Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Hugo Alamos.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, dado que se trasladó la hora de Incidentes de la sesión de la mañana a la de la tarde, el Diputado Carlos Caminondo, que debió ausentarse obligadamente por problemas de su zona, me encomendó leer su intervención sobre la contabilidad agrícola, la cual, por Lo demás, comparto plenamente.

"Mucho se ha escrito respecto de la contabilidad agrícola, sin que ello signifique que todo esté dicho y que no deban reiterarse algunos argumentos ya esgrimidos sobre la materia.

"1.Un análisis sintetizado de las nuevas normas tributarias, concluye en que la ley N 18.985 establece discriminaciones arbitrarias en lo referente a tributación agrícola.

La inflexibilidad de la tabla de año de vida útil de bienes del activo fijo dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos se demuestra en los siguientes ejemplos ilustrativos: Las camionetas con ocho años de uso, en este caso del modelo 1982, deberán valorizarse en un peso; los camiones colosos, de diez años, en este caso modelos del año 1980, también deberán valorizarse en un peso; los tractores, segadoras y cultivadoras de ocho años, igualmente deberán valorizarse en un peso; las construcciones de adobe, de madera, de estructuras metálicas, de veinte años, o sea, todas las construcciones provenientes del año 1970, también deberán valorizarse en un peso.

"2.Es fácil inferir de lo expuesto que la casi totalidad de los bienes de activo fijo deberán inventariarse el 1 de enero 1991. A su vez, ello significa:

"a) Una absoluta distorsión en el estado de situación del empresario.

"b) Potenciales problemas al liquidar siniestros con compañías aseguradoras.

"c) Contraposición con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, en orden a mostrar el verdadero patrimonio de la empresa, tanto a sus propietarios como a proveedores, instituciones financieras, etcétera.

"ch) Imposibilidad de aplicar depreciaciones en los primeros años de contabilidad, en beneficio del Fisco exclusivamente, induciendo a información equivocada en los estados financieros de esos períodos.

"d) Desde otra perspectiva, la subvaloración del activo fijo significa disminución del capital propio inicial, lo que, entre otras consecuencias, perjudicará al empresario en el cálculo que debe efectuarse para rebajar un 10 por ciento de dicho capital propio de las utilidades afectas al pago de un 30 por ciento de gratificaciones a sus trabajadores. Es decir, estará pagando gratificaciones excesivas, producto de una injusticia legal sobre la subvaloración de su activo fijo.

"3.Tributación por el mayor valor obtenido en la enajenación de estos bienes, por ejemplo, de camionetas, camiones, tractores, etcétera. Se produce al comparar su precio de mercado con el valor establecido por el Servicio de Impuestos Internos, que será, en la gran mayoría de los casos, de un peso.

"Esta injusticia se hace aún más evidente si consideramos que tales bienes tienen un mayor valor al 1 de enero de 1991, gracias a que su propietario les dio un buen uso y mantención durante los años que los tuvo. Por lo demás, todos los chilenos sabemos que una camioneta modelo 1982, o un camión 1980, o un tractor 1982, no valen un peso.

"Confirma esta opinión la tasación de vehículos que el propio Servicio de Impuestos Internos hace anualmente para los efectos tributarios e inherentes a permisos de circulación. Esto no es menos importante que las anteriores precisiones. No olvidemos que el agricultor que ahora se incorpora a la renta efectiva, según contabilidad completa, viene de algún régimen de renta presunta de derecho, en que tributó en base al avalúo de los predios que explotaba, independientemente de los resultados de su gestión agrícola.

"¿Por qué, entonces, debe tributar en los años sometidos a renta efectiva por "utilidades" provenientes o devengadas en los años de régimen de renta presunta?

"Dicho de otro modo: si obtuviese utilidades -y las va a tener, considerando el ridículo "piso" de un peso- en la enajenación de bienes del activo fijo, dicha utilidad, evidentemente, se generó antes del inventario inicial del 1° de enero de 1991. No es ético, justo ni procedente que se les haga tributar como renta originada desde 1991.

"4.El artículo 6° transitorio de la ley N° 18.985, aparentemente, permite una revalorización de hasta un 50 por ciento de los bienes del activo fijo condicionadas al pago de un impuesto único del 8 por ciento sobre ese mayor valor. En la práctica, esa revalorización es ridícula e inoperante, toda vez que ese plus debe aplicarse sobre el valor determinado en la forma explicada; valor de adquisición más IPC, menos depreciaciones. Es decir, los bienes cuyo valor así calculado queden en un peso, podrán contabilizarse en un peso 50 centavos, previo pago del 8 por ciento sobre los 50 centavos. Huelgan los comentarios sobre esta franquicia.

"Lo más ecuánime, a mi parecer, es que los bienes del activo fijo se valoricen en el inventario del 1° de enero de 1991, a su precio de mercado. No es tan fácil determinarlo. Siempre el Servicio de Impuestos Internos mantiene amplias atribuciones para prevenir o sancionar abusos.

"Lo anterior debe ir acompañado de la obligación de fijar una vida útil no inferior a cinco años. En lo referente a vehículos de carga, debe aplicarse la misma norma que contiene la ley N° 18.985 para los transportistas que entran al sistema de renta efectiva, esto es, la tasación del Servicio de Impuestos Internos al año 1990, más el IPC al 31 de diciembre de 1990.

"5.Otra materia a revisar es la concerniente a la valorización dispuesta para los animales del activo fijo general, y, especialmente, lo relativo a hembras de lechería, en donde las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos, impartidas en su circular 63, publicada en 26 de diciembre de 1990, se desvinculan absolutamente de la realidad.

"6 Aun descartando esa negativa posibilidad, debo enfatizar que es altamente inapropiado para un país que pretende seguir logrando altas tasa de crecimiento, que se desincentive la expansión de una de sus ramas fundamentales de la producción por la vía tributaria.

"En este caso específico se castiga o cuando menos se les obliga a procedimientos difíciles y complejos a los empresarios agrícolas más eficientes.

"Como expresé, los métodos que se aplican en el campo son distintos a los de la industria, comercio o servicios. Así es como funciona la agricultura en Chile. Los galpones y las casas se hacen en el mismo predio, las maquinarias duran muchos años y se reparan ahí mismo y los camiones, camionetas y tractores están en plena vida útil muchos años, después de los que les asignó un funcionario citadino del Servicio de Impuestos Internos.

"Expuestos los diversos inconvenientes que obtienen las disposiciones sobre contabilidad agrícola, sus numerosísimas discriminaciones, sus negativas consecuencias y su escaso o nulo efecto en el rendimiento del impuesto a la renta, sería necesario suspender su entrada en vigencia por el año calendario 1991 y aprovechar el presente año para reestudiar si se implanta desde el le de enero de 1992, o si, por el contrario, se vuelve al régimen de renta presunta.

"Si se persistiera en la contabilidad y tributación sobre la base de la renta efectiva, deben corregirse todos los factores negativos a que hemos hecho referencia y los que un estudio más acabado así aconseje.

Señor Presidente, quiero reiterar que esta exposición debió efectuarse por el Diputado señor Caminondo, pero la hacemos propia los Diputados de Renovación Nacional.

Solicito que en nombre del Honorable señor Caminondo, en el mío, y si lo tiene a bien en el de la Cámara, se oficie al señor Ministro de Hacienda en relación con lo expuesto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, una vez más el país y la institución de Carabineros de Chile han sufrido un atentado en el que, vilmente, terroristas del "Frente Juvenil Lautaro" acribillaron a dos de sus miembros.

Este hecho, que enluta a la institución y a los seres queridos de los nuevos mártires, adquiere especial gravedad cuando quienes se lo adjudican dan como una de las razones para el ajusticiamiento "una respuesta contundente a la institución de Carabinero de Chile por su actitud prepotente, abusiva y torturadora en contra de nuestro pueblo".

Estos hechos coinciden con la denuncia formulada por la Diputada señora María Maluenda y por el Diputado señor Jaime Naranjo sobre un presunto centro de torturas en la Tercera Comisaría de Carabineros, donde operaría un nuevo organismo de inteligencia de Carabineros, Dipolcar. Precisaron que en dicho lugar miembros del citado organismo habrían torturado a varias personas el año pasado. Esta información aparece en toda la prensa de hoy.

Frente a tales acusaciones, Carabineros de Chile ha comunicado, por medio de una declaración pública, que la Dirección de Inteligencia de Carabineros, Dipolcar, es un organismo institucional creado el 14 de mayo de 1990, con el objeto de optimizar la labor policial en las áreas de inteligencia, seguridad y procesamiento de informaciones.

La Institución rechaza categóricamente la acusación de la existencia de un supuesto centro de torturas en la citada unidad policial. Dicho cuartel, como cualquier otro de Carabineros de Chile, está destinado a la atención pública, recepción de denuncias y detención de personas.

Respecto a las personas cuyo testimonio fundamentan la preocupación de los Honorables Diputados, es conveniente precisar que los detenidos registran un nutrido prontuario subversivo, que incluye su presunta participación en delitos tales como homicidios de cuatro carabineros y un menor de edad, asaltos a bancos y locales comerciales, incendios de camiones distribuidores de diarios, etcétera.

Todos los detenidos mencionados fueron examinados por profesionales médicos, tanto al ingresar como al hacer abandono de los recintos de Carabineros, sin haber acusado ni evidenciado lesiones atribuibles a la aplicación de apremios ilegítimos y puestos oportunamente a disposición de los magistrados.

En todo caso, de existir denuncias -dice Carabineros- la institución está dispuesta, como es su deber ético y profesional, a iniciar las investigaciones pertinentes si correspondiere.

Carabineros de Chile lamenta la manifestación de declaraciones publicas que, junto con dañar la respetabilidad de la función policial, no contribuyen a materializar espacios de la sana convivencia nacional. Por el contrario, alientan e instigan a los grupos insanos y dementes a descarar su odio atacando y asesinando a Carabineros, en circunstancias que ellos han recibido el mandato del país y representan la paz y la tranquilidad ciudadanas.

Espero que los señores Diputados que han hecho esta lamentable acusación, revisen en conciencia la gravedad de los hechos ocurridos y a futuro, antes de realizar una denuncia pública de tal envergadura se informen primero con las autoridades correspondientes, con quienes tienen el derecho y la autoridad suficientes para solicitar las investigaciones del caso.

Expresamos nuestro más sincero pesar y dolor a la institución y a sus familiares. Esperamos que a futuro ningún miembro de esta Cámara cometa la irresponsabilidad de realizar acusaciones públicas de tal gravedad, antes de haber agotado toda la información al respecto.

Por último, queremos manifestar que, a pesar de las graves consecuencias que esto pueda acarrear, las declaraciones fueron hechas, Esperamos que jamás tengamos que lamentar un nuevo hecho de esta naturaleza, y que mas bien luchemos por derrotar al terrorismo en todas sus formas, en lugar de alentar los caminos para su justificación, propagación o impunidad, como lo han hecho el Diputado señor Naranjo y la Diputada señora María Maluenda, al descalificar a un organismo de Carabineros de Chile, destinado justamente, a combatir el terrorismo y dar tranquilidad al país y a la ciudadanía.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solicito un oficio de fiscalización mediante el cual se le pida al Poder Ejecutivo nos conteste las siguientes preguntas:

1.Si la compra de opciones de petróleo a 38 dólares fue una decisión de la Enap u obedeció a instrucciones superiores.

2.Si esta operación fue aprobada o consultada con el Directorio de Enap.

3.Qué antecedentes técnicos se tuvieron en cuenta para efectuar esta operación.

4.Si la Enap recurrió a asesores externos para evaluar la conveniencia económica de esta operación.

5.Qué experiencia tiene la Enap en operaciones en el mercado de opciones.

6.Cuántos contratos ha comprado con anterioridad y en qué fecha.

7.Detalles de la compra de opciones.

Brokers, a los cuales se cotizó.

Diversas cotizaciones obtenidas.

Brokers con los cuales se operó.

Razones para seleccionar ese brokers.

¿Se operó directamente con el brokers o a través de un agente. Nombre del agente?

Costo de la operación, distinguiendo entre costo del contrato y comisiones pagadas.

Número de contratos adquiridos.

Número y fecha de la transacción (es).

¿Qué porcentaje del mercado representa la (s) transacción (es)?

8.¿A cuánto ascienden los stocks de petróleo y productos refinados de Enap?

9.¿Qué porcentaje, mayor o menor, sobre los stocks históricos representan éstos?

10.En el evento de un mayor stock, ¿cuánto es el costo financiero de mantenerlo?

11.Considerando los actuales precios de mercado, ¿cuál es la utilidad o pérdida de ENAP por ajuste de inventario de petróleo y productos refinados?

Haré llegar a la Mesa el detalle de este oficio.

En todo caso, de conformidad con lo que establece el inciso segundo del N° 1 del artículo 48 de la Constitución Política, ruego a Su Señoría pedir el asentimiento de la Sala para enviar este oficio.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente el pasado 16 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por escasa diferencia de votos, pues no se contó con el apoyo de los parlamentarios de la Democracia Cristiana.

En él se solicitaba a Su Excelencia, el Presidente de la República, adoptar las medidas necesarias en relación con la atención ambulatoria que requieren los reclusos, especialmente los delincuentes de alta peligrosidad. Ello fue propuesto con el fin de evitar los hechos ocurridos en el hospital Sótero del Río, que causaron la muerte de cuatro gendarmes y un carabinero.

También se solicitó a Su Excelencia estudiar el otorgamiento de beneficios previsionales especiales para la familia del personal institucional que fallezca, a raíz de sucesos de este tipo.

Los patrocinantes del citado proyecto de acuerdo hemos recibido con satisfacción la buena acogida que Su Excelencia, el Presidente de la República, ha tenido con los familiares de las tan sentidas víctimas al adoptar las siguientes medidas:

a)Ascenso "post mortem" al grado tope de sus escalafones.

b)Incremento por gracia de las pensiones de la viuda e hijos de los funcionarios, que no eran imponentes en la Dirección de Previsión de Carabineros.

c)Pensión de gracia a la madre del carabinero soltero.

d)Otorgamiento de becas educacionales a los hijos de los funcionarios fallecidos.

e)Donación de vivienda a la familia del funcionario que no era propietario.

f)Se está estudiando incorporar a todos los funcionarios de Gendarmería de Chile a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, por ser este sistema el que efectivamente considera soluciones adecuadas a dichas situaciones.

Quiero destacar, señor Presidente, que Su Excelencia el Presidente de la República ha acogido en forma humanitaria nuestra petición, lo que contrasta con la actitud de los Diputados de la Democracia Cristiana frente a este mismo problema.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ahora corresponde el tumo al Comité del Partido por la Democracia.

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, hemos tomado conocimiento, con consternación, de un atentado que ha costado la vida a dos miembros del Cuerpo de Carabineros. Condenamos con la mayor energía estos hechos y hacemos llegar a sus familias y a la institución nuestras condolencias. Estoy seguro de que toda la Cámara participa de este sentimiento, que combina la tristeza y, al mismo tiempo, una justificada indignación por la comisión de estos hechos criminales en nuestro país, cuando la sociedad chilena camina hacia el reencuentro y reconciliación. Todos los esfuerzos que se hacen en ese sentido tratan de ser empañados inútilmente por tales actos.

Desafortunadamente, este hecho está vinculado, querámoslo o no, a declaraciones formuladas ayer a la prensa por dos Diputados de nuestra bancada. Quiero ser preciso, claro y rotundo en esta materia. No es esa la opinión de nuestra bancada, ni estas declaraciones son producto de un acuerdo de ella, al margen de la respetable opinión y de la conducta que pueda tener cualquiera de sus integrantes. Nos causaría asombro que la Comisión de Derechos Humanos, como tal, las diera a conocer, sin conocer a fondo previamente los antecedentes e investigarlos. A mi juicio, ese es el camino más respetable. Habríamos preferido que así se hubiese procedido.

No dejan de ser serios los argumentos y las denuncias, pero, en los momentos que vive el país, es profundamente lamentable que esas declaraciones se vinculen a una actitud de venganza a torturadores, según dice la declaración del Movimiento Lautaro.

Deseo despejar esa duda sin herir la sensibilidad de ninguno de los miembros de nuestra bancada; pero, considero que, dadas las circunstancias que se viven en el país, todos los integrantes de la Cámara deben estar enérgicamente unidos en una sola cosa, cual es hacer respetar la dignidad de la persona humana, cualquiera que ésta sea; hacer respetar los derechos individuales y, sobre todo, comprometer la acción para que un Gobierno, que se ha caracterizado hasta ahora por defender esos principios y esos derechos fundamentales, tenga éxito en su lucha contra el terrorismo y en la pacificación de la sociedad nacional.

He dicho

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, el asunto que me ocupa es de una entidad ciertamente menor, pero, para la localidad de Isla de Maipo, que represento, es muy seria.

Ayer, por segunda vez, y en corto tiempo, explotó una fábrica de fuegos artificiales. Recibí una petición de la junta de vecinos del lugar donde está instalada esa fábrica, de que personalmente pida su clausura puesto que, en esta ocasión, según informan los vecinos, por falta de precaución de quienes la administran, la explosión ha dejado once heridos, de los cuales seis están muy graves.

Señor Presidente, deseo que se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitándole que se me informe acerca de las medidas de seguridad existentes en la referida fábrica, y que, de comprobarse su incumplimiento con las normas de seguridad impuestas por el reglamento correspondiente, se proceda a su cierre.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, como lo ha expresado el Diputado Jorge Molina, nuestra bancada condena, del modo más enérgico, el nuevo asesinato de dos carabineros, que además, se ha cometido con gran crueldad. Estos graves hechos confirman que hay grupos de desquiciados que persisten en su afán de traer a nuestra patria la muerte y que, incapaces de adaptarse a una norma cívica de convivencia democrática, piensan que en las armas está la solución de los problemas de nuestro país.

Que el Movimiento Lautaro esté empeñado en estos hechos, es, sin duda alguna, objeto de preocupación para todos nosotros, más allá de las legítimas dudas que tengamos sobre su real composición, procedencia y quienes están detrás.

Cada uno de los atentados y de los asesinatos de este movimiento coinciden permanentemente, de un modo extraño y paradójico, con otros sucesos de la vida nacional, y no puedo dejar de advertir que nuevamente se evidencia esta coincidencia cuando esta Honorable Cámara de Diputados debe debatir en el día de hoy temas de gran trascendencia para el país, Cada vez que esta Corporación tuvo en discusión las denominadas "leyes Cumplido", cada vez que debíamos votar, aprobando o rechazando, algunos de sus capítulos, sobre la pena de muerte, o sobre los delitos terroristas, sintomáticamente, casi siempre, se producía una acción del grupo Lautaro y se asesinaba a algún carabinero.

Por eso, hoy, cuando debemos conocer de una investigación de tanta trascendencia, como otros temas que ocuparán el resto de nuestra sesión, me llama, una vez más, poderosamente la atención la coincidencia con que operan estos grupos terroristas.

Rechazo, al mismo tiempo, cualquier vinculo que aquí haya querido establecerse entre estos asesinatos y las denuncias de dos parlamentarios de nuestra bancada. El hecho de que ellos hagan una denuncia, compartida o no, oportuna o no, que, incluso, tenga o no tenga los fundamento de rigurosidad necesarios, de ningún modo puede utilizarse para crear un vínculo o una relación de culpabilidad al respecto, porque, si así fuera, todo lo que dijéramos en esta Sala estaría siempre presto a ser utilizado por grupos terroristas de cualquier especie, y con esa lógica se obligaría a silenciar, de modo absoluto, la actitud fiscalizadora del Parlamento.

En lo personal, no comparto el modo cómo se formularon las denuncias en el día de ayer, pero el hecho de discrepar con otros parlamentarios sobre el modo de plantear los temas, que personas que se creen afectadas en sus derechos le dieran a conocer, no permite a nadie en esta Corporación crear o pretender crear un falso vínculo y ambigüedades al respecto, y es de absoluta injusticia pensar que pudiera haber alguna relación entre esas denuncias y la acción de este grupo terrorista.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, quiero referirme ahora a un tema completamente distinto.

En relación con el oficio solicitado por la Diputada señora Matthei, sobre las compras de petróleo a futuro, nos parece absolutamente normal y, más aún, completamente juicioso, que el Gobierno, a través de la Enap, haya decidido ocupar el mercado de futuro en la eventualidad de un aumento catastrófico del precio del petróleo con motivo de una guerra -que ya es real- en el Medio Oriente.

Hoy día se sabe, a ciencia cierta, al menos hasta ahora, que el petróleo no ha subido de precio pero, antes de que se iniciara la guerra, nadie podía saber cuál iba a ser el resultado. Incluso, hubo analistas muy serios que pensaron en términos de que el barril pudiera alcanzar el precio de 50 u 80 dólares. Y si hubiera llegado a 50 dólares, entonces, todos aplaudirían el seguro contratado. Cuando alguien toma un seguro, señor Presidente, y, a lo mejor, muchos parlamentarios presentes han tomado alguna vez uno para choque de automóvil o para incendio de la casa y si no se produce el incendio o el choque, se pierde la prima; así operan los seguros; pero no por eso va a ser insensato comprarlo para esos efectos. Es un modo normal de operación.

En la reunión de la Comisión en que, se debatió el tema del Fondo de Estabilización del Petróleo, los Diputados de Renovación Nacional consultaron al señor Ministro de Minería, acerca de la razón de que no se ocuparan las opciones de futuro de seguros, puesto que en un país moderno se dijo en aquella reunión; la recuerdo perfectamente bien había que pensar en ocuparlas; y el señor Ministro de Minería respondió que se estudiaba la contratación de un seguro, lo que efectivamente se ha hecho.

La información existía, la inquietud fue planteada por parlamentarios de la Oposición que argumentaban sobre esta situación, y me parece extraño que ahora se critique porque se hace y porque no se hace. Me parece profundamente adecuado que haya contratado un seguro, el cual se ha hecho en resguardo del bien del país, sin perjuicio de que, hasta ahora ¡qué bueno que no hay incendio y qué bueno que no hay choque! pero, no por eso, uno va a dejar de tomar seguros, muchas veces, y más aún cuando se tiene que administrar un país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, Carlos Ricardo Araya Cid, Manuel Miranda Barrera. Quizás estos son nombres que a muchos de los aquí presentes no les dicen nada en el día de hoy; y, quizás, el día de mañana van a estar completamente olvidados. Uno, de veinticuatro años; el otro, de veintidós años. Jóvenes chilenos que ingresaron con entusiasmo al Cuerpo de Carabineros de Chile para servir al país y a la sociedad, y que hoy yacen vilmente asesinados por la delincuencia terrorista. Son nombres sobre los cuales quizás ninguna Comisión de Derechos Humanos se va a preocupar; son nombres que quizás ninguna internacional partidista va siquiera a nombrar; son nombres que, a lo mejor, ninguna brigada partidaria va a utilizar; son nombres, lamentablemente, señor Presidente, que van a pasar al olvido no sólo en los medios de comunicación, sino que quizás, en la conciencia de muchos chilenos. Ellos vienen a engrosar la lista de mártires de Carabineros de Chile.

¿Sabe acaso algún señor parlamentario cuántos carabineros han sido asesinados hasta ahora por las balas terroristas? Ochocientos cuarenta y ocho. Una cifra fría, tan fría como el recuerdo que algunos han hecho aquí de los asesinatos que han acaecido hoy día en la mañana. Asesinatos crueles, asesinatos brutales que hacen necesario tener presente que el ejercicio del terrorismo constituye actualmente una de las expresiones más crueles y amenazantes de crímenes contemporáneos contra la humanidad, que hacen necesario tener presente que todo participante de un delito terrorista representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

La trágica eficacia del terrorismo depende y se nutre de una vasta red, en la cual los autores intelectuales, los ejecutores materiales y los que, a sabiendas, los ayudan o les facilitan sus acciones y coartadas, juegan un papel igualmente repudiable.

Eso es el terrorismo.

Por eso, considero absolutamente inaceptable que hoy día, en esta Sala, el Diputado señor Estévez trate de lanzar un manto de dudas sobre el verdadero objetivo terrorista y pretenda vincular la tarea fiscalizadora de la Cámara de Diputados con este cruel asesinato.

Es inaceptable que un Diputado que ha visto que todas las instituciones del Estado han cooperado, leal y oportunamente, con esta investigación efectuada por la Cámara de Diputados, siembre dudas respecto de este atentado, que debe unimos a todos para aislar políticamente al terrorismo, condenarlo y, en definitiva, usar todas y cada una de nuestras voluntades políticas para extirparlo y erradicarlo.

Rechazo con la mayor energía las palabras del Diputado señor Estévez y, también, que en esta Cámara de Diputados se califique de patriótico al Frente Manuel Rodríguez, que, sin duda, ha tenido en esta larga lista de carabineros asesinados un papel importante que decir ante la historia.

Estos hechos nos demuestran que, muchas veces, hay un doble estándar en el combate contra el terrorismo. Declaraciones inoportunas e irresponsables, como aquéllas a las que se refirió la Diputada señora Cristi, alientan la acción violentista.

Algunos prefieren aparecer en los diarios formulando denuncias espectaculares, en lugar de hacer una investigación acuciosa, rigurosa, seria y responsable. Hemos dicho -y hemos participado en el mejoramiento de las normas procesales- que estamos en contra de los apremios ilegítimos. Pero, para eso, hay que actuar con responsabilidad, con la misma que hoy día rechazamos, una vez más, este atentado terrorista.

Pero, ¡basta de declaraciones! Transformemos nuestras palabras en hechos, de lo contrario el terrorismo se cernirá sobre nuestra patria y sobre todos nosotros, con la fuerza incontenible que da la brutalidad, la violencia y la crueldad.

Nada justifica los actos terroristas. El asesinato de carabineros hace tres, cuatro o cinco años, es tan despreciable como el cometido hoy. El crimen de carabineros hace 3 ó 4 años y el perpetrado en contra de estos dos jóvenes miembros de la institución, constituyen atentados a los derechos humanos.

Todo lo que se haga para minimizar lo ocurrido, como primero condenar y después tratar de patriotas a quienes asesinan a carabineros, como primero condenar y después levantar un manto de dudas, es una actitud débil frente al terrorismo.

El martes votamos en contra de la reforma constitucional al artículo 9, porque creemos que liberar terroristas es un hecho que debilita la normativa jurídica con que debemos defender la democracia.

Quisiera terminar mis palabras pidiendo un minuto de silencio por estos dos nuevos mártires del Cuerpo de Carabineros de Chile: Carlos Ricardo Araya Cid y Manuel Miranda Barrera, de 24 y 22 años, respectivamente. Eran dos jóvenes que, sin duda, con mucho entusiasmo uno hace 3 años y el otro recién hace un año entraron a esta noble institución a servir al país, a la ciudadanía y a los chilenos, para que cada uno de nosotros tenga seguridad, paz y orden.

Creo que Carlos Ricardo Araya Cid y Manuel Miranda Barrera, nuevas víctimas del terrorismo, merecen que la Cámara de Diputados guarde un respetuoso minuto de silencio por ellos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero solidarizar con la actitud de los Honorables Diputados, en el sentido de que es muy tarde y todos estamos agotados. Soy el primero en lamentar que se dé cuenta a esta hora del informe de la Comisión Especial porque considero que la materia amerita una discusión en circunstancias más apropiadas.

Corresponde abocarse ahora a la relación del informe de la Comisión Especial constituida para investigar el giro de sumas de dinero al hijo del Comandante en Jefe del Ejército, señor Augusto Pinochet Hiriart.

Quiero señalar que este informe contó con la aprobación unánime de la Comisión y expresar, además, mi reconocimiento a todos y a cada uno de los señores Diputados que participaron en el trabajo de la Comisión. No ha sido tarea fácil, pero hemos procurado, con honestidad, buscar la verdad y nada más que la verdad de lo acaecido, a fin de cumplir, de esa manera, con el acuerdo de la Sala y también con el mandato constitucional que faculta a la Cámara de Diputados para investigar asuntos de esta naturaleza.

Es efectivo que en el transcurso del trabajo de la Comisión se han producido diversas situaciones, pero, ante la culminación exitosa de nuestra labor, ellas palidecen y carecen de toda relevancia. Estoy cierto de que los Honorables Diputados tienen el buen criterio para juzgar las cosas de esa manera y concentrarse en los aspectos sustanciales.

Trataré de ser lo más breve posible en dar cuenta del trabajo de la Comisión, para que haya debate y se formulen las preguntas o consultas que sean menester.

Esta Comisión Especial se originó a raíz de publicaciones de prensa sobre tres cheques del Banco del Estado, girados a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. Luego, un grupo de Diputados solicitó, a través del Ministerio de Defensa, que la Comandancia en Jefe del Ejército informara la razón del giro de dichos cheques. Esta Honorable Comisión, en sesión secreta, recibió un oficio de la Comandancia en Jefe, también de carácter secreto, por intermedio del Ministerio de Defensa, en el que se consignaba una explicación respecto del giro de estas sumas de dinero. En atención a que a la unanimidad de la Comisión le pareció insuficiente e incompleta la explicación, se propuso la formación de una Comisión Especial. Así se acordó por la Sala con fecha 30 de octubre, se constituyó la Comisión y comenzó su trabajo.

No voy a leer el informe literalmente. Desgraciadamente, los señores Diputados no pueden contar hasta este momento con su texto.

Lo primero que pudimos descubrir en nuestra investigación fue que el giro de estas sumas de dinero se remonta a la quiebra de una empresa que, hoy por hoy, es conocida por la mayoría del país a través de la información que los medios de difusión han proporcionado sobre nuestra labor, la cual, dicho sea de paso, nunca tuvo el carácter de secreta o de reservada, salvo respecto de ciertos documentos que jamás han sido publicados ni conocidos por la opinión pública.

La empresa Valmoval Ltda. pertenecía al rubro metalmecánico y fabricaba repuestos de armamentos para distintas reparticiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. En los años 70, esta empresa suscribió un contrato con el Ejército de Chile para la fabricación de un determinado tipo de fusil.

En un primer momento, se suscribieron contratos para la fabricación de 10 mil fusiles. Con posterioridad, y debido a un cambio de circunstancias en el informe están señaladas en detalle, relativas a la solución del conflicto limítrofe con Argentina y a otros motivos estos contratos, de común acuerdo, fueron reducidos por las partes, según consta en escrituras públicas.

En el trabajo de nuestra Comisión, hemos conocido opiniones diversas respecto de las razones por las cuales se habrían reducido estos contratos y de los efectos que eso tuvo en la viabilidad comercial de la empresa.

El hecho concreto es que el año 1982, esta empresa, destinada a la fabricación de armamentos, teniendo contratos con el Ejército de Chile para un determinado tipo de fusil, y aparentemente también repuestos y otros implementos, fue declarada en quiebra, no a petición del Ejército, sino de un acreedor minoritario que en algún momento le vendió uno de los terrenos que esta sociedad utilizaba para el desarrollo de sus actividades.

De acuerdo a testimonios de personal del Ejército, esta empresa tenía o habría tenido una administración deficiente, la que, en definitiva, la llevó a la quiebra.

A juicio del ex propietario de la empresa, la razón fundamental de la quiebra fue la reducción del contrato que, según sus declaraciones, en forma unilateral habría hecho el Ejército de Chile. Pero, como ya se ha señalado, hay escrituras públicas en que consta que la modificación del contrato fue hecha de común acuerdo por las partes.

También hubo una diferencia de opinión respecto de las condiciones técnicas que tenía la empresa al momento de su quiebra. Según los ex propietarios, Valmoval Limitada estaba produciendo fusiles que habían sido aprobados por la institución dependiente de las Fuerzas Armadas destinada a esa función, los cuales "están funcionando en el Regimiento Buin". Se ha hablado de una producción y entrega, en buenas condiciones, de la cantidad de seiscientos u ochocientos fusiles, por lo que, en consecuencia, esta empresa contaba con la tecnología y los recursos para dar cumplimiento en plenitud a los contratos celebrados con el Ejército de Chile. Sin embargo, según declaraciones del personal del Ejército que compareció ante la Comisión, y concretamente del actual Brigadier Luis Arangua, en aquella época Coronel, la empresa tenía graves dificultades técnicas y sólo habría entregado 68 fusiles, los que estarían en uso en el Regimiento Buin.

Señalo este punto porque más adelante podremos ver que la situación de desarrollo técnico de la empresa es importante para determinar si la decisión de adquirir el ciento por ciento de sus acciones, por parte del Ejército de Chile, fue acertada, justificada y correcta en función de los antecedentes contenidos en el informe. No llegamos a una conclusión sobre el punto, pero sí exponemos detalladamente las declaraciones, testimonios y documentos que apuntan en ese sentido, por cuanto, como se sabe, en definitiva el año 1990, el Ejército de Chile pagó una cantidad cercana a los mil millones de pesos por el 51 por ciento de las acciones de la empresa que adquirió, a raíz de la quiebra, a Valmoval Limitada, y que se denomina PSP. Precisamente, para la adquisición de estas acciones se giraron los cheques a nombre de Augusto Pinochet Hiriart.

Una vez producida la quiebra de Valmoval, se constituyó, como es natural en estos casos, la junta de acreedores. Como esta empresa se dedicaba a la fabricación de armamentos, cayó bajo las normas de la ley de Control de Armas y su reglamento. Por lo tanto, la autorización del Ejército de Chile era indispensable para poder vender los bienes que componían esta empresa. Además, hay que considerar que, en razón de los adelantos hechos por el Ejército de Chile a la empresa Valmoval para la producción de los fusiles, objeto de los contratos, que inicialmente fueron 10 mil y que con posterioridad se redujeron a 3.300, el Ejército pasó a ser el acreedor mayoritario en esta quiebra. El Ejército había adelantado una suma cercana en el informe pueden encontrar las cantidades precisasa los cuatro o cinco millones de dólares que, al momento de la quiebra, con intereses y reajustes, representaba un crédito de más de siete millones de dólares.

Para desarrollar su actividad, Valmoal también había conseguido créditos con diversos bancos. El principal de estos creedores era el Banco de Chile, con un rédito de ciento setenta millones de pesos, que a la sazón significaba una imporante cantidad en dólares, con la paridad rambiaria de 49 pesos, aproximadamente, por dólar.

El Banco de Chile y el Banco Español participaron en esta quiebra en su calidad de acreedores; el Fisco, por deudas de carácter tributario, y los trabajadores, por salarios, imposiciones y otros ítem, en calidad de acreedores privilegiados.

El Ejército era acreedor valista, es decir, sin privilegio alguno para la recuperación de sus créditos. En términos jurídicos, esto significa que una vez pagados los créditos privilegiados, con el producto de la enajenación de los bienes de la quiebra el Ejército podía haber entrado a cobrar el crédito que tenía.

Por tratarse de una empresa dedicada a la producción de armamentos, fue declarada unidad económica. O sea, la enajenación de los bienes de una quiebra, en situaciones normales, se hace simplemente por subasta pública, según ciertas bases previamente fijadas, y se van vendiendo los distintos elementos que la componen.

La declaración de unidad económica obligaba a vender un conjunto de bienes en licitación privada, previo acuerdo de la junta de acreedores. En este caso, el conjunto de elementos que se vendía estaba compuesto por las maquinarias adquiridas en el extranjero para los efectos de montar esta fábrica productora de armamento, el fusil SIG, de origen suizo, en uso en el Ejército de Chile.

De manera que, producida la quiebra de la empresa, declarada unidad económica con el Ejército como acreedor mayoritario, se procedió a la tramitación y a las gestiones necesarias para su venta. Transcurrió un lapso de tiempo bastante largo en el cual no fue posible enajenarla. Hubo algunos interesados, pero nunca se concretó el negocio. Estamos hablando del período comprendido entre 1982 y fines de 1986 o principio de 1987, y previamente del lapso entre los años 1974 y 1981, en el que esta empresa tenía vinculación con el Ejército y estaba abocada a la fabricación de estos armamentos.

Es en ese tiempo en el que surge una disputa sobre si esta empresa era capaz de cumplir los compromisos con el Ejército o no. Según declaraciones del Ejército, no lo habría sido por deficiencias técnicas, produciéndose la quiebra por razones de mal manejo administrativo. A juicio de los propietarios, de don Luis Valdivieso Rodríguez, concretamente, uno de los socios de Valmoval, con el uso de la razón social y poder de representación de la sociedad, y de su abogado, don Isidro Solís Palma, la empresa estaba en condiciones de cumplir. Produjo una cantidad cercana a los 800 fusiles y quebró exclusivamente por la reducción unilateral -según ellos- de los contratos.

Llegamos ahora a fines de 1986, donde aparece, por primera vez, un interesado en la adquisición de esta empresa de armamentos en quiebra llamada Valmoval Ltda., a la cual también nos vamos a referir como "la unidad económica", porque es lo que se estaba vendiendo u ofreciendo. Antes hubo conversaciones con otras personas, las que no se materializaron. El interesado es don Erwin Alejandro Jaeger Karl, quien, a la sazón, era socio de la sociedad de responsabilidad limitada Industrias Metalúrgicas y Técnicas Jaeger y Compañía Ltda.

En 1986, inició gestiones para adquirir Valmoval Limitada como unidad económica, por la que ofreció la suma de 1 millón de dólares. Esto es importante, por cuanto es uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta durante nuestra investigación: si realmente el valor de la unidad económica, es decir, de las maquinarias y bienes de la ex empresa Valmoval, que servían para la fabricación de armamento, correspondía a esa suma.

Aquí quiero hacer notar un hecho que también tiene relevancia posterior: producida la quiebra, el Ejército de Chile incautó una serie de maquinarias y las trasladó a Arsenales de Guerra del Ejército, para garantizar su seguridad, ya que estos bienes, como se ha dicho, al ser útiles para la fabricación de armamento, podrían caer en manos que el Ejército de Chile estimara inadecuadas. Por lo tanto, procedió a retirar maquinarias completas y también partes y piezas de otras, con el propósito de inutilizarlas para el fin que le era propio, o sea, la fabricación de armas.

Más adelante, los señores Diputados podrán apreciar la importancia de este punto, y por qué lo señalo ahora.

Decía que el señor Jaeger ofreció la suma de 1 millón de dólares por la unidad económica Valmoval Limitada, pagadera contra certificado de inscripción de los inmuebles de la sociedad fallida. Esto está latamente explicado en el informe, pero quiero consignar que los términos en que se hizo la oferta de venta son los usuales para este tipo de operaciones. Esto lo hizo formalmente, mediante las cartas de rigor.

En la junta ordinaria de acreedores el ente encargado de resolver el destino de los bienes que quedan en el momento en que se produce la quiebra de una sociedad, se informó de la oferta del señor Jaeger.

Es importante este antecedente, porque, como se verá, esta empresa compitió activamente por la adquisición de la unidad económica hasta el momento en que la junta de acreedores decidió no vendérsela a Tecnojaeger, por una serie de razones que se analizarán, sino a la empresa PSP S.A.

Aquí es donde, junto con la aparición del interés por parte de la empresa PSP

S.A., se menciona por primera vez en nuestra investigación a Augusto Pinochet Hiriart, persona que, en definitiva, recibió y cobró los cheques girados por el Ejército de Chile, en 1990.

El 20 de abril de 1987, se celebró la 24a. junta ordinaria de acreedores. Ya hemos dicho que en la junta anterior se leyó la carta oferta de Tecnojaeger Limitada, en la que ofrecía 1 millón de dólares por la unidad económica.

En la 24a. junta, se acordó lo que en términos jurídicos se denominan "las bases de la licitación", es decir, las condiciones en las cuales se venderá la unidad económica, en este caso, Valmoval. Se fijó como precio de venta 1 millón de dólares, exactamente la misma cantidad ofrecida por Tecnojaeger Limitada, con conocimiento, naturalmente, de la oferta de ésta. Se aceptó la venta directa de la unidad económica a las Industrias Metalúrgicas y Técnicas Jaeger y Compañía Limitada (Tecnojaeger), representada por su socio principal, el señor Erwin Jaeger.

Debo hacer notar que en las bases de la licitación, junto con fijar el precio, se indican las especies precisas que se venden; en otras palabras, qué es lo que vale 1 millón de dólares; qué es lo que vale 500 mil dólares: el inventario de los bienes, y así, sucesivamente.

En este caso, la Comisión ha podido constatar que el inventario protocolizado de los bienes que se tuvieron en cuenta al momento de fijar el valor de la licitación, no fue considerado o incluido en las bases de ésta, por cuanto, en la escritura pública a la cual se redujo el acta de la junta ordinaria de acreedores, se consigna que hay un documento inventario, el cual es parte integrante del acta, que se protocoliza en ese mismo momento.

Esta Comisión no pudo ubicar ese documento, a pesar de las gestiones efectuadas. Y así fue certificado por la Fiscalía Nacional de Quiebras, la que considera anómala esta situación, motivo por el cual, en cierto modo, ha rechazado las explicaciones del síndico de quiebras sobre la ausencia de dicho documento.

También cabe consignar que, en el momento del retiro de las especies por parte del Ejército de Chile -una vez producida la quiebra de Valmoval-, no sólo se retiraron maquinarias y piezas o partes de las mismas, sino también armas terminadas o en proceso de terminación, cuya cantidad no fue posible determinar con exactitud por esta Comisión, pero que las presumió valiosas.

Esas armas tampoco aparecen en los inventarios que obran en poder de la Comisión, ni siquiera en el que se adjuntó a la escritura de adjudicación de la empresa Valmoval. Es decir, una vez que ésta se vendió a la empresa PSP, después que ella prevaleció en la junta de acreedores por sobre Tecnojaeger, hay un inventario que se adjunta, como corresponde, a esa escritura, en el cual no aparecen armas terminadas o en proceso de terminación. No obstante, el Ejército de Chile hizo restitución de todas o de algunas de las especies que había retirado, pero no a la junta de acreedores, a pesar de que ésta le solicitó reiteradamente, a través del tribunal, que lo hiciera, por cuanto su restitución era necesaria e importante para determinar el estado de conservación de las especies.

Es cierto que representantes de la fallida -otra manera de referirse a la empresa en quiebra- y los asesores jurídicos del síndico de quiebras concurrieron a los Arsenales de Guerra del Ejército y constataron la existencia de maquinarias y de cajas con mercaderías que pertenecían a la fallida; pero también es cierto que estos elementos nunca fueron devueltos a la junta de acreedores, a pesar de solicitudes reiteradas. Sí fueron devueltos una vez que PSP S.A. se adjudicó la empresa.

Naturalmente, subsiste duda acerca de que si estas especies fueron consideradas en la determinación del valor de la unidad económica, y también respecto del valor que aquéllas puedan tener. En otras palabras, si el millón de dólares es realmente un precio adecuado para el total de las especies adjudicadas y si dentro de este valor también están contenidas tales especies.

Si cometo algún error de hecho, involuntario, en mi narración, los señores Diputados integrantes de la Comisión tendrán la oportunidad de rectificarme.

En las bases de licitación aprobadas por la junta de acreedores y la fallida en la 24a. junta, que tuvo lugar el 20 de abril de 1987, se individualizan los bienes que integran dicha unidad económica. El anexo de que da cuenta el acta mencionada, no figura.

Mediante escritura pública de 16 de junio de 1987, se constituyó la sociedad anónima Tecnojaeger S.A. Este es también un dato importante, ya que, una vez que la junta de acreedores resolvió vender la unidad económica a Tecnojaeger, ésta se transformó en sociedad anónima.

Más adelante veremos que, en algún momento, hubo una asociación entre Tecnojaeger en ciernes porque no se llegó a materializar, hasta donde la Comisión puede dilucidar, y PSP S.A. Esto es importante, porque el socio mayoritario de Tecnojaeger ha afirmado que llegó a un plan de sociedad con Augusto Pinochet Hiriart para hacer este negocio. Sabemos que él tenía una relación con quien aparece como socio mayoritario de PSP, sociedad que, en definitiva, se adjudicó esta empresa.

Por ahora, consignemos que en esta Comisión hay documentos sobre un traspaso de 15 mil acciones de Tecnojaeger a PSP, suscrito por el señor Eduardo Le Roy, quien aparece como representante legal o socio de PSP. Esas 15 mil acciones equivalen a la mitad del capital.

Con fecha 8 de julio de 1987, el Presidente de la República de la época, don Augusto Pinochet Ugarte, dictó un decreto supremo reservado, por el cual autorizó al Director de Logística del Ejército de Chile para que, en nombre y representación del Fisco de Chile, suscribiera un convenio con la empresa Tecnojaeger S.A., relativo al crédito de la institución, verificado en esa quiebra. En el hecho, este convenio es un compromiso, de carácter privado o secreto, entre el Ejército de Chile y Tecnojaeger, firmado por el Presidente de la República, don Augusto Pinochet Ugarte, en que el Ejército de Chile se compromete a dar su voto favorable para que esta unidad económica sea vendida a la empresa Tecnojaeger, y ésta, a su vez, se compromete a pagar el crédito que el Ejército tenía en la quiebra, de una determinada manera.

En este convenio -que obra en poder de la Comisión, y en cuyo informe los señores Diputados podrán apreciar que todos los documentos citados están numerados para facilitar su examen-, Tecnojaeger se obligaba a pagar al Ejército de Chile un 10 por ciento del valor de las exportaciones, hasta completar la cuota del crédito que mediante este mecanism, recuperaba el Ejército del orden de los 7 millones de dólares, como se ha dicho, y se concedía un 5 por ciento de descuento sobre las ventas al Ejército.

Al respecto, quiero consignar en este instante algo esencial. Después que se producen la desinteligencia entre Tecnojaeger y la junta de acreedores por las razones que expondremos, la asociación entre Tecnojaeger y PSP, y después que PSP se adjudica, sólo para sí, la unidad económica Valmoval, se dictó otro decreto supremo, también firmado por don Augusto Pinochet Ugarte, que autoriza el mismo convenio, pero con la empresa PSP. La diferencia sustancial entre ambos consiste en que, en el segundo convenio, el Ejército de Chile se paga de su crédito mediante un porcentaje de las acciones en la empresa PSP S.A. Es decir, habiendo dejado sin efecto el primero, por las razones que trataremos de dilucidar, el Ejército tiene una opción, y más que ello la posibilidad real, de hacerse socio.

Quiero destacar que esto es trascendente por dos motivos: en primer lugar, porque no es claro que pueda celebrarse este tipo de convenios privados, en el marco de una quiebra. Hay razones -y las vamos a indicar- por las cuales el Ejército ha explicado, con bastante precisión y claridad, el fundamento por el cual éste es un convenio de índole secreto. La v razón de fondo está en que, según los reglamentos internos del Ejército, todo lo que tenga relación con armamentos, siempre tiene el carácter de secreto.

Sin embargo, hay otro aspecto que tiene que ver con la celebración de acuerdos privados que puedan defraudar a los acreedores en una quiebra, por contener condiciones que los demás no conocen. Debo agregar que, en un memorando que obra en poder de la Comisión, suscrito por el Brigadier Luis Arangua, que posteriormente fue presidente del directorio de la sociedad, se consigna expresamente que si este convenio llegase a ser conocido por los demás acreedores, sería delicado, por cuanto podrían sentirse defraudados en sus derechos.

El Brigadier Arangua ha dado una explicación de sus dichos en esta materia, la que oportunamente consignaremos. Por ahora, me parece relevante mencionarlo.

El 20 de julio de 1987, en la 25a. junta ordinaria debe entenderse que existe un proceso de negociación en que se reúnen los acreedores, para lo cual necesitan el quorum de la mayoría de los créditos, los representantes del Fisco Ejército de Chile, don Luis Arangua Ojeda y el Teniente Coronel, don Samuel Correa Meléndez, manifiestan que viene en otorgar su expreso consentimiento a la venta directa, como unidad económica, a Tecnojaeger. Esto es de importancia, porque, como se verá, al momento de dejar sin efecto el negocio con Tecnojaeger, hay una discusión respecto de sí, efectivamente, se había dado o no el consentimiento del Ejército y de la fallida para la celebración de esta negociación.

El hecho de que consignemos, en este momento, que el Ejército había dado su consentimiento expreso, no significa que la Comisión esté sacando como conclusión que ese consentimiento era irrevocable. El informe deja constancia de este punto, al igual que de las argumentaciones jurídicas dadas en la junta para dejar sin efecto el negocio, respecto de lo cual no emitimos un pronunciamiento, pero sí expresamos de que aquí hay una situación que no hemos podido dilucidar en plenitud.

La junta acuerda, por unanimidad, instruir al síndico de quiebras, persona que en ese momento tiene la representación de los intereses de la empresa fallida y de los acreedores, para que envíe una nota escrita el representante legal de Tecnojaeger S.A., con el objeto de comunicarle que deberá suscribir la escritura pública de compraventa y pagar el precio dentro del plazo de 30 días.

Es básico que sigamos la secuencia, porque, al final, lo que la junta aduce, en cierto modo, son incumplimientos por parte de Tecnojaeger, y la verificación de la existencia de sus incumplimientos es algo sobre lo cual no nos pronunciamos. Dice relación con los plazos que se van fijando para vender esta unidad económica. Pero hay que entender que aquí existe una pugna entre dos empresas que quieren comprarla. El socio principal de Tecnojaeger, en el fondo, imputa el fracaso de su negocio a la intervención de Augusto Pinochet Hiriart, quien habría inclinado la balanza en la junta de acreedores para que se desechara la operación con aquélla y se hiciera con PSP S.A. En un momento, habría existido una relación entre ambos, la que luego, por razones que se conocerán más adelante, presuntamente se habría roto. En definitiva, la junta de acreedores habría vendido la unidad económica a PSP S.A., para lo cual se dejó sin efecto el mencionado decreto reservado y se dictó uno nuevo.

Entonces, en la misma junta reiteróse acuerda, por unanimidad, instruir al síndico para que envíe una nota escrita al representante legal, comunicando que debe suscribir la escritura dentro de 30 días.

Durante el período comprendido entre marzo y septiembre de 1987, se llevan adelante negociaciones entre los representantes de Tecnojaeger, el síndico y sus asesores, el Banco del Estado y la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de obtener los recursos que financiarán la operación.

Aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis, por cuanto una de las cosas que hemos dilucidado es que esta transacción se financió con créditos obtenidos de parte del Banco del Estado y la Corporación de Fomento.

Es justo decir, sin incurrir en error o en abuso, que los accionistas privados de esta empresa, en definitiva de PSP -pero habría sido el mismo caso con Tecnojaeger S.A- nunca tuvieron necesidad de recurrir a fondos de su propio patrimonio para adquirir la empresa Valmoval. Y en el caso de PSP, con mayor razón aún, por cuanto, habiéndose hecho dueña de la empresa, estos créditos de la Corfo y del Banco del Estado primero fueron comprados por la Corfo a ese banco, y luego, cedidos a título gratuito al Fisco de Chile, al Ejército. Y cuando éste compra el 51 por ciento de las acciones de los accionistas privados por una suma cercana a los mil millones de pesos, en la fijación del precio de tales acciones no se considera el hecho de que esas personas fueron liberadas de un pasivo importante. Este es un punto que hay que consignar: no eran créditos o deudas personales, por cuanto se trata de unas sociedad de capitales. Pero se fija un valor por acción, que se paga, en circunstancias de que esta empresa tenía un pasivo que había sido traspasado al Ejército, que es el acreedor, hasta el día de hoy, de la empresa PSP. Es decir, los socios privados venden sus acciones a un valor equis; si se fijó bien o mal, es algo que también el informe analiza, pero están liberados de ese pasivo. El valor incluye ya la absorción de este pasivo por terceras personas, en este caso, por el Ejército de Chile.

Veamos, ahora, la participación de la Sociedad Proyectos Integrados a la Producción, o PSP, para nuestros efectos, en este negocio. Más adelante retomaremos el tema de Tecnojaeger, pero, hasta aquí, dicha empresa está comprando esta unidad económica y se encuentra en negociaciones para obtener los créditos que permitirán su financiamiento. Aquí entra en escena PSP.

A mediados de 1987 -no podemos precisarlo con exactitud-, la sociedad PSP Ltda. se interesa en la compra de la unidad económica Valmoval Ltda. En agosto del '87, la sociedad PSP presentó un informe de prefactibilidad a la Corporación de Fomento, con el objeto de obtener un crédito para la adquisición y puesta en marcha de la empresa Valmoval. En una carta enviada el 4 de septiembre de 1987, PSP le manifiesta a la junta de acreedores de Valmoval su interés en comprar esta unidad económica y solicita un plazo de treinta días para poder presentar una oferta formal.

Cabe hacer notar que el 4 de septiembre, que es el día en que se presenta por primera vez una oferta formal de PSP a la junta de acreedores, y cuando aún, como se verá, no se ha desechado el negocio con Tecnojaeger, sino que se está en medio del conflicto, la Corfo acuerda otorgar un crédito a PSP para adquirir la unidad económica Valmoval. En esa fecha, como he dicho, la junta de acreedores se encuentra debatiendo el negocio con Tecnojaeger, coincidiendo el momento de la presentación con la fecha de otorgamiento del crédito.

Quiero también señalar, porque es justo hacerlo, que esto último no necesariamente significa una irregularidad, por cuanto, según algunas opiniones, es habitual en un proceso de concurso para la adquisición de una unidad económica, tener aseguradas las fuentes de financiación. Lo señalamos así, por el hecho de que, en opinión de algunos miembros de la Comisión -esto no quiere decir que haya discrepancias, sino que son cosas que discutimos- nos parece que, al momento de hacer una presentación a la Corfo, uno tiene que tener fundamentos, más o menos sólidos, para poder sostener que, efectivamente, tiene posibilidades de adjudicársela.

Quiero agregar que el día 7 de septiembre, es decir unos días después, se dicta el decreto supremo firmado por Augusto Pinochet Ugarte, en calidad de Presidente de la República, que deja sin efecto el anterior, y autoriza al Ejército para celebrar el convenio privado, secreto ahora, con la empresa PSP, un día antes de que la junta de acreedores deseche definitivamente el negocio con Tecnojaeger. Pero más adelante vamos a entrar en detalles sobre esa materia.

Cabe considerar que el domicilio de la empresa PSP, desde hace años, está ubicado en la calle Augusto Biaut N° 01030 de la comuna de La Cisterna. Corresponde a un bien raíz de propiedad de Augusto Pinochet Hiriart, cuyo dominio fue transferido a la referida sociedad con fecha 17 de agosto de 1987, es decir, semanas antes de la adjudicación de la unidad económica Valmoval Ltda. El inmueble, siendo ya propiedad de PSP Ltda. formó parte de las garantías dadas a la Corfo por los créditos otorgados, por esta empresa, con el objeto de financiar la adquisición y puesta en marcha de la fallida.

El señor Augusto Pinochet Hiriart, como los Honorables Diputados saben, compareció voluntariamente a declarar ante esta Comisión y señaló que este bien raíz él lo “había dejado como una especie de comodato a Le Roy cuando me fui de Chile y él hizo toda su empresa ahí". En lo que respecta a la venta de dicha propiedad, el señor Le Roy señaló que, en razón de lo anterior, le dije: "Yo no tengo ningún problema en vender".

El valor de la venta de esta propiedad fue de aproximadamente 7 millones de pesos.

Más adelante veremos que esta misma propiedad pasó a ser el lugar donde funcionó lo que se denominó la planta N°1 de PSP S.A., que había adquirido Valmoval; que esta planta N°1° fue vendida a otra sociedad llamada SP, constituida entre los años 1987 y 1988, y que de esa sociedad, denominada SP, que funciona en este bien raíz a que hago alusión, don Augusto Pinochet Hiriart declaró, ante la Honorable Comisión, haber sido socio en más de un 40 por ciento.

Cabe señalar también que en el memorándum del brigadier Arangua se indica específicamente que sería de interés vender esta propiedad a don Augusto Pinochet Hiriart, por cuanto, con un capital de trabajo adecuado y dedicación exclusiva, le permitiría tener entradas razonables que le asegurarían un pasar digno. No quiero poner palabras en boca de nadie, pero más o menos ésa es la idea.

Conviene hacer presente también que este tema fue analizado, como se verá, en las sesiones de directorio de la empresa PSP S.A., donde se tomó la resolución de proceder a esta venta.

Por último, cabe mencionar que la venta de este terreno a la empresa PSP se hizo en un valor de, más o menos, 4.500 unidades de fomento -no recuerdo la cifra exacta-, porque no sólo incorporaba la propiedad, sino que los bienes muebles y las mejoras que ya estaban instaladas en dicha propiedad, y que una parte del saldo de precio pagado por esta propiedad provino de los mil millones de pesos que se autorizó, con cargo a la modificación del Presupuesto de la Nación, a fines del año 1988, que fueron, en definitiva, los recursos utilizados para el pago de estos dineros. La mitad, 2.350 unidades de fomento, si mal no recuerdo, forman parte de un cierto excedente, al que se hace referencia, de 60 millones de pesos, que es la diferencia entre el valor que se pagó por las acciones y la modificación que se hizo al Presupuesto de la Nación.

Vamos, ahora, al mes de agosto de 1987. El día 17 se inició la vigésima sexta junta ordinaria de acreedores. Esta junta se suspendió durante días sucesivos. Esta es la junta, en definitiva, clave, donde se resuelve el pleito -por decirlo de alguna manera- entre Tecnojaeger y PSP, S.A. Como digo, empezó el 17 de agosto y luego continuó los días 24 del mismo mes, y 3, 4 y 8 de septiembre. El 8 se terminó la discusión. El 4 es el momento en que se interesa PSP formalmente, por primera vez. Había negociaciones de antes, como se vera, y es el momento en que la Corfo acuerda, pero no otorga -y ésta es una diferencia importante-un crédito para adquirir esta unidad económica.

En la reunión del 17 de agosto de 1987, el síndico informó a la junta que quedaban dos días para que Tecnojaeger cumpliera con sus compromisos. Informa que el 19 de agosto vence el plazo dado a Tecnojaeger para pagar el precio de la adjudicación. Agrega que corresponde que se pronuncie la fallida sobre si otorga o no su anuencia a Tecnojaeger S.A. El abogado de la fallida expresa que su representada no está en condiciones de otorgar su voto favorable a la venta directa de los activos de Valmoval Ltda., porque requiere efectuar una consulta con los demás socios. Aquí siempre va a haber un punto de controversia, no dilucidado por la Comisión, respecto de si la fallida, o sea, el señor Luis Valdivieso Rodríguez, el que era dueño o uno de los socios de la empresa Valmoval, otorgó o no su consentimiento para la venta de la unidad económica.

Desde el punto de vista jurídico, pienso que no era indispensable el consentimiento de la fallida, pero sí el del Ejército. Pero ese no es el punto sobre el cual la Comisión se haya pronunciado y no representa una opinión, sino simplemente una consideración que los señores Diputados, no familiarizados con este asunto, pueden analizar.

La junta instruye al síndico para que envíe una carta al señor Jaeger ya sabemos que es el representante de la empresa, dándole un último plazo para el 24 de agosto de 1987. Esto es, se le amplía el inicial en cinco días para que adquiera la unidad económica. Hasta ese momento no hay ninguna duda de que la junta de acreedores está perfectamente dispuesta a vender, por lo menos, en principio. Señala también que si se llegara a solicitar un nuevo plazo, debe ser fundado y acompañado de una boleta de garantía por 100 mil dólares del Banco del Estado de Chile. Señala el Banco del Estado de Chile -lo dice la Comisión- ya que por declaraciones del propio señor Jaeger, a raíz de su ruptura con Augusto Pinochet Hiriart, se le habrían cerrado las puertas del Banco del Estado y le habría sido imposible obtener financiamiento en esa institución. El sostiene que llegó con financiamiento adecuado del Banco Nacional, pero ése es un punto que a la Comisión no le queda claro y respecto del cual hay una cuestión de orden jurídico a determinar, en el sentido de si la carta que presentó, denominada carta de resguardo, tenía o no ese carácter. Y, en segundo lugar, de haberlo sido, si cumplía o no con los requisitos fijados por la junta de acreedores para ser un instrumento suficiente para la venta de esta unidad económica.

Se acuerda que de no cumplirse, por parte de Tecnojaeger S.A., con las exigencias anteriores, la junta procedería a revocar los acuerdos tomados en relación con la venta de Valmoval. Esta junta continúa y el día 3 de septiembre, a las 10 de la mañana, se le da el nuevo plazo al señor’ Jaeger quien, conforme a lo acordado, debía acompañar esta boleta de garantía. La junta acuerda que si no cumple dentro de los plazos, se procederá a revocar el acuerdo.

El 3 de septiembre concurre a la junta el abogado de Tecnojaeger, el señor Simonetti, e informa que han fracasado las conversaciones con el Banco del Estado, pero que están avanzadas las realizadas con el Banco Nacional. Se le da un nuevo plazo para la tarde de ese mismo día 3 de septiembre.

El 4 de septiembre, el síndico informa a los acreedores que, con fecha 3 de septiembre de 1987, recibió una carta de Sociedad Tecnojaeger, acompañando carta del Banco Nacional, por la cual se expresa que esta institución bancaria otorgaba un crédito por US $1.000.000 a la sociedad interesada en la adquisición de la unidad económica que, en principio, cumpliría con los requisitos fijados para la venta. Es decir, se paga contra inscripción de los bienes raíces que componen la unidad económica libre de toda prohibición y gravamen. En realidad, esta carta dice 60 días después de que ello ocurra y, con posterioridad, la empresa Tecnojaeger rectifica esta carta y dice que el pago es de contado en ese momento. Se leen estas cartas.

El abogado del señor Jaeger explica que ya no hay obstáculos para proceder a la adjudicación de la venta.

El abogado de la fallida, señor Solís, señala que hay un error en la carta, por cuanto lo que existió en la reunión del día anterior fue una buena disposición para otorgar el consentimiento, pero que éste debe darse en la junta de acreedores respectiva.

El representante del Ejército de Chile, Coronel Luis Arangua, indica que esa Institución no ha dado la autorización para la venta, y hace hincapié en que la empresa no ha dado cumplimiento a condiciones necesarias para la autorización. Plantea que no se ha enviado un documento, que son unas cartas de autorización necesarias para proceder a esta venta.

En ese momento, el síndico da lectura a una carta del PSP. Estamos en el 4 de septiembre.

El abogado de la firma Tecnojaeger solicita ser recibido por la junta de acreedores, la cual lo recibe. Manifiesta su disconformidad por la negativa de la fallida, invocando que en la reunión sostenida en el día anterior en las oficinas del síndico, se había dado el consentimiento. Dice que la revocación del acuerdo adoptado provocaría daños patrimoniales a su representado, señalando que están dispuestos a llegar a los tribunales de justicia. El abogado de la fallida manifiesta que su representada no ha otorgado su consentimiento en la junta, y que considera que la carta del Banco Nacional no tenía el carácter de carta de resguardo, objetando su valor jurídico. Se consulta al señor Valdivieso Rodríguez, representante de la fallida, quien expresa que su consentimiento lo otorgará en la junta de acreedores.

El síndico hace presente a la junta que ante una posible acción judicial de parte de la sociedad Tecnojaeger, se entrabaría la quiebra en perjuicio de los acreedores y manifiesta que sería bueno que se llegara a un acuerdo.

La junta recibe la solicitud de que sean escuchados los señores René Eduardo Le Roy y Luis Alfaro, y ellos manifiestan el interés de PSP por adquirir.

Ahora, vamos a la sesión del 8 de septiembre, en la que se resuelve el pleito, y terminamos con la parte del informe que dice relación con el proceso de adjudicación.

El representante del Ejército manifiesta que "su Institución deja sin efecto la autorización de venta de la unidad económica a Tecnojaeger S.A., emitida en la vigésimo quinta junta ordinaria", porque no se han dado cumplimiento a las exigencias.

Agrega que por ser ésta una entidad económica -ya lo vimos- se requiere la autorización del Ejército y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que esta venta se materialice.

El representante de los trabajadores, don Exequiel Sagredo, sostiene que efectivamente Tecnojaeger no ha dado cumplimiento a las obligaciones contraídas con la junta y, por lo tanto, es pertinente la no adjudicación de la unidad económica.

Después de un debate, la junta resuelve, por unanimidad, dejar expresa constancia de la imposibilidad esto es importante, señores Diputadosde materializar la venta a Tecnojaeger S.A., por cuanto el Ejército de Chile se opone a ella por las razones señaladas en el N° 2 de la presente acta. Considerando, por último, que el Fisco-Ejército es un acreedor que representa más del 50 por ciento del total del pasivo de esta quiebra, la junta expresa que es irrelevante para el resto de los acreedores pronunciarse acerca de la decisión adoptada.

El presidente de la junta da lectura a la carta oferta. Son las mismas condiciones en que se le habría vendido a Tecnojaeger. Se acuerda la venta por unanimidad y se entregan las autorizaciones respectivas. En este caso, sí se entregan las autorizaciones que no se habían entregado en su momento a Tecnojaeger.

El decreto supremo N° 903, referido, dictado por el Presidente de la República, don Augusto Pinochet Ugarte, autoriza al Director de Logística para celebrar un convenio . Es el mismo convenio anterior con Tecnojaeger, pero ahora con PSP.

La junta de acreedores acuerda la adjudicación. El representante de la fallida, don Luis Valdivieso, da su asentimiento y se instruye al síndico para que extienda las escrituras públicas.

Da la lectura de la 26a. junta ordinaria de acreedores, queda de manifiesto que existió un conflicto hasta el mismo instante de la adjudicación entre PSP y Tecnojaeger. Ya hablamos de que en algún momento se intentaron asociar.

El día 7 de septiembre de 1987 se suscribió un convenio entre el Fisco-Ejército, representado por el Director de Logística, Mayor General don Roberto Guillard Marinot, y la sociedad PSP, representada por don René Le Roy Vicuña, en el cual se deja constancia de los siguientes hechos.

Aquí se reproduce esencialmente el convenio. Los señores Diputados lo pueden leer. En esencia, el Ejército recupera su crédito mediante la adjudicación de acciones y la fabricación de material de guerra necesario para el Ejército.

En cuanto a la calificación de "secreto" de este convenio -es importante señalar esto-, por oficio N° 12.900-8, dirigido por el General Jorge Ballerino Sanford a la Honorable Comisión, se adjuntó el Reglamento Administrativo de Correspondencia y Documentación del Ejército, el cual , en su artículo 86, letra a), obliga a calificar de "secreto", entre otros, los documentos referidos a material de guerra. Cita también disposiciones del Código de Justicia Militar usadas por las Fuerzas Armadas.

El convenio privado, de 7 de septiembre de 1987, a que se ha hecho referencia precedentemente, suscrito con fecha anterior a la adjudicación y entre las suspensiones de la 26a. junta ordinaria; la dictación del decreto supremo autorizando la suscripción de dicho convenio y derogando el decreto supremo N° 696, de 1987, garantizaban la adjudicación de PSP Ltda.

Como la junta se suspendió el día viernes 4 de septiembre de 1987 y los convenios y decretos mencionados se firmaron el lunes 7, colegimos que durante el desarrollo de la última sesión de la 26a. junta de acreedores, verificada el 8 de septiembre de 1987, el Ejército había tomado la decisión de dar su voto favorable a PSP.

Hay un testimonio del señor Valdivieso que sostiene, a su tumo, haber celebrado un convenio privado entre él y PSP. Señala: "Yo iba con PSP en la puesta en marcha de la empresa y yo cobraba por ello una cantidad de dinero".

En nuestras conclusiones y consideraciones estimamos que hay situaciones que podrían constituir violaciones a la Ley de Quiebras, uno de los aspectos que estamos analizando en este contexto.

Con fecha 1 de septiembre de 1987, el General Roberto Guillard Marinot, Director de Logística del Ejército, envió una carta a don Erwin Jeager, por la cual le "recuerda que el día jueves 3 de septiembre en curso vence el último plazo que le ha otorgado la junta de acreedores de Valmoval Ltda., para pagar el precio y suscribir la escritura".

Agrega que se hace presente que hasta la fecha usted no ha dado cumplimiento a la cláusula catorce del convenio privado suscrito con fecha 9 de julio se refiere al contrato entre la Dirección de Logística y Tecnojaeger S.A, en orden a constituir la garantía que allí se señala, lo que configura una causal de resolución del mismo.

Finalmente, le manifiesta que de no finiquitarse la negociación aludida el día 3, se entenderá que ha operado lo previsto en la cláusula quince.

Esto es importante, porque el Brigadier Arangua declaró a la Comisión que había incumplimientos del señor Jaeger no sólo con la junta de acreedores, sino también con el Ejército.

Esta carta, a juicio de la Comisión, establece la naturaleza de los incumplimientos que habrían existido con el Ejército.

La unidad económica fue adquirida por PS, en exactamente las mismas condiciones otorgadas a Tecnojaeger.

Con posterioridad a la adjudicación, el señor Jaeger, en representación de su empresa, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, del cual se desistió.

Aquí hay una situación que vale la pena destacar, que tiene que ver con el cuestionamiento sobre la solvencia y confiabilidad del señor Jaeger. También se ha entregado esto como una razón de fondo para no proceder a la adjudicación de la industria al señor Jaeger.

La Honorable Comisión tiene antecedentes de que, efectivamente, durante la época relevante, hay una cantidad importante de cheques protestados -36, si mal no recuerdo-, suscritos por el señor Jaeger. El documento está adjunto. Con posterioridad, hubo diversas querellas en su contra.

Se ha señalado que habría estado detenido. La Comisión no ha podido establecer con exactitud este hecho. Sabemos sí que con posterioridad a que fallara este negocio, estuvo detenido a raíz de una querella interpuesta en su contra por uno de los que iban a ser socios en esta operación, por cuanto este señor pagó una suma importante de dinero por una cantidad de acciones. Naturalmente, se sintió defraudado porque el negocio no se hizo. Además, hay otras querellas, que están acompañadas al expediente, por falsificaciones de instrumentos mercantiles. Es decir, existen antecedentes en el expediente de la Comisión que indican que efectivamente hay problemas de solvencia, pero no de detención, en la época relevante, aunque eso tampoco lo hemos comprobado con precisión.

El Brigadier Arangua afirmó que entre el día 20 de agosto y los primeros días septiembre "a mí me fue imposible ubicarme con él" -se refiere al señor Jaeger- y "después se supo que el señor Jaeger estaba preso porque le habían protestado un cheque por $ 6.000.000". Ustedes comprenderán, agregó, "que para el Ejército de Chile, si una persona no puede responder por $ 6.000.000, menos podría responder por una empresa". Por su parte, el abogado de la fallida, señor Solís, declaró que "hay 15 días en que él prácticamente desapareció para todo el mundo cuando estábamos en un momento muy crítico de la negociación y repentinamente nos enteramos que se encontraba detenido en el Anexo Cárcel Capuchinos por giro doloso de cheques". Se desechó "por falta de seriedad. Claramente, habían muestras de insolvencia que no justificaban el negocio".

Obran en poder de la Comisión los documentos que acabo de citar.

Con posterioridad al recurso de protección, el señor Jeager dirigió un memorándum a la Comisión en que refiere sus conversaciones con Augusto Pinochet Hiriart. Señala que éste lo contactó telefónicamente, un mes antes del vencimiento de la fecha de pago al síndico de quiebras; que le señaló que era propietario de PSP; que analizaron juntos y proyectaron el negocio; que la relación fue armoniosa hasta la semana anterior a la fecha fijada para el pago; que con posterioridad a sus desencuentros con Augusto Pinochet Hiriart se le cerraron las puertas del Banco del Estado, por lo que debió recurrir al Banco Nacional. El Ejército se retractó de su autorización, derogando el decreto N° 696, de julio del año 1987.

Por su parte, Augusto Pinochet Hiriart declaró que él fue contactado por el señor Jaeger, quien le propuso que se asociaran en PSP, ante lo cual le respondió: 'Tengo una costumbre; desde hace muchos años no tengo socios ni quiero tenerlos", ante lo cual el señor Jaeger le solicitó que lo pusiera en contacto con el dueño de PSP, "cosa que hice". Agregó que Jaeger insistió: "Mire, póngame en contacto con el dueño de PSP y hagamos una sociedad, porque con Ud. detrás me va a crecer la espalda". El señor Pinochet le respondió: "No le hago crecer la espalda a nadie", y agregó: "Como me lo habían solicitado, lo puse en contacto con Eduardo Le Roy, pero como yo tengo años de circo le dije que se informara quién era y hasta ahí llegó mi participación en cuanto al señor Jeager"

Junto con recurrir de protección, el representante legal de Tecnojeager, con fecha 20 de octubre de 1987, dirigió una carta a don Augusto Pinochet Ugarte, Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, en la que expone sus puntos de vista en relación con lo ocurrido con la venta de la unidad económica Valmoval a PSP. Allí sostiene que "como también es de conocimiento de S.E. estas intensas gestiones, agravadas por un problema económico y de salud personal, me indujeron a buscar apoyo societario en otras entidades o personas, las cuales se realizaron, finalmente, en la persona de Augusto Pinochet Hiriart, representante de la empresa 'Trayectos Integrados a la producción Limitada o PSP, el día 24 de agosto, quien, después de analizar y evaluar el proyecto,visitar la planta y lograr un satisfactorio acuerdo en lo que respecta a la participación accionaria, decida darme su apoyo".

Esta nota fue contestada el 23 de mayo de 1988, mediante una carta firmada por el Jefe de la Casa Militar, Coronel Gustavo Collao Mira. Allí le señala que "en relación a su carta dirigida a S.E. el Presidente de la República del 20 de octubre del año pasado, puedo informarle que, como de los antecedentes derivados del estudio que se hiciera en relación a esta materia, se infiere que el problema se encuentra actualmente sometido al conocimiento de los Tribunales de Justicia, a través del recurso de protección, no resulta procedente que la autoridad administrativa entre a pronunciarse al respecto".

Por último, en relación a esto, hay que señalar que el 25 de agosto de 1987, es decir, un día después de que, según la carta dirigida a Su Excelencia, el Presidente de la República, se produjera un acuerdo entre PSP y Tecnojaeger, se firmó el traspaso de acciones a que hacía alusión hace un rato, por 15.000 acciones.

Aquí termina el capítulo de adjudicación y la investigación de la Comisión en esta materia. Entramos al precio de venta de la unidad económica y su distribución.

El precio de la enajenación de la unidad económica Valmoval Ltda, se fijó, como se ha dicho, en un millón de dólares.

Con el producto de la venta, se alcanzó solamente a abonar parte del crédito por concepto de remuneraciones adeudadas a los ex trabajadores, crédito privilegiado que, naturalmente, se paga primero. Según consta, citamos documentos de la Fiscalía Nacional de Quiebras. Hay un crédito pendiente aún en favor del Fisco de Chile, por concepto de impuestos, que a la sazón era aproximadamente de 20 millones de pesos.

Transcurridos 60 días de la adjudicación, es decir, de la venta a PSP, los bienes muebles que componían la masa aparecen avaluados pericialmente en la suma de $ 407.975.000, sin considerar los cuatro bienes raíces cuyo avalúo no figura, según consta de la escritura de fecha 10 de noviembre de 1987.

Hay que recordar que un millón de dólares, a la fecha, era una cantidad aproximada a los 235 millones de pesos.

La representación del Fisco en la quiebra la asumió el Brigadier, a la sazón Coronel, Luis Ovidio Arangua Ojeda, mediante escrito acompañado al expediente.

En este orden de cosas, el señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado envió un oficio a la Honorable Comisión, donde señala que el Consejo, como organismo colegiado, no conoció ni, por ende,

adoptó acuerdo alguno relativo a esta designación; que tampoco fue informado acerca de la quiebra y que habiendo efectuado un estudio de los antecedentes de la misma, "resulta indudablemente la existencia de serias irregularidades que serán objeto de las acciones legales que procedieran".

Este oficio del Consejo de Defensa del Estado está en poder de la Comisión y nosotros hemos consignado en las consideraciones del informe, ésta, como una de las posibles infracciones legales en la materia.

El capítulo IV, dice relación con el financiamiento obtenido por la empresa. Este es un tema de capital importancia, por tanto. Aquí está la forma cómo se pagó la empresa, hasta llegar al momento de la adquisición por parte del Ejército del total de las acciones.

Quiero decir que el convenio privado suscrito entre el señor Valdivieso y PSP nunca pudo obtenerse por la Comisión, a pesar de que él lo ofreció y nosotros lo requerimos en reiteradas ocasiones.

Ya hemos dicho que la adquisición y puesta en marcha de esta empresa se hizo con crédito Corfo del Banco del Estado.

Aquí se cita la escritura pública. El Banco del Estado otorgó un mutuo. Hay una cifra en el informe que tienen los Honorables Diputados, que es la cantidad exacta. En el informe de ayer comprobamos un pequeño error, de manera que les ruego tomar el dato con beneficio del inventario. La suma auténtica es $ 338.954.683, equivalente a 89.667,23 unidades de fomento. Tuvo por finalidad enterar el crédito pagadero en la forma y condiciones establecidas en la escritura.

El señor Le Roy compareció, en nombre de PSP, a fin de garantizar el préstamo. Constituyó las hipotecas de rigor.

La sociedad PSP facultó -esto es importante, en mi opinión, también- al Banco del Estado de Chile para entregar la cantidad de $ 225.985.653 al Síndico de Quiebras don Mario Albornoz Galdámez. Por la compraventa de la unidad económica se pagaron $ 225.985.653. Esa es la equivalencia del millón de dólares.

También se pagó, como consta de la escritura, $ 112.585.000 al señor Luis Valdivieso Rodríguez por concepto de la asesoría "que éste brindará por el desarrollo y mantención de las actividades de la industria que adquiere".

Las cantidades referidas fueron recibidas por el Síndico, señor Albornoz y el señor Valdivieso.

El señor Luis Valdivieso Rodríguez, representante legal de la fallida, reconoce haber recibido, además de la cantidad indicada precedentemente, una participación accionaria del 8 por ciento de las acciones de la Sociedad PSP, sucesora de su propia empresa que había quebrado, y la suma de $ 23.000.000 por la venta de conocimientos técnicos, según consta de la escritura pública de fecha 30 de diciembre de 1987.

Cabe señalar, además, que el señor Valdivieso recibió maquinarias de la empresa Valmoval Ltda., que, según el memorando del Brigadier Arangua, eran del orden de los 200 mil dólares. El señor Valdivieso reconoció haber recibido maquinarias, pero no precisó su valor.

La participación accionaria mencionada, el 8 por ciento, se negoció y acordó con anterioridad a la adjudicación de la unidad económica. Esto consta en un documento privado que nosotros no pudimos obtener.

Debo agregar que en un memorando, sin fecha, que se analizará más adelante, suscrito por el Brigadier Arangua, se aborda el tema de los 200 mil dólares.

En el acta número 3, de la sesión de directorio ya está PSP transformándose en sociedad anónima, de 13 de abril de 1988, se deja constancia de gestiones en trámite, con el objeto de redactar un documento que permita dar solución a la entrega de máquinas que debe hacerse al señor Valdivieso.

Al respecto, quiero destacar algo en relación con estas actas. Nosotros hemos recibido, por el correo informal, un conjunto de actas de la sociedad PSP en formación y luego de la sociedad ya formada. Estos son los proyectos de acta de la sesión anterior enviados a los miembros del directorio por el secretario de la sociedad, Teniente Coronel (J) Samuel Correa Meléndez. La carta que acompaña las actas está firmada, pero las actas no lo están. Nos parece que tenemos la obligación de consignar este hecho para los efectos de que los señores Diputados tengan en cuenta este elemento, a fin de ponderar el valor que esto puede tener.

En el acta número 13, de 9 de junio de 1988, se acuerda por unanimidad dar una solución al problema del señor Valdivieso, en un plazo de 15 días, a quien PSP debe entregarle determinada maquinaria.

Pasamos ahora al crédito Corfo. Voy a resumir brevemente esta materia. El crédito Corfo se aprobó por un millón 175 mil dólares; los señores Diputados pueden ver en el informe que lo esencial fue que este crédito se otorgó en dólares.

En este crédito los elementos relevantes, a mi juicio, son los siguientes. Hay una discusión respecto de si se observaron o no los procedimientos legales necesarios para la obtención de estos créditos.

La Honorable Comisión recibió un informe de la Corporación de Fomento suscrito por el fiscal, don Guido Machiave11o, y por su Vicepresidente, Ministro don René Abeliuk, en el que se consignan una serie de presuntas irregularidades, que no voy a detallar. También recibimos el testimonio del ex fiscal, don Ismael Ibarra, en el que se sostiene que estos créditos fueron otorgados en todo conforme a derecho y observando las prácticas tradicionales de la Corporación de Fomento.

Segundo elemento. Hay una discusión respecto de los antecedentes que obran en poder de la Corporación de Fomento. Sus actuales ejecutivos nos han informado que no habían mayores antecedentes, aparte de algunos de orden jurídico que se entregaron a la Comisión. Por su parte, el señor Ismael Ibarra sostiene que existen estos antecedentes en poder de la Corporación, y que a él le fueron solicitados con posterioridad a la fecha de comparecencia del fiscal señor Guido Machiavello. Y acompañó algunos documentos ante la Honorable Comisión. Esto, en " cuanto a tema jurídico.

En lo que respecta a la Gerencia de la Corporación de Fomento, el señor Ismael Ibarra declaró que eso no le competía a él. En este caso, el señor Eduardo Silva Aracena, quién compareció ante la Comisión, que era, a la sazón, Gerente de Fomento, no aportó mayores antecedentes, señalando no recordar los elementos que tuvo a la vista para la información y el otorgamiento de este crédito.

Por último, como elemento relevante tenemos lo que se denomina "informe de prefactibilidad", presentado en agosto de 1987, donde se cumple con el requisito de describir en qué consiste el negocio para el cual se solicita un crédito. Como se trata de una empresa en quiebra, se explican las razones de la quiebra, porque a la Corfo hay que decirle que se trata de una actividad de fomento que vale la pena, y que la empresa quebró, pero pese a ello, puede recuperarse.

En este informe se señala que se trata de un crédito para actividades mineras. Se da un motivo de la quiebra que nada tiene que ver con el verdadero objetivo de la industria, por cuanto nunca se dedicó a la minería. En todo caso, por razones que para nosotros están indeterminadas, la quiebra se debió a problemas relativos a la fabricación de armamentos.

En esto, la Comisión está conteste, señalando que se trata de un punto delicado. Pero, también, debo destacar que el señor Ismael Ibarra declaró que, en la sesión del Comité Ejecutivo en que se aprobó éste crédito, se señaló expresamente que se trataba de una empresa que se iba a dedicar al rubro de armamentos, que no se consignó por tratarse de una materia reservada, y que no se utilizaron dineros provenientes del Bid para los efectos de financiar este crédito.

Nosotros señalamos en nuestro informe, como una de las consideraciones, que ésta es otra área en la que también habrían irregularidades de carácter legal y administrativo que habría que averiguar.

Voy a hacer un esfuerzo máximo de síntesis. Pido excusas a los Honorables parlamentarios; sé que estamos todos cansados; pero, una relación coherente, es la única manera de entender el problema.

Dejaré el asunto Corfo hasta acá, porque pienso que he dado a conocer lo sustancial. Los contenidos precisos están en el informe.

Luego, viene el tema de la cesión por parte de la Corfo del crédito que tenía el Banco del Estado. Sabemos que la Corfo compró al Banco del Estado, junto con otorgar un crédito a PSP para financiar la puesta en marcha y parte de la adquisición de Valmoval, el crédito que el Banco del Estado le había otorgado a esta empresa. Se transforma la Corfo en el único acreedor de PSP. En este sentido, la Corfo pagó por el crédito del Banco del Estado el valor par del crédito, más los intereses y reajustes, en circunstancias de que la empresa se encontraba en mora al momento de la adquisición de este crédito. Además, en mora de constituir garantías prendarias, que sólo se constituyeron con posterioridad y en una escritura posterior al otorgamiento del crédito. Esta es otro área en la que también tenemos algunas reservas.

En tercer lugar, como parte del mecanismo de financiación, viene la cesión, a título gratuito, hecha por la Corfo, de ambos créditos al CIMI, Ejército. El CIMI es un patrimonio de afectación fiscal, susceptible de ser objeto de donación, cuyas atribuciones se establecieron por una ley del 12 de julio del año 1988, que vamos a analizar.

Con la compra del crédito por parte de Corfo al Banco del Estado, ésta pasó a ser la única acreedora de PSP S.A.,con lo cual se hizo posible la cesión gratuita al Fisco-Ejército de dichos créditos, cosa que examinaremos más adelante.

Aquí hay que recordar la situación que yo señalaba de pasivo. Cuando el Ejército le compra a los señores Le Roy, Valdivieso y Fernández, el 51 por ciento de las acciones, paga un precio, pero ellos no asumen responsabilidad alguna. Por lo menos, no está considerada la parte del pasivo que había sido adquirida por parte del Ejército. De hecho, la sociedad está liberada de una obligación, en lo que a ello respecta; pero más adelante lo veremos.

Vamos ahora a la relación del Ejército de Chile con la sociedad PSP S.A. Por resolución reservada 607021, del 4 de noviembre del año 87, suscrita por el Vicecomandante Santiago Sinclair Oyaneder, el Director de Personal del Ejército, autorizó a tres oficiales del Ejército para que, en representación de la institución, se integren como miembros del directorio de la sociedad en formación. Ellos fueron: don Luis Arangua Ojeda, don Luis Vásquez Ocaranza y don Emilio Timmerman Undurraga.

En declaraciones prestadas ante esta Honorable Comisión, el General Hormazábal y el Brigadier Arangua señalaron que el Ejército aceptó la invitación hecha por la sociedad, para que participaran en el directorio oficiales, ya que a dicha institución le interesaba evaluar su futura participación en dicha empresa y, al mismo tiempo, garantizar la producción de armamentos que en ella se efectuaban. Por otra parte, es posible afirmar que para la empresa era muy importante tener relaciones con el Ejército, por cuanto era su cliente principal y, tal vez, el único.

Existen en poder de la Comisión estas actas a las que he hecho referencia, que van de los días 16, 23 y 30 de diciembre de 1987; 27 de enero, 2 de febrero, 13, 20 y 27 de abril, 11 de mayo, 9 de junio y 3 de agosto de 1988, en las cuales -esto es importante- en la sesión de 30 de diciembre se dio lectura y analizó extensamente el borrador de escritura pública de constitución de la sociedad anónima cerrada y del proyecto de sus estatutos. Esto es anterior a la resolución aludida, en la que se autoriza la participación de militares en el directorio de esta sociedad, señalándose que, con posterioridad, se harán los traspasos de acciones, en cumplimiento de acuerdos que suscribiera anteriormente la Sociedad PSP con el Ejército de Chile.

El asesor legal y secretario del directorio, don Samuel Correa Meléndez, dio a conocer las gestiones que se estaban realizando por parte del Ejército, destinadas a la materialización de la adquisición del 51 ó 49 por ciento de las acciones, según se resuelve. Estimándose que, en definitiva, se contaría -al parecer- con una ley especial al efecto; ésa es la ley que se dictó el 12 de julio. Además, por el momento figurarán como constituyentes los mismos socios que aparecen en la Sociedad de responsabilidad limitada, es decir, los señores Le Roy, Fernández y Valdivieso.

A esta sesión concurrió el Coronel Arangua aquí se nombra quienes asistieron y se informa que el asesor legal y secretario del directorio, el Teniente Coronel Correa, informa de las gestiones que se estaban realizando por parte del Ejército, destinadas a la materialización de estas acciones.

Finalmente, se acordó estudiar la situación especial de las remuneraciones del señor Le Roy y de su asesor técnico, quienes percibían determinados ingresos hasta antes de que la Sociedad PSP Ltda. adquiriera la empresa Valmoval.

El señor Augusto Pinochet declaró que prestaba asesoría técnica al señor Le Roy.

El primer traspaso de acciones de PSP S.A, al Ejército es de fecha 27 de octubre. En este orden de cosas, cabe considerar la carta dirigida a la Honorable Comisión por el señor Guillard Marinot, de 11 de diciembre. El oficial, que prefirió no comparecer, señala que la transformación en sociedad anónima no fue fruto del convenio secreto o privado que nunca operó, el del 7 de septiembre, y que la participación de oficiales en la administración de la sociedad tuvo como propósito asegurar la oportuna y correcta ejecución de los contratos.

Hay un error de hecho en lo señalado por el señor Guillard, en cuanto a que la participación de oficiales en el directorio se habría producido una vez que la sociedad fue transformada en anónima. Sabemos que la participación de oficiales se autorizó en noviembre de 1987, y que la sociedad no se transformó sino hasta enero del 88. El primer traspaso de acciones, en nombre del Ejército, se realizó el 27 de octubre.

También se menciona ahí la necesidad de distribuir definitivamente la participación accionaria entre el Ejército y los socios civiles. Estamos hablando del precio. Retrocedo un poco. "

En el período comprendido entre enero y agosto del 88, se analizaron, discutieron y resolvieron en las sesiones del directorio, diversas materias que fueron comunicadas al Vicecomandante en Jefe del Ejército por el Brigadier Arangua. Aquí es el propio Brigadier Arangua quien declara que su memorando fue dirigido al Vicecomandante en Jefe del Ejército. El documento en sí no indica el destinatario, pero ésta es la declaración del Brigadier señor Arangua.

Este memorando se denomina "situaciones dominantes en PSP", en el cual se hace referencia a los siguientes hechos sustanciales -pido a los señores Diputados que tengan un poco de paciencia- la necesidad de distribuir definitivamente la participación accionaria entre el Ejército y los socios civiles de PSP, quien sería el señor Le Roy; y el destino final de la maestranza y fundición de PSP S.A. y los cursos de acción vinculados a la administración de la empresa en su relación con el Ejército. Lo de la maestranza se refiere a la SP que fue vendida, en definitiva, a la sociedad SP, de la cual Augusto Pinochet Hiriart declaró ser socio.

En sesión de directorio se informó de las gestiones en curso destinadas a la materialización, según se resuelve. Por otra parte, se instruyó al Teniente Coronel sobre la posición que debe mantener en la Auditoría General del Ejército respecto de la postura de PSP. En esencia, se dice que ésta es una sociedad cerrada, integrada por una parte civil; en segundo lugar, que su vínculo con el Ejército, será a través de la Comandancia en Jefe, según está expresamente dispuesto con anterioridad; y, por último, que debe dictarse la ley que permita adquirir las acciones a nombre de una repartición institucional, según el porcentaje del Ejército.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero dejar establecido que el informe que tienen los señores Diputados no es plenamente oficial, porque no ha habido tiempo para revisar su redacción.

Tiene la palabra el Diputado Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, creo que el punto debe estar mencionado más adelante.

En todo caso es bueno que los señores Diputados hagan estas observaciones.

En la sesión de directorio del 3 de agosto de 1988, el representante de la firma Sistemas y Proyectos PSP S.A., planteó su interés por la adquisición de la planta de calle Augusto Biaut. El directorio, teniendo presente que el mantener la referida planta no resultaba rentable para PSP S.A., en principio acordó su venta por un precio y condiciones a determinar.

En su memorando, el Brigadier Arangua, en cuanto a la distribución accionaria, sugiere dos alternativas, a saber: que el Ejército posea el 51 o el 49 por ciento de las acciones; Augusto Pinochet Hiriart, el 41 ó el 43 por ciento, y don Luis Valdivieso Rodríguez, el 8 por ciento de ellas.

En cuanto al destino de la maestranza de PSP S.A., conocida como "planta N° 1" -ya expliqué que se había vendido- en el memorando "se señala que ésta conforma la gerencia de proyectos especiales de la empresa y se dedica a todos aquellos trabajos ajenos a la fabricación de armamento menor y sus repuestos". Aquí se arreglan camiones blindados, se fabrican orugas para tanques y cosas de ese tipo. Se agrega que se ha estudiado la posibilidad de venderla a su valor libro, estando interesado el señor Augusto Pinochet Hiriart; que la venta se estima conveniente para PSP, permitiéndole dedicarse exclusivamente a su gestión en la planta de armamento menor; que tanto la maestranza como fundición, mediante una dedicación exclusiva y un aporte de capital, tienen buenas perspectivas de negocio; que la compra de esta propiedad por parte de Augusto Pinochet Hiriart "le permitirá generarse entradas razonables y dedicarse a materias de su propio interés, con plena libertad de acción", y que, por otra parte, el señor Augusto Pinochet Hiriart adquirió una propiedad colindante con la maestranza, por lo que su compra resulta conveniente para él.

Esta operación se materializó íntegramente.

Esta parte del memorándum coincide con lo tratado en sesiones de directorio de PSP. S.A. pero me saltaré eso, porque son antecedentes que se entregan a mayor abundamiento.

Finalmente, el memorando del Brigadier Arangua, en lo que respecta a la relación de PSP S.A. con el CIMI, o sea, el Ejército, creado mediante la ley N° 18.723, plantea dos cursos de acción: que el CIMI asuma el 51 por ciento de las acciones y se constituya en un organismo superior directo de la empresa, es decir, que la maneje, o que el CIMI asuma la propiedad de 51 por ciento de las acciones, por delegación del Comandante en Jefe, y que la administración y generación de autoridades continúe como en la actualidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, es posible que, por falta de tiempo, tampoco aparezca incluido uno de los cursos de acción en la página 42 del texto que estamos leyendo. Aparentemente, esto obedece a que, por la rapidez con que se copió este borrador, las personas que lo dactilografiaron omitieron algunos párrafos.

No quise interrumpir denantes, pero he detectado la omisión de varios párrafos. De hecho, en la página 42, se señala que se plantean dos cursos de acción; pero después menciona sólo uno: el N° 2.

Solicito comprender que existen omisiones en el texto que tenemos, respecto del documento definitivo.

Se ha omitido el N° 1 de los cursos de acción, que resultan básicos para comprender la operación que se estaba haciendo. Por lo tanto, ignoro qué fórmula se podría aplicar, porque si este texto circula -entiendo que, incluso, se repartió a la prensa- no corresponderá al original, pues en él se han omitido párrafos respecto de la relación de los hechos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya indiqué denantes que, por la premura del tiempo, fue imposible constatar si el texto es idéntico o si existen errores dactilográficos. Hay que considerar que ésta es una versión preliminar; todavía no es oficial.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulasohn.

El señor SCHAULSOHN.-

En todo caso, no hay variaciones sustantivas, pero es muy importante dejar todo consignado.

Por oficio -esto también es importante- 4102-125, de 10 de agosto de 1988, suscrito por el Secretario General del Ejército, don Ramón Castro Ivanovic, por orden del Comandante en Jefe, dirigido al Comandante del Comando de Industrias Militares de Ingeniería -en adelante CIMI- General Francisco Ramírez M., se deja constancia de los siguientes hechos:

Se autoriza a esa repartición para "adquirir", en beneficio de la institución 49 títulos de la sociedad anónima cerrada PSP. S.A.".

Se señala que la organización, manejo y control de intereses del Ejército, continuará con la participación de oficiales del Ejército en su directorio, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Se les instruye que dispongan las medidas que estimen convenientes, a fin de dar cumplimiento al oficio.

No creo faltar a la verdad si agrego que continuará, -como hasta ahora como dice el documento-, bajo el directo control o mando -no sé cuál es la palabra adecuada-de la Comandancia en Jefe del Ejército.

Por oficio 12900-23, de 15 de enero de 1991, dirigido a esta Comisión por el General Jorge Ballerino, se remitieron diversos documentos referidos a los procedimientos seguidos por la institución para la adquisición de acciones de PSP, S.A.

Para resumir este punto, quiero señalar que este documento es una resolución que proviene de la Comandancia en Jefe del Ejército, suscrita por el Secretario General de la Institución, bajo la fórmula "Por orden del Comandante en Jefe del Ejército", y que, en uno de sus considerandos expresa que se arbitren todas las medidas para dar cumplimiento a lo ordenado por el señor Comandante en Jefe del Ejército.

Según los antecedentes enviados por el General Ballerino, esto obedece a una fórmula normal de suscribir estos documentos. No implica que haya emanado del propio Comandante en Jefe del Ejército, ni que haya sido suscrita por él, m que éste deba tener conocimiento, sino que se trata del uso de atribuciones del Secretario General del Ejército, de acuerdo con sus normas intemas, las que se han adjuntado.

Esta es la explicación entregada respecto de los documentos que se han acompañado ante la Honorable Comisión.

Es, decir, cuando dice "Por orden del Comandante en Jefe" y cuando dice "Comandante en Jefe del Ejército", no hay por qué entender que se trata de una orden directa de él, sino del Secretario General del Ejército, en uso de sus atribuciones.

Se han enviado los documentos tendientes a clarificar esta situación.

Más adelante, nos referiremos nuevamente al tema.

El Brigadier Ramón Castro Ivanovic, que es el Secretario General del Ejército que, a la sazón, firmó la comunicación, señaló que el oficio reservado 4102-125 obedeció a consultas verbales que le hiciera el comandante del CIMI de la época. El señor Castro también envió una nota a esta Comisión, vía fax, desde Estados Unidos, en la que da cuenta de esta situación.

En razón de lo anterior, se facultó al Comandante de dicha repartición para adquirir, en beneficio del Ejército, 49 acciones del paquete accionario.

En dicho oficio reservado, se consigna que la fórmula usada en la redacción de ese documento "Por orden del Comandante en Jefe", como, asimismo, "que lo dispuesto por mí" es una resolución del Comandante en Jefe, "son expresiones que, como usted sabe, se emplean habitualmente desde la Secretaría General del Ejército, en uso de las atribuciones reglamentarias ya citadas".

Obran en poder de la Comisión las reglamentaciones y los documentos auténticos que acompañan este aporte de antecedentes.

Más adelante, volveremos sobre esto.

Omitiré lo relativo a la venta de la planta N° 1 de la calle Biaut, salvo para decir dos cosas: que el 17 de agosto, Augusto Pinochet Hiriart vendió a PSP Limitada la propiedad de calle Augusto Biaut, en la suma de 7 millones. Ya sabemos que sirvió de garantía para el crédito CORFO, y que el 3 de agosto de 1988 se constituyó la sociedad anónima cerrada SP, siendo sus socios René Eduardo Le Roy Vicuña y Ricardo Adolfo Carmona González.

Con fecha 5 de septiembre de 1988 se celebra una promesa de compraventa en que PSP. S.A. promete vender a SP S.A. la planta de calle Biaut. Promesa de compraventa, por la sencilla razón de que la compraventa misma no es posible, por cuanto el bien objeto de ella se encuentra dado en garantía a la Corporación de Fomento de la Producción por el crédito que sirvió para adquirir PSP S.A.

Mediante escritura pública del 17 de mayo de 1989, se procedió a la cesión de los créditos a título gratuito por parte de la Corfo al Ejército, y luego éste, ya como acreedor de PSP S.A. alza las hipotecas y se materializa la promesa de compraventa, separándose de PSP S.A. lo que era la planta de calle Augusto Biaut y quedando en poder de la empresa SP S.A. de la cual -como se ha dicho- Augusto Pinochet Hiriart declaró en algún momento haber sido socio.

SP S.A. se hace dueña de una parte de lo que era originalmente la unidad económica Valmoval y se materializa aquí lo que se sostiene en el memorándo del Brigadier Arangua, de que se vende la planta de calle Biaut, como ha quedado señalado.

En su testimonio ante esta Honorable Comisión, Augusto Pinochet Hiriart reconoció haber sido socio de SP S.A. en más de un 40 por ciento. Su vinculación está refrendada por un recibo de dinero por la suma de 1 millón 500 mil pesos como anticipo de un contrato de honorarios por montaje, instalación y puesta en marcha de una maquinaria marteladora, según recibo que obra en poder de la Comisión.

La planta de calle Biaut, al parecer, era uno de los aspectos rentables de PSP S.A. En sesión de directorio de 9 de junio de 1988, se consigna el hecho de que dicha planta ha experimentado últimamente "una notable mejoría" en sus actividades, encontrándose "autofinanciada hasta el mes de octubre del presente año". El "representante" de SP S.A. manifestó, en sesión del 3 de agosto, su interés por adquirir la planta de calle Biaut.

Ahora entramos a la última parte, que se refiere a la adquisición por parte del Ejército del 51 por ciento restante. Vamos a ver en qué momento y cómo adquiere el 49 por ciento de las acciones a título gratuito.

Producida la cesión de créditos por parte de la Corfo al Ejército, queda despejado el camino para materializar la venta de la planta de calle Biaut, según los acuerdos del Directorio de PSP S.A. transcritos en el memorándo del Brigadier Arangua, y para adquirir el CIMI el 51 por ciento de las acciones.

En razón de la existencia de un convenio secreto, de 7 de septiembre de 1987, que había dado origen a la relación entre el Ejército y PSP S.A., el primero se hizo accionista de un 49 por ciento de la segunda, días antes que se celebrara la promesa de venta entre PSP S.A. y SP S.A. Todo ello, según lo resuelto en oficio reservado de 11 de agosto de 1988, suscrito bajo la fórmula "Por orden del Comandante en Jefe del Ejército". Ya he explicado en qué consiste ese documento.

Posteriormente, e invocando la misma orden emanada de la Comandancia en Jefe -esto es importante-, se elaboró por parte del Ejército de Chile, Comando de Industria Militar e Ingeniería, un informe y análisis financiero al 30 de noviembre de 1988.

El General Hormazábal, que concurrió dos veces ante la Honorable Comisión, consiga en este informe que actuaba "dando cumplimiento integral a lo ordenado por el señor Comandante en Jefe del Ejército", citando como documento "de la referencia" al oficio del Comandante en Jefe (R) 4102-125, de 10 de agosto de 1988.

Además, el Ejército de Chile ha hecho llegar a esta Honorable Comisión un certificado, suscrito por el Teniente Coronel Roberto Hutt Krull en su, calidad de Secretario General Subrogante del Ejército, en el cual indica que a partir del 11 de noviembre de 1977 y hasta el 10 de octubre de 1989, el Comandante en Jefe delegó sus atribuciones, lo que hizo por medio de Ordenes de Comando, de las que tomó razón la Contraloría General de la República. Agrega que entre las atribuciones que conservó no se encuentra la de administración, adquisición y enajenación de bienes de cualquier especie.

Voy a dar lectura a esta materia sin sacar ninguna conclusión, por cuanto la Honorable Comisión ha estimado que los antecedentes podrán ser juzgados por las personas que lean el informe, las que obtendrán sus propias conclusiones.

En el informe financiero suscrito por el General Hormazábal, según él, dando cumplimiento integral a lo ordenado, se consigna que se excluye la planta de calle Biaut, por cuanto ya está vendida.

Este informe es importante -no lo leeré completo, porque Sus Señorías lo tienen en su poder-, por cuanto retrata un cuadro bastante negativo de la situación financiera de la empresa poco días antes de ser vendida. Dicho de otra manera, días antes que el Ejército adquiriera el 51 por ciento de las acciones por un valor cercano a los mil millones de pesos. Pero hay otros antecedentes que indican lo contrario y que, naturalmente, los vamos a consignar.

Esta Comisión tuvo a la vista el memorando secreto de 14 de diciembre de 1988, documento en que el propio Ejército analiza la factibilidad de la empresa y concluye en que para el Ejército es indispensable adquirirla; que tiene un valor muy superior al valor que se está pagando por el 51 por ciento de las acciones; que esta cifra ni siquiera alcanza al 10 por ciento de sus activos; te tiene gran importancia estratégica, y que permitiría al país llegar a una situación que se denomina autarquía en materia de producción de armamento.

No podemos reproducir este informe in extenso, por cuanto tiene el carácter de reservado, pero el Ejército de Chile lo ha hecho llegar y, claramente, da una visión diferente, por no decir contradictoria, del informe elaborado por el Brigadier Hormazábal. Además, consigna un hecho muy importante, cual es que los pasivos de la empresa serán absorbidos por medio de la cesión gratuita al Fisco. Eso, según este informe, garantiza la rentabilidad de la empresa.

El informe del General Hormazábal a que hacía mención, da una visión negativa de la empresa. Sostiene que no es rentable; que no vale la pena adquirirla; que presenta muchos problemas técnicos; que, incluso, considera incursionar en otros rubros; que ha tomado contacto con Codelco, con la Compañía de Teléfonos y con Ferrocarriles, a fin de abrir nuevas perspectivas para que la empresa pueda producir; donde afirma que se mantiene con adelantos del Ejército por contratos pendientes, porque no tiene un flujo de capital adecuado. El informe fue reiterado, mediante oficio de 30 de diciembre de 1988. Representa lo que, a su juicio, era la situación de la empresa cinco días antes que el Ejército adquiriera el 51 por ciento de las acciones, por un valor aproximado de 20 millones. En él se señala, categóricamente, la falta de rentabilidad, y no voy a insistir en eso.

Al momento de fijar el valor de las acciones por adquirir, hay que recordar que PSP S.A se ha desprendido de parte importante de sus activos la planta de calle Biaut, y que el Ejército de Chile ha asumido la totalidad del pasivo, liberando a los vendedores de toda obligación, respecto de dicha deuda. Este es un punto que se ha redactado de nuevo, de mejor manera, en el informe definitivo, y les ruego a los señores Diputados que lo tengan en cuenta.

Con fecha 2 de enero -éste es otro punto importante- se implementa lo resuelto, de aumentar la participación accionaria que actualmente tiene el Ejército, a través de este Comando, adquiriendo el 51 por ciento de las acciones ya indicadas. Existen dos documentos firmados por el General Hormázabal, denominados "Resolución N° 1". Esta resolución es la que indica: "Este es el valor a pagar; cómprese la acción". En uno de ellos se señala que la adquisición y el valor de las acciones han sido resueltos por el Comandante en Jefe del Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, y se invoca el informe económico elaborado por la empresa, al que hacía referencia el propio Brigadier Hormazábal, reiterado con fecha 30 de diciembre de 1988.

En el segundo documento no se menciona al General Augusto Pinochet Ugarte, ni el informe económico, a que se hace alusión, sino que se menciona lo dispuesto por el Vicecomandante en Jefe del Ejército "en el sentido de proceder del modo indicado". Esta es la resolución que, en definitiva, operó, siendo enviada al Ministerio de Hacienda y encontrándose archivada en las carpetas correspondientes del Ejército, según consta del certificado notarial otorgado por don Víctor Manuel Correa.

A raíz de esta situación, publicada en los diarios, el General Hormazábal pidió comparecer ante la Comisión, y señaló que el primer documento lo había preparado y firmado bajo el error de creer que la orden emanaba, efectivamente, del Comandante en Jefe; pero que el 2 de enero había recibido la orden verbal del Vicecomandante en Jefe, de que era él y no el Comandante en Jefe quien había ordenado esta operación. En consecuencia, procedió a confeccionar la Resolución N° 1 de la misma fecha.

Aquí hay que consignar un hecho que es importante. El General Hormazábal declaró que no sabía que los pasivos de esta empresa iban a ser eliminados. Sin embargo, se le hizo notar que en el punto 3 de su propio informe económico, él consigna expresamente que aun cuando los pasivos de la empresa pudiesen ser eliminados, ya sea por el aporte de terceros u otra modalidad, ello sólo aliviaría la precaria situación económica en que la empresa se encontraba.

Con fecha 4 de enero de 1989 se giran los cheques respectivos, a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. El considerando 3a de la Resolución Na 1, es lo que acabo de leer respecto del informe económico elaborado.

Los testimonios de Luis Valdivieso e Isidro Solís son categóricos en señalar que el 8 por ciento que poseía el primero fue negociado con Augusto Pinochet Hiriart. A fojas 143, Valdivieso señala que Augusto Pinochet Hiriart le dijo: "Mira, si esto no lo compra el Ejército, yo tengo mucho interés en comprar tu parte". "Eso me dijo don Augusto Pinochet Hiriart cuando me pidió ese mandato; o sea, el poder". Por su parte, Solís explica que "Nosotros no participábamos en las negociaciones que se hacían con el Ejército"; que "ellos nos planteaban que el Ejército quería comprar el total de la fábrica; que estaban tratando un precio y nosotros negociábamos con ellos; básicamente, con

Eduardo Le Roy y Augusto Pinochet, más asesores".

El señor Solís declara, además, que "el negocio de la venta del 8 por ciento del señor Valdivieso en PSP S.A. se materializó para nosotros a principios de enero de 1989. Era una opción de compra, desde que se perfecciona el negocio; para los efectos nuestros en el momento en que llegan con las platas y nos pagan; ahí hacemos el traspaso de las acciones, esto es, en enero de 1989". A fojas 141, consultado respecto de quién le hace entrega del cheque a su cliente, responde: "La verdad es que se le entregó en efectivo, no en cheque, y se lo entregan Eduardo Le Roy y Augusto Pinochet Hiriart. El dinero fue entregado en las Oficinas de PSP S.A., ubicadas en la calle Matías Cousiño".

En cuanto a la naturaleza del mandato con que actúa en esta etapa Augusto Pinochet Hiriart, el señor Solís declara a fojas 165que "no era para percibir; fue para representar y llevar adelante una negociación y, obviamente, lo que él recibe a cambio es un traspaso accionario que da cuenta del pago". Por su parte -a fojas 139-, el señor Valdivieso ratifica el hecho de que el dinero le fue entregado por "don Augusto Pinochet con don Rodrigo Claro".

El testimonio de Solís indica que el traspaso de acciones no fue firmado con anterioridad al giro de los cheques; sino que aquello ocurrió contra recibo de dinero. Esto es importante, por cuanto el Brigadier Hormazábal no comparte este juicio y, en realidad, tiene la visión exactamente contraria.

En relación con el valor comercial de PSP S.A., el señor Luis Valdivieso declaró ante la Honorable Comisión tener la impresión de que "una empresa de ésas, según el informe del IMI (Industrias Militares de Israel) -y cita otras empresas-, cuesta entre 35 y 50 millones de dólares". El señor Solís habla de 10 millones de dólares. El General Hormazábal Díaz expresó que "una planta alternativa -y puede ser consultado en cualquier parte del mundo- vale 20 millones. Eso es lo que vale una planta de fusiles, y quizás más". Además de los testimonios anteriores, en el memorando secreto, de 14 de diciembre, elaborado por la Vicecomandancia en Jefe del Ejército, se señala, como expresé denantes, que el costo alternativo de una planta nueva, que incluya elementos para esta fabricación, vale 20 millones de dólares.

Por otra parte, en el informe del Desarrollo Técnico Industrial de PSP S.A., elaborado el 1° de febrero de 1988, por el gerente general de esa empresa, don Raimundo Claude Fonk, y presentado ante el directorio de la misma, se señala una serie de carencias que afectan a la empresa —es decir, esto es poco después de su adquisición- y se sugiere la adopción de medidas; entre éstas, la adquisición de una marteladora grande y maquinaria complementaria. Se consigna que ninguna de las plantas reúne las condiciones adecuadas; se sugiere la adquisición de un terreno de 20 mil metros cuadrados, y se advierte que, en líneas generales, no es posible tener una fábrica de armamentos pequeña.

El principal cliente de PSP, como lo fue de Valmoval Ltda., es el Ejército de Chile. En razón de esta consideración, los socios de la empresa se habían traspasado, a título gratuito, el 49 por ciento de las acciones, para así garantizar un mercado para PSP S.A. En consecuencia, la determinación del valor de las acciones, más allá del presunto valor comercial de las maquinarias, está determinado por factores enteramente dependientes del propio Ejército, máxime si el valor de la empresa está afectado por un fuerte pasivo que sólo éste puede solucionar.

El señor ESTEVEZ.-

Los socios de la empresa "le habían traspasado", dice el texto.

El señor SCHAULSOHN.-

Correcto. Hay un error ahí.

En cuanto al valor de los activos de la empresa, éste sería, aproximadamente, de 600 millones de pesos, es decir, de 3 millones de dólares, según el informe de una empresa especializada, que consta en los documentos.

El General Hormazábal señaló ante la Honorable Comisión que su informe negativo se debió a su desconocimiento del hecho de que se fueran a solucionar los problemas del pasivo del PSP. Respecto de este tema, ya aclaré la situación y no quiero reiterarla.

Me he saltado todos los pies de páginas donde se hace referencia a la forma en que Augusto Pinochet Hiriart estuvo presente en las conversaciones y negociaciones; desde aproximadamente el mes de junio de 1987 hasta el momento en que recibe los cheques girados por el Ejército.

Consideraciones finales.

En este informe hemos considerado la observación de que Augusto Pinochet Hiriart aparece vinculado a los hechos objeto de esta investigación, junto con la firma PSP Ltda. en el contexto de las negociaciones relativas a la adjudicación de Valmoval Ltda., a dicha empresa; en el memorándo del Coronel Arangua dirigido, según su propio testimonio, al Vicecomandante en Jefe del Ejército, en calidad de presunto adquirente de un porcentaje accionario -figura ahí- como interesado en la adquisición de la planta de Augusto Biaut, y en relación con los tres cheques girados por el Ejército de Chile a su nombre.

En su testimonio ante la Honorable Comisión, el señor Pinochet declaró que nunca ha tenido la calidad de socio de PSP ni ha sido accionista de ella.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, en la página 55, en el punto 2, se señala, justamente, lo que acaba de sintetizar el colega Schaulsohn: que Pinochet Hiriart nunca ha tenido calidad de socio de PSP. Sin embargo, en la mitad de la página 56 se señala que fue socio con Le Roy de PSP S.A., en más de un 40 por ciento.

El señor SCHAULSOHN.-

Hay un problema de transcripción.

El señor AGUILO.-

Es bueno aclararlo, porque hay una contradicción evidente.

El señor SCHAULSOHN.-

Son sociedades distintas. Pero vamos a llegar a eso.

Tengo la impresión de que en el texto que los señores Diputados tienen en su poder, a lo mejor, este testimonio está más complementado.

Leeré del texto que se tiene acá:

"Que su actuación en PSP se debió a una larga amistad con Eduardo Le Roy, a quien prestó asesoría técnica, precisando que lo hacía directamente a éste y no a la sociedad PSP S.A.

"Que, en tal condición, obtuvo crédito en el extranjero por una suma superior a los US$ 2.000.000 para PSP S.A.

"Que adquirió maquinaria y piezas para la fábrica.

"Que respecto de estos créditos no existen documentos, porque se obtuvieron sobre la base de la confianza y de contactos personales.

"Que esperaba recibir dinero en efectivo por parte del Ejército, y no cheques, como en definitiva ocurrió.

"Que tras depositar los cheques en su cuenta personal, procedió a cambiar los pesos a dólares de USA en el mercado secundario.

"Que pagó a Valdivieso la suma que a éste correspondía, en dólares de Norteamérica. El señor Solís declaró que firmó el traspaso de las acciones en el mismo momento en que recibió el dinero de parte de los señores Le Roy y Pinochet Hiriart.

"Que Le Roy recibió una ínfima cantidad de dinero, por cuanto éste fue destinado a pagar créditos obtenidos en el extranjero por Augusto Pinochet Hiriart, en representación de don Eduardo Le Roy Vicuña.

"Que él viajó a efectuar los pagos.

"Que su gestión no fue remunerada.

"Que con Le Roy mantenía relaciones comerciales.

"Que fue socio con Le Roy en PSP S.A. en más de un 40 por ciento de su capital, y que esta sociedad terminó ante su imposibilidad de pagar el valor de sus acciones.

"Que él nunca le contó a su padre, don Augusto Pinochet Ugarte, su vinculación con PSP y que su padre no tenía ningún conocimiento de su relación con dichas empresas.

"Que viajó con frecuencia para apoyar a Le Roy.

"Que nunca utilizó la influencia que podría tener su padre en sus actividades comerciales".

Quiero señalar que me parece importante citar la declaración ante la Contraloría General de la República, que está en un pie de página y que seguramente los señores Diputados encontrarán. En la sesión de directorio de PSP S.A., el señor Le Roy declaró que tenía relaciones comerciales con Pinochet Hiriart y que había recibido el dinero, de común acuerdo con él, para dedicarlo a la adquisición de maquinarias o industrias. Ahí, nosotros lo pusimos en un pie de página, que los señores Diputados seguramente encontrarán.

En la sesión de directorio de PSP S.A. celebrada el 23 de diciembre de 1987, el asesor técnico que acompañó en el viaje a Europa al ingeniero señor Raimundo Claude hace una breve reseña del viaje en su informe extraoficial, anunciando que al regreso de éste -o sea, del señor Claude- habrá un informe especial sobre el viaje. El informe oficial aludido está suscrito por el señor Raimundo Claude Fonk, en su condición de gerente de Ingeniería. En su primera página se consigna que el viaje fue "efectuado por los señores Augusto Pinochet Hiriart y Raimundo Claude".

En sesión de directorio de 13 de abril de 1988, se debaten posibles viajes a Israel, Corea y Brasil. Se resuelve que el "gerente general presentará al señor Presidente (del directorio) un memorándo para ser elevado al señor Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, en relación con este tema y con el objeto de solicitarle emitir un pronunciamiento al respecto, y la aprobación para el o los viajes que correspondan, a los miembros militares del directorio".

En sesión de 20 de abril de 1988 se dio lectura al memorándo preparado por la gerencia relativo a los viajes a Israel, Corea y Brasil del personal ejecutivo de PSP S.A. En el citado memorando "se solicita a S.E. el Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército una resolución sobre los siguientes aspectos:

"Autorización para seguir conversaciones con las empresas extranjeras ya citadas.

"Autorización para visitar dichas empresas.

"Autorización para la adquisición de licencias.

"Autorización para fabricar armas automáticas en el futuro".

Se resolvió "esperar la resolución de S.E. el Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército sobre el tema".

En sesión de directorio N° 10, de 11 de mayo de 1988, el Brigadier Arangua informó, sobre "lo resuelto por el señor Comandante en Jefe del Ejército respecto al memorando presentado por el director, Teniente Coronel don Emilio Timmerman, en relación a los contactos con empresas de Corea, Brasil e Israel". Las orientaciones al respecto contemplan la aprobación para iniciar conversaciones más concretas y el viaje a esos países de los ejecutivos de PSP S.A. que se designen.

"Se informa, por último, de la incorporación al directorio del señor Adolfo Carmona González, nuevo director civil, que representa al accionista privado mayoritario, en reemplazo del señor Eduardo Le Roy Vicuña, quien renunció".

Finalmente, constataciones y acuerdos.

La Honorable Cámara de Diputados constata que la Comisión Especial Investigadora del Giro de Sumas de Dinero por el Ejército ha cumplido cabalmente su cometido, escuchando numerosos testimonios y recopilando información y antecedentes que contribuyen a esclarecer la verdad de los hechos, materia de la investigación.

No le compete a esta Corporación calificar la naturaleza jurídica de esos hechos ni establecer las responsabilidades civiles o penales que pudieren derivarse de los mismos.

Por ello, la Honorable Cámara de Diputados acuerda remitir al señor Contralor General de la República el informe de la referida Comisión investigadora y sus antecedentes, con las siguientes consideraciones, para que los analice y ejerza sus atribuciones legales, informando a esta Honorable Cámara de su decisión:

1.Que en la tramitación del proceso de la quiebra de la Unidad Económica Valmoval Ltda. se aprecian hechos que podrían constituir transgresiones a las normas establecidas en la Ley de Quiebras;

2.Que en el otorgamiento de créditos a la Empresas PSP Ltda., por parte de la Corfo, en la cesión del crédito efectuada a esta última institución por parte del Bano del Estado y en la cesión del crédito a título gratuito al Fisco-CIMI, existirían eventuales irregularidades de carácter administrativo, las que podrían afectar el patrimonio de dicha corporación;

3.Que en cuanto a los poderes con que se actuó en representación del Fisco-Ejército de Chile en la quiebra de la empresa Valmoval Ltda. no se habría dado cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos para conferir dicha representación;

4.Que podrían existir reparos jurídicos a la eventual asociación entre el CIMI y una sociedad anónima civil, con anterioridad a la dictación de la ley N° 18.723, del 12 de julio de 1988;

5.Que si bien no se puede dar por establecida la calidad jurídica en que el señor Augusto Pinochet Hiriart participó en los hechos objeto de nuestra investigación, se desprende de ellos que sus actuaciones exceden de las atribuciones propias de un mero mandatario; aun cuando, en el cobro de los cheques, hubiere hecho uso de poderes legalmente conferidos al efecto.

Por último, señor Presidente, quiero expresar el reconocimiento de la Honorable Comisión al Ejército de Chile, institución que en todo momento estuvo dispuesta a colaborar con nuestra investigación, y nos permitió, de manera fundamental, esclarecer la verdad de los hechos que hemos expuesto.

También deseo manifestar mi reconocimiento a los señores Diputados de todos los partidos políticos que participaron en la Comisión, en un esfuerzo que sólo estuvo marcado por el deseo y la determinación absoluta y fundamental de dilucidar la verdad.

Espero que hayamos cumplido a satisfacción de esta Honorable Cámara.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, desde luego anuncio mi voto favorable a este informe, por haber participado en la Comisión. No obstante la opinión institucional de la Comisión y la que emita esta Cámara, quiero exponer mis apreciaciones personales sobre los hechos y antecedentes reunidos por la Comisión.

Según el artículo 48, de la Constitución Política de la República, "son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 1.- Fiscalizar los actos del Gobierno", que es hacer oficio de fiscal, persona que averigua las operaciones, o que critica o trae a juicio las acciones de otro. Se debe formular un juicio de valor acerca del contenido de lo averiguado, respecto del ordenamiento jurídico y de su adecuación al bien común.

Fiscalizar los actos del Gobierno es ejercer el oficio de fiscal, y en ese sentido es necesario explicitar las conclusiones de este informe.

Lo hago también por un imperativo de conciencia, señor Presidente, porque creo que es mi deber frente al país formular algunos cargos que fluyen de los antecedentes reunidos.

1.Se han celebrado, clandestinamente, cuatro contratos de fabricación de fusiles: dos con Valmoval Ltda. por 10.000, por un valor de 10 millones 440 mil dólares, luego rebajados a 3.300 fusiles, pagando el Ejército 5 millones 759 mil 153 dólares el 26 de junio de 1979, y el 21 de noviembre de 1980. Sólo se entregaron 100, siendo aceptados sólo 68. Otros dos contratos con PSP S.A., el 9 de mayo de 1988 y el 11 de agosto de 1989, por mil fusiles cada uno. El Ejército entregó 3 millones de dólares, en circunstancias de que sólo se han fabricado 745 fusiles a la fecha, sin tener la aprobación del Instituto de Investigación y Control del Ejército, ni poseer, a la época de los contratos, la respectiva autorización competente que exige el artículo 4° de la ley N° 17.798 y el artículo 22 del Reglamento de Control de Armas, decreto supremo N° 77, del Ministerio de Defensa Nacional.

Lo anterior se agrava por haberse elaborado dichas armas con tecnología copiada del fusil SIG, aportada por el señor Luis Valdivieso Rodríguez, uno de los mandantes del señor Augusto Pinochet Hiriart, sin autorización o licencia de la industria suiza. Todo ello infringiría el artículo 10 de la referida ley y el artículo 6°, letra g), de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Al mismo tiempo, importa un grave incumplimiento civil, de acuerdo con el artículo 1489 del Código Civil, puesto que habiéndose entregado 8 millones 759 mil 153 dólares por el Ejército...

El señor GARCIA (don René Manuel).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cuando el Diputado señor Elgueta termine de redondear su idea, le consultaré si le concede una interrupción.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, es una información reservada.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, es para decir que esa información fue calificada en la Comisión como reservada.

El señor ELGUETA.-

Estoy con el uso de la palabra, señor Presidente.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Ese antecedente es de carácter secreto. No se puede aprovechar en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Elgueta, algunos Diputados señalan que estaría dando una información calificada de secreta en la Comisión.

El señor ELGUETA.-

Voy a terminar esa parte.

El Ejército sólo recibió 845 fusiles de los 5.300 pagados, sin que haya habido devolución de capital ni pago por perjuicios en once años. La crisis de 1978 con Argentina, no excusa este magro resultado. Tampoco lo justifica la placa puesta en un fusil entregado al Comandante en Jefe y ex Presidente, con la inscripción: "Tengo el honor de poner en su mano el primer fusil producido en Chile". Dicho por el señor Valdivieso a fojas 760.

2.Haberse cometido en la quiebra de Valmoval Limitada diversas irregularidades:

A)Se declaró la quiebra el 4 de junio de 1982, por lo que le eran aplicables la ley N° 4.558 y el decreto ley N° 1.509, de 1976, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo l2 transitorio de la nueva Ley de Quiebras N° 18.175, en su parte sustantiva. No obstante ello, la quiebra se tramitó conforme a esta última, razón por la cual la Corfo era el organismo competente para determinar su calidad de unidad económica y no la Junta de Acreedores, como se hizo. Esta infracción tiene como sanción la nulidad absoluta de esos actos, de acuerdo con los artículos 1698 y siguientes del Código Civil, por tratarse de normas de orden público;

B)La intervención del Brigadier Luis Arangua Ojeda y del abogado Samuel Correa Meléndez, en más de 30 sesiones dg la Junta de Acreedores, como representantes del Fisco de Chile, contraviene el decreto ley N° 2.573, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, ya que, sin ser funcionarios de ese servicio ni estar autorizados por el Honorable Consejo del Estado, como lo disponen los artículos 1°, 9° y 14, número 1), de ese cuerpo legal, concurren a la adopción de acuerdos y presiden reuniones careciendo de poder o de representación o aparentan tenerla, razón por la cual habrían incurrido en el delito penado por el artículo 468, del Código Penal.

C)Haber celebrado personeros militares con civiles, durante la quiebra aludida, dos convenios secretos: uno, con Tecnojaeger, por decreto supremo N° 696, de julio de 1987, y el otro, el 7 de septiembre del mismo año, con PSP Limitada, por decreto supremo N° 903, que derogó el anterior, mediante los cuales, en uno y otro caso, se burlaban los intereses de la masa de la quiebra, pagándose el Ejército con el 51 por ciento de la sociedad adquirente y con otros bienes, en circunstancias de que su crédito era valista. Se rompe así la pars conditio creditorum y se incurre en la figura de quiebra fraudulenta y complicidad prevista en los artículos 220, número 13, y 221, número 5, de la Ley de Quiebras, por celebrar convenios privados en perjuicio de la masa, y artículo 193, número 8, del Código Penal, que castiga a los que ocultan un documento oficial en perjuicio del Estado o de particulares, lo que también se vincula con el artículo 367, número 5, del Código de Justicia Militar, lo cual cabe añadir la simulación contemplada en el artículo 471, número 2, del Código Penal. No constituye excusa lo afirmado por el General Ballerino, que se trata de los documentos a que se refiere el artículo 436, número 3, del Código del Justicia Militar, puesto que tal precepto se dictó el 27 de noviembre de 1988, es decir, con mucha posterioridad a la celebración de esos convenios.

D)Haber suscrito un contrato de venta de la fallida Valmoval Limitada a PSP Limitada, mutuo y prenda, como unidad económica, sin considerar el inventario completo, ni los bienes intangiles como know how, en que el Síndico recibe 1 millón de dólares para los acreedores, mientras que, en la misma escritura de 14 de septiembre de 1987, se pagan 500 mil dólares al señor Luis Valdivieso, perjudicándose a la masa de acreedores e infringiendo el artículo 38 de la Ley de Quiebras.

3.Haber obtenido PSP Sociedad Anónima un préstamo de la Corfo por 70.203 unidades de fomento, acordado en sesión de 4 de septiembre de 1987 y mate realizado el 10 de noviembre de 1987, mediante engaño, consistente en la presentación de un informe de prefactibilidad, en el que intervino Augusto Pinochet Hiriart, respecto de una empresa quebrada, de la cual no era dueña. Fundó su solicitud en que el dinero se invertiría en la fabricación de herramientas para la minería, cuando en verdad era para una fábrica de armamentos, lo que no se menciona en parte alguna de los documentos existentes; no se dictó la resolución respecto que debía ejecutar la voluntad de la Corfo. Cabe hacer presente que el citado informe se presentó y el mutuo se acordó, mientras aún estaba pendiente la venta de la fallida a Tecnojaeger, no pudiendo ignorar, al menos los consejeros militares de la Corfo, la real finalidad del préstamo, fines que, por ley, no le son propios, lo que podría configurar el delito de simulación, sancionado en el artículo 471, N° 2, del Código Penal.

4. Haber adquirido la Corfo del Banco del Estado el crédito contra PSP S.A., de 89 mil 667 unidades de fomento, pagando 98 mil 519,0977 unidades de fomento al contado, según escritura del 28 de junio de 1988. Violó su Ley Orgánica, N° 6.640, puesto que la Corfo no tiene ese fin, y al acordar tal compra fuera de tabla, o sea, sin antecedentes; adquirir un crédito impagable, y disminuir su patrimonio en dinero efectivo, que debió dedicar al fomento.

5. Haber celebrado la Corfo una donación, Por escritura pública del 17 de mayo de 1989, cedió al CIMI sus créditos contra PSP S.A., los que compró al Banco del Estado en 98 mil 519,0977 unidades de fomento. Los donó en 92.000 unidades de fomento, perdiendo la diferencia. Asimismo, regaló 70.203 unidades de fomento de su crédito al mismo CIMI, en circunstancias anómalas, como la de aparecer el General Fernando Hormazábal Díaz, como Jefe del CIMI, aceptando la donación, y como Presidente de PSP Sociedad Anónima notificándose de la cesión como deudor; como la de donar un crédito incumplido y con cláusulas de aceleración, que le haría exigible el total; como la de estimar el General Hormazábal que, con esta donación de cerca de 200.000 unidades de fomento, se extinguió la deuda, cuando en la propia escritura se dice que PSP Sociedad Anónima, que preside el citado General, sigue con la deuda pendiente y que lo mismo sostiene el ex Fiscal de la Corfo, señor Ismael Ibarra Léniz, no obstante que en el referido instrumento no se precisó la modalidad de su pago, lo que perjudicó a la Corporación; como la de haber celebrado una cesión de crédito gratuita, que no es tal, tendiente a provocar una hipotética confusión del artículo 1.665 del Código Civil, como si el CIMI fuera lo mismo que la Sociedad PSP Sociedad Anónima, en circunstancias de que el CIMI carece de personalidad jurídica, por lo que no se trata de la misma persona, sino de dos distintas: Fisco y PSP Sociedad Anónima, y, por último, porque no pudo darse la donación cuando notoriamente los crédito se donan al CIMI para que PSP S.A. pague en trabajos, armamento y repuestos.

6. Haber ordenado, asimismo, la participación de militares, como directores provisorios y definitivos de PSP S.A., desde el 7 de enero de 1988, en circunstancias que son funcionarios del Estado, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, infringiendo la prohibición del artículo 35, número 4a, de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, que impide dicha actividad, puesto que tal Ministerio, por intermedio de la Dirección de Movilización Nacional, controla y fiscaliza la fabricación de armamentos, según la Ley sobre Control de Armas y su reglamento.

7.Haber faltado al principio de la legalidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, en relación con su artículo 19, número 21, al haber dispuesto los más altos jefes del Ejército la conformación de una empresa comercial estatal de armamentos, mediante el arbitrio de adquirir el 49 por ciento de las acciones; y luego, el 51 por ciento de PSP S.A., cuando el Estado no puede dedicarse á actividades empresariales, salvo que una ley de quorum calificado lo permita, lo que también dispone el artículo 6° de la ley N° 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado, no existiendo a la fecha una ley que lo autorice. Así lo ha expresado la Contraloría General de la República en tres dictámenes: 4839/90, 28898/90 y 25606/90, -documentos agregados al anexo del informe-, en los que señala que la ley N° 18.723, que creó un fondo de afectación fiscal, no autoriza al CIMI a formar tales sociedades, siendo, en consecuencia, absolutamente nula tal actividad empresarial; además, acarrea las sanciones correspondientes a sus autores, según los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Como me queda muy poco tiempo, termino puntualizando que se ha dicho y sostenido en todas estas acciones se ha actuado por orden del Comandante en Jefe, lo que implica solamente la responsabilidad de los Vicecomandantes.

Si en un ejercicio mental suprimiéramos a don Augusto Pinochet ligarte de todas estas actividades, indudablemente que no habría préstamos del Banco del Estado, no habría donaciones, no habría préstamos Corfo y no se habría realizado ninguna de estas operaciones. En consecuencia, él estaba en una especie de posición de garante en la cual aun estando alejado de la acción, la dirigía y gobernaba.

Creo que los hechos mencionados en el informe demuestran que, cuando se actúa por orden, tanto en el derecho privado como en el derecho público, sus efectos se radican en el delegante. Por lo tanto, incluso de acuerdo con el Reglamento de las Fuerzas Armadas, el superior en el mando responde hasta de las omisiones o descuidos en que incurran sus inferiores, según el artículo 10 de ese Reglamento.

8.Haber infringido el artículo 12 de la ley de sociedades anónimas y el 15 de su reglamento, al adquirir las acciones de PSP S.A. en el 49 y en el 51 por ciento, puesto que las firmas de los cedentes no fueron autorizadas ante notario, ni se dejó constancia de la mayoría de edad de los testigos, no obstante las órdenes que así lo dispusieron.

9.Haber confeccionado dos instrumentos públicos con la misma numeración y fecha, como la resolución N° 1, de 2 de enero de 1989, emitida por el General Femando Hormazábal Díaz, para comprar el 51 por ciento de PSP S.A., con un párrafo primero de distinto texto, ya que en uno se menciona una orden del Comandante en Jefe del Ejército, y en el otro no existe tal mención, hecho que podría constituir el delito de falsificación de instrumento público, según el artículo 193 del Código Penal.

10.Haber adquirido el 51 por ciento de las acciones de PSP S.A., pagándolas con tres cheques, fechados el 4 de enero de 1989, por $ 971.940.401, a favor de Augusto Pinochet Hiriart, el que los percibió mediante poderes privados, en circunstancias de que los mandantes ya habían formado los recibos de dinero el 29 de diciembre de 1987, y de que los poderes fueron datados el 30 de diciembre de 1987 y, en otro caso, el 15 de noviembre de 1987 -en el cual Valdivieso Rodríguez ni siquiera le da facultad de percibir- dineros que el señor Augusto Pinochet Hiriart declara haber recibido para pagar deudas en el extranjero, no documentadas, demostrando que existía una simulación en perjuicio del Fisco, puesto que dicha sociedad PSP S.A. no ha cumplido el contrato de fusiles ni ha pagado las casi 200 mil unidades de fomento que adeudaba a la Corfo, cuando en verdad lo que correspondía era compensar el precio de las acciones con la deuda de PSP S.A. al Ejército, que alcanzaba a más de 7 millones de dólares.

11.Haberse girado los tres cheques en cuestión al hijo legítimo del señor Comandante en Jefe del Ejército, sin observar la prohibición del artículo 78 del Estatuto Administrativo, letra b): "Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción", lo que moralmente es aplicable a todos los funcionarios y está sancionado en el artículo 240 del Código Penal.

En el Derecho Penal se habla de los autores "garantes", que son aquellos que, no siendo los ejecutores materiales, su misión es actuar para impedir el daño; son los que están lejos de la acción, pero la gobiernan, la dirigen o la conocen y dejan que ella continúe. Los garantes no son intercambiables; si se les suprime, no hay conductas penales y los hechos irregulares no acaecen. En un ejercicio mental, si no hubiera existido la relación familiar del Comandante en Jefe del Ejército y ex Presidente de la República con su hijo, o suprimiendo al primero, ¿se habrían dado los préstamos del Banco del Estado, de la Corfo, los directorios militares en sociedades anónimas, la constitución de sociedades anónimas con cesión de créditos, la donación de 200 mil unidades de fomento, los contratos secretos, los pagos indebidos, los poderes irregulares, etcétera? Luego, se infiere que sin la figura omnipresente de Augusto Pinochet Ugarte no habrían acontecido los hechos investigados. Pero hubo intervenciones directas, como la dictación de los decretos supremos reservados N°s. 696, de 8 de julio de 1987, y 903, de 7 de septiembre de 1987, del Comandante en Jefe del Ejército, ordenando celebrar convenios secretos, la resolución en que el General Hormazábal cita lo resuelto por el Comandante en Jefe del Ejército, de 2 de enero de 1989; el informe del mismo General, de 30 de diciembre de 1988, respondiendo el oficio del Comandante en Jefe del Ejército; el informe Arangua, en el sentido que PSP S.A. debe seguir bajo el mando directo del Comandante en Jefe del Ejército; las declaraciones de Arangua, que rolan a fojas 78 y 72, sobre convenios secretos; y las numerosas actuaciones de los Vicecomandantes en Jefe "por orden del Comandante en Jefe del Ejército", que nadie ha desconocido en todo este proceso.

Actuar "por orden" no explica ni excusa la responsabilidad del delegante por la conducta del delegado. En el orden privado, los efectos del mandato cumplido por el mandatario se radican en el mandante, y lo mismo sucede en el derecho público, en que las responsabilidades corresponden al delegante. Incluso, en el caso de las Fuerzas Armadas, el superior al mando debe responder hasta por la omisión o descuido de sus inferiores, según el artículo 10°, del Reglamento de las Fuerzas Armadas.

Señor Presidente, en verdad, todos nosotros quizás deberíamos hacemos la misma pregunta que los orgullosos generales espartanos formularon al oráculo de Delfos: "-¿Qué puede perder a Esparta?". Y la respuesta fue dura y seca: "- ¡La corrupción y el lujo!".

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente y Honorables colegas, en los cuatro minutos y medio que le corresponden a mi bancada, no es posible hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes relatados por el colega Schaulsohn, informante de esta Comisión especial.

De allí que, en una síntesis apretada y con el propósito de dar cumplimiento a un imperativo de conciencia personal, y también por respeto al cargo para el que he sido elegido por el pueblo, simplemente expresaré algunas convicciones personales a las que he llegado, después de haber sido parte integrante de esta Comisión investigadora.

En primer lugar, tengo la convicción legal, fundada en los antecedentes reunidos, que esta Comisión ha descubierto graves irregularidades e ilicitudes de variada índole, en las materias aquí tratadas.

Estas irregularidades e ilícitos van desde la adjudicación de la unidad económica Valmoval en quiebra, a la no incorporación de bienes a la masa de la quiebra, a participación del Ejército en negociaciones o convenios secretos que causaron perjuicios a los terceros acreedores, el otorgamiento de créditos por parte del Banco .del Estado y de la Corfo, para financiar a PSP; a la cesión o compras de créditos por sobre 200 mil UF que, en definitiva, se tradujeron en una condonación de los mismos. Además, hay irregularidades en la compra o participación de empresas por parte del Ejército, en la forma cómo se pagaron acciones o el valor de acciones a don Augusto Pinochet Hiriart y en la forma cómo se procedió al traspaso de tales acciones. Y, por último, también existen irregularidades en la compra de una maestranza que hizo PSP, la empresa de la que don Augusto Pinochet está confeso de haber sido socio.

Estas irregularidades o ilícitos son de naturaleza diversa y, por su gravedad, deben ser conocidas e investigadas por los órganos administrativos y jurisdiccionales pertinentes.

En segundo término, tengo la convicción legal de que don Augusto Pinochet Hiriart ha tenido una activa participación en muchas de esas irregularidades e ilicitudes. Y ello es grave, puesto que, más allá del reproche jurídico que se pueda formular, aquí cabe un categórico reproche moral, social y ciudadano.

Nunca antes, en la historia de nuestra Patria, el hijo de un Presidente de la República se había visto involucrado en hechos de esta especie. Al contrario, todos los hijos de los Presidente de la República siempre ayudaron a preservar la dignidad y prestigio del cargo desempeñado por sus progenitores. Por ello, considero pertinente que la opinión pública conozca estos antecedentes y que emerja el justo reproche ciudadano.

En tercer término, tengo la convicción legal de que muchos de los hechos investigados debieron o tuvieron que estar en conocimiento del Comandante en Jefe del Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte. Y ello no sólo por el mérito de algunos antecedentes o de las disposiciones legales que reglamentaban estas operaciones y que las hacían directamente dependientes de dicho Comandante en Jefe, sino que por la naturaleza y las características del Gobierno que regía en la época en que se desarrollaron esas negociaciones.

En mis clases de derecho penal, cuando enseñaba la teoría de la equivalencia de las condiciones, explicaba cuándo una condición es causa de un resultado. Y decía que ello se entendía a través del proceso de la supresión mental hipotética. Es decir, cuando suprimimos la condición, desaparece el resultado.

En la especie, la condición es la forma de Gobierno que regía en esa época: un Gobierno en el que no existía fiscalización o control de los actos del mismo; una autoridad que no tenía más ley que su propia voluntad, ni más límite que su propia voluntad, ni más contrapeso que otra voluntad. Y esto lo hemos esclarecido gracias a este Congreso, que vive y forja la democracia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, deseo comenzar mi intervención, recordando a esta Honorable Cámara las palabras del General Fernando Hormazábal Díaz, representante del Ejército, al finalizar su última intervención en la Comisión investigadora.

Ante una pregunta acerca de si consideraba una "agresión" al Ejército la existencia de esta Comisión, contestó, en forma clara y directa, que ni él ni ningún oficial entendían que esta investigación implicara una agresión a su institución. Son importantes estos conceptos, porque muchos, interesadamente, han querido ver en nuestro trabajo cierta intencionalidad mezquina en contra del Ejército de Chile.

La primera pregunta que debemos responder es si se justificó la decisión de la mayoría de la Cámara al establecer esta Comisión. Creo, señor Presidente, que el informe entregado por el Diputado Schaulsohn no sólo muestra lo importante que es el esclarecimiento de la verdad sobre un determinado hecho, como fue, en este caso, el pago de alrededor de mil millones de pesos a Augusto Pinochet Hiriart, sino también la necesidad que tiene toda sociedad de hacer transparente el ejercicio de la administración y del servicio público, sobre todo cuando están comprometidos recursos fiscales.

Más allá del caso en sí, esta Comisión investigadora ha servido para fortalecer la importancia de esta función dentro del sistema político. Lo que diferencia a la democracia de todo tipo de dictaduras es el derecho que tiene el pueblo a estar informado y a controlar, a través de sus representantes, los actos del Gobierno.

Por eso, celebro que esta Comisión se haya constituido por decisión de la Cámara; que hayan participado, en forma responsable, Diputados de todas las bancadas. Celebro, también, la excelente condución de su Presidente, el Diputado Jorge Schaulsohn.

La segunda interrogante tiene que ver con la evaluación que hemos efectuado del hecho particular, objeto de esta investigación.

Mi primera afirmación es que estamos frente a una situación única, grave y delicada. Única, porque no hay otro antecedentes del que yo tenga conocimiento en nuestra historia política, como el que estamos analizando. El solo hecho de que el hijo del Comandante en Jefe usara sus influencias para cobrar, como lo declararon en la Comisión los generales que participaron en ella, es un acto que no está, a mi entender, moralmente permitido en los cargos que se detentaban.

Pero todos hoy sabemos que la explicación oficial reconocida era parcial. La investigación nos dio nuevas luces que el informe ha puesto de relieve. Se trató de un largo y complejo proceso en el cual estuvo envuelto el señor Augusto Pinochet Hiriart, con el objeto de que se tomaran decisiones en bancos y en instituciones públicas, como la Corfo. Más aún, según sus propias declaraciones, no fue sólo un gestor para un pago determinado, sino el asesor técnico y financiero de la empresa PSP, en relaciones nacionales e internacionales. Lo anterior deriva de sus propias palabras, sin dar crédito por ahora, a las versiones escritas del presidente del directorio de PSP, General Luis Arangua, quien, en un momento, lo consideró como el supuesto dueño del 41 por ciento de las acciones.

En este proceso de reactivación de la empresa quebrada Valmoval, se observa que personal del Ejército se vio envuelto, según mi criterio, en decisiones que son aún poco claras o, en otros casos, irregulares o posiblemente irregulares.

Son poco claras y contradictorias para mí las razones que se nos dio en relación a los motivos de la empresa Valmoval, una vez declarada en quiebra, a través de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, Famae, sobre todo porque ésta era una empresa considerada estratégica. Famae, mediante el pago de un millón de dólares, pudo haber resuelto esta situación y nada hubiese pasado. No logro entender todavía por qué se nos dijo en la Comisión que Famae no estaba en situación de oportunidad técnica para mantener una parte significativa del armamento y que "PSP constituía la única opción para ello". Única opción era una empresa que jamás trabajó en el ramo de la producción de armamentos, formada por dos personas sin especialización en el tema, pero uno de ellos -como se declaró en la Comisión- amigo y compadre de don Augusto Pinochet Hiriart.

No logro aún comprender por qué se nos dijo en la Comisión que se desestimó la participación de Famae, porque, "dada la envergadura y los trabajos, habría sido distraer las actividades fundamentales hacia las que está orientada Famae", cuando en 1986, antes de que se negociara con PSP, ya Famae había tomado la decisión de producir fusiles SIG 542, con la licencia de una empresa suiza. Esa planta inicial fue inaugurada el 31 de mayo de 1986.

No puedo comprender, porque nunca se nos dijo en la Comisión, que esta empresa había invertido a esa fecha, según las publicaciones del diario "El Mercurio", cerca de 10 millones de dólares. La decisión fue tomada en ese tiempo y no se justifica entonces, según mi criterio, que no se haya hecho un solo gran complejo industrial destinado al giro de Famae, como es la fabricación de armamento para el Ejército.

El camino que se siguió, en cambio, fue el de comenzar, a mi entender, un largo y tortuoso intento de recuperación de esa empresa a través de la asociación del Ejército con civiles inexpertos y, en algunas tentativas, con personas que en los últimas días han sido calificadas de "gangsters". En vez de decidirse por Famae, se firmaron convenios secretos o reservados con empresas que no tenían ninguna calificación para hacerse cargo de una empresa declarada estratégica, como ya lo dije. Asimismo, se comprometió al Ejército, a mi entender, en una negociación dentro de una junta de acreedores, en la que, según el Consejo de Defensa del Estado, los poderes de los representantes del Fisco-Ejército, no estuvieron bien legalizados. Se comprometió a la Institución en una serie de presuntas irregularidades en el proceso de la quiebra.

Augusto Pinochet Hiriart aparece ya en el trámite de la adjudicación, como se desprende de la palabras del señor Presidente de la Comisión y, además, de todo el proceso, sobre todo de la relación que él estableció tanto con Tecnojaeger como con PSP. En conciencia, puedo afirmar en esta Cámara que los resultados de esta investigación son graves no solamente por la relación del hijo del Comandante en Jefe del Ejército en toda esta operación, sino porque, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, vinculan a su padre; subrayo, directa o indirectamente no estoy calificando, consciente o inconscientemente, vinculan a su padre. Todos sabemos que su figura, para quienes son sus partidarios o sus críticos, es una personalidad significativa en la vida actual del país. Comprendemos, entonces, la sensibilidad que existe en Chile sobre el resultado de la investigación. Unos quisieran verlo, por un leal afecto, liberado de toda responsabilidad en este caso. Otros quisieran que nosotros lo responsabilizáramos de todo lo sucedido.

La Comisión, con responsabilidad y objetividad, ha señalado los hechos con un sentido de verdad, sin atribuirse roles que no le corresponden. Hemos consignado los documentos que manifiestan, inequívocamente, las decisiones que él tomó o que terceros dicen que él tomó sin calificarlas. Podría esta tarde sacar conclusiones de su responsabilidad política en las decisiones adoptadas; pero como conozco las limitaciones que nosotros aceptamos en la legalidad vigente, aunque estemos en desacuerdo con esas disposiciones, en especial con el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, debo atenerme a ella, no por temor, sino por propio sentido de responsabilidad. Podría también establecer presunciones, y nadie en esta Sala podría criticarme. Las tengo, las hay y las podría fundamentar, y estoy moralmente seguro de que, en conciencia, muchos Diputados de la Oposición podrían compartirlas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo que le adjudicó el Comité, Honorable Diputado.

El señor ORTEGA.-

También señalé anteriormente que esta investigación era delicada. Ella se da en un momento de dificultades objetivas en las relaciones entre los civiles y el Ejército, cuando recién estamos comenzando un proceso de transición a la democracia. Es fácil presentar esta investigación como parte de una campaña contra el Ejército. El Gobierno de don Patricio Aylwin y los partidos de la Concertación que lo respaldan no estamos motivados por un sentido de confrontación con nuestro Ejército. Pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que sufrimos una profunda desavenencia. Muchos alimentan este prejuicio cuando se realiza una investigación, como la que hoy entregamos, bajo la afirmación de que estamos en una campaña contra el Ejército de Chile.

Digámoslo claramente. Existen problemas objetivos entre nosotros y el Ejército. La gran pregunta es: ¿cómo debemos enfrentarlos para superarlos? Entre los uniformados habrá quienes dirán, a lo mejor: "Olvídense de sus penas y de sus dolores". Otros expresarán que debemos hacemos justicia por nuestros propios medios y castigar. Otros replicarán: "¡Pero si lo que se hizo se debió a nuestros errores!". Y así se teje una dialéctica de recriminaciones hacia nuestro pasado. Quiero decirlo con claridad, señor Presidente. Esta es una dialéctica infernal que, al final, destruye nuestro presente y nuestro futuro, en un mar de conflictos.

Esta investigación no es y no ha sido hecha para animar esta dialéctica confrontacional. Ella puede ser, paradójicamente, una oportunidad para que quienes cometieron errores los acepten, y para superarlos por el país.

¿Por qué, me pregunto, reconocer un error es una derrota o algo ignominioso? ¿Acaso nosotros podemos tirar la primera piedra? Los democratacristianos cometimos errores en nuestra relación con las Fuerzas Armadas. ¿No los cometió también la Unidad Popular? ¿No lo hemos reconocido explícitamente? ¿Por qué, entonces, un militar no puede hacer su propio reconocimiento para generar ese sentimiento de reconciliación que genera la actitud humilde y no la arrogante? Esta última, lleva a encubrir los errores. Incluso, para disminuir la responsabilidad de unos, se compromete a terceros. La lealtad con algunos termina siendo deslealtad con otros.

La investigación que hoy entregamos es otra oportunidad, un desafío a la objetividad de unos y a la comprensión de otros. Este ejercicio interior tiene un profundo sentido político y patriótico. El país se construye no tirándose los errores mutuos en la cara, sino con la actitud responsable de quien los revela, y con la madurez de quien los asume.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Bayo.

El señor BAYO.-

En primer lugar, deseo expresar mi complacencia por haber participado en una Comisión de las características de la que hoy somete su informe a la consideración de la Honorable Cámara.

Según mi opinión, y sin ánimo de dictar clases de ninguna especie y a ninguna persona, la acuciosidad, la responsabilidad, la mesura y el buen criterio de todos, hasta el momento en que entramos a esta Sala, estuvieron presentes en el quehacer de esta Comisión.

Es obvio que el fruto de este trabajo no puede satisfacer las esperanzas y anhelos del ciento por ciento de los Diputados aquí presente; pero ahí está la verdad, y cada uno de nosotros puede analizarla desde su personal punto de vista.

En este sentido, deseo hacer un llamado expreso a mis Honorables colegas, para que este análisis sea hecho, tal como lo manifestó el Diputado Campos respecto del asunto de las uvas envenenadas, con altura de miras, seriedad, respeto y agregaría, desideologización, a fin de que nos permita llegar a conclusiones con racionalidad y no con apasionamiento.

En este sentido, es lógico que no puedo compartir las expresiones, entre otros, del Diputado señor Elgueta, por la forma en que él relaciona al Comandante en Jefe del Ejército con los hechos que hoy estamos comentando.

En segundo lugar, deseo dejar constancia de la forma en que el diputado señor Schaulsohn ha presidido esta Comisión. Creo, sinceramente, que su gestión, de por sí difícil, dado que se trataba de un tema muy sensible, la ha realizado con tal grado de eficiencia que merece nuestro reconocimiento y felicitaciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el informe de esta Comisión Investigadora honra, a nuestro juicio, a esta Corporación y contará con los votos favorables de la bancada de los Diputados del Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista.

Se hizo un trabajo riguroso que ha permitido escuchar, en poco más de dos meses, múltiples y diversos testimonios y hacer luz sobre sucesos oscuros.

Valoramos que la Comisión haya sido dirigida con prudencia y rigor.

Queremos destacar, también, la participación activa de los parlamentarios de la Oposición y el hecho de que aquí ha habido un conjunto de personas que ha colaborado como un equipo, para llegar a la verdad, más allá de la obvia connotación política que, para unos u otros, tienen los temas considerados.

Nos parece que fortalece a las instituciones democráticas la capacidad demostrada para situarse por encima de consideraciones de carácter secundario y para cumplir la promesa o juramento que hemos hecho como parlamentarios. La facultad fiscalizadora del Parlamento se ve así reforzada.

Lamentablemente, el contenido del informe confirma los temores que teníamos al proponer la formación de esta Comisión investigadora. En nuestra opinión, como se constata también en este documento, han existido graves irregularidades en todo este complejo proceso relacionado con las diversas transacciones, compra y venta de empresas, cesiones de créditos y otros hechos que aquí han sido analizados.

Hay aspectos sustantivos del informe -los medulares- que conforman la cadena de los hechos que han sido consignados en forma ordenada y clara. Y hay conclusiones que se nos proponen y que apuntan a los hechos medulares, también obtenidas por consenso. Valoramos altamente esta capacidad de acuerdo para llegar a la verdad y a esta conclusiones.

Naturalmente, de manera adicional a estas conclusiones básicas como muy bien ha dicho el colega Bayo, cada uno de nosotros, la opinión pública y el país entero podrán sacar sus propias conclusiones. Cada uno de nosotros tiene derecho a estudiar este conjunto de antecedentes y a ponderarlos con calma.

Hay un punto que ha parecido controvertido en declaraciones hechas a las prensa por algunos parlamentarios, antes del inicio de esta sesión, respecto del grado de conocimiento que el actual Comandante en Jefe del Ejército tenía de estos hechos. Sobre esto, no hay una opinión unánime de la Comisión. A nuestro juicio, el texto del informe y la suma de los hechos son precisos y claros. A buen entendedor, pensamos que el país tiene pocas palabras para aclarar esta participación. En cualquier caso, éste es uno de los puntos en que existen diversas opiniones en el seno de la Comisión.

Esperamos que la Contraloría General de la República, al recibir este informe, cumpla con su responsabilidad legal.

Esta Cámara no es un juez, ni le corresponde adoptar medidas o penalidades frente a hechos que parecen irregulares. La Contraloría deberá establecer las distintas irregularidades administrativas que puedan constatarse; naturalmente, de haber delitos, tendrá que poner los antecedentes a disposición de los tribunales.

Esta tarde hemos dado un paso firme a la consolidación de la democracia, que se funda en la verdad y contribuye al buen gobierno y a la convivencia social.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, después de la relación de la Comisión investigadora, a la Cámara le corresponde efectuar la evaluación e interpretación final de los hechos que hay detrás de los cheques girados a nombre del hijo del Comandante en Jefe del Ejército.

A pesar de que la Comisión no tiene un juicio único respecto de la situación, es necesario destacar la importancia de la investigación efectuada por ella. Sus integrantes han actuado con gran patriotismo, prudencia y rigor. No se han amilanado antes las presiones ni descalificaciones de que fueron objeto; tampoco se han dejado llevar por presiones o por el deseo de obtener un dividendo mezquino. Han asumido su responsabilidad, incluso haciendo abstracción de sus filiaciones partidistas y comprendiendo la sensibilidad de los temas tratados.

Los hechos que hemos conocido fueron descubiertos sin tormentos ni medios inadecuados. Son productos del funcionamiento normal de un Poder del Estado, de declaraciones que rindieron ante nosotros diversas personas que tenían algo que aportar. Nos dan la convicción de que debemos discutirlos en la Sala.

En la mayoría de los casos, ni siquiera había obligación legal de concurrir a declarar ante nosotros. La comparecencia obedeció a la legitimidad, prestigio y respeto que la Cámara ha conquistado ante el país y la opinión pública, al cumplir seriamente su deber constitucional de fiscalizar al poder público.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Excúseme, señor Diputado. Terminó el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana.

Después, es posible que el Comité de los Partidos Socialista y PPD concedan unos minutos a Su Señoría.

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, deseo sumarme a las expresiones de diversos señores Diputados que me han precedido en el uso de la palabra, en orden a valorizar el trabajo desarrollado por la Comisión investigadora.

El Diputado don Jorge Schaulsohn presidió la Comisión con seriedad, responsabilidad y ecuanimidad. Esto es reconocido por todos los que la formamos. También es justo valorizar el trabajo desarrollado por la Comisión, ya que tanto quienes la integramos como aquéllos que colaboraron con su trabajo efectuamos permanentemente esfuerzos para buscar la verdad, con la mayor rigurosidad posible.

Al comienzo, cuando se constituyó la Comisión, eso parecía difícil. Teníamos que demostrar que somos capaces de superar nuestras legítimas adhesiones o discrepancias a las personas o instituciones que podían verse envueltas con la investigación. Teníamos que demostrar que somos capaces de superar nuestros prejuicios y, al mismo tiempo, nuestras amarras.

Quizás, el mayor valor del trabajo de la Comisión es que logramos -y todos podemos afirmarlo hoy día- un espíritu de verdad.

En ese espíritu de verdad, en ese trabajo riguroso, en esa capacidad de superar amarras y prejuicios, se forjó algo que tiene mayor valor: la unanimidad de todos los miembros de la Comisión con el informe que ha concluido su trabajo de investigación.

Esta unanimidad tiene un valor inmenso y debemos cuidarla. Una de las cosas que pueden afectarla es pensar que fue fruto de la negociación o del acuerdo político.

Un diario de la tarde señala que el informe es producto de una negociación. Eso es falso. No ha habido ninguna negociación. El informe es fruto del trabajo de los parlamentarios que integramos la Comisión, que buscamos con el mejor espíritu la unanimidad en tomo a la verdad; verdad que encontramos respetando nuestras legítimas discrepancias o interpretaciones de hechos o antecedentes.

No hay negociación cuando se investigan hechos, cuando se busca la verdad y cuando se actúa en cumplimiento del deber constitucional de fiscalizar. Es importantísimo dejar claro esto hoy día, porque la unanimidad, cuando es real, se funda en hechos y no en negociaciones políticas.

Debemos preocupamos de que la unanimidad no sea sólo formal. No se trata de aceptar que estamos de acuerdo, que damos nuestro voto, que compartimos los criterios, pero, al mismo tiempo, construimos tesis o hipótesis que carecen de fundamentos en los antecedentes que ha tenido la Comisión.

Obviamente, podemos tener interpretaciones distintas, podemos tener visiones diferentes para apreciar ciertos antecedentes o dar valor a determinados documentos. Eso es legítimo. Sin embargo, tengo la convicción profunda de que de los antecedentes y documentos que obran en poder de la Comisión, no podemos concluir que existe participación o conocimiento de los hechos investigados de personas que no están señaladas en la conclusiones del informe.

También respeto a quienes piensa que de esos antecedentes podría derivarse el conocimiento de otras personas. Ese es un marco legítimo de discrepancias. Lo que no me parece correcto es construir hipótesis o tesis completamente alejadas de los antecedentes que obran en poder de la Comisión.

Por eso, discrepo y no comparto las apreciaciones de algunos señores Diputados que me han precedido en el uso de la palabra. El señor Elgueta decía que Esparta se había destruido por la corrupción. Es cierto. Nadie quiere corrupción para ninguna sociedad ni menos para nuestro país. Pero también se destruye a las sociedades y a los países cuando no se tiene el valor de enfrentar la verdad, cuando se dice una cosa diferente a lo que se piensa o se actúa de una manera distinta de lo que se dice.

Si el Diputado señor Elgueta u otro siente que de las conclusiones o del trabajo de la Comisión se pueden deducir cosas completamente distintas de las que hemos concluido, hay un camino muy simple para expresarlo: no votar favorablemente el informe, no compartir la unanimidad. ¡Ese es el camino!

Hay que superar o dejar de lado las pequeñas interpretaciones. Hay que dar verdadero sentido a esta unanimidad, que nos puede preparar para un futuro con esperanza y con ilusión.

El trabajo, que hemos hecho es valioso, porque nos permite mirar hacia el futuro con gran esperanza frente a la estabilidad democrática. Este es, quizás, el aporte mayor que hemos hecho: generar condiciones para vivir con democracia estable y armoniosa en el país.

Eso se logra no sólo porque existen instituciones jurídicas, no sólo porque existen leyes o Constitución, sino, fundamentalmente, por la voluntad de los actores políticos. Prueba de esa voluntad es la que estamos dando hoy día: actuar con seriedad, con responsabilidad, con ecuanimidad y prudencia y, al mismo tiempo, con veracidad. Estos elementos, quizás unidos a muchos otros, son los que permiten construir la democracia. Eso es lo que hoy día estamos haciendo, unido a algo que señaló el Presidente de la Comisión, Diputado señor Schaulsohn, cuando concluía su informe: la colaboración que recibimos de parte del Ejército. Contamos con su participación a través de documentos, antecedentes y testimonios que fueron requeridos.

El trabajo con seriedad, con responsabilidad, con madurez política para obtener la verdad, la participación y colaboración, en este caso específico, del Ejército, la unanimidad de todos los sectores representados en la Comisión, son los hechos que hoy día nos permiten decir que tenemos esperanza, que vamos caminando por el camino correcto para tener en Chile una democracia estable y en armonía.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, la investigación que ha realizado la Comisión Especial de la Cámara de Diputados tiene gran importancia para el curso de la transición.

De hecho, la opinión pública ha estado permanentemente preocupada de la investigación y sus resultados, emanados de los antecedentes que recogió la Comisión y que hoy día tenemos a la vista.

En este sentido, me sumo a los puntos de vista expresados, en cuanto a valorar el acuerdo unánime alcanzado por la Comisión para el informe que han entregado.

Es un tema delicado. Tuvimos presencia de una actividad de carácter militar que, a mi juicio, buscaba presionar al Parlamento en relación a la investigación. Por lo tanto, es muy importante la actitud que asuma la Cámara de Diputados frente a las conclusiones de la Comisión.

En este período, en la medida que seamos fieles a la verdad y a nuestras propias conciencias, en esa misma medida prestigiaremos a una institución clave en un régimen democrático.

Todos los presentes, de alguna manera, tenemos que contribuir a enaltecer y prestigiar la actividad parlamentaria. Hasta el momento, por lo menos en cuanto a la narración del informe de la Comisión, los hechos apuntan en este sentido.

Es gravísimo lo que conocemos. Nadie puede escabullir el bulto en relación con los hechos.

En un gobierno democrático, en un régimen democrático, con un Parlamento con facultades fiscalizadoras plenas, es imposible que ocurran hechos de esta naturaleza. Hechos irregulares, que involucran a entidades como el Ejército de Chile que, de alguna manera, querámoslo o no, aparece implicado en una serie de situaciones, sólo pueden ocurrir en un período en que las fuerzas políticas y la expresión de la soberanía popular estaban muy o completamente limitadas.

Hoy día, recuperado el ejercicio de la democracia, podemos conocer todos los convenios privados y secretos; estos traspasos "brujos" de acciones, en que un hijo del Comandante en Jefe y del entonces Presidente de la República aparezca enriqueciéndose ilícitamente. Estos son hechos claramente inéditos en la historia del país.

Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!

El señor MARTINEZ (don Juan).-

En la mañana, cuando se trató el problema de Corfo, un Diputado de la Derecha dijo que posibles abusos que hubiesen ocurrido en la privatización de estas empresas eran hechos usuales. En realidad, estas cosas no se conocían en democracia. En la historia política del país no existen antecedentes de que un familiar tan directo del Presidente de la República o de un Comandante en Jefe del Ejército hubiese realizado este tipo de operaciones ilícitas aprovechándose de su influencia, por estar tan cercano al poder.

La gravedad de estos hechos amerita un análisis desapasionado, objetivo y riguroso de la situación. También deben darse todas sus consecuencias. No puede ser que, sencillamente, hoy día, nos limitemos a relatar cómo sucedieron las cosas, a decir que estamos de acuerdo con el informe, a valorarlo positivamente, y a dejar que éste, en definitiva, termine en un archivo de alguna oficina pública. Aquí corresponde que intervengan otros organismos, además de la Contraloría General de la República. Efectivamente, si bien existen irregularidades de tipo administrativo, también hay presunciones de comisión de delitos -los que tan brillantemente ha planteado el Diputado Elgueta- que ameritan que el Consejo de Defensa del Estado tome conocimiento de este informe y de todos sus antecedentes. Otra cosa, sería restarle prestigio y dignidad a este Parlamento. Lo demás, es tratar de eludir las consecuencias naturales de la investigación que se ha estado realizando.

Por un imperativo de conciencia, apelo a los señores Diputados, para que veamos las cosas en toda su dimensión. Que en los acuerdos políticos lleguemos a un determinado nivel de investigación de las cosas, aunque ésta haya sido una gran tarea y un gran avance, no debe significar en definitiva, impedir que se determinen las responsabilidades de quienes han incurrido en las irregularidades y actos ilícitos tan eficientemente investigados por esta Comisión Especial.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme a las expresiones formuladas en esta sesión en lo que respecta al trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora. Expreso mi reconocimiento especialmente a los Diputados con los cuales me correspondió participar en la redacción del informe, en virtud de la delegación que hizo la Comisión, señores Ortega, Schaulsohn y Chadwick. No hago mención, por cierto, al colega de mi partido que también participó en esta Comisión, por razones obvias, toda vez que nosotros, habitualmente, colaboramos en las labores parlamentarias sin pretender autofelicitamos.

En segundo lugar, quizás el mayor mérito de quienes, en definitiva, participaron en la redacción el documento, fue dejar de lado los prejuicios que podrían haberse manifestado en su elaboración.

Por ello, se produce el hecho paradojal de que tenemos un informe objetivo y apreciaciones subjetivas respecto de su contenido.

En tercer lugar, cuando se inició esta investigación, hubo quienes dijeron que los parlamentarios de la Oposición, específicamente los de Renovación Nacional, no contribuiríamos en la búsqueda de la verdad, que, en definitiva, intentaríamos una impunidad o retardaríamos la investigación. Creo, derechamente, que todos, parlamentarios de Gobierno y de Oposición, cumplimos con la misión que teníamos, de buscar aquella versión de los hechos que se ajustara más a la verdad.

En cuarto lugar, en relación con las observaciones que planteó el parlamentario señor Elgueta, me resulta paradojal que no las hubiese consignado, no obstante ser parte de la Comisión redactora del informe y que, no obstante, haber trabajado más de cien horas en su redacción, sólo hubiese estado una hora presente en ellas. Quizás, sus observaciones nos hubiesen sido útiles para incorporarlas como alguno de los elementos de juicio en el informe.

Es efectivo que en democracia los elementos de fiscalización son útiles y decisivos para evitar que existan irregularidades. Pero, ¡por favor! ¡en el pasado, en Chile, en democracia, también se cometieron irregularidades! ¡No escupamos al cielo, porque Dios no quiera que al cabo de los próximos años encontremos irregularidades en la democracia actual!, por lo tanto, en esta materia, francamente hay que actuar con mucha cautela.

En cuanto al contenido propiamente tal del informe, la versión y exposición que ha hecho el Diputado señor Schaulsohn se ajusta a la verdad. Una cosa, es un informe escrito. Otra cosa, es su exposición. Y el Diputado señor Schaulsohn, en honor en la verdad, ha hecho una narración exacta de lo que es nuestra visión sobre lo ocurrido como miembro de esa Comisión.

No obstante, y sin que ello signifique contradicción con lo que ha dicho el Diputado señor Schaulsohn, haré algunas precisiones en relación con el contenido de nuestra investigación. Ellas dicen relación, brevemente, con los siguientes hechos:

La primera de ellas, se refiere a las armas que existían y a las especies durante el período de la quiebra de la empresa Valmoval. Se podría entender que no se consideraron estas armas en la evaluación que, en definitiva, se hizo del precio con que se adjudicó la empresa, esto es, 1 millón de dólares.

Pero la verdad es que existen antecedentes que demuestran que los acreedores las tuvieron en cuenta cuando, en definitiva, se fijó el valor de ésta.

Es efectivo que no fue posible encontrar el inventario protocolizado. Pero, también, es efectivo que hubo una inspección personal de la junta de acreedores y, por lo tanto, tuvo conocimiento de su existencia. Es efectivo que el propio señor Valdivieso, dueño de la empresa, tenía conocimiento de su existencia. Y, es efectivo, que nunca existieron dificultades para que éstas fueran devueltas, cierto es, a la empresa adjudicataria.

Haré una precisión respecto de la cifra que se fijó. Hay un hecho sintomático señalado por el señor Valdivieso. Las empresas en quiebra valen lo que se paga por ellas. Muchas veces, ha habido casos de empresas muy valorizadas hacia el futuro, pero que, no obstante, en ese momento y en esas circunstancias, no existe quienes paguen un mayor valor por ellas, por lo tanto, el valor fijado de un millón de dólares fue con el consentimiento de todos; los acreedores. Fue el mismo precio que ofreció la empresa Tecnojaeger competidora, para intentar adjudicarse la empresa.

Por ello, me parece que no se puede señalar, a ciencia cierta, que habrían irregularidades en lo que respecta al precio de adjudicación.

En segundo término, respecto de las 15 mil acciones, que representaban un alto porcentaje de la empresa Tecnojaeger, y que, según se dice, habrían intentado adquirir los socios de PSP, el único antecedente que esta Comisión tiene es una fotocopia en un traspaso de acciones no firmada por los representantes de PSP, sin que nos conste que esté incorporada al libro de actas respectivo. No quiero decir que esa información no sea cierta. Sólo quiero poner las cosas en su justo medio. Esa prueba debe ser valorada, considerando el mérito que tiene el antecedente proporcionado.

Respecto de la tan comentada cesión de créditos secreta, que habría firmado el Ejército tanto con la empresa Tecnojaeger como con la PSP, cabe señalar, en primer lugar que en cuanto al carácter de secreto del documento, el propio Ejército ha señaldo que obedece a disposiciones legales que lo obligan a establecer esa calificación, cuando se refiere a armamentos.

Pero hay otros antecedentes en lo formal. En la junta de acreedores se hace mención, por parte del Brigadier Arangua, a que se dejaría sin efecto el convenio suscrito con Tecnojaeger. En segundo término, procede señalar que en la contestación del recurso de protección de Tecnojaeger ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en un expediente público, se transcriben literalmente los convenios que se pretenden interpretar, por el hecho de decir "reservados" o "secretos", que se trataba de una operación oculta.

Lo que me parece más importante es que en sí mismo en mi opiniónel convenio no resulta ilegal. Y no resulta ilegal por cuanto no hay fraude a los acreedores. Y no hay fraude a los acreedores, porque es un convenio en virtud del cual un acreedor le cede los derechos que tiene de un crédito a un tercero que se va a adjudicar esa empresa, situación ocurrida en múltiples quiebras en Chile. Es usual que cuando un acreedor pide la quiebra a un tercero, a modo de ejemplo, otro acreedor con un crédito mayor, en definitiva, le compra el crédito. Esa es una operación que no permite ser calificada en forma muy decidida o categórica, de ilícita. Lo que sí resulta, en mi opinión, irregular, es la firma de un instrumento público en el cual se pagan dineros al síndico lo que no era irregular por ser el síndicopara cancelar el valor de la adjudicación. Se pagan dineros al señor Valdivieso, representante legal, cuyo abogado es el señor Solís, actual Jefe de Gendarmería, cuantiosas sumas de dinero, sin que exista conocimiento de los acreedores de un pago efectuado, nada más y nada menos, que al representante de la fallida.

Ese hecho sí me parece irregular, en el que el Ejército no ha tenido participación.

Deseo referirme brevemente a la adjudicación de Tecnojaeger y hacer una sola referencia respecto de la adjudicación a PSP. La empresa Tecnojaeger no cumplió con la exigencia de la junta de acreedores, que consistía en entregar una boleta de garantía, la que es diferente de una carta oferta o una carta de resguardo.

Ese hecho, más allá de las distintas contradicciones de la junta, es un elemento que debemos tener en cuenta para evaluar que el desechar la oferta de Jaeger no significa que hubiesen existido irregulari

dades manifiestas, categóricas e inequívocas, con el ánimo de favorecer a PSP.

En lo que dice relación al paquete accionario entregado en la empresa, quiero señalar un hecho que me parece relevante. Cuando se paga el 51 por ciento de las acciones, nos encontramos con dos resoluciones muy cuestionadas que han sido dadas a conocer a la opinión pública. Una de ellas menciona al Comandante en Jefe y otra no lo menciona.

Debemos evaluar prudentemente la explicación dada por el General Hormazábal, en el sentido de que el cambio se produjo por su oposición personal a la compra del 51 por ciento de las acciones. Como prueba y manifestación de voluntad en su oposición, hizo notar al Vicecomandante en Jefe, quien daba la orden, que si lo hacía contra su voluntad, asumiera la representación formal de la institución.

Me parece que ese elemento debe ser también considerado al evaluar los hechos.

Con el objeto de no extenderme sobre otras materias que podrán ser motivo de apreciaciones en que admito, hay juicios objetivos, quisiera señalar dos cosas. Una de ellas, respecto del hijo del General Pinochet.

Más allá de si tenía o no la calidad de socio, sin duda hay un aspecto ético contenido en esto, lo cual es reprobable. Es reprobable que actuara en operaciones vinculadas con el Ejército el hijo del Comandante en Jefe. Las cosas hay que decirlas por su nombre en forma clara y el informe es categórico en ese sentido.

En lo que respecta al Comandante en Jefe, quiero señalar mi punto de vista personal. En el informe hay documentos emanadas de terceros en que se menciona al Comandante en Jefe, que dicen relación a operaciones en que habría participado su hijo.

Pero en conciencia y, honestamente, en respeto al juramento que hice en esta Cámara, no puedo afirmar de manera certera, de acuerdo con los antecedentes que hemos tenido a la vista, que el Comandante en Jefe hubiese tenido conocimientos de estos hechos.

Hay un principio básico en Derecho: para imputar responsabilidades deben acreditarse fehacientemente. Mientras no se acrediten fehacientemente, no se pueden dar por establecidas esas verdades. Por lo tanto, creo que nos corresponde hacer lo que hemos hecho: pedir a un organismo como la Contraloría General de la República que investigue los antecedentes, que los explore a fondo, pero no emitir juicios basados en presunciones, sin tener certeza sobre hechos que son realmente importantes en esta investigación.

Al terminar quiero señalar que el día de ayer, cuando había concluido gran parte del trabajo realizado, los parlamentarios que participamos en la Comisión, en un momento nos preguntamos si este informe francamente era lo que en conciencia creíamos. La respuesta de todos fue unánime.

En verdad, el informe contiene lo que nosotros creemos, en conciencia, ocurrió en la materia que fue objeto de esta investigación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Velasco puede hacer uso de la palabra si el Comité Socialista y del PPD le cede el tiempo que le resta.

Un señor DIPUTADO.- De acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si no alcanzare a terminar su discurso, pido el asentimiento de la Sala para incluirlo en el acta de la sesión.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

El señor VELASCO.-

Agradezco la gentileza del Comité Socialista.

Señor Presidente, voy a continuar con lo que quedó pendiente de mi exposición anterior.

Decía que en la mayoría de los casos, ni siquiera había una obligación legal de concurrir a declarar ante nosotros. En estos casos, la comparencia obedeció a la legitimidad, prestigio y respeto que esta Cámara ha conquistado ante el país y la opinión pública, al cumplir seriamente su deber constitucional de fiscalizar al poder público. Esto representa el éxito de nuestras instituciones republicanas y un gran avance para todos quienes esperamos vivir en un país donde las autoridades se sometan a la ley y su conducta pueda encontrar una justificación pública.

Ahora bien, sin ánimo de ser temerario, en este caso hablamos de operaciones discutibles y que, eventualmente, podrían representar responsabilidades penales para diversas personas. Hubo licitaciones poco transparentes, créditos de Corfo y del Banco del Estado, otorgados después de gestiones de don Augusto Pinochet Hiriart o, a lo menos, según sus propias palabras, después de aportar antecedentes técnicos para su otorgamiento. Existió una serie de decretos, respluciones, convenios y memorándos secretos emanados del Ejército u otras reparticiones públicas que:

Primero: Nos dan cuenta de la partid. pación accionaria que habría tenido a título personal, y no en representación de terceros, don Augusto Pinochet Hiriart en la empresa PSP.

Segundo: Muestran cómo la misma persona recuperó, libre de gravámenes, una propiedad que alguna vez le perteneció y que sirvió de garantía para el otorgamiento de los créditos antes mencionados.

Tercero: Dan cuenta de la emisión final por entes fiscales de los cheques investigados a su nombre por casi mil millones de pesos.

Por último, demuestran el grado de conocimiento que es dable suponerle en todo esto al Comandante en Jefe del Ejército y entonces Jefe del Estado.

Hablamos de situaciones poco transparentes que repercuten en la Ley de Quiebras, el Código Penal, la Ley de Cambios Internacionales, la Ley Orgánica de Corfo y que configuran, en su conjunto, una operación extraordinariamente barroca, que excede con creces la sola entrega de 3 millones de dólares al hijo del primer funcionario público. Naturalmente que las eventuales responsabilidades penales serán establecidas por quien corresponda. Pero también hablamos de comportamientos cuya oportunidad y mérito merecen ser calificados por esta Cámara. Me refiero a actos y gestiones que, estoy convencido, reflejan una manera inadecuada de concebir el ejercicio del poder público y cuya reiteración pudo comprometer, en algunos casos, la independencia en el ejercicio de la Primera Magistratura de la Nación.

Señor Presidente, después de escuchar el testimonio del hijo del Comandante en Jefe del Ejército, uno no puede menos que sorprenderse. No quiero meterme en la pequeña historia de sus relaciones familiares, pero hay hechos que no se pueden dejar pasar. Nos encontramos con una persona que, en ese momento, es nada menos que el hijo del Presidente de la República y que realiza una serie de viajes hacia y desde el exterior como intermediario de armamentos. Un hombre que se jacta de tener relaciones personales con un líder extranjero extraordinariamente discutido y de intervenir en un rubro y en una zona inestable en la que hoy transcurre un conflicto armado. Obtiene créditos personales que nunca quedan documentados. Nos confiesa que tal es el prestigio de su palabra empeñada, que cada vez que deja de cumplir, se expone a que sus supuestos "amigos" le encomienden alguna tarea o servicio que deba acometer. Misiones difíciles, señor Presidente. No sé si estaré exagerando, pero ¿hasta qué punto estos hechos no reflejan la extorsión que se le hace al hijo del ex Jefe de Estado por una mafia internacional que quiere tenerlo bajo su influencia? Quienes tuvimos oportunidad de escuchar al señor Pinochet Hiriart, vimos a una persona que, probablemente, ha sufrido los percances que han motivado esta investigación, precisamente por la particular personalidad que tiene y por la forma distorsionada en que él y otros funcionarios comprendían las responsabilidades públicas que ejercía su padre. Sólo de ellos es la culpa y de nadie más.

El señor Pinochet Hiriart afirma haber recibido los 3 millones de dólares de parte del Ejército para pagar deudas indocumentadas. Afirma no haber cobrado nada por estas gestiones, ni siquiera por los gastos en que incurrió, no obstante de que ya existía documentación del Ejército que afirmaba que esta persona no tenía ingresos regulares y había que descubrir algún medio por el cual se pudiera ganar la vida. ¿A quién creerle? ¿A la persona que afirma ser un próspero, viajado y generoso empresario? ¿O a quien dice que hay que pagarle al hijo de su superior jerárquico la compra de sus acciones en la empresa PSP y venderle la fundición y maestranza de la misma empresa, propiedad que antes le pertenecía y que ahora, con todas sus mejoras y ampliaciones, sería su sustento hacia el futuro?

En realidad, señor Presidente, toda la documentación que tenemos no puede ser entendida sino en la medida en que se afirme que Augusto Pinochet Hiriart es socio y accionista de PSP y no un mero gestor o mandatario de pus amigos. De otro modo, no tiene lógica. No tendría' lógica la velocidad con la que se aprueban los créditos y se produce la primitiva adjudicación de Valmoval. Todo transcurre en poco más de un fin de semana, entre que se produce la aparición oficial de PSP, se obtienen los créditos, se firman los decretos y negociaciones reservadas y, finalmente, se le adjudica la empresa de armamentos a PSP. Los créditos se obtienen dando en garantía una propiedad que, primitivamente, fue de Augusto Pinochet Hiriart y hoy ha vuelto a ser de él sin que pese sobre ella gravamen alguno y sin que los créditos garantizados se hayan pagado. El hombre podrá aparecer como mandatario, pero es el verdadero gestor de los créditos. Todos han reconocido que participó en las reuniones en que Corfo y el Banco del Estado definieron el otorgamiento de los créditos. Incluso su mandato, aparte de estar desmentido por varios documentos y declaraciones, se extiende después que se han efectuados los pasos investigados.

El Ejército ha afirmado que fue él quien tuvo interés en tomar el control de una empresa estratégica que tenía acceso a tecnología avanzada. Por lo demás, ha quedado establecido que el Ejército ya tenía la intención de controlar PSP cuando aceptó adjudicarse Valmoval, en 1987. El convenio entre el Ejército y PSP lo refleja claramente. No pongo en duda aquello. Lo que sí digo es que el Ejército tomó el control de Valmoval por medio de PSP, valiéndose de un intermediario al que no debió haber recurrido nunca, por la particular relación que lo unía con el Comandante en Jefe del Ejército y entonces Jefe de Estado.

Respecto del conocimiento que es dable suponerle al Comandante en Jefe del Ejército, podríamos discutir durante toda la vigencia de nuestros mandatos parlamentarios. Puede ser que sólo haya presunciones. ¡Pero qué presunciones, colegas! Ciertos oficiales han modificado sus declaraciones primitivas para afirmar la exclusiva responsabilidad final del Vicecomandante en Jefe, liberando de paso al superior jerárquico del mismo. Afirman que todas las atribuciones estaban delegadas en el Vicecomandante en Jefe y que la dinámica institucional misma no era ejercida y ni siquiera conocida por don Augusto Pinochet Ugarte.

Por mucho que eso se acepte -yo comprendo la lealtad que reflejan esas declaraciones-, no parece bastar para eximir al Comandante en Jefe del conocimiento que se le está atribuyendo. No hay explicación que puede liberarlo de haber intervenido personalmente en la dictación de los primitivos decretos supremos por medio de los cuales el Ejército desahució la idea original de adjudicar Valmoval a la empresa Tecnojaeger y optó por dársela a PSP, vinculada a su hijo mayor. A esa altura, el hijo del Comandante en Jefe había intervenido en estas negociaciones en varias reparticiones públicas, era mencionado en la junta de acreedores de Valmoval y había hecho transacciones públicas con PSP. Si no había duda para ningún deudor o acreedor de Valmoval y para los ejecutivos de Corfo o del Banco del Estado de la intervención de Augusto Pinochet Hiriart, a cualquier título que sea, ¿alguien se atrevería, entonces, a afirmar el desconocimiento del Ejército y de su Comandante en Jefe, que ya estaban interesados en esta empresa por las repercusiones estratégicas que tenía y por el rubro tan especial al que estaba dedicado? En realidad, no parece convincente. Agreguemos los decretos mencionados y, finalmente, el vínculo familiar envuelto en esta materia y llegaremos a la misma conclusión que cualquier ser medianamente inteligente haría.

Sin embargo, resulta curiosa la lógica de algunos. De un régimen militar cuyo caudillo se vanagloriaba de conocerlo todo y de que ninguna hoja se movía en el país sin que él lo conociese, nos encontramos con un gobernante permisivo al cual todo el mundo engañaban y al que se le esconden hechos relativos a su propia familia. ¿Qué pasó con ese viejo principio de verticalidad del mando militar y de que el superior debía responder siempre?

¿Cómo es posible que le demos crédito al señor Pinochet Hiriart, cuando afirma que su padre normalmente se enteraba de las operaciones comerciales que su hijo emprendía por lo que era reprendidoy, a renglón seguido, se sostenga que, en este caso, todo transcurrió con la absoluta ignorancia de la misma persona? No parece ser convincente.

A veces la verdad es difícil de aceptar. Incluso, algunos pueden ser de la idea de que mejor nos olvidemos de esto y evitemos resolver situaciones peligrosas para la estabilidad del país.

Señor Presidente, todos sabemos los esfuerzos que hemos debido hacer para lograr un país pacífico y con instituciones libres. Más de alguno de nosotros sufrió los efectos de la arbitrariedad y el abuso durante el régimen militar y sólo un necio querría volver a vivirla. Pero también estoy consciente de que luchamos por una democracia honesta e impersonal en la que reinará el imperio del derecho. De nada servirían nuestros sacrificios si después de esta investigación, no tenemos la valentía de proceder en consecuencia con nuestra conclusión.

Sé que la Cámara está en una disyuntiva difícil. Por un lado, puede decir la verdad y exponerse a una bravata o a una descalificación como la que escuchamos cuando se habló de las "cloacas" y de la "maquinación dirigida a desprestigiar" a alguien. Por otro, podemos minimizar el asunto o hacemos los lesos y decir que lo que ocurrió no ocurrió o fue otra cosa. Señor Presidente, por lo menos yo no podría vivir conmigo mismo en este último caso y creo que muchos pensamos igual. Tengo un particular rechazo por el cinismo y la hipocresía.

Aquí la Cámara ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y cumpliendo un mandato constitucional, con el propósito de descubrir eventuales transgresiones a la ley y el orden. No sólo no ha actuado mal, sino que estaba obligada por la Constitución a proceder como lo hizo. Quienes sí han estado mal, son quienes creen que no deben rendirle cuentas a nadie de sus acciones y que pueden abusar de la confianza pública de la que son depositarios. Los que han abusado son quienes se sienten propietarios del poder y, confunden el patrimonio público con el familiar. Quien nada ha hecho, nada debe temer. Pero quien ha transgredido las normas que rigen nuestra convivencia social, debe dar explicaciones y responder ante las instancias correspondientes por sus hechos. Es la única manera de no volver a vivir bajo la ley de la selva y evitar que estos hechos indecorosos se repitan. Esta Cámara se encuentra enfrentada a la disyuntiva de reconocer la verdad o de introducir un nuevo elemento perturbador en nuestra vida nacional.

Las actuaciones que hemos investigado son reprobables y no dicen relación con la dignidad de los cargos que han ejercido las personas involucradas. Aparte de generar las responsabilidades del caso, merecen ser discutidas en está Cámara. A nosotros nos corresponde velar por que nuestra vida social transcurra dentro de los marcos fijados por las leyes que nos hemos dado. De otro modo, les aseguro que nunca estaremos libres de que un pequeño dictador barra con nuestro orden social. Esta Cámara debe decirle al país y a todos los entes públicos sometidos a su jurisdicción lo que cree correcto e incorrecto. Le corresponde, institucionalmente, hacer apreciaciones de mérito y de conveniencia para las que no están facultados otros órganos públicos o jurisdiccionales. Apreciaciones que, por lo demás, no harán ni el Poder Judicial, ni el Gobierno, ni el propio Ejército. En otros términos, o asumimos nuestra responsabilidad o los hechos que investigamos pueden volver a ocurrir.

Alguien podrá decir que ésta no es la primera comisión investigadora que llega a conclusiones parecidas y que, las anteriores no pasarán nunca a mayores. Lo único que sé es que este despertar democrático está acompañado de muchas responsabilidades y dificultades. No creo que nuestras instituciones públicas permanezcan sólidas en el evento de que sus actuaciones se desvanezcan y nadie les haga caso. En gran medida, el despertar autoritario de hace casi 20 años atrás pudo surgir por ese tipo de vicios que algunos hoy nos quieren proponer como ejemplo. ¡No, señor Presidente! Las recomendaciones de medidas que propone la Comisión y que esta Cámara debe resolver, son la mejor garantía de que la verdad será establecida, la ley respetada y la dignidad de cada cual salvaguardada. Nadie propone venganza o ensañamiento, sólo se quiere que quien debe hacer cumplir la ley lo haga y que todos recordemos que somos mortales y que vivimos en sociedad con seres que debemos respetar.

Esa fue una de las razones por las cuales me presenté para ser parlamentario. Señor Presidente, en esta hora nadie me impedirá cumplir con mi conciencia. ¿Sé que todos los demás harán lo mismo?

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el tiempo de Comité Socialista tiene la palabra el Diputado señor Jorge Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, en el nombre de nuestra bancada, interpretando el sentimiento general que advierto en esta Sala, debo decir que me felicito de haber participado en esta sesión y haber contribuido, en este caso con el silencio, al desarrollo de un debate sobre el cual muchos apostaron que habría un fenomenal fracaso de la sensatez y responsabilidad de la Cámara.

Muchos especularon que ésta podría ser una forma de restarle prestancia y dignidad al Congreso en una de sus labores esenciales: la de fiscalizar actos que merezcan reproches a quienes representan y emanan su mandato del sufragio popular como nosotros.

Me felicito, porque el informe de la Comisión, el contenido de las intervenciones y las conclusiones a que se ha llegado reivindican el papel esencial del Parlamento, el que no puede constituirse en una corte que juzga ni en un tribunal que condena, sino que -respondiendo a su íntima esencia- en un colectivo que indaga sobre los hechos y que pone a la luz pública la verdad y solamente la verdad.

Creo que hemos llegado a un resultado positivo. Al terminar las sesiones de la Cámara y entrar en el descanso que merecemos nos vamos con una nota que, a mi juicio, es reconfortante y nos debe sostener en la tarea de abrir paso a la democracia, a la convivencia y al respeto entre todos nosotros.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor René García.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, después de estas largas horas de debate, al Partido Renovación Nacional le ha quedado una muy buena experiencia: que esta noche no hay vencedores ni vencidos. Solamente ha ganado la democracia, la comprensión y el país ha entrado en la cordura que tanto necesita.

Por ello, felicito, a la Cámara de Diputados y a quienes pensamos distinto, pues así se va consolidando la democracia en este país.

También espero que cuando haya otros temas de fiscalización que atañen a este Gobierno, se actúe con el mismo criterio y se dé la oportunidad de que esas investigaciones se lleven a cabo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por derecho reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, quiero precisar la denuncia que la Diputada señora María Maluenda y yo hiciéramos en relación con la práctica de la tortura en recintos policiales. A raíz de la desproporcionada reacción que dicha denuncia provocó en algunas personas, creo vislumbrar una actitud de impedimento de nuestra labor fiscalizadora.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite señor Diputado? Se suspende la sesión por un minuto hasta que haya orden en la Sala.

Se suspendió la sesión a la 1.32 horas y se reanudó a la 1.33 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Puede continuar el Diputado señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

En primer lugar, señor Presidente, quiero precisar que el martes 22 de enero, por acuerdo unánime de la Comisión de Derechos Humanos -en la cual se encontraban presentes parlamentarios de todos los partidos que integran esta Cámara-, a raíz de denuncias muy serias que recibimos, acordamos iniciar una investigación sobre los hechos que a continuación pasaré a exponer. Tengo los testimonios, y dejaré fotocopia de ellos, para que cualquier Diputado de esta Sala pueda verificarlos.

¿Qué denunciamos?. Las siguientes detenciones. El señor Luis Femando Peña Sáavedra, el 21 de septiembre de 1990; la señora Ester Alfaro González, el 21 de septiembre de 1990; el señor Sergio

Antonio Vásquez Barrientos, el 21 de septiembre de 1990; el señor Abraham Enrique Larrea Zamorano, el 30 de septiembre de 1990, y el señor Miguel Montedno Montecino, el 19 de diciembre de 1990. Todos lo fueron por grupos civiles, que posteriormente los llevaron a la 3a. Comisaría de Carabineros, donde sufrieron diversos tipos de torturas durante una larga incomunicación.

Habíamos considerado superados estos hechos en nuestro país. Sin embargo, no es así. Por o hemos estimado conveniente hacer en la denuncia.

Dejo constancia de que estos antecedentes se conocieron en noviembre de 1990, incluso por la prensa; pero, en aquel momento, teniendo conocimiento de ellos no quisimos denunciarlos, en espera del informe de la Comisión Chilena de Derechos Humanos que los ratifica.

Es lamentable que, a raíz de estos hechos se quiera, en alguna medida de mala fe, o por mezquinos intereses políticos, asociar nuestra denuncia con la muerte de dos carabineros ocurrida en el día de hoy. Ni siquiera la Dirección de Carabineros, en su declaración del día de hoy lo hace. Más aún, reconoce la existencia de la Dipolcar, organismo que habría efectuado las detenciones y participado, de algún modo, en las torturas que denunciamos. Incluso, Carabineros señala que sobre la base de los antecedentes de que disponemos, pretende iniciar una investigación.

Quienes hemos luchado por que se respeten los derechos humanos no tenemos un doble estándar en esta materia. Así, como siempre, hemos condenado enérgicamente cualquier atentado criminal, como el sucedido en el día de hoy, conducta que ha sido siempre reconocida por el propio General Director de Carabineros, señor Rodolfo Stange. No aceptamos que se mantenga la tortura. Por eso hemos hecho esta denuncia.

La vida es un valor supremo y nadie, ni aún so pretexto de causa política, tiene derecho de atentar en su contra. Hechos, como la muerte de los dos miembros del Cuerpo de Carabineros, demuestran que aún existen, como secuela de la dictadura que sufrimos durante tantos años, pequeños grupos armados que no aceptan la voluntad soberana de nuestro pueblo de vivir en democracia y en paz. Aprovecho esta ocasión para llamar a esos grupos a que no cierren más sus ojos; a que no se sientan más los redentores de un pueblo que no los sigue y nos los seguirá nunca. Los llamo a reincorporarse a la tarea de reconstrucción democrática y al establecimiento de una Patria más justa y solidaria.

Finalmente, cada vez que tenga una denuncia tan seria y responsable como la que hemos entregado, jamás voy a ser cómplice silencioso, ni por temor voy a callar, porque si lo hiciera, las piedras hablarían por nosotros.

He dicho.