Labor Parlamentaria

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, en representación de la bancada del Partido Socialista, quiero fijar nuestros puntos de vista sobre la materia en discusión.

Somos partidarios de la inmediata constitución de la Comisión Investigadora de la Cámara. Su tarea esencial será disipar toda duda ante el país sobre un acontecimiento que, para muchos, ha significado una catástrofe por la magnitud de los recursos involucrados y por la legítima duda existente en distintos sectores del país respecto de las responsabilidades que hay detrás de estos hechos.

El Partido Socialista cuenta con parlamentarios en todas las regiones en que existen yacimientos de nuestra principal riqueza minera. Asimismo, se enorgullece porque son socialistas quienes hoy encabezan la Federación de Trabajadores del Cobre. En consecuencia, como fuerza política perteneciente al Gobierno de la Concertación, y como fuerza social que representa a un sector ampliamente mayoritario de los trabajadores del cobre y de las regiones donde se encuentran los yacimientos, se pronuncia porque la investigación se lleve a fondo hasta las últimas consecuencias, con el objeto de aclarar las responsabilidades que correspondan, sin exclusión de ninguna de ellas.

Enfatizamos que nuestra conciencia de partido popular y democrático nos obliga a expresar nuestra indignación ante las eventuales irresponsabilidades, irregularidades, negligencias y actuaciones dolosas que puedan haberse cometido en la administración de Codelco, en particular durante los últimos meses.

El solo pensar que los recursos involucrados en estos lamentables hechos habrían sido suficientes para otorgar un aguinaldo a todos los jubilados del país, superior a los 60 mil pesos, o incluso elevar las pensiones mínimas, las más disminuidas, en cifras superiores al 15 por ciento, nos indican que el país no sólo tiene duda respecto de lo que ocurrió desde el punto de vista de la capacidad o incapacidad administrativa y de los valores éticos en juego, sino que, además, constata con estupor que se han dilapidado fondos que podrían haber influido en forma significativa en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más pobres.

Por lo tanto, reiteramos que nos pronunciamos por una investigación a fondo que permita, además, mantener a Codelco como una empresa pública y moderna, cuestiones que, en nuestra opinión, no son antagónicas, sino plenamente armonizables en la medida en que los ejecutivos de la empresa cumplan su función con responsabilidad, pero también en estrecho contacto con los trabajadores.

El Partido Socialista, en los niveles de gobierno correspondientes, no pocas veces hizo presentes estos criterios, en particular el hecho de que, en muchas oportunidades, cuestiones importantes de la gestión de la empresa se hacían sin la debida consulta y concurso de los trabajadores, quienes han dado prueba través de los sacrificios que han estado dispuestos a asumir y, además, por el aumento de la producción de que pueden constituirse en uno de los principales factores de la modernización de la empresa, cautelando que ésta continúe siendo de propiedad de todos los chilenos.

Esperamos que la investigación también refuerce la convicción de que la gran conquista de la democracia chilena -lograda hace poco más de 20 años, cuando todas las fuerzas políticas del país, sin excepción, concurrieron por unanimidad en este Congreso Nacional a la nacionalización del cobre durante el gobierno del compañero Salvador Allende- será ratificada en beneficio de toda nuestra sociedad, con el objeto de que esos recursos permitan robustecer el presupuesto nacional y atender las necesidades de los sectores más pobres del país.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, en relación con el motivo que hoy nos convoca, la situación producida en Codelco Chile, lamento que no se encuentren presentes el Presidente del Directorio, don Alejandro Hales; el Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, y el Presidente de la Corporación del Cobre, don Jorge Rodríguez Grossi.

Hoy se reúne la Cámara para analizar este acontecimiento económico, que es el descalabro más grande en pérdidas del patrimonio del Fisco en la historia de Chile.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Está equivocado!

El señor VILCHES.-

Las irregularidades ocurridas en Codelco y los graves perjuicios que le provocarán al país ameritan que enfrentemos este tema con seriedad y mucha responsabilidad.

El país espera que tratemos este descalabro financiero con profundidad y que finalicemos nuestra tarea con resultados concretos; no con conclusiones confusas, inentendibles y plagadas de mezquinos intereses políticos. Que esto sea así, depende de los parlamentarios de la Concertación, quienes deberán demostrar que anteponen los intereses del país a los de la actual coalición gobernante.

Valoramos la decisión de los partidos de Gobierno de finalmente acceder a nuestra proposición para constituir una comisión especial investigadora. Queremos que esa misma buena disposición exista para definir su ámbito de competencia y, por último, para establecerlas responsabilidades políticas que, sin duda, existen en este caso.

Queremos aprovechar muy bien el poco tiempo de que disponemos. Hay una cantidad importante de interrogantes que el país se ha hecho, y que sintetizamos el 2 de febrero para entregarlas, por su intermedio, señor Presidente, al Ministro de Minería.

Estas dudas, que comparte la opinión pública del país, se pueden resumir en cuatro órdenes de materia que, a más de dos semanas, no son aclarados por los responsables del Gobierno y de la empresa.

l° Es necesario determinar el origen exacto de este descalabro. La versión inicial, a estas alturas, no es creíble para nadie. No puede ser que un solo funcionario de la principal empresa del país, por un error de digitación, haga incurrir en pérdidas superiores a los 200 millones de dólares.

2° Queremos una explicación coherente del marco en que se dio la acción de Juan Pablo Dávila.

3° Se debe informar de los controles, auditorías y fiscalizaciones que no operaron en este caso, y de quién es esa responsabilidad.

4° Hay que determinar cuál fue el papel del directorio: si sabía o no de la realización de estas operaciones de ventas a futuro.

Señor Presidente, las preguntas concretas que haré en esta sesión y solicito, como dije, que por su intermedio se hagan llegar al señor Ministro de Minería, Presidente del mencionado Directorio, son:

1° ¿Cuáles son las características y magnitudes de las operaciones a futuro comprometidas, incluyendo, para cada una, la fecha, su monto, el precio prometido, el nombre del broker o intermediario y la o las personas de Codelco que autorizaron la operación?

2° ¿Cuáles son las pérdidas generadas por cada operación y cuál es la pérdida total que éstas han ocasionado a Codelco?

3° ¿Puede Codelco seguir sosteniendo que Juan Pablo Dávila actuó absolutamente solo, cuando las operaciones efectuadas implican la venta de la producción de un año, esto es, un millón de toneladas, que involucran cerca de 1.800 millones de dólares?

4° ¿Puede Codelco seguir sosteniendo que ninguna autoridad de la empresa, distinta de Juan Pablo Dávila, tuvo conocimiento alguno de estas operaciones antes del viernes 21 de enero, fecha en que este último habría informado de las mismas?

5° ¿Considera usted legítimo que dentro de las atribuciones de Codelco se realicen operaciones especulativas a futuro, sin respaldo de producción física, como las hechas por Juan Pablo Dávila?

6° ¿Cuáles eran las personas autorizadas para operar y acordar líneas de créditos; los límites máximos de operación y pérdidas máximas permitidas, y los mecanismos de información y confirmación de las operaciones realizadas contemplados en los convenios de operación celebrados entre Codelco y los distintos brokers o intermediarios que actuaron en las operaciones a futuro? ¿Cuáles eran los mecanismos de control, al interior de la empresa, para verificar el cumplimiento de estos convenios de operación? ¿Existieron autorizaciones del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la letra m) del artículo 9° de la ley orgánica de Codelco?

7° ¿Hubo algún grado de incumplimiento por parte de los brokers o intermediarios de las cláusulas establecidas en los convenios de operación mencionados en el punto anterior? En tal caso, ¿qué responsabilidad le corresponde a estos brokers como intermediarios y de qué forma Codelco pretende hacer exigible esta responsabilidad para aminorar las cuantiosas pérdidas incurridas por la empresa?

8° Se ha señalado que los Ministros no conocían que se realizaban estas operaciones especulativas, declaración aparecida en la prensa de días pasados. De haberlo sabido y teniendo presente el cargo que desempeña el señor Ministro de Minería, ¿qué actitud él habría adoptado?

9° ¿Es efectivo que este Ministro fue informado, en noviembre de 1993, personalmente por don Alejandro Jara, asesor externo del Ministerio de Minería, y sobre la base de estudios efectuados por siete bancos extranjeros especializados, acerca de los riesgos de las operaciones a futuro?

10° ¿Es efectivo que a don Alejandro Jara se le prohibió informar a la opinión pública de lo anterior, una vez conocido el escándalo en Codelco?

11° ¿De qué forma el Directorio de Codelco cumplió con la obligación que le impone el artículo 9° de su ley orgánica, según el cual él "tendrá la conducción superior y la supervigilancia de la marcha de la Empresa" correspondiéndole, entre otras, la obligación de "señalar las normas generales para la venta, exportación, embarque, consignación y, en general, la comercialización del cobre, minerales, productos y subproductos, en concordancia con las disposiciones generales que dicte el Gobierno;?".

12° ¿Cuáles son las normas establecidas por el Directorio y las disposiciones generales dictadas por el Gobierno en esta materia y, en particular, en lo relativo a las operaciones a futuro?

De existir estas normas, ¿quién fiscalizaba su cumplimiento?

13° ¿Cómo cumplió el Directorio, en forma especial el Ministro de Minería, que lo preside, y el de Hacienda, que lo integra como Director, su obligación de supervigilancia de la marcha de la empresa en lo relativo a la comercialización del cobre y, en particular, en lo relacionado con las operaciones a futuro?

14° ¿Cómo se explica que tanto el Ministro de Minería como el de Hacienda hayan aprobado el balance de la empresa de 1993, que contemplaba utilidades por estas operaciones especulativas que ascendían a 30 millones de dólares y hoy señalen que nunca fueron informados de la existencia de tales operaciones?

Si este ítem no fue consignado expresamente en el balance como operación especulativa, ¿por qué concepto fueron ingresados estos 30 millones de dólares de utilidad? ¿Fue por producción física? y, ¿a qué división de Codelco se imputó esta mayor producción simulada?

15° Los representantes del Gobierno han señalado insistentemente que los hechos ocurridos son sólo producto de la falta de control. Suponiendo que esto sea efectivo, queremos saber, ¿cómo explican la política asumida por el Gobierno al despedir, en mayo de 1993, a la mayoría de los contadores auditores, dejando prácticamente inexistente el Departamento de Auditoría Interna de Codelco?

Señor Presidente, estas preguntas que acabo de formular se las haré llegar a usted por escrito, porque esperamos respuestas satisfactorias del señor Ministro de Minería.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Olivares.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, el jefe de nuestro Comité, Diputado señor Escalona, ha expresado la opinión de nuestro partido y de nuestra bancada respecto de la designación de esta comisión investigadora.

Además de hablar en mi condición de Diputado del Partido Socialista, lo hago como fundador y Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y uno de los voceros de los trabajadores de la gran minería del cobre, presentes en las tribunas a través de sus directivas, tanto de sindicatos de las bases como de la Directiva Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre.

Por encargo de ellos -y porque tengo autoridad moral por haber sido uno de los iniciadores de este proceso de nacionalización para devolver al país el cobre y las utilidades que él produce, con el objeto de beneficiar a todos los chilenos y no a unos cuantos "vivos" o zánganos de cualquier pelaje- debo decirles que es bueno separar a los ejecutivos, de los trabajadores de Codelco, ya que estos últimos han hecho ingentes esfuerzos para mejorar la situación de la empresa, pues han aceptado planes especiales de egresos y jubilaciones anticipadas, y han aumentado o recuperado la producción, lo que han hecho pensando en Chile y en los chilenos. Por ello, no permitirán, al igual que nosotros, que unos cuantos "vivos" vengan a sacar provecho de ese esfuerzo, desgraciadamente no reconocido.

Quiero recordar esto a los señores Diputados y espero que el colega señor Vilches lo agregue en el cuestionario que ha hecho, aunque sea en otra forma.

Los socialistas hemos sido coherentes y consecuentes en el pasado; lo somos en el presente y continuaremos siéndolo en el futuro, para exigir transparencia y velar por la moral en este país.

Cuando se nacionalizó el cobre, el Diputado que habla, con la aprobación del Presidente Allende, logró incorporar lo siguiente en la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución Política de 1925:

k) "Mientras se dicte por ley un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Cobre, éstos continuarán rigiéndose por las disposiciones legales vigentes, sus contratos de trabajo se mantendrán y no se verán afectados por cualquier cambio de sistema.

"Los trabajadores seguirán gozando de los derechos de sindicación y huelga que el actual Estatuto les confiere, conforme a las modalidades y condiciones establecidas en él. La Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre y sus sindicatos de afiliados, industriales y profesionales, conservarán su personalidad jurídica y continuarán rigiéndose por sus estatutos y reglamentos actualmente vigentes.".

Además, el inciso final de esta letra prescribe: "Al dictar un nuevo Estatuto, el legislador, en caso alguno, podrá suprimir, disminuir o suspender los derechos o beneficios económicos, sociales, sindicales o cualesquiera otros que actualmente disfruten los trabajadores de las empresas de la Gran Minería del Cobre, sea que éstos se hayan establecido por aplicación de disposiciones legales, actas de avenimiento, contratos colectivos, fallos arbitrales o por cualquiera otra forma. Deberá consultar, igualmente, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas u organismos que se hagan cargo de las faenas productoras.".

¿Se cumple esto? ¡No!

¿Por qué? Porque el Capitán General derogó esta disposición de la Carta Fundamental, que aprobamos junto con la nacionalización del cobre.

Es bueno recordar estas cosas en presencia de los trabajadores, que son las víctimas.

Repito, tenemos autoridad moral para pedir esta investigación, a la cual no pretendemos bajar el perfil. Ya lo dijo el Diputado señor Camilo Escalona: los socialistas y los trabajadores del cobre estamos por investigar esto a fondo, y cualquiera que sean los culpables, deberán pagar por el daño que han hecho, especialmente a los trabajadores del cobre y a los sectores más desposeídos de este país.

No podemos permanecer en silencio, porque nos causa indignación que los autores, cómplices o encubridores de los más grandes peculados de nuestra historia, vengan a tomar hoy la actitud de catones a la violeta, a fruncir el ceño, a magnificar los hechos, a rasgar vestiduras y a adoptar la hipócrita conducta de erigirse en jueces implacables de hechos que, cometidos por otros hace algún tiempo, acallaron, toleraron o minimizaron.

¿Qué dijeron o qué hicieron? ¿Dónde están las querellas, las denuncias o las declaraciones condenatorias frente a hechos den veces más graves para los intereses nacionales? El pueblo de Chile, en el período más crítico de la economía nacional, tuvo que aportar, a través del Banco Central, la colosal suma de 3.800 millones de dólares para salvar de la quiebra al sistema bancario privado. El pago tiene el carácter de pasivo inexigible y la deuda es a plazo indefinido; en otras palabras, hay una verdadera condonación u obsequio de la comunidad a los sectores más ricos e implacables para cobrar deudas a las víctimas de obligaciones usuarias.

La Corfo efectuó una licitación fraudulenta en el gobierno anterior, en virtud de la cual transfirió el dominio de más de 95 mil hectáreas de los mejores terrenos salitrales del país al señor Ponce Lerou, yerno del Capitán General, en la irrisoria suma de 6 millones de pesos, pagados con facilidades. Tengo entendido que la Soquimich, de propiedad del aludido, con la sola explotación del yodo contenido en los sales salitrales, obtuvo una utilidad cercana a los 30 millones de dólares.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OLIVARES.-

Repito, no pretendemos bajar el perfil de esta investigación, sino que estamos por profundizarla. No creemos que sea moral venir ahora a rasgar vestiduras y a poner el grito en el cielo, olvidándose de lo que hicieron anteriormente. Criticamos estas situaciones en el pasado y lo seguimos haciendo ahora. Queremos hacer resaltar, como socialistas, que esa es una de las diferencias entre un gobierno democrático y una dictadura. En un gobierno democrático, se podrán "meter los pies", como decía Allende, pero no las manos. Aquí, el propio Presidente de la República ha ordenado una investigación, que irá hasta el final.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OLIVARES.-

Nos hubiera gustado que quienes hoy están gritando tanto, también hubiesen tenido en el pasado la misma actitud del Gobierno de la Concertación y de los parlamentarios del Partido Socialista.

He dicho

Aplausos.

Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente estamos discutiendo un proyecto de acuerdo presentado el mes pasado y que no se trató oportunamente porque los parlamentarios socialistas se opusieron. De lo contrario, ya estaríamos investigando esta pérdida millonaria.

Me hubiese encantado haber escuchado en esa ocasión al Diputado señor Olivares hablar con la misma fuerza con que lo ha hecho esta tarde para convencer a sus compañeros acerca de la necesidad de iniciar en esa época la investigación de un hecho que el país ha presenciado con estupor: actuaciones irregulares ocurridas en la empresa estatal más importante de Chile, las que le han significado una pérdida, de acuerdo con las últimas estimaciones que se han dado por la prensa -porque todavía no podemos hablar de cifras oficiales- de más de doscientos millones de dólares. Tuvimos ocasión de invitar al entonces Vicepresidente señor Noemi, quien hablaba inicialmente de 99 millones de dólares y, sin embargo, a los tres días después ya se duplicaba, llegando a una cifra del orden de los 90 mil millones de pesos.

De más está exponer, con detalle, la magnitud de los recursos involucrados. Basta decir que, según algunas comparaciones, ellos equivalen a la construcción de más de 45 mil viviendas sociales para la gente más modesta del país, o que los recursos que las personas pagarán adicionalmente durante cuatro años, como consecuencia del alza de impuestos acordada por el Congreso Nacional con ocasión de la reforma tributaria de 1990, se esfumarán, dado que se ha estimado en 50 millones de dólares la mayor recaudación anual por concepto de impuesto a las personas.

¿Cómo es posible que funcionarios de una empresa estatal dispongan, sin ningún control, de cantidades de estas magnitudes que, para otros fines, deben discutirse durante meses entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo?

¿Quién o quiénes son los responsables de esta situación? Esa es la respuesta que el país espera y que nuestra Corporación, en el uso de sus facultades fiscalizadoras de los actos del Ejecutivo, no puede eludir.

Codelco es una corporación de propiedad del Estado y hay, en consecuencia, una responsabilidad de tipo político por la pérdida de tal cantidad de recursos originadas en actuaciones temerarias de la empresa. Las autoridades del país y, en particular, aquellas que tienen responsabilidades en esta área de función pública, deben responder por ella.

Codelco es, además, una empresa regida por una ley orgánica que establece claramente las responsabilidades de sus autoridades. No se trata aquí, como se nos quiso hacer creer en un principio, del simple error de un funcionario de rango intermedio; estamos en presencia de una inexcusable negligencia en el ejercicio de funciones de la administración superior de Codelco, la que corresponde a su directorio, al Ministro de Minería y al de Hacienda, principalmente.

El simple examen de las principales disposiciones de la ley orgánica de Codelco, contenida en el decreto ley 1.350, de 1976, y sus modificaciones, nos señalará, como me propongo demostrar a continuación, que hay un sinnúmero de preguntas sin respuestas en relación con las responsabilidades que surgen de los hechos que nos preocupan.

¿Qué dice el artículo 7°? "La dirección superior y administración de la empresa corresponderán a su Directorio y a su Presidente Ejecutivo, en la forma que se señala en los artículos siguientes.".

Aquí se establece muy claramente que el Directorio de Codelco es el principal responsable de su administración, como sucede, por lo demás, en toda empresa. Los artículos siguientes indican la composición del Directorio y las responsabilidades específicas que recaen en éste y en el Presidente Ejecutivo.

"Artículo 9°.-

El Directorio tendrá la conducción superior y la supervigilancia de la marcha de la Empresa, correspondiéndole las siguientes atribuciones:

"c) Señalar las normas generales para la venta, exportación, embarque, consignación y, en general, la comercialización del cobre, minerales, productos y subproductos, en concordancia con las disposiciones generales que dicte el Gobierno;".

Las cuestiones por responder en relación con este artículo son variadas. Es preciso determinar si el actual Directorio ha tomado acuerdos sobre las ventas a futuro de cobre, o si sólo se limitó a especular con la producción que hacían los trabajadores que mencionaba el Diputado señor Olivares.

¿Qué límites establecen y a qué funcionarios autoriza para operar? ¿Autorizan a Codelco para realizar sólo operaciones calzadas o también para especular con operaciones a futuro sin respaldo productivo? ¿Autorizan la transacción a futuro de metales distintos del cobre? Si no ha tomado ningún acuerdo al respecto, dada la magnitud de los efectos que estas ventas tienen sobre los resultados, ¿considera el Directorio que ha cumplido con su obligación de señalar las normas generales para la comercialización de acuerdo con el artículo 9°? ¿Qué normas generales ha dictado el Directorio entonces en esta materia? Si no era el Directorio, ¿quién en Codelco impartía esas normas? ¿En qué documentos constan las atribuciones de un comité que supuestamente supervisaba las operaciones a futuro? ¿Cuáles eran esas obligaciones de ese comité? ¿Qué responde ese comité a las interrogantes planteadas en los números 3, 4 y 5 anteriores?

La letra m) de este mismo artículo dice:

"Autorizar la contratación de empréstitos internos y externos, en moneda nacional o extranjera.".

Debe determinarse si, en uso de esa atribución, el Directorio aprobó líneas de crédito con los brokers con que operaba en mercados a futuro. ¿De qué montos fueron esas líneas? ¿Fueron respetados esos montos en las operaciones en cuestión? ¿Entre septiembre de 1993 y enero de 1994, ¿se ampliaron, por parte del Directorio, los montos autorizados? ¿Si no fue así, ¿fueron ampliados por otros ejecutivos de Codelco?

¿Quiénes y con qué atribuciones actuaron? ¿Qué ejecutivos de Codelco tenían poder para contraer empréstitos?

¿Con qué límites?

¿Cómo se concilian esos poderes con la ley orgánica de Codelco y las atribuciones que en esta materia se entregan al Directorio?

Una norma establece que los créditos que la empresa contrate deberán ser autorizados, mediante oficio, por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, tratándose de créditos a más de un año plazo, se requerirá también autorización para iniciar las gestiones correspondientes.

Debe determinarse entonces si las líneas de créditos otorgados a Codelco por los brokers contaban con autorización del Ministerio de Hacienda. Si no es así, ello se debe fundamentar técnica y legalmente.

¿Estaba el Ministro de Hacienda, el señor Foxley, en su calidad de Director de Codelco, al tanto de estas líneas de Crédito?

El artículo 10 dice: "El Presidente Ejecutivo será nombrado por el Directorio y permanecerá en el cargo mientras cuente con su confianza." Y el Directorio no fue capaz de solicitar la renuncia al Presidente Ejecutivo.

Continúa diciendo el precepto:

“Es responsable de ejecutar los acuerdos del Directorio y supervisar todas las actividades productivas, administrativas y financieras de la Empresa, en la forma que establece esta ley.

"En especial le corresponderá: ñ) Informar, a lo menos mensualmente al Directorio de la gestión de la Empresa.".

Al respecto, habría que precisar: ¿entregó el Presidente Ejecutivo esos informes? ¿Incluían antecedentes sobre ventas y, en particular, sobre ventas a futuro?

Si no es así, como se ha afirmado a través de la prensa por parte de algunos directores, ¿es posible que el Directorio sea ignorante respecto de una materia tan crucial, como las ventas de la empresa? ¿Qué hacía entonces el Directorio de Codelco? ¿Solamente estaba para cobrar sus rentas, que son de nivel de ministros, como también lo señala la ley, más todas sus asignaciones?

Todas estas preguntas deberán tener respuesta en la Comisión Investigadora, porque el país necesita explicaciones claras de la Concertación y, muy especialmente, de la Democracia Cristiana, porque a ella pertenecen los dos ministros y el ex Presidente Ejecutivo de Codelco, el señor Noemi, de tan nefasta administración. Incluso, se ha tratado de convencer a la gente de que lo han hecho bien; pero el pueblo de Chile sabe que lo han hecho tremendamente mal y que han sido incapaces de responder a la confianza que le dio el pueblo cuando los eligió.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, los Diputados de la bancada de la Democracia Cristiana respaldamos, desde el primer momento de conocerse públicamente el problema existente en Codelco, la idea de crear una comisión especial investigadora.

Evidentemente, la trascendencia de esta empresa pública en la economía del país y la gravedad de los hechos conocidos ameritan que esta Corporación cumpla sus responsabilidades y deberes constitucionales, desde el punto de vista de su labor fiscalizadora, sin limitación y reparos.

En ese sentido, hay que recordar, en función de los planteamientos del Diputado señor Palestra, que de acuerdo con el Reglamento de nuestra Corporación, no corresponde sortear los miembros de una comisión investigadora, porque no estamos frente al juicio político; no estamos frente al mecanismo de la acusación constitucional, donde sí correspondería hacerlo.

El hecho de haber coincidido los comités en la formulación de un proyecto de acuerdo en forma unánime indica más bien que existe voluntad política; ánimo de enfrentar la situación al nivel que corresponde de acuerdo con su gravedad; que no queremos en absoluto disminuir el problema, sino, por el contrario, que esta Corporación debe cumplir sus obligaciones.

Pero quiero referirme al hecho de que las acciones producidas al interior de Codelco, de responsabilidad fáctica hasta ahora de un funcionario de carrera de la Corporación, de la dependencia directa de otros funcionarios también de carrera -es decir, no ingresados en el Gobierno de la Concertación, si no que en la administración anterior-, no debe en absoluto entrar a desfigurar nuestra responsabilidad y nuestro deber, pues resulta groseramente evidente el interés de los sectores opositores por tratar de sacar dividendos políticos de corto plazo.

La actitud del Gobierno y del Presidente de la República ha sido taxativa en llevar adelante las investigaciones e informar al público a través de los medios de comunicación. Porque en democracia, a diferencia de lo que existía en el gobierno anterior, la información se entrega, los organismo del Estado democrático cumplen sus obligaciones, y no corresponde que quienes fueron cómplices de una situación absolutamente reñida con los principios más elementales de la democracia, como la transparencia, nos vengan a dar lecciones respecto de este tipo de situaciones.

Por eso, el Gobierno, además de las investigaciones internas, de la contratación de auditorías externas con empresas internacionales, como la Price Waterhouse, entre otras, y de ordenar una investigación judicial, que se encuentra en manos de un ministro en visita dispuso la renuncia de algunos altos personeros de Codelco, en función de la situación planteada, los cuales -hay que reconocerlo-, cuando vinieron a la Comisión de Minería de esta Cámara, desde el primer momento fueron extraordinariamente honestos y directos al entregarnos la información que se encontraba disponible en aquel momento. Se ha dicho que en la comparecencia del anterior Presidente Ejecutivo de Codelco ante la Comisión de Minería no se mencionó que las pérdidas eran del orden de los 200 millones de dólares. Para ser justos, tenemos que recordar que el señor Noemi indicó, en esa oportunidad, que se estaban realizando estudios y auditorías para evaluar con mayor precisión cuáles eran los efectos de las transacciones que fueron encubiertas y no ingresadas en los registros de contabilidad y de control de la empresa.

Señor Presidente, no vamos a contestar ni hacemos cargo de ninguna de las preguntas planteadas por los representantes de la Oposición, porque esas interrogantes tendrán que ser dilucidadas a través del trabajo de la comisión investigadora que acordaremos constituir en esta sesión especialmente convocada al efecto. Nuestra postura es que la investigación siga adelante, que las responsabilidades, de acuerdo con la ley y con las normas de carácter administrativo, sean deslindadas en la forma que corresponda, y que, en definitiva, como dije al principio, asumamos nuestras responsabilidades en el ámbito fiscalizados.

La bancada democratacristiana, al apoyar con mucha convicción la necesidad de efectuar este trabajo en la Cámara, reconoce que la labor del Parlamento, dentro de sus atribuciones institucionales, tiene un perfil distinto del de la Contrataría General de la República o del de la investigación judicial que también se está desarrollando. De las intervenciones de los representantes opositores, se desprende el prejuicio y la intencionalidad evidentes de buscar la responsabilidad política de los señores Ministros. Pensamos que ello originará dificultades en la Comisión y que vamos a enfrentar un trabajo que será fundamentalmente de carácter político, desde la perspectiva opositora.

Respaldamos la actitud del Presidente de la República y de las autoridades del Gobierno de la Concertación de enfrentar este problema de la manera más honesta y transparente posible. Pensamos que el Parlamento debe hacer una contribución al respecto, por la importancia de esta empresa en la economía nacional.

Insistimos en que, políticamente -decisión que en el debate de esta Corporación y en el trabajo de la Comisión quedará en claro-, no podemos aceptar que se formule el cargo de que las autoridades de gobierno y personeros públicos de la Concertación tienen actitudes evasivas. En el fondo, se pretende descalificar la posibilidad del trabajo fiscalizador de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, la bancada del Partido Demócrata Cristiano ha dado su conformidad y respaldo a este proyecto de acuerdo, el cual no es una iniciativa de la Oposición, sino el reflejo del consenso político de todos los sectores representados en esta Cámara, de llevar adelante la investigación respecto del problema de Codelco.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo.

El señor CAMINONDO Señor Presidente, el país se ha visto sacudido por el descalabro suscitado en Codelco, que ha causado la pérdida de más de 200 millones de dólares y que no sólo ha afectado a la empresa más importante del país, sino también a todos los chilenos. Esto obliga a los parlamentarios, elegidos democráticamente por los mismos chilenos que hoy ven cómo se esfumó esa enorme cantidad de dinero, a adoptar con la máxima seriedad, responsabilidad y compromiso público, al margen de cualquier partidismo, las medidas tendientes no sólo a corregir lo que ha ocurrido en Codelco, sino a delimitar las responsabilidades de quienes resulten culpables de esta situación, sea por omisión, incumplimiento de sus deberes o cualquiera otra causa.

Por otra parte, es necesario que el país sepa claramente lo ocurrido y, fundamentalmente, cómo se financiarán estas millonarias pérdidas y quién las va a pagar. Se han divulgado los primeros resultados de auditorías e investigaciones y se ha dado cuenta, con alguna precisión, de todos los pasos que culminaron con esta desastrosa operación comercial. Sin embargo, nadie ha podido explicar al país cómo un sólo hombre pudo efectuar cinco mil operaciones equivocadas sin que nadie pudiera detectarlas oportunamente, y sin que los Ministros de Hacienda y de Minería, además del resto del directorio, tuvieran el mínimo de conocimiento de una situación que se arrastraba por varios meses.

Por ello, el país entero está solicitando que se determinen en forma precisa las responsabilidades de este bochornoso hecho, pues por mucho que se sostenga lo contrario, está significando un deterioro de nuestra imagen en el plano del manejo de las empresas del Estado.

La renuncia presentada por tres ejecutivos en cuanto se descubrió el hecho, la dimisión de Alejandro Noemi, y la solicitud de renuncia de otros ejecutivos, no resuelven en nada la situación, y la inquietud ciudadana continúa latente. Es precisamente ahí donde la Honorable Cámara debe ejercer su función fiscalizadora con el máximo de voluntad, obedeciendo al mandato del pueblo.

Todos sabemos que Codelco es una de las empresas productoras más importantes del mundo y su actual crisis genera incertidumbre en el mercado de cobre mundial y, por supuesto, en el ámbito económico interno. Pese a los informes conocidos, nadie puede predecir qué puede ocurrir con el escándalo que se ha generado. De allí que renace la necesidad de deslindar las responsabilidades que corresponden a todo nivel. Hasta este momento no se ha dado una señal que indique claramente hasta dónde alcanzan las culpabilidades en el asunto que atañe a la principal empresa chilena y ello es necesario precisarlo con la máxima claridad y severidad.

Soy un convencido de que de esta dramática situación, que afecta a todos los chilenos, debemos sacar una lección positiva: que el país no puede ni debe derrochar tantos recursos a través de estructuras burocráticas que no funcionan y que, en definitiva, permiten que un funcionario de cuarto nivel comprometa grandes sumas de dinero de todos los chilenos, sin responsabilidad ni control alguno.

Por último, debemos trabajar desde este Parlamento para que el futuro Gobierno, el cual, en definitiva, tendrá que tomar en sus manos el problema, no reduzca los programas sociales que benefician a los más necesitados, ni tampoco que esta millonaria suma se pague con la cesantía de empleados de la Administración Pública.

Muy por el contrario, estas pérdidas deberán ser absorbidas a través de una administración del Estado que se caracterice por una marcada austeridad y prudencia en sus gastos. Esta medida debería incluir no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo.

Esa debe ser la gran causa por la que debemos luchar desde este Parlamento, para cumplir con responsabilidad el mandato de nuestros electores, postergando cualquier interés político-partidista y sólo fijando nuestra acción en beneficio pleno de todos los chilenos.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, cuando, con motivo de una información que se hizo pública el día miércoles 26 de enero, se señaló la existencia de irregularidades en Codelco, que generaban para dicha empresa una pérdida que en ese momento se evaluaba en alrededor de cien millones de dólares, los parlamentarios democratacristianos, sin juicios previos, estuvimos de inmediato dispuestos a presentar un proyecto de acuerdo para iniciar una investigación a través de la creación de una comisión especial. De hecho, de los 32 Diputados patrocinantes del proyecto, diez pertenecen a la Democracia Cristiana. Además -y lo quiero señalar clara y categóricamente-, fue firmado por colegas de los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical.

Dicho proyecto reflejaba la unanimidad existente en la Cámara en cuanto a iniciar los pasos necesarios para que, al más corto plazo posible, la Corporación accediera a una información detallada, para conocer más antecedentes respecto de la crítica situación que se estaba informando a través de la prensa.

En esa fecha, al existir en la Sala oposición a que se alterara el orden de la Tabla con el objeto de proceder de inmediato a votar el proyecto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Minería estuvimos dispuestos, por unanimidad, a iniciar un rol fiscalizador frente a la situación generada. De hecho, ese mismo día miércoles los integrantes de la Comisión logramos muy tarde, ya casi de noche, la comparecencia del Presidente Ejecutivo de Codelco, don Alejandro Noemi, a quien le planteamos, en un extenso interrogatorio, todas las dudas que hasta ese momento, al menos para nosotros, surgían de una información muy incompleta.

Destaco estos hechos porque, desde el momento en que esto empieza a generar alarma pública y a inquietar la conciencia de la comunidad nacional, los parlamentarios de la Concertación, especialmente los democratacristianos, no hemos dudado en utilizar los mecanismos que posee la Cámara para fiscalizar y, de ser necesario, investigar a través de una comisión especial.

El interrogatorio al Presidente Ejecutivo de Codelco, don Alejandro Noemi, nos permitió advertir que incluso para él no existía claridad respecto de muchos puntos que en ese momento empezaban a salir a la luz, y si bien unánimemente estuvimos de acuerdo en que él había sido muy valiente al asumir la responsabilidad de la administración de la principal empresa del país, le señalamos expresamente que sus repuestas no resultaban satisfactorias y que, en consecuencia, solicitaríamos un conjunto de informaciones que nos permitieran contar a la brevedad con los antecedentes que le entregaran elementos de juicio adicionales a una comisión especial de la Cámara de Diputados. Los primeros oficios, que en mi opinión constituyen antecedentes que ya deben estar a disposición de la Comisión Especial Investigadora que se formará, corresponden a acuerdos adoptados por unanimidad en la Comisión de Minería relativos a petición de información a la Contrataría General de la República, a la Comisión Chilena del Cobre, al Ministerio de Minería y a la propia Codelco, que en ese momento, según informaciones de su Presidente Ejecutivo, había iniciado algunas auditorias.

Los términos en que en ese instante planteamos nuestra responsabilidad y plena dedicación a la investigación, partían del supuesto de que al momento de constituir la Comisión Especial Investigadora ya dispondríamos de algunos informes no preliminares y muy completos de las auditorías inicialmente encargadas al interior de Codelco. Estos antecedentes están a nuestra disposición y parte importante de ellos ha sido publicada en la prensa.

He querido destacar estos puntos, porque con motivo de una discusión originada en la Comisión de Minería de la Cámara una semana antes de que se produjera esta situación a raíz de que un Diputado de Renovación Nacional planteó sus dificultades para obtener respuesta a los oficios de fiscalización enviados a la Corporación del Cobre, los Diputados de la Concertación acordamos por unanimidad que en tales oficios se incluyera la firma y el asentimiento de todos los miembros de la Comisión de Minería, sin excepción, y señalamos expresamente que ninguno de ellos se prestaría para inhibir la tarea fiscalizadora que la Constitución nos entrega como Diputados de la República. Hemos mantenido en forma permanente ese criterio en todo lo que dice relación con el tema que nos ocupa y también con otros que han preocupado a la Cámara.

En todo caso, el testimonio del Presidente Ejecutivo de Codelco dejó planteadas muchas interrogantes, al margen de las expresadas por los Diputados señores Vilches, Masferrer y por otros colegas que intervinieron. Muchas de esas interrogantes las formulamos en conjunto, incluso públicamente, parlamentarios de la Concertación, entre los que me incluyo. De común acuerdo con quienes en los días posteriores a las sesiones de la Comisión de Minería habíamos acordado actuar categóricamente frente a un inevitable proceso de investigación, señalamos que más allá de la actividad habitual de Codelco y de todo lo que pudiéramos tener información, también se nos permitiera analizar responsabilidades de otro tipo.

Pero no sólo están planteadas estas interrogantes: hay muchas otras que no me parece oportuno reiterar en este momento en la Sala, porque respecto de ellas tendremos oportunidad de extendernos en la Comisión Especial Investigadora. Desde luego, hemos sido tajantes al plantear muchas de las formuladas por el Diputado señor Vilches, y también hemos manifestado nuestras dudas acerca de los antecedentes surgidos de las auditorías ya realizadas.

En cuanto a la investigación, estamos por no eludir las exigencias que la opinión pública y la conciencia nacional le imponen a la Cámara de Diputados. Debemos actuar dentro del marco de nuestras atribuciones y exigir que exista la más absoluta transparencia sobre lo que ha ocurrido en una Corporación tan importante para el país y cuyo desempeño habitual tiene trascendental relevancia en la conformación de la capacidad de inversión y del presupuesto público de nuestro país.

Las mismas exigencias que planteamos muchas veces, incluso antes de ser parlamentarios, cuando requeríamos transparencia en la administración de las empresas del Estado, sobre todo en el proceso de transferencia al sector privado, hoy se las hacemos a aquellas personas que, con la confianza de nuestro Gobierno, han tenido la responsabilidad de administrar una empresa tan importante como Codelco.

En esos términos creemos que se debe abordar el proceso de investigación, con prudencia respecto de lo que signifique emitir juicios que puedan inhabilitar una o varias de las conclusiones de la investigación que realice la Comisión, porque de los propios informes de la auditoría interna de Codelco se desprende que quedan aún muchas interrogantes que es legítimo plantear.

Tenemos un informe preliminar, de auditoría, que señala explícitamente hechos que para nuestra Comisión ya constituyen elementos de juicios que deberemos evaluar, analizar y proyectar en la responsabilidad que conlleven. Tal informe dice, por ejemplo, "El operador ignoró total, premeditada y sistemáticamente las limitantes y restricciones con que debía actuar." Agrega que existió "falta de control operativo y de supervisión de las acciones diarias del Departamento de Mercado de Futuro por parte de las instancias superiores, concretamente la Subgerencia y Gerencia de Ventas y, en última instancia, de la Vicepresidencia de Comercialización.

"No se usó el canal de la contabilidad para conciliar el estado de la posición de operaciones de futuro directamente con los brokers."

El sistema computacional, tanto en lo que es el equipamiento como el software que se encargó a firmas asesoras externas, no funcionó. Se señala, incluso, que ni los auditores internos ni los externos advirtieron sobre las fallas en los sistemas de control.

Al respecto, podemos solicitar mayor información para conocer pormenorizadamente la operación administrativa de la corporación, porque los parlamentarios democratacristianos, al igual que cualquier chileno de este país, nos preguntamos cómo es posible que en una empresa de la magnitud de Codelco se hayan consumado estas situaciones, sin que existiera algún mecanismo de control que entregara la alarma oportunamente.

Termino señalando que vamos a actuar sin ningún tipo de limitación en esta investigación. Así lo hemos hecho hasta el día de hoy y así entendemos el espíritu presente en nuestro apoyo a la formación de esta Comisión Especial Investigadora. Estaríamos negando el rol que la opinión pública, que millones de chilenos esperan de la Cámara de Diputados si dudáramos en abordar esta investigación en los términos en que, por unanimidad, ha sido elaborado el proyecto de acuerdo que se leyera al comienzo de la sesión. Concordamos con el proyecto de acuerdo, redactado por la unanimidad de los Comités, y comprometemos nuestra responsabilidad, nuestro trabajo y nuestra dedicación para que en el más corto plazo, de ellos, esta comisión especial investigadora pueda efectivamente inferir aquellas conclusiones que el país necesita.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, a menos de un año de un hecho irregular, como el de la Refinería de Petróleo de Concón, la Cámara de Diputados nuevamente debe centrarse a estudiar un tema, un hecho o una irregularidad que ha conmocionado a Chile. Al parecer, estas situaciones, que en un primer momento parecían aisladas, hoy pasan a ser generalizadas en nuestra patria y, lamentablemente, día a día las debemos estar viendo y conociendo en esta Corporación.

En verdad, no ha sido común, como lo señalaban algunos señores Diputados de la Concertación, que en forma tan abierta como en el día de hoy se haya propugnado formar una comisión investigadora. Recordemos que hace un año no se aceptó formar una para analizar la situación generada en la Refinería de Petróleo de Concón, empresa estatal también dependiente del Ministerio de Minería.

Quiero referirme a un hecho que considero de la máxima gravedad: la absoluta falta de seriedad del Ministro de Minería, también Presidente de los directorios de Codelco y de la Refinería de Petróleo de Concón, ya que en esa oportunidad manifestó públicamente que él no tenía responsabilidad alguna en los hechos que se denunciaron, que no conocía la situación producida en esa empresa del Estado dependiente de su ministerio. Hoy, también públicamente, desconoce cualquier tipo de responsabilidad, a pesar de ser Presidente de la empresa más grande del país y una de las más grandes del mundo. No sabe lo que sucedía en la Corporación que por ley estaba obligado a dirigir, y así el señor Ministro de Minería señala en los diferentes medios de comunicación que él no tiene responsabilidad alguna, que no sabía que la empresa realizaba operaciones de futuro. La verdad es que él estaba obligado a conocer y a aprobar no sólo la memoria de la empresa, sino también sus balances y estados financieros, en los cuales en alguna oportunidad debieron reflejarse los contratos de futuro; pero el Ministro de Minería nada sabe ni nada ha sabido. Por lo demás, ha sido la tónica de todos los ministros del actual Gobierno cuando han tenido que responder ante la Cámara de Diputados.

Recuerden ustedes, Honorables colegas, cuando con motivo de la investigación sobre el caso de espionaje, las tribunas y la Sala coreaban al Diputado señor Espina cuando decía: "...y el Ministro del Interior c§ nada sabe". Hoy día, el Ministro de Minería nada sabe, no es responsable de nada; y el Ministro de Hacienda nada sabe, a pesar de ser miembro del directorio de esa empresa estatal, la más grande de Chile y una de las más importantes del mundo.

Además, creo que el señor Presidente de la Cámara ha sido negligente -se lo digo directamente- al no haber invitado ni al Ministro de Minería ni al de Hacienda ni a ningún responsable de la empresa para que en esta sesión, públicamente y de cara al país, dieran cuenta de las irregularidades acaecidas en dicha Corporación.

Estamos discutiendo entre nosotros, sin tener mayores antecedentes de quiénes son efectivamente responsables de la administración de una empresa estatal que hasta la fecha ha perdido 206 millones de dólares y que no sabemos cuántos más perderá de aquí a que termine la investigación de esta Honorable Cámara.

Creo fundamental que la comisión investigadora que vamos a formar establezca la responsabilidad política de los ministros de Estado directamente involucrados en esta situación. Digo esto, porque la ley orgánica de Codelco dispone que al directorio le corresponde "Autorizar la contratación de empréstitos internos o externos, en moneda nacional o extranjera". Además, este directorio, que preside el Ministro de Minería, quien nunca ha tenido responsabilidad alguna -según sus expresiones- desde que ocupa el cargo para el cual fue designado por el Presidente de la República, también debe "Aprobar y modificar las normas sobre organización interna y los manuales de funciones de los cargos superiores de la Empresa, a proposición del Presidente del Ejecutivo." Pero el señor Ministro de Minería nada sabe sobre las operaciones de futuro; el señor Ministro de Minería no tiene responsabilidad alguna y el señor Ministro de Hacienda no sabe absolutamente nada.

¿Y quién responde al país por esta situación?

Tenemos muchas preguntas que hacer porque, indudablemente, ni este país, ni ningún chileno -perdónenme la expresión- "se ha tragado" lo que se ha dicho de Codelco: que sólo uno es el responsable de la situación producida.

Por eso nos alegramos de que hoy, por fin, la Concertación y, en especial, los colegas democratacristianos -lamentablemente, en todas las irregularidades conocidas en estos cuatro años, siempre han estado involucrados- podamos investigar este "affaire" que ha conocido el país, porque es imposible que esta situación no tenga un responsable político no sólo penal, y tampoco podemos aceptar que se quiere atribuir la responsabilidad a una sola persona.

Aquí hay responsabilidad política, y los Ministros deberán responder constitucionalmente de conformidad con el artículo 48 de la Carta Fundamental una vez que la Comisión investigadora llegue al fondo de la situación producida en Codelco.

Por eso, es de primerísima importancia que tengamos las facilidades de parte del Ejecutivo y de la empresa, para obtener todos y cada uno de los antecedentes que la Comisión solicite. De lo contrario, no lograremos el resultado que todo el país espera.

He dicho.

Aplausos.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, me alegro enormemente de que esta Honorable Cámara acuerde la creación de una Comisión investigadora, ya que se relaciona con nuestra función fiscalizadora e interpreta la preocupación de todos los parlamentarios por la lamentable situación producida en Codelco. Pero debemos conversar y analizar esta materia con la seriedad del caso, y lo digo para ser consecuente con el objetivo que se persigue.

A propósito de las intervenciones de algunos colegas de la Derecha, de alguna manera, deseo enfrentar los planteamientos un poco disfrazados que ha manifestado gente de renovación Nacional y de la UDI, quienes pretenden aprovecharse de la situación para obtener beneficios de otro tipo. ¿No es aprovechamiento plantear, por ejemplo, que a raíz de este caso, debe privatizarse Codelco, como lo han manifestado connotados dirigentes de esos partidos?

Frente a esa materia, el país debe preguntarse si alguno de ustedes está en condiciones de garantizar seria y responsablemente que este tipo de problemas no se produce en la empresa privada. Y con un mínimo de seriedad, de consecuencia y de apego a la verdad, queridos colegas de la Derecha, ustedes no podrían hacer tal afirmación.

En segundo lugar, se ha planteado el tema de la responsabilidad política y de la posibilidad de una acusación constitucional.

En principio, algunos parlamentarios no los nombraré para no herir susceptibilidades, porque algunos se molestan cuando las cosas se dicen por su nombre, con una completa ignorancia, plantearon la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Es curioso, porque esa acusación sólo puede hacerse a los más altos magistrados de la nación, como lo corroboramos cuando se acusó constitucionalmente a algunos miembros de la Corte Suprema.

Me alegro de las palabras del colega señor Urrutia, porque todavía sigue con una obsesión por el tema de la Refinería de Petróleo de Concón, y el desmalezado, lo que ha traído a colación repetidamente. Quiero recordarle -porque dijo que hace muchos años había sido bombero-que hace pocos días, la Refinería de Petróleo de Concón casi se quema a raíz de un incendio producido porque no se hizo el desmalezado.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

En segundo lugar, quiero decirle al Diputado señor Urrutia que solicite la información haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras.

Un señor DIPUTADO.-

Todo Chile quiere desmalezar.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Suenan los timbres silenciadores.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

¡Es cierto! Todo Chile quiere desmalezar. Por eso es bueno que los distinguidos colegas de la Oposición envíen un oficio fiscalizador -y desde ya, lo pido en mi nombre- para que nos envíen los resultados de las licitaciones públicas que para el llamado a desmalezar hizo la Refinería de Petróleos de Concón y que fueron declaradas desiertas porque todas las empresas que se presentaron -por supuesto, no figuraba la que mencionó el Diputado señor Urrutia- resultaron con licitaciones un 30 por ciento más caras que lo planteado con tanta pomposidad y ampulosidad en esta Cámara. Seguramente los contratistas son del sector privado, con mucha conciencia social, y dijeron: "Aquí nos presentamos con un 30 por ciento más".

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

¿Por qué planteo esto? Porque el segundo problema citado por el Diputado señor Urrutia es que los Ministros no saben nada de nada.

El señor MASFERRER.-

Es cierto.

El señor PIZARRO (don Jorge).Sin duda que hace referencia a la intervención del Ministro señor Krauss, a propósito del caso del espionaje. Pregunto en esta Sala al Diputado señor Urrutia: ¿de cuál espionaje nos habla? ¿Del de la Dine con la UDI que descubrimos todos acá? ¿Del caso del espionaje de la Diputada señora Matthei con el Senador señor Piñera?

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

El país sabe quién ha mentido en esta Sala. No hemos sido nosotros, sino ellos. De manera que, por favor, cuando hablemos, hagámoslo con cierta seriedad, la que, por supuesto, no está en los colegas de la Derecha ¿Por qué? Porque ahora hacen un gran escándalo y pretenden establecer responsabilidades políticas, y el colega Urrutia, siendo abogado, debería saber que respecto del actual directorio de Codelco no existe una sola causal para presentar una acusación constitucional; menos la podrían tener los Ministros. Además, sería importante que el Diputado señor Urrutia leyera los informes antes de hablar de sus inquietudes.

Lo que se ha hecho aquí es dar la cara, plantear, por parte del Gobierno, todas las medidas que están a su alcance y establecidas en las leyes, que como Comisión especial que se formará, tenemos la facultad para investigar con transparencia y claridad.

Se ha hecho hincapié respecto de la militancia de los involucrados en estos hechos. Honestamente no sé qué militancia tiene el señor Dávila. Sé que es funcionario antiguo, y que fue hombre de confianza del régimen militar. No sé qué militancia política tiene el señor Derpsch, la verdad es que no sé. Sé que fue funcionario del gobierno militar.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

No sé qué militancia política tiene el señor Guerrini. No sé qué militancia política tiene el señor Gastón Frez, hijo de un militar muy distinguido seguramente, que fue uno de los más altos ejecutivos de Codelco. Honestamente no sé qué militancia tiene el señor Trivelli.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Lo que sí tengo claro es la militancia del señor Guerrero -y les pido que me escuchen-, porque lo ha dicho públicamente en la prestigiosa revista "Paula", hace varios números.

(A lo mejor, aquí es donde debemos buscar explicación a los problemas que vivimos). El señor Guerrero, que sostiene que formaba parte de este grupo de los "yuppies", de los tecnócratas, de los que se han creído dueños y administradores de este país, a través de empresas del sector público y privado durante muchos años, al amparo de la impunidad, ha dicho que mientras tanto él está en comisión de servicio en Codelco, su socio, el Senador señor Piñera, lo está en el Senado, porque así se acostumbraba a hacer los negocios en nuestro país. Esa es la verdad de la situación, y sé de qué estoy hablando.

De manera tal, señora Presidenta, que la Concertación, el Ministro de Hacienda, señor Foxley, el Ministro de Minería, señor Hales, el Presidente de la República y todos nosotros estamos comprometidos con el país en llegar con la verdad completa. Para ello, haremos uso de todas nuestras facultades. Y aunque le duela a la Derecha -perdonen que haya traído a colación algunos temas que no les gustan, porque no pueden responder de ellos-, quiero decir solamente que mientras ustedes hayan sido cómplices de todos lo que pasó en este país durante toda la gestión del gobierno militar, poca moral tienen para venir a pedir transparencia y democracia ahora.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, en los pocos minutos de que dispone nuestro Comité, daré a conocer las razones por las cuales los Diputados del PPD aprobaremos la formación de esta Comisión Especial Investigadora en los mismos términos del acuerdo de los Comités, a cuyo texto dio lectura la Presidencia al inicio de la sesión.

El Partido por la Democracia ha tenido especial preocupación por la modernización de Codelco, consciente como está de la necesidad de modificar su inmanejable estructura actual. Para ello, calificados personeros nuestro han propuesto las impostergables reformas que deben aplicarse, muchas de las cuales se han incorporado al programa del segundo gobierno de la Concertación. Tenemos, pues, autoridad suficiente para integrar la Comisión que investigará a fondo lo sucedido en la Corporación del Cobre. Por su parte, el Gobierno y la propia empresa ya han dado pasos importantes en procura de conocer la verdad de lo ocurrido, y el Poder Judicial y la Contraloría General de la República aportarán, asimismo, los resultados de sus respectivas intervenciones.

Es de hacer notar que el denunciado Presidente Ejecutivo, don Alejandro Noemi, ha tenido el gesto moral de reconocer su cuota de responsabilidad en el penoso asunto, y el nuevo Presidente Ejecutivo interino, don Jorge Rodríguez Grossi, ha complementado y profundizado las decisiones de su antecesor y estamos seguros de que actuará con energía para normalizar cuanto antes la situación de la Corporación y entregarla a su sucesor.

Queremos pensar que este lamentable suceso no puede dar pie a un aprovechamiento que pretenda obtener ventajas de tipo político. Digo esto, porque un Diputado electo de la Oposición, conocido como el Subsecretario que no supo dar a tiempo las noticias que le eran adversas en el cómputo del plebiscito, ha anunciado acusaciones constitucionales contra los Ministros de Minería y de Hacienda. Se ha hecho eco también otro Diputado de su sector, reelegido con el deseo de representar un nuevo estilo, y que, sin embargo, se adhiere a las insostenibles posiciones de su futuro colega. Otro Diputado, también opositor, nuestro estimado colega señor Masferrer, ha demostrado desconocer las prácticas democráticas, y pide para la minoría la presidencia de la Comisión investigadora que estamos a punto de designar.

Para llamar a la mesura a quienes desean allegar agua a su molino partidista, queremos recordarles que esta empresa "elefantiásica" que es Codelco, con todos los defectos de lo desproporcionado, es obra del Gobierno militar. En efecto, el decreto ley N° 1.350, que crea la Corporación Nacional de Cobre de Chile, fue publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 1976, y todos los considerandos que allí se citan, para fundamentar el decreto, concurren en estimar que es conveniente fundir en una sola empresa todas aquellas que fueron nacionalizadas en 1971.

Sin embargo, reconozcamos que esa medida, adoptada por la Junta Militar, sólo fue puesta en práctica después de oír el consejo de los ministros civiles de la dictadura.

El penoso incidente que motiva el objeto de esta sesión es, precisamente, un buen fundamento para pensar en la desconcentración de Codelco y en que las empresas originales vuelvan a revivir y a ser administradas en forma absolutamente descentralizada. Una gestión centrada en la competitividad, que revierta la tendencia alcista de los costos de producción, que consulte relaciones con los trabajadores, que produzca una efectiva integración, que impulse una política de inversiones que corresponda a un plan estratégico de desarrollo, que no esté obligada a entregar el diez por ciento de sus ventas como aporte a las Fuerzas Armadas, podrá satisfacer las exigencias de éxito que hoy reclama todo Chile a los máximos dirigentes de Codelco y al próximo gobierno de la Concertación.

Ahora bien, mirando al futuro con renovado optimismo, confiamos en los resultados beneficiosos de una futura y racional explotación de la gran minería del cobre, y pensamos que el negro presente que vive Codelco puede servir como punto de partida para proponer los cambios institucionales necesarios.

Señor Presidente, la vida de las instituciones, como de las personas, está poblada de paradojas. Codelco y algunos de sus dirigentes no escapan a la regla. Justo el sábado 22 de enero recién pasado, cuando el Presidente Ejecutivo, señor Noemi, se reunía con los gerentes de comercialización y ventas para conocer los dramáticos alcances de las irregularidades y fallas confesadas en la víspera por el jefe del Departamento de Mercados de Futuro, uno de los más importantes diarios del país, "El Mercurio", destacaba en un suplemento especial que en el Codelco de los nuevos tiempos el equipo directivo había cumplido un buen trabajo. En seguida, la periodista especializada detallaba siete medidas, a lo menos, de la administración de Codelco que la hacían merecedora al reconocimiento textual de que las cosas se han hecho bien.

El señor BOMBAL.-

¡Bien mal!

El señor SOTA.-

¡Señor Bombal, es "El Mercurio", que a Su Señoría lo trata muy bien, el que dijo todo eso!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA.-

¡Un día se lo voy a explicar a toda la Cámara!

El señor BOMBAL.-

¡Ojalá!

El señor SOTA.-

¡Cómo no! ¡Lo desafío a que lo digamos inmediatamente!

El señor MOLINA (Presidente).-

Señor Bombal, le ruego no interrumpir.

Puede continuar el Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

En fin, no es el antiguo ex secretario general de la Universidad Católica, que entregaba listas de los profesores de izquierda, el que a mí me va a enseñar moral. Dejemos las cosas ahí y después hablaremos de Cemento Melón.

El señor BOMBAL.-

¡Mentiroso!

El señor SOTA.-

¡Cuidado con decirme mentiroso!

El señor MOLINA (Presidente).-

Señor Diputado, le ruego no interrumpir.

Puede continuar Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

Es lastimoso que un excelente trabajo en las faenas productivas, donde los trabajadores han logrado un contrato colectivo por tres años, se vea desprestigiado, de golpe, por una pérdida millonaria que no encuentra explicación razonable y que no excluye la mancha delictual.

Así, pues, apoyamos la creación de una comisión investigadora para conocer las responsabilidades de los directores y de los ejecutivos de la Corporación, y para proponer las medidas de una sana administración que asegure al país los beneficios a que tiene derecho a esperar de ella.

He dicho.

Por último, por el Comité Radical, tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi preocupación porque este debate tan intenso que hemos tenido esta tarde, no va a contribuir en absoluto al trabajo de la Comisión. Por el contrario, tengo la sensación de que las distintas posiciones aquí planteadas sólo exacerbarán las pasiones y no llevarán la tranquilidad necesaria al trabajo que requerirá la Comisión.

Los Diputados radicales expresamos nuestro más absoluto apoyo a la formación de una Comisión investigadora de los hechos.

Nuestro partido no ha participado en las decisiones de Codelco ni en su administración, y como consecuencia de esta circunstancia, podríamos sumarnos hoy al coro de quienes, convertidos en cantores muy olvidadizos, hacen las más duras críticas a la forma en que se ha desenvuelto la actividad de Codelco. Hemos optado por un camino diferente que estimamos más honorable: compartir lealmente la responsabilidad que políticamente ha afectado a nuestro Gobierno y dar nuestro más decidido apoyo a la Comisión.

Por ello, y porque la transparencia de los actos públicos es un requisito insoslayable de la democracia, queremos que se definan todas las responsabilidades en el ámbito que corresponde que se pronuncie la Comisión investigadora.

Invito a los señores Diputados a que nos integremos a este trabajo con el alma limpia, con la convicción de que no buscamos perjudicar a un personero de este Gobierno, sino luchar porque la verdad se imponga.

Un camino diferente sólo tendrá como resultado obstaculizar el trabajo y crear entorpecimientos que conspirarán en contra del objetivo que perseguimos.

No olvidemos que en la medida en que este trabajo sea exitoso, estaremos precaviendo no a una sino que a todas las empresas públicas y privadas de este país, para que no sufran situaciones tan trágicas como las que hoy analizamos.

Es tentador para la Oposición atacar a personeros destacados de este Gobierno; pero ese esfuerzo, señor Presidente, sólo conseguirá causar daño a hombres probos y patriotas y no conseguirá el objetivo final de nuestro trabajo.

Con este ánimo nos integramos a esta Comisión, con limpieza de espíritu, con la grandeza necesaria para hacer un trabajo provechoso y útil, procurando que de estas deliberaciones e investigaciones se alcance la verdad y se prevenga a otras empresas de daños similares a los sufridos por Codelco.

He dicho.

Se ha pedido a la Mesa que la Comisión investigadora quede integrada por los siguientes señores Diputados: Juan Carlos Latorre , Claudio Huepe, Sergio Elgueta,Sergio Pizarro, Baldo Prokurica, Carlos Vilches, Raúl Urrutia, Federico Mekis, Felipe Valenzuela, Armando Arancibia, Carlos Bombal, Juan Masferrer, Vicente Sota y Jaime Rocha