Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde entrar a conocer el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre Centrales Sindicales.

Las modificaciones del Senado, impresas en el boletín N 50-13 son las siguientes:

"Artículo 1°

Ha intercalado las palabras "a los sindicatos" entre los vocablos " Reconócese " y "el derecho", ha reemplazado el punto final (.) por una coma (,) y ha agregado la siguiente frase: "en conformidad a la ley".

Artículo 2°

Lo ha sustituido por el que se señala a continuación:

"Artículo 2°.- Se entiende por central sindical toda organización nacional o regional de representación de los trabajadores de diversos sectores productivos o de servicios integrada por sindicatos. Ningún sindicato podrá estar afiliado a más de una central sindical.

Las organizaciones gremiales también podrán formar sus propias centrales, en conformidad a las leyes vigentes.".

Artículo 3°

Ha reemplazado en su inciso primero la frase "democráticos para la elección de autoridades" por la siguiente que contemplarán votación secreta, nominal, directa e informada de los miembros afiliados a todos los sindicatos que compongan la central, en la elección de las autoridades de ésta.

Ha cambiado su inciso segundo por el que se expresa en seguida:

"Con todo, los estatutos deberán contemplar que la aprobación y reforma de los mismos, así como la elección del cuerpo directivo, deberá hacerse ante un ministro de fe, en votación secreta, garantizando la adecuada participación de los distintos sectores y la votación proporcional, según el número de asociados de las respectivas organizaciones afiliadas. La duración del directorio no podrá exceder de cuatro años".

Ha agregado el siguiente inciso final nuevo:

"Los estatutos deberán, también, contemplar un mecanismo que permita la remoción de todos los miembros del directorio de la central, en los términos señalados en el artículo 232 por del Código del Trabajo".

Artículo 4°

Lo ha sustituido por el siguiente:

"Artículo 4°.- Para constituir una central sindical se requerirá de 100 sindicatos o de un número inferior a ése si representan, a lo menos, 10.000 trabajadores.".

Artículo 5°

Ha reemplazado su inciso primero por el que se indica a continuación:

"Artículo 5°.- En el acto de constitución de una central, todas las entidades fundadoras estarán representadas, a lo menos, por un miembro de su directorio especialmente designado al efecto y se procederá, en votación secreta y en presencia de un ministro de fe, a aprobar sus estatutos y a elegir el directorio. Cada representante tendrá los votos proporcionales de los afiliados al sindicato que representa.".

Artículo 6°

Ha reemplazado en su inciso primro los vocablos "de la organización, por las palabras "del sindicato".

Artículo 7°

Ha cambiado, en sus incisos primero y segundo, la palabra "treinta" por la expresión "cuarenta y cinco".

Ha sustituido, en su inciso tercero, el vocablo "mismo" por "referido" y la frase "del respectivo domicilio", por la siguiente: "de la jurisdicción en que tenga su domicilio la central sindical".

Artículo 8°

Ha reemplazado su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 8°.- Todos los miembros del directorio de una central sindical que, al momento de su elección en ella, estuvieran amparados por fuero laboral o que sean directores de una asociación gremial, gozarán de este fuero durante el período por el cual dure su mandato en la central y hasta seis meses después de expirado éste. Dicho fuero y su extensión de seis meses, se mantendrá aun cuando el director de la central deje de ser dirigente de su organización base y mientras éste sea reelecto en períodos sucesivos en el directorio de la central".

En su inciso segundo, ha reemplazado la expresión "podrán excusarse de su obligación" por las palabras "quedan eximidos" y ha agregado la frase "legales y contractuales" después de la palabra "efectos".

Ha eliminado sus incisos tercero, cuarto y quinto.

Artículo 9°

Lo ha reemplazado por el que se indica a continuación:

"Artículo 9°.- Son finalidades de las centrales sindicales:

1) Representar los intereses generales de los trabajadores de las organizaciones afiliadas ante los poderes públicos y las organizaciones empresariales del país. En el nivel internacional esta función se extenderá a organismos sindicales, empresariales, gubernamentales y no gubernamentales y, especialmente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y además organismos del sistema de Naciones Unidas.

2) Participar en organismos estatales o no estatales de carácter nacional, regional, sectorial o profesional conforme a su representatividad cuantitativa o cualitativa, y todo otro objetivo o finalidad que señalen sus estatutos que no sea contrario a la Constitución Política de la República o a la legislación vigente y que se inserte dentro de los fines propios y necesidades de las organizaciones de base, como por ejemplo:

Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social y denunciar sus infracciones ante las autoridades correspondientes;

Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles recreación;

Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados;

Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y prevención de enfermedades profesionales, sin perjuicio de la competencia de los Comités Paritarios;

Constituir mutualidades, fondos u otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción socio-económicas y otras;

Concurrir a la constitución y participar en instituciones de carácter previsional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y propender al mejoramiento del nivel de empleo".

Artículo 10

Lo ha sustituido por el que se expresa en seguida:

"Artículo 10.- Las centrales sindicales podrán constituir libremente organizaciones internacionales de trabajadores o afiliarse a ellas, en la forma que lo determinen los respectivos estatutos. Estos deberán señalar la manera cómo las organizaciones afiliadas deberán conocer previamente los estatutos y las obligaciones económicas o de otra naturaleza que resulten de tal constitución o afiliación".

Artículo 11

Lo ha reemplazado por el que se menciona a continuación:

"Artículo 11.- El mandamiento de las centrales sindicales provendrá de los sindicatos afiliados, de los miembros de éstos en los montos y porcentajes que fijen sus estatutos, y de las demás fuentes que consulten éstos en conformidad a la ley.

La administración y disposición de estos recursos deberá reflejarse en la contabilidad correspondiente, de acuerdo a las normas establecidas en el Libro III del Código del Trabajo.".

Artículo 12

Ha cambiado su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 12.- Las centrales sindicales se disolverán:

a)Por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus sindicatos afiliados, en asamblea efectuada con las formalidades establecidas por el inciso segundo del artículo 3°;

b) Por alguna de las causales de disolución previstas en sus estatutos, y

c) En el caso de que el total de los sindicatos integrantes represente, por un lapso superior a seis meses, un número inferior de afiliados que los requeridos para su constitución".

Ha reemplazado su inciso segundo, por el siguiente:

"La disolución podrá ser solicitada por cualquiera de los sindicatos afiliados y en caso de la letra c), operará de pleno derecho".

Ha sustituido en su inciso tercero la frase "del respectivo domicilio" por la oración "de la jurisdicción en que tenga su domicilio la central sindical".

Artículo 13

Ha sido reemplazado por el siguiente:

"Artículo 13.- El Ministro conocerá en única instancia, sin forma de juicio, con los antecedentes que proporcione en su presentación el solicitante, oyendo al directorio de la central sindical, o en su rebeldía, y deberá dictar sentencia dentro del plazo de diez días desde que se haya notificado al Presidente de la central sindical o a quien estatutariamente lo reemplace.

Si la disolución fuese solicitada por la Dirección del Trabajo, deberá oírla antes de dictar sentencia."

Artículo único transitorio

Lo ha rechazado.

Ha agregado el siguiente artículo 15, nuevo:

"Artículo 15.- Ninguna central sindical podrá evidenciar, en su denominación o en sus estatutos o acuerdos, el propósito de monopolizar la representación de los trabajadores chilenos".

El señor FANTUZZI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, Renovación Nacional se abstendrá en la votación de los artículos modificados por el Senado. Aunque algunas enmiendas mejoran el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, hay otras que no compartimos. Tampoco hemos concordado, tal como lo manifestamos en su ocasión, con el proyecto conocido por la Honorable Cámara en su primer trámite constitucional.

Confiamos en que en la Comisión Mixta se llegará a acuerdos mediante los cuales los trabajadores sientan que sus deseos son reconocidos; se permita la existencia de más de una central sindical, como muchas veces se dijo en esta Sala; se acepte la proposición de Renovación Nacional de la UDI sobre el quórum, y se considere el tema de los jubilados.

Nosotros tampoco queremos, como expresara el Diputado señor Seguel , alargar esto más allá de la cuenta, pues nuestro objetivo es formular tales aportes en la Comisión Mixta para llegar a un acuerdo global.

He dicho.

El señor SEGUEL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, la Democracia Cristiana votará en contra de todas las modificaciones introducidas por el Senado.

A este respecto, deseo precisar que este proyecto de ley estuvo aproximadamente 3 meses y medio en la Corporación y recalcar que, al enviarlo al Senado, su texto consignaba aproximadamente, el 80 por ciento del acuerdo político logrado en esta Cámara. Solamente en dos o tres puntos había diferencias.

Lo lamentable de todo esto es el poco respeto de los señores Senadores por los acuerdos políticos adoptados en esta Cámara.'

En cambio nosotros respetamos íntegramente todos sus acuerdos políticos relativos al proyecto sobre estabilidad en el empleo que el Senado nos envió, razón por la cual, realmente nos sentimos pasados a llevar por esa rama del Congreso.

Enfatizo que nuestra intención, como Diputados, es buscar el mejor acuerdo posible en la Comisión Mixta, pues creemos que el documento que nos ha remitido el Senado tritura el buen proyecto de ley que despachó la Cámara.

Lo que pretendemos es entregar al país, a los trabajadores, a los empresarios y al Gobierno, un proyecto que en forma eficaz fije las normas de regulación sobre las centrales sindicales chilenas. Lo que el Senado nos ha mandado es una “bolsa de gatos" que no entiende absolutamente nadie.

Por lo tanto, la Democracia Cristiana, en su conjunto, votará en contra de las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor OLIVARES.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, me constan los esfuerzos de cada uno de sus integrantes durante el estudio del proyecto de centrales sindicales, por tratar de conciliar los distintos puntos de vista. Es así como fueron recibidos y escuchados dirigentes de las diversas centrales sindicales, por tratar de conciliar los distintos puntos de vista. Es así como fueron recibidos y escuchados dirigentes de las diversas centrales de trabajadores del país, incluso los del sector pasivo, de los pensionados.

Por lo tanto, el resultado final de este estudio laborioso fue el proyecto que conoció y aprobó posteriormente esta Sala.

Por ello, he quedado sorprendido ante la actitud de los Senadores, porque el texto que ellos nos envían de vuelta contiene modificaciones algunas muy distantes de la realidad y podría decir hasta poco serias que conducen a frustrar la labor hecha con tanta dedicación por nosotros y a que los trabajadores, una vez más, se vean burlados en sus aspiraciones, por cuanto las soluciones contenidas en el texto conocido y aprobado por la Cámara, queden nuevamente en el aire.

Esas son algunas de las razones por las cuales los parlamentarios de la bancada del Partido Por la Democracia, Partido Socialista, Izquierda Cristiana y Partido Humanista, rechazaremos todas las modificaciones introducidas por el Senado.

Eso es todo.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

A la bancada de la Unión Demócrata Independiente no le satisfacen las proposiciones hechas por el Senado. Por tal razón, en general nos abstendremos en la votación.

Sin perjuicio de ello, insistiremos en dos artículos básicos de este proyecto, que analizamos en la discusión particular. Quiero referirme a esas disposiciones porque son el real aporte que haremos ante la Comisión Mixta, en la cual, estoy seguro, se llegará a un acuerdo plenamente satisfactorio para los trabajadores, los empresarios y en definitiva, el país.

En la discusión particular del artículo 2°, expresamos que existía confusión respecto del nombre del proyecto, que hace clara alusión a los sindicatos. No obstante, a la iniciativa del Ejecutivo se incorporaron instituciones totalmente distintas, que se rigen por estatutos jurídicos diferentes, como las asociaciones gremiales, las asociaciones de la administración civil del Estado, de las municipalidades e, incluso, del sector pasivo.

En esta Sala, se podrá sostener que la ley no define el vocablo "sindicato"; por lo tanto, habría que recurrir al concepto amplio del Diccionario de la Lengua Española. Sin embargo, ese argumento no es válido, porque el actual Código del Trabajo no define lo que es sindicato, pero sí la organización sindical, a la cual dedica todo el Libro III. Incluso, el propio Ejecutivo, en el proyecto sobre negociación colectiva y organizaciones sindicales, recién ingresado a la tramitación legislativa, también lo define en el Libro I. Por esta razón, en aquella oportunidad propusimos al Ejecutivo que cambiara el nombre al proyecto, para que estas entidades pasaran a denominarse, derechamente, "Centrales de trabajadores".

En esa ocasión manifestamos que, independientemente del articulado, aquí se estaba optando por un sindicalismo popular, en circunstancias de que nosotros postulábamos uno de base. Esto se expresa en que sólo las federaciones, las confederaciones y los sindicatos de más de mil trabajadores, pueden optar a una central sindical.

En esa oportunidad, se nos dijo que en cuanto a la organización sindical, el actual Código del Trabajo establece un sistema piramidal, es decir, con organizaciones de primer, segundo y tercer grados, constituidas por los sindicatos, federaciones y confederaciones, respectivamente.

De acuerdo con ese espíritu, el Ejecutivo señaló que este proyecto pretende

crear una organización de cuarto grado, a la cual tengan acceso sólo organizaciones de carácter superior, es decir, federaciones y confederaciones y, excepcionalmente, sindicatos de más de mil afiliados, que suman en el país veintinueve. Pero en esa ocasión no se aclaró que en conformidad con los artículos 255 y 256 del Código del Trabajo, los sindicatos bases u organizaciones de primer grado, independientemente del número de afiliados son soberanos para incorporarse, indistintamente y en forma directa, a organizaciones de segundo o tercer grado, o sea a federaciones y confederaciones. Por lo tanto, hemos sido partidarios de la soberanía de las organizaciones bases para postular, en forma directa, a cualquier organismo de grado superior, dentro de los cuales se incluye a la Central Sindical, sin que necesariamente tengan que afiliarse a una federación o confederación y sin perjuicio de que esta facultad también puedan ejercerla, evitando la discriminación, entre sindicatos, según su tamaño. Esa es nuestra aprensión respecto del artículo 2°.

También debo hacer presente que el artículo 4° del proyecto no nos satisface. Consideramos que una central sindical con ochocientos trabajadores es poco representativa. Debe asegurarse la pluralidad, pero también la representatividad. Por eso, planteamos en la Cámara que a nosotros nos satisfacía un quórum del 5 por ciento.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo .

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, como lo manifestaba el Diputado Seguel , los Diputados de la Democracia Cristiana votaremos en contra de las modificaciones del Senado.

Eso obliga a que este proyecto sea tratado en una Comisión Mixta en la cual, tal como lo han dicho los demás parlamentarios que han intervenido con anterioridad, también confío en que llegaremos a un acuerdo que genere un texto que responda realmente a lo que debe ser una ley sobre centrales sindicales. En verdad, las modificaciones introducidas por el Senado son tan sustanciales que podríamos decir que el proyecto devuelto es diferente del aprobado por la Cámara. Me referiré entonces, a los principales aspectos en que hay clara diferencia de criterios entre la Cámara y el Senado.

En primer lugar, debo mencionar lo relativo a la integración de las centrales sindicales; cuáles son las organizaciones que tiene derecho a integrarlos. De acuerdo con el proyecto del Senado, son sólo los sindicatos, en circunstancias de que, según el proyecto de la Cámara de Diputados, podían constituir centrales sindicales las federaciones, las confederaciones, ciertos sindicatos -aquéllos con más de mil afiliados-, las asociaciones gremiales, las asociaciones de funcionarios de la Administración Civil del Estado y de las Municipalidades, las organizaciones de pensionados. Es decir, el espectro de organizaciones que podían se cobijadas dentro de una central sindical, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, era mucho mas amplio y más representativo de la realidad sindical y laboral del país.

Por otra parte, el proyecto estaba de acuerdo con lo que ha sido la tradición sindical chilena, puesto que la organización de los trabajadores se ha estructurado siempre en las instancias que, de hecho y de derecho, han existido en materia de centrales, sobre la base de una amplia participación de los más diversos sectores, sin hacer diferencias, y según el estatuto jurídico que vincule a los distintos trabajadores que participen en ellas. Así, entonces, han tenido cabida trabajadores de los sectores público y privado, de las municipalidades, profesionales, pensionados, etcétera. Como aquí dentro de las finalidades de las centrales sindicales se establece que ellas representan los intereses generales de los trabajadores, no se advierte la razón que ha tenido el Senado para ser tan restrictivo y cincunscribir, como entes participantes en las centrales sindicales, sólo a los sindicatos. Aquí se plantea una primera e importante diferencia, con la cual, naturalmente, estamos en desacuerdo.

Pero eso no es todo, señor Presidente. En verdad, el trabajo realizado por el Senado debemos decirlo deja bastante que desear: es poco acucioso. Es así como contiene disposiciones absolutamente contradictoria entre sí. Voy a leer cómo quedó el artículo 32, después de las modificaciones introducidas por el Senado. Dice lo siguiente: "Los objetivos, estructuras, funcionamiento y administración de las Centrales Sindicales serán reguladas por sus estatutos en conformidad a la Constitución Política de la República y a la ley vigente, los que en todo caso deberán establecer procedimientos que contemplarán votación secreta, nominal, directa e informada de los miembros afiliados a todos los sindicatos que compongan la central, en la elección de las autoridades de ésta". De la lectura de este primer inciso, todos entendemos que el Senado está planteando que en la elección de las directivas de las Centrales Sindicales votan todos los trabajadores afiliados a las organizaciones que las integran; es decir, estamos hablando de una votación universal.

Pero, ¿qué nos dice el inciso segundo propuesto por el Senado? "Con todo, los estatutos deberán contemplar que la aprobación y reforma de los mismos, así como la elección del cuerpo directivo el inciso primero hablaba, precisamente, de la elección del cuerpo directivo, deberá hacerse ante un ministro de fe, en votación secreta, garantizando la adecuada participación de los distintos sectores y la votación proporcional, según el número de asociados de las respectivas organizaciones afiliadas". Esto no lo entiendo, y sería bueno que el Senado nos explicara cómo se aplicará esta disposición. Si es una votación nominal, directa e informada de cada uno de los miembros integrantes de los sindicatos afiliados a una central, ¿cómo será posible aplicar el mecanismo que garantice la adecuada participación de los distintos sectores y la votación proporcional, según el número de asociados de las respectivas organizaciones? ¿Significa esto que el afiliado a un sindicato pequeño tendrá un cuarto, un tercio, un décimo de voto?; ¿Eso quiere decir?

Esta es una disposición absolutamente inconsulta, inaplicable; revela la poca seriedad que tuvo el Senado al examinar una cuestión tan importante para el desarrollo del sindicalismo chileno, como es este proyecto de ley sobre centrales sindicales.

Otra modificación del Senado es la relativa al quórum. En el proyecto de la Cámara se establecía que toda central sindical debía reunir, a lo menos un 10 por ciento de los trabajadores organizados del país; pero con las modificaciones del Senado "se requerirá de cien sindicatos o de un número inferior a ése si representan a lo menos, 10 mil trabajadores". Si consideramos la cantidad de trabajadores sindicalizados del país, que debe ser la del orden de los seiscientos o setecientos mil, podrían existir entre sesenta y setenta organizaciones de este tipo, con lo cual se "festina" lo que significa una central sindical, la cual, por su propia naturaleza, debe ser una agrupación representativa de los trabajadores.

Es evidente que una organización de diez mil trabajadores, de un universo probable de setecientos mil, no es una institución representativa. No se concibe cómo con esa clase de centrales podrán establecerse acuerdos razonables y responsables que involucren a los trabajadores, si queremos que se continúe cultivando la política que hasta aquí se ha seguido entre las organizaciones empresariales y las principales centrales sindicales del país, en orden a lograr acuerdos sobre importantes puntos económicos sociales.

El Senado limita la posibilidad de fuero de los dirigentes de estas organizaciones. La Cámara estableció que el dirigente de una central que también lo fuera de una organización base, conservaba el fuero y lo mantenía mientras tuviera esa calidad, aun cuando dejara de ser dirigente de la organización base. En la modificación del Senado se elimina esta segunda posibilidad, de suerte que el dirigente de una central mantiene el fuero sólo en la medida en que esté vigente su calidad de dirigente de la organización base.

Pero, a continuación, hay algo que realmente resulta sorprendente: la situación en que quedan los dirigentes de las centrales sindicales.

En el texto aprobado por la Cámara de Diputados se establece que los directores de las centrales podrán excusarse de su obligación de prestar servicios a su empleador por todo el período que dure su mandato; en caso contrario, tendrán derecho a los permisos sindicales correspondientes. Pero el Senado eliminó esta posibilidad y, en su lugar, dice que los directores de las centrales sindicales "quedan eximidos" de su obligación de prestar servicios al empleador.

Al ser elegido dirigente de una central sindical, en el hecho, el trabajador pierde su trabajo porque queda eximido de su obligación de prestar servicio y, naturalmente, al no hacerlo deja de percibir remuneración.

La ley dejaba esta posibilidad al acuerdo de las partes; ahora, el Senado la establece de manera imperativa. De suerte que un trabajador de un sindicato pequeño, que sólo necesita del horario sindical pare efectuar las diligencias correspondientes a su cargo, tendrá dos opciones: dejar de trabajar en la empresa y, en consecuencia, de percibir las remuneraciones correspondientes a su trabajo, o bien renunciar a ser dirigente sindical.

Con eso se hace una interpretación muy particular y curiosa de la libertad de trabajo. En el fondo, se priva al dirigente sindical del derecho a trabajar, porque él decide permanecer en el cargo y hacer uso de los permisos sindicales, la modificación del Senado se lo prohíbe. Simplemente, lo obliga a excluirse del trabajo y, por lo tanto, a no obtener recursos de esa fuente.

Por último, el Senado rechazó la disposición transitoria que permite la constitución de centrales sindicales de una manera más rápida que la contemplada en las disposiciones permanentes, con el objeto de reconocer a las organizaciones sindicales que han existido de hecho y que fueron importantes en el trayecto que ha recorrido la civilidad chilena para recuperar la democracia de que hoy día gozamos.

Los legisladores de esta Cámara pensamos que se debe un reconocimiento a los trabajadores; y la forma de materializarlo es, precisamente, reconociéndoles de derecho la existencia de sus organizaciones, dentro del marco de la legislación aprobada por el Congreso. Esa disposición ha sido rechazada por el Senado.

Por estas razones, los Diputados de la bancada democratacristiana votaremos en contra de las modificaciones del Senado y esperamos, como dije, que en la Comisión Mixta se conciben los intereses que han estado presentes en la discusión de este proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra .

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la bancada radical-social demócrata también votará en contra de las modificaciones del Senado.

Lamentamos profundamente que se demore este proyecto tan esperado por los trabajadores, que potencia, precisamente, las organizaciones sindicales.

En su disposición de legislar, la Con certación proclama que más allá de las diferencias políticas hay que buscar los puntos de coincidencia de largo plazo respecto de la solución de los problemas sociales. Surge, entonces, la necesidad de que los empresarios sean capaces de aceptar las reformas laborales para producir reconversión de las empresas frente a los desafíos laborales y relaciones más estables.

Un parlamentario de la extrema derecha señaló algunas críticas al proyecto. Sin embargo, un miembro del Consejo Económico y Social del Gobierno anterior, que hoy día es presidente de la organización conocida como GTCH, el señor Pedro Briceño , que muy bien conocen, dice que le entrega su apoyo porque potencia las organizaciones sindicales y permite la libre afiliación a ellas.

Frente a una relación numérica del parlamentario, resulta curioso que él, como trabajador, como dirigente sindical, manifieste estar de acuerdo con el quorum del 10 por ciento exigido para formar una central.

Entonces, ¿cuánto se dice la verdad?

En una declaración al diario "El Mercurio" respecto de la situación económica de país, el mismo dirigente dice que su organización solicita un 20 por ciento de reajusta para los empleados públicos. Hoy día, cuando el Gobierno propone el 25 por ciento, lo hallan poco.

Nosotros vamos a votar en contra de las modificaciones del Senado, porque las consideramos poco serias.

Hay una segunda intención, que los trabajadores van a exigir que el país conozca.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, el Diputado señor Rubén Gajardo ha fundamentado nuestra posición para rechazar las modificaciones del Senado e insistir en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados.

Sin entrar a calificar las intenciones de los señores Senadores, la modificación al artículo 9° es sorprendente. En parte dice: "Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social y denunciar sus infracciones ante las autoridades correspondientes". ¡Eso es obvio! ¡Esa es la función de toda organización sindical! No tiene por qué detallarla.

Más adelante, expresa: "Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles recreación".

Para no argumentar más, todavía hay un agregado que llama mucho la atención: "Concurrir a la constitución y participar en instituciones de carácter previsional cualquiera sea su naturaleza jurídica". ¿Quiere decir que las centrales van a volver al sistema de los organismos auxiliares de las cajas de previsión, como tenían los trabajores del salitre, de la Compañía Chilena de Tabacos y de otras instituciones? ¿Vamos a modificar el sistema previsional?

Creo que al Senado se le pasó la mano al detallar las atribuciones y las funciones de las centrales gremiales. En cambio, la Cámara de Diputados las contemplaba en su totalidad en la letra c) del artículo 92, de la siguiente manera: " Todo otro objetivo o finalidad que señalen sus estatutos, que no sea contrario a la Constitución

Política de la República y a la ley vigente". Ahí están contenidas las atribuciones de las centrales gremiales, sin entrar en el detalle doméstico" que el Senado ha pretendido con las modificaciones introducidas en este proyecto.

A mi juicio, tenemos razones de sobra para que en la Comisión Mixta se impongan los puntos de vista de la Cámara de Diputados en relación con este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputados señor Palestro .

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, aquí se han producido una serie de hechos sorprendentes y, en cierta manera, positivos como es el acuerdo unánime de los Comités para despachar rápidamente el proyecto de las centrales sindicales.

Se subentiende que los Comités se reúnen y llegan a acuerdo para evitar la charla o la cháchara abundante sobre el mismo tema, que ya, en cierta manera, lo han resuelto.

Se pierde el tiempo con el único y exclusivo objeto de quedar en el cobre, en el bronce o en la piedra, sencillamente, de la historia de la ley, en circunstancias de que hace media hora, por lo menos, que deberíamos haber votado y despachado el proyecto.

A mi juicio, se ha producido un hecho muy auspicioso, que ojalá repitan los Diputados de la UDI y de Renovación Nacional: han estado de acuerdo con un proyecto que favorece a los trabajadores y ha sido aceptado por las centrales sindicales. Quiere decir que esos partidos de la Derecha reconocen lo positivo que es actuar en democracia: discutir, conversar, dar a conocer una opinión, disentir, incluso; pero, al final, sacar un acuerdo legítimo y favorable a los trabajadores.

Pero hay compañeros, con el perdón de algunos señores Diputados, que alargan la discusión de un proyecto sólo con el objeto de aparecer en la versión. Por nuestra experiencia de viejos parlamentarios, sabemos que la versión no la leen ni en la casa.

Los señores Diputados saben que los libros pesan y, por eso, cuando se viaja, aunque sean regalados, generalmente se dejan en el hotel, porque es preferible comprarlos en Chile que traerlos de otras partes.

Sin poner en tela de juicio la opinión de los parlamentarios y la libertad que tienen para expresarla, vale la pena hacer presente que los Comités se reúnen para llegar a una conclusión, y hacer más rápido el despacho de proyecto de ley que están esperando los trabajadores. Lo demás es perder el tiempo.

Hay una serie de proyectos importantes que están esperando, y ojalá los despachemos dentro del tiempo que corresponda. La excesiva verborrea, en el fondo, hace perder el tiempo a mucha gente que está esperando este proyecto que la beneficia directamente.

Por eso, pido que insistamos en el proyecto de la Cámara y rechacemos las modificaciones del Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Martínez .

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, a pesar de la intervención de mi colega y camarada, don Mario Palestro , que podría inhibir mi participación en relación con este proyecto de ley de centrales sindicales, voy a decir algunas breves palabras, para no alargar el debate, porque se ha producido unanimidad en la Cámara de Diputados respecto de lo inconveniente de las modificaciones que le introdujo el Senado.

Por lo menos, quiero relevar un aspecto que a mí me parece importante. En el fondo, en la actitud del Senado hay una lógica lucha de clases. Es curioso. Quienes han declarado obsoleto al marxismo, una doctrina superada por el devenir histórico, sólo han revelado un sentimiento clasista contrario a los trabajadores, con profundo temor de que logren una condición de relativa equiparidad con la parte empresarial. Se ha hablado, muchas veces, que en la empresa, son imprescindibles tanto el trabajo como el capital. Hoy día, los sectores políticos representativos de este último, claramente se desdicen de esta supuesta confluencia de intereses que, en definitiva, supera la lógica de la lucha de clases. ¿Qué hay detrás de estas indicaciones? Impedir que los trabajadores se organicen en buena forma, que sean capaces de representar y defender los legítimos intereses de los afiliados a sus organizaciones y, en general, los del resto de los trabajadores del país. No se quiere que los trabajadores sean un interlocutor válido en la sociedad chilena. De acuerdo con lo planteado por el Senado, se quiere evitar que los trabajadores organizados en centrales sindicales expongan sus puntos de vista, como corresponde, y se conviertan en el bastión en que se fundamente el orden democrático. Rechazamos que se trate de minimizar a las centrales sindicales que distinga a aquellas organizaciones de carácter representativo de los intereses de los trabajadores organizados y que aparezcan en forma profusa y claramente imbuidas de una lógica que parecía superada por los últimos acontecimientos y por las confesiones de orden político tantas veces señalada.

¡Lamentable actitud! Sólo nos cabe plantear nuestro tajante y definitivo rechazo de esta actitud.

Los trabajadores esperan que se les reconozca el papel que ellos jugaron en el advenimiento del Gobierno democrático, en el inicio del proceso de transición y en la lucha que desarrollaron durante el régimen dictatorial, por un elemental sentido de justicia, por cuanto todos sabemos que en el régimen pasado ellos sufrieron, quizás en mayor medida que cualquier otro sector, las consecuencias de una política que los lanzó a la cesantía, les disminuyó sus remuneraciones y los dejó en la indefensión frente a los empresarios. En fin, existe una serie de cuestiones que hoy día, por un elemental sentido de justicia, la democracia debe reparar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que permite a los pequeños agricultores recuperar el Impuesto al Valor Agregado. Segundo informe de las Comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo y de Hacienda.

Diputado Informante de la Comisión de Agricultura, es el señor Mario Acuña .

El proyecto impreso en el boletín N° 127-01, es el siguiente:

Artículo l°.- Los pequeños productores agrícolas podrán recuperar el crédito fiscal, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, soportado en las adquisiciones que efectúen o servicios que contraten, mediante su devolución por el Servicio de Tesorería, de acuerdo con las siguientes normas:

a)Se entenderá por pequeño productor agrícola a la persona natural, acogida al régimen de renta presunta de la Ley de Impuesto a la Renta, y que explote uno o varios predios agrícolas cuyo avalúo fiscal no supere el equivalente a 65 unidades tributarias mensuales al mes de enero del ejercicio respectivo;

b) Los productos que vendan deberán ser agropecuarios y no podrán ser adquiridos de terceros;

c) El crédito fiscal con derecho a devolución deberá cumplir con todos los requisitos que al respecto establece el Decreto Ley N° 825, de 1974.

d) La devolución del crédito fiscal, no recuperado mediante otro mecanismo legal, sólo procederá cuando el pequeño productor agrícola realice ventas a los contribuyentes que se indican en la letra g), por las cuales se emitan facturas de compras, no pudiendo exceder tal devolución al impuesto que corresponda por las compras y servicios que no superen el 70% de esas ventas, en valores netos, en el mismo período tributario. No obstante, el derecho de la devolución del crédito fiscal sólo será aplicable hasta un monto neto de ventas de 200 unidades tributarias mensuales respecto de un pequeño productor agrícola, en el período de doce meses referido en la letra siguiente;

e) La solicitud de devolución del crédito fiscal deberá presentarse, en el Servicio de Impuestos Internos en el mes de junio de cada año, respecto de las compras efectuadas o servicios utilizados en los doce meses inmediatamente anteriores. La solicitud contendrá las especificaciones que establezca dicho Servicio y a ella se acompañarán las facturas del período, tanto de sus adquisiciones y servicios utilizados como de sus ventas. Dentro de los dos meses siguientes de presentada la petición, el Servicio de Tesorería, previo informe del Servicio de Impuestos Internos, devolverá al pequeño productor agrícola, sin más trámite, la cantidad que corresponda por concepto del crédito fiscal, más un reajuste equivalente al 50% de la variación del Índice de Precios al Consumidor determinada en el período de doce meses respectivos;

f) El monto del impuesto de las facturas de compra, referidas en la letra anterior en cuya emisión se detecten infracciones, deberá deducirse íntegramente de la cantidad por la cual se solicita la devolución, o bien se hará exigible el reembolso de la suma proporcional recibida, considerándose para todos los efectos como una diferencia de Impuesto al Valor Agregado. Mientras no se restituyan las cantidades que corresponda por estas devoluciones indebidas, el pequeño productor agrícola no podrá seguir impetrando el beneficio que establece este artículo, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar, de acuerdo a lo prescrito en otros textos legales.

g) Para los efectos de lo dispuesto en la letra d), el Director de Servicio de Impuestos Internos podrá establecer, para determinadas empresas que declaren sus impuestos sobre la base de contabilidad completa, la obligación de emitir facturas de compra, en las adquisiciones que hagan a los pequeños productores agrícolas, y retener, declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado que corresponda a la operación, sin deducción de ninguna especie, asumiendo la empresa todas las obligaciones que establece el decreto ley N° 825, de 1974, para el contribuyente vendedor de los bienes. En uso de esta atribución, el Director deberá considerar el monto de las ventas de las empresas, su capital o cualquier otro antecedente o requisito que garantice un adecuado control de las facturas de compras que se emitan. El Director podrá suspender o suprimir la obligación de emitir facturas de compra, respecto de las empresas que estime conveniente excluir del sistema a que se refiere este artículo.

h) Las empresas referidas en la letra anterior, para que sea aplicable lo dispuesto en este artículo, deberán inscribirse en un rol en la forma, plazo y condiciones que establezca el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, este Servicio podrá exigir que los pequeños productores agrícolas se inscriban en dicho rol. El mencionado Servicio podrá requerir la información que considere necesaria, imponer la exhibición y anotación de documentos de identificación en las facturas respectivas, exigir requisitos y obligaciones especiales en la emisión de las facturas de compras, y cualquier otro procedimiento que sea indispensable para el debido resguardo del interés fiscal, incluso suspender o suprimir la exigencia de entregar todas o algunas de las facturas al solicitarse la devolución del crédito fiscal.

i) El no cumplimiento de las disposiciones referidas en los incisos anteriores y de los requisitos o exigencias que se establezcan con motivo de ellos, harán aplicables las sanciones contempladas en el Código Tributario. Sin perjuicio de la procedencia de estas sanciones, el pequeño productor agrícola que comete cualesquiera de las infracciones que se contienen en el número 4 del artículo 97 del Código Tributario, quedará definitivamente excluido del derecho a la devolución del crédito fiscal que autoriza este artículo, y

j) Lo dispuesto en este artículo regirá desde el día l2 del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial, afectando a las adquisiciones o utilización de servicios que los pequeños productores agrícolas acrediten por los doce meses anteriores al mes de junio de 1991.

Artículo 2°.- Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 1991, la vigencia de los actuales avalúos de los Bienes Raíces Agrícolas, con sujeción a todas las normas que inciden en la determinación de dichos avalúos, en especial, a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.325, de 1978, y fíjase la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen de acuerdo con las nomas del artículo 32 de la ley N° 17.235, a contar del 1° de enero de 1992.

Para la fijación de los nuevos avalúos, el Servicio de Impuestos Internos podrá eximir de la obligación de presentar la declaración a que se refiere el citado artículo 3° de la Ley N° 17.235, a todos o a una parte de los contribuyentes.

Las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, impresas en el boletín N° 127-01, son los siguientes:

En el artículo 1°, letra a), se acordó mantener el texto aprobado en su primer informe, el cual quedó redactado de la siguiente manera:

"a) Se entenderá por pequeño productor agrícola a la persona natural, acogida al régimen de renta presunta de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que explote uno o varios predios agrícolas, cuyo avalúo fiscal no supere el equivalente a 100 unidades tributarias mensuales al mes de enero del ejercicio respectivo. En cada retasación de los predios agrícolas que se practiquen en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley Ne 17.235, el monto que corresponda a los 100 unidades tributarias mensuales se ajustará en el mismo porcentaje de variación que se determine entre el nuevo valor total de los avalúos de los predios agrícolas que no superaban

dicho monto, y el que tenían con anterioridad a dicho reavalúo. Para estos efectos, el nuevo límite de unidades tributarias mensuales se expresará en número enteros subiendo al entero la décima superior a cinco y depreciando la inferior a este decimal;".

"g) Para los efectos de lo dispuesto en la letra d), el Director del Servicio de Impuestos Internos podrá establecer, para determinadas empresas que declaren sus impuestos sobre la base de contabilidad completa, la obligación de emitir facturas de compra, en las adquisiciones que hagan a los pequeños produtores agrícolas, y retener, declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado que corresponda a la operación, sin deducción de ninguna especie asumiendo la empresa todas las obligaciones que establecer el decreto ley N° 825, de 1974, para el contribuyente vendedor de los bienes. En uso de esta atribución, el Director deberá considerar el monto de las ventas de las empresas, su capital o cualquier otro antecedente o requisito que garantice un adecuado control de las facturas de compras que se emiten. El Director podrá suspender o suprimir la obligación de emitir facturas de compras, respecto de las empresas que estime conveniente excluir del sistema a que se refiere este artículo;".

"h) Las empresas referidas en la letra anterior, para que sea aplicable lo dispuesto en este artículo, deberán inscribirse en un rol en la forma, plazo y condiciones que establezca el Servicio de Impuesto Internos. Asimismo, este Servicio podrá exigir que los pequeños productores agrícolas se inscriban en dicho rol. El mencionado Servicio podrá requerir la información que considere necesaria, imponer la exhibición y anotación de documentos de identificación en las facturas respectivas, exigir requisitos y obligaciones especiales en la emisión de las facturas de compras, y cualquier otro procedimiento que sea indispensable para el debido resguardo del interés fiscal e incluso suspender o suprimir la exigencia de entregar todas o algunas de las facturas al solicitarse la devolución del crédito fiscal;".

En el artículo 2°, se reemplazó el guarismo "1991" por "1992".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado Informante.

El señor ACUNA.-

Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo en su segundo informe, luego de conocer las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, procedió a estudiar y a votar las indicaciones presentadas en la Sala, en la sesión del 16 de octubre pasado.

Se acogieron, en su totalidad, las modificaciones propuesta en la Comisión de Hacienda, las cuales en principio se consideró necesario hacerlas presentes al Ejecutivo, con el fin de que las propusiera por ser materias de su competencia. En esta ocasión, el señor Ministro del ramo estimó apropiado aumentar, de 65 a 100 unidades tributarias mensuales, el avalúo fiscal de los predios sujetos al beneficio de recuperación del Impuesto al Valor Agregado. Además, el Ejecutivo propuso agregar, en punto seguido, lo siguiente: "En cada retasación de predios agrícolas que se practiquen en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 17.235, el monto que corresponda a las 100 UTM se ajustará en el mismo porcentaje de variación que se determine entre el nuevo valor total de los avalúos de los predios agrícolas que no superen dicho monto y el que tenía con anterioridad a dicho reavalúo. Para estos efectos, el nuevo límite de UTM se expresará en números enteros, subiendo al entero la décima superior a cinco y depreciando la inferior a este decimal".

La Comisión consideró que este agregado dejaba claramente establecido el procedimiento a seguir en esta calificación.

En lo que respecta a la letra b) del artículo 1°, el Ejecutivo formuló indicación para agregar, en punto seguido, la frase: "Salvo que se trate de ventas de animales adquiridos para la crianza y engorda". En esta forma, resolvió un problema que se veía venir en relación con la venta de animales, común entre las actividades de los pequeños productores agrícolas, tendiente a esa misma finalidad, propuso establecer que podrán también vender animales adquiridos para la crianza y engorda.

En cuanto al artículo 2°, la Comisión consideró que había una omisión en la propuesta del Ejecutivo, la que fue subsanada después de conocerse sus fundamentos.

Junto con proceder a cambiar el guarismo "1991" por "1992", que aparece en la parte primera del inciso primero de este artículo, se acordó oficiar a los Ministros de Agricultura y de Hacienda para informarles que la omisión producida en su indicación fue subsanada en el seno de la Comisión de Hacienda, situación que quedó establecida en el informe.

La Comisión procedió a estudiar y a votar las diez indicaciones presentadas en la Sala. Acogió cuatro de ellas y rechazó las seis restantes. Seis indicaciones fueron declaradas inadmisibles, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24, inciso primero de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y, en el artículo 127, inciso tercero del Reglamento, referidas a la inclusión de disposiciones que favorecían a los armadores y a los pescadores artesanales.

Entre las indicaciones acogidas por la Comisión está la propuesta a la letra a) del artículo 1°, para agregar la expresión "o la parte proporcional que de él o ellos trabaje". Ella obedece a que un pequeño productor agrícola puede ser arrendatario o mediero y arrendar parte de un predio. En ese caso debe existir proporción entre el avalúo fiscal de ese momento y la parte proporcional que explote, dentro del tope máximo de 100 unidades tributarias mensuales a que tiene derecho. Se estimó necesario que esta situación quedara establecida en la ley y no como una facultad del Servicio de Impuestos Internos.

También se aprobó una indicación a la letra g) del artículo 1°. Dice relación con las empresas encargadas de cobrar el impuesto al sector de productores y de pagarlo al Fisco.

La Comisión acogió la idea de ampliar el ingreso de un mayor número de empresas al nuevo sistema establecido, a fin de que no sea el Director del Servicio de Impuestos Internos quien tenga la prerrogativa de determinar qué empresas deben quedar sujetas a la obligación de emitir facturas de compra, sino que todas puedan tener esa opción.

Además, se aprobó una indicación para eliminar las dos últimas oraciones de la letra g), por medio de los cuales se otorgaban atribuciones al Director del Servicio de Impuestos Internos para controlar las ventas de estas empresas y se le daba facultad para suprimir la obligación de emitir facturas de compra. Esta decisión obedece a que el citado Director posee amplias atribuciones para esos efectos en virtud de lo dispuesto en el artículo 3a del decreto ley N° 825, de 1974.

Por último, señor Presidente, se estimó adecuado acoger la indicación formulada a la letra h) del artículo 1°, con el objeto de suprimir la obligación de las empresas de inscribirse en un rol que establezca el Servicio de Impuestos Internos, la cual deberán cumplir sólo los pequeños productos agrícolas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, señor Alfonso Rodríguez .

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

Señor Presidente, Honorables Diputados, la Comisión de Hacienda analizó el proyecto de ley que permite a los pequeños agricultores recuperar el Impuesto al Valor Agregado y prorroga el reavalúo agrícola, en conformidad con el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Asistieron al análisis de esta iniciativa, especialmente invitados, el Director Nacional y el Subdirector Nacional del Servicio de Impuestos Internos, señores Javier Etcheverry y René García , respectivamente.

En el trámite correspondiente a este segundo informe, fueron remitidos a esta Comisión, para su especial pronunciamiento, los artículos 1° y 2° del proyecto, aprobados en su segundo trámite reglamentario por la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo.

Esta Comisión se pronunció respecto de las indicaciones aprobadas por la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, que modifican el texto al cual ya se le habían sugerido algunas modificaciones en su primer trámite reglamentario.

Propone agregar, en la letra a) del artículo 1°, después de la frase "cuyo avalúo fiscal total", lo siguiente: "o la parte proporcional que de él o ellos trabaje".

Da Comisión, por mayoría de votos, acordó rechazar la indicación presentada y mantener el texto aprobado en su primer informe, en consideración a los fundamentos esgrimidos, tanto por el Director Nacional como por el Subdirector Nacional del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto a que el proyecto comprende la situación del mediero, y a que la indicación propuesta es de difícil materialización y de costosa fiscalización.

Por ello, dicha norma quedó redactada de la siguiente manera:

"a) Se entenderá por pequeño productor agrícola a la persona natural, acogida al régimen de renta presunta de la ley sobre Impuesto a la Renta, y que explote uno o varios predios agrícolas cuyo avalúo fiscal total no supere el equivalente a 100 unidades tributarias mensuales al mes de enero del ejercicio respectivo. En cada retasación de los predios agrícolas que se practique en virtud de lo dispuesto en el artículo °3 de la Ley N° 17.235, el monto que corresponda a las 100 unidades tributarias mensuales se ajustará en el mismo porcentaje de variación que se determine entre el nuevo valor total de los avalúos de los predios agrícolas que no superaban dicho monto, y el que tenían con anterioridad a dicho reavalúo. Para estos efectos, el nuevo límite de unidades tributarias mensuales se expresará en números enteros subiendo al entero la décima superior a cinco y depreciando la inferior a este decimal".

En la letra g) del mismo artículo, la Comisión de Hacienda propuso dos modificaciones: la primera, tendiente a reemplazar la facultad que se entrega al Director del Servicio de Impuestos Internos para establecer que determinadas empresas deban emitir facturas de compra en las adquisiciones que efectúen a los pequeños productores agrícolas, asumiendo las obligaciones que señala, por una norma en que, por ley, se determina el carácter de contribuyente de las empresas que indica. La segunda, pretende eliminar las atribuciones que se le otorgan al Director del mencionado servicio en relación con esta materia.

La Comisión estimó atendible los argumentos esgrimidos por el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que el esquema no debe ser tan rígido, toda vez que se trata de un régimen nuevo y de difícil aplicación. Por lo tanto, debe existir cierta flexibilidad ' para que el Servicio pueda establecer pautas uniformes que se basan en criterios técnicos y en la necesidad de una adecuada aplicación de la legislación.

Por lo anterior, se acordó rechazar, por mayoría de votos, la indicación presentada, manteniendo el texto aprobado en el primer informe, en los siguientes términos:

"g) Para los efectos de lo dispuesto en la letra d), el Director del Servicio de Impuesto Internos podrá establecer, para determinadas empresas que declaren sus impuestos sobre la base de contabilidad completa, la obligación de emitir facturas de compra, en las adquisiciones que hagan a los pequeños productores agrícolas, y retener, declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado que corresponda a la operación, sin deducción de ninguna especie, asumiendo la empresa todas las obligaciones que establece el decreto ley N° 825, de 1974, para el contribuyente vendedor de los bienes. En uso de esta atribución, el Director deberá considerar el monto de las ventas de las empresas, su capital o cualquier otro antecedente o requisito que garantice un adecuado control de las facturas de compras que se emitan. El Director podrá suspender o suprimir la obligación de emitir facturas de compras, respecto de las empresas que estime conveniente excluir del sistema a que se refiere este artículo".

En el mismo artículo, letra h), la Comisión de Agricultura sugiere eliminar una oración, desde la expresión "las empresas" hasta la palabra "rol", y reemplazarla por la que indica.

Cabe señalar que la Comisión de Hacienda estimó que la inscripción en el rol constituye un elemento esencial para la puesta en aplicación del mecanismo propuesto, dejándose, no obstante, la exigibilidad de las demás obligaciones a criterio del Servicio de Impuestos Internos, sobre la base de pautas uniformes. De conformidad con lo anterior, acordó rechazar, por mayoría de votos, la indicación propuesta y mantener el texto aprobado en el primer informe, en los siguientes términos:

"h) Las empresas referidas en la letra anterior, para que sea aplicable lo dispuesto en esta artículo, deberán inscribirse en un rol en la forma, plazo y condiciones que establezca el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, este Servicio podrá exigir que los pequeños productores agrícolas se inscriban en dicho rol. El mencionado Servicio podrá requerir la información que considere necesaria, imponer la exhibición y anotaciones de documentos de identificación en las facturas respectivas, exigir requisitos y obligaciones especiales en la emisión de las facturas de compras, y cualquier otro procedimiento que sea indispensable para el debido resguardo del interés fiscal e incluso suspender o suprimir la exigencia de entregar todas o algunas de las facturas al solicitarse la devolución del crédito fiscal".

En relación con el artículo 2° del proyecto, la Comisión de Hacienda concuerda, en forma unánime, con la corrección propuesta, que reemplaza el guarismo "1991" por "1992".

He dicho, señor Presidente.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, a pesar de estar de acuerdo, en general, con lo expresado por el Diputado Informante de Agricultura y, en parte, con lo expuesto por el Diputado Informante de Hacienda, quiero hacer una aclaración respecto de la letra a) del artículo l°.

Durante la discusión de este proyecto, se presentaron indicaciones de justicia innegable, algunas de las cuales fueron rechazadas. Me refiero especialmente a la posibilidad de incluir en los beneficios de este proyecto a los pescadores artesanales; también se hizo notar que debería favorecerse a los pirquineros, pequeños comerciantes ambulantes, feriantes y a quienes desarrollan otras actividades, pero cuyos ejecutantes no tiene posibilidad de recuperar el IVA. Primó el criterio de que, dado el gran número de personas que ello representaría para el control fiscal, y al ser éste un proyecto que habría que evaluar en su comportamiento durante un plazo prudente, sólo se circunscribiría al sector agrícola.

Hubo predisposición de todas las partes para que, en cuanto se pudiera apreciar el resultado de la ley en este sector, se estudiara un proyecto para todo el resto de los pequeños empresarios del país que no pueden hacer uso del crédito fiscal.

En este contexto, y con el fin de que los beneficios del proyecto de ley en estudio cubran todo el sector campesino, los parlamentarios de Renovación Nacional presentamos indicaciones, que fueron aprobadas, para aclarar dudas en la interpretación de algunos artículos y evitar, en otros, la discrecionalidad de Impuestos Internos.

En la letra a) el artículo 1°, la Comisión estimó necesario dejar claramente establecido que los beneficios de este proyecto de ley, como lo dice su enunciado, favorecen a los pequeños agricultores y no a los pequeños propietarios agrícolas. Quisimos disponer que el campesino que vive en una casa sin terreno de cultivo, o el familiar que trabaja sin tener ninguna propiedad y que hace mediería o arrienda un retazo de suelo, sea considerado en esta iniciativa. Para ello, incorporamos el concepto de "la parte proporcional que de él o de ellos trabaje", refiriéndonos a los arriendos o medierías en otros predios. La Comisión de Agricultura aprobó esta indicación, pero la de Hacienda tal vez sin los argumentos necesarios la rechazó.

Según el informe de la Comisión de Hacienda, las autoridades del Servicio de Impuestos Internos expresaron que la situación del mediero está considerada en el proyecto hecho que, para la historia y aplicación de la ley, es importante. Desgraciadamente, cientos de pequeños agricultores, que no son propietarios y que arriendan algunas hectáreas en predios de avalúo fiscal mayor al designado en la ley, quedan en una situación incierta.

A ninguno de los miembros de la Comisión de Agricultura, nos gustó excluir a los pescadores artesanales, pequeños comerciantes, feriantes y pirquineros. Pero nos parece inaceptable que se discrimine dentro del sector agrícola de pequeños campesinos por existir dificultades de control. Este proyecto no está favoreciendo a nadie, sino haciendo justicia a un sector de agricultores -representa muchos miles en el país- que ven injustamente incrementados sus costos de producción.

Por esta razón, hemos insistido en la indicación con las firmas necesarias, pero, al no requerirse la insistencia por esta vía, solicitamos de la Honorable Cámara que apruebe la indicación formulada respecto de este artículo por la Comisión de Agricultura y que rechace la proposición de la Comisión de Hacienda.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, estimados colegas:

Considero de la máxima importancia el proyecto de ley en discusión, por cuanto ofrece la posibilidad de reparar una situación anómala que afecta a gran cantidad de pequeños productores agrícolas. Se estima que puede favorecer a cerca de 200 mil pequeños productores agrícolas del país.

Por eso, esta novedosa iniciativa, que nos propone el Ejecutivo debe ser considerada en su debido contexto. Es decir, se trata de una medida experimental, no aplicada con anterioridad en el país, respecto de lo cual se requiere garantizar su aplicación a través de mecanismos que aseguren que el objetivo perseguido -favorecer a los pequeños productores agrícolas- sea real.

Cuando se discutió esta materia en la Comisión de Agricultura, los colegas de Renovación Nacional propusieron algunas indicaciones que, en mi opinión, desvirtúan el sentido de este proyecto experimental; en particular, las presentadas a las letras g) y h) del artículo 1°, conducen a que la iniciativa de ley no tenga sentido real, pues desvirtúan, repito, un instrumento que podría ser útil para los pequeños productores.

Por ello, creo que la revisión de la proposición que formula la Comisión de Hacienda, en el sentido de reponer el texto original enviado por el Ejecutivo, es el paso correcto.

La eliminación de la facultad del Director del Servicio de Impuestos Internos para establecer cuáles son las empresas que podrán emitir facturas de compra a los pequeños productores, puede llevar a una situación que deje desprotegidos a los pequeños productores agrícolas, pues no todo pequeño empresario está en condiciones de cumplir con la responsabilidad que la ley le entrega, cual es la de actuar como retenedor del IVA de los pequeños productores. Por motivos latos de explicar, no todos los que les compran a los pequeños productores agrícolas están en condiciones de cumplir tal función en forma eficiente y transparente, sin perjudicarlos.

Si acogemos la idea central de la letra h) del artículo 1°, resulta fundamental establecer un papel para las pequeñas empresas, a fin de que el Servicio de Impuestos Internos pueda sugerir, recomendar a los pequeños productores y, diría, analizar e investigar que este mecanismo experimental funcione con eficiencia. Si en un par de años se demuestra que este sistema novedoso que nos propone el Ejecutivo puede ser ampliado a todos los pequeños empresarios que compran a los pequeños agricultores, podremos dar el paso siguiente. Pero plantearlo hoy haría de la ley letra vacía, sin capacidad real de dar solución a la necesidad y aspiración de los pequeños productores, cual es recuperar el IVA que pagan por sus insumos.

He dicho, señor Presidente.

El señor MELERO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, la bancada de parlamentarios de la UDI votará favorablemente las indicaciones emanadas de la Comisión de Agricultura para modificar las letras g) y h) del artículo 1°. Lo hacemos en el convencimiento -como algunos parlamentarios y el propio Director del Servicio de Impuestos Internos lo han señalado aquí- de que éste es un proyecto bastante experimental, no es menos cierto que, como Cámara, debemos tomar precauciones para que en las leyes no se convierta en hábito lo que sucede en otros campos: que lo transitorio se haga permanente.

Si bien estamos de acuerdo en la necesidad de legislar sobre esta materia lo señalamos en el primer informe y creemos que, más que una devolución de impuestos, lo que aquí se hace es incorporar a los pequeños agricultores al sistema tributario general de la nación medida de toda justicia y de beneficio para este sector, estimamos que no es bueno establecer ciertas discriminaciones respecto de las empresas facultadas para acogerse a este sistema. La redacción propuesta por el Ejecutivo establece que será el Director del Servicio de Impuestos Internos el que determinará aquellas empresas que, sobre la base de su situación, declararán y podrán incorporarse al sistema y cuáles no.

La modificación propuesta por los Diputados señores Rodríguez y Álamos apunta a que ésta sea una facultad de todo contribuyente que declare sus impuestos sobre la base de contabilidad efectiva. Entonces, esta modificación asegura que no exista una facultad discrecional del Director del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto a privilegiar a unos a postergar a otros. Es más, en la redacción propuesta por el Ejecutivo podríamos encontrar algún reparo constitucional, en términos de que privilegie a algunos en desmedro de otros, por lo que, en tal sentido, la modificación propuesta también apunta a un principio de justicia.

Por consiguiente, creemos que este proyecto, de toda validez e importancia, queda mejor redactado en esta forma.

Señor Presidente, también quisiera aprovechar esta oportunidad para plantear una duda que deseo que la Mesa resuelva.

La Comisión de Hacienda modificó el texto que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de sus miembros, en circunstancias de que el artículo 219 del Reglamento establece que la Comisión de Hacienda sólo se pronunciará respecto de aquellas materias de un proyecto que tengan relación con lo que señala el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el cual, en su inciso segundo, dispone que "cada Cámara deberá tener una Comisión de Hacienda, encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado". No obstante, las referidas normas, la Comisión de Hacienda, en relación con la letra g) del artículo 1°, aprobó, por mayoría de votos, una nueva redacción, que no tiene incidencia en el tema presupuestario, sino, más bien, en cuanto a una facultad del Director del Servicio de Impuestos Internos.

Por consiguiente, señor Presidente, a mi parecer, esta Cámara debe votar tan solo la indicación de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, y no la nueva redacción propuesta por la Comisión de Hacienda, puesto que, de acuerdo con las atribuciones que señala el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, no le corresponde proponer una redacción diferente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, sobre su consulta, no cabe duda de que la Comisión de Hacienda puede entrar a conocer de todas aquellas materias de un proyecto de ley que incidan en los problemas que le competen y que le son propios. La letra g) indica que "el Director de Servicio de Impuestos Internos podrá establecer, para determinadas empresas que declaren sus impuestos sobre la base de contabilidad completa, la obligación de emitir facturas de compra", etcétera. O sea, se refiere a materias que dicen relación directa con aspectos presupuestarios y tributarios.

Por lo tanto, la Comisión de Hacienda es competente para introducir esa modificación respecto de la letra g). Otra cosa es que la Sala la apruebe o la rechace.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la verdad es que ésta es la tercera o cuarta oportunidad en que la Comisión de Hacienda ha intervenido en las decisiones de otras Comisiones. Tanto es así que la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, solicitó modificar el artículo 219 del Reglamento porque en él aquella aparece como fiscalizadora de las demás Comisiones, lo que es inaceptable en el ámbito propio de las atribuciones de cada una de ellas.

Ese es el tema que está sobre el tapete, y hasta el momento no ha habido pronunciamiento de la Mesa. En consecuencia, ruego que se ponga en discusión.

El señor SABAG.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, de iniciativa del Ejecutivo, que permite recuperar el IVA, es de gran beneficio para miles de pequeños agricultores y productores agrícolas.

Esta iniciativa también fue propuesta, en oportunidades anteriores, por sectores de la Derecha de este hemiciclo; sin embargo, no podría haberse llevado adelante si no se hubiera contado con el patrocinio del Ejecutivo. Lo importante, para todos los señores Diputados, es que ha sido acogida y cuenta con ese patrocinio. De ahí que la tratemos. Es de alta justicia para miles de campesinos y propietarios agrícolas que no podían recuperar el IVA de los productos que compraban.

Pero no cabe duda de que la medida es experimental y bastante compleja, porque las personas beneficiadas tienen muy pocos conocimientos de contabilidad. Por eso, a través de la legra g), el Gobierno pretende tomar algunas precauciones por intermedio del Servicio de Impuestos Internos.

Todos sabemos de las enormes dificultades que presenta actualmente la recaudación debido al complejo sistema del IVA, donde se produce enormes defraudaciones al Fisco. Si se permitiera emitir facturas de compra a todo el mundo, a personas que no entiende o que no conocen la parte tributaria, evidentemente que se daría la posibilidad para que esas adulteraciones o esos fraudes, se incrementaran fuertemente. Por eso, el Servicio de Impuestos Internos, en esta etapa experimental, pretende abrir un registro sólo con aquellos productores autorizados para emitir facturas de compra, a fin de no aumentar las dificultades de control del tributo.

Esta disposición es de gran beneficio para los pequeños agricultores. Veremos cómo funciona una vez que la ley comience a regir. Por lo tanto, la aprobaremos en la forma como viene en la moción del Ejecutivo, reflejada, fundamentalmente, en el artículo en debate.

El señor JARA (don Sergio).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, dejo constancia de que, como lo hice en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, ahora en la Sala apoyaré la proposición del Ejecutivo que faculta al Director del Servicio de Impuestos Internos para permitir que determinadas empresas que declaran sus impuestos sobre la base de contabilidad completa, emitan facturas de compra por adquisiciones que realicen de los pequeños productores agrícolas, y retengan, declaren y paguen el IVA que corresponda a la operación porque éste es un proyecto de ley sobre un régimen tributario excepcional, a fin de incorporar a la tributación general a un sector de la agricultura.

En la actualidad se discrimina de la recuperación del IVA a miles de pequeños agricultores, al quedar éstos al margen del decreto ley N° 825. Además, al vender sin recuperar el IVA, son víctimas de ventajas económicas por parte de algunos compradores.

No sólo se trata de cambiar al sujeto del impuesto, sin que también, con un procedimiento simple y expedito, permitir que los pequeños productores recuperen el IVA. Ello es importante para alrededor de 200 mil pequeños empresarios, porque, tal como se ha hecho presente, el artículo 3° del decreto ley N° 825 autoriza al Director del Servicio de Impuestos Internos para eximir a estos vendedores de la obligación de emitir factura; pero, de todas maneras, el pequeño productor queda sin débito por sus ventas.

Por la vía reglamentaria, el Director del Servicio de Impuestos Internos podrá establecer categorías amplias de empresas, como, por ejemplo, molineras, ferias de productos agropecuarios y otras que deben cumplir con las obligaciones que el proyecto les indica. Todo ello, con la suficiente flexibilidad como para evitar la evasión tributaria que podría generarse al ponerse de acuerdo ciertas empresas de papel y montar un sistema que perjudique los intereses fiscales y que diesen pie a la operación de todo el sistema propuesto.

Las indicaciones que modifican la letra g) del artículo 1° alteran el texto del mensaje presidencial, y, aparte de ser inconstitucionales, puesto que atentan contra el artículo 62, N° 1, de la Constitución Política, son inadmisibles, conforme al claro texto de los artículos 24 y 25 de la ley N2 18.918. De ser necesario, así debe ser declarada por el Presidente de la Cámara.

La letra h) del artículo 1° debe mantenerse en los términos propuestos por el Ejecutivo y aceptados por la Comisión de Hacienda, la que, por la naturaleza del proyecto, puede conocer de todo o parte del mismo, tal como lo señalamos. Asimismo, es consistente con la letra g) del mismo artículo. La indicación de los colegas opositores hace recaer el peso de la prueba sobre los pequeños productores agrícolas, lo que en la práctica haría imposible beneficiarlos con las reformas tributarias proyectadas para favorecer, justamente, a este importante sector de chilenos.

Por lo tanto, mi voto, como miembro de la bancada de la Democracia Cristiana, respalda el texto original transitoriamente cuestionado por la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, de la Honorable Cámara de Diputados, pero sí mantenido a firme por la Comisión de Hacienda correspondiente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Claudio Rodríguez .

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, el colega Juan Pablo Letelier , en uso de su derecho, expresó su complacencia por el hecho de que la Comisión de Hacienda hubiera repuesto la indicación presentada en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo.

Al igual que a los Diputados Melero y Elizalde , me llama la atención el hecho de que la Comisión de Hacienda haya revisado precisamente las indicaciones aprobadas por la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, toda vez que lo propuesto no involucra gasto para el Fisco.

Por otro lado, señor Presidente, me llama la atención que algunos parlamentarios de la Concertación manifiesten su alegría por incorporar a los pequeños agricultores al sistema de crédito fiscal, toda vez que, asimismo, manifiestan su conformidad por el hecho de que el proyecto haya establecido seria limitación en la designación de las empresas que pueden comprar sus productos a los pequeños agricultores.

Y digo solamente que algunos parlamentarios, porque la verdad es que la indicación fue apoyada por algunos parlamentarios de la Concertación específicamente de la Democracia Cristiana, razón por la cual se pudo aprobar.

Señor Presidente, siendo absolutamente contrarios a las razones que ha tenido en vista la Comisión de Hacienda para rechazarla, hemos querido reponerla, porque consideramos inconveniente su inclusión en el proyecto, dado su carácter discriminatorio, toda vez que podría permitir al Servicio de Impuestos Internos efectuar una clasificación arbitraria de las empresas que comprarían los productos a los pequeños agricultores.

En efecto, señor Presidente, de la lectura de la letra g), que dice: "Para los efectos de lo dispuesto en la letra d), el Director del Servicio de Impuestos Internos podrá establecer, para determinadas empresas que declaren sus impuestos sobre la base de contabilidad completa, la obligación de emitir facturas de compra...", se desprende que será el Director del Servicio quien determinará las empresas que podrán adquirir la producción de los pequeños agricultores. ¿Qué criterios y requisitos se considerarán para que la norma sea aplicada con equidad, justicia y en forma igualitaria a todos los contribuyentes que puedan o deseen adquirir dichos productos? El proyecto no los define ni los da a conocer.

Considero, en consecuencia, que la aprobación de esta letra reviste especial gravedad. Las argumentaciones en su favor no logran salvar con éxito el problema enunciado.

Se ha hablado de la conveniencia de que el sistema no sea tan rígido y de permitir al Servicio cierta flexibilidad para establecer pautas uniformes. En las palabras, no se tiene fe ni claridad en lo que se está proponiendo. Se actúa de acuerdo al principio negativista aceptado en nuestro país de que "todos son culpables mientras no demuestren lo contrario". Existe el temor de que este proyecto, una vez convertido en ley, sea utilizado maliciosamente por los empresarios y comerciantes que adquieran sus productos a los pequeños agricultores.

En nuestro país existen efectivamente malos empresarios y malos comerciantes; pero, afortunadamente, son los menos. Por eso, no se puede legislar pensando que tal o cual ley beneficiará a estos malos elementos. No, señor Presidente. Tenemos que legislar para quienes queremos favorecer realmente; Ese es el caso de este proyecto de ley, que beneficiará a los pequeños agricultores que hoy no están incorporados a la ley, y que por ello no tienen derecho a recuperar el crédito fiscal originado en las compras de insumos, con los que hacen producir sus pequeños predios, y deben absorber íntegramente el IVA.

En la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, los agricultores manifestaron preocupación por las exigencias que el Servicio de Impuesto Internos podía imponer a los compradores de sus productos. Para ellos no sólo resultarán perjudiciales algunas de las exigencias que establecen el Servicio, sino también la limitación del número de empresas con las cuales podrán negociar.

Se ha argumentado en tomo a que la eliminación de parte de esta letra significaría la repetición de casos como el de Lozapenco. Sin embargo, creo que no hay punto de comparación entre el crédito fiscal que se puede recuperar en una exportación de productos nacionales con el de las ventas de un pequeño agricultor; más aún cuando la aplicación de la ley está limitada por dos condicionantes. Una de ellas dice relación con el avalúo fiscal de los predios, que no podrá superar las 100 unidades tributarias mensuales, y la otra, con la devolución del crédito fiscal, que sólo procederá respecto de un pequeño productor agrícola, en el período de un año, hasta un monto neto de 200 U.T.M., de las ventas.

Por último, los parlamentarios de Renovación Nacional queremos dejar consignado para la historia de la ley que el rechazo de la indicación significaría para los pequeños agricultores limitar las posibilidades de venta de sus productos, como asimismo, afectar en perjuicio de ello el principio de equidad e igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución.

Por eso, los diputados de Renovación Nacional reiteramos que votaremos a favor las indicaciones que formulamos en la Comisión y que contaron con el apoyo de algunos parlamentarios de la Concertación, lo que esperamos se repita en la Sala.

He dicho.

El señor GALILEA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GALILEA.-

Señor presidente, quisiera agregar un antecedente más a lo dicho por el señor Rodríguez , como respuesta a lo manifestado por el colega Letelier y otros señores diputados sobre la letra g) del artículo 1°.

Facultar al Director del Servicio de Impuestos Internos para determinar cuáles empresas podrán emitir facturas de compra para los efectos que persigue el proyecto significa poner en grave riesgo el funcionamiento práctico del proyecto mismo.

En muchas zonas del país, especialmente en las más alejadas de los centros urbanos importantes, los pequeños agricultores venden sus productos a empresas, también pequeñas, de su propia localidad, por las dificultades obvias que tienen para trasladar sus productos a otros centros urbanos. De allí que sea perfecta, mente posible concluir que si el Director del Servicio de Impuestos Internos no autoriza a una de esas empresas para emitir facturas se estará obstaculizando el derecho que con esta ley queremos asegurar. En una palabra, el pequeño agricultor no se verá beneficiado con esta ley, porque, por su condición, tendrá que continuar vendiendo a esa pequeña empresa en donde no recayó la nominación, y, en consecuencia, no recuperará el IVA. Por el contrario, al tener todas las empresas acceso a la facturación, esas empresas pequeñas entrarán al sistema porque les conviene y se beneficiarán los pequeños agricultores, que sus principales vendedores. De más está señalar, por otra parte, que si un mayor número de empresas entra al sistema, los agricultores, quienes podrán gozar de la libre competencia, vendiendo, en definitiva, a quien pague más por sus productos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo .

El señor ROJO.-

Señor Presidente, discrepo de mis colegas de bancada en esta letra g), que permite al Servicio de Impuestos Internos determinar cuáles son las empresas idóneas para emitir facturas de compra a los pequeños agricultores, porque en esta mecánica de devolución del Impuesto al Valor Agregado en favor del pequeño productor agrícola no me parece correcto que se singularice, por parte de una institución fiscalizadora del Estado, quienes pueden realizar determinado comercio. Esto podría llevar a la creación, en poco tiempo, de un grupo cerrado de intermediarios económicos y, desde el prisma de los pequeños agricultores, a un verdadero oligopsonio, pues pocas empresas podrán adquirir sus productos con todos los mecanismos implementados por este proyecto de ley. No se puede entrabar, por ningún motivo, el libre comercio. Todas las empresas deberían tener la posibilidad de emitir facturas de compra. No podemos privilegiar a un determinado sector de intermediarios económicos.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos siempre tendrá facultades fiscalizadoras en el campo de las actividades económicas y tributarias del país. Por lo cual, esgrimir como argumento en pro de la determinación de los entes capacitados para emitir facturas de compra, el cumplimiento de los objetivos previstos en este proyecto de ley, no es del todo conducente cuando se refiere al control de parte del organismo estatal, ya que éste puede utilizar, en casos concretos, las atribuciones otorgadas por el Código Tributario para la generalidad de los casos.

Creo que la iniciativa es importante, factible de realizar, justa para los pequeños agricultores, porque se verán beneficiados por el mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado; pero no me parece equitativo para los adquirentes de la producción de los campesinos el hecho de que sean enrolados por el Servicio de Impuestos Internos para los efectos de ser declarados idóneos para hacer efectivo a través de ellos el beneficio de la ley. Eso estaría limitando la actividad económica y, es más, tendería a restringir el mercado de los pequeños agricultores. En efecto, no podrán ofrecer sus productos a todo eventual comprador, ni podrán recibir de todos la factura de compra, único medio viable para obtener, en el momento correspondiente, el reintegro de lo pagado por concepto del Impuesto al Valor Agregado, según lo dispuesto en el propio proyecto de ley.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Agricultura y así votaré.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE .-

Señor Presidente, no cabe duda de que con este proyecto de ley el Gobierno entra a legislar en beneficio de un sector muy importante de nuestro país, que tal como lo señalaban algunos Diputados con anterioridad, alcanza a una cifra muy alta de ciudadanos chilenos.Represento a un distrito eminentemente rural, caracterizado por la presencia de pequeños agricultores, que son la gran mayoría. Sin duda, esta iniciativa responde a una aspiración que ellos tienen desde hace muchos años, en cuanto a imple mentar un sistema que con este proyecto de ley podrá ponerse en práctica en forma paulatina, como lo sostuvo el director del Servicio en la Comisión de Hacienda que permita señalar cuáles son las empresas que pueden emitir estas facturas de compra.Me parece que no es rigurosa la argumentación sostenida por algunos colegas de la Oposición en el sentido de que se afectaría el funcionamiento de una libre competencia o de una economía de mercado. Ellos deben estar muy conscientes de que se trata de un mercado muy imperfecto, que no está regulado por las leyes de mercado.Lo que ha ocurrido desde hace muchos años con este procedimiento de compras es que los intermediarios han obtenido una doble utilidad, en la medida en que son ellos los que están en condiciones de exigir la devolución del Impuesto al Valor Agregado, la que en muy escasas oportunidades comparten con los pequeños agricultores que están vendiendo sus productos. Lo que esta iniciativa pretende es, precisamente, permitir, a través del sistema indicado en ella, que el pequeño agricultor sea beneficiado por la vía de poder descontar el crédito fiscal.En consecuencia, los Diputados democratacristianos no sólo queremos destacar el beneficio que representa este proyecto para los pequeños agricultores, sino además, reiterar que en nuestra opinión, y por lo expuesto es procedente mantener el texto del Ejecutivo.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, sólo hacer presente nuestra votación afirmativa y agradecer la disposición del Ejecutivo para corregir algunas diferencias existentes entre los guarismos originales y los establecidos posteriormente. Como se dio cuenta en esta sesión fueron corregidos tanto por el Ministro de Agricultura como por el de Hacienda.

La prórroga de los reavalúos de las propiedades agrícolas está en concordancia con la aprobada por este Parlamento, a proposición del Ejecutivo, para los bienes raíces no agrícolas. En justicia, debía existir concordancia entre el tratamiento tributario para unos y otros bienes raíces. De allí, entonces, nuestra votación afirmativa.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Vilicic .

El proyecto impreso en el boletín N° 161-09, dice lo siguiente:

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N2 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas:

1.- Modificase el artículo 5°, en la forma que se indica:

a) Reemplázase la letra k) por la siguiente:

k) Alterar anualmente, por requerimiento de buen servicio, el porcentaje a que se refiere el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 18.834, respecto del Ministerio y sus servicios dependientes.

b) La actual letra k) pasa a ser 1), sin modificaciones.

2.- Agrégase el siguiente artículo 7° bis:

Artículo 7° bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 18.834, el Ministerio de Obras Públicas, sus servicios dependientes y los órganos o servicios que se relacionan a través de él con el Presidente de la República, podrán disponer comisiones de servicios hasta por el término de seis meses en cada año calendario, prorrogables por igual período y dentro del Ministerio, órganos y servicios ante dichos. Estas comisiones de servicio tendrán un plazo máximo de dos años y se encomendarán siempre dentro del territorio nacional.

3.- Agrégase, al inciso primero del artículo 71°, después del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la frase: "No obstante lo anterior, la jomada de trabajo no excederá de 44 horas semanales, respecto de los obreros que laboran en faenas.

Artículo 2°.- La jomada ordinaria de los obreros contratados de acuerdo con el artículo 31 del decreto N° 1.115, de 1969, del Ministerio de Obras Públicas, que laboran en faenas, no excederá de 44 horas semanales.

Artículo 3°.- Concédese, al personal de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la Dirección General de Obras Públicas y de sus servicios dependientes, y de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, cuya relación laboral se encuentra regida por el Código del Trabajo, el derecho a percibir la asignación de zona prevista en el artículo 72 del decreto ley N° 249, de 1974, a contar del 1° de diciembre de 1990.

Artículo 4°.- A los profesionales, funcionarios y trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas y de sus Servicios dependientes, que tengan facultad para construir obras, y de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que por sus funciones deban trasladarse a terreno para ejecutar obras o realizar estudios, no se les aplicará el límite de diez días señalado en el inciso primero del artículo 8e del decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre viáticos para comisiones o cometidos de servicio, en el territorio nacional. A su vez, el límite de noventa días señalado en el inciso segundo de esa disposición legal podrá extenderse a ciento ochenta días, con las mismas condiciones, expresadas en ese inciso.

Artículo 5°.- Autorízase al Servicio de Bienestar del Ministerio de Obras Públicas para aceptar que los socios de dicha entidad que hayan pasado a desempeñarse en alguna de las Empresas de Servicios Sanitarios señaladas en el artículo 2° de la ley N° 18.885, se reafilien a ese servicio, hasta por el plazo de un año a contar de la vigencia de esta ley.

Los aportes que correspondan se convendrán con la respectiva Empresa de Servicios Sanitarios.

 Concédese igual autorización, y con las mismas modalidades, pero sin limitaciones de plazo, respecto del personal que se desempeña en la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Artículo 6°.- Autorízase a la Subsecretaría de Obras Públicas, a través de su Departamento de Telecomunicaciones, para prestar servicios de comunicación, especialmente en los períodos de emergencia, a las Empresas de Servicios Sanitarios señaladas en el artículo 2° de la ley N° 18.885. El costo de los servicios prestados será de exclusivo cargo de las respectivas empresas.

Artículo 7°.- Autorízase a la Subsecretaría de Obras Pública, a través de su Departamento de Administración y Secretaría General, para atender las necesidades de mantención y reparación de los vehículos y maquinarias pertenecientes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El costo derivado de esta prestación de servicios será de exclusivo cargo de dicha Superintendencia.

Artículo 8°.- Fíjanse las siguientes dotaciones máximas de personal, para el año 1990, en los órganos y servicios del Ministerio de Obras Públicas que a continuación se indican: Secretaría y Administración General, 378 personas; Dirección General de Aguas, 412 personas; Dirección de Vialidad, 4.712 personas; Instituto Nacional de Hidráulica, 57 personas.

No regirá lo establecido en los artículos 9° y 6° transitorio de la ley N° 18.834, respecto de las contrataciones que efectúen las instituciones señaladas precedentemente.

La dotación que se asigne para el año 1991 a los órganos y servicios referidos no podrá ser inferior a la lijada anteriormente.

Artículo 9°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ocho meses, a contar de la vigencia de esta ley, y mediante decretos supremos conjuntos de los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda, fije las plantas y los requisitos generales y específicos de sus cargos del personal del Ministerio de Obras Públicas y de sus Servicios dependientes, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y del Instituto Nacional de Hidráulica, las que regirán a contar del l6 de mayo de 1991.

Una vez publicados los decretos que fijen las plantas, el Ministerio de Obras Públicas, por decreto supremo, procederá a encasillar en ellas al personal de planta actualmente en servicio. Podrá también encasillarlo en un Servicio distinto al de origen del funcionario, siempre que se desempeñe en ése.

El Personal del ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias, que pertenece a la planta adscrita a la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, según el artículo 8° de la ley N° 18.902, se encasillará en las plantas que se establezcan por este artículo y que correspondan a los Serví dos a los cuales actualmente están destinados.

El uso de esta facultad no podrá significar, para el personal en actual servicio, disminución de grado o remuneración, ni de bienios de que esté gozando en la fecha del encasillamiento, aunque se produjeren cambios de grado, o de otros beneficios. Salvo limitaciones señaladas en este inciso, el encasillamiento se hará en forma discrecional.

Los criterios de encasillamiento serán objetivos, respetándose, en lo posible, la carrera funcionaria, los escalafones correspondientes, la participación del personal actualmente a contrata, las especialidades técnicas y procurándose la realización de concursos internos. El encasillamiento, además, considerará la debida regionalización del Ministerio.

Las dotaciones de las plantas que se fijen a los Servicios u órganos señalados en el inciso primero, podrán ser diferentes de las actuales, pero no excederán de la dotación máxima que se determine respecto del conjunto de las reparticiones a que se refiere esta disposición legal para el año 1991.

Artículo 10.- Declárase que lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 18.885 no será aplicable a las partes alícuotas del derecho de dominio respecto de los edificios, sedes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas, que estaban ocupados parcialmente por el ex Servicio Nacional de Obras Sanitarias en la fecha de vigencia de esa ley. Por consiguiente, esos derechos proporcionales no pasarán en dominio al patrimonio de las respectivas Empresas de Servicios Sanitarios, mencionadas en el artículo 2° de la misma ley".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

No es necesario autorizar el ingreso a la Sala del señor Subsecretario, porque al investir en este momento la calidad de Ministro de Obras Públicas subrogante, legal y reglamentariamente tiene ese derecho.

Tiene la palabra el Diputado Informante, señor Vilicic .

El señor VILICIC.-

Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones ha tenido a bien designarme Diputado Informante del proyecto que modifica la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y establece diversas normas relativas a dicha Cartera.

El objetivo fundamental del proyecto consiste en mejorar la gestión del Ministerio de Obras Públicas, superando restricciones legales que dificultan su operatividad, y adecuar su infraestructura a una etapa de expansión de la inversión pública y privada, tanto en sus aspectos institucionales como de personal. Se desea hacer más eficiente el conjunto de los servicios.

A este respecto, es útil tener en consideración, antes de entrar al detalle mismo del articulado, ciertas ideas generales.

El actual Gobierno considera a este Ministerio como un órgano técnico-profesional, cuya gestión había decaído enormemente en el último tiempo, producto de una política gubernamental dirigida desde el Ministerio de Hacienda, destinada a reducir rígidamente los gastos y la dotación de los servicios.

Estamos, entonces, frente a la gravísima situación de que el Ministerio de Obras Públicas y sus 13 servicios dependientes se encuentran sumamente afectados en su gestión institucional. En efecto, en estos últimos años han sido objeto de drásticas reducciones en su dotación de personal y en la estructura de sus plantas, situación que no guarda relación con el cumplimiento de los objetivos y funciones que han debido continuar ejecutando estos servicios, y que ahora se agudiza por encontrarse asignado un significativo aumento de la inversión real.

Debido a que tampoco estas reparticiones se han reestructurado desde 1964, sus plantas son insuficientes y han quedado conformadas sin un sentido funcional para el adecuado desarrollo de su carrera laboral, por el reducido número de cargos en los niveles superiores de los estamentos, como también por la escasísima existencia de plazas orgánicas de carácter directivo, como ocurre con todos los jefes de servicios regionales.

Todo lo anterior ha significado, por una parte, que en estos últimos tres años se haya duplicado la fuga de profesionales por falta de incentivos económicos y, por otra, que los servicios no cuenten con el personal necesario para cumplir sus labores operativas, como ha sucedido a modo de ejemplo en las Unidades de

Pesaje y Peaje de la Dirección de Vialidad. En efecto, en la primera de éstas, en las carreteras no se ha podido aumentar la fiscalización de peso por eje en los vehículos, para evitar así el creciente deterioro de los caminos. Ello indica claramente que un ahorro en gastos de personal no guarda ninguna relación con el elevado costo que al Estado significa reponer estas vías, cuyo valor es de, aproximadamente, 130 mil dólares el kilómetro.

En las plazas de peaje -dada su reducción de personal y en razón del incremento del flujo vehicular- no ha sido factible otorgar los descansos complementarios por los trabajos extraordinarios que permanentemente, efectúan estos funcionarios, por lo que ellos han demandado al servicio ante la justicia ordinaria, por el cobro de dichas labores, que superan los 300 millones de pesos.

Por este motivo se requiere un aumento y racionalización de las plantas y dotación de los servicios del Ministerio, ampliando especialmente las plantas directivas y profesionales. En la actualidad, las funciones de jefaturas intermedias se ejercen por personal de plantas profesionales y administrativas, mediante la vía de delegación de atribuciones, lo que redunda en una situación de debilidad de dicho nivel de jefaturas.

Paralelamente, se plantea una nueva asignación de grado a los cargos directivos, acorde con la complejidad y responsabilidad que implica su desempeño.

Señor Presidente, el propósito del Gobierno ha sido tratar el tema de la organización dotándola de una tecnología moderna y consagrando una definición muy clara de las funciones que corresponden a cada organismo, mediante tratamiento dimensional de las tareas y recursos disponibles.

Con este proyecto se persigue la solución de los problemas legales que entraban la adecuada gestión institucional del Ministerio e impiden reparar algunas situaciones de justicia elemental, como es el caso de los obreros regidos por el Código del Trabajo; en suma, lograr un mejor desarrollo de la organización y contar con un personal moderno y eficiente.

Por otra parte, es muy importante considerar la prioridad de la expansión de las inversiones públicas, viales, portuarias, de riego y aeroportuarias, indispensables para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones sociales del país.

Por ello, se está asignando prioridad al sector de infraestructura y se propone mejorar las condiciones de los servicios que corresponden a esta Secretaría de Estado a fin de perfeccionar su capacidad de aporte directo y su función como contraparte eficaz de la actividad privada, tanto empresarial como de los usuarios de Obras Públicas.

Basta recordar, y sin el ánimo de revivir responsabilidades pasadas, que en los últimos 20 años no se ha concluido en el país ninguna obra de mayor riego. En aeropuertos debe aplicarse una política de mantención en forma muy activa, porque se ha ahorrado demasiado y se ha llegado a una etapa crítica, debido a que se ha vencido la vida útil de la mayor parte de estas obras.

Los colegas Diputados están conscientes de que en la mayoría de las visitas que realizamos a las regiones que representamos, especialmente aquellos de los sectores más alejados del país, donde la empresa privada no se interesa en invertir, escuchamos el clamor de los pobladores por una acción más efectiva de los servicios del Ministerio de Obras Públicas. Allí encuentra su justificación el significativo aumento del presupuesto que, para el próximo año, ha considerado el Ejecutivo y que la Subcomisión Mixta respectiva acaba de aprobar por unanimidad.

Hechas estas consideraciones generales, entro a efectuar un somero análisis del articulado del proyecto.

Señor Presidente, en el debate producido en la Comisión Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, el Ejecutivo, a través del señor Subsecretario .de Obras Públicas, don Juan Enrique Miquel , reiteró los fundamentos y objetivos contenidos en el mensaje, razón por la cual el proyecto de ley fue aprobado en general por unanimidad de los Diputados presentes. En la discusión y votación en particular, los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7° y 10°, fueron aprobados sin modificaciones y por unanimidad. Y la misma votación se dio respecto de los artículos 3° 4°, 8° y 9°, que fueron objeto de indicaciones.

El artículo 1° modifica el artículo 5° de la ley N° 15.840, que se refiere a las facultades del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que éste pueda alterar anualmente dotaciones máximas de personal a contrata, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la ley N° 18.834, no debe exceder del 20 por ciento del total del personal de la planta. Todo ello sin exceder la dotación total del personal asignado por la Ley de Presupuesto al Ministerio de Obras Públicas.

Por la cantidad, magnitud y temporalidad de las obras que realiza este Ministerio, es imposible atarlo a las limitaciones establecidas en la ley N° 18.834, dado que para cumplir con sus funciones y servicio, debería contar con una planta de miles de nuevos funcionarios.

Históricamente, siempre el personal a contrata ha sido superior al señalado en la limitación indicada. Este mismo artículo aumenta el plazo de las comisiones de servicio del Ministerio de Obras Públicas, de tres a seis meses prorrogables por igual período y por un plazo máximo de dos años.

Establece, además, la jomada de trabajo de 44 horas semanales para los obreros que laboran en faenas equiparándola a la de los funcionarios, como una medida de justicia social y con el objeto de evitar los problemas que esta desigualdad ha creado por años, al generar comparaciones odiosas en puestos de trabajo similares, lo que implica tensión social y baja de rendimiento. Igualmente, se ahorra por la supresión de la dualidad de transporte que conlleva jomadas diarias diferentes.

El artículo 2°, por las mismas razones, dispone una jomada de 44 horas semanales para los obreros contratados por la Dirección General de Aguas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 del decreto N° 1.115, de 1969, del Ministerio de Obras Públicas.

El artículo 3° cumple también con los principios de justicia, equidad y armonía laboral al extender el derecho de la asignación de zona establecida en el artículo 7° del decreto ley N° 249, a los obreros de esta repartición regidos por el Código del Trabajo. Hoy dicho beneficio sólo corresponde a los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo y a aquellos que, por determinadas leyes especiales, les ha sido concedido.

Esta anomalía ha creado una situación de discriminación entre los trabajadores que realizan igual discriminación entre trabajadores que realizan iguales funciones y que se encuentran en las mismas condiciones de residencia y trabajo que exige la ley para impetrar dicho beneficio. Esta disposición legal hará justicia a poco más de 2 mil trabajadores y es de bajo costo mensual: 12 millones 500 mil pesos.

El artículo 4° subsana también una limitación establecida por el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, según el cual los trabajadores tienen derecho al ciento por ciento del viático completo por los primeros 10 días en cada mes calendario en que deban ausentarse del lugar de su desempeño habitual en cumplimiento de cometidos o comisiones de servicio. Por el exceso sobre los 10 días, sólo tienen derecho al 50 por ciento del viático correspondientes, y, en cada año presupuestario, por un máximo de 90 días.

La norma propuesta aumenta el límite de 90 a 180 días con pago de 100 por ciento sólo para aquellos servicios operativos encargados del estudio o ejecución de obras, en atención a las necesidades de apoyo técnico, coordinación y fiscalización, que demandan personal muy especializado en áreas específicas a través de todo el país.

Los artículos 5°, 6°, 7° y 10° del proyecto contienen un conjunto de disposiciones destinadas a regularizar situaciones específicas, como son autorizar al Servicio de Bienestar del Ministerio de Obras Públicas para seguir atendiendo a los socios que pertenecen hoy a las Empresas Regionales de Servicios Sanitarios, hasta por el término de un año, mientras organizan su gestión en esta área y sin limitación de plazos en lo que respecta a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en atención a las condiciones de este servicio que se relaciona con el Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.

En segundo lugar, autorizan al Departamento de Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Obras Públicas para prestar sus servicios a las Empresas Regionales de Servicios Sanitarios, todas sociedades anónimas, y recibir pagos o contraprestaciones de un valor equivalente.

El Servicio de Telecomunicaciones dispone de una infraestructura que le permite seguir dando servicios a estas empresas que, actualmente, son ciento por ciento estatales, y recibir una retribución por sus prestaciones.

El objetivo nacional, por lo demás, es mantener todas estas empresas y servicios totalmente integrados, sobre todo en los períodos de emergencia y respecto de las zonas más apartadas del país.

El artículo 7° autoriza a la Subsecretaría de Obras Públicas para, a través de sus talleres mecánicos, seguir atendiendo a los vehículos y maquinarias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que conserva el carácter de ente público.

El artículo 10° propone una solución legal para excluir de la aplicación del artículo 6° de ley N° 18.885, los inmuebles fiscales sedes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas. Se impide, así, que las Empresas de Servicios Sanitarios Sociedad Anónima puedan incorporar a su patrimonio las partes proporcionales de dichos inmuebles, situación que se presenta en Iquique, Rancagua , Talca y Coyhaique .

El artículo 8° permite contratar 321 nuevos funcionarios para la Subsecretaría de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Dirección de Vialidad e Instituto Nacional de Hidráulica. Este aumento corresponde a 8, 18, 292 y 3 personas, respectivamente. Estos técnicos y profesionales son necesarios para implementar la Unidad Técnica de Medio Ambiente; atender la mayor demanda de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, y de regularización de títulos; intensificar la fiscalización de las Plazas de Pesaje y Peaje, como, asimismo, completar la dotación de conductores y operadores de máquinas pesadas y de funcionarios que realicen labores contables.

Cabe hacer notar que estas plantas, incluidas en la dotación de personal consignado en la Ley de Presupuestos de 1991, ya han sido aprobadas por la respectiva Subcomisión Mixta de Presupuesto.

Finalmente, el artículo 9° del proyecto en informe faculta al Ejecutivo para, conjuntamente con los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda, fijar las plantas del personal de los servicios del Ministerio de Obras Públicas. Esta atribución legal permitirá, en cierta medida, subsanar los problemas que presentan las plantas de los servidos en su estructuración orgánica, carente de funcionalidad como de jerarquización de las diversas funciones de jefaturas en su efectiva condición de cargos directivos, como ocurre particularmente con todas las jefaturas regionales y provinciales.

Esta medida es indispensable para racionalizar y modernizar dicho ordenamiento, en consonancia con el incremento de la inversión y con las tareas propias de esta expansión en los proyectos operativos, lo que exige ajustar la ley orgánica y el personal a la situación real de las actuales funciones, la que no contempla estas estructuras.

Este artículo, mejorado en la Comisión, establece expresamente que el uso de esta facultad no podrá significar para el personal de planta y a contrata en actual servicio, disminución de grado o remuneración. Igualmente, consigna la obligación de considerar, para el encasillamiento del personal, la carrera funcionaría, los escalafones, la participación del personal a contrata, las especialidades técnicas, procurándose la realización de concursos internos y considerando, además, la debida regionalización del Ministerio.

Es cuanto puedo informar sobre las ideas generales y el articulado del proyecto de ley en debate. En todo caso quedo a disposición de los Honorables Diputados para las consultas que deseen formular.

El señor ARANCIBIA.-

Por encargo de la Comisión de Hacienda informo a la Sala acerca de los aspectos específicos de este proyecto que, en lo más sustantivo, ya ha sido explicado por el Diputado Informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

Algunas cuestiones fueron especialmente debatidas durante el trabajo de la

Comisión de Hacienda. De acuerdo con lo ya expresado, interesa recalcar que el proyecto del Ejecutivo persigue en definitiva, superar un conjunto de restricciones orgánicas, resultado de diversas normativas de carácter general y, además, adecuar la infraestructura del Ministerio en su conjunto, a fin de armonizarla con las nuevas tareas que se han definido para este período, como un elemento básico en el impulso de la inversión pública y privada en obras de riego, portuarias y de infraestructura, en general. Cabe destacar que, entre estas inversiones, se ha destinado un porcentaje significativo a la Dirección de Vialidad.

Entre los preceptos conocidos y debatidos por la Comisión, están los artículos 3°, 4° y 8°.

El artículo 3°, como aquí ya quedó expresado, extiende el derecho a percibir la asignación de zona a personal del Ministerio, regido por contrato de trabajo, que hasta ahora no había disfrutado de este beneficio. La norma favorece a un poco más de 2 mil trabajadores, incentivando, además, el desplazamiento de trabajadores de esta Secretaría de Estado hacia zonas en las cuales ahora se impulsan distintas iniciativas, inversiones y obras.

Es necesario advertir que la Comisión modificó la proposición del Ejecutivo, que otorgaba el beneficio a partir del 1° de diciembre, anticipándolo al 1° de noviembre del año en curso, con el objeto de crear los mecanismos y las disponibilidades que permitan agilizar y facilitar el quehacer ministerial en este campo. Los representantes del Gobierno informaron que ya estaban contempladas las provisiones presupuestarias para cubrir las demandas que implica esta disposición.

El artículo 4°, como aquí también se ha dicho, modifica el sistema de viáticos para cometidos o comisiones y esto es importante subrayarlo, aunque parece obvio, que deban desarrollarse dentro del territorio nacional. La disposición fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El artículo 8°, una de las normas más extensamente debatidas, se refiere al aumento de la dotación máxima de personal para 1990. Al respecto, habría que dar a conocer a la Sala dos o tres cuestiones, que parecen importantes para el debate del proyecto.

La primera, dentro del propósito de ajustar la estructura de funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas a las tareas y requerimiento ahora definidas, tiene que ver con el número de trabajadores o de plazas en que se plantea ampliar la dotación.

El Ministerio, en una elaboración muy rigurosa, llegó a la conclusión de que necesitaba incorporar, a lo menos, 780 personas adicionales. Sin embargo, después de una estricta revisión de las distintas demandas de mayor personal de la Subsecretaría, de las divisiones y de las reparticiones dependientes, el Ministerio redujo sólo a 331 el número de personas en las cuales se amplía la dotación máxima de personal, compensando la demanda de funcionarios no satisfecha con medidas de modernización, como la introducción de métodos de informática actualizada, además de elevar la eficiencia en las distintas reparticiones, evitando la duplicación o superposición de tareas que se ha percibido entre algunas de ellas.

Esta es una cuestión importante de subrayar: de una necesidad de 780 personas adicionales, el Ministerio, en un gran esfuerzo que creo importante destacar, ha terminado por demandar una ampliación de no más de 331 nuevos funcionarios. El resto lo compensaría con medidas de rectificación para elevar su eficiencia y modernidad.

También se analizaron las motivaciones o razones en que se fundamenta el incremento máximo de dotación en cada uno de los renglones solicitados. El de la Subsecretaría de Obras Públicas se incrementa en 8 profesionales especializados, que tienen por objeto cumplir tareas en la Unidad Técnica de Medio Ambiente, que es un organismo recientemente creado, y que está cumpliendo una novedosa tarea en el país, como es efectuar una evaluación de todo el impacto medioambiental y ecológico de los distintos proyectos de todo el conjunto de reparticiones, subsecretarías y divisiones que dependen del Ministerio.

En este aspecto, hay que destacar que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han manifestado o anticipado expresamente que, dentro de dos o tres años más, no se aprobará el financimiento de ningún proyecto que no tenga una evaluación precisa y clara del impacto ambiental de cada uno de ellos.

Esta es una novedad importante, y el Ministerio está haciendo una labor de vanguardia al incorporar nuevas metodologías y técnicas rigurosas, que permitan cumplir no sólo con el requerimiento de un organismo de financiamiento externo, sino que además, porque este país, no cabe duda, las está requiriendo con gran apremio.

En lo que se refiere a la Dirección General de Aguas, su planta se amplía en 18 cargos. Se trata de profesionales y técnicos vinculados fundamentalmente a la necesidad de atender la mayor demanda de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas y la regularización de títulos sobre estos derechos. En la actualidad, se calcula que ingresan al Ministerio, en promedio, 2 mil nuevos expedientes por este concepto, los que se deben agregar a los 3 mil 500 atrasados o en tramitación al momento de asumir la actual Administración.

En este sentido, parece que el número de profesionales también resulta más que adecuado para atender esta creciente demanda.

En la Dirección de Vialidad se crean 292 nuevas plazas. Sin embargo, hay que vincular esta demanda al hecho de que para el año próximo está previsto un incremento del 24 por ciento de la inversión real que esta Dirección tendrá directamente a su cargo. Por lo tanto, se trata de asignar este personal de la siguiente forma:

Primero, elevar la fiscalización en plazas de pesaje. Esta, como todos sabemos, es una tarea fundamental para la protección de la infraestructura caminera. El déficit de personal en marzo de este año ascendía a 97 personas, a lo cual habría que añadir la demanda adicional resultante de la adquisición de diez plantas móviles nuevas, lo que supone la contratación de doce personas días para cada una de ellas.

Segundo, incrementar el personal de las plazas de peaje. Actualmente, debido a la escasez de recursos y a las limitaciones existentes, no es posible pagar horas extraordinarias a quienes laboran allí. Además, la falta de personal impide compensar esta deficiencia, utilizando el tiempo libre o de descanso de los funcionarios de ese servicio. Además, a este respecto, hay juicios pendientes ya por más de 300 millones de pesos, lo que no cabe duda irrogará al Estado en el caso de que todos ellos sean ganados por los demandantes una fuente de gastos extraordinarios, provocados por conceptos de costas, etcétera. Es mejor resolver directamente el problema, proveyendo el número de cargos que se están solicitando.

Es necesario destacar también que, dentro de estos 293 cargos o plazas adicionales, está contemplada la necesidad de contratar a 28 ingenieros.

En relación con las tres plazas creadas para el Instituto Nacional de Hidráulica, se debe tener en cuenta que este Instituto, hasta el momento, no tiene departamento contable. Estas funciones eran realizadas, recientemente, por el personal de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, pero no podrá seguir efectuándolas en virtud de una resolución de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, después del debate, esta solicitud de aumento de dotación de personal también fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

Finalmente, se incorporó un artículo 11, el cual tiene un propósito que estaba implícito y que parecía conveniente explicitar, cual es la fuente de recursos con que se financiarán los mayores gastos que irrogará este proyecto.

Los mayores gastos de este año se financiarán con las asignaciones presupuestarias fijadas a los servicios y órganos dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

Este proyecto de Ley de Presupuestos, como la Cámara sabe, actualmente está en proceso de discusión en este Honorable Congreso.

La incorporación de esta nueva disposición también fue aprobada por unanimidad.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Es decir, se otorgan 5 minutos a cada señor Diputado y se vota. Se prorroga el Orden del Día en 20 minutos y también se trata el proyecto relativo a la propiedad horizontal.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath , por 5 minutos.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, en nombre de los parlamentarios de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente y de los independientes, me referiré a este proyecto.

En términos generales, la situación integral del Ministerio de Obras Públicas da para una modificación legal y presupuestaria bastante mayor que la contenida en el proyecto de ley en comento. En este sentido, puede ser considerado una primera etapa. Sin embargo, cabe consignar la prudencia y el celo del Ministerio de Hacienda con respecto a su tratamiento previo.

Rápidamente, deseo destacar que se mantiene la definición de los roles del sector privado, como ejecutor y asesor del Ministerio de Obras Públicas, organismo que estudia, planifica y cubre las situaciones de emergencia para fomentar y procurar obras comunitarias.

Ahora bien, si en una perspectiva futura se consideran las necesidades de integración física del país, de caminos costero y de cordillera, un sistema vial para la zona austral, que tiene más de un 34 por ciento de la superficie de Chile, y de interrelación con los otros medios de transporte, queda muy claro que el Ministerio de Obras Públicas requiere de iniciativas similares a la que está en discusión.

No entraré en otros aspectos por razones de tiempo. Sólo quiero hacer hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para asegurar la eficiente inversión del presupuesto, y en este sentido apunta el proyecto de ley.

Ahora, en lo particular, respecto del artículo 1° tuvimos algunas inquietudes que vamos a traspasar al señor Subsecretario, que representa al señor Ministro a propósito del porcentaje de las contrataciones. Es muy difícil que haya disminuciones en este sentido.

Respecto del artículo 4°, se formuló indicación para ampliar el beneficio a los trabajadores y funcionarios, como se ha señalado y fue aprobada por unanimidad. Estimamos modesto y prudente el aumento de la dotación.

E1 artículo 9°, a nuestro juicio, contiene el aspecto más delicado del proyecto de ley, pues define los criterios para fijar las plantas. Todavía quedan bastantes cuestiones por aclarar, a pesar de que se formuló indicación con el fin de asegurar, en términos objetivos y transparentes, la discrecionalidad en la regionalización.

En este sentido, presentamos la primera indicación con el Diputado don René García , para que estos criterios de encasillamiento sean objetivos y respeten la carrera funcionaría, los escalafones y las especialidades técnicas del personal actualmente de las plantas a contrata. Además, para procurar la realización de concursos internos y la debida regionalización del Ministerio.

Este tema da para mucho, pero, en beneficio del tiempo, lo dejo hasta aquí. Enseguida, la totalidad de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones presentó indicación para que se considere en el encasillamiento al personal a contrata. El Ejecutivo la hizo suya y podrá aprobarse por unanimidad.

Tuvimos oportunidad de recibir a la Asociación de Trabajadores de Vialidad, la mayor agrupación del Ministerio de Obras Públicas, que, en realidad, viven una situación dramática. Digo esto con mucha propiedad, porque me desempeñé en ese organismo y, a mucha honra, en alguna oportunidad los representé como su delegado.

Hay que terminar con la clasificación de obreros funcionarios; debe existir sólo la categoría de servidor público, y en ese sentido tenemos que apuntar nuestros esfuerzos.

La aspiración de ese sector trabajador es ser encasillado en una planta. El señor Subsecretario recibió esta inquietud, pero no es posible atenderla en este momento por cuanto debe considerarse en una nueva iniciativa del Ejecutivo.

Sin embargo, la Comisión escuchó todos sus planteamientos, particularmente sobre la estabilidad laboral, un tanto incierta, por estar sujeta a tres tipos de contratos.

Los mejoramientos de ese sector trabajador son poco objetivos y es necesario disminuir el tope del grado 21 al 14, por mérito y capacidad.

El promedio de edad de estos trabajadores es de 50 a 55 años y realizan trabajos pesados. Por eso, es indispensable buscar fórmulas que permitan su jubilación y eviten su desmoralización, que afecta los rendimientos, crea tensiones y posibilita las relaciones negativas.

Todo esto fue bien recibido por parte de la Comisión. En general, hubo muy buen nivel de discusión y se logró unanimidad.

Por las razones expuestas, los parlamentarios de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente y los independientes aprobaremos el proyecto en general y particular y proponemos que la indicación señalada sea votada en su momento, de modo de despacharlo al Senado.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma .

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente el proyecto de ley misceláneo que ve hoy la Cámara pretende corregir algunas disposiciones que entraban la adecuada marcha del Ministerio de Obras Públicas y de sus servicios dependientes y normalizar algunas situaciones discriminatorias para su personal.

El Ministerio de Obras Públicas, como es natural, en su accionar está sujeto a la normativa de la administración general del Estado. Sin embargo, su aplicación particular ha restado eficacia y eficiencia en su gestión global y específica, debido a las especiales condiciones de operación y objetivos técnicos e institucionales de las reparticiones de esta Secretaría de Estado.

En este contexto, el proyecto que estamos estudiando resuelve, en nuestra opinión, varios problemas que tienen que ver con la equidad y la armonía laboral.

Así se entiende la necesidad de flexibilizar las reglamentaciones que limitan los empleos a contrata, ya que muchas obras requieren de personal especializado, cuyos contratos no deben exceder el tiempo de duración de las obras que los servicios del Ministerio realizan.

La ley actual limita el porcentaje de personal a contrata a un 20 por ciento del total de los cargos de planta. El proyecto que estudiamos faculta al Ministro para alterarlo por razones de buen servicio.

Otra modificación establece que las comisiones de servicio podrán durar seis meses, con pago de viáticos, lo que indudablemente es necesario para muchas dependencias del Ministerio que realizan grandes obras en regiones, donde deben destacar personal técnicamente adecuado.

Por otra parte, nos parece de plena justicia que, tal como lo propone el proyecto, se nivele la jomada de los obreros de faenas con la de los empleados de faenas que cumplen iguales funciones, y que perciban las asignaciones de zona del personal afecto al Estatuto Administrativo.

El proyecto de ley del Ministerio de Obras Públicas también busca solucionar otro problema, derivado del incremento de la inversión en proyectos de estudios y de obras del sector. Es imprescindible enfrentar la falta personal, especialmente calificado, que hay en muchos servicios. Es notorio el caso de la Dirección de Vialidad, que no cuenta con el número conveniente de trabajadores para abordar una mayor carga de operaciones, ya que sufrió fuerte disminución en años anteriores.

Tal como señala el artículo 8°, las mayores contrataciones significan menos de un 7 por ciento del personal actual.

El programa del actual gobierno incrementará la inversión en obras públicas de modo importante. Los datos indican que entre 1970 y 1989 disminuyó en un 34 por ciento, en circunstancias de que la población aumentó en un 35 por ciento, aproximadamente. Para recuperar los niveles anteriores, el Ministerio de Obras Públicas debe trabajar duramente y se propone hacerlo con el personal actual aumentado sólo en un 7 por ciento.

Los parlamentarios que representamos al norte chico notamos claramente la falta de obras pues durante años, por ejemplo, no se invirtió en sistemas de riego, embalses, canales, etcétera, y hoy la zona enfrenta una grave sequía en precarias condiciones.

Quiero referirme, por último, a un artículo del proyecto de ley que me parece de gran importancia, que complementa el que se refiere al aumento de personal. Es el 9°, que faculta al Presidente de la República para que en un plazo de 8 meses fije las plantas del Ministerio y sus servicios dependientes.

Desde 1964, año en que se promulgó la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio, sus reparticiones no se han reestructurado íntegramente. Por eso, sus plantas son insuficientes y han quedado conformadas sin un sentido funcional que permita el adecuado desarrollo organizacional y la carrera funcionaría. Los niveles superiores de estos ordenamientos presentan un reducido número de cargos y casi no existen plazas orgánicas de carácter directivo. Tanto es así, que ninguno de los servicios posee cargos jerarquizados de directores regionales, jefaturas provinciales y otras de nivel intermedio.

El Ministerio de Obras Públicas desarrolla labores de gran importancia en las regiones, especialmente en aquellas de gran extensión territorial. Sin embargo, hemos observado que la capacidad de decisión de las actuales jefaturas regionales es bastante limitada. Es un Ministerio muy centralizado. De hecho, como dije, no existen en sus plantas directores regionales, jefaturas provinciales u otros cargos intermedios. Por eso la facultad del artículo 9° del proyecto de ley en estudio debe aprovecharse para establecerlos definitivamente, con el propósito de dar atribuciones y capacidad de decisión a las regiones.

Por estos motivos, los parlamentarios de la Democracia Cristiana votaremos favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha .

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, deseo destacar que este proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, porque su objetivo técnico es muy claro.

Por una parte, tiende a adecuar la infraestructura del Ministerio a la etapa de expansión del país, mediante el incremento de obras viales, portuarias, de riego y aeroportuarias, a fin de consolidar como dice el informe el crecimiento económico y mejorar las condiciones sociales del país; y, por otra, a elevar sustancialmente, aunque reconocemos que en forma insuficiente, las condiciones de sus trabajadores.

El ahorro tradicional en el gasto de personal para realizar obras públicas ha deteriorado seriamente la red vial del país. No hay control adecuado en las plazas de pesaje y de peaje, como lo señaló el señor Diputado Informante. Este aspecto deberá ser resuelto mediante este proyecto de ley.

El encasillamiento propuesto se hará respetando la carrera funcionada.

En la Comisión fueron escuchados los representantes de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas.

Por estas razones, los Diputados radicales votaremos en favor de este proyecto. Respetuosamente, sugiero a la Honorable Cámara que lo apruebe en forma unánime, como una manera de respaldar la acción del Ministerio de Obras Públicas y reafirmar su compromiso, eminentemente técnico, para que sus principios sean preservados, de manera que continúe su trabajo en bien del país, de acuerdo con las normas de buen gobierno que nunca debió abandonar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que en sus partes fundamentales introduce diversas modificaciones a la ley N° 15.840, ha sido claramente explicado por los Diputados informantes, señores Vilicic y Arancibia , quienes han dado una clara y muy detallada exposición de cada uno de sus artículos.

En consecuencia, me referiré, más bien, a temas sobre reflexiones generales.

Es absolutamente conveniente introducir estas modificaciones a la ley para readecuar el Ministerio hacia las nuevas necesidades de incremento de inversión en obras públicas.

Es sabido que en los años anteriores, las inversiones en obras públicas no sobrepasaron los 170 millones de dólares. Este Gobierno tiene el firme propósito de pasar por sobre los 500 millones de dólares. Evidentemente, con este personal reducido y con la falta de profesionales, no se puede manejar una inversión de esta magnitud.

Por otro lado, es necesario que los profesionales perciban una renta adecuada con sus funciones específicas.

Hoy día, con alarma vemos cómo en todos los servicios públicos, los profesionales que tienen diez, quince y a veces más años de servicio, altamente especializados en estas materias, son absorbidos por empresas particulares que les pagan dos, tres y hasta cuatro veces más que la del Estado.

Por eso, esta readecuación es absolutamente necesaria para terminar con muchas distorsiones que no es posible aceptar en un servicio público de esta magnitud. Por ejemplo, vemos cómo muchas inspectorías están a cargo de personas que tienen la calidad de obreros. Sin embargo, están bajo su mando personas que tienen la calidad de empleados.

Llevada esta situación ante las personas responsables del Ministerio de Obras Públicas, nos han manifestado que no disponen de los cupos administrativos necesarios para reencasillarlos en el lugar que les corresponde.

Con estas modificaciones, esperamos que se normalicen en el Ministerio de Obras Públicas, todas estas distorsiones, anormalidades e injusticias. Esta falta de personal ha llevado al Ministerio de Obras Públicas a cometer infracciones al extremo de obligar a los personales de las plazas de peajes a trabajar más del tiempo que legalmente les corresponde, sin pagarles las horas extraordinarias. Como consecuencia de esto, los trabajadores se han visto en la necesidad de llegar hasta los tribunales de justicia para que el Ministerio de Obras Públicas pague más de 300 millones de pesos que les adeuda por este concepto.

Con estas modificaciones, y con el aumento de personal solicitado por el Ministerio, que llega a 321 personas se lograría una solución, aun cuando pienso que se han quedado cortos. Se necesita personal para mantener bien las plazas de peajes y para controlar el pesaje de los camiones. Hoy día vemos cómo por la alta carga prácticamente se ha ido destruyendo gran parte de la red vial de nuestro país y justamente por falta de personal para controlarlos.

Por eso es necesario que aprobemos esta ley en las condiciones que viene, con la indicación propuesta por el Diputado señor Horvath , con la cual estamos de acuerdo todos los parlamentarios.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Quedan dos minutos.

Ofrezco la palabra al Diputado señor Arancibia , que la ha solicitado.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Izquierda Cristiana y Partido Humanista, ha dispuesto apoyar esta iniciativa, que estimamos importante, para remarcar un hecho.

Las razones están dadas por los Honorables Diputados que nos han precedido en el uso de la palabra. Sin embargo, quisiéramos destacar un punto. Dentro del carácter misceláneo de la ley, el impacto regional que tiene el quehacer de este Ministerio uno de los más descentralizados en la gestión y en la operación de su presupuesto y la complementariedad que reviste la creación de obras de infraestructura, con las iniciativas y con la reactivación de la actividad económica en la región donde se desarrolla, quisiéramos expresarle nuestra preocupación al señor Ministro subrogante aunque no tiene que ver directamente con el texto, sino con las consecuencias y con las repercusiones de la gestión del Ministerio en relación con la contratación del personal que efectúa las obras e inversiones en las distintas regiones. En aquella zona, donde durante largo tiempo ha persistido un nivel de desempleo enorme, en las convocatorias a licitaciones hechas por empresarios privados de las distintas obras que se ejecuten o se efectúen por la vía de la administración directa del Estado, salvo cuando se requieran trabajadores con calificaciones particulares, se dé preferencias a los trabajadores que tienen su residencia y se desenvuelven habitualmente en cada una de las provincias donde tales inversiones tienen lugar.

Es un impacto y una medida saludable, que tiende a diseminar los benéficos efectos de la descentralización llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, a través de su gestión.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Quedan veinte segundos.

Tiene la palabra el señor García, don René Manuel .

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Gracias, señor Presidente.

Para complementar, por la preocupación que tiene el Gobierno frente a las obras de regadío, quiero decirle al señor Subsecretario que, por su intermedio se le diga al señor Ministro que se tome en cuenta la legislación actual, que ha dado en concesión la mayoría de los ríos a las empresas de electricidad, sobre todo en la zona sur. Estas aguas no son aprovechadas por estas empresas. Por lo tanto, consideramos importante legislar sobre ese punto, para que a las empresas de electricidad se les dé un plazo perentorio para que, si no ocupan esas aguas, sean destinadas a los canales de regadío, y así aumentar la mano de obra que se pueda llevar a cabo.

Con preocupación vemos que habrá agua disponible para realizar estas obras de regadío. De ahí la importancia de que se legisle sobre este asunto.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Indicación de los señores Vilicic , Horvath , Velasco , Hurtado, Sabag , Palma, don Joaquín , Rocha , Ortiz , Sota , Jara, don Octavio , Orpis , García, don René , y Taladriz .

En el inciso segundo del artículo 9, intercalar entre las palabras "planta" y "actualmente" la frase "y a contrata". Y agregar al término de este inciso, después de la palabra "ese" suprimiendo el punto final, la expresión " a la época el encasillamiento".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley en primer trámite constitucional, relativo a la propiedad horizontal, que acoge a la ley 6.071 a las edificaciones existentes en ferias, vegas, mercados y mataderos. Segundo informe. El diputado informante es el señor Bombal .

El proyecto de ley, impreso en el boletín N°70-06, es el siguiente:

"Artículo 1°.- Las Direcciones de Obras Municipales respectivas deberán acoger a las normas de la ley 6.071 y su Reglamento y a las del decreto con fuerza de ley N°458, de 1976, de Vivienda y Urbanismo, que fija el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las edificaciones existentes en ferias, mercados, vegas o mataderos, que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Municipalidad, en el estado que actualmente se encuentran sin sujeción a las exigencias técnicas contenidas en los cuerpos legales y reglamentarios antes citados.

Para los efectos contemplados en el inciso anterior, los interesados deberán requerir de las Municipalidades la aprobación de los planes respectivos para su posterior archivo en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda.

Artículo 2°.- Las Direcciones de Obras Municipales estarán facultadas para otorgar la recepción final a las construcciones existentes en los inmuebles referidos en el artículo primero en el estado en que se vendieron a sus ocupantes y ante su sola petición, con la única exigencia de la certificación correspondiente de instalación de medidores individuales de luz eléctrica y agua potable e instalaciones de alcantarillado cuando éstas sean necesarias para las actividades que desarrolla el propietario del local.

Artículo 3°.- Las cesiones de derechos sobre los locales a que se refiere la presente Ley y que hayan sido convenidas con anterioridad a la publicación de ésta, serán inscritas en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda a nombre exclusivo de su titular con el solo mérito de la presentación de las escrituras públicas del caso, siéndole aplicable, en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 16.391 y su Reglamento y en el Decreto Ley N° 2.833, de 1979.

Artículo 4°.- Autorízase por una sola vez la modificación de los Reglamentos de Copropiedad que se encuentran vigentes respecto de los recintos municipales ya vendidos, requiriéndose sólo la mayoría absoluta de los copropietarios para los efectos de adecuarlos a la existencia de los nuevos propietarios".

El señor BOMBAL.-

Gracias, señor Presidente.

Las indicaciones presentadas en este proyecto fueron analizadas y complementadas, principalmente, al interior de la Comisión. El proyecto, tal como lo pueden observar los señores Diputados en el informe, ha acogido una buena parte de las indicaciones. En otras partes, se complementó con las mismas indicaciones que se le hicieron y se sustituyeron algunos de sus artículos.

El artículo 3° no fue objeto de indicaciones. No se suprimieron artículos. El 1er artículo fue objeto de indicación, mediante la cual hace imperativo el mandato legal para que las Direcciones de Obras Municipales acojan a la ley N° 6.071 las edificaciones existentes en ferias, vegas, mercados y mataderos, y limita su aplicación a las transferencias que se efectúen antes del 31 de diciembre de 1991. Dicho artículo, con la indicación anotada, fue aprobado con el asentimiento unánime de la Comisión.

El artículo 2° fue objeto de una indicación sustitutiva, presentada en la Sala, en virtud de la cual se reafirmó la obligatoriedad en la recepción de las mencionadas edificaciones por parte de la respectiva autoridad municipal, condicionándose ésta sólo a la presentación de una declaración jurada del adquirente sobre el estado en que se encuentra la respectiva propiedad. Esta indicación es de mucha importancia para los efectos de la responsabilidad en que incurre la autoridad municipal.

Respecto de este mismo artículo, en la Comisión se presentó una indicación complementaria de la anterior, mediante la cual se ajustó su redacción a la forma en que se aprobó el artículo anterior.

Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad.

El artículo 4°, fue objeto en la Sala de una indicación sustitutiva, con el fin de suprimir el inciso primero, mediante el cual se autorizaba la modificación de los actuales reglamentos de copropiedad de los recintos municipales ya vendidos. Además, se circunscribió la facultad otorgada a los copropietarios para constituir una sola junta de vigilancia respecto de las ferias y mercados ya enajenados por los municipios en lotes comunitarios.

En la Comisión se presentó una indicación modificatoria, que tiene las siguientes diferencias en relación con la sustitutiva: hace extensiva a las vegas y mataderos la situación en ella planteada, y aplicable a los copropietarios de establecimientos que se enajenen en lo futuro por parte de las municipalidades, la atribución de constituir una sola junta de vigilancia.

Respecto de los artículos nuevos, introducidos cabe señalar que se acogió, por unanimidad, una indicación presentada en la Sala, en el sentido de agregar un artículo transitorio, mediante el cual se posibilita la modificación, por una sola vez, de los reglamentos de copropiedad relativos a los recintos municipales ya vendidos, exigiéndose solamente el asentimiento de la mayoría absoluta de los copropietarios.

Durante la discusión en la Comisión, se acogió por unanimidad una indicación complementaria de la anterior, que hace procedente también respecto de los recintos municipales que se vendan en lo futuro, la autorización para modificar los aludidos reglamentos.

Prácticamente no se puede hablar de indicaciones rechazadas, porque en el fondo se complementaron, modificación o sustituyeron.

El resto, para no alargar más la discusión de este proyecto, se desprende claramente del articulado. En verdad, el proyecto fue sustantivamente mejorado, complementado y, por acuerdo unánime de todas las bancadas, prácticamente se dio solución a los problemas que originó el primer informe.

De manera que la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto en los términos despachados en su segundo informe.

Gracias, señor Presidente.

La señora CARABALL.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora CARABALL.-

Gracias, señor Presidente.

Los diputados de la bancada democratacristiana votaremos a favor del proyecto de ley originado en una moción parlamentaria, acogida por el Ejecutivo para ser tratada en este período extraordinario de sesiones.

En el gobierno pasado, las municipalidades procedieron a enajenar locales de su propiedad, ubicados en ferias, vegas, mercados y mataderos, sin proceder previamente a la correspondiente recepción municipal; o sea, sin cumplir con las exigencias que establecen las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, las Ordenanzas General y Local de Construcción y de la Ley N° 6.071, de Venta por Pisos o de Propiedad Horizontal. Por esta razón se vendió en comunidad el total o parte de los locales mencionados.

Si bien las personas que adquirieron dichos locales estaban en conocimiento de las condiciones de venta y las dificultades que a cada uno de ellos acarrearía, no es menos cierto que la situación descrita se ha traducido, en la práctica, en el deterioro progresivo de cada uno de los locales y de los edificios y espacios comunes, con el consiguiente peligro para el público que concurre a comprar, como también en la falta de interés de los locatarios para mejorar la situación, por lo engorroso de los reglamentos de copropiedad, al existir varias juntas de administración y por la exigencia de la unanimidad de sus miembros para acordar los gastos y obras que sería necesario realizar. Además, por no tener la propiedad individual de sus locales, lo que desincentiva la inversión en ellos.

Al aprobar este proyecto de ley, estamos autorizando a las municipalidades para regularizar la situación descrita. Como toda ley de regularización, consagra normas excepcionales, por lo que hemos tenido especial cuidado en delimitar la facultad que se establece, poniendo plazos precisos para ejercerla y circunscribiendo su aplicación exclusivamente a los locales de propiedad municipal que, por su antigüedad o condiciones de excepción, no cumplen con las normas vigentes.

Los diputados democratacristianos, al participar en la discusión y complementación de este proyecto de ley y al concurrir con sus votos a su aprobación, lo hacen exclusivamente con el ánimo de favorecer a cientos de compradores de estos locales, que hoy se encuentran en una situación de precariedad. Se trata de que puedan, definitivamente, regularizar sus títulos individuales de propiedad y constituir, también por excepción, una sola junta de vigilancia, con el acuerdo de la mayoría absoluta de los propietarios y no por la unanimidad como lo establecen las actuales normas, con el fin de iniciar las obras de mejoramiento tanto de sus locales individuales, como de los espacios comunes. No cabe la menor duda de que esta normativa será de real beneficio, tanto para los locatarios como para el público que acude a realizar sus compras en esos locales.

Sólo cabe una consideración final: la situación que regulariza este proyecto de ley debió enfrentarse por el gobierno anterior, antes de vender dichos locales, estableciendo las normas de excepción que les hubieran permitido a los municipios respectivos venderlos con la recepción municipal. Con ello se les habría evitado a los compradores la situación vivida hasta el día de hoy.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en la ocasión anterior, cuando tratamos este proyecto de ley en la Sala, se suscitó un debate, a veces agrio del cual derivó el rechazo de la iniciativa por surgir algunas diferencias, específicamente, respecto del artículo l2. En esa oportunidad, señalé que no me parecía prudente obligar a la Dirección de Obras de la Municipalidad, a acoger estas propiedades al decreto ley N° 6.071; e hice referencia a los distintos requisitos contenidos en ese decreto ley.

El señor BOMBAL.-

Es una ley.

El señor SCHAULSOHN.-

El honorable Diputado señor Bombal acota que se trata de una ley.

Por ello, formulé una indicación en el sentido de facultar a la Dirección de Obras. Sin embargo, el texto del proyecto no ha sido modificado en ese aspecto y, igual que la vez anterior, obliga a la Dirección de Obras, lo cual me parece francamente inconveniente.

Entiendo que existe la necesidad de sanear. Participé en una reunión en la Municipalidad de Santiago, con la Honorable Diputada Caraball y otras personas, quienes compartían las observaciones que hicimos al proyecto en su oportunidad. Eso no se ha modificado, lo que me sorprende bastante.

No sé si algún Honorable Diputado me podrá explicar el motivo por el cual es necesario obligar a la Dirección de Obras Municipales en lugar de facultarla. Incluso, me parecería más lógico que en el tiempo ganado en el despacho del proyecto, hubiésemos dictado un pequeño reglamento, de manera que la decisión de la Dirección de Obras Municipales no fuese completamente arbitraria al negar el beneficio que se concede. En verdad, esto queda entregado prácticamente de pleno derecho, independientemente de todas las irregularidades que puedan existir. Eso me preocupa, porque podemos estar saneando bastante más de lo que pretendemos sanear.

En segundo lugar el texto habla de "cuyos terrenos pertenezcan o hayan pertenecido", y fija un plazo que todavía no ha culminado. O sea, no está saneando hacia atrás, sino otorgando un plazo hasta el 31 de diciembre de 1991. Para ser franco, no recuerdo, si esto venía en el proyecto original e ignoro la razón por la cual se ha incluido. Normalmente, el propósito de las leyes especiales consiste en sanear situaciones que han acaecido y que no son susceptibles de ser reparadas. A mi juicio, en aras de atender una necesidad que es real y compartida por los dueños de este tipo de locales, estamos abriendo las puertas para "legalizar" una serie de situaciones cuyas dimensiones exactas desconocemos. No le dejamos ningún resorte al director de Obras. Frente a una solicitud, dentro de los plazos que aquí se estipulan, no pueden ni examinar ni leer los antecedentes, pues si se dan los requisitos objetivos está obligando a regularizar. Eso me parece bastante inadecuado. Debo confesar que me cuesta mucho votar a favor de este proyecto a menos que alguno de los Honorables Diputados, que han participado activamente en la Comisión, disipe las dudas que, con la mejor buena fe y espíritu estoy planteando.

Creo que se trata de una situación inconveniente, incluso como precedente, porque el director de Obras debe tener la posibilidad y no la obligación de entregar la recepción de entregar la recepción municipal. La manera de prevenir las arbitrariedades consiste en dictar un reglamento, el que perfectamente bien podría haber quedado incluido en este proyecto de ley.

He dicho, señor Presidente.

El señor GARCIA (don José).-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, como se ha dicho, esta ley de excepción busca regularizar la situación creada en los establecimientos municipales de ferias, vegas, mercados y mataderos, vendidos por las municipalidades antes del 11 de marzo de 1990. Esta moción nos parece de gran importancia, pues permitirá que, por fin, muchos pequeños comerciantes puedan inscribir el título de propiedad de sus locales comerciales, los que pasarán a formar parte de sus activos y de sus estados patrimoniales.

En razón de ello, anuncio que Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto tanto en general como en particular.

Respecto de las consultas formuladas por el Diputado señor Schaulsohn , debo señalar, tal como se hace en el informe, que la redacción final del artículo l2, tuvo una valiosísima participación la Diputada señora Eliana Caraball , quien por su profesión de arquitecta, conoce al dedillo la legislación vigente sobre la materia.

Deseo destacar que ella fue extremadamente celosa en cada uno de los términos usados en la redacción del artículo le definitivo que se propone. Se ha querido establecer una norma de carácter imperativo precisamente para que los Directores de Obras no busquen disposiciones, resquicios legales que impidan dar cumplimiento al espíritu de los legisladores de todos nosotros, en este caso cual es hacer realidad esta ley de excepción que permite regularizar dichos títulos de dominio.

En segundo término, se estimó también necesario fijar una fecha posterior se estableció el 31 de diciembre de 1991 debido a que varios mercados, vegas y mataderos han sido vendidos sólo parcialmente por las municipalidades. Nos pareció altamente conveniente dejar abierta la posibilidad de que los recintos municipales destinados a estos fines, enajenados antes del 31 de diciembre de 1991, también puedan gozar de los mismos beneficios de los comprados anteriormente, con el objeto de no dictar otra ley que obligue a regularizar la misma situación.

Quiero reiterar que en la redacción final del artículo l°, aparece de manifiesto la voluntad política de todos los Diputados que participamos en esa sesión, que fue aprobada por unanimidad. Sería muy conveniente que una resolución de la misma naturaleza se adoptara durante la sesión de esta tarde.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE. (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde .

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, reitero que la consulta del Diputado Schaulsohn ha provocado la mayor discusión al interior de la Comisión.

Respecto del tema en discusión, en la actualidad se encuentran vigentes la ley N° 6.071 y el decreto ley 458, de modo que si se le otorgara esta facultad del Director de Obras, naturalmente, cada uno de esos directores podría aplicar un criterio diferente. En consecuencia, se ha planteado el carácter imperativo de la norma que contiene esta iniciativa, para poder superar, por el imperio de la misma ley, la situación de todos estos comerciantes.

En todo caso, fue bien debatido y ha quedado muy mejorado. También hay que reconocer que contó con el aporte sustantivo e importante de nuestra colega Eliana Caraball . Si ustedes leen las indicaciones en el informe, se darán cuenta de que cada una de ellas se redactó de común acuerdo, después del debate; de manera que todos los artículos están absolutamente consensuados y, más aún, se han elaborado coherentemente, en el sentido de posibilitar la incorporación de aquellos locales que en la actualidad están en trámite de venta porque no se ha completado el proceso de transferencia. Se ha superado el problema relativo al reglamento de copropiedad, para permitir que, por simple mayoría, se pueda contar con una junta de vigilancia.

En consecuencia, una vez promulgada esta iniciativa en el plazo más breve, quedará superada la situación de inestabilidad que sufrieron los referidos comerciantes.

Es todo, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, este proyecto tenido una larga tramitación en nuestra Corporación y hay ciertas materias sobre las cuales, por desgracia, no será posible lograr un acuerdo unánime.

Se tratan temas distintos y, por tanto, no nos gustaría decir que nuestro ánimo es oponemos a la totalidad de su texto.

En lo que dice relación con la redacción del artículo 1°, debo decir que no me interpreta; aún más, es contrario a lo que planteamos anteriormente en la Sala y en las reuniones de Comisiones, a las cuales tuve la oportunidad de asistir. Por desgracia, en la sesión en que se discutió este proyecto, el 17 de octubre, no estuve presente e incluso otro colega de nuestra bancada, don Carlos Montes , si bien estuvo al comienzo de la reunión, no se encontraba en la sala en el momento en que se debatió este proyecto de ley.

Nuestra bancada ha sido opositora a la idea de normalizar la venta de ferias, vegas, mercados y mataderos si no se entregan ciertas facultades a los directores de Obras. Por ello, en la reunión anterior debe quedar facultado, pero no obligado, como dispone la iniciativa.

Asimismo, nos llama muchísimo la atención en el artículo l2 se haya modificado la fecha, porque, inicialmente, la idea era que rigiera desde el 11 de marzo de 1990 hacia atrás; pero aquí hemos visto, perdónenme la expresión, que se trata de meter "un gol de media cancha", con una argumentación que, en nuestra opinión, es absolutamente inaceptable, al proponer una fecha como el 31 de diciembre de 1991.

Los municipios previamente, deberán regularizar la situación de las localidades antes de continuar la venta de vegas, mercados o mataderos.

Señor Presidente, se plantea que este es un proyecto de excepción; pero, al parecer, hay otras intenciones. Por ese motivo respecto del artículo l2, anuncio desde ya que no habrá unanimidad sobre la materia.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la señora Caraball .

La señora CARABALL.-

Este fue el tema que más discutimos al interior de la Comisión, tanto es así que presenté una indicación, en el sentido de que el Director de Obras Municipales estará facultado para otorgar la recepción final, etcétera, tema que hoy estamos discutiendo. Llegamos a la conclusión de que el hecho de dejar librada esta situación exclusivamente a la voluntad del Director de Obras podía originar una serie de problemas a lo largo del territorio, en el lugar donde se hayan vendido los locales. Podría suceder, por ejemplo, que en una región determinada su venta quedara legalizada, y en otras no. Esto fue lo que se trató de evitar. Son locales muy circunscritos, que incluso se podrían enumerar. No pueden aumentar debido a que ya fueron enajenados y son de propiedad de las municipalidades.

Ahora, ¿por qué se fijó la fecha 31 de diciembre de 1991? Tiene mucha razón el Diputado señor Letelier , cuando dice que por lo demás, nosotros establecimos lo de enajenar, total o parcialmente, antes del

11 de marzo de 1990, puesto que es una ley de regularización, porque muchos procesos de venta están iniciados, no han terminado, y el objeto es no hacer una nueva ley de regularización sobre esta materia, que ya está muy acotada.

Esa fue razón por la cual, al interior de la Comisión, di mi voto favorable para establecer esta facultad que repito, no me gusta, por cuanto obliga al Director de Obras a pasar por encima de las leyes. Naturalmente, me parecía mejor una redacción como "estará facultado"; sin embargo, con el ánimo de salir adelante con el proyecto, y en razón de que se trata de locales muy especiales, que incluso pueden enumerarse, di mi voto favorable para regularizar esta situación, que aflige a mucha gente y porque creo que es la manera de solucionar el problema.

Gracias, señor Presidente y señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en verdad, no encuentro que la argumentación de la Honorable Diputada Caraball sea muy persuasiva; y creo que ella tampoco considera que lo sea. Pienso que, más bien, se inclina por el criterio j original de la indicación que compartimos, por la sencilla razón de que no es un buen argumento decir: "Bueno, a lo mejor algunos alcaldes lo van a hacer y otros no".

En consecuencia, obliguemos a todos a realizar algo que puede ser inconveniente. De hecho, en la Región Metropolitana, que es donde está la mayor concentración de estas ferias y mercados, los alcaldes están más que dispuestos, y han participado activamente en la elaboración del proyecto. Debo señalar que cuando conversé con el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santiago, él estuvo de acuerdo en que lo que correspondía era dar una facultad y no un mandato.

Por lo tanto, cuando uno tiene una duda y no hay una opción ideal, tiene que elegir la que más ampara la preservación del estado de derecho, considerando que la excepción debe aplicarse con cautela. Se trata de un Director de Obras, no de cualquier funcionario, y no tenemos por qué presumir que es una persona arbitraria o que no está en contacto con los problemas de su comuna.

Un último argumento. Creo que esta norma imperativa sienta un pésimo precedente que puede producir la erosión de la autonomía de los municipios para regir las materias que le son propias porque, el Parlamento, por esta vía, puede ordenar a los distintos funcionarios municipales que actúen de una manera que tal vez no compartan, dentro de lo que es la administración de su comuna, y que sea contrario a la ley, que por algo se dictó en su momento, como me acota el Honorable señor Montes.

En consecuencia, señor Presidente, me alegro de que mi indicación, presentada junto con los señores Elizalde , Hamuy , Letelier , Caraball , Carrasco , Velasco , Arancibia y Campos, no haya muerto, reglamentariamente, e insto a los Honorables Diputados, en esta Sala, a aprobar el proyecto; pero reemplazando el artículo 1° por el de la indicación, que dice que "El Director de Obras Municipales estará facultado para otorgar la recepción final...", con lo cual no se le impone la obligación de hacerlo, aun cuando estimare que no es en el mejor interés de la comunidad.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, me parece que el precepto es correcto en los términos en que está propuesto, en cuanto a que este tema fue debatido ampliamente, sosteniéndose diversas aproximaciones técnicas, legales y prácticas.

En consecuencia, facultar al funcionario municipal competente significaría, en el fondo, dejar abierta la puerta para que se mantenga, en los términos actuales, la situación que se pretende solucionar mediante este proyecto de ley.

Quiero decir, por otra parte, que las leyes tienen que seguir la realidad material y social. En este sentido, deseo aportar, a título de ejemplo, una situación que es bastante similar, en alguna medida, a la naturaleza del problema que estamos debatiendo y que, en su oportunidad, debiera ser objeto de una iniciativa legal que permita solucionar la situación que se vive en sectores populares urbanos, como consecuencia de que las construcciones de viviendas sociales, específicamente en los últimos años, por ser de una superficie extraordinariamente reducida son insufientes para guarecer de un modo adecuado a los grupos familiares.

Asimismo, en diversos sectores urbanos populares se ha producido, en el transcurso de los años, el fenómeno del sistema de autoconstrucción autónomo, por iniciativa independiente de los propios pobladores. Por lo tanto, hoy día, en las grandes ciudades de nuestro país, hay miles de casos de ampliaciones o de construcciones que se encuentran fuera de las estipulaciones establecidas por la ley, que ocasionan conflictos entre familias y los vecinos y que, en definitiva, son situaciones de hecho, cuya corrección, por la vía de la aplicación rígida del precepto legal vigente, produciría efecto catastróficos para miles y miles de familias de pobladores de nuestras ciudades.

Llamo la atención de los Honorables colegas en el sentido de que me parece correcto otorgar mandato al funcionario municipal en el sentido indicado.

He dicho.