Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- PORTADA
- XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- VI. ORDEN DEL DÍA
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- VIII. INCIDENTES
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 366ª
Sesión 5ª, en miércoles 21 de marzo de 2018
(Ordinaria, de 10.35 a 13.51 horas)
Presidencia de la señora Fernández Allende, doña Maya y de los señores Mulet Martínez, don Jaime, y Venegas Cárdenas, don Mario.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 10
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 15
V.- FÁCIL DESPACHO ............................................................................................................................. 17
PERFECCIONAMIENTO DE BENEFICIOS A BOMBEROS POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y DE LEGISLACIÓN APLICABLE A DICHAS INSTITUCIONES
(TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11465-22)...................................................... 17
VI.- ORDEN DEL DÍA ............................................................................................................................... 23
REGULACIÓN DE USO MEDICINAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CANNABIS
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11327-11) [CONTINUACIÓN] ........................... 23
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ................................................................... 54
PROMOCIÓN DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN (N° 16) [PREFERENCIA] .......................................... 54
PROPUESTA DE ACUERDO NACIONAL PARA TRATAMIENTO DE MATERIAS DE INTERÉS CIUDADANO EN ACTUAL LEGISLATURA (N° 6) ............................................... 55
VIII.- INCIDENTES ................................................................................................................................... 57
IX.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES . 59
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
-- Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales hace presente la urgencia calificada de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1- “Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290.”. Boletín N° 9252-15. (009-366);
2.- “Aprueba el acuerdo entre la República de Chile y los Estados Unidos de América Respecto a la Asignación de Oficiales de Seguridad de a Bordo y su Anexo , firmado en Santiago, Chile, el 11 de agosto de 2017”. Boletín N° 11568-10. (011-366), y
3.- “Establece un sistema de atención a las personas y Crea el Servicio Nacional de
Atención Ciudadana, Chileatiende.”. Boletín N° 9125-06. (007-366).
4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Establecimiento de una Oficina de la OPS en Chile, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de 2011; y su Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio, celebrado entre las mismas Partes, por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016, y, en Washington, el 20 de julio de 2016, respectivamente”. Boletín N° 11582-10.
5.- Informe de la “Comisión Especial Investigadora de la labor fiscalizadora de los órganos públicos competentes sobre el funcionamiento de las cooperativas, en particular respecto de la situación que afecta a la cooperativa Financoop (CEI 49).”.
6.- Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando; Álvarez, doña Jenny; Cariola, Carvajal, Cicardini, Girardi, Jiles, Marzán, Santibáñez y Vallejo, que “Modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer una cuota de género aplicable a las candidaturas a alcalde”. Boletín N° 11645-06.
7.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4449-18 INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible.
8.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. Rol 4441-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
9.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. Rol 4329-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
10.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4334-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
11.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4331-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
12.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
64 de la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile y del artículo 73 del decreto N° 412, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. Rol 4213-17-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
13.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4468-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible. Se tomó conocimiento.
14.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº17.798. Rol 4443-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
15.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4333-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
16.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4328-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
17.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4496-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
18.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4335-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
19.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. Rol 4419-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
20.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216 y del artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798. Rol 4345-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible . Se tomó conocimiento.
21.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4444-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
22.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. Rol 4469-18-INA. Otorga plazo para formular observaciones al requerimiento declarado admisible
XI.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Decreto:
N° 515, de 22 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por el cual se autoriza la salida y permanencia de tropas del Ejército de Chile fuera del territorio de la República, por un período de un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, para continuar integrando la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (Operación Althea).
2.- Notas:
De la ex Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria , por la cual solicita, en virtud de lo dispuesto en la letra a) del N°2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, autorización para ausentarse del país entre el 2 y el 20 de abril de 2018, con el objeto de dirigirse a Estados Unidos de América y a la India para cumplir compromisos asumidos con organismos internacionales.
Del diputado señor Hirsch por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 23 de marzo de 2018, para dirigirse a Argentina.
De la diputada señora Cariola por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 1 de abril de 2018, para dirigirse Madrid , España .
Del diputado señor Mirosevic por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 24 de marzo de 2018, para dirigirse a La Haya.
Del diputado señor Gutiérrez por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 24 de marzo de 2018, para dirigirse a Ecuador.
Del diputado señor Cruz-Coke , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 21 de marzo de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
3.- Comunicaciones:
Del Jefe de la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Hernández reemplazará a la diputada señora Amar en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Del Jefe de la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Urrutia, don Osvaldo , reemplazará al diputado señor Hernández en la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Del Jefe de la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Baltolu reemplazará al diputado señor Rentería
en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.
Del Jefe de la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que la diputada señora Amar reemplazará al diputado señor Urrutia, don Osvaldo , en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
Del Jefe de la Bancada de Diputados del Partido Revolución Democrática por la cual informa que la diputada señora Pérez , doña Catalina , reemplazará al diputado señor Brito en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.
4.- Oficios:
Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que la diputada señora Álvarez , doña Jenny , y los diputados señores Boric ; Flores, don Iván , y Norambuena , integrarán la delegación que concurrirá a la 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, a realizarse desde el 24 al 29 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza (7).
Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que los diputados señores Espinoza ; Fuenzalida, don Gonzalo , y Meza , integrarán la delegación que concurrirá a las sesiones ordinarias del Parlamento Andino, que se llevarán a cabo entre el 20 y el 23 de marzo de 2018, en Bogotá, Colombia (8).
Respuestas a Oficios
Contraloría General
Diputado Pérez, don Leopoldo . Solicita informar a esta Cámara sobre los plazos efectivos de término de las Unidades de Negocios N° 1, 2, 4 y 5, para los efectos de las bases de licitación del Sistema de Transporte Público de Santiago, indicando si se ha sido dictado el Reglamento que regula la transferencia de los bienes afectos (buses y terminales) en cuanto al traspaso que corresponda entre los operadores del sistema. (7149 al 34671).
Diputado Pérez, don Leopoldo . Se sirva emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud formulada mediante oficio 34.671 de 14 de septiembre de 2017, sobre los plazos efectivos de término de las Unidades de Negocios N° 1,2, 4 y 5, para los efectos de las bases de licitación del Sistema de Transporte Público de Santiago, indicando si se ha sido dictado el Reglamento que regula la transferencia de los bienes afectos (buses y terminales) en cuanto al traspaso que corresponda entre los operadores del sistema, en los términos y conforme a los antecedentes que se acompañan. (7149 al 36756).
Diputado Espinoza, don Fidel . En su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso conducente a sancionar con multa la infracción a la obligación de informar contenida en el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido el señor Director del Servicio de Impuestos Internos, al no haber dado respuesta a esta fecha, a los oficios N° 782, de 24 de abril de 2014, N° 207, de 15 de junio de 2014, N° 20.868, de 15 de junio de 2014, N° 22.695, de 22 de agosto de 2016, N° 22.955 de 7 de septiembre de 2016 y N° 24.297 de 13 de octubre de 2016, que en copia se anexan, e informe a esta Cámara. (7349 al 35389).
Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes y copia del informe de ese organismo que habría concluido que el Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Osorno habría mal utilizado fondos de la Subvención Escolar Preferencial. (7362 al 38792).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Sabag, don Jorge . Cuáles son los planes de inversión que se han considerado para la implementación de los servicios públicos que se instalarán en la nueva Región de Ñuble. (1426 al 32786).
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Proyecto de Resolución N° 1040, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al Director del Instituto de Previsión Social y a la Superintendencia de Pensiones con el fin que adopten medidas legales y administrativas destinadas a facilitar el cobro de la Pensión Básica Solidaria en zonas extremas y rurales del país. 0108.
Ministerio de Salud
Proyecto de Resolución N° 1014, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, tenga a bien instruir a la Ministra de Salud, a fin de acoger sin más trámite la solicitud de declaración de existir razones de salud pública para la concesión de licencias no voluntarias contempladas en el artículo 51 N°2 de la ley de Propiedad Industrial respecto de las patentes que afectan al Sofosbuvir y los antivirales de acción directa para la Hepatitis C. 1134.
Ministerio de Minería
Diputada Pacheco , doña Clemira . Aclaración de puntos de su respuesta otorgada al oficio N° 36.314, de fecha 9 de noviembre de 2017. (s/n al 37596).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Diputado Andrade, don Osvaldo . Reitera el oficio N° 35710 de esta Corporación, de fecha 26 de octubre de 2017. (129-1778 al 38787).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Requiere informar la factibilidad de eliminar el costo fijo de la tarjeta BIP requerida para el uso del sistema de transporte público Metro S.A., disponiendo que en la primera carga dicho monto se considere pagado. (130-1808 al 37578).
Proyecto de Resolución N° 951, Solicita a S.E. la Presidenta de la República estudiar algún mecanismo que exima del pago de pasaje en medios de transporte público a las personas que se trasladan el día 19 de noviembre de 2017 con el objeto de sufragar. 114-1653.
Ministerio de Desarrollo Social
Proyecto de Resolución N° 907, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la incorporación de medidas tendientes a beneficiar a los Adultos Mayores pertenecientes a la “cuarta edad” en orden a suministrarse servicios de medicamentos a domicilio. 469.
Servicios
Diputado Rathgeb, don Jorge . Factibilidad de iniciar un programa de reparación del camino que une la localidad de Quino en la Comuna de Victoria, con la Ruta 5 Sur, indicando el plazo para su ejecución. (551 al 38619).
Varios
Diputado Rathgeb, don Jorge . Convenios actualmente vigentes celebrados por su municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (17 al 38309).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Convenios actualmente vigentes celebrados por su municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (204 al 38307).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (236 al 36535).
Diputada Hernando , doña Marcela . Factibilidad de acoger la solicitud formulada por el señor Pedro Simunovic , afiliado a la Isapre Cruz Blanca, en orden a que el tratamiento para la patología que padece sea solventado vía Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas. (490 al 30845).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Convenios actualmente vigentes celebrados por su municipio con instituciones de la Administración del Estado, individualizando a cada una de ellas y el personal contratado para ese efecto. (665 al 38279).
Diputado Campos, don Cristián . Solicita informar la contaminación que afectaría a la laguna Rayenantú en la comuna de Santa Juana, indicando las medidas que al respecto se adoptarán. (688 al 35636).
Diputada Molina, doña Andrea . Aptitud del sector de la Población Vista al Mar de Playa Ancha, de la comuna de Valparaíso, para emplazar un proyecto habitacional compuesto por 11 edificio, otorgando respuesta a las demás interrogantes que formula. (860 al 35100).
Comisión Nacional de Riego
Proyecto de Resolución N° 1017, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, presentar un proyecto de ley que regule la facultad del Estado para la construcción de infraestructura pública e instruir al Ministerio de Agricultura para que informe los planes de rehabilitación de embalses. 0645.
XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Rosas, don Patricio
. Solicita informe de las reiteradas fallas que ha presentado el sistema de venta de bonos de atención de salud, señalando su origen, las soluciones entregadas por el Fondo Nacional de Salud a los pacientes afectados y las características del contrato con los proveedores encargados del funcionamiento del sistema informático. (426 de 16/03/2018).
I.ASISTENCIA
-Asistieron 151 señores diputados, de los 155 en ejercicio.
-Florcita Alarcón Rojas
-Jorge Alessandri Vergara
-René Alinco Bustos
-Sebastián Álvarez Ramírez
-Jenny Álvarez Vera
-Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez
-Sandra Amar Mancilla
-Gabriel Ascencio Mansilla
-Pepe Auth Stewart
-Nino Baltolu Rasera
-Boris Barrera Moreno
-Ramón Barros Montero
-Jaime Bellolio Avaria
-Bernardo Berger Fett
-Alejandro Bernales Maldonado
-Karim Bianchi Retamales
-Sergio Bobadilla Muñoz
-Gabriel Boric Font
-Jorge Brito Hasbún
-Miguel Ángel Calisto Águila
-Karol Cariola Oliva
-Álvaro Carter Fernández
-Loreto Carvajal Ambiado
-Natalia Castillo Muñoz
-José Miguel Castro Bascuñán
-Juan Luis Castro González
-Andrés Celis Montt
-Ricardo Celis Araya
-Daniella Cicardini Milla
-Sofía Cid Versalovic
-Juan Antonio Coloma Álamos
-Miguel Crispi Serrano
-Luciano Cruz-Coke Carvallo
-Catalina Del Real Mihovilovic
-Mario Desbordes Jiménez
-Marcelo Díaz Díaz
-Jorge Durán Espinoza
-Eduardo Durán Salinas
-Francisco Eguiguren Correa
-Fidel Espinoza Sandoval
-Maya Fernández Allende
-Iván Flores García
-Camila Flores Oporto
-Juan Fuenzalida Cobo
-Gonzalo Fuenzalida Figueroa
-Sergio Gahona Salazar
-Ramón Galleguillos Castillo
-René Manuel García García
-Renato Garín González
-Cristina Girardi Lavín
-Félix González Gatica
-Rodrigo González Torres
-Hugo Gutiérrez Gálvez
-Javier Hernández Hernández
-Marcela Hernando Pérez
-Carmen Hertz Cádiz
-Tomás Hirsch Goldschmidt
-María José Hoffmann Opazo
-Diego Ibáñez Cotroneo
-Marcos Ilabaca Cerda
-Giorgio Jackson Drago
-Carlos Abel Jarpa Wevar
-Pamela Jiles Moreno
-Tucapel Jiménez Fuentes
-Harry Jürgensen Rundshagen
-Pablo Kast Sommerhoff
-Sebastián Keitel Bianchi
-Issa Kort Garriga
-Carlos Kuschel Silva
-Amaro Labra Sepúlveda
-Joaquín Lavín León
-Raúl Leiva Carvajal
-Aracely Leuquén Uribe
-Andrés Longton Herrera
-Pablo Lorenzini Basso
-Karin Luck Urban
-Javier Macaya Danús
-Carolina Marzán Pinto
-Manuel Matta Aragay
-Patricio Melero Abaroa
-Cosme Mellado Pino
-Miguel Mellado Suazo
-Fernando Meza Moncada
-Vlado Mirosevic Verdugo
-Claudia Mix Jiménez
-Andrés Molina Magofke
-Manuel Monsalve Benavides
-Celso Morales Muñoz
-Cristhian Moreira Barros
-Jaime Mulet Martínez
-Francesca Muñoz González
-Jaime Naranjo Ortiz
-Nicolás Noman Garrido
-Iván Norambuena Farías
-Daniel Núñez Arancibia
-Paulina Núñez Urrutia
-Emilia Nuyado Ancapichún
-Erika Olivera De La Fuente
-Maite Orsini Pascal
-José Miguel Ortiz Novoa
-Ximena Ossandón Irarrázabal
-Luis Pardo Sáinz
-Andrea Parra Sauterel
-Diego Paulsen Kehr
-Joanna Pérez Olea
-Leopoldo Pérez Lahsen
-Catalina Pérez Salinas
-José Pérez Arriagada
-Pablo Prieto Lorca
-Guillermo Ramírez Diez
-Jorge Rathgeb Schifferli
-Rolando Rentería Moller
-Hugo Rey Martínez
-Luis Rocafull López
-Camila Rojas Valderrama
-Leonidas Romero Sáez
-Patricio Rosas Barrientos
-Gastón Saavedra Chandía
-Jorge Sabag Villalobos
-Marcela Sabat Fernández
-René Saffirio Espinoza
-Raúl Saldívar Auger
-Gustavo Sanhueza Dueñas
-Juan Santana Castillo
-Alejandro Santana Tirachini
-Marisela Santibáñez Novoa
-Frank Sauerbaum Muñoz
-Diego Schalper Sepúlveda
-Marcelo Schilling Rodríguez
-Alejandra Sepúlveda Orbenes
-Alexis Sepúlveda Soto
-Gabriel Silber Romo
-Leonardo Soto Ferrada
-Raúl Soto Mardones
-Guillermo Teillier Del Valle
-Jaime Tohá González
-Sebastián Torrealba Alvarado
-Víctor Torres Jeldes
-Renzo Trisotti Martínez
-Virginia Troncoso Hellman
-Francisco Undurraga Gazitúa
-Ignacio Urrutia Bonilla
-Osvaldo Urrutia Soto
-Cristóbal Urruticoechea Ríos
-Camila Vallejo Dowling
-Enrique Van Rysselberghe Herrera
-Esteban Velásquez Núñez
-Pedro Velásquez Seguel
-Mario Venegas Cárdenas
-Daniel Verdessi Belemmi
-Pablo Vidal Rojas
-Gastón Von Mühlenbrock Zamora
-Matías Walker Prieto
-Gonzalo Winter Etcheberry
-Gael Yeomans Araya
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- El acta de la sesión 120a de la legislatura 365ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 121a de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la diputada señora Maya Fernández , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Autorizar, en virtud de lo dispuesto en la letra a) del N° 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, a la ex-Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , para ausentarse del país entre los días 2 y 20 de abril de 2018, con el objeto de dirigirse a Estados Unidos de América y a India, para cumplir compromisos asumidos con organismos internacionales.
2. Tratar con preferencia en la sesión de hoy el proyecto de resolución N° 16, por el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que implemente una política que promueva la estimulación temprana para personas con síndrome de Down.
-o-
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, por su intermedio quiero informar a mis colegas que en su mesa de trabajo encontrarán un informe referido a la ley sobre donaciones a universidades e institutos profesionales, elaborado por el Comité de Evaluación de la Ley.
Solo quiero explicar a mis colegas que hace ya algunos años se creó en esta Corporación el Comité de Evaluación de la Ley. Se trata de un comité especial, único en el mundo, en el que trabajamos con la OCDE y en el que, a petición de los parlamentarios y de la ciudadanía, evaluamos, después de tres o cuatro años de su publicación, las leyes en las que se han detectado algunos problemas o salvedades. Luego de que evaluamos dichas leyes, emitimos un informe sobre base del cual se elabora un proyecto de ley que corrija dichos problemas o salvedades.
El informe que los diputados y diputadas tienen en su pupitre fue elaborado por el Comité respecto de la ley ya señalada. Desde su creación, el Comité ha elaborado más de diez informes sobre diversas leyes.
Si los colegas requieren más información sobre el particular, la oficina del Comité de Evaluación de la Ley está a vuestra disposición.
Ojalá que podamos seguir trabajando juntos en los próximos períodos.
Integran el Departamento de Evaluación de la Ley los diputados Hugo Gutiérrez , Issa Kort , Manuel Monsalve , Leopoldo Pérez , la diputada Alejandra Sepúlveda y dos o tres parlamentarios más que ya no están y que vamos a reemplazar.
Señora Presidenta, quería informar aquello para que sepan de qué se trata.
Como dije, hemos hecho ya siete u ocho informes sobre distintos temas que están a vuestra disposición, si así lo requieren, para complementar vuestro trabajo parlamentario.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Muchas gracias, señor diputado.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señora Presidenta, pido la palabra.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra, su señoría.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señora Presidenta, quiero informar a los colegas nuevos que existe la posibilidad de que en las comisiones técnicas respectivas uno solicite la evaluación de alguna ley vigente. Para ello, existe el Departamento de Evaluación de la Ley.
Al respecto, cabe hacer presente que no se trata de llevar a cabo la revisión de las distintas iniciativas de ley, originadas en mensaje o en moción, sino de las leyes que están siendo aplicadas. Por lo tanto, si alguno de ustedes dice: “Esta ley no funciona bien; no está llegando a la ciudadanía como debiera”, se puede, a través de la comisión permanente que corresponda, pedir al Departamento de Evaluación de la Ley que revise dicha norma, fundamentalmente en terreno, mediante focus group, con los ciudadanos que se ven afectados.
Por eso es tan importante ese departamento.
Aprovecho de agradecer a don René Arrayet y a todo el equipo que lo integra, conformado por abogados, asistentes sociales y sociólogos.
Esperamos que los nuevos parlamentarios puedan utilizar esa instancia tan importante, sobre todo para saber si las leyes que aquí aprobamos tienen la capacidad de modificar la vida cotidiana de las personas.
He dicho.
-o-
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Quiero recordar a la Sala que hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, razón por la que a las 12.00 horas, en el hall El Pensador, se realizará una actividad para conmemorar esta fecha, a la cual están invitados todas las diputadas y todos los diputados.
V.FÁCIL DESPACHO
PERFECCIONAMIENTO DE BENEFICIOS A BOMBEROS POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES Y DE LEGISLACIÓN APLICABLE A DICHAS INSTITUCIONES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11465-22)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En Fácil Despacho, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los beneficios otorgados a bomberos por accidentes y enfermedades y la demás legislación aplicable a dichas instituciones.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 2ª de la presente legislatura, en 14 de marzo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado Pedro Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señora Presidenta, si se observan los objetivos de la iniciativa enmendada por el Senado, la cual es muy anhelada por nuestro Cuerpo de Bomberos, es posible concluir que el perfeccionamiento que propone el proyecto a la normativa vigente en materia de beneficios otorgados a bomberos por accidentes y enfermedades contenidas es muy positivo.
Por una parte, el proyecto aclara determinados conceptos que provocan cierta discrecionalidad al momento de determinar el otorgamiento de estos beneficios al explicar, de forma clara, qué actividades se contemplan dentro de los actos de servicio y labores que tengan relación directa con la institución bomberil. Se delimitan las situaciones bajo las cuales existe un accidente o una enfermedad que harían al titular, al bombero, acceder a los beneficios que la ley le otorga, de manera que no queden espacios difusos de interpretación o para alguna arbitrariedad.
Por otro lado, el perfeccionamiento de los beneficios resulta sumamente útil para determinar de mejor forma los alcances de estos y la manera en que se pagan. Por ejemplo, la inclusión del conviviente civil entre los beneficiarios en caso de muerte y la extensión de la vigencia de los beneficios si el accidentado es un estudiante constituyen una mejora sustancial en la asignación de dichos beneficios, lo que permite lograr un mayor alcance dentro de los parámetros fijados por la ley.
Además, se determina de forma más clara qué gastos corresponden efectivamente a transporte, lo que también permite quitar espacio a discrecionalidades en la interpretación.
Asimismo, cabe destacar la incorporación de una sanción penal para las personas que obtengan o intenten obtener de manera fraudulenta los beneficios contemplados en la ley, de manera que no se produzcan abusos ni defraudaciones.
En cuanto a la entrada en vigor de la ley en proyecto, cabe recalcar que se excluyen de todo efecto retroactivo los procesos de licitación de renta vitalicia que se hayan iniciado con anterioridad. Dicha medida también es un aspecto notable, por cuanto otorga seguridad a quienes son beneficiarios y parte en los mencionados procesos.
Ahora bien, las modificaciones introducidas por el Senado responden a temas de carácter meramente formal o de redacción, y por tanto no se realizan cambios sustanciales al contenido del proyecto original, aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.
Es posible afirmar que el proyecto de ley efectivamente logra su objetivo al momento de perfeccionar las normas que otorgan beneficios a los miembros del Cuerpo de Bomberos, por cuanto precisa determinadas materias que se encontraban difusas en la normativa vigente y, además, incorpora mejoras sustanciales a los beneficios y a la forma en que estos se otorgan.
En consecuencia, como se trata de un proyecto anhelado por nuestro Cuerpo de Bomberos, esperemos que la Sala se pronuncie unánimemente a favor de las modificaciones del Senado.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Recuerdo a la Sala que el Reglamento establece que en Fácil Despacho pueden hacer uso de la palabra dos diputados para hablar a favor del proyecto y dos para hacerlo en contra, pero los Comités acordaron ayer destinar el tiempo para impugnar la iniciativa a dos diputados que quieran apoyarla.
Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .
La señorita ORSINI (doña Maite) .-
Señora Presidenta, en pocos espacios los valores republicanos se expresan tan claramente como en Bomberos de Chile: la institución está integrada desde la diversidad socioeconómica, etaria y, cada vez más -enhorabuena-, desde la diversidad de género.
En su historia ha sido clave el rol de las colonias de inmigrantes y el rol que siguen jugando hoy los nuevos inmigrantes que llegan a nuestro país.
Todo esto, desde un profundo sentido de la solidaridad y del servicio público. Dicho de otra manera, más simple pero más contundente: pocas instituciones expresan tanto amor y compromiso con Chile.
Sin embargo, resulta evidente que la enorme gratitud que debiésemos tener por el rol que juegan bomberos y bomberas hoy tiene una expresión legal insuficiente. Por lo mismo, es tan urgente y relevante, desde mi punto de vista, la aprobación del proyecto, que actualiza y perfecciona el decreto ley N° 1757, de 1977.
Nos hemos quedado muy atrás en entender y en proteger la labor de esta institución. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer al Cuerpo de Bomberos de Chile por dentro, sabemos que sus labores van muchísimo más allá de aquella imagen que enfrenta a seres humanos armados de mangueras frente a la tragedia del fuego.
Por lo mismo, ampliar el concepto de actos de servicio y labores que tengan relación directa con la institución bomberil implica reconocer labores que se han realizado siempre, pero que ciertas interpretaciones las dejaban fuera de las actividad bomberil, generando como consecuencia la desprotección de los miembros del Cuerpo de Bomberos y sus familias en caso de accidentes.
No puede ser que la Comisión para el Mercado Financiero, organismo que reemplazó a la Superintendencia de Valores y Seguros, tenga cancha para interpretar que un bombero que se lanza de un paracaídas en actividades ligadas a su compañía y no al combate directo de un siniestro, y que se accidenta gravemente en ese acto, no sea legitimario del beneficio de renta vitalicia.
Tampoco puede ser que los estudiantes y las estudiantes que son parte de la institución queden fuera de este tipo de beneficio.
Por ello, celebro la ampliación en este proyecto de la protección de estudiantes hasta dos años después de su titulación y a los que cursen un preuniversitario.
Además, el proyecto permite que la Comisión para el Mercado Financiero continúe el pago de las pensiones luego de la segunda declaración de invalidez, sin tener que licitar una nueva póliza de renta vitalicia, atendido el escaso o nulo interés de las compañías de seguros por participar en dichos procesos y dando continuidad al pago aun después de la primera reevaluación.
Esto, que podría parecer un tecnicismo, es en realidad entregar protección y dignidad a nuestras bomberas y a nuestros bomberos y sus familias en caso de accidente.
Insisto en el “los y las”, porque en este decreto ley, como en tantos otros, la mirada machista generadora de discriminación por género se hace presente. Por lo mismo, el reemplazo de las referencias a la viuda por cónyuge sobreviviente nos saca de 1977 y nos pone en el 2018, tal como lo hace la inclusión del conviviente civil, que si bien no beneficia solo a parejas homosexuales, da un marco de protección a familias homoparentales en las que algunos de sus integrantes sean parte de esta institución.
Sin duda, este proyecto, que tiene más aristas que las que menciono, no agota el debate ni la construcción legislativa en torno a los bomberos y las bomberas de Chile, pero es un paso que debemos dar con urgencia y es un reconocimiento cuya materialización no puede esperar.
Por lo mismo, anuncio que votaré favorablemente la iniciativa en este trámite.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Finalmente, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, me inscribí para intervenir especialmente porque en la Sala hay por lo menos cuatro diputados que formamos parte de la historia de la creación, hace muchos años, de la Comisión Especial de Bomberos, la que en el período anterior transformamos en permanente.
Su señoría presidió dicha instancia hasta el 10 de marzo del año en curso. Anteriormente, lo hizo el diputado Jorge Ulloa . Y antes lo hizo quien les habla.
¿Por qué expreso lo anterior? Es conveniente que se sepa, para la historia fidedigna de la ley, que en los informes que figuran en nuestros computadores -seguramente, también cuentan con ellos los asesores de las respectivas bancadasse reitera el rol fiscalizador de la Superintendencia de Valores y Seguros, pero eso cambió, porque con la ley marco de bomberos que sacamos los parlamentarios de la Comisión de Bomberos, ella se radicó en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Uno de los objetivos de este proyecto, que se encuentra en tercer trámite constitucional, es precisamente terminar con la burocracia de la Superintendencia de Valores y Seguros, que perjudicaba especialmente a los cuerpos de bomberos de sectores rurales, que dentro de sus voluntarios no tenían personas con la preparación adecuada para hacer una buena rendición de cuentas de las platas recibidas año a año, a través del presupuesto de la nación y por medio de la Junta Nacional de Bomberos.
Eso significó que en 2012 no solo se interpusiera una denuncia en los tribunales, sino que también se intentara involucrar a la contraloría, por lo que se adoptó una medida terrible: ningún peso más a un cuerpo de bomberos que no hubiera hecho su rendición como correspondía.
Debido a eso, los parlamentarios de la Comisión de Bomberos presentamos el proyecto de ley marco, el cual, una vez convertido en ley, solucionó el problema, y hoy los cuerpos de bomberos están recibiendo sus beneficios.
Es bueno que eso se sepa y que quede constancia al respecto. A nosotros nos interesa perfeccionar, mejorar, todo lo vinculado a Bomberos de Chile.
Por eso, este proyecto de ley busca mejorar las prestaciones y beneficios otorgados a los miembros de los cuerpos de bomberos, y adecuar la legislación, agregando entre los beneficiarios a quien haya suscrito un acuerdo de unión civil con el bombero fallecido.
Asimismo, la iniciativa pretende establecer una sanción penal para quien obtenga o intente obtener, de manera fraudulenta, los beneficios contemplados para bomberos y, finalmente, tal como lo expresé al comienzo de mi intervención, regularizar las rendiciones de cuenta de los cuerpos de bomberos y Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos que figuran pendientes.
Ahora bien, quiero recalcar lo relativo a la unión civil. Eso nadie lo había dicho aquí. Nosotros nos adelantamos a los tiempos y lo planteamos por unanimidad en la comisión permanente de bomberos antes de que se legislara al respecto en el país. Es decir, nos preocupamos de nuestros voluntarios bomberos y bomberas.
Tal como se expresó en la Sala, las modificaciones del Senado son muy claras. Por ejemplo, reemplaza la frase “de los médicos y paramédicos”, por la siguiente: “de los médicos, de otros profesionales del área de la salud y de los paramédicos.”.
Asimismo, sustituye la voz “párrafo” por “inciso”.
La última modificación es importante, pues se reitera que “Las primas para el pago de dichas rentas serán de cargo de las aseguradoras y mutualidades que vendan el riesgo de incendio…”, lo cual conseguimos hace muchos años.
Se trata de un gran proyecto para los bomberos. Por tanto, solicito la unanimidad de la Sala para aprobar las modificaciones del Senado y despacharlo al Ejecutivo, para que pronto sea ley de la república.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los beneficios otorgados a bomberos por accidentes y enfermedades y la demás legislación aplicable a dicha institución.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 145 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Flores Oporto, Camila ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Yeomans Araya, Gael .
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
VI.ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE USO MEDICINAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CANNABIS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11327-11) [CONTINUACIÓN]
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis.
De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el 13 de marzo, para la discusión de este proyecto se otorgarán diez minutos a cada diputado.
Hago presente a la Sala que el informe se rindió en la sesión 2ª, el 14 de marzo recién pasado.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 2ª de esta legislatura, en 14 de marzo de 2018, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Salud.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la diputada Karin Luck .
La señorita LUCK (doña Karin) .-
Señora Presidenta, hoy debemos resolver sobre un tema altamente sensible: permitir a la gente que cultive cannabis que elabore sus propios medicamentos.
Creo firmemente en la libertad de las personas, y estoy de acuerdo con el uso medicinal de la marihuana, pero siempre y cuando sea el Estado el que cultive, procese y distribuya, y que haya un control claro en cada etapa del proceso, con el objetivo de garantizar que el tratamiento sea exitoso, a un bajo costo y sin fines de lucro.
Por lo mismo, votaré en contra este proyecto, ya que considero inseguro para la población el permitirle cultivar y producir sus medicinas.
Es inseguro, porque no es la planta completa la que hace bien al paciente, sino solo algunos de sus componentes. También existen otros cannabinoides que tienen efectos adversos, como la adicción, y no hay evidencia científica de resultados alentadores respecto del uso de la planta completa con fines medicinales.
¿Cómo nos aseguraremos de que la gente está haciendo la separación correcta de componentes en sus casas? ¿Cómo saber si la dosis consumida es la adecuada o si habrá efectos adversos? Si realmente queremos mejorar la calidad de vida de la gente, deben existir estrictas medidas de supervisión y control en la cadena de producción, cuestión que este proyecto no contempla y que al autocultivo no garantiza.
A esto se suma que la iniciativa en discusión no señala cómo será habilitado el médico para que pueda recetar la cannabis como tratamiento ni qué conocimientos y competencias específicas deberá tener. Tampoco se establece un tipo de receta especial para prescribir la cannabis para uso terapéutico, como una receta cheque o una retenida, sino que solo la describe como “receta extendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en el reglamento”.
No podemos exponer a nuestros niños a que sean conejillos de Indias, sino que deben recibir tratamientos basados en medicamentos preaprobados, testeados y que sus componentes no sean sustancias cuyo impacto y efectos adversos aún se encuentran en estudio. Esto es de vital importancia, ya que hasta pasados los veinte años de edad aproximadamente el organismo produce una sustancia llamada “mielina”, que envuelve y protege los axones de ciertas células nerviosas y cuya función principal es aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. El consumo de cannabinoides podría ocasionar que dicha sustancia fundamental para el desarrollo neurológico del ser humano dejara de producirse o lo hiciera en menor medida.
Actualmente existen medicamentos para tratar la epilepsia refractaria, pero no están en la canasta respectiva para ser entregados mediante el sistema público. En consecuencia, es necesario legislar en este sentido.
Por último, el proyecto no regula quién determinará las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante tratamiento médico con cannabis y tampoco hace mención alguna a guías o protocolos de tratamiento.
Aunque estoy a favor del uso medicinal de la marihuana, creo que aprobar la iniciativa en discusión es una enorme irresponsabilidad con la salud de las personas. Si queremos legislar, hagámoslo bien y con el marco normativo que corresponde a un tema tan importante como el que nos ocupa.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en tribunas.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, estaba inscrito para intervenir respecto del proyecto anterior, sobre bomberos, así que agradezco la oportunidad, pero no haré uso de la palabra.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señor Presidente, permítame aclarar que no comparto en nada lo señalado por la diputada que me antecedió en el uso de la palabra y que es completamente falso que existan estudios que demuestren que el cannabis no ayuda a mejorar o a aliviar el dolor en casos de enfermedades graves.
Agradezco a la Mesa que haya iniciado el período legislativo dando prioridad a este proyecto ley. Por fin se le da la relevancia que merece.
Asimismo, agradezco a la diputada Karol Cariola por haberme invitado a copatrocinar la moción, ya que no me cabe duda que su aprobación será tremendamente relevante para muchas personas.
Esta modificación al Código Sanitario permite, entre otras cosas, que la receta médica actúe como respaldo válido para la plantación, cultivo y cosecha de cannabis destinada al uso en el tratamiento médico autorizado de diversas enfermedades, con la finalidad de aliviar el dolor que dichas enfermedades producen, en tanto, obviamente, no haya sido posible aliviarlo mediante el uso de algún medicamento tradicional.
Subrayo que estamos tratando un tema de salud, porque se busca dar respuesta a una urgencia concreta, que es enfrentar al dolor real, físico, de pacientes que sufren diariamente una serie de padecimientos complejos, como algunos tipos de cáncer, epilepsia refractaria u otras patologías que encuentran distintos grados de alivio en el uso de elementos derivados del cannabis.
No obstante, también estamos tratando un proyecto que se vincula con la dignidad y el respeto al paciente y a sus familiares, como madres y padres, quienes, además de enfrentar una difícil condición de salud propia, de sus hijos o de otros seres queridos, deben sumar a su pesar la angustia de verse criminalizados, perseguidos, apuntados con el dedo, como delincuentes. Esas personas viven con la incertidumbre de sentir que en cualquier momento pueden ser descubiertos y detenidos o ver invadidos sus hogares e incautadas sus plantaciones, que -reiteroa veces son la única fuente de alivio con que cuentan.
Además, eso repite las contradicciones y absurdos que ha habido históricamente en la aplicación de la legislación nacional que regula esta materia. De hecho, el cultivo personal y el uso medicinal de cannabis está establecido y permitido por nuestra legislación, a través de la ley N° 20.000, que establece como lícitos la siembra, el cultivo y la cosecha de cannabis para “uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. Sin embargo, en la práctica no se permiten las condiciones para ejercer este uso permitido.
Lo anterior es inconsecuente. Tenemos un Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que, al menos en esta materia, ha actuado, a mi juicio, de manera incomprensible, ya que se ha negado a dar curso a los permisos para plantar este tipo de cultivos que, vuelvo a subrayar, están más que justificados y validados para su uso en tratamientos médicos.
Aún vemos casos en los que se persigue, se humilla y se deja de manos atadas a madres que solo buscan detener o evitar el dolor a sus seres queridos, en especial a sus hijos o hijas, lo que considero sumamente trágico, cruel e injusto. ¿Cómo no va a ser más que entendible, atendible y legítimo atender ese deseo?
Todavía se penaliza, se sanciona y obstaculiza el uso personal, aunque sea medicinal, de sustancias como el cannabis, no obstante que hay evidencia que demuestra que es beneficioso en determinadas aplicaciones y circunstancias. Paradójicamente, al mismo tiempo se permiten drogas como el tabaco y el alcohol, de probados efectos nocivos y dañinos para la salud de la población, y con altísimos costos para su tratamiento en la salud pública.
De esa realidad surge la necesidad de esta iniciativa, que faculta para que, previa prescripción de un profesional médico con las competencias necesarias para entender la situación por la que atraviesa un paciente, pueda extender una receta que sirva de respaldo para permitir el tratamiento legítimo de una enfermedad por medio de cannabis e impedir cualquier arbitrariedad al respecto.
Debido al poco tiempo que tengo, no es mi intención abordar los argumentos técnicos específicos, médicos y científicos que hay en torno a este tema; sólo diré que hay diversos estudios con distintas interpretaciones sobre el uso de cannabis y que, por cierto, muchos de ellos validan los resultados de su uso médico.
Es para mí imposible contradecir la experiencia personal y el testimonio de una madre, de un padre, de un hijo o de los propios pacientes que han encontrado alivio y mejoría en su condición de salud gracias al uso de cannabis, razón por la cual estoy por aprobar esta moción. Si para ello debemos establecer condiciones específicas y debatir más aspectos del proyecto, hagámoslo, pero no cerremos la puerta a esta tremenda iniciativa, que mucha gente está esperando.
Basta ya de criminalizar, de perseguir, de hacer pasar por situaciones vejatorias a quienes requieren tranquilidad y apoyo para enfrentar la lucha por su salud y buscar alivio a padecimientos dolorosos, complejos y caros de tratar por otros medios, para quienes el uso medicinal del cannabis representa su única alternativa.
No cerremos la puerta al clamor de quienes piden una solución, una respuesta y la protección adecuada de sus derechos en esta materia, personas que se han agrupado o son representadas por la valiosa labor de organizaciones como Daya o Mamá Cultiva, entre otras instituciones, a las que aprovecho de saludar y felicitar por la labor que realizan.
Por eso, pido que legislemos de manera racional en un tema que tiene que ver con el ámbito sanitario de nuestra población. Al mismo tiempo, pido que lo hagamos con una mano en el corazón, colocándonos en el lugar de esa madre, de ese padre, de ese hijo, siendo empáticos con el sufrimiento de quien padece una enfermedad dolorosa y que ha encontrado alivio en tratamientos en base a derivados del cannabis.
Hoy nuestra sociedad entiende que se trata de un acto de justicia con todos esos pacientes que sufren y que deben lidiar diariamente con su enfermedad. Por ellos y ellas, aprobaremos el proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .
El señor VIDAL.-
Señora Presidenta, este proyecto constituye un importante avance en materia del derecho de acceso a la salud, al bienestar y de respeto a la dignidad de miles de personas que encuentran en el cannabis una solución o un alivio a diferentes enfermedades y dolencias que de otra forma les serían insoportables e incosteables y que atentarían en contra de su calidad de vida.
No se trata de un proyecto antojadizo. Existen estudios concluyentes de los efectos positivos del cannabis respecto de variadas enfermedades, que diversos actores de esta propuesta, como las fundaciones Daya , Mamá Cultiva y otras, han puesto a disposición de esta Cámara y de la sociedad civil en general.
Estamos hablando, y solo por nombrar algunas, de investigaciones desarrolladas por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de estudios estadísticos basados en los resultados de encuestas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de informes publicados por instituciones como el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas del Gobierno de los Estados Unidos (NIDA), símil institucional al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile (Senda).
Pacientes con enfermedades como Alzheimer, VIH/sida, glaucoma, artritis, estrés crónico, enfermedad de Crohn, depresión y cáncer son quienes hoy alzan la voz y solicitan a la honorable Cámara de Diputados ser escuchados para instarnos a romper el prejuicio en torno al cultivo medicinal del cannabis, única barrera para aprobar este proyecto de ley.
Asimismo, esta es una oportunidad para que el Estado de Chile revise el resto de su normativa respecto de la cannabis, abra la discusión y tenga la voluntad de desarrollar una política de drogas que efectivamente ayude a acabar con el narcotráfico, pero que también resguarde los derechos de salud, seguridad pública y autonomía de todos los ciudadanos y ciudadanas, particularmente de los miles de pacientes que han encontrado en el uso medicinal del cannabis un alivio para ellos y sus familias, sin tener que hipotecar su futuro económico en costosos tratamientos tradicionales que han resultado ser ineficaces.
Finalmente, insto a la honorable Cámara a aprobar el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Marzán .
La señora MARZÁN (doña Carolina).-
Señora Presidenta, desde mi perspectiva, la discusión debe centrarse en el impacto que el uso medicinal del cannabis tiene en la calidad de vida de las personas y en el directo beneficio que entrega a quienes padecen ciertas enfermedades, lo que se sustenta en la realidad y no obedece a una simple especulación.
El lunes 12 de marzo me junté con representantes de la Fundación Daya Quilpué, espacio que atiende a más de 1.500 pacientes y brinda una atención integral, con protocolos claros, responsabilidad y compromiso de mejorar la calidad de vida de quienes encuentran alivio a sus dolores por una vía complementaria, a partir del autocultivo. Allí conocí el caso de Galinka, una paciente de 35 años, con un diagnóstico de daño actínico en colon y riñones, entre otros órganos, ocasionado por haber sido tratada con braquiterapia, radioterapia y quimioterapia para vencer un cáncer cervicouterino. Como consecuencia de lo anterior, se le produjo un daño irreversible, lo que le provoca incontinencia urinaria y fecal.
Se le propuso un tratamiento en cámara hiperbárica, pero es muy caro, por lo que se le sugirió tratamiento con tramadol para aliviar el dolor. Sin embargo, volvió a comer después de usar cannabis, bajó la cantidad de medicamentos que utilizaba, ha hecho su vida de manera medianamente normal, ha presentado menos dolor y las crisis se han ido alejando, entre otros beneficios que ella misma manifestó y que han tenido gran impacto positivo no solo para ella, sino también para su familia y su entorno social, porque cuando una persona se enferma, toda la familia, el barrio y la nación empática nos enfermamos con ella.
Se han observado resultados positivos con el uso terapéutico de la cannabis en casi doscientas patologías, como epilepsia, glaucoma, dolores crónicos, asma, depresión, cáncer, anorexia, insomnio, lupus y VIH, entre muchas otras.
Las formas de uso han de variar de acuerdo con la forma en que la planta ingresa a nuestro organismo. La obtención de una mayor concentración de los componentes químicos esenciales de cannabis puede lograrse mediante su combustión, su vaporización, su consumo alimenticio e, incluso, a través de la preparación de aceites.
Conocí el caso de Rosa, de 59 años, otra paciente de la Fundación Daya, quien padece asma. Por la naturaleza de su condición, utilizaba pequeñas dosis sublinguales de cannabis para frenar sus crisis, las que son cada vez más escasas desde entonces, mientras que la frecuencia del uso de cannabis como medicamento se ha alejado en el tiempo.
No podemos criminalizar una conducta que busca mejorar la calidad de vida de esos pacientes ni tampoco podemos castigar a quienes obtienen beneficios a partir del uso terapéutico de la cannabis, como apaciguar dolores, lo que no se logra por las vías tradicionales.
El norte de la discusión es permitir la elaboración u obtención de sustancias derivadas de cannabis cuando se destinen a tratamientos prescritos mediante receta médica. Es primordial destacar que no se puede criminalizar una conducta que mejora la calidad de vida de las personas y que da una íntegra protección a la salud, porque aborda aspectos físicos y mentales.
En ese sentido, se hace necesario atender el problema de acceso a la cannabis medicinal, con protocolos claros para determinar casos, formas de prescripción y acceso a derivados de la misma, lo que trae aparejado seguridad en la ciudadanía.
Cuando se padecen enfermedades cuyas consecuencias pueden ser aminoradas a través del uso terapéutico de esta medicina complementaria, resulta profundamente sensato impulsar lo que propone el proyecto de ley.
Por lo tanto, lo votaré favorablemente, porque lo apoyo en el ciento por ciento.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, reflexionaba sobre qué puede llevar a alguien que cree en la libertad a limitar, restringir o, incluso, instar a perseguir judicial o policialmente al que ha optado por usar un producto derivado de la cannabis para aliviar algún dolor. Intento profundizar en la reflexión, pero no logro entender qué motiva a alguien a perseguir o a pedir que el Estado persiga y prohíba el desarrollo de un producto que puede aliviar dolores de seres humanos.
Las leyes en nuestro país acostumbran a llegar atrasadas a la realidad. Había cientos de miles de nulidades cuando logramos aprobar por fin la ley de divorcio. Ni hablar del retraso de la ley de interrupción del embarazo.
La realidad es que existen miles de personas que alivian sus dolores con derivados de la cannabis, cientos de médicos que prescriben productos derivados de esa planta. Lo que discutimos en este momento es si tiene sentido prohibir la prescripción de productos derivados de la cannabis o prohibir a los investigadores o a los laboratorios desarrollar productos para aliviar dolores de los seres humanos.
Me pregunto, dónde está la humanidad, dónde está el amor a la libertad, en nombre de qué ideología se podría perseguir a un médico que prescribe productos derivados de la cannabis para aliviar dolores. ¡Por favor!
(Aplausos)
Por intermedio del señor Presidente, pido a quienes creen en la libertad, como a mi amigo el diputado Jaime Bellolio , quien lamentablemente no está en la Sala, o a mi amigo el diputado Joaquín Lavín , que me expliquen en nombre de qué valor podemos pedir al Estado que la policía encarcele o que se prohíba el desarrollo de productos que podrían beneficiar a tantos pacientes.
Admito que existe una discusión científica al respecto; pero, ¡perdónenme!, cuántos productos derivados del opio se usan actualmente en medicina; no obstante, quieren prohibir el uso medicinal de los productos derivados de la cannabis. ¡Por favor!
Invito a deponer las verdaderas carcasas ideológicas que tenemos, para solucionar un problema concreto, que afecta a seres humanos, respecto del cual estoy convencido de que tiene una solución humana.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene por objeto autorizar la fabricación, con fines medicinales, de productos derivados de la cannabis, proceso en el cual la receta médica cumple un rol central. Se trata de un documento que debería bastar como autorización para producir y consumir esos medicamentos, los que –sabemos sirven para resolver un problema práctico de miles de pacientes. Por eso, obviamente, estoy a favor del proyecto.
A continuación, me referiré a dos aspectos que dicen relación con el fondo de esta discusión.
El primero de ellos es el fracaso rotundo de la política de combate a las drogas tanto en Chile como en el mundo. Esa política prohibicionista y de persecución penal de los consumidores ha fracasado en el mundo entero, lo que queda claro al comparar los presupuestos que se invierten en el combate al consumo de drogas, ranking liderado por Estados Unidos de América.
En el mundo se destinan miles de millones de dólares para combatir las drogas y, sin embargo, lo único que aumenta en paralelo con este gasto es el consumo. En efecto, la inversión de miles de millones de dólares no ha logrado disminuir el consumo de drogas en el mundo; al contrario, este ha aumentado.
Recordemos lo que han dicho varios expresidentes de países de América Latina y muchos otros líderes mundiales -lamentablemente, hicieron su declaración después de dejar el poder en el sentido de que es un fracaso el prohibicionismo porque la prohibición absoluta es el mejor aliado del narcotráfico.
A quienes creen que vamos a disminuir el consumo por la vía de la prohibición total, les quiero decir que ella es la mejor aliada del narcotráfico, porque este requiere y se nutre de la prohibición, lucra a costa de esta, pues tiene como resultado el aumento de los precios y posibilita la construcción de un modelo de negocios sobre la base de la prohibición. En cambio, si adoptáramos una forma más inteligente para abordar el narcotráfico -problema que, por supuesto, debemos combatir-, les aseguro que podríamos disminuir tanto el presupuesto público que se le destina como el consumo. Me refiero a políticas mucho más inteligentes, como la despenalización del autocultivo de cannabis, para comenzar la discusión.
Por supuesto que esta idea no es un invento nuestro, sino una discusión que se ha dado en muchas partes del mundo. Economistas y expresidentes han apoyado una política menos restrictiva y más efectiva de combate al narcotráfico.
En 2014 formé parte de un grupo de diputados que propuso despenalizar el autocultivo de cannabis con el fin de romper el círculo entre narcotraficantes y consumidores. Démosle al consumidor -a quien no tiene sentido perseguir autonomía en su abastecimiento, para que no recurra a las redes de la criminalidad, al narcotráfico para abastecerse. Si logramos romper esa cadena, seguramente no solo disminuiremos el consumo, sino también la criminalidad, la violencia y el crimen organizado asociados al narcotráfico.
Los países están perdiendo la batalla en la persecución de los carteles, y eso no es casual, ya que el narcotráfico, que existe como producto del prohibicionismo, genera corrupción policial, política y judicial.
Si no queremos que la corrupción se adueñe de nuestras policías, de nuestro Poder Judicial y de nuestro Congreso Nacional, necesitamos despenalizar el autocultivo como una manera de quitarles poder y demanda a los carteles. No existe otra forma de enfrentar el narcotráfico si no es a través de quitarle demanda, y eso no lo vamos a lograr solo por la vía policial.
Ese es el primer aspecto que quiero abordar en relación con este debate.
Sé que en el marco de esta discusión algunos parlamentarios tendrán la tentación de aparecer frente a las cámaras para señalar que se requiere más inversión policial; pero en el mundo entero ha quedado demostrado que la política prohibicionista fracasó y va a seguir fracasando.
El segundo aspecto que deseo abordar, planteado por el diputado Auth , dice relación con lo siguiente: bajo qué principio podemos interferir en el espacio de la libertad individual, en donde cada ciudadano puede decidir qué medicamento o sustancia consumir.
A propósito de lo indicado, leeré un párrafo extraído de un libro maravilloso llamado Sobre la libertad, del gran autor liberal John Stuart Mill , quien defiende en dicho ensayo la libertad individual frente a las interferencias que la sociedad, el Estado, las iglesias o quien sea puedan hacer en el espacio de libertad de pensamiento o de conciencia.
Dice John Stuart Mill : “(…) el único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedir perjudicar a otros; pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente”.
Por lo tanto, la sociedad no puede decir que va a restringir la libertad individual de una persona por su propio bien, al menos en la dimensión que estamos debatiendo. La única razón justificada para hacer uso de la fuerza en contra de un miembro de la sociedad y perseguirlo es que la acción de ese individuo perjudique al resto de la sociedad. Si no lo hace, el Congreso Nacional no tiene por qué pronunciarse ni criminalizar a una persona que consume un fármaco para mejorar su salud; no hay razón ni principio alguno para esa intervención.
Entonces, se da la paradoja y la aberración de que, como extensión de esa fracasada política de prohibicionismo y de involuntaria alianza con el narcotráfico, las policías y los fiscales terminan persiguiendo a personas que consumen una droga para aliviar una enfermedad; es decir, como extensión de esa idea totalizante se persigue a esas personas a como dé lugar, porque -según dicho criterio eso va a tener un resultado beneficioso para la sociedad, lo cual ya hemos demostrado que no es así. De esta forma, personas de la tercera edad que están enfermas, ven allanadas sus casas por la policía y, como consecuencia de ello, deben concurrir a la fiscalía y pasar por un proceso tormentoso.
Reitero: si esa política fracasada termina siendo un aliado de los narcotraficantes, basándonos en el pensamiento Stuart Mill , no existe justificación suficiente para que la sociedad establezca prohibiciones en ese espacio de libertad individual. ¿Por qué razón los fiscales y las policías siguen criminalizando y persiguiendo a personas que semana a semana nos hacen llegar sus casos a través de tuits? Lo que ellos debiesen hacer es combatir a los carteles de narcotráfico, no a los consumidores, y menos a los consumidores de cannabis medicinal.
Antes de terminar, quiero hacer un llamado a la sensatez a la Fiscalía y a las policías: ¡Dejen de perseguir a las personas que están haciendo uso medicinal de la cannabis! ¡Qué sentido tiene!
El proyecto que presentamos en 2014 tenía por objeto despenalizar el autocultivo de cannabis bajo cualquier justificación, es decir, no solo para uso medicinal, sino también para consumo adulto de carácter recreativo, espiritual, etcétera.
Reitero el llamado a no perseguir a los consumidores, ya que quienes deben ser encarcelados son los narcotraficantes. Puedo asegurar que, con esta política prohibicionista, lo único que lograremos será seguir corrompiendo al Estado chileno, y no terminaremos con el consumo ni menos con los carteles, que han demostrado tener un poder tremendo en el mundo entero.
Este es un primer paso, por lo que llamo a avanzar y a abrir el debate sobre la despenalización del resto de las drogas; de lo contrario, el narcotráfico terminará ganando la batalla, terminará apoderándose del Poder Judicial, del Parlamento, del gobierno y de las policías. Si llegamos a esa situación, no tendremos un punto de retorno.
Antes de terminar mi intervención, deseo agradecer a Mamá Cultiva, a la Fundación Daya y, en general, a todas las organizaciones que han hecho posible este debate.
(Aplausos)
También agradezco a los enfermos de fibromialgia que se han organizado para dar esta pelea, y a quienes padecen otras enfermedades y son víctimas de la criminalización poco inteligente del Estado y de la persecución de sus libertades individuales.
Desde el Partido Liberal, que siempre ha empujado esta causa, apoyaremos definitivamente este proyecto de ley.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, el proyecto en discusión es modesto, pero avanza en la dirección correcta.
Aquellos que piensan que fruto de la aprobación de este proyecto de ley se encontrarán con miles de personas que deambulan por las calles fumando marihuana están profundamente equivocados.
No puedo sino asumir en plenitud lo planteado por el diputado Mirosevic , desde el inicio hasta el final de su discurso.
Más que señalar que el proyecto incorpora en el Código Sanitario una norma específica, acotada y restringidísima para el uso medicinal de la cannabis; más que referirme al texto de la reforma, prefiero mencionar dos situaciones y a tres personas. Pido disculpas por ello.
Quiero hablar de Marianela y de Cristián.
Marianela es una madre de la fundación Mamá Cultiva que vive en un barrio popular de la ciudad de Temuco. Cristián, su hijo, quien pronto cumplirá 4 años, padece de epilepsia criptogénica, retraso psicomotor, parálisis cerebral y leucomalacia periventricular.
Ustedes comprenderán que cuando nació Cristián el diagnóstico para esa madre fue demoledor. Desde entonces Marianela comenzó su deambular de médico en médico en busca de distintas posibilidades de avanzar y de recuperar, en algo, la salud de su hijo.
Insisto, Cristián pronto va a cumplir 4 años y gran parte de sus primeros años los pasó casi absolutamente inconsciente bajo el efecto de la medicación. Sin embargo, su madre, Marianela , conoció el uso medicinal de la cannabis. Ella fue una de las mujeres que logró reunir a un grupo de madres en la ciudad de Temuco para formar una organización. Así, comenzaron a producir cannabis en sus pequeños patios -la mayoría de ellos pertenecientes a viviendas sociales-, después de haber pasado por un proceso de capacitación y apoyo a través de la fundación Daya. Todos sabemos que es un proceso complejo, porque no se trata de plantar y cosechar.
Posteriormente, Marianela fue donde el médico que atendía en ese minuto a Cristián y le planteó esa posibilidad, pero él le dijo que por ningún motivo suspendiera el tratamiento del niño, porque se trata de procesos y el daño que tenía Cristián era grave. “Sé que será difícil asumirlo -le dijo el médico-, pero con el tiempo comprenderás que esa es su condición, y tu amor de madre te permitirá enfrentar las adversidades de la vida, porque Cristián nunca se podrá parar, nunca podrá dar un paso, nunca podrá sujetar su cabeza y nunca podrá estar erguido”.
Ese día Marianela se fue de la consulta del médico e hizo exactamente lo contrario. Le quitó toda la medicación a su hijo, en un acto radical de madre desesperada, y comenzó a darle esas gotitas sublinguales a su hijo. Les pido disculpas por la emoción. Lo que sucede es que conocí a Cristián.
No pasaron dos meses y Cristián empezó a afirmar las plantas de sus pies por primera vez.
(Aplausos)
Su cabeza está firme. No camina aún, pero las plantas de sus pies se posan sobre el suelo y logra estar algunos segundos en posición vertical. Sus quince episodios de epilepsia promedio diarios se redujeron a cero.
El pánico de Marianela, del padre de Cristián y de sus dos hermanos es que algún vecino denuncie la existencia de las plantas, o que las corte, porque en ese minuto se queda sin la resina con la que fabrica las gotas con un aceite de oliva de alta calidad.
Crían esas plantas como si fueran sus hijos; les ponen nombre, porque saben que de eso depende el dolor o el bienestar de un niño en esas condiciones.
Les dije que iba a mencionar dos situaciones y a tres personas. Ya mencioné a Marianela y a Cristián. Ahora quiero pedirles perdón, porque les hablaré de Antonieta.
Desde hace 16 años, Antonieta padece de fibromialgia, enfermedad que rigidiza su musculatura y la obliga a permanecer inmóvil durante días. Nadie sabe todavía cuál es el verdadero origen de la enfermedad. Sin embargo, tomó la misma decisión y comenzó a utilizar cannabis. Hace algunos días me comentó que después de 16 años había logrado despertar sin sentir dolor en ninguna parte de su cuerpo. Les pido perdón, porque Antonieta es mi esposa.
(Aplausos)
Queridos amigos, en esta función solemos construir caretas y máscaras que nos permiten sobrevivir en este ambiente hostil, pero cuando hablamos de estos temas me pregunto:
¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer un esfuerzo superior y romper las amarras de esos ideologismos que nos tienen tan enclaustrados, viviendo como en una isla, en un país que, como el adolecente, creció en diciembre, a quien el uniforme le queda chico en marzo, cuando debe entrar al colegio, y le aprietan los zapatos, y todos sus sistemas han quedado atrasados? Ese uniforme ya no nos sirve; tenemos la opción de cambiar las cosas con rigurosidad, con apoyo médico, pero sin hacerle el juego a los grandes carteles de los medicamentos.
(Aplausos)
Actualmente, se pueden comprar productos elaborados a base de cannabis que cuestan 1 millón, 200.000, 300.000 pesos, pero una dueña de casa no puede producir una planta de cannabis para el consumo de su hijo, porque está penado por ley.
¿Saben ustedes que los productos que ingresan por la vía de los grandes laboratorios mundiales no tienen estudios clínicos? Sin embargo, se les permite ser comercializados en nuestro país, pero los pueden comprar solo los privilegiados que tienen altos ingresos. Eso es lo que debemos terminar.
Les pido disculpas por los ejemplos que presenté, pero pensé que era necesario hacerlo en el marco de este debate.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente, desde hace varios años, desde que estoy en la Cámara, se viene discutiendo respecto de la despenalización, uso y cultivo de la cannabis.
En realidad, no se ha avanzado mucho hasta ahora, a pesar de que han existido acuerdos transversales de diputadas y diputados, de que se ha contado con el apoyo de varias organizaciones sociales y de que siempre hemos tenido en consideración la expresión de miles de ciudadanos en las calles de nuestra capital y de otras ciudades que demandan la despenalización.
Por ello, es muy positivo que hoy estemos avanzando con esta reforma al Código Sanitario, para regular el uso de la cannabis con fines medicinales.
En el debate que despiertan en nuestro país los diferentes usos de la planta cannabis existe un marcado acento policial, punitivo, centrado en los efectos negativos que podrían derivarse de su uso en actividades ilícitas, como el tráfico, y en la estigmatización de quienes la utilizan para diferentes fines, abundando fundamentos de poco o nulo peso científico, en que son predominantes los argumentos falaces y distorsionados debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema.
La moción que hoy discutimos abre el debate sobre el uso de la cannabis, recordándonos que desde tiempos ancestrales ha estado presente en la confección de textiles y de papel, como ingrediente culinario, como elemento de carácter espiritual en muchas culturas y también desde una perspectiva científica, porque la esencia del proyecto es su uso medicinal, que cumplirá una importante labor en la democratización en el acceso a los medicamentos y en el fortalecimiento del derecho a la salud y a la vida, pues permitirá la fabricación de especies derivadas de la cannabis cuando ellas estén debida y legalmente autorizadas y se destinen al tratamiento médico prescrito por un profesional tratante mediante receta médica.
El proyecto que discutimos, además de permitir a las personas enfermas tener acceso a su medicina sin consecuencias penales y ejercer su derecho a la salud sin que sea el propio Estado el que lo criminalice y obstaculice, tiene la virtud de promover un acercamiento científico a la elaboración y uso de los medicamentos, ya que educa a la población sobre su propia salud y su cuerpo, desmitificando lo que comúnmente se cree respecto de los usos que se le pueden dar a la cannabis y eliminando los riesgos sanitarios que trae aparejado el acceso a esta planta en el mercado negro.
Otro efecto muy positivo que resulta de la aprobación del presente proyecto es la superación de la enorme barrera económica que significa para las personas enfermas acceder a medicamentos derivados de la cannabis mediante el autocultivo autorizado, por cuanto abre una alternativa más accesible a la que existe en la actualidad, que no es otra que la compra de medicamentos como el Sativex o el Tilray, que se pueden encontrar en nuestro país, pero a un costo muy elevado: sobre 1 millón de pesos, el primero, y alrededor de 200.000 pesos, el segundo, algo prácticamente inaccesible para una familia promedio chilena.
Nuestra realidad es que tanto las patologías como el dolor y el drama humano que conllevan padecer una enfermedad sin poder acceder a los medicamentos para tratarla son un gran negocio para los laboratorios que comercializan los fármacos.
Por último, es importante destacar la labor que la sociedad civil ha tenido en este debate y la lucha que las familias han dado para poner a disposición de sus enfermos los aceites y derivados de la cannabis, arriesgándose constantemente a perder la fuente de remedios para sus hijos por la incautación de las plantas, a la criminalización por parte de la autoridad y a la estigmatización por parte de una sociedad que hasta ahora no había abordado el debate con la seriedad que exigen los asuntos de interés público y la salud de las personas.
Por estas razones, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres .
El señor TORRES.-
Señor Presidente, por su intermedio, primero quiero decir al diputado René Saffirio que no tiene por qué excusarse de comentar un tema personal y tan íntimo, porque nos permite sensibilizar y ejemplificar lo que vive mucha gente en nuestro país y que hoy, como es sabido por todos, son perseguidos por tratar de conseguir un medicamento que les permita enfrentar de mejor manera determinadas patologías que implican un sufrimiento enorme.
Dicho esto y después de agradecer esa intervención, debo recordarles que, hace algún tiempo, en este hemiciclo se debatieron tres mociones parlamentarias, refundidas, bastante más amplias que la que hoy discutimos. Aprobada en general, la iniciativa volvió a la Comisión de Salud, pero, lamentablemente, se terminó destruyendo el contenido original.
Por lo tanto, hoy simplemente nos abocamos a la discusión de uno de los puntos comprendidos en esas mociones, pero que no tiene que ver con una concepción más amplia que, a mi juicio, debiera tener la sociedad para enfrentar esta materia, cual es, precisamente, la utilización de la cannabis y sus derivados como tratamiento en determinadas patologías. ¿Por qué razón? Porque a pesar de los esfuerzos que se hicieron y que permitieron que el Ministerio de Salud del gobierno anterior aprobara la posibilidad de iniciar investigaciones para elaborar medicamentos en base a cannabis en el país, hoy se sigue persiguiendo y encarcelando a gente que tiene plantas para tratar a sus pacientes y familiares.
Eso me parece absurdo, porque esta sociedad debiera estar enfrentando la verdadera lacra que significa el narcotráfico, pero seguimos persiguiendo a pacientes y a consumidores.
Todos los esfuerzos de represión que realiza el Estado hoy los hace equivocadamente y gasta recursos donde no debiera. Más aún, lo hace a sabiendas de que la gente a la cual toma detenida o a la cual le incauta las plantas está tratando, como objetivo final, de efectuar un tratamiento.
La normativa que hoy discutimos es muy simple. No avanza hacia la liberalización de nada, porque nuestro país permite el consumo, incluso lúdico, personal y concertado, en privado, de cualquier droga, porque la ley Nº 20.000 no lo impide; por lo tanto, se permite el consumo.
¿Qué estamos haciendo hoy? Simplemente, estamos permitiendo que los padres de hijos que padecen epilepsia refractaria, fibromialgia u otras patologías tengan la posibilidad de cultivar en sus casas, previa prescripción médica y recetas válidas, una cantidad suficiente de plantas para realizar dichos tratamientos.
Obviamente, si como sociedad seguimos mirando esto desde el prejuicio, desde el desconocimiento, incluso desde los discursos que se alejan del sentido humano ante el sufrimiento que padecen algunas personas, no seremos capaces de comprender ni empatizar con su dolor. Sin embargo, si somos capaces de mirar esta realidad con otros ojos y de entender que existe una alternativa distinta para aquellos casos en que la medicina tradicional se ve superada por los límites del sufrimiento, debemos ser capaces de otorgar esa alternativa.
Insisto: no me parece pertinente que se siga persiguiendo a quienes tienen plantas de cannabis y las cultivan con el objetivo de proporcionar un tratamiento efectivo para determinadas patologías.
Espero que la Cámara de Diputados, al igual como lo hizo en su momento respecto del proyecto presentado con anterioridad, que fue mucho más amplio, al menos apruebe en general la presente iniciativa, si no por unanimidad, por una amplia mayoría, porque de esa forma estaremos haciendo justicia a muchas chilenas y chilenos que hoy tanto requieren un tratamiento.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .
El señor CASTRO (don Juan Luis).-
Señor Presidente, quiero ser muy sincero: durante largos años en nuestro país se estigmatizó la cannabis porque siempre se consideró su aspecto adictivo recreacional, y se pensaba, según el conocimiento científico de la época, que solo producía daño.
Hoy sabemos que bajo determinadas condiciones la cannabis tiene efectos terapéuticos paliativos, por ejemplo, en el dolor crónico, en la enfermedad de Parkinson, en epilepsias refractarias, en cuadros oncológicos, en la fibromialgia y en diversas enfermedades reumatológicas. Lo saben muy bien las madres que están en las tribunas, cuyos hijos padecen enfermedades crónicas, graves o terminales, y a quienes nunca han querido dañar, sino beneficiar. Esas madres optaron por el uso de la cannabis luego de haber consultado a decenas de médicos en decenas de consultas en las que no recibieron ninguna alternativa o solución paliativa para calmar el dolor o atenuar los síntomas de la enfermedad de sus hijos.
(Aplausos en las tribunas)
La cannabis, como cualquier medicamento, es una moneda de dos caras. Todo medicamento en exceso, de cualquier naturaleza, produce dependencia física o psíquica, o produce efectos colaterales. No estigmaticemos las cosas.
Hace un par de años, el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de ciertos remedios. ¿De qué naturaleza? Remedios carísimos e inalcanzables; prácticamente hay que ser millonario para poder comprarlos en una farmacia.
¿Qué buscamos con esta iniciativa? Simplemente que respecto de aquellas formas de uso de la cannabis no inhalatorias ni de combustión, sino en comprimidos, en gel, en soluciones orales o en cualquiera de las alternativas que ofrece la farmacopea, para el uso medicinal, nosotros digamos: “Sí, señor, puede ser”. ¿Y cómo va a ser? Con el mismo régimen que hoy se aplica respecto de cualquier remedio en cualquier farmacia: ¿Receta médica? Ahí estará.
¿Diagnóstico? Tiene que haber. ¿Tiempo de prescripción? Deberá ser preciso. ¿Autorización de los padres de menores de edad? Tiene que estar exigida.
De esa forma podremos garantizar a la población, no que se estarán repartiendo substancias adictivas, sino substancias que provocan un efecto benéfico, bajo las condiciones señaladas y sobre la base de un diagnostico hecho por un profesional y por un tiempo determinado. Se tratará de productos que podrán ser comprados en una farmacia, como cualquier otro producto medicinal, no bajo cuerda ni bajo condiciones absolutamente ilegales, como muchas veces ocurre.
Asimismo, con este proyecto estamos diciendo al país que todas las personas que hoy viven el drama de ser perseguidas judicialmente por tener autocultivo, porque tienen un hijo o un familiar gravemente enfermo, como es el caso de las familias presentes en las tribunas, no serán encarceladas ni perseguidas, porque podrán tener la documentación y la certificación médica para decir: “Existe un fundamento para el uso medicinal o terapéutico de la cannabis”.
Jamás vamos a buscar despenalizar el consumo en la vía pública, o en menores de edad o en las condiciones que establece la ley Nº 20.000. Estamos diciendo que hoy tenemos un problema sanitario que resolver y que abordar.
Vamos en la dirección más amplia, como lo hicimos en 2016, de establecer la despenalización del porte y la tenencia, bajo límites establecidos y con un autocultivo que queremos que también sea fijado. El proyecto que buscaba establecer aquello no logró el acuerdo en su minuto. Por eso patrocinamos la presente iniciativa, que nos parece de suyo básica y esencial para que la población tenga una señal concreta de que hay que sacar a esta substancia de la estigmatización en que ha estado durante largo tiempo, y darle el carácter terapéutico y medicinal que corresponde. Ello sin perjuicio -lo digo como médico de buscar todas las maneras para que la adicción a la cannabis, que afecta a miles de hogares en miles de lugares de nuestro país, sea prevenida, rehabilitada y tratada socialmente como corresponde. No podemos cerrar esta ventana en aras de aquello, porque se trata de una ventana medicinal que el Congreso Nacional, a mi juicio, tiene que respaldar.
Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa, con el objeto de que la ciudadanía tenga certeza de que es posible legislar progresivamente en el uso terapéutico de este producto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .
El señor SCHALPER.-
Señor Presidente, lo primero que resulta necesario hacer es poner esta discusión en contexto.
No estamos discutiendo sobre la libertad y sus límites, que podría ser muy interesante en un coloquio de filosofía política. Probablemente, habría autores liberales -seguramente, ordoliberales que pensarían distinto del diputado Mirosevic .
No estamos discutiendo sobre el éxito o fracaso de la política de drogas, ni en Chile ni en el resto del mundo. Tampoco estamos discutiendo sobre la falta de acceso -en lo cual todos estaremos de acuerdo a medicamentos en casos de enfermedades catastróficas. Déjenme decirles a varios que conozco personalmente esta situación, porque dos hermanos de mis papás han sufrido una vida entera patologías como la fibromialgia y otras; conozco el dolor de primera fuente.
Lo que estamos discutiendo es simplemente si vamos a estar disponibles para regular el uso de la cannabis con fines medicinales, como un paliativo del dolor. Eso nos convoca.
La discusión sobre esta materia tiene una dimensión técnica que considerar, cual es si existen o no efectos colaterales del uso de la cannabis. Más allá de lo que han dicho algunos, no hay estudios concluyentes y unánimes al respecto. Por lo demás, los estudios -lo digo con mucho respeto son como los helados: hay para todos los gustos. Por lo tanto, tal como lo dijo no alguien de centroderecha, sino el exdirector del Senda, Mariano Montenegro -sé que no es del gusto de algunos, pero lo pusieron en ese cargo durante el gobierno anterior; además, es consultor de la OEA-, no hay estudios concluyentes en la materia.
La pregunta es si el proyecto efectivamente logra centrarse en aquello que dice regular, esto es, que la cannabis se circunscriba exclusivamente al uso medicinal. En lo personal, como hijo de farmacéutico -quiero ser muy franco-, me declaro en duda y estoy dispuesto a discutir esta materia en la comisión.
Lo importante es que la regulación sea lo suficientemente bien lograda para que nadie pretenda pasarse de listo y emplear este proyecto de ley con finalidades distintas.
Al respecto, quiero hacer algunos comentarios. De acuerdo con el proyecto, la receta constituirá autorización suficiente para el autocultivo. La pregunta de Perogrullo que surge es por qué alguien puede plantar sus propios medicamentos. Si estamos hablando de cannabis con fines medicinales, ¿por qué no incorporamos medicamentos a base de la cannabis dentro de los insumos farmacéuticos a que pueden acceder las personas? ¿Por qué es posible, a partir de la idea de la cannabis con fines medicinales, que las personas puedan plantar su propio medicamento? Es una pregunta interesante.
El proyecto también dispone que sea un médico cirujano el que extienda la receta. Sabemos que todos los estudiantes de medicina egresan con el título de médico cirujano. Por tanto, cabe preguntar si todo médico podrá extender una receta para los efectos de iniciar un tratamiento con cannabis o si solo podrá hacerlo el médico tratante. ¿Deberá tener el médico algún tipo de especialidad en materia de tratamiento del dolor, o cualquier médico podrá extender la receta? Veo que surge la duda.
Personalmente, me parece que si vamos a elaborar un proyecto que se circunscriba al uso de la cannabis con fines medicinales para casos de enfermedades catastróficas, debemos especificarlo bien en la iniciativa.
Sigo con otras preguntas.
El proyecto se establece como una excepción al artículo 8° de la ley Nº 20.000 -discúlpenme que hable como abogado, pero aquí estamos legislando-. Por lo tanto, si esta normativa constituirá una excepción a una ley de carácter penal, lo que tiene que cumplir son los requerimientos del principio de tipicidad. ¿Qué es eso en castellano? Describir adecuadamente la conducta penal de excepción.
Cuando se emplea la expresión “productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis,”, francamente no se cumple con los estándares del principio de tipicidad, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
Por lo tanto, tenemos que mejorar la redacción de ese párrafo del artículo único, porque no cumple con las exigencias de cualquier tipo penal, materia que se encuentra resguardada en el artículo 19, número 3°, inciso octavo, de nuestra Constitución Política.
Finalmente, el inciso final del artículo único del proyecto señala que “no se considerarán como falsificados”. Esta expresión establece una presunción legal en una materia de orden excepcional y de derecho estricto, lo cual también es improcedente. Por tanto, estamos haciendo una presunción legal en un asunto que no tiene esas características.
En lo personal -creo interpretar a varios diputados-, estoy abierto a que el proyecto vuelva a la Comisión de Salud para tener esa discusión, pero no confundamos un tema por otro. Debemos discutir si este proyecto de ley responde a aquella materia que se quiere regular, es decir, al uso de cannabis para uso de carácter estrictamente medicinal.
He dicho.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .
La señorita MIX (doña Claudia) .-
Señor Presidente, agradezco los relatos del diputado señor René Saffirio , porque pone en el centro de la discusión aquello que nos debe importar. Es imposible no emocionarse con sus palabras.
La iniciativa que estamos discutiendo busca mejorar la calidad de un grupo importante de personas que sufren diariamente de dolencias físicas y cuyo dolor no se ha podido paliar por medio de la medicina tradicional. En el cultivo de cannabis muchas personas han encontrado una solución a su malestar físico.
La moción propone modificar el Código Sanitario mediante la incorporación de un nuevo artículo 98 bis, con el objeto de regular el acceso a los productos derivados de cannabis para uso medicinal.
En este caso, el médico, que no necesitará tener una especialidad sobre la materia, será quien deberá extender la receta correspondiente para efectos del diagnóstico y la respectiva autorización del uso de esos productos. Así, la receta del médico servirá de autorización suficiente para cumplir lo que establece el artículo 8° de la ley N° 20.000 en materia de siembra, plantación o cultivo de cannabis, siempre que especifique la dosis necesaria, la duración del tratamiento y que corresponde que la enfermedad sea tratada mediante esos productos.
Esta iniciativa es una extensión de lo que garantiza o debiera garantizar nuestra Constitución Política, es decir, el derecho a la integridad física y psíquica. Numerosas personas con dolencias crónicas por padecer de fibromialgia o enfermedades en fase terminal, entre otras, han mejorado su calidad de vida de forma notable gracias al uso de estos productos, tal como lo mencionó el diputado Saffirio . La medicina tradicional no es el único método para aliviar el dolor de los pacientes.
En las tribunas nos acompañan numerosas familias y organizaciones que han luchado incansablemente por la regulación de la cannabis y el cultivo seguro para poder seguir usándola con propósitos medicinales, sin el temor a sufrir allanamientos y detenciones que solo contribuyen a agravar su dolor.
Por muchos años estas familias han sido criminalizadas por el Estado chileno por la vulneración de su derecho al acceso a medicamentos o a tratamientos certeros frente a enfermedades que requieren de alternativas, así como por la persecución penal.
Como parlamentarios, representantes de la soberanía popular, debemos escuchar cuando la sociedad nos exige avanzar. En esta materia debemos hacerlo y dejar atrás los prejuicios y la ignorancia en muchos casos.
Por eso, votaré a favor el proyecto de ley. Sin embargo, debemos hacernos cargo también de otros aspectos que no regula la iniciativa, como la cobertura del tratamiento, la entrega y la correspondiente atención pública y privada.
Hago dos llamados: primero, a las policías, para que dejen de perseguir a estas familias, y segundo, al ministro de Salud, señor Emilio Santelices , para que apoye esta iniciativa y así se pueda garantizar que muchas más personas puedan acceder, a bajo costo, a los productos derivados de cannabis, y así poder restituir el derecho a esas familias.
En consecuencia, hago un llamado a los diputados y a las diputadas a que se pongan en los zapatos de esas familias y voten a favor este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .
La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-
Señor Presidente, esta modificación al Código Sanitario apunta al artículo 8° de la tan discutida ley N° 20.000, que sanciona a todo aquel que sin una debida autorización cultive, siembre, plante, coseche especies del género cannabis, arriesgando presidio y multa de hasta 400 UTM.
Por ello se vuelve indispensable la introducción del proyecto en estudio, de artículo único, que señala que la actual ley no considera los avances de los estudios de la cannabis en enfermedades y en su uso terapéutico.
Ya se ha mencionado cómo se va planteando la futura ley. En ese sentido, no es irresponsable pedir a un cirujano que extienda una receta de conformidad con la ley y el reglamento, incluyendo en el documento el diagnóstico de la enfermedad, su correspondiente tratamiento y la forma de administración de cannabis, la que en ningún caso podrá ser mediante combustión. Insisto en este punto porque la regulación no es para el divertimento o para satanizar.
La pionera en usar esta medicina, que motivó al niño chileno Vicente , fue la niña norteamericana Charlotte , que sufría hasta cincuenta convulsiones al día. Su mamá, al ver su deterioro… Disculpen que me emocione, pero quien ha tenido alguna vez a su hijo grave puede entender lo que estoy diciendo. Cuando ya la desahuciaron, su madre la llevó a su casa y decidieron probar la última alternativa: aceite de cannabis. De allí en adelante todo cambió.
Solo con dárselo dos veces al día durante sus comidas, la pequeña logró levantarse, caminar y, lo más importante, jugar.
Andrea Leiva es la mamá de Vicente, un niño chileno de 11 años de edad que padece la misma enfermedad que Charlotte. Desde hace seis años sufría siete crisis convulsivas al día y no podía hablar ni caminar. Al mes de administrarle este tratamiento, Vicente ha logrado pasar hasta cuatro días sin ninguna convulsión. Eso ha permitido que logre sentarse solo y que la rigidez muscular que lo mantenía acostado, ceda. Ahora, Vicente puede caminar.
(Aplausos en las tribunas)
¿Contra quién compite la fundación Mamá Cultiva? ¿Contra las farmacéuticas?
Pido a todos los presentes, si mis palabras y mis argumentos no son suficientes, que miren hacia arriba y vean en las tribunas a ese niño y a esa mamá que han luchado una y otra vez, así como a todos los pacientes con fibromialgia, a todos quienes no pueden pagar sus medicamentos por el alto costo que estos tienen, y que legislemos con responsabilidad, con amor y con cariño. No seamos egoístas frente a quienes no pueden pagar por un medicamento con estas características. Además, no hay ningún medicamento que compita con los efectos positivos del aceite de cannabis para ayudar a Vicente.
Como es de público conocimiento, será mi vocación y la de todos los progresistas la liberalización y legalización del uso privado de cannabis. Además, está comprobado que no es una droga dura ni el puente a otro tipo de drogas, según lo dicho por la OEA.
Por tanto, la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública.
Siempre he abogado por el uso medicinal de la cannabis, destacando en ello a organizaciones como Mamá Cultiva, Movimental , Daya . Y aquí quiero hacer una especial mención de Ana María Gazmuri , quien se encuentra en las tribunas, una actriz que se ha jugado el pellejo en este tema.
(Aplausos)
Esta es una invitación a legislar sin egoísmo, a pensar en aquellos que no tienen recursos. Por todo lo anterior, esta iniciativa merece mi voto a favor.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso .
La señora TRONCOSO (doña Virginia).-
Señor Presidente, no me resulta ajeno ver que este tema es muy sensible y preocupante para todos. Sin embargo, creo que nuestro país no necesita el consumo libre de cannabis, sino que nuestros pacientes requieren acceder a su uso medicinal de manera urgente.
Yo promuevo que, a través del porte de una receta médica, los pacientes puedan obtener cannabis con el fin de consumirla para un uso medicinal. Esto permitirá evitar la criminalización y la persecución judicial que hoy sufren quienes la usan, como allanamientos, incautaciones de plantas, etcétera.
Es claro que en esta materia el límite debe ser el establecido en la génesis de este proyecto y no otro: liberar a los pacientes de un crimen y permitir el uso de la cannabis para la recuperación de enfermedades. Para ello, es fundamental que el Servicio Agrícola y Ganadero acompañe el proceso de tenencia y correcto cultivo de la cannabis.
Al respecto, señalo que en mi distrito, el N° 16, de la Región de O'Higgins, conozco familias que casi de manera clandestina han tenido que consumir la dosis que requieren para sus tratamientos.
Por tanto, mi compromiso es apoyar el tratamiento de sus enfermedades mediante el uso de cannabis, pero no conducir al país hacia el libre consumo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Francesca Muñoz .
La señora MUÑOZ (doña Francesca).-
Señor Presidente, comienzo mi intervención señalando que la evidencia científica de los beneficios medicinales del uso de la cannabis es escasa e insuficiente, mientras que es mucha la relativa a los daños, especialmente neurológicos, que produce su consumo.
Hasta ahora, se ha demostrado que existe solo una molécula en la planta con efecto medicinal. Dicha molécula tiene su análogo sintético, reproducible y controlado para una administración de manera segura.
Este proyecto utiliza a nuestros niños como conejillos de Indias, exponiéndolos al riesgo de un medicamento mal formulado. Desde la mirada de la ciencia y de la salud, estamos siendo irresponsables -por decir lo menos al facilitar el uso de un medicamento casero que contiene, en su mayoría, componentes neurotóxicos y adictivos. Todos estos argumentos han sido presentados por expertos en el área ante la Comisión de Salud. Hago mención especial de los expertos de la Sociedad Chilena de Pediatría.
Si el objetivo es netamente la salud, se debe legislar para favorecer el acceso a fármacos que contienen una sola molécula, la correcta, en dosis medibles y reproducibles, elaborados por laboratorios específicos.
Como es sabido, se trata de una droga que genera un grado importante de dependencia. Sobre todo, se ha advertido un peligroso aumento de su consumo por parte de la población más joven de nuestro país, según un estudio nacional de drogas del Senda, que señala que entre 2010 y 2014 este aumentó en 145 por ciento. De hecho, el 8 de febrero de 2018, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta por el riesgo que tiene el uso de la planta de cannabis para uso medicinal.
En tal sentido, cabe destacar las palabras vertidas por Mariano Montenegro , director del Senda, en 2015: “Queremos menos consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y de cualquier otra sustancia dañina para la salud”.
Solo con la discusión de este tipo de proyectos ha habido una baja en la percepción del riesgo respecto al consumo de marihuana como droga, lo que ha traído consigo un aumento de su uso como si fuera algo inofensivo.
La iniciativa en comento no establece ni fiscalización ni restricción, ni una lista acotada de enfermedades tratables con la planta. Tampoco este proyecto de ley penaliza el mal uso de la receta avalada, tanto del que entregue la planta como del médico que extienda las recetas de manera cuestionable.
Por último, hago reserva de constitucionalidad -pido que ella que quede recogida en el acta de esta sesión respecto del proyecto en discusión, por cuanto algunas de sus normas estarían alterando funciones que la ley atribuye de manera exclusiva al Servicio Agrícola y Ganadero, otorgándolas o compartiéndolas difusamente con un médico, cuestión que es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En consecuencia, me reservo la posibilidad de presentar un requerimiento sobre el particular ante el Tribunal Constitucional.
Por lo expuesto, considero que la iniciativa en estudio tiene demasiadas falencias y que deberíamos ser más responsables con lo que estamos regulando y no dejarnos llevar por sensacionalismos políticos y mediáticos que pretenden sesgar nuestra visión de la realidad.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .
El señor ROSAS.-
Señor Presidente, a lo largo de los miles de años que tiene como arte, la medicina siempre ha sufrido persecución. Ello se ha traducido en los grandes cambios en la farmacopea, y los derivados del cannabinol no son la excepción.
Para mí, como médico, la modificación que se pretende hacer al Código Sanitario es muy pequeña -eso lo señaló muy bien el diputado Saffirio -, muy modesta. Deberíamos actualizar el Código en numerosos aspectos: desde medicamentos que hoy día se hallan disponibles hasta principios activos que se encuentran en la naturaleza.
Recuerdo a los colegas que, ya hace 2.400 años, los egipcios usaban las hojas de sauce como medicamento. Actualmente, esas hojas las compramos por toneladas, como aspirina.
Hace poco se mencionó cómo fueron utilizados, con mucho éxito, por la medicina china, que es ancestral, los derivados del opio en sus versiones de té, carminativos, distintas tinturas, aceites y antitusígenos. Hoy podemos consumir jarabes patentados -muy caros, por cierto que tienen compuestos codeínicos.
Pero aquí se nos olvida el origen: que la medicina parte de los principios activos que se encuentran en los vegetales, en las plantas. Si no viéramos la medicina de esa forma, tampoco podríamos validar la medicina de nuestros pueblos ancestrales, con lo cual estaríamos cerrando el acceso de la gente a ella.
Como manifesté, la medicina siempre ha sido un arte y se ha nutrido de los principios activos que están en la naturaleza para lograr sanación, control del dolor y de muchos síntomas. Al respecto, quiero destacar su uso en la epilepsia refractaria. Muchas veces los médicos no tenemos las herramientas para sanar a quien padece dicha enfermedad, pero nos vemos enfrentados a la situación límite de tener que informar al paciente que está desahuciado, pero que tiene una herramienta que le permite, en su propia casa, con una receta específica que indique una cantidad de gramos de la planta, que se prepara con una cantidad específica de líquido, de aceite, que le dará una tintura que se titula, lo cual se parece mucho a lo que hoy usamos en mucho pacientes como paliativo, a los cuales se les titulan las gotas según el dolor.
De eso se trata: de permitir al paciente que cultive su medicamento en forma sencilla y que titule su dosis. Esa ha sido la fórmula aplicada desde los inicios de la medicina, desde hace más de dos mil años. Lo que se hace es extraer de nuestras plantas los principios activos, los medicamentos, que utilizamos para sanar o, mejor dicho, para mejorar a la gente, porque es pretencioso decir que sanamos.
¡Eso es finalmente lo que está en discusión en este proyecto!
La medicina no puede tener ideología; los medicamentos, tampoco. No puede haber prejuicios en esto. Recordemos la historia y veremos que muchos medicamentos han tenido su origen en nuestras plantas.
Obviamente, voy a votar a favor de este proyecto de ley. En cuanto a la incertidumbre respecto de cómo se aplicará, es materia que deberá ser resuelta a través de un reglamento del Ministerio de Salud.
Debemos modernizar nuestro Código Sanitario y sumar estas herramientas, que ya están siendo utilizadas por muchos pacientes, razón por la cual felicito a las fundaciones Mamá Cultiva y Daya ,…
(Aplausos)
…que no solo han guiado a los pacientes en una lucha que, en otras circunstancias, probablemente sería muy solitaria, sino que también han impulsado estudios multicéntricos en varios de nuestros hospitales de la red pública de salud -me siento orgulloso de haber trabajado en uno de ellos-, respecto del tratamiento de enfermedades como el cáncer y para aliviar el dolor crónico, para los cuales no hay otra solución.
Muchos pacientes han ido de médico en médico en busca de un medicamento y una solución que los alivie. Bueno, acá tenemos la herramienta.
Este proyecto viene a darnos más elementos para aliviar el dolor, por lo que espero que sea aprobado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Félix González .
El señor GONZÁLEZ (don Félix).-
Señor Presidente, primero, saludo a todos los colegas diputados y diputadas.
Represento al Partido Ecologista Verde, que llega por primera vez al Congreso Nacional, en donde esperamos aportar nuestra mirada, en el contexto de la diversidad de visiones que se expresan en este hemiciclo.
Para nosotros, esta causa, la de despenalizar el uso de la cannabis para uso medicinal, es principal. Solemos referimos a la cannabis como una droga o como un medicamento, pero es ante todo una planta noble. El problema está en nosotros, los seres humanos, porque muchas veces, guiados por la codicia y de manera inescrupulosa, vamos generando al interior de nuestra sociedad mafias, como el narcotráfico, y también, en el otro extremo, carteles, como las empresas farmacéuticas.
Me pregunto cómo votarían las farmacéuticas este proyecto de ley. De seguro, lo votarían en contra, para, de ese modo, mantener secuestrada la planta.
(Aplausos)
Como la cannabis es una planta noble, puede usarse para fines nobles. Y en las tribunas de este hemiciclo hay gente noble que nos acompaña en este debate. ¿Qué más noble que una mamá que por amor, incluso contrariando la ley, es capaz de cultivar una planta clandestinamente para paliar el dolor de sus hijos?
Se ha hablado bastante de los niños que sufren distintas enfermedades, cuyos padres y madres, a través de esta planta, han podido paliar su dolor, pero quiero hacer hincapié en que también hay mucho dolor entre los adultos mayores, algunos de los cuales también están presentes en las tribunas. Cada día son más los adultos mayores en nuestra sociedad, y ellos, tal como está la ley, solo pueden tener acceso a productos farmacéuticos que cuestan 200.000 pesos por frasco, y necesitan dos o tres frascos al mes. Por ello, su tratamiento puede alcanzar los 400.000, 600.000 o un millón de pesos al mes, no obstante que sabemos que esos mismos adultos reciben pensiones que en su gran mayoría son de miseria, por debajo de lo que cuesta un frasco de esos productos farmacéuticos.
La solución al dolor para muchos adultos mayores que sufren alguna enfermedad propia de su avanzada edad, que todos vamos a padecer, como la artritis o la artrosis -la artrosis se produce cuando un hueso choca con otro, por ejemplo al caminar-, está al alcance de la mano gracias a esta planta. Hay que liberar la planta. Creo que hay que quitársela a las mafias del narcotráfico y a los carteles de las farmacéuticas. ¡Hay que entregársela o devolvérsela a la gente!
(Aplausos)
A propósito de lo que he escuchado en esta oportunidad, también quiero decir que nosotros no somos el ISP. Por supuesto que cualquier tratamiento puede requerir algún ajuste -por eso se necesita prescripción médica y precisamente este proyecto empuja a que la gente vaya al médico y no se auto medique, porque es el facultativo el que debe determinar cuál es la cepa correcta de la planta que se necesita, cuál es la vía de administración adecuada: leche, infusión, aceite de cannabis, aplicación sublingual, y la dosis adecuada.
Algunos de los diputados presentes dicen que no debemos aprobar esta iniciativa porque se pueden producir efectos secundarios. Entonces, les pregunto: ¿vamos a pasar todos los medicamentos por nuestras manos? ¿Vamos a pronunciarnos sobre todos los medicamentos?
¿Por qué en este caso tenemos que poner ese argumento?
Este proyecto empuja a ir al médico, así es que creo que es temor queda cubierto.
También me permito hacer un planteamiento en función de otras dos iniciativas: una es que exploremos la posibilidad de generar un registro voluntario y reservado de los pacientes que usan cannabis, al que tengan acceso las policías, a fin de que puedan saber que tal o cual persona está haciendo uso medicinal de la cannabis. La otra es que, ya que vamos a tener el Ministerio de Ciencias y Tecnología, que dicha cartera no solo se preocupe de la industria para la elaboración de productos que sean lucrativos, sino también de generar información libre para todo el mundo, que se pueda compartir, y de que se le inyecten recursos para que pueda hacer investigación.
(Aplausos)
Para finalizar, quiero expresar que en este hemiciclo hay colegas que llevan muchos años como parlamentarios y saben que aquí se han cometido muchos errores que más tarde la historia se ha ocupado de hacerlo notar. A la gente que estuvo en contra de la ley de divorcio, a los que en algún momento argumentaron en contra del uso, de la distribución y de la venta pública de condones en farmacias; de la educación sexual en los colegios, todo lo cual hoy nos parece impresentable, los invito a que no cometan otro error histórico y que aprueben este proyecto, que es muy simple.
Hemos argumentado muchas cosas, pero este proyecto no lo soluciona todo. ¿Qué hace esta iniciativa? Algo muy simple. Algunos de nosotros consideramos que ya es legal cultivar cannabis para fines medicinales, dado que la ley N° 20.000 establece que “El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive…”, recibirá las penas del infierno. En consecuencia, para que haya castigo es necesario que se carezca de la debida autorización; por lo tanto, si hay autorización, no es ilegal. Bueno, lo que hace este proyecto es reducir, determinar y acotar qué significa esa autorización, y me parece que es de mucho sentido común que esa autorización sea la receta de un médico titulado que examina al paciente y le prescribe un tratamiento.
Por lo tanto, hoy tenemos la obligación de perfeccionar la autorización que figura en la ley N° 20.000, con el objeto de que no se repita lo que ocurrió hace un mes en mi ciudad, Concepción, cuando la señora Nelly Aguilera , quien sufre de artrosis y de artritis, y tiene fierros en los huesos de sus pies, estuvo una noche injustamente en la cárcel y sin tratamiento.
Reitero: no quiero que eso vuelva a pasar, por lo que votaré a favor la idea de legislar y el proyecto.
He dicho.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores .
El señor FLORES (don Iván).-
Señor Presidente, considerando el número de colegas inscritos para hablar, es evidente que no alcanzaremos a intervenir respecto de este importante proyecto, lo que retrasará su votación.
Por lo tanto, propongo reducir el tiempo de las intervenciones restantes a cinco minutos por diputado, lo que permitirá que la mayor parte de los colegas inscritos pueda intervenir en la discusión, y votar el proyecto en esta oportunidad.
-Aplausos.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para proceder de la manera propuesta por el diputado señor Iván Flores ?
Acordado.
En consecuencia, a partir de este momento se reduce el tiempo de las intervenciones a cinco minutos por diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, saludo a todas las organizaciones que nos acompañan, como la Fundación Daya, con las cuales hemos conversado desde hace mucho tiempo respecto del proyecto de ley en discusión, que permite la fabricación de derivados de cannabis. Entre los autores de la iniciativa -desde ya, anuncio que la votaré favorablemente-, destaco al diputado Víctor Torres , quien hizo un gran seguimiento de ella en la Comisión de Salud.
Además, quiero recordar que tuve el honor de ser autor del proyecto de ley (boletín N° 9496-11) que presentamos con la entonces diputada y hoy intendenta Karla Rubilar , el que incluso era más amplio que la iniciativa en discusión, pues proponía legalizar el autocultivo de cannabis no solamente para fines terapéuticos, sino también para consumo privado. Lo hicimos sobre la base de la interpelación que la excelentísima Corte Suprema hizo al Congreso Nacional respecto de modificar y adecuar la ley N° 20.000, de drogas, para establecer una clara distinción, como muy bien explicó el diputado Vlado Mirosevic , entre el microtráfico y el consumo personal.
La gente confunde la planta Cannabis sativa con la serie de aditivos que contiene, lo que se conoce como marihuana prensada. Son cosas distintas respecto de las cuales la Corte Suprema ha interpelado a la Cámara de Diputados para que hagamos esa distinción, tarea que está pendiente.
Como dije, apoyaremos con mucha determinación el proyecto de ley, ya que ayudará a sobrellevar distintas enfermedades, como la epilepsia refractaria, la esclerosis múltiple, el cáncer, el glaucoma, la fibromialgia y los dolores crónicos, según nos han pedido los padres y madres de niños oncológicos, sobre todo de la Región de Coquimbo, cuya labor nos ha animado a avanzar en la tramitación del proyecto de ley, lo cual quiero reconocer.
Es muy importante dejar de lado los tabúes para discutir estos temas con altura de miras, con criterio científico, poniendo las cosas en su lugar, hablando con certeza de que no liberalizamos el consumo de drogas, sino que despenalizamos el autocultivo de una planta con un objetivo determinado, cual es permitir la fabricación de derivados de la cannabis con fines medicinales.
Por eso, apoyaremos el proyecto con mucha convicción.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VENEGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Catalina Pérez .
La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a las organizaciones de la sociedad civil que han seguido y contribuido a la tramitación del proyecto de ley en debate, como Mamá Cultiva, Fundación Daya , Mama West , Cultiva Medicina, Triagrama y No más Presos por Plantar, entre muchas otras que han estado recordándonos la deuda que hoy tenemos con cientos de familias chilenas.
En segundo término, es importante recordar a quienes se empeñan en continuar criminalizando a consumidores, que el uso medicinal del cannabis está permitido en nuestro país. Así, los decretos supremos N°s 404 y 405, modificados el 2015, permiten la expedición en farmacias de productos farmacéuticos que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos o tinturas de cannabis, mediante una receta médica retenida y con control de existencia.
En el mismo sentido, actualmente se encuentran en farmacias de nuestro país medicamentos fabricados con cannabis, que cuentan con todos los permisos del Instituto de Salud Pública (ISP) para su venta, como el T100 y el TC100, del laboratorio canadiense Tilray , y el Savitex, del laboratorio inglés GW Pharmaceuticals, comercializados en nuestro país por el laboratorio Biopas .
Dicho lo anterior, y existiendo en nuestro país estos fármacos para el uso terapéutico del cannabis, cabe preguntarse ¿en qué ayuda el proyecto a los cientos de miles de personas que requieren utilizar cannabis para paliar los efectos de sus enfermedades?
Lo anterior se responde fácilmente si ponemos sobre la mesa un dato no menor, cual es que el valor de venta de T100 y TC100 es de 210.000 pesos cada uno, mientras que el valor de venta de Savitex ronda el millón de pesos, por lo que es evidente que gran parte de la población no puede acceder a ellos.
El gran valor del proyecto es que democratiza el uso medicinal del cannabis, ya que permite su acceso a todas las personas que lo requieren, sin tener que hacer un esfuerzo económico imposible para adquirir los productos que ya ofrece el mercado farmacéutico y sin la necesidad de realizar el extenso y burocrático proceso de tramitar en el SAG la autorización de cultivo.
En definitiva, señor Presidente, el proyecto viene a democratizar la mitigación del dolor; espero que no solo el dolor propio de una enfermedad, sino también el dolor de vivir en un país que no garantiza plena y efectivamente el derecho a la salud para todos sus ciudadanos, como lo saben las organizaciones sociales que mencioné al principio.
(Aplausos)
Todos podemos advertir con facilidad que el proyecto permitirá a miles de familias acceder en forma barata a un tratamiento que mejorará la calidad de vida no solo de la persona que sufre de la enfermedad, sino de todos sus integrantes, más aún si se tiene en consideración los ya altos costos que implican ciertas enfermedades en un país como el nuestro.
Epilepsia refractaria, glaucoma, dolor oncológico, síndrome de West son solo algunas de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante el uso terapéutico del cannabis.
También resulta importante referirse a la legítima preocupación de algunas personas, padres y madres, respecto de los efectos adversos que pudiera ocasionar el uso del cannabis.
¿Es inocuo el uso del cannabis o sus derivados? La respuesta, como en muchos otros casos, es que hay que distinguir, ya que depende de su dosis, uso, frecuencia, diagnóstico, etcétera.
Lo cierto es que el proyecto en cuestión se hace cargo de esta válida inquietud, ya que somete la prescripción del facultativo a un estándar más exigente que para la receta de cualquier otro fármaco. Efectivamente, dicha receta deberá especificar la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento, la enfermedad susceptible de ser tratada. Además, el médico deberá justificar la pertinencia del tratamiento indicado para el diagnóstico de que se trata.
Señor Presidente, la venta de fármacos basados en cannabis está absolutamente permitida en las grandes empresas farmacéuticas, mientras que el cultivo y preparación de derivados del cannabis para el uso terapéutico realizado en forma privada por familias, muchas de las cuales nos acompañan, sin estar expresamente prohibidos, deja en una situación de absoluta indefensión a los enfermos y a sus familias.
El fondo del asunto es el siguiente: ¿Hasta cuándo gastaremos recursos financieros y humanos del Estado en perseguir a personas enfermas y a sus familias, en lugar de destinar los mismos recursos al verdadero narcotráfico? ¿Hasta cuándo las personas enfermas y sus familias vivirán en el constante temor de ver sus domicilios allanados, sus cultivos incautados, ser detenidas y recibir las mismas sanciones que un narcotraficante?
Por todo lo anterior, votaremos favorablemente el proyecto de ley, y esperamos que este sea el mismo criterio de la gran mayoría de los diputados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, sin duda, con este proyecto estamos dando respuesta a una realidad social que han instalado muchas madres y familias en nuestro país, que se han organizado a través de las fundaciones Daya , Mamá Cultiva y tantas otras, a las que saludo y con las que solidarizo. Ellas han luchado durante años por tener la posibilidad de cultivar y producir aceites y otros derivados de cannabis, para tratar las enfermedades que sufren sus hijos, en especial la epilepsia refractaria, el cáncer y la fibromialgia, entre otras.
Estas madres han debido organizarse, ya que hoy, tal como establece la ley, corren el riesgo de que sus casas sean allanadas y deban pagar con cárcel por cultivar cannabis con el único fin de tratar enfermedades muy delicadas y aliviar el dolor de quienes más aman.
Por eso, celebro que este proyecto de ley finalmente pueda dar tranquilidad a estas madres de que no tendrán que pagar con cárcel por el cuidado de sus hijos.
Quienes son madres o padres, o quienes aman a alguien, por un acto propio de la naturaleza humana van a querer evitar a toda costa el dolor de su hijo o su hija, o de la persona que sufre. Eso no es un delito, sino un acto de amor.
¿Quiénes somos nosotros para decidir respecto del dolor y del sufrimiento de un ser humano o para no ponernos en el lugar del otro? ¿Cuántos de los que hoy critican esta norma, al verse enfrentados a una situación difícil de salud no cambiarían de opinión? Esta decisión no es política, sino que se refiere a la libertad, a la dignidad y al respeto por el que sufre.
Entonces, nos ponemos del lado del ser humano que sufre o bien lo criminalizamos y le hacemos el juego a los laboratorios y a las cadenas farmacéuticas, las que, dicho sea de paso, han sido acusadas de colusión, situación que ojalá también podamos discutir en este hemiciclo.
La modificación al Código Sanitario que se plantea es absolutamente insuficiente para discutir un tema mucho más profundo y que dice relación con la regulación que queremos dar, como sociedad, al cultivo de cannabis. Se trata de un tema indesmentible. Aquí, las posiciones suelen ser muy extremas: desde quienes quieren la prohibición total de la cannabis hasta quienes plantean la despenalización absoluta del cultivo y del consumo recreacional.
Si bien este proyecto de ley entrega una solución social muy concreta y, a mi juicio, correcta, la verdad es que no estamos yendo al fondo del asunto, lo que considero negativo desde el punto de vista social. No existe peor enfermedad social que evitar la discusión, el debate, o intentar ocultar una realidad que existe en nuestro país, en las calles, en los hogares, en las familias y, por qué no decirlo, también en este mismo hemiciclo.
Por eso, sin perjuicio de valorar este proyecto de ley, estimo que debemos enfocarnos en una discusión más profunda acerca de la ley N° 20.000, en relación con el cultivo y el uso de cannabis.
En el último tiempo, la Corte Suprema ha dictado fallos que han interpretado esta ley en forma muy progresista; pero todos sabemos que los fallos judiciales no otorgan ninguna certeza jurídica, por lo que es urgente regular de manera mucho más clara y de fácil entendimiento para la población, de manera que esta sepa si está penalizado o no el cultivo y uso de cannabis. En efecto, dado el actual escenario legislativo, la situación es altamente incierta, lo que hace depender de ciertos fallos judiciales o a veces del criterio o descriterio de autoridades policiales o judiciales, que no siempre son las más razonables o coherentes.
Por eso, hago un llamado a no evitar la discusión, sino, de cara al país, a adentrarnos en el fondo de esta materia, para que en forma madura podamos debatir un tema que, sin lugar a dudas, constituye una innegable realidad social.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, vaya mi saludo a todas las organizaciones cuyos representantes nos acompañan en las tribunas -Mamá Cultiva, Fundación Daya , entre otras porque han sido fundamentales para llevar adelante la tramitación de un proyecto como este.
Hoy me siento muy contenta de escuchar tantas palabras favorables. Lo digo de corazón, porque en verdad no ha sido fácil sacar adelante un proyecto como este, que ha pasado por distintas etapas.
Varios colegas dijeron que esta no es la primera vez que debatimos este tema en la Cámara: lo hemos discutido en varias otras oportunidades. De hecho, hace dos años un grupo de diputados presentamos un proyecto de ley que esta Sala aprobó por 67 votos a favor. Sin embargo, el trámite legislativo da para mucho, y tal como los buenos y bonitos discursos son tremendamente valorados y aplaudidos, también existen técnicas legislativas que permiten que iniciativas como esta no lleguen a ningún puerto. Así, en ocasiones proyectos vuelven a la comisión de origen, y en el debate al interior de ella, entre cuatro paredes, se presentan indicaciones que no hacen sino desvirtuar el sentido del proyecto.
Quiero hacer un llamado al Congreso Nacional a actuar con honestidad. Integramos un nuevo Parlamento, mucho más legítimo, por haber sido elegidos por el sistema proporcional, no por el sistema binominal. Estoy contenta por la diversidad, la que en este caso se expresa en diversas opiniones políticas.
Creo que las familias que están en las tribunas, ansiosas y preocupadas de que este proyecto de ley salga a la luz y se convierta prontamente en ley de la república, merecen la honestidad política de quienes se van a expresar hoy en la Sala.
No basta con solidarizar con el dolor de las familias ni con decir que entendemos lo que pasa en su interior; no basta con decir que no nos parece tan grave la actual legislación sobre esta materia si todo eso no se expresa en las acciones concretas respecto de lo que necesitamos hoy.
Este proyecto de ley no constituye un gran avance; no es la revolución en esta materia; no estamos resolviendo los problemas ni las contradicciones de la ley N° 20.000. ¡Dejemos ese punto en claro! Lo que hace la iniciativa en estudio es garantizar la presunción de inocencia de familias que a diario están siendo vulneradas, perseguidas, que se encuentran asustadas y cuyos hogares pueden ser allanados por querer tener acceso a una medicina que, tal como dijo el diputado Saffirio , quita el dolor. Estamos hablando no solo del dolor físico, sino también del dolor humano, que se expresa en muchos aspectos.
Se ha buscado satanizar y perseguir la cannabis en sus distintas expresiones, y a todos aquellos que han desarrollado iniciativas en esta materia.
El proyecto de ley al que hice referencia está durmiendo; su sentido fue distorsionado y hoy es peor que la ley N° 20.000. Por eso, no lo seguimos tramitando y decidimos impulsar el proyecto de ley que conocemos hoy, del que soy autora.
Agradezco las muestras de apoyo expresadas a la iniciativa en estudio, la que permitirá dar una solución en forma inmediata a las familias que hoy sienten temor porque están cultivando Cannabis sativa -no lo niegan, lo han dicho públicamente-, debido a lo cual están siendo perseguidas.
En las tribunas hay una familia que hace algunas semanas fue amenazada por la PDI con destruir las plantas que cultiva en su casa, en circunstancias de que de ellas obtienen la medicina que requiere su hijo. El problema es que esa familia no dispone de los 300.000 o 400.000 pesos que necesita para comprar los medicamentos.
Reitero: son familias que no cuentan con los recursos para acceder a lo que la industria farmacéutica ofrece; sin embargo, cuando la Fundación Daya intentó entregar de forma gratuita el medicamento elaborado a base de cannabis, el Estado puso los principales problemas para hacerlo.
Por eso es importante que este proyecto de ley se apruebe hoy en la Cámara de Diputados, que no vuelva a la comisión respectiva y pronto sea ley de la república.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez .
El señor VELÁSQUEZ.-
Señor Presidente, vaya mi saludo a la Mesa y mi agradecimiento a las distintas instituciones presentes en las tribunas para presenciar la discusión de este proyecto que da inicio a un proceso anhelado, a lo mejor no por toda la sociedad chilena -tampoco tiene por qué serlo-; de lo contrario, no existiría el Congreso Nacional, que representa diversos colores políticos, ideologías y puntos de vista.
Sinceramente, creo que el proyecto es el inicio para que el país siga el camino de aquellos países más desarrollados, que forman parte de la OCDE y con los que nos encanta compararnos.
Quiero comentar un caso muy especial ocurrido hace no más de dos años. Eso sí, quisiera que nadie se sienta ofendido. Reitero lo bueno que es para el país tener en esta Cámara una maravillosa gama de colores políticos, de ideas conservadoras, liberales, extremistas, etcétera. Eso es bueno para el país.
En el caso de la legalización para uso recreativo y uso medicinal de la cannabis, quiero informar que en uno de los Estados más conservadores de los Estados Unidos de América Texas el parlamento republicano aprobó la legalización del uso medicinal del aceite de cannabis. Repito. la derecha de Texas -como se dice en nuestro país-, la más conservadora, aprobó el uso medicinal de la cannabis.
Dicho sector conservador se dio cuenta de lo necesario y urgente que era para determinados pacientes, para la ciudadanía, entregarles una opción, la cual no tiene por qué ser compartida por todos. Probablemente muchos -allá y en Chileno irán corriendo a comprar medicamentos a base a cannabis.
Así, Estados Unidos se incorpora a países como España, Uruguay , Italia , Colombia , Ecuador , Suiza , Irán, Rusia y la aparentemente temida Corea del Norte, países que no penalizan el consumo de cannabis ni el tratamiento en base a ese producto.
De acuerdo con la información del organismo de justicia de Estados Unidos, en dicho país el tráfico de marihuana ha ido a la baja, especialmente desde México .
En pocas palabras, creo que esta es la oportunidad para que nuestro país, en pleno siglo XXI, no quede a la deriva en cuanto a legislación se refiere, respecto de un problema que es de salud pública. El uso medicinal de productos derivados de cannabis es una realidad en países como los que he nombrado, incluyendo varios Estados de Estados Unidos de América y Australia, por solo mencionar algunos, en los que la legislación permite que se regule el consumo de cannabis en pacientes. Por tanto, con ello se hace una diferencia real en la protección de salud a nivel individual y colectivo.
El caso que nos convoca no deja de ser similar al de otros países. Actualmente, si se administra adecuadamente la cannabis, puede utilizarse como tratamiento paliativo en patologías tales como ansiedad, artrosis, fibromialgia y en casos de epilepsia y esclerosis lateral amiotrófica. Los tratamientos con Cannabis sativa han demostrado ser efectivos contra el dolor y con menos efectos secundarios en comparación con los opiáceos. Incluso, estudios incipientes publicados en la Revista Médica de Chile afirman que los tratamientos complementarios con cannabis utilizados en pacientes a los que se aplica quimioterapia han disminuido significativamente las náuseas y vómitos provocados por el tratamiento principal.
Quiero agradecer especialmente a la Fundación Daya, que ha dado apoyo a las familias, en el caso de la Región de Coquimbo…
El señor MULET (Vicepresidente).-
Diputado Velásquez , ha concluido su tiempo.
Si lo desea, puede incorporar el texto íntegro de su intervención en el Boletín de Sesiones. Ha concluido el Orden del Día.
El proyecto continuará su discusión en la sesión de mañana, oportunidad en que también se votará.
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, diputado Macaya .
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, si usted revisa la distribución del uso de la palabra en relación con este proyecto -probablemente este planteamiento también lo formularemos en reunión de Comités nos encontramos con que el 80 por ciento de las intervenciones representa al 55 por ciento del Parlamento. Es un tema a revisar. Debido a ello, muchos diputados de la coalición Chile Vamos se han quedado sin poder intervenir, a pesar de estar inscritos. De hecho, a mí me correspondía hacer uso de la palabra.
Hoy, la centroizquierda ha ocupado el 80 por ciento del tiempo del Orden del Día, lo que no representa la distribución de fuerzas en esta Corporación. Es un tema que planteo a propósito de esta discusión. En otras iniciativas importantes, en que los diputados tienen interés en hacer uso de la palabra, se diseña una distribución del tiempo, con tiempos límites por bancada, lo que es algo que se podría pensar en el futuro para proyectos que sean considerados importantes por el resto de los comités.
El señor MULET (Vicepresidente).-
Diputado Macaya , es un tema que examinaremos mañana en reunión de Comités.
Un señor DIPUTADO.-
Señor Presidente, los que quedamos inscritos, ¿podremos intervenir mañana?
El señor MULET (Vicepresidente).-
Sí, señor diputado.
La discusión de este proyecto continuará mañana y se votará en el mismo día, de modo que se mantiene el orden de la inscripción.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
PROMOCIÓN DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN (N° 16) [PREFERENCIA]
El señor MULET (Vicepresidente).-
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde tratar con preferencia y sin discusión la resolución N° 16.
El señor Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N°16, de los diputados señores Andrés Molina, Daniel Núñez, José Pérez, Matías Walker, Sergio Gahona, de las diputadas señoras María José Hoffmann, Alejandra Sepúlveda, de los diputados señores Vlado Mirosevic y Ricardo Celis, cuya parte dispositiva señala:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República tenga a bien instruir al Ministerio de Desarrollo Social la promoción de medidas que favorezcan la estimulación temprana para personas con síndrome de Down y genere mejores condiciones para la creación de más servicios de acompañamiento con un especial enfoque en las familias más vulnerables del país.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se acordó votar este proyecto de resolución con preferencia y sin discusión.
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 16 en los siguientes términos:
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 135 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Leuquén Uribe, Aracely ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Marzán Pinto, Carolina ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Parra Sauterel, Andrea ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santana Tirachini, Alejandro ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Soto Mardones, Raúl ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Matías ; Yeomans Araya, Gael .
-Se abstuvo el diputado señor Winter Etcheberry , Gonzalo .
PROPUESTA DE ACUERDO NACIONAL PARA TRATAMIENTO DE MATERIAS DE INTERÉS CIUDADANO EN ACTUAL LEGISLATURA (N° 6)
El señor MULET (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de resolución N° 6.
El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 6, de los diputados señores Gabriel Ascencio, Matías Walker, Daniel Verdessi, Víctor Torres, José Miguel Ortiz, la diputada señora Joanna Pérez, y los diputados señores Miguel Ángel Calisto y Raúl Soto, que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados resuelve:
Proponer al país, al Ejecutivo y a las organizaciones sociales y políticas, el siguiente conjunto de materias, para que formen parte de un gran Acuerdo Nacional, en el marco de la actual legislatura, que será llevado adelante por la Mesa de esta Corporación:
1. Mejoramiento del sistema de pensiones que permita, en el plazo de los próximos 4 años, avanzar en mecanismos que aseguren un incremento significativo de las pensiones actuales y futuras.
Desde el punto de vista más estructural, avanzar en la consolidación de un sistema que aumente el aporte del empleador y del Estado, permitiendo un incremento sostenido de las pensiones, con la incorporación de nuevos actores públicos y privados que aumenten la competencia del sistema, para mejorar la calidad del servicio y provocar menos a los cotizantes.
2. Avanzar en gratuidad en la educación superior, permitiendo a la mayor cantidad de estudiantes el acceso a la educación superior, ya sea técnico profesional o universitaria, independiente de su condición socioeconómica.
3. Acuerdo Nacional por la infancia y la adolescencia vulnerable. A partir de los proyectos aprobados e ingresados al parlamento por el gobierno anterior, es necesario dar prioridad a la consecución de una política de infancia integral, que se haga cargo de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de nuestro país.
Ello implica no solo el mejoramiento de la institucionalidad pertinente -Sename y otros-, sino, fundamentalmente, abordar las causas que generan más de 120.000 niños que son abandonados por su entorno y que deben ser atendidos por el Estado.
4. Acuerdos para mínimos de salud garantizados, que permitan que todos los chilenos puedan acceder a prestaciones de salud garantizadas, más allá del sistema previsional que cada uno tenga, ampliando el auge a nuevas patologías y creando el seguro de salud universal.
Dar suma urgencia al proyecto de ley sobre abuso sexual, que declara esos delitos como imprescriptibles y fortalecimiento de la Salud Pública, mejorando su capacidad resolutiva.
5. Combate al narcotráfico, sobre la base de generar programas integrados por las policías y otros organismos del Estado, que permitan, con una legislación adecuada, detener el aumento de este flagelo.
6. Solución integral a la crisis en la Araucanía, lo que supone una adecuada evaluación de todos los componentes de este fenómeno, que permita una intervención multidimensional, que posibilite un desarrollo adecuado de la zona, aislamiento y control de los grupos violentistas y avance significativo en la solución de la “demanda histórica” del pueblo mapuche.
7. Acuerdo Nacional a favor de una agenda que impulse un conjunto de políticas públicas a favor de la Seguridad Ciudadana, que incorpore a la labor de las policías, el aporte de las organizaciones sociales, como paso necesario para devolver la vida tranquila a los barrios del país y que ponga como eje de las políticas públicas de seguridad ciudadana, la Reinserción Social de los condenados, disminuyendo así las tasas de reincidencia.
Pronto tratamiento de la Ley de Seguridad Privada, la nueva ley antiterrorista y de inteligencia.
8. Modificación sustantiva de la Ley de Pesca que rediscuta la forma de explotación de este importante recurso nacional, permitiendo una mayor participación de la pesca artesanal, con mínimos de toneladas de cuotas garantizadas y que aseguren la posibilidad que la comunidad nacional acceda a dichos productos.
9. Acuerdo Nacional para la explotación y comercialización del Litio, que entregue al Estado de Chile la capacidad de acceder a los beneficios de la explotación y comercialización de este tan importante recurso natural.
Modificación sustantiva del régimen de administración municipal, que permita transformar los municipios en “gobiernos locales”, que acerquen las políticas de Estado a los ciudadanos, en los diferentes territorios.
10. Acuerdo Nacional por la descentralización de los territorios y la modificación del régimen de administración y financiamiento de los municipios, con especial énfasis en las comunas rezagadas.
11. Acuerdo Nacional para el desarrollo de un Programa de Agua Potable Rural, que permita el adecuado flujo de este recurso a todas las zonas que lo requieran.
12. Acuerdo Nacional por una nueva Constitución Política.
13. Reimpulsar una nueva ley de migraciones con claro enfoque en los derechos humanos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señora Presidenta, todos los diputados de la Democracia Cristiana propusimos este proyecto, pero la invitación es a que todos los diputados y diputadas de la Corporación lo apoyen. En el proyecto no solo acogemos el llamado del gobierno del Presidente Piñera a llegar a acuerdos, sino que a no limitarse a los cinco temas que ha propuesto el nuevo gobierno y que, por cierto, compartimos, en los cuales tenemos que trabajar: infancia, seguridad, salud, crecimiento económico, paz en La Araucanía, sino que estamos pidiendo incorporar otros puntos, un total de 13 puntos, como pensiones, avanzar en gratuidad en materia de educación superior, una reforma sustantiva a la ley de Pesca, una nueva Constitución, y queremos que la Mesa de la Cámara de Diputados, institucionalmente, presidida por usted, diputada Maya Fernández, lidere el trabajo de estos acuerdos acá, institucionalmente, en la Cámara de Diputados y no en comisiones externas, porque tenemos que honrar la democracia representativa, y este es el lugar, el Congreso Nacional, donde tenemos que discutir todos estos temas y llegar a grandes acuerdos.
Este no es un cheque en blanco, como equivocadamente piensan algunos. Hay temas concretos demandados por la ciudadanía, como avanzar en descentralización, en cómo vamos a discutir la mejor explotación de nuestros recursos naturales; una nueva Constitución, que es el gran acuerdo nacional, la casa común, la nueva Constitución, que nos debe interpretar y representar a todos los chilenos.
Esa es la invitación que hace la bancada de diputados de la Democracia Cristiana a toda la Cámara de Diputados para que este proceso de acuerdo sea liderado por la Mesa, y especialmente por usted, Presidenta Maya Fernández.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Javier Macaya.
El señor MACAYA.-
Señora Presidenta, quiero valorar la disposición a llegar acuerdo en temas importantes para los chilenos. La pregunta es quién puede negarse a un acuerdo por Chile, quién puede negarse a un acuerdo en los temas que le importan a nuestro país.
El Presidente Piñera –es sabido- salió elegido por una gran mayoría de los chilenos, con un programa de gobierno que era conocido, donde evidentemente hay temas que pueden tener diferencias profundas.
Me da mucha lástima haber escuchado en los últimos días, apreciaciones como las que mencionó el diputado Walker, del cheque en blanco, de hacer alusión a un supuesto entreguismo de algunas personas que tuvieran disposición y voluntad de conversar con el gobierno, con el fin de ponerse de acuerdo en temas que sean importantes para Chile.
El programa de gobierno del Presidente Piñera en materias como infancia, seguridad ciudadana, La Araucanía, un desarrollo integral, la derrota de la pobreza, son cinco ejes donde no debiera ser tan complejo. Y, reitero, ¿quién podría negarse a un acuerdo en esos temas que son relevantes para Chile?
Valoro la voluntad y la disposición de la bancada de la Democracia Cristiana, que ha sido la que propició este proyecto de resolución. Me parece que es una manera de avanzar en entenderse, en conversar, y reitero la pregunta: ¿Quién puede negarse a tener un acuerdo por Chile en estas materias?
Si es entreguismo, bueno, yo me entrego por Chile, y creo que la gran mayoría del parlamento debiera entregar la misma respuesta. Chile eligió un camino, hace algunos meses, que está respaldado por la amplia mayoría de los chilenos; es un camino que, a diferencia de lo que nos ocurrió en los últimos cuatro años, no viene imponiendo lógicas de retroexcavadora, porque, además, en este parlamento, nuevo, que es diverso, donde nadie, ningún bloque tiene mayoría, es fundamental que tengamos la capacidad de entrar en una lógica distinta de conversación y de ponernos de acuerdo en los temas que le importan a Chile.
Probablemente, la razón principal por la que nos hemos sumado -y lo hemos conversado también con la bancada de Renovación Nacional-, es que acá no se están poniendo arriba de la mesa temas de suyo polémicos, ideológicamente contradictorios y de difícil acuerdo.
En ese sentido, reitero la valoración que hago al llamado de la bancada de la Democracia Cristiana a concordar un acuerdo por Chile, al que nadie puede negarse.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Tiene la palabra el diputado René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta, me llama la atención este proyecto de acuerdo. No cabe duda que respecto de cada una de las materias que se está mencionando podemos generar un espacio amplio de acuerdo. No cabe duda. Es parte de nuestras responsabilidades, es parte de nuestro trabajo, pero no es esta la forma, porque si uno lee cada una de las materias referidas, respecto de ninguna de ellas esta Cámara tiene iniciativa legislativa. Entonces, no podemos encargarle a la Mesa que lidere un proceso respecto de materias sobre las cuales no tiene iniciativa legislativa. Eso se llama publicidad engañosa.
Lo peor que nos puede ocurrir es que arribemos a acuerdos que no podremos cumplir. Si hay algo que ha deteriorado la imagen del Congreso Nacional ante la ciudadanía es, precisamente, el hecho de adoptar decisiones que no tienen que ver con nuestras facultades.
Creo que la Cámara de Diputados habla a partir de los proyectos que aprueba o rechaza; esa es la forma en que se expresa, no a través de estos proyectos de resolución.
Por tanto, en nombre de la Bancada Regionalista e Independiente anuncio que nos abstendremos en este proyecto de resolución.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.-
Señora Presidenta, quiero llamar a las diputadas y a los diputados a que antes de votar deliberemos qué implica este acuerdo nacional.
Hace diez días se constituyó este Parlamento, que es un poder del Estado; Parlamento diverso, democrático, que para su elección concurrió a votar alrededor del 50 por ciento de los chilenos, algunos con confianza, otros con porfía, para entregarnos un mandato.
Dicho mandato es construir acuerdos de cara a los ciudadanos. Permítanme decir que esta política de acuerdos requiere de mucho más diálogo, requiere mucha más claridad, requiere mucha más nitidez respecto de lo que se propone a los chilenos.
En la práctica, lo que propone el Presidente Piñera en materia de acuerdo nacional y de procedimiento es llegar a acuerdo en comisiones fuera del Parlamento, aquí no hay proyectos de ley presentados por el Presidente Piñera. Y es en esas comisiones, fuera del Parlamento, donde el Presidente Piñera está tratando de convocar para llegar a acuerdos, de espalda a los ciudadanos, con las puertas cerradas, entre cuatro paredes. ¿Esa es la democracia que el Parlamento comprometió con Chile? ¿Ese es el tipo de política que nosotros comprometimos con los chilenos que concurrieron con su voto para la elección del Congreso Nacional?
Los socialistas no nos vamos a prestar para eso. Sin duda queremos diálogo, sin duda queremos acuerdos nacionales, pero de cara a los ciudadanos, en los espacios institucionales de la democracia, por los canales que corresponde, donde el Ejecutivo y su Presidente, que dijo que estaba preparado para gobernar, envíe los proyectos de ley que corresponde a estas materias y le diga al Parlamento lo que piensa y propone el gobierno.
Además, es difícil convivir con una propuesta de acuerdo nacional, así a primeras, en circunstancias de que se pretende un acuerdo nacional solo respecto de los temas que propone el gobierno. Pero el gobierno le da un portazo al debate constitucional, no quiere hablar de constitución, no quiere llegar a un acuerdo nacional en materia de gratuidad para la educación superior, no quiere discutir respecto de la ley de pesca, cuestionada por ser una ley corrupta, no quiere llegar a un acuerdo nacional en materia de reforma previsional.
Entonces, si queremos llegar a un acuerdo de carácter nacional, hagámoslo respecto de los temas que le interesan a todo el país, no solo lo que interesa a un sector.
Como bancada, vamos a dialogar con los ministros respecto de los temas planteados, les vamos a dar a conocer nuestros puntos de vista y escucharemos los puntos de vista del gobierno, pero lo vamos a hacer en las comisiones y en la sala de la Cámara de Diputados, pues fuimos elegidos por los ciudadanos para representarlos en esta instancia.
He dicho.
-Aplausos.
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 6 en los siguientes términos:
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 58 abstenciones.
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Muñoz González, Francesca ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Pardo Sáinz, Luis ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Romero Sáez, Leonidas ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Mardones, Raúl ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas, Florcita ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Jiles Moreno, Pamela ; Mix Jiménez, Claudia ; Rojas Valderrama, Camila ; Yeomans Araya, Gael .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez Vera, Jenny ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar , Carlos Abel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Marzán Pinto, Carolina ; Mellado Pino, Cosme ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Orsini Pascal, Maite ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Vidal Rojas, Pablo ; Winter Etcheberry , Gonzalo .
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII.INCIDENTES
GENERACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS SOBRE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Sandra Amar.
La señora AMAR (doña Sandra).-
Señora Presidenta, en el Día Mundial del Síndrome de Down, quiero enviar un saludo a todas las personas en esta condición, a sus familias y, especialmente, a las personas que trabajan en la Cámara de Diputados.
Este día es una instancia para reflexionar y meditar acerca de las políticas públicas que tenemos como país en el ámbito laboral y educacional para una mejor inclusión de estas personas.
Hago un llamado a mis colegas a generar iniciativas legislativas que tengan por objeto incluir de manera real a las personas con síndrome de Down y, en general, a las personas con discapacidad.
En materia educacional y laboral, quizá en Santiago hay más oportunidades, pero en mi región, la de Magallanes y de la Antártica Chilena, y probablemente en el resto de las regiones del país hay falencias profundas relacionadas con la inclusión, sobre todo en materia laboral.
Las personas en situación de discapacidad pueden asistir al colegio solo hasta cierta edad y después, en su gran mayoría, quedan relegados al sedentarismo y al encierro de sus casas. ¿Es esto apoyar o más bien abandonar a estas personas y a sus familias?
Hago un llamado a mis colegas para trabajar en estas falencias que tenemos en materia laboral y, asimismo, exhortar al mundo privado para que genere más espacio de inclusión, tanto a las personas con Síndrome de Down como a quienes se encuentran en situación de discapacidad, pero, sobre todo, que se entienda, de una vez por todas, que no les estamos haciendo un favor, sino que, simplemente, estamos respetando sus derechos.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO FINAL DEL PROYECTO DE REPARACIÓN MAYOR DEL SANTUARIO EL CARMEN, COMUNA DE CURICÓ (OFICIO)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.-
Señora Presidenta, pido que se oficie al contralor general de la República, con el objeto de que disponga se lleve a cabo la fiscalización de la obra denominada Reparación Mayor Santuario El Carmen, en la comuna de Curicó, adjudicada a la empresa Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Teinco Ltda., cuya ejecución tardó mucho y se han comenzado a observar una serie de irregularidades.
La fiscalización solicitada tiene el propósito de que se nos informe respecto de la recepción de las obras por parte de la municipalidad de Curicó, trabajos que han sido pagados pero que con el tiempo han comenzado a presentar una serie de dificultades. Por ejemplo, en los últimos días la techumbre se ha comenzado a desprender, lo que indica que existen problemas graves, los que también han comenzado a surgir en el sistema eléctrico y en otros trabajos.
Con anterioridad la Contraloría nos ha enviado dos informes al respecto, pero solicito que se nos haga llegar un informe actualizado de esos trabajos y que nos señale si existen responsabilidades administrativas de los funcionarios que estuvieron a cargo de la fiscalización de la recepción de la obra, porque hasta el momento no tenemos ningún antecedente en ese sentido.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
AGILIZACIÓN DE TOMA DE RAZON DE PROPUESTA PÚBLICA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL BIOBÍO (OFICIO)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señora Presidenta, en la Región del Biobío se construirá el Parque Científico y Tecnológico del Biobío, proyecto reflotado en la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, durante la cual se destrabó, avanzó y obtuvo su RS y quedó listo para ser financiado tal como lo está hoy.
Esta obra espera transformarse en una verdadera pista de aterrizaje para que arriben a nuestra región empresas de alta tecnología y de clase mundial.
Dicho lo anterior, cabe recordar que en el mes de enero recién pasado sucedieron dos hitos relevantes que constituyen un avance real para esta iniciativa: el primero es que el Gobierno Regional aprobó la propuesta de Obras Públicas de entregar a la constructora Valko S.A. las obras de urbanización del sitio que este parque ocupará en la zona aledaña al campus de la Universidad de Concepción.
En segundo lugar, desde el ocho de enero del presente año se encuentra en el desempeño de sus funciones el señor Francisco Saavedra, coordinador del Parque Científico y Tecnológico, quien fue presentado oficialmente en su cargo en sesión de directorio del proyecto celebrada el martes 16 de enero en 2018.
Hoy, para dar inicio a su urbanización solo falta una última gestión, y por eso pido que se oficie al contralor regional del Biobío, señor Ricardo Betancourt, para que agilice la toma de razón asociada al oficio ordinario N° 215, de 14 de marzo de 2018, de la Dirección de Arquitectura, que asigna la propuesta pública de la obra correspondiente a la obra de construcción del Parque Científico y Tecnológico del Biobío, presentada por la empresa constructora Valko S.A.
Por lo tanto, esperamos que la Contraloría Regional despache a la brevedad esta toma de razón para la adjudicación de los trabajos, para seguir el desarrollo de la primera etapa de este proyecto emblemático, tanto para la zona como para el país. Iniciativa para la cual el Gobierno Regional entregó más de 12 mil millones de pesos en 2014.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ALCANCES Y PRECISIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señora Presidenta, quiero fijar mi postura en relación con el tema de los derechos humanos.
He intentado, a lo largo de mi vida, ser coherente en materia de derechos humanos, es por ello que vengo a fijar frente a este hemiciclo mi postura, para lo cual, quiero hacer dos precisiones:
En primer lugar, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al poder del Estado, reconociéndose como todo ser humano por el solo hecho de serlo, tiene derecho frente a ese Estado, que este último debe respetar y garantizar, entendiéndose como inherentes a la condición de ser humano, no como un reconocimiento que quede al arbitrio de cada Estado o como una concesión de este, por cuanto, la concepción de derechos humanos fundamentales se basa solo en la existencia del ser humano, por cuanto, son universales y no tienen fronteras, correspondiéndoles su reconocimiento y respeto a cualquier habitante de la tierra.
Por esta condición de inherentes a cualquier ser humano, todas las personas son titulares de los derechos humanos, no pudiendo invocarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales para menoscabarlos de cualquier forma.
Nada ni nadie, por razones políticas, sociales, culturales, religiosas o económicas, puede violar estos derechos fundamentales inherentes a la naturaleza humana.
En segundo lugar, y como otro tributo de los derechos humanos, quiero enfatizar aquel que dice con el carácter indivisible que estos gozan; es decir, que ningún derecho humano es inferior a otro, por tanto, no puede prescindirse de ninguno de ellos y ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro.
Este carácter indivisible también supone que los derechos humanos son solidarios entre sí, faltando el respeto de uno para entender que no se respetará ninguno el día de mañana, ya que muchas veces, en aras de la defensa de los derechos humanos económicos o sociales, se opta por ahogar o sustituir la libertad. Otros, en aras de la libertad restringen los derechos económicos y sociales. Ni lo uno, ni lo otro, los derechos humanos son indivisibles y son solidarios.
En estos días me ha sorprendido el entusiasmo que algunos han puesto en condenar a Cuba y Venezuela; sin embargo, no he visto el mismo entusiasmo para condenar a China, Rusia, Turquía o Vietnam, por citar algunos países donde se cometen las mismas arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos.
(Aplausos)
Alguien puede decir ¿cuál es la diferencia entre Cuba y China? ¡Ninguna! La única gran diferencia pareciera ser el tamaño de la billetera.
Alguien, también, puede decir: ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela o Rusia o entre Maduro o Putin, los cuales excarcelan, expulsan e incluso matan?
Quienes se ponen al lado de unos y no de los otros, le hacen un flaco favor a la causa de los derechos humanos, ya que cuando se tiene doble lectura se desacredita la política y se pierde la perspectiva.
Por lo tanto, les pido respetuosamente a aquellos que no tienen una mirada universal, sin fronteras, solidaria de los derechos humanos que no están contribuyendo a que el día de mañana se respeten los derechos humanos en Chile y en el mundo.
Por ello es que vengo a señalar que no callaré mi voz cuando se cometan abusos y violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar del territorio nacional o del mundo.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN METROTRÉN SANTIAGO-MELIPILLA (OFICIO)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el Tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Raúl Leiva.
El señor LEIVA.-
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Quiero señalar que dentro del distrito que represento, están las comunas de Talagante y Melipilla, que han sido víctimas de inequidad territorial durante muchos años.
Hay una promesa incumplida campaña tras campaña, desde los tiempos del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el año 96, que es acercar a las más de 500.000 personas que habitamos las provincias de Talagante y Melipilla al centro de Santiago. Son familias que destinan 25 por ciento de su tiempo y 25 por ciento de sus ingresos a un transporte de mala calidad, inseguro y que ha sido víctima también de un monopolio.
Por eso mi primera intervención, señora Presidenta, es para oficiar al Ministerio de Transportes para que informe el real estado del Metrotrén a Melipilla. Y sé que este tema va a aunar a todos los parlamentarios de la zona.
Muchas gracias.
He dicho
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se enviará el oficio por solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantado la mano.
FISCALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE RESULTADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL POR IMPACTO DE EMANACIÓN DE MALOS OLORES EN SALUD DE POBLACIÓN DE VILLA LA POSADA, COMUNA DE CORONEL (Oficios)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Por el tiempo que le resta al Comité Socialista, tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra.
El señor SAAVEDRA.-
Señora Presidenta, el 15 de abril de 2015, la Seremi de Salud del Biobío procedió a cerrar una planta de procesamiento de harina de pescado que provocó fuertes emanaciones de malos olores, generando un problema de salud pública, en que centenares de vecinos tuvieron que concurrir a los centros de salud de la comuna de Coronel.
Trascurridos tres años del hecho anunciado, los vecinos de villa La Posada, de la comuna anteriormente mencionada, se ven obligados a denunciar nuevamente la presencia de olores fétidos, situación que se agravó durante los días del fin de semana.
Con fecha 2 de enero del presente año, ante los reclamos de los vecinos asociados a sus respectivas juntas de vecinos, el concejal de la comuna don Ariel Durán Fredes solicitó a la Ilustre Municipalidad de Coronel iniciar acciones concretas de fiscalización en materia medioambiental.
Con todo, los vecinos todavía no reciben respuestas de las actuales autoridades, aun cuando la junta de vecinos de villa La Posada ingresó por la Oficina de Partes a la Seremi de Salud un requerimiento de fiscalización a las empresas pesqueras del parque industrial de Coronel y a la planta procesadora de algas.
Ante la sordera de las autoridades competentes de los sectores de Salud y de Medioambiente, previniendo que la población vea afectada su salud, solicito oficiar al seremi de Salud del Biobío para solicitarle tener a bien darle curso a la petición de los vecinos de villa La Posada, de la comuna de Coronel, iniciando en el más breve plazo todas las acciones que sean necesarias para evitar las emanaciones que afectan la salud de la población y, en especial, de los menores de edad y los ancianos del lugar.
Asimismo, solicito que la referida autoridad se sirva informar a la Cámara los resultados…
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados están levantando la mano.
Si quiere agregar antecedentes, lo puede hacer a través de la Secretaría.
CUMPLIMIENTO DE PROMESA DE CAMPAÑA SOBRE CREACIÓN DE NUEVA LEY MIGRATORIA (Oficio)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
El turno siguiente le corresponde al comité Revolución Democrática.
Tiene la palabra la diputada señorita Catalina Pérez, por dos minutos.
La señorita PÉREZ (doña Catalina).-
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero manifestar mi preocupación por la pasmosa inactividad con la que el Estado chileno, a lo largo de varios años, ha observado el constante crecimiento del fenómeno migratorio en nuestro país.
De acuerdo con las estadísticas de la Cepal y la OIT, entre 2010 y 2015 la población de inmigrantes en Chile aumentó en promedio 4,9 por ciento por año. Esta realidad se inscribe en una tendencia global de aumento de flujo de personas que ya no circunscriben necesariamente su vida al país en que les tocó nacer. Sin ir más lejos, para quienes nacimos apenas recuperada la democracia esta es una realidad que vivimos en carne propia.
Fui electa por el distrito N° 3, de Antofagasta, región que se ha caracterizado históricamente, y también en los últimos años, por acoger a numerosas familias que han buscado refugio en nuestras tierras.
Al observar la realidad diaria, puedo dar fe de que el problema no es la migración, sino la ausencia de una política pública moderna, con una institucionalidad robusta, multisectorial y ajustada a estándares de derechos humanos.
Señora Presidenta, manifiesto mi preocupación por lo que parece ser una costumbre en este tema: la simplificación e incapacidad de tomar el peso a la necesidad urgente de reformar nuestra institucionalidad en materia migratoria.
A pesar de estar presente a lo largo de la campaña electoral del año pasado, el gobierno recién electo dio muestras de carecer aún de un proyecto a la altura de las circunstancias, y canceló su asistencia a la citación cursada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para tratar esta materia ayer, 20 de marzo.
En definitiva, solicito al Ejecutivo que cumpla sus promesas de campaña, que trabaje en conjunto con la Comisión de Gobierno Interior para poder tener al fin una nueva y moderna ley de migraciones que logre tratar el fenómeno migratorio de forma eficaz, con pleno respeto a los derechos fundamentales de todos quienes pisan o pisarán nuestro país.
Es fácil hablarle a la prensa, enfrentar y posicionar a nuestros ciudadanos y decir que todo es culpa del migrante, pero trabajar es un poco menos fácil.
Eso es lo que solicitamos con toda claridad al Ejecutivo: la presencia del señor ministro…
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Ha terminado su tiempo.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
EXPRESIONES POR DERECHO A VIVIENDA DIGNA EN COMUNAS DE REGIÓN METROPOLITANA
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el tiempo restante del Comité, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Winter.
El señor WINTER.-
Señora Presidenta, como usted muy bien sabe, en mi distrito existen realidades sociales diversas: mientras en comunas como San Joaquín y La Granja no existe disponibilidad política para acceder a los suelos que permitan construir viviendas sociales, en comunas como Ñuñoa o Macul los vecinos deben convivir con la depredación inmobiliaria y con intrigantes y sospechosas redes políticas que la hacen posible.
A solo cuadras del centro cívico de la capital, el hacinamiento es una realidad que afecta a centenares de vecinos. Por citar un ejemplo, en San Joaquín hace un año se creó el comité de allegados Nuevo 14. Se trata de un grupo de cuarenta familias compuesto principalmente por gente joven, asfixiada por las deudas; personas sin capacidad para adquirir un crédito hipotecario, y tampoco, por su situación económica, con la posibilidad de acceder a subsidios. La gran mayoría de esas familias las encabezan mujeres.
En septiembre decidieron dejar de esperar y se tomaron un terreno privado que estaba sin uso desde hace 50 años: un sitio eriazo lleno de basura y que se había convertido en un foco de delincuencia: asesinatos, violaciones y microtráfico. Desde que los pobladores llegaron, el lugar está limpio, ordenado y es mucho más seguro.
Pero este no es un caso aislado, sino solo una muestra de un problema estructural mucho mayor: la riqueza de la ciudad está capitalizada en y por el valor del suelo.
Al respecto, quiero plantear que esa riqueza no es producida por el esfuerzo individual, sino por el trabajo de toda la sociedad. Es esa riqueza la que se está distribuyendo, como todo en Chile, con absoluta desigualdad.
Debemos conquistar barrios y hogares dignos para los más pobres, pero también para sectores medios olvidados, que, debido a sus ingresos, no califican para subsidios habitacionales, pero tampoco pueden acceder a créditos hipotecarios.
Por eso, el sábado 24 de marzo asistiremos a la IV Marcha Nacional por el Derecho a la Vivienda y Ciudad, convocada por las organizaciones que durante años han luchado por barrios habitables y por una ciudad en que se pueda vivir en paz.
Invitamos a todos a sumarse a esta marcha, porque sin buenas viviendas y ciudades habitables es imposible optar a otros derechos, como la salud, la educación y la buena vejez.
Nuestra apuesta debe ser dejar atrás la política habitacional que ha llevado adelante el Estado, basada en los falsos principios de la eficiencia del mercado. Y digo falso, ya que más que principios, muchas veces son sencillamente intereses.
Hasta ahora se han privilegiado terrenos muy baratos, que se construyen en la periferia, con casi nulo acceso a servicios básicos y que tienen problemas de conectividad.
Por la vivienda…
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
He terminado su tiempo, señor diputado.
ANTECEDENTES SOBRE AFECTACIÓN A PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE ANCACOLLO E INVESTIGACIÓN Y EVENTUALES SANCIONES A MINERA TECK POR TRONADUDRAS EN DICHA COMUNA (Oficios)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
El turno siguiente le corresponde al Comité Comunista.
Tiene la palabra, por tres minutos y seis segundos, el diputado señor Daniel Núñez.
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señora Presidenta, en primer lugar, me sumo también a las felicitaciones por la responsabilidad que usted ha asumido al encabezar la Mesa de la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, también felicito a los Vicepresidentes que la acompañan.
En segundo lugar, me referiré a una situación que es terriblemente lamentable.
Creo que muchos de los diputados y diputadas que están acá presentes probablemente no conocen lo que ocurre en una comuna muy pequeña de nuestro, que tiene solo cerca de ocho mil habitantes, y que es famosa por un drama que incluso ya ha trascendido las fronteras.
Lamentablemente, contigua a la ciudad de Andacollo existe una empresa minera que realiza una faena a gran escala. Pero no es una mina subterránea, como uno supondría, que no tiene impacto, sino que opera a tajo abierto, donde los camiones, las tronaduras se hacen en forma permanente. Asimismo, dicha mina está al lado de las casas de la gente que ahí vive.
El lunes pasado ocurrió un hecho dramático –no tengo temor de catalogarlo así-, porque la empresa, evaluando y sabiendo que no había condiciones ambientales adecuadas, realizó una tronadura que levantó una nube de polvo de varios cientos de metros de altura y que llegó encima de la ciudad, contaminando las casas de las personas y su salud, provocando también una serie de problemas y trastornos a nivel ambiental. Eso es algo extremadamente grave, por cuanto la gente de Andacollo se siente realmente indefensa. Había un protocolo que establecía claramente que la empresa TECK no podía hacer tronadoras cuando había condiciones ambientales negativas. Ese protocolo se incumplió y la minera lo hizo. Incluso, está grabado en un video cuando la nube de polvo se levanta y va directamente hacia las casas donde vive la gente, ubicadas en el centro de la ciudad de Andacollo. Por supuesto, esto ha tenido afectaciones muy graves para la salud de las personas que viven allí.
Por lo tanto, solicito, en primer lugar, que se envíe un oficio a la seremi de Medio Ambiente para que informe de qué manera las tronadoras que está realizando la empresa TECK afectan al plan de descontaminación que el anterior gobierno impulsó en la ciudad de Andacollo. Esto es dramático. Tenemos un plan de descontaminación, un esfuerzo sistemático del gobierno anterior para bajar los índices de contaminación, pero esa minera se da el lujo de hacer tronaduras en momentos en que las condiciones ambientales elevan todos los índices de contaminación. Creo que eso es tremendamente importante, porque los habitantes de Andacollo tienen dudas y no cree mucho en la efectividad de dicho plan. No vaya a ser cosa que el plan señale que las mediciones de calidad indican que cuando se hacen las tronaduras y la ciudad está llena de polvo hay menos contaminación.
Por lo tanto, es fundamental ese oficio a la seremi de Medio Ambiente y a la Superintendencia de Medio Ambiente, para que investigue y sancione las circunstancias en las cuales se cometió esa acción de la empresa TECK, que –insisto- pone en riesgo la vida de ancianos, niños y la demás gente que vive en la comuna de Andacollo, que no merece tener una calidad de vida en la que todos los días se arriesga por el lucro que genera dicha empresa, que actúa en forma absolutamente irresponsable.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE PLANES REGULADORES COMUNALES E INTERCOMUNALES DE REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficios)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el turno del Comité de Evolución Política, tiene la palabra el diputado señor Sebastián Álvarez.
El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-
Señora Presidenta, a propósito de la situación que está pasando en los lagos del sur de Chile, vinculada a los lagos Villarrica y Llanquihue, ciudades eminentemente turísticas, vemos que han sido declaradas como zonas saturadas.
Cabe indicar que eso es por efecto de la falta de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, porque tenemos planes reguladores obsoletos.
Por ello, solicito que se envíe oficios a cada una de las municipalidades del distrito N° 23, a fin de que remitan toda la información relativa a los planes reguladores y, del mismo modo, del Plan Intercomunal Villarrica-Pucón, particularmente del estado de avance, situaciones pendientes, eventuales judicializaciones, entre otros aspectos.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PABELLONES EN HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA, COMUNA DE TEMUCO (Oficios)
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el tiempo que resta, tiene la palabra el diputado señor Andrés Molina.
El señor MOLINA.-
Señora Presidenta, no hay nada más importante que la salud. Cuando la salud falla, no hay nada, nada más.
En ese sentido, quiero hacer mención de nuestro Hospital Hernán Henríquez Aravena, dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur, y que constituye el segundo hospital más grande del país. Dicho centro hospitalario lleva descansando, desde el terremoto y la reconstrucción de sus pabellones, que actualmente son 15, cuatro años y no se ha avanzado absolutamente nada en ello. Al inicio, era un proyecto de 7 y otro de 5.
Por eso, solicito que se oficie, con el fin de conocer cuál es el estado de este proyecto que entiendo que solo tiene recursos para el diseño. Personalmente, me da mucha pena porque yo fui su director hace cuatro años y era un proyecto emblemático. Sin embargo, en estos cuatro años no ha pasado nada. Asimismo, quiero saber en qué situación se encuentran las listas de espera quirúrgicas incumplidas. Además, hay listas Auge que están siendo incumplidas y las de especialidad. De la misma forma, me gustaría saber cuántas cirugías se suspenden en el horario normal, hasta las 17 horas, porque luego ingresan las empresas licitadas, que lógicamente funcionan mucho más rápido y de manera más ágil.
En ese sentido, quiero saber cómo está la suspensión de esas cirugías en horario normal.
He dicho.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PLANTEAMIENTOS SOBRE ABANDONO DE CHAÑARAL POR PARTE DEL ESTADO
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Finalmente, en el turno que corresponde al comité Federación Regionalista Verde Social Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, mi primera actividad como parlamentario en este nuevo periodo la quise hacer en mi distrito, específicamente en la comuna de Chañaral, a la cual no representé antes cuando estuve en esta Cámara. Y quiero decir por qué no lo hice.
La comuna de Chañaral está en una situación de cierto abandono por parte del Estado. No digo del gobierno, porque han sido sucesivos gobiernos, de distintos colores, los que la tienen en esa situación.
Por mucha gente es sabido que la bahía de dicha comuna fue afectada sistemáticamente por un embancamiento a causa de relaves que allí depositaron, durante decenios, Codelco y otras empresas antecesoras a aquella en los yacimientos que tiene esa provincia.
Por cierto, tal situación ha generado un problema ambiental severo, por cuanto parte importante de su población vive afectada por las arenas que se levantan de la playa, lo que produce graves problemas de salud, hecho que ha sido constatado una y otra vez en distintas oportunidades y en distintos informes, pero se avanza poco. De hecho, en 1988 se presentó un recurso de protección que al menos permitió que se dejaran de depositar esos relaves, pero la situación siguió siendo grave, y se agravó aún más a causa de los aluviones de 2015 y 2016.
A ese respecto, he solicito una serie de oficios a los ministerios de Obras Públicas y del Medio Ambiente para que se preocupen con rigurosidad respecto de la situación de Chañaral, que no puedo detallar en este momento por el escaso tiempo para intervenir. Sin embargo, lo quiero señalar por lo simbólico que es para mí destacar…
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
HOMENAJE A CIUDAD DE CALAMA CON OCASIÓN DE CELEBRARSE NUEVO ANIVERSARIO DE SU ANEXIÓN AL TERRITORIO NACIONAL
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
En el tiempo restante, tiene la palabra el diputado señor Esteban Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.-
Señora Presidenta, represento al distrito N° 3, de la Región de Antofagasta, desde Ollagüe, por el norte, hasta Taltal, por el sur.
En esta ocasión, deseo saludar y rendir un homenaje a Calama en razón de que el viernes 23 de marzo cumplirá 139 años de su incorporación al territorio chileno por la llamada “Batalla del Topáter”, el primer hecho bélico de la “Guerra del Pacífico”, una fecha que, a nuestro juicio, debe ser de las más importantes no solo por la soberanía que allí ejercemos desde entonces, sino también por el aporte que hacemos a Chile desde hace más de un siglo.
Calama es una ciudad oasis que, en medio del desierto y enclavada en el norte, alberga y presta servicios a las diversas mineras que operan en la zona, como Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Labra, Gabriela Mistral, Spencer y otras. Por más de un siglo observamos como salen los trenes y camiones con interminables cargas de cobre, sin la más absoluta retribución a esta comunidad.
La incorporación de Calama a suelo patrio, hecho que celebramos el 23 de marzo, fue una gesta que marcó el devenir del norte y de Chile. Sin embargo, el Estado, a través de los gobiernos de turno, no atienda a esa zona como debiera. Pareciera que la concibe solo como una ciudad productora y de sacrificio, porque el trato sigue siendo indiferente, acordándose solo cuando hay algunas paralizaciones de faenas mineras o movilizaciones ciudadanas.
Hemos dicho que la soberanía, concepto muy recurrente por estos días, se muestra desarrollando territorios. Por eso, apelamos a la voluntad del Gobierno para establecer un royalty minero y la redistribución del impuesto específico minero, establecido en la ley N° 20.469, y que los gobiernos de turno no se preocupen del norte solo cuando hay conflictos internacionales. Es el momento de demostrar notablemente que la soberanía en Calama y el norte se hace desarrollando territorios rezagados.
Recordemos que el senador Radomiro Tomic, nacido en Calama, impulsó y consiguió la Ley N° 11.828, sobre Nuevo Trato del Cobre, que actualmente está derogada. Es de justicia que se reponga ese derecho. Cabe recordar que en el primer gobierno del Presidente Piñera se comprometió a un fondo de desarrollo del norte, conocido como Fondenor, por lo tanto esta vez él debe honrar su palabra.
El Estado de Chile ha sido injusto con el norte andino, ya que la gran industria minera ha ocupado las aguas y secado los oasis de nuestros pueblos originarios. De continuar esta depredación, mañana la cultura andina y atacameña solo se conocerá a través de postales.
Por otra parte, es inconcebible que aún no haya una carretera entre Calama y Antofagasta, sino apenas una ruta básica criminal. La ciudad de Calama fue declarada zona saturada en 2009; sin embargo, ninguno de los dos últimos gobiernos inició el plan de descontaminación atmosférica a que la ley les obligaba. Es más, hoy se insiste en autorizar una planta de reciclado de plomo.
Este 23 de marzo, cuando Bolivia celebre el Día del Mar, no debemos olvidar que en Calama se continúa haciendo soberanía con la esperanza de que el poder político escuche y responda sus justos anhelos.
He dicho.
-Aplausos.
La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.51 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.20 horas.
PREOCUPACIÓN DE VECINOS DEL SECTOR PLACILLA, VALPARAÍSO, POR REBALSE DE PISCINAS DE DECANTACIÓN DE LA EMPRESA ESVAL (Oficios)
La señorita CICARDINI, doña Daniella (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señora Presidenta, los vecinos de la comuna de Valparaíso, en particular, del sector de Placilla, han denunciado en varias ocasiones el rebalse de las piscinas de decantación de aguas servidas de la empresa Esval. Los denunciantes indican que esas aguas escurren hacia Laguna Verde. Si bien han expuesto esta situación como junta de vecinos y como consejo de desarrollo vecinal de Placilla ante diversas autoridades municipales y regionales, y ante la seremía de Medio Ambiente, hasta la fecha no han obtenido respuesta.
Me parece que es una situación que debe generar especial preocupación porque hablamos de la contaminación del medio ambiente y de la eventual responsabilidad de la empresa de servicios sanitarios de la Región de Valparaíso.
En consecuencia, solicito que se oficie al alcalde de Valparaíso, señor Jorge Scharp, a efectos de que disponga que sus equipos operativos y técnicos tomen en cuenta esta situación y verifiquen lo que ocurre. Asimismo, pido que se oficie al intendente regional y a la seremi del Medio Ambiente para que en el ejercicio de sus facultades den respuesta debida a los vecinos y se tomen las medidas que correspondan.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Guillermo Risco, presidente de la unión comunal de junta de vecinos de la comuna de Valparaíso.
He dicho.
La señorita CICARDINI, doña Daniella (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.23 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UNA CUOTA DE GÉNERO APLICABLE A LAS CANDIDATURAS A ALCALDE. BOLETÍN 11645-06
Considerando:
Por el hecho de “encontrarse sometida al yugo del esposo quien podía ejercer su poder e influencia sobre su esposa”, la ley electoral de 1884 en su artículo 40 prohibía expresamente el voto para la mujer.
La participación de la mujer históricamente ha estado relegada, el rol de “cuidadora el hogar y los hijos” hacía y hace eco en todos los aspectos de la vida y la política no ha sido la excepción. En nuestro país la extensión del voto a las mujeres fue motivo de debate desde la década de 1920. Sin embargo, la oposición de los partidos anticlericales y de izquierda, debido a la tendencia conservadora del electorado femenino, retardó por varias décadas más la concesión de ese derecho. En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, y recién en 1949, se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias.[1]
Poco a poco las mujeres han logrado ganar espacio en la participación política de nuestro país, desde las más básicas organizaciones sociales hasta el gobierno donde la elección de Michelle Bachelet, el año 2006 y reelecta para el periodo 2014-2018, marca un hito importante en el desarrollo y avance del género femenino en estas instancias y espacios políticos. Sumado a ello podemos nombrar a Isabel Allende como Presidenta del Senado; las ministras de Estado, Subsecretarias y parlamentarias en ejercicio. Eso sin contar la presencia y liderazgo de la mujer en el mundo privado y en todas las esferas de la sociedad.
En las elecciones municipales del 2016 las mujeres candidatas a cargos de alcalde representaron el 19% del total “de 1.211 candidatos a alcalde, solo 231 fueron mujeres”[2], en relación con las elecciones municipales del año 2012 hubo un aumento de un 4%, sin embargo, si apreciamos las cifras están resultan sumamente alejadas de la ansiada igualdad de género.
Para el cargo de Alcalde tan solo 40 mujeres fueron electas en nuestro país, esto representa aproximadamente un 11% de representación femenina en los gobiernos comunales, donde los hombres alcanzaron el 88% de las preferencias para dirigir los destinos de los municipios de nuestro país. Asi 305 municipios son encabezadas por hombres versus solo 40 municipalidades que serán dirigidas por mujeres electas Alcaldes.
Que exista un bajo número de alcaldesas electas se debe -en parte- a la baja cantidad de mujeres candidatas para el cargo “en 176 comunas que corresponde al 51% del total, no hubo ninguna mujer compitiendo para alcaldesa”[3] , entonces ¿cómo podemos pedir que existan más mujeres en cargos de representación local, cuando en más de la mitad de las comunas ni siquiera se llevo a una candidata?
Sabemos que estas cifras las podemos revertir pues en las recientes elecciones parlamentarias el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados aumentó de un 15,4% a un 23,8%. Este aumento no fue baladí sino que responde a la aplicación del mecanismo de cuota de género implementado en la reforma al sistema binominal.
Una ley de cuotas es una norma que obliga a los partidos políticos a presentar listas de candidatos equilibradas entre mujeres y hombres. Se trata de una medida de “acción afirmativa”, es decir, la acción de una política pública que busca impulsar la igualdad de derechos con la finalidad de superar el desequilibrio que impide a las mujeres acceder a cargos de elección popular en igualdades condiciones respecto a los hombres. Es decir, las cuotas actúan como “acelerador” para aumentar la inclusión de las mujeres a la política y toma de decisiones.[4]
En América, las cuotas de género por ley nacieron en Argentina en 1991, cuando se les exigió a los partidos políticos un 30% de mujeres en las listas para elecciones parlamentarias. Luego siguieron Brasil, Bolivia, Perú, México y Uruguay a mediados de los 90 con cifras que debían incluir por lo menos un 20%.
En nuestro país las mujeres representan el 51% de la población y el 52% del electorado, pero solo el 23,2% del Senado (10 Senadoras), 23,9% en la Cámara de Diputados (37 parlamentarias) el 11,5 % de los alcaldes y el 22% de los concejales. La cuota de género a nivel de elecciones parlamentarias se tradujo en aumento significativo de la participación política de la mujer.
Chile no es el único país que ha experimentado los beneficios de la cuota de género. De 193 países en el mundo, sólo 19 están liderados por mujeres. Once de ellas son jefas de Estado y 12 primeras ministras pues algunas ostentan ambos cargos. Nueva Zelandia es el país de Asia Pacífico con mayor porcentaje de mujeres en el Parlamentocon un 39% de representación en cargos de elección popular.
Desde la perspectiva del desarrollo armónico de nuestro sistema político de elecciones, el cambio de la Ley de Municipalidades abrirá un camino para visibilizar a las mujeres en política puesto que las mujeres han estado excluidas históricamente de los procesos cívicos y políticos del país, lo que ha contribuido a la invisivilización y la mantención de condiciones de desigualdad.[6]
PROYECTO DE LEY
Agréguese un inciso tercero al artículo 108 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en el siguiente tenor:
“De la totalidad de declaraciones de candidaturas a Alcalde declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo”
HernandoÁlvarez, doña JennyCariolaCarvajalCicardiniGirardiJilesMarzánSantibáñezVallejo
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE LA OPS EN CHILE, SUSCRITO EN GINEBRA, SUIZA, EL 18 DE MAYO DE 2011; Y SU ACUERDO INTERPRETATIVO REFERIDO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO IV DEL CONVENIO, CELEBRADO ENTRE LAS MISMAS PARTES, POR CAMBIO DE NOTAS, FECHADAS EN SANTIAGO EL 19 DE MAYO DE 2016, Y EN WASHINGTON, EL 20 DE JULIO DE 2016, RESPECTIVAMENTE
BOLETÍN N° 11582-10
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, originado en Mensaje de la expresidenta de la República, ingresado a tramitación el 23 de enero del año en curso.
I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.-Idea matriz o fundamental del Proyecto de Acuerdo:
Poner en conocimiento del Congreso Nacional, para los efectos del artículo 54 N°1 de la Constitución Política de la República, los privilegios e inmunidades que el Gobierno de Chile reconocerá a la Organización Panamarica de la Salud, OPS, para que pueda alcanzar sus objetivos y despliegue su labor de manera plena y efectiva, con motivo de la instalación de una Oficina de su dependencia en el territorio nacional, de conformidad con los términos contenidos en la Aprobación del Convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de 2011, y su Acuerdo Interpretativo posterior referido a la aplicación del Artículo IV, titulado “Facilidades de Orden Financiero”.
2.-Comisión técnica:
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
3.-Artículos que la Comisión técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, determinó que “los preceptos del Proyecto de Acuerdo deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado”.
4.-Reservas y declaraciones interpretativas
Esta Comisión no sugirió, en el marco de sus competencias, la formulación de reservas ni declaraciones interpretativas, conforme lo autoriza el inciso tercero del N°1, del artículo 54 de la Costitución Política de la República.
5- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión técnica
No corresponden, en virtud del inciso primero del N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.
6.-Normas de quórum especial
El artículo único no contiene normas que deban apobarse con quórum especial.
7.- Votación
El artículo único propuesto fue aprobado, en los mismos términos, por la mayoría de nueve diputados, y un voto en contra.
8- Diputado Informante: Se designó al señor Pepe Auth Stewart.
II.-COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN DE HACIENDA
El Informe Financiero N°016 de 17 de enero de 2018 de la Dirección de Presupuestos, señala lo siguiente:
Antecedentes
1.- La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, en adelante la Organización Panamericana de la Salud es un organismo internacional de salud pública. Reconocida como parte del Sistema de las Naciones Unidas, actúa como Oficina Regional para el hemisferio occidental de la Organización Mundial de la Salud, en virtud del acuerdo celebrado entre ambas organizaciones el 24 de mayo de 1949 y, por tanto, se le aplica la Convención sobre las Prorrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas, de 21 de noviembre de 1947, y su Anexo VII relativo a la Organización Mundial de la Salud.
2. El Convenio para el establecimiento de una Oficina de la OPS en Chile tiene por objeto consagrar el estatuto jurídico de dicha Organización en Chile, determinando sus privilegios e inmunidades, el cual se considera indispensable para que pueda alcanzar sus objetivos y despliegue su labor de manera plena y efectiva en nuestro país.
3. El Acuerdo establece las normas que de la misma manera y con las mismas condiciones son otorgadas a otros organismos internacionales que operan en nuestro país. Principalmente, el convenio tiene por objeto:
-Regular los privilegios e inmunidades de los que deban gozar la institución y las personas a ella vinculadas;
-Otorgar facilidades de orden financiero y exenciones de impuestos y otras cargas;
-Garantizar el suministro de servicios básicos; proteger los locales y archivos de la Oficina de la OPS; otorgar facilidades e inmunidades en materia de comunicaciones y publicaciones; establecer el reconocimiento y aceptación de documentos de viaje y visados, y establece el procedimiento para solucionar controversias.
4. Con posterioridad a la celebración del Convenio, se adoptó un acuerdo interpretativo, referido a la aplicación del artículo IV del Convenio, titulado "Facilidades de Orden Financiero". Así, el compromiso de la República de Chile de exonerar a la OPS/OMS de controles financieros, reglamentos o moratorias, se circunscribe al ámbito de funciones de la OPS/OMS en Chile y a los bienes y haberes administrados por esta en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
Efecto del Acuerdo sobre los Gastos Fiscales
Las disposiciones definidas en el convenio no originan nuevas obligaciones financieras, por cuanto corresponden a privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades de las que gozan otras misiones diplomáticas.
La aprobación del referido Acuerdo no implica mayor gasto fiscal.
III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO
En consecuencia, y conforme con lo señalado en el informe financiero, la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, está contenida en su número 3, ya explicado, que resume los artículos pertinentes del Convenio que se adjunta al Mensaje, y que se somete a consideración.
IV.- DISCUSION Y VOTACIÓN
1.-Discusión
Los integrantes de la Comisión señores Kuschel, Von Mühlenbrock y Pérez, don Leopoldo manifestaron
algunas interrogantes respecto de las razones por las cuales la Organización Panamericana de la Salud pretende instalar una oficina en Chile, como trata el Convenio, como asimismo, sobre los términos de las facilidades financieras que se otorgarían a la misma como consecuencia de su instalación.
El diputado señor Auth precisó que se refieren principalmente a prerrogativas de orden previsional y tributario, por ejemplo, el que los trabajadores sigan cotizando en sus países de origen. Por otra parte, enfatizó que la decisión de la Organización Mundial de la Salud, -organización central de la que depende lal Organización Panamericana, de instalar una oficina puntualmente en Santiago de Chile, otorga relevancia al país por el sentido de su misión.
El diputado señor Jackson indicó que siempre es bueno que nuestro país sea visto como un destino para las organizaciones internacionales. Es una forma de fomentar el diálogo en torno a las políticas públicas que impulsan estos organismos.
El diputado señor Schilling manifestó sus dudas respecto de que este convenio no implique gasto para el país, toda vez, que Chile se compromete a proteger los locales y oficinas de la OPS, cuestión que no es etérea, sino que implica la asignación de recursos por parte del Estado, como por ejemplo, la protección policial que implica una sede internacional. Al respecto, solicitó mayores antecedentes por parte de la Dirección de Presupuestos, cuestión que no fue acogida por estimarse innecesaria.
El diputado señor Lorenzini (Presidente) hizo ver a la Comisión que la declaración de que no implica mayor gasto fiscal deriva del convenio en cuanto no origina nuevas obligaciones financieras, porque corresponden a privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades de las que gozan otras misiones diplomáticas. En este sentido, señaló que aquí sólo se les está reconociendo este estatus.
2.- Votación
Puesto el artículo único del proyecto de acuerdo en votación, fue aprobado por la mayoría de nueve diputados y un voto en contra. Votaron a favor, los diputados señores Pepe Auth, Giorgio Jackson, Carlos Kuschel, Pablo Lorenzini (Presidente) José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Alejandro Santana y Gastón Von Mühlenbrock. Votó en contra el diputado señor Schilling.
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Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
Artículo único.- Apruébanse el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Establecimiento de una Oficina de la OPS en Chile”, suscrito en Ginebra, Suiza, el 18 de mayo de 2011; y su Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo IV del Convenio, celebrado entre las mismas Partes, por Cambio de Notas, fechadas en Santiago el 19 de mayo de 2016, y, en Washington, el 20 de julio de 2016, respectivamente.
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Tratado y acordado en sesión celebrada el 20 de marzo de 2018, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart, Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
Sala de la Comisión, a 20 de marzo de 2018
MARÍA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de la Comisión
[1]
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA LABOR FISCALIZADORA DE LOS ORGANOS PÚBLICOS COMPETENTES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS, EN PARTICULAR RESPECTO DE LA SITUACIÓN QUE AFECTA A LA COOPERATIVA FINANCOOP (CEI 49).
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión Investigadora mencionada en el epígrafe pasa a informar sobre las actuaciones, proposiciones y conclusiones derivadas de la respectiva investigación.
A. De la competencia de la Comisión
La Cámara de Diputados, en sesión 83ª, celebrada el 25 de octubre del año 2017, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 52 diputadas y diputados para crear una Comisión Investigadora, encargada de recabar información de la labor fiscalizadora de los órganos públicos competentes sobre el funcionamiento de las cooperativas, en particular respecto de la situación que afecta a la cooperativa Financoop (CEI 49).".
Fundamentos
La referida solicitud circunscribió la investigación “a cómo el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha estado realizando su labor de fiscalización a las cooperativas del país. Si esta ha sido oportuna o no, y en especial respecto de la Cooperativa Financoop, si ha tomado los resguardos suficientes para velar por su correcto funcionamiento y por el resguardo de los recursos de las personas que les han confiado sus ahorros en administración.”.
B. Relación del trabajo desarrollado por la Comisión en el cumplimiento de su cometido
Los diputados (as) señores (as) Jaime Bellolio, Bernardo Berger, Loreto Carvajal, Maya Fernández, Sergio Gahona, Carlos Abel Jarpa, Daniel Melo, Ricardo Rincón, René Saffirio, Gabriel Silber, Camila Vallejo, Enrique Van Rysselberghe y Germán Verdugo integraron la Comisión, por acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2017 de la Cámara de Diputados.
Sesión constitutiva
Se efectuó el miércoles 29 de noviembre de 2017, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Jaime Bellolio, Bernardo Berger, Enrique Van Rysselberghe y German Verdugo, quienes eligieron por unanimidad como Presidente de la Comisión, al Diputado señor BELLOLIO, don JAIME.
Reemplazos
En la sesión 7ª. el diputado señor Carlos Abel Jarpa fue reemplazado por el diputado señor Marcos Espinosa.
Sesiones efectuadas
A partir de la sesión constitutiva, se efectuaron sesiones los días 13 y 20 de diciembre de 2017, 3, 4, 17 y 24 de enero; 5 y 6 de marzo de 2018.
Plazo
El plazo otorgado en el mandato fue de hasta 90 días, desde su constitución el 29 de noviembre de 2017.
Personas escuchadas
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas:
Sesión 1ª: el señor Arturo Castillo, representante de los afectados de la Cooperativa Financoop.
Sesión 2ª: el vocero de la Agrupación de Afectados por Financoop, señor Juan Alberto Rivera y el señor Juan Subercaseaux, ahorrante de Financoop.
Sesión 3ª: el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Jorge Rodríguez Grossi; la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Natalia Piergentili; la Jefa del Departamento de Cooperativas, señora Natalia León, y el afectado por la Cooperativa Financoop, señor Patricio Minte.
Sesión 4ª: la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Natalia Piergentili, acompañada de la Jefa del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señora Natalia León; el Presidente del consejo de administración de la Cooperativa para el Desarrollo, Financoop, señor Daniel Albarrán, acompañado del Vicepresidente de Financoop, señor Ernesto Livacic, y, además, los afectados por la Cooperativa Financoop, señores Patricio Minte y Alberto Rivera.
Sesión 5ª: el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa para el Desarrollo, Financoop, señor Daniel Albarrán.
Sesión 6ª: la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Natalia Piergentili, acompañada de la Jefa del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señora Natalia León, y el abogado señor José Henríquez.
Sesión 7ª: el señor Arturo Castillo, representante de los afectados de la Cooperativa Financoop.
C. Principales antecedentes derivados de lo expuesto por los invitados y del debate suscitado en la Comisión
1.- La Ley de Cooperativas y la fiscalización del Decoop
La señora Natalia Piergentili, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, explicó en la sesión 3ª., de 3 de enero de 2018, cuáles eran las misiones institucionales de su repartición. Afirmó que las de la Subsecretaría tienen que ver con la regulación de mercado y los temas de productividad, innovación, emprendimiento, etcétera.
La estructura organizacional de la Subsecretaría tiene a la División de Asociatividad y Economía que contiene dentro de sí al Departamento de Cooperativas y a la Unidad de Asociaciones Gremiales.
¿Cómo y cuál es su capacidad profesional?, se preguntó.
Tienen 18 personas en el área de fiscalización, 11 personas en el área de fomento, 2 en el área de contenidos y 1 en el área de Jefatura de División. Es importante señalar que tienen 6 personas en el equipo de fiscalización contable y 12 en el de Registro y Control Legal.
¿Por qué se dividen de esa manera los equipos? Porque no solo deben fiscalizar a las cooperativas, sino también a 7.034 asociaciones gremiales, además de las asociaciones de consumidores. De tal manera que mucho del trabajo, sobre todo en las asociaciones gremiales, tiene que ver con el área de Registro y Control Legal. Por eso, la mayor cantidad de personas -18 personas- están situadas en ese ítem.
¿Cuáles son las funciones del Departamento de Cooperativas (Decoop)?
- Fomentar el sector cooperativo que fue parte de la nueva ley de cooperativas que se promulgó en enero de 2016.
- Promover programas de gestión.
- Dictar normas para el funcionamiento de las cooperativas.
- Llevar un registro de cooperativas vigentes.
- Supervisar y fiscalizar a las cooperativas definidas en la ley.
Las principales funciones establecidas por la ley desde el ámbito fiscalizador son:
- Supervisar el cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas, lo cual es muy relevante, porque si bien todo es mejorable, la legislación de cooperativas es bastante robusta respecto de todos los aspectos de los procesos los cuales deben supervisar. Es decir, la parte financiera de las cooperativas y el control del tema societario, que para el modelo cooperativo es bastante relevante.
- Controlar operaciones y vigilar la marcha con plenas facultades de inspección y revisión.
- Sancionar infracciones a la legislación aplicable, reglamentos, estatutos, es decir, pueden pasar multas.
- Objetar, suspender o prohibir la ejecución de cualquier acuerdo de las Juntas Generales, del Consejo de Administración, que, por cierto, no es porque quieran introducirse en la legitimidad de las juntas generales de socios, sino cuando algunos acuerdos difieren con la normativa.
Tienen 3.028 cooperativas vigentes y 1.521 vigentes y activas que muestran movimientos en los últimos años.
El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía fiscaliza 3.021 cooperativas.
En 2017 realizaron 316 fiscalizaciones extra situ, es decir, no presenciales, pero sí a través de requerimientos, y se realizaron 53 fiscalizaciones in situ en 53 cooperativas.
Para entender el caso de Financoop, agregó, es muy importante saber cuáles y quiénes son qué en el modelo de cooperativas.
El número de cooperativas de ahorro y crédito es de 45, de ellas 7 son supervisadas por la SBIF y 38 por el Decoop, es decir, de las tres mil y tantas cooperativas, solo 38, de ahorro y crédito, son fiscalizadas por ellos: casi la totalidad.
Cuando se refieren a la Junta General de Socios, es la autoridad suprema de la cooperativa. Lo interesante del modelo cooperativo es que cada socio, independiente del número de cuotas de participación, tiene el mismo valor en términos de voto o de democracia al interior de la cooperativa.
El Consejo de Administración es el administrador superior de los negocios sociales.
El gerente general o cargos ejecutivos, bueno, las cooperativas más grandes, sobre todo las de ahorro y crédito, tienen un staff gerencial.
La junta de vigilancia es el órgano de control interno.
Además, hay depositantes y ahorrantes, clientes no socios, nominados así en el Capítulo VI de las Normas Financieras del Banco Central. ¿Por qué? Porque en muchas cooperativas pequeñas de ahorro y crédito, los únicos ahorrantes son los socios. En el caso de las cooperativas más grandes, hay muchos ahorrantes que no son socios. Entonces, tienen una doble complicación o una doble responsabilidad, que significa hacerse cargo de velar por los intereses de los socios y de los ahorrantes.
¿Cuáles son las normas que rigen para fiscalizar las cooperativas?
La Ley General de Cooperativas, el Reglamento de Cooperativas; la RAE 1321, que dicta las normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo; la RAE 2773, la RAE 2139 y la RAE 4161.
Sin embargo, destacó la RAE 1321, porque es la que se dicta respecto del modelo societario, provisiones, contabilidad, etcétera.
Consideró importante generar pedagogía respecto de que la RAE es tremendamente explícita respecto de cómo se clasifican las carteras y los tramos de morosidad en las cooperativas de ahorro y crédito. En ello, tienen una nomenclatura que, en general, ocupan la totalidad de las cooperativas. De tal manera que cuando hay mora, por ejemplo, de más de 90 días, la provisión es del 50 por ciento.
Cuando hablan de deterioro patrimonial, que es algo que ha sido relevado en el caso que les convoca, están señalando que tienen en el capital, en las reservas legales y en el resultado del ejercicio, un detrimento del patrimonio. Esto quiere decir que no hay liquidez, es decir, el capital suficiente, para cumplir las obligaciones en función de las provisiones realizadas.
2.- Perfil de Financoop y su funcionamiento
El señor Arturo Castillo, representante de los afectados de la Cooperativa Financoop, en la sesión 1ª., de 13 de diciembre de 2017, informó que la Cooperativa tenía un capital, en cifras históricas relativamente recientes, por lo menos, de 5.850 millones. El capital social está compuesto por tres estamentos: un estamento A, un estamento B y un estamento C. El mayor es el estamento A, que son aquellos que se hacen socios -y aquí hay un tema bien delicado- con la finalidad de obtener préstamos. Luego, hay un estamento B de los socios controladores, porque tienen una participación más grande. Recordó que en las cooperativas de ahorro y crédito nadie puede tener más del 10 por ciento del capital social, de manera que es gente que tiene 7 u 8 por ciento y que en total -que son como seis- suman aproximadamente 29 por ciento del capital. Hay un estamento C, que es el 8 por ciento, que entiende que en su momento correspondió al Grupo Norte Sur, grupo empresarial ligado al ex Banco del Desarrollo que vendió su participación a una ONG ligada a la Iglesia Católica francesa que se llama SIDI y que son quienes actualmente detentan ese porcentaje, por lo que ya no está el Grupo Norte Sur en la Cooperativa.
Porcentualmente hablando, explicó, el 62 por ciento lo tienen miles de personas. Son más o menos, 30.000 ó 40.000 personas que han sacado créditos de distintos montos. Aquí se produce una especie de relación incestuosa. En la mayoría de las empresas comerciales, en la banca e, incluso, en el retail, no se permiten empresas ni negocios relacionados. Sin embargo, sucede que, de acuerdo con la propia Ley de Cooperativas, que puede que funcione muy bien en cooperativas de otros ámbitos, pero no en las de ahorro y préstamo, se exige que el beneficiario tenga que ser socio. Entonces, se está ante la situación de que el socio paga 10.000 pesos por una cuota social y se lleva 1.000.000 de pesos en préstamo. Por lo tanto, si hoy la Cooperativa entra en proceso de liquidación, y como pasa en muchos casos nadie se hace cargo de la cobranza, para él, como socio, sería más negocio que quebrara, porque no le cobrarían el préstamo de uno o dos millones que pidió, solo perdería los 10.000 pesos pagados por el acuerdo social. Es un punto que en algún minuto se debiera analizar.
Según las cifras de que dispone, se han captado de los ahorrantes, que son más o menos 2.200 personas, 45.000 millones de pesos. Asimismo, a este sinnúmero de personas se les ha colocado un total de 46.500 millones de pesos, en montos que pueden ir de 200.000 pesos hasta varios millones de pesos. Ante estas cifras, se permitió establecer como parámetro de comparación que en la última Teletón se recaudaron 32.000 millones de pesos, por lo que el aporte de los ahorrantes equivale a una teletón y un cuarto.
La Cooperativa funcionaba, según datos que tiene, más o menos al siguiente ritmo: todos los meses vencían aproximadamente 12.000 millones de pesos en depósitos a plazo. Esos 12.000 millones de pesos se reinvertían y la gente dejaba adentro más o menos el 90 por ciento de ese total, para luego renovar los depósitos y retirar el 10 por ciento restante; es decir, unos 1.200 millones de pesos.
Por otra parte, la cobranza de la Cooperativa era por una cifra equivalente. De los préstamos que estaban cursados, todos los meses se hacían cobros por planilla o directos, y se recuperaban más o menos 1.200 millones de pesos mensuales. Además, según le dijeron, entraba una cifra similar de platas frescas de captaciones nuevas. O sea, entre las colocaciones y las captaciones que se retiraban existía un equilibrio, es decir, 1.200 millones de pesos salían y 1.200 millones de pesos entraban. Existía un superávit o platas nuevas por 1.200 millones de pesos por captación; es decir, la cooperativa funcionaba con bastante sanidad.
Precisó el señor Castillo que la Cooperativa, a diferencia de otras empresas comerciales, solo vende servicios por lo que no tiene activos físicos realizables. Si mañana se realiza su liquidación se encontrará que ni siquiera las oficinas les pertenecen pues son arrendadas, por lo que se venderían un par de mesas y un par de computadores y eso sería todo, mientras se espera que la comisión liquidadora se encargue de cobrar algún día a los deudores. Por ello, cree que la mejor opción es que los ahorrantes, acepten sacrificar tiempo mientras esperan que se recupere el 100 por ciento de su dinero, pues entienden que no pueden propiciar una corrida bancaria porque con eso no ganaría persona alguna dado que ninguna entidad bancaria, ni siquiera los bancos más grandes de Chile, pueden pagarle a todos sus clientes simultáneamente. Por algo existen las normas de encaje y las normas financieras que regulan el tema. En consecuencia, cree que la solución es la reorganización y están por apoyar esa opción.
3.- Antecedentes sobre el estado de la Cooperativa Financoop de que dispuso el Decoop para sugerir las medidas que propuso
De la intervención del señor Castillo en la Comisión, se deducen algunos hechos ocurridos que habrían influido en la situación de Financoop: de las colocaciones que hizo la Cooperativa el principal grupo de clientes tenía descuentos por planilla para efectuar sus pagos. Como consecuencia del dictamen del 2010 de la Contraloría General que prohibió los descuentos por planilla por créditos otorgados a funcionarios públicos de más del 15% de su remuneración disminuyeron los pagos, generándose problemas con la cobranza. Además, la norma tenía efecto retroactivo. También establecía que quienes manifestaran que no querían seguir pagando por planilla, podían hacerlo por caja, por su cuenta o de alguna otra manera. Y algunos simplemente no pagaron. Esto, en términos de flujo, generó un problema muy complejo para la Cooperativa. Los flujos financieros estaban determinados en base a una cantidad de pagos que iba a recibir en el tiempo y cuando estos disminuyeron a la mitad tuvieron que renegociar esos créditos para no sobrepasar el 15 por ciento. Por lo tanto, eso generó un problema de caja. Esa es la explicación financiera del asunto y de esto, al parecer, nadie se dio cuenta.
El señor Castillo planteó que por disposición de la Ley de Cooperativas Financoop debía mandar todos los meses al Decoop la información financiera, de acuerdo con la resolución administrativa exenta Nº 1321. Por lo tanto, ahí debían tener la información, y si la hubiesen indagado con la capacidad técnica que se espera que tenga el Ministerio, se hubieran dado cuenta de la situación. Nadie se dio cuenta hasta que cambió el directorio de la Cooperativa a fines del año 2016.
El nuevo directorio, presidido por don Daniel Albarrán y don Ernesto Livacic, como vicepresidente, quien fue Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, advirtieron esta situación y elaboraron un plan para solucionar este impasse financiero que habría sido manejable vía aportes de capital o enajenación de cartera castigada, lo cual hacen los bancos, pues no son operaciones extrañas ni exóticas. Según entiende, aproximadamente en abril de ese año las autoridades de la Cooperativa fueron al Ministerio y explicaron la situación. Por consiguiente, no se dieron cuenta de la situación producto de una inspección o investigación del Ministerio. La propia Cooperativa fue y se auto denunció diciendo: “Pasa esto y esto otro, y la solución que tenemos es esta.”.
No obstante, la piedra de tope fue la petición que le hiciera el Ministerio a la Cooperativa para que proporcionara el listado de todos los ahorrantes. La Cooperativa se refugió en el secreto bancario para proteger la identidad de los ahorrantes, lo cual parecía que era lo correcto.
Finalmente, esto se resolvió en una causa corta que determinó que se accediera a esa información y la Cooperativa la entregó.
Sin embargo, en el Vigésimo Tercer Juzgado de Letras de Santiago, el Departamento de Cooperativas (Decoop), representado por el Consejo de Defensa del Estado, demandó la disolución de la Cooperativa por la Ley General de Cooperativas porque estaría en un estado de insolvencia. A su vez, la Cooperativa, más o menos simultáneamente, solicitó en el Trigésimo Juzgado de Letras de Santiago una supra organización, que es lo que en general apoyan los ahorrantes, pues creen que es la vía para salir de la situación en que estaban.
Curiosamente, la jueza del Trigésimo Juzgado rechazó la solicitud de la Cooperativa, señalando que no estaba acreditada la insolvencia. Hasta ahí están bien, pues podría haber sucedido que a la fecha de efectuar la solicitud de regularización no existiera insolvencia, pero aclaró que si existía, porque había un montón de ahorrantes que ya tenían depósitos vencidos y que estaban en mora.
4.- Efectos de las medidas adoptadas por el Decoop en el funcionamiento de la Cooperativa Financoop
Continuando con el relato de los hechos, el señor Castillo sostuvo que, primero, se presentó la solicitud de medidas precautorias prejudiciales en el 23º Juzgado de Letras de Santiago, en preparación del juicio sumario que vino después para pedir la disolución de la Cooperativa, aduciéndose, según la Subsecretaria, que esa era la mejor cosa que podía pasar a los ahorrantes. Todavía no entiende, afirmó, por qué ni con qué datos hizo esa afirmación si ni siquiera sabía cuánto era la pérdida patrimonial.
Por su parte, el señor Juan Alberto Rivera, vocero de la Agrupación de Afectados de Financoop, en la sesión 2ª., de 20 de diciembre de 2017, reveló que existían 2.198 familias afectadas por la decisión administrativa, muchas de las cuales dependían de esos ahorros para su subsistencia, pago de obligaciones y tratamientos médicos. Casi el 60 por ciento de las personas eran de la tercera edad. Es decir, se trataba de gente que puso los ahorros de toda una vida para un mejor vivir.
A pesar de que la autoridad conocía la crítica realidad de cientos de afectados, no propició ninguna medida paliativa para los ahorrantes. Además, destacó que la autoridad al conocer las irregularidades ocurridas en la Cooperativa no tomó ninguna de las medidas previas que podría haber tomado de acuerdo con sus facultades y optó directamente por solicitar su disolución. No se realizaron oportunamente los controles de fiscalización que establece la normativa ni se veló por la fe pública al no informar las irregularidades que dicen haber conocido.
Afirmó el señor Rivera que el único camino que garantiza la devolución de sus ahorros es la reorganización, permitiendo mantener el giro de la Cooperativa, y que se subsanen los problemas que existan, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso La Polar, donde se entregaron facilidades extraordinarias para evitar la quiebra.
Existe un perjuicio a la calidad de vida de los ahorrantes y una sensación de angustia y de desamparo tremenda al no tener, después de cuatro meses, claridad respecto del futuro de sus dineros.
Postuló que el principal responsable de la situación es el Departamento de Cooperativas (Decoop) al no ejercer los controles pertinentes y, sobre todo, al reconocer que desde 2013 existían indicios de irregularidades.
Se sienten engañados al haber confiado en un sistema que ofrecía garantías de una buena fiscalización, pero, al encontrarse en esta situación, se percataron que no existe la adecuada supervisión y que hay una deficiente regulación de las entidades financieras no bancarias por parte del Estado.
El señor Rivera puntualizó que respecto de si el Ministerio tomó una decisión apresurada, la respuesta es que fue una acción desmedida y muy apresurada. El discurso que ha mantenido el Decoop es que se hizo para proteger a los ahorrantes. Sin embargo, tomando en cuenta el deterioro que hoy tienen en la calidad de vida, no cree que esa determinación haya sido la más favorable para ellos. Por lo tanto, insistió, fue una decisión muy apresurada y lejos de evaluar todo margen de riesgo o de pensar en que iba a desencadenar finalmente toda esta situación.
En definitiva, la agrupación consideró que esta decisión no fue tomada en favor de los ahorrantes. Podría haber otro trasfondo, pero no se arriesgaría a decir cuál es. Sin embargo, cree que debió haberse tomado alguna medida previamente, como aplicar alguna amonestación, algún llamado de atención, alguna sanción, tal como lo establece la ley, antes de optar por la disolución.
El señor Juan Subercaseaux, ahorrante de Financoop, sostuvo que en la última resolución de la jueza del 23° Juzgado Civil, pidieron al interventor que averiguara bien y elaborara, dentro del breve plazo de una semana, un informe de todos los ahorrantes y sus depósitos, detallando la fecha y el interés de sus créditos, entre otras cosas, para mejor resolver. Señaló, además, que se pidió el listado del universo de ahorrantes, después de que se decretaron todas las medidas.
Primero se iban a repartir hasta dos millones, según el interventor señor Parada. Después corrigió y dijo que se iba a repartir hasta un millón como tope. No se actúa con pleno conocimiento de causa. La Cooperativa tiene información del universo total de ahorrantes, hasta con sus respectivos mails, y bombardea a los cincuenta mil socios con sus comunicados. La gerencia que firma los comunicados es el Consejo de Administración de la Cooperativa. Si la Cooperativa está intervenida, ¿cómo el consejo puede hacer un comunicado? El consejo entrega una visión sesgada de la realidad jurídica, que es muy compleja, porque hay procesos en tres partes. Hay una especie de monopolio de la información que enfrentan los ahorrantes, con una situación muy desorganizada, atomizada, frente a un equipo que tiene todas las variables a la vista.
El diputado señor Bellolio reiteró algunos hechos como que la Cooperativa pidió la reorganización judicial ante el 30º Juzgado Civil, la cual fue rechazada. Y parte de los argumentos por lo que fue rechazada era que no se conocía el detalle del daño patrimonial y, al no conocerse, la reorganización no estaba como una de las opciones, sin perjuicio de que en el 23º Juzgado Civil era donde estaban presentadas las medidas precautorias por parte del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, aduciendo que había un daño patrimonial y que, por tanto, se justificaban esas medidas precautorias. Ahí hay una contradicción muy grande, acotó.
El señor Subercaseaux también se refirió al rechazo -punto que tocó el señor Arturo Castillo-, del plan que la Cooperativa Financoop le ofreció al Departamento de Cooperativas. Dijo que una de las causas era que no estaba la nómina de todos los deudores y que la Cooperativa se amparaba en el secreto bancario. Luego, el Ministerio de Economía fue al juzgado para solicitar dicha información, la cual le fue entregada. Es decir, una de las causas principales para denegar la propuesta original de la Cooperativa ya habría estado resuelta.
Todo ese tipo de cosas llaman la atención, porque si se sigue la cronología de los hechos, es casi como un malentendido, pero resulta que para los afectados no lo es. Al contrario, es un problema bastante mayor, es como una verdadera pesadilla, puntualizó.
5.- Responsabilidad de los órganos de administración de la Cooperativa Financoop
En cuanto a la participación de la Cooperativa en este proceso el señor Patricio Minte, ahorrante de Financoop, planteó en la sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, que es evidente que las faltas que ha cometido la Cooperativa son, sin duda, varias y graves, y muchas solo las han conocido los últimos días. Las más relevantes serían: incumplimiento de las normas legales en relación con las provisiones que por ley debían hacerse, en relación con la cartera riesgosa; no acatamiento de las exigencias hechas por el Decoop, en cuanto al manejo de las provisiones; manipulación de la calificación de la cartera riesgosa, con el fin de ocultar la verdadera situación de recuperación de los créditos y, con ello, disminuir las provisiones; refinanciamiento unilateral de créditos vencidos, otorgando nuevas líneas de financiamiento con el objeto de reducir el monto de la cartera riesgosa; cobros en exceso de intereses no pactados en las operaciones de refinanciamiento -hechos denunciados por numerosos ahorrantes-; deficientes políticas de evaluación de riesgo y de otorgamiento de créditos; ejecución de una inadecuada gestión de cobranzas y recuperación de créditos; maquillaje de los balances y estados financieros, con el fin de ocultar la verdadera situación de la Cooperativa; firmar un avenimiento con el exjefe del Área de Normalización, cambiando la causal de despido con el objeto de que no revelara las anormalidades cometidas -se modificó la causal original de despido, que era por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por una más leve, -necesidades de la empresa-; despido del último gerente general por la causal de incumplimiento grave de sus obligaciones, sin que se haya presentado contra él ninguna denuncia o querella hasta hoy que permita hacerlo responsable de sus actuaciones.
El señor Daniel Albarrán, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Financoop, en sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, manifestó su interés en dar una información completa desde el punto de vista del Consejo de Administración de la Cooperativa.
En primer lugar, entregó algunas consideraciones preliminares sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, como todas las cooperativas, funcionan fundamentalmente no como sociedades de capital, no tienen controlador y son democráticas. Su gobierno corporativo y todas sus instancias se eligen por un hombre, un voto, independiente del capital que ese socio tenga en la cooperativa.
Los clientes de crédito -es importante señalar esto- son los propios socios. O sea, son socios de la cooperativa los que piden crédito en la cooperativa. De manera que todos los que deben plata son los que formaron la cooperativa.
Las cooperativas no son sociedades de capital, sino que sociedades formadas por personas que tienen un interés común, de un servicio a un particular como, por ejemplo, de agua potable, de alcantarillado, de luz eléctrica de consumo; en este caso, de ahorro y crédito. Es decir, muchas personas que quieren darse un servicio de financiamiento, que buscan este servicio y que normalmente no lo encuentran en el sistema financiero, por distintas razones que no son del caso señalar, buscan constituir una sociedad, una cooperativa que en definitiva les permita, con un capital propio, contar con una fuerza para darse créditos. De manera que, respecto de los clientes de los cuales va a hablar con posterioridad sobre su cartera de créditos, es la propia cartera de socios. Ellos les deben esta plata a la Cooperativa.
El segundo punto que mencionó el señor Albarrán es que desde que enfrentaron el problema, el Consejo de Administración centró su foco en lo que era natural que pudieran hacer: en los ahorrantes de la Cooperativa. No es que los ahorrantes fueran los socios, ni que los hubieran elegido en el gobierno corporativo de la Cooperativa. Cuando este Consejo de Administración -y lo va a llamar nuevo, más adelante dirá de qué se trata-, este nuevo Consejo de Administración entendió que frente a algunos hechos muy relevantes estaban en mayor riesgo los propios depositantes que financiaban el 90 por ciento de los activos. Si bien es de ahorro y crédito, la Cooperativa tiene de socios a todos los clientes de créditos, pero no a todos los clientes de depósitos. Los socios solo tienen aportes de capital, también podrían aportar en el ahorro y ser socios de la Cooperativa como ahorrantes, y los hay; pero algunos de los ahorrantes de la Cooperativa son socios también. La gran mayoría no son socios de la Cooperativa.
La estructura financiera de una cooperativa permite, en su desarrollo, ir financiando las actividades con financiamiento de depósito de ahorrantes. Ahora, cuando se ve el balance de la Cooperativa, el 90 por ciento de las colocaciones están financiadas con depósitos de personas que confiaron en la institución, depositaron sus platas en un momento determinado y las han mantenido como en cualquiera otra institución financiera.
Cuando este nuevo Consejo de Administración revisó y se dio cuenta de una situación de inestabilidad, entendió que los depositantes eran los más afectados; por lo tanto, claramente el foco eran los depositantes, sin perder de vista a los trabajadores y socios de la Cooperativa. Desde el primer día, marzo de 2017, su plan estuvo destinado a ver cómo resolvían el problema por la vía de que los depositantes no se vieran afectados.
Por lo tanto, presentaron un plan de fortalecimiento institucional de reorganización, porque el Consejo de ese momento entendió que la Cooperativa, a pesar del problema que tenía era viable. ¿Qué significa esto? Que era capaz de generar recursos para operar normalmente en ese momento y a futuro, y que para ello había que hacer algunas modificaciones significativas que importaban un plan de fortalecimiento institucional en los recursos humanos y tecnológicos, en las maneras de ser, en la cultura del crédito, en el plan de negocio, además de una reorganización y fortalecimiento en el capital. Eso desde un primer minuto.
La semana pasada, sostuvo, han llegado a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, con el Ministerio de Economía, que les permite volver a la situación de ser una empresa viable que, a pesar de los daños que se produjeron -que van a evaluar posteriormente-, es capaz de generar excedentes para recuperar una parte significativa, si no total, del patrimonio de los ahorrantes.
Hizo una pequeña reflexión sobre la detección del problema para poder entenderlo. Antes habló del nuevo consejo de administración. Pues bien, la cooperativa se administra por un directorio llamado consejo de administración que lo forman siete personas que se eligen cada tres años en tres estamentos distintos. Son siete directores, y cada tres años se renueva totalmente y se elige el consejo de administración. Esta cooperativa tiene once años de vida. A mediados de 2016, el consejo de administración renovó tres de los consejeros de la Cooperativa entre los cuales están Ernesto Livacic, Richard Muñoz y quien habla, provenientes de un mundo distinto a la Cooperativa, no ajeno porque la historia tiene otras vidas anteriores, pero sí con una expertise o con un bagaje relacionado con el mundo de las finanzas.
Ernesto Livacic fue Superintendente de Bancos y él fue gerente general de un banco. Ambos tenían cierto bagaje que les permitía evaluar lo que ocurre en una cartera de créditos, que es el principal activo.
A mediados de 2016, cuando llegaron a la Cooperativa, y en el transcurso de ese semestre, fueron descubriendo y analizando situaciones que les fueron generando una inquietud hasta que, finalmente, el 21 de marzo de 2017, el gerente general les informó de algunos manejos comerciales, que en su opinión no son delictuales, pero que la administración anterior administró de una manera distinta, sin cobrarles a los socios con la fuerza que se debe cobrar un crédito. Al descubrir estas carteras de créditos, detectaron que el estándar bancario no estaba siendo aplicado en la cartera de colocaciones.
Durante los once años anteriores a la situación que está mencionando, el consejo y su administración utilizó los criterios establecidos desde hace mucho tiempo por la autoridad que regula y fiscaliza a las cooperativas, que es un reglamento de manejo contable y de provisiones en función de vencimiento y en función de morosidades. Bajo el estándar bancario, un crédito vigente no vale cien. Hoy la Superintendencia de Bancos cuando establece una regulación de créditos y cuando el banco otorga un crédito, el día que lo otorga, tiene que ser capaz de predecir, de estimar el riesgo de ese crédito y aunque se trate de un crédito bueno, recién dado, ese crédito lleva necesariamente una provisión; unos más grandes y otros más pequeños. Es decir, no es necesario que esté vencido o que el cliente diga que tiene problemas para que bajo un modelo predictivo de riesgo se hagan provisiones.
Al observar la cartera se encontraron que muchos clientes que estaban vigentes en la cartera, clientes socios, probablemente, no serían capaz de pagar ese crédito. No el ciento por ciento, pero sí una cantidad significativa y eso no estaba reflejado porque los modelos de riesgo que la regulación establece en este sistema utiliza otros criterios. No critica estos criterios, pero difieren del que usaría una institución financiera bajo la lupa de un estándar bancario. Este nuevo consejo al ver esto estableció que estos segmentos de cartera deberían tener provisiones y no las tenían. Como estaban vigentes, la evaluación de la calidad del crédito, si ese socio iba a pagar o no la totalidad, no era posible en el minuto detectarlo, pero requería de provisiones.
El señor Albarrán reiteró que los balances estaban bien con la regulación existente, pero mal desde el punto de vista de una predictibilidad de recuperación. Había una contradicción entre un criterio que no era el que tenía que utilizarse, que tenía que usar la Cooperativa, y el criterio que parecía prudente -como buen padre de familia que cuida sus bienes- en el uso de estos.
Entonces Financoop, de manera preventiva, comunicó este problema al Departamento de Cooperativas y presentó un plan de fortalecimiento que permitiría continuar operando con normalidad sin afectar a los depositantes. Se evaluó el problema y se dieron cuenta que la cartera no valía lo que decían los libros. Fueron a plantear que tenían un problema en la Cooperativa y era que la foto de los activos no era igual a la de los pasivos; había más deuda que capacidad de cobro. Era una foto estática y los bancos no son estáticos, sino dinámicos. El Banco de Chile, el Banco Estado o el Deutsche Bank tienen activos que presta a gente y pasivos que capta del público y otros. Si todos los depositantes fueran mañana al Deutsche Bank para que les devuelva la plata no podría devolvérsela porque la tiene prestada. El banco tiene mecanismos de control, de liquidez y apoyos de línea para afrontar situaciones de riesgo pequeños, pero no del total. La foto de un banco lo obliga a decir si está o no quebrado. La foto de un banco obliga a hacer un segundo clic y revisar si sus flujos son capaces de responder a los flujos de los pasivos y que en un tiempo prudente la generación de excedentes de su negocio pueda cubrir todo el déficit que tenía. Este consejo hizo esta revisión y dijo: somos capaces en diez años de cubrir toda esta cartera, que es mala, y que podría valer cero, pero esta Cooperativa es capaz de recuperar excedentes suficientes para tapar ese hoyo. La cartera no valía cero, y sigue sin valer cero ¡Vale! En el análisis el consejo dijo que la empresa, con estos flujos era capaz de cumplir.
Por lo tanto, crearon un plan mediante el cual no tenían que decirles nada a los depositantes. Ellos debían seguir creyendo que la Cooperativa era capaz de generar recursos y de pagar, como lo había hecho hasta ahora. Si alguien quería retirarse, lo podía hacer, pero nunca se habrían querido retirar todos. Se retiraba el 3, el 5 ó el 8 por ciento, y se les pagaba. Luego, entraban otros. La rueda de los pasivos estaba ordenada. La rueda de los activos tenía un pequeño forado que requería una cirugía mayor.
Presentaron un plan a la autoridad y serían los responsables de ejecutarlo. No se trataba simplemente de arrojar números e irse para la casa. Había que echarlo a andar. Hicieron los estudios, le pidieron a un asesor externo que hiciera la validación y ver si el modelo resistía. Eso es lo que le plantearon a la autoridad y esta dijo: ¡Hagámoslo! Le pareció que eso era lo correcto.
Respecto del tema de las provisiones el señor Daniel Albarrán, en la sesión 5ª., de 17 de enero de 2018, explicó que la provisión es un gasto en una institución financiera. Cuando una institución financiera hace una provisión en un mes determinado tiene que llevar esa provisión a un pasivo e, inmediatamente, lo lleva al estado de resultados como un ítem negativo, es un costo como si fuera la remuneración de un trabajador. Por lo tanto, cuando se hace una provisión, se hace una pérdida. Esa pérdida no es necesariamente una pérdida definitiva porque esa provisión es una estimación del monto de la pérdida asociada a ese crédito. De manera que si ese crédito se paga entero, la provisión se revierte e ingresa como resultado positivo, se devuelve como un ingreso. Por lo tanto, cuando se hace una provisión esta afecta el resultado y afecta el patrimonio.
La pregunta sobre qué va a pasar con el patrimonio, se puede responder diciendo que el patrimonio se deteriorará el día que hagan la provisión en su monto completo, tiene que deteriorarse en cualquier banco y en la Cooperativa. Lo que estaba pendiente era que se debía hacer la provisión sobre unos créditos que aunque no estuvieran en mora si cualquier analista especialista en materia de riesgos los hubiera analizado habría determinado que requerían una provisión. Hacer una provisión, como ya dijo, no significa que va a ser una pérdida definitiva porque el día que se pague ese crédito, la provisión se recuperará, recobrando la institución el patrimonio que perdió, pero en una institución financiera la provisión es necesaria. El ejemplo de un crédito a Codelco o a cualquier otra compañía lleva una provisión y la Superintendencia de Bancos obliga a hacerlo, porque siempre existe un riesgo, solo que mientras mejor sea la empresa el riesgo es menor. En estos créditos se requiere una provisión y el Departamento de Cooperativas tiene facultades, como dice la normativa que los regula, para ordenar mediante un oficio que un crédito que no tiene mora y que no se puede aprovisionar por voluntad propia, debe ser aprovisionado.
Ese oficio ya no solo lo envió el Departamento de Cooperativas, sino que ordenó aprovisionar estos créditos y por este monto, lo que ya se hizo. Se les pidió de acuerdo con la transacción que realizaron en enero, y se les pidió que fuera incorporado al balance de junio de 2017. Por lo tanto, en junio de 2017 emitieron de nuevo los balances y el correspondiente a este mes iba a tener una pérdida reflejada en el estado de resultados y en su patrimonio y ese balance, también, por la transacción lo deben llevar a la junta de socios porque los socios tienen que conocer su realidad financiera y saber que hay una pérdida, un patrimonio negativo que debe ser resuelto.
Las normas obligan a aprovisionar en función de la expectativa de pago del cliente, es decir, si el cliente es más riesgoso la provisión puede llegar a 100 por ciento, y ese 100 por ci ento aparece en el balance. Ya el balance del 30 de junio está hecho, la citación a los socios ya se envió para que asistan el 29 de enero y el balance ya lo conocen, que muestra una pérdida patrimonial importante, por reconocer una obligación de enterar provisiones que no estaban hechas.
Respecto de la auditoría, ha dicho en reiteradas oportunidades, y se ha juntado con los auditores, que son auditores de primer nivel, como Ernst and Young que ha sido auditor de esta Cooperativa, lo que ellos dicen es que hicieron su auditoría con los procedimientos y las normas que el Departamento de Cooperativas impone a este tipo de cooperativas.
Por lo tanto, su opinión está fundada en esa regulación. No en la regulación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Si lo hubieran hecho con las normas de la Superintendencia de Bancos probablemente habrían tenido que decir que faltaban provisiones desde hace tiempo. Pero como no regulaban con esas normas, y no era su tarea cambiarlas, porque depende de otros, ellos auditaban con esas normas. Insistieron en que eso es lo que corresponde y, en consecuencia, existiría un conflicto más bien de carácter normativo.
6.- Gestiones del Decoop durante las distintas etapas objeto de la investigación
La señora Piergentili, en sesión 3ª., de 3 de enero de 2018, informó que entre el 2013 y el 2014, la fiscalización que realizó el Departamento de Cooperativas muestra señales de una práctica errada en lo referente a la clasificación de los créditos y/o préstamos y, con ello, de las provisiones, instancias en las cuales se les solicitó rectificar.
Durante el 2015 y el 2016, la Cooperativa cumplió con la entrega de información periódica, según lo estable la ley, pero, además de eso, entregó balances auditados por una empresa externa, que es lo que se le solicita a estas cooperativas. De tal manera que, sin perjuicio de que efectivamente hubo un llamado de atención respecto de la clasificación de los créditos, posteriormente la Cooperativa cumplió con la entrega, incluso de sus balances auditados.
Durante todo este tiempo, la institucionalidad, Departamento de Cooperativas, el Ministerio de Economía, a través de todos los instrumentos que tiene, se comunicó, conversó, apo yó y recomendó cuestiones a la Cooperativa. De hecho se hacen informes de supervisión, oficios por inversiones; se le piden antecedentes a Financoop, se solicitan nuevamente antecedentes de
2014, se adjuntan actas de fiscalización a la entidad donde se les pide hacer ciertos cambios, etcétera. El 2016 finaliza con Financoop entregando al Departamento de Cooperativas la información periódica respectiva, junto con su balance auditado por la auditora KMPG.
Al asumir el actual directorio, este pidió una nueva auditoría externa, porque no estaban conformes con lo que se les informa al momento de asumir el directorio de la Cooperativa. Es decir, presentan reparos a la información que la propia cooperativa les da a ellos como nuevos directores, y es allí cuando se acercan al Departamento de Cooperativas.
Al respecto, ellos advierten, con otras directrices, es decir, con un aprovisionamiento señalado en la RAE 1321, que hay daño patrimonial. O sea, advierten que la forma de aprovisionamiento no es la adecuada, y que si la hicieran de manera adecuada, habría un daño patrimonial. A continuación, se hace un oficio de fiscalización del Decoop solicitando información para poder procesar la información de manera más detallada. Aquí, es cuando manifiestan las dudas razonables respecto de que existe daño patrimonial, esa es la única información que tienen, de tal manera que, lo primero que hicieron fue pedir de oficio una gran cantidad de datos, que no son parte de las entregas que tiene que hacer la cooperativa de manera mensual.
Ahí es cuando los impugnan judicialmente, porque señalan que la información está sujeta al secreto bancario. Asimismo, se les niega la entrega del informe del auditor externo. Al respecto, ya sabían que existía, pero en un principio no lo compartieron.
Posteriormente, ellos les presentan una propuesta de plan de fortalecimiento, el cual debía ser aprobado por la junta general de socios. Tal como lo señaló anteriormente el Decoop recibió una presentación de un plan; un PPT, no un plan, y a ellos les parecía que cualquier plan tendría que presentarse en la junta general de socios, cuestión que así ocurrió, y el Decoop no tenía por qué aprobarlo o rechazarlo.
Posteriormente, se realizó la junta general de socios, en la cual se rechaza el balance 2016, lo cual es muy correcto, toda vez que existen dudas razonables respecto de los resultados del mismo y, en la instancia, se propone crear una fundación para traspasar la cartera vencida.
El Decoop rechazó la creación de una fundación para el traspaso de la cartera vencida. Ellos como fiscalizadores no son el soberano ya que es la junta general de socios; sin embargo, sí les correspondía revisar los acuerdos de la junta general de socios para que no tuviera ninguna contraposición con la normativa. En ese contexto, la incertidumbre respecto de que la cartera riesgosa se traspasaba a una fundación, que hasta ese minuto no estaba creada, les parecía que desde el rol de fiscalizadores no podían aprobar.
Posteriormente, hicieron una fiscalización in situ de dos días, y no solo pudieron recabar información de muestras, de pagarés y de otros, sino que además informaron, a partir de todas las muestras que tomaron, que existía un deterioro patrimonial importante. En ese instante se tiene a la mano el informe del auditor que habían contratado en un inicio los nuevos directores y claramente el daño patrimonial que se señalaba en ese informe de auditoría, versus lo que ellos recogieron, era bastante similar.
Para hacerse una idea más fundada de lo que sucedía, ¿qué tipo de información solicitaron? Como podrán ver en la parte de las observaciones, los impugnaron judicialmente; les otorgaron mayores plazos; tuvieron reuniones con su consejo de administración para explicar la información que requerían, etcétera.
Destacó la señora Subsecretaria que los oficios son un instrumento público que es parte de la fiscalización. O sea, no es un mero trámite para el rol del fiscalizador enviar oficios solicitando información o qué tipo de análisis de información. Es parte de una de las herramientas que tienen para la fiscalización. Por lo tanto, eso fue parte del proceso de fiscalización.
A partir de los datos recabados del análisis del estudio del auditor externo ya podían estimar un daño patrimonial por sobre el 150 por ciento.
Por cierto, aun cuando el rol de fiscalización correspondía a la Subsecretaría de Economía, sobre la base de lo que había sucedido en años anteriores con otras cooperativas, por ejemplo, Cooperativa Abate Molina, en la Región del Maule, tenían que poner al tanto de la situación al sector económico del Gobierno para evitar una posible corrida o un efecto contagio en el sistema de cooperativas.
Por lo tanto, este tema fue tratado en su minuto con el entonces ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés; con el exministro de Economía, con el apoyo de Eric Parrado, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
Por el hecho de que se podía producir un efecto contagio o un efecto corrida se presentó una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que los representara en un juicio de disolución forzada. Es relevante señalar que la disolución forzada es la única herramienta que les permite la Ley de Cooperativas, junto con las multas, para hacer una cirugía mayor en este tipo de problemas. El interés nunca fue que la Cooperativa se disolviera, sostuvo, insistió sin embargo, que tenían que preocuparse de dos grupos: los socios y los ahorrantes no socios. El punto, consignó, es que la ley los faculta para pedir disoluciones.
No fue un mero trámite que el Consejo de Defensa del Estado los representara. Ellos tenían que decir si había lugar a que el Decoop hiciese esta gestión, y por cierto así fue.
Posteriormente, a fines de agosto hubo un cambio en los gabinetes ministeriales. Por lo tanto, a las nuevas autoridades, al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Jorge Rodríguez Grossi, y al nuevo Ministro de Hacienda, había que ponerlos al tanto de este tema. Tuvieron reuniones con ellos y con asesores de ambos ministerios, y siguieron monitoreando la situación de las cooperativas. Además, durante este tiempo participaron en el Consejo de Estabilización Financiera del Ministerio de Hacienda, de tal manera de poder tener el acompañamiento y el asesoramiento de esta entidad experta. La decisión tomada para solicitar la disolución forzada de la Cooperativa no fue tomada por un funcionario. Fue adoptada por las autoridades del Ministerio de Economía, en su minuto, Luis Felipe Céspedes y quien les habla, en conversaciones y con la asesoría del Ministro de Hacienda y del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
Reiteró las razones. Hay tres acciones por las cuales pueden operar en la Ley de Cooperativas: la fiscalización, las multas y la disolución forzada. Las multas, en este caso, hubieran ocasionado que fuera peor el remedio que la enfermedad porque al plantear la multa ellos tienen períodos de réplica de la multa. Por lo tanto, en ese intertanto de réplicas y contestaciones habrían generado una alerta a cierto grupo, y no a todos los ahorrantes, respecto de que había un problema en Financoop.
Además, aun si hubiesen querido dar alguna alerta a los ahorrantes comunicándoles que tuvieran presente los antecedentes de la Cooperativa en la cual ponían sus recursos, no pueden, porque están bajo secreto del fiscalizador al fiscalizado. Reiteró que en un inicio, desde que la Cooperativa acudió a ellos para plantear que tenían un problema, hasta que tuvieron todo el desencadenamiento de hitos, ellos se acogieron al secreto bancario en los tribunales. Por lo tanto, aun cuando hubiese querido saber quiénes eran los ahorrantes y generar alguna alerta, tampoco hubiesen podido porque no sabían quiénes eran ni dónde estaban ni cuánta era la cuantía de sus depósitos.
En cuanto a la relación de lo ocurrido en los juzgados, destacó que en el 29º Juzgado Civil de Santiago estaba la impugnación que les hizo la Cooperativa respecto de acogerse al secreto bancario, la cual fue rechazada por el tribunal. En el 30º Juzgado Civil de Santiago se estaba desarrollando la solicitud de reorganización. La Cooperativa presentó un recurso para hacer la reorganización, que fue rechazado por el tribunal. Presentaron una queja a la Corte de Apelaciones.
La señora Piergentili agregó que fueron parte de la causa en el 30º Juzgado. Reiteró que no están en contra de la reorganización. Al contrario, creen que es el mecanismo que cautela de mejor manera, en un escenario complejo, los intereses de los socios y de los ahorrantes no socios.
El punto es que basándose en la Ley de Cooperativas, que a su juicio prima en este contexto, es la junta general de socios la que defina los horizontes de la Cooperativa.
En el 23º Juzgado Civil de Santiago está la causa propiamente tal. ¿Cuál fue el curso de esta? El 14 de agosto de 2017 la jueza decretó trece medidas precautorias, entre ellas el mal llamado “corralito”, prohibición de celebrar actos y contratos, captaciones, inversiones financieras, ingresos de nuevos aportes de capital, etcétera.
De esas precautorias solo se han levantado dos totalmente: ingreso de nuevas captaciones e ingresos de nuevos aportes de capital. Cinco se han alzado parcialmente. O sea, se ha hecho devolución. Una de las más relevantes es que se ha hecho devolución de fondos, pero hasta un tope de 2 millones de pesos por ahorrante.
Las medidas que se encuentran vigentes cumplen en su totalidad con el fin de seguir aumentando la caja de la Cooperativa, para que en el transcurso del proceso pueda responder de mejor manera.
Aspectos importantes que en el rol de fiscalizadores les compete indicar. Si la mala clasificación de las morosidades, de las carteras riesgosas, reviste carácter de delito es algo que como fiscalizadores no pueden señalar. Por lo mismo, y de manera formal, hicieron una consulta al Consejo de Defensa del Estado preguntando si con la experiencia que tienen, consideraban que ameritaba que expusieran todos los antecedentes de Financoop ante el Ministerio Público para visualizar si eventualmente algún hecho revestía el carácter de delito. Como señaló, no lo pueden argumentar ni probar, pero como el Consejo de Defensa del Estado les sugirió hacer la denuncia, esta fue presentada en la Fiscalía Centro Norte en octubre de 2017.
Se inició la solicitud de las medidas prejudiciales que señaló hace unos instantes; entre ellas la retención de bienes, la prohibición de celebrar actos y contratos, la suspensión de ciertas actividades y el nombramiento de un interventor. El 14 de agosto de 2017 se decretaron todas esas medidas prejudiciales y el 16 de agosto Financoop fue notificada. Financoop y los terceros coadyuvantes contestaron la demanda el 16 de octubre de 2017. Como señaló, en función de cualquier duda que pudiese existir respecto de que algunos hechos revistiesen el carácter de delito, se hizo la denuncia en el Ministerio Público con la presentación de antecedentes.
El tribunal debía recibir la causa a prueba. En ese punto estaban en ese momento, es decir, fijando los hechos sobre los cuales tendría que rendirse la prueba.
En el intertanto, otra cosa que ha salido en los medios de comunicación es que no se descarta la posibilidad de arribar a un acuerdo entre las partes. Es importante señalar que uno de los representantes de los ahorrantes, el abogado Tomás Fabres, que es un tercero coadyuvante en este litigio, le pidió expresamente a la jueza que abriera el espacio para una posible conciliación; la jueza les planteó aquello, ellos acogieron el planteamiento judicial y han estado haciendo un trabajo con la Cooperativa de manera de llegar a un acuerdo. También es importante señalar que el acuerdo en este tipo de casos es entre el demandado y el demandante. Por tanto, en este caso solo participan el Departamento de Cooperativas y la Cooperativa en cuestión.
Todavía están conversando con la Cooperativa para llegar a un acuerdo que no implica no seguir fiscalizándola, sino que guarda relación con lo que dijo al inicio, cual es resguardar los intereses de los socios, de los ahorrantes no socios y, además, que la Cooperativa sincere su estado de balance y su estado patrimonial.
Por lo tanto, es importante señalar que el Departamento de Cooperativas, a través del Ministerio de Economía, no llegará a ningún acuerdo si no se esclarece el daño patrimonial y el ciento por ciento de los balances sea modificado y aprobado en una junta general de socios. Si esa junta soberana define la reorganización u otro mecanismo, desde la institucionalidad, lo apoyarán.
El principal motivo por el que presentaron la demanda fue -podían haber pasado multa- que cada día que perdían, por no tener toda la información y estar litigando en algunos juzgados por el tema del secreto bancario, se incorporaban ahorrantes a la cooperativa sin conocer su estado patrimonial. Claramente, eso era un acto irresponsable. Además, existía el riesgo de contagio del modelo, lo cual ocurrió con cooperativas más pequeñas, como Abate Molina, y de posible corrida de ahorrantes, lo cual desestabilizaría al resto de las cooperativas.
Por otra parte, la medida precautoria impidió también que algunos que pudieran haber tenido información privilegiada -por ejemplo, si hubieran pasado multa a los del consejo de administración o a otros del staff gerencial- y retirado sus ahorros antes, en desmedro de los socios y ahorrantes no socios que no tenían esa información.
La señora Natalia León, Jefa del Departamento de Cooperativas, en sesión 3ª., de 3 de enero de 2018, explicó que en consulta al Consejo de Defensa del Estado, vieron qué posibilidades existían de llegar a esa mal llamada conciliación, porque realmente es una transacción. Han estado en reuniones formales con la Cooperativa para establecer los mínimos planteados por la Subsecretaria, a fin de resguardar el interés que siempre hubo en esta causa. Como la Cooperativa tiene un balance rechazado de 2016, su interés es que la junta general de socios apruebe los nuevos estados financieros, pero con el reconocimiento del real deterioro patrimonial.
Asimismo, que en una segunda instancia la junta general de socios apruebe los balances y, además, defina el devenir de la Cooperativa. En ese entendido, acogiéndose al artículo 68 de la RAE N° 1321, teniendo un deterioro patrimonial mayor al cincuenta por ciento, ellos pueden acordar aumentar el capital, la disolución de su cooperativa o bien acogerse a otra decisión que bien podría ser la reorganización.
La Cooperativa ha manifestado en distintas instancias tener la intención de promover la reorganización. Ante lo cual nunca se han opuesto, siempre y cuando sea una decisión de la junta general de socios y no solo del directorio o de los altos ejecutivos que lideran.
Hicieron la presentación del borrador de transacción en el Consejo de Defensa del Estado. Una vez ratificado por el Comité Civil del Consejo de Defensa del Estado, procederían a la firma y posterior presentación a la magistrada, para que esto fuera parte del juicio. En ningún momento han querido que no sea parte del juicio. A veces, por la prensa u otras instancias, puede entenderse que han sido reuniones sostenidas fuera del caso judicial pero, ello no es así, porque siempre han sido parte de lo que la magistrada les ha permitido y, por cierto, ella también está al tanto de todo esto.
7.- Responsabilidad del Decoop por la falta de información a socios y ahorrantes de la Cooperativa Financoop
La señora Natalia León, en la sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, mencionó que se ha recibido a todo aquel ahorrante que ha solicitado reunión con el Departamento de Cooperativas. A la fecha han realizado 115 reuniones con distintos ahorrantes, con distintos niveles de ahorro y con distintas problemáticas.
Como reguladores, actuaron aun cuando no había reclamos de parte de los usuarios. Actuaron antes de que existiese una eventual corrida y antes de que fuese un problema mediático más que un problema administrativo. Lo mencionó, porque los representantes del directorio de la Cooperativa plantearon que propusieron salir adelante sin contarles a los depositantes la situación real que se estaba viviendo. Como reguladores nunca estuvieron de acuerdo en ese proceder.
8.- Ministerio de Economía (Decoop) cumplió o no, adecuadamente, su rol fiscalizador en resguardo de los intereses de los ahorrantes
En cuanto a la disolución forzada señaló la señora Subsecretaria de Economía, en la sesión 3ª., de 3 de enero de 2018, que podrán preguntarse por qué no partieron con la reorganización si hoy están abiertos a esa posibilidad, pero es un tema de procedimiento y, además de fondo, que tiene que ver con lo siguiente: Si el magistrado hubiese aceptado la reorganización de parte de la Cooperativa -la que presentó y posteriormente se rechazó-, en esa junta de acreedores hubiese habido algunos con información y otros no. Por ejemplo, las personas que no se informan por el Diario Oficial quizá no hubiesen sabido nunca que había una junta de acreedores, a la que debían ir a defender sus intereses.
De tal manera que tienen la convicción institucional, y en este caso personal, de que todo este proceso más largo y difícil significará que, si la junta general de socios determina que la reorganización es el mejor camino, los afectados van a saber en qué proceso están, dónde se va a hacer esa junta, dónde tienen que ir y con quién tienen que hablar respecto de su plata. Eso fue el corazón de lo que tenían que resguardar: por una parte, a los socios dueños de la Cooperativa y, por otra, a los ahorrantes no socios, que son aquellas personas más vulnerables, con menos posibilidad de información y con más indefensión frente a este lenguaje hostil y complejo.
La señora León afirmó que otra duda que existe en algunos de los afectados se refiere a cómo ahora se va a aprobar una reorganización que antes se rechazó. En primer lugar, una de las razones que se esgrimieron para el rechazo de aquel tribunal fue que había un estado financiero rechazado y un estado financiero auditado por una empresa externa. Por tanto, el que estaba auditado no declaraba insolvencia y el que estaba rechazado no existía como tal; entonces, era muy difícil que un tribunal pudiese declarar la reorganización con tan poca información. Por eso, se presentó un recurso de queja en la Corte de Apelaciones. En segundo lugar, la transacción establece que termina el juicio de disolución forzada, salvo que se incumpla algunos de los acuerdos de la transacción, y en este punto debe decir que el Consejo de Defensa del Estado ha sido muy minucioso en que el acuerdo esté “redondito”, o sea, que no haya ningún punto por el cual algún abogado, algún asesor o alguien pudiese decir: “Me puedo agarrar de esto y me voy por el lado”. Ha sido un proceso lento y muy minucioso en términos de que la transacción aborde cada uno de los puntos y, además, esté condicionada a que se cumpla.
El señor Patricio Minte, en sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, expuso sobre la actuación que le ha cabido al Decoop. Sus sentimientos -imagina que igual a los de la mayoría de ahorrantes de Financoop al enterarse que la Cooperativa había sido intervenida- fueron tanto de frustración como de indignación. Frustración, por verse totalmente desamparados frente a una acción unilateral de la autoridad fiscalizadora, la que los dejaba sin acceso a sus recursos, y de indignación, por darse cuenta que alguien los había engañado.
El Decoop tenía por mandato legal fiscalizar el funcionamiento de Financoop y para ello debió utilizar todo el arsenal de herramientas administrativas que pone a su disposición le Ley General de Cooperativas para cumplir su cometido, pero saben que no lo hizo.
Específicamente, los artículos 108 a 112 de dicha ley contienen un detalle exhaustivo de dichas atribuciones. No obstante, el Decoop nunca aplicó una multa a la Cooperativa, opción legal que, por su categoría, es una de las mayores sanciones que la ley facilita al fiscalizador. De haberla aplicado habría dado una señal inequívoca al controlado de que su conducta se había desviado de las normas vigentes.
Sus funcionarios han justificado permanentemente su incapacidad para realizar una labor fiscalizadora en forma eficiente arguyendo que no disponen de los recursos suficientes para hacer frente al sinnúmero de tareas que les asigna la ley. Para él lo dicho por la autoridad es solo una pobre e inaceptable excusa para no cumplir con lo que la ley les exige. Algunos de sus funcionarios faltaron a la verdad al declarar públicamente que el Decoop “no tenía la información real que se vivía en Financoop, ya que esta no les hacía llegar los antecedentes que por ley les correspondía”.
La Cooperativa negó rotundamente esta aseveración, pues el propio presidente, señor Daniel Albarrán, aseguró que periódicamente remitían al Departamento de Cooperativas toda la información que les exigía la ley. Hecho que posteriormente los mismos funcionarios del Decoop reconocieron.
Confirmando la incapacidad de ese servicio para obtener información relevante, necesaria para cumplir su labor fiscalizadora, la propia señora Piergentili reconoció ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el 11 de octubre recién pasado, que el 7 de julio de 2017 los propios directivos de Financoop la pusieron al tanto de los problemas financieros que estaba enfrentando la Cooperativa. Cuando efectivamente se pudo constatar las dificultades financieras por las que atravesaba Financoop, debió alertar a los ahorrantes de lo que estaba sucediendo -tal como obliga la ley- para que no renovaran sus depósitos ni hicieran nuevas inversiones. Sin embargo, no lo hizo.
Tampoco hizo pública la situación de la Cooperativa, pues temió que se hubiera producido lo que la señora Subsecretaria llamó correctamente una “corrida”, fenómeno que no solo hubiera afectado a Financoop, sino también al resto del sistema de cooperativas. Como consecuencia de ello, ingresaron ingenuamente nuevos inversionistas a la cooperativa, quienes hoy también son víctimas. No cabe duda de que la autoridad simplemente prefirió callar y privilegiar el mal menor.
El Decoop no fue capaz de idear una efectiva solución que evitara el desastre que hoy enfrentan, porque desde un principio no tuvo la voluntad para ello. Eso quedó en evidencia cuando rechazó el acuerdo elaborado en conjunto con Financoop -según trascendidos, con participación de funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras-, con el cual se pretendía revertir la delicada situación financiera de la entidad.
Según se ha señalado, en ese acuerdo se contemplaba un aumento de capital por 5.000 millones de pesos y la creación de la “Fundación para la Acción Cooperativa”, entidad que se haría cargo de la cartera riesgosa.
Ante la impotencia para realizar su cometido fiscalizador en forma eficiente, el Decoop decidió aplicar la medida más extrema que le confería la ley. Así, el 14 de agosto de 2017, a través del Consejo de Defensa del Estado, solicitó al 23° Juzgado Civil de Santiago, la disolución forzada de la Cooperativa.
Finalmente, esta institución ha mostrado una actitud contradictoria y ventajista frente a una de las opciones que existen para dar salida a la situación que viven los ahorrantes, esto es, la reorganización. En efecto, esto es así, pues inicialmente el Decoop se opuso tenazmente a la solicitud presentada por la Cooperativa en el 30° Juzgado Civil de Santiago, en la que solicitaba que se autorizara la reorganización, haciendo intervenir al Consejo de Defensa del Estado. Posteriormente, cuando dicha solicitud llegó a la Corte de Apelaciones, tribunal que tenía que resolver al respecto, nuevamente, por medio del Consejo de Defensa del Estado, recusó a uno de los integrantes del tribunal, lo que retrasó la vista de la causa.
Hoy, el Decoop aparece como el más entusiasta partidario de la reorganización, cambiando radicalmente su postura. La única explicación que le parece aceptable es suponer que el organismo fiscalizador se dio cuenta de que, al insistir en la disolución forzada, sería señalado como el villano de la película. En cambio, al apoyar la reorganización, limpiaría su imagen, pues esa sería la mejor opción para los ahorrantes. Ese apoyo a la reorganización solo pretende diluir la inmensa responsabilidad que el Decoop tiene en lo sucedido.
El señor Daniel Albarrán en la sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, estimó necesario recalcar que los estándares de regulación del Decoop eran insuficientes. Este ya no es un problema de fiscalización; no es un problema de si el funcionario lo hizo bien o mal, acotó. El problema es que la concepción de la regulación es débil. Si se tiene una regulación débil y el fiscalizador aplica bien esa regulación, igual es débil. El fiscalizador lo está haciendo bien, pero si tiene un marco de trabajo débil, van a tener problemas.
En 2009, en Chile, las carteras de crédito buenas y malas sufrieron con la crisis. En esas condiciones las cosas se complican y se agudizan. Por lo tanto, los estándares del Decoop fueron insuficientes para la fiscalización de las cooperativas. Los estados financieros de la Cooperativa fueron certificados por calificados auditores de acuerdo con la normativa de regulación correspondiente. No necesariamente estaban bien aprovisionados con el estándar bancario, pero sí con el estándar de la regulación que se les aplicaba. Han reclamado muchas veces a los auditores de cómo pudieron estar siete años mandando auditores a revisar y entregando el informe en limpio. Bueno, porque cumplían con el estándar.
Los auditores hacen un tremendo trabajo, pero terminan entregando una hojita con tres líneas. Opinan que bajo ciertos estándares y en periodos normales tal empresa funciona y cumple, y obviamente dice bajo qué regulación lo hace. Son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre las antiguas normas contables chilenas, o en este caso las normas aplicadas por el Departamento de Cooperativas sobre la regulación que las obliga. Por ejemplo, dice: Este balance cumple. Dice muy poco, que cumple, pero eso es todo lo que se le pide al auditor. Entonces, creyendo que la Cooperativa era viable, bajo alguna condición de apoyo administrativo y de refortalecimiento, iniciaron esta tarea.
Respecto de la cartera, señalaron que con un buen plan de fortalecimiento era posible seguir funcionando con normalidad. Eso es lo que estimaron y lo siguen estimando, a pesar de que en estos siete u ocho meses que han transcurrido ha habido deterioros adicionales producto de costos, de cero ingresos y de problemas con los clientes.
Cabe señalar que las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos tienen clientes, y cuando las empresas no les dan buenos servicios se van. Las mejores carteras ya no existen. Sin embargo, siguen creyendo que hay viabilidad de desarrollo bajo ciertas medidas.
Esta es la verdad de salir con el plan de que los socios pusieran dinero, de que lograran manejar la cartera con amortización de sus pérdidas en el tiempo y con un plan de cambio institucional, porque obviamente con la misma gente y con las mismas prácticas que se habían llevado hasta 2016 las cosas no iban a ser buenas. Había que hacer cambios. Y mientras estaban en el proceso de implementar esto, cuando la junta de accionistas lo había aprobado y estaban formando una fundación para que tomara la cartera para amortizar las deudas en diez años, el Ministerio de Economía solicitó medidas prejudiciales precautorias. Ese día se produjo un problema mayor. Tenían un problema. Definitivamente, los problemas los creó la Cooperativa, pero ese día se creó un problema mayor, reiteró. Las medidas prejudiciales ocasionaron un desmedro a lo más importante de una empresa financiera o de una cooperativa: la reputación y el prestigio.
Las empresas bancarias viven de los créditos que captan de terceros y de los depositantes para poder prestarles dinero, son intermediadores de crédito, y si resulta que los que le pasan el dinero se lo quitan, se acaba el negocio. Además, es probable que no puedan devolver el dinero en esas condiciones. Recalcó que esas medidas provocaron un problema serio a la reputación y al prestigio de la Cooperativa. La imposición de esta medida y la consecuente pérdida del valor económico que provocó llevaron al consejo a solicitar la reorganización de la Cooperativa.
Continuó señalando que la solución Nº 1 era un fortalecimiento institucional y aportes de socios. La Nº 1 ya no servía después de la precautoria. Sirve solo una reorganización que implique involucrar a los acreedores. Hasta la solución No 1 los acreedores no estaban incorporados. En la solución N° 2 tienen que estar involucrados, porque ellos son los que financian la cartera de colocaciones. La solicitud de disolución era absolutamente innecesaria para resolver las dificultades. De eso está absolutamente convencido. No va a entrar a juzgar si fue buena o mala, pero no era la fórmula adecuada para resolver el problema.
Hubo un largo periplo por tribunales. Son pocas las cosas que se hacen en cinco meses. Los tribunales tienen otro estándar de tiempo. La regla del tiempo es distinta. Lo que podríamos haber hecho en media hora en esta sala, en la corte se hace la presentación, se hace un traslado, la otra parte responde a los cinco días, el juez traslada, la otra parte responde y un tercero coadyuvante se opone. Desde el 14 de agosto hasta el 5 de enero de este año no se hizo prácticamente nada.
Finalmente, hoy están en un pie absolutamente distinto. Están alineados en una fórmula que tiene sentido si la Cooperativa es viable. Si no fuera viable habría que hacer algo distinto. En términos de viabilidad implica que los ahorrantes, en el largo o en el mediano plazo, podrían llegar a recuperar su dinero de distintas maneras, pero lo pueden recuperar porque la Cooperativa es capaz de hacer esta generación.
El acuerdo ratifica la viabilidad de Financoop. Lo ratifica el Consejo de Defensa del Estado; lo ratifica el Ministerio de Economía y es coherente con el plan de fortalecimiento propuesto por la Cooperativa, en abril de 2017, al jefe de fiscalización del Decoop.
Tiene que hacer una reflexión que no es muy agradable, pero tiene la obligación de decirla. Inicialmente, el plan fue aprobado por el Departamento de Cooperativas y estando en implementación el jefe de fiscalización lo suspendió con un argumento muy pobre, que le llamó “sin expresión de causa”. Impulsó súbitamente la disolución. Dijo: no sigan haciendo esto, disuélvase. Gracias a Dios ese jefe de fiscalización del Decoop ya no está en el cargo. Las conversaciones se realizaron directamente con la División de Asociatividad y Economía Social y con la Subsecretaría de Economía, con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado, y lograron llegar a este acuerdo, que si bien es un término en ese proceso, es el inicio del proceso real que quieren seguir. Las condiciones actuales permitieron llegar a un acuerdo para realizar un proceso de regularización de la Cooperativa.
Es lamentable que el desempeño de algunos profesionales específicos que cuestionan los temas puedan empañar la acción de todo un organismo del Estado. Aquí no hay responsabilidades globales, sino individuales. Desde que se iniciaron nuevamente las conversaciones con el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Economía, se ha demostrado diligencia por obtener un acuerdo que beneficie a los ahorrantes, socios y trabajadores.
El señor Albarrán destacó también los siguientes aspectos relevantes del acuerdo:
1. La instrucción del Decoop a Financoop, que está en las reglas contables que existen para que tengan regulación, de efectuar provisiones a su cartera de acuerdo con los criterios prudenciales identificados por el propio Consejo de Administración. Si bien el reglamento general no permite hacer provisiones, existe la posibilidad -el reglamento así lo establece- de que el Departamento de garantías, por razones propias y fundadas, genere provisiones aún a créditos que no hayan cumplido morosidad, y ello se establece en el acuerdo, en el sentido de que Decoop va a instruir a la Cooperativa a efectuar esta provisión.
2. La obligación de aprobar en la junta de socios -no en la de acreedores- los estados financieros y que se incorporen estas provisiones. Por lo tanto, el estado de situación va a generar un resultado que los socios van a conocer y tienen que aprobar, y como el estado financiero a junio de 2017 va a reflejar una pérdida patrimonial que impide seguir funcionando, necesariamente en esa junta los socios tienen que decidir aumentar el capital social de Financoop, para dejarla en condiciones de operar, y decidir, a su vez, que autorizan la reorganización o liquidación concursal de la ley Nº 20.720.
¿Qué significa esto? Que resuelto por los socios el conocimiento y aprobación de los estados financieros y el reconocimiento de la pérdida patrimonial, estos van a aprobar un aumento de capital y permitir que los acreedores participen en una decisión que, a todas luces, hoy parece ser la más importante. Si lo acreedores depositantes son prácticamente los únicos involucrados que hoy tienen que resolver su problema -entre comillas, son casi los dueños de la cooperativa-, lo lógico es que ellos, después que los socios hayan aprobado lo que señaló, en una reunión de acreedores, que está regulada por la ley Nº 20.720 -es muy clara en lo que hay que hacer-, decidan una reorganización concursal o una liquidación concursal.
¿Qué implica esto? La aprobación de una reorganización en un tribunal de la República –el tribunal no la ha dado- está pedida desde el 15 de septiembre. En dos oportunidades la jueza rechazó la reorganización y, de una manera jocosa, les dijo que no la daría, porque estaban bien y la Cooperativa no tenía problemas financieros. Ese fue el argumento de la jueza para decir el porqué no había reorganización. Bueno, hace siete semanas, recurrieron con un recurso de queja a la Corte de Apelaciones, la cual lo vio la segunda semana después que lo presentaron. El fallo quedó en acuerdo; le pidieron a uno de los abogados integrantes que lo redactara, pero hace cinco semanas que lo está redactando.
Espera que el fallo sea favorable y que el corolario de esta situación sea que los acreedores van a poder en una reunión conocer una propuesta de la administración de la Cooperativa, para decidir si prefieren que esta siga operando y pueda devolverles sus recursos o que la Cooperativa no siga y pidan su liquidación.
El foro tiene el derecho a decidir. Ya no van a ser los socios, estos quedaron atrás; ahora los acreedores en esa junta de acreedores tendrán que decidir y, para ello, tienen poco plazo, porque desde que el tribunal aprueba la reorganización hay un plazo de 30 días.
Los primeros ocho son para que los acreedores verifiquen su deuda. A partir de ese minuto, esos acreedores son los encargados de ir a la votación del proyecto; los que no se hayan verificado no van. A los 20 días de la aprobación de la reorganización, la Cooperativa tiene que poner a disposición del tribunal el proyecto de reorganización y a los 30 días los acreedores votan sí o no. Si votan que sí, el proyecto se aprueba y se reorganiza en esos términos; si votan que no, se arma la comisión liquidadora. Por supuesto que el acuerdo incluye también el término del juicio de disolución y el finiquito entre las partes.
En resumen, el proceso forzado por el Decoop ha tenido costos reputacionales y económicos que afectan a los socios, trabajadores y depositantes de Financoop. Este proceso era absolutamente evitable si el organismo supervisor y regulador hubiese comprendido la dimensión real del problema y el camino de solución, al cual igualmente llegaron.
El Decoop disponía de herramientas distintas a la demanda de disolución de Financoop para enfrentar el problema. Todo el inconveniente se habría evitado si desde un inicio se hubiera instalado un marco de confianza para conversar con el área de fiscalización del Decoop. La Cooperativa continuaría operando normalmente. Con problemas, pero estaría operando. La confianza es vital, pero un funcionario desconfió y tomó decisiones por su propia cuenta.
El Decoop debe entregar mejores herramientas a las cooperativas bajo su supervisión, idealmente bajo los estándares de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Un pequeño mensaje: más que buscar errores funcionarios, la política de las cooperativas debe ser cambiada, y sabe que el Ministerio está trabajando en esto.
El proceso de reorganización es la única manera de resguardar a los socios y ahorrantes. Esto, dado que la reputación y el prestigio de Financoop se vieron afectados con las acciones judiciales que se presentaron en un inicio.
El acuerdo tripartito entrega garantías de que este fue realizado en las instancias y con los actores que corresponden, es público -se encuentra en la página web del tribunal- y cumple con todos los estándares. Aval de todo esto es el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Economía y ellos; por consiguiente, es un acuerdo que cumple adecuadamente las condiciones que son necesarias.
La señora Natalia Piergentili en sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, entregó un contrapunto sobre hechos y certezas que acompañaron al proceso que ha afectado a la Cooperativa.
Reiteró que las únicas tres acciones que les permite la Ley de Cooperativas para actuar en caso de que una cooperativa enfrente problemas es, en primer lugar, la fiscalización in situ y extra situ, o sea, concurrir o pedir información vía oficio. En segundo lugar, la multa, la cual tiene un ir y venir que no impide, como pasó hace algunos años con la Cooperativa Abate Molina (Abamcoop), que exista corrida o disolución. Se puede apelar a una multa, pero el tiempo que transcurre entre tanto es muy valioso, sobre todo cuando existen asimetrías de información. La tercera acción, es la disolución forzada.
Se pueden emitir juicios respecto de si esas tres acciones son apropiadas o no, pero son las herramientas que la Ley de Cooperativas entrega para enfrentar una situación como esta.
Hizo hincapié en que nunca han estado en contra de la reorganización; sin embargo, si se basan en el principio democrático que manejan las cooperativas, la reorganización debe ser una medida que adopte la junta general de socios como ente democrático, no de forma externa, porque ahí ahondarían en las asimetrías de información. Además, según la Ley de Insolvencia, la reorganización se debe promocionar a través del Diario Oficial y de otros instrumentos, que no son de fácil acceso para cualquiera de los ahorrantes, por lo que algunos acreedores no iban a estar informados.
No es que el Departamento de Cooperativas y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo hayan estado en contra de la reorganización, sino del modo por el que se llega a la reorganización, ya que puede suceder que en ciertos casos existan y se profundicen las asimetrías de información y, en otros, que la información sea transparente, horizontal e independiente del número de cuotas que cada uno de los participantes tenga en la cooperativa.
Más allá de las apreciaciones personales planteadas, destacó que la decisión de efectuar la disolución forzada -insistió en que es el mecanismo que establece la ley- no fue unipersonal, sino parte de una decisión colectiva, que incluyó a los Ministros de Hacienda; Economía, Fomento y Turismo, a la jefe del Departamento de Cooperativas y a su persona. Decisión que posteriormente fue refrendada por las nuevas autoridades, en el caso de los Ministerios Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF). Por tanto, se desprende que hubo una mirada interinstitucional respecto de la problemática que están abordando.
Finalmente, consideró importante resaltar que mantienen la convicción de que las medidas prejudiciales iban en favor de proteger los intereses de los ahorrantes y de los socios. Puede que hayan tenido dificultades en la fiscalización, nunca han dicho que contaron con todo el personal humano para hacerlo, pero siempre graficaron el número de funcionarios con el que contaron para ejecutar las tareas, lo que no es una condición sine qua non de que no lo puedan hacer, solo es contextualizar la realidad institucional.
Es importante entender, sostuvo, que los recursos que las cooperativas pagan para la fiscalización no entran a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, sino que van directamente al Tesoro Público, de manera que no tienen a su haber los recursos que pagan las cooperativas. Es un punto que podrían conversar para implementar en futuras Leyes de Presupuestos. Sería importante abordar esta materia para robustecer el tema cooperativo.
Respecto de resguardar los intereses de los ahorrantes, señaló que es un punto relevante, pues por ética pública deben cautelar las asimetrías de información. Si manejaban la información del deterioro patrimonial, habría sido reprochable dejar que siguiera funcionando la Cooperativa hasta no determinar el daño causado y si podían responderle a los ahorrantes. Puede que se haya extremado la posición, pero insistió en que es la herramienta legal que tienen. También puede ser que uno de los desafíos futuros sea buscar alguna medida legal intermedia entre la multa y la disolución.
Por su parte, la señora Natalia León en sesión 4ª., de 10 de enero de 2018, efectuó las siguientes precisiones: que no se ha terminado el litigio, como lo señaló el representante de los ahorrantes en su intervención, solo está sujeto al cumplimiento de lo comprometido en la transacción judicial. No es un acuerdo ni un advenimiento, sino que forma parte de un juicio civil llamado transacción judicial, que pretende que la Cooperativa reconozca el deterioro patrimonial; situación que motivó cada una de las acciones que se ejecutaron durante 2017. Es el primer paso para la transacción.
En segundo lugar, debe existir aprobación de la junta nacional de socios sobre los estados financieros.
En tercer lugar, en la junta general de socios se debe determinar si la Cooperativa vive o no. Señaló este punto para precisar lo que planteó el Presidente de Financoop, señor Daniel Albarrán, ya que esta transacción no tiene por objeto dar vida o muerte a una cooperativa, sino esclarecer su situación patrimonial, sus estados financieros y dar legitimidad a una decisión que deben tomar una serie de personas, como dueños y dueñas de la Cooperativa, pues son quienes integran la junta general de socios. Por tanto, cada una de las decisiones que tome esa junta general incidirá en el cumplimiento de la transacción. Precisó que esto no es un acuerdo, sino que es una transacción dentro de un juicio civil, el cual solo culminará en la medida en que se cumplan cada uno de los pasos que ha mencionado. No es que se haya acabado el juicio, como planteó el señor Patricio Minte.
Por otra parte, aquí no se han cometido faltas administrativas ni ha habido abusos o excesos en el ejercicio de sus potestades. Lo hizo presente, porque las palabras también crean realidades. Asimismo, como dijo la Subsecretaria Piergentili, no han cambiado el criterio de la reorganización, sino que se siguió el hilo que los guía a través de la Ley de Cooperativas.
Las medidas precautorias se establecieron para salvaguardar los intereses de los ahorrantes. Al respecto, precisó que cada uno de los acuerdos que se adopten sobre el devenir de una cooperativa, los realiza la cooperativa y que en ningún caso el Departamento de Cooperativas tiene potestad para aprobar un plan de ninguna envergadura. Lo planteado por Financoop está ajeno a ser algo real, porque no tienen capacidad para tomar ese tipo de decisiones, están para asesorar, apoyar y entregar directrices si es necesario. La única facultad real es aprobar o rechazar ciertas resoluciones adoptadas en una junta general de socios.
Como bien precisaron anteriormente, la reorganización inicial fue rechazada porque se presentó fuera de plazo y porque no existía una entidad compradora, por lo que mucho menos podría existir un proceso de venta.
Respecto de que durante los últimos cinco meses no ha pasado nada y que han estado paralizados, aclaró que no es así, pues durante todo este tiempo llegaron a conocer la situación patrimonial de la Cooperativa, lograron determinar cuál es su deterioro y cuáles fueron las causas formales y contables por las que se llegó a esa provisión, a su juicio, equivocada. Pero, finalmente, han sido cinco meses valiosos.
Saben que los juicios relacionados con temas financiero-contables duran años. Con esto no quiere decir que los ahorrantes no tengan dificultades pero, a lo menos, ahora tienen la información antes de que más personas entren al sistema sin la información que corresponde que tengan.
Por último, y en esto coincide con lo dicho por el presidente de Financoop, la necesidad de fortalecer y robustecer el plan de fiscalización del Departamento de Cooperativas es real, y están trabajando en ello. Incluso, la semana pasada la Subsecretaria mencionó que sostienen conversaciones para que todas las cooperativas de ahorro y crédito que tienen tratos con terceros, es decir, con ahorrantes no socios, sean fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y que no sea un tope de utilidades o de remanentes el que determine que estén bajo una supervisión o bajo otra.
Todo eso robustece la fiscalización pero, por cierto, en este caso, no puede dejar de mencionar que existen otras 37 cooperativas que han pasado por las mismas situaciones de descuentos por planilla que bajan sus porcentajes, de necesidades de aprovisionar ciertas cosas, etcétera. Todas las fiscalizadas por ellos se rigen por la misma normativa, la resolución administrativa N° 1321 rige cómo se hacen la provisión respecto a las morosidades, y esta Cooperativa fue la única que tuvo la dificultad de no hacer coincidir la forma de hacer la provisión. Entonces, si bien la normativa puede ser insuficiente y es perfectible, no puede negar que existen otras cooperativas que funcionan muy bien.
9.- Consideraciones sobre si la propuesta de transacción sería coincidente con lo propuesto inicialmente por la Cooperativa como solución
La señora Natalia León en sesión 6ª., de 24 de enero de 2018, precisó que eso sería del todo incorrecto desde la perspectiva de que el señor Albarrán reconoció que la propuesta inicial contemplaba el no informarle de la situación patrimonial de la Cooperativa ni a los socios ni a los ahorrantes. Como Departamento de Cooperativas y como finalmente el regulador en esta materia, era imposible pensar que no se informara a los dueños de la Cooperativa lo que sus directores sí sabían. Por tanto, comenzaron con una diferencia fundamental en términos de la solución que se ha encontrado a través de la transacción.
En un inicio la propuesta, como bien dijo la Subsecretaria señora Piergentili, contemplaba la venta de una cartera riesgosa a una fundación inexistente que además era de la propia Cooperativa. Por lo tanto, en ningún caso la solución que ellos presentaron es similar a la solución que hoy se ha encontrado, toda vez que esta transacción contempla que sea la junta general de socios la que determine el camino que vaya a tomar finalmente este caso.
A propósito de los dichos del señor Daniel Albarrán, esto no es un ejercicio para darle vida o muerte a una cooperativa, sino que para resguardar los intereses de ahorrantes y por cierto también del modelo de cooperativa, en tanto no se dañe la imagen de otras cooperativas que han pasado por lo mismo que pasó esta cooperativa en respuesta a los cambios que hizo Contraloría, siendo que las otras cooperativas salieron del paso, ya que tomaron decisiones distintas de las que tomó Financoop, y hoy no se encuentran en una situación de deterioro patrimonial. Habiendo despejado este punto, según señaló, quiso comentar que los balances que ingresan las cooperativas de ahorro y crédito al Departamento de Cooperativas están regidos por la RAE 1321, y qué es lo que ingresan cada mes. Ingresan un balance de ocho columnas, confeccionado por ellos, los indicadores de desempeño financiero, los formularios que informan el cumplimiento de las normas financieras del Banco Central de Chile, que permite hacer la prelación cuando se solicita un retiro por parte de algún socio; es decir, en qué orden pueden ir devolviéndose las cuotas de participación a los socios.
Por último, un informe un poco más detallado sobre los créditos. ¿Por qué hizo hincapié en esto? Porque nada hay sobre las captaciones. Esto es algo que la RAE no contempla, porque la RAE rige el funcionamiento de la cooperativa con sus socios, por eso es que hace m ucho sentido lo que también la Subsecretaria mencionaba, que están en pleno acuerdo de que toda cooperativa que tenga movimientos y captaciones de terceros no socios, sean fiscalizadas por la SBIF.
Quiso detenerse en ese punto, porque si bien los balances que les ingresaban los recibieron conforme a lo que ellos les reportan, no son una entidad auditora, no tienen ese rol. Por tanto, si ellos reflejan un balance de 8 columnas solo revisan lo que ellos reportan, y cada uno de los balances, mes a mes, durante los últimos años reflejaba lo mismo que el balance auditado al cierre del año. Por tanto, para ellos no era posible prever que hubiese una diferencia entre los balances de los meses anteriores al del cierre del año. Esa era una realidad.
Ellos les reportaban lo que estimaban conveniente, no informaban las captaciones; sin embargo, pueden solicitarlas. Incluso, hay casos en que están llanos a mostrarlas porque tienen el resguardo de la información por ley de los registros de las cooperativas, pero hay otras que no lo toman de igual forma, como fue el caso de Financoop, que interpuso un recurso en un tribunal, el cual finalmente fue desestimado, pero hubo que recorrer un largo período de tiempo.
Respecto de lo que se mencionó de las empresas auditoras hay que decir que la Ley de Cooperativas tiene la posibilidad de contar con un registro de supervisores auxiliares, así se llama. Lamentablemente, ese registro está inactivo desde 2012, aunque no es necesario que esté activo, por cuanto es un recurso que se puede tomar o no. En este caso, se evaluó la posibilidad de activar ese registro, pero demoraba por lo menos dos o tres meses en que se subiera al portal y que hubiese personas interesadas en incorporarse después que se licitara, etcétera. Por consiguiente, iban a demorar los mismos meses que no querían dejar de ganar en términos de que no hubiese más personas que ingresaran a la Cooperativa con sus ahorros, a sabiendas de que no tenían claridad respecto de cuál era su situación patrimonial.
Otra cosa interesante que no mencionó respecto de las diferencias del estado actual con el estado inicial es que cuando se planteó la solución por parte de esta Cooperativa era sin determinar sus estados financieros. Era realmente a ciegas, porque tenían una información de un balance que estaba rechazado, que todos reconocían que no reflejaba la realidad, pero ellos no estaban en disposición de mostrar cuál era esa realidad.
En cuanto al acuerdo de transacción versus la reorganización, afirmó que el que se haya aprobado la queja que interpuso la Cooperativa respecto de aprobar la reorganización es un eje que va en paralelo a la transacción en el juicio que están llevando de disolución forzada. Ello, porque para que la reorganización se lleve a cabo debe tener estados financieros, que van a ser aprobados recién el lunes 29 de enero de 2018 en la junta general de socios. Eso es lo que van a reportar al tribunal correspondiente respecto de los acuerdos que adopte esa junta y la transacción se ve cumplida toda vez que la junta general de socios aprueba cada uno de estos caminos y, por cierto, lo que queda pendiente a la fecha es que se realice la junta que ya está convocada, que se aprueben los estados financieros y la reorganización y aumento de capital. Si bien pareciera a primera vista que quedan un poco inconexos, no es tal; el camino continúa tal y como se había previsto.
10.- Consideraciones sobre la transacción y el proceso de reorganización
La señora Natalia Piergentili, en sesión 6ª., de 24 de enero de 2018, refiriéndose al proceso de reorganización, precisó que aunque no estaban en contra, sí les preocupaba que fuera con información privilegiada para unos pocos y no así para todos los socios.
Esa situación estaría en parte despejada, por lo siguiente: en el proceso de reorganización por la queja que aprobó el tribunal, se requiere tener balances aprobados, para sincerar y empezar el proceso de reorganización basado en la realidad. En ese contexto, la transacción es una herramienta, si bien de otro tribunal, que es de público conocimiento, además va a ser entregado al tribunal que aprobó la reorganización, de tal manera que es imposible pensar que en ese proceso de reorganización, que va a partir con la junta general de socios, no se apruebe el balance que corresponde, porque igualmente esta tendrá que pronunciarse sobre la reorganización, pero por sobre todo va a tener que aprobar un balance que, a partir del trabajo realizado y de la transacción realizada, no va a poder ser otro que el que realmente refleja el estado patrimonial de la Cooperativa. Por lo tanto, a lo mejor en términos de procedimiento, existe un bache, pero en términos de cómo se concatenan las acciones en función de lo que siempre apelaron a que resultara, que era el reconocimiento de daño patrimonial y una junta que socializara aquello, se cumplen ambos fines.
El señor Arturo Castillo, en sesión 7ª., de 5 de marzo de 2018, se explayó a propósito de la transacción judicial que derivó en tres condiciones para suspender el procedimiento de liquidación que había iniciado el Decoop, en el 23° Juzgado de Letras de Santiago.
Tanto la Subsecretaria como las demás autoridades del Ministerio de Economía, en su momento, hicieron hincapié en que todo lo que se había obrado y que -según ellos- era lo único que cabía hacer, vale decir, pedir la disolución de la cooperativa, era en beneficio de los socios y de los ahorrantes.
Para mal del Decoop y del Consejo de Defensa del Estado, que tomó la representación de ellos en esa causa sufrieron sucesivas derrotas, expresó. Paralelamente, en la causa del 30° Juzgado de Letras, la Cooperativa había solicitado, de acuerdo con la nueva Ley de Insolvencia y Emprendimiento, el procedimiento concursal de reorganización.
Por otra parte, destacó que las negociaciones se llevaron a cabo con absoluta prescindencia de los verdaderos afectados, como son los ahorrantes y los socios de la Cooperativa, pero sobre todo los ahorrantes. Como dijo, las negociaciones se llevaron a cabo sin su participación y la opinión generalizada de los ahorrantes es que eso se hizo con el único fin de evitarle un bochorno al Consejo de Defensa del Estado y a la autoridad económica, puesto que les habían rechazado al liquidador o al interventor que habían nombrado.
Finalmente, en la causa estaban por fijarse los puntos de prueba, lo que significaba que, en un plazo que podía durar dos o tres años, se iba a llegar a una sentencia, luego de una apelación de cualquiera de las partes que no quedara conforme, eventualmente casación, y en todo esto podía pasar un montón de tiempo. Eso lo sabían el Consejo de Defensa del Estado, la Cooperativa y el Decoop.
Era vox populi que la Corte de Apelaciones fallaría a favor de la reorganización, sentenció. Argumentó que esa reorganización se podría haber hecho perfectamente sin las condiciones draconianas que impuso el Decoop para dar por vencida totalmente a la Cooperativa en esa transacción, en la cual los socios tuvieron que aceptar un aumento de capital, es decir, están obligando a los ahorrantes a poner esa plata si quieren que la Cooperativa se reorganice; de lo contrario, se tiene que liquidar. O sea, el Consejo de Defensa del Estado, la Cooperativa y el Departamento de Cooperativas los habrían puesto entre la espada y la pared.
El afán protector del Estado se tradujo, acotó el señor Castillo, a que entre diciembre de 2017 y el momento en que se pidió la disolución, aumentara la pérdida de 13.000 millones de pesos a 18.000 millones de pesos, según señalan los estados financieros que ha presentado la Cooperativa. En eso consistió el aumento de capital que votaron los socios de la Cooperativa, que no van a poner un cinco. Agregó el señor Castillo que la legislación que regula las cooperativas es pésima, sobre todo las de ahorro y crédito, porque permite hacer negocios entre partes relacionadas obligados por la ley; es decir, lo que no sería admisible en un banco o en otro tipo de entidad, aquí lo dispone la ley. La cooperativa solo puede prestar plata a sus socios, señaló.
11.- Situación a la fecha de la aprobación de las conclusiones de la investigación
El diputado señor Bellolio, en sesión 7ª., de 5 de marzo de 2018, hizo presente que la Subsecretaria de Economía le informó que, con fecha 29 de enero de 2018, se había desarrollado la junta general de socios en la cual se habían aprobado los estados financieros, tal como habían resultado en la transacción, es decir, indicando el daño patrimonial de 13.000 millones. Además, que la reorganización se iba a producir no solo por lo que dijo el tribunal, sino también, porque la junta se manifestó de acuerdo con dicha reorganización. (Ver oficio N° 725, de 1 de febrero de 2018, de la Ministra de Economía, Fomento y Turismo (S).
Lo más importante que le manifestó la Subsecretaria fue que los estados financieros aprobados, reconociendo el daño patrimonial, son los que se van a entregar al tribunal que decretó la reorganización, con el fin de que con ese balance haga la reorganización y que este sea el elemento principal.
12.- Perfeccionamiento de la legislación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
La señora Natalia Piergentili, en la sesión 6ª., de fecha 24 de enero de 2018, hizo hincapié en que es importante señalar que la normativa que regule la fiscalización de estas cooperativas sea más robusta. El punto está en que ninguna otra cooperativa de ahorro y crédito fiscalizada por el Decoop ha tenido problemas para entender cuál es el criterio de aprovisionamiento. Entonces, si con ninguna otra cooperativa ha existido alguna duda respecto de cómo se aprovisiona la cartera riesgosa es factible pensar que el problema no es de la normativa, sino de quien interpreta y aplica dicha normativa.
La RAE N° 1321, en materia de aprovisionamiento de cartera riesgosa o morosa es clara, aseveró. Por otra parte, esto ha permitido hacer propuestas que se están trabajando, y que esperan sean parte del trabajo de la nueva administración, de tal manera de mejorar la fiscalización, hacerla más seguida en el tiempo, sobre todo a las grandes cooperativas, y hacer más fiscalización in situ.
Aseguró que las cooperativas pagan porque se les fiscalice, pero esos recursos van al Tesoro Público. En el caso del Departamento de Cooperativas, se cuenta con lo que se le entrega en la partida Subsecretaría de Economía, en sus capítulos 21 y 22. Esto quiere decir que los funcionarios, las capacidades de viático, etcétera, son parte de la gran bolsa de los capítulos 21 y 22 de la Subsecretaría.
Por lo tanto, consideró que sería interesante hacer un trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo respecto de que esta fuera una materia que ojalá pudiese verse reflejada en la próxima discusión presupuestaria. Claramente, tener menos recursos de los que ingresan al Tesoro Público, para fiscalización, no es lo óptimo. Por ende, también sería interesante poner el tema en discusión porque, como señaló, eso ni siquiera pasa por arcas del Ministerio. Pasa directamente a Tesoro Público.
La señora Subsecretaria, en relación con las medidas que han estado evaluando, sostuvo que es muy importante el apoyo que han tenido del Consejo de Estabilidad Financiera, porque se ha conversado la posibilidad de que todas las cooperativas de ahorro y crédito, con clientes ahorrantes no socios, pasen a ser fiscalizados por la SBIF, porque finalmente el modelo societario de las cooperativas resguarda a los socios. Sin embargo, aquí hay otro actor, que es el ahorrante no socio. De manera que cuando hay una entidad colegiada que maneja dineros de otros, les parece que ese debería ser el factor diferenciador y no de cuántas UTM de capital están hablando lo que determine que sea fiscalizada por la SBIF.
Por otra parte, están haciendo un trabajo de actualización de las resoluciones administrativas y de fortalecimiento de las actividades de fiscalización. Por cierto, en la medida en que lo permita la estrechez presupuestaria, también están destinando más recursos a la labor fiscalizadora.
La señora Piergentili sostuvo que se han propuesto modernizar la Ley de Cooperativas, de manera que permita un proceso que no pase de la multa a esta otra herramienta (disolución forzada), porque siempre suele visualizarse como una sobreactuación, pero es la única herramienta legal. Por lo tanto, sería interesante analizar un paso intermedio.
También, la señora León se refirió a las propuestas de optimización del plan de fiscalización y de robustecimiento del Departamento de Cooperativas, considerando las que hizo el Banco Central de toda pertinencia. Por cierto, se requiere de un mayor aporte en financiamiento. Ojalá que exista la condición de fiscalizador para las personas que ejercen esa labor. Hoy, en este caso, son una entidad reguladora, pero finalmente tienen el nombre de fiscalizadora, no necesariamente el cargo como tal. Por tanto, eso también genera una diferencia con otras entidades que fiscalizan.
Además, tienen propuestas respecto de cómo mejorar la RAE 1321, atendiendo los posibles vacíos que quedaron respecto de las provisiones, por ejemplo de las líneas de crédito. También han puesto el foco en algunas de las cosas que hasta ahora no se habían conversado, por ejemplo, que el riesgo de los créditos sea asumido desde el inicio, es decir, desde la persona que va a tomar el riesgo y no solo desde su morosidad. Ahora, esta es una discusión que no es tan fácil de resolver, porque el sentido de que la provisión se hiciera por la mora tenía que ver con los socios y socias de cooperativas.
13.- Cronograma de los hechos que afectaron a Financoop
- El 7 de abril de 2017, el Departamento de Cooperativas toma conocimiento, según dijeron ellos, de “una situación compleja de la cooperativa”.
- El 20 de abril, representantes del Departamento de Cooperativas se reúnen con el gerente general de la Cooperativa.
- El 28 de abril, representantes del Departamento de Cooperativas se reúnen con el Consejo de Administración de la Cooperativa.
- El 2 de mayo, la Cooperativa Financoop presenta a la División de Asociatividad y Economía Social un plan de fortalecimiento de la cooperativa.
- El 12 y el 15 de mayo el Departamento de Cooperativas se reunió con abogados de la Cooperativa Financoop.
- El 2 de junio, la junta general de socios de la Cooperativa Financoop rechazó el balance de la Cooperativa. Se aprobó el plan de fortalecimiento que la División de Cooperativas rechazó, diciendo que no están los requisitos de la resolución exenta N° 1321 y el reglamento de cooperativas, en cuanto a la venta de carteras y el aumento de capital. Uno de los puntos es el conocimiento de los socios.
- El 6 y el 7 de julio, el Departamento de Cooperativas fiscalizó a la cooperativa Financoop y determinó que se ha incumplido la normativa en relación con el cumplimiento de provisiones y el tratamiento de los créditos renegociados.
- El 10 de agosto el Consejo de Defensa del Estado presentó al 23° Juzgado Civil una solicitud de medidas prejudiciales.
- El 14 de agosto, el tribunal las concedió.
- El 16 de agosto, el Departamento de Cooperativas solicitó al Consejo de Defensa del Estado el pronunciamiento sobre si los incumplimientos a la Ley General de Cooperativas son constitutivos de delito.
- El 24 de agosto, la Cooperativa Financoop presentó una solicitud de reorganización judicial ante el 30° Juzgado Civil.
- El 1° de septiembre, el Departamento de Cooperativas solicitó al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una demanda de disolución forzada.
- El 11 de septiembre, el tribunal rechazó la solicitud efectuada por la Cooperativa Financoop de reorganización.
- El 27 de septiembre, la Cooperativa apeló de esta resolución.
Complementó lo anterior el señor Castillo precisando que la jueza en algún minuto ordenó que se levantaran las medidas precautorias de celebrar sesiones y que en las sesiones se incluyeran a los trabajadores, a los ahorrantes y a la cooperativa representada por sus directivos, lo que fue objetado por el Consejo de Defensa del Estado porque los sujetos de esas sesiones son solamente los socios de la cooperativa. Respecto de la acción judicial de tipo penal, es bastante reciente.
La reorganización respecto de la actuación del Consejo de Defensa del Estado en el 30° Juzgado -espera que haya sido eso-, fue materia de una queja y de una apelación. La apelación fue rechazada, lo que permitió que la queja prosperara, porque si hay apelación la queja no sigue. Y después de algunos impasses judiciales la queja quedó en acuerdo. Sostuvo que esperaban que salga el fallo y que este sea favorable, dado el interés de reorganizar la Cooperativa como una mejor solución.
14.- Testimonios de algunos afectados
El señor Rivera hizo mención al testimonio de uno de los afectados, el señor Antonio Godoy, de 66 años, quien declaró que invirtió todo el dinero de su finiquito en Financoop, para tenerlo como un respaldo económico luego de ser despedido antes de cumplir la edad de jubilación desde la empresa en que laboraba.
El señor Juan Subercaseaux, ahorrante de Financoop, en la sesión 2ª., de 20 de diciembre de 2017, señaló haber pasado la tercera edad, ser un adulto mayor de 81 años, y haber estado viviendo de las rentas y de la herencia que recibió de su padre.
No pudo hacer sus imposiciones ya que le pagaban honorarios, pero no le hacían las imposiciones. Por lo tanto, no tiene jubilación y lo que tenía reservado para su vejez, heredado de su padre, eran 650 millones de pesos, los que invirtió en su totalidad en la Cooperativa Financoop, atraído por el interés que daba, que era de hasta 7,5 por ciento al año, sin IPC. Era un interés bastante alto en comparación con los bancos, que no dan más de 2 por ciento.
Por eso entró a Financoop. Estuvo uno o dos años muy bien, pues cumplían con los intereses en los plazos respectivos y lo atendían muy bien, pero se encontró con una sorpresa el 19 de agosto, cuando leyó en el diario El Mercurio la noticia de que se estaba estudiando la intervención de la cooperativa con las medidas prejudiciales y precautorias, y que habría un faltante de 13.000 millones de pesos, en circunstancias de que el capital de la cooperativa era 6.000 millones de pesos. Fue a ver qué pasaba y se encontró con que estaban cerrando las oficinas. Había un aviso puesto arriba de la puerta que explicaba un poco la intervención administrativa del gobierno.
Le hablaron de unos pagarés. Entonces, su intención fue pedir de vuelta esos pagarés. Un día después fue y se los devolvieron, pero pusieron una cláusula que señalaba que él lo hacía en vista del proceso que había en tribunales contra la Cooperativa, dando a entender que sabía de ese proceso. Él nada sabía, pero le condicionaron la entrega y firmó para que le entregaran los pagarés. Después resultó que los pagarés eran una especie de trampa conceptual, porque cuando dicen que se puede tener un pagaré de respaldo y preguntan si lo quiere nominativo o a la orden, pensó que el documento tenía poder ejecutivo, pero resulta que no lo tiene. Hay que preparar la vía ejecutiva y en eso está. Tiene tres pagarés que sacó de su capital para vivir de los intereses por cinco meses -desde agosto-, pero resulta que ahora le dijeron que ya no puede retirar nada -eran como veinte millones de pesos en total- y se quedó sin financiamiento todos estos meses. Ha tenido que costear todos los gastos de su casa. Entonces, resulta que está sometido a la caridad de la familia, porque sencillamente no se puede retirar el dinero.
Posteriormente salió una última resolución que permitía retirar hasta un millón de pesos como máximo y 300 mil pesos como mínimo. Es curioso que, por un lado, a una persona que tenga menos de 300 mil pesos le entreguen ese mínimo garantizado y, por otro, que el tope máximo sea un millón de pesos, sin mayor explicación y con una resolución muy enredada de la jueza del 23° Juzgado Civil, que dice que se devolverá el 10 por ciento del capital, pero con ese tope de un millón de pesos.
Entonces, no sabe qué va a pasar. En su caso, el 10 por ciento serían 65.000.000 de pesos, pero está ese tope de un millón de pesos en la resolución, lo que se presta a todo tipo de confusiones.
Debido a la edad, tiene una serie de enfermedades: tiene el ojo izquierdo con glaucoma y terminará con una visión del 50 por ciento en ese ojo; desde hace tiempo tiene problemas de sueño; a esto agréguele que tiene incontinencia urinaria, que con esto se le agravó.
Entonces, si ya estaba tomando cinco pastillas distintas, y le viene este shock traumático, evidentemente ello evidencia una situación peor, tal como lo fue reconocido por el colega que se refirió a los ahorrantes, quien dio ejemplos muy concretos sobre situaciones dramáticas.
Se le decía, por los informes mensuales que llegaban, que alrededor de un 30 ó 35 por ciento del capital de la cooperativa estaba complicado. Entonces, dudó de sacar o no su capital. Luego le empezaron a garantizar que no, incluso le entregaron una memoria clave, que corresponde a la del 2015, en que explican que este déficit que apareció en el balance del 2015, de 1.495 millones de pesos, en circunstancias que había tenido superávit de 200 y 250 millones, pero que empezó con una pérdida de 50 millones, en los años anteriores. Entonces, de repente aparecen con 1.500 millones de pesos de pérdida, lo que le pareció algo muy extraño y muy preocupante.
Por eso se acercó a la Cooperativa. Allí le dijeron que esta era una situación absolutamente transitoria, y debido nada más que a que la Contraloría General de la República había obligado a bajar el descuento por planilla al 15 por ciento, en circunstancias que a algunos se les descontaba hasta el 30 por ciento. Ello originó un golpe muy fuerte a la Cooperativa.
Pensaba que eso pudo haber dañado a todas las cooperativas. Parece que sí las dañó, pero ninguna quedó tan mal como Financoop.
En este proceso, una colega le habló de dos artículos de la Ley de Cooperativas, parece que el 113 y el 114, que establecen que los consejeros son responsables solidariamente de todo los daños y perjuicios que sufran otros socios o terceros, de parte de la Cooperativa. Eso es lo que no han visto en ninguna parte: ¿Dónde están los directorios responsables que aprobaron todos estos movimientos y estas inversiones, y que en el fondo provocaron toda esta tremenda pérdida? Aquí hay que buscar las causas de la pérdida y los responsables, y no estar sencillamente discutiendo que si va a la reorganización o a la liquidación, pero no se busca a quiénes son los responsables, porque no se puede entender cómo se puede perder una cantidad inmensa de dinero, si la Cooperativa, con sus activos, -tenía como 40 mil millones, amén de depósitos y descuentos por planilla de entidades bastante solventes- había cumplido bien. Entonces, no entiende cómo pudo producirse este hoyo tan grande.
El señor Patricio Minte, afectado por la situación de la Cooperativa, informó que el 8 de enero de 2018, el 23° Juzgado Civil de Santiago dio por terminado el litigio y aprobó el advenimiento acordado por las partes.
Hizo presente que nuevamente los ahorrantes, los verdaderos afectados, han quedado fuera de esa gestión entre la autoridad y la Cooperativa, tal como ha sucedido en todas las ocasiones anteriores. Es decir, al parecer no los toman en cuenta porque no son parte de la causa.
Dice ser un simple jubilado que en menos de veinte días cumplirá 79 años; ingeniero comercial de la Universidad de Chile que durante 42 años desarrollo labores académicas y directivas en diversas universidades. Durante ese periodo realizó metódicamente todas sus cotizaciones previsionales y, a pesar de ello, tiene una pensión mensual equivalente a dos sueldos vitales mínimos. Invirtió una parte importante de sus ahorros, al igual como lo hicieron el resto de las 2.197 personas actualmente afectadas, en la Cooperativa para el Desarrollo, Financoop. No representa a ningún grupo de ahorrantes.
D. Conclusiones y propuestas
Conclusiones:
1.- La administración de la Cooperativa Financoop es responsable de la entrega de información financiera y contable NO fidedigna a sus socios, depositantes y ahorrantes, como también al fiscalizador y al mercado.
2.- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de su facultad fiscalizadora, en parte por la inexacta información entregada por la administración de la Cooperativa, si bien pudo determinar la existencia de un deterioro patrimonial de la Cooperativa Financoop, NO logró determinar el monto de aquel deterioro, por lo que malamente pudo haber sabido el nivel del riesgo y la afección a la viabilidad futura de Jesta. Así, de la fiscalización realizada por el Departamento de Cooperativas, y de los antecedentes entregados por el Consejo de Administración de la Cooperativa Financoop electo en 2016 al regulador, NO obraban antecedentes suficientes para solicitar la disolución forzada de la Cooperativa, aun cuando legalmente existía tal posibilidad.
Es dable señalar que la referida Cooperativa se negó a cumplir con las instrucciones del Fiscalizador, el que solicitó información de manera más detallada, que no son parte usual de las entregas que tiene que hacer la cooperativa de manera mensual, para así ahondar en las cifras y poseer un mejor diagnóstico del mal estado de los negocios de la Cooperativa.
3.- Las acciones judiciales ejercidas dentro del marco legal por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través del Consejo de Defensa del Estado, que implicaron la paralización del funcionamiento de la Cooperativa, afectando directamente a sus ahorrantes, por la concesión por parte del 23° Juzgado Civil de Santiago de las medidas precautorias de prohibición de celebrar actos y contratos, retención de bienes, suspensión de actos específicos y nombramiento de Interventor, imposibilitaron el normal funcionamiento de la actividad de la Cooperativa.
Al respecto conviene tener presente que las facultades del Departamento de Cooperativas sólo permiten tomar una medida de resguardo de los depositantes mediante una resolución judicial. En razón de lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado solicitó ante el tribunal la dictación de medidas precautorias prejudiciales (retención de bienes;
prohibición de celebrar actos y contratos; suspensión de ciertas actividades, y nombramiento de un Interventor). La Jefatura del Departamento de Cooperativas ha demostrado que si el fiscalizador hubiese obrado de una manera distinta, aquellas personas con información privilegiada podrían haber realizado operaciones en perjuicio del ya deteriorado patrimonio de Financoop, tales como el retiro de su dinero, menoscabando los derechos y expectativas de los socios, ahorrantes, depositantes, trabajadores y acreedores de la Cooperativa.
4.- De los antecedentes conocidos por la Comisión se puede identificar una acción a lo menos negligente de los órganos de administración de la Cooperativa, al realizar maniobras contables que le permitieron encubrir la verdadera situación financiera y patrimonial de la Cooperativa (relación deuda/capital), inhibiendo toda acción preventiva de carácter fiscalizador y/o auditor.
5.- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de su Departamento de Cooperativas, al tomar la decisión de solicitar la disolución forzada de la Cooperativa, no sopesó las diferentes alternativas otorgadas por la Ley General de Cooperativas para abordar y solucionar los problemas financieros de la entidad. Prueba importante de aquello es el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el recurso de queja interpuesto por Financoop y autorizó la reorganización de la entidad, demostrando que SÍ existían alternativas válidas para solucionar el déficit financiero distintas a la disolución forzada. Asimismo, fue el propio Departamento de Cooperativas el que, con posterioridad a la solicitud de disolución forzada de la entidad, accedió a llegar a un acuerdo con el Consejo de Administración para materializar la reorganización de Financoop, lo que constituye un reconocimiento implícito por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la existencia de otras alternativas para solucionar el problema experimentado por la Cooperativa.
6.- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través del Departamento de Cooperativas, en conjunto con el Consejo de Administración de la Cooperativa, pudo haber sido más diligente en la entrega de información oportuna y suficiente a los socios y al público sobre la situación jurídica, económica, financiera y patrimonial de la Cooperativa, tal como lo exige el numeral i) del artículo 108 de la Ley General de Cooperativas.
7.- En definitiva, y al tenor del mandato otorgado a esta Comisión Especial Investigadora, esta instancia fiscalizadora concluye que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, si bien ejerció -dentro de los límites presupuestarios a los cuales está sujeto- la facultad fiscalizadora sobre la Cooperativa Financoop, no tomó los resguardos suficientes para velar por el correcto funcionamiento de esta y, por consiguiente, no cumplió con el objetivo de resguardar los recursos de las personas que confiaron sus ahorros a la administración de la Cooperativa.
Propuestas
1.- Tal como lo recomendó el Banco Central de Chile, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, al igual que en otras legislaciones del mundo (Alemania, EEUU, entre otras), debieran operar bajo los estándares de bancos comerciales, debido a que si bien sus operaciones y transacciones son de menor tamaño que las que realizan los bancos, cuentan con elementos comunes a estos que pueden afectar la estabilidad financiera.
La regulación debe propender a conseguir un adecuado equilibrio entre el fomento al esquema cooperativo y la supervisión a la cual deben estar afectas, con la finalidad de proteger a los depositantes.
2.- Todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito debieran ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (y posteriormente por la Comisión para el Mercado Financiero), y no sólo aquellas con patrimonio superior a 400.000 Unidades de Fomento, debido a que todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden recibir depósitos de sus socios y del público en general, pudiendo una mala administración generar efectos financieros nocivos.
Asimismo, aquellas Cooperativas fiscalizadas por el Departamento de Cooperativas y que superan el umbral de las 400.000 Unidades de Fomento de patrimonio, se convierten para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en Cooperativas de difícil fiscalización, debido a que previamente no están sujetas a criterios de fiscalización equivalentes.
3.- Resulta también aconsejable que se discuta la procedencia de extender a las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por el Departamento de Cooperativas ciertas disposiciones contenidas en la Ley General de Bancos, tales como el inspector delegado, el administrador provisional, entre otras instituciones jurídicas.
Adicionalmente, se hace imperativo compatibilizar las normas concursales contempladas en la ley N° 20.720 con la de la Ley de Cooperativas, especialmente en lo que dice relación al rol que le corresponde a la Junta General de Socios y al Departamento de Cooperativas en la apertura de dichos procedimientos.
4.- La supervisión que realiza la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito debiera extenderse también a la estructura societaria y el gobierno corporativo de las Cooperativas, materias hoy limitadas a la fiscalización del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía.
E. Votación de las conclusiones y proposiciones
En la sesión 8ª., de la Comisión, de fecha 6 de marzo de 2018, se pusieron en discusión las propuestas de conclusiones y proposiciones presentadas por el diputado señor Bellolio, las que fueron objeto de adecuaciones a sugerencia del diputado señor Silber para precisar la responsabilidad del Decoop y del Consejo de Administración de la Cooperativa.
Puesto en votación el texto de las conclusiones y proposiciones consignadas anteriormente fueron aprobadas unánimemente, por 6 votos a favor, de los diputados (as) señores (as) Bellolio, don Jaime; Berger, don Bernardo; Jarpa, don Carlos Abel; Silber, don Gabriel; Van Rysselberghe, don Enrique, y Verdugo, don Germán.
Se designó Diputado Informante, al señor JAIME BELLOLIO.
Tratado y acordado en las sesiones celebradas los días 29 de noviembre, 13 y 20 de diciembre, de 2017; 3, 10, 17 y 24 de enero; 5 y 6 de marzo, de 2018, con la asistencia de los diputados (as) señores (as) Bellolio, don Jaime (Presidente); Berger, don Bernardo; Carvajal, señora Loreto; Jarpa, don Carlos Abel (Espinosa, don Marcos); Silber, don Gabriel; Van Rysselberghe, don Enrique; Vallejo, señora Camila, y Verdugo, don Germán. Concurrieron también los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Campos, don Cristián, y Urrutia, don Osvaldo.
Sala de la Comisión, a 19 de marzo de 2018.
JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
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