Labor Parlamentaria

FALTA DE SEGURIDAD

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, cada día que pasa se acrecienta en la opinión pública la sensación de una falta de seguridad que aqueja al país. El acontecer diario viene cargado de atentados, asaltos, robos y actos de violencia, e incluso, de la ocupación violenta e ilegal de tierras, como en épocas que ya creíamos superadas. Para todos -aunque al parecer no para los círculos de Gobierno-, se conjugan allí, en una comunidad de intereses, el uso de "todos los medios de lucha" que sigue patrocinando el agónico marxismo-leninismo, el terrorismo y la delincuencia común.

Confundidos con este cuadro, han empezado a aparecer la droga y el narcotráfico, cuyas conexiones con la subversión y el terrorismo son evidentes en los países aquejados de estos males en nuestra América. El señor Director General de Investigaciones acaba de ilustrarnos en el sentido de que el decomiso de marihuana y de cocaína ha aumentado en Chile en 192 y 169 por ciento, respectivamente, en lo que va corrido del año, en relación con 1990...

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ruego escuchar al señor Senador que hace uso de la palabra.

El señor ALESSANDRI.- 

Gracias, señor Presidente .

El que acabo de señalar es un índice del pavoroso incremento del consumo y del tráfico de la droga en nuestro país, lo que puede traer gravísimas repercusiones en el funcionamiento del régimen político democrático y el desarrollo de la nación.

Han pasado varios meses desde el asesinato del Senador don Jaime Guzmán, y cabe preguntarse si esta Corporación ha tomado real conciencia de que por primera vez en su historia cae víctima del terrorismo un Senador de la República. Y abro este interrogante, porque la eliminación física, no sólo de un destacado político, sino también de un hombre que marcaba rumbos en la búsqueda del mejor funcionamiento de nuestra democracia, debería concitar el interés de todos los demócratas para impedir que este hecho forme escuela. Se dice que existe la convicción de que la persona identificada en el proceso y que, según se supone, se encuentra en España, es uno de los autores materiales del asesinato. Sin embargo, parece que la trayectoria del Senador Guzmán le imposibilita para ocupar un lugar de privilegio frente al que deriva de presentarse como víctima perteneciente a la ex Unidad Popular, para los efectos de buscar responsabilidades, e incluso, indemnizaciones por actos de violencia.

Pasan igualmente los días y la opinión pública comprueba con desazón que no hay vestigios sobre el desaparecimiento o secuestro del señor Cristian Edwards. Fuera de pedirse y de demostrarse solidaridad para con la respetable familia del señor Edwards, el país tiene derecho a preguntar si basta esa solidaridad o si se ha incurrido en un gravísimo error al prescindirse de organismos y de servicios de inteligencia y seguridad para rendir tributo a planteamientos doctrinarios y parciales que están poniendo en grave riesgo a la población de Chile.

La visión doctrinaria y, por tanto, restringida de la seguridad ha determinado, también, que se descargue una enorme responsabilidad sobre Carabineros e Investigaciones, sin que, como lo han reconocido los mismos mentores de aquélla -que no podemos llamar "política"-, estén plenamente preparados y dotados para prevenir y absorber actos de la envergadura de los que están ocurriendo en Chile. El tributo en víctimas que están pagando ambas instituciones puede ser el resultado de lo que denominamos "visión parcializada de la seguridad".

El país asimismo tiene derecho a preguntar -y a saber- qué pasa con la Ley sobre Control de Armas y por qué no se está aplicando como se debe. Hay conciencia pública de que existe un gran número de armas en manos de gente que las posee en forma irregular y que las está utilizando para ejecutar los actos delictuosos que comentamos, sin que se sepa si su origen es la internación de Carrizal o si se trata de nuevos proveedores. La facultad de controlar las armas corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, lo que se ha elevado a principio constitucional en el artículo 92 de la Carta. Se debe al país una explicación a este respecto.

Todos los hechos indicados anteriormente -y muchos más, que sería largo reproducir- señalan que Chile está enfrentando un grave problema de falta de seguridad, que el Gobierno no aprecia como corresponde.

Para hacer esta afirmación me valgo, fundamentalmente, de opiniones vertidas por Ministros del actual Régimen y por el presidente del llamado, pomposamente, "Consejo Coordinador de Seguridad Pública".

El señor Ministro del Interior "se congratula", porque esa entidad "ha cumplido una función eficiente que creo" -dice- "está manifestada en hechos objetivos que la opinión pública conoce, tanto desde el punto de vista del decrecimiento de la acción terrorista como de la verdadera labor pedagógica que se ha desarrollado para distinguir el terrorismo de las otras formas delincuenciales".

Advertimos, en primer lugar, que debe de haberse cerrado mucho el círculo de Gobierno, porque son muy pocos los que conocen cuál es la acción desplegada por el llamado "Consejo" y menos -poquísimos- los que creen que hay decrecimiento de la violencia en Chile y en la utilidad de la autocalificada "labor pedagógica".

En cambio, debemos considerar las precisiones que hizo en la misma oportunidad el presidente del llamado "Consejo", don Mario Fernández, sobre la seguridad y la competencia de ese organismo. Dijo que éste se creó "para coordinar las informaciones provenientes de las instituciones policiales, especialmente en lo relativo a la seguridad pública en relación al terrorismo". Y agregó, sentenciosamente: "Cuando se habla de seguridad pública se habla de amenaza a instituciones del Estado".

Veamos primero esta definición de seguridad, denominada "pública" por el señor Fernández. Ella es no sólo deficiente, sino sumamente peligrosa para la sociedad chilena y para la convivencia democrática. En los tiempos que corren, la seguridad debe extenderse a toda la sociedad y a toda persona que viva en ella. Adquiere el contenido de "pública" porque produce el deber del Estado de protegerla. No es, por consiguiente, sólo la destinada a proteger a las instituciones del Estado.

Resultaría frustrante para la opinión nacional haber elegido autoridades que se preocupen sólo de su propia seguridad -ése es el alcance de lo manifestado por el presidente del Consejo -, y dejen abandonada a su suerte a la población del país, porque, a su juicio, ella no estará comprendida dentro del concepto de "seguridad pública". De esta visión errada y partidista, de esta concepción arbitrariamente limitada y anticuada, propia de la primera mitad del siglo XX, parten todas las deficiencias que la opinión pública está comprobando en estas materias.

Los ideólogos marxistas atribuyeron al concepto de "seguridad nacional" el carácter de doctrina, pretendiendo que ésta nació en los círculos militares de Estados Unidos para defender las instituciones y los gobiernos capitalistas. Con tal idea se ha pretendido desacreditar todo lo que signifique seguridad, para así facilitar la subversión y la violencia revolucionarias.

Por lo acaecido en el mundo, es necesario modernizarse y dar a la seguridad -llámesela nacional, pública, ciudadana o seguridad a secas- su verdadero contenido. Y debemos establecer que se trata de un concepto, no de una doctrina. Y ahora, más que nunca, corresponde reclamarla a la población, como un elemento clave para la vigencia de los derechos humanos.

Aún más: el Estado existe para dar protección y ofrecer seguridad a la población, a la familia -vale decir, a la sociedad-, y su existencia carecería de sentido si no cumpliese este primordial deber. Y mientras más subsidiaria se estime la labor del Estado en materia empresarial, más relevante y fundamental debe ser su función de dar seguridad.

Todo lo que hemos expresado está contenido en el artículo 1º de la Constitución, que indica clara y perentoriamente que "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia". Es un mandato que obliga a todo gobierno, el cual no puede tener concepciones teóricas sobre el particular.

Entremos a considerar, en seguida, la competencia del llamado "Consejo".

A juicio del señor Fernández, el organismo existirá para coordinar las informaciones provenientes de las instituciones policiales, en especial de las relacionadas con el terrorismo.

Hay aquí una doble limitación. Y para establecerla tan drásticamente, ¿se sabe en Chile cuál es la conexión de la delincuencia común con el terrorismo y la violencia, y cuánta puede haber, a la vez, con el narcotráfico? ¿Qué se sabe acerca de la utilización de los delincuentes por el terrorismo y respecto de si los asaltos a bancos y a empresas públicas y privadas son actos organizados por el violentismo para procurarse recursos, cada vez más escasos de los proveedores marxistas? Los continuos asaltos que a diario se cometen contra las personas en las calles y en sus hogares, así como el robo de automóviles, ¿no son medios para desestabilizar a la sociedad y a las instituciones democráticas?

El Comandante de la IV Zona Naval, Contralmirante señor Goddard , ha debido llamar la atención sobre el intercambio del marisco loco -en veda en Chile- por droga que se está comercializando en la zona norte. Al hacer la denuncia, señaló que los narcotraficantes son gente de grandes recursos y de una absoluta carencia de escrúpulos, y que es necesario evitar caer en la narcopolítica, que usa al terrorismo y pretende corromper a todos los estamentos de la sociedad.

El señor Fernández en su autoaplaudida labor pedagógica nos quiere convencer de que el terrorismo nada tiene que ver con la delincuencia, y de que, por lo tanto, ambos deben ser objeto de un estudio -ya que no hay acción- aparte y muy ordenado.

El señor Ministro del Interior, por su parte, insiste en lo mismo, y llega a considerar al terrorismo como una acción política, separado de la delincuencia.

Con ello se da pábulo para que, si caen detenidos, los violentistas y terroristas se consideren "presos políticos".

Nuestra Constitución, en cambio -y el señor Ministro debería ser el primero en respetarla-, califica al terrorismo como delito común, por atentar contra los derechos más esenciales de la persona, lo que es superior a cualquier objetivo político.

¿Cómo podríamos considerar político el acto de colocar una bomba en el Metro, en un hospital o en un gasómetro?

Al respecto, es interesante señalar que hasta don Carlos Altamirano , en reciente entrevista, reconoce que abandonó las posiciones "que justificaban que en el llamado socialismo se asesinara porque antes los imperialistas asesinaban". "Ya no", dice. Y afirma categóricamente: "El asesinato no tiene una ideología política: es malo siempre."

Se empieza a decir que Chile comienza vivir una etapa de "terrorismo selectivo en la cual los secuestros pueden ser un signo, tal como lo advirtiera Mario Vargas Llosa en su última visita al país.

A la vez, aparecen entidades que hacen alarde de la subversión, y la autoridad se presenta como carente de toda información y pidiendo al público cooperar ante su desconcierto. ¿Se tienen antecedentes sobre las conexiones de esos organismos y quienes sustentan una posición agresiva por parte de organizaciones indígenas, que hacen declaraciones e incurren en actos en franca oposición a nuestra unidad como nación y a la propia integridad territorial? ¿No tendremos acaso un embrión de "Sendero Luminoso"?

Hasta que la autoridad se decidió a tomar medidas, la opinión pública contemplaba con asombro cómo se sucedían las "conferencias de prensa" de fugados de las cárceles y de dirigentes de movimientos terroristas. Éstos creían y argumentaban que el voto que habían dado al Presidente Aylwin les permitía el uso de los medios de comunicación y era la póliza de garantía para que no los detuvieran.

Por lo demás, ¡cuántos delincuentes persisten en sus actos criminales debido a la liberalidad de ciertas leyes e indultos!

Afortunadamente, el Gobierno se decidió a poner fin a las llamadas "conferencias de prensa", que constituían una burla para el país y una muestra de la total ineficiencia del estamento político para proteger a la población y a las propias instituciones democráticas.

Ante el cuadro descrito -que consideramos desolador-, se está pretendiendo desmantelar el aparato de seguridad y restringir sus servicios de inteligencia, en su concepción y en las fuerzas que lo integran. Después de cinco meses de entregársele su tarea, el llamado "Consejo Coordinador de Seguridad Pública" propone constituir un organismo que reúna antecedentes, que no opere y que recurra solamente a Carabineros y a Investigaciones. ¡Para eso hemos perdido cinco meses!

El frustrado golpe en la Unión Soviética y otros acontecimientos han evidenciado las serias deficiencias de los servicios de inteligencia occidentales ante hechos que, una vez ocurridos, dejaron al descubierto los graves peligros a que pudo estar expuesto el mundo. ¿Cuántas de esas omisiones se deben a las limitaciones que la política impone a tales servicios, los cuales ante todo deben cumplir con su tarea de informar, para precaver y luego defender a las naciones en sus más altos intereses?

Un país no puede prescindir de sus servicios de inteligencia, como tampoco restringirlos para que informen sólo aquello que los partidos de Gobierno quieren. No obstante, el Ejecutivo, según las declaraciones del señor Ministro del Interior, no tiene otra política en la materia que la de proponer la legalización del llamado "Consejo", limitando su acción al terrorismo, sin haber necesidad de ello, según explicaré.

Nuestro régimen político es presidencial -y muy presidencial-, como ha destacado el Primer Mandatario, quien critica a nuestra Constitución por ese motivo. Para que ese régimen se ejerza, la Ley Fundamental señala claramente las atribuciones y facultades del Presidente, como Jefe del Estado. Es importante destacar que su texto define prácticamente la función respectiva al decir del Presidente que "Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes", disposición que reproduce una similar establecida en el artículo 71 de la Carta de 1925 y en el artículo 81 de la de 1833.

Como puede apreciarse, el Presidente, como Jefe del Estado, es el responsable de la seguridad del país, según el ordenamiento de la República, al punto de que no se concebiría el cargo si no se cumplieran las funciones que perentoriamente indica la norma recién mencionada. Y, como Jefe del Estado, debe hacerse cargo del deber que señala el artículo 1° de la Constitución, citado antes. No es, pues, una facultad que pueda ejercerse o no la que consignan esos preceptos. Estamos en presencia de una obligación ineludible del Estado: dar seguridad a la nación y protección a la población y a la familia, lo cual debe cumplirse perentoriamente por quien es el Jefe mismo de aquél.

Hace pocos días, el señor Ministro Secretario General de Gobierno planteaba la necesidad de mirar la situación de la seguridad con un criterio de Estado, libre de posiciones partidistas o de la alternativa Gobierno-Oposición. La forma como se tratan los problemas de seguridad, sin embargo, y la proposición relativa al Consejo a que hemos aludido tantas veces hacen que el Ejecutivo esté muy lejos de cumplir con tales aspiraciones, que no pasan de ser sino buenos propósitos.

El clamor público pide posiciones claras, conocimiento de la materia, actuaciones rápidas, ejercicio de la autoridad. Hay cansancio ante el hecho de que un asunto tan fundamental sea enfrentado con simples declaraciones, condenas y repudios; con buenas frases; con conceptos teóricos; con metáforas que suscitan polémicas; con diagnósticos sin recetas; con amenazas que se vuelven contra la autoridad que las formuló, porque no se cumplen; con requerimientos que se retiran, en verdaderos pasos de baile, y con proposiciones que significan compartimientos estancos, en que el terrorismo no se puede tocar con la delincuencia ni con la droga, en que la inteligencia está constreñida de tal manera que no puede mirar para lado alguno y en que la operabilidad está restringida a las fuerzas de policía, suceda lo que sucediere.

Señor Presidente, ¿se cumplió el tiempo?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Le queda un minuto, señor Senador.

El señor ALESSANDRI.-

En su metáfora, el señor Ministro del Interior anunció el corte de las manos de un movimiento terrorista. Con limitaciones autoimpuestas, es el Gobierno el que aparece con las manos cortadas.

Por las condiciones que se presentan en el país, es absolutamente necesario que el Estado -no sólo el Gobierno- asuma su obligación de dar seguridad y protección a los habitantes. La sensación existente es que el régimen presidencial no se está ejerciendo para esos efectos. Y es indispensable que el Presidente de la República, como Jefe del Estado, se decida a cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le impone en materia de orden público y de seguridad nacional.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Perdón, señor Senador, terminó su tiempo.

¿Cuánto le falta para concluir la exposición, Su Señoría?

El señor ALESSANDRI.-

Dos minutos, señor Presidente .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tal vez algún Comité podría cederlos, a fin de que el Honorable señor Alessandri finalice su intervención.

El señor DÍAZ.-

Con todo gusto.

El señor VODANOVIC.-

El Comité Partidos por la Democracia y Socialista los proporciona, señor Presidente.

El señor JARPA .-

Y Renovación Nacional.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.-

Gracias, señor Presidente.

Una política de Estado, en la que participen todos los Poderes e instituciones de éste en materia de seguridad, encabezados por el Presidente de la República, y que abarque todos los problemas, no necesita de una ley. Basta que el Primer Mandatario se decida a ejercer sus facultades y, entre otras acciones, solicite la asesoría del Consejo de Seguridad Nacional, organismo de rango constitucional, de acuerdo con la letra a) del artículo 96 de la Carta.

Ese organismo puede, de conformidad con la letra d) de la misma disposición, "Recabar de las autoridades y funcionarios de la administración todos los antecedentes relacionados con la seguridad exterior e interior del Estado". De esa manera, tiene la posibilidad de recoger toda la información y análisis que requiere un servicio de inteligencia, lo cual demanda larga preparación, gran experiencia y buenas conexiones externas. Y puede, para esos efectos, establecer un órgano o comité permanente -podría ser el mismo creado para combatir el narcotráfico-, agregándole los mejores especialistas en funciones de inteligencia, estén donde estuvieren, que Chile tiene y que no puede desperdiciar.

En cuanto al ámbito en que debe moverse esa entidad que se establezca dentro del Consejo de Seguridad Nacional, y bajo su alta tuición y responsabilidad, será el de recopilar, coordinar, estudiar, analizar y evaluar toda la información, incluso diseñando posibles acciones. Éstas y lo actos operacionales se ejecutarán por las autoridades, instituciones y organismos que en cada caso se requieran, y no sólo por los policiales, como pretende el Gobierno.

Es digno de anotar, también, que el Consejo de Seguridad Nacional puede operar con plena reserva de los acuerdos que se adopten y de las opiniones que se emitan en su seno.

La situación especial de América Latina en lo que se refiere a la violencia, al terrorismo, a la delincuencia general y al narcotráfico justifica que se plantee por parte de Chile la posibilidad de un convenio internacional de amplia cooperación entre los países del continente, que permita el apresamiento y castigo de los delincuentes en todos esos órdenes, en cualquier parte en que se encuentren.

Sólo cuando el Presidente de la República se decida a poner en marcha el aparato del Estado, con todos sus Poderes, instituciones y órganos, y con él a la cabeza, para atender la seguridad del país, los chilenos se sentirán protegidos en la vigencia de sus derechos personales y en el normal funcionamiento del régimen democrático.

He dicho.

RECONOCIMIENTO DIPLOMÁTICO A CROACIA. OFICIOS

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, desde hace dos años estamos siendo golpeados casi a diario por noticias de trascendencia, que dan cuenta de los acelerados y dramáticos cambios que se están sucediendo en Europa central.

Sin embargo, apreciamos una notable diferencia entre esas revoluciones pacíficas, o con escaso derramamiento de sangre, protagonizadas por multitudes en Alemania Oriental, Checoslovaquia y la propia Unión Soviética, y lo sucedido en Yugoslavia.

Allí asistimos a un enfrentamiento muy duro entre serbios y croatas, el cual, pese a tener antecedentes históricos importantes, hoy se ve desde Occidente como una chispa peligrosa que puede incendiar los Balcanes y generar fuertes desestabilizaciones políticas en toda Europa.

Hay, desde luego, argumentos históricos que podrían explicar -al menos parcialmente- el encono de serbios y croatas. Por un lado, en Croacia se observan enraizados elementos de origen católico, mientras que, por otro, en Serbia existe una clara preeminencia ortodoxa. Durante la segunda guerra mundial, Croacia fue ocupada por los italianos y regida temporalmente por un príncipe de la Casa de Saboya. Serbia, por el contrario, fue la cuna de la guerrilla antifascista de Tito, la que, más tarde, terminó convirtiéndose en columna vertebral de Yugoslavia.

Tito fue, sin duda, un gran estratega militar y estadista que logró hacer de Yugoslavia un modelo político y económico que sirvió de soporte a quienes no comulgaban con la ortodoxia soviética. Su régimen económico, basado en cooperativas autogestionarias, y, sobre todo, su activa política exterior, sustentada en la no alineación, captaron la atención del mundo entero en una época en que escapar a la lógica bipolar era extremadamente difícil. Sin embargo, su obra comenzó a desmoronarse apenas él falleció, en 1980, acelerándose este proceso notablemente con el clima de distensión real que se empezó a generar en el mundo tras los influjos de la asunción al poder de Mijail Gorbachov en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Croacia y Eslovenia, las dos repúblicas más desarrolladas de Yugoslavia y que producían en conjunto más de 70 por ciento del ingreso nacional, comenzaron a dar señales de optar por la autodeterminación y acceder a la independencia.

El 30 de abril de 1990, el Parlamento croata, compuesto por hombres elegidos mediante voto universal, secreto e informado, resolvió declarar la independencia en un acto que, mirado desde el punto de vista de la democracia, es plenamente legítimo. Este trascendental paso se vio ratificado luego por un referéndum que contó con 94 por ciento de aprobación entre los votantes.

Es necesario comprender la decisión croata dentro del marco de convulsión generalizada que viven los países de Europa oriental desde 1989, los cuales han estado buscando nuevas formas de convivencia ciudadana y de desarrollo económico, alejados de las influencias totalitarias. Croacia, al igual que las demás naciones de esa región, se lanzó a la difícil búsqueda de un sistema democrático y de reformas económicas profundas, empleando para ello métodos directos de consulta popular.

No obstante, la decisión croata chocó con una realidad heterogénea al interior de lo que hasta ese momento era Yugoslavia. Ocurre que los procesos de maduración de la democracia han estado desarrollándose de manera muy diversa en las repúblicas que la integraron. Eslovenia y Croacia son las que más han avanzado en sus procesos de democratización y de reforma económica. Sin embargo, en Serbia -verdadero eje de la antigua Yugoslavia- persiste en el poder un grupo neostalinista que, con su afán de mantener unido al país a cualquier precio, ha llevado la situación a una guerra civil carente de todo sentido.

Hoy, los 4 millones y medio de croatas están siendo virtualmente masacrados por el fuego de la artillería y aviación serbias, que se han apoderado de lo que fuera el Ejército Federal. Sus aviones y tanques se dirigen fundamentalmente a objetivos civiles y destruyen hogares, asilos de ancianos, hospitales y edificios de incalculable valor arquitectónico, creando una situación de inestabilidad internacional sumamente inquietante. Ante esta ofensiva, los croatas han debido alistar grupos militares cuyas escasas preparación y disponibilidad en material bélico los han obligado a recurrir a la explosiva arma de nacionalismo exacerbado, generando también elementos negativos que contribuyen a alimentar odios y venganzas.

En este plano, estimamos que la aspiración de Croacia a la autodeterminación debe ser compatible con el respeto a las minorías étnicas que existen en su interior.

La comunidad internacional ha seguido atentamente la evolución de los acontecimientos, tratando de forzar a las partes a acatar treguas y acuerdos de alto al fuego. En este esfuerzo supremo, la Comunidad Económica Europea ha jugado un papel muy destacado y digno de todo elogio, pues en la actualidad, cuando se forman grandes bloques comerciales, en que hay acercamientos inéditos entre pueblos y culturas, a la guerra que se libra en lo que fuera Yugoslavia sólo cabe el calificativo, sin mayores rodeos, de aberrante.

Creemos que la comunidad internacional puede seguir desempeñando un papel sobresaliente para presionar al Gobierno serbio a fin de que detenga sus irracionales ataques en contra de Croacia. Para tal propósito, un método civilizado y efectivo es el reconocimiento diplomático a la República de Croacia y a su legítimo Presidente, señor Franjo Tudjman. En esta materia -a título personal e interpretando a la bancada Partidos por la Democracia y Socialista-, estimo que Chile debería realizar un aporte concreto, el que, por lo demás, estará en absoluta consonancia con las tradiciones de libertad de nuestro país y con el apoyo irrestricto a las causas justas con que se siente identificado nuestro pueblo.

Resulta altamente significativo el hecho de que aproximadamente 98 por ciento de los hombres y mujeres que después de 1870 dejaron sus casas, sus sembrados y sus botes de pesca artesanal en la costa adriática y en la isla de Brac para buscar mejores horizontes en ciudades tan alejadas de su hábitat natural, como Punta Arenas o Antofagasta, hayan sido croatas. Con su trabajo y dedicación, ellos ayudaron a fortalecer la presencia de Chile en esos confines, y sus descendientes -esparcidos a lo largo de todo el país- son, hoy, parte sustancial de la sociedad chilena y se sienten colaboradores leales e íntegros de la tarea común de forjar mejores perspectivas para nuestra nación.

Los croatas se han integrado plenamente a la comunidad nacional, haciéndose parte activa de sus éxitos y frustraciones, de sus logros y fracasos.

Por esa razón, nos sentimos extremadamente preocupados por lo que ocurre en la patria de nuestros antepasados. Croacia vive momentos dramáticos, ante los cuales no podemos permanecer indiferentes.

Si el Gobierno de don Patricio Aylwin da ahora el paso de reconocer diplomáticamente a Croacia, el prestigio de nuestra democracia en el concierto internacional se verá, sin duda, fortalecido. Mientras tanto, en el plano interno, 130 mil chilenos con sangre croata sabrán apreciar este gesto de retribución hacia inmigrantes que, en los diversos planos del quehacer nacional, han sabido ensalzar el nombre y la dignidad de nuestro país.

Termino solicitando, señor Presidente, que esta intervención sea transcrita al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y al señor Embajador de Yugoslavia en nuestro país.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

FALTA DE SEGURIDAD. REPLICA A SENADOR SEÑOR ALESSANDRI

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, haré algunas reflexiones acerca del tema que tocó el Senador señor Alessandri, relativo a la delincuencia y el terrorismo.

Los jóvenes que hoy delinquen crecieron y maduraron durante el Régimen militar. En dicho período se nutrieron en la injusticia y se alimentaron en la venganza, que los gatillaron.

La gran mayoría de ellos, cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 30 años, tuvieron su escuela en la adolescencia.

Examinemos la edad con que contaban entre 1973 y 1990, período en el cual aprendieron delincuencia y vivieron el terrorismo de Estado.

Si hoy tienen 30 años, nacieron en 1961 y, por lo tanto, durante el Régimen dictatorial sus edades variaban entre 12 y 29 años. Y si actualmente una gran cantidad de delincuentes y terroristas tienen 18 años, nacieron justo en 1973. ¡En mala hora! Y la edad difícil, de las rebeldías sin causas y, también, de las rebeldías provocadas, la vivieron durante el Régimen anterior.

Todos concordamos en que la educación es parte fundamental en la conducta de los jóvenes. Empero, la etapa comprendida entre los años 1973 y 1990, en la cual aprendieron delincuencia y terrorismo, fue su verdadera escuela.

Si tienen 30 años -reitero-, vivieron su adolescencia -cuando la gente es más proclive a las buenas y a las malas costumbres- en ese complicado período.

El Senador señor Alessandri dice que el actual Gobierno prácticamente facilita las conferencias de presos políticos y de otro tipo de delincuentes.

El señor Ministro de Justicia explicó en esta Corporación que determinada conferencia de prensa que se realizó en la cárcel pública fue motivo de un engaño: hubo gente que entró subrepticiamente, circunstancia que aprovechó el preso Vasily Carrillo -hoy liberado- para emitir declaraciones a los medios periodísticos, sorprendiendo a las autoridades.

Creo las aclaraciones del señor Ministro, porque conozco su honorabilidad.

Por otra parte, el Honorable señor Alessandri expresa que hemos perdido cinco meses desde que se constituyó el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, pues no hemos hecho nada.

Estimo que Su Señoría está equivocado: hemos perdido 17 años, los cuales fueron caldo de cultivo para la delincuencia y el terrorismo.

He dicho.

FIJACIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL. OFICIO

El señor FREI (don Eduardo) .-

Señor Presidente, Honorables colegas:

La naturaleza de Chile -nuestra realidad ambiental- se encuentra hoy fuertemente presionada por las exigencias que plantea el desarrollo. Los esfuerzos de los chilenos para lograr el bienestar económico han comprometido seriamente la capacidad de nuestras riquezas naturales y del medio ambiente.

Ello plantea un desafío: generar los medios necesarios para restablecer el equilibrio entre el hombre y su medio.

Entre los desafíos que presenta esta tarea se halla uno de gran importancia: volver a establecer una sana relación entre economía, naturaleza y comunidad humana.

Para ello, la noción de desarrollo sustentable nos es de gran utilidad, pues afirma que no puede haber progreso sólido y estable si no existen simultáneamente equidad social y conservación ambiental.

La bancada democratacristiana ha querido asumir esta tarea y recoger un compromiso con el país, ya que es parte de nuestro acervo partidario y se encuentra incluido en el Programa de la Concertación.

Los problemas son muchos. Consideremos, por ejemplo, el recurso suelo. Éste se halla gravemente afectado por la erosión. De un total de 5 millones de hectáreas de la depresión central, 60 por ciento -3 millones de hectáreas- acusa algún tipo de erosión, con serios procesos de degradación química, biológica o física, lo que se suma a las declinaciones en la fertilidad, producto de desertificación o inundaciones.

Es decir, los suelos más productivos de Chile se encuentran condenados a convertirse en un nuevo desierto de Atacama.

Cuando uno examina el secano costero, entre la ciudad de Valparaíso y la desembocadura del Biobío, puede constatar que la erosión afecta a 1 millón 835 mil hectáreas, de un total de 2 millones 540 mil, lo que equivale a 72 por ciento de los suelos sometidos a estudio.

Otro ejemplo lo constituye el deterioro de las cuencas hidrográficas. En ellas, la pérdida de cobertura vegetacional por explotaciones de diversos tipos; los distintos usos del suelo dentro de áreas de alto riesgo, y la ausencia de planes de corrección de tipo estructural han tenido gran impacto social, ambiental, político y económico en diversas regiones del país. Como antecedente, en sólo 8 cuencas se han visto afectadas por inundaciones 2 millones de personas y más de 100 mil hectáreas.

Por otra parte, no es para nadie un misterio que la intensa contaminación existente a lo largo del país es uno de los temas más sentidos por la población a consecuencia de su impacto social y del deterioro que provoca en la salud general de los chilenos.

Sin embargo, las situaciones anteriores no pueden considerarse como únicos ejemplos del deterioro general de nuestro hábitat natural.

Dentro de los factores que afectan a nuestro ambiente, la contaminación -que ha adquirido particular preocupación entre nosotros- es aquella proveniente tanto de los desechos industriales como de las instalaciones mineras y de procesamiento y manufacturas.

En lo que se refiere a centros urbanos -en Santiago y en otras ciudades-, predominan las contaminaciones atmosférica e hídrica.

Puede señalarse que la raíz de buena parte del problema indicado se halla en el modelo histórico de desarrollo de nuestro país, que fue también aplicado en gran parte del mundo. Este modelo prescindió de la variante ambiental como factor central de garantía del progreso y no consideró que la utilización racional de los recursos es fuente de desarrollo estable y continuo.

Eso generó, en primer lugar, una desigual distribución de los frutos de la actividad económico-social. Una parte de los problemas ambientales graves que enfrentamos, tanto en el campo como en la ciudad, se origina en la situación de pobreza y miseria en que viven cerca de 5 millones de chilenos. Ello determina que la degradación de las condiciones económico-sociales, sumada al deterioro del ambiente, nos coloque en un círculo vicioso de marginación-pobreza-deterioro ambiental-enfermedad y miseria.

En segundo lugar, dicha estrategia de desarrollo concentró la población y las principales actividades económicas del país en una parte de su territorio.

En tercer término, produjo una tendencia claramente homogeneizante en el estilo de vida, sin distinguir ni reconocer la gran diversidad ambiental y cultural del país.

Convencidos de la urgencia de resolver estos problemas, y valorando otras iniciativas formuladas sobre el tema -insuficientes, a nuestro juicio, por no abordar la materia de manera global-, hemos decidido presentar un proyecto de Ley del Medio Ambiente y Política Nacional Ambiental.

La implementación de una política nacional ambiental requiere suficiente flexibilidad de los responsables para reaccionar a los cambios tanto en el fenómeno de la contaminación como en los parámetros de la calidad del ambiente. Esta flexibilidad se encuentra, en el citado proyecto, en la dictación periódica de directrices de política nacional ambiental.

De la misma manera, se ha buscado expresamente no dar reglas sectoriales, pues, además de ser reiterativas, impiden la coherencia con el espíritu de ley marco que fundamenta la referida iniciativa.

Seguidamente, el proyecto está inspirado en la búsqueda de un desarrollo sustentable; es decir, de un proceso de transformación ambiental en el uso y explotación de los recursos que tenga en debida cuenta la dinámica de los sistemas biogeofísicos -de modo de asegurar la perdurabilidad de los servicios que prestan a la sociedad-; que busque simultáneamente su mejoramiento, y que preserve la calidad de vida de los chilenos.

Este modelo de desarrollo exige establecer en materia de decisiones un horizonte a largo plazo, pues parte de la base de que las demandas actuales deben asumirse en la óptica de los efectos que puedan provocar en el futuro.

Luego, la iniciativa busca dar suficientes elementos de juicio en su accionar tanto para los agentes públicos como para los privados.

En efecto, para el sector público, dicho proyecto de ley otorga la adecuada inclusión de la variable ambiental en el desarrollo de políticas estatales; y para el ámbito privado, la existencia de reglas claras que le permitan enfrentar en mejor forma las exigencias de los mercados internacionales, preservando los recursos que le aseguran su ingreso y, por esta vía, su propia existencia futura.

Finalmente, el texto legal propuesto presupone que la gestión del Estado en la protección del medio ambiente no puede quedar reservada a la de ser un emisor de señales. Para ello, es preciso que emprenda acciones decididas. El proyecto indica algunas de ellas, como la exigencia de estudios y evaluaciones de impacto ambiental, que constituye el elemento articulador de su política al respecto.

En cuanto a su estructura, la iniciativa que nuestra bancada presenta a esta Honorable Sala se divide en tres títulos, más uno final, y consta de 62 artículos.

En la primera parte se contienen las disposiciones generales y las definiciones, que otorgan conceptos unívocos de dimensión ambiental. Destacan lo que debe entenderse por calidad ambiental, medio ambiente, capacidad de uso, componentes básicos del ambiente, conservación, contaminación y contaminante, función ambiental de la propiedad y su consistencia, impacto ambiental, etcétera. Todo ello constituye un esfuerzo por determinar patrones que, definidos en el ámbito técnico, alcancen significación jurídica para la defensa y protección del medio ambiente.

Por otra parte, se estipulan normas generales de política nacional ambiental y de participación ciudadana. Cabe destacar el conjunto de acciones que se otorgan a los ciudadanos para hacer efectiva la responsabilidad civil en materia ambiental. En este aspecto, se presume de derecho el interés legítimo de la comunidad. En lo que respecta a las indemnizaciones, se establece que ingresarán directamente a un fondo para la investigación científica en el aspecto ambiental.

Además, se determina la creación de un catastro nacional ambiental. El objetivo es mantener la coordinación estatal de todos los datos, inventarios y registros existentes con una estimación de la calidad ambiental. El catastro, actualizado anualmente, determinará los antecedentes necesarios para estipular las directrices de política ambiental. Junto con ello, dichos registros y estudios de impacto ambiental fijarán los casos en que corresponda autorizar los proyectos de gestión pública y privada que involucren decisiones sobre uso y manejo de recursos.

El proyecto consigna que la autorización pertinente fijará los niveles mínimos de impacto ambiental permisibles para su ejecución y las condiciones de control por parte de la autoridad. Es el sistema de vigilancia ambiental.

Por otra parte, se establece un sistema nacional ambiental. Éste se estructura con un Consejo Nacional del Medio Ambiente, una Secretaría Nacional Ejecutiva, un Comité Técnico Ambiental y Consejos Regionales del Medio Ambiente. Tiene como propósito, con todos los referidos antecedentes, definir, promover y coordinar las tareas ambientales en la política nacional.

El Consejo Nacional del Medio Ambiente, como órgano autónomo de la Administración del Estado, es la instancia máxima del sistema para la elaboración y determinación de la política ambiental.

De este modo la bancada democratacristiana da cumplimiento a uno de los aspectos del programa de Gobierno, con un aporte que consideramos sustantivo y de vanguardia en su ámbito. Con este acto queremos representar que la tarea de construir una vida armónica entre el hombre y su medio no es de unos pocos, ni de un partido, ni de un conjunto de ellos, sino de la sociedad toda. No puede hablarse de desarrollo económico, de nivel de vida ni de modernidad mientras siga vigente el divorcio entre nuestra naturaleza -pródiga en riqueza- y la conducta propia de la sociedad chilena.

Creemos que la cultura de un pueblo se expresa conjugando todos los elementos que son capaces de sostener la vida y de entregarla como herencia a las generaciones futuras.

Señor Presidente, teniendo en cuenta que la proposición de ley descrita contiene materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República ; que la urgencia de abordar la temática ambiental exige un tratamiento legislativo inmediato, y que él significa aportes sustantivos en su ámbito, en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, solicito que se oficie al Primer Mandatario para pedirle que otorgue su patrocinio al proyecto de Ley de Medio Ambiente y Política Nacional Ambiental, y lo incluya en la presente legislatura extraordinaria para su estudio y aprobación por el Congreso.

He dicho.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los señores Senadores de la Democracia Cristiana, en conformidad al Reglamento.

FALTA DE SEGURIDAD. REPLICA A SENADOR SEÑOR ALESSANDRI

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, hace unos momentos escuchábamos a un señor Senador de la Oposición hacer una grave e infundada crítica a la política del Gobierno frente al terrorismo y la violencia.

Creo indispensable que en este Honorable Senado, aparte emitir juicios, seamos capaces de confrontar la realidad actual del país con la del pasado y aun con la del resto del mundo.

Es evidente que hay una preocupación común de los chilenos. Todos -con la excepción de unos pocos desequilibrados- quisiéramos que el país viviera en paz y tranquilidad. Sin embargo, para lograr ese objetivo, la sociedad tiene que someterse a un proceso. Y ese proceso está en marcha. Se trata de algo lento y difícil.

Pero, antes de referirnos a tal proceso, es importante destacar el hecho de que la violencia impera en Chile desde hace muchos años. Son numerosos los asesinatos. Por mencionar uno solo, recordemos el de Tucapel Jiménez, que a mi juicio sintetiza los cientos de víctimas de una violencia que no se ha logrado reducir y cuyas consecuencias han sido extraordinariamente graves para la sociedad chilena.

Durante el Gobierno anterior, no obstante concentrarse el poder y la capacidad de decisión en una sola persona y hacerse uso y abuso de la totalidad de los medios -legítimos e ilegítimos- disponibles, se asesinó a personas; incluso, se atentó contra el propio Presidente de la República ; se desembarcaron armas en Carrizal (fue en ese período que aquello ocurrió), se distribuyeron en el país y, probablemente -tiene razón el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra-, hoy se emplean para quitar la vida a chilenos; etcétera.

Entonces, ¿por qué cargar a este Gobierno, que lleva año y medio en funciones y que está intentando reconstruir la convivencia entre los chilenos, la responsabilidad total en los hechos, cuando ellos son consecuencia de una situación que Chile y el mundo entero han venido viviendo desde antes?

Estamos de acuerdo en que hay que revisar las políticas seguidas. Nunca ellas son absolutamente eficaces. Tienen fallas. Como toda obra humana, son susceptibles de perfeccionamiento.

Empero, nos parece que no es procedente partir descalificando al Gobierno o al Presidente de la República . Tenemos que comenzar asumiendo que este país vive inmerso en una violencia que se originó mucho antes y que debemos hacer un esfuerzo personal y colectivo para conseguir que ese flagelo pase a un segundo plano. No se trata de ocultar los hechos, sino de abordarlos con responsabilidad. Y esto significa, tal como lo ha planteado el Ejecutivo, que a la batalla por erradicar la violencia del país tenemos que contribuir todos. Para ello hay dos mecanismos, uno de los cuales consiste en atacar las causas que originan el fenómeno (lo ha planteado el Senador señor Díaz). Y en esto tenemos que ir claramente al fondo del problema: la pobreza y la marginalidad.

Vengo llegando de un país que, para muchos de quienes están aquí, representa un modelo: Estados Unidos. Hay en Nueva York barrios por los que no se puede transitar sin riesgo a pleno día. Ésa es una realidad. Y resulta que allí disponen de servicios de inteligencia y de todo tipo de elementos.

Creo que la respuesta de nuestro país a la violencia de hoy -ella no es responsabilidad del actual Gobierno, sino la consecuencia de un sistema que se arrastra desde hace mucho tiempo- no puede estar en la instauración de una nueva dictadura que imponga el estado de sitio y permita a los organismos de seguridad actuar absolutamente al margen de la ley (sobre eso versó en alguna medida el debate de la primera parte de esta sesión) y, al amparo de disposiciones secretas, de manejo reservado, detener y hacer desaparecer a la gente. Ése no es el método para mantener la paz en el país. La respuesta es apegarse a las normas constitucionales vigentes y usar todos los mecanismos que la ley entrega al Gobierno.

No nos cabe ninguna duda de que esos mecanismos se están utilizando. Si hay tráfico de armas en el país, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de detectarlo, porque eso pone en riesgo, no sólo la seguridad interna, sino también la externa.

Por lo tanto, no existen limitantes para que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas pongan en práctica todas las medidas que tengan que ver con el tráfico, desembarco y control de armas.

En segundo lugar, el Presidente de la República y el Gobierno no han dejado de recurrir a los servicios de inteligencia en lo atinente a las tareas que les competen. Y, por supuesto, el organismo que se ha creado para coordinar no puede estar produciendo frutos al día siguiente de formarse. Entenderlo así implica tener un mínimo de respeto por la inteligencia de los chilenos: ningún servicio que se establezca para coordinar este tipo de actividades entrega resultados en un mes o en dos.

En consecuencia, señor Presidente, es indudable que debemos abordar este tema. Y no sólo porque se plantea hoy aquí, sino porque el propio Presidente de la República ofició al Senado requiriendo nuestra colaboración. Para ello se formó una Comisión especial con el objeto de estudiar el problema y evacuar un informe.

PARTICIPACIÓN DE CHILE EN 46ª ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, quiero aprovechar los minutos que me restan para entregar algunos antecedentes acerca de la intervención que cupo a la delegación chilena -que integramos- ante la 46ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, celebrada recientemente en Nueva York.

No cabe duda de que la presencia de nuestro país en ese Alto Foro internacional es un asunto de la máxima importancia para el desarrollo de las relaciones exteriores, que son vitales para mejorar los vínculos comerciales, políticos y de todo orden con las distintas naciones, como asimismo para el reforzamiento de la seguridad nacional.

Nuestra participación en la Asamblea de Naciones Unidas nos permitió comprobar que del elevado grado de profesionalismo y eficiencia de los representantes chilenos surge la buena acogida de los miembros de dicha organización a nuestros planteamientos. Este reconocimiento fue plenamente compartido por el Diputado señor Andrés Chadwick el viernes pasado, al reunimos por última vez con el equipo de trabajo de la misión chilena, encabezada por el Embajador señor Juan Somavía, quien tuvo un brillante desempeño. Un ejemplo claro del papel que llevó a cabo fue su designación, en representación del Secretario General, para realizar consultas entre los países miembros respecto de la posibilidad de efectuar una cumbre sobre "el desarrollo social en el mundo".

Por otro lado, es mi deber hacer notar el grave problema económico que afecta al personal que sirve en dicha misión, especialmente el de grados inferiores. Con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 1992, es bueno que el Senado tenga conciencia de las bajas remuneraciones que perciben los funcionarios del servicio exterior de Chile.

Creo conveniente destacar también el excelente discurso del Canciller en la Asamblea de Naciones Unidas y su favorable recepción por la gran mayoría de los representantes de las naciones allí congregadas. En esa intervención, junto con reiterar la permanente posición de Chile en materia de respeto a los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos, expresó que los importantes acuerdos adoptados por la OEA en Santiago abren una nueva práctica en las relaciones internacionales.

Y en otra maciza exposición, que duró una hora, ante un centenar de chilenos reunidos en el Consulado de Nueva York, el señor Ministro de Relaciones Exteriores desarrolló el tema de la política exterior chilena y respondió diversas consultas.

Finalmente, deseo hacer resaltar que los Parlamentarios integrantes de la delegación consideramos muy acertada la decisión del Gobierno de reincorporar a Chile al grupo de países no alineados. Al respecto, creo que ya no debiera denominarse de esa manera, por los acontecimientos que vive el mundo, aunque sí tiene vigencia el nombre por representar a un conjunto de países subdesarrollados que se han unido para defender sus intereses comunes.

Estimamos adecuada la presencia de Chile en ese conjunto que aglomera a un no despreciable número de naciones del Tercer Mundo, y que hoy nos recibe con los brazos abiertos, en circunstancias de que en el pasado, a pesar de los esfuerzos que realizó la Cancillería, se opuso a ello. Esto nos permitirá ocupar un espacio más en el concierto internacional y recuperar el prestigio que en esta área tradicionalmente tuvimos a través de la historia.

He dicho.

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, DE SAN FERNANDO. OFICIO

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, efímera fue la vida como monumento nacional de la capilla del Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de San Fernando. Sólo duró escasos cuatro meses, ya que tal calidad le fue otorgada por decreto supremo N° 936, de 16 de noviembre de 1984, del Ministerio de Educación, y el sismo del 3 de marzo de 1985 le ocasionó graves daños, inutilizándola para el servicio.

De antiguas crónicas y estudiosos del tema hemos recopilado algunos datos que nos cuentan del origen y desarrollo de esta capilla de estilo neogótico y singular belleza. La primera piedra se colocó en 1884 -hace más de un siglo- sobre la base de un antiquísimo oratorio de propiedad de la Congregación de las Hijas de la Caridad.

La generosidad florecía en esa época finisecular. Y así se levantaron hospitales y capillas. Sor Julia Ponnie, Superiora de las religiosas, tuvo tiempo y fuerza para atender a los enfermos del hospital sanfernandino e iniciar la construcción de la capilla. Finaliza el siglo y con él la obra, y, como promisorio comienzo del actual, se instala el altar gótico, el cual, como tantas otras realizaciones, guardó el secreto de sus donantes y de los artistas que lo construyeron.

E1 terremoto de 1985 remeció la centenaria arquitectura y dañó seriamente su estructura, lo que obligó a clausurarla. Cerrada para los hombres, pero, por sus ventanas quebradas, abierta al viento, la lluvia y las aves, que han continuado la tarea devastadora, ya no se escuchan más misas ni plegarias, cantos sacros ni letanías; sólo el arrullar de las palomas y vuelos nocturnos de murciélagos. Hoy es monumento al abandono, nido de pájaros, palomar sucio y ruidoso. Queremos que "la casa del Padre sea casa de oración", como dijo Cristo al expulsar a latigazos a los mercaderes del templo. Las palomas tienen sus hogares en los aleros de los edificios; las aves, en las copas de los árboles; y los hombres, su casa de oración en templos y capillas.

La comunidad local necesita con urgencia la restauración de este monumento nacional del sector norponiente de San Fernando. Porque allí hay fábricas, un hospital y un abigarrado y antiguo barrio residencial. Estoy muy de acuerdo con el concepto de Giorgio La Pira, que fuera gran Alcalde de Florencia, quien dijo: "Toda familia debe tener un taller donde trabajar, un hogar donde amar y un altar donde rezar". Aquí, falta lo último.

En esta tarea nos proponemos recuperar la capilla para transformarla de monumento al abandono en monumento vivo. Pero esto demanda una importante suma de dinero. Como es habitual, el Consejo de Monumentos Nacionales carece de los recursos suficientes para este fin, y en caso de tenerlos existen otras prioridades y urgencias.

¿Cuál es, entonces, la solución? Muy sencilla. Lo que por decreto se hizo, por decreto se deshace: quitar el carácter de monumento nacional a la capilla y entregarla al Obispado de Rancagua, que tiene jurisdicción sobre la diócesis. Se conversó al respecto con Monseñor Jorge Medina Estévez, el que, ante esta eventualidad, se comprometió a conseguir financiamiento para la restauración.

Por otra parte, las autoridades que tienen competencia en el asunto, como el señor Ministro de Educación, señor Ricardo Lagos; y la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, a niveles nacional, secretariado y regional, a cargo de los señores Sergio Villalobos, Juan Eyzaguirre y señora Carmen Del Río, respectivamente, están en conocimiento del problema. Y, como la capilla está ubicada en el recinto del hospital -que es propiedad fiscal-, se planteó también el asunto al Ministro de Salud, señor Jorge Jiménez, y a los doctores Edison Díaz y Enrique Dintrans, que ocupan los cargos de Secretario Regional Ministerial y de Director Regional de Salud. Todos los personeros mencionados expresaron la mejor disposición para materializar esta iniciativa.

Asimismo, en nuestro interés por escuchar otras opiniones autorizadas, nos contactamos con el padre Gabriel Guarda, religioso benedictino de fama nacional e internacional en la materia, cuyo juicio es muy respetado debido a sus títulos y asesorías a organismos mundiales de centros de arquitectura y UNESCO. Él sostiene: "Si el espíritu y la idea de monumentos nacionales es salvarlos y conservarlos, hay que tomar cualquier opción para que se salven, aunque se desafecten, los cuales ganarán como obras arquitectónicas y para servicio de toda la comunidad".

En la imposibilidad de salvar todos los monumentos nacionales, puesto que algunos han sufrido serios deterioros, procuremos, al menos, salvar la capilla a que me he referido.

En la Sexta Región existen otros 14 monumentos nacionales y la mitad de ellos se hallan en estado ruinoso. En Chile hay una propensión exagerada a declarar la calidad de monumento nacional, pero un descuido, rayano en la desidia, para abandonarlos. Y es muy probable que esta situación se repita, lamentablemente, en el resto del territorio. Quizás una política adecuada sea reducir el número de monumentos nacionales y procurar mantener en mejores condiciones los que permanezcan como tales.

Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Educación a fin de que, en su calidad de Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, deje sin efecto el decreto supremo N° 936, de Educación, de 16 de noviembre de 1984, y se entregue al Obispado de Rancagua la capilla del Hospital San Juan de Dios, de San Fernando, para su restauración.

He dicho.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

FALTA DE SEGURIDAD. OFICIOS

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente, una vez más, al abordarse el tema de la seguridad, de la paz social y de cómo enfrenta el Gobierno el flagelo del terrorismo que azota a la comunidad chilena, vemos a representantes de los partidos que apoyan al Presidente Aylwin volver al pasado señalando, en primer lugar, que la violencia tiene su origen en el Régimen anterior; que se trata de un problema estructural cuya raíz se encuentra en la pobreza; que los jóvenes no han tenido oportunidades, etcétera.

Ciertamente en la sociedad existen estructuras culturales, raíces de pobreza y factores que, obviamente, impulsan a ciertas personas a cometer delitos. Pero lo peor que puede hacer un político es emplear su racionalidad para no ver el presente o para justificar errores, en vez de usarla para descubrir la verdad.

Aunque parezca majadería, voy a referirme a lo que era el Chile de ayer, antes del Gobierno militar, en términos de violencia. Me siento casi avergonzado de tener que hacerlo; pero las opiniones vertidas por dos Honorables colegas me obligan a ello.

¿Qué decía poco después del 11 de septiembre de 1973 el entonces Senador señor Patricio Aylwin acerca de la violencia? Por que quiero demostrar, al menos, que ella no comienza en la pasada Administración. Expresaba:

"La mayor prueba es la enorme dotación de armas que tenían las ilegales milicias marxistas que formaban un verdadero ejército paralelo con poder de fuego equivalente a 15 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros" (sin contar los extremistas nacionales).

Y sobre el grado de violencia -no es el tema, pero debiera preocupar- que hoy existe con relación a la de ayer, creo importante dar a conocer lo que piensa la opinión pública. También podría leer estadísticas respecto de cómo ha aumentado la delincuencia.

Tengo aquí un gráfico, elaborado por el Centro de Estudios Públicos, que indica que los asaltos y robos aparecen como el problema al cual el Gobierno debiera dedicar su mayor esfuerzo. Más adelante se alude al terrorismo.

Comparemos qué opinaba la comunidad nacional en marzo de 1989, antes del cambio de Gobierno, y en marzo de 1991, tocante a asaltos y robos: 21,5 por ciento y 64 por ciento, respectivamente, los estimaban problemas prioritarios. ¡En dos años los asaltos y robos se han incrementado más de tres veces!

Pero, como alguien podría pensar que el Centro de Estudios Públicos tiene una connotación ideológica determinada, veamos los resultados de la investigación hecha por la empresa Gemines, de propiedad -entre otros- del Presidente del Banco del Estado, don Andrés Sanfuentes y don Pedro Calvo, distinguido profesional que milita en el mismo partido que el Presidente Aylwin. Y la pregunta que hace la encuesta Gemines es la siguiente: "¿Cree usted que actualmente la delincuencia es más grave, igual o menos grave que durante el gobierno anterior?". Y la respuesta es: más grave, 60,5 por ciento; menos grave, 7,7 por ciento.

A mi juicio, es importante en la hora presenté no taparnos los ojos y ver la realidad tal cual es.

En días anteriores hice un planteamiento con relación al tema de la seguridad que no implica un problema de orden ideológico conceptual. Y en esta materia hay un principio: quien debe administrar las instituciones y liderar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia es el Gobierno, el Presidente de la República . Pero cuáles instituciones debe utilizar en esta lucha es un asunto práctico y táctico: hoy, el Primer Mandatario , como conductor de este combate contra el terrorismo, perfectamente puede llamar a todas las que nuestra legislación contempla como de seguridad nacional para responder a las amenazas internas, o externas, a que se vea sometida la sociedad chilena.

Pese al reconocido incremento de la delincuencia, del terrorismo y de la violencia, aún el Gobierno no ha resuelto cómo enfrentar estos flagelos que han hecho de nuestra sociedad su víctima. Sus permanentes vacilaciones, tanto en el orden conceptual como frente a la aplicación práctica de las medidas necesarias para combatirlos eficientemente, lo han llevado a una preocupante y riesgosa situación de inercia.

En todo Estado, el Presidente de la República y el Ministro del Interior son los responsables directos de adoptar las decisiones, formular las políticas y emplear todos los medios disponibles para asegurar el normal y tranquilo desenvolvimiento de la ciudadanía. En ellos radican las atribuciones que la ley otorga en este campo y sólo ellos son los llamados a decidir sobre los organismos que se deben crear, si la situación así lo requiere, o cuales de los ya existentes se deben emplear en términos individuales o conjuntos.

Hoy, en Chile, no se están utilizando todos los instrumentos de que dispone el Estado para materializar una eficiente y efectiva acción en el ámbito de la seguridad ciudadana, responsabilidad primaria de quienes conducen a la sociedad política.

En el fondo, ésa es la línea que ha planteado el Senador señor Alessandri en el discurso que pronunció en esta sesión y que comparto en su totalidad.

No podemos vivir con los traumas del pasado para, en esta hora, bloquear la posibilidad de resolver los problemas de violencia que enfrenta el país.

El terrorismo, o cualquier otra forma de violencia selectiva, proviene de organizaciones concretas -políticas o de otra índole- que actúan fundamentalmente en y desde la clandestinidad, la mayoría de las veces vinculadas con otras estructuras similares existentes en el exterior.

Estas organizaciones tienen dos características especiales: primero, actúan en un escenario de normalidad; es decir, no son fácilmente localizables como adversarios de carácter regular y, en consecuencia, sus miembros se confunden con la población normal de la sociedad. Segundo, su poder es descentralizado. En otras palabras, descubrir parte de estos grupos no implica en ningún caso el desbaratamiento, desarticulación o desintegración de la organización misma.

Tales características, junto a otras propias de las acciones encubiertas y clandestinas, otorgan a la lucha antiterrorista conceptualmente la denominación de "guerra irregular". Por lo tanto, la única forma reconocida como eficiente para combatir el terrorismo es mediante el empleo de organismos de inteligencia, y de ninguna manera pueden utilizarse para estos fines sólo instituciones de seguridad o policiales. Esto es lo que el Gobierno, a la fecha, pareciera no entender.

La inteligencia es el conocimiento útil y anticipado de lo que hace el adversario. La inteligencia se desarrolla, o la información se obtiene, a través de la infiltración de las organizaciones subversivas y terroristas, construyendo verdaderas redes de información. Para ello se requiere de un organismo de inteligencia integrado por profesionales y analistas expertos en temas políticos, sociales y psicológicos, en condiciones de asumir las demandas especializadas en forma adecuada. Asimismo, como es obvio, un organismo de inteligencia requiere de personas con experiencia en tareas de inteligencia.

Por consiguiente, para los fines anteriores se deberían emplear todas las instituciones y todos los recursos capacitados para contribuir a este esfuerzo. Las Fuerzas Armadas -el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- tienen organismos de inteligencia, poseen personal profesional de alto nivel y cuentan con instrumentos adecuados para desarrollar determinadas funciones. No se trata de que las Fuerzas Armadas conduzcan la lucha antiterrorista, sino de que colaboren en esta tarea.

Hacemos un llamado al Gobierno a que deje de lado sus prejuicios; a que asuma su ineludible responsabilidad; a que lidere decididamente la acción en contra de los flagelos que hoy afectan profundamente a nuestra sociedad, usando todos los instrumentos que la ley le confiere; y, por último, a que, para cumplir esta labor -la más importante de la hora presente- solicite el concurso de todas las instituciones capaces de asumir responsabilidades, muchas de las cuales hoy en día son instituciones "ociosas" en estas materias.

Señor Presidente, pido que mi intervención sea enviada a los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional.

VISITA DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A UNDÉCIMA REGIÓN

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, en muchas oportunidades he hecho uso de la palabra para referirme a temas que son muy importantes para la Undécima Región. En algunos casos, han traspasado los intereses del lugar que represento, suscitando la atención nacional e internacional. Por ejemplo, el problema limítrofe de Laguna del Desierto y las erupciones del volcán Hudson.

En fechas recientes, en este Honorable Senado me referí a las devastadoras consecuencias ocasionadas por la activación de ese volcán, principalmente en las comunas de Chile Chico y Río Ibáñez, y en la comuna de Aysén, en el sector del valle Huemules y alrededores.

Reitero a mis Honorables colegas los agradecimientos que en su oportunidad les di por el apoyo que unánimemente me brindaron en esta Corporación respecto de las peticiones que formulé al Supremo Gobierno para ir en ayuda de los damnificados. Ésa fue una ocasión memorable. Era la primera vez que en la Corporación se lograba la unanimidad en torno a lo solicitado por un Senador para una determinada zona. Fue el día 20 de agosto de 1991.

En esa oportunidad, entre otras cosas, pedí lo siguiente: que se declarara de inmediato zona de catástrofe a todo el territorio afectado y que se asignaran recursos necesarios para ir en ayuda de los damnificados; que se liberara del pago de contribuciones a las viviendas y campos de los lugares afectados; que se subsidiaran los consumos de agua y luz a las víctimas de la catástrofe; que se suspendieran de inmediato los apremios judiciales; que se otorgaran créditos blandos, etcétera.

Las erupciones del volcán Hudson se iniciaron el 8 de agosto, y sólo el 20 de ese mes el Gobierno declaró la zona de catástrofe. Habían pasado doce días desde el comienzo de la tragedia y los afectados se encontraban angustiados por la escasa ayuda que recibieron y que tan tardíamente les llegó. Observaron impotentes la muerte de parte importante de su ganado.

Sin embargo, surgió una esperanza con ocasión del viaje que hiciera a la Región el Subsecretario del Interior el 29 de agosto, veintiún días después de las erupciones, quien pudo apreciar la efectividad de lo que yo había expresado en el Senado. Después, el 17 de septiembre, viajó el Ministro del Interior señor Krauss, quedando muy preocupado por lo ocurrido. ¡Imagínense: transcurrido un mes y medio, dicho Secretario de Estado aún podía ver las zonas afectadas sumidas en la desesperación!

Ambos personeros de Gobierno, además, recibieron en sus despachos las evaluaciones de las autoridades regionales y pudieron analizar esos antecedentes a la luz de las propias experiencias vividas. La situación era grave y requería un trato especial. Y las autoridades regionales y nacionales nos dijeron que el Presidente de la República, cuando viajara a la zona, anunciaría las soluciones concretas. Y antes de la llegada del señor Aylwin se creó un clima de expectación en toda la comunidad. Algunos decían: "Va a anunciar la declaración de zona franca"; otros: "Va a dar a conocer algún gran plan de desarrollo regional". Otros creían que se pondría en marcha un ambicioso programa de progreso y que los afectados tendrían alguna compensación por las pérdidas sufridas, ya que el propio Subsecretario del Interior don Belisario Velasco les había dicho que no habría damnificados de primera y de segunda clase.

En honor a la verdad, todos esperábamos esa información, ese anuncio del Presidente.

Y el jueves 10 de octubre, después de sesenta y tres días de haberse iniciado el problema, el Presidente Aylwin llegó a la Región. Habló en Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez, y en cada una de esas ciudades acudió un número muy importante de personas a escuchar sus discursos, con la esperanza -reitero- de recibir noticias que permitieran vislumbrar un futuro promisorio.

Debo ser franco: la visita del señor Presidente dejó una gran desilusión; sus palabras dejaron un sabor amargo. Hay una gran frustración en la inmensa mayoría de los habitantes de Aysén. Esta afirmación no es antojadiza, sino que corresponde a lo que oí a muchas personas de diferentes lugares y de los más diversos estamentos sociales.

El Presidente dijo que había ido a constatar en el terreno lo ocurrido. Me resultó curiosa esta frase del Primer Mandatario, ya que a lo mismo acudieron el señor Subsecretario del Interior don Belisario Velasco, el Ministro don Enrique Krauss y otros personeros de Gobierno. También habían evaluado en exceso la situación las autoridades regionales, y me imagino que todas ellas, y también las nacionales, le habrán informado de lo acontecido a Su Excelencia el Presidente de la República. Pienso que también se habrá dado un tiempo para ver algunas de las filmaciones que se hicieron y recibido algún comentario que lo haya impactado. Pero el Presidente no puede ir a nuestra Región después de sesenta y tres días de ocurridas las erupciones y decir a la gente que debe estudiar un proyecto serio para ver si el Gobierno, después de evaluarlo, decide apoyarlo.

¿Cómo el Presidente no va tener un equipo de profesionales y técnicos que le presenten, en 63 días, un proyecto de las características que quiere? ¿En qué situación moral y política quedan el señor Intendente, los señores Gobernadores, los señores Secretarios Regionales Ministeriales, etcétera? ¿Quiso decir que esas personas no le han propuesto nada o nada les pidió él a ellos?

En buenas cuentas, el señor Aylwin fue a darnos consejos acerca de lo que debemos hacer. El señor Aylwin debe saber que la gente de la Región no quiere consejos ni limosnas. Deseamos que se brinden posibilidades que nos permitan competir con las distintas actividades del resto del país.

En la Región la cesantía ya alcanza 10 por ciento, lo que significa angustias en muchos hogares, por falta de alimentos, de abrigo y de un horizonte promisorio. Y esto se soluciona otorgando posibilidades para que se expanda la actividad privada, lo que sólo será posible en condiciones que resulten atractivas.

Frente al problema del desempleo que estamos viviendo en la Región, y que lamentablemente se hace extensivo al país, el señor Aylwin dice que ésa no es una responsabilidad del Gobierno -por lo menos eso fue lo que expresó en mi Región-, olvidando sus discursos de candidato, en los que, en muchas oportunidades, se refirió a los cesantes.

El señor Aylwin sabe que existe el rol subsidiario del Estado, y que es su responsabilidad buscar soluciones a la cesantía de mi Región y del país.

Solicito al Jefe del Estado, en mi calidad de Senador de la República, que cambie la actitud o conducta que tuvo en la visita realizada, y entregue a la Región las franquicias que le permitan un gran despegue.

Las proposiciones formuladas al Presidente de la República en Coyhaique , en reunión pública, por las organizaciones más representativas de la zona, no fueron aceptadas. Es más: el señor Aylwin las descalificó al referirse a ellas como un petitorio poco serio. La falta de deferencia para con esas organizaciones resulta inadmisible, ya que las propuestas se plantearon con altura de miras y con la seriedad que el caso ameritaba.

Estimo, sinceramente, que el Primer Mandatario no tuvo la asesoría adecuada para el viaje y que por ese motivo resultó una gira tan poco útil. Nuestra Región merece sobradamente una preocupación mayor por parte del Gobierno.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Perdón. ¿Me permite una acotación, señor Presidente?

El señor PÉREZ .-

¿Cuánto tiempo queda al Comité Renovación Nacional?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Cinco minutos, Su Señoría.

El señor PÉREZ .-

Se los cedemos al Senador señor Fernández.

El señor DÍAZ .-

Una brevísima interrupción, señor Presidente, sólo para decir lo siguiente.

Supongo que cuando el Honorable señor Ortiz habla del "señor Aylwin" se refiere al Presidente de la República, porque Aylwin hay muchos. De modo que ruego que, así como entre los Senadores nos tratamos de "Honorables", cuando citemos al Jefe del Estado digamos "Presidente de la República".

Gracias.

El señor ORTIZ .-

¿Me permite, señor Presidente? Deseo hacer un alcance.

En varias oportunidades lo nombré diciendo "Su Excelencia el Presidente de la República" o, simplemente, "Presidente la República". Claro está que en algunas otras cité al señor Aylwin, pero lo hice con el mismo respeto. Nadie creerá que lo estoy confundiendo con su hermano Andrés, quien es de figuración bastante menor.

FIJACIÓN DE POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL. REPLICA A SENADOR SEÑOR EDUARDO FREI

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, deseo también hacer presente que escuché muy atentamente la intervención de mi Honorable colega señor Eduardo Frei. A ese respecto, considero que a los señores Senadores de Gobierno les debe ocurrir con frecuencia lo mismo que hoy día: que no están informados de las materias que se tratan porque se ausentan de la Sala, como sucede ahora, en que sólo está presente el Honorable señor Díaz, en circunstancias de que los contribuyentes están pagando por todos los demás.

En lo relativo a la proposición formulada en cuanto a legislar sobre el medio ambiente, debo señalar que felicito al Honorable señor Frei por su iniciativa; pero si conversara con sus colegas de bancada se habría enterado de que los Honorables señores Larre, Romero, Piñera y Jarpa y el Senador que habla presentamos oportunamente un proyecto de ley sobre la materia, actualmente en estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Esa Comisión es presidida por el Honorable señor González -integrante de la Concertación-, y en ella participan activamente también los Senadores señores Díaz, Siebert y señora Feliú, y quien hace uso de la palabra.

Por lo tanto, me alegro de la proposición señalada, pero sólo podría tratarse a partir del 21 de mayo próximo. En consecuencia, el Senador señor Eduardo Frei puede hacerla llegar a la Sala, y con mucho agrado la estudiaremos.

He dicho.

CESE DE VIOLENCIA Y RESTABLECIMIENTO DE PAZ SOCIAL

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente.

El país vive una emergencia

Chile vive una situación grave como consecuencia del alarmante incremento de la violencia delictual y terrorista. Este fenómeno se torna aun más serio en los grandes centros urbanos, cuya población ve deteriorarse su calidad de vida por la inseguridad que afecta a barrios, calles y poblaciones. El mismo fenómeno empieza ya a hacerse presente en los campos.

A los continuos asaltos y robos a domicilios particulares, empresas y establecimientos comerciales, se suman ataques armados con frecuentes consecuencias de lesiones o muerte. Los actos de violencia delictual cobran modalidades e intensidad no conocidas anteriormente en nuestro país.

Innecesario sería abundar más en sus múltiples manifestaciones -que todos conocemos-, que incluso costaron la vida a un inolvidable colega.

La violencia, sea política o delictual, se asemeja a una espiral: en constante movimiento, su control se hace cada vez más difícil en la medida en que no se logre contrarrestarla.

El combate eficaz del violentismo es tarea que corresponde, prioritariamente, a la autoridad política, al Gobierno. Por definición, quien tiene la responsabilidad de velar por el interés colectivo es, asimismo, quien debe preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y crear las condiciones para un mínimo de paz social.

Sé bien cuan inmensamente difícil es dar satisfacción suficiente a los deberes correspondientes. Pero la dificultad debe ser un estímulo; nunca una excusa.

Lamentablemente, la actual Administración no ha tenido éxito en sus iniciativas para superar el problema delictual y terrorista. Es más: no pocas de sus acciones se orientan en la dirección exactamente contraria a la que la comunidad nacional, en las actuales circunstancias, puede esperar de sus autoridades. Es el caso de los esfuerzos por promover las más pronta liberación de personas juzgadas por hechos violentistas y delictuales, aplicando a éstos, indiscriminadamente, la calificación de "políticos". Es el caso de la insuficiente relevancia que parece asignarse a las frecuentes fugas desde recintos penales. Es el caso de la demora en promulgar disposiciones legales, aprobadas por el Parlamento, para dar más eficacia a la acción de los organismos policiales, que contradice el respaldo que el Régimen dice asignar a esas instituciones . Es el caso de la contradicción entre imputar al pasado Gobierno una supuesta despreocupación por el gasto en materias de orden y seguridad, al mismo tiempo que, precisamente, se cuestionan los presupuestos de las Instituciones Armadas y de Orden, pese a que la violencia delictual ha aumentado y, con ello, las necesidades presupuestarias para combatirla.

Al representar lo anterior no es mi propósito formular sólo una crítica política. Ésta es inevitable ante los resultados observados. Pero, más allá de ella, la situación que vive hoy el país en esta materia constituye una grave emergencia que compromete nuestra estabilidad institucional, las vidas de muchos compatriotas y nuestra supervivencia misma como sociedad civilizada.

Por desgracia, hasta ahora la autoridad ha fracasado en dar solución al problema. Sin embargo, este fracaso no es de aquellos que puedan favorecer a sector político alguno: es un fracaso que sólo aprovecha el violentismo, porque el agravamiento de éste alcanza a todo el país, tanto al Gobierno como a la Oposición.

Por eso, creo que ésta no es sólo hora de críticas, sino, también, de aportes.

Que cese la violencia: una tarea nacional

Lograr el término de la violencia es, por cierto, una labor del Gobierno, pero, también, y en no menor medida, una gran tarea nacional. Aún es tiempo de poner atajo a la violencia delictual y terrorista mediante la acción conjunta y coordinada de las autoridades, de los partidos políticos, de las instituciones policiales y de seguridad pública, del Poder Judicial , de las instituciones religiosas y espirituales y de la comunidad entera.

Tal misión es urgente, urgentísima; está por encima de diferencias de cualquier otro orden, y su meta apremiante es restablecer la paz social. Si fracasa, pueden producirse consecuencias imprevisibles en nuestra patria.

Frente a esta misión, creo ver ciertos deberes impostergables que competen especialmente a quienes ejercen responsabilidades en diversos ámbitos.

No dudo de que, además de las que señalaré, existen otras iniciativas que podrán sumarse a ellas, para complementarlas y perfeccionarlas, las que serán siempre bienvenidas en cuanto contribuyan al propósito que nos ocupa y generen un debate elevado en torno a un problema que, como chilenos, nos afecta sin excepción.

A continuación, enumeraré brevemente las acciones que estimo indispensables para alcanzar el referido objetivo de la paz social:

1°.- Definir una política nacional para enfrentar la violencia, que englobe con altura las iniciativas que la Oposición propone. Esto puede parecer poco realista, pero no lo es. Cabe recordar que, en días recientes, el vicepresidente de un partido de la actual Concertación ha formulado a este respecto planteamientos que, a mi juicio, no sólo son objetivos, realizables y dignos de detenida consideración, sino que, además, se aproximan significativamente a las posiciones largamente sostenidas por la actual Oposición.

2o.- Dar señales claras y resueltas de la disposición de todos los Poderes Públicos para combatir la delincuencia. Esto supone dejar de favorecer con indultos y otros beneficios a personas de alta peligrosidad involucradas en hechos de violencia.

3o.- Impulsar las iniciativas legislativas destinadas a frenar la escalada delictual, procediendo a poner en vigencia cuanto antes toda la normativa ya aprobada en esa materia.

4o.- Dotar de medios adecuados a los organismos de inteligencia e información creados por el actual Gobierno, acelerando los incrementos presupuestarios que hayan de otorgarse para este efecto a Carabineros e Investigaciones. Ello supone reconocer el hecho evidente de que esas entidades están enfrentando una realidad delictual distinta y muy grave.

5o.- Asumir una actitud responsable y realista respecto de los hechos de violencia. Es inútil y contraproducente minimizar la gravedad de los mismos. Las meras condenas verbales son justas y debidas, pero ellas no equivalen a acciones concretas.

Frente a estas tareas, aparecen, en mi opinión, responsabilidades, y, también, responsables, sobre los que aquéllas deben recaer de manera especial, si bien no exclusiva.

Tareas que corresponden a los partidos políticos

A éstos compete:

1o.- Colaborar con las autoridades de Gobierno en la aplicación de la política nacional que éste fije para combatir la violencia, respaldando las iniciativas legales que se presenten para alcanzar tal objetivo.

2o.- Revisar el debilitamiento experimentado por algunas normas legales, particularmente las relativas a la penalidad de los delitos vinculados a acciones violentas.

3o.- Establecer un amplio acuerdo político destinado a fortalecer la acción de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, evitando el cuestionamiento político de las iniciativas que estas instituciones desarrollan para combatir la delincuencia y el terrorismo.

4°.- Ejercer efectivamente el poder de convocatoria que cada partido tenga, para conseguir el más amplio respaldo de la comunidad a las medidas propuestas.

Tareas que corresponden a las instituciones policiales y de seguridad pública

1°.- Perseverar en el esforzado cumplimiento del deber que les imponen la Constitución y las leyes de la República en cuanto a velar por la tranquilidad ciudadana, mantener el orden público y combatir la delincuencia. Para ello, desarrollar todas aquellas iniciativas preventivas y disuasivas que la situación aconseje, contando con el claro respaldo de las autoridades, de los Poderes Públicos y de toda la comunidad nacional.

2o.- Intensificar -como se ha comenzado a hacer últimamente- los operativos preventivos y de control, que constituyen un medio adecuado para aumentar la presencia policial en las vías públicas y en las poblaciones.

3o.- Mejorar la coordinación institucional entre Carabineros e Investigaciones.

4o.- Establecer mecanismos expeditos y seguros para recibir la información de que pueda disponer la ciudadanía para facilitar la acción policial.

5o.- Acrecentar la política institucional en cuanto a que los nuevos efectivos de Carabineros e Investigaciones cumplan tareas esencialmente policiales, antes que sólo administrativas o de servicios anexos.

Tareas que corresponden al Poder Judicial

1o.- Aplicar con la mayor severidad, en el marco de las disposiciones legales vigentes, las penas que correspondan a los delitos contra las personas.

2o.- Aprovechar la extraordinaria experiencia de los integrantes de ese Poder del Estado para permitir que sugieran las reformas que estimen convenientes, destinadas a procesar y sancionar de modo rápido dichos delitos,

3o.- Aplicar restrictivamente las facultades que la ley concede a los jueces para disponer la libertad provisional de personas vinculadas a hechos de violencia, en resguardo de la tranquilidad ciudadana y de la seguridad de las víctimas que denuncien estos hechos. Lo anterior, por lo menos, mientras se mantenga la situación que afecta actualmente al país en esta materia.

4°.- Estudiar y aplicar nuevas modalidades de atención en los tribunales para que, aun con los limitados medios humanos y materiales disponibles, no se inhiba a las víctimas que deben denunciar o ratificar estos delitos, a resultas de la enorme pérdida de tiempo que implican esos trámites.

5o.- Presentar a la mayor brevedad las proposiciones concretas de aumento del número de tribunales u otras iniciativas que, a juicio del Poder Judicial , sean necesarias para mejorar substancialmente la administración de justicia.

Tareas que corresponden a las instituciones religiosas y espirituales y a la comunidad

1o.- Contribuir a crear conciencia -especialmente entre los sectores juveniles- de que el problema de la violencia es de orden moral.

2o.- Respaldar las acciones preventivas y disuasivas que, inevitablemente, deberán adoptar las instituciones policiales, en el marco de la legislación vigente, para controlar el incremento delictual.

3o.- Acrecentar la preocupación de las familias, los educadores y formadores por la correcta orientación de niños y jóvenes, interesándolos en el cultivo de valores morales y espirituales que los alejen de doctrinas que promuevan o acepten el uso de la violencia como medio lícito.

4o.- Colaborar responsablemente con las autoridades para sugerirles iniciativas específicas destinadas a afrontar la ola delictual que afecta a Chile, entre las cuales deben considerarse políticas que tengan como objetivo superar los actuales niveles de cesantía e incentivar la ocupación del tiempo libre por parte de la juventud.

5o.- Promover en las organizaciones religiosas y comunitarias un profundo debate sobre este fenómeno, que alcanza inéditamente a nuestro país, centrando el análisis en la identificación de los medios para ponerle término.

Frente a tales necesidades y a las proposiciones expuestas, y sin perjuicio de nuestra responsabilidad como legisladores, debemos y queremos comprometer nuestra resuelta colaboración y nuestro más amplio respaldo a cuanto se emprenda en busca de la paz social.

He dicho, señor Presidente.

Solicito que mis palabras sean transcritas tanto al señor Ministro del Interior como al de Defensa Nacional.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.