Labor Parlamentaria

CONDENA A ASESINATO DE CORONEL DE CARABINEROS EN RETIRO SEÑOR LUIS FONTAINE MANRÍQUEZ

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, Honorables colegas:

En primer lugar, en nombre del Comité Mixto, expreso nuestro más enérgico repudio al alevoso asesinato del coronel de Carabineros en retiro don Luis Fontaine Manríquez , quién el pasado jueves 10 de mayo fue víctima del terrible flagelo que azota a la humanidad y. que en nuestra patria, por segunda vez en el plazo de un mes, cobra visos de un terrorismo selectivo, que causa justificada preocupación en todos los sectores de la ciudadanía.

Hacemos llegar tanto a su familia como al Cuerpo de Carabineros de Chile nuestros especiales sentimientos de pesar, formulando fervientes votos porque la concordia, armonía y reconciliación entre los chilenos sean una realidad concreta y no sólo expresiones teóricas de intenciones revisionistas y demagógicas.

ATAQUES CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN, EL RÉGIMEN MILITAR Y LA PERSONA DEL GENERAL PINOCHET

El señor SIEBERT.-

En segundo término, levanto mi voz en esta Honorable Corporación después de haber permanecido en respetuoso silencio durante varias sesiones en que se han hecho diversos planteamientos públicos acerca de las Fuerzas Armadas y de Orden, del Régimen militar recién pasado y de la persona del Presidente Pinochet .

Pienso que mi silencio podría ser mal interpretado, por lo cual en mi categoría de Senador de la República , con una honrosa primera mayoría en mi circunscripción; en mi calidad de Ministro de Estado del Gobierno anterior por más de siete años, y en mi condición de general en retiro del Ejército de Chile, paso a referirme a algunas situaciones que deseo dejar aclaradas ante la opinión pública y a las cuales ya se refirió el Honorable señor Sinclair en la semana recién pasada.

Se dice y se repite que los ataques que se formulan no constituyen una campaña destinada a provocar una situación de desmedro de las Fuerzas Armadas y de Orden.

No comprendo cómo pueden entenderse sino de esa manera las palabras descomedidas destinadas a desacreditar al Régimen militar, incluso en sus obras y sus resultados, y, asimismo, las expresiones descalificatorias contra el ex Presidente Pinochet, que constituyen quizás uno de los temas que más preocupan a algunos personeros del Gobierno, a Parlamentarios o a determinados dirigentes políticos que lo representan.

No deseo imputar a quienes formulan tales ataques el deliberado propósito de obtener con ello una separación entre el Ejército y su Comandante en Jefe, o una división entre nuestros Institutos Armados. Si alguien que se estime político abriga esa esperanza, quiero expresarle que está operando sobre bases falsas para obtener una correcta relación cívico-militar. Desconoce a nuestras Fuerzas Armadas en lo más fundamental de ellas: su disciplina, su espíritu de cuerpo, la verticalidad de su mando, su acatamiento a las órdenes superiores, su apartidismo.

Señores Senadores: ¡No hay ni habrá división en las Fuerzas Armadas! Y demos gracias a Dios que así sea, ya que es una de las mejores garantías para el normal funcionamiento del régimen democrático en nuestro país.

Chile apeló a sus Fuerzas Armadas y de Orden para hacer frente a la crisis total de sus instituciones en que culminó el proceso que llevara adelante la Unidad Popular. El país recurrió a ellas porque eran su última reserva institucional; no sólo por razones de resguardo de su soberanía, sino como salvaguardia de su ser nacional.

Cuando se observa a la Europa Central en estos últimos meses se comprende la magnitud de la expresión del instinto de conservación de Chile al confiar en sus Instituciones Armadas la conducción del país. Cuando nos asombran las noticias del afloramiento -después de decenios- de las nacionalidades y de los valores espirituales y culturales de los pueblos, que señalan la necesidad de abolir al marxismo-leninismo como ideología y al Partido Comunista como elemento usurpador de sus soberanías, para poder expresar su propio ser nacional, creo que el chileno justo tiene que reconocer que el del 11 de septiembre de 1973 no fue un simple golpe militar -como se le quiere hacer aparecer ahora-, sino un acto de salvación patria.

En la perspectiva de la Historia no se puede sino valorizar la certera visión del Régimen militar chileno de hacer frente al desafío del mito de la irreversibilidad de los sistemas marxistas-leninistas y de los socialismos reales, y de haber triunfado. Recordemos a este respecto las expresiones del ahora vilipendiado Brezhnev al ordenar la invasión de Afganistán por las tropas soviéticas: "No queremos que se produzca otro Chile".

Es presumible que, sin el precedente de nuestro país, el dogma de la irreversibilidad y de la Doctrina Brezhnev habrían seguido avasallando a los pueblos. Es dable pensar que la retirada de las tropas de Afganistán habría sido difícil y que los gritos de libertad de las naciones de la Europa del Este habrían sido nuevamente ahogados.

Si existiera objetividad en los medios partidistas e intelectuales de Occidente para juzgar el caso chileno, tendría que reconocerse nuestro aporte a la supervivencia de la soberanía de las naciones y de la voluntad de libertad de los pueblos.

Hay que considerar que las Fuerzas Armadas y de Orden no recibieron ayuda de nadie del llamado "Mundo Occidental"; más bien fueron denigradas, y hasta hostilizadas.

La situación económica, política y social en septiembre de 1973 era desastrosa: inflación galopante, con cifras jamás conocidas por Chile; escasez o falta de los alimentos más esenciales, lo que podría graficarse en la propia aseveración de Allende de que quedaba harina para cuatro días, e intervención prácticamente en todo por parte del Estado, que creía que con ello se controlaban el país y su poder político. Baste considerar que había sobre 500 empresas estatales tan mal manejadas que producían una pérdida anual cercana a los mil millones de dólares. La magnitud de esta cifra puede apreciarse recordando que Chile exportaba a esa fecha sólo mil cuatrocientos millones de dólares.

Las proporciones del desastre pueden medirse con la evaluación que hizo el ex Presidente Frei cuando consideró en esa oportunidad que se requerirían por lo menos veinte años para que Chile pudiera recuperarse. Los acontecimientos de Europa Oriental nos hacen comprobar que los países sometidos a los sistemas marxistas-leninistas terminan en un verdadero desastre económico y social. Sus propios pueblos han reaccionado en contra de ellos, porque, como lo acaba de decir Su Santidad Juan Pablo II en México, esos sistemas "son una ofensa humillante para los pobres".

Chile no constituyó, pues, un caso aislado en la aplicación de las recetas marxistas, y su afán de liberarse de éstas, a la luz de los últimos acontecimientos mundiales, da una connotación especialísima a la intervención militar de 1973, que he estado tratando de señalar.

La situación descrita establecía la necesidad de construir un nuevo orden político, económico y social. De allí las características del Gobierno que Chile se vio obligado a establecer -entiéndase bien- como un régimen necesario.

Del camino hacia una democracia renovada en sus instituciones fundamentales me ocuparé más adelante, para hacer presente ahora que el proyecto de un nuevo orden económico y social, basado en la libertad y la iniciativa privada, de respeto al mercado, de apertura al mundo, de subsidiariedad del Estado, fue una tarea esencial para el Régimen militar, y los frutos que el país ha recogido y está recogiendo dé él se deben fundamentalmente a la continuidad de su aplicación y a la persistencia con que la llevó adelante el entonces Presidente de la República .

Quiero citar al respecto lo que acaba de expresar el diputado norteamericano Bill Richardson , demócrata, de visita en nuestro país, al referirse a las medidas económicas que éste adoptó por intermedio del Régimen anterior. Dijo que ellas "hicieron que Chile lograra un balanceado presupuesto, un desempleo bajo, excelentes resultados en las exportaciones, un mercado abierto totalmente, y muchas inversiones".

Este Diputado, opositor -como él mismo reconoce- al Gobierno del ex Presidente Pinochet, concluye: "Nosotros vemos en Chile un modelo político para toda Latinoamérica, por su tradición del pasado, los pasos que se -han dado, y por las medidas económicas que se han adoptado, y que permiten que el país siga creciendo. Por ello merece gran reconocimiento y crédito".

En esta materia, el Régimen encabezado por el Presidente Pinochet supo adelantarse a su época. Los pueblos de la Europa Central están valiéndose y pidiendo libertades concretas en el orden económico y social para liberarse del comunismo. En nuestro país, los militares y las Fuerzas de Orden han entregado la conducción política de la nación con una situación económica sana en sus bases, lo que es un factor fundamental para la consolidación democrática.

No quiero eludir en esta intervención las acusaciones y apreciaciones que se han estado haciendo sobre lo que llaman "la conducta violatoria de los derechos humanos por parte del Régimen militar".

Se anuncia que se quiere establecer "la verdad" respecto de ese asunto, y se ha designado una Comisión encargada de la "Verdad y Reconciliación".

¿Cuál verdad es la que se quiere dilucidar? ¿La verdad de la apreciación política actual acerca de hechos ocurridos hace ya largos años, y que parecen suponerse, por la fijación de la fecha de la competencia de la Comisión constituida para verificarlos?

Muchos de los que ahora aparecen sentados en sus cargos gobernantes y que formaron parte dirigente del Gobierno de la Unidad Popular se defienden de lo que hicieron antes aduciendo que esas actuaciones correspondían a su "verdad histórica", a lo que correspondía hacer en ese tiempo. ¿Por qué al Régimen militar se le piensan aplicar normas diferentes de las que se aceptan para esos grupos políticos? ¿No saldría ganando Chile si se pudiera responsabilizar a quienes introdujeron en el país la violencia, la subversión y el terrorismo como métodos políticos, y que hicieron necesario establecer los medios de defensa correspondientes a todo Estado? ¿Acaso no podemos suponer que muchos de los que están ahora custodiando nuestra seguridad saben de dónde salieron los brazos armados, el núcleo terrorista o la dirección intelectual de los métodos violentistas o subversivos? ¿Se pretende que Chile sea un país sin memoria en ese sentido? ¿Que haya un sector de la clase política que sea sin pasado, libre de toda mancha? ¿Que el único pasado reprochable sean Pinochet y su Régimen, a los que pueden achacarse todos los males?

La persistencia en que la opinión pública tenga sólo presente la referencia al ex Presidente Pinochet y al Régimen militar llega a tales extremos que pareciera que estos ataques son necesarios a la unidad de los gobiernistas para que Chile olvide su futuro y la forma de enfrentarlo, ya que echo de menos pronunciamientos y proyectos concretos en esa dirección, que es la que realmente interesa. Esos asuntos verdaderamente importantes empiezan a estudiarse por innumerables comisiones, que se suceden día tras día, prescindiendo de los órganos de consulta, de ejecución o legislativos, que podrían ocuparse si se tuvieran proyectos concretos.

Jamás se ha negado que pudieran haberse cometido errores o excesos en el empeño de brindar seguridad a la población, que fue uno de los objetivos que pretendió cumplir cabalmente el Régimen militar. Pero, no para justificarlos, sino para esclarecerlos debidamente, se ha pedido que ellos se aprecien a través de las circunstancias y hechos ocurridos.

Quiero aquí recurrir a un testimonio que debe estimarse abonado. Don Patricio Aylwin, a la sazón Presidente de la Democracia Cristiana, en declaraciones hechas el-17 de septiembre de 1973 a "El Mercurio", manifestaba:

"Las informaciones que nos transmite el cable revelan que lo sucedido en Chile se está enjuiciando en el exterior con mucho desconocimiento de la realidad. Lo cierto es que el Gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena al socialismo, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista".

Luego proseguía:

"La mayor prueba es la enorme dotación de armas que tenían las ilegales milicias marxistas, que formaban un verdadero ejército paralelo, con poder de fuego equivalente a los regimientos regulares y con la presencia activa de más de 10 mil extremistas extranjeros. Chile estuvo al borde del "Golpe de Praga", que habría sido tremendamente sangriento y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente. La Democracia Cristiana agotó los esfuerzos por una solución democrática; hasta la última quincena conversamos con el Presidente Allende y su Gobierno, en busca de las rectificaciones indispensables para salvar a Chile del quiebre institucional y del desastre económico. Nuestros esfuerzos no encontraron acogida seria y su fracaso condujo a la intervención militar, que las Fuerzas Armadas no buscaban y que contradecía todas sus tradiciones".

Hasta aquí don Patricio Aylwin .

Nadie puede desconocer que el Régimen militar fue el primero en ir reconociendo la necesidad de modificar sus criterios y políticas en lo relativo a la situación de los derechos humanos, en razón de las nuevas circunstancias y en su objetivo de poner en marcha una nueva institucionalidad democrática para el país. El caso del exilio, para citar un ejemplo, fue morigerado, y le puso fin el mismo Régimen. Igualmente debe reconocerse que este último no puso obstáculos para que el máximo organismo internacional investigara la situación de los derechos humanos, a pesar del trato discriminatorio que Chile recibió y que no ha sido aceptado por otros países.

Chile fue capaz de realizar una transición pacífica, legal y ordenada a la democracia. Contó para ello con la obra institucionalizadora del Régimen militar y los instrumentos que le proporcionaban la Constitución de 1980, sus reformas -fruto del consenso entre el Gobierno y la Oposición de entonces- y las leyes complementarias para el funcionamiento de sus instituciones políticas. Contó, asimismo, con la conducta ejemplar del Régimen encabezado por el ex Presidente Pinochet y sus Fuerzas Armadas y de Orden, que garantizaron el proceso. Contó, igualmente, con la decisión de los que constituían la Oposición de entonces de someterse al proceso legal institucional y que, por sostener una posición moderada, obtuvieron el triunfo en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989.

Se consumó este proceso de transición con la transmisión del mando presidencial y la constitución del Congreso Nacional el 11 de marzo de este año, iniciándose lo que se estima un régimen de democracia plena, en virtud del funcionamiento normal de todas las instituciones democráticas y de la totalidad de las disposiciones permanentes de nuestra Carta Fundamental.

Chile espera, con estos antecedentes, que con el nuevo Gobierno se inaugure una etapa de consolidación democrática, dejando atrás todo proceso de transición. Creo interpretar el pensamiento de muchos señores Senadores al manifestar que deseamos ardientemente que se haga evidente esta línea de conducta por parte del Ejecutivo.

La eficacia demostrada por las instituciones vigentes, la solidez de un proyecto económico que está surgiendo como un ejemplo en América Latina y la conducta ejemplar de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden habilitan para tener fe en la realización del objetivo político de consolidar una democracia real, con libertades concretas.

Si hay sectores del actual Gobierno que quieren frenar el impulso de desarrollo que tenía el país a pretexto de quedarse en una transición que lo único que busca es mirar al pasado y atacar al Régimen anterior y a sus componentes, les hacemos presente que ese camino conduce a una confrontación y lleva a una inestabilidad institucional, a formas "democratistas" en vez de democráticas, a la incertidumbre en el campo económico y á la inseguridad ciudadana frente a la violencia y al terrorismo.

Muchas gracias, señor Presidente.

COMISIÓN PARA ANÁLISIS SOBRE TERRORISMO Y SUS CAUSAS.

La señora SOTO .-

No cabe duda de que el crimen perpetrado en la persona del coronel Fontaine nos conmueve a todos. Nos conmueve en esta Sala y más allá de ella: primero, porque la vida es sagrada, y segundo, porque tenemos conciencia de nuestra responsabilidad histórica y pensamos que este crimen pretende alterar la democracia, la que nos incumbe a todos, particularmente a quienes nos encontramos en esta Sala.

Como se ha dicho con largueza, la democracia es el mejor de los regímenes que conocemos, porque ampara a los débiles y a los poderosos. Entonces, nos preguntamos: ¿quién quiere alterar este régimen?

Aquí se han vertido muchas opiniones y se ha pretendido imputar por anticipado, sin un juicio y sin conocer quién o quiénes fueron los autores.

Yo digo en esta Sala: el coronel Fontaine, hasta cinco días antes de su muerte, era procesado en una causa que conocíamos aquí, en un tribunal de Valparaíso, en la Fiscalía Militar; y antes lo fue en el "proceso Cánovas" . Y puedo dar fe absoluta de que, en este caso, los familiares de las víctimas siempre tuvieron fe en la justicia. De modo que pensamos que, desde luego, hay que descartar la idea de un acto de venganza de parte de ellos.

Más bien, debemos preguntarnos: ¿A quién interesa todo esto? ¿No será que interesa a quienes pretendían silenciar al coronel Fontaine porque en los últimos días, precisamente, se había puesto de acuerdo con algunos medios de comunicación para entregar su versión y su verdad en el caso de los degollados y en el de Carlos Godoy?

Creo que eso debiera movernos a decir hoy día, más allá de las diferencias ideológicas -que considero legítimas-, que descartemos de una vez, particularmente aquí, en el Parlamento, las odiosidades personales, las descalificaciones mutuas, la violencia verbal. Porque la violencia, verbal, justamente, puede dar pábulo a los desquiciados que quieren interrumpir esto, que nos ha costado 16 años de dolor, 16 años de humillación. Y eso nos ha enseñado que la democracia tiene un valor y que debemos respetarla.

A pesar de que se dice aquí que hay demasiadas comisiones, creo que es un deber nuestro -y lo propongo- crear una comisión para que, con seriedad/nos aboquemos al estudio del terrorismo y sus causas -que son causas mundiales-, para saber cómo erradicar esta lacra universal. No la vamos a erradicar con violación de los derechos humanos; no la vamos a erradicar con penalidades altas ni con pena de muerte: la vamos a erradicar con participación de toda la sociedad.

Quiero, entonces, dejar planteado eso con mucha convicción, con mucha fuerza.

Nada más, señor Presidente .

CONDENA A ASESINATO DE CORONEL DE CARABINEROS EN RETIRO SEÑOR LUIS FONTAINE MANRÍQUEZ Y SESIÓN ESPECIAL PARA ANÁLISIS SOBRE VIOLENCIA Y TERRORISMO

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, quiero unir mi voz a la de todos quienes han condenado categóricamente el asesinato del coronel señor Fontaine , juzgándolo naturalmente como un acto salvaje que en nada contribuye a la consolidación de la democracia y que, desde luego, repugna con principios elementales de humanidad.

Creo que el ambiente político y la repercusión social que los juicios políticos tienen, obviamente, se encuentran hoy día tensados. Y no quisiera contribuir a esa tensión, porque, en mi concepto, el papel que incumbe a quienes somos dirigentes políticos y a esta Corporación es el de crear espacios de reflexión tranquila y, sobre todo, la búsqueda de fórmulas que permitan solucionar los graves problemas que ordinariamente aquejan a un país.

Pienso que, tal vez legítimamente, quienes apoyamos al Gobierno tendemos a suponer en la actual Oposición -en las últimas semanas- un juicio demasiado apasionado, que a veces se extralimita en sus afirmaciones categóricas, para juzgar la conducta del actual Régimen, en especial cuando le reprocha o le atribuye debilidad en el enfrentamiento al terrorismo.

Es probable que nosotros, en más de alguna ocasión, también pequemos de ser excesivamente severos en lo que puede constituir el legítimo ejercicio del derecho a opinar que tienen los dirigentes políticos opositores.

En consecuencia, no es mi ánimo ocupar esta tribuna hoy día para acentuar diferencias o para insistir en el camino, a veces fácil, de la acusación o del reproche gratuito. Más bien quisiera contribuir a que, en común, hagamos una exhortación. Y esa exhortación no debe ser otra que la de asumir una experiencia -que ya no sólo es latinoamericana, sino de carácter universal- frente a lo que significa el terrorismo como una lacra social y un lastre para las posibilidades de desarrollo democrático.

Entiendo -y es mi opinión personal- que el proyecto que se halla en trámite sea objeto de determinado tratamiento por la Oposición, a la luz de lo que hoy está sucediendo. Desde ese punto de vista, no me parece errado que durante su tramitación, a lo mejor, podamos tender a separarlo que es la calificación de esa iniciativa en función de los hechos pasados a los cuales se puede aplicar y lo que deba ser una reflexión madura sobre la infracción a reglas penales consagradas para el futuro,

Pienso que la naciente democracia, entre otras cosas, tiene el deber de asegurar sus posibilidades de supervivencia en la medida en que cuente con una conciencia moral universal - diría yo - en la sociedad frente al terrorismo como un grave peligro que la acecha.

Creo que es necesario, también, dotarla de una legislación eficaz y, por cierto, contar con una seguridad ciudadana cimentada en la utilización de los servicios que la Constitución establece, precisamente para resguardar esa seguridad ciudadana.

Por lo tanto, personalmente, estoy dispuesto - y es a lo mejor una buena idea - a qué se convoque en forma muy especial a este Honorable Senado para conocer de la coyuntura política actual en función de los riesgos evidentes que el país está corriendo, a la luz de ciertos actos que se han estado produciendo en los últimos días.

No es casual que ayer se hayan registrado diversos atentados en la ciudad de Santiago. No es casual que la semana pasada se haya producido un asesinato repudiable y que unas semanas atrás se haya atentado contra la vida de dos ex oficiales de Aviación.

No quiero suponer de dónde viene la mano que instrumenta estos actos. Tampoco quiero entrar a prejuzgar sobre a quién conviene la realización de hechos de esta naturaleza. Me parece que la experiencia demuestra que uno tiende a equivocarse cuando da libre curso al prejuicio o a las suposiciones, que a menudo son gratuitas.

En definitiva, sabemos muy bien a quiénes convienen genéricamente los efectos o las consecuencias de estos actos: a todos aquellos, que provienen muchas veces de signos contrarios o dispares, a los que no conviene que exista un sistema democrático, porque en él no tienen cabida o sus doctrinas y teorías carecen de todo sustento social y mucho menos pueden tener expresión electoral. Y esas tendencias y esos sectores no son patrimonio ni monopolio de nadie: ni de la Derecha ni de la Izquierda; extraparlamentariamente, se originan, se justifican y se sostienen en ambas partes del espectro político.

Yo tengo la autoridad moral de condenar hoy la violencia, como la condené el día de ayer, cuando era opositor a un Gobierno autoritario y cuando, como muchos, me opuse a confundir nuestra estrategia de término de lo que calificábamos de "dictadura" con la estrategia rupturista cimentada en el uso de la violencia aguda o armada que sustentaban otros grupos.

Lo hicimos ayer, cuando era difícil y a veces impopular, desde el punto de vista de la Oposición, sostener un predicamento o un criterio de esa naturaleza. Lo volvemos a reinvidicar hoy como un criterio rector universal: debe terminar la violencia; debe formarse en este país una conciencia cívica que sustraiga, sobre todo a sus juventudes, de la fácil seducción, de la utilización de métodos rupturistas o que pretenden poner término a la democracia o no dejar que ella se desenvuelva.

Y pienso que el Senado, como el Parlamento en general, es una tribuna magnífica para comenzar una campaña de esa índole y, desde luego, un espacio de reflexión y de diálogo donde todos, Izquierda y Derecha, Oposición y Gobierno, tienen la obligación moral de confundirse en esta reflexión común.

Por eso -y para terminar-, junto con reiterar mi condena a estos alevosos actos y hacer llegar mis sentimientos de pesar y consideración a la familia de una persona que fue salvajemente ultimada, expreso mi disposición-y ojalá ello sea constitutivo de un acuerdo general del Senado- a que esta Honorable Corporación se aboque al conocimiento de circunstancias que son riesgosas para la estabilidad democrática y, sobre todo, al ejercicio de una reflexión serena para poner término definitivamente a hechos de tal naturaleza.

Muchas gracias.

CONDENA A ASESINATO DE CORONEL DE CARABINEROS EN RETIRO SEÑOR LUIS FONTAINE MANRÍQUEZ Y A ACTOS TERRORISTAS 

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, Honorables colegas, los Senadores del Comité Radical queremos expresar en esta sesión nuestro rechazo más categórico al asesinato del coronel de Carabineros en retiro señor Fontaine.

Este rechazo categórico lo manifestamos sin ninguna carga de tipo político o ideológico. Lo hacemos presente porque se trata de la pérdida de una vida. Y cada vez que esto acontece es necesario unirnos de un modo colectivo para deplorar el hecho y evitar que acciones de este tipo continúen ocurriendo en lo sucesivo.

Creo que esta necesidad de unir nuestras voces en el rechazo a este alevoso asesinato es todavía más imperiosa por la forma en que se cometió, por las circunstancias que lo rodean y porque no cabe duda de que es una expresión más de la violencia y del terrorismo que con tanta fuerza denunciamos en el pasado y que con tanta fuerza queremos impedir que prevalezca en nuestra convivencia como pueblo y como nación.

A este hecho es preciso agregar los lamentables sucesos del día de ayer en la Capital, que sufrió la explosión de varias bombas que ocasionaron heridos.

También es menester que rechacemos colectivamente, como Corporación, como institución, este tipo de situaciones, y, junto con ello, que reiteremos lo que sin duda une nuestros sentimientos y nuestras voluntades: nuestras convicciones democráticas.

Los que aquí estamos somos el producto de una práctica democrática. Y creo que el asesinato del coronel Fontaine, como las explosiones de bombas en Santiago y otros actos de violencia y terrorismo, conspiran seriamente contra la democracia y los propósitos de reconciliar a la sociedad chilena sobre la base del entendimiento, del consenso y de los grandes acuerdos del país.

Una buena labor de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación debiera ser la de poner al descubierto a quienes ayer provocaron acciones de violencia y terrorismo, atentando gravemente contra los derechos de las personas, de cualquier signo, sea éste de Izquierda o de Derecha, hayan sido o no partidarios del Régimen pasado. Esa labor, sin duda, contribuirá seriamente a evitar que en lo sucesivo continúen ocurriendo hechos como el que hoy lamentamos.

No es admisible observar en nuestras palabras el más leve signo de enjuiciamiento político. Y no quisiéramos que se supusiera que, detrás de este rechazo categórico tanto al asesinato del coronel Fontaine como a los actos de terrorismo y violencia que se han suscitado, está nuestro deseo de responsabilizar a quienes no comparten las políticas del actual Gobierno. Es el hecho en sí mismo el que debe ser capaz de ponernos en una actitud de solidaridad humana; y en cuanto a su significado y alcances, en una clara y definida actitud de compromiso con las instituciones democráticas y con este proceso que debe apuntar necesariamente hacia un país más unido e integrado.

Expresamos a los familiares y seres queridos del coronel Fontaine nuestro pésame, que hacemos extensivo a la institución a que perteneció.

Gracias, señor Presidente.

REACCIÓN DE CIERTOS SECTORES NACIONALES FRENTE A CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN CHILE

El señor FREI (don Arturo) .-

Señor Presidente, Honorables colegas:

Hace poco más de dos meses, el Congreso Nacional reinició sus actividades, clausuradas por casi diecisiete años.

Ese hecho y la simultánea asunción al mando del Presidente de la República , elegido democráticamente por los chilenos el 14 de diciembre pasado, marcaron un hito en el acontecer nacional.

Así lo reconoció unánimemente el país, y como tal lo acogieron la comunidad internacional y la opinión pública del mundo entero.

En esa oportunidad, al asumir solemnemente el mandato que nos ha entregado la voluntad soberana de la ciudadanía, todos los parlamentarios, al margen de nuestras militancias partidistas, nos hicimos responsables, individual y colectivamente, de promover la consolidación del sistema democrático que se restauraba en Chile.

En el breve tiempo transcurrido, tanto las autoridades del nuevo Gobierno como los Senadores y Diputados pertenecientes a la Concertación de Partidos que lo apoya hemos procurado en todo momento responder con nuestra acción a los requerimientos de ese compromiso.

Hemos practicado el diálogo. Hemos estimulado el entendimiento y buscado los acuerdos. Y por esa vía se han logrado convergencias relevantes, no solamente en los planos político y legislativo, sino también entre los principales actores sociales, es decir, los trabajadores y los empresarios.

Con ello estamos contribuyendo a crear en nuestra patria el clima de seguridad y de concordia que la inmensa mayoría de los chilenos anhela desde hace tantos años. Y, al mismo tiempo, estamos procediendo de conformidad con lo que planteamos al pueblo chileno en el proceso electoral, de un extremo a otro del país, al proponerle el acatamiento de los valores de la paz ciudadana como la condición esencial para resolver los múltiples y graves problemas que aquejan a nuestra sociedad.

No obstante la disposición conciliadora y la generosidad manifestada por el Gobierno y las fuerzas políticas afines a él, en el curso de las últimas semanas han empezado a surgir tensiones crecientes provocadas por algunos sectores que parecen empeñados en obstruir el camino elegido por los chilenos.

Diversas intervenciones en esta Sala y profusas declaraciones formuladas a los medios de comunicación contradicen seriamente las reglas de un sano debate propio del libre juego democrático. Más bien corresponden a una actitud de confrontación que reedita, a mi juicio irresponsablemente, experiencias causantes de profundos trastornos y quiebres en la historia de este país, cuyas consecuencias todavía hoy padecemos.

¿Puede alguien pensar que ayudan al juicio sereno la descalificación y las imputaciones que tergiversan la realidad? ¿O se recurre a ellas precisamente para confundir a la opinión pública y generar desconfianza?

Tal ha sucedido por ejemplo, con relación a la decisión del Ejecutivo de crear la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Esa es una iniciativa que busca resolver con prudencia los delicados problemas ocasionados por las reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Todos los sectores de la Oposición han reconocido sin reservas que el sentido ético que motiva esa medida del Presidente de la República no puede ser objetado, así como tampoco el valor personal y la integridad moral de sus miembros. Sin embargo, en torno de la creación de dicha Comisión se ha agitado la más odiosa polémica, carente de toda racionalidad.

¿Acaso se pretende con ello aportar mejores ideas para lograr una solución más justa e integral del grave problema que pesa sobre la conciencia nacional? ¿O se trata simplemente de impedir cualquier acción, dejar en el olvido esas situaciones aberrantes y encubrir la responsabilidad de los culpables?

Veamos otro ejemplo.

De manera concertada, diversos sectores han activado una insidiosa y estéril discusión sobre una supuesta campaña gobiernista destinada a desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Pero infundios de esa naturaleza no consiguen engañar a la opinión pública nacional. Sólo sirven para enrarecer el ambiente del debate político. Porque los chilenos conocen perfectamente los principios que enuncia el Programa de Gobierno de la Concertación respecto de las relaciones cívico-militares y el compromiso contraído por el Poder Ejecutivo en orden a procurar una real y permanente integración de las Fuerzas Armadas a la sociedad nacional.

Por lo tanto, cabe preguntarse, Honorables Senadores, si con tales aseveraciones gratuitas algunos sectores no pretenden crear fricciones artificiales en el actual proceso de consolidación democrática, movidos por la nostalgia de situaciones de poder y privilegios perdidos.

Iguales observaciones se podrían hacer con relación a los juicios emitidos en contra del Gobierno relativos a su actitud frente a los repudiables actos terroristas acaecidos recientemente en el país. En este caso resulta evidente el propósito de desorientar a los chilenos al vincular abusivamente las reformas penales sometidas a la consideración del Congreso Nacional y los indultos dispuestos por razones humanitarias con el problema del terrorismo.

En el ámbito de los asuntos relativos a la economía nacional, se reproduce la misma situación. El nuevo Gobierno ha formulado en forma inequívoca sus políticas en esta materia, sin introducir cambios perturbadores en las reglas del juego adoptadas anteriormente. Por el contrario, ha implementado las modificaciones requeridas por sus enunciados programáticos previa la concertación con los sectores más representativos de la Oposición. No obstante ello, hay quienes persisten en sus predicciones agoreras, persiguiendo socavar la confianza y la seguridad que manifiestan los sectores empresariales.

Honorables Senadores, la reivindicación de los valores propios de la dignidad del hombre y la reducción de las distancias ideológicas son dos de los fenómenos culturales más relevantes de los tiempos contemporáneos y marcan el comienzo de una nueva etapa en la convivencia humana. Esa renovación moral que anima hoy al mundo también debe arraigarse con vigor en nuestra tierra.

Sólo con espíritu de conciliación es posible lograr los consensos indispensables para afrontar conjunta y solidariamente las grandes tareas que plantea la hora presente de Chile.

La comunidad internacional observa con preferente interés el proceso que realizamos en nuestra patria y manifiesta su confianza en los resultados que se lograrán.

Con motivo de la asunción al mando del Presidente Aylwin , se reunió en nuestro país un número considerable de estadistas y dirigentes políticos de todo el mundo, para testimoniar su fe en el tránsito que iniciaba Chile.

Esta mañana se inauguró en Santiago un muy importante Seminario Internacional sobre Oportunidades de Inversión en Chile, patrocinado por el Banco Central, el Comité de Inversiones Extranjeras y la Comisión de las Comunidades Europeas. A él concurren más de seiscientos destacados personeros de las finanzas y del sector privado internacional, interesados en conocer las posibilidades de inversión que ofrece el Chile actual. Al organizar este evento, las autoridades gubernamentales han demostrado una vez más su disposición al diálogo, fomentando las relaciones entre los principales agentes de la problemática: el sector público y los inversionistas privados extranjeros.

Resulta paradójico, por lo tanto, que mientras los políticos y hombres de empresa del mundo expresan su confianza en las condiciones que prevalecen en nuestro país, en el seno de la sociedad chilena se hagan presentes elementos desquiciadores que buscan alterar la esperanza que nuestro pueblo ha depositado en sus autoridades democráticas.

Honorables Senadores, he creído necesario abundar en las consideraciones anteriores porque se percibe una creciente inquietud en varios ámbitos del quehacer nacional ante el riesgo de que se intensifiquen los síntomas disociadores que se manifiestan.

Mi intención no es acallar la legítima confrontación democrática de puntos de vista e ideas.

Mi propósito es formular un llamado a la cordura; apelar al sentido de responsabilidad, que nos obliga a posponer los intereses de grupo ante los valores de la convivencia nacional.

Nuestra misión es proporcionar estabilidad a la sociedad chilena, alterada por años de tensiones e inseguridad.

Nuestro deber es encauzar el actual proceso de transición que vive el país de manera que conduzca a la consolidación del sistema democrático de gobierno y de convivencia nacional, reconquistado con tanto esfuerzo y dolor.

Las grandes mayorías del país esperan que nosotros adoptemos las decisiones que permitan satisfacer sus necesidades más apremiantes. Desean vivir en paz y ver crecer a sus hijos en un país próspero y justo.

De nosotros, señores Senadores, depende en gran medida que esas aspiraciones se hagan realidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

CATÁSTROFE EN PUNTA ARENAS Y RECURSOS PERMANENTES PARA MAGALLANES. OFICIOS

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, Honorables colegas, sé que el tema que hoy día preocupa fundamentalmente al país y a esta Honorable Corporación es el del terrorismo. Creo que los terroristas han logrado plenamente su objetivo: no sólo han asesinado, sino que también han obtenido que el país en su conjunto esté pendiente de sus acciones.

Pero estimo que igualmente son de Chile los grandes y pequeños problemas que suceden a lo largo y ancho de sus fronteras.

Y hoy día abordaré el tema de una región arrasada por la naturaleza. Probablemente no sea de gran discusión política, pero es algo real que aflige a un número importante de magallánicos que requieren de la preocupación y atención, no sólo de las autoridades nacionales, sino también de toda la comunidad.

Durante los últimos años, Magallanes ha ido decreciendo en su actividad económica. Ha existido allí un signo creciente de desaliento. La llegada de la democracia comienza a mostrar una luz de esperanza en muchísima gente.

Sin embargo, la campaña electoral realizada por quienes ganamos la elección y representamos el pensamiento político del actual Gobierno fue responsable, seria; no vendimos ilusiones. Dijimos que el camino de la recuperación nacional sería lento. Y por eso fue que, después del gran triunfo del 14 de diciembre, la comunidad sabía que sus condiciones de vida no iban a ser superadas rápidamente. Los sectores marginales ubicados en las riberas del río De las Minas estaban conscientes de que la solución de sus problemas requeriría tiempo y recursos.

Pero la naturaleza golpeó con fuerza a la ciudad de Punta Arenas: se desbordó el río que atraviesa la ciudad y la divide en dos; inutilizó 90 por ciento de los puentes; llenó de lodo viviendas, comercios y muchas casas dedicadas a la cultura y a otros menesteres, y más de 1.500 personas están hoy albergadas en escuelas públicas.

Magallanes ha reaccionado con el espíritu de los pioneros que colonizaron esas tierras. Despertaron hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y se pusieron de pie junto a los escombros, recogiendo lo que quedaba de sus chozas. Estuvieron allí trabajando día y noche, sacando el barro, no dándose descanso en la tarea de poner de pie nuevamente al conjunto de una población marginal que se sentía abandonada. Se le ha entregado uña respuesta solidaria y amor, y sobre todo, creo, se ha despertado el espíritu de lucha, de una población que se sentía realmente abandonada.

Pero con el solo esfuerzo de trabajadores y pobladores no será posible reparar los daños provocados por el desastre. Y debo decir que en Magallanes no hay únicamente empresas pequeñas y medianas. Más de diez bancos operan en la ciudad. Sin embargo/ni una sola institución bancaria ha levantado su voz para hacer un ofrecimiento de ayuda a las víctimas, a los trabajadores. Aquellos que durante estos años, al amparo de la legislación vigente, se quedaron con las casas de tantos ciudadanos de este país, rematadas porque no podían pagar los intereses que los bancos les imponían; esas instituciones bancarias que exhiben curvas crecientes de utilidades, hechas muchas veces con el esfuerzo y sacrificio de gente muy modesta, hoy día no han tenido una respuesta solidaria para con la población.

Quiero destacar en esta Alta Corporación que esa solidaridad, vital para que el país camine, no se ha visto en los grandes grupos económicos que manejan las finanzas de Chile.

Espero que esta situación sea reparada y que quienes disponen de recursos y medios se sumen también a la campaña solidaria. Y digo a mis Honorables colegas que representan a las distintas Regiones del país que ojalá se inicie una campaña nacional. Magallanes necesita viviendas, utensilios del hogar, maquinaria para sacar el légamo y despejar el lecho del río. En la ciudad y en la Región no existe maquinaria suficiente para enfrentar esta catástrofe. Los servicios públicos fueron desmantelados, y hoy día dependemos de la empresa privada, que no tiene la generosidad suficiente para acudir con rapidez en ayuda de la población modesta. Creo que debemos reparar esta falla con solidaridad, con esfuerzo.

Por lo tanto, señor Presidente, deseo que estas palabras -dichas quizás con mucho calor, por referirse a gente a la cual conozco personalmente- sean transmitidas a todos los Ministros de Estado y a Su Excelencia el Presidente de la República, quien ha respondido en forma eficiente y abnegada. La respuesta del Gobierno ha sido oportuna. Y debo destacar que no hay un solo damnificado que esté en el abandono.

Pero la tarea de reconstruir y de solucionar los problemas de obras públicas probablemente escapa a la capacidad del propio Gobierno. Y por eso, también, quiero que se haga llegar esta intervención a los señores embajadores acreditados en el país. Porque, cada vez que ha habido una catástrofe en Chile o en el resto del mundo, Magallanes ha sido una de las primeras Regiones en reaccionar en forma generosa. ¡Magallanes necesita hoy que se le devuelva la mano!

Se requiere en Magallanes un sistema que canalice las aguas-lluvia; la ciudad ha crecido, pero no se han hecho las obras de infraestructura necesarias. Tampoco existe una planta de tratamiento de las aguas servidas, y estamos envenenando el Estrecho, que es fuente de vida y de futuro para la Región. Hay muchas obras importantes por realizar, pero no se dispone de recursos.

En una próxima sesión propondré una medida para conseguir recursos permanentes, y espero contar con el apoyo de mis Honorables colegas en esta tarea de bien común para una Región que merece el respaldo de todos los chilenos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, a Su Excelencia el Presidente de la República; a todos los señores Ministros de Estado, y, en lo que concierne a los restantes países, al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

La señora SOTO.-

Y también en nombre de la bancada de los Partidos por la Democracia y Socialista.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Así se hará, señora Senadora.

CONDENA A ASESINATO DE CORONEL DE CARABINEROS EN RETIRO SEÑOR LUIS FONTAINE MANRÍQUEZ Y A TERRORISMO. OFICIOS

El señor LAVANDERO.-

¿Queda tiempo al Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Le restan 7 minutos, señor Senador.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Así se hará, señor Senador.

SESIÓN ESPECIAL PARA ANÁLISIS SOBRE VIOLENCIA Y TERRORISMO

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, hago uso de la palabra solo para decir a esta Honorable Corporación que, como Partido, nos sumarnos al planteamiento que formuló el Senador señor Vodanovic -creo que cuenta con el asentimiento de los otros Senadores- en el sentido de estudiar la posibilidad de llevar a cabo una sesión o buscar una fórmula que permita enfrentar en conjunto el tema de la violencia y el terrorismo. Creemos que es una materia que pertenece al país en su conjunto, a toda la sociedad y a los partidos, sin distinción.

Por lo tanto, únicamente deseo manifestar mi aceptación al llamamiento efectuado, en la esperanza de que todos los sectores nos pongamos de acuerdo con el objeto de celebrar las sesiones necesarias para exponer nuestros planteamientos sobre este problema, que preocupa a todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

ANIVERSARIO DE ENCÍCLICA "RERUM NOVARUM"

El señor THAYER .-

Señor Presidente, Honorables colegas:

Quiero ocupar escasos minutos para referirme a la fecha de hoy, que nos recuerda la promulgación de la Encíclica del Papa León XIII, "Rerum Novarum".

Se cumplen 99 años -es decir, entramos a su centenario- de este documento, que es uno de los más trascendentales en la historia social de la humanidad.

Aquí se ha hablado, con mucha razón y en forma unánime, del repudio al terrorismo y a la violencia. Yo diría que las palabras y el pensamiento del ilustre Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891, pusieron en marcha uno de los procesos más importantes e influyentes en la historia del último siglo para orientar a los pueblos en la línea de un entendimiento fundado en la libertad, la paz, la justicia y la solidaridad humana.

Esa Encíclica fue fruto de muchos acontecimientos y de grandes tensiones. Una de ellas provino de la inquietud que sintió el ministro Bismarck, en la Alemania de fines del siglo pasado, cuando, ante la natural agitación social que sacudía a Europa, y desde luego a su país, consideró indispensable promover algún movimiento de reconocimiento a las reivindicaciones de mejoría social que planteaban los trabajadores alemanes.

De ahí nacieron leyes de enorme trascendencia, que fueron prácticamente el origen de la seguridad social moderna. Pero Alemania, al promulgar esos cuerpos legales, encareció el costo de la fuerza laboral y empezó a sentir en el comercio internacional el peso desfavorable de una legislación social. Bismarck acudió al kaiser, y éste, a su Santidad León XIII, suplicándole que hiciera valer su poderosa influencia internacional para dar alcance universal al respeto a la condición del obrero trabajador.

De allí, entre otras influencias, nació la monumental Encíclica "Rerum Novarum", sobre la condición del trabajo humano. Su poder fue tan gigantesco, que en definitiva vino a repercutir en la creación, al término de la primera guerra mundial, de la Organización Internacional del Trabajo. En sus debates previos vinculados al Tratado de Versalles , se hizo expresa referencia a esta inspiración en la Carta de León XIII. Cada cierto tiempo, el 15 de mayo, los Papas han querido recordar la Encíclica "Rerum Novarum" y revisar la situación del mundo a la luz de esos principios.

El Papa Pío XI promulgó el 15 de mayo de 1931 la Encíclica "Quadragesimo Anno", que, correspondiendo a iguales principios, examinaba la condición social del trabajo en el mundo hacia esa época, diez años después del término de la primera guerra mundial.

El Papa Juan XXIII promulgó el 15 de mayo de 1961 la Encíclica "Mater et Magistra", donde nuevamente se insistía en el examen de la condición social del trabajo humano sobre la base de los antecedentes existentes en aquellos años.

En 1971 fue el Papa Paulo VI quien, el 15 de mayo, dirigió al Presidente de la Comisión Justicia y Paz la Carta recordada como "Octogessima Atveniens", que examinaba la condición del trabajo humano en esa época.

Por último, el Papa reinante hoy día, Juan Pablo II , se preparaba para dar a conocer, el 15 de mayo de 1981, la Encíclica "Laborem Exercens", que debió publicarse algunos meses después, porque el 13 de mayo -como se sabe- el Sumo Pontífice fue cruelmente herido en un atentado contra su vida, expresión de una violencia como la que se ha condenado en esta Sala.

Señor Presidente , creo interpretar el sentir muy general del Honorable Senado al hacer presente el deseo de que el 15 de mayo del año próximo Su Santidad Juan Pablo II entregue al mundo una orientación sobre la condición del trabajo humano en el comienzo de la actual década, para que ojalá ilumine en el siglo que viene con la luz, la fuerza y el criterio con que "Rerum Novarum" lo hizo en la centuria que está terminando.

Muchas gracias, señor Presidente.

CONDENA A ASESINATO DE CORONEL DE CARABINEROS EN RETIRO SEÑOR LUIS FONTAINE MANRÍQUEZ Y SESIÓN ESPECIAL PARA ANÁLISIS SOBRE VIOLENCIA Y TERRORISMO

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.

En cuanto a la sesión especial, recuerdo que hoy, a las 18:30, habrá una reunión de Comités, oportunidad en la cual, dados los términos en que se ha formulado la petición pertinente, podría acordarse celebrarla.

REFORMAS A LEYES QUE PROTEGEN DERECHOS DE LAS PERSONAS

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, Honorables colegas:

Era mi propósito referirme a las leyes que el Ejecutivo propicia para tutelar en mejor forma los derechos de las personas una vez que los respectivos proyectos hubiesen llegado a este Honorable Senado.

Pero, como los acontecimientos se precipitan de manera dramática, debo cumplir con el deber cívico de aportar experiencia profesional y referirme a la Ley sobre Conductas Terroristas; a la Ley de Seguridad del Estado; al Código de Justicia Militar; a la Ley de Control de Armas, y al proyecto sobre derogación de la pena de muerte.

Todas estas reformas afectan directamente al imperativo constitucional que corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado, el que extiende su autoridad a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Carta Fundamental y las leyes.

Tienen, además, una relevante incidencia en la fuerza pública y en la función policial. La extensión del tema no me permite un acabado análisis en lo particular; sólo me es posible enfocarlo en términos generales basados en normas sustantivas fundamentales y en principios doctrinarios insoslayables.

Desde los albores de la estructura social, los pueblos se han visto compelidos a dictarse un régimen jurídico y a crear organizaciones jerarquizadas, como medio de afianzar la convivencia humana, regular la libre actividad individual y asegurar el bien común.

Podría decirse que el concepto de policía, acorde con su contenido etimológico e histórico, tiene dos orígenes: uno griego y otro romano. A pesar de que sus organizaciones son diferentes de la concepción moderna del Estado, las dos interpretaciones nos dan la idea de un poder de policía que emana del Estado, de una función propia de éste, el que, mediante normas, instituciones jurídicas y hombres, cumple tal función. Da, además, la idea de cuerpos organizados por él mismo, de una fuerza pública encargada de hacer cumplir las órdenes de la autoridad.

Desde que el Estado, como expresión de la sociedad organizada políticamente, requiere de cuerpos subordinados para garantizar su existencia como tal, surge el concepto de fuerza pública*.

Siendo uno de los objetivos de la acción del Estado la consecución del bien común para todos los ciudadanos agrupados en él, es indispensable que dicho ente disponga -de los medios coactivos necesarios para cumplir su misión.

Hoy la fuerza pública, institucionalmente, no es la sola expresión de una fuerza material destinada a reprimir o reparar los atentados contra la soberanía exterior o el orden y seguridad interior del país. Es más, representa una de sus más grandes funciones: el imperio del Derecho y la justicia. Su misión es poner la fuerza institucional al servicio del derecho; asegurar al ordenamiento jurídico el respeto que merece; obtener la seguridad interna que necesitan las leyes para su eficacia, y mantener para el país el honor y la paz exterior. Representa, también, las organizaciones que el propio Estado ha generado para resguardo y defensa de su integridad territorial, su acervo moral e identidad histérico-cultural.

De las dos instituciones que constituyen la fuerza pública, sólo Carabineros está afecto al Derecho Penal Militar, por lo que sus modificaciones impactan severamente en la protección y amparo que la ley brinda al carabinero en el ejercicio de sus funciones, las que son y han sido insuficientes.

Es deprimente comprobar que una institución policial como Carabineros de Chile, a pesar de su solvencia moral y capacidad profesional reiteradamente probada, que en forma permanente da eficacia al Derecho, no sea protegida en forma excepcional por ese mismo derecho, para tutelar en mejor forma la vida de sus componentes y el cabal desempeño de sus funciones.

Comprendo la frustración y el desaliento de la Institución, de todos y cada uno de sus componentes, al darse cuenta de que las reformas que se propician, precisamente y por el contrario, tienden a restringir el amparo que en la actualidad la ley les brinda.

Reformas al Código de Justicia Militar

Etimológicamente, "fuero" significa poder, privilegio y jurisdicción. El concepto de fuero poder o privilegio desaparece después de la Revolución Francesa. En consecuencia, él fuero que consagra la justicia militar es fuero jurisdicción; no constituye ningún privilegio de orden procesal. Por el contrario, en el aspecto sustantivo, establece una penalidad mucho más dura; y en cuanto a la parte procesal, se rige por las normas del Código de Procedimiento Penal, con algunas variantes para agilizar la sustanciación de los procesos; pero en la apreciación de las pruebas no hay diferencias.

Respecto de los delitos especiales relativos a Carabineros, no se contempla ninguna norma de excepción de responsabilidad criminal que se aparte de las que son comunes para todos los ciudadanos de la República y que se establecen en el artículo 10 del Código Penal/cuando se obra en defensa de su persona o derechos, o persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias que rigen para todos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o reprimirla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Todos los miembros de esta Institución, aparte de las responsabilidades legales que tienen en su calidad de ciudadanos, con todos los derechos que les garantizan la Constitución y las leyes, del derecho a la vida que les asiste como personas -que los defensores de los derechos humanos no siempre enfatizan cuando se trata de ellos-, derechos y garantías que no se pierden por el hecho de vestir de uniforme, son juzgados por los tribunales ordinarios cuando se hacen reos de delitos comunes, y tienen, además, responsabilidad penal militar por los delitos genuinamente militares en que puedan incurrir. Los carabineros no son militares. Su carácter militar es sólo orgánico. Y el Código de Justicia Militar los considera militares para el solo efecto de juzgarlos.

La falta de equidad es notoria si tomamos en cuenta las obligaciones y responsabilidades que, por imperativo constitucional y legal, deben cumplir, la que se hace más manifiesta si analizamos en detalle las modificaciones propuestas.

Es necesario dejar establecido que Carabineros carece de tribunales propios. Existe una sola fiscalía ad hoc a su cargo, que en la actualidad conoce y sustancia un importante número de procesos relativos a muertes del personal institucional. La idea propuesta en el Mensaje de suprimir la institución de los fiscales ad hoc tiene fuerte incidencia para Carabineros, por el elevado número de sus mártires.

En cuanto a los ex funcionarios que en el momento de cometer un delito se encontraban en servicio activo y contra quienes, por consiguiente, podía hacerse efectiva la privación de libertad en cuarteles militares o policiales, en lo sucesivo, al igual que los oficiales generales en retiro, deberán permanecer detenidos preventivamente en la cárcel pública.

La medida tenía por objeto protegerlos del riesgo que significa su permanencia en establecimientos carcelarios comunes, expuestos a la venganza, revanchismo o ajustes de cuentas que frecuentemente se producen en estos locales. El Mensaje suprime dicha norma de protección, por estimarla un privilegio.

El Alto Mando institucional y sus propios componentes han tenido el coraje y el valor moral de reprimir y poner a disposición de los tribunales competentes a los elementos de sus mismas filas que, por excepción, han faltado a su juramento de servició, quienes, por no disponer de dinero suficiente, no gozan del privilegio de los llamados "delincuentes de cuello y corbata", que, al ser sorprendidos por primera vez, se alojan cómodamente en el "pensionado" de "Capuchinos", contrastando con las condiciones subhumanas en que viven los reclusos internados en las inhóspitas galerías de los penales.

Reformas a Ley sobre Control de Armas

He tenido conocimiento -aunque no oficial- de que, a raíz de los planteamientos que formuló el General Director de Carabineros, el Supremo Gobierno, por la vía de la indicación, ha propuesto corregir el grave error de limitar el armamento que el Estado ha entregado a la Institución para cumplir los imperativos que la Constitución y las leyes le imponen-entre otros, su lucha contra la actividad terrorista, para lo cual se han creado distintas unidades especializadas, como el Grupo de Operaciones Especiales (G.O.P.E.)-, error que habría producido un desequilibrio que agravaría mucho más el problema.

Mientras Carabineros actúa dentro de la ley, debiendo aplicar la fuerza en forma racional y proporcional a la agresión ilegítima, dirigida selectivamente contra las personas o instituciones fundamentales de la República y el régimen democrático imperante, los terroristas usan sofisticado armamento y reciben un prolijo entrenamiento interior y exterior. La fuerza pública, con un respaldo legal insuficiente y medios no proporcionales, tiene el deber de prevenir esa agresión, evitarla o reprimirla dentro de un Estado de Derecho.

Enmiendas a Ley sobre Conductas Terroristas

El terrorismo se encuentra contemplado en el artículo 9Q del Capítulo I, "Bases de la Institucionalidad", de la Constitución Política de la República de Chile. Este es un Capítulo protegido, cuya modificación requiere un quórum de 66,66 por ciento de los Parlamentarios en ejercicio.

En lo principal, el mencionado precepto establece que "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.". Y en su inciso final dispone: "No procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales.".

La protección se debilita en la primera parte del inciso segundo, al estatuirse que "Una ley de quórum calificado" -cuya enmienda requiere sólo el voto conforme del 51% de los Parlamentarios en ejercicio- "determinará las conductas terroristas y su penalidad.", lo que hace posible que los delitos actualmente tipificados en ella, para los hoy condenados y procesados, dejen de ser considerados como tales o se modifiquen en forma parcial los elementos que constituyen el cuerpo del delito.

No se necesita ser experto en hermenéutica legal para poder apreciar que el tenor literal de la norma y el espíritu del constituyente son claros y coincidentes.

En el Capítulo III, "De los Derechos y Deberes Constitucionales", también protegido, el inciso penúltimo del Nº 3° del artículo 19 expresa: "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración,"... La Constitución ratifica el principio de que, en materia de Derecho Penal, no es procedente legislar con efecto retroactivo. Y agrega el mismo inciso: "a menos que una nueva ley favorezca al afectado.". Nuestra Carta Fundamental respalda, en este caso, el principio pro reo que consagra el Derecho Penal chileno.

El sano propósito de modificar diferentes textos legales con el fin de garantizaren mejor forma los derechos de las personas, perfeccionarlos y puntualizar diferencias claras entre ideología y método, estableciendo normas genéricas en reemplazo de conductas específicas, debe ir acompañado de un cuidadoso estudio, para no vulnerar la letra y el espíritu de la Carta Fundamental ni permitir que, mediante un hábil manejo de las propias normas constitucionales ya enumeradas, se desproteja al Estado y a las instituciones creadas por él mismo de las herramientas legales necesarias para cumplir su deber de garantizar el orden y la seguridad interiores y proteger la vida y hacienda de todos los habitantes de la República, en especial de los fines que los actos terroristas persiguen.

Pena de muerte

Es un problema filosófico de gran trascendencia. Enfocado desde el punto de vista del Derecho, perfectamente sabemos que el bienes jurídicos que con más celo protege o tutela el legislador son la vida humana y los derechos que le son inherentes. Lo demuestra el hecho de que el Derecho Penal chileno sólo sanciona los cuasidelitos relativos a las personas, cualesquiera que sean sus consecuencias.

Si analizamos la finalidad de la pena, nos encontramos con diferentes teorías que tratan de explicarla: teoría vindicativa, teoría preventiva, teoría del escarmiento y teoría de la defensa social.

Ninguna de ellas ha demostrado su efectividad. Las estadísticas sobre reincidencia, son abrumadoras. Por eso, la psicología, la sociología y la criminología están tratando de descubrir cuál es el mecanismo más apropiado para estos propósitos.

Desde el punto de vista del Derecho Penal, se abre paso hoy día la teoría de la readaptación social, que da a la pena el carácter de medio de rehabilitar al individuo, para devolver a la sociedad un ciudadano útil. Al que no se le puede rehabilitar se le mantiene en cautiverio para proteger a la sociedad. Y, obviamente, a un muerto no se lo puede rehabilitar.

Para que esta teoría se haga efectiva en la práctica, es necesario reformar el sistema carcelario; transformar las cárceles en institutos de readaptación; preparar para estos fines el personal encargado de su mantención; convertir al vigilante en técnico especializado, y a los oficiales, en psicólogos, sociólogos o psiquiatras. Desafortunadamente, se requieren medios.

En estos momentos sólo tenemos reductos insalubres e inseguros, escuelas de delito, donde los reclusos viven en condiciones subhumanas.

El artículo 19, número 1º, de la Carta Fundamental dispone que "La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.". Su aplicación en Chile tiene escasos alcances efectivos. Son numerosas las normas que contemplan la pena máxima, pero bastante pocos los casos en que se aplica.

Para que pueda cumplirse la pena de muerte, la legislación vigente ha tomado sus resguardos, precisamente por su trascendencia. Para que pueda aplicarse, debe haber unanimidad en todas las instancias y recursos: un solo voto en contra impide su cumplimiento. Y, finalmente, corresponde al Presidente de la República la facultad de conmutar la pena capital por la de presidio perpetuo, lo que en la práctica no se cumple en forma integral y es, sin lugar a dudas, una pesada carga para el Jefe de Estado , por cuanto el homicida no ha respetado el derecho a la vida que asiste a la víctima, de lo que muy poco o nada se ha dicho hasta el momento. Se puede concluir, entonces, que la sanción máxima se ha mantenido sólo como un factor disuasivo. Enfoque institucional

Existen características esenciales, de validez universal, que una institución policial debe reunir para cumplir cabalmente sus funciones. Enumeraré algunas que inciden en el propósito del Supremo Gobierno de mejorar sus dotaciones y medios -lo que la Institución agradece y valora-, y algunas reformas que se propician y que, desafortunadamente, tienen efectos negativos.

Elemento humano. Es lo más valioso que posee la Institución. Debe ser reclutado selectivamente y sometido a una planificación programada de formación y perfeccionamiento que demanda tiempo y dinero.

En materia de dotaciones. Carabineros está detrás del tiempo. En 1927 contaba con un hombre por cada 243 habitantes; la proporción actual es de un funcionario por cada 430. Su planta se ve disminuida por existir personal destinado a labores de apoyo, y por permisos, vacaciones legales, enfermedades, etcétera, lo que lleva a concluir que hay una pareja de carabineros por cada 4 mil habitantes. No debemos olvidar que su labor es permanente: día y noche.

Se han hecho reiterados esfuerzos por racionalizar sus estructuras, para suplir la falta de dotaciones; se han fusionado unidades para disminuir personal de apoyo, lo que ha redundado en aumento de los sectores de vigilancia. Se han rebajado de cuatro a tres turnos los servicios, con el evidente recargo de los mismos. Esto se traduce en jornadas que superan, en promedio, las 14 horas diarias, sin tener remuneraciones por trabajo nocturno ni extraordinario, o en días festivos, realizado a la intemperie, invierno y verano. No exagero al afirmar que el personal está en el límite de su resistencia física y psíquica.

Su función es esencialmente preventiva y educadora, y debe efectuarse por hombres y mujeres convertidos en profesionales de prestigio, respaldados y requeridos por la comunidad, y con dotaciones acordes con las necesidades cuya satisfacción nuestros conciudadanos tienen el legítimo derecho de exigir. Su instrucción, formación y perfeccionamiento deben ser dinámicos y constantes. Pero no hay tiempo para hacerlo: el recargo de servicios no lo permite.

No existen fórmulas matemáticas, empíricas ni mágicas para establecer el número de sus efectivos. Depende de la topografía del país, de la cultura cívica de la ciudadanía, de la capacidad profesional del hombre policía, del respaldo legal, de la naturaleza de las leyes, de la forma como se administra justicia y de otros factores -largos de enumerar- que pesan y complican el trabajo de la Institución.

Adecuado respaldo legal

Es fundamental para la respetabilidad de la función y el resguardo de la vida de quien la ejerce.

Las modificaciones de normas que la Institución ha tenido desde su fundación no podrán tener explicación alguna para quienes han servido o sirven en Carabineros de Chile. Repercuten directamente en la moral anímica y en la mística de servicio que apostolarmente se conservan.

La estadística de caídos en actos de servicio es elocuente:

MUERTOS EN ACTOS DE SERVICIO ENTRE 27 DE ABRIL DE 1927 Y 29 DE MARZO DE 1990

Personal de nombramiento supremo

1) Atentados terroristas....................................................8

2) Causales varias .........................................................70

Subtotal....................................................................78

Personal de nombramiento institucional

1) Atentados terroristas....................................................67

2) Maltrato de obra con resultado de muerte.................................175

3) Causales varias .........................................................543

Subtotal....................................................................785

TOTAL DE CAÍDOS.............................................................863

Personal fallecido en acciones terroristas entre 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990

1) Causas con reos procesados por muerte....................................35

2) Causas sin reos ni detenidos y/o sobreseídos ............................36

TOTAL DE FALLECIDOS POR ACTOS TERRORISTAS...................................71

La muerte del coronel Fontaine sube a 72 los fallecidos en actos terroristas; pero no se puede tomar en cuenta, por la perspectiva histórica que a este tipo de actos se ha dado para el conocimiento que compete a la Comisión respectiva.

Esto explica que la Institución sólo conmemore a sus muertos una vez -para el aniversario institucional-, con una romería al cementerio y una misa por el descanso eterno de sus almas.

Adecuado tratamiento económico

Por la naturaleza de sus funciones, sus componentes se hacen vulnerables a faltar a la ética. Sin embargo, no se han contaminado; sólo ha habido casos aislados.

Hablando en términos laborales, en esta empresa nacional generadora de servicios y seguridad para que las fuerzas vivas del trabajo produzcan y progresen en paz, el 48 por ciento de todos los obreros, incluidas las diferentes especialidades, percibió en el mes de marzo alcances líquidos efectivos de 50 mil pesos, sin contar a los obreros a jornal contratados para suplir plazas, con una renta de 18 mil pesos.

No interferencia de funciones

La función es inmortal mientras exista convivencia humana. Las instituciones pasan. Si la función se desprestigia, se lesiona el prestigio de la institución que, por imperativo constitucional, debe ejercerla profesionalmente.

Este es el caso de Carabineros. La Constitución exige que sean profesionales y técnicos, y los hace responsables de ejercer la función policial. Sin embargo -y esto no justifica errores-, han sido interferidos por elementos e instituciones no profesionales, que no sustentan la misma filosofía de servicio y ni siquiera tienen vida constitucional, y por elementos que carecen de jurisdicción y competencia.

Da la impresión...

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor HUERTA.-

Me queda una página y media de lectura, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Su Señoría puede concluir su discurso.

El señor HUERTA.-

Muy amable, señor Presidente .

Da la impresión de que para juzgar a la Institución no se ha tomado en cuenta la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario, principio que consagra nuestra legislación.

Nada más funesto hay que el paralelismo de funciones y la irresponsabilidad que se desprende del anonimato de las interferencias. Y si agregamos las falsas imágenes proyectadas por imputaciones no comprobadas, que dejan huellas en la conciencia ciudadana, el daño es difícil de reparar.

No obstante todo lo anterior, como conozco la solidez de su estructura, basada en principios cívicos indestructibles y en doctrinas jurídicas y sociales de singular consistencia, nada ni nadie podrán agotar las reservas morales y espirituales de la Institución.

Con ejemplar entereza e inspirado en nobles sentimientos patrios, el espíritu institucional sabrá sobreponerse a los azares de su difícil misión, y, sin estridencias ni esperar alabanzas, seguirá cumpliendo sobriamente sus funciones específicas, situado en un plano de superación profesional.

La Institución sabe -y sus hombres lo han palpado- que, por encima de egoísmos, pasiones o intereses circunstanciales, serenados los espíritus, emerge la clara y convincente imagen de un conjunto de abnegados servidores que constituyen el más sólido baluarte del régimen institucional chileno.

Ella es poseedora de una doctrina y una mística enriquecidas por la experiencia, exprimidas con rigor científico, y de una mentalidad y un estilo que hunden sus raíces en una filosofía de servicio que le permite conservar el contenido humano atemperador de sus acciones, para hacer comprender a la ciudadanía que su misión no es eliminar enemigos, sino ganar adeptos para la paz interior y la felicidad de sus semejantes.

En Carabineros, contrariamente a la disciplina despótica, impera la disciplina consciente. Esta es la que se implanta a través de la razón y el entendimiento y se inculca con el ejemplo.

Desde el punto de vista disciplinario, va a ser muy difícil hacer comprender de modo racional a sus componentes los motivos y alcances de algunas de las modificaciones propuestas con relación a normas que han surtido sus efectos, que se mantienen desde su fundación y que durante sus 63 años de vida pública les han permitido cumplir sus funciones supliendo sus vacíos a costa del sacrificio de muchas generaciones.

Será muy difícil también hacer comprender racionalmente a la ciudadanía el sano propósito del Ejecutivo -que todos compartimos- de proteger en la mejor forma los derechos de las personas, que constitucionalmente le corresponde garantizar; y que, por otra parte, se autolimite al no otorgar el debido respaldo legal y los medios necesarios a la Institución que, por voluntad soberana expresada en las urnas y contenida en la Constitución Política, en su Ley Orgánica, en sus reglamentos y en su doctrina, es precisamente la llamada a dar eficacia al Derecho, mantener el orden, y proteger la vida y la hacienda de todos sus conciudadanos; en suma: a proteger en la mejor forma posible los derechos de las personas.

El mejor homenaje que podemos rendir al coronel señor Fontaine es que pronto aparezcan los responsables de su muerte.

Agradezco a los Honorables señores Navarrete , Pacheco y Ortiz las referencias que han hecho a la Institución doliente.

Muchas gracias, señor Presidente.