Labor Parlamentaria

-De la diputada señora Del Real por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 20 de julio de 2018, para dirigirse a México.

-Del diputado señor Gutiérrez por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 20 de julio de 2018, para dirigirse a Bolivia.

-De la diputada señora Mix por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 7 de agosto de 2018, para dirigirse a Argentina.

-Del diputado señor Macaya por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 28 de julio de 2018, para dirigirse a Washington y Boston, Estados Unidos.

-De la diputada señora Pérez , doña Joanna , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 31 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones que se celebren con esta fecha.

-Del diputado señor Urruticoechea , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 31 de julio de 2018, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones que se celebren con esa fecha.

PERMISO CONSTITUCIONAL

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud formulada por la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , en virtud de lo dispuesto en la letra a), número 2), del artículo 52 de la Constitución Política de la República, para ausentarse del país entre los días 6 y 12 de agosto de 2018, para cumplir compromisos internacionales, según itinerario que detalla, en los Estados Unidos Mexicanos, ciudad de Puebla, donde participará como ponente magistral en el VI Congreso Internacional de Ciencia Política: Las elecciones como fuente de legalidad y legitimidad de la democracia en América Latina.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

-o-

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

No hay unanimidad para acceder a lo solicitado, señor diputado.

Sin embargo, la Mesa va a citar a reunión a las comisiones unidas para tratar de solucionar el problema descrito.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, en relación con lo planteado por el diputado René Saffirio respecto del acuerdo tomado hace diez años, quiero saber si el Reglamento de la Corporación establece si hay algún tipo de prescripción, porque si el acuerdo no se cumple luego de diez años, me parece lógico que busquemos alguna solución al problema.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señora diputada, en el Reglamento no se señala prescripción alguna.

FUSIÓN DE PROYECTOS

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los siguientes proyectos, en primer trámite constitucional:

1.Moción que agrega a la ley N° 19.981, sobre fomento audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla (boletín N° 8620-24), y

2.Moción que modifica la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica (boletín N° 11867-24).

¿Habría acuerdo?

Acordado.

CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición de 75 señores diputados y señoras diputadas, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora de las actuaciones de los órganos de la administración del Estado en relación con el contenido de los contratos de los altos directivos de la empresa Televisión Nacional, y al estado y situación financiera del referido canal, pudiendo recabar antecedentes de toda clase de eventuales irregularidades, errores, vicios u omisiones en la fiscalización de operaciones en estas instituciones y su personal, que pudieran significar infracciones a normas legales, uso de información reservada o de información privilegiada, conflictos de interés o grave infracción al principio de probidad, a fin de poder determinar las causas de tales hechos.

Para el cumplimiento de su propósito la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo. En consecuencia, corresponde votar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 9 abstenciones y 1 inhabilitación.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Ramírez, Sebastián ; Amar Mancilla, Sandra ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Baltolu Rasera, Nino ; Barrera Moreno, Boris ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Cariola Oliva, Karol ; Carter Fernández, Álvaro ; Castillo Muñoz, Natalia ; Celis Araya, Ricardo ; Celis Montt, Andrés ; Cicardini Milla, Daniella ; Cid Versalovic, Sofía ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Crispi Serrano, Miguel ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Desbordes Jiménez, Mario ; Díaz Díaz, Marcelo ; Durán Espinoza, Jorge ; Durán Salinas, Eduardo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Garín González, Renato ; González Gatica, Félix ; González Torres, Rodrigo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Hoffmann Opazo , María José ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiles Moreno, Pamela ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Kuschel Silva, Carlos ; Lorenzini Basso, Pablo ; Luck Urban, Karin ; Matta Aragay, Manuel ; Mellado Pino, Cosme ; Mellado Suazo, Miguel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Mix Jiménez, Claudia ; Molina Magofke, Andrés ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Núñez Arancibia, Daniel ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Olivera De La Fuente, Erika ; Orsini Pascal, Maite ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pardo Sáinz, Luis ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Ramírez Diez, Guillermo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rentería Moller, Rolando ; Rey Martínez, Hugo ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Romero Sáez, Leonidas ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Yeomans Araya, Gael .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Hernández Hernández, Javier ; Noman Garrido, Nicolás ; Sanhueza Dueñas, Gustavo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Urrutia Bonilla, Ignacio .

-Se inhabilitó el diputado señor Castro Bascuñán, José Miguel .

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Propongo integrar a la comisión especial investigadora de los actos realizados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile con ocasión del denominado “caso Harex”, relativo a la desaparición del joven de 17 años Ricardo Harex González , acaecida el 19 de octubre de 2001, en la ciudad de Punta Arenas, sin que hasta la fecha haya podido resolverse, con los siguientes señores y señoras diputados: Sandra Amar , René Alinco , Gabriel Ascencio , Karim Bianchi , Gabriel Boric, René Manuel García , Marcos Ilabaca , Carlos Kuschel , Joaquín Lavín , Manuel Monsalve , Nicolás Noman , Daniel Núñez y Alejandro Santana . ¿Habría acuerdo?

Acordado.

HOMENAJE A LA LOGIA MASÓNICA AURORA Nº 6 EN SU 150º ANIVERSARIO

-Aplausos.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la logia masónica Aurora N° 6, en el marco de los 150 años desde su fundación.

En nombre de la Cámara de Diputados, agradecemos nuevamente la presencia del venerable maestro Omar Morales Márquez acompañado de la oficialidad de la logia y de las delegaciones de los colegios La Igualdad y Las Acacias .

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.032, QUE ESTABLECE SISTEMA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA RED DE COLABORADORES DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME), Y SU RÉGIMEN DE SUBVENCIÓN Y EL DECRETO LEY N° 2.465, DEL AÑO 1979, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES Y FIJA EL TEXTO DE SU LEY ORGÁNICA BOLETÍN N° 11657-07-1

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HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia suma, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República. Se hace presente que por acuerdo de Sala de 17 de abril de 2018, este proyecto deberá ser remitido, una vez informado por esta Comisión, a la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

Durante la discusión de este proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia de:

Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín.

Subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa.

Jefe Depto. Asesoría y Estudios Milton Espinoza Vergara.

Asesora División Jurídica Paula Recabarren Lewin.

Asesor División Reinserción Social Juvenil Pedro Pacheco.

ONG Activa

Gloria Requena, Directora

Fundación Ciudad del Niño

Edmundo Crespo, gerente general

María Teresa Sepúlveda, jefa del Departamento Técnico.

Hogar de Cristo

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo;

Francisco Javier Parra, Jefe Nacional de Residencias Especializada Infanto-adolescente.

Corporación María Ayuda

Cristián Alliende, director;

Ximena Calcagni, subdirectora;

Ricardo H.C. Evangelista, director ejecutivo.

Fundación Misión de María

Teresa Izquierdo.

Fundación Infancia

Nathalie Oyarce, presidenta.

Edison Gallardo, director de gestión.

Protectora de la Infancia

Alicia Amunátegui de Ross, presidenta;

María Jesús Montt, abogada.

Aldeas SOS.

Jorge Lavanderos.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la Ley 20.032 y el D.L. N° 2465 de 1979, para aumentar la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción Centros Residenciales; se agrega, como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención; se incorpora en los criterios de evaluación de los convenios que se suscriban con estos; se faculta al Sename para que frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios, el Servicio Nacional de Menores podrá emitir instrucciones, a fin de que los colaboradores las ejecuten en el plazo que fije el Servicio. En el mismo orden de ideas, se refuerza la facultad contenida en el artículo 37 de la ley N° 20.032, disponiendo que también se podrá poner término anticipado a los convenios, en caso del incumplimiento de dichas instrucciones. Se diferencia a las entidades coadyuvantes y se faculta al Sename para supervigilarlas y requerir antecedentes de las mismas.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

No hay.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda los artículos 1°; 2°, numerales 1, 2 literal a) y 3; y 4°.

5) Comunicación a la Corte Suprema de las disposiciones incorporadas en este trámite o que han sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las ya conocidas por la Corte.

No requiere.

6) Aprobación del proyecto de ley en general

Sometido a votación en general, el proyecto es aprobado por mayoría de los miembros de la Comisión. (12-1-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Paulina Núñez Urrutia, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric, Leonardo Soto Ferrada y Matías Walker Prieto. Votó en contra el diputado señor René Saffirio Espinoza.

7) Se designó Diputado Informante al señor Leonardo Soto.

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I.- ANTECEDENTES GENERALES.

1.- Fundamentos del proyecto.

El mensaje señala que el actual Gobierno ha manifestado, desde los primeros días de su gestión, un compromiso ineludible con los derechos de la infancia y adolescencia. Agrega que el Programa de Gobierno ha marcado la ruta en esta materia, dejando en claro su firme voluntad de reformar y modernizar la institucionalidad de protección para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Precisa que es por eso que dentro de las primeras medidas a las cuales se ha comprometido, se encuentra un aumento de la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción Centros Residenciales.

Afirma que el presente esfuerzo se hace cargo, en una primera etapa, del déficit histórico que como sociedad tenemos con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país y constituye el primer paso en el tránsito hacia un nuevo sistema que, en colaboración con la sociedad civil acompañe, proteja y promueva el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias, especialmente cuando ellos han sido vulnerados en sus derechos, incluyendo, además, normas de control y transparencia.

2.- Contenido del proyecto.

El proyecto de ley introduce modificaciones a la ley N° 20.032 que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención, y al decreto ley N°2.465 del año 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica.

1.-Modificaciones a la Ley N°20.032

Se aumenta al doble el monto máximo de la subvención que se puede recibir por la línea de Centros Residenciales, quedando ésta en un rango de “15 a 30 USS mensuales.”. En virtud de esta modificación, se incrementará por vía reglamentaria en un 25% la subvención base para esta línea programática.

Se agrega, como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención, con el objeto de evitar su uso indebido, el desvío de los mismos y la existencia de saldos o excedentes de recursos sin utilizar por parte de los organismos colaboradores acreditados. Asimismo, este principio se incorpora en los criterios de evaluación de los convenios que se suscriban entre el SENAME y sus colaboradores.

Se explicita que frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios, el Servicio Nacional de Menores podrá emitir instrucciones, a fin de que los colaboradores las ejecuten en el plazo que fije el Servicio. En el mismo orden de ideas, se refuerza la facultad contenida en el artículo 37 de la ley N° 20.032, disponiendo que también se podrá poner término anticipado a los convenios, en caso del incumplimiento de dichas instrucciones.

2.-Modificación al Decreto Ley N° 2465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su Ley Orgánica:

Se especifican las facultades de impartir instrucciones generales sobre atención y protección en materia de infancia y adolescencia, tanto a los organismos colaboradores acreditados como a las entidades coadyuvantes y supervigilar su cumplimiento.

Tratándose de las entidades coadyuvantes, el proyecto las define para diferenciarlas expresamente de las instituciones colaboradoras, las que se encuentran reguladas en detalle en la ley N° 20.032. Respecto de las entidades coadyuvantes, el proyecto de ley otorga facultades al Servicio Nacional de Menores, creándose un registro y pudiendo solicitarles diversos antecedentes de carácter legal y financiero, u otros que se estimen relevantes.

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

1.- Discusión General.

Sesión N° 6 de 10 de abril de 2018.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín explicó que el proyecto en tabla no tiene urgencia porque se constituyó la Comisión de Infancia para debatir en términos macros la protección de la infancia vulnerada y la reinserción adolecente, lo que incluirá el sistema de financiamiento. Sin embargo, el objetivo de este proyecto, a saber, duplicar la subvención de los centros residenciales, forma parte del programa de Gobierno del Presidente Piñera, debido a que se han ido cerrando varios centros por problemas financieros. Es por ello que la primera acción que realizó el Presidente cuando asumió fue concurrir a un centro residencial de la comuna de La Pintana para anunciar el aumento de las subvenciones.

Es muy probable que la propuesta marco de la Comisión de Infancia incluya un cambio radical del sistema de financiamiento actual, lo que no obsta la tramitación de este proyecto ni el aumento inmediato que pretende.

Sobre el fondo de la Iniciativa, basándose en el documento que se adjunta1, explicó que los costos de mantención de los centros residenciales son mayores que la subvención estatal, determinada por una ley, que estableció un rango, con un techo máximo de subvención por centro. Con el último incremento que tuvo la ley de presupuestos 2018 ese tope se alcanzó, pero fue insuficiente frente a los problemas de desfinanciamiento. Este proyecto de ley busca aumentar el techo de la subvención al doble.

Además, aunque no forma parte del proyecto, una vez aprobado, anunció que se incrementará por vía reglamentaria en un 25% la subvención base para esta línea programática.

También, mencionó que agrega como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención, con el objeto de evitar su uso indebido, el desvío de los mismos y la existencia de saldos o excedentes de recursos sin utilizar por parte de los organismos colaboradores acreditados. Asimismo, este principio se incorpora en los criterios de evaluación de los convenios que se suscriban entre el SENAME y sus colaboradores.

Asimismo, se explicita que frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios, el Servicio Nacional de Menores podrá emitir instrucciones, a fin de que los colaboradores las ejecuten en el plazo que fije el Servicio. En el mismo orden de ideas, se refuerza la facultad contenida en el artículo 37 de la ley N° 20.032, disponiendo que también se podrá poner término anticipado a los convenios, en caso del incumplimiento de dichas instrucciones.

Hizo presente que la ley de presupuestos 2018 entregó recursos para contratar 26 nuevos supervisores, lo que aumentó la capacidad de fiscalización de los centros residenciales.

Por último, sobre el mecanismo de financiamiento, manifestó que como Gobierno impulsarán una política de desinstitucionalización en tres líneas: de revinculación con la familia de origen, con la familia de acogida; y con la familia adoptiva.

El jefe del departamento de asesoría y estudios, señor Milton Espinoza, señaló que mientras la Comisión de Infancia trabaje en encontrar el modelo adecuado nuestro actual sistema residencial debe seguir funcionando, encontrándose con un déficit presupuestario importante. Los estudios que se han hecho en la materia dan cuenta que la subvención estatal solo alcanza a cubrir un 40% del valor de la prestación.

Para mejorar de forma inmediata la atención de los centros residenciales, la iniciativa aumenta al doble el monto máximo de la subvención que se puede recibir por la línea de Centros Residenciales, quedando ésta en un rango de 15 a 30 USS mensuales. Con posterioridad, en virtud de esta modificación, se incrementará por vía reglamentaria en un 25% la subvención base para esta línea programática.

Además de las modificaciones mencionadas por el Ministro, destacó que el proyecto especifica las facultades del Sename para impartir instrucciones generales sobre atención y protección en materia de infancia y adolescencia, tanto a los organismos colaboradores acreditados como a las entidades coadyuvantes y supervigilar su cumplimiento. Tratándose de las entidades coadyuvantes, el proyecto las define para diferenciarlas expresamente de las instituciones colaboradoras, crea un registro y le otorga facultades al Sename para solicitarles diversos antecedentes de carácter legal y financiero, u otros que se estimen relevantes.

Asimismo, resaltó que el proyecto establezca que las nuevas modificaciones que deban hacerse al DS N°841, que Aprueba Reglamento de la Ley N°20.032, tanto las que resulten de la aplicación del proyecto de ley, como también las posteriores, deberán ser suscritas, además, por el Ministro de Hacienda. Recordó que el reglamento define el monto de la asignación dentro de la banda, por lo que esta nueva exigencia no es baladí.

Finalmente, respecto al impacto financiero, explicó que el primer año de aplicación, el límite máximo efectivo de la subvención se incrementará en un 25%, es decir, pasará de “15 a 18,75 USS”. Lo anterior irroga un mayor gasto fiscal de M$9.771.688, teniendo como supuestos que el número de niños atendidos mensualmente asciende a 8.400 y el valor 2018 de la USS es de $15.840. El mayor gasto fiscal en caso de alcanzar el límite máximo del rango para la línea Centros Residenciales, es decir 30 USS, sería de M$39.108.331.

El Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Juan José Ossa, reflexionó que el proyecto no pretende dar solución al problema de la infancia vulnerada en Chile sino impedir que, mientras se defina el marco de la nueva institucionalidad, sigan ocurriendo cierres de centros por falta de financiamiento. Además, destacó que estos recursos no se entregarán a cambio de nada sino por cumplimiento de estándares de fiscalización y buen uso de los recursos.

El diputado Boric valoró que se le haya retirado la urgencia al proyecto en discusión, que entiende como una señal de buena fe en aras a alcanzar acuerdos transversales en la materia.

Sobre los incentivos que el aumento de la subvención puede generar, hizo ver que aproximadamente el 80% del gasto residencial corresponde a gasto fijo, que la subvención no alcanza a cubrir debiendo recurrir a la caridad. Refrendó que en muchos hogares están cerrando por falta de recursos. El método de la subvención como principal mecanismo de financiamiento de los hogares residenciales es algo que se debe repensar.

Sobre la desinstitucionalización, a diferencia de lo que se ha dicho, entiende que hay pocas familias de acogida especializadas.

Observó que el gran déficit que tiene el actual Sename es la falta de fiscalización más que la facultad de impartir instrucciones que contempla el proyecto. Hay que buscar un equilibrio respecto a la forma de fiscalización, ya que esta facultad debe ser un aporte a la institución y no un obstáculo para las residenciales y organismos colaboradores. Espera que los estándares de calidad, eficiencia, transparencia puedan ser fiscalizados con facultad de imperium.

Por otra parte, en atención a que el 95% de la oferta de organismos es privada solicita que en la reforma que se estudie se considere un mínimo de un organismo público por región.

El diputado Fuenzalida, preguntó cuántos de los 280 centros están con el problema de cierre inminente por razones financieras. Hizo ver que la discusión de fondo sobre el tema de la modernización del Sename puede llevar un tiempo.

El diputado Soto, señaló que subyace de la presentación del proyecto, como fundamento para aumentar la subvención, el déficit financiero del sistema, que podría llevar a algunos centros a cerrar. Sin embargo, hubiese preferido que se acompañaran estudios y antecedentes que den cuenta de esa problemática, en circunstancias que el proyecto no propone nuevos requisitos o exigencias a los centros, sólo aumenta su presupuesto a cambio del mismo servicio.

El diputado Cruz-Coke apreció que el proyecto proponga aumentar los topes de subvención y la fiscalización de Sename. Preguntó cómo funcionan en particular cada uno de los convenios; si son convenios tipo; en qué varían con las nuevas facultades de fiscalización que se otorgan.

Sin perjuicio de la urgencia del proyecto, que comparte, consultó por el objetivo; cuál es la meta; qué ejemplos de buenas prácticas internacionales se tienen en a la vista para el nuevo diseño; si hay buenas prácticas a nivel nacional que se tengan como referente.

El diputado Alessandri preguntó si el Gobierno ha evaluado aplicar en Chile el modelo consistente en que la familia de acogida postule directamente a la subvención, utilizado en Estados Unidos y Australia. Las familias deben someterse a un examen de idoneidad y los niños cuentan con acceso a un portal institucional para informar y calificar cómo es su guardián y el ambiente familiar, lo que dota al sistema de transparencia total.

El diputado Saffirio mencionó el listado de proyectos relacionados con la niñez que se encuentran en discusión simultánea en el Congreso Nacional y cuestionó que el Gobierno quiera priorizar el objeto de tabla, que solo propone aumentar la subvención. Aseguró que en este caso el orden de los factores sí altera el producto. No se encuentra disponible para aumentar los recursos del Sename para que siga haciendo más de lo mismo. El Estado tiene recursos suficientes para poner término a los problemas del Sename pero no ha sido prioridad. Los estudios que dan cuenta del déficit financiero no pueden elaborarse por los mismos beneficiarios del sistema. Denunció la situación de la fundación Mi Casa, ex organismo colaborador, que construyó edificios de departamentos donde antes había residenciales de niños, porque se convirtió en inmobiliaria.

Se mostró de acuerdo en aumentar los recursos, pero una vez definido el modelo de niñez que se aplicará en Chile, porque no se está legislando sobre materias financieras sino sobre asuntos que incidirán dramáticamente en la calidad de vida de niños que se encuentran bajo la tutela del Estado. En esa línea, hizo lectura de fragmentos del libro “Huellas Imborrables”, testimonios de niños, padres, jueces, gendarmes y funcionarios del Sename, de la autora señora Rosario Moreno.

El diputado Coloma, si bien concuerda que hay otros temas prioritarios al financiero, consideró necesario comenzar por algo. El Presidente Piñera se comprometió a duplicar el valor de la subvención, de ese compromiso trata este proyecto, sin perjuicio de la formación de una comisión especial que estudiará el modelo de niñez más adecuado para Chile, conformada por representantes de todos los sectores políticos. Aseguró que la falta de recursos del Sename es un hecho público y notorio, ya que basta conocer el valor de USS mensual para concluir que $237.000.- al mes son insuficientes para solventar los gastos de un niño. Concluyó que el aumento de la subvención no impide seguir legislando sobre los temas de infancia, discusión que tomará mucho más tiempo.

Además, destacó la nueva facultad que contempla el proyecto de poner término a los convenios si éstos no se cumplen. Representa un avance en relación al control que debe tener el Sename sobre los recursos que entrega.

El Ministro compartió las inquietudes planteadas en torno a la decisión de avanzar en financiamiento sin determinar la nueva estructura de fondo del sistema de niñez. Sin embargo, no considera que deban paralizarse todas las acciones a la espera del marco definitivo, más si estas medidas dicen relación con temas urgentes, como los eventuales cierres de establecimientos por problemas financieros, situación que le consta de las visitas que ha realizado a diferentes centros. Se comprometió a hacer llegar los estudios que da cuenta del déficit del sistema financiero en los centros residenciales. Es muy probable que, con el nuevo marco institucional, el sistema de financiamiento cambie radicalmente, pero siempre para aumentar los recursos.

En este panorama legislativo, mientras se discuten todas las filosofías políticas, hay un Sename que está funcionando con una problemática diaria. Comentó que el sábado recién pasado, por la noche, se arrancaron 4 niños de un centro de la región de Coquimbo, que aparecieron después de unas horas. El Sename se encuentra haciendo un catastro, niño por niño, centro por centro, para hacer un diagnóstico de la situación. La prioridad es terminar con el maltrato, la falta de cuidado y la tortura.

Reiteró que el aumento que persigue el proyecto es un cambio menor, que no genera un cambio del sistema pero le entrega oxígeno y representa una señal para los centros, de que si hacen bien su trabajo recibirán ayuda, de que no están solos.

La señora Gloria Requena, directora ONG Activa, basó su exposición en el documento que se adjunta2.

Se refirió a la multiplicidad de iniciativas en actual tramitación que abordan temas similares en diferentes comisiones y a la dificultad que eso conlleva. Así, por ejemplo, el artículo 30 de la ley 20.032, sobre los montos de las subvenciones, se ve modificado en los boletines 11.657-07, 11.176-07, 11.174-07, 4.262-18 y en el objeto de estudio.

Sobre el monto de la subvención, señaló que los valores que se manejan en las distintas iniciativas siguen estando bajo el mínimo aceptable para el cuidado de un niño. No basta con cubrir sus necesidades de habitación y comida sino que implica hacerse cargo de todos los programas de reparación o de intervención que el niño requiera. En su opinión, un monto de subvención mínimo para cumplir con ese requerimiento asciende a 50USS ($800.000).

Sobre el mecanismo de financiamiento, manifestó que la subvención por niño es un mecanismo perverso porque no incentiva el egreso. Además, se paga mes vencido, lo que obliga al centro a efectuar el gasto y después cobrar. La subvención, debiese estar sujeta a determinados estándares cualitativos fijados por ley, no por convenio, y a la calidad del servicio que se preste. A su parecer, el mecanismo idóneo es la subvención de carácter basal para financiar el funcionamiento mensual del centro, con independencia del ingreso o egreso de los niños.

Respecto al mecanismo de fiscalización financiero que el proyecto propone, que consideró bien definido, previno que es distinta de la fiscalización técnica asociada a la calidad, a la que no refiere la iniciativa. Según su experiencia, los tres elementos que debiesen estar asociadas a una mayor entrega de recursos son: fiscalización técnica y financiera; seguimiento de los programas, para evitar la sobreintervención; y coordinación, información fiable y efectiva en el tiempo que se requiere.

Criticó que el proyecto no mejora la oferta ni calidad de los programas existentes, el aumento de USS que propone es marginal; la subvención no se hace cargo de las listas de espera en los programas de protección; y no incrementa las restantes líneas de acción (OPD, restitución de derechos, etc.), que también se encuentran bajo la línea de financiamiento adecuada.

Sobre las facultades que el proyecto entrega al Sename, de emitir instrucciones indicando deficiencias a corregir y de terminar anticipadamente el convenio por incumplimiento de instrucciones, preguntó qué pasa si el incumplimiento del centro genera un daño permanente en el niño o en su proyecto de vida. En atención a que este tipo de incumplimiento tiene una mayor dimensión que el aspecto económico, frente a un centro que no cumple los objetivos, las instrucciones impartidas por el mandante o que no respeta los derechos de los niños, sugirió aplicar otras sanciones, como la inhabilitación temporal y el cese de la acreditación.

En relación al sujeto de derechos, explicitó que hay realidades heterogéneas a las que se trata de aplicar un modelo homogéneo. Así, el Sename alberga a niños infractores, vulnerados, con capacidades diferentes y con discapacidad física. También hay niños que están completamente ausentes del sistema, como los niños en cárceles de apego, que acompañan a sus madres en la cárcel hasta los 3 años de edad. Otros, llegan al Sename porque son pobres, pero no debiese institucionalizarse la pobreza, ya que para esas familias debiese existir otra red de apoyo.

El Ministro agradeció las observaciones de la expositora, ya que apuntan precisamente a los temas de fondo de los que se hará cargo la comisión asesora, recientemente constituida para analizar el problema de la infancia vulnerada de nuestro país.

Sobre los niños con capacidades diferentes aportó que el problema subsiste al cumplir la mayoría de edad, lo que hace necesario crear un mecanismo que se haga cargo de ellos de por vida. Actualmente continúan en los centros una vez cumplidos los 18 años pero no reciben la intervención adecuada.

Sin perjuicio de valorar todas las opiniones que se han vertido en torno al proyecto, insistió que éste no pretende dar solución al problema de financiamiento del Sename sino sólo dar oxígeno a los centros residenciales para evitar el cierre.

Por último, comentó que durante el año 2017, los organismos colaboradores (OCAS) no recibieron aumento de la subvención, lo que explica que algunos de ellos comenzaran a cerrar. Los que sí recibieron son los de administración directa (CREAD). Para el presupuesto 2018, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, hizo un incremento de un 24%, porque el desfinanciamiento de los centros era significativo. Pero no ha sido suficiente, por eso se aumenta a un 25%.

La señora Requena acotó que la responsabilidad del Estado en materia de infancia debiese ser la del buen padre de familia, asumiendo su rol en igual forma que exige a los padres, que se hacen cargo de los hijos hasta los 28 años si están estudiando. En la actualidad la responsabilidad del Sename termina cuando el niño cumple 18 años de edad, lo que implica que debe comenzar a valerse por sí mismo.

El Ministro aclaró que el articulado del proyecto aumenta el techo de la subvención al doble que permitirá un aumento del presupuesto 2019, pero también su aprobación permitirá cumplir con el compromiso de aumentar el de este año al 25%.

El diputado Gutiérrez (presidente) manifestó tener claridad respecto a la importancia del proyecto y resolvió ponerlo en tabla para la próxima sesión, con el objeto de escuchar a los organismos colaboradores que el Ejecutivo ha tenido a la vista para fundar la iniciativa en estudio.

Sesión N° 8 de 17 de abril de 2018.

Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló a propósito del informe final hecho por la Contraloría General de la República sobre una investigación en el Ministerio, respecto a un programa determinado cuyo propósito era la fiscalización del Sename, que se inició por ahí por el 2013 y concluyó el año 2016, 31 de diciembre del 2016.

A raíz de la investigación que el fiscal Emilfork inició sobre lo ocurrido en la casa Galvarino que ocasionó la muerte de la niña Lisette, investigando encontró antecedentes, y quiso tener más antecedentes relacionados con este programa Ascar, que se llevaba por el Ministerio. Eso ocasionó el informe que se le pidió por parte del fiscal a la Contraloría General de la República.

La Contraloría les hizo llegar a fines de la semana pasada este informe, que era bastante de interés. Elaboraron un breve resumen, pues como esta era una cámara fiscalizadora y que le interesaban estos temas, se le ocurrió que pudiera ser pertinente hacérselo llegar para conocimiento de los diputados, que puede ser de utilidad al conocimiento de los parlamentarios.

Edmundo Crespo, gerente general de la Fundación Ciudad del Niño, agradeció la invitación y la oportunidad que les daban de poder transmitir a esta Comisión lo que era la experiencia de la Fundación Ciudad del Niño y respecto del tema residencia.

Esta era una fundación que tiene 83 años de vida, opera desde la IV región hasta la Isla de Chiloé con 102 programas de atención de niños vulnerables, donde se atiende del orden de 20.000 niños anuales, y cuenta con un plantel de 1.300 profesionales dedicados exclusivamente a la atención de niños vulnerables en programas ambulatorios, programas de responsabilidad penal adolescente y tres residencias.

En estos 83 años han atendido a más de 650.000 niños.

Para conceptualizar el tema, cabía consignar que los niños y jóvenes que estaban actualmente en el sistema, al año 2017, eran alrededor de 240.000. La distribución según el organismo ejecutor de la atención de los niños, Sename directamente atiende el orden del 3% y las instituciones colaboradoras, el 97% de ellos.

En cuanto al sistema de protección, los niños y jóvenes que estaban en residencias constituyen al 7% del total y los niños y jóvenes en programas ambulatorios el 93%, por lo cual cabía consignar que el propósito de esta ley, y el propósito que entendían del análisis de la Comisión, estaba en la atención, en la preocupación en el tema de residencias que atienden a este 7% de los niños del sistema. La subvención que reciben los organismos colaboradores se transfiere nominal y directamente a cada programa, de acuerdo al artículo 54 del decreto supremo N°841, del 2005, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la ley 20.032.

El uso de la subvención estaba estrictamente normado y era fiscalizado mensualmente por el Sename, y estaba a disposición de la Contraloría General de la República para supervisión. Los organismos acreditados que ejecutan más de un programa, pueden utilizar hasta el 10% de la subvención en la administración centralizada, su uso estaba normado, y era rendido mensualmente al Sename y auditado anualmente, de acuerdo al artículo 28 de la ley 20.032 y artículo 72 del decreto supremo 841, reglamento de la ley.

Estos recursos no eran de libre disposición, solo podían ser usados para la supervisión y control de la ejecución de los programas. A partir del año 2000, el Estado en acuerdo con Unicef propiciaron la desinternación de los niños de residencias, procurando mantener el vínculo con su familia. Se favoreció la creación de programas de atención ambulatoria que, como ya había dicho, constituyen al día de hoy el 93% del sistema.

Lo anterior se vio reflejado en una subvención insuficiente para las residencias, para la adecuada atención de los niños, lo que ha ido progresivamente precarizando el sistema.

Al respecto, hizo presente que las subvenciones vigentes hoy día para los centros de administración directa del Sename, 10 centros en el país, el gasto por niño era del orden de $1.800.000 y $2.200.000, mientras la subvención que reciben los organismos colaboradores, uno de los cuales representaba, era de $340.000 por niño al mes. Esto, con el ajuste recién ejecutado en febrero, pues eran $266.000 hasta febrero de este año.

Para ilustrar lo que era la realidad de lo que enfrentaban las residencias, creyó conveniente dar cuenta de un caso real de una de las tres residencias que tenía la Fundación, la residencia de Puerto Montt, que en las evaluaciones de Sename y de los tribunales aparece en la categoría de ‘buena’, y en la calificación suya era de un nivel ‘aceptable’, no más que aceptable.

La situación que enfrentaba esta residencia como prototipo de lo que pasaba en el resto del país, era que atendía al año 2017 un promedio de 35,5 niñas. En este caso los ingresos por subvención fueron el año 2017 de $148.882.952, mientras los gastos totalizaron $184.047.239, generando un déficit del 21%, equivalente a algo más de $39.000.000, con una subvención que incluía el 14% de zona que corresponde a Puerto Montt.

El costo mensual por niño real de la operación les significó un valor de $432.000 por niño. El déficit de $39MM fue financiado con $30MM producto del traspaso de recursos disponibles de programas finiquitados, cuestión que de acuerdo al artículo 70 del decreto supremo 841, permite ser traspasado a otros programas deficitarios, en este caso residencias; y $9MM aportados por la Fundación. Con esto se llegó a un costo mensual por niño de $432.000.

Dado que como Fundación se han propuesto ir más allá en términos de la mejora del sistema, aportan adicionalmente el inmueble, que a nivel de valor supone del orden de $4.426.000 mensuales si fuese arrendado, en alimentación $250.000 mensuales, vestuarios $150.000 mensuales y aporte en dinero $750.000 mensuales, con lo cual el costo real final mes por niño, para lograr tener una residencia que para Sename y Tribunales está en la categoría de buenas, pero para ellos solamente era aceptable, el costo real por niño mes se va a $568.000 mensuales, es decir, un 67% superior al valor de la subvención mensual.

Como entendían que esta situación era sólo aceptable, la de la residencia de Puerto Montt, se han propuesto un programa de mejoramiento continuo, para lo cual debían consignar el apoyo que tuvieron los últimos años por parte del Sename, en términos de poder aportar recursos extraordinarios para una mejor infraestructura, cuestión que ha ido permitiendo una mejora gradual. Pero el problema que enfrentan las residencias no era sólo de infraestructura, sino que era básicamente de operación.

Por eso, acompañó un ejercicio que permite visualizar lo que era el estándar existente hoy día en la residencia, y lo que suponía ese estándar en términos de cobertura, en términos de infraestructura, de personal, el nivel de intervención y los sueldos de su personal.

La situación actual permitía contar con 40 niños por residencia, y en el caso de sus residencias contar con dormitorios comunes para 13 niños, con salas multiuso, con educadores, quienes eran las personas que intervienen directamente en la atención de los niños en el día a día, personas con calificación de cuarto medio, a las cuales se les estaba capacitando permanentemente, pero obviamente ahí había una limitación importante.

Se entendía que con esta condición no era mucho lo que se les podía pedir, en términos de si querían intervención psicosocial y jurídica de acompañamiento a los niños, y de superación de la situación en niños que estaban en etapa de desarrollo.

Hizo presente el estudio que hace pocos meses dio a conocer Hogar de Cristo, que plantea una cobertura ideal por residencia de 10 niños, con dormitorios individuales, con salas terapéuticas, con personal con educación superior, con 11 profesionales para la intervención con los niños y la familia, y un profesional para acompañamiento hasta los 21 años, con una intervención especializada y personalizada que permite poder atender individualmente la problemática de cada niño.

Al respecto, se debía tener presente que en el caso de las residencias, llegaban los casos más complejos, que requieren mayor preocupación y atención personalizada. Como fundación han considerado que debe constituir un objetivo país, al menos, llegar a una cobertura, a un estándar de residencia que permita una cobertura de entre 30 a 40 niños, ojalá se acerque más a los 30 que a los 40, donde los dormitorios puedan ser cada dos niños, donde hayan salas terapéuticas especializadas y salas de estudios y bibliotecas, donde reemplacen estos educadores sin mayor formación por técnicos, y un técnico cada 6 niños, y contar en vez de dos profesionales, con cuatro profesionales, dos psicólogos y dos trabajadores sociales, donde la gran diferencia esté marcada por no sólo atender la situación de techo, pan y abrigo y alguna supervisión de vulneración grupal, sino que ir a un tratamiento individual de superación de las vulneraciones que han tenido, para reparar el daño vincular que siempre está presente, y es lo que agudiza la situación de esos niños, en términos de no contar con familias y no contar con adultos responsables que los ha llevado a esta condición y necesidad de estar en una residencia.

Por lo tanto, para lograr incorporar calidad y hacer la diferencia que permita una intervención efectiva, psicosocial, a ese niño y ojalá poderlo volver a una familia, aunque sea una familia tutelar que pueda hacerse cargo del desarrollo futuro de ese niño, y que su paso por la residencia sea transitorio, tenían que contar con profesionales suficientemente calificados y en el volumen necesario para poder atender y hacer los acompañamientos individuales que este trabajo requiere.

Para eso, entendían que tenían que revisar los sueldos. Esta era una organización, las residencias eran para atender personas y las personas que atienden a personas tienen que estar suficientemente capacitadas y, por lo menos, estimaban que al menos debieran contar con personal con cierta calificación y experiencia que les permita competir con el mercado, en términos de incorporar mayor talento al desarrollo del trabajo de la residencia.

Este ejercicio lo aportaba como una contribución para el debate y el análisis que se haga en la Comisión, y para aportar que el tema de residencia no pasa por $100.000 más o $100.000 menos. El tema de residencias pasaba por qué estándar de residencia querían para la atención y la solución de la problemática de los niños que atendían en ellas.

Eran casos complejos, los casos más extremos, y por eso que la temática residencia lamentablemente persistía, y mientras ella persista debían hacer el esfuerzo para profundizar la intervención psicosocial y el mejor desarrollo futuro de esos niños.

Teresa Izquierdo, por la Fundación Misión de María, agradeció la invitación. Recordó que el año pasado vinieron también, pero como el grupo Mesa de Residencia. Ella estaba en el directorio de la Fundación Misión de María y de la Aldea Cardenal Silva Henríquez, dos fundaciones distintas, mientras Mauricio Carreño era de Crecer Juntos, otra fundación que tiene otros hogares.

Eran un grupo hace dos años, un grupo de hogares y de fundaciones que se juntaron, donde el tema que los une eran las residencias. No tenían programas ambulatorios, alguna fundación podía tener además programas ambulatorios, pero su motivo de conformar esta mesa técnica de residencias fue apoyarse para mejorar la calidad.

Llevan dos años en que se juntan frecuentemente, representando alrededor de dos mil niños, habiendo mil setecientos niños en el tema, atendidos en residencias. Eran fundaciones grandes, donde estaba María Ayuda, la Protectora de la Infancia, la Universidad de La Frontera con la Fundación La Frontera, Aldea de Niños, Aldeas Cardenal Silva Henríquez, está Mi Casa. Eran 23 fundaciones que representaban a una gran cantidad de hogares.

En este trabajo que empezaron a hacer juntos, uno fue para mejorar la calidad técnica y apoyarse en una mesa técnica de trabajo, pero el segundo propósito fue también ir resolviendo los temas juntos que estaban viviendo, frente a una impotencia de no poderlo hacer mejor, pese a los grandes esfuerzos que hacen las fundaciones y en todo el tema de no poder proveer a los niños los derechos que tienen, de, realmente, un espacio de reparación y de inserción social.

Como residencias se pusieron de acuerdo y decidieron entre todas estas fundaciones transparentar los balances del año 2016, y Focus, ella también estaba en Focus y eso era complejo, pero en forma gratuita le pidieron a un centro de estudios que había hecho el estudio del año 2012 para la Dirección de Presupuestos, que con la misma metodología, trasparentando sus gastos, pudieran levantar cuánto era lo que les estaba costando atender a los niños en estas residencias.

Mauricio Carreño, por Crecer Juntos, señaló que durante el año 2017, le hicieron un encargo a la consultora Focus, que ya ha hecho hartos estudios en materia de protección, tanto de protección ambulatoria como protección residencial, y que había hecho un estudio anterior el año 2013, otro en el año 2006 respecto a estos mismos temas, tanto de presupuesto de gastos, de costos y de estándares.

Por lo mismo, juntaron a 11 instituciones que formaban parte de la Mesa de Residencias, que con los balances del año 2016 de 25 residencias que administraban, le entregaron estos balances a la consultora Focus, y ellos hicieron un estudio para poder determinar cuántos eran los gastos reales que se hacían por institución. Ese estudio que le encargaron del año 2017 a la consultora Focus, era un estudio que creía que muchos parlamentarios ya lo tenían, porque el año pasado lo movilizaron para poder mostrar cuál era la realidad nacional de estas instituciones, que representan según el catastro que hicieron el año 2016-2017, a la fecha de julio, más de 2.000 niños. Estimaban que ahora, a la fecha actual, ya eran más de 3.000 niños, de los 6.700 niños que se encuentran en este momento en residencia.

Teresa Izquierdo, por la Fundación Misión de María, señaló que en el año 2000 había 20.000 niños en residencias en Chile. El año pasado, cuando vinieron a la Comisión, tenían 8.400. Actualmente en residencias hay alrededor de 6.700.

Es decir, por una política de Estado se ha ido desinternalizando niños, cosa que como residencias estaban de acuerdo. Ellos se definen como residencias, como un espacio transitorio en la vida de los niños, mientras se resuelve su situación judicial, familiar, etc., y uno de sus indicadores de calidad era que mientras menos tiempo estén en una residencia, mejor.

Sin embargo, había un grupo de niños que había que prepararlos para la vida independiente, porque no había ninguna familia de acogida, ni ningún programa que los pueda sostener. Por ejemplo, en el local de la Aldea en que ella trabajaba, en que estaba en el directorio, había doce niños que ya sabían que se iban a quedar, donde incluso había universitarios, había una casa para los universitarios que estaban estudiando y que pasaron por la aldea.

Los niños, niñas y adolescentes que atendían ahora eran los niños más complejos, y a veces estamos atendiendo con una posta rural lo que debiera ser una UTI (unidad de tratamientos intensivos), y con los profesionales y con la manera de atender han ido mejorando. Los esfuerzos de las fundaciones que aquí representaban querían decir que está el Fecu social al día, en la Asociación de Organizaciones Solidarias la podían ver, podían analizar todos sus balances y daba fe de su experiencia.

Todas sus fundaciones eran sin fines de lucro, tenían un directorio que funciona especialmente para cada una las residencias, y además de tener un directorio, Sename los supervisaba de día, de visitas de noches, etc., los jueces también, Unicef también y el año pasado también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con esto quería decir que tenían las puertas abiertas para ser supervisados, y sin embargo, tenían el sentimiento y la impotencia que les gustaría hacerlo diez veces mejor de lo que lo estaban haciendo, pero para eso necesitaban más recursos.

Actualmente, gastaban en promedio para lo que estaban haciendo, que no era lo que debieran estar haciendo como país, pero para lo que estaban haciendo, era un promedio de $701.000 pesos en estas 25 residencias. Había una diferencia de todas maneras entre los niños de 0 a 6 años, de los niños más grandes.

La subvención primero era distinta, y segundo sus necesidades también, tales como pañales, etc., eran distintas y para qué contaba en las residencias de discapacitados, que también estaban en esta Mesa. Entonces, tampoco podían hablar de las residencias y los modelos de atención que tenemos, pues era muy distinto cuando se dice que hay residencias de muchos niños, como Villa Yarur, Crecer Juntos, donde trabajaba Mauricio o la Aldea Cardenal Silva Henríquez, que tiene de 6 a 8 niños en cada casa, con profesionales que apoyan, daba cuenta que no había modelos únicos, había distintas maneras de atender y con costos también muy distintos.

En el rango de los costos se vio recién a Ciudad del Niño, que mostró un costo de $500.000, casi $600.000, pero en el caso de ella, en esta distribución de costos alrededor del 20% gastaba menos de $500.000, no porque quisiera, sino porque no pueden más, y las que estaban gastando más, hay incluso una que gastaba un millón, estamos pagando sueldos, no quería tomarse todo el tiempo, pero le gustaría que comprendieran que los profesionales que estaban pagando, obviamente, era con sueldos insuficientes, con directores a los que pagaban sueldos insuficientes.

Igual los profesionales y la educadora, para que hablaba sobre la educadora de trato directo, que ganaban alrededor del 16% en promedio en este estudio más que el sueldo mínimo, y es a ellos a quienes les piden que contengan crisis, que se vinculen, que vayan al colegio, que le hagan comida, hagan ambiente de hogar, que juegue fútbol, que dibuje, que le cuenten cuentos, etc., eso era lo que les estaban pidiendo y de las que de verdad que lo estaban haciendo muchas de ellas, pero esos eran los sueldos que pagaban con la subvención que tenían.

Cuando se ven los balances entre ingresos, subvención y gastos, cuando se hizo el estudio era de $292.000, pero si le agregaban el PER, pues el 30% de los hogares tiene además una subvención aparte que se llama el PER, que es especializada y que tiene que recibir niños más complejos también en esta subvención, que al final llega al 20% de los niños, 30% en las residencias, pero no para todos los niños.

Los ingresos por subvención alcanzan a financiar el 44% de los gastos promedio, si solo tienen subvención normal, y el 60% de los gastos si reciben adicionalmente subvención PER. Por lo tanto, lo que quería decir era que las fundaciones estaban poniendo en algunos más del 50%, alrededor del 60% de los gastos, y en otros el 30%, dependía de la situación que reciba, y en esto tenían una gran heterogeneidad, y para eso tenían que salir a pedir plata, tener a gerentes media jornada pidiendo plata, haciendo cuotas de socio, haciendo comidas, haciendo proyectos para fundaciones, cada uno veía cómo, pero de verdad para poder mantener la calidad que tenían actualmente, ya hacían mucho trabajo para financiarlo.

Cuando se veía el desglose de gastos, este estudio era mucho más largo, se los mandó a todos por email, si se veía el desglose del gasto en personal con los sueldos bajos que pagaban, el gasto en personal cubría el 66% de todos los gastos de las residencias y en este estudio no se metió la infraestructura, no se metieron los gastos adicionales de mantención, mantener los vidrios, etc., pero no hay gastos de infraestructura ni de administración de las fundaciones. Era lo que era.

En cambio, cuando se veían las residencias administradas directamente de Sename, en la Casa Nacional del Niño se gastaba alrededor de $2.016.000 por niño atendido. Había otros programas de Sename, porque no todos eran iguales, que gastaban alrededor de un $1.600.000.

También había que ser justos con ellos, en que el Cread atiende alrededor de 80 niños promedio y recibe los niños que a veces las fundaciones ya no podían atender. Había niños, por ejemplo en la aldea Cardenal Silva Henríquez, donde reciben niños que cuando ya el niño abusador le pega a los demás, etc., a veces va al Cread, y lo que les ha pasado los últimos años es que el Cread les devuelve al niño porque tampoco puede más, eso les estaba pasando en todo, y entraban según 80bis y los tenían que recibir.

Es decir, la complejidad de los niños que estaba atendiendo el Cread era impresionante, tienen 80 niños juntos, y reciben más subvención. Los sueldos de una educadora de trato directo en Sename gana $750.800 con un mismo perfil que en sus hogares, y ojalá que en todas las fundaciones ganaran eso, porque asegurarían retenerla, pues el vínculo era lo más reparador en un hogar, y cuando tenían rotación de personal todo el tiempo, porque se les va, porque no había como retenerla, realmente afectaban lo más importante en una residencia, el vínculo, que era lo más reparador.

Todo niño necesitaba un tutor significativo, y un tutor que realmente creyera en él. Ese tutor tenía que ser estable, ser lo más parecido a un hogar. No estaban en contra de las familias de acogida, como Mesa estaban totalmente a favor, creían que había que mejorar y darle realmente importancia a los programas de familias de acogida, y hacer también mix en que un niño estuviera en residencia y pudiera salir el fin de semana a una familia de acogida, por qué no, creían en el trabajo con familias, pero no lo estaban pudiendo hacer.

De todo lo anterior, cuáles eran las conclusiones que podía plantear. Primero, por qué han aumentado tanto los costos, porque se dice en el estudio del 2013 de Focus que salían costos más bajos. Ello respondía a que tenían niños cada vez más complejos, y esos que requieren realmente una residencia, ahora es un hogar especializado y decir que había algunas las residencias que no eran especializadas, creía que lo estaba haciendo mal, pues todos eran especializados y debían serlo.

También había una deseconomía de escala. Cada año se reducía la tasa de niños y adolescentes por residencia, porque lo querían hacer mejor. Por ejemplo, en la Aldea tenían 75 niños y ya estaban en 40, y eso en casi todos los hogares. Se han ido reduciendo, porque ya no podían hacer lo mismo con estas grandes cantidades, mientras menos niños, mejor.

También han aumentado las exigencias técnicas, bienvenidas sean, que aumenten las exigencias técnicas. Sin embargo, sin recursos no podían cumplir esas exigencias técnicas. Por ejemplo, el 70% de las residencias estaban con resolución de urgencia y no estaban con contrato, porque había exigencias que ha hecho Sename, con toda razón, pero les puso un tema que era un indicador crítico que si no lo tenían, no podían actuar.

Esos indicadores críticos eran, por ejemplo, tener manipuladoras las 24 horas del día, pero en la noche las tías duermen, no podían tener una manipuladora, o tener alguna secretaria administrativa, pero también había algunas exigencias, con toda razón, por ejemplo, que tengan cuarto medio y había muchos hogares que no han podido cumplir esa exigencia porque no todas las educadoras, tienen educadoras hace 25 años que lo hacen muy bien y que no tienen cuarto medio, que debieran tener y ellos estamos de acuerdo como Mesa. Desde la Mesa querían mejorar los estándares técnicos y han trabajado construyendo estándares técnicos de mucho mejor nivel, pero no han tenido los recursos para hacerlo.

No se podía obviar que la última licitación fue declarada desierta, y ese era un tema que esperaban que se resolviera lo más luego posible, porque esto le ha dado mucha inestabilidad a los equipos, los niños viven ahí, los 12 niños que estaban en preparación para la vida independiente, ese era su hogar, eras su vida, y ahora se cambian y estaban con resolución de urgencia.

La nueva ley laboral también les cambió un poco la manera en que organizaban los gastos, en el sentido que les exige, con toda razón, tres turnos y tenían que financiar tres turnos y antes algunos tenían tres turnos, pero la mayoría tenía dos turnos y han visto que eso, en el estudio de costos, aparece como un cambio en que aumentan los recursos, las exigencias económicas.

Sobre cuáles eran las principales necesidades de las residencias, señaló que primero necesitaban profesionales y técnicos calificados que permanezcan sin mayor rotación, y eso implicaba contratar para atender a los más vulnerables a los mejores del país, pero eso implicaba un cambio de mentalidad del país. Esta no podía ser la primera pega del que sale de una carrera de psicología o trabajo social, esta era la carrera para experimentados, y en ese sentido, necesitaban cambiar la manera en que miraban el tema de la residencia, necesitamos técnicos calificados.

Técnicos sociales había en Chile, se estaban dando los cursos y había que formar educadores. En otros países se llamaba educadores sociales que trabajan con los niños más vulnerables, tenían que de verdad trabajar con la familia. Ahora hacían el despeje familiar, pero trabajar con familias implicaba que había algún organismo, ya sea en salud u otro, que hiciera terapia familiar.

Ahora en las intervenciones plantean ‘esta familia está habilitada o no está habilitada’, pero lo que necesitaban era habilitar a la familia. Si era una madre adolescente había que trabajar con ella para que lo haga mejor como madre, y pueda volver a tener a su hijo para disminuir los tiempos de esa internación, pero necesitaban financiamiento de trabajo con familia, y ese era un desafío país gigante, garantizar el buen trato y sus habilidades parentales.

Tenían que trabajar también en la prevención con la familia. Por ejemplo, en Misión de María la mitad de los niños se dan en la adopción, la otra mitad vuelven con sus familias, y ahí tenían la oportunidad de trabajar con la familia y trabajar habilitando esa familia para que vuelva a recibir a su hijo, ya porque estuviera en tratamiento de drogas la mamá, o porque estaba presa, o por cualquier circunstancia. Se puede apoyar a la familia y eso se debiera hacer mucho más de lo que lo estaban haciendo, había algunos hogares que sí lo estaban haciendo mejor en eso, en todo había hogares que lo hacían mejor en algunos ámbitos que en otros, y eso han ido aprendiendo al compartir en la Mesa.

Sobre salud mental especializada, señaló que en todo el país había 80 psiquiatras infantiles para atender toda la población infantil y adolescente del país, toda, por lo tanto, los niños más vulnerables, que estaban en crisis, que se cortaban, ella tenía un hogar en que se cortaban los brazos, que tienen trastornos conductuales, que le pegan a la profesora, que son niños ‘calendarizados’, es decir que en el colegio le dicen ‘hasta las 11 nomás’ y vuelven a las 11 al hogar porque no los quieren tener en colegios, porque se portan mal. Ahí esos niños el psiquiatra los atiende en Valparaíso o en Viña, estando en San Antonio, cada dos meses.

Al respecto, celebró que el ministerio de Salud el año pasado partió con seis programas pilotos en seis regiones, seis servicios de salud, y en eso pusieron más horas de psiquiatras y psicólogos. Ahora, era tanta la falta de cobertura que se iba para toda la población, pero estaba bien.

Estaban levantando como Mesa un modelo de atención integral en salud con foco en salud mental, que no dependiera tanto de los médicos, sino que tengan médicos de cabecera, podían ser médicos familiares, la cuestión era tener atención en crisis y tener un modelo de intervención que pueda superar las deficiencias.

Si se pensaba, y hablaba de los muertos, que dolían, muchos eran por problemas de salud mental, problemas de salud mental especializada, compleja, y ahí podrían contar los que estaban como expositores numerosos casos que tienen. Ella era psicóloga, tenían las redes, se daban esto y no lograban avanzar. Entonces estaban hablando de la UTI en salud mental y que en otros países se llaman los centros de trauma en Chile no existen. Le cargaba el nombre, pero en los centros de cuidado para la infancia, como Mesa estaban trabajando en esa propuesta porque sabían que por ahí va el mejoramiento de la calidad, mayores recursos para formar y capacitar permanentemente a las educadoras, a los profesionales y a todos los que trabajaban.

El 1% en los balances del 2016 se dedicó a capacitación. Estimó que había más esfuerzos que han hecho por capacitar gratis, etc., pero no podía ser, se necesitaba autocuidado, al estar todos los días atendiendo niños se necesitaban talleres de autocuidado, de preocupación para las profesionales y ahí les faltaban recursos, asesoría legal para agilizar las causas, que estuvieran menos los niños internados y eso tampoco tenían.

Estaban de acuerdo con trabajar de ahora en adelante, y estaban muy esperanzados en esta Mesa de infancia en que se puedan definir estándares de desarrollo, de progreso, de desempeño, como tienen los colegios, una agencia de calidad, pero junto con eso, también entender en las circunstancias que estaban y hacer esa transición.

Terminó diciendo que no cabía duda que lo que le estaban pidiendo se justificaba plenamente. El 25% del aumento de la subvención no era suficiente, necesitaban además políticas públicas que vayan a abordar los temas que necesitaban de sostén. Todo el trabajo con vulnerabilidad, y se atrevía a decir que responsabilidad penal juvenil era el mismo caso y los niños ambulatorios también, también necesitaban recursos, mucho más que el 25% que va a ir a palear déficit y a pagar mejores sueldos, justicia mínima para mantener sin rotación, pero no va a ser el gran salto que imaginaron.

Pero estaban muy agradecidos, muy esperanzados. Tuvieron una reunión en la Mesa en que llegaron muchas fundaciones, y la verdad, respiraron un poco más tranquilos, eso era lo que quería decir.

Mauricio Carreño, por Crecer Juntos, agregó una cosa relacionada con el proyecto de ley que se estaba discutiendo, que tenía que ver con el aumento de la fiscalización, cuestión que como Mesa creían que era algo fundamental. Ojalá que sucediera de manera real, de manera concreta, porque eso significaba algo que a ellos les importaba muchísimo, y que era que el país y el Estado se estaba haciendo cargo, de verdad, de mirar la realidad de los niños.

Estos datos que han recolectado, ha sido porque estas instituciones han tenido la posibilidad de darse el tiempo, de darse el espacio, más allá de lo que son sus mandatos para trabajar con los niños, de poder reunirse, de poder dialogar, de poder reflexionar acerca de lo que creían que necesitaba la infancia más vulnerada en nuestro país.

Por lo tanto, alababan la iniciativa de tener una mayor fiscalización de todos los fondos, porque son los fondos del Estado. Ahora, ese 25% del que se estaba discutiendo ahora, en lo micro, asociado al aumento de la USS a 30, al doble como se anunció en algún momento, era una parte de un trabajo mucho más profundo que había que hacer.

Quería recalcar eso, el que esto viene a palear un problema profundo que existe en relación a cómo se trata la infancia, a la niñez y a la adolescencia en nuestro país. El 25% viene a ayudar una deuda que tiene el Estado hace mucho tiempo, y que hasta este minuto se estaba pagando con caridad, esa era la palabra correcta. Eran las iglesias, las instituciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil las que estaban saliendo a buscar comida, zapatos, abrigo, etc., para poder prestar unos servicios básicos.

Ni siquiera estaban pensando en los servicios ideales. Por ahí Ciudad del Niño comentaba acerca de lo actual, lo óptimo, lo que pensaban que podía ser, y esa mirada, esa visión acerca de las brechas era lo que había que poner sobre la mesa, porque el 25% que se estaba pensando no venía a cubrir las necesidades integrales que tienen los niños, vienen a cubrir recién las necesidades básicas de pan, techo y abrigo. Pero ahora Chile estaba en un momento adecuado para poder pensar en lo que quería, en término de estándares óptimos para la atención de los niños del país.

El diputado Gutiérrez (presidente) consultó si tanto la Fundación Ciudad del Niño como la Mesa técnica de Residencias estaban de acuerdo con el proyecto.

Contestaron que sí.

Como no lo escuchó tan explícitamente, era importante para que los motivaran a seguir con él.

El diputado Saffirio señaló que escuchar a las instituciones, de alguna manera reafirmaba lo que planteaba en la sesión anterior al Ministro de Justicia. Repetiría algunas palabras, algunas frases escuchadas en el curso de las exposiciones.

Se usó la expresión ‘niños calendarizados a las 11 de la mañana’ que los devuelven del colegio porque ya no aguantan más en la sala. En salud mental no logramos avanzar, el 1% de los balances se dedica a capacitación de personal, se habla de que no se estaba haciendo y el ideal era una atención individual. Se dijo psicosocial, pero él quería entender biopsicosocial, mucho más integral.

No había escuchado mayores referencias a la importancia del trabajo con la familia, excepto al final de una parte de la intervención, se puede hacer o alcanzan a hacer. Necesitan los recursos para aumentar los sueldos, eso es lo que lo habían dicho las dos personas que han intervenido, pero necesitaban, además, aumentar los sueldos, pero para hacer lo mismo que hacían hoy, eso lo dijo la invitada que recién terminó. Y por último se ha dicho que era fundamental el aumento de la fiscalización, porque eso llevaba tranquilidad a las instituciones, o llevaría tranquilidad a las instituciones en el sentido de que los recursos se estaban aplicando correctamente.

Era probable que no usara el lenguaje técnico, preciso, pero aquí había dos canales, o dos vías, o dos fuentes de financiamiento que eran distintas. Una era claramente la unidad de subvención del Sename, y otra fuente de financiamiento distinta, que va por la fuente, un canal normal y otro canal es de esta norma especial que permite al juez de familia ordenar a la institución que recibe un determinado niño, para lo cual el Sename tiene que dictar una resolución que permite el financiamiento extraordinario.

Quiso repetir una cifra que llamó mucho la atención a la comisión investigadora. En la segunda comisión investigadora, se podía equivocar en los años de que se hablaba del uso de $5.000.000 vía artículo 80bis al año, no recordaba si el año 2010 o 2012, para todo el país, pero el año 2016 esa cifra subió a $16,000MM, de 5 a 16.000 millones, entonces cuando hablaran de las cifras, pidió que fueran lo más rigurosos posible.

Lo anterior, porque no se verían la suerte entre gitanos. Aquí no se estaba haciendo referencia al flujo de recursos que el Estado entrega por la vía de los programas especiales, y allí había algo que revisar…

Solicitó que los invitados no interrumpieran su observación.

Entonces, la fiscalización o el mejoramiento de la fiscalización no sólo tenía que estar referido a los recursos vía unidad de subvención, sino que, y fundamentalmente, y lo han dicho ministros de Justicia aquí en esta misma Comisión, fundamentalmente los recursos provenientes de los programas, 1.700 programas que al año 2017 se estaban ejecutando desde Arica a Punta Arenas.

El Servicio Nacional de Menores, y dicho por un ministro Justicia de la época, no podía verificar ni siquiera si esos programas se ejecutaban, y mucho menos podían verificar si esos recursos se estaban aplicando correctamente.

Lo que le había ocurrido al escuchar a los dos invitados, era que reafirmaba lo que planteó al Ministro en la sesión anterior. Se empezó al revés, empezaron al revés aquí. Debieron haber empezado, y esa era su postura, no tenía problema en que si querían el 100% de la atención de los niños vulnerables de nuestro país los atendiera el sector privado, no tenía ni un problema con eso, no tengo ningún complejo con eso.

Pero lo que quería y lo que desearía, y creía que la mayoría desearía, es que todos los recursos del Estado que estén disponibles para ese efecto, sean aplicados de tal forma, que se ejecutaran a partir de un modelo que el país diseñe a priori, no después de seguir destinando recursos. Entonces, primero, insistía y sería cargante en esto, primero cabía definir qué modelo de intervención van a aplicar a cada uno de los niños, porque cada uno era una individualidad.

Y los invitados sabían eso, estos niños calendarizados eran la prueba de ello. Primero cabía definir el tipo de modelo, cuánto cuesta el modelo y después se discutirá junto al ejecutivo en el proyecto de la ley de presupuesto y no tenía la menor duda que el Congreso Nacional va a estar disponible para aumentar todo lo que sea necesario los recursos, de tal forma de ejecutar ese modelo predefinido, y no seguir asignando recursos a un sistema que, desde su punto de vista, estaba fenecido.

Porque si le dicen que los recursos de este proyecto que no eran nada, el propio Ministro de Justicia lo señalaba, no eran nada desde el punto de vista presupuestario, el Estado no se va a desangrar por $9.000 millones, pero la señal que estaban dando era la mala de empezar, de iniciar los cambios al revés.

Si pueden ser 18, 30, 40, 50, 100 mil millones más los que se necesiten, pero lo que querían saber era qué se va a hacer con ellos. Entonces, si le dicen que es para pagar sueldos, para pagar sueldos a personal que, disculpándole la expresión, pero a lo menos ha sido cuestionado por sus resultados, porque hay un prejuicio respecto de ello, estimó que no era el camino. Nada más.

El diputado Boric señaló que no tenía problemas en que los invitados lo interrumpieran, porque no le cabía ninguna duda que ellos sabían más que él sobre este tema, donde han trabajado tanto tiempo.

Lo que le sorprendía era que el lema, que hablaba de la precariedad que tenían como país, tanto en lo público como privado. Que el lema sea ‘pan, techo y abrigo’, que era el lema del frente popular en 1938, cuánto es eso, 80 años, 80 años atrás era lo que estaban como sociedad, en el país, respecto a la política. Que hoy con los niños sea ‘pan, techo y abrigo’ le resultaba muy decidor eso.

Si bien concordaba en que no le correspondía a la ley definir, ni a la ley ni al reglamento, era imposible que la ley o el reglamento defina la particularidad de cada niño, lo que hacía la ley era fijar estándares generales, estimó que como legisladores tenían que ser mucho más estrictos en tres aspectos.

Uno, en qué era lo que le van a exigir a los hogares residenciales, tanto del Estado como privados. Dos, cómo van a financiar eso que les exigen. Y tres, cómo van a evaluar si eso que exigen y que estaban financiando, se estaba cumpliendo o no.

Le parecía, y lo habían conversado con el ministro Larraín, hoy día a propósito de este proyecto estaban en condiciones de avanzar, y eso era algo que tenían que discutir en esta Comisión, en avanzar en estándares generales más acuciosos respecto a, por un lado, exigencias en qué se destinan los recursos, como transparencia respecto de los mismos, y eso debía venir adosado a este proyecto de ley. Como bien dijo el diputado Saffirio, no se puede seguir entregando recursos a algo que no estaba funcionando. Concordó, y eso lo han dicho muchas veces acá, hogares tanto estatales como organismos colaboradores, había ejemplos para todo, y por lo tanto creía que era un tremendo error meterlos a todos a un mismo saco.

Lo que sí había, una cuestión que le quedaba muy clara, era que si con la subvención básica lograban pagar solamente un 40% de los gastos fijos, y con la subvención especializada cerca de un 70%, además respecto de un 100% que no era el ideal, o sea ese 100% era el 100% que hoy día estaban gastando, pero que debieran estar gastando más, consideró que no podían seguir financiando, o en otras palabras, no podía ser que el principal mecanismo de financiamiento fuera mediante subvención por niño.

Era necesario, y esa estimó que también eras una discusión de la comisión en el marco de este proyecto de ley, aun entendiendo la urgencia, pero pensando en la política de financiamiento futuro, que cabía cambiar el sistema de financiamiento. En particular, para los centros que lo hacen bien y podían ir piloteando, podían ir piloteando con financiamientos directos, por lo menos para los gastos fijos o los costos hundidos, quizás que tenga 70% de financiamiento directo y que sea un 30% variable, o algo de esas características.

Estimó que debieran avanzar en esa dirección, porque además se generan los incentivos perversos que, se sabía, generaban las subvenciones, cuestión que le parecía preocupante. Eso lo conversó también ayer en un equipo de trabajo de infancia.

Sobre el proceso de desinstitucionalización, hoy día si no se equivocaba eran 6.400 más o menos, 6.700 el año pasado, entre enero y diciembre hubo del orden de los 10.500 niños que pasaron por el sistema residencial, pero los que se fueron, los que están desinstitucionalizando, sobre ellos lo que se han dado cuenta también es que no tenían una política de seguimiento para eso, y se las imputan algunas veces a los organismos, ,a los centros, cuando es algo que debiera ser del ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Sename, en coordinación con los Centros.

Hoy día, en la práctica la impresión que le daba era que nadie lo estaba haciendo, y ahí no se podían poner contentos por cifras, solamente por cifras que no dejan ver corazones, por decirle de alguna manera.

Por último, el 2014 hubo 12 becas de psiquiatría infantil, 12. Hoy día estaban en el orden de las 30 becas de psiquiatría infantil. Por ejemplo, la Universidad de Valparaíso tiene dos, y las que las entregan son la UFRO, la Católica, la Chile, la de Concepción, la de Antofagasta, no recordaba cuál más en esos momentos, pero no era casualidad también qué universidades las entregaban.

Eso también era algo que podrían sacar en limpio, respecto al plan de salud mental, pues entendía que los pilotajes fueron en dos partes, en Osorno y en Punta Arenas…

Un expositor señaló que fueron en seis servicios de salud.

En seis servicios de salud, bien, en Coquimbo también, que bueno que fueran más. En Punta Arenas, por lo menos, los resultados fueron, en realidad era muy pronto para medirlo, pero fueron bastante positivos, había esperanza. Pero claramente tenían que empujar a las universidades del Estado en particular, a quienes podían exigirle, que abra más cupos de psiquiatría infantil y como plantearon los expositores, otro tipo de profesional, no necesariamente médicos, que puedan aportar en esto.

Eso debiera ser un acuerdo que pudieran tomar, por ejemplo, en el espacio de la Comisión de Trabajo, de involucrar también a las universidades en ese proceso, porque sencillamente con lo que tenían, no era suficiente.

Agradeció mucho las presentaciones, y por último solicitó que incorporaran algunos hogares de Magallanes a la red en que estaban trabajando. En Magallanes había sólo dos hogares, ni uno estaba la red, y además el Estado no tenía ofertas en Magallanes, lo que era muy terrible porque estaban mandando a los niños, niñas y adolescentes a Puerto Natales, desde Punta Arenas a Puerto Natales, o si no fuera incluso de la región. Estimó que podría ser un aporte la experiencia de allá también.

El diputado Walker agradeció la exposición de Ciudad del Niño y de la Mesa de Residencias. No quería volver a reiterar lo que ya se había dicho, pero había dos preguntas muy concretas.

La primera, que era lo que ocurría con los adultos, porque entendía que muchas de estas instituciones no solamente tienen niños, sino que tienen adultos, tienen adultos que están en situación de demencia, los descartados de la sociedad como dice el Papa Francisco, y que obviamente no hay ninguna esperanza de desinternar ni de darlos en adopción, porque son adultos. Entendía que eran un porcentaje bastante alto, entonces no sabía si era el caso de la Mesa de Residencia la pregunta, que también hacía al ministerio de Justicia, qué porcentaje eran adultos, porque claramente era una situación totalmente distinta y requieren también, obviamente, una subvención.

La Mesa de Residencias dijo la frase clave, y que pareciera ser el consenso en esta materia, absoluta. Hablaron de desinternar en forma más rápida hacia las familias de origen, hacia las familias extendidas y hacia darlos en adopción. Pareciera haber un consenso general, no había dos opiniones que ese debiera ser el gran objetivo. Entonces, en la línea de lo que planteó el diputado Boric, y entendiendo que había necesidades financieras urgentes, fundaciones que estaban en problemas muy apremiantes y por eso el proyecto de ley.

Pero el punto de vista de los incentivos, porque la pregunta era válida y era bueno también compartir esa pregunta con los expositores, lo dijo el diputado Boric y él siempre se hacía la misma pregunta, si acaso el incentivo tenía que ser por niño atendido que duerme en una cama en la residencia, o debiera ser por niño que se desinterna y premiar a las fundaciones que logran, de alguna manera, reinsertar a los niños en su familia, o en darlos en adopción, o en la familia extendida. Cómo poder lograr esa ecuación de manera tal que los recursos del Estado, que eran siempre escasos, puedan estar puestos bajo el mejor incentivo posible, y avanzar en la desinstitucionalización, que era lo que todos querían lograr.

El diputado Coloma agradeció las exposiciones de Eduardo Crespo y de Teresa Izquierdo. Estimó que cuando hablaban de niños, cuando hablaban de cómo estaban fallando, lo primero que era evidente y que dolía era que todos los organismos que estaban haciendo las cosas bien, tenían que salir por caridad a conseguir los recursos. Ese era un hecho, no les daba, y estaban hablando aquí de organizaciones que tienen a más del 50% de los niños de nuestro país y no alcanzaban los recursos.

Ahí había dos cosas que eran fundamentales. Primero, decir que efectivamente el primer artículo del proyecto de ley establece el aumento de la subvención, y todos los siguientes eran de cómo mejorar la fiscalización. Aquí no se estaba entregando la plata diciendo ‘oiga, aquí me da lo mismo lo que siga pasando con ella, va a seguir pasando lo mismo’. Aquí hay normativa que va precisamente a cómo mejorar la forma en la cual se fiscaliza que las platas que se entreguen, se ocupen de la manera indicada.

Segundo, estimó que no podían seguir tampoco haciéndose trampas en el solitario. Si esperaban que estuviera todo el proyecto en materia de niñez despachado para poder, después, realizar la subvención, habrán perdido no menos de dos años. No había que olvidar que en el gobierno anterior, en marzo, la presidenta Bachelet presentó a esta Comisión y a la Comisión de Familia del Senado la división del Sename, y en la práctica los dos siguen en primer trámite constitucional. O sea, tampoco era que si tuvieran la mínima esperanza que en dos meses arreglaran la situación para ver las subvenciones, se esperaban dos meses, pero todos sabemos que esto va a tardar, al menos, un par de años, esa era la realidad.

Por lo tanto, solicitó al Presidente que después pidiera la unanimidad en la Comisión para poder, ojalá, votar hoy este proyecto. Este era un proyecto sencillo, que lo que hace es poder establecer un aumento de la subvención, que lo que permite es que las casas de acogida hoy día puedan tener, al menos, y ni siquiera al cien por ciento, los recursos para poder funcionar, que puedan tener al menos la capacidad para dar una atención, al menos, digna a los niños y no tener que seguir esperando la dádiva o la generosidad de terceros.

Era evidente también que aquí hacía falta poder mejorar la fiscalización que se realiza a los distintos centros del Sename, eso era evidente, pero no porque falte fiscalización van también a castigar a quienes lo estaban haciendo bien. Evidentemente se podía mejorar, había que mejorarlo, todos sabía que había que mejorarlo, pero no porque tengan que castigar al que lo hacía mal van a dejar esperando al que lo hacía bien. Esos niños también tienen el derecho de poder recibir una subvención digna.

El diputado Hirsch señaló que varios de los temas ya se habían mencionado, pero sabía que estaban hablando de un tema sensible. Cuál era la vida, la calidad de vida y la situación de vida de los niños, ese era el tema central que los acogía. Desde ese punto de vista, era muy valorable lo que hacían las distintas instituciones que estaban involucradas con el tema.

Sin embargo, de algún modo u otro, y lo entendía porque era parte del proyecto de ley que se estaba hablando acá, terminaban centrándose en un asunto económico, en asunto de plata, cuánta plata destinaban al tema, y evidentemente no pretendía ser ingenuo al respecto, el monto que se destinaba a toda la operación de los hogares, los niños, etc., evidentemente que era importante, pero le parecía que era fundamental primero, y algo se mencionó acá, lo mencionó el diputado Saffirio, era fundamental ver primero cómo estaba funcionando todo este sistema, y no poner la carreta delante de los bueyes.

Es decir, necesitaban acá primero pensar y rediseñar, o repensar, aquello que requiere ser pensado en todo el sistema que integraba esta cuestión, por lo que había preguntas fundamentales que contestar. Así, primero que es lo que querían y qué esperaban de los hogares, y a partir de eso y del diseño de esa política, cuánto se requiere. Pero partir diciendo ‘requerimos aumentar en una cierta cantidad el monto’, sin saber exactamente cómo se va a modificar la situación real que están viviendo hoy día los niños, no parecía.

Además, le quedaba una duda respecto a lo que aquí se había dicho. Estimó que habían mostrado con claridad las cifras y desde ese punto de vista, probablemente, había poco que discutir. Pero se preguntó, y lo decía con mucho respeto y afecto, si había alguna autocrítica respecto a cómo ha venido funcionando todo esto, si había alguna reflexión respecto a cómo se ha enfrentado el problema de la niñez, más allá de todo el esfuerzo que cada uno estaba haciendo desde el campo que le tocaba actuar, o si en cambio, esto se resolvía solamente con más recursos.

Ha habido denuncias que, más allá de hacerse cargo o no, involucran incluso a algunas de las instituciones que estaban hoy día acá presentes. Ha habido denuncias que aparecieron en la prensa el 1 de febrero sobre una de las aldeas Raúl Silva Henríquez en el Quisco. Se hacía cargo de la denuncia simplemente.

Han ido apareciendo distintas situaciones respecto de una o de otra, y de ninguna manera la estaba ni validando ni justificando, lo que estaba diciendo era solamente si bastaba aumentar los recursos, o tendrían que hacer también una reflexión más profunda, autocrítica, que incluya revisar todo el funcionamiento del sistema, y luego de eso, luego de un rediseño, por cierto habrá que aumentar los recursos, no le cabía ninguna duda al respecto.

Pero más que partir por el aumento, le parecía que habría que partir por ese análisis, esa reflexión y ese rediseño, que finalmente les indique cuántos eran los recursos adicionales que se requerían, y coincidió con lo que se había dicho, si eran $9.000 millones, $20.000 millones o $50.000 millones, si van a garantizar que efectivamente los niños, niñas y adolescentes estén en mejores condiciones y se cumpla con el objetivo, creía que no va a haber nunca problemas con su aprobación, pero primero tenían que conocer cuáles eran esos planes para llevar adelante.

Ricardo Evangelista, director ejecutivo de la Corporación María Ayuda, agradeció la invitación, para ellos era muy importante estar acá, y les interesaba conversar principalmente tres cosas. Primero, una presentación de María Ayuda, quiénes eran, qué era lo que hacían, para que los conozcan. Después, comentar el proyecto, específicamente en los temas de por qué era necesario el aumento de recursos y mirar un poco cosas que ya se habían visto, por lo que lo pasaría rápido, pero también mostrar la realidad de María Ayuda, compartiendo la realidad de costos y su distribución nacional, porque tenían sedes desde Iquique hasta Temuco, distintas residencias. Finalmente, en qué se va usar si es que ocurría el aumento de ingresos. En síntesis, en mejorar la calidad técnica en la atención, en eso ocuparían los recursos.

Llevaban 35 años en la problemática del maltrato infantil en Chile, estaban trabajando en la prevención y querían trabajar con las familias y con los niños, no era un trabajo solamente con los niños, pues tenían como sujeto de atención también la familia. El año pasado atendieron a 722 niños, la mayoría de ellos mujeres, y las edades van de 0 a 18 años, porque tenían programas de madre adolescente, tenían incluso bebés en gestación, más de 24.000 atenciones anuales, que eran los que estaban en el sistema de Sename.

Con una distribución de Iquique a Temuco, tenían 18 programas de los cuales 15 eran residencias de protección. Tenían otros tres programas ambulatorios, una casa de acogida para madre adolescente, un hogar oncológico y un centro ambulatorio de reparación del maltrato. Por lo tanto, su foco era residencial y su trabajo específico era en las residencias. Salvo que se equivocara, a datos del año 2016 eran la institución con más residencias en el país, más programas. No más niños, pero sí más programas, pues sus residencias eran más chiquititas.

En cuanto al proyecto en sí, identificaron cuatro objetivos en el proyecto. Lo primero era aumentar el tope de la subvención a 30 USS mensuales por niño atendido. Lo segundo, incluir a los organismos coayudantes en los mecanismos de supervisión y control que posee el Sename actualmente, ese también era un objetivo dentro del proyecto. Lo tercero, enfatizar las atribuciones legales que tiene hoy día Sename para supervisar, evaluar y controlar, incluso sancionar, a los organismos colaboradores. Lo cuarto, resaltar la necesidad de una administración transparente, eficiente, eficaz e idónea, textualmente como dice el mismo proyecto, ese era el cuarto objetivo que veían en este proyecto.

Para ellos todos eran objetivos absolutamente necesarios y relevantes, el tema era por qué. Primero, por qué era tan necesario el aumento de recursos en el sistema. El primer dato también lo compartieron los que estuvieron antes, hoy el Sename financia entre el 30% y el 80% del costo de operación de los programas residenciales en los organismos colaboradores, por lo tanto, había una brecha que cubrir. Las nuevas licitaciones aumentaron exigencias, pero no aumentaron recursos. Esas licitaciones salieron el 2016 y el año pasado también les comentaban que las licitaciones, la mayoría de ellas, quedaron desiertas, incluso sin postulaciones en varias de ellas.

Había muchos programas por esta misma realidad operando vía resolución de urgencia, y qué significaba eso, que no había una licitación actualizada y no se adjudicaron esos procesos. En María Ayuda, de las 15 que mencionó, 8 estaban con resolución de urgencia. Había demanda no cubierta en todo el país, y peor, había una falta de adecuación a la realidad territorial en donde hay sub demanda, es decir, tenían residencias en donde no se llenaban los cupos. Por lo tanto, aquí había un trabajo muy relevante que hacer.

El Estado gastaba mucho más en los niños que estaban en los Cread que los que estaban en organismos colaboradores, y ese era un dato que anteriormente se pudo. Entonces, para María Ayuda esas eran las cinco razones de fuerza de por qué era tan necesario un aumento en la subvención hoy día.

La pregunta alternativa era si no lo hacían, y esperaban hasta generar un sistema adecuado, pero cuanto tiempo, qué pasaba entremedio hasta que se generara ese sistema adecuado con los niños que estaban atendiendo hoy día en las residencias. Ahí había una pregunta, pero ya visto el estudio de Focus referido por Teresa Izquierdo, la cuestión es que operaban con déficit, en cualquiera de las circunstancias se operaba en déficit.

Lo que ocurría en María Ayuda, para hacerse una idea de cómo es organismo colaborador por dentro, qué es y dónde gastaban las platas y en qué lo hacían, si tomaba María Ayuda como un todo, un 37% del financiamiento era aportado por el Sename, o sea el 63% del resto del financiamiento de toda la operación de María Ayuda era levantado por privados, por ellos, por socios, que era el gran ingreso. Tenían más de 12 mil socios que les daban mes a mes, pero también con donaciones de privados, legados de personas que dan su patrimonio y por aportes de empresas a eventos que realizan durante el año, ahí está la matriz de distribución.

En cuanto a cómo se gastaba esa plata, el 90% de esa plata va directamente a los programas sociales y 10% se gasta en administración. Entonces, si había alguna duda respecto a dónde van esos recursos, esa era la distribución que tenía María Ayuda. Ahora, haciendo una aproximación hacia los programas, 15 de esos que estaban financiados por Sename, la proporción de financiamiento era mucho mayor. Si miraban sólo el programa, se daban cuenta que llegaban en María Ayuda al 58% del costo de los programas, y a pesar de eso el año pasado tuvieron la mala noticia de cerrar una residencia en San Pedro, básicamente, porque veían que durante este año no iban a tener cómo financiar correctamente la operación de esa residencia.

O sea, estaban tomando los organismos colaboradores decisiones tan dramáticas como cerrar residencias, porque veían que no tenían cómo poder hacerlo adecuadamente. Se daban cuenta y tenían autocríticas de, a veces, lo mal que han podido atender a los niños. Por eso mismo estaban acá diciendo que necesitaban estos cambios.

Destacó que Sename tiene una distribución fija y variable en su subvención, que era interesante volver a mirarla. Quizás la distribución era muy baja entre el fijo y el variable, pero ahí podría ser interesante revisar si podrían solucionar esta problemática que se ha planteado atendiendo a ello.

Haciendo una simulación en lo que sería para María Ayuda un aumento del 50% en los ingresos, manteniendo los costos del 2017, estos eran datos reales, manteniendo el mismo costo 2017 suponiendo que no aumentaban y aumentando el ingreso del 50%, eso para María Ayuda significaba cubrir el 87% de los costos, lo que además permitiría disponer de recursos para poder, además, cubrir las otras necesidades que mencionaría más adelante.

Un diputado consultó si la simulación era con 30 USS.

No, no era con 30 USS, con menos incluso. La simulación era con 20 USS, 18 coma algo era lo simulado, lo propuesto, pues este proyecto no postulaba 30 USS exactamente.

Eso abría la pregunta en cómo se gastaban después los recursos, qué hacían para rendir cuenta y como tenían transparencia de las cosas que hacía la comunidad de organizaciones solidarias. Se creó una Fecus social hace más de 4 años, 5 años, abrieron sus estados de resultados y mostraron abiertamente qué tenían, qué gastaban, en dónde los gastaban y cómo lo llevaban. Además, tenían supervisiones mensuales de Sename en donde cada cuenta corriente, individual por programa, no era por institución sino individual, era controlada por Sename al paso que van saliendo en cada una de ellas, por lo tanto, existe un control y rendición de cuentas. Finalmente, como institución tenían una auditoría externa, en donde también publicaban su estado de resultados y, hasta ahora, estaban trabajando en la del año 2017. Ya tenían la del año 2016, por lo tanto, las organizaciones sí trabajaban en rendir cuentas y dar transparencia, y estaban de acuerdo con eso en el proyecto.

Entonces, hacia dónde tenían que ir, y qué necesitaban. Haciendo un resumen, la cuestión era cómo mejorar la calidad técnica, necesitaban ir hacia allá, había muchas oportunidades de mejora en el sistema por distintos lados, y la verdad era que si iba a quedar corto mencionando hacia dónde ir, pero quiero mencionarles lo que había hoy día, antes de entrar en las posibles propuestas, porque a veces no se visibiliza que tenían una supervisión técnica mensual en el Sename, en donde se hacen informes técnicos, que llevan a evaluar anualmente, poniéndoles notas a cada uno los actores.

La última vez que tuvo acceso a ese dato era del año 2015. Sename evalúa, les pone nota y los clasifica, eso existe hoy, los jueces supervisan las residencias, por lo menos, trimestralmente, emitiendo informes de mejora, ya sean los juzgados de Familia o el Centro de Medidas Cautelares en Santiago, con informes de mejoras que tienen que ir en la mejora de calidad técnica. Sename tiene estándares mejorados hoy día, no consensuados con ellos, pero sí con bases técnicas que se han licitados sin éxito. Por lo tanto, ya tenían un primer estándar desarrollado.

Si miraban el Sename en donde estaban, hacia donde debieran mejorar, la mayoría de las residencias no alcanzaba a llegar a eso y varias de ellas no han postulado a las licitaciones que se han abierto del Sename por esa misma razón, por lo tanto no estamos en cero, en fojas cero, había una mirada ya puesta y lo que podrían analizar era si esa mirada de calidad estaba correcta en Sename, y podrían discutirlo en la mesa.

Entonces, en cuanto a los ejes, donde debieran irse los recursos, en qué cosas debieran irse los recursos, cuáles eran los ejes más importantes, lo primero era restituir el derecho a vivir en familia, y eso era crítico en la residencia. Pareciera difícil de entender, pero básicamente era disminuir los tiempos de permanencia en las residencias. Este sistema fue creado con una mirada en que los niños salían de su familia y los protegían para que les dieran otra vida y los salvaran del problema que tienen con su familia.

Así fue concebido hace 30 años el sistema, pero hoy día no, hoy día tenían que revincularlos y trabajar fuertemente para mejorar la calidad de la atención de estos niños, y que ellos puedan volver a sus familias de origen en lo posible. Por supuesto que había algunos que seguirán en residencia, pero el foco residencial no podía estar en separarlos de su familia, sino que en disminuir el tiempo que estén en las residencias.

Aquí había un incentivo positivo en su caso, de poder mantener el menor tiempo posible a los niños en sus residencias. Lo segundo era mejorar la calidad de la atención, pero enfatizando también el tema del personal de atención directa y su formación. La verdad era que tenían sueldos mínimos en algunos casos, varios de sus cargos no estaban a mercado, por lo tanto, ahí había un tema muy importante en la calidad y en la formación. Y lo tercero, así como eje principal, era que todas estas medidas van a tener una adaptación a la infraestructura en nuevas necesidades. Su residencia más chica era de 13, tenían una residencia de 38 niños, pero si querían pasar a tener 20 niños en cada una de ellas, necesitaban más infraestructura y lo mismo si los estándares son de 10 niños o 12, como se ha hablado en otras instancias.

Empezando a concluir, qué debiera mejorarse, particularmente, en el sistema de protección especializada residencial. Lo primero era lo que ya habían sugerido varios, y era que la definición de estándares óptimos asociados a recursos en función de la necesidad de los niños era muy relevante, no bastaba un estándar óptimo, así como cualquiera quisiera, sino que también en función de esas necesidades. Por ejemplo, se hablaba de adultos en una pregunta anterior, y las necesidades de los adultos eran también muy relevantes, y de los niños que estaban pasando a la adultez también. Entonces, lo primero era esos estándares con una mirada puesta en los niños.

Lo segundo era mejorar el trabajo con las familias. También les preguntaban el trabajo con familias, era fundamental y ya no podían quedarse solamente en el despeje de la red familiar. En el fondo, tenían una vulneración con la familia directa y lo que hacían era ver qué otra familia podía recibir al niño, pero no trabajaban en la revinculación y en el verdadero trabajo de habilitación.

Lo tercero era la solución adecuada en salud mental, que era abundante.

En cuarto lugar, cada uno de los comentarios que tenían era para mejorar las competencias del personal, y para eso tenían sus recursos, para poder mejorar su sueldo y poder invertir los recursos que se consiguen privadamente para mejorar los sueldos. El recurso del Estado lo podían invertir en los temas técnicos ya mencionó, y también en instalar un mecanismo de información técnica, información para cada una de las áreas. No era solamente técnica y profesional, pero si continua en cada uno de ellos.

Finalmente, el punto 5, que era crítico y que hoy día existe muy poco, que era la asesoría jurídica a todos los niños para agilizar procesos, los curadores ad litem no cumplían la tarea que necesitaban los niños. Había que mejorar ese sistema, o mirarlo de una manera completamente distinta.

A modo conclusivo, dada la realidad actual estimaban que las residencias de los organismos colaboradores sobreviven condicionados a su presupuesto. Estaban condicionados al presupuesto que tenían, la calidad de la atención estaba determinada por los recursos que lograban recaudar. Por lo tanto, poco podían hablar de desarrollo si no conseguían más recursos, y esa era la realidad de la mayoría de las residencias de los organismos colaboradores, por lo que se debía construir una condición de viabilidad operacional en el sistema, que permitiera programas de gran calidad de atención. Este tenía que ser viable operacionalmente, con una combinación de recursos privados y públicos, pero que la atención pueda ser dada de calidad, a cada uno de los niños.

Cristián Alliende, director de la Corporación María Ayuda, señaló a modo de complemento dos cosas. Primero, el sentido de urgencia que tiene esto, pues estaban llegando tarde. Le parecía que era muy razonable en cualquier desafío que uno enfrentaba primero poder sentarse óptimamente a planificar, a discutir, eran desafíos tan complejos que daban para mucha discusión, ese sería el ideal.

Pero hoy día estaban llegando tarde a una situación de atención en estos hogares que realmente era crítica. No es que quisieran ser alarmistas, pero ellos aparte de haber tenido que cerrar un lugar el año pasado, porque responsablemente no eran capaces de sostenerlo al nivel mínimo, no estaba hablando del nivel ideal, sino del nivel mínimo, y cuando ya dicen ‘no puedo sostenerlo al nivel mínimo’ tiene que responsablemente cerrarlo. Había otros dos hogares que estaban ahí, en la línea, donde se plantea ‘bueno, apostemos a que vamos a ser capaces de reunir esos recursos’ pero esa era la situación, la precariedad en que se estaban desenvolviendo.

No podían olvidar que detrás de esto hay niños no eran cifras, eran niños que mes a mes tienen que convivir con esa precariedad. Entonces, siendo el ideal tener el tiempo para planificar todo un esquema, se preguntó si podían sinceramente olvidarse de que estaban esos seis mil setecientos niños que tienen que vivir estos años, o dos años que se demore en reformularse un sistema. Por lo tanto, ese sentido de urgencia les parecía fundamental.

Lo último, efectivamente le tocaba ver cómo los presupuestos de estos hogares eran los que limitaban la capacidad de acción, no les sobraba un peso en el año, la cuestión era como administrar las limitaciones de la economía que tenía. Por lo tanto, cualquier recurso adicional que vaya a estos hogares, no tenía ninguna duda, eso podía ser auditado posteriormente, iría directamente en beneficio de los niños. Podía hablar, evidentemente, por los hogares que conocía, no podía hablar por los otros, pero lo que fijaba el estándar hoy día de atención de sus hogares eran los recursos que eran capaces de disponer, y eso estaba claramente por debajo de los estándares que quisieran, y de los estándares que el mismo Sename estaba poniendo.

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, señaló que se ceñiría a lo que complementara las exposiciones anteriormente hechas. El Hogar de Cristo era una institución que llevaba 73 años de existencia, y a partir del año 1960 comenzó ya el trabajo con hogares familiares. Ese fue un proyecto de vanguardia que se separó de la línea tradicional que tenía la infancia en Chile, que eran los antiguos orfanatos. Fue una experiencia absolutamente inédita, que coincidía con lo que hasta hoy día se practicaba en esta línea.

Con ello quería decir que las organizaciones sociales, civiles, se han anticipado el Estado de esta materia durante toda la historia de este país, y eran la organizaciones las que se han hecho cargo de la institución y el resguardo, un derecho que hoy día estaba en la mira, pero que ha tenido un papel importantísimo y que, sin duda, era parte responsable de los problemas que estaban teniendo. No había que excusarse de eso, pero también parte importante de los avances y los esfuerzos que ha tenido el país en materia de restitución de derechos, en materia de derechos humanos en la niñez, era de ellos.

El Hogar de Cristo tenía muchas líneas temáticas. Así, adultos mayores, fin de vida, también estaban trabajando con personas en situación de calle. En jardines infantiles el Hogar de Cristo tiene más de 40, y una de sus líneas era la línea infanto-adolescente, que es con residencias particulares infato-adolescente, que se desarrolla a través de la Fundación Paréntesis del Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo son cinco fundaciones, una de las cuales era la Fundación Paréntesis.

Cuál era el estándar de lo deseable. De acuerdo a un estudio que comenzaron el año 2015, mucho antes de que la crisis del Sename se hubiera desatado, producto de su evaluación de que las residencias no tenían los estándares que tenía Sename, ni eran lugares adecuados para la reparación de derechos de los niños que estaban atendiendo, se desarrolló durante todo el 2015 al 2017 un estudio en que participaron 54 expertos, nacionales e internacionales, para identificar cuáles eran las evidencias internacionales y cuál eran las mejores recomendaciones en la materia.

Se llegaron a 90 recomendaciones de evidencia internacional, de las cuales seleccionaron a partir de ese comité de expertos, aquellas más particulares a la realidad nacional, y estaban documentadas en el libro ‘Del dicho al derecho’, que se publicó el año pasado, donde se explica un poco el contexto de la infancia en Chile, se explica la metodología que se utiliza para ir formulando estándares en programas sociales, cuestión que estaban aplicando en distintos programas sociales del Hogar de Cristo, y finalmente, las conclusiones, que evidenciaría en esta presentación.

Cuál era la realidad hoy día. En el Hogar de Cristo se atiende hoy día a 131 niños, jóvenes, niños, niñas y adolescentes en siete residencias de distintas condiciones. Tenían un aporte del Hogar de Cristo del 42% del total del costo por niño, el costo per cápita por niño era en torno a $629.000 y lo que recibían del Estado a través del Sename eran $368.000. Cabía mencionar que en las residencias, había residencias también que oscilaban desde el 20% de aporte del Hogar de Cristo, a otras que llegaban a ser cerca del 50%, y eso era particularmente en aquellas residencias que eran más especializadas y con niños de mayor complejidad.

Reiteró que en los Cread, las residencias de administración directa, tenían un costo promedio de $1.600.000 a $2.100.000 por niño por mes, donde el Cread Galvarino era el que tenía el menor costo, $1.200.000. Eso era importante mencionar, que de todos los Cread era el que tenía el menor costo comparativo. Pero los números de plazas también eran bien significativos, estaban hablando de que el Cread Galvarino tenía 100 niños según las plazas, pero llegó a tener 200 por sobrecupo, o sea, duplicó su capacidad en algún momento. Con esto quería de alguna forma poner en contexto muchos de los motivos por los cuales se han desarrollado ciertas tragedias, pero eran residencias en general muy masivas y muy caras.

A partir del 2015 comenzaron una investigación que se empieza a implementar este año, y se implementó esa semana. Prácticamente el 13 de abril empezaron con la implementación oficial, una implementación que va a llevar los próximos dos años, que estaba siendo auditada metodológicamente por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, que va a medir los impactos de estas dos residencias. Eran dos las residencias que estaban piloteando, una de niñas, otra de niños.

Querían saber cuál era la mejor en resultados, en indicaciones muy objetivas para tratar de proponer un modelo de residencia que sea el estándar que utilice Chile, ese era el objetivo. Lo que buscaban era un piloto que tenía como propósito incidir en la política pública. Este piloto tendrá durante estos dos años un grupo de observadores, en donde debían incorporar personas del aparato público, academia. Los pilotos serán en las residencias Maruri, que se transforma en este piloto, y también la Residencia Anita Cruchaga, en Valparaíso.

Sobre cuál era el objetivo, era desarrollar una propuesta basada en evidencia de residencias de alta complejidad que mejoren la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, gravemente vulnerados en sus derechos, promoviendo su reparación y, algo importante, su inclusión social. En la presentación mostró el modelo actual y su comparación con lo que muy brevemente el nuevo modelo informaba. Por ejemplo, en capacidad de atención, hoy día, las residencias del Hogar de Cristo no sobrepasan los 20 niños, niñas y adolescentes por residencia.

Eran modelos pequeños, pero así y todo estimaba que eran masivas para el estándar internacional. El estándar internacional llegaba a hablar de 6 niños por residencia, la capacidad propuesta en el nuevo modelo que estaban piloteando era de 10 niños por residencia con mayor personalización también, acompañantes especializados que hoy día no existía.

Un acompañante especializado, personalizado, hoy los estándares que tiene el Hogar de Cristo, porque también era el estándar que les exige Sename hasta el momento, era un monitor por cada 10 niños. Lo que ellos estaban proponiendo, y de acuerdo a la evidencia internacional, es que fuera un acompañante terapeuta por cada tres, esa es la evidencia internacional. O sea, eran niños de alta complejidad con los que había que estar 24/7 haciendo el tratamiento terapéutico, todo momento en su vida tiene que ser terapéutico, todo momento con enfoque terapéutico.

Sin duda los niveles actuales no consideraban enfoques terapéuticos, tenían que ser enfoques sensibles al trauma basado en relaciones, incorporando trabajos en salud mental, trabajo familiar.

Era muy importante el trabajo que hoy día prácticamente no existía por falta de tiempo, distancia y recursos. Lo que proponía el modelo era tener a una dupla adicional que se preocupe básicamente de la intervención familiar en domicilio mediante jornada completa, con acompañamiento del egreso. Hoy no existe acompañamiento del egreso, no existe por más que desearan, porque no había recursos, ya lo habían dicho los demás expositores.

Lo que se proponía era un acompañamiento personalizado con soporte en educación, empleo, salud y condiciones habitacionales por un año. La supervisión continua no era posible realizarlo hoy día, y lo que se proponía era una supervisión externa mensual, análisis de caso, cuidado en equipo, todo esto basado en la evidencia internacional.

Para mayor claridad, destacó que se proponía solamente el 65% de las recomendaciones que proponía la evidencia internacional, porque en verdad no tenían condiciones para poder aplicarla, porque si hubiera aplicado el equipo a full como se llama con toda la evidencia estarían hablando de $5.000.000, prácticamente $5.000.000 por niño por mes, eso era lo que proponía el modelo de libro.

Lo que estaba proponiendo el Hogar de Cristo era pasar de un modelo actual de $800.000 por niño, que es lo que costaba hoy día en promedio en una residencia del Hogar de Cristo, a cerca de $2.000.000 por niño por residencia, que era equivalente básicamente al costo de un Cread, no muy distinto a eso, pero hablando de una residencia de 10 niños, no de 100, con equipos terapéutico, de acompañamiento familiar, con acompañamiento del egreso, con habitaciones entre dos y un niño por habitación. Eso costaba US$100 millones anuales, eso costaría si lo aplicaban a los 4.000 niños que estaban atendidos por los centros, por las OCAS colaboradoras, eso es lo que costaba aplicar ese modelo.

Sobre qué harían, yendo a la realidad exigente y con los recursos limitados que ahora proponía esta Comisión, con el 25% de subvención se podían hacer muchas cosas. Al respecto, proponían una mejora de estándares, estándares que estaban asociados a las dimensiones validadas por el panel de expertos que revisaron en las recomendaciones de su modelo técnico. Simplemente, era seguir esa orientación y dar el primer paso, sabiendo que en algún momento podrían aspirar a este modelo estándar, pero no el piloto que van a hacer.

Las mejoras no van a ser los pilotos, porque los pilotos estaban con otros estándares, van a aplicarlos en las otras cinco residencias que no estaban siendo beneficiadas de ese piloto. Así, primero lograr una homologación de todas las residencias de modelo especializado, eso era fundamental. Era sabido que había distintos modelos, simples, intermedios, y especializado, por lo que proponían homologar todas las residencia especializadas, porque era la necesidad que tienen los niños hoy día. Hoy día, las residencias con modelo básico estaban recibiendo los mismos niños que las residencias especializadas y con subsidios inferiores, prácticamente por, el azar. Los diagnósticos no eran adecuados, simplifican un modelo especializado.

Además, se instaría por un aumento en horas de salud mental, aumentar el apoyo psicopedagógico, incorporar manipuladores de alimentos como les estaba exigiendo el Sename, y focalización de rango etario también entre 12 y 18 años. En residencia intermedia y básica el rango va de 0 a 18 años, probaron de 6 a 18 años, pero se van a proponer en estos pilotos con ese 25% esta exigencia.

Se va a reducir el tamaño de las residencias de 20 a 12. Eso implicaba ciertos costos, porque van a recibir menos subsidio en total. Un educador por cada cinco niños en vez de uno por diez, pero van a especializar el equipo también, mejorar el perfil de la jefatura, mejorar el perfil del equipo de trato directo y profesional, los psicólogos, los trabajadores sociales y también van a fortalecer la formación y desarrollo de equipo, capacitación y cuidado de equipo. Esa era la propuesta con el 25% de aumento. Estaban de alguna forma fortaleciendo los estándares de las residencias existentes.

Como desafío pendiente, no estaba de más decir algo que no estaba en sus manos, pero facilitaría enormemente el trabajo. Si hubiera una mayor integración territorial con otros servicios de salud, educación y la defensoría de los niños, se avanzaría mucho, pues muchos niños estaban con sus causas perdidas prácticamente, estaban secuestrados en el Sename.

Francisco Parra, jefe de Residencias Infanto Adolescente del Hogar de Cristo, aclaró que de las siete residencias que tenían, van a implementar este modelo piloto en dos de esas siete. Por tanto, quedaban cinco en donde se va a aplicar el plan de mejora que se describió, si aumentara la subvención en un 25%.

El diputado Boric felicitó al Hogar de Cristo por la pega que estaban haciendo y por el libro, estimó que era el estándar hacia dónde tenían que apuntar. Asimismo, señaló que una cosa que le sorprendía respecto a los planes de qué hacer con este 25% más, entendía que el año pasado se aumentó en un 24% este año respecto del anterior, o sea respecto del 100% anterior, y existieron todas esas mejoras como las que se proponen hoy día respecto a este nuevo aumento. Entendía que era más plata, porque el 100 era mayor, pero le gustaría saber qué hicieron las residencias con el aumento de este año.

Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló a propósito de la última inquietud que planteó el diputado Gabriel Boric, y recordando que en el presupuesto del año 2017 no hubo reajuste en la subvención del Sename, sólo se reajustó el presupuesto para los Cread, es decir, para los organismos estatales, de manera que la situación de déficit económico de todos los organismos colaboradores se produjo en forma bastante sostenida durante el año 2017, y a raíz de esa situación, afortunadamente el gobierno logró reaccionar y cambiar esa definición y aumentó para el presupuesto de este año en un 24% la cifra. Eso fue lo que había permitido de alguna manera tener un primer bálsamo para la situación que estaban teniendo.

Avanzando en esa misma dirección, lo que compartían todos, tanto los expositores como los parlamentarios que manifestaron su inquietud en esta y en las reuniones anteriores, es que efectivamente el modelo al cual se aspira se perfeccione y se ejecute, en el Sename no era exactamente lo que estaba ocurriendo, y estaban trabajando para generar ese modelo.

Lo estaban haciendo desde el punto de vista de política nacional, a través de la Comisión que buscaba instalar un acuerdo que les permita definir cómo mejorar en forma integral la atención a la infancia partiendo por esta, que era como la más vulnerable. No la única, había otros ambientes, había otros segmentos, hay otros problemas que también se pretendían abordar en esa comisión, que va a instalar esta política que esperaban se traduzca en legislación, en actos administrativos o simplemente en políticas públicas que ordenen y dirijan hacia donde debería caminar el Estado.

Pero la situación que enfrentaban hoy día, como se podía desprender de todas las exposiciones de distintas realidades, era que lo que se estaba haciendo hoy día se estaba haciendo con un enorme esfuerzo institucional, con un apoyo que buscaban estas organizaciones, corporaciones o fundaciones, todas sin fines de lucro, a través de sus propios esfuerzos, para complementar el recurso que daba el Estado. Aquí de alguna manera estas organizaciones estaban subsidiando lo que el Estado no está haciendo, y cuando el Estado intervenía directamente, como lo ha hecho a través de los Cread, eso no ha sido garantía de calidad, ni ha significado que no se tengan problemas con los menores, niños, niñas, y adolescentes que ahí se cuidan.

Es más, esa era quizás la mayor tragedia, porque aquí hablaban de la crisis del Sename, pero la crisis del Sename se gatilla por lo que ocurre en un Cread, en un centro público que tiene un ingreso 3, 4 veces superior a la subvención del Sename, en ese Cread, el Cread Galvarino, cuando se detecta el fallecimiento, la muerte de Lisette a raíz de una situación que se investiga policialmente y que implicaría negligencia, a lo menos, de personas que estaban destinadas a cuidar, da cuenta que r aquí no tiene que ver con la gestión privada o pública, ni tiene que ver con los mayores o menores recursos. Había situaciones puntuales que denotaban eso y que lamentablemente en centros públicos, con mayores recursos, no habían podido evitar la crisis que les afectaba.

El otro centro que la administración anterior acordó cerrar fue el Cread Playa Ancha, porque la situación se había hecho absolutamente insostenible. La crisis, le había tocado visitarlo, la crisis que ahí se evidenciaba era realmente dramática y eso no aceptaba un día más, y se estaba trabajando aceleradamente, aceleradamente como se podían hacer estas cosas, para trasladar un gran centro que tiene 80 a 100 niños a, al menos, cuatro casas, que eran las que se estaban buscando, habilitarlas y lograr ir instalando en ellas a estos niños.

No era tarea que se hiciera de un día para otro. Estaban en pleno proceso y esperaban que el Sename cumpla a la brevedad con ese traslado. Afortunadamente los jueces habían sido comprensivos con esta situación, y no estaban enviando a este Cread más niños. Hoy el Cread tenía una cantidad del orden de 60, 62 niños, que ha permitido disminuir el problema y darles una atención más personalizada.

Eso no significaba que todos los centros estuvieran en esa misma situación. Se podía apreciar de las propias exposiciones, y se atrevía a destacar el calor, la pasión, el afecto, el cariño que tienen con la camiseta quienes estaban dedicados a estos hogares, a estos centros, repitió que los había visitado, no a todos, pero ha visitado a muchos y había visitado siempre en su anterior circunscripción a los centros que ahí laboran, y con los pocos fondos que tenía, realmente hacían lo que se podía.

Pero el sentido que tienen estos recursos, aumentar un 25% adicional no era para resolver todos los problemas de fondo, porque los problemas de fondo que aquí se habían planteado si los llevaban a, si los valorizaban, había que duplicar, triplicar lo que estaban haciendo.

El diputado Saffirio había insistido en una afirmación que hizo la semana pasada. Él siente que no era un esfuerzo justificado dar más recursos para hacer lo mismo, pero no era así. Subrayó que aquí los mayores recursos no eran para hacer lo mismo, era para hacer mejor lo que hoy día se estaba haciendo particularmente. Hacer mejor la atención de los niños, apoyar a los trabajadores que hoy día estaban en una situación de bastante miseria, ellos eran quizás los que más subsidian al Estado, porque están siendo subpagados con respecto de lo que deberían ser sus sueldos equivalente en cualquier otra actividad que desarrollaran, para evitar la precariedad que había en algunos hogares. Y finalmente, esto era para evitar que se cierren.

Entonces, el esfuerzo que estaban haciendo a través de este subsidio no era para resolver el problema, pero si era para aliviarlo, era para poder hacer un poco mejor las cosas mientras se define una política más completa, que les permita resolver de modo integral el asunto. Estimó que todos estos centros y todas estas organizaciones lo que estaban esperando era más bien la solución de fondo, pero esto era un bálsamo que alivia de alguna manera, como lo hizo el aumento del presupuesto pero que todavía sigue siendo insuficiente para el nivel de gastos y requerimientos que tienen.

Por lo tanto, quiso insistir en que no se debería impedir o evitar avanzar en esto. Entendía y respetaba la posición que había tenido el diputado Gabriel Boric, que quiere ver un poco más la solución integral antes de ir poniendo parches, por así decirlo. Pero quiso decirle, sin perjuicio que el ejecutivo estaba a las decisiones que tomara la Comisión, no eran ellos los que decidían los ritmos de la Comisión, el timing, la Comisión era soberana para definir cuándo y cómo se va a resolver este tema, pero sí querían insistir en que esto era un aporte necesario y que cualquiera que fuera la política final que adoptaran como país para enfrentar esta situación, de los centros que requieren trabajar para apoyar a estos niños, para revincularlos con sus familias, familias de acogida o familias adoptivas, van a tener que gastar más. Esto no era plata a fondo perdido, era plata que iría cerrando la brecha de los aportes que hoy día estaban dando.

Sobre la afirmación de Juan Cristobal, que se necesitan US$100 millones más, no sabía cuál era la cifra, pero lo único que podía señalar era que este país no puede dejar de invertir los recursos, que sean necesarios, para recuperar a los niños que están en la peor condición de vulnerabilidad de todos los niños del país. Y si eso costaba US$100 millones, habrá que meterse la mano al bolsillo y ponerlo. No sabía si eran 50 o 100, no sabía la cifra, pero la que sea, dentro de todo, no era una cifra que este país no pudiera pagar.

Todos necesitaban de los que hoy estaban haciendo el trabajo y lo estaban haciendo con mucho corazón. Habrá alguno que lo hace mal, pero podrían tener el reconocimiento y el apoyo ahora para evitar el deterioro en que estaban estas instituciones, que se traducían hoy en un deterioro a la atención que se realizaba.

Finalmente, expresó que si bien era cierto no había todas las fiscalizaciones, o supervisiones, le pareció bastante ejemplarizadora la mención reiterada de varios en el sentido de que sí existe fiscalización, existe fiscalización del Sename, existe fiscalización de los jueces, existen compromisos que se tienen que cumplir para poder seguir recibiendo recursos y, por lo tanto, había algo que se había hecho y este año, lo mencionó en la sesión anterior, se aumentó el presupuesto de manera que el Sename tenía una mayor disponibilidad de personal para poder cumplir esta tarea.

Entendía que todavía no era suficiente, y había algo en que quizás fuera lo más difícil de establecer, pero donde más dificultades tenían de cumplir esa debida supervisión y fiscalización con los recursos que había, decía razón con los estándares de calidad, que eran quizás los más difíciles de definir, cuáles eran estos y cómo lo hacían, porque mientras más estándares de calidad se exija, mayores recursos van a tener que tener, porque esto se traduce en tener personal muy especializado en centros de menor cantidad de alumnos y, por lo tanto, tienen gastos fijos mucho mayores que la proporción que significa tener un centro de 50 o de 100 si estaban trabajando con 10 niños o con 12 niños.

Obviamente estaban con gastos fijos muchísimos más altos, pero claro, eso garantizaba un mejor resultado, que es lo que al final les interesaba, que realmente esos niños puedan encontrar su camino, ahí era cuando más debían intervenir para resolver esa inquietud.

A propósito de una consulta que realizó el diputado Walker respecto a cuántos adultos existen hoy día en los centros residenciales, según la información que tenía estaban hablando de un total de usuarios de la residencia de 6.225 personas, el total de adultos es de 1.138. 1.138, aproximadamente la mitad de ellos tiene discapacidad, la mitad de ellos, esa es la cifra, 1.138 y del orden de 650 con discapacidad, esa era la situación, y eso sí que era algo que no existía en atención.

Lo anterior, porque había una dificultad para entender las cifras que se dan, porque se habla del subsidio del Sename y de repente alguien dice 'no, es que el subsidio es de $320.000, son $280.000', y cambian la cifra. Lo que ocurría es que el subsidio tiene una unidad base que son las 15, hoy día 15 unidades de subsidio al Sename, que corresponden a $237.600, pero esa unidad de subsidio se puede complementar con otros factores, tales como zona, complejidad, edad, discapacidad y cobertura.

Esos cinco otros factores permiten que algunos programas, de algunas residencias, en lugar de tener esos $237.600, tengan $320.000, $340.000, $280.000, lo que varía porque no todos tienen estas mismas características. Si tiene más niños con situación de discapacidad, entonces ese factor le ayuda a mejorar su ingreso, pero cabía entender que cuando se llega a los adultos, esa situación queda fuera de todo cálculo.

Esos son, no sabía cómo decirlo, dolía decirlo, pero eran como personas de desecho para la sociedad de las que nadie se hacía cargo, y como nadie se hacía cargo persisten en su centro sin mayor ayuda, sin mayor apoyo que el que esos centros malamente puedan dar, porque están pensados para niños, para adolescentes, no para trabajar con adultos. Además, la mitad de ellos, lo sabían, tienen grado de discapacidad y por lo tanto eran sumamente difíciles de poder mantener, acompañar.

Estimó que estaban frente a una situación que requería de medidas urgentes para palear el déficit y el problema, pero también de cambios de fondo. Deseó que ojalá no por buscar los cambios de fondo, se impidan los cambios urgentes.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que habían tenido una sesión a la altura de la problemática que estamos abordando, era una problemática compleja en nuestro país. Todos, sin duda los que estaban integrando esta Comisión, tenían una especial preocupación por resolver de manera adecuada la problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Creía también en la buena fe, en la buena fe como un pilar del derecho y también de la actividad legislativa. No le cabía duda que la Fundación Ciudad del Niño, la Fundación Misión de María, la Corporación María Ayuda, y el Hogar de Cristo, todo lo que les habían planteado acá era absolutamente la verdad. En consecuencia, no podía menos que actuar en función de lo que ellos señalaban, y lo que habían señalado de manera categórica era la urgencia y la necesidad de estos aportes para su trabajo cotidiano y diario.

No podían estar ajenos a la problemática que ellos estaban dando a conocer. Serían bastante poco sensibles a la problemática si estuviesen ajenos a lo que habían planteado. Por eso, quiso sumarme a pedir la unanimidad en la votación en general de este proyecto si es que lo tenían a bien, para que la votación en particular se iniciara en la próxima sesión.

Los invitados sentían la urgencia y la importancia de dar una señal, una señal al país de que estaban preocupados de un tema que por supuesto al ejecutivo, al legislativo, a todos les interesaba.

Si no le daban la unanimidad, una posibilidad era que el gobierno le pusiera urgencia a este proyecto y la otra, que algún parlamentario pidiera el cierre del debate cuando ya han hablado más de diez diputados, o ha estado en tabla este proyecto en más de dos oportunidades, pero eso ya tendría que ser la próxima semana.

El diputado Boric se opuso a la unanimidad.

Sesión N° 10 de 2 de mayo de 2018.

Nathalie Oyarce, por la Fundación Infancia , agradeció la invitación y en particular al diputado Alessandri, quien les ayudó en gestionar que pudiesen estar acá. Señaló que Fundación Infancia era una organización de la sociedad civil que no prestaba servicios al Estado. Eran ciudadanos, no recibían plata de privados y tampoco del Estado.

Para quienes no los conocían, eran los que han incentivado, ya no estaban solos, desde el año pasado la Ley Sophie, que no involucraba la pena de muerte ni castración química, por lo menos por su parte. Eran una fundación que pertenecía al registro de organizaciones de la sociedad civil del Instituto Nacional de Derechos Humanos, promotores de los derechos de los niños y, por consecuencia, de los derechos humanos. Por lo tanto, la pena de muerte no estaba en su vocabulario.

Hacían investigaciones, propuestas y movilizaciones de las demandas por parte de la sociedad civil y lo que buscaban como fin era poder incidir en las decisiones que el Estado tomaba respecto del niño y, por consecuencia, de la familia.

Respecto del proyecto de ley en discusión, enviaron al correo de la Comisión su presentación, eran 15 páginas. Quisieron explayarse en ese documento en un detalle de lo que estaban proponiendo, donde hicieron un diagnóstico respecto de la ley 20.032 y del modelo actual que tiene el país, y también una propuesta concreta sobre la propuesta que había anunciado el Gobierno.

Dentro de esas 10 medidas se encontraban con un problema con el modelo de protección chileno, pues consideraban que este modelo de protección estaba obsoleto, ya no funcionó, tiene un enfoque tutelar del Estado, el cual en su mayoría era entregado a manos de privados, quienes administraban con un enfoque de caridad. Tanto los privados como el Estado se enfocaban en niños con vulneración de derechos, y no desde una perspectiva de derechos. Asimismo, consideraban que no había una coordinación intersectorial, al punto que existe duplicación de servicios y no existe coordinación presupuestaria.

Respecto del trabajo con la familia, esta no existía. La Convención de los Derechos del Niño reconoce a la familia como grupo fundamental de la sociedad, así como también lo hace nuestra constitución. Pero, lamentablemente, este modelo no consideraba a la familia como un principal factor protector. Tampoco lo consideraba como un coadyuvante, alguien que pueda participar de su propia solución, sino que por el contrario, se interviene a esa familia, se interviene a ese sujeto como Estado, pero lo trataba como un sujeto pasivo y no le permitía participar de su propia solución.

Eso lo podían ver, lamentablemente, en esos días con lo que pasó con Ámbar, o Sophie, niños que lamentablemente daban cuenta de que se tienen las mejores intenciones, pero como Estado, todos en su conjunto, incluyendo la sociedad civil han fallado, y van a seguir fallando, porque tenían un problema en el modelo. Tuvieron la oportunidad de estar antes de ayer en el juzgado junto a la familia de Ámbar, junto a Ignacio, el tío biológico de Ámbar, y se encontraron con una serie de problemáticas que siempre, lamentablemente, aparecían.

Como organización eran autogestionados, y muchas veces tenían que conseguir abogados dentro de sus propios amigos, y se han encontrado con que en los tribunales de familia, entre un 20% o 25% de los niños cuenta con representación jurídica, bajo la figura del curador ad litem, que se subvenciona mediante un programa que se llama PRJ (programa de representación judicial) de Sename.

Si hoy en nuestro país una persona era acusada de un delito, tiene un abogado gratuito que le entrega el Estado mediante la Defensoría Penal Pública, pero lamentablemente, hoy los niños no tienen un curador ad litem que los protejan en un 100%. Solamente un 25% de ellos puede acceder a este.

Cuáles eran las consecuencias que tenían en este momento del modelo vigente, el 86% de las familias que estaban en residencias vivían en situación de pobreza de acuerdo a la encuesta Casen del 2015, el 55% de las mujeres que provienen del 40% más pobre de la población no trabajaba fuera del lugar, porque se dedicaba a los quehaceres del hogar, al cuidado de los hijos o adultos mayores en situación de dependencia, mientras que el 20% más rico, un 10% de las mujeres no trabajaba fuera del hogar con esas mismas condiciones.

En Chile, la población menor de 18 años corresponde a los 4 millones y fracción de niños, y si analizaban la actual institucionalidad de manera sistémica e integral, podían indicar que el modelo de protección ha dejado consecuencias, como que un 25% de las personas que vivían en situación de calle alguna vez fueron institucionalizados; aproximadamente un 50% de las personas recluidas en recintos penitenciarios, alguna vez pasó por un recinto del Sename. Actualmente, la red del Sename ofrece más de 1.200 programas entre adopción, protección de derechos y justicia juvenil, y ellos no tienen una evaluación costo-beneficio.

Y aquí cabía detenerse para hablar de la ley 20.032, del incentivo económico propuesto, este 25% que se quiere dar. No se tiene un conocimiento del impacto real en los niños, como fundación han encontrado que la única herramienta que tienen de medir hoy día, la cantidad de niños que tenemos y en las condiciones que pueden estar, es en un software que se llama Senainfo, que antes que se desatara el escándalo de las muertes este software prácticamente no se ocupaba, había personas que si no querían no lo ocupaban.

Cuando se empezaron a investigar las muertes, un niño volvía a su casa con su familia y era un egreso administrativo, si moría era un egreso administrativo, y a partir de las muertes se tuvo que empezar a trabajar en este software. Habían identificado con gente de la Unicef y también del Sename, que en este software se ingresan tres grupos de niños, los que van a residencias o programas de administración directa del Estado, otro grupo que va a los prestadores de servicios, los conocidos como OCAS, y otro grupo que los tribunales de Familia lleva a hogares, a residencias, pero como son hogares que no reciben plata de nadie, porque tienen la plata necesaria porque hay personas que los subvencionan, no aparecen en el software en el Senainfo.

Tuvo la oportunidad de estar en la reconstitución de escena de la muerte de Lissette. Obviamente no pudo ingresar, estuvo afuera con la prensa, y una de las cosas que decía el fiscal era que, y en ese momento también estuvieron con la periodista del Sename en ese entonces, y les comentaba detrás de cámaras, que cuando ellos se pusieron a auditar se encontraron con que, por ejemplo, en Senainfo tenían en un hogar 20 niños, pero cuando ellos fueron a fiscalizar al lugar, se encontraron con que realmente había cuatro niños.

El fiscal dijo que se estaba investigando malversación de fondos, entre otros delitos, dijo incluso que las muertes, que las cifras de las muertes que tenían podría variar, porque incluso en eso se encontraron falencias y que, literalmente había personas que estaban mintiendo.

Como fundación se oponían al aumento de la subvención como una solución, porque existían denuncias de pagos de favores políticos. Y no lo decían ellos, lo dijo en el año 2016 Anfur, uno de los sindicatos del Sename en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, específicamente el 4 de mayo del año 2016 para quienes quisieran buscarlos. La fiscalía anunció que estaban investigando posibles pagos, el fiscal dijo textualmente que podría existir un eventual fraude al fisco y en una arista que estaban investigando, fraude de parte de una persona relacionada, principalmente, con el ingreso al sistema de las personas fallecidas con el objeto de tener subvenciones por parte del Estado.

En los últimos días se había visto que la fiscalía también estaba llevando una investigación por el caso Ascar. La ley 20.032, si la analizaban cuando se inició tenía un muy buen espíritu, pero finalmente como quedó, si se ponían a revisarla usaba términos como OCAS, licitación, convenios, subvención, y lo peor, menores. Si comparaban la ley 20.032 con la Convención de los Derechos del Niño, y con una perspectiva de derechos humanos, se darían cuenta que era completamente contraria a eso.

Como sociedad civil estimaban que era súper urgente y necesario, y aprovechando que estaba el Ministro, era urgente y necesario hacer una diferencia en nuestra legislación entre sociedad civil, entre los ciudadanos que no recibían plata del Estado, que no eran prestadores de servicio, de quienes prestaban servicios, sin perjuicio de que lo hagan bien. Con esto no querían decir que lo hagan bien, mal o más o menos, la opinión pública se haría cargo de eso, pero si les gustaría que se haga una diferencia, porque hoy día ellos como ciudadanos tenían que autofinanciarse para hacer lo que estaban haciendo, que era fiscalizar y ser una ayuda para el Estado, y hoy día no tenían ese tipo de incentivo para poder trabajar, tenían que hacerlo con la plata de su propio bolsillo.

Muchas veces el Estado, los tocó verlo el año pasado en mayo cuando Corporación Emprender con Alas fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hablar sobre las graves vulneraciones que se estaban dando en las residencias de Chile, el Estado respondía que sí, que sí había conversado con la sociedad civil, pero efectivamente había sido con los prestadores de servicios y no con ellos, los ciudadanos.

Era súper importante hacer esa diferencia, que también en la ley que regulaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos se debía legislar haciendo esa diferencia, pero no ahondaría en el asunto.

Las experiencias internacionales señalan que los mejores modelos correspondían a Inglaterra, Alemania y Holanda, y esos países prácticamente no tienen residencias, se hacían trabajos alternativos como las familias guardadoras con un buen control. Existen en el mundo tres modelos de reconversiones del tipo de modelo de protección, estaba el sistemático, el reformista y el programático, y como país hoy se encontraban en el programático, todo es programa.

Este último era el de experiencia que nuestro país opta por un tema económico. Era caro hacer reconversiones, era caro hacer reformas, pero como fundación creían que la plata la tenían, solamente que la estaban malgastando. El país tenía plata, de hecho creían que no era necesario invertir más, creían que estaba la plata suficiente, solamente tenían que revisar qué estaban haciendo con esa plata.

Considerando también que el país estaba en un receso económico, dentro de la auditoría que anunció el Presidente de la República, creían que era súper importante y necesario fiscalizar las platas, qué estaban haciendo como país, como Estado, con las platas, hacia donde se estaban yendo.

Y como no solamente reclamaban, sino que también querían ser parte de la solución, dejaron un informe completo, de ocho páginas, que hicieron en conjunto con la Fundación San Carlos de Maipo. Era un informe que hablaba de los modelos de pagos contra los resultados en el mundo, ahí aparecían cuáles eran los beneficios y los riesgos del pago contra resultados.

Básicamente lo que querían, como dijo el diputado Saffirio muchas veces durante el día, es que había un incentivo perverso que incentivaba que se institucionalice al niño en una residencia, pero había un nulo trabajo con las familias. La Constitución Política demanda propender el fortalecimiento de la familia, a que la familia sea el núcleo de la sociedad, y como fundación si bien eran promotores de los derechos de los niños, el niño no estaba solo, el niño necesitaba alguien que lo protegiera, y qué mejor que su familia. En el caso de que la familia no lo fuera, el niño tiene una familia extendida y por último, el último ratio como lo dicen los tratados, la adopción.

En el pago contra resultados una institución mandante, que usualmente es el Estado, el gobierno, paga contra el logro de algún resultado específico acordado en un contrato de trabajo previo a la implementación de un programa o proyecto, y gracias a ello, este mandante se aseguraba de gastar recursos exclusivamente si se logra el fiel cumplimiento de los objetivos pactados.

Era súper importante trabajarlo eso sí, si es que se hacía, y cuando se hiciera, trabajarlo con mucha delicadeza, porque hoy, por ejemplo tenían el pago contra resultados en la educación, en donde para que los niños vayan al colegio, pero lamentablemente se terminó muchas veces en que había personas que ponían a los niños como asistentes cuando en verdad no asistían, eso creó el falseamiento de los registros de asistencia y, en segundo lugar, una falta de foco en la calidad de la educación.

Después, para intentar solucionar ese problema el ministerio de Educación comenzó a premiar por resultado Simce, generando un incentivo en los colegios a mejorar los resultados, pero a su vez, como consecuencia indeseada, los colegios seleccionaron a los mejores alumnos posibles y, peor aún, expulsaron a aquellos que podían bajar el resultado de la prueba Simce.

Por lo tanto, creían que el pago de resultados era una buena instancia para conversarlo, para ponerlo en la mesa, para debatirlo, para que hoy día como país realmente protegieran a los niños, pero protegiendo primero la infancia, protegiéndola con viviendas, protegiéndola con salud, con educación, con perspectiva de derechos humanos y ya no con caridad, porque lamentablemente eso era lo que habían visto el último tiempo, y no resultó.

Jorge Lavanderos, por Aldeas S.O.S., junto con agradecer la invitación, señaló que a propósito del análisis del proyecto de ley del ejecutivo, sus fundamentos sometido a conocimiento, a la discusión de esta Comisión, tienen por objeto “modernizar la institucionalidad de protección para los niños, niñas y adolescentes, y en la superación del déficit histórico de recursos en la línea residencias consagrada en la ley 20.032, que es implementada por los organismos colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, Sename”.

El contexto vigente de la norma decía relación con que conforme al artículo 3º de la ley 20.032, el Sename podrá subvencionar conforme a las disposiciones de la ley las actividades desarrolladas por los colaboradores acreditados relativas a diversas líneas de acción, nombrando en el número 2 a los centros residenciales. Así, el artículo 25 esa ley ha dispuesto como regla general la transferencia de los recursos, subvención, a los organismos colaboradores que hayan adjudicado el proyecto de la línea de residencia que corresponda, donde cada concurso se rige por bases técnicas y administrativas que el Sename elabora.

En concordancia con lo expuesto, el artículo 27 de la misma ley dispone que los convenios que sean consecuencias de los proyectos concursables de residencia, tendrán una duración máxima de cinco años, sin perjuicio de la facultad de prorrogar, por acto administrativo fundado, por dos oportunidades a los centros residenciales. Así, en el mejor de los eventos, por cierto, el convenio llegaría a durar 15 años.

En relación a la modificación de la ley 20.032, ya que había dos cuerpos legales que estaban discutiendo, el primer punto era que la modificación consagrada del proyecto de ley en debate proponía aumentar al doble la unidad de subvención del Sename, que actualmente era percibida por los centros residenciales, lo que en la práctica significaba que si un centro residencial percibía por concepto de subvención un máximo de 15 unidades de subvención Sename (en adelante, ‘USS’), con la modificación propuesta por esta iniciativa podría percibir un máximo de 30 USS. Así las cosas, el tope de la línea de subvención se aumentaría considerablemente, siendo las modificaciones reglamentarias el vehículo para aumentar progresivamente ésta. A su turno, y en una primera etapa, por vía reglamentaria se incrementaría en un 25% la subvención en la parte variable para esa línea programática.

Con todo, el mensaje contenía un error jurídico, al señalar que “se aumentará la subvención base”, en circunstancias que la modificación era en realidad del componente variable de la fórmula legal del pago de la subvención. De lo anterior y para explicar de mejor manera la fórmula de pago de la subvención respecto de la línea de residencia, se ha dispuesto por la ley 20.032, en el artículo 30, un sistema combinado por plaza convenida a todo evento. Ese era un elemento o valor fijo mensual que no podrá ser superior o exceder del 30% del valor unitario, o las plazas convenidas más un valor unitario por niño, niña o adolescente atendido en la parte variable de los mismos. Ese sería el segundo elemento de la fórmula de pago.

En consecuencia, el pago de la subvención para el caso de los centros residenciales era una combinación del monto fijo más el variable por cada niño efectivamente atendido, lo que los lleva como a la fórmula niño, niña, adolescente por día atendido, más el 30% de las plazas convenidas a todo evento, que se le denomina valor fijo.

Un segundo elemento del análisis decía relación con el principio de acción. El proyecto contemplaba un principio para Sename y sus organismos colaboradores, y en tal sentido los recursos fiscales que conformaban la solución deberían ser administrados de forma transparente, eficiente, eficaz e idónea, evitando su uso indebido, el desvío de los mismos y la existencia de saldos o excedentes o recursos sin utilizar. Este principio se incorporará a los criterios de evaluación de los convenios.

Lo anterior se configuraba como un elemento destacable del proyecto de ley, que se materializará mediante la supervisión del gasto incorporando una suerte de principio formativo del actuar de los organismos colaboradores que perciben subvención estatal, lo cual consideraban un valor agregado importante, que a su vez relevaba y fortalecía el actuar del Sename en términos de supervisión financiera.

Era preciso señalar que el texto proponía sancionar los denominados ‘excedentes de recursos sin utilizar’. Sin embargo, habría que tener en consideración que se ha institucionalizado, a través de la validación de oficios por medio de oficios circulares, el aprovisionamiento de saldos para el pago de futuras indemnizaciones de los trabajadores, lo cual les parecía importante tener en consideración.

Sin perjuicio de ello, la necesidad de modificar esta norma iba más allá de la incorporación de los principios de transparencia, eficacia, eficiencia del gasto, los cuales subyacían y eran transversales en la legislación, debiéndose incorporar herramientas concretas para dotar a la supervisión de una gama, por ejemplo, de sanciones ante el incumplimiento de un convenio. En la actualidad, la sanción que existiría por el incumplimiento del convenio estaba contemplada en el artículo 37 de las 20.032, que guardaba relación con el término del convenio, no existiendo una etapa intermedia que permitiera, al Estado tener una reacción que no fuera el término del convenio como una sanción única.

Como tercer y último punto, el proyecto incorporaba una nueva facultad para el servicio el cual, ante incumplimiento, podría emitir instrucciones que deberán ser cumplidas en el plazo que Sename determine. Al respecto, cabía señalar que existían ya pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República, que hacía mucho tiempo reconocían esa facultad del Sename. Por cierto, la incorporación de esa prerrogativa de manera taxativa haría plausible que no fuera necesaria la interpretación de normas dispersas en la ley 20.032, como también en la ley orgánica del Servicio Nacional de Menores, lo cual encontraban que era bastante positivo, porque no podían llevar al plano de la interpretación con normas dispersas, lo cual fragiliza, por cierto, la estabilidad del sistema.

Esta incorporación permitiría legitimar la dictación de actos administrativos, oficios circulares que sean vinculantes para los colaboradores ejecutores de proyectos. Sin perjuicio de lo indicado, añadiría a esta prerrogativa que la facultad tuviera como limitante los derechos ya adquiridos, convenios aprobados por acto administrativo. Con ello se refería a los organismos colaboradores, impidiendo con ello que a través de un oficio circular se transgredieran principios inspiradores del derecho público como el de legalidad, concursabilidad y especialmente, el de la estricta sujeción a las bases del concurso.

En particular, las normas que se modificaban, tales como que se agrega el numeral 4 al artículo 2, en el sentido que la transparencia, eficiencia y eficacia, idónea administración de los recursos que conforman la subvención, en su destinación a la atención de los niños, niñas y adolescentes, para ello el Sename podrá supervigilar la ejecución de diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados en los ámbitos técnico y financiero, así como en otros que resultan relevantes para su adecuado desempeño. La modificación antes indicada pretende relevar la importancia de las dos acciones de supervisión ejecutadas por el servicio, es decir, la supervisión técnica y la supervisión financiera.

Sin perjuicio de ello, era necesario mencionar que tal facultad ya se encontraba presente en la ley 20.032 y también en el decreto ley 2465 del año 1979, por lo que no constituía una innovación en sí misma, sino más bien el reforzamiento de una prerrogativa absolutamente requerida.

Se sustituía en el numeral 3 del artículo 30 la frase 8,5 a 15 USS, por el texto ‘15 a 30 USS’ mensuales, que por cierto era el corazón de la reforma que se pretendía. La presente modificación era, por cierto, la más relevante del proyecto de ley y venía a mejorar el ingreso por conceptos de subvención por niño atendido en la parte variable del mismo. Sin perjuicio de ello, existía consenso que a futuro la ley 20.032 debiera ser derogada por otra norma mucho más eficiente y eficaz, que sea comprensiva de la acción de los colaboradores conforme a los cambios sociales y culturales de nuestro país.

El aumento de las subvenciones en la línea de residencias venía a palear en parte la gran brecha de financiamiento existente y la falta de interés por parte de los colaboradores, y de las corporaciones y fundaciones, de participar en procesos licitatorios del servicio, lo que a la postre había significado, y por años, sucesivas declaratorias de procesos desiertos, como también ausencia absoluta de interés por asumir por la vía de asignación directa, contenida en el artículo 25 de la ley en análisis.

La actual forma de financiamiento de la línea residencial, mediante la transferencia de una subvención insuficiente, había precarizado más la situación de los niños bajo tutela estatal, aportando en la crisis, ya por todos conocida, y pavimentando el camino para nuevas y graves vulneraciones de derechos.

En lo relativo a las Aldeas Infantiles S.O.S. Chile, presente en más de 132 países del mundo, el aporte organizacional promedio por residencia superaba el 75% del total del presupuesto anual entregado como auxilio económico por parte del Sename. Dado ello, se requería un abordaje integral que hiciera posible una nueva norma que regulara la relación del Estado con quienes ejecutaban, en más del 95%, la oferta nacional en materia de infancia y adolescencia.

De lo anterior, y a modo ejemplar, el modificar la parte variable de la solución desalentaba al interés de las organizaciones que ejecutaban la línea de residencias en desinstitucionalizar, ya que cada ingreso exitoso de un niño significaría un menor ingreso en la parte variable del pago mensual, en cuyo caso, habría sido más adecuado modificar el componente base del pago de manera de permitir la estabilidad de los recursos financieros de la residencia, y afianzar una intervención acorde a los estándares internacionales que garantizaran el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los niños en Chile.

Así las cosas, para lograr modificar la parte fija de la subvención, incrementándola, se requeriría en avanzar hacia el modelamiento de estándares de calidad mínimos, valorizándolos. Por lo tanto, la iniciativa en sí misma no tenía un error, sino que se iba pavimentando hacia ese modelamiento y especialmente, en la calidad.

Por último, era importante mencionar que este aumento no determinaría en absoluto la solución de la ejecución de las líneas de residencia, por lo que era necesario resituar las expectativas que se pudieran tener, pues solo en el marco de un sistema de protección integral de los derechos del niño que contara con una legislación adecuada, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, con articulación interinstitucional eficiente y oportuna, con políticas públicas intersectoriales en infancia, que llegara a los territorios donde los niños ejercían sus derechos, y la infancia se considerara en todos los presupuestos de la nación, sólo ahí la realización, prevención, promoción y protección de los derechos sería posible.

Se proponía la modificación del artículo 36 agregándose un nuevo numeral, el número cinco, en el sentido de que “la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la solución, de conformidad a los fines para los cuales aquellas se han otorgado, según la línea de acción subvencionable que corresponda”. Se sustituía un inciso segundo del artículo en comento por el siguiente texto “el reglamento establecerá los criterios objetivos para la evaluación, la forma en que se efectuarán estas evaluaciones, tales como auditorías, rendiciones de cuentas, emisiones de informes sobre el uso de las subvenciones, entre otras, así como los mecanismos por medio de los cuales los colaboradores acreditados podrán conocer la metodología utilizada para estos efectos”.

Del análisis de las modificaciones propuestas, se realzaban aspectos necesarios para un mejor desempeño en las áreas de supervisión y auditoría interna. Respecto del inciso 2º propuesto, el proyecto pretendía una delegación a la potestad reglamentaria para efectos de regular los denominados criterios objetivos para evaluación, que se materializarían, entre otros, en rendiciones de cuentas, auditorias, informes, entre otros, de los puestos.

Se podía señalar, una vez más, que se trataba de reforzar facultades que sí tiene Sename. En particular, y tratándose de las auditorías, estas eran susceptibles gracias a las disposiciones del decreto ley 2.465 del año 1979, que otorgaba al departamento de auditoría del Sename y a la Contraloría General de la República tal potestad. A modo meramente ejemplar, el artículo 10 del decreto ley 2.465 refiere que al departamento de auditoría le corresponderá examinar las cuentas que respecto de los fondos entregados por el servicio, rindan las instituciones reconocidas como colaboradoras, sin perjuicio de las facultades de la Controlaría General de la República.

De lo anterior, de lo que se hacía necesario relevar era lo relativo a que el reglamento establecerá los criterios objetivos para la evaluación, la fórmula, la forma en que se efectuarán estas evaluaciones, pues ello significará un aporte a la transparencia e idoneidad de la evaluación y la ejecución de los proyectos, lo que hoy quedaba depositado, principalmente, a la regulación a través de oficios circulares. Es decir, las definiciones que la autoridad de turno determinara, lo que le restaba imparcialidad, legitimidad, a la acción de la evaluación. Ese elemento debiera ser muy bien abordado desde las modificaciones reglamentarias que se requieran, lo que importaría fortalecer ámbitos de mejora continua en la construcción de la relación transparente que debía existir con los colaboradores.

Otra modificación significativa estaría contenida en la incorporación de un nuevo artículo 36bis, el cual dispondría que tratándose de lo dispuesto en el artículo 36 bis, también podría poner término anticipado al convenio cuando las instrucciones y partidas no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el servicio. Al igual que en comentarios anteriores, esta disposición no sería innovadora en cuanto a otorgar nuevas herramientas de fiscalización y sanción, ya que éstas se encontraban también contenidas en el actual artículo 37 de la ley en mención. Asimismo se encontraban en algún lado los convenios, y ante su incumplimiento podría generarse una causal de término anticipado del mencionado convenio.

Se destacaba el interés por fortalecer la prerrogativa existente, como un primer paso hacia la modificación integral del sistema de subvención en nuestro país. Eso era en lo relativo a la ley 20.032.

Ahora, respecto del decreto ley 2.465 del año 1979, había dos aspectos muy relevantes. Primero, la legitimación del Servicio para supervisar la labor técnica de los organismos coadyudantes. Es decir, lo que hasta la fecha estaba solo contenido en algunos dictámenes de la Contraloría, de aprobarse el proyecto de ley, tendría sustento normativo, lo cual era muy valioso.

Segundo, por otra parte y en el mismo sentido, se otorgaba la facultad y obligación del Servicio de mantener un registro de las personas naturales y jurídicas que ostentaban el carácter de coadyudante. Asimismo, el proyecto de ley introducía una importante y destacada innovación, que guardaba relación con la incorporación de facultad de supervisar, técnica y financieramente, a las entidades coadyudantes de requerir antecedentes, documentos, informes u otros, lo cual se valoraba.

A modo de conclusión, el aumento sostenido de la subvención permitiría avanzar en calidad y estándares mínimos de atención. Ejemplo de ello eran los metros cuadrados construidos para dar atención digna y adecuada conforme a estándares internacionales, o topa propia y no de una guardería o ropería común, entre otros muchos ejemplos, que garantizaban el cumplimiento de las directrices internacionales al respecto, y como también de la Convención, o mejora en la capacitación y formación de profesionales y técnicos de atención directa.

A modo de ejemplo, la Aldea S.O.S. pagaba $776.000 brutos a duplas profesionales a cargo de la reparación de niños, niñas y adolescentes, lo cual era una remuneración muy baja. La responsabilidad y reputación organizacional, y por qué no decirlo, la mejora en la calidad de atención en la línea residencia no podía depender de la caridad o de la búsqueda de recursos por parte de las corporaciones y fundaciones que se dedican a la infancia. El costo de cada niño, niña, adolescente al mes en Aldeas S.O.S. Chile era de un promedio de $850.000, lo que estaba por sobre la inversión social promedio nacional.

Alicia Amunátegui, presidenta del Consejo Directivo de la Protectora de la Infancia, agradeció la convocatoria. La Protectora nació en 1894, tenía 124 años ininterrumpidos de trabajo con los niños tanto en educación inicial en colegios sociales, en colegios regulares y en sociales, y en el año dado el movimiento de ingresos eran atendidos alrededor de 10.000 niños. Tenían 1.330 personas atendiendo todos los programas de la protectora. En la educación inicial tenían salas cunas, jardines infantiles y los colaboradores eran 234. Los niños atendidos en jardín infantil y sala cuna eran 1.294, había 5 jardines infantiles y salas cuna en la Región Metropolitana, 8 jardines infantiles salas cuna de la Región del Bío-Bío, y un jardín infantil y sala cuna en la Región del Maule.

Después la fundación educacional para los colegios, porque tiene giro único sin fines de lucro, atiende a 4.081 niños y sus colaboradores diarios eran 406 en cinco establecimientos, dos colegios básicos y dos técnicos profesionales y uno en la región de Coquimbo.

En los programas sociales los niños atendidos eran 3.190, y los colaboradores diarios eran 545 en diferentes programas. Atendían prevención y protección, pero en realidad el niño que tiene conflicto con la justicia nunca lo han podido atender.

Había 22 programas de prevención focalizada (PPF) llamados ‘viviendo en familia’, había 15 en la Región Metropolitana, 7 en la Región del Bío-Bío y atendían 2.653 niños, de los cuales 637 eran por el artículo 80bis y existía, era terrorífico esto, una lista de espera de 1.126 niños desde 0 a los 18 años. Qué estaba pasando con esos niños en la lista de espera, era bien difícil el tema.

Después tenían ocho residencias, tres de lactantes de cero a seis años y cinco de niños y jóvenes de 6 a 18 ubicados en la Región Metropolitana en Puente Alto; en la Región de Valparaíso en Llolleo, en la Región del Bío-Bío en Hualpén, Talcahuano, Chillán y en la Región de Los Lagos, en Ancud.

De sus residencias para niños y jóvenes tres son REM y PER. REM quería decir una residencia para niños mayores, y PER, un programa especializado en reparación vincular y habilitación familiar. En las residencias tenían 320 niños.

Tenían programas PRI, programas de preparación y reparación del abandono e integración de familias alternativas, esos son 46 niños. El PRM era un programa de maltrato grave en la ciudad de Puente Alto, y existía una lista de espera de 55 niños, niños de 0 a 18 años.

Cabía comprender que la lista de espera con un maltrato grave era realmente terrible.

En adopción tenían un programa para 20 niños. Familias de acogida tenían en la Región de la Araucanía para 50 niños y un hogar rural para las niñitas de las Islas de Chiloé, en Ancud, para que pudieran ir a estudiar a la ciudad.

Las características sociológicas de las familias de los niños atendidos en residencias, hablando del año 2017, casi la totalidad de las familias se encontraban bajo la línea de la pobreza transgeneracional. 95% de los niños de las residencias eran hijos de madres adolescentes, 12,1% era a nivel nacional, para un 70% de los niños la violencia intrafamiliar era un estado normal previo al ingreso a la residencia.

Los empleos para ellos eran precarios y la fuente principal de ingresos. En algunas familias el microtráfico de droga y el robo se había naturalizado como forma de ingreso económico. Muchas de las familias, a pesar de la adversidad vivida, eran comprensivas de su propia historia, ‘no puedo juzgar a mi mamá porque ella igual sufrió’ dice el niño.

De igual modo se conectan con una fe profunda, ‘yo doy gracias a Dios’ dice la mamá, ‘que mi hijo mayor no ande con la pila de volados que se ven aquí, yo le enseñé a él que siempre tenía que guiarse por las cosas buenas de la vida y no por las cosas malas’. Cómo afectaban estas características a los niños y sus vidas en las residencias.

La pobreza, naturalmente, era considerada como concepto multidimensional, que afectaba al niño y a la niña. Implicaba, al menos, una insuficiencia grave para ese infante y comprometía de forma muy seria su desarrollo. Además, mermaba sus potencialidades y en definitiva, tendía a reproducir y a perpetuar esa pobreza en las siguientes generaciones. El haber vivido mucho tiempo en espacios estresantes, violentos, peligrosos, antiestéticos, dañaban y o traumaban la salud mental de cualquier ser humano. Esto para algunos niños y niñas significaba, además, síntomas asociados a traumas y patologías emocionales que tenderán a reproducir este malestar hacia quienes interactúan con él o ella.

Los seres humanos tienen una fuerte motivación a sentirse incluidos y establecer un sentido de pertenencia. Un niño a que llegaba a una residencia carecía de esa base y no tenía la madurez que le permitiera comprender los traumas previos, así como tampoco el camino radical que implicaba verse alejado de su familia de origen.

En ese contexto, la convivencia de la vida cotidiana en una residencia podía tener momentos de alta complejidad. En una residencia interactuaban varios hermanos, “con una nueva familia”, equipo profesional y educadora en los cuales buscarán figuras de apego y un espacio de pertenencia, lidiando cada uno con sus particularidades, sus miedos, sus expectativas y necesidades propias. De ahí la importancia de contar con el equipo y los profesionales especializados para conocerlos, para aproximarse, para involucrarse a través de interacciones emocionalmente cálidas y equilibradas con cada uno de ellos y ellas y, así, crear condiciones que les permitieran la construcción de su futuro y la transmisión de un sentido esperanzador para sus vidas, lo propio de una residencia.

Una de ellas era Nuestra Señora del Camino, que la tenían en la comuna de Puente Alto. Invitó a todos los que quisieran a asistir. La idea era mejorar el orden administrativo y el de la vida cotidiana de la residencia. El equipo técnico debía otorgar mucho tiempo a organismos judiciales y estatales que pedían cuenta de las intervenciones con cada niño o familia. En ese sentido, la labor administrativa bien estructurada y ordenada, además de permitir un trabajo más efectivo, propiciaba una mejor convivencia cotidiana, produciendo a su vez que la salud mental de los niños se encontrara más equilibrada.

Asimismo, el orden se debía reflejar en el proceso educativo de los niños. A modo de ejemplo, la residencia Nuestra Señora del Camino, en Puente Alto, la totalidad de los niños se encontraban escolarizados, el 65% asistía a sus propios establecimientos y otros 35, a colegios externos más especializados. Las estrategias relacionadas con la crianza, en especial normas y límites. Era muy importante que los niños comprendieran que los actos tienen consecuencias y que la expresión verbal debía ser cuidada, comenzando así progresivamente a asumir responsabilidades. Eso, en un contexto explicativo, comprensivo, cariñoso, afectivo, en el cual las normas y las reglas se mantenían con firmeza y se transmitían con amor y con mucha paciencia.

Sobre acompañamiento espiritual, los niños que han sido vulnerados muchas veces no cuentan con ambientes familiares que les hayan dado el cariño que necesitan en su desarrollo. De esta forma, un acompañamiento espiritual era un soporte para ello y, además, así aprenden y asimilan valores que necesitarán para tener una vida social más sana y promisoria.

Sobre regulación emocional, este término que hace relación al manejo del trauma lo abordaban desde un modelo clínico especializado, que habían incorporado a la institución desde el año 2015 a través de talleres orientados a los niños y a las educadoras. En ellos se adquieren estrategias de regulación para enfrentar las desregulaciones individuales y las situaciones de interacción problemática de la vida cotidiana. Los talleres utilizaban técnicas de Mansfield Fullness, entendidos con la capacidad de estar, y vivenciar, focalizadamente el presente.

En lo propio de la residencia tenían la sexualidad. El manejo de las temáticas de sexualidad podía generar temores y resistencia, sobre todo en un contexto en el cual esta esfera de los niños ha sido muy traumatizada. Por lo tanto, este tema lo habían planificado y abordado a través de talleres de cuidado especializado, donde se consideró la visión y principios institucionales.

Sobre habilidades blandas y capacidades de apego, estas estaban asociadas a la inteligencia emocional. Por otra parte, la teoría del apego se asociaba al nivel de seguridad, de estabilidad emocional de un niño determinado, en esta gran medida, por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto. Tomando en cuenta esos conceptos, de las personas que trabajaban con niños vulnerados, evaluaron las habilidades blandas y capacidad de apego de las educadoras y del equipo técnico de la residencia, para así guiarlos en su rol de mejor manera. También buscaban definir una matriz que permitiera guiar la selección del personal bajo estos aspectos.

Tenían juegos de ingenio y de habilidades sociales y cognitivas. Esto permitía reforzar tanto las habilidades cognitivas como las sociales, las actividades socioculturales, recreativas y deportivas. Considerando la etapa de desarrollo de los niños y la importancia de esas actividades en dicho proceso, debía incrementarse su frecuencia y calidad, principalmente a través de las gestiones y actividades realizadas por un monitor, gestor deportivo sociocultural de la residencia.

Destacó que en el año 2014, con el apoyo externo y luego con recursos propios, creamos la orquesta de cuerda Semillas Armoniosas, que permite a 12 niños de la residencia a que aprendan y realicen conciertos junto a sus profesores. Eso fue un trabajo, pero fue realmente maravilloso tenerlos sentados un rato tratando de tocar un instrumento.

Después tenían los terceros significativos. Legalmente no existe la figura de tercero significativo, pero no obstante, se utilizaba como concepto coloquial o denominado ‘apadrinamiento’, que es el que alude a personas que tienen contacto, relación afectiva y o de apoyo socioeconómico con un niño. En ese punto realizaron un ordenamiento y definición de reglas, símiles a las que se ocupan en adopción, para que las personas que espontáneamente buscaban cumplir ese rol fueran evaluadas y cumplieran con los requisitos bases para poder hacerse cargo de un niño a través de esta figura, siempre informando a las entidades legales correspondientes.

Requerían, eso sí, con todo lo que refirió, el acompañamiento al egreso. Necesitaban un soporte para los jóvenes que terminaban su ciclo en la residencia, tanto en educación, empleo, salud, como en sus condiciones habitacionales, para asegurar así que ellos retomaran su camino propio, en condiciones que les permitieran forjar su vida independiente, o sus nuevas familias con dignidad. Ellos se iban, se cambiaban de comunas, y era muy difícil para la institución seguirlos y después de haberlos tenido 3, 4 años, 5 años, y ‘como se dice, bueno se acabó, hasta aquí nomás llegamos’, y no se supo más del niño. La abuela por ahí le presta papelillos que venda, en fin, entonces se van organizando y mal, por lo que necesitaban un acompañamiento, y para eso no había recursos.

Requerían también cambiar la categorización etaria para las residencias. Actualmente, las residencias de protección se dividían solo en dos grupos de edades; residencia de 0 a 6, lactantes y preescolares, y residencia de niños de 6 a 18. Era muy duro para el niño de 6, de 7, de 8, 9, 10, enfrentarse con uno de 18, era muy duro.

Dada su experiencia para ese último grupo, necesitaban una nueva división, un tramo de 6 a 11, de 12 a 18, ya que los perfiles y etapas de desarrollo comprendidas eran distintas. Preadolescentes y adolescentes, sobre todo viniendo con un trauma muy grande como el que traían. Necesitaban, además, una hoja de vida de los niños al ser derivados a una residencia. Cuando un niño ingresaba a la residencia, el programa debería contar con la hoja de vida clínica y social completa del niño, a fin de saber qué medicamento necesitaba, qué tratamientos había recibido previamente, etc.

En la actualidad, el sistema de registro existente no entregaba esa información en todos los casos, colocando en riesgo la toma de decisión sobre ese niño o niña, que llegaba rompiendo vidrios, tirándose el pelo, pegando patadas, haciéndose pipi en la cama, y frente a eso, la Institución se preguntaba “que le doy, como lo sujeto”, y entonces a lo mejor le daban un remedio que a lo mejor le hacía mal, no tenían idea, y entonces había que mandarlo al hospital y en el hospital preguntan “el niño de Sename, sí, aquí en el pasillo puede tener una cama, pero usted me tiene que mandar una cuidadora mañana, tarde y noche a sentarse los cuatro días que yo lo voy a tener”, y entonces no me solucionaba nada, porque tampoco informan de la vida que fue de la vida del niño y como seguía para adelante. Y frente a todo ello, tenía que mandarlo a una clínica privada que valía un millón de pesos diarios, para realmente saber qué le pasaba al niño, cómo era su vida para adelante.

Sobre las medidas adoptadas por la protectora. Habían incrementado el acompañamiento especializado con una psicopedagoga por cada 12 niños, un monitor gestor deportivo sociocultural, una educadora no especializada cada 3,5 niños, y una jefatura técnica, lo que permitía que el director pudiera realmente acompañar a los niños liderando de manera más cerca los procesos de su vida cotidiana, y que no se llenara con tanto papeleo.

Sobre intervenciones y procesos de aprendizaje con enfoque terapéutico sensible al trauma, modelo clínico institucional a través de la incorporación, a nivel central, de dos psicólogas especializadas para capacitar y supervisar los equipos. Respecto de la necesidad de atención de salud mental, en los casos más graves y urgentes de los niños se veían en la obligación de gestionar y financiar en el sector privado esa atención especializada, dado que el sistema de público no les entregaba esa cobertura necesaria, y la calidad para ello requerida.

Para mejorar la frecuencia del trabajo de intervención familiar contaban, además, con un chófer y un vehículo, porque tenía que ir el personal a todas las casas de las familias de origen o de las familias extensas, o de la familia que se va a hacer cargo. Entonces, durante la licitación tenían que hacer todo ese trámite, que demoraba un año, dos años, hasta tres años. Realizaban mensualmente supervisión, análisis de casos y capacitación continua al equipo de la residencia, a través de este modelo clínico institucional.

En la residencia, con el apoyo permanente del equipo de espiritualidad y sus agentes pastorales, generaban actividades como parte de su vivencia cotidiana. Eran reflexiones espirituales, lecturas bíblicas, preparación para recibir los sacramentos, dada la misión y la visión que tiene la Protectora de la Infancia, y con la ayuda de practicantes, o sea, de carreras profesionales o técnicas que van a desarrollar su labor, llegan a la residencia e implementaron un taller recreativo con un amplio set de juegos de ingenio, para potenciar sus habilidades sociales y cognitivas.

Las cifras de egreso de los niños de residencia en Nuestra Señora del Camino del año 2017, eran 44 niños los que teníamos, egreso con padre y con madre fue el 4,6%, egresos con familias extensas, la abuela, la tía, el hermano mayor, y egresos con terceros significativos, 4,6 egresos. A otras residencias, porque no pudieron con ellos, 2,3. Niños que se quedaron en la residencia, a lo menos un año más, porque era imposible de mandarlos a ninguna parte, 45,3%, y la proyección de egresos, porque para ello seguían trabajando, un 38% que pueda ir con las familias.

Sobre los costos y la subvención de la residencia Nuestra Señora del Camino. Una residencia mixta que tienen ubicada en Puente Alto, con colaboradores diarios, 40, de los cuales 10 eran jornadas parciales.

Las plazas de niños eran 38, como es mixto se contaba con tres casas, una para niñas, otro para niños, y la tercera para la atención profesional, para que no estuviera el profesional ahí, sino que vivieran en una casa que realmente los acogiera, con un costo mensual por niño de $891.710, siendo la subvención mensual por niño $401.309, habiendo un déficit de $490.401.

Era evidente la urgencia de un aumento de la subvención en los programas residenciales, para poder continuar desplegando las estrategias. Aquí estaban todos los resultados anuales de los costos, en qué se gastaba, para que la Comisión pudiera verlo, estaban a su disposición, y además, los programas de prevención “Viviendo en familia”, que venían a ser reparación también, porque en la prevención ya llegaban un poquito tarde con los PPF.

Entonces, de 0 a 18 años, concentrándose principalmente en la edad escolar de 5 a 12 años, la totalidad de los niños ingresados a los programas se encontraban escolarizados. Si al momento del reingreso esa condición no se cumplía, pasaban a constituir un objetivo alcanzable y en el más breve plazo los matriculaban y pedían a los padres que los matricularan en el colegio.

Aquí estaban actuando los papás, o un papá, o una mamá, o una abuela. Han sido víctimas de vulneraciones asociadas a mediana complejidad, entre ellas la más relevante, tenía 22 programas de esto en varias regiones del país, eran negligencia en un 46%, víctima o testigo de violencia intrafamiliar 24%, maltrato físico 8%, maltrato psicológico 7%, inhabilidad de uno o ambos padres 4,5%, interacción conflictiva en el medio familiar 2%, interacción conflictiva en el medio escolar 0,6%, y otros relacionados con vida diaria o escolar 7,9%. Los niños en general presentaban retraso en el desarrollo de sus habilidades, y además, problemas conductuales de diversa índole. Esos eran niños que venían por el día.

Si es que querían venir a que se trataran con ellos, el estar insertos, generalmente, en ambientes poco seguros y faltos de protección, presentaban en su mayoría escasos mecanismos de resolución de conflictos, dificultades en la interacción con un grupo de pares o figuras adultas, baja autoestima, desmotivación hacia el proceso escolar, bajo rendimiento académico, o conductas disruptivas. Esas, entre otras expresiones, del malestar emocional que iban impidiendo ese adecuado desarrollo emocional, social y escolar.

Todos estos niños, una vez que licitamos el programa, Sename licitaba un programa por 80 niños y resultaba que entonces el tribunal se hacía cargo y los comenzaba a enviar a este programa que estaba licitado en diferentes comunas. Iban llegando y resultaba que llegan los 80 por los cuales licitaron, y bajo el artículo 80 bis llegaban 40, casi bajo apercibimiento de arresto, y tenían que recibirlos. Ellos licitaron por 80 pero así era la cosa, venían 40. La casa de que disponían a lo mejor les quedó chica, el personal tampoco les alcanzó, pero había que recibirlos. Además, a modo de adelanto, se señala que hay una lista de espera y la lista de espera son de 80 niños, y esa lista de espera también tenían que tratarlas, y para eso no había ni una sola subvención, era muy difícil el tema.

Al estar insertos generalmente en ambientes poco seguros y faltos de protección, presentaban la mayoría escasos mecanismo de resolución de conflictos, dificultades en su integración de padres o figuras adultas, o baja autoestima. Como factor común, las familias atendidas se caracterizaban principalmente por el abandono de las funciones parentales, cuidado, protección, control y crianza de los hijos asociados a los malos tratos infantiles que dificultaban o impedían el desarrollo y crecimiento, constituyéndose este tipo de parentalidad en un factor de riesgo terrible para el niño.

Estos padres se caracterizaban por carecer o no ejecutar las destrezas y habilidades prácticas propias del ejercicio parental, tales como apegarse a los hijos, ser sensibles, empáticos, tener adecuados modos de crianza, ser flexibles a sus demandas y necesidades y participar en redes sociales. Se aislaban mucho, la mayor parte de las familias pertenecían a grupos de pobreza con trabajos esporádicos e inestable, y con ingresos precarios, prestando condiciones de aislamiento social carentes de soporte por las crisis, precariedad o inestabilidad de sus redes y con tendencia a la desvinculación territorial.

Las familias presentaban problemas relacionados y desorganización estructural, con historias de mucho daño transgeneracional. Eso había que pararlo, el niño estaba aprendiendo todo del padre, entonces, cuando llegaba había que decirle “oiga no, no era que lo quería a usted, estaba abusando de usted”. Entonces, el niño se queda pero desesperado, “pero como, si mi papá me decía que era yo y él nomás en esto”, “no es que ese yo y él en esto, lo estaba a usted maltratando”. Eso no podía ser, porque si no era transgeneracional, él seguiría haciendo lo mismo, si realmente no llegaban a esa relación con él, era muy duro.

La conformación de las familias era prioritariamente monoparental, era femenina, en algunas familias se observaba consumo de alcohol y de drogas, microtráfico o situaciones vinculadas al delito. Había aumentado consistentemente la derivación de familias que superaban los niveles de complejidad definidos por estos PPF, debiendo incorporar en la Protectora metodologías más especializadas para su intervención.

En muchas oportunidades estos casos quedaban en espacios donde la alerta programática no los cubría, siendo el PPF quien tiene que hacerse cargo. Llamaba la atención que los últimos dos años, curiosamente también, se habían derivados familias que poseían un nivel socioeconómico medio y alto, incluso con jefaturas de hogar y padres profesionales en estos casos, donde la principal causa de ingresos era la presencia de violencia intrafamiliar o situaciones de separaciones conflictivas, en que los niños quedaban invisibilizados frente a la relación y conflicto de pareja. Esos eran los niños que atendían nada más que en el día.

La pobreza, considerada como concepto multidimensional, que afectaba a las familias, influía en las dinámicas familiares y el ejercicio de la parentalidad. Los padres se encontraban altamente estresados, intentando dar respuesta a las necesidades básicas de supervivencia, y otras funciones quedaban en segundo plano, sin lograr el desarrollo de estas capacidades. El abandono de las funciones vinculadas a aspectos emocionales y relacionales impactaban en el desarrollo del niño, limitando todas sus pertenencias o potencialidades en diversos ámbitos. Las historias de violencia se transformaban en algo transgeneracional y así, las normalizaban y las reproducían impidiendo un sano ejercicio de la parentabilidad.

La presencia de los problemas de salud mental en las residencias, y aquí también en los adultos cuidadores, y la dificultad existente para recibir la atención necesaria y oportuna en la familia, y los padres que particularmente han sido juzgados por las vulneraciones a que han expuesto a sus niños, eso los tribunales de familia, pues ellos son los que nos mandaban, dificultaba la vinculación y la adherencia a la intervención que les ofrecía el programa.

Esto precisaba de una aproximación mucho más comprensiva a esa realidad, no castigarlos nunca, no retarlos nunca para generar una relación y que puedan contar qué es lo que quieren y por qué lo hicieron así, y por qué no saben hacerlo de otra manera. Era muy impresionante, una vez que terminaban los cursos de PPF, verlos como lloraban. “Señorita, pero es que yo no me quiero zafar de la Protectora, yo aunque vengan de Talca quiero venir, ustedes me enseñaron a cómo relacionarme con mi hijo”.

Era difícil de explicar, pero no sabían la importancia de contar con el tiempo y los profesionales capacitados para conocerlo, aproximarse e involucrarse a través de interacciones emocionalmente cálidas y equilibradas, con cada una de las personas y familias para coconstruir un proceso de intervención acorde con su realidad.

Han aprendido en esto. Las temáticas como género, interculturalidad, inclusión y desarrollo evolutivo debían ser consideradas en forma transversal en las distintas fases del proceso. El juego y las metodologías, las habilidades cognitivas como sociales, donde una debilidad importante que enfrentaban los programas refería a la falta de información que se poseía respecto a la situación de salud de los niños y adultos ingresados.

Bajo el principio de confidencialidad de la información, los servicios de salud no proporcionaban información de sus usuarios, lo cual retrasaba y dificultaba los procesos de diagnóstico y de intervención. En un principio, en la Protectora no sabían si estaban hablando con una persona normal o no, no tenía idea, y era muy, muy agotador, pero era arduo, difícil, pero era un privilegio poder hacerlo.

La incorporación de los terceros significativos, y poder contar con una red de soporte y apoyo frente a nuevas situaciones de crisis familiar, la intervención considerada para esta modalidad, era de alrededor de 16 meses pero no se contemplaba un periodo de seguimiento igual que en las residencias y un monitoreo posterior al egreso. Eso se consideraba una debilidad grande en el sistema para poder mantener, ver que se alcanzó, no por vanagloriarse, sino que porque realmente poder continuar con el trabajo que se había hecho.

La Protectora ha intencionado la coordinación y el compromiso con los colegios, donde estaban yendo esos niños, como espacio de monitoreo respecto a posibles crisis de los sistemas familiares y que pudieran nuevamente poner en riesgo su estabilidad y, por ende, el desarrollo socioemocional de los niños.

Trabajaba la Protectora desde un enfoque centrado en los recursos de la familia, comprensivos de su realidad. Destacaban siempre la participación de la familia en los procesos, querían que ellas identificaran hacia dónde querían ir, cómo y cuáles eran los obstáculos que se los impedían y que juntos construyeran soluciones que les permitieran buscar y restaurar el equilibrio de sus vidas, porque ellos también lo pedían, si era un infierno lo que ocurría en su casa.

La intervención buscaba interrumpir ese maltrato y la negligencia, fortalecer las competencias parentales, mejorar las relaciones vinculares, conectar a la familia con la red territorial porque ellos se van aislando, prevenir que sean cronificadas esas conductas y asegurar la permanencia del niño en ese seno familiar, en su contexto, que le otorgue protección y le diera seguridad.

El equipo acompañaba a las familias durante el periodo de tiempo mientras lograban organizar su vida familiar y movilizar recursos sociales o económicos, fortalecen sus recursos personales, familiares, mejoraban la comunicación, la expresión emocional y la resolución cooperativa de problemas, promoviendo así nuevas formas de relación intrafamiliar. La intervención psicosocial contemplaba atenciones individuales y familiares en modalidad de entrevista, van a domicilio, conserjerías, talleres, jornadas vinculares, terapias breves que fueran necesarias. El buen trato, el apego seguro, la parentalidad positiva, la disciplina sensible, los límites saludables, la narrativa de la familia sobre sus dificultades, sus historias, todo constituía temas muy nucleares y que se abordaban en los distintos espacios de intervención que ofrecía el programa.

Estas metodologías estaban diferenciadas y ajustadas en características de cada grupo familiar, en consideración a los enfoques de desarrollo evolutivo, al género, a la inclusión, a la interculturalidad, cuestiones transversales a su propuesta y se había incrementado el acompañamiento especializado en los análisis de casos, especialmente en aquellas de mayor complejidad, con supervisores, capacitación y de forma sistemática, la instalación del modelo clínico institucional.

La presencia de directores con un liderazgo democrático, participativo y colaborativo, facilitando así que se estableciera una relación de ayuda comprensiva con sus usuarios. Pues no sacaban nada con decir “pero niño, qué vas a aprender si estuviste toda la vida en esto”. Al decirle eso lo seguían metiendo bajo la mesa, había que levantarlo realmente y al papá en cambio plantearle que él sí puede. Había que tener una cercanía muy grande con ellos.

Los colaboradores contaban con apoyo también de este equipo de espiritualidad según la misión y la visión de la Protectora, esta coordinación permanente del equipo con el establecimiento educacional de la Protectora, les permitía el monitoreo constante de esta situación y los proyectos se iban incorporando a las redes locales de infancia y de familia, para poder trabajar coordinadamente con todas las instituciones que conformaban la oferta local, comunal y territorial, tales como las OPD, que eran de las municipalidades, oficinas de protección de derechos, los proyectos del Sename, el Cosam, etcétera.

Sobre las cifras de egreso de niños en los programas, en el 2017 tuvieron 1.828 niños. Los egresos con cumplimiento total de las metas del proyecto y planes de intervención individual fueron 75,7%. Egresos con logros inferiores al 50% de las metas propuestas 3,5%. Ahí se le pide a los tribunales que sean derivados a otros programas, pero no pudieron con ello. Egresos con logro parcial, 14%, se pide prórroga para seguir atendiéndolos, egresos que interrumpen el programa o nunca se adscribieron, porque había algunos que no eran mandados por los tribunales, pero no querían ir, no querían aceptar esa ayuda.

Los nudos críticos eran el incremento de derivaciones del tribunal de Familia, con obligatoriedad de ingreso inmediato por el artículo 80bis. Ello implicaba varias estructuras al personal, aspectos logísticos, el alto porcentaje de casos que no se ajustaban al perfil del proyecto, que se presentaban de una complejidad mucho mayor y que demandaban intervenciones especializadas. La falta de adherencia al proceso de intervención, especialmente en los casos que presentaban problemáticas de alta complejidad, la carencia o colapso de las redes especializadas, oferta pública en salud mental, totalmente insuficiente para las necesidades existentes, la lista de espera que ya en marzo de 2018 informaba 1.101 personas en espera, siendo imposible dar respuesta según la demanda del tribunal, y constituyéndose en un nudo muy crítico, difícil de controlar y que generaba gastos adicionales que debía cubrir la Protectora, o que la relación con algunos tribunales de familia resultaba a veces bastante compleja, principalmente debido a que ante la falta de oferta en la comuna el tribunal derivaba a los PPF casos de diversa complejidad que no consideran el volumen de casos que debían despejar, exigiendo respuestas certeras y en muy en breve plazo.

Algunos profesionales ingresaban a trabajar, pero poseían débil preparación, escasa experiencia y sus habilidades blandas no se encontraban del todo desarrolladas. Tenían una alta rotación del personal, de esas 1.300 personas que conforman la Protectora para colegios, jardines y programas sociales, se iban alrededor de 250 personas al año. Todas trabajaban con niños, pero era un trabajo arduo y difícil, pero a la larga era un privilegio poder hacerlo y tenían los costos y subvención de un programa PPF.

En el programa ambulatorio de la Protectora de la Infancia que estaba ubicado en la comuna de Pudahuel, había 14 colaboradores diarios con jornada completa, tienen 104 plazas regulares y con el 80 bis entraron 40 en seguida y la lista de espera son 61. El costo mensual del niño ahí es $78.046, la subvención mensual era de $67.889, un déficit de $10.157, mucho menos naturalmente que en las residencias.

En el caso de este programa, el aporte del Sename cubría sólo el 87% del costo total, existiendo otros PPF en que este porcentaje era aún inferior. Por otro lado, el monto de la subvención no se había modificado desde el año 2007, sólo se había incrementado según el IPC. El valor anual de la USS, el valor de subvención correspondía al rango inferior respecto de lo que la ley permitía para el financiamiento de la línea de programa, donde la banda establecida permitía cancelar 8,99 USS, dependiendo de la complejidad del programa.

Por último los niños que se encontraban en lista de espera generaban pagos de subvención, pero generaban costos para el equipo de intervención.

El diputado Saffirio valoró la distinción que hizo la Fundación de la Infancia, en el sentido de distinguir entre organizaciones de la sociedad civil y organismos colaboradores del Sename. Obviamente que las organizaciones de la sociedad civil, el interés que se expresaba cuando manifestaban su posición respecto de lo que existía al interior del Sename no pasaba de ser un interés que estaba desprovisto de cualquier contenido o significación económica. En el caso particular de los organismos colaboradores del Sename, y esto sin ánimo peyorativo, evidentemente que de aprobarse este proyecto de ley, sus ingresos se iban a ver aumentados por efecto de lo mismo.

A su vez, valoró que estuviera aquí el representante de Aldeas SOS. Lo anterior, y quiso tomarse el tiempo para decirlo, el año 2008 en las Aldeas SOS de Ancud un adolescente fue condenado a tres años de libertad asistida por violación a dos niños de la misma aldea. El año 2013 en Antofagasta, en las aldeas SOS, dos funcionarios fueron acusados por cuasi delito de homicidio de un menor de cuatro años, que falleció como consecuencia de un incendio, a quien no se prestó la asistencia requerida en el momento y murió calcinado, como los niños del Centro Alborada de Temuco. En Arica un adulto fue condenado a 10 años y un día de presidio efectivo por violación de tres menores en los baños y dormitorios de las aldeas SOS. También en Arica el 2016 nueve funcionarios fueron detenidos por negar el ingreso, un poco lo que la representante de la Protectora de la Infancia señalaba, por negar el ingreso de un niño, no obstante existir una orden judicial. El 2013 también en Arica fue detenida la directora de las aldeas SOS, también por negarse a recibir un niño. El argumento fue “no tenemos cupo”, es decir, el interés superior del niño no pasaba de ser una ficción, una entelequia, una abstracción.

En Padre Las Casas, no sabía si el señor Lavandero conocía a don Salvador Medel. Don Salvador Medel era un chófer de las Aldeas SOS que transportaba niños a su propia casa, y lo hacía en compañía de dos adultos. Esos niños eran sacados con la autorización de la encargada de la casa, ellas tienen un nombre especial en las Aldeas SOS, usan una denominación especial para los encargados, la tía, o la mamá, que se supone que es la persona que los cuida.

Con la autorización de esta “mamá”, los menores eran sacados en un furgón conducido por don Salvador Bernardo Medel, y eran llevados en algunas ocasiones a una vivienda, en otras a la vivienda del mismo chofer, donde una persona los violaba, otro lo grababa y el otro le decía “cuidado, no se les vaya pasar la mano”. Esto él lo había relatado en la Sala de la Cámara de Diputados en más de una ocasión, Salvador Medel fue condenado a siete años de prisión efectiva, pero se fugó del país y tras las gestiones hechas por el Ministerio Público se logró extraditarlo desde Buenos Aires y hoy día estaba cumpliendo condena.

Por qué decía eso, y ponía particular énfasis en los años 2008, 2013, 2016, 2010, 2013 nuevamente, porque no era un caso esporádico, sino una constante. Si partía del 2008, podía claramente llegar a la conclusión de que aquí no había medidas que tuvieran por objeto mitigar este tipo de conductas, o evitar que se produjeran, o tomar las medidas administrativas necesarias para que no se produjera este tipo de hecho.

Esa era la razón por la cual se había manifestado al Ministro de Justicia en contra del proyecto, sosteniendo que estaban haciendo las cosas al revés por, entre otras cosas, que de aprobarse este proyecto, después de haberse entregado los recursos adicionales, se dispusiera que un reglamento establecerá los criterios objetivos para la evaluación. Eso era hacer las cosas exactamente al revés.

Era muy probable que la Protectora mereciera el reajuste que se va a hacer de la USS, pero él no creía y lo decía aquí delante del representante de las Aldeas SOS, no creía que una institución como las Aldeas SOS merecieran un reajuste de esa naturaleza sin antes pasar por un proceso de evaluación y calificación, o de certificación, respecto de las acciones que realizaban con recursos del Estado.

Se quedaba con la frase que les entregó la representante de la Fundación de la Infancia, sobre que les preocupaba la noticia de aumento en la subvención sin un sistema de pago contra resultado por trabajo de recuperación con la familia, les preocupaba que no hubiera un trabajo de fomento en la desinstitucionalización. Los expertos y los estándares internacionales sabían que, y ese dato era importante, por cada mes de institucionalización de un niño éste va a tener tres o cuatro años de retroceso en su desarrollo cognitivo. Por cada mes, tres o cuatro años de retroceso en su desarrollo cognitivo. Esos eran los comentarios que quería hacer.

El diputado Díaz compartió la distinción que hizo el diputado Saffirio respecto de organizaciones de la sociedad civil, respecto de organizaciones, de organismos colaboradores, porque los organismos colaboradores tenían un interés directo en esto. Por más legítimo o de buena fe que fuera ese interés, este proyecto les era beneficioso.

Estimó que este era un mal proyecto, era un muy mal proyecto. La crítica habitual, que se mantenía, era que se seguía pagando por niño atendido, lo que tendía a fomentar la permanencia de los niños dentro de la residencia, o sea, la institucionalización. Aquí se generaba un incentivo perverso, que era retener a los niños porque eso generaba a su vez la mantención de la subvención y todos sabían exactamente cuál era el efecto de la prolongación en la intervención. Entonces, no había incentivos, el proyecto nada dice sobre colocar a los niños en un ámbito familiar, sea el propio u otro, es decir, no había nada dicho al respecto en el proyecto de ley.

Una segunda crítica era que no se establecían objetivos claros relacionados al aumento de la subvención, ninguno. Nada decía del proyecto en concreto respecto de los objetivos que tenía este aumento de la subvención. Es cierto que había un déficit histórico, era cierto que eran pocos los recursos, pero un aumento de esta naturaleza, relativo, debiese ir asociado a ciertos estándares a cumplir, metas por lograr.

Compartía la crítica que hizo el diputado Saffirio, que el proyecto señalara un reglamento para establecer los mecanismos de fiscalización. Eso era mantener exactamente las cosas como estaban. O la ley lo decía y lo tenían todos claro, o era muy difícil seguir entregando dinero, con el respeto que merecía, a la institución Aldeas SOS. No conocía los antecedentes que tenía el diputado Saffirio, no los iba a poner en duda, pero de ser así no veía razón alguna para seguir entregando recursos a una institución que presentaba este historial. Le parecía un prontuario para decirlo con brutalidad, una cosa terrible.

Respecto del aumento de recursos, la verdad era que el informe financiero sólo se limitaba al aumento de recursos de 15 a 18,5 USS, o sea, era insignificante. Cuando escuchó la declaración del presidente Piñera, pensó que era de verdad un aumento significativo y la verdad es que era irrelevante, marginal. Era cierto que la banda aumentaba a 30, pero a 4 años plazo, no entendía por qué tanto, y diciéndolo con franqueza, sentía que había un fraude a la opinión pública, porque se le dice “vamos a aumentar de 15 a 30”, pero en realidad Larraín sólo estableció un aumento marginal de 15 a 18,5 si no tenía mal la cifra. O sea, se hizo un tremendo anuncio que en la práctica era absolutamente irrelevante.

Pero había un punto más de fondo que quería plantear. Este proyecto obviamente como estaba, en los términos que estaba, no iba a contar con su voto favorable. Era la necesidad que se ha ido planteando hace tiempo el revisar el sistema de financiamiento vía subvenciones, porque nadie entendía muy bien, especialmente los especialistas, pues no sabía si aquí se dijo que en materia de responsabilidad penal adolescente el proyecto de ley que estaba en el Senado cambiaba el sistema de subvenciones por el sistema de compras públicas, y sin embargo acá mantenían el sistema de subvenciones.

Cuál era la lógica de mantener acá el sistema de subvenciones, sobre todo teniendo claro que existía una red de organismos colaboradores que no daban el ancho, no dieron el ancho, no lo iban a dar por que le aumentaran de 8 a 15, de 15 a 18,5 las USS. En el primer año habría una revisión, se va a establecer como bien dijo el diputado Saffirio una certificación, y aquellas que no cumplieran con ese estándar, que dicen estar fijados en la ley, van a ser excluidas de manera definitiva del registro. Recordó que cuando ocurrió lo de Puerto Montt, junto con el actual senador De Urresti, entonces diputado, pidieron la renuncia del que entonces era ministro de Justicia, que era de su coalición.

Era José Antonio Gómez y les costó una profunda crisis en la coalición, pero les parecía que el Estado tenía una responsabilidad directa respecto de la vida e integridad de cualquier niño que se encontrara bajo su protección, fuera directa o indirecta. Entonces, si el presidente Piñera convocó a un gran acuerdo por la infancia, que generó cierto ruido, donde él lamentó mucho que su partido no estuviera presente en esa discusión o en ese debate, no era para nadie ninguna sorpresa, o se esperaría entonces que estos proyectos dieran cuenta de aquello.

Y frente a todo lo anterior, estimó que este era un mal proyecto, y por lo tanto, debían ir más bien al modelo que se estaba planteado en el Senado respecto del sistema de compras públicas, con tal de tener los recursos que fueran necesarios, que el Estado asumiera su responsabilidad, y no partir aumentando los recursos a instituciones. Insistió en que no las conocía todas, pero después de escuchar los datos del diputado Saffirio no tenía ninguna duda que se podía repetir en bastante más.

En la región de Valparaíso había algunas, por ejemplo, que también se verían beneficiadas y él no solamente no les daría un peso, sino que les diría que devolvieran lo que se les había entregado. Este era un mal proyecto, al que había muchos cambios que hacer si querían contar su adhesión.

El diputado Alessandri agradeció las exposiciones. Con los pocos meses que llevaba en la Cámara de Diputados había aprendido que los tiempos legislativos no eran los tiempos que se quisiera para las urgencias de estos temas. Varios senadores, incluso el Presidente había dicho que los niños tenían que ir primero en la fila, y si el presidente había propuesto está alza en la subvención a cuatro años, no era porque estuviera guardando la gran cantidad de recursos que tiene el Estado en un subterráneo en La Moneda, era porque no había plata para hacerlo más rápido.

Estaba seguro que si hubiera disponibilidad de recursos, o si pudieran sacar de un lado y meter a otro el Presidente lo haría más rápido. Estaba seguro además que el ministro sabía muy bien que los organismos colaboradores no funcionaban a la perfección y tendrían que ir intentando hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ir aumentando la subvención con la seriedad que implicaba no aumentar lo más rápido los recursos que tiene el Estado porque no iban a endeudar al Estado de forma irresponsable.

En ese mismo momento estaba el Ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda exponiendo porqué quedaron proyectos por US$5.500MM sin financiamiento en cuatro años. Estimó que podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, podían aprobar el aumento de la subvención y también podían al mismo tiempo ir viendo cómo controlar la entrega de esta subvención.

Ejemplos en los últimos 30 años de aumento de recursos que no habían conseguido objetivos había miles, en seguridad ciudadana, en educación, en el Ministerio Público, podrían ver muchísimo. Entonces, ya sabían que no bastaba aumentar los recursos, si ese aumento de recursos no iba acompañado de una mejora en la gestión del Ministerio o de quien tuviera que fiscalizarlos, pues no iba a servir. Pero, al mismo tiempo, sentía que no podían seguir perdiendo el tiempo, o demorándose más de lo que los niños podían esperar.

El diputado Boric estimó que esas como caricaturas que utilizó el diputado Alessandri, de la plata guardada en La Moneda no servían de nada para este debate, porque una cosa era no funcionar a la perfección, y otra era que le estuvieran entregando recursos a organizaciones en cuyo seno se han naturalizado prácticas abiertamente delictuales en contra de los niños y niñas. Había una distancia grande entre funcionar a la perfección, que era lo que todos deseaban, aspiraban, y lo que estaba sucediendo en algunas organizaciones colaboradoras.

Dicho eso, no creía que en particular en los hogares residenciales se quedaran con la plata, porque era muy poca plata. No creía, y por lo que le ha tocado conocer y ver, que en los hogares residenciales hubiera alguien que estuviera robando. Le costaría ver, le costaría imaginar ese caso. Sí lo que el planteó el diputado Saffirio, que era de otras características y, por lo tanto, le parecía que era un error también meter a todas las organizaciones colaboradoras dentro del mismo saco, tenían que distinguir, pues tal como en el Estado había algunos Cread que funcionan bien y otros que funcionan pésimo, lo mismo en las organizaciones colaboradoras. Le tocaba ver el caso en Magallanes y le había tocado verlo en otras regiones también, en donde había algunas que funcionan muy mal y otras que funcionan muy bien, incluso pese a las subvenciones.

Lo que no lograba entender, y se lo planteó al Ministro porque lo habían conversado, por qué habían insistido en que se votara este proyecto hoy día, o porque habían dejado que se votara este proyecto hoy día señaló el diputado Díaz. Se estaba tratando de trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y también acá en esta Cámara en otros espacios, por lo que también debiera ser este lugar un lugar donde partieran por lo esencial, porque no se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, no se podía entregar, aprobar este proyecto tal como estaba y decir “bueno, más adelante vamos a mejorar los estándares bajos los cual fiscalizamos”.

Tenía que ser justamente al revés, o por lo menos al mismo tiempo, pero eso no lo hacìa este proyecto. Este proyecto lo que hacìa era aumentar la subvención bajo las mismas condiciones, y de hecho, ni siquiera este proyecto entregaba la facultad al Sename para fiscalizar, porque lo que hacìa era mantener facultad de supervisar, supervigilar. Habìa sostenido conversaciones para ingresar una indicación justamente para mejorar eso, pero este proyecto no mejoraba en nada los problemas que tiene hoy día el sistema de subvención.

Señaló al Ministro que la verdad acá se dió una coincidencia muy extraña, que se imaginó que por una descoordinación y una torpeza del diputado Coloma, quien no estaba presente, pero por una torpeza del diputado Coloma se empezó a presionar para que este proyecto se votara, cuando había un acuerdo de no votarlo hasta que prepararan bien, se preparara bien entre todos los actores un proyecto que mejorara las condiciones bajo las cuales se entregaba justamente esta subvención. No solamente en términos de fiscalización, sino también en lo que señaló, si no me equivocaba el diputado Díaz, de que la subvención en donde un 70% de los recursos que se entregaban dependían del ingreso o no de un niño, niña o adolescente, sencillamente no funcionaba, y eso estaba reventando los hogares.

El proyecto como estaba era un mal proyecto. Se opuso, estimó que responsablemente en la sesión pasada, a dar la unanimidad para que se votara. Pensaba que se podría mejorar el proyecto, el gobierno en esto había sido negligente ante las críticas que empezaban a surgir. Señaló al Ministro que el proyecto se iba a rechazar, si ni siquiera estaban todos sus diputados, el proyecto como estaba hasta ese momento se iba a rechazar y no porque no quisieran legislar. Acá pasaba algo bastante terrible, y deseó que en este tema no se ocuparan como figuras comunicacionales que ponen a unos como los buenos y a otros como los malos, porque no le extrañaría que después el diputado 'x' o alguien saliera diciendo 'no quisieron darle plata a los niños que están sufriendo'.

No, porque acá los ponían en una situación como argumentando, poniéndolos entre la espada y la pared en que sí no aprobaban este proyecto de subvención tal como estaba, habrían hogares que iban a cerrar. Pero si en el último trimestre se le aumentó un 25% los recursos, en el último trimestre, entonces no creía que porque no se aprobara este proyecto, porque querían hacerlo mejor, no para entorpecer, no para trancarle la pelota al gobierno, sino porque había una buena fe para hacerlo mejor, se fueran a cerrar los hogares, si no cerraron antes y hoy día ya tenían un 25% más respecto a lo que tenían antes. No cabía decir ahora que porque no aprobaban este proyecto de ley, iban a empezar a cerrar en masa. Sugirió darse tiempo para trabajarlo bien, para hacer bien las cosas, no cabía poner la pelota al revés.

Además estimó que había un problema de técnica legislativa en el proyecto de ley. No se incluyó ningún artículo transitorio para el financiamiento escalonado de este proyecto, y por lo tanto, el informe financiero del proyecto estaba hecho sobre un supuesto que no existe en el mismo proyecto de ley. Así, en lo que dijo el diputado Díaz tenía razón, o sea, que como estaba el proyecto de ley actualmente ni siquiera aumentaría a 18,5 USS, porque el proyecto para eso debería ser corregido por el ejecutivo, porque o bien el informe financiero estaba malo o se les pasó, porque si lo aprobaban como estaba, que no tenía que ver con el mensaje, se podría implementar inmediatamente las 30 USS, porque no había un financiamiento escalonado. Había un error de técnica legislativa o en materia financiera importante en la redacción del proyecto.

Invitó al Ministro, para evitarse toda una indeseable pugna mediática, que a él además lo tenía muy chato la frase "quien quiere a los niños primero en la fila o quien no". Todos acá estaban por mejorar las condiciones de los niños vulnerados en sus derechos, infractores de ley, y de los niños, niñas y adolescentes en general, y creía que no había nadie que no estuviera en esa, pero había que ponerse de acuerdo. No votar el proyecto en esa sesión, mejorarlo, seguir con la pega que estaban haciendo y cuando estuvieran en condiciones de tener un acuerdo en este espacio, porque todos querían colaborar, someterlo a votación.

Si no, sería un fracaso para todos, para todos, porque el Frente Amplio acá con el diputado Hirsch votarían en contra, el diputado Saffirio había anunciado que votaría en contra, el diputado Díaz anunció que votaría en contra en los términos actuales del proyecto. No se atrevía a hablar por los diputados que faltaban, pero tenía la sospecha de que también irían en esa dirección, y no porque no quisieran colaborar. Entonces, mejor darse un tiempo, hacerlo bien para poder empujar todos juntos este carro.

La diputada Núñez señaló en primer lugar que en esta Comisión no había citación para votar, y al menos ellos tampoco tenían el ánimo de solicitar la votación ahora. En la sesión pasada no habían surgido todas las indicaciones, las modificaciones en las opiniones que habían ido escuchando durante este tiempo y creía que con mayor razón, y lo sabía bien el Presidente en esta Comisión, acá no se avanzaba con titulares, ni con quien empujaba más un proyecto. Muchas veces se alcanzaban acuerdos importantes, incluso en aquellas cuestiones que nunca hubiesen sido pensadas, como la modificación del propio Reglamento de la Corporación.

Entonces, con mayor razón y poniendo ese ejemplo, creía que de todas maneras llegarían a un acuerdo para entregar mayores recursos a quien corresponda, con las fiscalizaciones necesarias, con las modificaciones que requiere el proyecto. Entendía que el fondo del proyecto lo compartían todos, y ese era al menos el ánimo de ellos, de avanzar de esa forma y más aún cuando estaban hablando y después de escuchar además a la Protectora de la Infancia, que conocía, que en su conclusión de la presentación señaló que dado el déficit actual era evidente la urgencia de un aumento de la subvención de los programas residenciales, y la lata exposición que hicieron, era pertinente tomar ese acuerdo.

Dicho todo lo anterior, y dado que no estaba citada y que tampoco era el ánimo suyo y que habían avanzado los días y que habían salido intervenciones de distintos parlamentarios, estaban llanos por supuesto a que lógicamente, a través del ejecutivo, porque era un proyecto del ejecutivo, podían tener todas esas indicaciones, que se recojan, para así poder sacar este proyecto adelante de la mejor forma.

El diputado Hirsch señaló que todos coincidían en la necesidad de proteger y garantizar la protección a los niños, estimó que no había nadie que tuviera ninguna discusión acá respecto de lo importante y lo urgente que era avanzar en esto y en otros proyectos que permitieran, realmente, mejorar la condición de los niños que estaban bajo la protección del Sename. Todos los que estaban acá comprendían que se requerían más recursos, que había una cuestión de los fondos involucrados para poder realmente cumplir con las tareas que se requerían. Todos coincidían que $9.000MM, tal como se ha dicho en algunas de las otras sesiones no eran suficientes, era una gota dentro de las necesidades que había.

Todos esos eran puntos en que estaban todos de acuerdo, pero la duda era en qué se utilizaban, cómo se utilizaban y si realmente el tema acá era cuánto se ponía arriba de la mesa, si era un problema de chequera o no, o este era un problema muchísimo más profundo, que una vez comprendido, requeriría definir cuál era la cifra que se requería.

Después de lo escuchado, y habiendo estado en todas las sesiones y escuchado atentamente y tratado de informarse lo más posible, había llegado a la convicción de que esto no se arreglaba simplemente poniendo más. Diciéndolo en palabras simples, poniendo más lucas arriba de la mesa, no iba por ahí la cuestión. La verdad era que sin duda habían escuchado acá a muchas muy buenas instituciones, pero también habían escuchado a otras que si bien aquí hablaban de un modo hermoso, no habían cumplido con lo que les correspondía, no han cumplido con su función, no han cumplido con lo que se esperaba de ellas, y la verdad era que no había escuchado en ninguna de estas sesiones ni una sola autocrítica.

Lo único que había escuchado era un tema de cifras, de si cuadra o no, si es que más si es que menos, cuestión que podía ser muy real, no estaba discutiéndolas, era posible que estuvieran recibiendo $240.000 y requieran $580.000, era posible que se requieran $850.000 o más, pero el tema era más de fondo. Y sin embargo, ni una reflexión o autocrítica respecto de porqué estaban hablando este tema, qué había pasado. Quizás se lo perdió y eso se habló el año pasado, pero en estas sesiones que llevaban durante este año, no había escuchado ni una sola palabra que permitiera decir que aquí había una reflexión al respecto.

No podían subir la subvención si es que no iban al fondo del asunto. Había un principio fundamental que dice que los conflictos desaparecen cuando se les entienden en su última raíz, no simplemente cuando se los pretende resolver sin entenderlos. Y había uno más antiguo que dice que no se puede poner la carreta delante los bueyes.

A él le preocupaba este discurso que pudiera salir de acá. Si era simplemente un asunto de recursos, que se diga ‘hemos logrado tener más recursos, le hemos dado más recursos a las instituciones y ya está, nos lavamos las manos’, el gobierno se felicita y bonitas fotos, porque le hemos dado más recursos, y sin embargo, estimó que todos sabían que esa no era la solución.

Le preocupaba profundamente que se hablara solamente de plata antes de hablar del drama que viven los niños. Le preocupaba que se aumente una subvención mientras había investigaciones en marcha por posibles fraudes, le preocupaba que se mantengan incentivos perversos, como por ejemplo un bono que existe por niño por ser susceptible de ser adoptado. Le preocupaba esa falta de autocrítica.

Venía con la mejor de las intenciones en ver cómo se apoyaba esto, para efectivamente contar con los recursos, pero después de todo lo que había escuchado, después de lo que habían dialogado, después de esas reflexiones, no podía aprobar un proyecto en que había vacíos enormes, no podía aprobar un proyecto que tiene una mirada que era economicista solamente. Quisiera aprobarlo, estimó que todos quisieran, pero no se podía aprobar algo que uno consideraba a conciencia que no estaba yendo al fondo del asunto.

Siempre se les dice que no había más recursos, que de estos $9.000MM no había más recursos, incluso se le ha llegado a comparar con el bono a las víctimas de derechos humanos, comparación que le pareció tremendamente odiosa e irresponsable.

Sin embargo, cuando otros hacían otras comparaciones, se les dice que son ingenuos, que hablaban leseras. Por ejemplo, que habrían más recursos si se comprara un tanque menos, pero eso nunca se habla, eso no se toca, eso era ser ingenuo. Que habría más recursos con una fragata menos, con un par de misiles menos, así que si era por recursos, no era necesario ir a la bodega de La Moneda, era necesario cambiar las prioridades y eso no se estaba haciendo acá. Simplemente se está intentando resolver el tema con un parchecito que no resolvía nada de fondo.

Era por eso que, en definitiva, lamentablemente, se veía compelido finalmente a tener que votar en contra de este proyecto.

El diputado Gutiérrez (presidente) estimó bueno aclarar que no estaban en votación, esta sesión no fue convocada para votar nada, pero estaba bien.

El diputado Boric señaló que no cabía hacerse los lesos, si la sesión pasada se dijo que iban a pedir la clausura del debate para votar, dijeron que la iban a pedir, entonces todos venían a la sesión sabiendo que eventualmente se iba a votar.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que no la pidieron, y de hacerlo, tenían que haberlo pedido por escrito.

El diputado Walker agradeció las exposiciones, y se preguntó cómo sería la situación si no tuvieran estas instituciones y si tuvieran que depender del Sename. Sería terrible, sería mucho más difícil todavía.

Escuchó atentamente en la exposición de la Sociedad Protectora de la Infancia, y no solamente escuchó números sino que escuchó un diagnóstico muy certero dado por la experiencia de la necesidad, de preocuparse del entorno familiar de los niños que eran víctimas de abusos, de maltrato y del fin último que tienen tales instituciones, que efectivamente estos niños puedan volver a sus familias o finalmente se pueda encontrar un hogar vía la adopción. Esa era la tendencia moderna en materia de infancia, tender a la desinstitucionalización, cuestión que naturalmente era lo que todos querían.

Viéndolo en positivo, a lo mejor el ejecutivo podía tomar en cuenta lo que había sido esta discusión, porque, estimó, había bastante consenso de que se requerían más recursos. El tema era donde iban a estar puesto los incentivos y tal vez los incentivos tenían que estar no solamente, o no estar en la permanencia de los niños en las residencias, sino que tenían que estar en los egresos hacia las familias, ya sea familias que ojalá puedan adoptar a los niños en el caso de que la familia de origen, finalmente, no pueda ser la alternativa.

Sí creía que se podía trabajar con la familia de origen, y en la experiencia de las instituciones muchos de estos procesos eran reversibles. Habían visto la situación de Ámbar, terrible, porque al parecer un tío por su condición homosexual fue discriminado y no se le dio la tuición de esta niñita. Nunca lo iban a saber porque los expedientes, como se sabía, en materia de familias eran reservados. Nunca iban a ver si efectivamente fue la motivación o no del tribunal de familia para no entregar la tuición de Ámbar a este tío, que aparentemente contaba con las condiciones para poder hacerlo, por su condición homosexual.

Sin perjuicio de ello, claramente lo que tenían que entender era que las familias de origen podían ser las que albergaran a los niños, había que trabajar con la familia. Por ello, a lo mejor el ejecutivo, entendiendo que acá había una agenda corta y una agenda larga, porque entendía que este proyecto no pretendía resolver todo el problema, debiera buscar una fórmula para poner incentivos también hacia el egreso, ojala principalmente hacia las familias de origen, y en subsidio a las familias adoptivas. Se podían ponderar mejor los incentivos, entendiendo que no era solamente un problema de recursos, sino que por sobre todo, de incentivos.

Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, agradeció las opiniones y observaciones hechas por los parlamentarios, pero especialmente las intervenciones que, como en semanas anteriores, habían oído de organismos que tienen como tarea principal colaborar en la protección de los niños, como la Protectora de la Infancia o como fue el caso del Hogar de Cristo, y tantas otras que habían participado en estas reuniones.

Estimó que habían aprendido, porque en eso no estaba de acuerdo con el diputado Hirsch, en el sentido de que aquí el debate y las intervenciones que habían hecho estas organizaciones había sido una cuestión puramente económica. Habían hecho un esfuerzo muy significativo por demostrar lo que hacían, la pasión con que lo hacían, los objetivos de recuperar a los niños, de revincularlos con su familia, y le parecía que esa era una cuestión bastante ejemplar, porque eran finalmente organizaciones que no perseguían fines de lucro, que lo hacían porque tenían convicción.

Compartía lo que dijo el diputado Boric, le costaba ver que detrás de estos esfuerzos hubiera gente que lo que quisiera era robar o aprovecharse de esta situación. Que pudieran haber casos no lo descartaba, porque sabían cómo era la condición humana, aunque lo más grave, probablemente, eran las situaciones que habían ocurrido, que eran a las que había hecho mención, por ejemplo, el diputado Saffirio, que eran las que les preocupaban, pero que no tenían que ver, a su parecer, con una cuestión de carácter económico.

Otros centros, como los centros que son del Sename, no de organismos colaboradores, no que reciban subvención, sino que personas contratadas por el Estado para desarrollar esta labor, en donde los problemas se daban exactamente igual, sino peor. Ahí fue donde ocurrió lo de Lisette Villa, en uno de esos centros, y por lo tanto, no tenía que ver necesariamente con una estructura de financiamiento.

Lo que pasaba en muchos de estos centros tenía que ver con una realidad mucho más compleja y delicada, que era la que estaban tratando de analizar en el fondo.

Ahora, por qué el gobierno había presentado este proyecto. Ello tenía que ver con la política respecto de la infancia que el gobierno estaba impulsando, que no tenía una sola fase sino que varias. Se desarrollaba a través de proyectos de ley que estaban ya presentados, o se habían presentado como éste. Se desarrollaba a través de una comisión, que se desarrollaba de mil maneras que buscaban dar una respuesta integral.

La que quizás iba a ser la propuesta de políticas públicas más amplia era la Comisión sobre la Infancia, en que había personas de distintos sectores participando. Lamentablemente, no estaban todos, no era una copia fiel de la representatividad democrática obtenida en el parlamento en las últimas elecciones, eso era verdad, pero se había tratado que fuera muy representativa. No eran representantes de, pero si era representativa de distintas miradas que ayudarían a formular políticas públicas, proyectos de ley o decisiones, que iban desde el ámbito administrativo, cuestiones que no requerían de ley para ser implementadas, hasta otros proyectos de ley que se estaban impulsando, como por ejemplo el presentado por el gobierno anterior respecto del Servicio de Reinserción Social.

Ese era un proyecto que estaban trabajando con la comisión de Constitución del Senado en forma muy intensa, en un debate en particular que esperaban pueda ser zanjado rápido, porque era una de las futuras instituciones dentro de las cuales el Sename va a poder transformarse, para dejar espacio a nuevas formas de aproximación a este tema, en este caso, respecto de los infractores juveniles. Mientras, aquí en la Cámara de Diputados se reformularía el proyecto de Protección, que también estaba presentado pero al que se habían encontrado deficiencias, y por eso se estaba reformulando y esperaban, en dos o tres meses más, desde el ejecutivo traer un nuevo proyecto y para continuar ese debate.

Por lo tanto, había fases distintas para enfrentar este proceso de priorizar a los niños, cuestión que sentía que efectivamente no era una idea que fuera exclusiva del gobierno.

Estimó que ésta era una filosofía o criterio compartido. La propia presidenta Bachelet desarrolló en su gestión varias iniciativas que mostraban también esa prioridad, el Defensor de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, estos mismos proyectos a los que se refirió demostraban que esta era una cuestión que no se inventó con el actual gobierno, y era bueno que se entendiera que las historias eran continuas, eran procesos. Lo que sí, este gobierno quería hacer de esto un especial tema, lo cual era perfectamente legítimo y no era incompatible con que se hayan priorizado, también, estos temas en el gobierno pasado.

Entrando a por qué este proyecto, estimó que lo que dijo el diputado Walker ayudaba a entender su sentido. Aquí había una agenda corta y una agenda larga por decirlo de alguna manera, había cuestiones de corto plazo y cuestiones de largo plazo.

La transformación del actual sistema que trabaja con los niños y con los adolescentes, niños, niñas y adolescentes no se lograría en tres meses, ni en seis, ni en un año, ese era un proceso bastante más complejo.

Cuando oía a Alicia Amunátegui describir la situación y el perfil de los niños que trabajaban en esa corporación, en la Protectora de la Infancia en distintas áreas, él conocía una en particular porque tienen una sala cuna y jardín en Linares, había visto cómo se había desarrollado y el éxito que había tenido en ese trabajo, esa experiencia en particular, tenía muchas.

Pero el perfil de los niños tenía que ver con una realidad que había en Chile, que no lo resolverían en una década probablemente. Este era un tema que probablemente habían escabullido, pero aquí había un problema que se arrastraba por mucho tiempo, era un problema de la pobreza, de la influencia de la droga no solamente en los niños, sino que en los adultos.

Cuando visitó el Cread Casa Nacional, y en la primera sala que entró, era una sala que estaba llena de recién nacidos, de meses, y preguntó por qué estaban esos niños, por qué tenían esos niños una situación de vulnerabilidad, le dijeron que porque sus padres eran drogadictos en el 80, 90% de los casos, y no se podían hacer cargo de sus hijos.

Esa era una realidad mucho más profunda, erradicar la adicción a las drogas y a los estupefacientes, no lo lograrían en un gobierno o en dos, probablemente era un esfuerzo muchísimo mayor, y por lo demás, era un problema internacional, no era un problema que fuera una particularidad o un fracaso sólo de Chile, era una situación que decía relación con el mundo que les tocaba vivir. Entonces, se debía ser también un poco realistas.

Qué era lo que estaban tratando de hacer, y diría que bastante modestamente. Los centros de organismos colaboradores que atienden residencialmente a estos niños y a estos adolescentes, que están con una situación económica precaria, y que lo que hacían con mucha fuerza, con mucha perseverancia, con mucha voluntad, pero sin todos los recursos materiales adecuados para dar la mejor atención a los niños. Que en algunos de estos centros se hayan cometido abusos como lo que se habían descrito aquí por el diputado Saffirio, no quitaba que ese fuera el elemento central de todos estos centros.

Se debía ser justos, se tienen niños en los Cread, organismos estatales, en organismos colaboradores y en ambas instancias enfrentaban el mismo tipo de problema, y más grave todavía. Estimó que todos compartían la necesidad de que el lugar donde se puede mejor recuperar un niño vulnerable era en su núcleo familiar, el propio o el extendido, pero lamentablemente también ahí fracasaban.

El caso de Ámbar era un caso triste, pero que ejemplificaba la tragedia que tiene esto. La madre no pudo hacerse cargo de sus hijos, de sus hijas, de sus dos hijas porque no solamente era Ámbar, era también Belén que tenía 6, 7 años, y tuvieron que ser derivadas. En un minuto dado estuvieron en hogares distintos, finalmente en un sólo hogar. Por situaciones que no podía entrar a describir, porque eran datos sensibles y que no podían ser trasmitidos, pero por cuestiones constitutivas de ese núcleo familiar, y hasta donde tenía información y se estaba investigando, porque producto de lo que decía el diputado Walker en relación a las declaraciones que ha hecho el tío, que habría sido excluido por su condición sexual, estaban investigando ciertamente eso, la información que tenían era distinta, habría sido solicitada su hermana por la madre, que fuera su hermana la que se hiciera cargo de sus hijas, estaban investigando. Lo que quería decir era que no estaban hablando de una persona externa al grupo familiar, y sin embargo, fracasó, falló, se había fallado en todas las instancias.

Pero no porque hayan fallado tenían que castigar con la precariedad económica a aquellos centros que estaban haciendo bien su trabajo. Sabían que esta no era la solución definitiva, sino que era una solución que buscaba aliviar esa condición, era una señal al final de que estaban trabajando para poder avanzar en todos los frentes. No era la principal, pero era una señal que el gobierno había querido dar. Este es su primer proyecto, que tendrá las deficiencias que tenían los proyectos y en la discusión en particular se podrán corregir algunas.

El ejecutivo abrió la disposición para ver dónde mejorar este proyecto, pero el proyecto estaba pensado primero que nada como un marco de referencia, porque el proyecto no aumentaba en sí mismo los recursos, sino que lo que cambiaba era la banda. La banda estaba entre 8 y 15 USS y se cambiaba de 15 a 30, de manera de poder facilitar mayores recursos para estos organismos y si bien se dice, cuestión que no era parte del proyecto de ley, el proyecto de ley no hablaba de un aumento específico de recursos, sino que se dice que van a aumentar apenas se pueda, apenas estuviera aprobado el proyecto aprovechando la banda, porque topaban en la banda, aumentarían en un 25%.

Estimó que el diputado Díaz fue muy injusto cuando dijo que esto era un fraude. El gobierno dijo en su campaña, en su programa de gobierno, que en su gestión iba procurar duplicar la unidad de subvenciones del Sename, y lo que estaba haciendo era eso, con este marco se permite duplicar, al pasar el techo de 15 a 30 se permite pasar del simple al doble, pero no se pretendía hacer de un día para otro, sino que en cuatro años. El primer año se iba a hacer el 25%, es decir, la cuarta parte de ese doble al cual se aspiraba llegar, se imaginaba en una secuencia lógica de 25% cada año, eso era duplicar en cuatro años.

No era un fraude. Estaban cumpliendo legítima y transparentemente lo que habían comprometido y creía que era posible, que no obstante ese compromiso que se había hecho dentro de esas reglas del juego, fuera posible que de acuerdo a lo que convenga a la Comisión Nacional de la Infancia, o lo que discutieran en el Congreso a propósito de los proyectos de ley sobre el sistema de financiamiento, que se incorporaran otros elementos.

Estimó que los elementos que aquí se habían discutido respecto o en relación al egreso, al éxito en los programas, a la revinculación familiar, pudieran ser indicadores a través de los cuales se pudiera entregar el financiamiento, o parte de él, o buscar algún mecanismo que corrija esto de manera de producir incentivos positivos y no incentivos perversos. En consecuencia, el problema de otorgar estos recursos no creía que estuviera pensado para mantener algo que funcionaba mal, que era un desastre, sino que para tratar de hacer mejor lo que se estaba haciendo en forma precaria, por las limitaciones materiales.

Era curioso como todas las instituciones que habían oído, todas señalaban lo mismo, que tenían que hacer un esfuerzo complementario para lograr financiar el gasto que tenían en los niños y niñas que atienden. Esa es una constante de todos y el gobierno dijo ‘me hago cargo de esto, doy una señal’. Recordó, porque no estaban todos los integrantes de la Comisión cuando lo dijo, que el año 2017 el presupuesto para ese año, aprobado el 2016, no contempló ningún incremento presupuestario para los organismos colaboradores, sólo incrementó recursos adicionales para los Cread, esos tuvieron un incremento.

De hecho, los Cread tenían por niños una cifra que era cercana a $1.500.000, a $1.600.000, era bastante, era varias veces más que lo que se daba en las subvenciones a los organismos colaboradores y eso provocó una situación muy compleja. No tenía los datos aquí respecto de los centros, que el año 2017 al no tener reajuste en relación a su presupuesto del 2016, se cerraron o se habían visto en situaciones muy complicadas. Por eso el gobierno de la presidenta Bachelet, ante lo que ocurrió, decidió aumentar el presupuesto para el año 2018, que era lo que se hacía en las subvenciones, en un 24%, para ser exactos no fue un 25, 24%, era marginal, y eso constituyó una inyección que estaba siendo muy bien recibida y valorada por los centros.

Lo que el ejecutivo quería, sobre ese 24 era agregar un 25 adicional. Por lo tanto, la inyección que tendrían estos centros no era tan irrelevante, era probablemente todavía insuficiente, pero le parecía que era una inyección de recursos positiva, que ayudaría a que hagan mejor su trabajo. Estaban claramente conscientes de que igual era necesario mejorar la supervisión y la fiscalización, pero eso también lo incluían dentro del proyecto, cuando establece que el Sename podrá supervisar la ejecución de las diversas líneas de acción que desarrollan los colaboradores acreditados en los ámbitos técnicos y financieros, se agrega que en el reglamento se establecerán los criterios objetivos para la evaluación, etc.

Pero sin perjuicio de eso ya tiene atribuciones el Sename para hacer esta fiscalización. En algunas de las explicaciones que dieron algunos de los participantes, de los invitados, hicieron presentes que en muchos casos tienen quizás exceso de controles, había un papeleo importante que se hacía, a través de los cuales el Sename podía ir verificando cómo estaba funcionando cada uno de los centros. De hecho, había intervenciones al respecto, probablemente fuera insuficiente. De hecho, dentro del presupuesto de este año se incorporó un porcentaje para mejorar los supervisores y, por tanto, este año se podría hacer un mejor trabajo en esa materia.

Los integrantes de esta Comisión podían votar como su conciencia les dijera este proyecto, pero quiso insistir, creía que sería un grave error rechazar este proyecto, porque estarían, más allá del tema comunicacional, no estaba hablando de un tema comunicacional, estaba hablando de una realidad concreta, estaban conscientes de que estos organismos colaboradores por toda la evidencia que había quedado en las exposiciones, que se había hecho por ejemplo por quienes habían participado en esta sesión y en las sesiones anteriores, que los recursos que tenían eran insuficientes y que, por lo tanto, el aporte económico que el Estado podía hacer era un reconocimiento a su labor. Y eso para atacar el problema en lo que era el presente, en lo que era lo inmediato, era una señal que necesitaban dar, sin perjuicio de entender que había problemas muchísimo más delicado y complejos.

Tenía la información a diario de lo que ocurría en los Sename, también la tenía de las cárceles. Para él esto había sido una sorpresa que quiso compartir, porque en la mañana tuvo la información de otra niñita o niño, no sabía, que fue abusada, de un año tres meses aquí en Valparaíso.

Por supuesto pusieron todos los antecedentes en el tribunal, interpusieron la querella, la enviaron a otros centros, se tomaron las medidas del caso, pero era una cosa muy dramática. Esto ocurría con mucha frecuencia en los centros en que se atendía a los infractores juveniles, no era extraño que aparecieran niños que habían sido producto de una riña, muertos por otros. Esto era así.

Cuando se supo lo de Lisette, aparecieron las cifras de cuántos niños no estaban informados y que sin embargo, habían fallecido, el diputado Saffirio conocía mucho esa historia porque hizo mucha investigación, y la investigación dio después de varias vueltas, porque costó mucho sacar la información, 1.313. Pero quisiera creer que eso se terminó, pero lamentó decirles que no se había terminado, que en abril, no tenía la cifra exacta, pero podían haber muerto 6, 7 niños, no que estuvieran en centros del Sename, porque los 1.300 no eran niños que estuvieran en el centro del Sename, sino que había niños que estaban en redes colaboradoras.

Esos niños incluso ya no eran niños, eran adultos que murieron, a lo mejor, por una enfermedad crónica que tenían, eran personas que estaban en programas ambulatorios, porque estaban vinculadas a la red, era un tema que no había podido resolver, porque a lo mejor no tenía una solución objetiva total. Señaló que el catastro que estaban haciendo era niño con niño, ya se estaba efectuando en los Cread por donde se empezó, pero se haría en cada uno de los centros colaboradores, de los organismos colaboradores y se haría en todas las familias de acogida.

Había alrededor de 5.000 niños en familias de acogida, 5.000 que habían sido considerados una buena solución, pero bastaba mirar lo que pasó, si fue una familia de acogida donde reventó el caso de Ámbar, y probablemente muchos otros casos podían estar en la misma situación. Incluso le pasaba con las familias adoptivas.

Entendía la inquietud de los diputados y diputadas, que podían tener resquemores respecto de lo que significaría aprobar este proyecto, pero estimó que había un error. No estaban presionando para que se resolviera hoy día, porque entendían las inquietudes respecto de aprobar este proyecto con las decisiones de política global que se estaban discutiendo en la Comisión Presidencial. Pero también quería entender que el gobierno presentó esto no por un capricho, sino porque respondía a una inquietud, menor respecto del tema de fondo, porque no lo resolverían con este apoyo, pero es una inquietud real.

Había un déficit histórico en apoyo a estos centros y por mucho que hubiera algunos que les violente conocer algunas conductas que habían tenido respecto de los menores que ahí se atendían, sin perjuicio de ello había una gran cantidad de centros que hacían una labor que requería de reconocimiento material. Ya buscarán, y tendrán todo un año para hacerlo, mecanismos para corregir este sistema de financiamiento, para hacerlo distinto si acaso eso era lo que concluían.

Si el objetivo fuera, poniendo una hipótesis extrema, tomando un poco lo que decía la representante, la primera representante que habló de la Fundación Infancia que era, ojalá que todos estuvieran, que no hubiera centros residenciales y que todos estuvieran en núcleos familiares de distinta naturaleza, igual tenían que tener recursos, y si en lugar de dárselo a través de una subvención a una organización se lo daban a una familia de acogida, de hecho la familia de acogida tenía una subvención bastante menor, de $60.000 a $70.000 versus los $240.000 que era la subvención base, porque después había otras complementarias que llegan a los $400.000, que normalmente tienen los distintos centros, eso también requerirá de los mismos recursos.

Podían redireccionarlos, pero ahora y discrepando de lo planteado por la representante de la Fundación Infancia al decir que no faltaban recursos, que sólo era cuestión de redireccionarlos, le pareció que no correspondía a la realidad que le tocaba conocer, que habían podido escuchar aquí y que reflejaba que en muchos casos podían hacer una mejor atención a esos niños, con mejores profesores, o al menos, reconocerle a los que estaban trabajando en esos centros su justa remuneración por el trabajo que hacían. El trabajo que se desarrollaba en esos centros era abrumador, era desgastador, la rotación que tienen de personal que reflejaba la representante de la Sociedad Protectora de la Infancia lo tenían todos, porque era muy difícil, los sueldos que se pagaban eran en general bajos, pero la labor era muy angustiante porque los niños que estaban ahí, un 40% tenía problemas de salud mental.

Entonces no estaban hablando de algo fácil, cualquier reconocimiento material era útil, era necesario. Van a fiscalizarlo, no dejarían que esto se perdiera en la nada misma, o que se prestara para mantener los abusos, no. Los iban a corregir uno por uno, se implementarían otros sistemas, de denuncias, de fono denuncias, todo lo que se pudiera, porque querían que cada uno de esos niños sienta que si le ha fallado a la familia, no le puede fallar el Estado en su labor de proteger a esos niños. Por eso que quería que este proyecto se aprobara cuando la Comisión lo estimare.

El diputado Díaz señaló que si al Ministro le pareció ofensivo e injusta su expresión de fraude la retiraba, no tenía ningún problema con eso. Pero él fue un buen Senador, y entonces y le pidió que acogiera la propuesta que hizo el diputado Boric y que no se pusiera el proyecto en votación ni hoy ni en la próxima sesión, sino hasta que se construyera cierto acuerdo. Porque para él era muy difícil aprobarlo sin ciertas condiciones que eran esenciales, tales como quienes pueden recibirlos, quienes no, indicadores, metas.

La idea de los reglamentos, ya se vio lo que pasó con los protocolos, los reglamentos eran muy precarios. Entonces, debían ponerse los equipos técnicos a trabajar con la mayor prisa y celeridad posible. Les gustaría que este proyecto se aprobara por unanimidad, pero creía que la mayoría de los diputados de la oposición no lo podrían votar a favor en los términos en los que estaba. Así, si ya no lo votarían en esta sesión, mejor darse un par de semanas para que los equipos asesores se pusieran a trabajar y buscar acuerdos. Como Senador sabía muy bien que a veces ahí se avanzaba muchísimo más.

El diputado Gutiérrez (presidente) señaló que el problema con el proyecto radicaba, sin perjuicio de manifestar que estaba muy de acuerdo en que la prioridad la haya puesto el gobierno en los niños, niñas y adolescentes, le parecía bien lo que estaban haciendo, pero cuando se dice que se estaba anteponiendo la carreta delante de los bueyes, diciendo suplamos primero el problema de fondo y después esto, supuestamente era de forma el tema de esta subvención.

Pero lo que le complicaba era que si no se estaban poniendo de acuerdo en los problemas de forma, cuando venga la solución de fondo supuestamente, esto que va a salir de la Comisión Nacional de la Infancia, sólo cabía creerle que sería más difícil todavía, porque ahí van a discrepar mucho más de cuál era la realidad, la solución de fondo al problema que tenían con los niños, niñas y adolescentes.

Sonrisas del diputado Saffirio

Señaló que el diputado Saffirio e reía porque él sabía que efectivamente iban a disentir en la solución que, eventualmente, fuera la de fondo. Entonces, si ahora señalaban que primero querían resolver el tema de fondo para ver el tema de la subvención, cuando llegara la solución de fondo, la supuesta solución de fondo al problema, se complicaría todo mucho más todavía, y eso va a dilatar, generar más problemas que sí efectivamente…

Recordó que una vez señaló que actuaba de buena fe, que creía que efectivamente cuando venía acá el Hogar de Cristo y les decía lo que decía, cuando vino la Fundación María Ayuda, la Protectora de la Infancia, la Ciudad del Niño, ninguna de ellas venía acá a mentir ni a engañarlos, efectivamente había necesidad y carencias que eran graves, al margen de que se cerraran o no centros, pero efectivamente había un tema ahí que había que resolver.

Si había que tomarse un tiempo, breve, para intentar buscar un acuerdo para este proyecto, para darle viabilidad, si es que los honorables estaban disponibles para hacerlo, sería positivo, pero había que darle viabilidad.

Él era el presidente de esta Comisión, y confiaba en que le creyeran que había que solucionar el tema de fondo antes de resolver un proyecto como éste. Esto no se iba a resolver nunca, es decir, nunca lo iban a votar, por eso creía que se debía buscar alguna solución, todos tenían la mejor voluntad, debía buscarse una fórmula que los deje a todos tranquilos, porque todos estaban inquietos con respecto al tema de la fiscalización, que va a pasar con estos recursos, donde van a ir, quiénes van a ser los beneficiados, porque al final del día todos quieren que estos recursos vayan en dirección de aquellos organismos colaboradores que habían hecho un buen uso de los recursos.

La sesión no fue convocada para votar, pero cabía buscar una fórmula que permitiera darle viabilidad a este proyecto. Supuestamente se iba a pedir cierre del debate, pero no se pidió, por lo que solo se escucharía a los organismos colaboradores que concurrieron hoy día, pero cabía buscar alguna solución.

Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló estar disponible para conversar y para acoger las indicaciones que en forma particular los integrantes de esta comisión quisieran incorporarle al proyecto, cuando sobre todo sean de carácter exclusivo de iniciativa del ejecutivo. Se podían reunir, sentarse a conversar y recibir las inquietudes y las propuestas, pero entendiendo que ese era el marco de la discusión, dentro de este proyecto, porque si querían resolver el tema de los organismos colaboradores, mejor que dijeran que no, era más fácil, más corto.

Pero si había voluntad de sacar este proyecto, de mejorar la entrega de la subvención, con algunas indicaciones que de esta Comisión pudiera surgir, feliz de escucharla y de comprometerlas antes de la votación en general, porque además podían avanzar. Si llegaban a acuerdos rápido en las indicaciones en particular, el mismo ejecutivo podía hacerse cargo de presentarlas. Si acaso había voluntad y podían, si querían, constituir una comisión de trabajo con los colaboradores o asesores de los distintos parlamentarios con los equipos ministeriales, para poder ponerse a trabajar, ningún problema.

Sesión N° 16 de 30 de mayo de 2018.

El señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló que antes de proceder a la votación en general se acordó que personeros del Gobierno pudieran reunirse con algunos parlamentarios integrantes de esta Comisión y sus asesores para aterrizar propuestas más concretas que pudieran mejorar el proyecto y dar las garantías que algunos necesitaban en cuanto a estándares, sanciones y otras cuestiones que aparecían necesario complementar para asegurar el destino de los recursos. Ese trabajo se cumplió celebrándose varias reuniones.

Para la elaboración del respectivo reglamento comprometió la participación de los integrantes de la mesa de trabajo, asesores de parlamentarios y representantes de los organismos colaboradores, no para defender sus intereses sino como ayuda para determinar lo que es o no viable.

El señor Pedro Pacheco, abogado asesor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, dio cuenta del trabajo de la mesa de trabajo a través de la presentación que se adjunta. Señaló que el mismo servirá de insumo para trabajar en futuras indicaciones con miras al perfeccionamiento de la iniciativa y el cumplimiento de los objetivos planteados.

El diputado Saffirio adelantó que rechazará la idea de legislar por cuanto el proyecto no hace referencia a la fiscalización que acompañará la entrega de más recursos, sí se refiere a la supervisión, pero no tienen el mismo alcance. La fiscalización implica que un órgano externo verifica si se está cumpliendo la ley por parte del órgano receptor de recursos fiscales y toma las medidas en consecuencia.

En segundo lugar, observó un abuso de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Así, los criterios objetivos sobre los cuales se va a elaborar y evaluar el cumplimiento de los convenios se dejan a criterio de un reglamento. La participación en ese proceso de asesores reglamentarios y organismos colaboradores, desde su punto de vista, genera una confusión de roles. El espacio constitucional natural para debatir los proyectos de ley son las comisiones y la Sala de ambas cámaras.

En tercer lugar, analizó que la propuesta busca simultáneamente tratar de resolver los problemas de gestión paralelamente con el giro de los nuevos recursos. No se dictarán las normas para verificar que los organismos colaboradores y los de administración directa cumplan con la ley para que no se sigan repitiendo los hechos de los últimos años. Debiese ser al revés, es decir, primero cumplir con los requisitos de acreditación y después recibir más recursos.

Por último, señaló que se debe ser cuidadoso al hablar de errores administrativos o mala gestión porque estamos frente a delitos cometidos por personas que formaban parte de instituciones que cumplían instrucciones de personas naturales que, a su vez, estaban a cargo de instituciones que recibían recursos estatales. Además, se trata de delitos que están siendo investigados por el Ministerio Público. Entonces, podría ocurrir que se transfieran más recursos a determinada institución y que después el representante legal o las personas naturales que prestan servicios sean formalizados por la comisión de delitos que están siendo investigados.

Todos tenemos la disposición de resolver los problemas de nuestra infancia vulnerada pero disentimos respecto al camino. Insistió que primero deben mejorarse los controles y después aumentar los recursos. Ya se ejecutaron propuestas similares que no implicaron mejoras. Primero, porque los recursos que se inyectan son insignificantes y es muy probable que se destinen a tapar hoyos financieros y no a mejorar la calidad de vida de los niños, por lo que no está disponible para aprobar un proyecto en esas condiciones.

El diputado Cruz-Coke preguntó al diputado Saffirio si participó en la mesa de trabajo que tenía por objeto consensuar indicaciones para mejorar el proyecto.

El diputado Saffirio respondió que él legisla en comisiones y en la Sala.

El diputado Cruz-Coke hizo presente que el Gobierno tiene una agenda importante de proyectos relacionados con la infancia. Con este proyecto particular se busca aumentar la banda y, a través de la mesa de trabajo, garantizar la debida fiscalización de dichos recursos.

Tanto el Gobierno como los organismos colaboradores que han venido a exponer están conscientes que el monto de los recursos que se busca aumentar sigue siendo insuficiente y que paulatinamente, junto a otros proyectos, se mejore la calidad de vida de los niños.

El diputado Díaz reconoció que fruto del trabajo de la mesa esperaba la presentación de una indicación sustitutiva, ya que todavía no hay acuerdo en lo sustantivo y el proyecto original nunca le ha gustado.

Entiende que se trata de un proyecto de efecto muy acotado, muy mínimo pero que corre el riesgo de perpetuar un sistema inadecuado.

Preguntó por qué la urgencia de votarlo y qué garantías se entregan respecto a las indicaciones que se van a formular. Además, se mostró en contra de invitar a los organismos colaboradores a la confección del reglamento, porque son parte interesada.

El diputado Boric manifestó que no se puede pretender solucionar todos los problemas de una materia determinada a través de un solo proyecto de ley. El objetivo del presente proyecto es acotado y para que tenga sentido hay que analizarlo desde una perspectiva mucho más integral, junto al proyecto de garantías radicado en la Comisión de Infancia del Senado, el proyecto de adopción radicado en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y el que busca la división del servicio que será analizado por esta Comisión. Esto se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas y medidas administrativas que deben ser comprendidas en su conjunto para ser correctamente evaluadas.

Existe consenso de que para poder dar una reparación integral a los niños vulnerados en sus derechos se requiere aumentar los recursos que actualmente entrega el Estado y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido.

Sobre si el aumento de recursos que la iniciativa pretende mejorará la calidad de vida de los niños, señaló que depende para qué se utilicen y del rol fiscalizador del Estado. La gran mayoría de los organismos colaboradores utilizan recursos privados para financiarse. El lucro está en los programas ambulatorios. En los programas residenciales se administra pobreza. Si el aumento de recursos deriva en aumentar las remuneraciones del personal de los organismos colaboradores, actualmente 40% inferiores a las residenciales de administración directa, evidentemente que mejorará la calidad de vida de los niños porque el nivel de rotación de esos centros producto de las bajas remuneraciones y malas condiciones laborales es altísima.

Sobre el trabajo de la mesa, también entendió que se presentaría una indicación sustitutiva porque el proyecto original es precisamente el que no les gusta. Para avanzar, sugirió se cite a una sesión especial en que se presente el resultado de la mesa de trabajo traducido en indicaciones.

Finalmente, hizo presente dos diferencias de fondo. Primero, la necesidad de aumentar el porcentaje de subvención para abordar los costos fijos de las residenciales. Segundo, respecto al concepto de fiscalización, el Gobierno la entiende como las sanciones para renovar los convenios pero debería ser una cuestión permanente. Además, no hay un departamento que pueda hacerse cargo de fiscalizar la administración financiera de la subvención, es decir, hacia dónde van los recursos.

El diputado Coloma consideró evidente que el presente proyecto no busca solucionar todas las carencias del sistema actual y debe entenderse que forma parte de una batería de proyectos relacionados. Sin embargo, concordó con algunas de las intervenciones, como la necesidad de establecer un sistema de costo fijo para asegurar a las residencias un financiamiento mínimo.

Respecto a la fiscalización, señaló que perfectamente se puede agregar vía indicación que ésta puede realizarse de forma periódica, estableciendo un plazo.

En general, opinó que el proyecto es perfectible y sugirió esperar la indicación sustitutiva del Ejecutivo para su discusión particular procediendo hoy a votarlo en general para dar una señal a la ciudadanía de que el Gobierno se está haciendo cargo.

El diputado Walker comentó que sus asesores participaron en la mesa de trabajo lográndose acuerdos para mejorar el proyecto, bajo el entendido que del debate y las audiencias ha quedado clara la urgencia y necesidad de más recursos por parte de las organizaciones.

Dentro de los mecanismos de fiscalización sugirió incluir fuentes externas, como la Unicef, la Defensoría de la Niñez o el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Agradeció la disposición del ministro y concordó con varias de las conclusiones planteadas en la exposición que formarán parte de la indicación sustitutiva.

La diputada Núñez argumentó que el proyecto en estudio forma parte de una batería de proyectos que el Gobierno ha anunciado, que ya se ha avanzado suficiente en la discusión general y, por lo tanto, resulta procedente votarlo en general como señal de que la Comisión está conteste en la idea de legislar sobre esta materia.

El diputado Hirsch se mostró sorprendido de que el trabajo de la mesa constituida para mejorar el proyecto y alcanzar acuerdos no se haya traducido en indicaciones. El compromiso era que se presentaría una indicación sustitutiva haciéndose cargo de los temas que a la gran mayoría de los integrantes de la Comisión preocupan. Señaló que se entiende que el proyecto no viene a solucionar todos los problemas del sistema pero el trabajo de la mesa y las inquietudes ahí planteadas apuntaban a mejoras específicas perfectamente abordables por este proyecto.

El diputado Soto señaló que si bien comparte la idea de que el sistema requiere aumentar su financiamiento no comparte la fórmula planteada en el proyecto. Ha habido aumentos de la subvención anteriormente pero han ido a fondo perdido porque el sistema no ha mejorado, se entregan más recursos para que hagan lo mismo. Sostuvo que el sistema de protección a la infancia vulnerada requiere una revisión completa y el aumento de subvención no es la prioridad, especialmente si no se establecen obligaciones en contraprestación ni mecanismos de fiscalización.

La diputada Sabat argumentó que si bien el sistema actual presenta múltiples falencias debe atenderse la urgencia del problema. Teniendo en cuenta la disposición que ha mostrado el ministro del ramo, llamó a votar a favor de la idea de legislar sobre la materia para, así, continuar su tramitación con la formulación de distintas indicaciones por parte del Ejecutivo y parlamentarias dirigidas todas a mejorar el proyecto sustancialmente.

La diputada Flores insistió en la idea de que para mejorar realmente el actual proyecto se requiere dar inicio a su discusión particular, por lo que pidió al Presidente de la Comisión someterlo a votación en general.

El diputado Boric rebatió el argumento señalando que en la etapa de discusión en general de un proyecto no basta con estar de acuerdo solo con la idea para votarlo a favor, especialmente si ya se había avanzado consensuadamente en mejorar su texto.

La diputada Núñez aclaró que la idea de votar en general el proyecto en la presente sesión se sustenta en varios factores: la nueva propuesta que ha presentado el Ejecutivo, en los acuerdos transversales alcanzados por la mesa de trabajo y en los nuevos recursos que la Dipres ha comprometido.

El diputado Díaz hizo presente que no se ha citado para votar el proyecto en general y, en consideración de que el Gobierno no presentó las indicaciones comprometidas, sugirió esperar que se formulen para proceder a su votación. Además, la mayoría de las indicaciones consensuadas en la mesa de trabajo son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El Ministro Larraín manifestó concordar con muchos de los planteamientos. Sin embargo, observó que, por una parte, todos están de acuerdo en la necesidad de inyectar más recursos al precario sistema residencial actual y, por otra, todos se encuentran insatisfechos por las constantes vulneraciones a los derechos de los niños al interior de las residencias. Entiende que mientras lo segundo subsista lo primero no aparece como una prioridad e incluso podría verse como un incentivo al actual sistema o un malgaste de recursos, pero se debe considerar que muchos están haciendo bien su trabajo y podrían hacerlo mejor si aumentara la subvención. Se trata de un círculo vicioso que el Gobierno ha tratado de atacar simultáneamente. Mencionó distintas medidas que se han adoptado para mejorar el sistema y se refirió al avance de los proyectos de ley que forman parte de la batería de proyectos de niñez.

Sobre el proyecto en estudio, concluyó que si bien busca apagar un incendio también establece mecanismos que garantizan el buen destino de los recursos. Reconoció que no tenían claro el compromiso de presentar indicaciones en la presente sesión, solo exponer el resultado del trabajo de la mesa, especialmente aquellos nudos que se habían logrado consensuar. Sugirió proceder a su votación general y fijar un plazo para formular indicaciones, las que ofreció trabajar en conjunto con los asesores de los integrantes de la Comisión.

El diputado Gutiérrez (presidente) explicó que la Comisión no se encuentra citada para votar en general. Resolvió citar con ese fin para la próxima sesión y pidió al Ministro que traiga las indicaciones consensuadas, lo que permitiría proceder a su votación particular.

El Ministro Larraín hizo presente que hay indicaciones que no podría comprometer para la próxima semana, ya que requieren su aprobación por parte de la Dipres. Pidió dos semanas, a lo menos.

El diputado Díaz insistió que sin tener a la vista las indicaciones consensuadas en la mesa de trabajo no se encuentra disponible para votar a favor el proyecto en general, ya que ese no fue el acuerdo inicial.

El diputado Alessandri solicitó el cierre del debate.

El diputado Gutiérrez (presidente) solicitó la prórroga de la sesión sin obtener unanimidad, por lo que resolvió que la solicitud de cierre del debate se votará al inicio de la próxima sesión.

Sesión N° 25 de 10 de julio de 2018.

El señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, recordó que el proyecto no se ha votado en general, en consecuencia, vienen a presentar y explicar las indicaciones, que no están firmadas por el Presidente a pesar de que están listas y aprobadas, a la espera de que el proyecto sea aprobado en general para su presentación formal.

El señor Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, apoyado de una minuta y una presentación en PowerPoint, expuso sobre el contenido de las indicaciones del Ejecutivo.

La presentación en PowerPoint está disponible en https://www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumento.aspx?prmID=401.

Recordó que el proyecto de ley considera modificaciones a dos cuerpos legales:

1.- La ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a Través de la Red de Colaboradores del Sename, y su Régimen de Subvención.

2.- El decreto ley N° 2465, del Ministerio de Justicia, de 1979 (Ley Orgánica del Sename).

Explicó que el proyecto de ley lo que hace respecto de la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a Través de la Red de Colaboradores del Sename, y su Régimen de Subvención es:

1.- Modificar el rango del valor base de la subvención para la línea de Centros Residenciales, pasando éste de “8,5 a 15 USS” (Unidades de subvención Sename) a una nueva banda de “15 a 30 USS”.

En este punto explicó que actualmente, por reglamento, está fijado en el tope de la banda de las 15 USS y es por eso que no es posible modificar los montos que hoy en día se pagan por subvención si no hay una modificación legal a esta banda que está establecida.

2.- Agregar como criterios de evaluación de convenios: transparencia, eficacia, eficiencia e idoneidad en la administración de los recursos fiscales que conforman la subvención.

3.- Facultar al Servicio Nacional de Menores para impartir instrucciones a los organismos colaboradores en el caso de incumplimiento de los convenios.

4.- Incorporar como causal para el término anticipado de los convenios que se celebran con los organismos colaboradores acreditados el incumplimiento de las instrucciones a que alude el número precedente.

Respecto del Decreto Ley N° 2465, del Ministerio de Justicia, de 1979 (Ley Orgánica del Sename), el proyecto propone lo siguiente:

1.- Define a las entidades coadyuvantes, para diferenciarlas expresamente de las instituciones colaboradoras.

2.- En el caso de las entidades coadyuvantes, el proyecto de ley otorga facultades al Sename para solicitarles antecedentes de carácter legal y financiero, u otros que se estimen relevantes, y para formar un registro de ellas.

Expuso que el contenido de las futuras indicaciones es el siguiente:

a) Reconocimiento como colaborador acreditado.

En este sentido, se incorpora como requisito para obtener la calidad de colaborador acreditado, el no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, en los dos años anteriores a la respectiva solicitud de reconocimiento como tal.

Precisó que si se observa el reglamento de la Ley N°20.032, su artículo 65 prescribe que el personal de los colaboradores acreditados que contraten para la ejecución de los proyectos no tendrá relación laboral alguna con el Sename, sino que exclusivamente con dichos colaboradores, siendo por tanto responsabilidad de los colaboradores el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales. Planteó que les parecía importante, a propósito de la revisión de este proyecto, equiparar este estándar al que, por ejemplo, se establece en la ley 19.886 sobre contrato administrativo de suministro y prestación de servicios, pues en el marco de esa legislación que es de carácter general para las entidades que contraten con el Estado, se establece esta prohibición pero acá estamos en una legislación especial, que es la Ley de subvenciones, donde hasta la fecha no está contemplada esta posibilidad como exclusión para la solicitud de ser acreditado por lo tanto lo que se solicita con esta indicación es que se incorpore esta condicionante.

b) Revocación de la calidad de colaborador acreditado que ejecute la línea de acción “Centros Residenciales”.

Explicó que en la hipótesis de revocación de la calidad de colaborador acreditado, que se ejecuta en la línea de acción exclusivamente de centros residenciales, ya hay causales que permiten la revocación principalmente referidas a causales de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente que surjan durante la ejecución de un referido convenio se ha considerado la posibilidad de establecer, en un nuevo artículo 9 bis de este cuerpo legal, causales específicas en la línea de centros residenciales. Las hipótesis son las siguientes:

1.- Cuando se dé la Administración provisional decretada por resolución judicial (art. 16) y la Prohibición judicial de la continuación de las acciones (art. 17), del Decreto Ley N° 2465.

2.- Cuando el SENAME haya puesto término anticipado a los convenios respecto de una o más residencias administradas por un mismo colaborador acreditado, durante el tiempo en que debió ejecutarse el respectivo convenio.

Es decir, habiéndose puesto término a un convenio, lo que se está introduciendo es la revocación de la acreditación del colaborador acreditado por lo tanto también acaba una situación bastante grave que amerita la facultad del Servicio para ejercer la revocación.

3.- Cuando el colaborador acreditado haya sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, durante la ejecución del respectivo convenio.

A este respecto, recordó que la misma causal está establecida como una condición, y podría interpretarse o entenderse como una causal sobreviviente, pero se estimó que por técnica legislativa era bueno establecerlo expresamente, pues de otro modo podría ser discutible.

c) Incorporación práctica del principio de transparencia.

Se consagra la obligación para los colaboradores acreditados de publicar determinada información relevante, semejante a la obligación de Transparencia Activa que establece la Ley de Transparencia.

En concreto, si bien ya en el proyecto de ley presentado se incorporada este principio, lo cierto es que la indicación introduce la obligación para los colaboradores acreditados de transparencia activa que tiene que establecer en sus sitios web información relativa a la FECU Social (Ficha estadística codificada uniforme social) que representa un informe de los estados financieros presentados en un formato estandarizado que se publica en entidades que actualmente integran la comunidad de organizaciones solidarias que agrupa más de 150 instituciones. En la indicación viene el detalle, siguiendo este modelo la información, que tiene que tener publicada en sus páginas web, buscando entonces una manifestación más concreta del principio que se había establecido inicialmente en el proyecto de ley.

d) Criterios objetivos de evaluación de los convenios (en general).

Se incorporan criterios objetivos de evaluación de los convenios tales como otorgar un trato digno a los niños, niñas y adolescentes; revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar; asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de educación y salud de los niños, niñas y adolescentes e intervención orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Precisó que estos criterios también tienen que ser desarrollados a nivel reglamentario porque forman parte de la evaluación permanente que tiene que hacer el Servicio respecto a los colaboradores acreditados.

e) Explicitación de la posibilidad de apoyar la supervisión técnica y financiera a los colaboradores acreditados por medio de terceros.

A este respecto, explicó que bajo la legislación actual el Servicio se encuentra obligado a verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto que se han otorgado mediante un convenio de modo que el colaborador acreditado debe remitir al Servicio un informe mensual donde se contemplan, entre otros, los saldos iniciales de los fondos disponibles, los montos de los recursos que se hayan recibido en el mes, el monto de los ingresos realizados, el detalle de éstos, y el saldo disponible para el mes siguiente.

Explicó que cuando uno analiza en general nuestra legislación, tanto el Servicio, por este mandato que tiene de supervisión tanto técnica como financiera, como la Contraloría, por normativa general, son los encargados de hacer esta supervisión. Lo que propone el proyecto es que se pueda establecer como posibilidad la facultad de recurrir a terceros para apoyarse en lo que es la supervisión técnica y financiera sobre los colaboradores acreditados, pero debiendo el servicio, por un lado, explicitar estos motivos fundados, y en segundo lugar que se ejecute mediante una licitación pública. Lo que se está haciendo es suponer que pueden existir casos donde, por ejemplo, en una determinada región no se cuente con el personal suficiente para poder realizar una supervisión financiera, o supongamos que se trata de un organismo colaborador acreditado de una cierta complejidad y que, por lo tanto, la ayuda de terceros en materia de auditorías financieras pudiese ser relevante para ejercer adecuadamente esta supervisión.

Finalmente, agregó que se contempla una modificación en el artículo final del proyecto de ley que es consiste en una corrección sobre la imputación de los gastos que corresponden al Ministerio de Justicia, pero en la partida presupuestaria que corresponde, esto es, la que garantiza los recursos en materia de subvención corresponde al Servicio Nacional de Menores.

El diputado Díaz (Presidente accidental) corroboró lo expresado por el señor Ministro, en el sentido que el proyecto aún no había sido votado en general. Al respecto, planteó que podría votarse en general e incluso inmediatamente si le parecía a los miembros de la Comisión. Ofreció previamente la palabra al señor Ministro.

El señor Ministro recordó que han sido varias las sesiones en que se ha podido conocer un poco la realidad del grueso de los centros residenciales que atienden a menores y la necesidad que lleva al Ejecutivo a presentar este proyecto. Fue enfático en recordar que el sentido de este proyecto es ser un proyecto de transición, para resolver una situación coyuntural de falta de recursos que tienen estos centros, mientras se transforma el Sename en nuevos servicios. Ya sabemos qué está avanzando el Servicio de Reinserción Social Juvenil para los infractores de ley que se está trabajando en la Comisión equivalente en el Senado con bastante dedicación, y el otro proyecto del Servicio de Protección Especializada se está realizando por el Ejecutivo y se supone que debería entrar a tramitación nuevamente este mes.

Explicó que en este proyecto, parte del trabajo que se ha pedido al Ejecutivo es definir mecanismos de supervisión y fiscalización con nuevos estándares de manera que se pueda tener la tranquilidad y la certeza de que los recursos que se están entregando estén bien asignados, recogidos por quienes corresponda y se emplee y se apliquen a los objetivos propios para los cuales han sido entregados, lo que ha quedado plasmado en el contenido de las indicaciones recién explicadas.

Agregó que estimaban que es realmente muy necesaria esta inyección de recursos transitorios y por eso, precisamente, para recoger la inquietud que aquí se ha manifestado se ha trabajado en perfeccionar el proyecto a través de la presentación de las inquietudes que aquí brevemente se han reseñado, con estos cinco temas que de alguna manera ayudan a avanzar, desde luego una de las inquietudes que más interesaba subrayar era la de la supervisión. Se optó por un camino que probablemente se va a perfeccionar y se va a extender en la norma definitiva que es la de la posibilidad de establecer una supervisión externa que permite dejar para el funcionamiento normal de los centros las capacidades que tiene el Sename, que sabemos son limitadas. Lo que se está haciendo es avanzar en forma positiva a una mayor supervisión de estos centros y a una mejor garantía de que los recursos van a estar bien asignados, estamos entrando en una etapa de mayor esfuerzo y estos se van a ver potenciados en el mecanismo definitivo y eso entiendo que lo va a ver esta misma Comisión y por lo tanto va a tener la capacidad de ser más exigente para los tiempos definitivos que además van a traer modificaciones respecto de los contenidos de la de la asignación.

Añadió que el proyecto original que presentó el Ejecutivo se ve perfeccionado con estas indicaciones que se han conversado con los asesores de la mayoría de los miembros de la Comisión, no sé si todos han podido participar pero por lo menos lo han hecho varios y han permitido llegar a esta propuesta que esperamos sea satisfactoria, que les permita no solamente aprobar en generar el proyecto sino que ojalá poderlo despachar en particular lo antes posible.

El diputado Díaz (Presidente accidental) recordó que la Comisión solicitó algunos oficios respecto algunas instituciones colaboradoras que no han sido respondidos.

El diputado Soto precisó que se había enviado un oficio al Ministerio de Justicia pidiendo mucha información sobre los fallecimientos que se dieron a conocer hace un par de semanas atrás de niños y niñas que estaban en el sistema, a cargo de las mismas instituciones a las que se pretende inyectar más recursos, por ello planteó que le parecía que la cantidad de personas fallecidas que apareció y las circunstancias de esos fallecimientos merecen una explicación mucho más profunda, y por ende surgió la duda legítima de decir cómo le entregamos más recursos a estos organismos colaboradores del Sename que tienen este estándar, con este resultado.

Manifestó que puede haber muchas explicaciones, pero parece prudente no entregarles recursos sin tener ningún respaldo ni medio de verificación del uso que se le da a esos recursos en un contexto donde una vez más aparecen graves deficiencias de todo tipo y algunas con resultados fatales.

Agregó que ese es el planteamiento del diputado Saffirio que quiso plantearse en ese oficio que aún no ha sido respondido.

Respecto de la posibilidad de votar estimó que no está citada esta Comisión para votar y existen estos oficios pendientes respecto de personas fallecidas que le gustaría se aclararan a la brevedad.

El diputado Hirsch hizo presente que también presentó un oficio, que no se ha contestado, sobre las mismas materias, pero específicamente sobre el tema de las muertes, en qué centro se produjeron desde el año 2014 en adelante, y sobre los gastos que ha tenido cada centro y cómo se han usado esos recursos del año 2014 en adelante. Explicó que estimaba importante tener esa información para poder hacer un buen análisis del uso de los recursos y cómo va a ser la situación a futuro, para poder votar de mejor manera.

La diputada Cariola reiteró la importancia de que este proceso vaya acompañado también de establecer de manera clara una prioridad a la ley de garantías y derechos.

En relación a este proyecto en particular consultó por qué no se contempla dentro de las modificaciones la posibilidad de cambiar la forma de financiamiento, pues ha sido profundamente discutido que el modelo de subvenciones termina siendo un modelo perverso, que finalmente incentiva a mantener la institucionalización de los niños y no, por el contrario, ayudar a que los niños sean integrados nuevamente a la familia de origen o a buscar mecanismos de facilitar los procesos de adopción. De hecho se ha planteado que finalmente son las mismas instituciones las que están a cargo de los niños y que después desarrollan los procesos de adopción y establecen si la familia es adecuada.

En el mismo sentido, señaló que carecía de lógica plantear que habrá mayor fiscalización si ni el Sename ni el Ministerio tenía todo el aparato necesario para poder desarrollar una fiscalización adecuada, entonces aumentar los recursos sin cambiar el sistema de subvenciones y decir que va a haber mayor supervisión pero sin tener un aparato más robusto parece ser estar echando recursos a un fondo donde no tenemos certeza de que los niños están en buenas condiciones, de hecho, muy por el contrario, la información que tenemos es que esos niños no están en buenas condiciones.

El diputado Alessandri hizo notar que desde que comenzó esta legislatura hubo un debate muy fructífero en la Comisión sobre este tema, se recibió a muchas organizaciones, pero estimó que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, recibir los recursos y mejorar la institucionalidad, y en estos cuatro meses que ha tardado la discusión del Sename está sin recursos.

Preguntó al Presidente qué es lo que procedía, considerando que en la última sesión que se tocó este tema pidió al cierre del debate, y entendía que eso significa que la sesión siguiente se cita para votar. Preguntó si la votación va a ser en la sesión actual.

El diputado Díaz (Presidente accidental) pidió al Secretario de la Comision que aclarar el punto.

El señor Velásquez, Secretario de la Comisión, explicó que el Reglamento de la Cámara prescribe que el cierre del debate tiene que ser solicitado por escrito y firmado. Recordó que en la oportunidad aludida por el diputado Alessandri se presentó justo cuando estaba terminando la sesión y quedó para votarse en la siguiente sesión. La siguiente sesión no sé insistió en el tema porque probablemente se estaba viendo el tema en la mesa de trabajo técnica entre los asesores parlamentarios y el Ejecutivo, y quedó pendiente.

El diputado Díaz (Presidente accidental) sugirió entonces que, cumpliéndose con las condiciones, podría votarse el cierre del debate.

El diputado Saffirio explicó que no repetiría los argumentos que expuso cuando se presentó el proyecto pues estimaba que no había cambios sustantivos que ameritaran modificar el discurso.

Expuso que mantenía la decisión de votar en contra en general de este proyecto dado que no se encontraba disponible para inyectar más recursos a instituciones que han fracasado, y además, ni estos recursos, ni el doble, ni el triple se van a traducir en mejoramiento a la calidad de vida de los niños que es lo que nos interesa. Esta práctica ya la vivimos una vez y fue un fracaso, lo único que ocurrió fue que las instituciones pudieron salvar algunos problemas financieros que tenían pero no llegaron los recursos a los niños.

Expresó su disconformidad con que se pida bajo presión que se vote en general un proyecto bajo el compromiso de indicaciones futuras. Preguntó cuál es el impedimento que tiene el Ministerio de Justicia para poder ingresar las indicaciones, que son la propuesta del Ejecutivo a la Comisión, no son necesariamente materias de una negociación previa.

Fue enfático en agregar que si le dicen que tiene que votar un proyecto porque se está comprometiendo determinados contenidos de las indicaciones futuras se le presentaba un problema adicional que es que no les cree, y no es que no le crea al Ministro de Justicia, sino que no cree en la decisión del Estado de mejorar las condiciones de los niños que están dentro del Sename, situación que también afectaba al gobierno anterior, porque le mintieron igual a él y a la mayoría de los chilenos. Entonces, 10.000 millones de pesos, que es en lo que se puede traducir la aprobación de este proyecto, es una insignificancia de recursos, por ende no son los recursos. El punto aquí es que estamos haciendo las cosas al revés, porque primero vamos a girar los recursos y después vamos a establecer los parámetros de evaluación y los criterios de calificación de las instituciones y de los procesos a través de los cuales se puede verificar si el uso de los recursos es acertado, entonces creo que esto de tener que resolver sobre indicaciones futuras, cuyo contenido no conocemos, en que una palabra cambia el sentido de una ley es la peor forma de legislar sobre todo en un tema tan sensible como éste.

El Ministro mencionó que le costaba seguir la lógica del funcionamiento de esta Comisión puesto que no se vota en general porque se quiere conocer las indicaciones en particular, pero las indicaciones en particular no se pueden presentar si no se aprueba el proyecto en general. Recordó que tenía a la vista el texto de las indicaciones en particular que ha hecho desde ahora, que se han explicado, que se han trabajado, que no están firmadas porque entiende que el proyecto no se ha aprobado en general, y que quizás todo este mal entendido puede deberse a un desconocimiento reglamentario, pero la regla general es que cómo se van a presentar indicaciones particulares firmadas por el Presidente la República si el proyecto no se ha aprobado en general. Desde lo reglamentario y desde la buena no se quería aprobar el proyecto en general mientras no se tuviera una conversación adicional, que es la que tuvimos y que es la que llevó a presentar verbalmente estas indicaciones que están escritas y redactadas, y puedo dejar firmadas si eso ayuda a certificar la buena fe con que el Ejecutivo está trabajando.

Fue enfático en rechazar los dichos del diputado Saffirio, expresando que no podía aceptar que diga que ha sido engañado por este Gobierno, y que no sabía de quién podía alegar o reclamar que había sido engañado, pues se ha trabajado en forma transparente, buscando resolver los problemas. Agregó que respetaba su decisión de votar como tenía pensado hacerlo, pero le pidió que no los tratara de mentirosos puesto que ello no le parecía justo ni en los hechos ni en una apreciación ética del comportamiento que el Ejecutivo ha tenido en esta materia.

Agregó que estimaba que este era un proyecto sencillo, que se trata de dar una inyección menor, y recordó que el año pasado en la discusión presupuestaria que hubo en los meses de octubre y noviembre, el Ejecutivo de entonces aumentó el suplemento de recursos para la subvención, para estos mismos centros, en un 25% y, según recuerda, nadie objetó ese aumento, nadie le exigió lo que a este Gobierno le han exigido en estos meses que lleva, nadie le dijo que estaban botando la plata, siendo que además, ya había ocurrido la situación de fallecimiento informada a propósito del caso de Lissette Villa, sin embargo, ahora este Gobierno quiere aliviar la situación financiera de los centros, y hay un consenso de que la situación financiera es muy deficitaria y lo es no solamente en la atención a los niños sino que también en los remuneraciones de los trabajadores y yo creo que estos son temas importantes que pareciera que a la hora de decidir se olvidan de ver que lo que está haciendo el Ejecutivo, que es tratar de ponerle un poco de piso a lo que está ocurriendo hoy día en estos centros, no resolviendo el problema en forma definitiva, porque para eso está el Servicio de Protección Especializada que se va a discutir en la semana siguiente junto con el proyecto de garantías que a la diputada Cariola como a los que están aquí y al Ministro que habla le interesa. Reiteró que realmente les interesa ese sistema y lo consideran necesario como complemento a estos proyectos.

Respecto de las inquietudes que se han planteado quiso dejar constancia que han revisado la correspondencia en el Ministerio y no tienen ningún oficio en que se haya solicitado una información adicional a la que se entregó en esta materia.

Recordó que en su momento, como corresponde al compromiso que se adoptó por el Ejecutivo de acuerdo al presupuesto del año pasado a través de las glosas han entregando la información correspondiente con los detalles que permitieron que se conociera la cifra de fallecimientos, y es más, ya ha manifestado que lamentablemente las situaciones de fallecimiento de niños siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo no necesariamente porque haya negligencia, maltrato, abuso o mucho menos por una intencionalidad, siguen ocurriendo porque hay niños que están gravemente enfermos y que los mantienen en distintos centros, y muchas veces con un esfuerzo gigantesco de su parte, y así todos no pueden asegurar la subsistencia de ellos. Hubo un caso de un centro específico que fue representado por el fiscal en Emilfork dentro de los 28 casos, que es el caso de la Fundación Belén que queda en Talca, donde efectivamente habían cinco niños muy graves, pero esos cinco niños estaban graves por enfermedades, por circunstancias congénitas, y el esfuerzo que se hacía, y que se pudo apreciar en el terreno, era un esfuerzo muy apreciable humanamente por salvarle la vida, donde probablemente eso no va a tener un éxito definitivo porque la situación de los niños tiene que ver con una cuestión más bien de carácter estructural.

Precisó que de los casos de fallecimiento del informe de la referencia, ninguno de ellos corresponde a niños que estén en centros residenciales, y por lo tanto ninguno de ellos corresponde a aquellos a quienes estas subvenciones están dirigidas. Esos casos correspondían, algunos, en el caso de los menores de edad, de niños o niñas que están en programas ambulatorios, y por lo tanto que residen en su familia, y otros correspondían a mayores de edad que tampoco estaban en centros residenciales pero sí en programas en conexión, en sus residencias familiares, algunos de ellos productos de riña, otros en situaciones más trágicas, y lamentablemente hay algunos suicidios que cabe mucho lamentar pero no fueron producidos dentro de los centros cerrados a través de los cuales se mantienen los niños infractores juveniles.

Reiteró que habían procedido de buena fe, en forma transparente, del modo más participativo posible, sin presionar a la Comisión para despachar este proyecto en forma acelerada, pero este fue el primer proyecto que presentó el actual Ejecutivo desde que inició su gestión de gobierno y vamos a enterar cuatro meses y el proyecto no se ha votado, y además estamos intentando que se vote en general.

El diputado Díaz (Presidente accidental) precisó que en la Cámara de Diputados sí se pueden presentar indicaciones aunque el proyecto no se haya votado en general.

Habiendo recibido formalmente la solicitud de cierre del debate, y dado que se cumplía con las exigencias reglamentarias, procedió a ponerlo en votación.

El diputado Soto expuso que ha estado varios años en esta Comisión y primera vez que ve el cierre del debate porque en general se busca una tramitación de consenso, y planteó que muy buena fe no tenía claro que hoy día se votaba porque en general, cuando se va a votar algo, eso se explicita en la citación. Propuso tener el documento para poder estudiarlo y comenzar a votar mañana.

Sometido a votación el cierre del debate fue rechazado por la mayoría de los miembros de la Comisión. (6-6-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Paulina Núñez Urrutia.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Karol Cariola en reemplazo del diputado Hugo Gutiérrez, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Tomás Hirsch Goldschmidt, Maite Orsini Pascal en reemplazo del diputado Gabriel Boric, Rene Saffirio Espinoza, Gabriel Silber Romo en reemplazo de Matías Walker y Leonardo Soto Ferrada.

El diputado Díaz (Presidente accidental) hizo notar que se ha hecho el esfuerzo de tratar de construir un acuerdo y que las indicaciones van en la línea correcta, pero votó en contra porque cree que es posible que se ingresen mañana las indicaciones, y se vote mañana. Recalcó que hay un modo de trabajo de esta Comisión en que se respetan ciertas normas de fair play, se valora el esfuerzo del Gobierno, pero cree que con algunos diputados no se conversó.

El diputado Cruz-Coke reconoció que le disposición al debate que existe en la Comisión. Recordó que se pidió el cierre del debate hace al menos tres sesiones, y que la última sesión que se vio el proyecto se planteó que la idea era trabajar de buena fe, luego el Ministerio se abrió para trabajar en las indicaciones con los equipos programáticos de los distintos diputados. Dado ese escenario nunca imaginó la dificultad que se ha presentado.

Sostuvo que siempre valoró que esta Comisión por el prestigio que tenía o tiene actualmente, y por ser un lugar donde se trataba muy en serio la legislación, sin embargo lo que ha ocurrido lo ha decepcionado, se pide cierre del debate y no se vota, y cuando se pone en votación se vota en contra, entonces es molesto escuchar hablar de sequía legislativa, en circunstancias que todo lo que ha visto es una disposición enorme para tratar de trabajar un proyecto que si bien, coincide en eso con el diputado Saffirio, no soluciona de manera radical el gran problema que existe con la infancia y con las organizaciones colaboradoras, al menos, como lo han señalado la mayoría de las instituciones que acá han estado y que han venido, les soluciona un problema presupuestario en donde no alcanzan siquiera a pagar el 40 o el 50 por ciento de los gastos que tienen, se trata de un problema urgente y que no puede esperar porque mientras nosotros nos demoramos en esto esas personas siguen pasándolo mal, siguen sin pagarse a muchos de las funcionarios que trabajan en esas organizaciones colaboradoras, muchos niños eventualmente no están atendidos de buena manera y evidentemente que con un proyecto como este, aumentando en la cantidad en que se va a aumentar la subvención, lógicamente, no se va a solucionar el problema de fondo.

Pidió que se considere que mañana estamos es 11 de julio, son entonces cuatro meses desde que se inició el periodo legislativo y todavía no podemos votar de manera general este proyecto que fue de los primeros que ingresó a la Comisión. Pareciera que la oposición realmente no quiere avanzar con los proyectos, no le parece que sea la forma de trabajar ni de funcionar. Estimó que la Comisión de Cultura, a la que pertenece, trabaja con más seriedad a veces que lo que ha visto en esta Comisión.

El diputado Díaz (Presidente accidental) solicitó acuerdo para votar en general para la sesión del día siguiente el presente proyecto, una vez presentadas por el Ejecutivo las indicaciones con las formalidades que corresponde.

Así se acuerda

El diputado Coloma hizo notar su molestia con el hecho de que no se vote el proyecto de inmediato, puesto que cuando se inició el debate estaba todo liso para votarlo cuando el diputado Boric pidió un tiempo pues el tema se trataría en la Comisión Presidencial en materia de Infancia, entonces se esperó que sacara las conclusiones dicha Comisión, luego se solicitó que previo a poder votar en general se reunieran los equipos jurídicos con lo del Ministerio, lo que ocurrió, se consensuaron indicaciones, entonces no se entiende que no se vote el proyecto en general porque faltan las firmas, siendo que las indicaciones consensuadas. Señaló que solo quedaba estimar que se trataba de obstruccionismo puro y duro, la definición misma de obstruccionismo en materia legislativa, esto es, impedir por vía reglamentaria votar proyectos.

Manifestó que si el proyecto va a sala va a ser aprobado y ello porque nadie va a poder negarse aumentar la subvención para los niños del Sename. Pidió un mínimo de colaboración, no con los diputados, sino que con los organismos que reciben la subvención y con los niños que viven en dicho organismo, puesto que todos conoces que se requiere mejorar las remuneraciones para evitar la rotación en los distintos centros del Sename, y ello se mejora en parte con recursos. Planteó que no podía ser que cada vez que se tiene que votar este proyecto exista una excusa para no poder hacerlo, si se comparte el argumento que ingresadas las indicaciones se vota en general es porque simplemente no se cree en la palabra del Ministro de Justicia que entregó la propuesta de indicaciones del Ejecutivo a la Comisión para que puedan estar informados.

El diputado Hirsch planteó que así como el señor Ministro señalaba que no entendía cómo funcionaba la Comisión, a él le llamaba atención y quería entender cómo funcionaba el Ministerio, puesto que entendía que lo que menos faltaba era la buena fe, y que todos desde un principio habían planteando con toda claridad que querían aprobar este proyecto pero querían hacerlo de buena manera. El llamado fair play no es entre los diputados sino que con los niños. Aclaró que su labor era buscar que hayan buenos proyectos para los niños y no para apurar lo que hay un día más o un día menos, porque no conoce el acuerdo ya que se acababa de enterar de la existencia de una reunión de asesores, pero a su asesor no se le avisó, siendo que teníamos mucho interés en participar.

Recordó además que el 12 de abril enviaron un oficio que aún no se respondido y que tenía que ver justamente con la materia de este proyecto de ley.

Reiteró que han estado esperando las indicaciones de buena y ahora están diciendo lo mismo, que se presenten y en ese caso estarán disponibles para votar. Siempre han estimado lo mismo, que el proyecto tiene una mirada totalmente economicista, que es totalmente insuficiente, y así todo han estado dispuestos a avanzar en el entendido de que luego habrá que incorporar otros elementos. Se ha estado trabajando, no perdiendo el tiempo como se ha insinuado, preocupándose de que sea un buen proyecto.

El diputado Saffirio fue enfático en señalar que no podía aceptar el argumento del Ministro, en el sentido que parte de las muertes que se informó por obligación, porque se estableció ello en la Ley de Presupuestos, se deben a problemas de salud estructurales. Indicó que podía asumirse que tres de esas muertes hayan podido tratarse de adolescentes que tenían algún tipo de problema psiquiátrico o psicológico, pero ellos estaban bajo la tutela del Sename, se ahorcaron cuando quienes estaban a cargo de cuidarlos ni siquiera respondieron con la seguridad que debían brindarles, que incluso se establece respecto de los de los presos para impedir que atenten contra sus vidas. El cuarto ejemplo es el de un niño de 10 años que murió por perforación del tubo digestivo respecto del que no hay más explicaciones de parte del Ministerio de Justicia acerca de detalles respecto de las causas de los hechos que provocaron esa perforación, entonces no nos pidan milagros, no se borra con el codo lo que se escribe con la mano, si todos en realidad lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de los niños hagamos lo correcto.

El diputado Díaz (Presidente accidental) reiteró que si al día siguiente se ingresaban las indicaciones del proyecto se votaría en general.

El señor Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, intervino explicando que al principio de la sesión se hizo mención e interpeló la actuación del Ministerio de Justicia respecto de oficios que no estaban respondidos. Pidió que se aclarar esa situación pues durante la sesión habían revisado en el Ministerio de Justicia y no tenían información de oficios que hayan sido emanados desde esta Comisión sobre la información de estos casos. Pidió copia de ellos para poder facilitar la información.

Sesión N° 26 de 11 de julio de 2018.

El diputado Díaz (Presidente accidental) explicó que correspondía votar en general el proyecto puesto que se había recibido oficialmente la indicación del Ejecutivo que fuera comprometida la sesión anterior.

VOTACION EN GENERAL

Sometido a votación en general, el proyecto es aprobado por mayoría de los miembros de la Comisión. (12-1-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Jorge Alessandri Vergara, Boris Barrera Moreno en reemplazo de Hugo Gutiérrez, Juan Antonio Coloma Álamos, Luciano Cruz-Coke Carvallo, Marcelo Díaz Díaz (Presidente accidental), Camila Flores Oporto, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Tomás Hirsch Goldschmidt, Paulina Núñez Urrutia, Maite Orsini Pascal en reemplazo de Gabriel Boric, Leonardo Soto Ferrada y Matías Walker Prieto.

Votó en contra el diputado señor René Saffirio Espinoza.

El señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, precisó que para el Ejecutivo este un proyecto importante, un proyecto que si bien no tiene un impacto de fondo en el problema que nos preocupa del Servicio Nacional de Menores, Sename, pero sí implica una señal importante, ya que busca cubrir una necesidad muy sencilla por parte de quienes están hoy día en esta actividad. Planteó que se esperaba que con los controles y soluciones que desde ya se van agregando se pueda garantizar el mejor destino de los recursos.

Agradeció la decisión de la Comisión de haberlo votado en forma casi unánime favorablemente, y manifestó que se ponían a disposición de la Comisión para la discusión en particular.

Pidió que se le ponga la mayor urgencia posible a esta iniciativa de manera que se trate de un trámite más expedito, porque la discusión está prácticamente hecha.

2.- Discusión Particular.

Sesión N° 27 de 17 de julio de 2018.

El señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, hizo una breve aclaración antes de iniciar la discusión del proyecto a propósito de los oficios solicitados por algunos diputados en relación a datos del Sename. Precisó que en la sesión anterior se habían mencionado oficios que no habían sido despachados aun desde la Comisión y por lo tanto no han podido contestar. Sim perjuicio de ello, corroboró la existencia de un oficio solicitado por el diputado Hirsch, respecto del cual ha habido una cierta demora en la respuesta. Explicó que se han tomado las medidas del caso para tener la información lo antes posible, y agregó que de todos modos la solicitud es bastante extensa, pues se trata de toda la información al respecto de los niños y niñas que han fallecido en los últimos diez años, se trata de información que hay que levantar, puesto los registros actuales están muy al día pero los registros históricos lamentablemente no. Reiteró que se pondrá el máximo esfuerzo en ello.

El diputado Hirsch agradeció la explicación del señor Ministro y advirtió que efectivamente la información que pidió es mucha, pero dice relación con que lamentablemente lo que ha pasado en el Sename es mucho.

El diputado Alessandri planteó la posibilidad de acordar un plazo máximo para la discusión del proyecto en la Comisión y dedicarse exclusivamente a ello.

El diputado Gutiérrez (Presidente) explicó que se iría votando artículo por artículo y de ese modo se iría avanzando.

Votación en particular

Artículo 1°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención:

1) Agrégase el siguiente numeral 4) al artículo 2°: “4) La transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención, en su destinación a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, el SENAME podrá supervigilar la ejecución de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, así como en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño.”.

El diputado Díaz hizo notar que estimaban que lo que correspondía era que se contemplara en el nuevo numeral 4° el verbo “fiscalizar” en lugar de “supervigilar”, pues estimaba que no tenían la misma entidad.

Por su parte, se establece que el SENAME “podrá”, es decir, no es imperativo, estimando que lo que corresponde es establecer que el SENAME “deberá” supervigilar y fiscalizar.

Adelantó que presentaría una indicación en ambos sentidos.

El señor Sebastián Valenzuela, Jefe de la División Jurídica de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explicando el sentido de la incorporación del numeral 4° al artículo 2º de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, en adelante “Ley de Subvenciones”, señaló que cabía destacar que en primer lugar se está estableciendo un nuevo principio dentro de lo que debe registrar toda la acción del propio Servicio como la acción de los colaboradores acreditados. Se trata de del respeto a los derechos de la infancia, la promoción de la integración familiar, escolar y comunitaria como uno de los objetivos que debe tener la acción de todas las instituciones que participan, y la profundización de la alianza de las distintas organizaciones. Se agrega como cuarto principio, de manera relevante, la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la idónea administración de los recursos que son principios que están establecidos en otros cuerpos normativos respecto de recursos públicos. Esto a su vez tiene un correlato en el artículo 36, que también se propone modificar, donde no solamente se establece a nivel de principio sino a nivel de criterio de evaluación. El artículo 36 de la Ley de Subvenciones tiene actualmente cuatro criterios evaluadores, y se incorpora un quinto, que es este, por lo tanto, no es una mera declaración de principios sino que además es un criterio que va a ser obligatorio dentro de las evaluaciones, por lo tanto, va más allá de una mera cuestión formal.

Respecto de introducir el concepto de fiscalización por el de supervigilancia, precisó que lo cierto es que el estatus que tienen los funcionarios del SENAME para ejecutar estas funciones es de supervisores propiamente tales y no de fiscalizadores, por lo tanto se habían remitido a la nomenclatura que actualmente rige a los funcionarios del Servicio y ese es el sentido por el cual lo habían propuesto ese término.

El diputado Gutiérrez (Presidente) preguntó al señor Ministro quién fiscalizaba al que supervigila.

El señor Ministro precisó que el esquema del Sename actúa sobre la base de supervisores, y lo que se está haciendo con la modificación que se pretende introducir es especificar y exigir nuevos criterios para lograr esa fiscalización más completa. No hay fiscalizadores propiamente tales en la nomenclatura actual del Sename.

El diputado Saffirio puntualizó que tenía clara la cuestión desde la estructura interna del Sename, en el sentido que no tienen el carácter de fiscalizadores. Consultó respecto de quién fiscaliza el uso de los recursos del Sename.

El señor Valenzuela comentó que como toda institución pública está sometida por un lado como servicio dependiente del Ministerio de Justicia a éste, y por otro lado al accionar de la Contraloría General de la República, por lo tanto acá no se trata de la supervisión respecto del Sename sino que de los principios que orientan la acción del Sename y los colaboradores acreditados, y los criterios que se tienen que evaluar dentro de los convenios que celebra el Sename con los colaboradores acreditados.

El señor Ministro agregó que sería necesario conocer la diferencia exacta entre uno y otro concepto, pero, en principio, no veía inconveniente con utilizar una u otra forma, pues lo que interesa es cumplir dos objetivos del Sename, por una parte el control del buen uso de los recursos, y por otra el buen funcionamiento desde el punto de vista la atención de los niños y niñas en el sentido de lograr los objetivos de protección que corresponden en el caso de los organismos colaboradores. Se trata entonces de dos supervisiones una más financiera y la otra técnica. Ello sin perjuicio de ser necesaria alguna precisión técnica por si hubiera algún alcance que esté pasando inadvertido.

El diputado Díaz dio por entendido que entonces no habría dificultad en incorporar el verbo fiscalizar, considerando de todos modos que se trata de un Servicio que no tiene planta fiscalizadora como el Servicio de Impuestos Internos, pero tiene una función de fiscalización respecto a los terceros a los que le transfiere recursos y, por tanto, incorporar la norma corresponde, porque obviamente el Servicio está fiscalizado por la Contraloría General de la República, pero acá se trata de quién fiscaliza los recursos que se transfieren a terceros, y esa fiscalización le corresponde hacerla al Sename.

Respecto de los señalado por el señor Valenzuela y la concordancia de este numeral nuevo con lo que se propone para el artículo 36, estimó que poner “podrá”, es decir un mandato imperativo, no obsta a lo que se pretende agregar allí, es mucho más fuerte como mandato legal.

El diputado Saffirio sostuvo que sí existe una diferencia entre supervigilar y fiscalizar, donde la supervigilancia se entiende como el acto en virtud del cual dentro de un Servicio, personas que forman parte de la estructura de ese Servicio, controlan que los programas, las funciones o las facultades de cada uno de los de los miembros de esa estructura se cumplan de conformidad a la ley, es decir, es un proceso interno en virtud del cual se observa y se verifica si los procesos están siendo llevados de conformidad con las responsabilidades políticas, administrativas y legales.

Por su parte, el acto de fiscalización es el aquel mediante el cual se define si el Servicio está actuando dentro de las facultades que le otorga la ley, pero además de un acto que tiene por objeto verificar, en un proceso formal, que los recursos destinados a ese Servicio están siendo usados efectivamente para el fin para el cual fueron asignados en la Ley de Presupuestos, cuyo incumplimiento produce efectos administrativos e incluso penales como en el caso específico de la malversación de caudales públicos cuando se aplica un recurso a un fin distinto al autorizado.

Aseveró que esto último sólo puede hacerse a partir de la fiscalización y no de la supervigilancia, que solo consiste en observar y verificar que las cosas se están haciendo bien.

El diputado Boric manifestó que esta discusión era relevante puesto que se está discutiendo una modificación artículo 2° de la Ley de Subvenciones, y se está proponiendo al Ejecutivo alterar su propio proyecto, del que se desprende que el Sename tiene la facultad, y esto dependerá de cómo quede finalmente la redacción, de fiscalizar y supervigilarlo todo, no solamente el ámbito financiero. Y esto es relevante pues en la práctica el Sename hoy día no tiene la capacidad de ir y de hacer una fiscalización efectiva respecto del actuar cotidiano que sucede en los organismos colaboradores, en particular en los que tienen programas ambulatorios, porque esta facultad de supervigilar apunta no solamente para los lugares residenciales sino también para las para los organismos colaboradores que ejercen programas ambulatorios. El Sename no tiene una planta fiscalizadora y por lo tanto tiene una escasa capacidad de fiscalización respecto del uso de los recursos que en particular utilizan los organismos colaboradores que realizan programas ambulatorios. Lo que estamos aprobando no es menor pues si pensamos en las sanciones que trae aparejado el no cumplimiento de esto, abarcaría tanto el incumplimiento respecto de los objetivos internos de una respectiva fundación, al estilo de los procesos de acreditación de las universidades y la coherencia interna, sino también el incumplimiento eficaz de la labor que le fue encomendada por el Sename para la cual le entregó esos recursos. Es decir, un incumplimiento que va más allá de los objetivos declarados de la fundación y eso es tremendamente relevante porque significaría, y es importante se discuta, que hay sanciones aparejadas, por ende habrá que definir cuáles son esas sanciones aparejadas, lo que no queda claro.

El señor Valenzuela, respecto de la discusión que se está dando en relación a la utilización de los verbos fiscalizar y supervigilancia, sostuvo que en términos administrativos no hay una diferencia clara entre ellos, la Contraloría General de la República ha señalado en algunos dictámenes sobre ambos conceptos que podrían implicar lo mismo, o bien que la fiscalización podría incluir la supervigilancia. El problema que vemos es que, precisamente, no hay una diferenciación clara de ello hoy en día, de hecho cuando se revisa la Ley orgánica del Sename y la Ley de Subvenciones no se refieren nunca a la palabra fiscalización, y es por eso que entendemos que puede ser un poco asistémico incorporarla acá.

Destacó que, de todos modos, el resto de la normativa habla de la supervisión técnica y financiera, que es parte también de lo que vamos a ver a lo largo del proyecto, y advirtió que, desde otro punto de vista, se puede prestar a confusión por el hecho de que el Sename no posee planta fiscalizadora.

El señor Ministro acotó que de acuerdo a la Real Academia el sentido natural de las palabras que se obtiene de fiscalizar consiste en hacer el oficio del fiscal o criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien, mientras que supervisar implica ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Y por su parte la palabra supervigilar equivale a supervisar, y buscando sinónimos de uno y otro, aparecen inspeccionar, controlar, comprobar, registrar, revisar, y de fiscalizar es inspeccionar, investigar, intervenir, indagar e inquirir.

Estimó que no se hace una gran diferencia y el vocablo fiscalizar tiene a ratos una connotación que se asocia más con los fiscales, con fiscalías. Todos los términos son adecuados a los objetivos que ustedes, quieren pero no estamos haciendo cuestión de eso porque no nos parece que ahí esté el tema central.

Hizo hincapié en que se está modificando lo que dice relación con la subvención que se le da a los organismos colaboradores para sus programas residenciales, estamos acotándolo a eso, no a toda la acción del Sename, pues pareciera que a ratos la discusión se amplía a los programas ambulatorios y muchas otras cosas, sin embargo ello va a estar incorporado en el proyecto del Servicio de Protección Especializada que va a regular la totalidad de la labor del Servicio a este respecto, por ello pidió que no se perdiera tanto tiempo en esto, pues parece que cualquiera de las dos cosas conduce al mismo objetivo.

El diputado Silber recalcó que en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, desde la línea operativa o de ejecución siempre se utiliza la voz supervigilancia, por ejemplo, el Ministro de Justicia tiene la supervigilancia respecto a los servicios que están a su cuidado, como Gendarmería o el Registro Civil, si bien no hay una dependencia jerárquica en la línea recta, si tiene una supervigilancia respecto de los servicios, y en lo que se refiere a la voz fiscalización siempre se ha buscado que sea una persona distinta al ente ejecutor de la política pública, por ejemplo, la Contraloría General de la República respecto de quienes administran fondos de terceros, o la propia Cámara de Diputados en lo que dice relación con sus labores de fiscalización no tiene una labor de supervigilancia respecto de los de servicios públicos que componen Administración del Estado pero sí de fiscalización.

Explicó que por ello era importante la diferencia o la discusión que se está dando y que habrá que tener presente al momento de realizar diseño institucional distinto, creando servicios nuevos y dividiendo la cartera de justicia.

El diputado Saffirio mencionó que de acuerdo con la definición que entregaba el señor Ministro respecto de supervigilar y fiscalizar queda claro que hay entre fiscalizar y supervigilar una relación de género a especie, es decir, si yo le entrego a un órgano externo la facultad de fiscalizar se subentiende que tiene la de supervigilar pero no a la inversa, si le entregó un servicio o a un órgano externo la facultad de supervigilar no le estoy entregando la facultad de fiscalizar.

Hizo notar que no se está saliendo de la discusión cuando justamente la propuesta del Ejecutivo incorpora un numeral 4° al artículo 2° de la Ley de Subvenciones puesto que aquel es el ámbito de los principios y esto es mucho más de peso, pues se trata de los principios que van a orientar el funcionamiento del Sename, todo lo demás se puede reparar pero si definimos mal los principios entonces vamos a estar siempre navegando en la cuerda floja respecto del cumplimiento de las obligaciones que tiene el Servicio.

En ese contexto, incluir la fiscalización es clave porque el drama que se vive al interior del Sename es fruto de la ausencia de fiscalización, no de supervisión, porque en la práctica la supervisión la realizan los mismos funcionarios que están dentro de los centros residenciales, y el que no haya un control externo es lo que ha generado lo que todos conocemos. Por lo anterior adelantó que no votaría a favor de la norma que reajusta las subvenciones pero si votará lo que dice relación con los principios pues es fundamental que el Servicio tenga mecanismos de fiscalización, más aun cuando las reformas más profundas pueden tardar años.

El diputado Díaz puso énfasis en la existencia de un consenso generalizado respecto de que el Sename ha tenido dificultades de fiscalización y, desde esa perspectiva, si hay un Servicio que debiese constituirse sobre la base fiscalizadora es éste, pero ello debe quedar quizás para la discusión larga. Invitó a incorporar el verbo fiscalizar pese a que la ortodoxia administrativista pueda ser rígida al respecto, pues se trata de una indicación razonable que le da más peso y concreción.

El diputado Gutiérrez (Presidente) planteó que se valora el avance que significa la introducción de los principios, pero se requiere de un poco más para dotar de coherencia al proyecto, y ello se logra agregando el verbo fiscalizar, puesto que así todos estaríamos mucho más tranquilos de saber que los dineros que vamos a entregar a organismos colaboradores el Sename los va a estar fiscalizando y supervigilando.

El señor Ministro insistió en que no veía ninguna dificultad de fondo en lo que se está planteando, en ninguna de las dos indicaciones, pero en la jerga administrativista, en la jerga de la Contraloría, esto significa una planta de fiscalizadora que no es lo mismo que una planta de supervisores, entonces es probable que esta indicación tenga hasta un efecto claro de presión en el Sename para que los supervisores se conviertan en fiscalizadores, los que tienen un trato distinto en nuestra legislación y puede tener implicancias de otra naturaleza. Lo que estamos haciendo es tratar de mejorar transitoriamente la situación, que no se trata del régimen definitivo.

***

Durante la sesión se presentaron dos indicaciones:

1.- Indicación de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio y Silber.

Reemplázase en el numeral 4° que se agrega al artículo 2° de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, la palabra “deberá” por “podrá”.

2.- Indicación de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio y Silber.

Agregase en el numeral 4° que se agrega al artículo 2° de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, a continuación de la palabra “supervigilar” la frase “y fiscalizar.”.

Al respecto, el diputado Alessandri estimó que la indicación podía ser inadmisible por cuanto está dando una nueva atribución a un organismo público. Le está dando algo que no hacía hasta ahora o algo que hacía en menor medida.

El diputado Gutiérrez (Presidente) considerando admisible la indicación señaló que se pondría en votación el artículo con la indicación.

Puesto en votación el numeral 1° del artículo 1° del proyecto de ley con las indicaciones (1 y 2) individualizadas precedentemente, fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric, Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo de la diputado Flores; Tomás Hirsch; Diego Paulsen en reemplazo de la diputada Nuñez; René Saffirio; Gabriel Silber en reemplazo del diputado Walker; Sebastián Torrealba en reemplazo del diputado Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del diputado Coloma.

***

Indicación del Ejecutivo número 1 letras a), b) y c) al artículo 1° del proyecto.

a) Agrégase el siguiente numeral 2) nuevo, pasando el actual a ser 3), y así sucesivamente:

“2) Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 7°, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto: “Tampoco podrán ser reconocidos como colaboradores acreditados las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, en los dos años anteriores a la respectiva solicitud de reconocimiento.”.”

b) Agrégase el siguiente numeral 3) nuevo, pasando el actual a ser 5), y así sucesivamente:

“3) Agrégase el siguiente artículo 9° bis:

“Artículo 9° bis.- Además de las causales señaladas en el artículo anterior, el reconocimiento de colaborador acreditado que ejecute la línea de acción “Centros Residenciales”, podrá revocarse a través de una resolución fundada del Director Nacional del SENAME, por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando se dé alguno de los presupuestos establecidos en los artículos 16 y 17 del decreto ley N° 2465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, respecto de una o más residencias que administre un colaborador acreditado.

b) Cuando, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 37 de la presente ley, el SENAME haya puesto término anticipado a los convenios respecto de una o más residencias administradas por un mismo colaborador acreditado, durante el tiempo en que debió ejecutarse el respectivo convenio.

c) Cuando el colaborador acreditado haya sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, durante la ejecución del respectivo convenio.”.”

c) Para agregar el siguiente numeral 4) nuevo, pasando el actual a ser 7), y así sucesivamente:

“4) Incorpórese el siguiente artículo 13 bis nuevo:

“Artículo 13 bis.- Los colaboradores acreditados que estén recibiendo subvención en virtud de la presente ley, deberán mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web, la siguiente información:

1.- Identificación de la entidad.

2.- Información general y de contexto considerando lo siguiente: estructura de gobierno corporativo; estructura operacional; valores y principios; principales actividades y proyectos; identificación e involucramiento con grupos de interés; prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados; participación en redes y procesos de coordinación con otros actores, y reclamos o incidentes.

3.- Información de desempeño considerando lo siguiente: objetivos e indicadores de gestión; indicadores financieros, incluyendo los ingresos operacionales y su origen y otros indicadores relevantes; donación acogidas a beneficios tributarios; gastos administrativos y remuneraciones de sus principales ejecutivos.

4.- Balance tributario o Cuadro de ingresos y gastos.

5.- Responsable de la veracidad de la información.

En el caso de colaboradores acreditados que no posean página web, la información señalada en el inciso anterior deberá estar siempre disponible y actualizada en el domicilio de su sede principal.

El detalle del contenido de cada uno de los numerales anteriores, se establecerá en el respectivo reglamento.”.”.

El diputado Saffirio hizo dos prevenciones respecto de la información que deberán mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web los colaboradores acreditados.

En primer lugar, y dada la redacción del artículo, el organismo colaborador podía cumplir formalmente poniendo a disposición la estructura orgánica del gobierno corporativo y operacional sin detallar las identidades de quienes detentan esos cargos, cuando lo relevante es conocer la identidad de las personas que forman parte de esos organismos para efectos de poder establecer potenciales conflictos de interés.

En relación con la posibilidad de que los colaboradores acreditados que no posean página web tengan disponible y actualizada en el domicilio de su sede principal la información requerida, hizo notar que el acceso a los recintos está absolutamente restringida, por lo cual el cumplimiento alternativo a la obligación de mantención de esa información en la respectiva página web sería impracticable. Sugirió que de todos modos esa información conste vía internet, y si el argumento es el costo que podría implicar, se realizara, por ejemplo, mediante Facebook que es gratuito.

El diputado Alessandri previno que las redes sociales si bien son gratuitas, no son seguras pues son fácilmente alterables por cualquier persona. Sugirió que era preferible a la Subsecretaría o a la página web del Sename o del mismo Ministerio de Justicia que publique un mínimo de información de todos, no sólo a aquellos que no tengan página web.

El diputado Cruz-Coke coincidió en este último sugiriendo que la información también puede ser dispuesta de manera pública por parte del Sename para que la carga recaiga sobre el Estado y no sobre la institución colaboradora.

El señor Ministro compartió la primera inquietud del diputado Saffirio, de modo que se incorpore el requisito no solo de mantener publicada y actualizada la información respecto de la estructura de la organización, sino que también de quienes integran el cuerpo directivo y de administración del respectivo organismo colaborador mediante la publicidad de una nómina.

Respecto del segundo punto, coincidió con el diputado Alessandri en que las redes sociales gratuitas pueden ser inseguras, pero planteó que cargar con la obligación de publicidad al Sename sólo lo sobrecargaría, en circunstancias que además, el sentido de esta norma es más bien que los organismos colaboradores sean transparentes y no el Sename. Hacer una página web no debe representar mayor dificultades, sin embargo, dado que hay organismos colaboradores muy pequeños con muy poca capacidad de gestión y que por lo tanto puede significar la significarles una carga adicional innecesaria, propuso eliminar el inciso penúltimo que contiene la obligación alternativa e introducir un artículo transitorio que de un plazo de 6 meses para cumplir con la obligación, plazo en el cual el mismo Ministerio podrá prestar asesoría técnica. (Se deja constancia que finalmente el Ejecutivo desistió de presentar la disposición transitoria).

La Comisión por unanimidad de sus miembros presentes acuerda incorporar en la indicación c) que intercala un artículo 13 bis, en su numeral 2.- la frase “y su nómina”, luego de la palabra “corporativo” y eliminar el inciso penúltimo del mismo artículo 13 bis.

Puestas en votación la indicación del Ejecutivo número 1 letras a), b) y c), incorporando en la indicación c) que intercala un artículo 13 bis, en su numeral 2.- la frase “y su nómina”, luego de la palabra “corporativo” y eliminando el inciso penúltimo del mismo artículo 13 bis. Las indicaciones fueron aprobadas, con los cambios señalados, por unanimidad. (12-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric, Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo del diputado Fuenzalida; Tomás Hirsch; Diego Paulsen en reemplazo de la diputada Nuñez, René Saffirio; Gabriel Silber en reemplazo del diputado Walker; Sebastián Torrealba en reemplazo de la diputada Flores y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del diputado Coloma.

***

Indicación presentada durante la sesión de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Silber y Soto.

Agrégase a la ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención un nuevo artículo 13 ter del siguiente tenor: “No obstante lo señalado en el artículo anterior, los colaboradores acreditados que estén recibiendo subvención en virtud de la presente ley, deberán igualmente sujetarse a lo señalado en la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública.”.

El diputado Gutiérrez (Presidente) explicó que la indicación consiste en pedirle a los colaboradores que cumplan con la transparencia que se le pide en general a todos los que reciben fondos públicos, lo que, en buena cuenta, hace más concreto lo mismo que plantea el Ejecutivo en las directrices y principios.

El diputado Saffirio puntualizó que hay una discusión acerca de si esta norma sobre transparencia es aplicable o no a entidades privadas, entonces se hace la diferencia entre aquellas entidades privadas que reciben recursos públicos y las que no, entendiéndose que las primeras sí son susceptibles de estar sujetas a la norma por el hecho de estar recibiendo fondos públicos.

El señor Ministro recordó que siendo senador él mismo había impulsado una modificación para que organismos como gremios empresariales, de trabajadores u organismos de la sociedad civil que participan en actividades públicas fueran objeto de transparencia activa, sin embargo, en este caso, le parece que es muchísimo más complejo, que es más propio de organismos públicos, pues los organismos colaboradores van a estar sujetos a que cualquier persona, de cualquier lugar del país, puede pedirle antecedentes, y de la denegatoria esos antecedentes se podrá recurrir al Consejo para la Transparencia y a continuación podrá gatillarse un proceso judicial, precisó que lo pensaría dos veces, y que estimaba más pertinente que la discusión se dejara para la modificación de la Ley de acceso a la información que el Ejecutivo está preparando con motivo de haberse cumplido ya 10 años de su funcionamiento, donde podría incluirse alguna norma de sujeción a transparencia activa, pero sujetarlos al Consejo para la Transparencia tal cual, cuando estamos pensando en un organismo pequeño, parece que no ser la sede para esa discusión, podría generar un precedente legal que revisaría antes.

El Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, coincidió con el Ministro de Justicia y reiteró que se está trabajando en esa línea por parte del Ejecutivo.

El diputado Soto (don Leonardo), como autor de esta indicación, explicó que recogía el trabajo que se ha hecho en el Parlamento no ahora, sino que hace muchos años, particularmente durante el debate que hubo para instalar el principio de transparencia y publicidad en el artículo 8° la Constitución donde expresamente todos coincidían, incluyendo el que hoy día es Ministro de Justicia, en que es fundamental que todo organismo, sea público o privado, que ejerza o cumple funciones públicas, esté obligado a entregar transparencia respecto del uso de esos recursos. Es un principio que todos compartimos y hoy día, cuando hay la posibilidad de materializar ese principio, pareciera que uno se olvida de lo que creemos en general.

Resaltó la importancia de la indicación porque cuando se entregan fondos de esta naturaleza, en un contexto además donde hay organismos colaboradores que han incumplido gravemente con sus obligaciones, que muchas veces no le han dado el uso adecuado a los recursos, que haya transparencia de cómo los utilizan es un principio básico, elemental, ni siquiera estamos colocando facultades de intervención o tipos penales, sino simplemente que se conozca el uso de los recursos. Se ha dicho que someterlos al Consejo para la Transparencia no se ajusta con la naturaleza privada de este tipo de organismos, pero la verdad es que hace rato el Consejo, por la vía transparencia pasiva ha requerido no tan solo de estas corporaciones sino que de muchas otras información detallada, y las Cortes casi invariablemente lo han aprobado, puesto que se cumple con el supuesto de que estas corporaciones privadas cumplan funciones públicas y reciban fondos públicos. Es por eso que hoy día las corporaciones municipales de educación y salud tienen transparencia activa y transparencia pasiva, incluso las Mutuales de Carabineros y de las Fuerzas Armadas también están siendo requeridas y se le obliga a entregar información y aquí pareciera que pedir transparencia a este organismos colaboradores del Sename es casi un pecado cuando es lo mínimo cuando uno le entrega recursos para mantener niños que además están en situación de vulnerabilidad.

El diputado Díaz y el diputado Gutiérrez (Presidente) coincidieron con los planteamientos del diputado Soto.

El diputado Cruz-Coke destacó que justamente en el artículo que se votó anteriormente se había hecho el punto respecto de tratar de no sobrecargar a las organizaciones colaboradoras precisamente por su pequeño tamaño en muchas oportunidades. Si los vamos a someter hoy día al Consejo de la Transparencia creo que puede ser un poco excesivo. Estimó que el tema supera la discusión que estamos teniendo aquí y prefiere que eventualmente esa discusión se tenga en un contexto más más amplio.

El diputado Alessandri coincidió con el diputado Cruz-Coke y agregó que si bien era importante mayor transparencia, había que cuidar de no poner una carga muy grande a la propia institución, especialmente las pequeñas, porque el dinero extra lo pueden terminar gastando en cumplir con esta exigencia legal.

Por su parte, planteó que la indicación podía tener problemas de admisibilidad.

El señor Ministro precisó que la iniciativa de ley que se presentó, para que fuera constitucional, solamente incorpora transparencia activa y no la incorporación en el Consejo para la Transparencia, y justamente, como señala el diputado Alessandri, en ese escenario puede estimarse que estamos dándole más funciones al Consejo y en ese caso se necesita patrocinio del Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, reiteró que ya se está incorporando una norma de transparencia muy completa y que va a permitir que con las facultades de supervisión y fiscalización, el Sename pueda verificar si la información se está entregando y su calidad.

El diputado Gutiérrez (Presidente) pidió la opinión del Secretario de la Comisión respecto de la admisibilidad de la indicación.

El señor Velásquez, Secretario de la Comisión, coincidió con los argumentos vertidos precedentemente en el sentido que se está ampliando la competencia del Consejo para la Transparencia y por ende la indicación sería inadmisible.

El diputado Gutiérrez (Presidente) declaró inadmisible la indicación.

El diputado Soto (don Leonardo) pidió la votación de la admisibilidad de la indicación, argumentando que presentó un proyecto de ley en este mismo sentido, y fue declarado admisible.

Sometida a votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación fue aprobada por mayoría de votos de los diputados presentes. Indicación inadmisible. (7-4-0)

Votaron a favor de la inadmisibilidad las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Luciano Cruz-Coke; Francisco Eguiguren en reemplazo de la señora Flores; René Saffirio; Sebastián Torrealba en reemplazo del señor Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del señor Coloma.

Votaron en contra de la inadmisibilidad las señoras y señores diputados Gabriel Boric, Marcelo Díaz; Gabriel Silber en reemplazo del diputado Walker y Leonardo Soto.

***

Artículo 1°.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención:

2) Sustitúyase en el numeral 3) del artículo 30 la frase “8,5 a 15 USS mensuales.” por la frase “15 a 30 USS mensuales.”.

El diputado Boric anunció que votaría a favor de esta norma pero que era necesario hacer algunas precisiones.

Planteó que era necesario no solo aumentar el monto de la subvención sino que modificar la composición de la misma, por cuanto las realidades de los distintos hogares residenciales es muy disímil, e intrínsecamente variable, por cuanto son las decisiones judiciales las que determinan la internación de un niño o niña, lo que en definitiva produce serios problemas de gestión presupuestaria puesto que la estructura de la subvención del Sename cubre solamente en un 30% los costos fijos, que no dependen del número de niños que se tenga bajo custodia. Recordó que los hogares residenciales tienen que tener personal contratado de manera permanente. Instó al señor Ministro a impulsar una modificación en ese sentido a la brevedad.

El señor Ministro comprometió que la modificación de la estructura de la subvención, en el sentido planteado por el diputado Boric, se encuentra contenida en el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada que va a reemplazar al Sename en la parte de protección, y que está próximo a presentarse.

El diputado Díaz señaló que, a su entender, parte de los acuerdos alcanzados decían relación con que la estructura de la subvención se modificaría mediante el proyecto que se está discutiendo. No hará cuestión de ello, pero quiso dejar constancia del compromiso del señor Ministro en la sesión anterior y ésta, respecto de presentar a la brevedad el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada que contendrá las modificaciones comprometidas.

Sometido a votación el artículo 1° número 2 del proyecto de ley, fue aprobado por mayoría de votos de los diputados presentes. (10-1-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo de la señora Flores; Gabriel Silber en reemplazo del diputado Walker; Leonardo Soto; Sebastián Torrealba en reemplazo del señor Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del señor Coloma.

Voto en contra el diputado señor Rene Saffirio.

***

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a Través de la Red de Colaboradores del SENAME, y su Régimen de subvención:

3) Modifícase el artículo 36 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente numeral 5 al artículo 36:

“5) La administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la subvención, de conformidad a los fines para los cuales aquélla se haya otorgado, según la línea de acción subvencionable que corresponda.”.

b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente: “El reglamento establecerá los criterios objetivos para la evaluación, la forma en que se efectuarán estas evaluaciones, tales como auditorías, rendiciones de cuentas, emisiones de informes sobre el uso de la subvención, entre otras, así como los mecanismos por medio de los cuales los colaboradores acreditados podrán conocer la metodología utilizada para estos efectos.”.

El Ejecutivo presentó la siguiente indicación al N°3 (6) del proyecto:

En el literal b) del anterior numeral 3), ahora numeral 6):

a) Sustitúyase la palabra “establecerá” por el vocablo “desarrollará”.

b) Incorpórese a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido el siguiente párrafo:

“Deberán considerarse como criterios objetivos, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato digno a los niños, niñas y adolescentes.

b) Revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar.

c) Asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de educación y salud de los niños, niñas y adolescentes.

d) Intervención orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”

Sometido a votación el artículo 1° número 3 (6) del proyecto de ley, con las indicaciones del Ejecutivo más arriba transcritas, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric, Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo de la señora Flores; Rene Saffirio; Gabriel Silber en reemplazo del diputado Walker; Sebastián Torrealba en reemplazo del señor Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del diputado Coloma.

Aprobado 10-0-0

***

El diputado Gutiérrez (Presidente) propuso votar todos los artículos e indicaciones restantes en conjunto, con dos exclusiones que a sugerencia del diputado Boric se votarán separadamente:

Indicaciones del Ejecutivo que se votarán separadamente:

1.- Indicación del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto, numeral 2, letra a), para agregar el siguiente numeral 1) nuevo, pasando el actual a ser 2), y así sucesivamente:

“1) Agrégase la siguiente frase al inciso primero del artículo 1°, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “Para supervisar podrá contratar servicios de apoyo de terceros seleccionados a través de licitación pública, por motivos fundados que así lo justifiquen.”.”

2.- Indicación del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto, numeral 4, letra a), segunda parte, esto es, “e incorporase la siguiente frase a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “El Servicio realizará la supervisión técnica y financiera, para lo cual podrá contratar servicios de apoyo de tercero conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1°.”.

Puesto en votación el artículo 1° del proyecto numerales 4 y 5, y los artículos 2°, 3° y 4° del proyecto con las indicaciones del Ejecutivo, con exclusión de lo sugerido por el diputado Boric, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo de la señora Flores; Tomas Hirsch; Diego Paulsen en reemplazo de la diputada Nuñez; Rene Saffirio; Sebastián Torrealba en reemplazo del señor Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del señor Coloma. ( 11-0-0)

La Comisión, a sugerencia del señor Ministro, acordó por unanimidad la siguiente indicación, que tiene por objeto dotar de coherencia al proyecto:

Modifícase al decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su Ley Orgánica, en el siguiente sentido:

1.- En el artículo 1° sustitúyase “y supervisar”, por “supervisar y fiscalizar,”.

2.- En el artículo 15° sustitúyase “supervisión”, por “supervisión y fiscalización,”.

Votaron a favor las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo de la señora Flores; Tomas Hirsch; Diego Paulsen en reemplazo de la diputada Nuñez; Rene Saffirio; Sebastián Torrealba en reemplazo del señor Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del señor Coloma. (11-0-0).

Los artículos e indicaciones aprobados en forma conjunta son los siguientes:

1.- Artículo 1°, numeral 4) del proyecto que agrega el siguiente artículo 36 bis, nuevo a la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención: “Artículo 36 bis.- Como consecuencia de la evaluación a que se refiere el artículo precedente, el SENAME podrá emitir instrucciones a los colaboradores acreditados, indicando las deficiencias a corregir, con la finalidad de que el organismo adopte las medidas que correspondan, dentro del plazo que determinará el Servicio, dependiendo del tipo de medida de que se trate. Ello, sin perjuicio de la adopción por parte del SENAME de las demás acciones que contemple la normativa vigente.”. (7)

2.- Artículo 1°, numeral 5) del proyecto que modifica artículo 37 de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, elimínese el artículo “El” con que se inicia y agréguese la siguiente frase: “Además de la facultad consagrada en el artículo anterior, el”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, pasando el actual segundo, a ser inciso tercero: “Tratándose de lo dispuesto en el artículo 36 bis, también podrá poner término anticipado al convenio, cuando las instrucciones impartidas no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el Servicio.”.

3.- Artículo 2° del proyecto: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su Ley Orgánica:

1) Sustitúyase el numeral 8.- del artículo 3°, por el siguiente:

“8.- Impartir instrucciones generales a los organismos colaboradores acreditados respecto a las líneas de acción subvencionables señaladas en la ley N° 20.032. Asimismo, tendrá la facultad de supervigilar el cumplimiento de los proyectos que efectúen en las mencionadas líneas de acción, en los ámbitos técnicos y financieros, así como en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño.”.

2) Intercálase el siguiente numeral 9.-, nuevo, pasando el actual numeral 9.- a ser 10.- y así, sucesivamente:

“9.- Impartir instrucciones generales a las entidades coadyuvantes sobre atención en materia de infancia y adolescencia, y supervigilar el cumplimiento de las mismas. Se entenderá por entidad coadyuvante a cualquier persona natural o jurídica que administre centros residenciales que tengan bajo su cuidado a niños, niñas o adolescentes de los que trata la presente ley, y que no se encuentren regidas por la ley N° 20.032.

Asimismo, podrá supervisar el funcionamiento de las entidades coadyuvantes, pudiendo requerirles la información necesaria para ello. Todo informe de supervisión que evacúe al efecto, deberá ser entregado al correspondiente juez con competencia en materia de familia.

A fin de conformar un registro de entidades coadyuvantes, podrá solicitarles diversos antecedentes de carácter legal y financiero, u otros que se estimen relevantes.”.

3) Sustitúyanse los incisos segundo y tercero del artículo 15, por el siguiente inciso segundo:

“Si las instituciones a que se refiere el inciso anterior no dieren cumplimiento a las instrucciones generales que de acuerdo a esta ley les imparta el Servicio, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 36 bis y 37 de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención.”.

Indicaciones del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto

b) Para sustituir el numeral 3) del artículo 2° del proyecto, por el siguiente:

“4) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, a continuación de la palabra “técnica” agrégase la frase “y financiera”.

b) Sustitúyanse los incisos segundo y tercero, por el siguiente inciso segundo: “Si las instituciones a que se refiere el inciso anterior no dieren cumplimiento a las instrucciones generales que de acuerdo a esta ley les imparta el Servicio, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 36 bis y 37 de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención.”.”.

4.- Artículo 3°.- Las modificaciones que deban efectuarse al Decreto Supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento de la ley Nº 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, y su régimen de subvención, así como el o los nuevos cuerpos reglamentarios que lo sustituyan, deberán ser suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.

5.- Artículo 4°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva, conforme a lo que disponga el decreto supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia.”.

***

Votaciones separadas

1.- Indicación del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto, numeral 2, letra a), para agregar el siguiente numeral 1) nuevo, pasando el actual a ser 2), y así sucesivamente:

“1) Agrégase la siguiente frase al inciso primero del artículo 1°, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “Para supervisar podrá contratar servicios de apoyo de terceros seleccionados a través de licitación pública, por motivos fundados que así lo justifiquen.”.”

2.- Indicación del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto, numeral 4, letra a), segunda parte, esto es, “e incorporase la siguiente frase a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “El Servicio realizará la supervisión técnica y financiera, para lo cual podrá contratar servicios de apoyo de terceros conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1°.”.

El diputado Boric presentó reparos respecto de la externalización de los servicios de fiscalización, pues le parece preocupante que se entregue a una entidad privada la facultad de fiscalizar y supervisar.

El señor Valenzuela explicó que se había incorporado la posibilidad de que el Sename realizara la evaluación de desempeño pertinente directamente o por medio de terceros seleccionados mediante licitación pública. Ahora bien, lo señalado por el diputado hace sentido, por cuanto ahora ya no estamos hablando de evaluación solamente sino que estamos hablando de supervisión y fiscalización, y la verdad que yo también intento recordar alguna norma donde la fiscalización puede ser externalizada y no tengo norma alguna sobre eso. El amerita una revisión.

El señor Ministro planteó que se había incorporado aquello producto de la conversación con los asesores de los diputados, pues se trataba de una medida que le daba mayores opciones al Sename, pero si genera dificultades que parecen razonables, no hay inconveniente en que eso se rechace.

Sometidas a votación las indicaciones reseñadas precedentemente, fueron rechazadas por la unanimidad de los diputados presentes.

Votaron en contra las señoras y señores diputados Hugo Gutiérrez (Presidente), Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Francisco Eguiguren en reemplazo de la señora Flores; Tomas Hirsch; Diego Paulsen en reemplazo de la diputada Nuñez; Rene Saffirio; Gabriel Silber en reemplazo del diputado Walker; Sebastián Torrealba en reemplazo del señor Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe en reemplazo del diputado Coloma.

(0-12-0).

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Despachado el proyecto. Diputado informante el señor Leonardo Soto.

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III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

La Comisión recibió a:

Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín.

Subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa.

Jefe Depto. Asesoría y Estudios Milton Espinoza Vergara.

Asesora División Jurídica Paula Recabarren Lewin.

Asesor División Reinserción Social Juvenil Pedro Pacheco.

ONG Activa

Gloria Requena, Directora

Fundación Ciudad del Niño

Edmundo Crespo, gerente general

María Teresa Sepúlveda, jefa del Departamento Técnico.

Hogar de Cristo

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo;

Francisco Javier Parra, Jefe Nacional de Residencias Especializada Infanto-adolescente.

Corporación María Ayuda

Cristián Alliende, director;

Ximena Calcagni, subdirectora;

Ricardo H.C. Evangelista, director ejecutivo.

Fundación Misión de María

Teresa Izquierdo.

Fundación Infancia

Nathalie Oyarce, presidenta.

Edison Gallardo, director de gestión.

Protectora de la Infancia

Alicia Amunátegui de Ross, presidenta;

María Jesús Montt, abogada.

Aldeas SOS.

Jorge Lavanderos.

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda los artículos 1°; 2°, numerales 1, 2 literal a) y 3; y 4°.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Indicaciones rechazadas

1.- Indicación del Ejecutivo al artículo 1° del proyecto, numeral 4) nuevo, que incorpora el artículo 13 bis nuevo, en el sentido que se rechazó solamente el inciso penúltimo de este nuevo artículo, del siguiente tenor:

“En el caso de colaboradores acreditados que no posean página web, la información señalada en el inciso anterior deberá estar siempre disponible y actualizada en el domicilio de su sede principal.”.

2.- Indicación del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto, numeral 2, letra a), para agregar el siguiente numeral 1) nuevo, pasando el actual a ser 2), y así sucesivamente:

“1) Agrégase la siguiente frase al inciso primero del artículo 1°, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “Para supervisar podrá contratar servicios de apoyo de terceros seleccionados a través de licitación pública, por motivos fundados que así lo justifiquen.”.”

3.- Indicación del Ejecutivo al artículo 2° del proyecto, numeral 4, letra a), segunda parte, esto es, “e incorporase la siguiente frase a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “El Servicio realizará la supervisión técnica y financiera, para lo cual podrá contratar servicios de apoyo de terceros conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1°.”.

Indicaciones inadmisibles

Indicación de los diputados Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Silber y Soto.

Agrégase a la ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención un nuevo artículo 13 ter del siguiente tenor: “No obstante lo señalado en el artículo anterior, los colaboradores acreditados que estén recibiendo subvención en virtud de la presente ley, deberán igualmente sujetarse a lo señalado en la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública.”.

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a Través de la Red de Colaboradores del SENAME, y su Régimen de Subvención:

1) Agrégase el siguiente numeral 4) al artículo 2°:

“4) La transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención, en su destinación a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, el SENAME deberá supervigilar y fiscalizar la ejecución de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, así como en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño.”.

2) Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 7°, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto: “Tampoco podrán ser reconocidos como colaboradores acreditados las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, en los dos años anteriores a la respectiva solicitud de reconocimiento.”.

3) Agrégase el siguiente artículo 9° bis:

“Artículo 9° bis.- Además de las causales señaladas en el artículo anterior, el reconocimiento de colaborador acreditado que ejecute la línea de acción “Centros Residenciales”, podrá revocarse a través de una resolución fundada del Director Nacional del SENAME, por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando se dé alguno de los presupuestos establecidos en los artículos 16 y 17 del decreto ley N° 2465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica, respecto de una o más residencias que administre un colaborador acreditado.

b) Cuando, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 37 de la presente ley, el SENAME haya puesto término anticipado a los convenios respecto de una o más residencias administradas por un mismo colaborador acreditado, durante el tiempo en que debió ejecutarse el respectivo convenio.

c) Cuando el colaborador acreditado haya sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, durante la ejecución del respectivo convenio.”.

4) Incorpórase el siguiente artículo 13 bis nuevo:

“Artículo 13 bis.- Los colaboradores acreditados que estén recibiendo subvención en virtud de la presente ley, deberán mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web, la siguiente información:

1.- Identificación de la entidad.

2.- Información general y de contexto considerando lo siguiente: estructura de gobierno corporativo y su nómina; estructura operacional; valores y principios; principales actividades y proyectos; identificación e involucramiento con grupos de interés; prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados; participación en redes y procesos de coordinación con otros actores, y reclamos o incidentes.

3.- Información de desempeño considerando lo siguiente: objetivos e indicadores de gestión; indicadores financieros, incluyendo los ingresos operacionales y su origen y otros indicadores relevantes; donación acogida a beneficios tributarios; gastos administrativos y remuneraciones de sus principales ejecutivos.

4.- Balance tributario o Cuadro de ingresos y gastos.

5.- Responsable de la veracidad de la información.

El detalle del contenido de cada uno de los numerales anteriores, se establecerá en el respectivo reglamento.”.

5) Sustitúyese en el numeral 3) del artículo 30 la frase “8,5 a 15 USS mensuales.” por la frase “15 a 30 USS mensuales.”.

6) Modifícase el artículo 36 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente numeral 5) :

“5) La administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos que conforman la subvención, de conformidad a los fines para los cuales aquélla se haya otorgado, según la línea de acción subvencionable que corresponda.”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“El reglamento desarrollará los criterios objetivos para la evaluación, la forma en que se efectuarán estas evaluaciones, tales como auditorías, rendiciones de cuentas, emisiones de informes sobre el uso de la subvención, entre otras, así como los mecanismos por medio de los cuales los colaboradores acreditados podrán conocer la metodología utilizada para estos efectos. Deberán considerarse como criterios objetivos, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato digno a los niños, niñas y adolescentes.

b) Revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar.

c) Asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de educación y salud de los niños, niñas y adolescentes.

d) Intervención orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”.

7) Agrégase el siguiente artículo 36 bis, nuevo: “Artículo 36 bis.- Como consecuencia de la evaluación a que se refiere el artículo precedente, el SENAME podrá emitir instrucciones a los colaboradores acreditados, indicando las deficiencias a corregir, con la finalidad de que el organismo adopte las medidas que correspondan, dentro del plazo que determinará el Servicio, dependiendo del tipo de medida de que se trate. Ello, sin perjuicio de la adopción por parte del SENAME de las demás acciones que contemple la normativa vigente.”.

8) Modifícase el artículo 37 en el siguiente sentido:

a)En el inciso primero, elimínese el artículo “El” con que se inicia y agréguese la siguiente frase: “Además de la facultad consagrada en el artículo anterior, el”.

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, pasando el actual segundo, a ser inciso tercero: “Tratándose de lo dispuesto en el artículo 36 bis, también podrá poner término anticipado al convenio, cuando las instrucciones impartidas no hubieren sido ejecutadas en el plazo señalado por el Servicio.”.

Artículo 2°.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica:

1) En el inciso primero del artículo 1° sustitúyese “y supervisar”, por “supervisar y fiscalizar,”.

2) En el artículo 3°:

a) Sustitúyese el numeral 8 por el siguiente:

“8.- Impartir instrucciones generales a los organismos colaboradores acreditados respecto a las líneas de acción subvencionables señaladas en la ley N° 20.032. Asimismo, tendrá la facultad de supervigilar el cumplimiento de los proyectos que efectúen en las mencionadas líneas de acción, en los ámbitos técnicos y financieros, así como en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño.”.

b) Intercálase el siguiente numeral 9.-, nuevo, pasando el actual numeral 9.- a ser 10.- y así, sucesivamente:

“9.- Impartir instrucciones generales a las entidades coadyuvantes sobre atención en materia de infancia y adolescencia, y supervigilar el cumplimiento de las mismas. Se entenderá por entidad coadyuvante a cualquier persona natural o jurídica que administre centros residenciales que tengan bajo su cuidado a niños, niñas o adolescentes de los que trata la presente ley, y que no se encuentren regidas por la ley N° 20.032.

Asimismo, podrá supervisar el funcionamiento de las entidades coadyuvantes, pudiendo requerirles la información necesaria para ello. Todo informe de supervisión que evacúe al efecto, deberá ser entregado al correspondiente juez con competencia en materia de familia.

A fin de conformar un registro de entidades coadyuvantes, podrá solicitarles diversos antecedentes de carácter legal y financiero, u otros que se estimen relevantes.”.

3) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero, sustitúyese la expresión “supervisión técnica” por “supervisión y fiscalización técnica y financiera”.

b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero, por el siguiente inciso segundo: “Si las instituciones a que se refiere el inciso anterior no dieren cumplimiento a las instrucciones generales que de acuerdo a esta ley les imparta el Servicio, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 36 bis y 37 de la ley N° 20.032, que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención.”.

Artículo 3°.- Las modificaciones que deban efectuarse al decreto supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento de la ley Nº 20.032, que Establece un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a Través de la Red de Colaboradores Acreditados del Servicio Nacional de Menores, y su Régimen de Subvención, así como el o los nuevos cuerpos reglamentarios que lo sustituyan, deberán ser suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.

Artículo 4°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva, conforme a lo que disponga el decreto supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia.”.

*******************

Tratado y acordado en sesiones de 10 y 17 de abril; 2 y 30 de mayo; 10, 11 y 17 de julio de 2018, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Hugo Gutiérrez (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio; leonardo Soto y Matías Walker. Asimismo los (as) señores (as) Marcela Sabat (por el señor Fuenzalida); Camila Vallejos; Gabriel Alinco; Karol Cariola y Boris Herrera, por (por el señor Gutiérrez); Maite Orsini (por el señor Boric); Diego Paulsen (por Paulina Núñez); Sebastián Torrealba (por Gonzalo Fuenzalida); Francisco Eguiguren (por Camila Flores) y Van Rysselberghe (por el señor Coloma).

Sala de la Comisión, a 17 de julio de 2018.

ÍNDICE

BOLETÍN N° 11657-07-11

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.2

I.- ANTECEDENTES GENERALES.3

1.- Fundamentos del proyecto.3

2.- Contenido del proyecto.4

II.- DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.4

1.- Discusión General.4

Sesión N° 6 de 10 de abril de 2018.5

Sesión N° 8 de 17 de abril de 2018.11

Sesión N° 10 de 2 de mayo de 2018.38

Sesión N° 16 de 30 de mayo de 2018.71

Sesión N° 25 de 10 de julio de 2018.76

Sesión N° 26 de 11 de julio de 2018.89

VOTACION EN GENERAL89

2.- Discusión Particular.90

Sesión N° 27 de 17 de julio de 2018.90

Votación en particular90

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS, PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.108

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA109

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.110

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.110

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.416, QUE FIJA NORMAS ESPECIALES PARA EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, EN MATERIA DE PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE PAGO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS BOLETÍN N° 10785-03 (S)

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HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en Moción de los senadores señores Andrés Allamand Zavala; Alfonso De Urresti Longton; Iván Moreira Barros; Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín, con urgencia calificada de Suma.

La Comisión contó con la presencia del Ministro de Economía señor José Ramón Valente Vías y del Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Ignacio Guerrero Toro.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del proyecto de ley:

La iniciativa busca establecer una mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño, particularmente las pequeñas y micro empresas, considerando su posición en el mercado, su baja participación en ventas y exportaciones, su aporte en la generación de empleos y las dificultades que presentan para acceder a fuentes de financiamiento formales.

2.-Comisión técnica:

Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

3.-Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

El artículo 2° bis, incorporado por el número 2 del artículo 1° del proyecto, en la ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura; y los artículos quinto y sexto transitorios.

4.-Normas de quórum especial

No hay

5.-Artículo modificado: No hubo

6- Diputado Informante: Se designó al señor Guillermo Ramírez Diez.

II.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

La Comisión Técnica señaló que el artículo 2° bis, nuevo, que ha sido incorporado en la ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, por el número 2 del artículo 1, el cual, regula que el no pago dentro de los plazos y condiciones que indica, constituye al deudor en mora y afecto a intereses, haciendo extensiva expresamente la sanción a los órganos del Estado, con cargo a sus propios presupuestos; y los artículos quinto y sexto transitorios, son de competencia de esta Comisión de Hacienda.

III.-INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley en estudio originado en Moción, en tres oportunidades: el 31 de julio de 2017; y el 5 de junio y 19 de junio, de 2018. Los respectivos patrocinios fueron hechos presentes con la presentación de los informes financieros que se detallan a continuación. Asimismo, acompañó a la presentación del último de ellos, un Informe de Productividad que se adjunta a este informe.

1.-Primer Informe Financiero, de 31 de julio de 2017

Antecedentes

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, dicen relación con las materias siguientes:

1.-Se alinea la tasa de interés que se cobrará por la mora al costo alternativo del proveedor.

2.-Se establece un plazo de 30 días para el pago de las facturas por parte de los organismos públicos afectos a las normas de la ley Nº19.886. Este plazo podrá ser de 60 días, en el caso de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados.

3.-Se incentiva a los funcionarios el cumplimiento de los plazos de pago definidos, mediante el establecimiento de responsabilidades administrativas y multas en caso de incumplimientos.

4.-Se establece la exigencia a los organismos públicos de publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos, con el objetivo de aumentar la información y transparencia acerca del comportamiento de pago de las entidades públicas.

5.-Se establecen excepciones a la aplicación de estas obligaciones para los Servicios de Salud, CENABAST y las Municipalidades; a la vez que se instruye que la Dirección de Compras y Contratación Pública realice un estudio dentro de los 36 meses siguientes a la publicación de la ley, sobre la procedencia de modificaciones legales que permitan la completa aplicación de estas normas a dichas entidades.

Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

1.-En lo referente al interés que deberán solventar los órganos del Estado en caso de no efectuar sus obligaciones de pago en la oportunidad que señala la ley, éste será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos. Para efectos del presente informe financiero, se asume el cumplimiento de estas obligaciones, por lo que no se proyecta un mayor gasto fiscal por este concepto.

2.-En el caso del estudio que mandata realizar el artículo primero transitorio de la presente ley a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, su costo se estima en $50 millones por una sola vez, el que se financiará con cargo al presupuesto de dicha institución.

2.-Segundo Informe financiero, de 5 de junio de 2018

Antecedentes

Las indicaciones presentadas dicen relación con las materias siguientes:

1.-Se fija en 60 días el plazo máximo de pago sin intereses, existiendo la posibilidad de convenir plazos mayores a 60 días de pago, por medio de un acuerdo que conste por escrito y que debe ser suscrito por quienes concurran a él.

2.-Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley Nº 19.886, los pagos a los proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas. En este caso deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración.

3.-La Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece este proyecto de ley.

4.-Se devengarán intereses por los días de pago vencidos de la factura. La tasa de interés será igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho periodo en conformidad a la ley Nº 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.

5.-El cumplimiento de los pagos será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio o ministerio, o por aquella que cumpla tales funciones. El Servicio de Impuestos Internos deberá informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos organismos de salud y municipalidades.

6.-Se incorporan Incentivos a los funcionarios públicos para el cumplimiento de los plazos de pago, generando responsabilidades administrativas de los funcionarios y sanciones en caso de falta de pago oportuno. La Contraloría General de la República podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.

7.-Los organismos públicos deberán publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos.

8.-Serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.

9.-Se modifica el artículo 54° del DL 825 de 1974, incorporando obligatoriedad en la emisión de guías de despacho electrónicas.

10.-Se contempla la excepción temporal para los Servicios de Salud, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades.

Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

1.-En lo referente al interés que deberán solventar los órganos del Estado en caso de no efectuar sus obligaciones de pago en la oportunidad que señalan las indicaciones de este proyecto de ley, éste será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos. Para efectos del presente Informe Financiero, se asume cumplimiento de estas obligaciones por lo que no se proyecta un mayor gasto fiscal por este concepto.

2.-En lo referente a la obligatoriedad de la emisión de guía de despacho electrónica, en base a información de Servicio de Impuestos Internos, se estima un costo de $2.706.913 miles de inversión el primer año, y un gasto recurrente de $420.114 los años siguientes.

3.-Se fortalecerá a la Dirección de Compras y Contratación Pública para que preste asesoría a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago e informe a la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio, o por aquella que cumpla tales funciones, lo cual tiene un costo de $51.344 miles anuales, lo que considera la contratación de dos profesionales de grado 13.

4.-El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

De acuerdo con lo anterior, las indicaciones al proyecto de ley irrogarán un mayor gasto fiscal en el año 1 de $2.758.257 miles, y de $471.458 miles en los años siguientes.

3.- Informe Financiero de 19 de junio de 2018

Antecedentes

La indicación presentada dice relación con la obligación que tendrá el Servicio de Impuestos internos de elaborar un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributarlo en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.

Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

En lo referente al informe que deberá elaborar Servicio de Impuestos Internos, las estimaciones señalan que esta indicación al proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal.

IV.-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1.-DISCUSIÓN

La Comisión recibió al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente Vias. Comenzó dando cuenta de la existencia de cerca de 1 millón de PYMES en Chile, entendiendo por tales aquellas que tienen ventas anuales por un valor inferior a 100.000 UF. Expresó que la mayoría empresas familiares, por lo que considerando que cada grupo familiar se compone en promedio de entre 3 y 4 personas, este proyecto va en directo beneficio de cerca de 3 a 4 millones de chilenos.

Agregó que el capital es importante para las PYMES porque en general se trata de iniciativas que son fruto del emprendimiento, de las ideas y del esfuerzo. En este sentido, los recursos económicos probablemente son los más escasos. Indicó que el mayor uso del capital de las PYMES es a través del pago de bienes y servicios necesarios para producir aquello que ellas producen y venden, el capital que generalmente es utilizado a través del pago al contado, en dinero en efectivo, sin posibilidad de optar a pagos diferidos en el tiempo.

Continuó detallando que la discusión en torno a la necesidad de optimizar los tiempos de pago de servicios a las PYMES ha estado presente desde hace más de 15 años en las discusiones de política económica.

En efecto, muchas han sido las iniciativas con el mismo objetivo:

a.Sello ProPyme: Esquema de participación voluntaria para las empresas en la cual estas contratan auditoras que certifican el plazo de pago de sus facturas. Para obtener el sello se debe pagar el 95% de sus facturas a sus proveedores PYME en 30 días.

b.Chile Paga: Busca exigir a la administración pública el pago de sus facturas a 30 días plazo. En efecto, recientemente la Contraloría recordó que dicha norma estaba vigente. Sin embargo, hay varias reparticiones que no cumplen con esta norma. El Estado sigue siendo un mal pagador.

c.Código de Pago Oportuno a mis Proveedores: En el año 2015, el Ministerio de Economía, suscribió un acuerdo voluntario con diferentes gremios empresariales (CPC, CNC, SOFOFA, CChC, ABIF, CCS, SONAMI, ASCH, PROPYME, CONAPYME, UNAPYME y ASEXMA). Este acuerdo establecía que las empresas se relacionen con sus proveedores mediante la implementación de acuerdos comerciales voluntarios (ACV), el respeto irrestricto de las condiciones establecidas en la orden de compra y fijando procedimientos de reclamo, para resolver controversias entre las partes.

Asimismo, muchos han sido los proyectos de ley con el mismo objetivo:

a.Boletín N°11087-03 que modifica el Decreto Ley N°211, de 1973, busca crear un ilícito de libre competencia para sancionar la fijación unilateral de plazos de pago de bienes y servicios.

b.Boletín N° 5034-03 buscó establecer normas que protegen a los proveedores frente a la posición dominante del retail, persiguiendo que estos emitieran un reglamento obligatorio con plazos máximos de pago, cuyo control recayera en la Fiscalía Nacional Económica.

c.Boletín N°3454-03 que modifica el Decreto Ley N° 211, de 1973, específicamente para regular la relación entre supermercados y sus proveedores.

d. Boletín 10.785-03

En julio de 2016 comenzó a discutirse en el Senado un proyecto de ley propuesto por los legisladores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, que buscaba modificar la Ley N° 20.416 que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago.

En cuanto a los considerandos de este último, se indica que:

•El proyecto tiene por objetivo promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y micro empresas cuando efectúan las ventas de un producto o prestación de servicios, con este propósito se establecen plazos, se regula el no cumplimiento de los mismos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se definen como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y por último se incorpora el derecho a indemnización.

•La iniciativa busca establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño.

•El proyecto recoge la experiencia comparada, particularmente las directivas emanadas por la Unión Europea, la legislación de España y de Reino Unido que han dictado para regular esta materia.

Sin embargo, tras su paso por el Senado la iniciativa fue modificada estableciendo una regulación general, abarcando las operaciones comerciales entre todo tipo de empresas.

La iniciativa inició su segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el día martes 3 de abril de 2018. En esa instancia el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo solicitó un plazo de 60 días para discutir y plantear su opinión con respecto al actual proyecto.

Con el objetivo de escuchar a todas las partes, el Ministerio de Economía creó un Grupo de Trabajo de Pago Oportuno, donde participaron activamente la Asociación Gremial de Emprendedores de Chile (ASECH); Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET); Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); Cámara Nacional de Comercio (CNC); Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME); Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); PROPYME; y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

Además, se realizaron más de 15 reuniones individuales con distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para entender sus opiniones y alcances al actual proyecto de ley. Entre estas reuniones podemos destacar: ChileCompra, Ministerio de Hacienda, FNE, SII, CMF, asociaciones de municipalidades, instituciones financieras, gremios de empresas, proveedores de tecnología, expertos en documentos tributarios, entre otros.

Parte central del problema radica que el comprador recibe un crédito por parte del proveedor, en donde quien fija las condiciones de pago no tiene costos financieros directos por el no cumplimiento, al menos en el corto plazo.

Falta de certeza en la fecha de pago: Los proveedores reciben facturas por sus ventas que no tienen una fecha definitiva de pago (los compradores pueden retrasar el pago sin costos financieros directos).

Descuentos arbitrarios que generan incerteza respecto del monto definitivo a recibir por la venta: Dado que pueden hacerse descuentos posteriores con notas de crédito el monto facturado tampoco es definitivo. Esto más la incerteza de la fecha de pago generan un riesgo importante para quienes podrían eventualmente comprar dichas facturas y otorgar financiamiento a los proveedores. Como consecuencia de lo anterior, dicho financiamientos se otorga a una tasa sustancialmente más alta que las tasas de financiamiento de los compradores.

Costos financieros: Quien asume el costo financiero del financiamiento del capital de trabajo es la empresa más pequeña, que por sus características naturales también es la que tiene mayor riesgo y por lo tanto el mayor costo de financiamiento.

Sobre eventuales espacios de mejora, se refirió a los siguientes ámbitos:

-Plazo de pago máximo aplicable a actividades del sector primario

“Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector primario, es decir, actividades productoras o extractivas de materias primas, como la pequeña y mediana agricultura, ganadería, silvicultura; pesca artesanal y pequeña minería, el plazo máximo para el pago de la factura será de 30 días corridos, no prorrogables.”

-Disminuir el plazo máximo de pago de las facturas desde 60 días a 45 días en un plazo de dos años

“Transcurridos dos años desde la entrada en vigencia de esta ley, el plazo que se agrega en el artículo 2° inciso segundo de la ley N° 19.983, respecto al plazo pactado, se reducirá a un máximo de cuarenta y cinco días.”

-Eximir a las municipalidades de los plazos establecidos para el sector público en caso que la obra sea financiada por el gobierno regional

“Se eximirá a las municipalidades de esta norma en el caso que las obras sean financiadas por el gobierno regional o algún ministerio y de cuyos fondos dependan dichas obras.”

*******

Tras la exposición del señor Ministro de Economía, los diputados (a) presentes valoraron las intenciones del proyecto, el que consideraron forma parte de un historial de iniciativas que buscan corregir las asimetrías entre las grandes y las pequeñas empresas. Coincidieron en que que hoy las grandes empresas no tienen incentivos para pagar oportunamente, lo que genera un espacio para el abuso, porque las concesiones hechas a principios de los noventa para fomentar la creación de grandes empresas no se justifican en el contexto actual.

Destacaron, que se acorten los plazos para el pago no sólo a las grandes empresas, sino que para las PYMES también, porque estimaron que es razonable establecer un plazo de 60 días. Asimismo, concordaron que la digitalización de la guía de despacho también agiliza mucho los procesos de pago y constituye un gran avance.

Sin embargo, algunos diputados, particularmente el señor Monsalve manifestaron que este proyecto aborda un tema histórico, de más de 10 años de discusión, de manera que no les parecía prudente que se esté tomando una decisión que puede producir importantes consecuencias en una sola sesión, debido a que el Gobierno ha hecho presente la urgencia suma. Al respecto, hicieron presente que a lo menos se debía escuchar a los representantes de las PYMES, para conocer, entre otras materias, cuál fue la opinión de la CONAPYME sobre la posibilidad de que por acuerdo entre las partes el pago pudiera postergarse por más de 60 días.

El Subsecretario de Economía, señor Ignacio Guerrero, explicó que desde el 4 de abril se reunieron semanalmente con las diferentes instituciones. Todas pudieron presentar sus inquietudes. Se mostraron contentas con las medidas presentadas por el Presidente de la República. Asimismo, la directiva de CONAPYME entendió que el plazo de 30 días pudiera afectarles, considerando razonable un plazo de 60 días.

En definitiva, los diputados (a) presentes en el debate asintieron en que este proyecto se discutió latamente en la Comisión de Economía, habiéndose con anterioridad formado una mesa prelegislativa con muchos de los actores relevantes y coincidieron en lo relevante de mantener la urgencia del proyecto y aprobarlos a la brevedad.

2.- VOTACIÓN

La Comisión de Hacienda alcanzó los siguientes acuerdos, respecto de los artículos que la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, sometió a su conocimiento:

1.- El artículo 2° bis, nuevo, que ha sido incorporado en la ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, por el número 2 del artículo 1 del proyecto; y el artículo quinto transitorio, fueron aprobados, en los mismos términos propuestos por la comisión técnica, por la unanimidad de los doce diputados (a) presentes señores (a) Auth, Cid, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock, con los textos que se indican:

"Artículo 2° bis.- Si no se verificare el pago dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, se entenderá, para todos los efectos legales, que el deudor ha incurrido en mora, devengándose desde el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha de pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho periodo, en conformidad a la ley N° 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.”.

“Artículo quinto transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.

2.-Artículo sexto transitorio

“Artículo sexto transitorio.-El Servicio de Impuestos Internos deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de veinticuatro meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura”.

El diputado señor Lorenzini, (Presidente) planteó la necesidad de eliminar el sexto transitorio, porque consideró deja trabada la elaboración de un insumo por parte del SII que será necesario en el contexto de la reforma tributaria.

La mayoría de los integrantes de la comisión estuvieron contestes en que esto tiene que ver con la imposibilidad técnica del SII de incorporar el IVA crédito fiscal en el proyecto, pese a que fue anunciado por el Presidente de la República. Consideraron que es una medida importante para incentivar el pago oportuno y manifestaron que adelantar la fecha del informe implicará que la respuesta del SII será que no se puede hacer y que es más pertinente esperar los 24 meses para que sea más probable una respuesta positiva.

. Preguntaron cuáles fueron los inconvenientes para efectuar esta incorporación hechos presentes por el SII y cómo puede esta iniciativa mejorar la productividad del país.

El Ministro señaló que el plazo de 24 meses tiene sentido porque ya se hizo la consulta al SII, se trabajó con ellos, y se llegó a la conclusión de que era técnicamente imposible la fiscalización bajo los supuestos que se proponen hoy. Se entendió prudente fijar un plazo para estudiar las alternativas y posibles soluciones.

El Subsecretario agregó que en el 2001 se legisló en este sentido, pero fue impracticable, lo que obligó a derogar la norma.

El diputado Lorenzini propuso reducir plazo establecido en el artículo sexto transitorio a doce meses.

Puesta en votación la propuesta del diputado Lorenzini, fue rechazada por cuatro votos en contra de los diputados (a) Cid, Kuschel, Melero y Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados Auth, Monsalve, Ortiz, Ramírez y Schilling. Votaron a favor los diputados Jackson, Lorenzini (Presidente) y Pérez.

El artículo sexto transitorio fue aprobado, en los términos propuestos, por la mayoría de once diputados, señores Auth, Cid, Jackson, Kuschel, Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, Ramírez, Schilling y Von Mühlenbrock. Votó en contra el diputado Lorenzini.

*****

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar los artículos señalados en la forma descrita.

********

Tratado y acordado en la sesión celebrada el día 18 de julio del año en curso, con la asistencia de los diputados señores Pepe Auth Stewart, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y diputada señora Sofía Cid Versalovic, en reemplazo del diputado señor Alejandro Santana Tirachini

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL SEXAGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 35, CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE CHILE, EN MONTEVIDEO, EL 4 DE ENERO DE 2018, QUE CONTIENE EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA, SUSCRITO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017 BOLETÍN N° 11730-10

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, ingresado a tramitación el 11 de mayo de 2018.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, en representación de los organismos que se señalan, el señor Felipe Lopeandía Wielandt, Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y el señor José Riquelme González, Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del Proyecto de Acuerdo:

Continuar impulsando la liberalización económica internacional del país, por intermedio de un Acuerdo Comercial suscrito con Argentina, cuyo propósito es ampliar y modernizar los instrumentos jurídicos vigentes actualmente, en materias tales como inversiones, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico, incorporando capítulos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, e introduciendo disciplinas vinculadas a la facilitación del comercio en materia de procedimientos aduaneros, además de capítulos que contienen nuevas disciplinas en materia de Medio Ambiente, Laboral, Género, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), Compras Públicas, Cooperación y Política de Competencia, constituyendo un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas actuales de negociaciones internacionales

2.-Comisión técnica:

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

3.-Artículos que la Comisión técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, según Informe Financiero acompañado al Mensaje.

4.-Reservas y declaraciones interpretativas

Esta Comisión no sugerió, en el marco de sus competencias, la formulación de reservas ni declaraciones interpretativas, conforme lo autoriza el inciso tercero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

5- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión técnica

No corresponden, en virtud del inciso primero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

6.-Normas de quórum especial

El artículo único no contiene normas que deban aprobarse con quórum especial.

7.- Votación

El artículo único fue aprobado, en los mismos términos propuestos, por la mayoría de ocho de los integrantes presentes señores Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, don Leopoldo, Santana y Von Mühlenbrock. El diputado Jackson se abstuvo.

8- Diputado Informante: Se designó diputado informante al señor Daniel Núñez Arancibia.

II.--ANTECEDENTES TENIDOS A LA VISTA

Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina

Las relaciones económicas y comerciales entre ambos países se rigen actualmente por el Acuerdo de Complementación Económica N° 16 de 1991 con Argentina y por el Acuerdo de Complementación Económica N° 35 de 1995 entre Chile y MERCOSUR (ACE N°35), ambos establecidos en el marco de la ALADI.

El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR (ACE N° 35), se suscribió el 25 de julio de 1996 y entró en vigor el 1 de octubre del mismo año.

Los principales puntos del ACE 35, luego de un período de negociaciones, fueron favorables para todos los países signatarios (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) en los siguientes aspectos:

- Establecer un marco normativo para constituir un espacio económico entre Chile y MERCOSUR.

- Liberalización del comercio de mercaderías.

- Establecer las condiciones para una gradual liberalización del comercio de servicios.

- Promover las inversiones recíprocas.

- Facilitar el desarrollo y utilización de la infraestructura física y de las interconexiones bioceánicas.

Para darle mayor realce al ACE, se establece ir más allá de la sola liberación del mercado de bienes, haciendo extensivo los acuerdos a la asociación tanto al Comercio de Bienes como de Servicios, Inversiones, Transporte e Integración Física. Esto permitiría una plataforma de acceso hacia el Pacífico, para los países del MERCOSUR, dadas las indudables ventajas de Chile para desarrollar el sector servicios.

Fue así como luego de dos años de conversaciones, Chile y el bloque llegaron a suscribir el ACE 35 en la provincia de San Luis, Argentina, texto que establece a Chile como miembro asociado del MERCOSUR. Para nuestro país, MERCOSUR es un mercado significativo pero además importantísimo por su entorno vecinal. Hoy, después de varios años y con la mayor parte del comercio liberado, con un Acuerdo más simple al quedar sin efecto una gran cantidad de listas de productos que regían durante el período de transición, es posible seguir avanzando hacia una etapa superior. A la fecha, entre Chile y MERCOSUR se han llevado a cabo 15 Reuniones Ordinarias y 22 Reuniones Extraordinarias de la Comisión Administradora, en las cuales se ha propiciado la suscripción de 60 Protocolos Adicionales en diversas materias y que han permitido la profundización de dicho ACE.

En los Protocolos Adicionales se unieron las voluntades políticas para incorporar el Comercio de Servicios, el que quedó plasmado en el 53° Protocolo Adicional al ACE 35 – Acuerdo sobre el Comercio de Servicios – el que se encuentra vigente entre Chile con Brasil, Chile con Uruguay y Chile con Argentina.

En el caso particular con Argentina, desde 1991 se han suscrito diversos acuerdos bilaterales entre ambos países, destacándose el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones (APPI), suscrito el 2 de agosto de 1991, el Tratado de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina (Tratado de Maipú) que creó la “Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas”, suscrito el 30 de octubre de 2009, y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, suscrito el 15 de mayo de 2015.

Con el propósito de profundizar y potenciar sus relaciones económicas y comerciales, Chile y Argentina acordaron en diciembre de 2016, en el marco de la VIII Reunión Binacional de Ministros y la VI Reunión de Intendentes y Gobernadores de la Frontera Común, negociar un acuerdo comercial; iniciándose en el mes de marzo de 2017 las negociaciones entre ambos países.

El Sexagésimo Primer Protocolo Adicional será un importante complemento a lo establecido en el ACE N° 35, ya que incorpora, mediante el Acuerdo Comercial, nuevas áreas de la agenda internacional y actualiza las disciplinas existentes, lo que entregará mayor certeza jurídica a los operadores comerciales de ambos países.

El Acuerdo Comercial, contenido en el anexo del Sexagésimo Primer Protocolo Adicional, tiene como propósito ampliar y modernizar los instrumentos jurídicos vigentes actualmente, en materias tales como inversiones, servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico. Asimismo, incorporará capítulos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, e introducirá disciplinas vinculadas a la facilitación del comercio en materia de procedimientos aduaneros. Por último, se incorporaron capítulos que contienen nuevas disciplinas en materia de Medio Ambiente, Laboral, Género, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), Compras Públicas, Cooperación y Política de Competencia, constituyendo un marco regulatorio moderno que cumple con las expectativas actuales de negociaciones internacionales.

Cabe señalar que el comercio de bienes entre ambos países continuará rigiéndose por el ACE N° 35 Chile – MERCOSUR, el que actualmente fija un 100% de preferencia arancelaria en todos los productos, a excepción de los productos sujetos al sistema de banda de precios (importación de harina de trigo, trigo y azúcar).

Se presenta a continuación la ficha de mercado elaborada por la DIRECON, que contiene información actualizada sobre indicadores macroeconómicos y comercio bilateral entre Chile y Argentina.

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

2.-Efecto del Acuerdo sobre los Gastos Fiscales

En el informe financiero N° 111, de 18 de julio de 2018, que sustituyó el N°56, de 8 de mayo de 2018, la Dirección de Presupuestos expresa que este Acuerdo constituye un marco regulatorio que complementa al Acuerdo de Complementación Económica N°35, que continuará rigiendo la relación comercial Chile-Argentina en materia de acceso a bienes, y que fija un 100% de preferencia arancelaria en todos los productos objeto del comercio bilateral, a excepción de los productos sujetos al sistema de banda de precios (harina de trigo, trigo y azúcar).

Por tanto, en lo que respecta a beneficios impositivos o desgravaciones arancelarias, el Acuerdo Comercial no contiene normas que tengan un impacto fiscal, ya que los costos asociados a la desgravación ya fueron incorporados con la aprobación del Acuerdo de Complementación Económica N°35, promulgado por Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N°1.411, publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de octubre de 1996.

Por su parte, se estima que las obligaciones derivadas de la aplicación de este acuerdo no representan mayor gasto presupuestario de los considerado en el Acuerdo de Complementación Económica N° 35, y serán cubiertas con los recursos contempla la Ley de Presupuestos del Sector Público para el funcionamiento de la Administración, en cada ejercicio.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley no tiene impacto fiscal.

IV.- DISCUSION Y VOTACIÓN

1.-Discusión

El señor Felipe Lopeandía Wielandt, Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, recordó que este acuerdo con Argentina fue suscrito el año pasado el 2 de noviembre, enmarcado en el contexto de negociación de acuerdos bilaterales con países del Mercosur, que actualicen, liberalicen, modernicen y complementen las relaciones comerciales con dichos países, en el marco del acuerdo ACE 35. Agregó que este es el segundo acuerdo con uno de los miembros del Mercosur, y que actualmente se está negociando también con Brasil, en esta misma lógica.

Argentina es el segundo socio comercial de Chile en la región, sexto a nivel global, con 3.894 millones de dólares de intercambio comercial. Es el primer destino de exportación de servicios y el segundo receptor de inversión extranjera después de Brasil.

-Este acuerdo en particular contiene 20 capítulos con disciplinas importantes en materia de barreras arancelarias, inversiones, servicios y perfecciona las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, facilitación del comercio, contratación pública y electrónica, entre otras.

-Asimismo, se establecen compromisos en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio. En este sentido, cabe destacar la obtención de un acceso efectivo de los productos exportados al mercado de las Partes, a través de la eliminación de las barreras técnicas al comercio, como son de regulaciones, leyes y prácticas que puedan restringir el comercio de productos y también mejora la cooperación regulatoria bilateral.

-En los aspectos centrales, es el primer Acuerdo de Compras públicas que suscribe Argentina y permitirá que proveedores chilenos puedan participar en las licitaciones que realicen las 121 entidades públicas argentinas y sus órganos dependientes.

-El capítulo de inversiones mejora las disciplinas y disposiciones contenidas en el Acuerdo de Promoción y Protección de las inversiones, (1991). Incorpora estándares internacionales, como, por ejemplo, en materia de no discriminación, trato justo y equitativo, transferencia de capitales y expropiación, entre otras.

-En lo que respecta a servicios, se destaca el derecho a un trato no discriminatorio y a la no imposición de cuotas que restrinjan su acceso en Argentina.

-Telecomunicaciones, se permite asegurar que las redes sean eficientes y confiables y, adicionalmente, se considera la eliminación del servicio de roaming internacional.

-Con respecto a comercio electrónico, el Acuerdo obliga a las partes a permitir un flujo transfronterizo de información transmitida electrónicamente

-Incluye varios temas nuevos de la agenda comercial inclusiva, tales como: Género y Comercio, Medioambiente, Laboral, Pymes y Cooperación Económicas Comercial.

Contiene un Mecanismo aplicable a la prevención o solución de las diferencias de connotación bilateral.

Una de las dudas expresadas en el debate fue respecto de cómo se regula la contratación pública argentina respecto a los oferentes chilenos, siendo la respuesta que el acuerdo tiene normas de acceso que permitirán a proveedores de bienes y servicios chilenos participar en igualdad de condiciones en procesos de licitaciones públicas argentinos.

Por otra parte, el representante del Ejecutivo expresó que el proyecto no irroga gastos para el Estado, tal como lo declara el informe financiero.

El Presidente de la Comisión, señor Lorenzini, hizo ver la necesidad de precisar a qué se refiere “mayor gasto fiscal”, ¿implica que hay gasto aún cuando no sea mayor?

El diputado Lorenzini indicó que no queda claro si tiene o no gasto, y en el evento de que lo tuviera, cuál sería su monto. Solicitó a la Dirección de Presupuestos aclarar ese punto.

2.- Votación

La Comisión, en definitiva, compartió los términos del proyecto de acuerdo sometido a consideración y puesto el artículo único en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por la mayoría de ocho integrantes presentes, señores Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Se abstuvo el señor Giorgio Jackson Drago, quien consideró que le faltaban antecedentes para proceder a su aprobación.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto de acuerdo sometido a consideración, en la forma explicada.

*******

Tratado y acordado en sesión celebrada el 10 de julio de 2018, con la asistencia de los diputados señores Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA, SUSCRITO EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 BOLETÍN N°11.748-10

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, ingresado a tramitación el 17 de mayo de 2018.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, en representación de los organismos que se señalan, el señor Felipe Lopeandía Wielandt, Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y el señor José Riquelme González, Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del Proyecto de Acuerdo:

Avanzar en la política de apertura comercial chilena, mediante la firma de este Acuerdo, el primer Acuerdo Comercial bilateral con Indonesia a nivel sudamericano, el que regula Definiciones Generales; Comercio de Mercancías; Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros y Cooperación; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Defensa Comercial; Cooperación; Transparencia; Administración; Solución de Controversias; y Excepciones.

2.-Comisión técnica:

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

3.-Artículos que la Comisión técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, según Informe Financiero acompañado al Mensaje.

4.-Reservas y declaraciones interpretativas

Esta Comisión no sugerió, en el marco de sus competencias, la formulación de reservas ni declaraciones interpretativas, conforme lo autoriza el inciso tercero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

5- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión técnica

No corresponden, en virtud del inciso primero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

6.-Normas de quórum especial

El artículo único no contiene normas que deban aprobarse con quórum especial.

7.- Votación

El artículo único fue aprobado, en los mismos términos propuestos, por la mayoría de ocho de los integrantes presentes señores Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, don Leopoldo, Santana y Von Mühlenbrock. El diputado Jackson se abstuvo.

8- Diputado Informante: Se designó diputado informante al señor Daniel Núñez Arancibia.

II.--ANTECEDENTES TENIDOS A LA VISTA

Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República de Indonesia

Las conversaciones para iniciar un proceso de negociación para la futura suscripción de un acuerdo comercial con Indonesia comenzaron en 2008, cuando ambas partes acordaron trabajar en un estudio de factibilidad que concluyó positivamente en noviembre de 2009.

Ambos países acordaron en 2013 los términos de referencia para un acuerdo comercial que contempló, en su primera etapa, avanzar en áreas relacionadas con el comercio de bienes, en temas específicos de acceso a mercado, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, cooperación aduanera y medidas de defensa comercial, entre otros.

La primera ronda de negociaciones se realizó en mayo del año 2014, en Santiago. En esta reunión se discutieron los términos de referencia del proceso y se reafirmó el compromiso de ambas partes de iniciar la negociación que se enfocaría, en su primera etapa, en el comercio de bienes y sus disciplinas relacionadas, dejando las negociaciones en materias de servicios e inversiones para una segunda fase. Luego, debido al cambio de gobierno en Indonesia, la negociación se congeló, pese a la insistencia de nuestro país por reactivar este proceso.

En noviembre de 2016 durante la semana de Líderes de APEC, luego de la reunión bilateral sostenida entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministro de Comercio de Indonesia, se reactivaron las negociaciones para la suscripción del IC CEPA.

La suscripción del acuerdo se realizó el día 14 de diciembre del 2017, en Santiago, siendo representado el gobierno de Chile por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Sr. Heraldo Muñoz y gobierno de Indonesia por el Ministro de Comercio de Indonesia, Sr. Enggartiasto Lukita. Con el IC CEPA, Chile se convirtió en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo comercial con Indonesia.

Se presenta a continuación la ficha de mercado elaborada por la DIRECON, que contiene información actualizada sobre indicadores macroeconómicos y comercio bilateral entre Chile e Indonesia:

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

-Efecto del Acuerdo sobre los Gastos Fiscales

En el informe financiero N° 112, de 17 de julio de 2018, que sustituyó el N°60, de 15 de mayo del mismo año, la Dirección de Presupuestos consigna que mediante este proyecto Chile concede acceso libre de aranceles para 7.669 ítems arancelarios, de los cuales 6.704 serán desgravados desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo, y 965 estarán sujetos a calendarios de desgravación a ejecutarse en 5 años (1 de enero del año 4) y 7 años (1 de enero del año 6) desde la entrada en vigor del acuerdo. Serán beneficiados 199 ítems arancelarios con márgenes de preferencia sobre el arancel aduanero nación más favorecida de Chile, los cuales aumentarán progresivamente hasta una preferencia de 50% desde el año 10 en adelante.

Informa que para realizar el cálculo se utilizó la base de importación del año 2017 proporcionada por el departamento de estudios de Aduanas y las listas de desgravación resultadas del proceso de negociación entregadas por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

El impacto fiscal del proyecto es causa de la menor recaudación fiscal por concepto aduanero e IVA asociado a importaciones, registrado como impuestos en el presupuesto de la partida 50, Tesoro Público. Para calcular el impacto fiscal se contrasta el volumen de importaciones desde Indonesia efectuadas durante 2017, con la fórmula de desgravación respectiva de los códigos arancelarios. Para fines del cálculo, se asume que el tratado entrará en vigor durante 2018 y que las importaciones de 2017 se mantendrán constantes durante el horizonte de evaluación.

Para el primer año (2018) se tiene una reducción de los ingresos fiscales por concepto de aranceles e IVA de importaciones por un total de US$9.875 miles hasta llegar al régimen de US$13.578 miles desde el año 2028 en adelante, donde los productos “SL” comienzan a tener tasa 0%, lo que se detalla a continuación:

Pérdida Fiscal por reducción arancelaria (US$ miles)

Por su parte, las obligaciones derivadas de la aplicación de este acuerdo no representan mayor gasto fiscal, y serán cubiertas con los recursos que la Ley de Presupuestos contemple para el funcionamiento de la Administración.

IV.- DISCUSION Y VOTACIÓN

1.-Discusión

El señor Felipe Lopeandía Wielandt, Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, reseñó los hitos de la negociación con Indonesia, la que se remonta a la cumbre APEC del 2012. Indicó que se trata de un tratado importante desde la perspectiva de la política de acercamiento a los países del sudeste asiático. Es el primer acuerdo que Indonesia suscribe con un país de nuestra región. Fue suscrito en diciembre de 2017, y se aboca fundamentalmente al comercio de bienes entre ambos países.

Destacó que el 55% de los ítems arancelarios establecidos en la lista de Indonesia quedarán, de forma inmediata, con 0% de arancel de importación para los productos chilenos.

Exportaciones:

5.962 ítems arancelarios con arancel 0%, una vez que entre en vigor el acuerdo.

3.346 ítems arancelarios que quedarán con arancel 0% en 5,7 o 10 años.

Chile obtendrá progresivamente acceso libre aranceles aduaneros respecto del 86% de ítems arancelarios de indonesia.

Importaciones:

6.704 serán desgravados totalmente desde la entrada en vigor del acuerdo.

965 ítems arancelarios estarán sujetos a calendarios de desgravación a ejecutarse en 5 y 7 años.

Nuestro país concederá acceso libre de aranceles a un total de 7.669 ítems arancelarios, equivalentes al 93% del comercio bilateral.

Reglas de origen:

Acumulación de origen: el acuerdo incorpora un mecanismo que incluirá mercancías provenientes de países no parte del acuerdo para abrir las oportunidades de integrar, por parte de Chile, cadenas globales de valor.

Envío de mercancías: se permite separar las mercancías durante el tránsito o transbordo por un país no parte, sin perder los beneficios del acuerdo.

Certificación electrónica, verificación de origen: El proceso de verificación de origen incluye plazos determinados para la entrega de información por parte de los exportadores y de las aduanas de importación, resultando en procesos más transparentes y certeros.

Medidas sanitarias y fitosanitarias: El capítulo refuerza las instancias de discusión científico técnica, para los procesos de apertura sanitaria de los productos silvoagropecuario y pesqueros de Chile a ese mercado. Este capítulo establece un subcomité de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Obstáculos técnicos al comercio: Se establecen compromisos en materia de eliminación de obstáculos innecesarios y armonización regulatoria y transparencia. El capítulo establece el comité, que permite abordar en una instancia formal todas las barreras no arancelarias, que dificultan el flujo de bienes y abordar materias de facilitación de comercio.

Defensa comercial: Incluye disposiciones relativas a las medidas de salvaguardias, asuntos de antidumping y obligaciones compensatorias.

Cooperación: Promueve el intercambio de información, experiencias e investigación en innovación, con el fin de ampliar los beneficios del Acuerdo

Por otra parte, el representante del Ejecutivo expresó que el proyecto no irroga gastos para el Estado, tal como lo declara el informe financiero.

El Presidente de la Comisión, señor Lorenzini, hizo ver la necesidad de precisar a qué se refiere “mayor gasto fiscal”, ¿implica que hay gasto aún cuando no sea mayor?

El diputado Lorenzini indicó que no queda claro si tiene o no gasto, y en el evento de que lo tuviera, cuál sería su monto. Solicitó a la Dirección de Presupuestos aclarar ese punto.

2.- Votación

La Comisión, en definitiva, compartió los términos del proyecto de acuerdo sometido a consideración y puesto el artículo único en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por la mayoría de ocho integrantes presentes, señores Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Se abstuvo el señor Giorgio Jackson Drago quien consideró que la información es insuficiente para proceder a su aprobación.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto de acuerdo sometido a consideración, en la forma explicada.

*******

Tratado y acordado en sesión celebrada el 10 de julio de 2018, con la asistencia de los diputados señores Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, SUSCRITO EN DA NANG, REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 BOLETÍN N° 11749-10

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de acuerdo mencionado en el epígrafe, en primer trámite constitucional, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, ingresado a tramitación el 17 de mayo de 2018.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, en representación de los organismos que se señalan, el señor Felipe Lopeandía Wielandt, Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y el señor José Riquelme González, Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.-Idea matriz o fundamental del Proyecto de Acuerdo:

Perseverar en el proceso de apertura de la economía chilena al mundo asiático, a través de la suscripción de un Protocolo de Modificación del TLC vigente con China, principal socio comercial de Chile, que propone mejorar distintas disciplinas que irán en beneficio de los exportadores de bienes y servicios, a través de normas relativas al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado; Reglas de Origen; Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Comercio Electrónico; Competencia; Medio Ambiente y Comercio; Cooperación Económica y Técnica; y Comercio de Servicios.

2.-Comisión técnica:

Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

3.-Artículos que la Comisión técnica dispuso que fueran conocidas por esta Comisión de Hacienda.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, según Informe Financiero acompañado al Mensaje.

4.-Reservas y declaraciones interpretativas

Esta Comisión no sugerió, en el marco de sus competencias, la formulación de reservas ni declaraciones interpretativas, conforme lo autoriza el inciso tercero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

5- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión técnica

No corresponden, en virtud del inciso primero N°1, del artículo 54 de la Constitución Política de la República.

6.-Normas de quórum especial

El artículo único no contiene normas que deban aprobarse con quórum especial.

7.- Votación

El artículo único fue aprobado, en los mismos términos propuestos, por la mayoría de ocho de los integrantes presentes señores Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Monsalve, Ortiz, Pérez, don Leopoldo, Santana y Von Mühlenbrock. El diputado Jackson se abstuvo.

8- Diputado Informante: Se designó al señor Daniel Núñez Arancibia.

II.--ANTECEDENTES TENIDOS A LA VISTA

Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países fue una negociación rápida y efectiva. En junio de 2002, China propuso a Chile comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial y el lanzamiento de las tratativas se llevó a cabo en la Cumbre de Líderes APEC, celebrada en Santiago de Chile, en noviembre de 2004.

Las negociaciones comenzaron en Beijing en enero del 2005 y luego de cinco rondas, culminaron en noviembre del mismo año. A partir de la entrada en vigencia del TLC, el 1° de octubre de 2006, China fue aumentando su presencia en el comercio nacional hasta convertirse el 2015 en el primer socio comercial de Chile y receptor del 28,48% de las exportaciones totales de Chile al mundo.

El TLC consta de una negociación progresiva con tres etapas:

I)Tratado de Libre Comercio en Bienes, suscrito en noviembre de 2005 en Bausán, Corea del Sur, en el contexto de la Cumbre de Líderes APEC de ese año, entrando plenamente en vigencia en octubre de 2006.

II)Acuerdo Suplementario de Comercio de Servicios, suscrito en abril de 2008, y en vigencia desde agosto de 2010.

III)Acuerdo Suplementario de Inversiones, suscrito en septiembre de 2012, durante la Cumbre de Líderes de APEC, en Vladivostok Federación Rusa. Entró en vigencia el 8 de febrero de 2014.

En lo que respecta a las condiciones de acceso al mercado para los productos chilenos, desde el 1 de enero de 2015, el 97,2% de las mercancías chilenas (7.336 categorías de productos) pueden ingresar al mercado chino libres de arancel. En tanto, desde la misma fecha, los productos originarios de China ingresan libre de derechos aduaneros, a excepción del 2% de los productos contenidos en la Lista de Exclusión del TLC.

Tras tres rondas de negociaciones, el 30 de Agosto del 2017, en Santiago, se dieron por concluidas las negociaciones técnicas del proceso de profundización. El día 11 de noviembre en Da Nang, Vietnam, el instrumento que profundiza el acuerdo fue firmado en presencia de los presidentes de ambos países.

Los principales logros de esta profundización se resumen a continuación:

Capítulo Comercio de Bienes: Incorpora acceso preferencial para un número de productos que no fue considerado en el Acuerdo Original. Con esto, China rebajará en un periodo de 3 años, 30 ítems arancelarios del sector forestal (tableros de madera, algunas maderas estratificadas y contrachapadas, y ciertos productos de pino radiata, tales como marcos, paletas, barriles). Por su parte, Chile otorgará el acceso libre de aranceles para 24 ítems arancelarios originarios de China, entre ellos azúcares (glucosa, fructosa), textiles (algunos tejidos de lana, hilados y tejidos de fibras sintéticas, ropa de algodón, de lana, pelo fino y de fibras sintéticas), y ciertos productos industriales (algunos tipos de refrigerador y secadoras entre otros).

Capítulo Comercio de Servicios: Reemplaza la lista de compromisos establecida en el acuerdo original. En este sentido, la mejora de acuerdo asume nuevos compromisos que China había concedido previamente en sus acuerdos bilaterales (Australia y a Corea del Sur)

Capítulo de Comercio Electrónico: Se establecen obligaciones sobre el marco que rige para las transacciones electrónicas, la autentificación electrónica, la protección al consumidor en línea y un marco de protección a la información personal.

Capítulo Reglas de origen: Se realizaron mejoras al Capitulo Original, básicamente en torno a la adopción de medidas de facilitación del comercio: a) De Minimis, el criterio fue flexibilizado, subiendo la tolerancia de productos no originarios de un 8% a un 10%; b) Transporte Directo, aumentó de 30 días a 12 meses, el periodo de permanencia de las mercancías en un país No Parte mientras se encuentre en un país en tránsito o transbordo; c) Certificación de Origen, se podrá delegar la emisión de certificados a entidades públicas o privadas, además el certificado podrá ser llenado no solo por el exportador, sino que también por el productor; d) Devolución de derechos, ya no existen restricciones de tiempo para solicitar el Certificado de Origen en caso de reembolso, eliminando el tope de 30 días posterior a la exportación; y e) Excepciones al Certificado de Origen, en el acuerdo original las importaciones menores a U$S600 se eximían de presentar certificado, ahora la excepción se ha elevado a U$S1.000.

Capítulo de Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio: El acuerdo original no incluía un capítulo de facilitación de comercio propiamente tal. Las nuevas disposiciones han establecido disciplinas que tienen por finalidad dotar al comercio bilateral de un marco jurídico vinculante, estableciendo mecanismos que ayuden a exportadores e importadores dar cumplimento oportuno a sus obligaciones, disponiendo de instrumentos que faciliten las operaciones de comercio exterior legitimas.

Capítulo de Cooperación Técnica y Económica: Involucra artículos de cooperación en: Agricultura, Protección de los Intereses y Derechos de los Consumidores Financieros, Cooperación en Pagos Transfronterizos y asuntos de supervisión, y Cadenas Globales de Valor.

Capítulo de Reglas Relativas al Comercio: Se han establecido subcapítulos de: a) Política de Competencia, el cual incorpora al acuerdo materias relativas al establecimiento y/o mantención de leyes y autoridades dedicadas a promover principios básicos como no discriminación, transparencia, cooperación y consultas; b) Comercio y Medioambiente, el cual contiene prescripciones que reafirman el desarrollo económico, social ambiental en su carácter de interdependencia. Con él las partes asegurarán altos niveles de protección medioambiental, acordando que las leyes y regulaciones de ambas no serán utilizadas con propósitos proteccionistas.

Se presenta a continuación la ficha de mercado elaborada por la DIRECON, que contiene información actualizada sobre indicadores macroeconómicos y comercio bilateral entre Chile y la República Popular China:

III.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El informe financiero N°61 de la Dirección de Presupuestos señala que mediante este proyecto, Chile otorga acceso libre de aranceles para 24 ítems arancelarios originarios de China, los cuales representan alrededor del 12% del total de los productos que no gozaban de arancel cero. Entre ellos se encuentran: azúcares (glucosa, fructosa), textiles (algunos tejidos de lana, hilados y tejidos de fibras sintéticas, ropa de algodón, de pelo fino y fibras sintéticas) y ciertos productos industriales (algunos tipos de refrigeradores y secadoras, entre otros). Agrega el informe que se flexibiliza la tolerancia de productos no originarios desde un 8% a un 10% del valor de la mercancía libre a bordo (FOB, free on board).

Explicita que para realizar el cálculo sobre el impacto al presupuesto fiscal se asume que el tratado entrará en vigor durante el 2018 y que las importaciones ejecutadas durante 2017 se mantendrán constantes durante el horizonte de evaluación. Se utilizaron como insumos:

i)Monto CIF (Cost, Insurance, Freight. Costo de la mercancía + prima del seguro + valor del flete de traslado) de las importaciones provenientes desde China para el año 2017.

ii)Monto del impuesto ad valorem (6% o menos) pagado por dichas exportaciones.

iii)Las listas de desgravación del proceso de negociación entregadas por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Reconoce que el impacto fiscal de este proyecto es causa de la menor recaudación por concepto aduanero e IVA asociado a importaciones, registrados como impuestos en el presupuesto de la partida 50, Tesoro Público. Para el primer año (2018), y de mantenerse el mismo nivel de importaciones año a año, las importaciones desde China correspondientes a los 24 ítems a desgravar debieran realizar pagos por concepto de aranceles e IVA por un monto total de US$432 mil. De los cuales, US$363 mil corresponderían a ingresos por aranceles y US$69 mil por IVA.

Por otra parte, estima que las obligaciones derivadas de la aplicación de este acuerdo no representan mayor gasto fiscal presupuestario, y serán cubiertas con los recursos que la Ley de Presupuestos contempla para el funcionamiento de la Administración.

Considerando lo anterior, estima que la pérdida fiscal anual por reducción arancelaria será de US$432 mil desde la entrada en vigencia del presente Proyecto de Acuerdo.

IV.- DISCUSION Y VOTACIÓN

1.-Discusión

El señor Felipe Lopeandía Wielandt, Director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, indicó que este instrumento moderniza y actualiza la relación comercial con China, sustentada en un TLC de 2006 respecto del cual se han ido agregando diversas materias, como servicios e inversiones. Este es el cuarto instrumento suscrito con China, y tiene 2 objetivos: introducir profundizaciones y mejoras en materia arancelaria y reglas de origen; e incluir materias nuevas no comprendidas en el acuerdo anterior que profundizan y modernizan la relación con China. Entre los capítulos nuevos destacó:

Facilitación del comercio: Simplifica los requisitos de documentación y moderniza los procedimientos. Asimismo, incluye disposiciones sobre cooperación aduanera, para el intercambio de información entre las administraciones aduaneras.

Comercio electrónico: Establece obligaciones sobre transacciones electrónicas, autentificación electrónica, protección al consumidor en línea, sumado a protección a la información personal. Regula la no limitación de capacidad de transferencia de información transfronteriza.

Reglas relativas al comercio:

Política de Competencia: Incorpora mecanismos relativos al establecimiento y/o mantención de leyes, y autoridades dedicadas a promover principios de no discriminación, transparencia, cooperación y consultas.

Comercio y Medioambiente: Acuerda disposiciones medioambientales que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, la no derogación de leyes y regulaciones en materia ambiental para promover el comercio y la inversión.

En cuanto a las disposiciones que se modernizan, se refirió a:

Exportaciones: China rebajó cerca de 30 ítems arancelarios del sector forestal en un periodo de 3 años.

Importaciones: Chile otorgaría acceso libre de aranceles para 24 ítems arancelarios originarios de China, como azúcares, textiles y productos industriales.

Reglas de origen: Minimis; Transporte Directo; Certificación de Origen; Devolución de derechos; Excepción al Certificado de Origen.

Comercio de servicios: Se mejoran listas de compromisos específicos establecidos con anterioridad en el acuerdo. En este sentido se adoptan elementos adicionales a Servicios Profesionales; servicios de Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Servicios de Construcción y Servicios de Distribución, entre otros (Anexo 8-A).

Cooperación económica y técnica: Agricultura; Protección de los Intereses y Derecho de Consumidores Financieros; Cooperación en Pagos Transfronterizos y Supervisión; Cadenas Globales de Valor y Compras Públicas.

Los integrantes de la Comisión hicieron ver su preocupación por la consecuencia que pudiera tener respecto del tratado, -algún cambio en particular, -el conflicto comercial existente entre China y EEUU.

Asimismo, en cuanto a que muchos de los acuerdos implican una rebaja en la recaudación para Chile, y, en tal contexto, si estos acuerdos en general y al largo plazo generan beneficios para las finanzas del Estado.

El señor Lopeandía señaló que se está ante un escenario de mucha incertidumbre, pero consideró que este tipo de acuerdos van en la línea correcta, aún frente a las presiones proteccionistas que anuncian ciertas naciones. Este acuerdo, bilateral, nos pone en una situación ventajosa frente a países que no tienen acuerdos con China, protegiéndonos frente a la incertidumbre y a los vaivenes de las demás potencias. Respecto al potencial económico de estos acuerdos, tienen la visión de que estos acuerdos redundan en un dinamismo muy positivo para la economía nacional.

Por otra parte, el representante del Ejecutivo expresó que el proyecto no irroga gastos para el Estado, tal como lo declara el informe financiero.

El Presidente de la Comisión, señor Lorenzini, hizo ver la necesidad de precisar a qué se refiere “mayor gasto fiscal”, ¿implica que hay gasto aún cuando no sea mayor?

El diputado Lorenzini indicó que no queda claro si tiene o no gasto, y en el evento de que lo tuviera, cuál sería su monto. Solicitó a la Dirección de Presupuestos aclarar ese punto.

2.- Votación

La Comisión, en definitiva, compartió los términos del proyecto de acuerdo sometido a consideración y puesto el artículo único en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por la mayoría de ocho integrantes presentes, señores Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Se abstuvo el señor Giorgio Jackson Drago, quien consideró que le faltaban antecedentes para preoceder a su aprobación.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto de acuerdo sometido a consideración, en la forma explicada.

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Tratado y acordado en sesión celebrada el 10 de julio de 2018, con la asistencia de los diputados señores Giorgio Jackson Drago, Carlos Kuschel Silva, Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2018

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA HACER APLICABLE EL FUERO MATERNAL A LAS FUNCIONARIAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA, EN LAS CONDICIONES QUE INDICA. BOLETÍN N° 11.406-13-1

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HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley del epígrafe, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de las Diputadas señoras Nuñez, doña Paulina, y Sabat, doña Marcela, y de los Diputados señores Berger, don Bernardo; García, don René Manuel; Paulsen, don Diego; Rathgeb, don Jorge; Santana, don Alejandro, y de la ex Diputada señora Rubilar, doña Karla y del ex Diputado Kast, don Felipe, contenido en el Boletín N° 11406-13, con urgencia calificada de “SIMPLE”.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, doña Isabel Plá Jarufe; la señora Subsecretaria de dicha Cartera de Estado, doña Carolina Cuevas Merino; la señora Rosario Arriagada Balladares, Abogada del Departamento de Reformas Legales de dicha Secretaría de Estado; el General Inspector de Carabineros de Chile, don Fernando Petit Molina, Contralor General de Carabineros; la General Pamela Olivares Peña, Jefe de Zona de Prevención y Protección de la Familia; la Mayor María Paz González, Asesora Jurídica de dicha institución uniformada; el señor Pablo Urquizar Muñoz, Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional; el General de Brigada, don Jorge Rivas Pinto, Director del Personal del Ejército de Chile; el Contralmirante de Justicia de la Armada de Chile, señor Cristián Araya Escobar; el General de Aviación, don Manuel Sainz Salas, Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa Valenzuela; el señor Alejandro Arévalo Sarce, Subdirector Técnico de Gendarmería de Chile, y el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- Origen y urgencia.

La iniciativa tuvo su origen, como se ha dicho precedentemente, en una Moción de las Diputadas señoras Nuñez, doña Paulina, y Sabat, doña Marcela, y de los Diputados señores Berger, don Bernardo; García, don René Manuel; Paulsen, don Diego; Rathgeb, don Jorge; Santana, don Alejandro, y de la ex Diputada señora Rubilar, doña Karla y del ex Diputado Kast, don Felipe, y se encuentra contenido en el Boletín N° 11.406-13, con urgencia calificada de “simple”.

2.- Discusión general.

El proyecto fue aprobado en general, en la sesión ordinaria del día 12 de junio del año en curso, por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sabat, doña Marcela –en reemplazo del señor Sauerbaum, don Frank; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y los diputados señores Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Melero, don Patricio; Saavedra, don Gastón; y Soto, don Raúl).

3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

A juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni de quórum calificado.

4.- Diputado Informante.

La Comisión designó a la señora ORSINI, doña Maite, en tal calidad.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica.

Señalan sus autores en los fundamentos que da origen a esta Moción, que el artículo 201 del Código del Trabajo, en sus incisos primero y cuarto, señala que “Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses.”. “Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo se hubiere dispuesto el término del contrato, en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, o bien de una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido.”.

De esta manera, agregan, el fuero maternal queda consagrado en el artículo 201 del Código del Trabajo, como un obstáculo a la acción de empleador, pero fundamentalmente como un mecanismo de protección a la maternidad. En efecto, señalan, esta norma se encuentra sistemáticamente ubicada en el título denominado “De la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar”, al cual quedan sometidos todos los servicios de la administración pública, en sus mas diversas formas.

Sin embargo, añaden, si bien de la laxitud de esta regla, se deberían entender comprendidas las Fuerzas Armadas y de Orden, en la práctica ello no ha ocurrido en materia de fuero. En efecto, precisan, ha sido la propia Contraloría General de la República la que ha confirmado este criterio, autorizando la desvinculación de funcionarias embarazadas por salud incompatible declarada por la Comisión Medica Central, señalando que en este caso, es la propia ley la que establece la desvinculación. Dicho de otra manera, la funcionaria no es desvinculada por la autoridad o la Comisión; sino que incurrió en una causal legal de desvinculación que la Comisión solamente constata.

En efecto, hacen presente, la Contraloría ha reiterado que: “En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, no cabe sino ratificar el dictamen N° 35.365, de 2002, mediante el cual se determinó que, no obstante el fuero maternal de la interesada, ha resultado procedente su eliminación de la Institución, por cuanto dicho alejamiento obedeció a una imperativa prescripción legal y no dice relación con una facultad de la autoridad respectiva, para disponer o no el término de sus funciones, toda vez que los ceses de labores que dispone la ley operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios o en otros preceptos legales generales o especiales, ya que esas normas de estabilidad sólo dicen relación con la eventual facultad del empleador de poner término a las funciones, pero no tienen cabida en las situaciones en que es la propia ley la que ordena el alejamiento del servidor, como ocurrió en la especie.”.

De esta forma, manifiestan los autores, mas allá de la literalidad de la ley, tanto la Contraloría como los Tribunales de Justicia deben reconocer derechos consagrados en convenios internacionales, y asumir que establecer diferencias injustificadas respecto de mujeres que se encuentran en situaciones idénticas importa una discriminación arbitraria; lo que está prohibido por la Constitución, la ley, y múltiples tratados Internacionales tanto a nivel regional como universal.

En este sentido, expresan, el Tribunal Constitucional ha señalado, que “La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad.”.

Concluyen, señalando, que en razón de lo anterior, y en el afán de ser fiel al mandato de protección a la maternidad y a la familia, creen que cualquiera sea la causal que de origen al retiro, este no puede producirse en la medida que la funcionaria se encuentre embarazada. Igualmente, creen que avanzar en esta solución, es conciliable con el interés superior del niño, toda vez que en efecto el bienestar del recién nacido se encuentra dado en gran medida por el cobijo y la seguridad que otorga un ingreso mensual; mas aún tratándose de madres solteras, una realidad palpable en nuestro país.

1.- Objetivo del proyecto.-

El objetivo central del proyecto en Informe consiste en hacer plenamente aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, cualquiera sea la causal que de origen al retiro de ellas, no pudiendo éste producirse en la medida que la funcionaria se encuentre embarazada.

2.- Contenido del proyecto aprobado por la Comisión.-

Durante la discusión particular del proyecto, la Comisión aprobó, por la unanimidad de sus doce Diputados presentes, dos indicaciones que perfeccionan sustancialmente esta iniciativa legal. La primera precisa, agregando un inciso final al artículo 201 del Código del Trabajo, el ámbito de aplicación del fuero laboral, y, la segunda modifica directamente los diferentes estatutos de cada Institución de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, consagrando expresamente que a ese personal le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, y que, en caso de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.

III.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es modificar el Código del Trabajo con el objeto de hacer plenamente aplicable el fuero laboral por embarazo, que establece el artículo 201 de dicho Código, a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en dos artículos permanentes.

IV.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.

A juicio de vuestra Comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado que requieran ser aprobadas con quórum especiales.

V.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, doña Isabel Plá Jarufe; la señora Subsecretaria de dicha Cartera de Estado, doña Carolina Cuevas Merino; la señora Rosario Arriagada Balladares, Abogada del Departamento de Reformas Legales de dicha Secretaría de Estado; el General Inspector de Carabineros de Chile, don Fernando Petit Molina, Contralor General de Carabineros; la General Pamela Olivares Peña, Jefe de Zona de Prevención y Protección de la Familia; la Mayor María Paz González, Asesora Jurídica de dicha institución uniformada; al señor Pablo Urquizar Muñoz, Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional; el General de Brigada, don Jorge Rivas Pinto, Director del Personal del Ejército de Chile; el Contralmirante de Justicia de la Armada de Chile, señor Cristián Araya Escobar; el General de Aviación, don Manuel Sainz Salas, Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile; el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa Valenzuela; el señor Alejandro Arévalo Sarce, Subdirector Técnico de Gendarmería de Chile, y el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.

VI.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

A juicio de la Comisión, el proyecto en Informe no requiere ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda por no incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado, según Informe Financiero acompañado por la Dirección de Presupuestos.

VII.- DISCUSIÓN GENERAL

El proyecto en Informe inició su tramitación el 29 de mayo recién pasado, ocasión en la cual concurrió a la Comisión la señora Isabel Plá Jarufe, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, quien expresó que el Ejecutivo ha incorporado este proyecto en su agenda de equidad de género, haciéndole presente la urgencia para su tramitación, toda vez que éste se enmarca en una serie de iniciativas que tienen como propósito bajar las barreras de la maternidad que aún subsisten y afectan principalmente a las trabajadoras.

Precisa que es importante tener presente que por fuero maternal se entiende aquel privilegio o protección que se le entrega a la trabajadora embarazada a fin de darle cierta estabilidad y permanencia en su relación laboral en un período de mayor vulnerabilidad.

En los hechos, expresa la señora Ministra, el fuero maternal tiene un alcance universal para todas las trabajadoras, pero que, sin perjuicio de ello, la Contraloría General de la República ha permitido la desvinculación de mujeres embarazadas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros cuando dicho alejamiento no obedece a una decisión de la autoridad correspondiente sino a una imperativa prescripción legal como ocurre con la causal de incompatibilidad por motivos de salud.

Esta situación, recalca la señora Pla, le parece que vulnera el principio de igualdad ante la ley, dándole un tratamiento distinto al embarazo dependiendo a que institución pertenezca la trabajadora.

Concluyó señalando que son cerca de 25.000 funcionarias que pertenecen a dichas instituciones que podrían verse favorecidas por este proyecto, por lo cual estima relevante su discusión y aprobación en esta instancia legislativa.

Continuando con el estudio del proyecto, la Comisión recibió en sesión celebrada el día 5 de junio del año en curso a la señora Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género; al General Inspector Fernando Petit Molina, Contralor General de Carabineros; a la General Pamela Olivares Peña, Jefe de Zona de Prevención y Protección de la Familia; y a la Mayor María Paz González, Asesora Jurídica, de dicha institución uniformada.

El General Petit manifestó que ya en el año 1962, Carabineros de Chile incorporó a la mujer entre sus filas, en igualdad de condiciones con el personal masculino, tanto es así que resulta de conocimiento público que presente en esta audiencia se encuentra la primera General mujer de Carabineros de Chile, incluso habilitada para poder eventualmente ocupar el cargo de General Director.

En este escenario, el General Petit indicó que el 29 de enero del año en curso, se emitió la circular N° 1819, emanada de la Dirección Nacional de Personal, que actualizó y sistematizó la normativa de protección familiar en la institución. En efecto, afirmó, dicha circular conceptualiza la protección de la maternidad, paternidad y la vida familiar, estableciendo un conjunto de derechos paralelos a aquellos que la normativa laboral consagra, estableciéndose además una cláusula de irrenunciabilidad de ellas, y determinando la obligatoriedad en su cumplimiento por parte de los mandos. Dichas normas, agregó el General Petit, favorecen a aquellos funcionarios que prestan servicios bajo subordinación y dependencia en la institución. Respecto a los honorarios, estas disposiciones se aplican solamente si existe un pacto expreso en el contrato.

Entre las disposiciones que contempla la instrucción 1819, el General Petit destacó las siguientes: Derecho a pre y postnatal; prórrogas de descanso; postnatal parental; permiso por enfermedad grave del hijo menor a 1 año; derecho al fuero maternal; permiso del padre por nacimiento de hijo o adopción; derecho de alimentación del hijo menor de 2 años, entre otras.

Respecto de la moción, el General Petit indicó que resulta necesario, para evitar interpretaciones administrativas, considerar la introducción de algunas modificaciones. En primer lugar, la redacción propuesta protegería solo a las funcionarias embarazadas, excluyendo por ejemplo la hipótesis de adopción, o bien la situación del padre, que también podría ser un funcionario de Carabineros. Por otra parte, la iniciativa establece que el fuero protege a una funcionaria embarazada al momento de ser notificada la resolución de la Comisión Médica Central en circunstancias que la desvinculación es dispuesta mediante un acto administrativo distinto al de dicha Comisión.

A su turno, la General Olivares manifestó que Carabineros de Chile ha sido una institución pionera en actualizar normas sobre protección de la maternidad, la paternidad y la familia, conforme va avanzando la cultura del país. Asimismo, agregó haber participado activamente en la actualización de la normativa institucional, a fin de garantizar que dicho avance sea conforme a las disposiciones legales y reglamentarias existentes.

Respondiendo a una consulta de la diputada señora Yeomans respecto a los casos que se han conocido de funcionarias de Carabineros que han sido desvinculadas estando embarazadas, manifestando dudas respecto a la conformación de la Comisión Médica Central, pues no existiría control externo sobre esta materia, la Mayor González indicó que la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile es el organismo técnico llamado a evaluar la capacidad física del personal para continuar en el servicio y definir casos de invalidez. En efecto, afirmó, la Comisión no tiene un superior jerárquico al interior de la institución, sin embargo, sus resoluciones pueden ser objeto de recurso de reposición, y son impugnables a través de la Contraloría, pudiendo también accionar a través de recursos de protección.

Ante una consulta del Diputado señor Melero, respecto al nivel de obligatoriedad de las circulares que regulan la protección de la familia frente a dictámenes de la Contraloría que habrían permitido desvincular a funcionarias a pesar del fuero, la Mayor González manifestó que las circulares son un reflejo de la normativa vigente en materia de maternidad, paternidad y familia. Por lo tanto, no hay materias que contravengan las disposiciones legales, sino que las circulares son un reflejo de aquello que consagra la ley. A mayor abundamiento, las circulares contemplan algunas particularidades del trabajo de la institución, por ejemplo la autorización del uso de uniformes maternales. Respecto a los dictámenes de Contraloría, la Mayor González manifestó que el fuero maternal no es absoluto, por cuanto protege de las decisiones discrecionales de la autoridad competente, no así en el caso de que concurra una causal legal de desvinculación, por ejemplo, una calificación deficiente o salud incompatible con el cargo derivada de licencias médicas prolongadas. Frente a una consulta de la diputada señora Sepúlveda, informó que Carabineros de Chile, en febrero del año en curso, actualizó su normativa respecto a situaciones de acoso laboral y sexual, y el procedimiento a seguir frente a la ocurrencia de alguno de estos casos.

Por su parte, las diputadas y diputados presentes en la sesión reconocieron el trabajo efectuado por Carabineros de Chile en orden a actualizar su normativa en materia de protección de derechos familiares, sin embargo, insistieron en que dicha regulación debería ser elevada a rango legal, recalcando que la moción precisamente dispone que el fuero tenga preminencia sobre una causal legal de desvinculación. En otras palabras, agregaron, la iniciativa legal pretende consagrar el fuero maternal de forma absoluta.

En su sesión de fecha 12 de junio recién pasado, la Comisión recibió en audiencia a la señora Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género; al señor Pablo Urquizar Muñoz, Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional; al General de Brigada, don Jorge Rivas Pinto, Director del Personal del Ejército de Chile; al Contralmirante de Justicia de la Armada de Chile, señor Cristián Araya Escobar; al General de Aviación, don Manuel Sainz Salas, Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile; al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa Valenzuela; y al señor Alejandro Arévalo Sarce, Subdirector Técnico de Gendarmería de Chile.

El señor Urquizar manifestó que la iniciativa tiene por objeto hacer aplicable a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad todos los efectos del fuero maternal consagrado en el artículo 201 del Código del Trabajo, no obstante que ellas puedan haber incurrido por motivos de salud en una causa legal de retiro.

Sobre el particular, el expositor recordó que la jurisprudencia administrativa “ha precisado (…) que acorde al Código del Trabajo, la mujer trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso post natal, goza de fuero maternal, con arreglo al cual, el empleador no podrá poner término a su contrato sino con la autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en determinados casos, pero que aplicada una causal legal de expiración de servicios, la funcionaria debe dejar el empleo, sin que obste a ello la referida inamovilidad, puesto que los ceses de labores que dispone la ley operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo contenidas en textos estatutarios o en otros preceptos legales generales o especiales, ya que esas normas de estabilidad sólo dicen relación con la eventual facultad del empleador de poner término a las funciones, pero no tienen cabida en las situaciones en que es la propia ley la que ordena el alejamiento del servidor”. Dictamen CGR 35365.

En materia de observaciones del Ministerio de Defensa Nacional, el señor Urquizar recordó que existe un compromiso con los derechos humanos, debido a que la protección de la maternidad está recogida en diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que se encuentran efectivamente suscritos y ratificados por Chile. Asimismo, informó que el pasado 24 de mayo, se celebró entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género un convenio de cooperación que tiene por finalidad “promover y velar por el total respeto de los derechos de la mujer e implementar todas las medidas necesarias para combatir y prevenir el acoso y la discriminación arbitraria en las instituciones de la Defensa Nacional”.

Asimismo, el señor Urquizar recordó que la regulación sobre el fuero maternal le es aplicable a las Fuerzas Armadas en virtud de los inciso 3 y 4 del artículo 194 del Código del Trabajo; y que en particular, el DFL N° 1, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, de 1997, señala expresamente en el inciso segundo de su artículo 209 que “(…) el personal tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemple su sistema legal de previsión y de seguridad social, y de protección a la maternidad establecidas en la ley”.

Por su parte, en la actualidad, agregó el señor Urquizar, las causales expresas de retiro están señaladas entre los artículos 53 y 57 Ter de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y en el DFL Nº 1, de 1997. Al respecto, los alejamientos que dispone la ley operan con prescindencia del fuero maternal que goce la funcionaria. “En este sentido, (…) de conformidad con lo sostenido en los dictámenes Nos 82.475, de 2015 y 86.469, de 2016, del Órgano de Control, los alejamientos que dispone la ley operan con prescindencia de las normas de inamovilidad en el empleo, entre ellas, el aludido fuero, ya que dicha estabilidad dice relación con la facultad discrecional que poseen determinadas autoridades para poner término a las funciones, pero no es aplicable cuando el cese se origina en un imperativo legal (…)”. Dictamen CGR N° 12829 de 2017.

En particular respecto de la moción parlamentaria, el expositor manifestó, en primer lugar, que desde el punto de vista de la técnica legislativa, no parece adecuado hacer una modificación legal en el Código del Trabajo sino en los propios estatutos del personal de las FFAA, esto es, el DFL Nº 1 de 1997. Tampoco parece pertinente, agregó que la modificación legal se haga sólo respecto a las mujeres que se encuentran en situación de embarazo, ya que el fuero también es aplicable para aquellas en que el niño ha nacido y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad.

Asimismo, llama la atención que el proyecto sólo haga referencia a las funcionarias embarazadas y no a los que detenten el cuidado personal del niño, a diferencia de lo que contempla expresamente el artículo 201 del Código del Trabajo, que concibe casos como la adopción.

Finalmente, el señor Urquizar indicó que resulta indispensable que la modificación en que se hace extensible el fuero a la causal de salud sea plenamente compatible con el rol esencial de las FFAA, esto es, que existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República, descansando, entre otros, en un adecuado nivel de alistamiento del personal. En otras palabras, es importante hacer ver la necesidad de que dicho fuero opere en el evento en que el cese de funciones tenga su origen en el ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad institucional y no cuando el mismo obedezca a la aplicación de una causal de retiro forzoso establecido en la ley.

Por su parte, el señor Cristián Araya Escobar, Contralmirante de Justicia de la Armada, indicó sentirse plenamente identificado con la exposición del Ministerio de Defensa Nacional, manifestando el compromiso de la institución con los derechos de carácter maternal, con la excepción del caso de salud incompatible con el servicio, que es una causal inmediata de retiro.

El señor Héctor Espinoza, Director General de la PDI, manifestó que la institución que dirige, ya desde 1934 ha incorporado a la mujer como parte integrante de sus filas, constituyendo actualmente un 32% de la fuerza policial. Respecto al fuero maternal, en la PDI se aplica como en todas las reparticiones públicas. En el caso de la salud incompatible con el cargo, esta norma se aplica, pero se interrumpe en caso de embarazo. Por otra parte, destacó que su institución no tolera la comisión de delitos, una persona que comete faltas a la ética, la probidad, los derechos humanos, la ley de drogas, entre otras, afirmó, no tiene posibilidad de continuar en el servicio independiente del estado de gravidez de la mujer.

Por su parte, el General de Brigada, señor Rivas, Director del Personal del Ejército de Chile, indicó concordar con la exposición del Ministerio de Defensa, puesto que todo el personal del Ejército tiene los derechos y las mismas garantías que el resto de los trabajadores, afirmando que su institución siempre ha aplicado y está aplicando el fuero maternal. Asimismo, recordó que en los últimos casos en donde se ha aplicado destitución por causas legales, se ha suspendido dicha resolución mientras se encontraba vigente el fuero.

El general de Aviación, Comandante Manuel Sainz Salas manifestó que la institución entregó sus planteamientos a través del Ministerio de Defensa, concluyendo, entre otros factores, que resultaría más conveniente modificar los estatutos del personal de la Fuerzas Armadas.

A su turno, el señor Alejandro Arévalo, Subdirector Técnico de Gendarmería de Chile, manifestó que la dotación de mujeres alcanza al 27%, incluida la primera mujer directora de la institución. Sobre la moción, indicó que Gendarmería no forma parte de las Fuerzas Armadas, ni de Orden y Seguridad Pública, y por tanto, se rigen por el artículo 89 del Estatuto Administrativo, respetándose los derechos y deberes de las funcionarias.

Por su parte, los diputados señores Jiménez y Eguiguren concordaron en manifestar su preocupación respecto a la forma en que conviven las normas disciplinarias de expulsión o retiro inmediato en relación con la existencia del fuero maternal, en tanto que los diputados señores Melero y Saavedra coincidieron en destacar que el objetivo de la moción es otorgar pleno respeto al fuero maternal por sobre las causales legales de retiro forzoso en las fuerzas armadas.

Al respecto, el señor Espinoza, Director General de la PDI, y el señor Araya, Contralmirante de Justicia de la Armada destacaron que la actual normativa establece causales de retiro absolutos, como la salud incompatible con el cargo, para lo cual no se requiere proceso de desafuero. En estos casos, la desvinculación de las instituciones es un imperativo legal y no una facultad discrecional, así lo ha dictaminado la Contraloría General cuando ha tomado razón de dichas resoluciones.

Continuando con el estudio del proyecto en Informe, la Comisión recibió en su sesión de fecha 3 de julio del año en curso, al señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.

El señor Contralor manifestó que los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado, están sujetos a las normas de protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar establecidos en el Código del Trabajo, entre ellas, el fuero maternal.

En efecto, agregó, el artículo 201 del Código del Trabajo establece que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el art. 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en su artículo 174. En este periodo, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 del CT, es decir, por el vencimiento del plazo convenido en el contrato, por conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, o por las causales establecidas en el art. 160 del Código del Trabajo.

Adicionalmente, el señor Contralor reiteró que el artículo 194 del Código del Trabajo extiende a todo funcionario público el régimen de protección a la maternidad. Asimismo, el propio artículo 89, inciso 2° del Estatuto Administrativo prescribe que todo funcionario tendrá derecho a gozar de las prestaciones y beneficios que contemplen las disposiciones de protección a la maternidad establecidas en el Código del Trabajo. Dichos beneficios también se extienden a las FF.AA y de Orden y Seguridad, porque forman parte de la Administración del Estado.

Respecto a la jurisprudencia, el señor Bermúdez manifestó que “la Contraloría ha indicado que las normas sobre protección a la maternidad, entre ellas el fuero maternal, son de aplicación general, por lo que ellas benefician a las servidoras de la Administración del Estado, cualquiera que sea el régimen estatutario a que se encuentren afectas y con independencia de la calidad jurídica en que desempeñen sus labores.” (Dictamen N° 9.771, de 2014).

En este escenario, el señor Bermúdez recalcó que la Contraloría no ha desconocido la aplicación de las normas de protección a la maternidad de los funcionarios públicos incluyendo a quienes se desempeñan en las FF.AA y de Orden y Seguridad. En efecto, la jurisprudencia en esta materia ha sido uniforme, afirmó, en el sentido de aplicar las normas de fuero maternal en todas aquellas situaciones donde existe una eventual facultad de la autoridad para disponer el cese de funciones, por ejemplo: término anticipado de contratas; renovación de contratas; renovación primer periodo de tres años de los cargos del artículo 8° del Estatuto Administrativo; y, cese del soldado de tropa profesional antes de los cinco años.

Por el contrario, agregó, cuando dicho término opera por el solo ministerio de la ley, según la jurisprudencia administrativa tradicional no aplica el fuero, por ejemplo: en el caso de aplicación de medida disciplinaria de destitución; por encontrarse en Lista N° 4, de Eliminación; o en Lista N° 3, Condicional, por dos años consecutivos; o por el término del periodo en que se ejerce suplencia o vacancia.

Adicionalmente, el señor Contralor se refirió a los denominados “casos límite”, dentro de los cuales mencionó los dictámenes N°s. 71.053, de 2012, y 47.457, de 2016, los cuales han señalado que aun cuando las funcionarias designadas en calidad de suplentes se encuentran amparadas por el fuero maternal mientras dura la suplencia, al cumplirse el plazo al cabo del cual debía asumir el titular, o terminada la causa que impedía a este ejercer sus funciones, es la propia ley la que pone término a sus servicios y, en tales circunstancias, la respectiva suplente debe dejar el cargo.

También calificó como “caso límite” la situación de los jefes de departamento o cargos cuya provisión se efectúe por concurso público, en aquellos cargos que tienen una duración limitada, en donde el fuero no ampara la mantención una vez expirado el plazo de nombramiento, toda vez que ello impediría efectuar la nueva provisión.

En el caso del soldado de tropa profesional, también calificado como “caso límite”, el dictamen N° 65.743 de 2014 establece que es la ley la que impide que la autoridad extienda su designación por un lapso superior a cinco años, por lo que no resulta posible que las normas de protección a la maternidad rijan más allá de ese máximo establecido por el legislador.

Adicionalmente, en el caso de retiro por enfermedad en Carabineros, el señor Contralor manifestó que los artículos 40, letra e), de la ley N° 18.961 y 109, letra a), del DFL N° 2, establecen que el retiro temporal de los oficiales procederá por contraer enfermedad curable que imposibilite temporalmente para continuar en el servicio; en tanto, el retiro absoluto de dichos servidores, regulado en los artículos 41, letra d) y 110 letra a), procede por contraer enfermedad declarada incurable y que imposibilite para el servicio o por estar comprendidos en alguna de las causales de invalidez. En este escenario, el dictamen N° 12.829 de 2017 señala que “…al estar asignada por ley una consecuencia específica para una servidora de esa institución policial que contrae una enfermedad que le impida, temporalmente, seguir desempeñando sus labores -declarado así por la Comisión Médica Central de ese organismo-, se configura una causal de desvinculación obligatoria.”

Añade que a la Comisión Médica Central de Carabineros le corresponde exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él (art. 64 ley N° 18.691). Asimismo, el artículo 10 del decreto N° 4 de 1988 dispone “Emitido el informe definitivo de la Comisión Médica Central, hará plena prueba en aquellos casos en que el retiro se produzca por la enfermedad o lesiones respecto de las cuales deje constancia el informe, y no podrá ser modificado ni aun por otros antecedentes de índole médica o técnica.” En consecuencia, manifestó el señor Bermúdez, el Organismo que dirige no puede revisar los datos clínicos que sirven de base a lo resuelto.

En particular respecto al proyecto de ley, el señor Contralor manifestó que la redacción de la iniciativa permitiría realizar los siguientes comentarios. En primer lugar, cabe recordar que las funcionarias de las FF.AA y de Orden y Seguridad ya se encuentran protegidas por el fuero maternal, atendido lo dispuesto en el art. 194 Código del Trabajo. En segundo lugar, el proyecto solo se aplicaría a funcionarias que se encuentren embarazadas, excluyendo otros casos en que se extiende este beneficio, por ejemplo, en caso de adopción o situación del padre. En tercer lugar, el proyecto solo protege el estado de embarazo, a contrario sensu no protege desde el momento en que se da a luz. En cuarto lugar, las comisiones médicas no resuelven el retiro, sino los Comandantes en Jefe respectivos. Finalmente, el proyecto no aborda las demás causales de separación del servicio que operan por el solo ministerio de la ley (suplencias, reemplazos, renovaciones fuera del periodo legal, autoridades, medidas disciplinarias, etc.)

Consultado por el diputado señor Melero respecto a la opinión de la Contraloría en relación a que una sanción disciplinaria de retiro en las Fuerzas Armadas parecería suspender el fuero maternal y respecto de su opinión acerca de qué cuerpo legal debiese ser modificado, y ante la preocupación manifestada por las diputadas señoras Sepúlveda y Yeomans por el carácter inapelable de las resoluciones de la Comisión Médica Central de Carabineros, el señor Bermúdez, Contralor General de la República, manifestó que existe un régimen bien diseñado en el Código del Trabajo respecto a la protección de la maternidad, en donde existen casos de desvinculación legal pero siempre a través de un procedimiento de desafuero, en donde el juez, a través de la prueba, determina la pertinencia del despido, fallando para ese caso en particular. En ese sentido, y considerando que esta situación se caracteriza por ser casuística, parecería razonable que sea un juez el que determine la procedencia del desafuero y el despido, pues este sistema permite hacerse cargo de la diversidad requerida para estos casos. En este escenario, el problema que observa respecto de los dictámenes de la contraloría es que son de aplicación general para toda la administración del Estado, lo que ocasiona que un caso resuelto, por ejemplo, respecto de Carabineros no sea aplicable a la situación que se produce en el Ejército o en la Armada.

Por otra parte, el señor Contralor recordó que la jurisprudencia ha señalado que el fuero maternal limita la discrecionalidad administrativa, sin embargo, recalcó que la jurisprudencia no puede ir sobre la ley en aquellos casos en que existen causales legales de retiro absoluto, por ejemplo, la declaración de una Comisión Médica de salud incompatible basado en una enfermedad incurable. Si alguna modificación hay que hacer en los estatutos de las Fuerzas Armadas, afirmó, es la eliminación de la causal de retiro absoluto por enfermedad incurable, situación que no se encuentra reconocida en el régimen administrativo general.

Lo anterior, concluyó, se vincula con la situación de las Comisiones Médicas, pues como legalmente se reconoce que sus resoluciones son inapelables, la Contraloría no tiene la facultad de observar dichas resoluciones.

Finalmente, observo el señor Contralor, que la redacción actual de la moción circunscribe la protección a la “mujer embarazada”, lo que produciría que quedaran fuera otros supuestos, por ejemplo, el caso de la adopción.

VIII.- SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION EN LA DISCUSION GENERAL.

En el transcurso de la discusión general del proyecto en Informe diversas señoras Diputadas y señores Diputados formularon numerosas consultas a los invitados a sus sesiones que quedaron registradas en las Actas de las Sesiones de la Comisión y, en la sesión celebrada con fecha 12 de junio recién pasado, aprobaron sin votos en contra ni abstenciones el proyecto en Informe, expresando su total concordancia con los fundamentos de la Moción que le da origen, reafirmando su interés por consagrar en términos absolutos y preeminentes el fuero maternal para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, específicamente, por sobre la causal de retiro por salud incompatible con el servicio dictaminado por las Comisiones Médicas de dichas Instituciones, no habiéndose producido disenso alguno entre sus integrantes al respecto.

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En su sesión de fecha 12 de junio del año en curso, la Comisión sometió a votación el proyecto en Informe, aprobándose, en general, la idea de legislar por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sabat, doña Marcela –en reemplazo de Sauerbaum, don Frank-; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y los diputados señores Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Melero, don Patricio; Saavedra, don Gastón; y, Soto, don Raúl).

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IX.- DISCUSION PARTICULAR

La Comisión discutió en particular el proyecto en Informe en su sesión de fecha 17 de julio del año en curso, con la presencia de la señora Isabel Plá Jarufe, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género; de la señora Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de dicha Secretaría de Estado, y de la señora Rosario Arriagada Balladares, Abogada del Departamento de Reformas Legales de dicha Cartera.

En la ocasión, la Ministra señora Plá recordó que la idea matriz de la moción radica en asegurar el derecho a fuero maternal para las madres y padres que integran las fuerzas de orden y seguridad en el mismo sentido que establece el artículo 201 del Código del Trabajo, impidiendo que sean desvinculados de la institución a la que pertenece aun cuando pudieran aplicarse causales legales de retiro. En efecto, agregó, en esta materia debe asegurarse para las funcionarias de las fuerzas armadas, y de orden y seguridad, iguales condiciones que quienes están sujetas al Código del Trabajo, impidiendo que las causales de retiro establecidas en los correspondientes estatutos tengan preminencia sobre el fuero maternal. De lo contrario, se estaría atentando contra la igualdad ante la ley y la protección a la maternidad, que es un principio laboral esencial.

En este sentido, el Ejecutivo, afirmó la señora Plá, ha presentado una indicación sustitutiva que recoge las observaciones de fondo y forma que se plantearon en las sesiones anteriores, incorporando expresamente aquello establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo a cada uno de los estatutos que regulan el funcionamiento de las fuerzas armadas, el decreto que regula el funcionamiento de Carabineros de Chile, y el respectivo de la Policía de Investigaciones. Asimismo, la indicación también prescribe que aquellos comprendidos dentro de causales de retiro, harán efectiva esa condición una vez que expire el periodo de fuero que el Código del Trabajo establece para el embarazo y hasta 1 año después de expirado el descanso de maternidad.

Adicionalmente, indicó la señora Plá, la indicación prescribe que los padres gozan del fuero por un periodo equivalente al doble de la duración del permiso parental del cual se haga uso, tal como lo menciona el Código del Trabajo.

En el caso de Gendarmería de Chile, continuó la señora Ministra, cabe señalar que dicha institución se rige por el Estatuto Administrativo cuyo artículo 89, inciso segundo, establece que los funcionarios tendrán derecho, entre otros, a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplan los sistemas de prevención y bienestar social en conformidad a la ley, y de protección a la maternidad de acuerdo a lo dispuesto en el Código del Trabajo.

Las diputadas señoras Yeomans y Orsini manifestaron su preocupación por la indicación sustitutiva planteada, ya que ella reemplaza la totalidad del articulado original, incluso aquel que pretendía modificar el artículo 201 del Código del Trabajo, lo cual fue aprobado en general por la Comisión. En efecto, las diputadas, estando de acuerdo con incluir la protección en los respectivos estatutos de las fuerzas armadas, estimaron esencial modificar también el Código del Trabajo para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores, pues dicho Código es el marco normativo donde se establece el fuero maternal.

El diputado señor Melero destacó la indicación presentada por el Ejecutivo, pues amplía la protección del derecho a la maternidad, generando un grado de resguardo superior al momento de incorporar la protección a cada uno de los estatutos de las fuerzas armadas, y de orden y seguridad.

El diputado señor Ascencio manifestó estar de acuerdo con la modificación de los estatutos, pero consideró que este proyecto no debe obviar la necesaria modificación al Código del Trabajo, que constituye el cuerpo normativo que contiene la regulación del derecho maternal y sus formas de protección en caso de eventual vulneración de derechos.

El diputado señor Ramírez sostuvo una posición contraria, basada en lo dispuesto en el artículo 1° del propio Código del Trabajo, que dispone que el referido Código no se aplicará a los funcionarios o trabajadores que se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. En tal sentido, el diputado estimó inadecuado establecer en el Código del Trabajo una norma relacionada a las Fuerzas Armadas, porque dichas normas no podrán ser aplicadas precisamente por aquello prescrito por el artículo 1° del referido Código, generando una contradicción legislativa que podría derivar en incertezas jurídicas.

A continuación, la Comisión discutió en base a los argumentos anteriores, decidiendo elaborar una indicación en conjunto que permitiera salvar la controversia, concordándose finalmente en una que agrega un inciso final al artículo 201 del Código del Trabajo, de la que se dará cuenta más adelante.

ARTÍCULO ÚNICO°

-- Indicación del diputado señor Saavedra, don Gastón, para agregar al inciso final propuesto para el artículo 201, la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.), que pasa a ser seguido:

"En este caso, no podrá cursarse el retiro de la funcionaría sino hasta doce meses contados desde la fecha de terminación del período post natal; con todo, dentro de los 30 días anteriores a la expiración del fuero, la funcionaría tendrá derecho a solicitar la revisión del dictamen de la comisión médica a fin de que su retiro no sea cursado si su salud ha evolucionado de tal forma, que ya no sea incompatible con sus funciones. Si la comisión médica persiste en su dictamen inicial, la funcionaría podrá solicitar que su retiro sea revisado por la Contraloría General de la República, la que deberá solicitar también un informe a la Superintendencia de Seguridad Social. El derecho de la funcionaría a solicitar esta reconsideración es irrenunciable.".

-- Sometida a votación la indicación precedente, fue rechazada por 6 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y Yeomans, doña Gael; y los diputados señores Ascencio, don Gabriel –en reemplazo del señor Soto, don Raúl-; Calisto, don Miguel Ángel; y Saavedra, don Gastón. Votaron en contra los diputados señores Barros, don Ramón; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; y, Sauerbaum, don Frank.).

-- Indicación del diputado señor Saavedra, don Gastón, para agregar al inciso final propuesto para el artículo 201, la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.), que pasa a ser seguido:

“En ningún caso el retiro podrá ser cursado antes del término del fuero maternal, pudiendo la trabajadora exigir al cabo de éste que la Comisión Médica de Salud Preventiva e Invalidez se pronuncie sobre si su salud continua siendo incompatible con sus funciones.”.

-- Sometida a votación la indicación precedente, fue rechazada por 6 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y Yeomans, doña Gael; y los diputados señores Ascencio, don Gabriel –en reemplazo del señor Soto, don Raúl-; Calisto, don Miguel Ángel; y Saavedra, don Gastón. Votaron en contra los diputados señores Barros, don Ramón; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; y, Sauerbaum, don Frank.).

-- Las diputadas señoras Maite Orsini y Gael Yeomans; y los diputados señores Ascencio, Barros, Durán, Eguiguren, Melero, Ramirez y Sauerbaum, presentaron una indicación para incorporar el siguiente inciso final nuevo, en el artículo 201 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2003, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, del siguiente tenor:

“A todo el personal que se encuentre prestando labores o ejerciendo funciones en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, les será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997 que fija el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Decreto N° 412 de 1992 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980 que fija el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones”.

La Ministra señora Plá y el diputado señor Ramírez coincidieron en manifestar estar de acuerdo con la solución planteada, en la medida en que recoge la preocupación de la Comisión, con el propósito de asegurar en el mismo Código del Trabajo el derecho a fuero, pero remitiendo dicha protección a aquello que se disponga en cada uno de los estatutos de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad.

-- Sometida a votación la indicación precedente, fue aprobada por 12 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y, Yeomans, doña Gael; y, Diputados señores Ascencio, don Gabriel (en reemplazo de Soto, don Raúl); Barros, don Ramón; Calisto, don Miguel Ángel; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; y, Sauerbaum, don Frank.).

-- Indicación de S.E. el Presidente de la República para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente:

"Artículo único: Modifíquense los siguientes cuerpos legales en la forma que se indica:

1) Para modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en el siguiente sentido:

a) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, en el artículo 209:

"Al personal de las Fuerzas Armadas, le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a este estatuto. Respecto de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, les será aplicable el referido fuero. En estos casos se procederá en la forma prevista en el artículo 246 de este estatuto.

b) Incorpórase la siguiente oración al inciso primero del artículo 246, reemplazando el punto final por un punto y coma, en el siguiente tenor:

"En el caso de retiro del personal por padecer de una enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, y que se encuentre gozando del fuero laboral regulado en el artículo 209 de este estatuto, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.".

2) Para modificar el Decreto N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en el siguiente sentido:

a)Incorpórase un nuevo literal w) al artículo 46, en el siguiente tenor:

"w) Fuero laboral.

"Al personal de Carabineros de Chile, le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a este estatuto. Respecto de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, les será aplicable el referido fuero. En estos casos se procederá en la forma prevista en el artículo 68 de este estatuto.".

b)Incorpórase un nuevo inciso tercero al artículo 68, pasando el tercero a ser cuarto, y así sucesivamente, en el siguiente tenor:

"En el caso de retiro del personal por padecer de una enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, y que se encuentre gozando del fuero laboral regulado en el literal w) del artículo 46 de este estatuto, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.''.

3) Para modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile.

a)Incorpórase un nuevo inciso tercero al artículo 85, pasando el tercero a ser cuarto y el cuarto a ser quinto, en el siguiente tenor:

"En el caso de retiro del personal por padecer de una enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, y que se encuentre gozando del fuero laboral regulado en el artículo 114 de este estatuto, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.".

b)Incorpóranse un nuevo inciso segundo en el artículo 114, pasando el segundo a ser tercero, y así sucesivamente, en el siguiente tenor:

"Al personal de Investigaciones de Chile, le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a este estatuto. Respecto de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, les será aplicable el referido fuero. En estos casos se procederá en la forma prevista en el artículo 85 de este estatuto.".".

-- Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por 12 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y, Yeomans, doña Gael; y, Diputados señores Ascencio, don Gabriel (en reemplazo de Soto, don Raúl); Barros, don Ramón; Calisto, don Miguel Ángel; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; y, Sauerbaum, don Frank.).

X.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.

-- Del diputado señor Saavedra, don Gastón, para agregar al inciso final propuesto para el artículo 201, la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.), que pasa a ser seguido:

"En este caso, no podrá cursarse el retiro de la funcionaría sino hasta doce meses contados desde la fecha de terminación del período post natal; con todo, dentro de los 30 días anteriores a la expiración del fuero, la funcionaría tendrá derecho a solicitar la revisión del dictamen de la comisión médica a fin de que su retiro no sea cursado si su salud ha evolucionado de tal forma, que ya no sea incompatible con sus funciones. Si la comisión médica persiste en su dictamen inicial, la funcionaría podrá solicitar que su retiro sea revisado por la Contraloría General de la República, la que deberá solicitar también un informe a la Superintendencia de Seguridad Social. El derecho de la funcionaría a solicitar esta reconsideración es irrenunciable.".

-- Sometida a votación la indicación precedente, fue rechazada por 6 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y Yeomans, doña Gael; y los diputados señores Ascencio, don Gabriel –en reemplazo del señor Soto, don Raúl-; Calisto, don Miguel Ángel; y Saavedra, don Gastón. Votaron en contra los diputados señores Barros, don Ramón; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; y, Sauerbaum, don Frank.).

-- Del diputado señor Saavedra, don Gastón, para agregar al inciso final propuesto para el artículo 201, la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.), que pasa a ser seguido:

“En ningún caso el retiro podrá ser cursado antes del término del fuero maternal, pudiendo la trabajadora exigir al cabo de éste que la Comisión Médica de Salud Preventiva e Invalidez se pronuncie sobre si su salud continua siendo incompatible con sus funciones.”.

-- Sometida a votación la indicación precedente, fue rechazada por 6 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra; y Yeomans, doña Gael; y los diputados señores Ascencio, don Gabriel –en reemplazo del señor Soto, don Raúl-; Calisto, don Miguel Ángel; y Saavedra, don Gastón. Votaron en contra los diputados señores Barros, don Ramón; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Melero, don Patricio; Ramírez, don Guillermo; y, Sauerbaum, don Frank.).

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Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente la señora Diputada Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Agréguese el siguiente inciso final en el artículo 201 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2003, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Código del Trabajo:

"A todo el personal que se encuentre prestando labores o ejerciendo funciones en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, les será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997 que fija el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Decreto N° 412 de 1992 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980 que fija el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones.".

Artículo 2°.- Modifíquense los siguientes cuerpos legales en la forma que se indica:

1) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en el siguiente sentido:

a) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo, en el artículo 209:

"Al personal de las Fuerzas Armadas, le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a este estatuto. Respecto de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, les será aplicable el referido fuero. En estos casos se procederá en la forma prevista en el artículo 246 de este estatuto.

b) Incorpórase la siguiente oración al inciso primero del artículo 246, reemplazando el punto final por un punto y coma, en el siguiente tenor:

"En el caso de retiro del personal por padecer de una enfermedad declarada incurable o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, y que se encuentre gozando del fuero laboral regulado en el artículo 209 de este estatuto, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.".

2) Decreto N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en el siguiente sentido:

a)Incorpórase un nuevo literal w) al artículo 46, en el siguiente tenor:

"w) Fuero laboral.

"Al personal de Carabineros de Chile, le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a este estatuto. Respecto de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, les será aplicable el referido fuero. En estos casos se procederá en la forma prevista en el artículo 68 de este estatuto.".

b)Incorpórase un nuevo inciso tercero al artículo 68, pasando el tercero a ser cuarto, y así sucesivamente, en el siguiente tenor:

"En el caso de retiro del personal por padecer de una enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, y que se encuentre gozando del fuero laboral regulado en el literal w) del artículo 46 de este estatuto, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.''.

3) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, en el siguiente sentido:

a)Incorpórase un nuevo inciso tercero al artículo 85, pasando el tercero a ser cuarto y el cuarto a ser quinto, en el siguiente tenor:

"En el caso de retiro del personal por padecer de una enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, y que se encuentre gozando del fuero laboral regulado en el artículo 114 de este estatuto, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero.".

b)Incorpóranse un nuevo inciso segundo en el artículo 114, pasando el segundo a ser tercero, y así sucesivamente, en el siguiente tenor:

"Al personal de Investigaciones de Chile, le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a este estatuto. Respecto de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable que los imposibilite para continuar en el servicio o enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio, les será aplicable el referido fuero. En estos casos se procederá en la forma prevista en el artículo 85 de este estatuto.".

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SE DESIGNÓ DIPUTADA INFORMANTE, A LA SEÑORA MAITE ORSINI PASCAL.

SALA DE LA COMISIÓN, a 17 de julio de 2018.

Acordado en sesiones de fechas 29 de mayo, 5 y 12 de junio, y 3 y 17 de julio del año en curso, con asistencia de las diputadas señoras Orsini, doña Maite; Sepúlveda, doña Alejandra, y Yeomans, doña Gael, y de los diputados señores Barros, don Ramón; Calisto, don Miguel Angel; Durán, don Eduardo; Eguiguren, don Francisco; Jiménez, don Tucapel; Melero, don Patricio; Meza, don Fernando; Ramírez, don Guillermo; Saavedra, don Gastón; Sauerbaum, don Frank, y Soto, don Raúl.

Asimismo, la diputada señora Sabat, doña Marcela, reemplazo al diputado señor Sauerbaum, don Frank, en la sesión celebrada el día 12 de junio del año en curso.

Pedro N. Muga Ramírez

Abogado, Secretario de la Comisión

Informe del Presidente de la Comisión de Hacienda, diputado señor Lorenzini, sobre la reunión que que sostuvo con el Primer Presidente del Tribunal de Cuentas Francés, señor Didier Migaud, efectuada el jueves 5 de julio de 2018, en Santiago.

INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

Pablo Lorenzini Basso

Informe del Presidente la Comisión de Hacienda, diputado señor Lorenzini, sobre la reunión que sostuvo con expertos en políticas presupuestarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizada el 11 de julio de 2018, en nuestro país.

INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

Pablo Lorenzini Basso

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don Daniel; Alinco, Ascencio; Celis, don Ricardo; Garín y Monsalve, y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Parra, que “Establece normas para asegurar la conservación de humedales, y regula su manejo y afectación” Boletín N°11935-33

I.-Antecedentes

Los humedales son ecosistemas de importancia mundial y es debido a su rol ecológico que cuentan entre los más productivos del planeta, cumpliendo funciones vitales para el hombre. Entre las funciones ecológicas y productivas podemos destacar el control de las inundaciones, control de la sedimentación y la erosión, mejoras de la calidad del agua, reducción de la contaminación, sumidero de carbono, mantenimiento del suministro de agua, subterránea y superficial, sostén para la pesca, la ganadería y la agricultura, actividades educativas y recreativas al aire libre para la sociedad humana entre otros.

Junto con estos servicios ecosistémicos brindados a la sociedad, los humedales albergan una importante biodiversidad y constituyen el hábitat de numerosas especies de animales y plantas, muchas de las cuales se encuentran hoy en día amenazadas o al borde de la extinción como consecuencia de la destrucción de sus hábitats y la explotación irracional a la que se ven muchas veces sometidas. Particularmente los humedales del norte de Chile albergan un gran número de especies amenazadas, endémicas y migratorias, siendo hábitats fundamentales para el ciclo de estas especies.

Estos ecosistemas se ven continuamente degradados por diversos tipos de amenazas, siendo las más importantes las derivadas de actividades antropogénicas. Es por esto, que los humedales son uno de los ecosistemas que se encuentran en mayor peligro, dado la continua intervención humana en sus alrededores. Estamos hablando de amenazas de diversos orígenes y tipos, rellenos inmobiliarios, basurales, especies invasoras, contaminación, utilización de sus aguas, entre otros. Hoy por hoy los humedales no cuentan con ningún mecanismo o categoría de protección especial en nuestro país, quedando a merced de estas amenazas, es por esto que a través de la presente moción buscamos mecanismos que nos permitan proteger efectivamente estos importantes ecosistemas chilenos. El informe Inventario Nacional de Humedales y Seguimiento Ambiental (MMA, 2011) concluyó que de las 75.906.900 hectáreas de superficie continental, 1.986.167 hectáreas corresponden a humedales; el 0,5 % de los humedales del país está incluido en áreas protegidas y equivale al 2,7 % de las áreas protegidas del país; y finalmente del total de la superficie regional, sólo la región de Magallanes incluye más del 1% de la superficie de humedales catastrados dentro de áreas del SNASPE. Las peor representadas, respecto a protección de ecosistemas acuáticos, son las regiones de Coquimbo, Maule y Biobío.

II.-Contexto de humedales en la Región de Coquimbo.

En la Región de Coquimbo encontramos alrededor de 50.000 ha de humedales (MMA 2011) distribuidos tanto en ambientes costeros como andinos. Actualmente no se ha logrado una definición que agrupe y describa los humedales de la Región de Coquimbo, debido a falta de estudios científicos sobre estos ecosistemas complejos, dinámicos y altamente productivos en permanente interacción entre sistemas de montaña, dulceacuícolas, marinos y terrestres. No obstante, se reconocen sus funciones, servicios y beneficios de estos ecosistemas que otorgan a los habitantes de la región.

Los humedales están entre los ecosistemas más productivos del mundo, son de suma importancia socioeconómica y ecológica para la humanidad y son críticos para la mantención de la biodiversidad. Irónicamente, los humedales han sido percibidos como lugares donde se concentra el abandono, las enfermedades y el peligro. Esto último ha contribuido a ser considerados un obstáculo para el progreso y desarrollo, siendo drenados, rellenados, despojados de sus especies y degradados para obtener beneficios económicos. La pérdida de humedales ha sido responsable de la pérdida de innumerables especies de animales y plantas.

Los humedales de montaña constituyen unidades de paisaje que se desarrollan en terrenos inundados, presentando diferentes formas de biota hidrofítica. Son un recurso natural importante por su biodiversidad y productividad. Se consideran ecosistemas frágiles, cuyo valor biológico reside en las variadas y originales comunidades de especies y endemismos que albergan. Además constituyen importantes recursos ecosistémicos tanto para la fauna silvestre como para el ganado trashumante, participan en la regulación de los recursos hídricos, como filtros de sales o como reservorios de agua, vías de flujo y de regulación.

Los humedales altoandinos representan verdaderas islas biogeográficas inmersas en ambientes de clima árido o semiárido. Son dependientes del patrón pluviométrico. Se forman generalmente en sectores de superficies planas o en centros deprimidos de sitios con mayor pendiente y drenaje pobre, con acumulación de agua por escurrimiento superficial o afloramiento subterráneo.

La zona andina alberga la existencia de diversos tipos de humedales que se diferencian por tamaño, biota y estructura. Desde el punto de vista paisajístico, constituyen ecotopos que contrastan fuertemente con el paisaje xeromórfico característico a esa altitud. Estos ecosistemas poseen depósitos orgánicos de diferente profundidad, de manera que las plantas que crecen en ellos obtiene gran parte de sus nutrientes del agua que se carga con estos al pasar por los sustratos minerales subyacentes o aledaños. Son considerados de gran importancia para la avifauna que albergan. Sin embargo, son ecosistemas poco estudiados.

Las amenazas de los ecosistemas altoandinos radica en la excesiva carga de animales domésticos y silvestres que le impone la ganadería de trashumancia; la elevada tasa de extracción de agua que demanda el consumo humano, ganadero y minero y los probables efectos del cambio climático global, que en estas zonas podría afectar la línea de nieve y aumento de caudales en invierno y primavera.

Los humedales costeros son ecosistemas de transición entre los ambientes acuáticos y terrestres. La Convención de Ramsar los define como “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Existen más de 20 humedales que forman una Red de Humedales Costeros en la Región de Coquimbo de distintos tipos y tamaños, tales como lagunas costeras, esteros y playas de arena y roca (CAACH 2005).

El desarrollo urbano, la extracción de agua y la desertificación ha presionado estos ecosistemas y hoy es posible clasificarlos en base a su ubicación o cercanía a centros urbanos en (1) Humedal urbano: es aquel que está inmerso en una zona cuya población es igual o superior a 5.000 habitantes y cuenta con todos los elementos distintivos de una ciudad, como calles, edificios, sistemas de alcantarillado y alumbrado público y (2) Humedal rural: es aquel que está ubicado fuera de la zona urbana, aunque puede incluir pequeños asentamientos humanos, como, por ejemplo, caletas, caseríos, pueblos, etc., cuyos habitantes se dedican por lo general a la pequeña agricultura, la pesca artesanal y la recolección de algas o mariscos.

III.-Instrumentos de protección de humedales

La aplicación de los instrumentos de protección ambiental en el ámbito de los humedales resulta compleja. Por su naturaleza, en un humedal interactúan diferentes elementos, que son protegidos jurídicamente a través de distintos cuerpos legales. Agua, paisaje, suelo o las especies que habitan en ellos representan diferentes componentes que dificultan el análisis.

Cierto, la representación del humedal como ecosistema es abordada a través del Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional -conocido simplemente como el Convenio de Ramsar- de 1971, sin embargo, su ámbito de aplicación se limita a ciertos espacios de importancia internacional, asumiendo con ello una representación “extraordinaria” de la biodiversidad. Junto a esta tutela de carácter “emblemática”, aparece la necesidad de conservar aquella que posee rasgos comunes u ordinarios y que, por ende, escapa a la aplicación general de los tratados internacionales en materia de conservación ambiental.

Un análisis en este sentido supone distinguir dos técnicas de protección ambiental diversas: aquellas de naturaleza territorial de las que sólo poseen un carácter sectorial. Las técnicas de protección territoriales se ejemplifican tradicionalmente a través de los instrumentos de espacios protegidos. Estos pueden ser desarrollados de manera incidental, con ocasión de legislaciones referidas a objetos diversos, o única y exclusivamente para efectos de proteger los humedales. En cambio, las técnicas de protección sectorial se caracterizan por seguir a los componentes que integran el humedal, más allá de un territorio específico. A tales efectos, debe considerarse que la relación entre estos espacios y el recursos hídricos es vital, pues “sin agua, no hay humedales” (Secretaría de la Convención Ramsar, 2010).

a) Dispositivos territoriales

A diferencia de los dispositivos sectoriales, los instrumentos territoriales de protección ambiental se caracterizan por establecer un ámbito de aplicación condicionado a la intervención de un sector específico del territorio. En la conservación de los humedales, se trata de una modalidad de intervención establecida, ya sea por la aplicación de la legislación interna, o aquella de naturaleza internacional.

b) Dispositivos sectoriales

Los instrumentos sectoriales de protección ambiental se caracterizan por establecer un ámbito de aplicación sin condicionamientos a un sector específico del territorio de un Estado. Debido a las características de su composición, en el ámbito de los humedales, este tipo de protección coincide con la regulación ambiental de su elemento principal: el agua, que repercute de manera indirecta en su conservación.

De aquí entonces que los humedales puedan estar protegidos de manera indirecta por los planes hidrológicos, que atienden “los requerimientos hídricos”, sin perjuicio que sobre esta protección pueda, en determinados casos, sobreponerse otra, de carácter territorial, en la medida que el espacio sea considerado merecedor de ser protegido, por su relevancia o vulnerabilidad, más allá de aquellos criterios.

IV.-Necesidad de protección para Humedales

Si bien la ratificación del Convenio RAMSAR por parte de Chile fue un paso relevante para asegurar la representación de los Humedales en nuestro país, su ámbito de aplicación se circunscribe exclusivamente a aquellos humedales que poseen características “extraordinarias” en cuanto a la biodiversidad, asumiendo estos como ecosistemas “emblemáticos”. Es aquí donde nace el desafío de tutelar aquellos humedales que poseen rasgos comunes u ordinarios, que si bien no poseen atributos “especiales”, en su conjunto sí son relevantes de conservar debido a los distintos servicios ecosistémicos que brindan a distintas comunidades locales en nuestro país.

La presente moción busca i) definir lo que es un humedal, sus características y sus partes constituyentes; ii) prohibir y sancionar conductas y actividades dañinas para estos ecosistemas; y iii) establece el manejo de los humedales como instrumento para su conservación.

PROYECTO DE LEY

POR TANTO, en virtud de lo expuesto, los diputados y diputadas abajo firmante venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:

Artículo 1.- Denomínase humedal toda extensión de lagos, ríos, marismas, pantanos, hualves o bosques pantanosos, turberas o superficies cubiertas de aguas en régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, planicies mareales o praderas salinas; las cuales no deben exceder de los 6 metros de profundidad durante marea baja.

Los humedales estarán constituidos por un cuerpo de agua definido por la zona de saturación de agua; una zona de transición marcada por la presencia de vegetación hidrófila permanente o estacional; y la zona de amortiguamiento, que serán los 200 metros después del límite de la vegetación hidrófila. La autoridad deberá resguardar los recursos hídricos, el suelo y la biodiversidad que dan origen a los humedales.

Con todo, la autoridad podrá fundadamente, en función de la conservación de los humedales, aumentar la distancia de la zona de amortiguamiento o disminuirla a la mitad, todo esto en función de las condiciones hidrométricas, tamaño, magnitud y fragilidad del humedal.

Todos los humedales serán considerados de interés público y constituyen un área de de manejo cuyo objetivo es de la conservación mediante el manejo del suelo; los recursos hídricos; además de la flora y fauna silvestres de los humedales.

Artículo 2.- Con el objeto de conservar los humedales quedarán prohibidas las siguientes acciones:

a) Deteriorar las instalaciones existentes en el humedal.

b) Depositar basura, productos químicos, desperdicios o desechos de cualquier tipo o volumen en los humedales o en lugares no habilitados para el efecto.

c) Ingresar a los humedales sin autorización o sin haber pagado el derecho a ingreso, si es que existiese la obligación de autorización o pago en el humedal.

d) Pernoctar, merendar, encender fuego o transitar en los lugares o sitios que no se encuentren expresamente habilitados o autorizados para ello.

e) Destruir o dañar bienes culturales, así como su transporte, tenencia y comercialización.

f) Ejecutar cualquier otra acción contraria a los objetivos de la categoría o unidad de manejo respectiva.

g) Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra.

h) Intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna.

i) Cortar, arrancar, sacar, extraer o mutilar ejemplares de la flora.

j) Destruir nidos, lugares de reproducción o crianza o ejecutar acciones que interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies de fauna.

k) Recolectar huevos, semillas o frutos.

l) Introducir ejemplares de flora y fauna ajenos al manejo de la unidad respectiva.

m) Provocar contaminación acústica o visual.

n) La corta, destrucción, eliminación o menoscabo de su vegetación hidrófila nativa.

o) La descarga de aguas de lavado de equipos, maquinarias y envases que hayan contenido sustancias químicas, desechos orgánicos, productos químicos, combustibles, residuos inorgánicos tales como cables, filtros, neumáticos, baterías y otros.

p) La utilización como vía de tránsito de maquinarias y equipos que comprende a trineos, catangos y similares

q) El depósito de desechos de explotación.

r) Intervención de los límites del humedal en tiempos de escasez hídrica.

No se sujetarán a las prohibiciones de las letras g), h), i) y k) las acciones que estén contempladas en el Plan de Manejo y que sean necesarias para el cumplimiento de los fines propios de la unidad.

Artículo 3.- Las acciones contempladas en el artículo 2 de la presente ley serán sancionadas de la siguiente manera:

i) Por defecto las infracciones a las normas de esta ley serán sancionadas con una multa de media a mil unidades tributarias mensuales. El valor de la multa se establecerá en función del daño causado al humedal.

Para las infracciones señaladas en las letras b), e), g), h), i), l), n) y r) la multa mínima será de dos unidades tributarias mensuales.

Sin perjuicio de la aplicación de las multas señaladas, los infractores estarán obligados a la reparación de los daños que hubieren ocasionado.

ii) En el caso de infracción a la letra l) del artículo 2 de la presente ley, la multa se aplicará por cada ejemplar introducido sin autorización, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.326 del Código Civil.

iii) Serán decomisados los objetos, productos y ejemplares cuya introducción o extracción se encuentre prohibida, como asimismo los elementos empleados para la comisión de cualquiera de las infracciones que señala el artículo 2 de la presente ley.

Artículo 4.- Para la conservación de los humedales se deberá establecer un plan de manejo, el cual debe contemplar:

i) Línea base ecológica, económica y social que de cuenta la realidad previa a la protección del humedal.

ii) Aspectos de administración, investigación y educación ambiental.

iii) Informes anuales de seguimiento, para asegurar el cumplimiento de los planes de manejo y sus aspectos de administración, investigación y educación ambiental.

El plan de manejo podrá ser desarrollado por (i) organizaciones comunitarias funcionales o territoriales regidas por la Ley N°19.418, (ii) comunidades indígenas de las reguladas en la Ley N°19.253 y (III) organizaciones sin fines de lucro tales como Fundaciones, Corporaciones y Universidades.

Artículo 5.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en los humedales deberán someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la Ley N° 19.300.

Diputados señores Núñez, don Daniel; Alinco, Ascencio; Celis, don Ricardo; Garín y Monsalve, y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Parra

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando, Carvajal, Marzán y Santibáñez, y de los diputados señores Matta; Mellado, don Cosme; Meza; Pérez, don José; Saffirio y Sepúlveda, don Alexis, que “ Establece el día 27 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico” Boletín N°11936-24

Considerando:

Las mujeres representan actualmente más de un 14% de las Fuerzas Armadas, destacándose en diversas áreas de desarrollo, tanto en las armas como en los servicios, y siendo posible proyectar en el tiempo un porcentaje cada vez mayor, tanto por el aumento de espacios de desarrollo profesional como por el hecho de que el ingreso de mujeres a las Escuelas Matrices ha aumentado también.

La historia de su integración ha requerido de importantes definiciones institucionales, las que continúan adoptándose para avanzar más profundamente hacia la igualdad. Así, en la actualidad, las mujeres pueden acceder a todas las armas y servicios en el Ejército y en la Fuerza Aérea, subsistiendo aún determinadas restricciones en la Armada.

Por su parte, el servicio militar voluntario femenino, que al iniciar el segundo gobierno de Michelle Bachelet solo podía realizarse en el Ejército, sin embargo desde el 2017 se puede realizar en la Fuerza Aérea y desde el 2018 podrá realizarse en la Armada.

El año 2017, con ocasión de la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se promulgó la ley 21.001 que establece un nuevo Escalafón de Servicio de Personal de Ejército, entre cuyos efectos destaca la posibilidad de culminar la carrera militar en el grado de General de Brigada, aumentando el número de coroneles en ese escalafón.

La historia nos cuenta que las mujeres se integraron formalmente al Ejercito el año 1974, con la creación de la Escuela del Servicio Auxiliar Femenino del Ejercito (ESAFE), que en 1983 pasaría a llamarse Escuela de Servicio Femenino Militar (ESFEMIL), y que sería así el origen del Servicio Femenino Militar que con la referida ley ha pasado a denominarse Servicio de Personal, teniendo una integración mixta.

Sin embargo, la historia de las mujeres en las Fuerzas Armada no comienza ahí. en efecto, las mujeres destacaron por su heroica participación en el conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana y en la Guerra del Pacifico, abandonando de manera voluntaria sus quehaceres tradicionales y combatiendo junto a los hombres con valentía, lealtad y patriotismo: se trata de las Cantineras.

Cantinera es la denominación que reciben en Chile las mujeres que acompañaban a los regimientos en sus tareas militares, prestando servicios especiales dentro del campamento militar, relacionados con la enfermería, la alimentación y asistencia a los soldados de las más diversas maneras: escribían cartas para aquellos que no sabían escribir, repartían municiones en el campo de batalla, atendían a los heridos, tomaban las armas.

La primera mujer en ser llamada cantinera en la historia de Chile fue la Sargento Candelaria Pérez, al prestar sus servicios al Ejército durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana desde 1837.

Ahora bien, fue en la guerra del pacifico (1879-1883) cuando se produjo el mayor número de cantineras, destacándose entre ellas Irene Morales, Filomena Valenzuela, Mercedes Debia, Juana López, Dolores Rodriguez, Carmen Vilches, María Quiteria, Manuela Peña, entre tantas otras mujeres anónimas que entregaron su vida en combate.

Hoy es necesario que la historia y el Estado celebren el aporte que las cantineras realizaron en los conflictos bélicos mencionados, ya que constituyen un modelo para las nuevas generaciones de mujeres en las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que la invisibilización de las mujeres contribuye a perpetuar estereotipos, y los estereotipos disminuyen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En razón de lo anterior es que se hace necesario establecer un día nacional de las cantineras que sería establecido el 27 de noviembre día en que se conmemora la Batalla de Tarapacá. Batalla, por lo demás, de las más sangrientas de la Guerra del Pacífico y que refleja muy bien el rol de las mujeres en dicho conflicto. Ahí se les vio como Cantineras, enfermeras, soldados, prisioneras y mártires. Las mujeres lucharon hasta el final de la batalla y también atendiendo heridos en instalaciones míseras que según cuenta la historia curaron de sus heridas al comandante Eleuterio Ramírez. Estas mujeres nunca abandonaron sus puestos y se destaca la valentía de tres mujeres que cayeron junto al comandante Ramírez: Susana Montenegro, Rosa Ramírez y Leonor Solar.

Se trata, por lo tanto, de ejemplos de lucha de mujeres que deben ser reconocidos para impulsar día a día a tantas otras que hoy se integran a las filas de las Fuerzas Armadas y que buscan cumplir con el mandato constitucional de defensa de la patria.

Por estas razones, los Diputados firmantes someten a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Establézcase el día 27 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de las Cantineras”

Diputadas señoras Hernando, Carvajal, Marzán y Santibáñez, y de los diputados señores Matta; Mellado, don Cosme; Meza; Pérez, don José; Saffirio y Sepúlveda, don Alexis

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Alinco, Sabag y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny; Castillo; Ossandón y Pérez, doña Catalina, que “Modifica el Código Penal para sancionar la explotación laboral de personas extranjeras” Boletín N°11937-07

El presente proyecto de ley tiene como objetivo tomar con prudencia una situación transversal que se esta viviendo en nuestro país y en donde muchas veces se vulneran derechos humanos inalienables a todas las personas producto de un trato desigual sufrido por inmigrantes en materia laboral.

La trata de personas en el ordenamiento jurídico chileno se tipifica en el título octavo de nuestro Código Penal a propósito de los crímenes y simples delitos contra las personas, específicamente en su artículo 411 sobre los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

El inciso primero del artículo 411 quater esta redactado de la siguiente manera:

“El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”.

Lo destacado precedentemente es la única descripción de un delito que deslinda con actos de carácter laboral. Esta descripción de conductas, tales como: “trabajos o servicios forzados”, “servidumbre”, “esclavitud o prácticas análogas” se transforma muchas veces en descripciones demasiado estrictas, alejadas de la realidad actual de nuestro país e imposibles de perseguir.

Por ejemplo, actualmente sólo serán castigadas las personas que en todo momento eviten coactivamente (ya sea por medio de la fuerza, la intimidación o coerción) que los ciudadanos extranjeros abandonen sus labores, o intenten volver a su país de origen, una vez que ya se encontraron trabajando en Chile. Esto deja fuera de cualquier intento de castigo diversas formas de explotación laboral actuales y que este proyecto de ley intenta castigar.

Así las cosas, todas las conductas de captación, traslado, recepción o acogida, aunque realizadas mediante engaño e incluso aunque las condiciones bajo las cuales los ciudadanos extranjeros habrían trabajado en Chile fueran abusivas, vejatorias y hasta ilegales, no satisfacen por sí solas las exigencias del tipo penal en cuestión.

Esto se ve reflejado en la historia de la ley Nº 20.507 (Boletín Nº 3.778) que creó precisamente este delito. En su estudio podemos percatarnos que con ella se tratan de alcanzar ciertos estándares internaciones relacionados con la penalización de conductas que atentan contra los derechos de los migrantes. Así, se sigue lo dispuesto en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Este protocolo fue suscrito por Chile y aprobado el 29 de noviembre de 2004, el cual también es conocido simplemente como Protocolo de Palermo.

Es importante señalar que esta normativa entrega criterios mínimos que deben seguir los Estados que la suscriben. El artículo 3 letra a) de dicho protocolo está redactado de la siguiente manera:

“La captación, el transporte, el traslado la acogida o la receptación de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción”

De la transcripción del artículo anterior es posible darse cuenta que el legislador chileno siguió un modelo restrictivo de los parámetros descritos por las Naciones Unidas. Esto, en la práctica significa que muchas conductas atentatorias en contra de los derechos humanos quedarán fuera de protección, en palabras simples, en Chile sólo se castiga la esclavitud o servidumbre, nada mas.

En la actualidad, una persona que atenta laboralmente contra un inmigrante no tiene asociado a su conducta una pena, por muy socialmente reprochable que sea. No basta entonces con un trabajo subsumido en condiciones injustas o abusivas, aún ilegales, sino que se requiere que ese trabajo constituya siempre una práctica análoga a la esclavitud, esto en la actualidad no se configura, como veremos a continuación:

El trabajo forzoso esta definido por el Protocolo de las Naciones Unidas como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente” por otra parte la esclavitud, definida en este mismo cuerpo normativo, es “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”. Lo central en estas disposiciones es que no existe por parte del abusado voluntad de aceptar una labor.

Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad el problema se genera debido a que muchas veces si existe una mínima voluntad. Por consiguiente, existen muchas ocasiones en donde ciertas acciones contra inmigrantes generan un reproche social, pero sin embargo no es posible subsumirlas dentro del concepto de esclavitud.

El derecho nacional (relacionado con el tratado de las Naciones Unidas) es restrictivo, actos como por ejemplo la prohibición de comunicación con mas personas, o se le privan de sus documentos de identidad, la imposibilidad de descansos laborales, remuneraciones miserables, tratos vejatorios, discriminaciones arbitrarias por el solo hecho de ser extranjeros, trabajos sobrecargados, horas en extremo excesivas y abusivas, todas las cuales podríamos denominarlas como “esclavitud moderna” no están siendo penadas debido a que nuestra legislación tiene un concepto anticuado de esclavitud o trabajo forzoso.

Unido a lo anterior y a modo de conclusión, es correcto precisar que actualmente, si una persona trae ilegalmente a nuestro país a un indocumentado, abusando de su estado de necesidad en su lugar de origen, con el objeto de trabajar en condiciones laborales absolutamente precarias e inhumanas, no tiene una sanción penal. Recordemos que asignarle una pena a una conducta es el acto mas represivo del Estado y esta prohibida su aplicación por equivalencia, por lo que es necesario describir la conducta lo más detalladamente posible, de allí nuestra motivación para proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1:Agréguese en los siguientes términos un nuevo inciso final al artículo 411 quater del Código Penal:

“Del mismo modo, el que, aprovechándose de una situación coercitiva o de una indefensión asociada a su estancia en un país extranjero, somete a otra persona a la aceptación o desempeño de un empleo con él o con un tercero bajo condiciones de trabajo que se encuentran en una desproporción notoria con las condiciones de trabajo de otras trabajadoras o trabajadores de la misma actividad o una actividad comparable, será castigado con pena de reclusión mayor en su grado mínimo y multa de cincuenta unidades tributarias mensuales.”

Diputados señores Bianchi, Alinco, Sabag y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny; Castillo; Ossandón y Pérez, doña Catalina

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Fernández, Cariola; Pérez, doña Joanna, y Santibáñez, y de los diputados señores Desbordes, Díaz, Leiva, Macaya, Undurraga y Vidal, que “Modifica el Código de Comercio para disponer la suspensión del pago de la prestación contemplada en el contrato de seguro, en caso de dolo del beneficiario en la generación del siniestro asegurado Boletín N°11938-03

1. Fundamentos.- La actividad o comercio de seguros se dedica a ofrecer protección económica contra los infortunios, siendo el contrato de seguro el instrumento idóneo para tales fienes. En este sentido, nuestro sistema jurídico regula el denominado contrato de seguros de personas que conforme a la regla del art. 588 del Código de Comercio “son seguros de personas los que cubren los riesgos que puedan afectar la existencia, integridad física o intelectual, la salud de las personas y los que garantizan a ésta, dentro del termino de un plazo, un capital o una renta temporal o vitalicia”.

Pese a la existencia de estas reglas, se ha comprobado la existencia de situaciones en que tratandose de esta clase de contratos, los beneficiarios de estos seguros se han visto favorecidos con el capital asegurado, pese a tener participación en la muerte de la persona asegurada, ya sea cónyuge, conviviente civil o conviviente. Lo anterior, atendido que la regla en materia de seguros es que para su operatividad basta acreditar la existencia del siniestro y los hechos que lo causaron, invirteiendo el peso de la prueba “es el asegurador quién debe acreditar que el siniestro ocurrió por un riesgo no cubierto por la póliza”[1].

La situación descrita ocurre, pese a que el artículo 598 del Código de Comercio, en su inciso primero, señala que el siniestro causado dolosamente por el beneficiario, privará a éste del derecho a la prestación establecida en el contrato, sin perjuicio de la acción criminal a que hubiere lugar. En este contexto la doctrina explica que “el antiguo art. 575 del Código de Comercio contemplaba diversas situaciones especiales de nulidad del seguro que la nueva legislación regula de una manera distinta y bien vale la pena tenerlo en cuenta.

a)Muerte del asegurado por condenación capital (por ser condenado a la pena de muerte por un delito), o en duelo o en otra empresa criminal. Esta causa ya no figura.

b)Muerte del asegurado a mano de sus herederos”[2].

La doctrina había llegado a la conclusión unánime de que esta disposición se aplicaba sólo si el heredero autor de la muerte del asegurado, era el beneficiario de la indemnización, pues en caso contrario, la nulidad del contrato perjudicaría injustamente al tercero beneficiario.cEs esta, como hemos visto, la solución que ha establecido el nuevo artículo 598, al decir que si el siniestro ha sido causado dolosamente por el beneficiario, quedará privado del derecho a la prestación establecida en el contrato, sin perjuicio de la acción criminal a la que hubiere lugar.[3]

No obstante lo anterior, estimamos que esta norma es incompleta, pues no considera el evento de que el pago de la prestación esté sujeto a discusión en sede jurisdiccional ordinaria o arbitral (como en buena parte de estos contratos). En ese evento, es posible que se logre acreditar la inocencia del imputado, o bien, no se logre acreditar la nulidad del contrato de seguro, sin embargo, la prestación pudo haber sido realizado.

2. Ideas matrices. Es en esta perspectiva, en que para todos los efectos legales el derecho del beneficiario nace en el momento del siniestro previsto en l apóliza, y a partir de él podrá reclamar la preatación convenida, se hace necesario reconfigurar esta norma y sus prescripciones con el establecimiento de una regla que límite -excepcionalmente- el pago de la prestación establecida en el contrato de seguro de personas, mediante la suspensión del pago al beneficiario por el asegurador, hasta que por sentencia definitiva u otra equivalente jurisdiccional, resuelva eventuales cuestionamientos para el pago del capital asegurado al beneficiario cuando este precisamente ha intervenido en la causación del siniestro.

En mérito de lo expuesto, y los fundamentos señalados venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo Único. Intercálase en el art. 598 del Código de Comercio un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor:

“En el caso del inciso anterior, el pago de la prestación establecida en el contrato quedará suspendida hasta la resolución del asunto mediante sentencia firme u otro equivalente jurisdiccional.”.

Diputadas señoras Fernández, Cariola; Pérez, doña Joanna, y Santibáñez, y de los diputados señores Desbordes, Díaz, Leiva, Macaya, Undurraga y Vidal

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Barros, Jiménez, Mulet, Saavedra, Saffirio, Torres; Velásquez, don Esteban, y Velásquez, don Pedro, que “Modifica el Código del Trabajo para establecer que un trabajador, cuya apelación o reclamo de licencia médica se encuentre pendiente de resolución, no pueda ser despedido” Boletín N°11940-13

I.Fundamentos

Considerando:

1.Que el artículo 161 del Código del Trabajo regula una especial forma de terminación del contrato de trabajo, consistente en que: “el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores […]”.

2.Asimismo, el inciso final del mismo artículo contiene una protección especial referida a trabajadores que gocen de licencia médica. En tales términos se pronuncia la disposición señalando que: “Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia”.

3.Que no obstante lo dicho, dada la gran cantidad de licencias médicas que hoy en día son reclamadas o apeladas, en su caso, y el retraso que existe en la tramitación de las mismas, se ha generado un vacío legal que es necesario completar. En efecto, si el trabajador presenta una licencia, y luego es rechazada por el organismo correspondiente, no operaría la protección que le otorga la disposición del inciso final del artículo 161 antes mencionada. Ahora bien, la situación se complejiza en el caso que el trabajador reclame o apele contra la resolución que rechazó la licencia, dado que el tiempo que media entre la presentación del reclamo y su resolución puede ser larguísimo (meses incluso); en ese período sería lícito, según nuestro ordenamiento jurídico, que el empleador haga efectiva la causal de despido del artículo 161, es decir, por necesidades de la empresa, pese a que, incluso luego de despedido, el trabajador obtuviere una resolución favorable de su licencia.

4.Que el proyecto pretende ampliar la protección que tienen los trabajadores afectados por alguna enfermedad, sea de carácter común o laboral, dado que el procedimiento de otorgamiento de una licencia puede ser muy complejo, y podría darse la situación que en este proyecto se relata. En tales términos, se busca dar aplicación al principio pro operario en el sentido de que, ante dos posibles soluciones, esto es, no otorgar la protección en caso de que exista dudas sobre la procedencia de la licencia, y la de acceder a ella, se opta por esta última, en el entendido que por deficiencias del sistema, la resolución de estos asuntos puede dilatarse bastante en el tiempo, lo que no es imputable al trabajador.

II.Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz extender la limitación existente para despedir por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo por causa de licencia médica, a aquellos casos que se encontraren en trámite de apelación o reclamo.

III.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto modifica el inciso final del artículo 161 del Código del Trabajo, razón por la cual se entienden afectadas todas las disposiciones de la legislación vigente que hagan alusión a este artículo o a su inciso final.

También se entendería afectada la disposición del artículo 154 del DFL N°1/2005 del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, De 1979 Y De Las Leyes N° 18.933 Y N° 18.469.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese el Código del Trabajo en el siguiente sentido:

1)Sustitúyase el inciso final del artículo 161 por el siguiente: “Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia, o que se encuentre en trámite de reclamo o apelación en caso de haber sido rechazada por los organismos correspondientes.”

Diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Barros, Jiménez, Mulet, Saavedra, Saffirio, Torres; Velásquez, don Esteban, y Velásquez, don Pedro

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Vidal, Crispi, Díaz; Flores, don Iván, y Rosas, y de las diputadas señoras Castillo, Hernando y Jiles, que “Modifica el Código del Trabajo para fortalecer la corresponsabilidad parental en las normas laborales sobre protección de la maternidad y la paternidad” Boletín N°11942-13

I. Antecedentes:

La Corresponsabilidad Parental podría definirse como “el reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben ejercer frente a sus hijos.” En nuestro ordenamiento jurídico se incorporó primeramente, a través de la ratificación por parte de Chile en 1990 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Sin embargo, fue en virtud de la Ley N° 20.680 del año 2013 que se consagró directa y expresamente en nuestra normativa nacional, a través de la modificación del artículo N° 224 del Código Civil, que en su nueva y actual redacción señala: “Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.”[1]

La corresponsabilidad parental, aparece indisolublemente ligada, al interés superior del niño, en términos que puede postularse que a ambos padres les corresponden responsabilidades respecto de sus hijos, no tanto porque ambos tienen iguales derechos, sino porque así lo demanda el interés superior de los niños. Así lo reconoce expresamente alguna normativa comparada: "se estima en general que la coparentalidad y el mantenimiento de las responsabilidades parentales compartidas, reflejan materialmente el interés del hijo por continuar manteniendo una relación estable con los dos progenitores" (Código Civil de Cataluña, Preámbulo de la Ley 25/2010). Igualmente, parte de nuestra doctrina estima que es dudoso que el principio de corresponsabilidad parental sea un principio autónomo, más bien se sustenta en el principio del interés superior del niño: sería una de sus aplicaciones; está íntimamente ligado a la igualdad de los padres, pero más que la equidad de estos, de lo que se trata es del interés de los hijos.[2]

II. Permiso Paternal[3]:

En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se prevén permisos pagados por maternidad (salvo Estado Unidos), el que ha sido complementado con el permiso para el trabajador por el nacimiento del hijo/a y por el permiso parental (OCDE, 2015).

El permiso para el trabajador por el nacimiento del hijo/a tiene su causa en el reconocimiento de los derechos del trabajador que es padre y en la perspectiva de avanzar en políticas de armonización de trabajo y familia (Caamaño, 2008). En cada legislación este permiso varía, en cuanto a los días y a si tiene retribución monetaria o no.

Por otra parte, se aprecia que en la mayoría de los países OCDE se ha ido incorporando este permiso, como el permiso parental, como parte del objetivo de apoyar a la familia en la crianza de los hijos (OCDE, 2015:72).

1.Legislación Extranjera

a.Suecia

Este país no cuenta en su legislación con un permiso para el padre trabajador a causa del nacimiento del hijo, pero contempla una licencia parental remunerada Paid Parental Leave que constituye un derecho compartido entre los padres que surge del nacimiento o adopción de un hijo (Parental Leave Act).

A nivel europeo, el permiso parental sueco es clasificado como uno con los más altos estándares internacionales (Sweden Sverige, 2018).

Este permiso parental es de cuatrocientos ochenta días (480), de los cuales trescientos noventa días (390) tiene un subsidio monetario para el padre que opte por él y que corresponde al 80% de su salario y los siguientes noventa días (90) tiene una paga a tasa fija. Este permiso parental se puede tomar hasta que el niño cumpla los ocho años.

Asimismo, de estos cuatrocientos ochenta (480) días del permiso parental hay noventa días (90) reservados (alrededor de tres meses) para cada padre, con prohibición de ser transferiros y que se denomina comúnmente como “use-it-or-lose-it”.

Aparte de este permiso parental, los padres en Suecia también tienen el derecho legal de reducir sus horas de trabajo normales hasta en un 25% hasta que el niño cumpla ocho años. La retribución por el trabajo es solo por el tiempo que se trabaja (Sweden Sverige, 2018).

Según un Informe de OCDE, el 75% de las mujeres se toman las licencias parentales, no obstante que la cuota del padre “daddy cuota” ha establecido el aumento de licencias parentales tomadas por los padres (OCDE, 2017:72).

b.España

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 48 establece las reglas para los permisos por nacimiento de un hijo para el trabajador/a, siendo estos: de maternidad, paternidad, adopción, y guarda con fines de adopción o acogimiento.

Estos permisos regulados en el artículo 48 del citado Estatuto se contemplan como causales de “Suspensión con reserva de puesto de trabajo” con derecho a una prestación económica equivalente al salario íntegro de la trabajadora o trabajador y que se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El permiso de maternidad es por 16 semanas ininterrumpidas, y se puede distribuir a opción de la madre trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En el caso que ambos progenitores trabajen, la madre, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo las seis semanas obligatorias. También esta legislación contempla un permiso parental, denominado como “excedencia por cuidado de hijos”, consistente en un derecho de cuidado para los trabajadores/as respecto de sus hijos biológicos o adoptivos hasta los tres años y que no es remunerado pero da derecho a una reserva de puesto de trabajo durante el primer año y luego a una reserva de un puesto similar (artículo 46).

Por su parte, el permiso para el padre trabajador por el nacimiento del hijo fue establecido en el año 2007 con la Ley de Igualdad. Este permiso por paternidad es de cuatro semanas de duración (ampliable por partos múltiples en dos días por cada hijo) y es compatible con la maternidad compartida a opción de la madre (artículo 48 N°7).

Este permiso debe ser ejercido en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

c.Francia

El Código del Trabajo francés (artículo L1225-17) otorga a la trabajadora el derecho a licencia de maternidad por un período que comienza seis semanas antes de la fecha prevista de parto y termina 10 semanas después de la fecha del nacimiento.

También se contempla un permiso parental “Conge parental”, que consiste en un permiso no remunerado para la madre o el padre trabajador que se concede por el nacimiento de un hijo/a antes que este cumpla tres años o por adopción de un menor (de 16 años). Este permiso es de un año y permite la reserva del puesto de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2018).

Por otra parte, el Código contempla un permiso por paternidad y cuidado infantil por 11 días consecutivos o 18 días en caso de partos múltiples para el padre trabajador, o el trabajador vinculado por una unión civil o en unión de hecho. Este permiso es remunerado y es de cargo de la seguridad social (Servicio Publico, 2018).

Este permiso debe comenzar dentro de los meses posteriores al nacimiento de niño/a pero puede finalizar después de este periodo (Servicio Publico, 2018).

El trabajador debe notificar al menos un mes antes de la fecha de la licencia, no pudiendo el empleador negarse (Servicio Publico, 2018).

2.Regulación en Chile

El año 2005, se publicó la Ley 20.047, que estableció un permiso paternal, a través del inciso segundo del artículo 195 del Código del Trabajo. El objetivo de esta norma, fue contemplar en la legislación laboral el derecho del padre trabajador de compartir con su hijo recién nacido los primeros días de vida, estableciendo un permiso de 4 días pagados en caso de nacimiento de un hijo. Posteriormente, la Ley 20.545, modificó nuevamente el Código del Trabajo, aumentando de 4 a 5 días el permiso paternal, entre otras modificaciones. Este permiso consiste en cinco días que podrá ser utilizado por el padre inmediatamente después del parto, caso que serán días continuos, excluyendo el descanso semanal, o ser distribuido dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento del hijo.

Este permiso es irrenunciable para el trabajador, así lo dispone el inciso final del artículo 195 del citado Código. No obstante, para hacer uso del permiso el trabajador debe solicitarlo por escrito al empleador, quien no puede negarlo, pero si exigir que se acredite la circunstancia del hecho que lo motive, lo que podrá hacerse con certificado de nacimiento que otorgue el Servicio de Registro Civil e Identificación (Dirección del Trabajo, 2018).

La Dirección del Trabajo en Dictamen 3827/0103, del año 2005 interpretó la norma del permiso del padre por nacimiento del hijo disponiendo “Que si el trabajador utiliza el permiso desde el momento del parto, los cinco días de permiso pagado deberán utilizarse en forma continua, esto es, sin interrupciones, salvo aquellas que derivan de la existencia de días de descanso semanal que pudieren incidir en el período. Por el contrario, si opta por utilizarlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento, podrá distribuir los cinco días de permiso pagado en las oportunidades que el trabajador estime pertinente, sea en forma continua o fraccionada.”

No obstante, lo anterior, este permiso se hace insuficiente, y nuestra legislación aun continúa reconociendo en la labor de la madre, la responsabilidad total en el cuidado y crianza de los hijos desde los primeros días y meses de vida.

III. Fuero Paternal:

Entre las normas que protegen la maternidad en el mundo del trabajo en Chile, están las que establecen la institución del fuero maternal. Conforme a éste, durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, las mujeres trabajadoras están protegidas por el fuero laboral. Esto implica que el empleador no puede poner término al contrato de trabajo sin la autorización previa del juez competente, quien sólo podrá hacerlo en algunos casos y bajo determinadas causales definidas en el Código del Trabajo.

En el último tiempo, y siguiendo la tendencia internacional, la legislación chilena se ha ido adecuando en diversas materias al principio de corresponsabilidad parental establecido en la Convención de Derechos del Niño, según el cual, padre y madre tienen obligaciones comunes en la crianza y desarrollo de sus hijos. En este sentido, la Ley N° 19.250 modificó el Código del Trabajo, y autorizó que la mujer trabajadora traspase al padre trabajador el permiso y subsidio procedente por enfermedad de un hijo menor de un año. Además permitió que el padre ejerciera este derecho en caso de muerte de la madre, recibiendo el respectivo subsidio, y cuando éste tuviere el cuidado personal del niño por sentencia judicial. Asimismo, estableció que si la madre muere en el parto o durante el permiso postnatal, el permiso postnatal y su respectivo subsidio se transfiere al padre.

En relación con el fuero paternal, la Ley N° 19.670 de 2000 modificó el Código del Trabajo en el sentido de beneficiar con fuero al padre en los casos en que éste goce de permiso post natal por muerte de la madre. La norma otorgó fuero por un año a las mujeres y a los hombres viudos o solteros que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo conforme con la Ley de Adopción.

Finalmente, la Ley N° 20.545 creó el permiso postnatal parental, estableciendo que el padre que haga uso del permiso parental estará protegido por fuero por un periodo equivalente al doble de su permiso, con un tope de tres meses.

Sin perjuicio de todo lo anterior, en el caso del padre trabajador el fuero continúa siendo una excepcionalidad. El fuero paternal durante el embarazo no existe, y en el caso del postnatal su aplicación es muy acotada. Lo preocupante respecto de ello es el desmedro económico que provoca la desvinculación o despido de un trabajador en este periodo, más aún cuando se trata de padres que son la única fuente de ingresos de su familia.

IV. Sala Cuna:

Es preocupación del legislador permitir a la madre continuar su vida laboral y a la vez, desarrollar lo más sanamente posible su maternidad. Por ello, ha pensado en el sistema de "salas cuna", a fin de que la madre trabajadora pueda desempeñar sus funciones con la tranquilidad de saber que su hijo o hija, se encuentra bajo protección. Asimismo, para fortalecer el vínculo afectivo madre- hijo, en la alimentación de éste, la ley permite a la madre interrumpir su jornada para que sea ella quien lo alimente.

La sala cuna y el tiempo de alimentación del hijo son derechos irrenunciables para la madre trabajadora. Su cumplimiento no sólo constituye la actuación de un deber legal, sino un imperativo de salud emocional y física, que permiten a la sociedad desarrollar plenamente la relación madre-hijo. La legislación chilena establece que las empresas que ocupan 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deben tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo.

Igual obligación corresponde a los centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, 20 o más trabajadoras. Se entiende que el empleador cumple con la obligación antes señalada, si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la trabajadora lleve sus hijos menores de dos años. (art.203. Código del Trabajo)

Ahora bien, la realidad muestra, según datos proporcionados por la Encuesta Laboral, ENCLA 2002, que el 74,2% de las empresas tiene menos de 20 mujeres, es decir, en la gran mayoría de ellas el número de mujeres es insuficiente para el otorgamiento del derecho a sala cuna y de alimentación del hijo menor a que está asociado, por tanto, la ley vigente excluye a la gran mayoría de las mujeres, porque todas aquellas que trabajen, ya sea en empresas pequeñas o grandes que ocupan hasta 19 mujeres no están cubiertas por la ley.[4]

Contenido del Proyecto: Modificar el Titulo II “De la protección a la maternidad, la paternidad, y la vida familiar” del Código del Trabajo, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad paternal, en tres sentidos:

1.Modificar el inciso segundo del artículo 195, aumentando de 5 a 30 días el permiso paternal;

2.Modificar el inciso primero del artículo 201, a fin de hacer extensivo el fuero maternal al padre trabajador en las mismas condiciones que la madre; y

3.Modificar el inciso primero del artículo 203, a fin de hacer extensivo el derecho a Sala Cuna a todos los trabajadores y trabajadoras.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: introdúzcanse la siguientes modificaciones al Código del Trabajo:

1.Reemplácese en el inciso segundo del artículo 195 la expresión “cinco” por “treinta”.

2.Intercálese en el inciso primero del artículo 201, luego de la palabra “trabajadora” la frase “y el padre trabajador”.

3.Reemplácese en el inciso primero del artículo 201, la expresión “gozará” por la expresión “gozarán”.

4.Reemplácense en el inciso primero del artículo 203, las frases “veinte o más trabajadoras” por la frase “veinte o más trabajadores y/o trabajadoras”.

5.Reemplácese en el inciso primero del artículo 203, la frase “las mujeres” por la frase “los trabajadores y trabajadoras”.

6.Reemplácese en el inciso tercero del artículo 203, la frase “las trabajadoras” por la frase “los trabajadores y trabajadoras”.

7.Reemplácese en el inciso quinto del artículo 203, la frase “la mujer trabajadora” por la frase “el trabajador o trabajadora”.

8.Intercálese entre el inciso tercero e inciso cuarto del artículo 203, el inciso siguiente: “En el caso que un padre y madre trabajadores laboren para empleadores distintos, y tengan uno o más hijos comunes menores de dos años, y ambos empleadores mantengan un servicio permanente de sala cuna, los padres deberán de común acuerdo elegir uno u otro servicio, notificando a ambos empleadores de la decisión, con al menos un mes de anticipación al primer uso de la sala cuna elegida.

9.Intercálese entre el inciso quinto e inciso sexto del artículo 203, el inciso siguiente: “En el caso que un padre y madre trabajadores laboren para empleadores distintos, y tengan uno o más hijos comunes menores de dos años, y ambos empleadores cumplan la obligación en la manera establecida en el inciso anterior, los empleadores deberán concurrir en partes iguales a los gastos de la sala cuna elegida por los padres trabajadores.

Diputados señores Vidal, Crispi, Díaz; Flores, don Iván, y Rosas, y de las diputadas señoras Castillo, Hernando y Jiles

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don Raúl; Bianchi, Coloma; Flores, don Iván; Garín, Ramírez y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Vallejo, que “Modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades religiosas, eclesiásticas o confesionales de todo tipo, la obligación de denuncia respecto de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, y sanciona como encubridor del delito respectivo, a quien omitiere la denuncia” Boletín N°11943-07

1.FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES

A fines de mayo de 2018 ingresamos una moción destinada a modificar el artículo 175 del Código Penal, proponiendo la incorporación de otros sujetos obligados a denunciar ante la autoridad competente, aquellos delitos cometidos en contra niños, niñas o adolescentes, así como en contra de personas que por cualquier razón de discapacidad no pudieren ejercitar por sí sus derechos. Los fundamentos expuestos en aquella moción (Boletín 11768-07) los entendemos como parte integrante de esta nueva iniciativa que viene precisamente a complementar y reforzar lo que sostuvimos en aquella ocasión.

La exposición de niños, niñas y adolescentes a conductas delictuales es una cuestión para nada nueva, pero al mismo tiempo, el derecho penal chileno ha tardado un poco más de lo deseable en la adopción de medidas especiales que permitan atender a las características y necesidades propias de este grupo especialmente vulnerable.

Desde luego que partimos de la premisa que el derecho penal ha de operar siempre como medida de ultima ratio, por lo que el Poder Público debe optar siempre por todas las medidas de otro carácter que tenga a su alcance para obtener los resultados buscados. Empero, la situación evidente de la niñez y adolescencia como grupo que requiere de la máxima protección jurídica posible no aparece como suficientemente cubierta con el marco jurídico vigente.

Los acontecimientos recientes, y los no tanto, que han puesto en evidencia los graves hechos de abusos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes por diferentes personeros vinculados a la Iglesia Católica y la aparente política de encubrimiento, reconocida incluso por el Papa Francisco en diversos documentos dados a conocer por la prensa en medio de las reuniones sostenidas con los Obispos chilenos, en el mes de mayo de 2018, nos han llevado a meditar sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes desde el punto de vista de los deberes de denuncia de hechos eventualmente constitutivos de delitos cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes.

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, también hemos considerado oportuno aprovechar el debate que se genere con ocasión de este proyecto para incluir también a quienes no perteneciendo al grupo ya indicado, se encuentren también en una situación de vulnerabilidad por alguna condición subjetiva que le impida ejercitar sus derechos de forma autónoma. Tal sería el caso de personas en situación de discapacidad, ya sea física o mental.

Sobre esta materia, corresponde tener presente lo relativo a los deberes negativos y positivos, los primeros son deberes predicables respecto de la generalidad de las personas, en tanto que los segundos operan respecto de grupos específicos. “El mundo de las personas es un mundo de titulares de derechos, que de modo recíproco tienen el deber de respetar los derechos de otros; la destrucción de cuerpos o cosas sólo es delito en cuanto vulneración de una relación jurídica. De lo contrario sería un mero suceso natural. Las personas pueden conformar (organizar) el mundo, pero con todo viven en un mundo ya conformado (en un mundo con instituciones) en el que existen expectativas normativas estables. Existe en general y es necesaria una expectativa de que todos mantengan en orden su círculo de organización para que no se produzcan efectos exteriores mediante los que podrían resultar dañados otros”[1].

En lo relativo a los delitos derivados de una infracción a un deber, hay que tener en cuenta que estos deberes y expectativas, en cuanto que deberes y expectativas de contenido positivo y específico, tienen como presupuesto, necesariamente, un autor que desempeñe un rol especial, es decir, están referidos a los titulares de un status especial[2]. Ello en cuanto derecho penal sustantivo.

En materia de derecho penal adjetivo, tal como lo recogió expresamente antes otra moción parlamentaria, a ciertos actores y representantes del Estado, se les ha impuesto un deber específico, en razón al cargo que detentan, y a las responsabilidades que ejercen, de informar a los organismos del Estado competentes, de la comisión de hechos, que por sus características, revistan caracteres de delito. En efecto, directores de establecimientos educacionales, policías, jefes de puertos, capitanes de navíos, están obligados por mandato legal a denunciar los hechos típicos a fin de que, se inicie una fase exploratoria, a la que le puede seguir un juicio racional y justo a fin de determinar la responsabilidad penal del infractor. Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como personas individuales estén obligadas a denunciar un abuso sexual contra menores si es que se llegan a enterar[3].

Las personas indicadas en el actual artículo 175 del Código Procesal Penal son obligadas en razón del estatus especial que detentan por su función pública o sus profesiones. Bajo dicha razón, no habría fundamento plausible para excluir de este deber a otros que desempeñan un rol determinado en la sociedad que implica el acceso a información sobre las personas, el contacto directo con ellas, la confianza depositada en ellos en atención a las funciones que desempeñan, etc.

Sobre esta materia hay que tener presente las regulaciones emanadas de la propia Iglesia Católica, contenidas en el Derecho Canónico así como en otros instrumentos con valor vinculante para el clero y miembros de dicha iglesia. Sobre esto, se tiene conocimiento de algunas instrucciones aplicables a los Obispos y que no establecen deber alguno de denunciar delitos de que tomen conocimiento a las autoridades civiles[4]. Sin perjuicio de ello, en 2016, el Papa Francisco dictó una regulación en forma de Motu Proprio, titulada “Como una Madre Amorosa”, en que se incorporaron modificaciones a la ley canónica para el tratamiento de diversos casos de abusos, particularmente la responsabilidad de los Obispos por “negligencia en el ejercicio de sus cargos”, contemplando la posibilidad de destitución en caso de abuso infantil o de adultos vulnerables en que el obispo haya operado con falta de diligencia seria[5].

Sin embargo, autoridades eclesiásticas reconocen que los obispos y clero en general, debe observar la legislación vigente en cada Estado respecto de los deberes de denuncia ante autoridades civiles[6]. En consecuencia, si se contemplara en la legislación común la obligatoriedad de denunciar aquellos hechos constitutivos de delito de que tomen conocimiento personeros del clero, en tanto no estén protegidos por secreto de confesión, sacerdotes y obispos se encontrarían obligados a cumplir con tal deber, no solo por mandato de la ley del Estado respectivo, sino por aplicación de sus propias fuentes normativas.

Lo dicho hasta acá nos impulsó a presentar la moción a que aludimos al inicio de esta fundamentación. Sin embargo, con el sucesivo destape de hechos relativos a abusos sexuales cometidos de forma reiterada por personeros de la Iglesia Católica y la recurrente afirmación de parte de autoridades nacionales del clero en que señalan no tener una obligación de denunciar los hechos a la justicia ordinaria sino solo instar a las víctimas a hacerlo, nos hacen reflexionar sobre la urgencia y necesidad de establecer no solo un deber de denunciar, sino que señalar sanciones acordes a la gravedad del delito cuya denuncia se omite y conforme al grado reforzado de protección que merecen niños, niñas y adolescentes, así como otras personas que no pueden ejercitar plenamente sus derechos.

En efecto, no parece razonable que la máxima sanción a que pueda arriesgarse una persona de las indicadas en el anterior proyecto y en este mismo, sea la de una multa a beneficio fiscal. Debemos tener en cuenta que las personas a las que pretendemos obligar a denunciar gozan de cierta posición respecto de la víctima, eventualmente conocimiento temprano de los hechos delictuales y que, de cumplirse con una obligación de denuncia podrían colaborar con la mejor persecución penal de ese ilícito, a la vez que se contribuiría con la prevención de futuros hechos que podría perpetrar la misma persona.

Los acontecimientos dados a conocer por la opinión pública nos muestran que en no pocos casos un mismo religioso delincuente ha cometido abusos en contra de más de una víctima y que en algunos de esos casos ya se habían formulado denuncias eclesiásticas, las que han demostrado no ser el camino idóneo para el tratamiento de estas conductas, ni para su sanción ni para su prevención.

En efecto, sostenemos con toda claridad que la justicia eclesial no constituye la vía adecuada para la investigación y sanción de delitos, particularmente los de connotación sexual. La Iglesia Católica, así como otras confesiones, y cuerpos intermedios en general tienen reconocido su derecho a mantener sistemas de justicia internos para la aplicación de sus normas propias, pero en ningún caso se puede pensar que los sistemas de justicia domésticos pueden sustituir el deber del Estado de perseguir penalmente aquellas conductas que el interés público ha definido como punibles.

Ello no presenta ninguna vulneración a la libertad de creencias o de cultos, ni a la libertad de asociación, pues se trata de una regulación que responde a una cuestión de interés público y que se relaciona más bien formas de conocimiento de los hechos delictuales tales como denuncias de víctimas o terceros ante las autoridades o ministros de la confesión religiosa, asociación o agrupación de que se trate.

La situación de nuestro ordenamiento jurídico a este respecto se torna irritante, insultante para las víctimas y de una omisión inexcusable del Estado legislador en esta materia. Tengamos presente que conforme al artículo 13 de la Ley N° 20.000, Sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la omisión del deber de denuncia de los ilícitos ahí tipificados, esta sancionada con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

2.DERECHO COMPARADO

En esta materia podemos destacar el ejemplo de México, país que en 2010 incorporó en su Código Penal Federal un deber de prevención y de denuncia que no solo alcanza a instituciones religiosas, sino que también a otras agrupaciones intermedias. De esta forma, el artículo 209 de dicho texto legal establece:

Artículo 209. El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de uno de los delitos contemplados en el Título VIII, Libro Segundo, de este Código o en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se le impondrá la pena de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Las mismas penas se impondrán a quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los contemplados en el párrafo anterior y de cuya próxima comisión tenga noticia.

Dichas penas se impondrán a las personas relacionadas o adscritas a cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole y tengan conocimiento de la comisión de los delitos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, cuando no informen a la autoridad competente o protejan a la persona que lo cometa, ya sea escondiéndola, cambiándola de sede o de cualquier otra forma le brinde protección.

Asimismo, el Código de Procedimiento Penal de Colombia contempla una norma procesal sobre la materia, la que es amplia, extendiendo el deber a toda persona:

Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

En Perú, la omisión de denuncia se sanciona criminalmente en el artículo 407 del Código Penal:

Artículo 407.- El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior s cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

3.Contenidos

En razón de lo expuesto, se propone agregar un nuevo literal f) al artículo 175 del Código Procesal Penal que amplíe el espectro de personas obligadas a denunciar delitos, particularmente cuando se refieran a hechos ilícitos cometidos en contra niños, niñas o adolescentes y/o adultos que por sus condiciones físicas o mentales requieren de especial protección.

Asimismo, se incorpora un nuevo inciso en el artículo 177 del mismo cuerpo legal, planteando una nueva penalidad para la omisión de denuncia, no solo de estos nuevos sujetos que se incorporan, sino también respecto de aquellos que ya tienen un deber general de denunciar, cuando la omisión sea relativa a delitos cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes o personas que por una situación subjetiva no puedan hacer valer sus derechos por sí mismas.

Así, se propone que la omisión de denuncia en casos de delitos cometidos contra las personas que se indican, sea castigada con la misma pena que se castigaría a un encubridor.

En atención a lo precedentemente expuesto, vengo en proponer el siguiente:

Proyecto de Ley

Artículo 1°: Incorpórese un nuevo literal f) en el artículo 175 del Código Procesal Penal, el que dispondrá:

“f) Las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia; los directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole, respecto de los delitos cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y en contra de personas que por su condición física o mental no se encuentren en condición de ejercitar por sí mismas sus derechos.”

Artículo 2°: Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 177 del Código Procesal Penal, pasando el actual a ser tercero, disponiendo:

“Cuando la omisión de denuncia recaiga sobre uno o más delitos cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, o personas que por incapacidad física o mental no puedan ejercitar por sí sus derechos, se aplicarán las penas que la legislación penal contemple para los encubridores del delito cuya denuncia se omite.”

Diputados señores Soto, don Raúl; Bianchi, Coloma; Flores, don Iván; Garín, Ramírez y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Saffirio y Soto, don Raúl, y de las diputadas señoras Carvajal, Castillo y Flores, doña Camila, que “Modifica la ley N°20.169, que Regula la Competencia Desleal, para establecer como un acto de competencia desleal el hecho de condicionar el precio o descuento de un producto al pago mediante un instrumento financiero específico” Boletín N°11941-03

A)Idea Matriz.

Describir como competencia desleal la conducta de condicionar el precio de cualquier producto o un descuento sobre el mismo, a que sea pagado con un instrumento financiero específico y que esté relacionado de manera directa con la entidad comercial que lo ofrece.

Así por ejemplo, será constituido de conducta desleal que una casa comercial relacione el precio de un determinado producto que venda, o establezca descuentos sobre él, al hecho de que el medio de pago utilizado sea un instrumento emitido o relacionado con ella, como puede ser una tarjeta de crédito de casa comercial.

El objetivo práctico del presente proyecto de ley es rectificar la falla de mercado que se genera en desmedro de oferentes de menor tamaño, los cuales no pueden emitir tarjetas de crédito o instrumentos financieros que atraigan a potenciales compradores a través de condiciones mas favorables de pago. Así como también eliminar la discriminación que existe a los consumidores que utilizan el mismo medio de pago.

B)Fundamentos.

El mercado de las tarjetas de crédito en nuestro país ha ido en expansión el último tiempo.

Este crecimiento en gran parte se ha debido a las alianzas generadas desde el mundo del retail con las entidades que tienen como giro principal el mercado financiero, el cual, en el caso de los bancos es básicamente captar dinero del público con el objeto de darlo en préstamo, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar esos dineros y, en general, realizar toda otra operación que la ley le permita.

Por su parte, la circular N° 5 que regula a los emisores y operadores de tarjetas de crédito establece que “sólo podrán emitir tarjetas de crédito u operar sistemas de tarjetas de crédito, además de los bancos y sociedades financieras situados en el país, las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada constituidas en Chile, cuyo giro consista en la emisión u operación de tarjetas de crédito, siempre que hayan sido previamente autorizadas por el Banco Central de Chile para tal efecto”[1].

En consecuencia, ninguna persona natural o jurídica podrá emitir tarjetas de crédito o administrar sistemas de tarjetas de crédito emitidas en Chile o en el exterior, a menos que cuente con la autorización del Banco Central.

Sin embargo, la misma circular consagra una prerrogativa, la cual declara que “están exceptuadas de estas normas (…) las casas comerciales que emiten tarjetas de crédito con el exclusivo fin de que sus clientes las utilicen para efectuar compras en ellas y las sociedades anexas a tales casas comerciales que emiten tarjetas también con la sola finalidad de que las empleen los clientes que compran en esos establecimientos, por cuanto no existe en estos casos el endeudamiento habitual con el público o un sector o grupo especifico de él.

Así las cosas vemos que el legislador ha flexibilizado en parte la normativa que regula a los emisores y operadores de tarjetas de crédito, permitiendo que existan entidades con la facultad de entregar a sus clientes líneas de crédito para comprar directamente en sus tiendas.

La exención para que empresas del retail puedan ofrecer este tipo de tarjetas radica en que aquellas sólo podrán ser utilizadas para realizar compras dentro de la misma institución comercial.

El motivo es claro, y tiene relación con que en estos casos no existe un interés público comprometido, como lo es la confianza depositada en el sistema bancario, toda vez que el crédito lo otorga y respalda la misma entidad en donde se ocupará la tarjeta. En resumidas cuentas, es el mismo oferente el que asume todo el riesgo en la operación.

Teniendo claro este objetivo es pertinente observar el desarrollo del sistema de tarjetas de créditos a través del último tiempo en Chile.

En un principio, las sociedades anónimas o limitadas que tenían la capacidad económica de ofrecer este tipo de tarjetas era reducido, o, si por el contrario contaban con la robustez financiera y tenían intención de asumir el riesgo, el mercado objetivo no era considerablemente amplio.

A medida que el mercado financiero asociado a distintos medios de pago fue aumentando, también lo hizo el interés de las casas comerciales de contar con una nueva herramienta de pago.

Es así como vimos la expansión de tarjetas de crédito de casas comerciales, en las que destacan Cmr de Falabella, Ripley, Paris y AbcDin, entre otras. De esta manera, de a poco el retail se fue dando cuenta que existía un nicho que no habían explotado y que le podría generar muchas utilidades.

Los que defienden el aumento en la emisión de tarjetas de crédito se basan en que consideran que existe un mayor grado de bienestar de la población la cual antes no era considerada como objeto de crédito. Se señala que el número de tarjetahabientes creció y con ello la capacidad adquisitiva de la personas también.

De la mano del aumento de la capacidad adquisitiva y de la posibilidad para obtener créditos por parte de los individuos, se disparó el interés de las casas comerciales por obtener ganancias de este nuevo segmento de la población.

Lentamente se produjo un cambio en el interés de las casas comerciales, pasando de una industria que obtenía beneficios a través de comprar barato y vender caro, a transformarse en un negocio cada vez dominado más por el crédito como fuente importante de sus utilidades.

De esta manera el objetivo cambió, ahora no era necesario entregar precios competitivos al mercado, ahora, el objetivo era cautivar a los clientes y que ellos obtuvieran créditos con estas tarjetas para luego, a través de intereses y cobros por mantenimiento, alcanzar una utilidad considerable en el tiempo.

Hasta allí, los mayores riesgos que podía enfrentar la industria era la supervisión que debían realizar las distintas autoridades que regulan el mercado financiero, las que en líneas generales consistían en resguardar que no se cobraran intereses que sobrepasaran los máximos permitidos y de velar por los derechos de los consumidores.

Es aquí en donde se comienza a vislumbrar el fallo en el mercado que intenta corregir el presente proyecto de ley.

El problema radica en que, en el afán de lograr el mayor número de tarjetahabientes, las casas comerciales están manipulando el precio de mercado de sus productos relacionándolos directamente con las tarjetas de crédito emitidas por las mismas instituciones comerciales.

Esta fijación de precios o descuentos asociados a las tarjetas de crédito de los retails genera una discriminación arbitraria, la cual se manifiesta a través de dos consecuencias prácticas.

La primera de ellas consiste en que fijando el precio de los productos en relación a las tarjetas comerciales que ellos mismos emiten se genera una discriminación arbitraria hacia los demás oferentes de los mismos productos. Así por ejemplo, un almacenista que tiene una sola sucursal que vende televisores, le es imposible competir con una casa comercial que ofrece un descuento relacionado con su misma tarjeta de crédito, el cual, muchas veces, resulta ser un precio por debajo de los costos. Recordemos lo mencionado mas arriba, ahora el negocio muchas veces está enfocado en las utilidades que genera un crédito, mas allá de la diferencia entre el precio de coste y el precio de venta de un producto determinado.

La segunda consecuencia tiene relación con otra discriminación arbitraria que se genera en el mercado, pero esta vez en relación a los consumidores. En este escenario podemos observar que en la práctica se asigna un distinto precio para un mismo producto, en circunstancias en donde el método de pago es exactamente el mismo.

Imaginemos entonces un caso hipotético en donde se vende un televisor “S” en una tienda denominada “Almacenes Londres”. La denominada tienda “Almacenes Londres” modifica el precio de mercado ofreciendo un 70% de descuento al cual sólo pueden acceder las personas que tengan su tarjeta “Almacenes Londres MasterVisa”. Es importante mencionar que la tarjeta de “Almacenes Londres MasterVisa” es operada por la empresa MasterVisa, por lo tanto es correcto hacer presente que el medio de pago son las tarjetas de crédito.

Luego, una persona que tiene una tarjeta “CencoSUR MasterVisa” (operada por MasterVisa, al igual que la tarjeta de “Almacenes Londres”) se acerca al mostrador y solicita el descuento señalado. En ese momento la respuesta es clara; el descuento es solo para los tarjetahabientes de “Almacenes Londres MasterVisa”, no para los tarjetahabientes “CencoSUR MasterVisa”.

La discriminación aquí se hace patente y la conducta de competencia desleal se manifiesta de manera clara; existe un solo medio de pago, un solo operador, pero sin embargo existe un precio fijado de manera arbitraria para cada uno de ellos, ya que “Almacenes Londres” cobra el precio rebajado sólo para sus tarjetahabientes.

En la práctica, esta discriminación arbitraria distorsiona el mercado y tiene un alcance tal que en la mayoría de las veces los consumidores se ven en la obligación de suscribir contratos de tarjetas de créditos con entidades comerciales que tienen un fin diferente al de giro financiero.

Finalmente se propone la siguiente nueva modificación del artículo 4 de la Ley Nº 20.169, la cual estaría redactada en los siguientes términos:

CAPITULO II

De la Competencia Desleal

Artículo 3º.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.

Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:

a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.

b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.

c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.

d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado.

e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.

f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor.

g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.

h) La imposición por parte de una empresa a un proveedor, de condiciones de contratación para sí, basadas en aquellas ofrecidas por ese mismo proveedor a empresas competidoras de la primera, para efectos de obtener mejores condiciones que éstas; o, la imposición a un proveedor de condiciones de contratación con empresas competidoras de la empresa en cuestión, basadas en aquellas ofrecidas a ésta. A modo de ejemplo, se incluirá bajo esta figura la presión verbal o escrita, que ejerza una empresa a un proveedor de menor tamaño cuyos ingresos dependen significativamente de las compras de aquélla, para obtener un descuento calculado a partir del precio pactado por ese mismo proveedor con algún competidor de la primera empresa.

i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.

Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa de menor tamaño afectada podrá demandar el monto de los perjuicios que deriven del incumplimiento, de acuerdo a las normas generales. La acción podrá ser ejercida por el afectado personalmente, en demanda colectiva o representado por la entidad gremial que les agrupe, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el ARTÍCULO NOVENO números dos al cinco de la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño.

j) Condicionar el precio de un producto, o descuento sobre el mismo, a que el pago sea efectuado mediante un instrumento financiero relacionado de manera directa con la entidad comercial que lo ofrece.

En razón de la idea matriz expuesta y los fundamentos otorgados, se propone el siguiente:

PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Agréguese la siguiente nueva letra j) al artículo 4º de la Ley Nº 20.169, en los términos que siguen:

j)Condicionar el precio de un producto, o descuento sobre el mismo, a que el pago sea efectuado mediante un instrumento financiero relacionado de manera directa con la entidad comercial que lo ofrece.

Diputados señores Bianchi, Saffirio y Soto, don Raúl, y de las diputadas señoras Carvajal, Castillo y Flores, doña Camila

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Durán, don Eduardo, que “Modifica la ley N°19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para extender el período de garantía para productos nuevos y establecerla para bienes usados” Boletín N°11945-03

Exposición de motivos.

El Derecho del Consumidor ha ido adquiriendo una creciente importancia durante los últimos años en nuestro país. Entendemos a este Derecho como una normativa especial, de rango legal y con un principal carácter infraccional de Orden Público Económico. En lo concerniente a su ámbito de aplicación es necesaria la presencia de un acto o contrato de consumo, de tipo oneroso, entre un proveedor y un consumidor.

Es menester señalar que, en Chile han existido dos leyes del consumidor. La primera del año 1982 correspondía a la ley 18.223 y no contemplaba acciones colectivas, asociaciones de consumidores, regulación de cláusulas abusivas y, además, tenía un ámbito de aplicación restringido. En consecuencia, podemos decir que en dicha normativa no había realmente protección de los derechos de consumidor en chile.

Por su parte, la segunda, es la Ley 19.496 del año 1997 que esta actualmente vigente; la cual incorpora las acciones colectivas y las acciones difusas, regula la existencia de cláusulas abusivas, fortalece el SERNAC y aumenta el ámbito de aplicación entre otras materias. Podemos decir que con esta ley comienza una protección real de los Derechos del consumidor. Asimismo, esta ley fue objeto de una gran reforma en el año 2004 y que fue la ley 19.955.

Los derechos básicos que contempla la ley sobre Protección de los Derechos de los consumidores corresponden a un catálogo mínimo que permite la subsistencia y desenvolvimiento de los individuos en la sociedad. Este abanico de derechos que son de carácter irrenunciables para el consumidor modelan mayoritariamente las obligaciones correlativas que se exigen al proveedor.

Esta normativa protege al consumidor de los defectos del producto, consagrando una serie de casos de deficiencias, fallas o vicios que hacen que opere la responsabilidad, denominada “garantía legal”. Tal como en el ámbito del Derecho Civil existe una obligación de saneamiento por vicios redhibitorios contemplada en el artículo 1858 del Código Civil, en el Derecho del Consumo funciona una garantía legal o derecho de opción que se encuentra contemplada en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 19.496.

La ley no realiza una definición expresa de lo que debemos entender por garantía legal o derecho de opción, frente a lo cual la doctrina se ha preocupado de definirla, asociándola en diversas oportunidades con instituciones propias del Derecho Civil.

En términos sintéticos la garantía legal es el mecanismo que la ley contempla para proteger a los consumidores respecto de la adquisición de bienes que no son ni aptos ni idóneos para el uso al que están destinados. La profesora Francisco Barrientos Camus señala que corresponde a “la protección jurídica que tiene el consumidor frente a los vicios de las cosas”[1] y , a mayor abundamiento, el profesor Hernán Menanteau agrega que es “el acto por el cual el proveedor o el fabricante aseguran la calidad y la utilización del producto o la obligación subsidiaria que les asiste de mantener, reparar, reponer e indemnizar al consumidor por los defectos de la cosa y el daño causado”[2]. Cabe agregar que la garantía legal es un mecanismo mínimo que emplean las diversas legislaciones con el objeto de asegurar bienes de calidad en un mercado determinado.

Cabe destacar las cifras entregadas por el SERNAC que en comparación con el año 2016, los datos 2017 representan un aumento 27,8% del volumen de los reclamos cerrados con resultado desfavorable. Figurando los problemas de ejecución contractual los principales motivos de dichos reclamos, dentro de los cuales se encuentran los problemas para ejercer la garantía legal entre otros.

Luego de configurado una o más de enunciadas taxativamente en el artículo 20 de la ley, se origina para el consumidor un derecho de optar a su arbitrio entre entre la reparación del producto, o -luego de restituir al proveedor- su cambio por uno nuevo o la devolución del precio, aparejado a la indemnización de los perjuicios que haya sufrido. Las opciones mencionadas son del campo decisorio del consumidor y no hay un orden predeterminado en el ejercicio de la misma.

El plazo de prescripción o caducidad de la garantía legal se encuentra en el artículo 21 de la ley y corresponde a tres meses, por lo cual el consumidor solo dispone de este periodo para denunciar el defecto, vicio o falla y requerir del proveedor alguna de las opciones precedentemente mencionadas.

Así también esta garantía solo se puede exigir para los productos nuevos, por lo que los productos de segunda mano no cuentan con una garantía establecida en la ley. En la práctica, algunas empresas entregan una garantía voluntaria para este tipo de productos quedando a su liberalidad, así como también el plazo para exigir el o los derechos queda sujeto a lo que plantea cada proveedor. Que nuestra legislación no establezca una garantía para los bienes de segunda mano es del todo preocupante, por ejemplo en el caso de los inconvenientes que pueden generarse con los automóviles usados o los de segunda selección.

En lo relativo a la garantía legal en el Derecho comparado podemos destacar lo que ocurre en Europa, donde la normativa de la Unión Europea establece que el vendedor debe ofrecer al consumidor una garantía mínima de dos años. En algunos países, las leyes nacionales pueden exigir al vendedor un periodo de garantía más largo. Por ejemplo: en España y Alemania, la duración es de dos años para los productos nuevos y de doce meses para los de segunda mano; en Francia, la duración es de dos años tanto para productos nuevos como de segunda mano y en Inglaterra la duración es de 6 años tanto para productos nuevos como usados.

Ahora bien, en un país más próximo al nuestro, nos encontramos con Argentina, que en el marco de lo establecido en la Ley nacional 24.240 de Defensa del Consumidor, en sus artículos 11 y 23, señala que el plazo de la garantía se extiende seis meses desde la entrega, en tanto que ese periodo se reduce a tres meses en el caso de los bienes usados.

En atención al escueto plazo de prescripción de la garantía legal que contempla el artículo 21 de la Ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con miras a la experiencia comparada y establecer un mínimo obligatorio más amplio que permita mayor protección a los consumidores; es imperioso aumentar el plazo de esta garantía a 6 meses. Así como también otorgar amparo y protección legal a los productos de segunda mano, los cuales en la actualidad dependen del arbitrio de los proveedores para tal efecto, careciendo absolutamente de un mínimo establecido por ley.

En mérito a estas consideraciones, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese el artículo 21 de la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el siguiente sentido:

-En el inciso primero, reemplazar la afirmación “dentro de los tres meses siguientes” por la siguiente “dentro de los seis meses siguientes”

-Agrégase el siguiente inciso segundo: ”Se aplicará también la garantía a la que se refiere el inciso precedente respecto de bienes usados que fueren vendidos por empresas que tienen por finalidad la compra y venta de estos, en estos casos el plazo será de tres meses”

Diputado señor Durán, don Eduardo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tohá, Bobadilla, García; González, don Félix; Ilabaca, Jürgensen, Lorenzini y Norambuena, y de las diputadas señoras Nuyado y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Política y Desarrollo Forestal” Boletín N°11946-07

Antecedentes generales

El establecimiento de una Comisión Forestal permanente en la Cámara de Diputados se justifica en dos realidades fundamentales que caracterizan la situación legal e institucional vigente del sector forestal al nivel nacional. En primer lugar, como razón práctica y urgente está el hecho de encontrarse en tramitación dos proyectos de ley que están experimentando diferencias importantes en el ámbito legislativo y político. En segundo lugar, está la razón de fondo de ordenar el desarrollo sectorial aplicando instrumentos eficaces y coherentes con las características esenciales de las actividades forestales, entre las que destacan su amplitud territorial y su extensión en el tiempo para producir los resultados de sus procesos.[1]

Una Comisión Forestal, especializada en la temática del sector podrá contribuir a resolver el conjunto de carencias legales y administrativas con el enfoque integral y comprehensivo de la Política Forestal 2015 – 2035, decretada en el 2015, con el acuerdo de los principales actores involucrados en el sector representados por sus máximos directivos tanto públicos como privados.

1. Breve caracterización del sector

El sector forestal nacional ha carecido históricamente de una conducción integral y coherente de sus principales actividades. Desde la Ley de Bosques de 1925, estas se han regido por acciones legislativas parciales, o bien específicas para determinadas actividades, asociadas a creación o fusión de organismos del sector público.

Los episodios legales e institucionales de mayor relevancia posteriores a la Ley de Bosques (Decreto Ley No. 656, de 1925), fueron el D.L. No. 4.363 de 1931, la creación del Instituto Forestal en 1962, la creación de la COREF en 1968 que se fusionó con el Departamento Forestal del MINAGRI dando origen a la actual CONAF, desde 1972, el D.L. 701 de 1974, de fomento a la forestación la ley de Fomento y Recuperación del Bosque Nativo (No. 20.283), y el Proyecto del SFN en trámite. Hay que agregar dos leyes promulgadas en 1984 que no se cumplieron (creando el Servicio Forestal No. 18.348 y la Ley del SNASPE No.18.362).

Desde la década de 1950 egresaron los primeros ingenieros forestales formados en la U. de Chile, agregándose sucesivamente otros centros universitarios: U. Austral, U. de Talca, Pontificia U. Católica, U. de Concepción, U. Católica del Maule, algunas de ellas con escuelas técnicas del ramo. Actualmente se desempeñan en organismos públicos y empresas privadas alrededor de 1.000 ingenieros forestales en el país. En conjunto laboran en actividades forestales directas e indirectas unos 300.000 obreros, que cuentan para su representación con la CTF. Los estudiantes de ingeniería forestal se organizan en la CONECIF y suman en la actualidad alrededor de 300.

Además de las leyes no cumplidas arriba mencionadas, en 1968 se elaboró en el MINAGRI con asistencia de la FAO, un proyecto de ley forestal, el cual por prioridad de la Ley de Reforma Agraria en el mismo año, se redujo a un par de artículos forestales dentro de su articulado.

Entre otras iniciativas para formular participativamente una política o estrategia de desarrollo forestal al nivel nacional, destacan el PAF- CHILE en 1994 y la Propuesta liderada por el CIFAG en el 2008, las cuales no se ejecutaron por falta de prioridad dentro del MINAGRI.

Uno de los principales problemas sectoriales vigente es la excesiva concentración económica en las actividades forestales de producción, donde destacan dos grandes conglomerados económicos con una posición monopólica en rubros como celulosa, madera aserrada y tableros de madera. Además, son dueños de dos tercios de las plantaciones de pino y eucalipto que les aseguran la casi totalidad del abastecimiento de materia prima para sus plantas industriales. La inversión forestal e industrial de los rubros productivos del sector se calcula en unos US$ 18.000 millones.

En el otro extremo figuran 22.000 pequeños propietarios de plantaciones establecidas, en su gran mayoría, al amparo del D.L. 701 y del financiamiento con créditos de INDAP o del Banco Estado, los cuales por diversas dificultados presentaron en su momento una elevada morosidad, que culminó con la suspensión de estos créditos. Además, aquellos que fueron cosechando sus plantaciones entraron en desigualdad al mercado con sus productos. Otros 50.000 pequeños propietarios poseen bosque nativo que por su escasa productividad maderera (casi solo leña), están dedicando sus predios a explotaciones turísticas.

Los hitos más relevantes en la trayectoria histórica de las actividades forestales nacionales, destacan entre otros los siguientes:

- Los resultados de la misión Haig en 1944 que informó de la existencia de 14 millones de ha de bosque nativo, concentrado en las regiones desde O’Higgins al sur, con 10 millones de ellas en las regiones de Aysén y Magallanes. Desde Maule a Chiloé, las condiciones de estos bosques se calificaban como en estado de deterioro en diversos niveles. En estas zonas del país se explotaba la madera en esos años, principalmente para leña y construcciones, cuando no eran “habilitados” para el uso agropecuario. Desde fines del siglo XIX las formaciones de bosques en zonas áridas y semiáridas del norte del país, se explotaron como combustible para las actividades mineras, lo que causó su casi completa desaparición.

En el tratamiento del bosque nativo de protección y conservación se había iniciado desde principios del siglo XX, la creación de parques nacionales y de reservas forestales, que han venido siendo responsables de la mantención de ecosistemas forestales protegidos con una cobertura de bosque nativo de alrededor de 4 millones de ha. Se trata del SNASPE, administrado por la CONAF desde su creación en 1972.

- Desde la década de los años 1930, se registran iniciativas de forestación masiva con especies exóticas –en principio pino radiata y más tarde también con eucaliptos- realizadas por algunos empresarios privados y en especial por la inversión de fondos de pensión de las cajas de previsión de la época (CANAEMPU, SSS, SNS) y por empresas de CORFO, llegando en su conjunto a un inventario de alrededor de 50.000 ha. Con la creación de la COREF se introdujo el sistema de convenios de forestación que contrataba con propietarios privados la plantación de sus predios (aportando con fondos del presupuesto de la nación, hasta el 75% del costo por ha). Durante sus 10 años de aplicación con este sistema se forestó más de 250.000 ha hasta 1978.

- En ese período se instalaron las primeras plantas de producción de celulosa y papel destacando la CMPC, Constitución, Arauco e INFORSA, (estas 3 últimas con inversión de la CORFO), junto a grandes aserraderos (San Pedro) y plantas de tableros (Cholguán) abastecidas por la cosecha de las plantaciones establecidas.

- El año 1974 con la promulgación del D.L. 701, se inició un proceso de plantaciones que llevó a promedios anuales de más de 100.000 ha en la década de los años de 1990, favorecidos por la bonificación estatal del 75% de los costos y por la privatización de los activos fiscales. Hasta la primera década de este siglo, se registraba un inventario de 2.5 millones de ha de plantaciones de pino y eucalipto. Así, se produjo una sustitución progresiva de la explotación para el aprovechamiento industrial del bosque nativo por la cosecha de las plantaciones, llegando desde un 95% en las primeras décadas del siglo pasado a representar menos de un 3 % en años recientes. Se puede afirmar como una consecuencia esencial de este cambio la permanencia actual de gran parte del bosque nativo remanente.

- El 12 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial el Decreto No. 08/215 (del MINAGRI) que crea el Consejo de Política Forestal a cargo de la elaboración de la Política Forestal para el período 2015-2035 (Decreto 12/2016)

- Considerando la composición actual del Consejo de Política Forestal, en donde participan los ejecutivos superiores de la mayoría de las organizaciones involucradas en el conjunto de actividades forestales del país, se puede concluir que la articulación institucional de ese grupo de autoridades, representa a cabalidad lo que se debería entender por sector forestal.

2. Escenarios recientes y futuros

Recientes

Considerando el período desde 1990 a la fecha, se intentó desde el principio ordenar la situación heredada del sector de vuelta a la democracia, formulando para el efecto el Plan de Acción Forestal (PAF- CHLE), en que con el apoyo de la FAO, se propuso la “acción” en 3 ejes principales: “agricultura familiar campesina” (AFC), industria de la madera (PyME forestal) y SNASPE. Sin embargo, los proyectos propuestos (que sumaban US $ 300 millones), no se ejecutaron, aunque en la “Mesa Redonda Internacional” de febrero de 1994, el Banco Mundial, BID y el Gobierno sueco, acordaron financiarlos. Como el gobierno recién asumido no dio el seguimiento nacional a la iniciativa, el proceso se frustró totalmente.

En los años 2007-2008 con el apoyo y la metodología de la FAO el CIFAG convocó a 9 instituciones representativas de los diversos subsistemas del sector: grandes empresas, AFC, PyME forestal, trabajadores forestales, ONG ambientalistas, centros de estudios y la confederación de estudiantes forestales universitarios, culminando en una propuesta de Política Forestal del sector privado a los poderes del Estado. Aunque el Senado y el MINAGRI recibieron positivamente la presentación de la propuesta, una vez más la iniciativa estatal no se plasmó en el seguimiento propuesto de una ordenada planificación de programas y proyectos para cada uno de los subsistemas participantes.

Ambos ejercicios de planificación sectorial abortados, dejaron al menos la conclusión que los actores sectoriales demostraron su capacidad de consensos o acuerdos integrales y coherentes para formular participativamente una “hoja de ruta” del desarrollo forestal. Es posible que dichos precedentes hayan dado los fundamentos esenciales para la creación del Consejo de Política Forestal que formulara la propuesta de Política Forestal 2015 – 2035.

Para mejorar la posición sectorial de la AFC, se extendió dos veces la vigencia del D.L. 701 “limitando” el acceso a la bonificación de los grandes y medianos propietarios. El bajo impacto de las medidas culminó en la extinción del subsidio. O sea, se mantuvo la tendencia de desmejoramiento de la participación de la AFC, aunque en el 2003 se aprobó un Plan Forestal Campesino, formulado por el MUCECH con el apoyo sostenido de la FAO, pero carente de la contribución necesaria de los organismos de fomento del Estado.

El resultado ha sido una reducción drástica del ritmo de nuevas plantaciones (promedio inferior a las 10.000 ha/año en el último decenio), aportando la reforestación de los bosques cosechados (requisito para las plantaciones acogidas al D.L. 701), unas 20 o 30 mil ha/año. Las plantaciones de los pequeños propietarios se redujeron totalmente y sus predios con escaso manejo y sin rentabilidad les están limitando la posibilidad de reforestarlos. El escenario reciente en este aspecto revela el fracaso de los programas de fomento para este segmento de propietarios, asociado a su “quiebra” por morosidad y nula rentabilidad de su producción forestal dado su acceso a un mercado oligopsónico.

La proyección del bosque nativo, registra un mejor diagnóstico, en parte por la sustitución de su explotación maderera y en mayor parte por la exitosa administración del SNASPE. En este caso se promulgó en el 2008 (al cabo de 15 años de tramitación), la ley de Fomento y Recuperación del Bosque Nativo (No. 20.283), contemplando, bonificaciones por conservación y por manejo productivo. La evaluación de sus resultados, concluye que sus efectos distan bastante –al menos hasta ahora- de los objetivos perseguidos.

Por su parte, la gran empresa mantuvo su crecimiento sostenidamente en los rubros de celulosa, papel, tableros de madera y madera aserrada, manteniéndose la concentración económica dentro del sector, que se refleja en la internacionalización de los dos principales holdings y en el exitoso incremento sostenido de sus exportaciones, en especial de la celulosa y papel, cuya producción anual alcanza hoy día los 6.3 millones de toneladas y las ventas al exterior supera los US $ 5 mil millones al año.

En el ámbito legal e institucional del sector, el escenario reciente está marcado por iniciativas de modificaciones del D.L. 701 ya mencionadas, del proyecto de creación del Servicio Nacional Forestal en reemplazo de la CONAF y de la creación del Servicio de Biodiversidad.

Como resultado de estos cambios, en el primer caso culminó con el vencimiento del subsidio de forestación y en el segundo caso con una dilatada tramitación a pesar de las urgencias aplicadas al proceso. En efecto, el mensaje del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, inició en abril del 2017 su tramitación en la Cámara de Diputados y a principios del 2018 ha sido recién aprobado en general por el Senado. Las principales discrepancias sobre su contenido han radicado en el status del personal que pasará de la CONAF al SERNAFOR, tema que no se ha resuelto aún con el acuerdo de las partes. En forma simultánea se tramita en el Congreso la creación del Servicio de Biodiversidad, cuyo principal efecto sobre la institucionalidad forestal es que se traspasaría el SNASPE al ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.

El escenario actual presenta una situación legal e institucional del sector con severos déficits en materia de fomento a la forestación, manejo del bosque nativo, promoción de la PyME forestal, prevención de incendios forestales, y jerarquía de las instituciones del sector público. En el caso del fomento a la forestación de pequeños propietarios de predios con aptitud forestal, se intentó sin éxito varios programas específicos de fomento sustentados en políticas diferenciadas (a través de las modificaciones al D.L. 701 arriba mencionadas), sin cambiar dos aspectos limitantes para este segmento de propietarios: i) el financiamiento de la plantación antes de percibir el subsidio, y ii) el compromiso de reforestar las plantaciones establecidas con el subsidio. Ello condujo a un endeudamiento que comprometía garantías que no se cumplieron (endoso del bono cuando se aprobara por CONAF el éxito de la plantación al año siguiente y patrimonio del beneficiario del crédito bancario). En la región de Coquimbo los pequeños propietarios que forestaron en la década del 2000 al 2010, con financiamiento de INDAP y Banco Estado, con la garantía de la bonificación del D.L. 701 y de su patrimonio, colapsaron totalmente por la sequía de 5 años continuos en la región.

En el caso del fomento al manejo y conservación del bosque nativo, se ha llegado a reducir el requisito del plan de manejo por la autorización de un plan de corta de 5 años, lo que desvirtúa el espíritu y la letra de la ley, en orden a recuperar dicho bosque a través de su manejo sustentable.

En cuanto a la PyME forestal, persiste su problema de abastecimiento de materia prima por carecer de suficientes bosques propios y depender de los precios de los grandes propietarios de las plantaciones.

En cuanto a la prevención de incendios forestales, la ineficacia del programa por años de años, culminó en la temporada 2016 – 2017 con la catástrofe de las cerca de 500.000 ha quemadas que redujeron a cenizas numerosos poblados desde la región de O’Higgins a la del Biobío. Tanto las disposiciones legales como la gestión de CONAF demostraron que se requiere un cambio radical de la estrategia respectiva.

El único programa que sale librado en el escenario reciente, es el SNASPE, aún sin ley y con recursos paupérrimos ha salido adelante con el manejo de 14 millones de ha, y con exitosas actividades de fomento al turismo de naturaleza.

Futuros

Con política forestal 2015 – 2035

En definitiva, el desarrollo sustentable del sector reclama la carencia de una propuesta integral y coherente de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. Se espera que ello ocurra con la ejecución de la Política Forestal 2015 – 2035.

- ¿Por qué la Política “superaría” los graves problemas sectoriales crónicos vigentes?

Porque en ella se plantea un conjunto de objetivos, metas y plazos, en que coinciden los principales actores sectoriales, en donde se marca un itinerario de 20 años, articulando los componentes sociales, ambientales y productivos de las actividades forestales en forma integral y coherente.

- ¿Por qué la Política se adecuaría a enfrentar los grandes desafíos ambientales mejorando la contribución forestal a la captura de carbono, conservación de la biodiversidad y de las cuencas hidrográficas, y a las políticas mundiales sobre el cambio climático?

Porque en sus cuatro ejes estratégicos se enfatiza el requisito de sustentabilidad de las actividades programadas para todo el período.

- ¿Qué hay que agregar al avance actual de la Propuesta para lograr eficazmente su cumplimiento?

En lo esencial dos aspectos claves: Primero la desagregación regional y local de estrategias, metas y plazos. Mediante la instalación en regiones de réplicas del Consejo, a cargo de la formulación de programas y proyectos territoriales. Segundo, la atribución de liderazgo sectorial al Consejo. Mediante la mutación de su carácter actual asesor y consultivo, a un rol de órgano superior del sector.

Sin política forestal 2015 – 2035

En este escenario, se mantiene la tendencia de dispersión e incoherencia de la planificación de objetivos, metas y plazos, de las actividades forestales de modo aislado y descoordinado.

El apoyo a la AFC sustentado en subsidios mantendría el tratamiento individual de cada segmento de propietarios y productores.

La PyME forestal carecería como hasta ahora de un enlace eficaz con el suministro de materia prima y servicios y una mejor relación con la cadena de distribución y comercialización de sus productos.

El SNASPE con la baja prioridad recibida tradicionalmente, perdería su valiosa trayectoria al ingresar al ámbito de la administración del Ministerio del Medio Ambiente, tal como lo ha ratificado la actual ministra.

Solo la gran empresa concentradora, con su acelerado desarrollo de inversiones, tecnología y con notable éxito de su internacionalización se mantendría como el rostro triunfador del sector.

En definitiva, un escenario en que no se ejecute la propuesta de la Política Forestal 2015 – 2035, tendría consecuencias como el desastre de los incendios forestales de temporadas pasadas.

3. Fundamentos que justifican la creación de la Comisión Forestal en la Cámara de Diputados

Tamaño y trascendencia del sector forestal nacional

La existencia de alrededor de 20 millones de ha de recursos forestales (bosque nativo, plantaciones forestales y terrenos forestables) representa el mayor patrimonio natural dentro de todas las actividades silvoagropecuarias, equivaliendo a un 27% del territorio continental de Chile. Ello se reproduce en una significativa complejidad de su gestión, lo que no ha sido manejado suficientemente de acuerdo a su enorme potencial para contribuir al desarrollo del país.

Con una participación del 2.3% en el PIB global, las actividades económicas del sector destacan en su contribución al empleo, la inversión, la producción industrial y las exportaciones.

En el ámbito de la conservación de ecosistemas forestales, se reconoce el importante rol que ha desempeñado el SNASPE a lo largo de más de un siglo desde la creación de los primeros parques nacionales y cuyas más de cien unidades cubren unas 14 millones de ha. (4 millones de ellas con bosque nativo).

Como grandes desafíos para el desarrollo sectorial, prevalecen dos problemas de gran magnitud cuya solución requiere de medidas complejas y de largo plazo que deben formar parte prioritaria de la estrategia de desarrollo. Se trata de la concentración económica de los factores productivos y de la situación de desigualdad de los pequeños propietarios y productores forestales.

Ineficacia legal e institucional vigente dentro del sector

El escenario sectorial reciente (desde 1990) registra un desempeño del Parlamento Nacional evaluado como poco eficiente, a juzgar por la diferencia entre los resultados esperados y los realmente logrados, en materia legislativa e institucional. En gran parte ello se explica por imperfecciones de los proyectos enviados por el Ejecutivo y por la ineficacia de las comisiones parlamentarias para repararlas.

En efecto, las dos modificaciones al D.L. 701 de 1974, en 2005 y el 2012, que perseguían aplicar una política diferencia en favor de la AFC, resultaron en una participación muy precaria de la reforestación en predios de pequeños propietarios campesinos. La ley 20.283 de larga tramitación tampoco ha derivado en un progreso significativo del manejo del bosque nativo, a pesar de contener bonificaciones para los usuarios.

Una serie de indicaciones parlamentarias urgidas por la gravedad progresiva de los incendios forestales ha carecido de continuidad y de respaldo presupuestario.

Actualmente se tramitan dos iniciativas en el Congreso relacionadas con la institucionalidad pública dentro del sector. El proyecto del SERNAFOR y el Servicio de Biodiversidad. La evaluación de dichos trámites ha merecido severas críticas por sus fundamentos parciales y de corto plazo.

En definitiva, se requiere un enfoque sectorial coherente y a la vez práctico, para respaldar una verdadera “reforma” legal e institucional del sector. Ello se espera de un conjunto de instancias especializadas en las actividades forestales, en donde una Comisión de Política Forestal en la Cámara de Diputados podría desempeñar un papel ordenador esencial.

“Contradicción” con intereses y prioridades con el sector agropecuario y también con el ambiental

Desde 1968 se han manifestado estas contradicciones con el sector agrícola a raíz de la tramitación de la Ley 16.640 de Reforma Agraria, que inhibió un proyecto de ley forestal que creaba el Servicio Forestal y que concentraba las disposiciones legales atingentes a la legislación forestal en forma integral.

Posteriormente se dio la insólita situación en el año 1984 de dos leyes publicadas en el Diario Oficial sobre el Servicio Forestal y el SNASPE que no se ejecutaron por contradicciones con el ministerio de Hacienda en este caso.

La tramitación vigente de creación del Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) y el Servicio de Biodiversidad (trasladando el SNASPE desde la actual CONAF al ministerio del Medio Ambiente), mantiene la contradicción en que el sector forestal es fragmentado legal e institucionalmente. Respecto al proyecto de creación del SERNAFOR, se propuso desglosar de su articulado las disposiciones sobre prevención de incendios, para actuar oportunamente con nuevas facultades (categoría de territorio de interfaz en el Plan Regulador Comunal, entre otras), postura que no prosperó, arriesgando volver a llegar tarde ante la ocurrencia de estos siniestros.

En definitiva, con la Comisión Forestal que se propone se busca acelerar la tramitación de los proyectos de ley y de otros aspectos de la legislación forestal y propender al ordenamiento del instrumental legal del sector forestal.

Consideraciones finales

Es necesario tener presente, por último, elementos que no giran en torno a los indicadores ni a las políticas de desarrollo forestal reseñadas, y que dicen relación con elementos de las culturas que existen los territorios en los que existe un desarrollo forestal actual o futuro.

Primero, el tema de los pueblos originarios. Bien sabemos que éstos tienen especial relación con el medio natural en el que se han desenvuelto. Esto pues, es parte indisoluble de su cosmovisión. Por lo tanto, resulta necesario rediseñar los lineamientos de la institucionalidad forestal para que está la pueda abordar de manera más acertada el necesario diálogo que debe tener con los territorios indígenas. De igual manera, resulta imperioso velar por el cumplimiento de los derechos a la participación y a la consulta previa, establecidos en el convenio 169 de la OIT, además del derecho a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en cada uno de sus territorios. En tal sentido, el Foro Permanente de las Naciones Unidas ha recomendado en repetidas ocasiones que el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y los órganos de las Naciones Unidas con competencias en estas materias “desarrollen medios eficaces para vigilar y verificar la participación de pueblos indígenas en la elaboración de políticas forestales como en la gestión sostenible de los bosques, y establecer un mecanismo con la participación de los pueblos indígenas a objeto de evaluar el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones gubernamentales e intergubernamentales de promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas.”

Segundo, y en cuanto a las energías renovables y medio ambiente, se debe trabajar y fomentar la generación de energía por biomasa a partir de los productos no maderables de la industria forestal, así como también otras iniciativas productivas que se generan de los productos no maderables tanto de la industria forestal como del bosque nativo. En igual sentido, se deben fomentar y promover los secadores de leña en las comunidades indígenas y campesinas, para evitar la sobre contaminación que viven varias ciudades del sur del país.

Finalmente, deben promoverse la fiscalización y las políticas seguridad en trabajo forestal, así como también debe modificarse la normativa respecto al trabajo pesado y a la capacitación de los trabajadores forestales.

Por lo anteriormente señalado, y en atención a lo previsto en la Constitución Política de la República, los diputados que suscriben, someten a consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Agréguese, el siguiente numeral 27 al artículo 216 del Reglamento de la Cámara de Diputados:

“27. De Política y Desarrollo Forestal.”

Diputados señores Tohá, Bobadilla, García; González, don Félix; Ilabaca, Jürgensen, Lorenzini y Norambuena, y de las diputadas señoras Nuyado y Sepúlveda, doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leiva; Castro, don Juan Luis; Flores, don Iván; Ilabaca, Monsalve, Naranjo y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras Parra, Vallejo y Yeomans, que “Modifica el Código Procesal Penal con el objeto de regular el uso de registros audiovisuales, por parte de la policía, en sus actuaciones en el procedimiento penal” Boletín N°11947-07

1. Fundamentos. La policía es un sujeto procesal no interviniente del procedimiento penal, al tenor de lo que establece el artículo 12 CPP. Aunque tiene el carácter de auxiliar o de órgano colaborador en las tareas de investigación criminal, no cabe duda de que su función es central en la fase de investigación preparatoria de los delitos.[1]

Con la dictación de la ley Nº 20.931 de 5 de julio de 2016, tambien denominada agenda corta antidelincuencia, se reforzaron una serie de funciones que las policías desempeñan dentro de la etapa de investigación del sistema procesal penal. En su mayoría, estas reglas apuntan a aumentar la eficacia de la actuación policial y de los propios fiscales. Sin embargo, resulta evidente la necesidad de dotar de herramientas, que tratandose de actuaciones autónomas de la investigación, esta se realice de forma eficiente y que asegure la mejor prueba posible. En este contexto, la presente moción, considera como un instrumento idóneo, el registro audiovisual de las actuaciones de las policías. Conforme a la regla vigente, éstas deben llevar un registro documental de sus actuaciones, y el Ministerio Público está facultado para requerir en cualquier momento los registros de las actuaciones de la policía de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Código Procesal Penal, sin embargo, consideramos que, adicionalmente, el registro audiovisual de las actuaciones de las policías permitirá con mayor claridad, transparencia y probidad, resguardar estas actuaciones de las policías, especialmente, cuando pueden estar en juego garantías de las personas.

Tratándose de videograbaciones, se señala que “en relación a los dispositivos móviles, Carabineros de Chile también emplea actualmente dichos implementos para captar imágenes y sonidos, no existiendo órdenes del servicio dictadas especialmente para regular su empleo, bastando para su implementación los estudios de carácter técnico relativos a su utilidad, necesidad e idoneidad para otorgar un adecuado servicio a la comunidad, que son requeridos para la adquisición de dichos equipos conforme al marco de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios No 19.886, de 2003”[2]. Lo anterior, resulta duduso sobre la base de la exigencia de la reserva legal de cualquier limitación al ajerecicio de derechos fundamentales. En este contexto, la necesidad de esta atribución debe ser entendida como una garantía de la seguridad ciudadana que tanto se demanda en nuestra sociedad. Empero, la seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Las demandas sociales de seguridad ciudadana van dirigidas esencialmente al Estado, pues es apreciable una conciencia social de que sólo éste puede asegurar un ámbito de convivencia en el que sea posible el ejercicio de los derechos y libertades, mediante la eliminación de la violencia y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de aquellos.[3]

Así las cosas, entregar mayores atribuciones y recursos para labores de investgación, pueden dar lugar a desconfianza, pues son las libertades individuales de las personas las que están en juego cada vez que se opta por avanzar en medidas de seguridad ciudadana con fuerte carácter intrusivo. Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertados y no un fin en sí mismo. Por tanto cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y en el de proporcionalidad en una triple dimensión: un juicio de idoneidad de la limitación (para la consecución del objetivo propuesto), un juicio de necesidad de la misma (entendido como inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución del mismo fin) y un juicio de proporcionalidad en sentido estricto de dicha limitación (por derivarse de ella un beneficio para el interés público que justifica un cierto sacrificio del ejercicio del derecho).[4] Son estas consideraciones las que han inspirado la redacción de este proyecto de Ley, en un intento de hacer compatibles los derechos y libertades de los ciudadanos con la injerencia estrictamente indispensable en los mismos para garantizar su seguridad, sin la cual su disfrute no sería ni real ni efectivo.

Entendemos que esta iniciativa puede resultar útil en la investigaciones reguladas por el Sistema Procesal Penal en su totalidad, principalmente en materia probatoria y en materia de probidad y transparencia de las actuaciones de las policías. Por un lado, permitirá mejorar la calidad de la prueba. Recordemos que el estándar probatorio en materia procesal penal es acorde a un estado democrático de derecho (“más allá de toda duda razonable”). Si las policías llevan un registro audiovisual de sus actuaciones, los tribunales competentes podrán apreciar de mejor forma los hechos que las grabaciones den cuenta y asimismo descartar aquellas imputaciones que carezcan de fundamento. Por otro lado, el registro audiovisual dará mayores garantías de transparencia y probidad. Las policías estarán sujetas a lo que ellos registren audiovisualmente.

Finalmente, entendemos que esta iniciativa permitirá descongestionar los altos niveles de saturación existentes en el sistema procesal penal chileno.

2. Historia legislativa y derecho comparado. En el derecho comparado, en Alemania “la Ley de Policía Federal regula como una atribución de naturaleza especial la recolección de datos consistentes en imágenes y sonidos”[5], especialmente cuando se trata de lugares que no son de libre acceso público sujeto a fuertes restricciones de idoneidad y proporcionalidad. 
El derecho español, la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en su artículo 22 dispone lo siguiente: “La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.”. La referencia al derecho español, nos permite dar cuenta que otros ordenamientos jurídicos han regulado por ley esta medida y nuestro país puede considerar legislar siempre que s esatisfagan estas exigencias.

3. Ideas matrices. La presente iniciativa se sustenta en la necesidad de regular por ley (reserva legal) la posibilidad que las policías puedan llevar un registro audiovisual de sus actuaciones, mediante la implementación de diversos mecanismos y sistemas que permitan esta finalidad (cámara de alta definición de fácil adaptación en el equipamiento), de manera que éstos puedan servir como respaldo y sustento de sus actuaciones tanto ante los tribunales de justicia con competencia penal, como para quienes se ven expuestos al actuar de Carabineros en la realización de éstas actuaciones, ante eventuales excesos en su cometido. Esta iniciativa permitirá un mejoramiento en la calidad de la prueba y mayores garantías de probidad y transparencia en las actuaciones de las policías.

Por razones sistematicas, la ubicación más idónea de la reforma que planteamos es la incorporación de tres nuevos artículos (art. 228 bis, ter y quater) en el párrafo 4º del Título I del Libro II del Código Procesal Penal. Dicho párrafo establece los registros de la investigación, y el art. 228, en particular, los registros de las actuaciones policiales. Dicha norma señala que “La policía levantará un registro, en el que dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas del fiscal y del juez...”. Para complementar lo anterior es que, entonces, proponemos que las policías deban llevar también un registro audiovisual de sus actuaciones.

En razón de lo anterior, la propuesta encuentra sustento, pues busca reforzar las labores de las policías en el procedimiento penal, en un marco de pleno equilibrio de la seguridad ciudadana y los derechos y las libertades individuales de las personas.

En consideración a lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo Único: Para incorporar en el párrafo 4º del Título I del Libro II Código Procesal Penal los siguientes artículos 228 bis, 228 ter y 228 quáter:

“Art. 228 bis.-Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, aquellas actuaciones que desempeñe la policía en el procedimiento penal, podrán utilizar videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos o de libre acceso al público y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.

Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos conjuntamente por las videocámaras.

Art. 228 ter.En las vías públicas o lugares de libre acceso al público, podrán utilizarse videocamaras de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en este código, quedando, en todo caso, supeditado el registro de imagen y sonido, a la concurrencia de un peligro concreto y demás requisitos exigidos en el artículo siguiente.

Art. 228 quáter.Principios y reglas de utilización de las videocámaras.

1. La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de proporcionalidad, sobre la base de idoneidad e intervención mínima.

La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en este código. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas.

2. La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles.

3. No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni de los lugares incluidos en el artículo 206 de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por quien tenga la responsabilidad de su custodia.

Diputados señores Leiva; Castro, don Juan Luis; Flores, don Iván; Ilabaca, Monsalve, Naranjo y Santana, don Juan, y de las diputadas señoras Parra, Vallejo y Yeomans

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Tohá; Castro, don Juan Luis; Díaz, Ilabaca, Leiva, Monsalve, Naranjo, Saldívar, y Santana, don Juan, y de la diputada señora Cicardini, que “Modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos Boletín N°11948-07

1. Fundamentos.- Las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias son una instancia de participación local que se constituyen para el desarrollo y bienestar de la comunidad, pues el objetivo de esta es representar a los vecinos ante autoridades y otras instancias, identificar problemas de la comunidad y proponer y ejecutar soluciones en conjunto con sus miembros. Estas organizaciones, están reguladas en la Ley N°19.418, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto 58 del Ministerio del Interior de 1997, donde se dispone la constitución, organización, finalidades, atribuciones, supervigilancia y disolución de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias.

En este sentido, las Juntas de vecinos cuentan con una directiva, que, en razón de sus estatutos, puede estar integrada por el presidente, vicepresidente, secretario general y tesorero u otro cargo a elección, sin embargo debe contar por lo menos con un presidente, un tesorero y un secretario. A su turno, el presidente tiene la representación judicial y extrajudicial de la junta de vecinos y, en su ausencia, al vicepresidente o a quien lo subrogue, de acuerdo con los estatutos. Cada junta de vecinos tendrá derecho a ser representada por su presidente, su secretario y su tesorero en la asamblea constitutiva y en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la instancia “unión comunal”, organización donde se agrupan las juntas de vecino de cada comuna. La naturaleza de las actividades que desarrollan las juntas de vecinos, son “de índole deportiva, medioambiental, educativa, de capacitación, recreación o culturales que involucren a los vecinos. Por ejemplo: remodelación de una plaza o un campeonato deportivo. Colaborar con el municipio en temas de seguridad ciudadana, fiscalización de lugares de venta de alcohol o planes de empleo para la comuna, entre otros que aumenten el bienestar de los vecinos.”[1]

Entre las funciones y atribuciones de las juntas de vecinos, contempladas en el párrafo segundo de la ley antes referida, se encuentra, como objetivo general “promover la integración, la participación y el desarrollo de los habitantes de la unidad vecinal”, asimismo, deben “Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal, representando las inquietudes e intereses de sus miembros en estas materias”, que en muchos casos comprende las constantes peligros al que son expuestos los vecinos por practicas delictivas, de ahí que una de las funciones específicas a resaltar, es precisamente lo dispuesto en la letra g) del numeral 1.- del artículo 43, se tiene que la junta de vecinos debe “Colaborar con la municipalidad y organismos públicos competentes en la proposición, coordinación, información, difusión y ejecución de medidas tendientes al resguardo de la seguridad ciudadana.”, en virtud de esto y otras funciones que tienen las juntas de vecinos, sus integrantes se han expuesto a situaciones de riesgo. En efecto, en diversas ocasiones sus dirigentes han sido objeto de amenazas y agresiones por parte de personas u organizaciones delictuales cuando asumen tareas de organización en materia de seguridad ciudadana.

En el contexto social en la actualidad, presenta como uno de sus principales preocupaciones la ocurrencia de delitos violentos, habitualmente contra la propiedad, especialmente, bajo la modalidad de robos con violencia e intimidación, además otros delitos contenidos en la ley de control de armas y delitos asociados al tráfico ilícito de estupefacientes. Lo anterior, es una situación compleja que obedece a factores de diversa índole. En este ámbito, especial consideración merece que parte de la violencia o intimidación se ejerce en contra de ciertos grupos de personas que cumplen un servicio a la comunidad y que conforme a sus atribuciones coadyuvan a las agencias comunales y policiales en temas de seguridad pública. En este contexto, sus dirigentes se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a esta clase de delitos, lo que hace necesaria una revisión del actual esquema de tutela penal.

Uno de los mecanismos razonables, en relación a este segmento vulnerable, es establecer una circunstancia agravante especial de la pena tratándose de ciertos delitos que pudieran ser objeto estas personas. Históricamente, el reconocimiento de las circunstancias modificativas, aparece ya en el derecho romano[2], aunque interesa contextualizarlo en su vertiente actual, y que de un análisis de las legislaciones, aflora marcadamente en las regulaciones en la materia tres criterios diferentes, que como señala Rivacoba, “a veces presentan ciertas variantes: el de circunstancias genéricas, dejadas a la libre apreciación del juzgador; el de circunstancias específicas enumeradas taxativamente en el texto legal (numerus clausus), y el de circunstancias específicas y una general, que permite a los jueces estimar otras, sea en las atenuantes y en las agravantes o sólo en aquellas, además de las consignadas en el texto (numerus apertus)”[3], en una situación parecida, en el análisis del sistema español, Muñoz Conde afirma que “junto a las circunstancias genéricas, el Código prevé las denominadas circunstancias específicas, establecidas concretamente en algunos tipos penales…”[4].

En general lo fundamental para la determinación de la agravación es el mayor injusto del caso en cuestión, y su mayor culpabilidad (reprochabilidad). En otras palabras la primera supone un incremento de la gravedad objetiva del hecho, y la segunda un mayor reproche al autor. En este contexto, la circunstancia agravante propuesta se justifica objetivamente en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por cuanto, ésta se encuentra en una situación de extrema indefensión, al momento de la comisión del hecho punible como al momento que sigue a la comisión, pues por la naturaleza de sus funciones como dirigente vecinal, especialmente en problemas que afectan a la unidad en el ámbito de la seguridad ciudadana lo exponen a represalias de las organizaciones criminales que intimidan a las comunidades con sus prácticas, asimismo, el plus de injusto radica en el disvalor de esta conducta atendido el carácter social de las funciones de las personas afectadas.

2. Historia legislativa.- En la legislación nacional se advierte una tendencia a establecer un marco de protección especial por el ejercicio de sus funciones, tratándose de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, mediante el alza de la punibilidad, tratándose de los delitos de amenaza, castraciones y mutilaciones, lesiones graves y homicidios de los que pueden ser victimas tal como se desprende de las enmiendas introducidas por las ley 20.064 de 2005 que aumenta las penas tratándose de delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros y más recientemente el año 2016, por la ley núm. 20.931 (agenda corta) a las normas del Código de Justicia Militar y leyes orgánicas respectivas. En este contexto, la presente propuesta busca dotar de un mecanismo de protección, a los dirigentes vecinales que puedan ser objetos de conductas delictivas en el ejercicio de sus funciones.

3. Ideas Matrices.- De ahí que el objeto del presente proyecto de ley, es establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, específica, respecto de los delitos de amenaza, lesiones graves, castración, mutilación y homicidios, que pudieren cometerse en contra miembros de las directivas de las juntas de vecinos, cuando se realizan en represalia del ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad. Esta modificación, se fundamenta en la mayor antijuridicidad del hecho ilícito respecto a las personas que se desempeñan voluntariamente en estas organizaciones, sea colaborando en materias de prevención, o bien, actuando frente a la autoridad respecto de situaciones que afectan al sector que representan, lo que sitúa a los dirigentes en una posición vulnerable por el carácter social de sus funciones propias del ámbito de la seguridad pública. En estos casos, el juez deberá considerar la agravante a fin de aumentar la penalidad acorde con la antijuridicidad del hecho sancionado.

Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Art. Único. Agréguese el siguiente numeral 22) en el art. 12 del Código Penal:

“22ª. Cometer los delitos previstos en los artículos 296, 297, 395, 396, 397, 399 y 391 en contra de uno o más integrantes de la directiva de una junta de vecinos, en represalia del ejercicio de sus funciones.”.

Diputados señores Tohá; Castro, don Juan Luis; Díaz, Ilabaca, Leiva, Monsalve, Naranjo, Saldívar, y Santana, don Juan, y de la diputada señora Cicardini

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Crispi, Boric, Hirsch, Jiménez, Saldívar, Venegas y Walker, y de las diputadas señoras Hertz, Jiles y Nuyado, que “Modifica el Código Penal, y las leyes N°s 20.393 y 20.609, para sancionar el negacionismo respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, y la incitación a la violencia y a la discriminación contra personas o grupos de personas” Boletín N°11949-17

I.FUNDAMENTOS

El ordenamiento jurídico chileno reconoce como derecho fundamental la libertad de expresión. El cual sin dudas, es una de las piedras angulares para el ejercicio democrático. Sin embargo, este no tiene un carácter absoluto y puede, por tanto, ser objeto de restricciones legítimas sujetas a estándares internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución Política de la República (CPR) a través de su artículo 5º, según el cual:

“[e]l ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Cuando se determina la necesidad de restringir este derecho, siempre se debe privilegiar a priori la libre difusión de ideas, que tiene consagración en el artículo 19º Nº 12 de la Constitución Política luego de la modificación impulsada por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso La Última Tentación de Cristo contra Chile[1]. Al respecto el organismo indicó:

“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.”

De esta manera, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión podría ser utilizado para abusos que justifiquen manifestaciones que promueven la negación de graves violaciones a los derechos humanos, la violencia y discriminación y que deben ser sancionadas por nuestra sociedad.

Por lo mismo, conocer los alcances de la libertad de expresión y verificar que el Estado de Chile cumple sus obligaciones internacionales en esta materia, es absolutamente necesario para una convivencia pacífica y respetuosa en derechos.

El derecho a la libertad de expresión es fundamental para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática y para el desarrollo individual de sus miembros. Por ello, y por las constantes amenazas que recaen en la libre expresión, este derecho tiene rango constitucional y consagración internacional, sin tener ninguna de estas menciones un carácter absoluto.

La libre expresión tiene límites legítimos que no constituyen per se una vulneración al derecho. Esto se puede desprender del artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el Estado de Chile y que establece los criterios que debe cumplir cualquier eventual limitación al derecho de la libertad de expresión.

Estas restricciones deben: a) estar expresamente fijadas por la ley; b) deben estar destinadas a la protección y promoción de un objetivo legítimo (como lo es el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o moral públicas); y c) la restricción debe ser necesaria para la protección del objetivo legítimo señalado.

En el ámbito regional, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH), ratificada también por el Estado de Chile, consagra en su artículo 13º la libertad de pensamiento y de expresión. Sobre este artículo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como intérprete auténtica de la Convención ha conocido diversos casos, exigiendo en su jurisprudencia el cumplimiento de las siguientes tres condiciones básicas para que la limitación al derecho a la libertad de expresión, como medida ex post, sea admisible:

a) Debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material;

b) Debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana; y

c) Debe ser necesaria en una sociedad democrática, para lo cual debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad[2].

Conforme a lo indicado, el derecho a la libertad de expresión, no tiene un carácter absoluto y por tanto, puede estar sujeto a limitaciones, en especial, cuando afecta otros derechos y obligaciones internacionales. Conforme a este marco se presentan a continuación antecedentes para la limitación de la libertad de expresión a través de distintas modificaciones legales para abordar situaciones de vulneración al principio de igualdad y no discriminación, honra y dignidad de las personas, que se ven afectadas por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión y que importan reconocer la necesidad de asegurar la paz social y el pleno desarrollo humano de nuestra sociedad en el marco de una convivencia democrática.

a.Sobre la tipificación del la incitación a la violencia y a la discriminación

Por su parte, la prohibición y sanción de la incitación al odio o a la violencia basada en la discriminación deviene de un principio fundante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo es el igual goce y protección de los derechos sin discriminación, y se relaciona a su vez, con el límite legítimo del derecho a la libertad de expresión.

En el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el PIDCP indica en su artículo 2.1:

“[c]ada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Una de las maneras en que la discriminación pasa del pensamiento a la acción es a través del discurso de odio. De acuerdo al consenso internacional, éste lo constituye:

“cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo la […] manifestada mediante un nacionalismo y etnocentrismo agresivos, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de [este] origen”[3].

La normativa internacional del PIDCP establece en su artículo 20º que, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Por su parte, el marco normativo chileno no propone alternativas que aborden concretamente la incitación al odio o violencia sobre personas o grupos de personas que han sido históricamente discriminadas, como las categorías mencionadas en el PIDCP. La reciente vigencia de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, no aborda este fenómeno. Asimismo la legislación penal no contempla alguna figura que permita la sanción de estas conductas.

Para impedir su repetición y profundización en nuestra sociedad es necesario comprender que su sostén se encuentra en la propia estructura social que fomenta la discriminación, de esta manera mantener un vacío en la materia sumado a la dimensión estructural de la discriminación crea el escenario propicio para la vulneración de derechos como la integridad personal, honra y vida privada de las personas. De esta manera, las consagraciones y tipificaciones de conductas que afecten estos bienes siempre que se establezcan en una ley de carácter general, precisa, necesaria y proporcional, y que contenga cierto umbral de tolerancia, permitirán una adecuada protección.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial reiteró en sus recomendaciones finales al Estado de Chile,

“[…] su preocupación ante la falta de legislación interna plenamente conforme al artículo 4 de la Convención que tipifique como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, todo acto de violencia con motivación racial así como la participación en organizaciones o actividades que inciten a la discriminación racial”[4].

Desde la dimensión social, las manifestaciones de discriminación como actos de violencia o incitación al odio en contra de migrantes, comunidad LGBTI, o pueblos indígenas se han expresado con fuerza el último tiempo. Por su parte, el vacío en la protección de las personas contra estos actos genera un clima de impunidad y de falso uso legítimo de la libertad de expresión que permite la gestación de acciones que incitan a la violencia y discriminación contra ciertos grupos de la población.

Los derechos humanos se reconocen para proteger a las personas de los abusos de poder, además de imponer obligaciones de respeto, garantía y no discriminación a los Estados. Por ello, es fundamental reconocer la necesidad de oponerse al poder nocivo de la propaganda basada en el odio que llaman a la violencia y contribuir a la prevención de tales discursos desde los estándares de derechos humanos basados en los límites de la libertad de expresión, la transversalidad del principio de igualdad y no discriminación y su alcance sobre grupos sometidos históricamente a la marginación del ejercicio de sus derechos humanos.

Si bien las sociedades poseen diferentes grados de tolerancia para los discursos que representan ilegítimamente el ejercicio de la libertad de expresión, es necesario enfrentar esta realidad y considerar en su análisis la naturaleza del bien jurídico que se espera proteger de abusos, la subjetividad de la audiencia a la que se dirige el mensaje, la publicidad de la expresión y la voluntad del Estado en reflexionar y adaptar su legislación para así, asegurar el respeto legítimo de los derechos.

En la legislación comparada[5] el tratamiento a la incitación al odio o discriminación ha sido variado, tal es el caso de la “denominación de la figura típica”, los “medios de comisión”, las “conductas sancionadas”, y “penas aplicables”, pero en relación a la “ubicación normativa”, ciertamente la mayoría de los países sancionan las conductas en el Código Penal.

En la región, países como Brasil, Uruguay y Bolivia ya sancionan las conductas de incitación al odio o a la violencia, y a excepción de Uruguay, se establecen agravantes especiales, tomando en consideración por ejemplo, el “ser cometido el hecho por una servidora o servidor público, o autoridad pública (...)”[6]en el caso de Bolivia, “de cometer los delitos por intermedio de medios de comunicación social (...)”[7].

Esta temática ha sido abordada por otros proyectos de ley, que destacamos por medio de la presente moción, tales como; a) Mensaje que inicia proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación a la violencia (Boletín N° 11.424-17), que “propone la sanción penal para aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, consistan en una apología de odio que constituya una incitación de tal magnitud, que pueda desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o a un miembro de este grupo”, b) Proyecto de Ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (Boletín N° 7130-07) que propone reemplazar el artículo 31 de la ley 19.733, incorporar nuevo numeral al Artículo 12 del Código Penal e incorporar al Código Penal un artículo nuevo bajo el número 140 bis, con la finalidad de transformar “en delictiva la figura de la incitación al odio (...)”, c) Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal, para incorporar el delito de incitación al odio o a la violencia contra personas que indica (Boletín N° 11.331-07) que propone “tipificar la incitación al odio o a la violencia contra las personas, ya sea por su raza, etnia, sexo,etc. siguiendo el marco delineada por la ley 20.609”, entre otros.

Asimismo resulta fundamental, indicar que es oportuno en nuestra legislación incorporar estas situaciones a la ley sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, impidiendo que estas puedan utilizar para su interés o provecho la incitación a la violencia física o a la discriminación basado en categorías que han sido históricamente discriminadas. De esta manera, cada vez que la utilización de esta incitación sea utilizada para el provecho inmediato como la publicidad o promoción de la organización para reunir adeptos será protegida por este tipo penal.

De esta manera, muchas legislaciones internas, con distintos tratamientos, han optado por abordar en su normativa la incitación al odio basado en la discriminación, relevando la importancia que tiene para una sociedad una adecuada protección frente a todas las formas de discriminación.

b. Sobre la tipificación del negacionismo

En base a los permanentes esfuerzos que debe realizar el Estado para asumir la responsabilidad de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar chilena y los procesos sociales propios de un país sujeto a tal realidad, es que se considera necesario y consecuente la limitación legítima de determinadas expresiones que negaren las violaciones mencionadas a través de su tipificación y determinación de una sanción penal proporcional.

La información contenida en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación[8], el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación[9] y los informes de la Comisión Nacional Prisión Política y Tortura[10] ( I y II) no pueden sino ser aceptada. A través de estos procesos que garantizan el derecho a la verdad y permite ejemplificar la obligación internacional que recae en el Estado de reconocer las vulneraciones graves y sistemáticas a los derechos derechos humanos y garantizar que hechos atentatorios a los derechos humanos por parte del Estado o sus agentes, no vuelva a ocurrir en cualquiera de sus dimensiones.

Esta temática ha sido abordada por otros proyectos de ley, que destacamos por medio de la presente moción, como el proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile (boletín Nº 8049-17-1).

De acuerdo a lo señalado inicialmente la tipificación del negacionismo no es per se violatorio a la libertad de expresión, ya que la misma CPR permite su limitación ante delitos o abusos que se comentan en su ejercicio. Así también, su limitación se ajusta a estándares internacionales cuando presenta requisitos, objetivos claros y proporcionalidad en la pena asignada. De esta forma el objetivo legítimo que se persiga, como en este caso la tranquilidad social, la protección a la memoria histórica de nuestro país y con ello la dignidad de las víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos, permitirá además entregar una garantía de no repetición de los hechos.

Sobre esto último, la incorporación en la ley penal del negacionismo se enmarca como una garantía para que tales crímenes y violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse. En otras palabras, una sociedad democrática, basada en el respeto y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de legalidad y lesividad de la conducta, debe condenar discursos negacionistas sobre hechos históricos públicos y notorios ocurridos durante la dictadura cívico militar en Chile.

Ética y penalmente, los hechos ocurridos en dictadura son actos que contiene una lesividad para la sociedad particularmente grave. Dañan a la sociedad en su conjunto y es una decisión soberana si la negación de determinados hechos ocurridos durante nuestra historia reciente puede ser punible. Con ello se busca proteger la paz social y dar cumplimiento a la garantía de no repetición de los hechos que para este proyecto se identifican en el marco de competencia fijada para la Comisión de Verdad y Reconciliación de 25 de abril de 1990 y Valech la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 26 de septiembre de 2003, señalados respectivamente en los Decretos Supremos 355 y Nº 1040 del Ministerio del Interior, que indican:

Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. (Comisión Retigg)

Que, en el proceso de violación de los derechos humanos acaecido en Chile durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, muchas personas sufrieron injustas y vejatorias privaciones de libertad, muchas veces acompañadas de apremios físicos ilegítimos (Comisión Valech I)

Teniendo presente lo anterior, el negacionismo es un término usado para describir un fenómeno político y jurídico, que se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia y por tanto objeto de procesos de elaboración científica y/o judicial de las responsabilidades que se derivan de ellos[11].

El delito de “negacionismo”, definido más arriba como la negación total o parcial de ciertos hechos, puede manifestarse de tres maneras fundamentalmente diferentes:

- Actos de negación (por ejemplo: negar, desconocer) que ciertos hechos se produjeron.

- Actos que expresan aprobación (por ejemplo: glorificación, apología, aprobación, justificación).

- Actos de minimización (“bagatelizacion”).

El delito de negacionismo puede tener distintas combinaciones, como la aprobación, el negacionismo propiamente tal y/o la minimización de ciertos crímenes que tienen particulares características atendida a su gravedad y contexto. La presente propuesta opta por las dos primeras combinaciones, esto es: negación y de aprobación/justificación.

La importancia de la tipificación indicada, recae principalmente en el efecto social que producen las expresiones de negación a graves violaciones a los derechos humanos. El efecto social que se produce es determinante para que el Estado de Chile modifique su normativa e incorpore los estándares mencionados en esta moción.

En 1988, en su primer caso contencioso, relacionado con una desaparición forzada, la Corte IDH señaló que el deber de garantizar los derechos reconocidos en la Convención implica el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos[12]. Desde estos primeros momentos de nuestro sistema regional de protección a los derechos humanos, se determinó la particular gravedad de las violaciones sistemáticas ocurridas en años de dictaduras latinoamericanas, así por ejemplo la Corte IDH se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la inadmisibilidad de las leyes de amnistía y prescripción de las acciones sobre estas violaciones, como en el caso de Almonacid Arellano contra el Estado de Chile[13], dejando claro que la lesividad de las violaciones de derechos humanos perpetrados durante la dictadura cívico militar chilena tenían especiales características como su práctica masiva y sistemática[14].

El deber que tiene el Estado de impedir la repeticiòn de estos hechos puede encontrar una forma de cumplimieto en la tipifación del delito de negacionismo en la forma que se presenta.

II.IDEAS MATRICES

La presente iniciativa busca incorporar modificaciones a la ley Nº 20.609, al Código Penal y a la ley Nº 20.393, a través de la incorporación del concepto de “incitación” a la discriminación arbitraria, la tipificación de la incitación a la violencia física contra personas o grupos determinados o su discriminación que generen deshonra y menosprecio por la pertenencia a determinadas categorías y del negacionismo de violaciones a los derechos humanos, abarcando la responsabilidad de personas jurídicas. Estas modificaciones legales obedecen a la gradualidad y proporcionalidad en la sanción de las expresiones indicadas, comenzando con la normativa civil, para luego proteger determinados bienes jurídicos en la normativa penal.

III.CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley introduce modificaciones a la ley Nº 20.609, al Código Penal y a la ley N° 20.393.

1. Modificaciones a la ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminación

Esta iniciativa agrega una modificación a la ley Nº 20.609, al incorporar en su artículo 3º la incitación a la discriminación arbitraria.

El objeto de esta modificación es asegurar que la incitación a la discriminación arbitraria tenga una efectiva protección judicial a través de la acción de no discriminación arbitraria.

2. Modificaciones al Código Penal en su Libro II, Título III.

El presente proyecto tipifica la conducta de difundir ideas con publicidad a objeto de incitar directamente a la violencia física contra personas o grupos de personas.

El objeto de la tipificación que se propone radica en la sanción del llamado a la violencia física hacia grupos vulnerables o hacia alguno de sus miembros, a causa de expresiones discriminatorias basadas en raza, etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología, opinión o filiación política o deportiva, la religión o creencia, su visión filosófica, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el trabajo que realiza, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad.

Conjunto a ello, se tipifican las expresiones difundidas con publicidad de ideas basadas en la discriminación por las categorías indicadas a objeto de promover la deshonra o menosprecio de personas que pertenezcan a ellas.

Junto a lo anterior, el presente proyecto tipifica la conducta de justificar, aprobar o negar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y las conductas de expresar menosprecio o deshonra contra las víctimas de violaciones señaladas, o enaltezca a los autores de las mismas.

El objeto de la tipificación que se propone radica en la sanción de la expresión por medio de las indicadas acciones con el fin de proteger la dignidad de las víctimas de las violaciones mencionadas, la tranquilidad y paz social y preservar la verdad histórica.

3. Modificaciones a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica

El presente proyecto incorpora en el artículo 1º de la ley 20.393 los nuevos delitos de justificar, aprobar o negar públicamente la dictadura militar y la incitación a la violencia física basada en la discriminación personas o grupos y la promoción de la discriminación a objeto de provocar el menosprecio o deshonra de personas pertenecientes a determinadas categorías.

El objeto de esta modificación radica en hacer responsables a las personas jurídicas que incurran en las nuevas tipificaciones a objeto de obtener interés o provecho de las mismas.

IV.PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Introducense la siguiente modificación a la la ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación arbitraria:

1)Intercálese, en el artículo 3º, después de la frase “discriminación arbitraria” y antes de “podrán interponer”, la expresión:

“o la incitación a la misma a través de cualquier medio apto para la publicidad,”

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Agrégase en el Libro II, Título III “DE LOS CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS QUE AFECTAN LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN”, un nuevo Párrafo § 6 del siguiente tenor:

“§ 6. De la incitación a la violencia física y otros delitos contra la honra de las personas”.

2) Agregáse a continuación un nuevo artículo 161-C del siguiente tenor:

“El que a través de cualquier medio apto para su difusión, incitare publicamente a la violencia física contra personas o grupos de personas basado en la raza, etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología, opinión o filiación política o deportiva, la religión o creencia, su visión filosófica, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el trabajo que realiza, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.

Las pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y la multa se impondrá en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, además de la suspensión de su cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena.”

3) Agregáse a continuación un nuevo artículo 161-D

“El que a través de cualquier medio difunda con publicidad ideas basadas en la discriminación por raza, etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología, opinión o filiación política o deportiva, la religión o creencia, su visión filosófica, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el trabajo que realiza, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, a objeto de promover la deshonra o menosprecio de personas que pertenezcan a las categorías mencionadas, será sancionado con las penas de prisión en su grado medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.”

4) Agreguese un nuevo Párrafo § 7 del siguiente tenor:

“§ 7. Del negacionismo y otros delitos contra la honra y dignidad de las personas”

5) Agregáse un nuevo artículo 161-E del siguiente tenor:

“El que a través de cualquier medio apto para su difusión, publicamente justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales.

La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se impondrán en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por un funcionario público en el ejercicio

de sus funciones o con ocasión de su cargo, además de la suspensión de su cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena.”

6) Agregáse un nuevo artículo 161-F del siguiente tenor:

“El que a través de cualquier medio apto para su difusión, publicamente exprese menosprecio o deshonra contra las víctimas de las violaciones señaladas en el artículo anterior, o enaltezca a los autores de las mismas, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se impondrán en su grado máximo, cuando las conductas se hubieren realizado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, además de la suspensión de su cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena.”

Artículo 3º.- Incorpórese la siguiente modificación a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica:

1)Modifíquese el título de la ley Nº 20.393 por el siguiente:

“establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho, negacionismo e incitación a la violencia física y discriminación que indica”

2)Intercálase, en el artículo 1, después de la frase “y en los artículos” y antes de “250, 251 bis y 456 bis A”, la expresión “161-C, 161-D, 161-E, 161-F,”.

Diputados señores Crispi, Boric, Hirsch, Jiménez, Saldívar, Venegas y Walker, y de las diputadas señoras Hertz, Jiles y Nuyado

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leiva; Castro, don Juan Luis; Flores, don Iván; Ilabaca, Monsalve y Naranjo, y de las diputadas señoras Cicardini, Parra, Vallejo y Yeomans, que “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL DELITO DE ASOCIACIÓN CRIMINAL” Boletín N°11950-07

1. Fundamentos. El fenómeno de la criminalidad organizada tiene larga data, con no pocas visiones críticas sobre su denominación, regulación[1], como también su “vocación primariamente criminológica”[2], de ahí que para algunos autores la mejor forma de afrontar el problema es sobre la categoría de “organización delictiva”[3]. En este sentido, no se puede desatender las situaciones que diariamente acontecen en nuestras poblaciones, donde un conjunto de practicas delictivas que se realizan mediante la acción concertada y permanente por agrupaciones de individuos que dotados de elementos necesarios cometen habitualmente delitos “convencionales”, tales como tráfico ilícito de estupefacientes, robos violentos, lesiones, homicidios, amenazas, infracciones a la ley de control de armas, etc. Estos hechos son los que afectan diariamente a las personas, y que en muchos casos impide el desarrollo de una vida tranquila atendido el control territorial que ejercen estas agrupaciones.

Lo anterior, no obsta a que este fenómeno se reproduzca en otra clase de criminalidad que a partir de “los años cuarenta ha concitado la atención de los criminólogos. Su primera formulación científica tuvo lugar con Edwin Sutherland, quien en 1939 desarrolló su teoría del delito de cuello blanco, al cuál definió como el delito cometido por una persona de respetabilidad y status social alto en el curso de su ocupación”[4], en este contexto, así como los delitos convencionales antes reseñados aparecen acciones que denotan un ámbito de organización, dotados de medios que de manera permanente cometen fraudes tributarios, estafas, administraciones fraudulentas, delitos contra el mercado de valores, de corrupción, etc.

En nuestro sistema el delito de asociación ilícita, muchas veces invocado, no ha logrado aprehender estos fenómenos de criminalidad, atendida la porosidad de su objeto en la ley vigente como atentar contra las buenas costumbres, las propiedades etc. De ahí que se proponga una reconstrucción a través de las asociaciones criminales, cuyo objeto jurídico y estructura han sido objeto de un profundo debate, así se identifican por una parte aquella posición que justifica su incriminación en la idea de la autotutela del Estado, es decir, “aquello que el delito ofende sería el propio poder del Estado, su primacía en cuanto institución política y jurídica, comprometida por la mera existencia de otra institución, provista de fines antitéticos a los suyos y que le discute la hegemonía o monopolio del orden jurídico y político”[5], para la doctrina tradicional en cambio, el bien jurídico es el orden público, que en palabras de Antolisei, “el orden público tiene un significado más restringido que en otras: es el buen ajuste y la marcha regular de la vida social; la armónica y pacífica coexistencia de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado y del Derecho, y, en este sentido, es sinónimo de paz pública”, y más recientemente la tesis de anticipación de la tutela penal de bienes jurídicos según la cuál “la asociación criminal constituye frente a los delitos cometidos por la misma, una fuente de peligro incrementado, que reduce las barreras inhibitorias de los miembros de la organización para la comisión de delitos y los facilita en términos técnico materiales”[6], lo que a su turno abona a las criticas sobre el peligro abstracto en que se construyen estas figuras delictivas. En contra de esta última posición se señala que “el injusto de la asociación ilícita es enteramente independiente del injusto de los eventuales hechos delictivos específicos cuya perpetración constituye el objeto de la asociación. Esto es decisivo para reconocer que ese injusto independiente solo puede ser plausiblemente identificado con la forma de menoscabo de bienes jurídicos representada por el peligro abstracto, entendido como la afectación de aquellas condiciones generales de seguridad de las cuales depende la posibilidad de una disposición despreocupada sobre uno o más bienes jurídicos por parte de su(s) titular(es)”[7], en que el peligro abstracto se identifica con una “disposición (subjetiva) a la perpetración futura de múltiples e indefinidos hechos delictivos”[8].

La fenomenología de los hechos delictivos de ocurrencia en los últimos tiempos, así como otros de mayor complejidad en la estructura legal vigente, son demostrativos del déficit estructural de la actual regulación “genérica” del delito de asociación ilícita prevista en el párrafo 10 del Título VI del Código Penal, así como también en alguna de sus versiones en leyes especiales. En efecto, la doctrina especializada, ha sido particularmente critica con esta regulación y sus resultados en la aplicación de la jurisprudencia es bastante escaso. Es por eso, que se propone una revisión integral con la finalidad de dotar de manera autónoma el castigo por el hecho de fundar o pertenecer a una organización criminal, al margen de los otros delitos que puedan ser imputados a sus miembros.

2. Historia legislativa y Derecho Comparado.- En nuestro sistema, al margen de la regulación genérica en el párrafo 10 antes señalado existen regulaciones específica de la asociación ilícita, como el contenido en el art. 1 de la Ley 19.927 sobre seguridad del Estado, el previsto en el art. 1º núm. 11 de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas y estupefacientes, para el delito de lavado de activos previsto en la ley núm. 19.913 y la asociación para la trata de personas[9].

Su restructuración también ha sido propuesta en los proyectos de Código Penal de marzo de 2014 (Boletín 9.274-07) que castiga distinguiendo al que tomare parte en un asociación delictiva (art. 582) y se entenderá “delictiva toda organización jerarquizada compuesta por tres o más personas que tiene por fin o actividad permanente la comisión de delitos” y además la asociación criminal , consistente en toda asociación delictiva que tiene dentro de su fin o actividad permanente la comisión de los crímenes que detalla (art. 584). Por su parte el anteproyecto de 2015, dispone en su art. 495 castiga la asociación delictiva y asimismo como “toda organización efectiva que tenga entre sus finalidades la perpetración de hechos constitutivos de delito”, distinguiéndola también de la asociación criminal que define como “toda asociación delictiva que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crimen” (art. 496). En el contexto de la propuesta elaborada por la comisión encargada de modificar la legislación antiterrorista, que sirve de base a esta moción, en la cual un aspecto relevante fue de adoptar “un modelo regulativo de la criminalidad terrorista que la identifica como una forma especialmente grave de criminalidad organizada, cuya regulación ha de quedar establecida en el Código Penal”[10]. Para lo anterior se sostuvo la necesidad de “redefinir las exigencias típicas de la forma básica de organización punible, que en los términos de la misma propuesta pasa a denominarse asociación criminal”[11]. La tipificación de esta forma básica de organización en sí misma punible se orienta a satisfacer una exigencia elemental de índole político-criminal, concerniente a la gravedad específica que debe exhibir la constitución y la existencia misma de una cierta organización para que amerite una punibilidad autónoma, tal como este último principio se halla reconocido por la regulación vigente. Así, “la asociación criminal ha de ser criminal, técnicamente, en un doble sentido: por un lado, en cuanto a su propio estatus como hecho punible, el cual queda asociado a la categoría de crimen en el sentido del art. 3º del Código Penal; y por otro lado, en cuanto a los hechos punibles cuya perpetración constituye el objetivo cuya persecución convierte a la organización en cuestión en específicamente criminal, hechos punibles que a su vez han de ser constitutivos de crímenes en el mismo sentido”[12].

En Alemania, sostiene la doctrina, se entiende por criminalidad organizada “la comision planificada, determinada por la ambición de ganancias o poder, de delitos que individualmente considerados o en su conjunto sean de considerable importancia, cuando más de dos intervinientes actúan repartiendose el trabajo durante un tiempo largo o indeterminado y empleando: a) estructuras profesionales o propias del mundo de los negocios, b) empleando violencia u otros medios idóneos para provocar temor, o c) ejerciendo influencia en la política, los medios de prensa, la administración pública, la justicia o la economía”[13].

Así el Código penal alemán en su parágrafo 129 dispone:

§ 129. Conformación de asociaciones criminales

(1) Quien forme una asociación criminal cuyo objeto o cuya actividad esté orientada a cometer hechos, o quien participe en una tal asociación como miembro, haga propaganda para ella o la apoye, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa.

(2) El inciso 1 no se aplicará cuando la asociación sea un partido político, que el Tribunal Constitucional Federal no haya declarado como inconstitucional, cuando la comisión de hechos solo sea un objeto o una actividad de significado secundario o 
en la medida en que el fin o la actividad de la asociación se consideren hechos punibles según los §§ 84 a 87.

(3) La tentativa de fundar una asociación en el sentido del inciso 1, es punible.

(4) Si el autor pertenece a los cabecillas o a los autores mediatos, o si se presenta algún caso especialmente grave, entonces se reconocerá pena privativa de la libertad de seis meses hasta cinco años.

(5) El tribunal puede prescindir de un castigo de acuerdo con los incisos 1 y 3, en el caso de participes cuya culpa sea menor y su colaboración sea de importancia secundaria.

(6) El tribunal puede atenuar la pena según su criterio (§ 49, inciso 2) o puede prescindir de un castigo según éstas normas cuando el autor se empeñe libre y seriamente por impedir la continuación de la asociación o la comisión de un hecho punible que corresponda a uno de sus objetivos, o 
libremente revele su conocimiento a una autoridad pública tan oportunamente que los hechos punibles cuya planeación él conoce, todavía pueden impedirse; 
si el autor alcanza su meta de impedir la continuación de la asociación o si se alcanza sin su intervención, entonces él no será castigado.

El Código Penal Español, en su art. 570 bis y siguientes, a propósito de los delitos contra el orden público, castiga las organizaciones y grupos criminales, tipificando primero “las conductas básicas de constitución, dirección y coordinación…”[14], de la siguiente manera:

Artículo 570 bis.

CAPÍTULO VI

De las organizaciones y grupos criminales

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización:

a) esté formada por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por

sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.

3. Ideas matrices. La propuesta del presente proyecto se estructura sobre criterios explícitos para la determinación de la existencia de una organización que pueda ser constitutiva de asociación criminal. Estos criterios consisten en: a) la cantidad de miembros que integren la respectiva organización, b) la dotación de medios y recursos, y c) su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo. Por esta vía, la regulación propuesta pretende superar el déficit que muestra la legislación vigente en la materia, que “ha tendido a volver esencialmente inciertos los requisitos mínimos que ha de satisfacer una asociación para resultar autónomamente punible”[15]. Al mismo tiempo, y acogiendo un planteamiento cada vez más generalizado en la literatura especializada, la propuesta prescinde de diferenciar posiciones jerárquicas susceptibles de ser ocupadas por los miembros de la organización. De este modo se abre la posibilidad de que organizaciones horizontalmente constituidas resulten abarcadas por la tipificación, en la medida en que se satisfagan los criterios ya mencionados. “Para efectos de penalidad, la propuesta distingue entre la posición de aquellos integrantes que hubieran fundado o contribuido a fundar la asociación, de un lado, y la posición de los demás integrantes, por otro. Con ello, la eventual colaboración con la operación de la organización por parte de individuos que no cuentan como integrantes de la misma queda sometida a las reglas generales sobre intervención en un hecho punible”[16].

Se trata en definitiva de una nueva propuesta de regulación de la organización criminal, que como fenómeno merece un tratamiento autónomo, sobre la base de una nueva exigencia de los requisitos sobre la base de los cuales es posible distinguir la existencia de una asociación criminal y superar la regulación vigente con las dificultades que la jurisprudencia ha develado en su aplicación.

Es sobre la base de estos fundamentos que venimos a proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Art. Único. Sustituyese el párrafo § 10 del Título VI sobre crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, del Libro II del Código Penal por el siguiente:

§ 10. De las asociaciones criminales

Art. 292. Toda asociación que tenga por finalidad la perpetración de hechos constitutivos de crímenes importa un delito que existe por el solo hecho de encontrarse efectivamente organizada.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, la asociación se entenderá efectivamente organizada en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo.

Para los efectos del inciso precedente, se entenderá que la cantidad de miembros de la asociación requiere de más de dos personas.

Art. 293. El integrante que hubiere fundado o contribuido a fundar una organización comprendida en el artículo anterior, será castigado con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

El que activamente integrare una organización comprendida en el artículo anterior, sin resultarle aplicable lo dispuesto en el inciso precedente, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Art. 294. Las penas establecidas en el artículo anterior serán impuestas sin perjuicio de las que correspondiere imponer por uno o más crímenes o simples delitos efectivamente perpetrados por uno o más integrantes de la organización.

Cuando la asociación criminal se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria a la pena impuesta sobre los responsables individuales, la disolución o la cancelación de la personalidad jurídica.

Diputados señores Leiva; Castro, don Juan Luis; Flores, don Iván; Ilabaca, Monsalve y Naranjo, y de las diputadas señoras Cicardini, Parra, Vallejo y Yeomans