas imputadas al impuesto habitacional, establece que los fondos generales por este concepto deben emplearse en la rehabilitación o reparación de otras viviendas de su propiedad para ser transferidas a sus trabajadores, extrabajadores o herederos.

La empresa depositó en el período 1987 - 1990, en la cuenta de ahorro a plazo del Banco de Concepción, la cantidad de $ 213.210.358.-, obtenida del producto de la venta de unidades imputadas.

En el mismo período se efectuaron giros con cargo a estos recursos por un total de $ 234.237.035.-

Los antecedentes documentados relacionados con la utilización de estos recursos, no estuvieron a disposición de la comisión fiscalizadora, razón por la cual no es posible emitir una opinión acerca de si estos fondos se emplearon exclusivamente en los fines prescritos por la ley 18.066.

12.- CASA DEL DIRECTORIO

No se hicieron llegar a la comisión fiscalizadora antecedentes para su examen, en conse-cuencia, no existen evidencias formales por escrito de las personas y acompañantes que hicieron uso de la casa del Directorio en el período 1987 a 1990, que permita tener una opinión fundada sobre la administración y uso del inmueble.

13.- DIRIGENTES SINDICALES

La Contraloría Regional practicó durante 1987 una auditoría, que vio entre otras materias lo relativo a “ausencias Sindicales”, observándose que Enacar S.A. no se ajustaba a las disposiciones legales, por cuanto cancelaba remuneraciones, beneficios e imposiciones a dirigentes sindicales que hacían uso de permisos.

14.- SITUACIÓN FINANCIERA DE Enacar S.A.

Sobre el estado en el cual fue recibida la empresa Enacar S.A. por el Gobierno de don Patricio Aylwin A., especialmente en materia financiera y productiva., se señala que la empresa de auditores externos Langton Clarke, contratada el 31 de marzo de 1990, “detectó la existencia de una situación financiera deplorable, con un endeudamiento de corto plazo ascendente a $ 6.874.- millones, con tendencia a aumentar, con costos de producción sustancialmente superiores a los precios de ventas”.

La anterior síntesis de la investigación desarrollada por la Contraloría Regional revela la necesidad de perseguir responsabilidades legales administrativas a los funcionarios, ejecutivos y directorio que estuvieron al frente de Enacar S.A. en dicho período.

Ello es más evidente, dado la total ausencia de los miembros del Directorio del período 1987-1990, los cuales, a pesar de las reiteradas invitaciones a declarar ante esta Comisión, no asistieron en ninguna oportunidad, por lo que fue imposible obtener los descargos correspondientes -si es que estos fueren procedentes-.

Estos directores son los señores: Sergio Valenzuela Ramírez, Guillermo Letelier Skinner, Remberto Urrea Muster, César Vicuña Elguin, Jorge Ballerino Sandford, Álvaro Hurtado Guzmán, Pablo Ihnen de la Fuente y Sebastián Bernstein Letelier.

Por ello, es urgente y necesario que el actual directorio de Enacar S.A. inicie las acciones legales que correspondan, para aclarar la pérdida de las 76 unidades de tubos de oxígeno valorizadas en $ 6.764.000.- y de los equipos de perforación neumática y microteléfonos por la cantidad de $ 147.590.396.-, dado que resulta inexplicable cómo y por qué el directorio de la empresa, al 31 de marzo de 1988, no realizó las acciones legales tras comprobar la desaparición de dichos equipos, así como el resto de las pérdidas constatadas. Es preciso que el Consejo de Defensa del Estado tome conocimiento de los hechos señalados y se aboque a investigar y perseguir las responsabilidades individuales de quienes aparecen directamente relacionados con las irregularidades señaladas por el informe de la Contraloría Regional, considerando como agravante el hecho de la negativa a asistir a declarar ante esta comisión.

En relación al período 1990-1994:

Se debe tener presente que en la respuesta a la pregunta sobre la producción histórica de carbón por parte de Enacar S.A., entregada por el actual directorio, se señala “La inexistencia de objetivos y planes de largo plazo fundamentales para la planificación minera, motivado probablemente por el contexto de situaciones complejas, que no nos corresponde calificar, y que tienen en la actualidad a la mina de Lota sin reservas geológicas explotables. Es esa la causa básica donde se encuentra la raíz del aumento de costo”.

Que por ello se hace necesaria la realización de un acabado estudio de las posibilidades de desarrollo, explotabilidad y rentabilidad de la mina de Lota, estudio que debería ser realizado por una institución especializada mediante licitación pública y que debe ser ejecutado de manera inmediata.

Que, en relación al parque, al hospital y a la casa del directorio, se debe efectuar igual tipo de evaluación, a fin de determinar con exactitud el rol que estos activos desempeñarán en Enacar S.A. en los próximos años.

Que, respecto a las irregularidades en la venta y explotación de bosque y maderas, se solicite al Consejo de Defensa del Estado se haga parte de la investigación judicial que se lleva a efecto en el Juzgado del Crimen de Lota por presunto fraude en contra de Enacar S.A.

Que la actual autoridad de Enacar informe, a la brevedad, si ha hecho efectiva la garantía que los particulares participantes en las irregularidades descritas en el informe de Contraloría tenían en favor de Enacar y, si ello no se ha realizado a la fecha, dictamine las actuales responsabilidades administrativas por no efectuar su cobro.

Que la Empresa Nacional del Carbón S.A. envíe a la Cámara de Diputados, a la Contraloría Regional y al Consejo de Defensa del Estado, copia de la investigación que los auditores externos Langton Clarke han realizado por encargo de la empresa, y que esta última defina las iniciativas legales que le permitan resarcirse del daño patrimonial causado y sancionar a quienes resultaren responsables de dichos hechos.

Que, de las contrataciones y pagos indebidos señalados en el informe y que no están aún reintegrados, sea demandado su reembolso a través de las acciones legales por parte de la empresa, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado.

Que, con respecto a Bonos Reservados entregados al señor Juan Hugo Zapata, se obtenga la retribución a través de los medios ya señalados precedentemente.

Lo anterior corresponde a los montos no restituidos a la fecha de la entrega del informe de la Contraloría Regional, y la Comisión Investigadora no tiene información que acredite que esta situación se haya normalizado.

Que la empresa debe informar si los aportes realizados a los dirigentes sindicales fueron restituidos y si ha tomado las medidas para evitar que se produzca esta situación.

Que la empresa debe informar si mantiene la práctica de cancelar pólizas de seguros de vida a sus ejecutivos y, si dada su no incorporación anterior a los contratos, es posible recuperar estos aportes, ya que ello se hizo transgrediendo el artículo 10 del Código del Trabajo, que señala que no corresponde que éste sea financiado con recursos de la empresa.

Que la empresa realice las acciones para obtener la devolución de los gastos de capacitación no descontados a ex empleados, establezca la responsabilidad administrativa y permita recuperar esas sumas.

Que la empresa debe establecer las responsabilidades administrativas por no haber rectificado oportunamente la declaración de renta del período tributario 1992, ejercicio comercial 1991, procediendo legalmente contra quienes resulten responsables, estén o no trabajando actualmente en la empresa.

La persecución de las responsabilidades por las irregularidades antes señaladas debe ser efectuada enérgica y eficazmente, a fin de evitar la repetición de estos hechos. El directorio actual debe informar acerca de las medidas administrativas tomadas desde la fecha de ocurridos los hechos, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.

Que la negligencia administrativa de la gerencia de la empresa en el período 1990-1994, sobrepasando las facultades de supervisión de los directorios, hace necesario establecer las acciones judiciales que corresponda por parte de la propia empresa, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, dado que ello significa pérdida patrimonial a Enacar S.A. De no mediar acciones concretas que permitan reflejar la nueva responsabilidad y cambios profundos en Enacar S.A., la credibilidad de la empresa se verá irremediablemente afectada en su actuar presente y futuro.

A su vez, las limitaciones que esta Comisión Investigadora tuvo para ejercer su cometido, han revelado lo inadecuado e insuficiente de las facultades parlamentarias para desarrollar investigaciones como ésta, las cuales están dadas en el ámbito de las atribuciones legales y las capacidades de trabajo y recursos humanos disponibles para un adecuado cumplimiento del cometido.

De no mediar cambios profundos en la forma, estructura, facultades y reglamentación de las Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, éstas profundizarán su ya gran desprestigio y absoluta inoperancia.

Vuestra Comisión Especial encargada de investigar los problemas administrativos en la Empresa Nacional del Carbón S.A. acordó, por unanimidad, designar Diputado Informante al señor diputado León Ramírez, don Roberto.-Acordado en las 25 sesiones celebradas por la Comisión, entre el 04 de octubre de 1994 y el 23 de enero de 1996, con asistencia de los señores León, don Roberto; Ávila, don Nelson; Cardemil, don Alberto; García, don René Manuel; Makluf, don José; Navarro, don Alejandro; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don Víctor; Salas, don Edmundo; Ulloa, don Jorge; Viera-Gallo, don José Antonio; Vilches, don Carlos, y Worner, doña Martita Asistieron, además, los siguientes señores Diputados, en calidad de reemplazantes: Ascencio, don Gabriel; Elizalde, don Ramón; Estévez, don Jaime; Martínez, don Rosauro; Reyes, don Víctor; Seguel, don Rodolfo, y Taladriz, don Juan Enrique

Sala de la Comisión, a 23 de enero de 1996.

(Fdo.): Sergio Malagamba Stiglich, Secretario de la Comisión.”