Labor Parlamentaria

De la Dirección de Asuntos Internacionales por el cual informa que se ha constituido el Grupo Interparlamentario Chileno-Australiano y se ha procedido a elegir como Presidente al diputado señor Norambuena, don Iván .

De la Dirección de Asuntos Internacionales por el cual informa que se ha constituido el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino y ha procedido a elegir como Presidente al diputado señor Gahona, don Sergio .

Del diputado señor Matta

por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 19 de abril de 2018, para dirigirse a Paraguay.

Del diputado señor Bellolio

por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 4 de mayo de 2018, para dirigirse a Estados Unidos.

De la Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Pérez, don Leopoldo , y la diputada señora Sabat

han asumido los cargos de Jefey Subjefa de Bancada, respectivamente, a contar del 11 de abril de 2018.

De la diputada señora Núñez , doña Paulina ,

por la que informa que hará uso del permiso consagrado en el artículo 207 bis del Código del Trabajo, por un plazo de cinco días, a contar del 14 de mayo de 2018.

Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Marzán ,

quien deberá permanecer en reposo por un plazo de siete días, a contar de hoy, 17 de abril de 2018.

Del diputado señor Bellolio ,

quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy, 17 de abril de 2018, por medio día.

Diputada Flores, doña Camila , Diputado Jürgensen, don Harry .

Efectividad de que esa institución realiza controles por infracción a la prohibición de conducción de cualquier vehículo o medio de transporte bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas contenidas en el articulo 110 de la Ley del Tránsito, en los términos que requiere. (1555 de 10/04/2018). A Carabineros de Chile

Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Factibilidad de que el bien raíz Lote D, de la Parcela Nº 17 de la Palma “Cancha”, de la comuna de San Fernando, pueda ser utilizada permanentemente por el Club deportivo “La Palma” de la misma ciudad y comuna. (1562 de 10/04/2018). A Ministerio de Bienes Nacionales

Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes de la inversión efectuada por esa institución, con datos desagregados para los últimos 6 años por provincia y comuna, respecto del arriendo de camiones aljibes para enfrentar los diversos episodios de escasez hídrica, indicando las empresas y las personas jurídicas o naturales que prestaron dicho servicio y el monto pagado a cada uno de ellos por el periodo convenido en los respectivos contratos. Asimismo señale si la institución tuvo que invertir en compra de agua potable a empresas sanitarias. (1591 de 11/04/2018). A Servicio Nacional de Emergencia

Diputada Ossandón , doña Ximena . Situación actual de la Villa Los Acacios y de sus organizaciones sociales, indicando su vigencia y el uso actual que se está dando a la sede social emplazada en calle Nemesio Vicuña N° 4211. (1618 de 11/04/2018). A Municipalidad de Puente Alto

Diputado Crispi, don Miguel . Implementación de la medida que establece hospitales con agendamiento de consultas médicas, exámenes e intervenciones quirúrgicas durante todos los días de la semana, precisando el sistema de contratación, pago de honorarios, presupuesto y número de horas consideradas para los servicios médicos que se emplearán, en los términos que requiere. (1639 de 11/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputado Crispi, don Miguel . Solicita informe del tiempo de suspensión al cual estarán sujetos los Servicios de Salud del país respecto de sus actividades relacionadas con la contratación de servicios o adquisición de bienes, la evaluación del impacto de dicha medida a nivel nacional y las obras que se encuentran en proceso de licitación y que se verían afectadas. (1640 de 11/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputada Santibáñez , doña Marisela . Número de hospitales y centros de salud existentes en la Región Metropolitana y los que serán construidos y puestos en funcionamiento en los próximos cuatro años, en cada comuna, precisando el monto de los recursos destinados, en el mismo período, a mejoramiento de infraestructura y equipamiento. (1641 de 11/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputada Santibáñez , doña Marisela . Cantidad de especialistas médicos incorporados al hospital de Curacaví en los últimos 5 años, los proyectos de construcción de centros médicos en la misma comuna para los próximos 4 años y el monto de recursos destinados a mejoras en infraestructura y equipamiento médico que se hayan invertido en los últimos 5 años en el hospital señalado. (1642 de 11/04/2018). A Municipalidad de Curacaví

Diputada Santibáñez , doña Marisela . Número de especialistas médicos incorporados al hospital de Curacaví en los últimos 5 años, los proyectos de construcción de centros médicos en la misma comuna para los próximos 4 años y el monto de recursos destinados a mejoras en infraestructura y equipamiento médico que se hayan invertido en los últimos 5 años en el hospital señalado. (1644 de 11/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputado Trisotti, don Renzo . Existencia de un proceso disciplinario contra quienes resulten responsables en el caso de la agresión ejecutada contra el señor Jose Antonio Kast Rist , su fecha de inicio, estado de tramitación y sanciones aplicables. (1645 de 11/04/2018).

Diputado Trisotti, don Renzo . Estado de tramitación y pago de las licencias médicas presentadas por la señora Johanna Santander Di Caro con ocasión de la Leucemia Linfoblástica Aguda padecida por su hijo Fabiano Aguilar Santander , en los términos que requiere. (1646 de 11/04/2018). A Superintendencia de Seguridad Social

Diputado Trisotti, don Renzo . Posibilidad de que el señor Johnny Alquinta Alquinta pueda optar por la adquisición de un terreno urbanizado, con el subsidio que le otorgó el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Tarapacá para adquirir una vivienda construida, en los términos que requiere. (1647 de 11/04/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá

Diputado Bellolio, don Jaime . Políticas públicas aplicadas para prevenir el contagio con el Virus de Inmunodeficiencia Humana y las razones de su aumento en el país. (1648 de 11/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputada Parra, doña Andrea . Posibilidad de efectuar el estudio técnico pertinente que permita determinar si la laguna Quepe de la comuna de Vilcún, provincia de Cautín, podría ser incorporada a la nómina oficial de lagos navegables por buques de más de 100 toneladas. (1649 de 11/04/2018). A Ministerio de Defensa Nacional

Diputado Mulet, don Jaime . Antecedentes, acciones y medidas alternativas para prevenir posibles riesgos y consecuencias nocivas para la conservación del Parque Nacional Pan de Azúcar en virtud del actual diseño de la conexión vial de la ruta costera entre Chañaral y Taltal . (1650 de 11/04/2018). A Ministerio de Obras Públicas

Diputada Santibáñez , doña Marisela . Número de especialistas médicos incorporados al hospital de Curacaví en los últimos 5 años, los proyectos de construcción de centros médicos en la misma comuna para los próximos 4 años y el monto de recursos destinados a mejoras en infraestructura y equipamiento médico que se hayan invertido en los últimos 5 años en el hospital señalado. (1651 de 11/04/2018).

Diputado Mulet, don Jaime . Antecedentes, medidas y acciones alternativas que se adoptaran para prevenir y evitar los posibles riesgos y consecuencias nocivas para la población de Chañaral a raíz del actual diseño de la obra “Encauzamiento de la Cuenca del Salado”, en la Región de Atacama. (1652 de 11/04/2018). A Ministerio de Obras Públicas

Diputado Rosas, don Patricio . Antecedentes sobre la planificación y características de la campaña de comunicación y educación para la prevención en los contagios con el Virus de Inmunodeficiencia Humana durante el año 2018. (1653 de 11/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputado Rathgeb, don Jorge . Situación y estado actual de postulación a un subsidio habitacional presentada por el señor Dionicio Nahuelcura Torres de la comuna de Lonquimay. (1654 de 11/04/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía

Diputada Mix, doña Claudia . Estado del Canal Ortuzano y del puente de la Avenida 5 de Abril que sirve como vía para llegar a la comuna de Estación Central, indicando las medidas dispuestas para mitigar las malas condiciones en que se encuentran. (1665de 12/04/2018). A Municipalidad de Maipú

Diputada Mix, doña Claudia . Detalle de los gastos realizados por el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de ese Ministerio en el periodo 2016-2017 y el efectuado durante los últimos 5 meses. (1666 de 12/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputado Naranjo, don Jaime . Acciones concretas que ha realizado ese Ministerio en su participación en la Comisión Mixta Chileno-Alemana para abordar la memoria histórica de “Colonia Dignidad” y la integración de las víctimas en la sociedad. (1667 de 12/04/2018).

Diputado Jürgensen, don Harry . Medidas que se adoptarán para prevenir nuevos accidentes causados por la inexistencia de señalización del paso a bajo nivel de ferrocarriles ubicado a una distancia de 6 kilómetros de la Ruta 5 con el camino Las Quemas. (1668 de 12/04/2018).

Diputado Jürgensen, don Harry . Posibilidad de demoler el paso de ferrocarriles ubicado a una distancia de 6 kilómetros en la Ruta 5 con el camino Las Quemas, debido a que se encuentra en desuso desde el año 1960, indicando las medidas concretas que se adoptarán para prevenir accidentes. (1669 de 12/04/2018). A Empresa de Ferrocarriles del Estado

Diputado Jürgensen, don Harry . Estado de avance, fecha de término probable, estudios de ejecución, carpeta técnica y ente ejecutor de las obras que se están realizando en la Ruta V-155, proyecto denominado “Mejoramiento Cbi Ruta V-155, Frutillar Bajo (F.Pav)- Quilanto , Frutillar ”, de la Dirección de Vialidad, en el tramo comprendido entre los kilómetros 25.334 y el kilómetro 34.691 de la comuna de Frutillar. (1670 de 12/04/2018). A Ministerio de Obras Públicas

Diputado Longton, don Andrés . Número de reclusos, porcentajes de hacinamiento en establecimientos carcelarios, tipos de delitos por los que están privados de libertad, programas de reinserción y demás materias que requiere. (1671 de 12/04/2018). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Diputado Longton, don Andrés . Otorgamiento de permisos y resoluciones sanitarias que autorizan el funcionamiento de la empresa Alcamed Limitada . (1672 de 12/04/2018). A Instituto de Salud Pública

Diputada Olivera, doña Erika . Existencia de proyectos y el estado en que se encuentran que tengan por finalidad dar solución a los puntos descritos en los números 1 al 10 de su presentación, en los términos que requiere. (1673 de 12/04/2018). A Municipalidad de Quinta Normal

Diputada Cid, doña Sofía . Solicita informe de las medidas y gestiones realizadas para evitar que los terrenos fiscales del sector de Viñita Azul, en la comuna de Copiapó, sean utilizados como vertederos o basureros ilegales. (1744 de 12/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama

Diputado Naranjo, don Jaime . Solicita copia del estudio realizado en el año 2014, mencionado en la respuesta al oficio Nº 38 de esta Corporación de fecha 15 de marzo del presente año, cuyo texto se anexa. (1745 de 12/04/2018).

Diputado Baltolu, don Nino . Solicita informe del estado de tramitación de la solicitud presentada por el señor Rolando Darío Cerda Fuentes , con fecha 28 de noviembre de 2017 referida a la reapertura de un sumario administrativo. (1746 de 12/04/2018). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Diputado Berger, don Bernardo . Solicita informe de la factibilidad de acceder al requerimiento del comité de seguridad Tornagaleones , de la comuna de Valdivia, mediante el cual requiere de esa Secretaría Regional Ministerial ejercer las acciones necesarias para recuperar los terrenos que se individualizan. (1747 de 12/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial del Trabajo de Los Ríos

Diputado Berger, don Bernardo . Solicita informe de la factibilidad de acceder al requerimiento del comité de seguridad Tornagaleones , de la comuna de Valdivia, mediante el cual requiere de esa Secretaría Regional Ministerial ejercer las acciones necesarias para recuperar los terrenos que se individualizan. (1748 de 12/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos

Diputado Berger, don Bernardo . Solicita informe el estado de avance del estudio de pre factibilidad del proyecto “Mejoramiento Conexión Vial Las MulatasTorobayoCutipay”, en la comuna de Valdivia, según indica. (1749 de 12/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Los Ríos

Diputado Berger, don Bernardo . Solicita informe del estado de avance del estudio de pre factibilidad del proyecto “Mejoramiento Conexión Vial Las MulatasTorobayoCutipay”, en la comuna de Valdivia, según indica. (1750 de 12/04/2018). A Ministerio de Obras Públicas

Diputado Labra, don Amaro . Solicita informe de la evaluación y planificación de las áreas técnicas que fundan la desvinculación de varios funcionarios a nivel central en el Ministerio del Medio Ambiente. (1751 de 12/04/2018). A Ministerio del Medio Ambiente

Diputado Teillier, don Guillermo . Solicita el estado en que se encuentra el proceso de nueva licitación del Hospital Sótero del Río. (1753 de 12/04/2018).

Diputada Mix, doña Claudia . Requiere informe de las fiscalizaciones efectuadas para determinar el cumplimiento de las medidas de mitigación, aplicadas por las malas condiciones en las que se encuentra el Canal Ortuzano y el puente ubicado en la Avenida 5 de Abril de la Región Metropolitana. (1754 de 12/04/2018). A Municipalidad de Estación Central

Diputada Mix, doña Claudia . Solicita informe de las fiscalizaciones efectuadas para determinar el cumplimiento de las medidas de mitigación, aplicadas por las malas condiciones en las que se encuentra el Canal Ortuzano y el puente ubicado en la Avenida 5 de Abril de la Región Metropolitana. (1755 de 13/04/2018). A Municipalidad de Cerrillos

Diputada Ossandón , doña Ximena . Solicita informe de los gastos en que incurrió la Corporación Municipal de Educación, durante el periodo de matrículas, comprendido entre los años 2017 y 2018. (1756 de 12/04/2018). A Municipalidad de La Florida

Diputada Ossandón , doña Ximena . Solicita informe de la cantidad de denuncias realizadas por los trabajadores de las Corporaciones Municipales de Educación y Salud, respectivamente, de la comuna de La Florida durante los años 2016, 2017 y 2018, indicando los motivos de éstas y el resultado de las mismas. (1757 de 12/04/2018). A Dirección del Trabajo

Diputada Cicardini , doña Daniella . Solicita informe de las fiscalizaciones realizadas, así como las sanciones y medidas adoptadas, para resguardar la salud de los trabajadores de la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre, expuestos a la contaminación de arsénico según se indica. (1758de 12/04/2018). A Corporación Nacional del Cobre

Diputada Cicardini , doña Daniella . Solicita informe de las fiscalizaciones realizadas, así como las sanciones y medidas adoptadas, para resguardar la salud de los trabajadores de la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre, expuestos a la contaminación de arsénico según se indica. (1759 de 12/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama

Diputada Cicardini , doña Daniella . Solicita informe de las fiscalizaciones realizadas, así como las sanciones y medidas adoptadas, para resguardar la salud de los trabajadores de la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre, expuestos a la contaminación de arsénico según se indica. (1760de 12/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Atacama

Diputada Cicardini , doña Daniella . Solicita informe de las fiscalizaciones realizadas, así como las sanciones y medidas adoptadas, para resguardar la salud de los trabajadores de la División El Salvador de la Corporación Nacional del Cobre, expuestos a la contaminación de arsénico según se indica. (1761de 12/04/2018). A Dirección del Trabajo

Diputado Hirsch, don Tomás . Solicita informe del número total de niños fallecidos en los establecimientos del Servicio Nacional de Menores en los últimos 10 años, indicando si éstos continúan en funcionamiento y en cuáles de ellos se han registrado abusos físicos o sexuales, como asimismo las medidas adoptadas para investigar y sancionar los hechos. (1762 de 12/04/2018). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Requiere informe del monto de financiamiento asignado a los Programas de Rehabilitación de Alcohólicos, regulados en el artículo 24 de la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. (1763 de 12/04/2018). A Ministerio De Salud

Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Solicita informe del monto de financiamiento asignado a los Programas de Rehabilitación de Alcohólicos, regulados en el artículo 24 de la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. (1764 de 12/04/2018). A Superintendencia de Seguridad Social

Diputado Silber, don Gabriel . Solicita informe de las consideraciones técnicas del estudio de impacto ambiental que autorizó la ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Agua Potable Reina Norte, en la comuna de Colina, dando respuesta a las interrogantes planteadas en documento anexo. (1765 de 12/04/2018).

Diputado Silber, don Gabriel . Solicita información sobre las consideraciones técnicas del estudio de impacto ambiental que autorizó la ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Agua Potable Reina Norte, en la comuna de Colina, dando respuesta a las interrogantes planteadas en documento anexo. (1766 de 12/04/2018). A Ministerio del Medio Ambiente

Diputado Núñez, don Daniel . Solicita un informe sobre la implementación de nuevos trazados del subsidio para el transporte escolar, en la Región de Coquimbo, indicando los tramos y localidades que serán beneficiadas durante el año 2018 con los subsidios de zonas aisladas y conectividad rural para el transporte escolar en la comuna de Canela. (1767 de 12/04/2018). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Diputada Leuquén , doña Aracely . Solicita informe de las políticas y criterios que se emplearán en la protección y desarrollo del Parque Patagonia, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (1768 de 12/04/2018). A Ministerio del Medio Ambiente

Diputada Leuquén , doña Aracely . Solicita informe de las políticas y criterios que se emplearán en la protección y desarrollo del Parque Patagonia, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (1769 de 12/04/2018). A Ministerio de Bienes Nacionales

Diputada Mix, doña Claudia . Requiere informe de la tributación de las empresas mineras Escondida, Inés de Collahuasi , Los Pelambres , Anglo American Sur , Anglo American Norte , Zaldívar , Quebrada Blanca , Candelaria , Cerro Colorado y El Abra, desde el año 2006 a la fecha. (1770 de 12/04/2018). A Servicio de Impuestos Internos

Diputado Vidal, don Pablo . Solicita informe de las acciones de reparación que se llevarán a cabo en las filtraciones de agua en calles y pasajes del sector Villa San Carlos , cuya ubicación se especifica en documento anexo. (1773 de 12/04/2018). A Municipalidad de Maipú

Diputado Vidal, don Pablo . Requiere informe de las acciones dispuestas para mantener una infraestructura adecuada donde pueda funcionar de forma regular el comercio informal, en el barrio ubicado en calle Obispo Javier Vásquez , en la comuna de Estación Central. (1774 de 12/04/2018). A Municipalidad de Estación Central

Diputado Vidal, don Pablo . Requiere informe de las fiscalizaciones realizadas para mejorar la frecuencia y calidad en los servicios de transporte de buses entre las ciudades de Batuco y Santiago . (1775 de 12/04/2018). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Diputado Matta, don Manuel . Estado de los subsidios de mejoramiento y ampliación de viviendas de la “Villa Camino Real” de Cauquenes, indicando los plazos de ejecución, las obras que contempla y las empresas o terceros que estarán encargados de dichos trabajos. Asimismo, se sirva confirmar el compromiso de la autoridad para concretar la prórroga de los subsidios asignados. (1776 de 13/04/2018).

Diputado Matta, don Manuel . Estado de los subsidios de mejoramiento y ampliación de viviendas de la “Villa Camino Real” de Cauquenes, indicando los plazos de ejecución, las obras que contempla y las empresas o terceros que estarán encargados de dichos trabajos. Asimismo, se sirva confirmar el compromiso de la autoridad para concretar la prórroga de los subsidios asignados. (1777 de 13/04/2018). A Gobernación Provincial de Cauquenes

Diputado Matta, don Manuel . Vías y caminos correspondiente al tramo entre Las Conejas y Pueblo Hundido, considerados por el Cuarto Convenio de Programación, señalando fechas tentativas o preprogramadas de ejecución de dicha obra. Asimismo, indique el estado del proyecto y las fechas de ejecución de las obras de conservación en la Ruta M-804 que une la comuna de Pelluhue con Pueblo Hundido. (1778 de 13/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Maule

Diputado Matta, don Manuel . Vías y caminos correspondiente al tramo entre Las Conejas y Pueblo Hundido, considerados por el Cuarto Convenio de Programación, señalando fechas tentativas o preprogramadas de ejecución de dicha obra. Asimismo, indique el estado del proyecto y las fechas de ejecución de las obras de conservación en la Ruta M-804 que une la comuna de Pelluhue con Pueblo Hundido. (1779 de 13/04/2018). A Intendencia de la Región del Maule

Diputado Matta, don Manuel . Vías y caminos correspondiente al tramo que une a Quilicura con el sector de Salto de Agua, considerados en el Cuarto Convenio de Programación, indicando fechas tentativas o preprogramadas de ejecución de dicha obra. Asimismo, señale el estado del proyecto y las fechas de ejecución de las obras de conservación en la Ruta M-918. (1780 de 13/04/2018). A Intendencia de la Región del Maule

Diputado Matta, don Manuel . Vías y caminos correspondiente al tramo que une a Quilicura con el sector de Salto de Agua, considerados en el Cuarto Convenio de Programación, indicando fechas tentativas o preprogramadas de ejecución de dicha obra. Asimismo, señale el estado del proyecto y las fechas de ejecución de las obras de conservación en la Ruta M-918. (1781 de 13/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule

Diputado Espinoza, don Fidel . Estado del proyecto de alcantarillado de la localidad de Pilmaiquén, en la comuna de Puyehue, indicando si estas obras fueron recepcionadas o si tienen observaciones. (1782 de 13/04/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos

Diputado Espinoza, don Fidel . Montos que ha debido desembolsar el municipio por concepto de indemnizaciones pagadas a los funcionarios que han sido desvinculados desde diciembre de 2016 a la fecha. (1783 de 13/04/2018). A Municipalidad de Puerto Octay

Diputado Espinoza, don Fidel . Presentación del proyecto que permitirá la construcción de una nueva posta rural en la localidad de El Poncho, indicando los obstáculos técnicos o económicos para materializar dicha obra. (1784 de 13/04/2018). A Municipalidad de Puerto Octay

Diputado Espinoza, don Fidel . Estado de los proyectos de la escuela El Encanto, en los términos que requiere. (1785 de 13/04/2018). A Municipalidad de Puyehue

Diputado Espinoza, don Fidel . Uso de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública en la escuela Pilmaiquén, la escuela rural Armando Scheuch Epple en el sector Los Negros y la escuela Rural Estación de Nuevo Porvenir, en los términos que requiere. (1786 de 13/04/2018). A Ministerio de Educación

Diputado Espinoza, don Fidel . Montos que ha desembolsado el municipio por concepto de contratación de artistas para la participación en diversas actividades o eventos municipales desde enero de 2017 a marzo de 2018, individualizando el artista, evento y el monto pagado. (1787 de 13/04/2018). A Municipalidad de Puerto Octay

Diputado Espinoza, don Fidel . Situación jurídica de don Constantino Apóstol Codjambassis Mauquie , quien requiere una solución para su nacionalización. (1788 de 13/04/2018). A Servicio de Registro Civil e Identificación

Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes acerca de la situación del carabinero en retiro señor Samuel Garcés Vidal respecto de una deuda hospitalaria del año 2014, indicando el monto original, causas que justifiquen un alza en la deuda y el detalle de los ítems cobrados. (1789 de 13/04/2018). A Carabineros de Chile

Diputado Espinoza, don Fidel . Situación jurídica de don Constantino Apóstol Codjambassis Mauquie , quien requiere una solución a su problema de nacionalidad. (1790 de 13/04/2018). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Diputada Olivera, doña Erika , Diputado Celis, don Andrés , Diputado Durán, don Jorge . Programas que ha impulsado ese Ministerio para la prevención del contagio de Virus de Inmunodeficiencia Humana durante los últimos 4 años, en los términos que requieren. (1791 de 13/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputada Pérez, doña Catalina . Remita la documentación que señala, relacionada con las instituciones que han invocado objeción de conciencia en los casos del articulo 119 ter del Código Sanitario. (1792 de 13/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputada Rojas, doña Camila . Solicita informe del estado de avance del proyecto habitacional Mirador El Faro, etapas I y II, de la comuna de San Antonio, indicando el estado estructural de sus torres y las memorias de cálculo estructural efectuadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso. (1793 de 12/04/2018). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Diputada Rojas, doña Camila . Solicita informe de las solicitudes especiales de permisos de pesca para jibia y reineta, presentadas ante ese Servicio por parte de organizaciones o personas naturales, desde su asunción al cargo de Director Nacional a la fecha. (1794 de 12/04/2018). A Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Diputado Espinoza, don Fidel . Solicita remitir todos los antecedentes del proyecto “Centro de Arte Molino Machmar”, ubicado en la comuna de Puerto Varas y el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Lagos y dicho centro. (1795 de 13/04/2018). A Ministerio de Obras Públicas

Diputado Espinoza, don Fidel . Solicita remitir todos los antecedentes del proyecto “Centro de Arte Molino Machmar”, ubicado en la comuna de Puerto Varas y el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Lagos y dicho centro. (1796 de 13/04/2018). A Intendencia de la Región de Los Lagos

Diputado Espinoza, don Fidel . Solicita remitir todos los antecedentes del proyecto ?Centro de Arte Molino Machmar?, ubicado en la comuna de Puerto Varas y el convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Los Lagos y dicho centro. (1797 de 13/04/2018). A Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Diputada Carvajal , doña Loreto . Informe las acciones destinadas a mejorar el plan social de compensación ganadera, considerando en especial el daño emergente y lucro cesante que les pudiere afectar, con el fin de optimizar las condiciones de reubicación para las familias afectadas con la inundación de tierras a raíz de la construcción del embalse Punilla, entre las comunas de San Fabián de Alico y Coihueco . (1798 de 13/04/2018). A Ministerio de Desarrollo Social

Diputada Carvajal , doña Loreto . Informe las acciones destinadas a mejorar el plan social de compensación ganadera, considerando en especial el daño emergente y lucro cesante que les pudiere afectar, con el fin de optimizar las condiciones de reubicación para las familias afectadas con la inundación de tierras a raíz de la construcción del embalse Punilla, entre las comunas de San Fabián de Alico y Coihueco . (1799 de 13/04/2018). A Ministerio de Obras Públicas

Diputada Flores, doña Camila . Solicita informe de los resultados de las mediciones en las estaciones de monitoreo del aire, instalados en la Fundición Codelco Ventanas, durante el día 12 de abril de 2018, particularmente entre las 00:00 y las 11:00 am. (1800 de 13/04/2018). A Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso

Diputado Vidal, don Pablo . Remita los siguientes antecedentes relacionados con el proyecto “Centro Cultural Comuna de TilTil”, en la Región Metropolitana: procesos de licitación y adjudicación, presupuesto, plazos de ejecución, estados de pagos y procesos de reclamación derivados de su ejecución. (1801 de 12/04/2018).

Diputado Rosas, don Patricio . Antecedentes en virtud de la planificación de horarios en el 2018 del Servicio de Atención Primaria de Urgencia, que funciona en el Centro de Salud Familiar de Niebla, a raíz de la solicitud planteada por las distintas organizaciones sociales de la zona para que dicho centro de salud funcione las 24 horas del día. (1802 de 13/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputado Bianchi, don Karim . Posibilidad de reconsiderar la medida de suspensión del proyecto de inversión hospitalaria y de atención primaria que se desarrolla actualmente y que afecta gravemente a los vecinos más vulnerables de la ciudad de Punta Arenas. (1803 de 13/04/2018). A Ministerio de Salud

Diputado Carter, don Álvaro . Solicita informe del número de unidades policiales de Carabineros de Chile y los respectivos planes cuadrantes, ubicados en las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, dando respuesta además a las interrogantes planteadas en documento anexo. (1804 de 13/04/2018). A Carabineros de Chile

Diputada Pérez, doña Catalina . Solicita informe de los antecedentes técnicos que se tuvieron a la vista el año 2003, para otorgar la autorización a la empresa Gugua Corporation S.A. con el objeto de ejecutar una obra minera en el sector de Isla Teja Sur en la ciudad de Valdivia, indicando si dicha autorización ha sido otorgada nuevamente o si ha sido renovada desde entonces. (1806 de 13/04/2018). A Gobernación Provincial de Valdivia

Diputada Pérez, doña Catalina . Solicita informe de todas las fiscalizaciones realizadas a la faena minera en el sector de Isla Teja Sur, ubicada en la ciudad de Valdivia, así como de otras obras ejecutadas por la empresa Gugua Corporation S.A. (1807 de 13/04/2018). A Superintendencia del Medio Ambiente

Diputada Pérez, doña Catalina . Solicita informe de las fiscalizaciones realizadas en la faena minera en el sector de Isla Teja Sur, en la ciudad de Valdivia, por la empresa GUGUA CORPORATION S.A., desde el año 2007 a la fecha. (1808 de 13/04/2018). A Servicio Nacional de Geología y Minería

Diputada Cicardini , doña Daniella . Estado de la solicitud presentada por doña María Donoso Fernández con el fin de regularizar el título de dominio a través del Ministerio de Bienes Nacionales. (1809 de 16/04/2018). A Servicio de Vivienda y Urbanismo de Atacama

Diputado Verdessi, don Daniel . Estado en que se encuentra la fuente de captación de agua en la zona urbana de la comuna de Cabildo, en la Región de Valparaíso, indicando el uso y protocolo de camiones aljibes utilizados para complementar el suministro y las obras e inversión comprometidas por la empresa Esval S.A. (1811 de 13/04/2018). A Superintendencia de Servicios Sanitarios

Diputada Pérez, doña Catalina . Modo en que las instituciones de salud previsional mantendrán la cobertura comprometida en sus contratos, en caso de que el cambio de prestador se deba a la derivación por objeción de conciencia institucional comunicada conforme al Protocolo consagrado en el artículo 129 ter del Código Sanitario, en los términos que requiere. (1812 de 13/04/2018). A Superintendencia de Salud

Diputada Olivera, doña Erika . Proyectos, fondos asignados, beneficiarios, gastos, estadías, campeonatos, competencias, carreras nacionales e internacionales que tengan relación con transferencias de dinero otorgados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile a la Federación Nacional de Ciclismo, en los términos que requiere. (1815 de 16/04/2018). A Instituto Nacional de Deportes

El señor MULET (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez 

El señor PÉREZ (don Leopoldo) .- Señor Presidente, respecto del número 16 de la Cuenta, que se refiere a la solicitud de creación de una comisión especial investigadora para determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de las listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Lista de Espera, quiero saber qué período abarca.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Prosecretario .

El señor ROJAS (Prosecretario).- Señor Presidente, corresponde a los hechos ocurridos entre los años 2011 y 2013.

La señorita CARIOLA (doña Karol) .- Señor Presidente, hay un error en esa información, por cuanto también incorpora elementos del año 2017, específicamente en relación con el hospital de Rancagua.

Son dos los objetivos de la comisión especial investigadora: el primero, analizar lo ocurrido entre 2011 y 2013, en el que se considera el caso de la policlínica Maruri , y el segundo se refiere al caso del hospital de Rancagua, en 2017.

De esta forma, respondo la duda del colega. He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).- Se está revisando el acuerdo. La petición formal habla de los años que mencionó el señor Prosecretario .

Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis) .- Señor Presidente, efectivamente se indican esos años; pero el mandato también habla de los hechos ocurridos en el hospital de Rancagua.

En la anterior comisión investigadora sobre esta materia se analizaron los hechos ocurridos los años 2016 y 2017.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).- Efectivamente, de esa forma está redactada la solicitud y así la leyó el señor Prosecretario.  

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO ALEJANDRO ROJAS WAINER Y DE VÍCTIMAS DE GUERRA CIVIL EN SIRIA

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Mulet y con la asistencia de las diputadas señoras Castillo , Hoffmann y Sepúlveda , y de los diputados señores Barrera, Celis, don Ricardo ; CruzCoke , Flores , Jiménez , Hirsch , Ilabaca , Macaya , Monsalve , Pérez, don Leopoldo ; Pérez, don José ; Urrutia, don Ignacio , y Walker acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento.

2.- Remitir a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor el proyecto que “modifica la Ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia, a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica” (boletín N° 11657-07), una vez que sea despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-o-

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, la semana pasada, junto con otros nueve diputados, presentamos un proyecto de resolución en el que se solicita a su excelencia el Presidente de la República la creación de una comisión nacional de verdad y reparación en materia de infancia. En los considerandos de la iniciativa exponemos diez razones que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales.

Hoy pedí a la jefa del Comité Federación Regionalista Verde Social-Independientes que requiriera la unanimidad de los Comités para votarlo con preferencia en la presente sesión, sin discusión. Solicité que se votara sin discusión porque hemos conocido la disposición del gobierno a abordar con premura y diligencia los temas relativos a la infancia.

Sin embargo, no logramos la unanimidad, pues el jefe del Comité de la Unión Demócrata Independiente la negó.

En consideración a la urgencia de los temas que aborda el proyecto de resolución, quiero señalar, primero, que se pide que se cree una comisión y no se precisa cuáles deben ser las medidas reparatorias, y, segundo, que se recoge el llamado del propio gobierno a acelerar todos los procesos que tienen que ver con la niñez.

Por ello, señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para votar en la presente sesión este proyecto de resolución.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo que solicita el diputado Saffirio ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, como bancada regionalista e independientes siempre hemos dado la unanimidad para tratar proyectos de acuerdo y de resolución con preferencia.

Además, dichas iniciativas tienen que ver con coyunturas especiales, con problemas que se están dando en el minuto y que es importante resolver y respecto de los cuales es fundamental que la Sala adopte una opinión.

Unos podrán votar a favor y otros en contra, pero lo que solicitamos a la Sala, fundamentalmente a los colegas de la UDI, es que a lo menos nos dejen examinar el proyecto de resolución sobre la infancia.

El Presidente de la República planteó que es un problema relevante, de primer nivel, que el país debe resolver, porque existe una deuda importante con los niños y las niñas de Chile.

La propuesta que planteó el diputado René Saffirio , no solo hoy, sino desde hace mucho tiempo, es formar una comisión especial que aborde la materia.

Por eso pido a la bancada de la UDI que dé la unanimidad para poder votarlo.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Señora diputada, no hubo unanimidad.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, solicito que recabe nuevamente el acuerdo.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Señora diputada, ya lo hicimos y no hubo unanimidad.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Muchas gracias, señor Presidente.

-o-

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

-o-

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra, diputado Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión, para analizar la situación del proyecto Chile Atiende.

Quiero hacer notar que, en su momento, esa iniciativa fue rechazada en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Hace dos semanas, la discutimos en la Comisión de Hacienda y solicitamos que la iniciativa pasara a Gobierno Interior; sin embargo, hoy aparece en Tabla.

Por lo tanto, lo mejor es llamar a reunión de Comités para tratar la forma en que tramitaremos el proyecto, porque de la manera en que se ha procedido queda bastante inconexo en relación con la discusión que sostuvimos en la Comisión de Hacienda.

Cabe señalar que lo propuesto lo conversé con el Presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pablo Lorenzini .

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, hay acuerdo de los Comités al respecto, pero el Comité del Partido Comunista tiene derecho a solicitar que se cite a reunión de Comités y, por ello, lo haremos en algún momento del transcurso de la sesión.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, apoyo lo planteado por el diputado Daniel Núñez .

Como miembro de la Comisión de Hacienda, quiero manifestar que la comisión fue terminante y demostró que era imposible tratar el proyecto de ley en cuestión.

He dicho.

ARCHIVO DE PROYECTO

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el Senado en orden a archivar los proyectos radicados en la Comisión de Economía de dicha Corporación, contenidos en los boletines NOS 2987-5, 3814-03, 4730-03, 6973-03 y 7.047-03, refundidos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

-o-

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Berger Fett, Bernardo ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Carter Fernández, Álvaro ; Celis Montt, Andrés ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Eguiguren Correa, Francisco ; Hoffmann Opazo , María José ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Longton Herrera, Andrés ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Molina Magofke, Andrés ; Moreira Barros, Cristhian ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Olivera De La Fuente, Erika ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Tirachini, Alejandro ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Matta Aragay, Manuel ; Mellado Pino, Cosme ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Walker Prieto , Matías .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez, Sebastián ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Gahona Salazar, Sergio ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Morales Muñoz, Celso ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, ¿podría informar al Senado sobre el número de votos en contra, para que entiendan que la Cámara de Diputados quiere discutir ese proyecto?

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Comunicaremos el rechazo como corresponde, señora diputada.

FUSIÓN DE PROYECTOS

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural en orden a refundir, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los siguientes proyectos: la moción que establece normas sobre elaboración, denominación y etiquetado de productos lácteos o derivados de la leche (boletín N° 11661-11) y la moción que establece normas sobre comercialización y etiquetado de la leche (boletín N° 11417-01).

¿Habría acuerdo?

Acordado.

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 63 señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de “recabar antecedentes sobre las actuaciones de los funcionarios públicos adscritos a los establecimientos de salud correspondientes a diversos servicios de salud del país, con el objeto de determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de las listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE), la manipulación del sistema Sigge y estadísticas de salud de las instituciones públicas involucradas, a partir de los hechos ocurridos entre 2011 y 2013, que podrían configurar una eventual infracción al principio de probidad, y lo sucedido con los pacientes del Hospital de Rancagua, cuyos casos no habrían sido atendidos ni incorporados al registro correspondiente.”.

Para el cumplimiento de su proposición, la referida comisión especial investigadora deberá rendir su informe en el plazo de treinta días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 119 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alessandri Vergara, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Auth Stewart, Pepe ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Barros Montero, Ramón ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Castillo Muñoz, Natalia ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Castro González, Juan Luis ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Eguiguren Correa, Francisco ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Garín González, Renato ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiles Moreno, Pamela ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Lavín León, Joaquín ; Leiva Carvajal, Raúl ; Longton Herrera, Andrés ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Matta Aragay, Manuel ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Moreira Barros, Cristhian ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz González, Francesca ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Noman Garrido, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia, Paulina ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Ossandón Irarrázabal, Ximena ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Santana Castillo, Juan ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Troncoso Hellman, Virginia ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Verdessi Belemmi, Daniel ; Vidal Rojas, Pablo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Matías .

-Votó por la negativa el diputado señor Cruz-Coke Carvallo, Luciano .

-Se abstuvo el diputado señor Molina Magofke , Andrés .

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

De conformidad con el artículo 63, número 2, del Reglamento de la Corporación, propongo a la Sala integrar la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, por el perÍodo legislativo 2018-2022, con los siguientes señores diputados: Diego Paulsen , Gonzalo Fuenzalida , Osvaldo Urrutia , Raúl Leiva , Gabriel Silber , Jorge Brito y José Pérez .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA TABLA

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Recabo la unanimidad de la Sala para tratar en segundo lugar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, iniciativa que figura en el número tres de la tabla.

La idea es que se rindan los respectivos informes del citado proyecto mientras estamos en reunión de Comités y, si procediera, tratar a continuación el que señala el punto dos de la tabla.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY, PARA ESTABLECER EL ‘DÍA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA’.

BOLETIN N° 10.906-19-S

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Ciencia y Tecnología pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, de origen en una moción de los senadores señor Girardi , señora Goic y señores Chahuán , Coloma y De Urresti , en segundo trámite constitucional y primero reglamentario.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en conmemorar el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

El proyecto no tiene normas de ese carácter.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

El proyecto de ley no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación del proyecto.

El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad. Votaron a favor las diputadas María José Hoffmann y Claudia Mix , y los diputados Karim Bianchi Retamales , Giorgio Jackson Drago (Presidente), Pablo Kast Sommerhoff , Miguel Mellado Suazo , Luis Pardo Sáinz , Patricio Rosas Barrientos , Jaime Tohá González , Víctor Torres Jeldes y Enrique Van Rysselberghe Herrera .

II. ANTECEDENTES.

Fundamentos del proyecto.

El proyecto de ley en estudio se origina en una moción, la que señala que el desarrollo de la ciencia y la tecnología es central para alcanzar los objetivos de sustentabilidad que se ha fijado la comunidad internacional. El rol de trascendencia de la ciencia y de la tecnología fue reconocido internacionalmente ya en 1999 en Budapest, donde se desarrolló la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, reunida bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC). Allí los Estados partes declaraban su compromiso "a hacer todo lo posible para promover el diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, a eliminar todas las formas de discriminación relacionadas con la educación científica y los beneficios de la ciencia, a actuar con ética y espíritu de cooperación en nuestras esferas de responsabilidad respectivas, a consolidar la cultura científica y su aplicación con fines pacíficos en todo el mundo, y a fomentar la utilización del saber científico en pro del bienestar de los pueblos y de la paz y el desarrollo sostenibles, teniendo en cuenta los principios sociales y éticos mencionados.".

Precisa que, además, con el objetivo de recordar este compromiso de la ciencia es que la Conferencia General de la UNESCO, en su Resolución 31C/20, decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001, así la conmemoración del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.

En tal sentido, advierte, que en Chile aún no se logra potenciar la ciencia y tecnología del modo requerido por los desafíos sociales que han de enfrentarse, y la materia no ha impregnado las políticas públicas de una manera que permita tomas de decisiones basadas en los conocimientos alcanzados. De hecho la entrada del país a la OECD ha puesto en evidencia, que Chile se encuentra entre los últimos lugares en la mayoría de los estudios comparativos realizados por esta organización entre las naciones más desarrolladas. Estos datos complementados con los resultados generales presentados por la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Chile 2016) donde no obstante destacar el interés de la sociedad en temáticas de ciencia (58,1%) y tecnología (68,4%), los datos dan cuenta de una posición de una percepción de desconocimiento frente a dichos avances, en efecto entre la población que se siente poco o nada informada, la ciencia ocupa el primer lugar con un 76,9%, mientras que un 65,2% siente lo mismo respecto a la tecnología.

En este contexto, agrega, es necesario crear puentes entre ciencia y sociedad. El objetivo es introducir mecanismos que permitan una revalorización del rol de la ciencia para la sociedad y que esta esté informada de los desarrollos de la misma. Con esta finalidad el año 2011 se presentó en la Cámara de Diputados el boletín N° 7753-19 que Declara el primer domingo de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología”, sin embargo se considera necesario reformular la fecha en el cual conmemorar esta actividad para efectos de hacer más eficiente la política pública de difusión y democratización científica.

Señala, además, que si bien en Chile el Programa Explora ha llevado acabo la experiencia de realizar por 20 años la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en octubre, justificación de la fecha que iba a consagrar la moción parlamentaria antes mencionada, esta parece no ser la fecha más razonable por los siguientes motivos:

La mayor cantidad de actividades de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología tienen como público objetivo los estudiantes de enseñanza básica y media (“Día de la ciencia en mi colegio”, “1000 científicos 1000 aulas”, etc.) siendo los docentes quienes señalan que en este período existe sobrecarga de actividades (en el último trimestre del año se preparan las graduaciones de los estudiantes, el cierre del ciclo escolar, etc.).

La segunda de las actividades emblemáticas del Programa Explora es el Congreso Regional Escolar (septiembre y octubre) y el Congreso Nacional Escolar (noviembre), por ende se juntan en un período muy corto de tiempo las dos actividades más relevantes del Programa, no logrando dar a ninguna de ellas la visibilidad y masividad que se espera.

El tener las dos actividades más relevantes en el último trimestre del año, complica la ejecución del presupuesto ya que los gastos se terminan pagando en el mes de diciembre cuando cierra el ejercicio del año CONICYT con todo el aumento de transacciones financieras que conlleva.

La misión del Programa Explora que se pretende instaurar a partir del 2017 es diseñar e implementar iniciativas que permitan la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y tecnología de las nuevas generaciones y contribuir a que la ciudadanía pueda tener una mejor comprensión del entorno a través del pensamiento científico.

Por último, puntualiza que para lograr esta misión y objetivos se requiere una estrategia de difusión alineada con el período escolar chileno, por ello se propone conmemorar el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología cada 10 de abril, en honor al el primer latinoamericano laureado en Ciencias, el científico argentino Bernardo Houssay , Premio Nobel de Medicina en 1947. Gracias a sus descubrimientos en la Fisiología y Medicina, particularmente por en el rol de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre, a través del metabolismo de los hidratos de carbono.

III. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.

El proyecto se originó en moción de los senadores señor Girardi , señora Goic y señores Chahuán , Coloma y De Urresti .

Conforme lo dispone el número 2° del artículo 304 del Reglamento, el texto aprobado por el Senado señala lo siguiente:

“Declárese el día 10 de abril como el día Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el país.

En el marco de dicha conmemoración, la segunda semana del mes de abril de cada año, toda institución científica nacional o internacional con sede en Chile, podrá organizar la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología realizando acciones de promoción que involucren a toda la sociedad tales como: visitas públicas y gratuitas a sus centros de investigación, ferias científicas y otras actividades, tendientes a promover la importancia de la ciencia en la sociedad chilena.”.

IV. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN GENERAL EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.

A continuación, se puso en votación en general, y se aprobó por unanimidad. Votaron a favor los diputados Bianchi , Hoffmann , Jackson , Kast , Miguel Mellado , Mix , Pardo , Rosas , Tohá , Torres y Van Rysselberghe .

V. DISCUSIÓN PARTICULAR.

La Comisión votó el proyecto en particular de la siguiente forma:

Artículo único

Se presentaron las siguientes indicaciones:

VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

No hubo artículos ni indicaciones rechazadas por la Comisión.

VII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

No hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

VIII. MENCIÓN DE ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.

La Comisión introdujo las siguientes enmiendas al proyecto de ley aprobado por el Senado:

1) Ha reemplazado su inciso primero por el siguiente:

“Declárase el primer domingo del mes de octubre de cada año como el ‘Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación´’.”.

2) Ha sustituido su inciso segundo por el siguiente:

“En el marco de la conmemoración señalada en el inciso anterior, toda institución que aborde el quehacer científico, tecnológico, del conocimiento y la innovación, nacional o internacional con sede en Chile, podrá realizar actividades de promoción que involucren a toda la sociedad, tales como visitas públicas y gratuitas a sus centros de investigación, ferias científicas y otras actividades tendientes a promover la importancia de estas disciplinas en la sociedad chilena, en especial, aquellas instituciones que hayan recibido financiamiento público durante el año en curso o el anterior. El Estado promoverá y difundirá las actividades de este día y las directamente relacionadas.”.

IX. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Declárase el primer domingo del mes de octubre de cada año como el ‘Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación’.

En el marco de la conmemoración señalada en el inciso anterior, toda institución que aborde el quehacer científico, tecnológico, del conocimiento y la innovación, nacional o internacional con sede en Chile, podrá realizar actividades de promoción que involucren a toda la sociedad, tales como visitas públicas y gratuitas a sus centros de investigación, ferias científicas y otras actividades tendientes a promover la importancia de estas disciplinas en la sociedad chilena, en especial, aquellas instituciones que hayan recibido financiamiento público durante el año en curso o el anterior. El Estado promoverá y difundirá las actividades de este día y las directamente relacionadas.”.

Se designó Diputado Informante al señor ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA .

SALA DE LA COMISIÓN, a 11 de abril de 2018.

MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ

Abogada Secretaria de Comisiones

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don Ignacio ; Alessandri , Hernández , Morales , Moreira ; Urrutia, don Osvaldo , y Von Mühlenbrock , y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso , que Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de permitir la formulación electrónica de denuncias por presunta desgracia. Boletín N°11678-07

I.- IDEAS GENERALES.

En términos amplios, la presunta desgracia constituye una situación de hecho en la que se encuentra una persona, de quien se ignora su paradero a partir de ciertos antecedentes que hacen temer un acontecimiento dañoso en su integridad física. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, se entiende por “presunta desgracia”, la pérdida o extravío, temporal o permanente, de una persona natural, de quien se ignora su paradero y a quien le podría haber ocurrido una desgracia.[1]

Al mismo tiempo, el ministerio público, constituye el órgano exclusivo encargado de la investigación de hechos que revisten caracteres de delito a través de los medios legales y materiales que le franquea la ley. Para lo anterior, nuestro sistema establece un mecanismo colaborativo entre esta institución y nuestras policías encargadas de la pesquisa de los referidos hechos, con el objeto de determinar las responsabilidades penales atingentes.

De acuerdo a lo anterior, la ley orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, El Código Penal y otras leyes, consagran todo un cuerpo normativo sustantivo y adjetivo encargado de hacer efectiva la fuerza del derecho y proteger a nuestra población frente a hechos que le ocasionan daño, sancionando a los responsables, y establecer la paz y seguridad social.

En este ámbito, en materia de presuntas desgracias no existe a nivel legal o incluso reglamentario una normativa que regule directamente esta institución, y que al menos en nuestro país ha constituido en muchos casos en el comienzo de historia angustiosas de delitos o crímenes cuyo esclarecimiento ha demorado años e incluso décadas.

Es por lo anterior, que la normativa que en esta oportunidad promovemos establecer un abanico de opciones a los familiares de las víctimas que se ignora su paradero, tomando en consideración la necesidad de encontrar prontas noticias de los desaparecidos, y con ello, entregarles paz y certeza en cuanto al estado físico y emocional de éstos.

II.- CONSIDERANDO.

1. Que, en nuestro país no existen criterios o protocolos generales para el desarrollo de procedimientos para la denuncia y desarrollo de investigaciones por presunta desgracia, estableciéndose las vías comunes para la investigación de delitos en consideración a la línea investigativa que adopte el Ministerio Público.

2. Que, sin perjuicio de ello, en nuestro sistema las personas familiares de personas desaparecidas pueden requerir de las autoridades acciones por presunta desgracia a través de dos vías principales: una de ellas presencialmente en la unidad policial más cercana y por la otra por teléfono a las policías o al propio ministerio público.

3. Que, no existe en Chile normas que vinculen estas denuncias por la vía electrónica, camino que actualmente puede revestir de gran utilidad, habida consideración que las primeras horas de desaparecida una persona son cruciales y el sistema electrónico le otorga a las personas esa necesaria celeridad de acción de las autoridades pública lo que, sin duda, conlleva mayor eficiencia en el actuar institucional y policial.

4. Que, al respecto existe un sensible vacío en nuestra legislación, no sólo ante la desactualización de los procedimientos vinculados a la presunta desgracia, sino que también a la nula existencia de mecanismos más rápidos y eficaces para las personas como es la vía electrónica.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

Es por lo anterior, que el presente proyecto de ley modifica el Código Procesal Penal incorporando en materia de denuncia por presunta desgracia a la denuncia electrónica como vía idónea para requerir la acción institucional en la investigación por de hechos de esta naturaleza.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un inciso final en el artículo 174 del Código Procesal Penal de acuerdo al siguiente texto:

“En caso de la denuncia por presunta desgracia esta podrá ser formulada electrónicamente en la página web del Ministerio Público o de las policías, sin perjuicio de la opción presencial o telefónica, debiendo señalarse específicamente el nombre de la persona extraviada y su edad, lugar donde fue vista por última vez, la causa presumible de su desaparecimiento y cualquier otro dato relevante.”

Diputados señores Urrutia, don Ignacio ; Alessandri , Hernández , Morales , Moreira ; Urrutia, don Osvaldo , y Von Mühlenbrock , y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bobadilla , ÁlvarezSalamanca , Lavín , Morales , Norambuena , Prieto , Sanhueza y Van Rysselberghe , y de la diputada señora Hoffmann , que Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para prohibir la venta atada de libros y textos escolares. [1]. Boletín N°11679-03

I.- IDEAS GENERALES.

Hoy en día es común ver cómo ciertos productos o servicios son vendidos de manera conjunta, lo que muchas veces trae aparejado consigo una disminución en el precio u oferta. Esta práctica, conocida como “empaquetamiento” resulta absolutamente legítima en cualquier mercado, no siendo atentatoria contra los derechos del consumidor ni contra la libre competencia, sino que, por el contrario, constituye un beneficio para el consumidor y un incentivo para los competidores para ofrecer precios competitivos que estén a la altura de dichas promociones.

Por el contrario, una práctica que sí resulta ilegítima, y por lo demás sumamente perjudicial para el mercado y los consumidores, es la que se conoce como “ventas atadas”. En estos casos, se obliga en cierta forma al consumidor a comprar dos o más bienes o servicios de forma conjunta, de manera que “puede considerarse como un caso extremo de empaquetamiento, en donde se aplica un descuento negativo o penalidad muy alta por comprar bienes en forma separada”[2]. La Corte Suprema entrega un concepto similar, al definir los contratos atados como aquellos que “obligan a quien desea adquirir un determinado bien o servicio a la adquisición de otros que no requiere necesariamente para poder celebrar la convención efectivamente deseada”[3].

En este contexto, ha sido posible ver que ciertas editoriales han comenzado a vender textos escolares de forma conjunta, impidiendo a los compradores adquirirlos de forma separada. Esto constituye una conducta claramente abusiva, la cual requiere un análisis tanto del punto de vista de la Ley Nº19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, como desde la perspectiva de la libre competencia, al tratarse de una práctica abiertamente desleal y anticompetitiva.

En el marco de protección de la Ley Nº 19.496, se consagra como un derecho básico del consumidor “la libre elección del bien o servicio” (Art. 3º letra a) Ley Nº19.496. De esta forma, al existir un deber por parte de los proveedores de respetar los derechos que la ley les reconoce a los consumidores, es posible concluir que existe una obligación correlativa de no ejercer ningún tipo de coerción o presión sobre los consumidores al momento de comprar un bien o contratar un determinado servicio.

II.- CONSIDERANDO.

1. Que, uno de los aspectos esenciales del comercio y, en general, de las relaciones jurídicas lo constituye el de libertad de contratación, otorgándole a los particulares una amplia gama de posibilidades para debatir las estipulaciones de un contrato. En el caso de la protección de los derechos de los consumidores, si un proveedor vende ciertos productos de manera conjunta, no permitiendo la venta separada de los mismos – como lo es el caso de los textos escolares antes expuesto – o bien la permite, pero imponiendo al consumidor un cargo adicional por la compra separada, se trataría de una vulneración directa a la libertad del consumidor. Aquí la libertad de elección del consumidor se ve coartada, ya sea porque se ve impedido de comprar el producto que desea separadamente, o bien, porque la compra separada le significa un menoscabo económico, de manera tal que se encuentra presionado directamente por el proveedor para adquirir el conjunto de productos.

2. Que, a lo anterior, esto se suma la consagración expresa de una infracción por motivo de venta atada de productos o servicios financieros, consagrada en el artículo 17 H de la misma ley: “Los proveedores de productos o servicios financieros no podrán ofrecer o vender productos o servicios de manera atada. Se entiende que un producto o servicio financiero es vendido en forma atada si el proveedor:

a) Impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos, y

b) No lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se puede contratar de esa manera con otros proveedores, o teniéndolos disponibles de esta forma, esto signifique adquirirlo en condiciones arbitrariamente discriminatorias.”

3. Que, de esta forma, es posible ver cómo las ventas atadas – con independencia de si se trata de un producto o servicio financiero específicamente regulado o no – constituye una vulneración directa a los derechos del consumidor reconocidos por la ley. Ante dicha infracción, los consumidores podrán recurrir ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos y están facultados para ejercer las acciones que la misma ley contempla.

4. Otro aspecto que debe abordarse al momento de analizar las ventas conjuntas o atadas es la posible infracción de normas de defensa de la libre competencia. Así, el artículo 3º del Decreto Ley Nº 211 señala: Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes: b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.

5. Que, sobre la materia, la Corte Suprema ha establecido los siguientes requisitos para que se configure la infracción: I. “Que los productos o servicios incluidos en las ofertas conjuntas sean diferentes y no se vendan separadamente; II.- Que el sujeto activo de la infracción tenga poder de mercado en el servicio que sólo vende en forma atada; III.- Que la vinculación produzca o tienda a producir del efecto de inhibir el ingreso o de excluir competidores en el mercado del producto atado o potencialmente más competitivo; IV.- Que dicha modalidad de comercialización carezca de una justificación o explicación alternativa al abuso de poder de mercado”[4].

6. Que, de acuerdo a lo anterior, nos parece conducente establecer en nuestra legislación mayores elementos normativos que permitan proteger al consumidor en su libertad al adquirir un determinado producto, particularmente de textos, siempre necesarios para los miles de estudiantes y sus familias a lo largo de nuestro país.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

En este orden de ideas, el presente proyecto de ley establece la prohibición de las ventas atadas de textos, con el objeto de proteger el principio de libertad existente en toda transacción comercial.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 36 bis en la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos del Consumidor de acuerdo al siguiente tenor:

“En el caso de la venta de productos, tales como libros y textos escolares, los proveedores no podrán ofrecer otros bienes o servicios de forma atada.”

Diputados señores Bobadilla , Álvarez Salamanca , Lavín , Morales , Norambuena , Prieto , Sanhueza y Van Rysselberghe , y de la diputada señora Hoffmann .

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Yeomans , Mix y Rojas , y de los diputados señores Boric ; González, don Félix ; Hirsch , Ibáñez , Jackson , Mirosevic y Winter , que Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta al Tribunal Constitucional, en materia de atribuciones, nombramiento de sus ministros, duración en el ejercicio de sus cargos y responsabilidad constitucional. Boletín N°11680-07

I. Fundamentos.

La existencia de mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes en virtud del principio de supremacía de la Carta Fundamental, ha sido motivo de un largo desarrollo histórico en el ámbito político y en el derecho público de las naciones occidentales.

La enorme transformación que significó la Revolución Francesa en la cristalización de principios e instituciones largamente anidadas en la crítica política y filosófica al régimen absolutista, dio paso al debate en torno a los aspectos dispositivos de tales principios que son hoy la base del constitucionalismo moderno.

En este ámbito se desarrolla una de las más relevantes reflexiones, y que atraviesa hasta nuestros días el debate político en Chile, que dice relación con el control preventivo de constitucionalidad de los actos del congreso nacional, y en particular de las leyes entendido este como la modalidad de control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad, que tiene carácter declarativo y abstracto, y que se ejerce por parte de los Tribunales Constitucionales cuando les es sometido por vía de acción o por estar previsto en el ordenamiento con carácter preceptivo, un texto normativo, con anterioridad a su entrada en vigor.

Fue Emmanuel-Joseph Sieyès quien propuso a la Convención francesa en el año III de Termidor (1795) el primer proyecto que instituía un órgano de control de la supremacía constitucional denominado Jury Constitutionnaire , con la misión especial de juzgar y pronunciarse sobre las denuncias de violación de la Constitución, dirigidas contra los decretos de la legislatura. Sieyès aclaró en su discurso de 18 de Termidor, que dicho control radicaba sobre los actos tanto del Consejo de Ancianos como del Consejo de los Quinientos, lo que involucraba que el control de constitucionalidad recayera sobre actuaciones propias de cada órgano y no en el producto del proceso legislativo, como es la ley; aunque no puede descartarse la idea que el jurista tuviera en mente la existencia de un control preventivo de constitucionalidad.

Con todo, Sieyès comprendía la desconfianza de los revolucionarios franceses sobre la judicatura, lo que fue determinante para comprender la naturaleza política que atribuyó a dicho órgano de control. De esta manera propuso la conformación del Jury por 108 representantes “que se renovarían anualmente en un tercio en el mismas fechas que el cuerpo legislativo”, lo que expresa una concepción alejada de un principio eminentemente jurisdiccional, concibiéndolo como una suerte de “tercera cámara”, electa indirectamente por el Parlamento.

El proyecto finalmente fue rechazado unánimemente por la Convención en cuanto el Jury constituiría la máxima instancia de poder público, poniendo en peligro a la unidad del estado al otorgar a la minoría parlamentaria la facultad de recurrir ante el. Posteriormente, en 1799 dichas competencias fueron adjudicadas al Senado.

La idea de constitucionalizar un mecanismo externo de control de constitucionalidad se mantuvo vigente en el contexto de la reconfiguración nacional y estatal en Europa Central de fines del siglo XIX y principios del XX, particularmente será George Jellinek quien a raíz de los conflictos de competencia entre poderes constituidos en el Imperio Austro-Húngaro y la legislación de los Lander y del Reich, propuso un modelo teórico de Tribunal Constitucional no orientado a controlar la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo con el derrumbe del Imperio y el establecimiento de las bases del Estado Austriaco, las ideas de Jellinek sobre el Tribunal Constitucional es retomada por Hans Kelsen quien formula las bases del Verfassungsgerichtshof que no contemplaba el control preventivo en el proceso de formación de la ley, aunque sí de modo represivo entendiendo al órgano de control como legislador negativo. Es notable tener presente la discusión dogmática entre Kelsen y Carl Schmitt sobre el asunto en aquella coyuntura histórica.

De esta manera es posible inferir que el desarrollo jurídico en torno al problema del control de la primacía constitucional es ajeno a la idea de un control preventivo por parte de un órgano jurisdiccional, así lo entendió Sieyès y también Kelsen , al evitar confrontar un órgano de elección indirecta al Parlamento, lo que involucraría una anomalía en el sistema democrático al poner en riesgo el libre juego entre los poderes constituidos y el ejercicio de la representación política expresada en el mandato gubernativo y legislativo como expresión de la voluntad soberana de la nación y el pueblo.

En términos históricos el control preventivo surge como mecanismo de contrapeso propios de procesos políticos convulsos, sea a raíz de procesos transicionales, en el que las expresiones políticas que sustentaron regímenes de facto instituyen tal mecanismo como salvaguarda a la consecuencial posición de minoría parlamentaria a raíz del advenimiento del régimen democrático, como ocurrió en el caso de la Constitución Española de 1978, así como en la Constitución Política vigente en Chile; sea como salvaguarda ante el ascenso de fuerzas políticas que alteran la tradicional conformación del sistema de partidos, como ocurrió en Chile con la reforma constitucional que instituyó el Tribunal Constitucional en 1970; o como ocurre con situaciones de conflicto internacional y la consecuencial crisis institucional como ocurrió en Francia en la década de 1950 y que dio origen a la Constitución Francesa de 1958, que permite el control preventivo sólo en cuanto se trate de leyes orgánicas constitucionales.

Lo anteriormente expuesto reafirma que el control preventivo en el proceso de formación de la ley constituye una anomalía en el régimen democrático que altera los equilibrios entre los poderes del estado y pone en cuestionamiento la competencia de los órganos depositarios del mandato representativo de la sociedad, en circunstancias que existen mecanismos propios del proceso legislativo que permiten la sana convivencia de los poderes del Estado, tal como ocurre en Chile en que la naturaleza de tal proceso es de carácter co-legislativo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional, existiendo además mecanismos de resolución de controversias de carácter interno como ocurre con el veto presidencial.

A 28 años del restablecimiento del régimen democrático en nuestro país, no existen argumentos históricos ni jurídicos que permitan sustentar un orden normativo de control de la supremacía constitucional de carácter preventivo como el que opera en la actualidad. El marco constitucional vigente le otorga facultades al Tribunal Constitucional en su artículo 93 para pronunciarse sobre la constitucionalidad de un proyecto, o una parte de este, hasta después de ser aprobado por ambas cámaras del congreso nacional, que en la práctica ha llevado que este órgano se haya convertido en una tercera cámara legislativa,o más bien en una supra cámara legislativa, al existir proyectos de ley que obligatoriamente para su entrada en vigencia deben ser conocidos y aprobados por el Tribunal Constitucional, como lo son las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas Constitucionales y las normas sobre tratados internacionales que versen sobre materias de ley orgánica constitucional, pudiendo eliminar o cercenar proyectos de ley aprobados con el concurso del Presidente de la República y el Congreso Nacional, obviando el natural juego de poderes propio de un régimen democrático.

Así hoy, el control preventivo de constitucionalidad de carácter obligatorio es una instancia política naturalizada, no jurídica y normalizada en la que el Tribunal Constitucional no ejerce como órgano jurisdiccional y distorsiona el diálogo político democrático del Congreso Nacional en interacción con el Presidente de la República y la sociedad civil. La defensa de la Constitución es el ejercicio permanente de hacer respetar el consenso fundamental de la sociedad política chilena, uno que está en permanente entredicho, por la estrechez democrática de nuestras instituciones y el origen dictatorial de los principios fundantes de nuestro sistema político, lo que sumado a un ejercicio abusivo de las amplias facultades del defensor de la Constitución, deviene en urgente la necesidad de una reforma de sus competencias.

Las atribuciones del Tribunal Constitucional, y la circunstancia factual que la designación de sus miembros tenga su origen en un sistema electoral binominal, entraña un componente profundamente antidemocrático que pone en tela de juicio la debida independencia del Tribunal Constitucional en cuanto órgano jurisdiccional y el Estado de Derecho vigente, manifestado en la particular forma en que éste ha interpretado y ejercido sus facultades a raíz de la práctica sistemática de la minoría parlamentaria de recurrir en sede constitucional dada su sobrerrepresentación en dicha instancia, transformándola en una tercera cámara legislativa sin legitimación democrática.

Desde el punto de vista de la composición del Tribunal Constitucional es necesario corregir aspectos relevantes para dotar de legitimidad democrática y fortalecer la independencia individual de los magistrados respecto de sus designaciones; es por ello que es necesario concluir con las designaciones directas por parte del Presidente de la República, lo cual es de carácter excesivo para un órgano unipersonal. Para esto, proponemos un mecanismo de designación dirigido por la Corte Suprema para que ésta garantice la idoneidad de los postulantes y un proceso transparente y participativo, para que luego sean las Cámaras del Congreso Nacional como sede del diálogo democrático nacional sean las que elijan por mayoría relativa a los integrantes definitivos del Tribunal, lo que garantiza el escrutinio público y la racionalidad de la elección. Junto con ello resulta necesario corregir las falencias en la idoneidad de los integrantes del Tribunal Constitucional, exigiendo requisitos habilitantes para el ejercicio de la actividad jurisdiccional por parte de los postulantes a tales designaciones como es la aprobación del programa de formación para la judicatura de la Academia Judicial o haberse desempeñado como juez.

También es deseable que bajo la lógica en la que la gran mayoría sistemas comparados en el mundo, han acordado un sistema de designación de los ministros del Tribunal Constitucional con intervención y acuerdo entre los órganos políticos, exista alguna forma de control que pueda hacer efectiva su responsabilidad en el ejercicio de su cargo cuando estos infrinjan la constitución y las leyes, apartándose del debido ejercicio de su cargo.

Finalmente, el periodo de duración de los Ministros del Tribunal Constitucional en el ejercicio del cargo por un periodo de nueve años es excesivo en relación al periodo de duración de las demás autoridades políticas de nuestro país, como el Presidente de la República, Diputados, Alcaldes, entre otros y, es necesario avanzar hacia un estándar de duración que sea compatible con una mayor alternancia y rotación en los cargos. Todo esto, asegurando la debida independencia de los magistrados con un periodo adecuado y manteniendo la imposibilidad de reelección.

II. Contenido del Proyecto de Reforma Constitucional y legal.

1. Derogación del control preventivo obligatorio y modificación al control preventivo facultativo establecidos en la actual Constitución.

Hoy el control preventivo obligatorio es una intervención política y no jurisdiccional, también se suma como problema el control sustantivo de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional, no quedando como árbitro entre poderes deliberantes, sino que como un actor político constituido no democrático.

No pudiendo garantizar jurisdiccionalidad el control preventivo obligatorio, pues no existe acto de adjudicación de justicia, y no existiendo en nuestro sistema político una condición de excepcionalidad permanente, es del todo razonable suprimir el control preventivo obligatorio en todas sus formas. Por tanto, proponemos derogar el art. 93 N° 1 de la Constitución Política de la República junto con el inciso segundo del referido artículo.

Respecto del control preventivo facultativo contemplado en el art. 93 N° 3 de la Ley Suprema planteamos una defensa de los derechos de las minorías legislativas a través de una modificación de las actuales “cuestiones de constitucionalidad”, para que no afecten el debate democrático de las mayorías sociales expresadas en el Congreso Nacional y no se utilice el Tribunal Constitucional como herramienta política en el proceso legislativo, mediante: 1. Uniformación del quórum requerido para que el Tribunal Constitucional apruebe la cuestión de constitucionalidad al de la acción de inconstitucionalidad (4/5 de los Ministros que integran la magistratura). 2. Se restringen los sujetos activos que pueden solicitar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, suprimiendo al Presidente de la República, reduciendo el excesivo presidencialismo en nuestro sistema, ya que este último conserva la facultad constitucional del veto. 3. Finalmente se eleva el quórum para requerir la cuestión de constitucionalidad por parte de las Cámaras, con esto se persigue la articulación de las minorías parlamentarias frente a graves vicios de constitucionalidad que afecten el proceso legislativo, fortaleciéndose en definitiva el rol institucional de la magistratura constitucional y la defensa de las minorías parlamentarias circunstanciales. Por tanto, el proyecto plantea modificaciones a la redacción del art. 93 N° 3 de la Constitución, su respectivo inciso y las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

2. Modificar requisitos de elegibilidad de los Ministros y su mecanismo de nombramiento.

Consideramos que el Tribunal Constitucional debe conservar los 10 miembros que actualmente lo integran, quienes deberán contar con 15 años de posesión del título de abogado y destacarse en el ámbito profesional, universitario y/o judicial. Por tanto, para incorporar estas consideraciones proponemos modificar la redacción del actual art. 92 de la Carta Fundamental en lo que corresponda.

Asimismo, el actual mecanismo de designación es un proceso que ha degenerado en una práctica política que permite vulnerar el espíritu de la Constitución en cuanto a los requisitos de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, para ello proponemos su modificación en lo que sigue. Serán nombrados por un procedimiento abierto, transparente y participativo dirigido por la Corte Suprema quien elaborará una terna, de la cual alguna de las Cámaras del Congreso Nacional elegirá a alguno de los propuestos (5 designados por la Cámara de Diputados y 5 por el Senado) por mayoría relativa. Se elimina la participación del Presidente de la República. Con esto la designación es de carácter objetivo y se refuerza el rol del Congreso Nacional en el sistema político. Por tanto, proponemos modificar en lo que corresponda el art. 92 de la Constitución.

3. Disminuye extensión del periodo para el ejercicio del cargo de Ministro del Tribunal Constitucional.

Actualmente los Ministros duran 9 años en sus cargos, período que se justificaba por la duración del mandato presidencial, lo que permitía articular el control de constitucionalidad con la renovación del Gobierno. Sin embargo, dada la reducción del período presidencial de 6 a 4 años, parece razonable ajustar la duración del cargo de ministro de la magistratura constitucional, de modo que la articulación entre ambas magistraturas se mantenga en un período presidencial y medio y no como sucede en la actualidad, en que el cargo de ministro excede los dos mandatos presidenciales, cuestión que ya no tiene justificación. Por lo mismo proponemos que se reduzca su mandato a 6 años.

Con lo anterior se conserva la independencia judicial del Tribunal Constitucional y se permite una renovación equilibrada de este órgano jurisdiccional. Por tanto, proponemos modificar la redacción del actual art. 92 de la Carta Fundamental.

4. Responsabilidad Constitucional.

Frente al reiterado ejercicio de sus poderes y facultades que han excedido el marco del texto de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal por parte de sus Ministros, se hace urgente establecer un procedimiento sancionatorio. Para ello proponemos incluir a los Ministros del Tribunal Constitucional como sujetos pasivos de la acusación constitucional. Por tanto, el proyecto modifica en lo que corresponda el art. 52 de la Constitución Política de la República.

En virtud de dichas consideraciones, ponemos a vuestra consideración el siguiente:

Proyecto de Ley

Artículo único: Modifícase la Constitución Política de la República, contenida en el DS 100 de 2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en el siguiente sentido:

1) Intercalese en el artículo 52 N°2, a continuación del literal e), el siguiente literal f), nuevo:

"f) De los Ministros del Tribunal Constitucional, por infringir la constitución y las leyes."

2) Sustitúyase el inciso primero del artículo 92 por el siguiente:

”Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros que serán elegidos a través del siguiente procedimiento:

a) La Corte Suprema convocará a un concurso público, que contemple una audiencia pública en la que se deberán aplicar los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley N° 20.500, concluido el proceso anterior elaborará una terna, que será enviada al Congreso Nacional, a la cámara que corresponda según la alternancia.

b) El Senado elegirá a cinco de los miembros del Tribunal Constitucional, misma cifra elegirá la Cámara de Diputados, alternándose en la forma que corresponda.

c) De la terna enviada por la Corte Suprema, la Cámara que corresponda procederá a elegir en votación individual, pública y celebrada especialmente para tal efecto, debiendo ser nombrado ministro el que obtenga la votación más alta de la terna.

3) En el inciso segundo del artículo 92:

a) Sustitúyase la palabra “nueve” por la palabra “seis”.

b) Sustitúyase la palabra “pública” por la palabra” judicial”, siguiendo igual en lo demás.

4) Deróguese el numeral 1 del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 93.

5) Intercálese en el número 3 del inciso primero del artículo 93, entre las palabras “resolver” y “las cuestiones”, la siguiente frase: “por la mayoría de los cuatro quintos de sus miembros en ejercicio,”.

Agréguese, en este mismo numeral, luego de “reforma constitucional” la siguiente frase “, exceptuándose los cambios al capítulo octavo de la Constitución Política de la República,”, siguiendo igual en lo demás.

6) Suprímase en el inciso cuarto del artículo 93 la frase “del Presidente de la República” eliminándose la coma inmediata. Sustitúyase además, en el mismo inciso, la palabra “cuarta” por la palabra “tercera”, siguiendo igual en lo demás.

Artículo transitorio: el nuevo mecanismo de designación de los Ministros del Tribunal Constitucional, deberá comenzar a regir desde el próximo nombramiento que corresponda realizar en el tiempo al momento de promulgación de esta reforma, comenzando por la Cámara de Diputados, luego por el Senado, y así alternando sucesivamente.

Diputadas señoras Yeomans , Mix y Rojas , y de los diputados señores Boric ; González, don Félix ; Hirsch , Ibáñez , Jackson , Mirosevic y Winter .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Norambuena , Carter , Hernández , Morales , Moreira , Noman , Prieto y Sanhueza , y de las diputadas señoras Amar y Troncoso , que Modifica la ley N°18.287, que Establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para extender el plazo para el pago de multas por infracciones de tránsito. Boletín N°11682-07

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

En primer término se debe tener presente que el artículo 3 de la Ley N° 18.287, sobre “Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”, dispone que ya sea Carabineros de Chile, Inspectores Fiscales o Municipales, denunciarán ante el Juzgado de Policía Local competente, las infracciones que sorprendan y agrega que el infractor quedará citado a la audiencia más próxima, sin disponerse un mínimo o un máximo de días para dicha citación.

Es interesante indicar que en el artículo 15 de la Ley N° 6.827, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, del 28 de febrero de 1.941, (primera ley que establece los Juzgados de Policía Local a través de una ley propia), antecesor del actual inciso primero del artículo 3 de la Ley N° 18.287, tenía prácticamente la misma redacción y tampoco establecía un plazo para la audiencia ante el Tribunal.

Luego, se debe tener presente que el artículo 5 de la Ley N° 18.287, sobre “Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”, nos ilustra el plazo en que el funcionario competente debe citar al conductor al juzgado respectivo, cuando la residencia de dicho conductor esté alejada del tribunal al que se le denunció.

Así las cosas, establece la disposición que la citación no podrá hacerse para antes del décimo día hábil siguiente a la fecha de la notificación y podrá efectuarla en casos calificados, hasta el vigésimo día hábil posterior. En definitiva la citación podrá hacerse para no antes del décimo y hasta el vigésimo día, contados desde que se le notificó la denuncia.

Dispone el artículo 5 de la Ley N° 18.287, sobre “Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”, que “Si la denuncia fuere motivada por infracciones o contravenciones cometidas por conductores de vehículos, en lugares o caminos alejados de la residencia del denunciado, la citación no podrá hacerse para antes del décimo día hábil siguiente a la fecha de la notificación, pudiendo el funcionario denunciante, atendidas las circunstancias de cada caso, extender ese término hasta el vigésimo día hábil posterior”. [1]

En concordancia con lo anterior la ley dispone que un infractor denunciado por infracciones graves, menos graves o leves a la Ley de Tránsito o a las normas de transporte terrestre, sin que de dichas infracciones se hubiesen ocasionado lesiones leves o daños, podrá eximirse de concurrir a la audiencia citada de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 18.287, siempre y cuando acepte la infracción y la imposición de la multa.

Que entonces se entiende que el infractor denunciado acepta la infracción, cuando paga la multa que corresponda según se trate de infracciones graves, menos graves o leves, pero dicho pago debe realizarse dentro de quinto día de efectuada la denuncia, es decir desde que los funcionarios a que alude el artículo 3 de la Ley 18.287, le notifique la infracción.

Si el infractor denunciado se allana y acepta la sanción impuesta, la ley le concede el beneficio de reducción de en un 25% del valor de la multa que debe ser solventada.

El artículo 22 inciso tercero de la Ley N° 18.287, sobre “Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local”, establece que “Toda persona que hubiere sido denunciada a un Juzgado de Policía Local por los funcionarios a que se refiere el artículo 3°, debido a infracciones o contravenciones graves, menos graves o leves a la Ley de Tránsito o a las normas de transporte terrestre, que no hayan causado lesiones o daños, podrá eximirse de concurrir al Tribunal en cumplimiento de la citación que se le haya practicado, si acepta la infracción y la imposición de la multa.” [2]

El inciso cuarto del mismo cuerpo legal dispone que “Se entenderá que el denunciado las acepta, poniéndose término a la causa, por el solo hecho de que proceda a pagar la multa respectiva, dentro de quinto día de efectuada la denuncia, presentando la copia de la citación, en la que se consignará la infracción cometida. En este caso, tendrá derecho a que se le reduzca en un 25% el valor de la multa, que se deducirá de la cantidad a pagar. El pago deberá hacerse en la Tesorería Municipal correspondiente al lugar en que se haya cometido la infracción, o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio esa Municipalidad, quienes harán llegar al Tribunal el comprobante de pago a la brevedad. Para estos efectos, el Juez de Policía Local remitirá al Tesorero Municipal la nómina de las infracciones con sus correspondientes multas y el valor que resulte de la deducción del 25% antes aludida. El Juzgado de Policía Local o la unidad de Carabineros en cuyo poder se encuentre la licencia de conducir, la devolverá al infractor contra entrega del comprobante de pago respectivo. [3]

II. CONSIDERANDO:

1. Que, la modificación legal que se propone en el presente proyecto de Ley, es aumentar el plazo de los 5 días que otorga el inciso cuarto del artículo 22 de la Ley 18.287, para que un infractor denunciado pague la multa, se exima de concurrir a la audiencia citada y obtenga la reducción del 25 % del valor de la multa a pagar, y ello obedece a diversas razones de orden práctico que se observan en la cotidianeidad.

2. Que, en primer lugar, el plazo de 5 días aludido, es mal computado por los infractores, sobre todo cuando media un día sábado, en que entienden que no es hábil para pagar, siendo que si lo es (a menos que sea feriado) y, en consecuencia, pierden o no se les hace extensible dicho beneficio.

3. Que, en segundo lugar, también está el hecho de que evidentemente aún cuando la Ley otorga el beneficio de pagar con la deducción del 25 % del valor total de la multa, dentro de los cinco días, debe ciertamente tenerse presente que de igual modo, toda infracción importa aumentar la carga financiera de una persona, carga que evidentemente no tenía contemplada dentro de su presupuesto, sin perjuicio de la facultad de graduación de la multa que la Ley N° 18.290, de Tránsito en su artículo 204 le otorga en casos calificados al Juez de Policía Local, en consideración, en este caso, a la capacidad económica del denunciado.

4. Que, no cabe duda que aumentar el plazo de pago y conservar la reducción del 25 % del valor total de la multa, permitirá al infractor disponer con alguna mayor facilidad de los recursos económicos para pagar en definitiva la multa que corresponda, según la infracción cometida.

5. Que, es por ello la modificación legal que se presentará consiste en aumentar el plazo de los 5 días establecido en el inciso cuarto del artículo 22 de la Ley 18.287, hasta el día hábil anterior al de la citación; con ello permitirá ampliar hasta el vigésimo día la posibilidad de que un infractor denunciado pueda pagar la multa, eximiéndose con ello de concurrir a la audiencia a la que fue citado y hacer uso del beneficio de reducción del 25 % del valor de la multa.

6. Que, además, la ampliación del plazo así planteada, permitirá a su vez descongestionar a los Juzgados de Policía Local, de los infractores que en innumerables ocasiones, solicitan audiencia para el sólo efecto de requerir al Juez que se le permita pagar la multa de la infracción determinada con el beneficio de reducción del 25 % establecido en el inciso cuarto del artículo 22 de la Ley N° 18.287.

7. Que, en seguida, también debe considerarse que la sentencia definitiva dictada por un Juez de Policía Local por infracción a la Ley de Tránsito que sólo impone una multa pecuniaria al infractor, no es susceptible del Recurso de Apelación, es decir, no puede ser revisada por el superior jerárquico del Juez respectivo, por lo que resulta relevante el que se pueda disponer de tiempo adicional, ya sea para proveer los recursos económicos necesarios para pagar la multa,

para argumentar adecuadamente la defensa, o bien, para discernir los medios de prueba que estime pertinentes y en los cuales se apoyará.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado precedentemente el presente proyecto de ley introduce una modificación en la ley sobre juzgados de policía local, estableciendo una ampliación del plazo que tiene el infractor de una norma para el pago de la multa impuesta.

IV.- PROYECTO DE LEY.

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese la Ley sobre Procedimiento ante Los Juzgados de Policía Local, Ley No. 18.287, en el siguiente sentido:

Modifíquese en el inciso cuarto del artículo 22, la expresión dentro de quinto día de efectuada la denuncia, por “hasta el día hábil anterior al de la citación”.

Diputados señores Norambuena , Carter , Hernández , Morales , Moreira , Noman , Prieto y Sanhueza , y de las diputadas señoras Amar y Troncoso .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma , ÁlvarezSalamanca , Bobadilla , Morales , Norambuena , Prieto , Sanhueza , Trisotti ; Urrutia, don Ignacio , y Urrutia, don Osvaldo , que Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, en materia de sanciones aplicables en caso de suspensión e inhabilitación para conducir vehículos y de la cancelación de la licencia de conductor. Boletín N°11683-15

I.- IDEAS GENERALES.

El artículo 209 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido y sistematizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones del año 2009, establece que; “El conductor que hubiere sido condenado a las penas de suspensión o inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica o animal, y fuere sorprendido conduciendo un vehículo durante la vigencia de la sanción impuesta, será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de hasta diez unidades tributarias mensuales.

Si los delitos a que se refieren los artículos 193 y 196 de la presente ley, fueren cometidos por quien no haya obtenido licencia de conducir, o que, teniéndola, hubiese sido cancelada o suspendida, el tribunal deberá aumentar la pena en un grado.

Lo previsto en el presente artículo no se aplicará a quienes fueren condenados por los delitos contemplados en los incisos tercero y cuarto del artículo 196.”

Que un análisis del artículo transcrito permite establecer las siguientes consideraciones:

a) Que el inciso primero le da un tratamiento análogo a los conductores que conduzcan un vehículo de tracción mecánica o animal, cuando su licencia haya sido suspendida o hayan sido inhabilidatos a perpetuidad para la conducción. En ambas hipótesis, la sanción es presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias mensuales.

b) Que respecto a la suspensión de la licencia de conducir, ésta sanción se aplica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 207 de la ley de tránsito, en los casos en que el conductor ha cometido infracciones gravísimas, es decir, de las establecidas en el artículo 199 de la ley de tránsito, esto es: 1.- No detenerse ante la luz roja de las señales luminosas del tránsito, o ante la señal "PARE", y 2.- Conducir sin haber obtenido licencia de conductor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194; y 3.- Conducir un vehículo infringiendo lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 75. Asimismo la suspensión de la licencia de conducir se decretará respecto de los procesos por acumulación de infracciones.

c) Que como se puede observar la suspensión, en los términos así descritos, está establecida respecto de conductas que importan la comisión de simples infracciones o contravenciones al tránsito.

Distinta es la situación que ocurre cuando se aplica la suspenión como sanción complementaria a la comisión de un delito como se dirá más adelante.

d) Que, a su turno la inhabilidad perpetua para conducir es una sanción que se establece, cuando el conductor ha participado en la comisión de delitos, por ejemplo artículo 195, 195 bis, 196 y 196 ter, todos de la ley de tránsito. En el mismo orden de ideas, la inhabilidad temporal o perpetua, de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 bis, del mismo cuerpo legal, solamente la pueden disponer los jueces que conozcan causas en materias penales.

e) Que los delitos a que hace referencia los artículo 193 y 196 de la ley de tránsito, son; respecto al art 193, conducir bajo la influencia del alcohol y causar lesiones leves, menos graves y graves; y respecto al artículo 196 conducir bajo estado de ebriedad, o bajo la influencia del alcohol, estableciendo distintas hipótesis respecto de lesiones leves, menos graves o graves y distintas rangos de suspensión de la licencia de conducir.

II.- CONSIDERANDO:

1. Que resulta del todo lógico y coherente con las políticas de prevención del consumo de bebídas alcohólicas y la conducción de vehículos motorizados, la circunstancia de que si una persona es condenada a la pena de suspensión de su licencia conducir y fuere sorprendido conduciendo un vehículo durante la vigencia de la sanción impuesta, sea castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa pecuniaria, siempre y cuando dicha pena de suspensión de licencia se haya impuesto en un proceso penal y por la comisión de alguno de los delitos establecidos en los artículos 193 y 196 de la Ley de Tránsito.

2. Que, no resulta proporcionado que un conductor que no respetó una señal “disco pare” y conduce con licencia suspendida reciba la misma sanción que el conductor, al que se aludío anteriormente, es decir, a aquél por ejemplo que conduce con licencia suspendida por haber sido condenado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves.

3. Que, de esta forma, lo que pretendemos, es que los conductores que hayan sido condenados por conducir con licencia suspendida, por haber sido a su vez condenados por haber cometido alguna de las infracciones establecidas en el artículo 199, es decir infracciones gravísima o procesos por acumulación de infracciones, sean sujetos del pago de una multa y no de una sanción penal, diferenciándolos así con aquellos que conducen con licencia suspendida por haber sido condenados en un proceso penal, misma sanción que el conductor, al que se aludió anteriormente, es decir, a aquél por ejemplo que conduce con licencia suspendida por haber sido condenado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves.

4. Que, de esta forma, lo que pretendemos, es que los conductores que hayan sido condenados por conducir con licencia suspendida, por haber sido a su vez condenados por haber cometido alguna de las infracciones establecidas en el artículo 199, es decir infracciones gravísima o procesos por acumulación de infracciones, sean sujetos del pago de una multa y no de una sanción penal, diferenciándolos así con aquellos que conducen con licencia suspendida por haber sido condenados en un proceso penal.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

Es por lo anterior que el proyecto de ley que en esta oportunidad sometemos a tramitación de la cámara establece una diferenciación en torno a la aplicación de sanciones respecto de aquellas personas condenadas por conducir con su licencia suspendida a consecuencia de incurrir en las infracciones descritas en el artículo 199 de la ley del tránsito y aquellos en donde la causa de la suspensión se refiera a la imposición de una sanción penal, remarcando la profunda diferencia existente entre ambas esferas jurídicas y sancionatorias.

IV.- PROYECTO DE LEY.

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido y sistematizado se contiene en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones del año 2009, en el siguiente sentido:

1.- Agréguese un nuevo inciso segundo en el artículo 209, pasando el actual a ser tercero y éste a ser cuarto, del siguiente tenor “Las penas de

suspensión a que alude el inciso anterior, dice relación respecto a los delitos tipificados en los artículos 193 y 196 de esta Ley.

2.- Agréguese un nuevo inciso segundo en el artículo 207, del siguiente tenor; “El conductor que hubiere sido condenado a la suspensión de su licencia de conducir por haber incurrido en alguna de las infracciones gravícimas establecidas en el artículo 199 de esta ley, será sancionado con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de lo establecio en el inciso 2 del artículo 204 de esta Ley.”

Diputados señores Coloma , ÁlvarezSalamanca , Bobadilla , Morales , Norambuena , Prieto , Sanhueza , Trisotti ; Urrutia, don Ignacio , y Urrutia, don Osvaldo .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo , Bellolio , Jürgensen , Pardo ; Santana, don Alejandro , y Urruticoechea Reforma la Carta Fundamental para incluir, dentro de los derechos fundamentales susceptibles del recurso de protección, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Boletín N°11684-07

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de la República señala, en el inciso segundo de su artículo primero, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El contenido de este artículo no puede considerarse como una mera declaración de principios políticos. Antes bien, constituye un criterio de hermenéutico que informa todo el sistema constitucional y que tiene fuerza obligatoria, de conformidad al artículo 6º de la Carta Fundamental. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que:

“TRIGÉSIMO: Que, como ya se ha señalado, el contenido del artículo 19 de la Carta Fundamental, conjuntamente con sus artículos 1º, 4º y 5º, inciso segundo, de la misma, configuran principios y valores básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución de una finalidad humanista que se irradia en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, a su dignidad y libertad natural, en el respeto, promoción y protección a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se imponen como limitación del ejercicio de la soberanía y como deber de los órganos del Estado;

TRIGESIMOPRIMERO: Que estos principios y valores, como ya se recordó -y lo hace manifiesto el inciso segundo del artículo 6º de la Constitución, que precisa que sus preceptos obligan no sólo a los titulares o integrantes de los órganos del Estado sino a toda persona, institución o grupo-, no configuran meras declaraciones programáticas sino que constituyen mandatos expresos para gobernantes y gobernados, debiendo presidir la labor del intérprete constitucional, en cuanto normas rectoras y vitales que coadyuvan a desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones de la Constitución;

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, por lo recién expresado, debe desecharse toda interpretación de las normas constitucionales que resulte contradictoria con los aludidos principios y valores rectores de la Carta Suprema. Ello lleva a concluir que, frente a las interpretaciones posibles del alcance de la protección constitucional de un derecho fundamental, deba desecharse la que admita que el legislador pudo regular sus efectos hasta extremos que, en la práctica, imposibilitan la plenitud de su vigencia o comprimen su contenido a términos inconciliables con su fisonomía.

En efecto, el legislador no es libre para regular el alcance de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y asegura a todas las personas. Por el contrario, y como lo dispone el artículo 19, Nº 26, de la misma, debe respetar la esencia del derecho de que se trata como también evitar la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. En este sentido, esta Magistratura ha considerado, precisamente, que un derecho es afectado en su “esencia” cuando se le priva de aquello que es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible (Sentencia Rol Nº 43, de 24 de febrero de 1987, considerando 21º).”[1]

2. La disposición del inciso segundo del artículo primero de la Constitución, esto es, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, significa que el constituyente realizó un reconocimiento de una realidad natural: que la sociedad política se construye desde la familia y que no puede el legislador extender su competencia sobre ella, pretendiendo regular las relaciones más esenciales de su funcionamiento. A este respecto, el profesor Humberto Nogueira ha señalado que

“La familia constituye en nuestro orden jurídico una institución y un derecho fundamental implícito que exige la protección de ella, el cual el legislador puede configurarlo y desarrollarlo, sin afectar su contenido esencial, todo ello dentro del marco de valores y principios constitucionales. Asimismo, la familia en cuanto institución está protegida constitucionalmente por la garantía institucional que resguarda sus características esenciales de la intervención legislativa.”[2]

3. La afirmación del profesor Nogueira es de suma importancia, porque en ella van implícitas las relaciones del artículo 1º con el artículo 5º de la Constitución, pues “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. De esta manera, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de la familia son un límite indiscutible a la soberanía. Sin embargo, la tarea del intérprete tanto como del legislador, en cada caso, radica en determinar cuáles son aquellos derechos esenciales.

4. Como puede apreciarse de nuestra legislación, la regulación de la familia posee un amplio espectro de normas, en diversos cuerpos normativos, que han ido transformándose en la medida en que el entendimiento de la sociedad respecto de la familia ha evolucionado; sin embargo, tras las formas accidentales y contingentes del Derecho de Familia, yacen los aspectos esenciales del orden familiar: que la familia es un espacio de soporte y ayuda mutua, por lo que no es extraño que la legislación establezca que los hijos deben alimentos a sus padres del mismo modo que estos a sus hijos cuando son aquellos son menores o se encuentran cursando estudios; que la familia es un espacio de desarrollo y crecimiento espiritual, por lo que toca a los padres asegurar la educación de sus hijos en todo ámbito, ya sea intelectual, moral y social. Así, la legislación consagra el derecho de los padres a corregir a sus hijos sin detrimento de su físico ni moral. Esta norma refleja que los padres tienen tal incidencia en la educación de sus hijos que incluso pueden llegar a tomar medidas represivas en su contra. De otro modo, el padre quedaría privado de incidir en la educación de su hijo. Y, por ello, el artículo 19 Nº10, sobre el Derecho a la Educación, en su inciso tercero, establece que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.

5. Como un correlato del inciso tercero del numeral 10º del artículo 19º, el inciso cuarto del numeral undécimo del mismo artículo prescribe que “Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.”, norma que, por lo demás, se halla en plena armonía con lo dispuesto por el artículo 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reza: “4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”. No cabe duda, pues, que los padres tienen un inequívoco derecho para modelar la educación de sus hijos.

6. Ahora bien, si los padres tienen un derecho “preferente” a educar a sus hijos, ¿qué es lo que por ello debe entenderse? Una primera aproximación la entrega el Tribunal Constitucional, que ha señalado que

“El derecho de educación preferente de los padres, en cuanto derecho, es una facultad de obrar frente a órganos del Estado, instituciones, grupos y personas que pretendieran dirigir, orientar o llevar a cabo la educación de sus hijos, que se traduce en la elección del establecimiento de enseñanza en que tendrá lugar la enseñanza formal y en las acciones educativas que realice el núcleo familiar en la enseñanza informal de niños y adolescentes. Y en cuanto deber constitucional se traduce en obligaciones de hacer, las que existen tanto en la enseñanza formal en que los padres han de colaborar con la acción educativa del establecimiento que eligieron para sus hijos, como en la enseñanza informal en que no pueden eludir la responsabilidad educativa que les incumbe.”[3]

7. Siendo este el marco del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, también debe consignarse como un deber. No tan solo porque así lo disponga la Constitución, sino porque las relaciones de familia, naturalmente, les imponen deberes a los progenitores respecto de sus hijos[4]. Así, este Derecho y obligación, a la vez, no se trata de uno subjetivo cualquiera, sino de aquellos que son de los más intensos y que hunden sus raíces en la naturaleza de la patria potestad misma y de la familia como núcleo esencial de la sociedad.

8. Así las cosas, no hace sentido que uno de los derechos asegurados por la Constitución como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no esté consagrado como uno de aquellos que son garantidos por la acción constitucional de protección, más aun cuando ha sido el mismo sentenciador constitucional el que ha expuesto que su núcleo consiste, en cuanto derecho, en la “facultad de obrar frente a órganos del Estado, instituciones, grupos y personas que pretendieran dirigir, orientar o llevar a cabo la educación de sus hijos”[5].

9. La Acción de Protección ha sido instituida por el constituyente a favor del que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente indicados en el artículo 20 con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. El presente proyecto de reforma constitucional busca la inclusión del ya tantas veces referido derecho preferente de los padres a educar a sus hijos como uno de los indicados en el artículo 20 para efectos de su aseguramiento mediante la acción de protección.

10. Los fundamentos de la inclusión y alcance de la garantía.

10.1. Durante los últimos años, se ha observado como el Estado ha adquirido, incrementalmente, un rol relevante en la provisión de servicios educativos y generado legislación cuyo norte se orienta especialmente hacia la dirección y gestión de los medios educativos.

10.2. Frente al incremento del poder del Estado para configurar y orientar los currículos, determinar los contenidos e implementar diversas acciones de promoción de valores en el contexto educativo, se hace necesario que los padres cuenten con las herramientas jurídicas pertinentes a fin de resguardar eficazmente el derecho preferente del que gozan para modelar y orientar la educación de sus hijos, tanto frente a particulares como frente al Estado.

10.3. En concreto, la acción de protección, como acción cautelar de derechos fundamentales, permite garantizar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en el sentido de evitar intromisiones de terceros y del Estado en su legítimo ejercicio. Es decir, este derecho puede ser objeto de privación, perturbación o amenaza por parte de un particular o del Estado, en tanto se ejerzan acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que afecten el legítimo ejercicio del derecho ya tantas veces referido.

10.4. Solo a modo de ilustrar el punto anterior, tales privaciones, perturbaciones o amenazas pueden consistir ya en la imposición de materias formativas sexuales por parte de una municipalidad, en el ejercicio de su función docente; ya en actos precisos de un particular, como un profesor que, en el ejercicio de su profesión, excede la enseñanza del currículo y entra en la esfera del adoctrinamiento político, moral o religioso; o en grupos de interés que busquen alianzas con el aparto público para imponer sus creencias y puntos de vista de manera subrepticia.

10.5. De este modo, tocará a la Corte de Apelaciones respectiva, teniendo a la vista los antecedentes de hecho, y sobre las argumentaciones de las partes, decidir las medidas concretas con las cuales se restaurará el imperio del Derecho, no pudiendo extenderse la protección constitucional que este proyecto de reforma busca extender a más elementos del artículo 19 Nº10 que el referido derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. A su vez, se irá perfilando con mayor precisión su contenido en la medida en que la casuística se extienda.

11. El proyecto consta de un artículo único, que intercala la expresión “10º, solo en lo relativo al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos,”. De esta manera, se incorpora el numeral 10º del artículo 19, solo en lo relativo al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, dejando al resto del artículo en su situación actual y permitiendo circunscribir los efectos de esta reforma solamente al antedicho derecho.

Por lo previamente considerado, los diputados que suscribimos venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO ÚNICO: intercálese en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, entre la coma que sigue a la frase “9º inciso final” y el guarismo “11º” la expresión “10º, solo en lo relativo al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos,”.

Diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo , Bellolio , Jürgensen , Pardo ; Santana, don Alejandro , y Urruticoechea .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Auth ; Mellado, don Cosme , y Ortiz , que Modifica la Carta Fundamental en materia de libertad de enseñanza y su relación con el lucro Boletín N°11685-07

Recientemente el tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto de ley sobre Educación Superior.

Dicho fallo no ha estado exento de críticas por parte de diversos sectores que consideran que con dicho fallo el Tribunal Constitucional ha excedido sus atribuciones en materia de control preventivo de constitucionalidad, transformándose en los hechos en una tercera Cámara revisora, lo que sin duda no corresponde en un Estado Constitucional Democrático de Derecho.

Sin perjuicio de las críticas al reciente fallo, es de nuestra mayor preocupación las consecuencias que dicho fallo podría tener en la estructura del sector educacional ya que podría llegar a interpretarse, que luego de dicho fallo estaría permitido que personas jurídicas o naturales puedan obtener de alguna forma u otra, utilidades y lucro a partir de ofrecer servicios educacionales.

El tenor del artículo 63 que el proyecto de ley proponía era el siguiente: "Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Tales instituciones se regirán por las normas de la presente ley y las normas especiales aplicables a la educación superior, y de forma supletoria, por las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil".

En el fondo, lo que buscaba dicho artículo 63 era intentar asegurar de forma más clara que en la actual legislación que las personas jurídicas sin fines de lucro que se constituyan para otorgar servicios educacionales no puedan a través de sociedades controladoras eludir la ley y finalmente obtener utilidades que no son permitidas actualmente por la ley.

En efecto el Decreto con fuerza de ley número 1 de 1980 que fija normas sobre universidades es muy claro al señalar en su artículo 15 que “Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”.

Dicha norma se encuentra vigente, por lo que hoy en día el lucro en materia de educación superior no está permitido y es ilegal.

El gran tema en esta materia es que luego de casi 40 años de vigencia de dicha norma, es un tema conocido por todos, que muchas Universidades obtienen millonarias utilidades que son “limpiadas” a través de distintos mecanismos, como por ejemplo la utilización de sociedades espejo de giro inmobiliario, las cuales “arriendan” a las Universidades inmuebles a un alto precio, el que finalmente es pagado a la empresa Inmobiliaria por parte de la Universidad, siendo ambas empresas de idénticos propietarios, y de esta forma obtener la utilidad que la ley prohíbe.

Pero en este tema del lucro de las Universidades hay también un importante factor en cuanto al rol fiscalizador que le ha cabido a la autoridad en dicha materia, ya que los intereses que hay en el “negocio de la educación” son políticamente transversales lo que sin duda ha colaborado en gran manera a que exista un gran “manto de impunidad” en esta materia siendo el lucro una realidad escondida pero indesmentible en la educación superior en nuestro país, y lo que es más grave en forma ilegal ya que la ley lo prohíbe expresamente.

Pues bien, el fallo del Tribunal Constitucional no es de conocimiento público aún, pero según se ha adelantado uno de los principales argumentos que tendría como fundamento es que el artículo 63 precedentemente citado iría en contra de la libertad de enseñanza que es un derecho constitucional establecido en el artículo 19 número 11 de la Constitución Política de la República.

Según dicho artículo 19 número 11 de la Constitución Política “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.

Además “La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.”

Según el tribunal constitucional habría interpretado, el prohibir el lucro iría en contra de la libertad que existiría para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales que la Constitución garantiza, y se estaría imponiendo por ley una prohibición que sería discriminatoria y arbitraria, pues en otros sectores de nuestra sociedad si está permitido lucrar.

Sobre dicha argumentación, sin perjuicio de reiterar de que el lucro es ilegal en nuestro país según lo establece el Decreto con Fuerza de ley número 1 de 1980, creemos profundamente que el lucro en la educación deforma lo que en esencia debe entenderse por una institución Universitaria.

Muy bien lo ha expresado el profesor Carlos Peña quien ha señalado que “las universidades, tal como se las conoce en la tradición moderna, son instituciones destinadas a la transmisión cultural mediante un único vehículo: el ejercicio de la racionalidad. En tanto, lo que ocurre es que las instituciones con fines de lucro -v.gr. las empresas- tienen como principio de legitimidad de su obrar el dominio o propiedad. Es la relación de dominio o propiedad la que confiere el poder o la autoridad en una institución de esa índole. En una institución con fines de lucro es el dueño, y sus intereses legítimos que se trata de incrementar, aquel cuya voluntad impera. Justo lo opuesto de la universidad”.

Sobre dicho pensamiento base de lo que debe ser y orientar a una Universidad, del Profesor Peña, y que es el que impera casi unanimente en el mundo académico más distinguido de nuestro país, no podemos sino estar más de acuerdo, ya que creemos que la Educación, a diferencia de otras áreas, es un espacio donde el ánimo de lucro genera un efecto distorsivo de una realidad en donde necesariamente debieran prevalecer otros valores más elevados del ser humano y que deben prevalecer para así contar con Instituciones sanas y futuras generaciones que puedan relacionarse entre sí no solamente desde un punto de vista material y economicista.

Además de lo anterior, no hay que olvidar que con la nueva ley de educación superior, las Instituciones Universitarias recibirán importantísimas sumas de recursos públicos para poner en marcha el plan de gratuidad que la reforma plantea, lo que sin duda es absolutamente incompatible con la obtención de lucro a partir de la utilización de dichos recursos públicos

Por lo anterior es que dado el antecedente del reciente fallo del Tribunal Constitucional y la importancia que tiene el tema de la Educación en nuestro país, creemos de absoluta necesidad de realizar una urgente reforma a nuestra Constitución Política, de manera tal que el lucro en materia de Educación no tenga una prohibición de rango legal sino que también de rango Constitucional.

Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:

Proyecto de Reforma ConstitucionalArtículo Único: Modifíquese la Constitución Política de la Republica del siguiente modo:

1.- Sustitúyase el numeral 11 del artículo 19 del modo que sigue:

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

El lucro es por esencia contrario a los fines de la educación superior. El Estado deberá resguardar que dichas instituciones educacionales no persigan fines de lucro. La ley establecerá un sistema de financiamiento para asegurar su gratuidad y las condiciones, requisitos y obligaciones que deberán cumplir las instituciones para acceder a él.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

2.- Incorpórese la siguiente disposición transitoria:

VIGÉSIMO NOVENA: La gratuidad que se refiere el inciso segundo del numeral 11 del artículo 19 se aplicará en forma progresiva, según lo establecido en la ley.

Diputados señores Bianchi, Auth ; Mellado, don Cosme , y Ortiz .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma y Fuenzalida, don Juan Manuel , que Modifica el Código Penal para tipificar como delito el contagio del virus del VIH, cometido en las condiciones que indica Boletín N°11686-07

I.- IDEAS GENERALES.

Desde hace más de 4 décadas el denominado Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) ha formado parte de la agenda pública por parte de las autoridades ejecutivas y legislativas. Numerosas han sido las campañas y el material humano y técnico destinado al tratamiento de esta afección.

En conjunto con ello, la existencia de un proceso institucional tendiente a generar las condiciones para la aceptación de las personas enfermas en los más diversos ámbitos de nuestra vida, ha posibilitado que al interior de la sociedad chilena, el Sida sea visto como una enfermedad presente pero que es posible controlarla.

Efectivamente, junto con los avances científicos y tecnológicos, la medicina ha puesto a disposición de las personas mecanismos de gran utilidad en el control y tratamiento de esta mortal enfermedad a nivel nacional, sin embargo, no por esto debemos sentirnos satisfechos. Nuestro país tiene el deber de ir actualizando sus planes, políticas y programas tendientes a prevenir la propagación de esta enfermedad que sin duda lacera el alma de nuestras familias, imposibilitando al ser humano a su pleno desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo consignado en el diario “El Mercurio”[1] “las cifras (VIH) han se han ido incrementando, mientras en África disminuye y en Latinoamérica se estanca, en Chile aumenta. Es el país donde más han aumentado los casos nuevos en la región". Con estas palabras, Alejandro Afani , inmunólogo y director del Centro VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, alertó sobre el aumento de contagios de Sida en el país.

De acuerdo a lo anterior, sólo en el año 2017 el número de personas contagiadas aumentó a 5.800 los casos, cifra que representa un aumento de un cien por ciento en relación a la situación existente en 2010.

Lo anterior parece alarmante, y frente a ello muchas pueden ser las causas de este repentino aumento, entre las que se pueden considerar la falta de una política de información a las nuevas generaciones acerca de las formas de contagio y los efectos de este virus en las personas, y más allá de todo, la falta de una conveniente orientación familiar por parte de nuestra juventud.

Sin duda, para controlar y acabar con estas lamentables cifras se requieren de acciones que parten directamente desde la familia en aras a tomar conciencia del riesgo que corren nuestros habitantes para lo cual se requiere de una gestión decidida por parte de las autoridades ejecutivas, y en particular de los Ministerios de Salud y Educación.

Frente a lo anterior, surge otro asunto que dice relación directa con el problema del SIDA que vive nuestro país y también el mundo entero, que se refiere al contagio de esta mortal enfermedad y a las consecuencias jurídicas que dicho fenómeno conlleva.

En efecto, existe consenso en torno a que el contacto sexual constituye una de las casas más recurrentes en el contagio del SIDA y en donde personas que a sabiendas que son portadores del Virus lo expanden sin mayores consecuencias para éstos. La situación creemos se torna preocupante si vemos las cifras de contagio a nivel nacional, y la nula regulación jurídica existente frente al contagio.

De acuerdo a lo anterior, no son pocos los casos en que una persona por simple diversión o venganza decide contagiar del virus del SIDA a otras personas y con ello generar un daño inconmensurable a personas y sus familias, más allá de sus responsabilidades personales.

SITUACIÓN EN LEGISLACIONES COMPARADAS.

Variadas son las legislaciones que han tocado el tema del VIH y su contagio como elemento de regulación penal. En el caso de Estados Unidos las leyes vinculadas a este tópico se encuentran sometidas a la regulación de cada estado en particular, no existiendo una norma general a nivel federal. En este sentido, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades hay 25 estados que criminalizan las conductas de contagio que supone un riesgo bajo o insignificante para la transmisión de la enfermedad.

Por su parte en España, se ha entendido el contagio como una suerte de delito de lesiones calificadas y causadas por imprudencia grave. En el caso brasileño el contagio venéreo constituye una duplicidad de figuras penales, por un lado como delito contra “la vida y salud de las personas” y además como delito de “peligro” referido al peligro de contagio de una enfermedad grave.[2]

II.- CONSIDERANDO.

1. Que, la penalización del contagio venéreo a nuestro parecer constituye una figura excepcional cuyo bien jurídico protegido lo constituye la salud de las personas en su vertiente individual, tomando en cuenta que nos encontraríamos ante un delito de lesiones. Ahora bien, si pensamos que estamos hablando de SIDA, una enfermedad que en la actualidad no tiene cura, más allá de los avances tecnológicos existentes también el bien jurídico debe constituir la vida e integridad física y síquica de la persona.

2. Que, en este tipo penal, necesariamente debemos encontrarnos con ciertas y determinadas circunstancias condicionantes para que estemos en presencia de un reproche penal por parte del hechos de la conducta, así: a) Conocimiento por parte del Infractor de ser portador de la enfermedad; b) Intención de contagiar a otra persona; c) Transmisión del VIH a otra persona y d) Participación en conducta que eleva el riesgo de transmisión.

3. Que, actualmente en Chile no existe una figura que tipifique el contagio venéreo del virus del SIDA, reservándose su ámbito al Código Sanitario, esto es al ámbito puramente administrativo.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo anterior el presente proyecto de ley establece una figura delictual, castigando penalmente al que a sabiendas de ser portador del virus del SIDA contagie con esta enfermedad a otra u otras personas.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 398 bis en el Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

“El que a sabiendas de ser portador del virus del VIH y que se encuentra en el período que puede efectivamente transmitirlo, contagiare o pusiere en peligro la vida o salud mediante relaciones sexuales a otra persona sin contar con su conocimiento o anuencia, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”

Diputados señores Coloma y Fuenzalida, don Juan Manuel .

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Yeomans , Mix , Rojas , y de los diputados señores Boric ; González, don Félix ; Hirsch , Ibáñez , Jackson , Mirosevic y Winter , que Modifica la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, en materia de facultades de su Presidente e implicancias que puedan afectar a sus ministros Boletín N°11681-07

I. Fundamentos y contenido.

1. Adecuaciones a reforma constitucional propuesta por estos diputados y diputada.

En una reforma constitucional paralela hemos propuesto un conjunto de modificaciones a la Ley Suprema para eliminar los más graves enclaves autoritarios y antidemocráticos del Tribunal Constitucional, en general nos remitimos a los fundamentos allí planteados. Para ello en este proyecto, proyectamos dichas modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que quede en armonía con la reforma constitucional que proponemos.

2. Modifica Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para regular mecanismos de implicancias, asegurando principios de debido proceso e imparcialidad del Tribunal.

En la misma línea de la reforma constitucional que planteamos y producto de la situación de anomalía institucional del Tribunal Constitucional generada por las competencias asignadas por la Reforma Constitucional del año 2005, es necesario rectificar y asegurar en toda su amplitud la jurisdiccionalidad del Guardián de la Constitución. Por ello planteamos modificaciones al procedimiento de implicancias que hoy posee el Tribunal. Por tanto, proponemos las modificaciones que correspondan a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

En virtud de dichas consideraciones, ponemos a vuestra consideración el siguiente:

Proyecto de Ley

Artículo único: Introdúzcase las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional:

a) Deróguese la letra G del artículo 8.

b) Reemplácese el inciso tres del artículo 22 por el siguiente texto:

“La existencia de una causal de implicancia que afecte a un ministro del Tribunal Constitucional será conocida y fallada por el pleno de la Corte Suprema en los términos señalados por el Código Orgánico de Tribunales en lo pertinente a las implicancias”

c) Elimínese en el inciso cuarto del artículo 22, la “y” que está antecedida por una coma y precedida de la expresión “por los órganos constitucionales” y agréguese, luego de eliminar el punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase “y por el Senado o la Cámara de Diputados a petición de una tercera parte de sus miembros en ejercicio”.

Diputadas señoras Yeomans , Mix , Rojas , y de los diputados señores Boric ; González, don Félix ; Hirsch , Ibáñez , Jackson , Mirosevic y Winter .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don José Miguel ; Alinco ; Celis, don Andrés ; González, don Félix ; Kast y Matta , y de las diputadas señoras Cid, Del Real, Rojas y Sabat , que Modifica el decreto ley N°645, de 1925, Sobre el Registro General de Condenas, para sancionar el incumplimiento por parte de tribunales, de la obligación de remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación, las sentencias condenatorias ejecutoriadas Boletín N°11688-07

Antecedentes:

1. La Ley N° 20.594[1] del año 2012, crea una sección especial, dentro del Registro General de Condenas, denominada “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad”, destinada a incluir a todos quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, en el que se registran todas las inhabilidades. Este registro puede ser consultado por cualquier persona natural o jurídica, previa identificación, solicitando información respecto a si una persona se encuentra sujeta a alguna inhabilidad; siempre que necesite contratarla para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o fines similares.

2. El Artículo 6° bis del Decreto Ley N° 645[2], de 1925, sobre el Registro General de Condenas[3], modificado por el Artículo 2º de la Ley N° 20.594, dispone: “El Servicio de Registro Civil e Identificación se limitará a informar si a la fecha de la solicitud la persona por quien se consulta se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal y omitirá proporcionar todo otro dato o antecedente que conste en el registro. Para acceder a dicha información, el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número de Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Un reglamento establecerá la forma y las demás condiciones en que será entregada la información.”.

3. Adicionalmente, el artículo 7° del Decreto Ley N° 645, citado, dispone que “[l]os errores u omisiones del Registro, por defecto de los datos remitidos, sólo podrán ser subsanados por orden del Juez que dispuso la inscripción de la sentencia, de oficio o a petición de parte”.

4. Actualmente, el problema que ha generado el mencionado registro, que a Febrero del año 2017 cuenta con 4.856 personas inscritas[4], es que son reiteradas las denuncias por la falta de remisión de los antecedentes por parte del Juez competente a dicho registro, lo que ha permitido que personas que no pueden ni deben trabajar con menores[5], puedan hacerlo por no presentar ningún antecedente, lo que significa una falta grave en las labores del magistrado, toda vez que se encuentra dentro de sus funciones remitir los antecedentes y que, en caso de incumplimiento puede constituir un claro peligro para la sociedad.

PROYECTO DE LEY

Modifíquese el artículo 4 del DL 645 del año 1925, sobre Registro General de Condenas, incorporándose a continuación de:

 Artículo 4°: “Para los efectos de la inscripción, los tribunales respectivos, dentro del tercero día en que quede ejecutoriada la sentencia certificada por el jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de causas del tribunal o, en el caso de los juzgados de policía local, condenatoria, remitirán al Gabinete Central de Identificación, copia íntegra de la sentencia autorizada por el secretario, acompañando, además, la fotografía e impresiones digitales que haya proporcionado el gabinete local de identificación en las partes donde existe este servicio”.

Un nuevo inciso segundo:

“En caso de incumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, procederá la sanción que la I. Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo a las reglas previstas en el Código Orgánico de Tribunales, estime justificado, esto es:

1°) Amonestación privada;

2°) Censura por escrito;

3°) Pago de costas;

4°) Multa de 1 a 15 días de sueldo o multa no inferior a una ni superior a cinco unidades tributarias mensuales”.

Diputados señores Castro, don José Miguel ; Alinco ; Celis, don Andrés ; González, don Félix ; kast y Matta , y de las diputadas señoras Cid, Del Real, Rojas y Sabat .

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi ; Pérez , doña Catalina y Santibáñez , y de los diputados señores Celis, don Ricardo ; González, don Félix y Labra , que Modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para incorporar en ella el criterio de cambio climático y la participación ciudadana, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Boletín N°11689-12

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

CONSIDERANDO:

1° Que, nuestro planeta se encuentra cada vez más enfrentado a condiciones climatológicas adversas de la más variada índole y que el cambio climático, tanto en la comunidad científica como política internacional, es reconocido como uno de los mayores problemas que debe enfrentar la humanidad, pudiendo potencialmente afectar a cada rincón del planeta. Los distintos países del orbe han realizado un gran esfuerzo en términos de adaptar su normativa interna en consonancia con la normativa internacional a fin de acercarse a la de aquellos países que se han adelantado a la adaptación y mitigación del cambio climático, cuestión que en nuestro país, a pesar de la ratificación del acuerdo de París por parte del congreso nacional, esto aún no se traduce en cambios normativos que permitan medir, monitorear y generar un cambio de rumbo que permita efectivamente evitar los daños producidos por las actividades humanas y el cambio climático. Lo que es más grave aún, la institucionalidad responsable de la evaluación de impacto no incorpora este fenómeno y ni siquiera lo considera como una variable en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

El cambio climático tiene efectos importantes, sobre todo en materia de recursos hídricos ya que en función de la variación del clima, varía y escasea la disponibilidad del agua. Desde ya, es pertinente señalar que, conforme los estudios que se explicitan en el considerando sexto, Chile es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, precisamente por la escasez hídrica a la que se verá expuesto.

Al entrar al proceso de evaluación de impacto ambiental, en la actual normativa, el cambio climático no está ni siquiera considerado como un factor relevante en dicho proceso.

2° Resulta central entonces revisar como se ha definido el concepto de cambio climático: Este fue definido por el Grupo intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)[1] como una importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente decenios o incluso más)” (IPCC, 2001: 175). Por su parte la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático[2], en su artículo 1° lo define como “un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempos comparables”.

3° Considerando, además, tal como lo manifiesta en sus diversos acápites dicha convención, “las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad, debemos hacernos cargo, al menos en lo que como nación concierne en efectuar todas las acciones necesarias para enfrentar en los mejores términos los efectos de este fenómeno e idealmente reducirlos en términos preventivos."

4° Que, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece una serie de principios que actúan como marco para la acción contra el cambio climático, instituidos en el texto mismo de ésta y los cuales “cumplen la función de orientar las acciones que adopten las partes para cumplir con el objetivo final (…) asimismo, cumple un rol clave en la interpretación de la Convención”[3]

● Por otra parte, es del caso recordar que La COP21[4] aprobó el primer acuerdo universal para reducir el cambio climático, el cual reemplazará desde el año 2020 al Protocolo de Kioto.

Este acuerdo vinculante tiene como objetivo "mantener la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales", sin embargo, destacó que los países se comprometieron a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados y evitar así "los impactos más catastróficos del cambio climático"[5].

5° A la fecha, existe en Chile un comité de expertos[6] del proyecto “Propuesta de marco legal e institucional para abordar el cambio climático en Chile” del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR)2 y la ONG Adapt-Chile, y que cuenta con el apoyo del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica en Chile y el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente.

En Chile, este es uno de los temas de debate más importantes, considerando no solo que según expertos el país es uno de los más vulnerables al cambio climático -con marcadas tendencias; una de ellas, por ejemplo, la sequía-, sino también porque cuenta con condiciones favorables para ser parte de la solución en materias como las energías renovables.

6° Considerando que, Chile es un país vulnerable[7] al cambio climático[8], ya que podemos reconocer en nuestro país características geográficas y climáticas que han sido consideradas como condiciones de fragilidad, de acuerdo a la CMNUCC, la cual reconoce entre otras las siguientes condiciones con las que Chile puede identificarse tales como: “áreas de borde costero de baja altura; áreas áridas, semiáridas y de bosques; susceptibilidad a desastres naturales; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y ecosistemas montañosos”[9]

7° Que, en conclusión esta iniciativa pretende, luego de evaluar el contexto jurídico e institucional para la futura dictación de una ley de cambio climático en Chile, o como se conoce oficialmente El nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC-II), intervenir en todo cuanto sea necesario la normativa interna vigente a fin de acercarnos en el corto plazo a los estándares del contexto jurídico internacional para el cambio climático y las innovaciones en el derecho comparado tanto de México como del Reino Unido, con marcos normativos que abordan en forma integral el problema aun no debidamente abordado por nuestra legislación interna.

Debemos tener en consideración entre otros aspectos, principalmente que “el concepto básico es que todas las generaciones son socios que cuidan y usan la tierra. Cada generación debe pasar la tierra y nuestros recursos naturales y culturales en al menos tan buenas condiciones como nos fueron recibidos”[10]

POR LO TANTO,

La Diputada que suscribe viene a someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese la Ley N° 19.300 que Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente en los siguientes términos:

1) Incorpórense en el artículo 2° las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyase el literal a ter)de la siguiente forma:

“a ter) Cambio climático: se entiende como el cambio identificable del estado del clima, por ejemplo mediante pruebas estadísticas, en las variaciones de su valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante periodos de tiempo. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la tierra. Asimismo, este cambio en el clima es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables

b) Suprímase en el literal e) la palabra “significativo”

c) Reemplazase en el literal h), a continuación de la expresión “valores,” por el siguiente párrafo: “y aclare conceptos para el desarrollo de una conciencia y responsabilidad en relación a los efectos del cambio climático, además potenciar las habilidades necesarias para una convivencia armónica y corresponsable entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante; teniendo especialmente en consideración el fenómeno y consecuencias del cambio climático”

d) Incorporar en el literal i), entre la palabra “ambiental” y la preposición “y”, lo siguiente:

“, de los efectos en el agravamiento del cambio climático y su impacto ambiental.

e) Incorpórese en el literal i bis) lo siguiente:

1. )A continuación de la palabra “sustentable,” la siguiente frase: “y del cambio climático,”

2. )A continuación de la palabra “sustentabilidad”, la siguiente frase: “y del cambio climático,”

f)Incorpórese en el literal ll) a continuación de la frase “constituido por”, la palabra “clima”.

g) Para eliminar en el literal i) la expresión “significativamente”. Y agregar a continuación del punto y coma (;) que pasa a ser coma (,) la siguiente frase: “teniendo especialmente en cuenta la posible afectación del clima y considerando la variable del cambio climático”

h) agréguense los nuevos literales v), w) e y) del siguiente tenor:

“v) Adaptación: ajustes en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos presentes o previsibles, que pueden moderar el daño o impacto y aprovechar sus oportunidades beneficiosas.

w) Mitigación[11]: Intervención antropogénica para reducir las fuentes de emision de gases de efecto invernadero a la atmosfera, o mejorar los sumideros de dichos gases y reducir el impacto en el medio ambiente.

y) Resiliencia[12]: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a un impacto temporal o a una amenaza sostenida, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y/o la restauración de sus estructuras y funciones básicas.

2) Incorpórese en el artículo 6°, a continuación de la coma (,) que sigue a la frase “problemas ambientales”, lo siguiente:

“el conocimiento acabado de las implicancias del cambio climático y”

3) Modifíquese en el título del Párrafo 1° bis, del Título II la palabra “ambiental” por “socioambiental”

4) Modifíquese el artículo 7° bis de la siguiente forma:

a) Reemplazase en el inciso primero la conjunción “o”, por una coma.

a.1) Agregase después de la palabra “sustentabilidad” la frase “o el cambio climático.”

a.2) Eliminase la frase “a proposición del consejo de ministros, señalado en el articulo 71”.

b) Incorpórese en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “mismos” una frase del siguiente tenor:

“y su pertinencia territorial.”

5) Incorpórese un inciso segundo nuevo en el artículo 8° del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, para evaluar el impacto ambiental siempre deberán considerarse la totalidad de las actividades o proyectos emplazados en el mismo territorio o área de influencia, cuenten estas o no con resolución de calificación ambiental, de modo de medir los efectos sinérgicos que se puedan producir. Con todo, no podrá ejecutarse ningún proyecto en áreas protegidas, en cabeceras de cuenca y otros territorios con estatus especial, o que afectaren la biodiversidad, glaciares, humedales, o que impliquen riesgo y vulnerabilidad climática”

6) Eliminese en el artículo 9° bis la frase: “cuando corresponda”

7) Modificase el artículo 9º ter del siguiente modo:

7.1) Agregase al final del inciso primero del artículo 9° ter, después del punto aparte que pasa a ser seguido el siguiente párrafo:

“Asimismo deberán considerar la evaluación de los efectos sinérgicos del conjunto de proyectos instalados, y de la nueva inversión por instalar y que se someta a evaluacion en el territorio, especificando todas las actividades productivas de la zona de influencia, tanto aquellas que cuentan con resolución de calificación ambiental, como aquellas que no cuentan con ésta. Del mismo modo deberá detallar los alcances de costos y beneficios que pudiere representar para terceros la ejecución del proyecto y establecer con claridad las medidas de mitigación, compensación y reparación de los mismos”.

7.2) Para agregar un inciso final del siguiente tenor:

“El costo de los estudios de impacto ambiental serán de total cargo del titular. En ningún caso el titular podrá ser mandante del estudio de impacto ambiental.

8) Para modificar el artículo 10º del siguiente modo:

8.1) Para eliminar en la letra c) la expresión: “mayores a 3 MW”.

8.2) Agregase una nueva letra s) en el artículo 10 del siguiente tenor:

“s) Todo otro proyecto o actividad económica que requiera, para su puesta en marcha u operación, una cantidad de agua superior a aquella necesaria para regar 12 hectareas de riego básico, conforme la definición de esta última contenida en el artículo 13 de la ley 18.910. En el caso de utilizar aguas marinas todas aquellas que extraigan mas de 12 litros por segundo”

9) Para agregar una nueva letra g) en el artículo 11º del siguiente tenor:

“g) Contribuya al fenómeno del cambio climático”.

10) Reemplázase la oración final del artículo lo 18º que reza: “Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente” por la siguiente: “Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante no se tendrá por otorgado de pleno derecho, sino que la Comisión deberá emitir siempre una resolución fundada dentro de los próximos diez días sumados al plazo anterior.”

11) Modifíquese el inciso primero del Artículo 25 quinquies de la siguiente manera:

11.1) Reemplazase la expresión: “ del directamente afectado”, por “los afectados”

11.2) Para agregar un párrafo al final después del punto aparte que pasa a ser seguido, del siguiente tenor: “Asimismo, la Superintendencia, en uso de su facultad de tendrá la facultad de modificar las resoluciones de calificación ambiental, considerando podrá considerar entre otros criterios, tales como aquellos que dicen relación con el cambio climático, que no fueron incorporados en los procesos de estudio y evaluación ambiental que dieron origen a dichas resoluciones o, en general, por razones sobrevinientes que no fue posible prever al tiempo de realización de dichos estudios”.

12) Elimínese la frase final del artículo 26 que reza: “cuando correspondan”

13) Modifíquese el artículo 27, suprimiéndolo desde el punto seguido, que pasa a ser punto a parte, quedando de la siguiente manera:

“Cualquier persona, natural o jurídica, podrá imponerse del contenido del proyecto y del tenor de los documentos acompañados.”

14) Reemplázase en el inciso primero del artículo 28, la palabra: “presentado” por la expresión: “o de la declaración presentada”.

15) Sustitúyase el inciso final del artículo 30 bis por uno del siguiente tenor:

“La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada sobre ellas, obtener insumos significativos, oportunos e informados sobre las características de los proyectos y sus impactos; como también que se garantice que sus observaciones puedan incidir en las decisiones de políticas, estrategias y planes en diversos niveles, así como, en proyectos individuales que tengan impactos ambientales”

16) Suprímase el párrafo segundo del título final

17) Incorpórese en el artículo 81 un literal g) nuevo, pasando el actual a ser h) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“g) Fiscalizar a las consultoras suscritas al registro público a que refiere el literal f) ante la presentación de información falsa o de levantar información precaria.

Ante el evento de incurrir en falsedad o información precaria, se aplicará como sanción su retiro inmediato del registro público de consultores certificados, no pudiendo ser incorporados nuevamente a este, ni aún en el caso de constituir una nueva empresa consultora con diferente razón social, si en ella se incorporaren algunas personas naturales que formaban parte de la consultora eliminada del referido registro.”

Diputadas señoras Girardi ; Pérez , doña Catalina y Santibáñez , y de los diputados señores Celis, don Ricardo ; González, don Félix y Labra