Labor Parlamentaria

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 12 de la Ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados hoy, el proyecto se discutirá con tratamiento de fácil despacho.

Diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Jenny Álvarez .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 59ª de la legislatura 365ª, en 17 de agosto de 2017. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 50ª de la presente legislatura, en 19 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora ÁLVAREZ, doña Jenny (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción del senador Juan Pablo Letelier y con urgencia calificada de suma, que modifica el artículo 12 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional.

Durante la discusión de este proyecto, la comisión contó con la asistencia y colaboración de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt ; del subsecretario de Transportes, señor José Luis Domínguez , y del jefe de gabinete y asesor legislativo de la señora ministra , don Juan Carlos González .

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias reglamentarias

I. Idea matriz o fundamental del proyecto

Extender el ámbito de cobertura de la licencia profesional clase A-2, con el propósito de que los conductores que la detentan puedan conducir vehículos de hasta 32 asientos, excluido el del conductor, sea un vehículo público o privado de transporte de personas -susceptible de conducir con licencia profesional A-2-, siempre y cuando el conductor haya estado en posesión de esta licencia por a lo menos dos años, y que el largo del vehículo no exceda los nueve metros.

II. Fundamentos del proyecto

Decreto con fuerza de ley Nº 1, de 29 de octubre de 2009, de los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Artículo 12.

III. Resumen del contenido del proyecto aprobado por el Senado

En Chile, quienes poseen una licencia de conducir profesional clase A-2 pueden manejar vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez a diecisiete asientos, excluido el del conductor.

La moción, mediante un artículo único, modifica el artículo 12 de la Ley de Tránsito, sustituyendo en el acápite “Clase A Licencia Profesional”, en la definición de “Clase A-2”, el guarismo “diecisiete” por “treinta y dos”, con el fin de que con la referida licencia se pueda válidamente conducir vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con una capacidad hasta de treinta y dos personas.

IV. Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

La iniciativa no contiene normas de tal carácter.

V. Trámite en la Comisión de Hacienda

El proyecto no requiere se conocido por la Comisión de Hacienda.

VI. Artículos e indicaciones rechazados por la comisión

No hay.

VII. Adiciones y enmiendas aprobadas por la comisión

Tanto en general como en particular, el proyecto fue aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez (Presidenta) y Ximena Ossandón , y los diputados señores Karim Bianchi, René Manuel García , Félix González , Javier Hernández , Marcos Ilabaca , Jaime Mulet , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez , Jorge Sabag y René Alinco .

El proyecto es sencillo; consta de un artículo único, pero no por ello es menos importante, pues permitirá que los conductores, al ampliar el ámbito de cobertura de la licencia profesional clase A-2, puedan acceder a mayores y mejores opciones de empleo en el rubro del transporte público de pasajeros.

Se debe tener presente que existe una carencia importante de conductores profesionales para el transporte público, principalmente en regiones, por lo que constituye una demanda muy sentida por los operadores del transporte público.

Actualmente, para obtener licencia clase A-2, además de cumplir con los requisitos generales exigidos para cualquier tipo de licencia, debe cumplirse con:

a) Tener mínimo veinte años.

b) Acreditar tener previamente licencia clase B por dos años.

c) Aprobar cursos teóricos y prácticos.

Con la modificación se propone, al extender el ámbito de cobertura de la referida licencia, que los conductores, sin aprobar nuevos cursos teóricos y prácticos, puedan conducir vehículos de hasta 32 asientos, excluido el del conductor, de manera automática, siempre que se cumpla con la condición de estar en posesión de la licencia clase A-2 por dos años y que el vehículo de que se trate tenga un largo que no exceda de nueve metros.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Recuerdo a la Sala que, de conformidad con los acuerdos de los Comités, para el tratamiento de este proyecto se autorizará hasta dos discursos para hablar a favor y dos para intervenir en contra, de hasta cinco minutos cada uno.

Tiene la palabra el diputado Nicolás Noman .

El señor NOMAN.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que hoy votaremos es de gran relevancia para los conductores del país, especialmente para aquellos que emprenden en el rubro del transporte de pasajeros, ya sea público o privado.

Actualmente, las regiones requieren de más conductores que se quieran dedicar a este rubro, pues sucede que las ciudades rurales muchas veces cuentan con buses con mayor capacidad de pasajeros que los que puede manejar un conductor con licencia clase A-2, y, por lo mismo, no pueden ser utilizados debido a la falta de choferes con la licencia que los autorice para conducirlos.

Es por ello que este proyecto de ley busca extender el ámbito de cobertura de la licencia profesional clase A-2, con la intención de que los conductores que la tengan puedan conducir vehículos de hasta treinta y dos asientos, ya que la legislación vigente indica que solo pueden conducir vehículos con hasta diecisiete asientos, excluido el del conductor.

Este proyecto también operaría como un incentivo a los conductores para acceder a mayores y mejores opciones de empleo en el transporte de pasajeros.

Otro punto importante respecto de este proyecto es que no se exigirá que los conductores realicen nuevos cursos teóricos y prácticos. Solo deberán haber estado en posesión de la licencia clase A-2 por a lo menos dos años. Además, se agrega un límite a los vehículos: no podrán tener una extensión mayor de nueve metros. Con dichos resguardos podemos ver que el proyecto brinda también seguridad a nuestros pasajeros.

Esta es una gran noticia para las regiones, ya que con su aplicación aumentaría la disponibilidad de conductores profesionales para el transporte de pasajeros público o privado.

Por otra parte, es importante destacar que este proyecto también beneficia a los conductores de miniván de turismo o con otras disposiciones, quienes ahora podrán conducir un taxibús del tipo que se utiliza principalmente en regiones.

Con todos los antecedentes que han sido presentados, resulta de gran importancia aprobar este proyecto, pues favorecerá principalmente a los habitantes de regiones, ya que mejorará su medio de movilización y sus oportunidades laborales.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez .

La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-

Señor Presidente, este es un proyecto que modifica solo un artículo de la Ley de Tránsito, pero no por ello es menos importante.

Tal como aquí se ha señalado, estoy segura de que para los conductores de regiones que no han podido optar a la licencia profesional para el transporte público de pasajeros lo que propone este proyecto es una buena noticia, de manera que valoro que haya sido calificado con urgencia suma, pues eso ha posibilitado agilizar su tramitación.

Si bien el compromiso con los representantes de los gremios de conductores era haber discutido en Sala la iniciativa la semana pasada, ya la estamos debatiendo, y quiero reiterar que su objetivo es supersimple: quienes tienen licencia profesional clase A-2 por dos años podrán manejar vehículos que no excedan los 9 metros y con una capacidad de hasta 32 pasajeros, lo cual antes era exclusivo para la licencia profesional clase A-1.

Por lo tanto, solo quiero solicitar y valorar la pronta aprobación del proyecto, que permitirá cubrir la falta de conductores, en especial en regiones.

He dicho.

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señora Presidenta, en los recorridos por mi distrito, el N° 16, he podido constatar la necesidad de contar con un mayor número de conductores calificados. La zona que represento, en O´Higgins Sur, es tremendamente agrícola, lo que genera muchísimo movimiento y fuentes de trabajo. Sin embargo, hay una alta demanda de conductores profesionales para el transporte oportuno a través de taxibuses que permitan llegar a su lugar de trabajo a miles de personas.

Quiero ser muy clara: hoy tenemos un imperativo ético; tenemos la oportunidad de dar respuesta a esta necesidad con algo muy sencillo, pero tremendamente significativo, que permitirá generar oportunidades de empleo. Como ya expresé, esto constituye una muy eficiente cadena de valor.

Cuando aprobemos este proyecto, al fin podremos responder a nuestros conductores que sí tenemos una gran noticia que darles, ya que gracias a la modificación de la Ley de Tránsito, desde ahora podrán optar a la licencia clase A-2, con una extensión del número de pasajeros de los vehículos de transporte, de los diecisiete que actualmente permite la ley a treinta y dos, cuando se haya estado en posesión de esta licencia por a lo menos dos años, y siempre que el largo del vehículo no exceda de nueve metros.

Desde ya, anuncio mi respaldo irrestricto a este proyecto, porque en regiones en muchas ocasiones existen buses que no pueden entrar en recorrido por falta de conductores profesionales.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica.

Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Jaime Bellolio y Giorgio Jackson , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 125ª de la legislatura 365ª, en 7 de marzo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 56ª de la presente legislatura, en 9 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 66ª de la presente legislatura, en 4 de septiembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 30.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación.

El señor BELLOLIO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje, con urgencia calificada de simple, que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica.

Idea matriz

La iniciativa legal tiene como propósito apoyar la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, mejorando el ingreso de los docentes directivos al Sistema; propone un mecanismo que permita apoyar de mejor manera a los establecimientos educacionales con desempeño insuficiente; la prestación del servicio educacional en escuelas cárceles o dependientes del Servicio Nacional de Menores y aulas hospitalarias, y mejora diversos aspectos del funcionamiento y de las facultades de los administradores provisionales de establecimientos educacionales, entre otras materias.

Por otra parte, busca asegurar el pago de beneficios a los trabajadores que sean traspasados a los servicios locales de educación pública creados por la ley Nº 21.040 y que actualmente cumplen funciones en la educación municipal, y aclara la información que deben entregar los municipios para el traspaso del servicio educacional a los servicios locales de educación pública, en materias de personal.

Fundamentos

El proyecto de ley ingresó a tramitación el 7 de marzo del 2018, durante el período legislativo 2014-2018, y fue presentado por la ministra de Educación de la época, señora Adriana Delpiano . Su tramitación continuó en el período legislativo 2018-2022, con la participación del entonces ministro de Educación, señor Gerardo Varela ; el subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa , y la subsecretaria de Educación Parvularia, señora María José Castro .

Según se expresa en el mensaje remitido por la Presidenta de la República, la iniciativa tiene como primer objetivo apoyar la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, permitiendo a docentes que cumplieron la edad legal de jubilar y que no tuvieron la opción de renunciar a la carrera docente ejercer este derecho.

Con el mismo fin, se permite rendir anticipadamente la evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos a docentes que realizaron su Evaluación de Desempeño Docente el 2015 y que, obteniendo buenos resultados, se vieron imposibilitados de rendir la prueba que daba derecho a la Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI) por haber sido derogada por la ley Nº 20.903.

Por otra parte, el proyecto propone otro tipo de metodología para resolver la caracterización de los establecimientos pequeños que debe realizar la Agencia de Calidad de la Educación, debido a que, por su bajo número de alumnos, los resultados de las pruebas estandarizadas no son representativos.

Del mismo modo, la iniciativa propone un mecanismo que permita apoyar de mejor manera a los establecimientos educacionales con desempeño insuficiente, propendiendo a mejorar su gestión y resultados, a fin de evitar su cierre.

También se hace necesario reforzar la figura del administrador provisional, dotándola de más y mejores herramientas para enfrentar las crisis de gestión, de administración y financieras de los establecimientos educacionales, como facultades para solucionar obligaciones anteriores a su nombramiento generadas por el sostenedor, pactar con instituciones públicas y/o privadas para el logro de sus objetivos y generar fuentes de financiamiento, modificar el plazo de sus funciones desde el término del año escolar a febrero del año siguiente, lo cual tiene por objeto buscar la seguridad en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del personal.

Asimismo, se propone garantizar la prestación del servicio educacional en escuelas cárceles, en aquellas emplazadas en recintos hospitalarios o dependientes del Servicio Nacional de Menores, y en aulas hospitalarias. Estos establecimientos, que por su especial condición no siempre cuentan con matrícula suficiente para alcanzar un monto de subvención que les permita atender adecuadamente las necesidades del establecimiento y de sus estudiantes, requieren de una subvención mínima para su funcionamiento.

Además, la iniciativa busca precisar el texto de la ley de reajuste del sector público, de manera de asegurar el pago de beneficios a los trabajadores que sean traspasados a los servicios locales de educación pública, creados por la ley Nº 21.040, y que actualmente cumplen funciones en la educación municipal.

Adicionalmente, se aclara qué tipo de información deben entregar los municipios para el traspaso del servicio educacional a los servicios locales de educación pública en materias de personal, otorgándose así la certeza necesaria para facilitar la implementación del Sistema de Educación Pública.

Finalmente, el proyecto contiene un mecanismo que facilita y da continuidad a las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo (ATE) para que se transformen en entidades sin fines de lucro, manteniendo la vigencia de su registro e historial.

Tramitación en la comisión

En el marco de la discusión general del proyecto de ley, hubo consenso en la comisión en torno a la necesidad de aprobar esta iniciativa. Durante la discusión en particular, la comisión introdujo diversas modificaciones que se reseñan a continuación.

En primer lugar, se eliminaron todas las normas relativas a las ATE, en atención a que ya se había legislado sobre esta materia mediante el proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.248, que establece una subvención escolar preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín Nº 11843-04), cuestión que ya fue aprobada por esta Sala.

Por indicación del Ejecutivo, se corrigió una omisión del proyecto original y se incluyó a los directores o jefes de educación de las corporaciones municipales, además de señalar que quienes no sean profesionales de la educación no serán asignados o asimilados a un tramo y seguirán percibiendo su última remuneración mensual devengada.

Por indicación parlamentaria, se incorporó un artículo nuevo a la ley Nº 20.529, disposición que permitirá que un administrador provisional, en casos graves y calificados, asuma las funciones que competen al sostenedor respecto de los establecimientos educacionales bajo su dependencia, cuando este no pueda mantenerlos en funcionamiento ni garantizar el desarrollo normal del año escolar en los mismos o cuando, existiendo atraso en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones previsionales o de salud del personal del establecimiento, el sostenedor no pueda garantizar el pago de alguna de estas prestaciones en el mes subsiguiente a aquel en que se verifique la infracción.

Del mismo modo, por indicación parlamentaria se añadió que la obligación de procurar la disponibilidad de matrícula para los alumnos del establecimiento, en el caso de renovación del nombramiento de administrador provisional, debe hacerse informando periódicamente a los miembros de la comunidad escolar la situación general del establecimiento.

También por indicación parlamentaria se precisó que las facultades del administrador provisional para reestructurar un establecimiento educacional pueden ejercerse para establecimientos subvencionados o que reciban aportes del Estado, y no solo para aquellos administrados por municipalidades directamente o por sus corporaciones municipales.

Mediante indicación del Ejecutivo, se prorrogó el plazo para la exigencia del reconocimiento oficial que deben cumplir los jardines infantiles de agosto del 2019 a diciembre del 2022, plazo que se consideró igualmente exigente, toda vez que obtener el reconocimiento oficial del Estado es un proceso lento, por la cantidad de recursos en infraestructura que se deben invertir.

Asimismo, mediante indicación del Ejecutivo, se estableció un financiamiento transitorio de las municipalidades y de las corporaciones municipales para los asistentes de la educación que se traspasen a los servicios locales de educación, para evitar la eventual contratación excesiva de este tipo de asistentes por parte de los actuales sostenedores municipales, haciéndoles responsable por cinco años de financiar todas aquellas contrataciones que excedan el cociente que se fije, normativa que en ningún caso afecta a los asistentes de la educación que se traspasen sin solución de continuidad a los nuevos servicios.

Finalmente, a través de una indicación parlamentaria, se regula la situación intermedia de los sostenedores particulares que no estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y que hayan solicitado transferir esa calidad a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, de conformidad con la ley Nº 20.845, de inclusión escolar, disponiendo que permanecerán sujetos a las reglas a las que estaba sometida la entidad antecesora hasta la fecha en que se verifique el pago de la primera subvención a la entidad sucesora y regulando del mismo modo los actos y contratos celebrados por la entidad antecesora.

Constancias reglamentarias

Los números 2) y 3) del artículo 3 del proyecto tienen el carácter de orgánicos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, número 11°, de la Constitución Política de la República.

No hay disposiciones de quorum calificado.

De acuerdo con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, los artículos que se reseñan en el informe debieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor JACKSON (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que respecta a la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, el proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece otros beneficios que indica, originado en mensaje de la entonces Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria , ingresado a tramitación el 7 de marzo de 2018, con urgencia calificada de simple, e informado en su primer trámite reglamentario por la Comisión de Educación de esta Corporación.

Durante el análisis de esta iniciativa legal, la comisión contó con la asistencia del subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa Salas , quien nos acompaña en esta sesión, al igual que la ministra de Educación y la subsecretaria de Educación Parvularia.

En cuanto a la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, el Ejecutivo presentó tres informes financieros durante la tramitación del proyecto.

El informe financiero que acompañó el proyecto original, Nº 31, de 6 de marzo de 2018, consigna que, en cuanto al efecto de este proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal, las modificaciones propuestas que representan mayor gasto son las siguientes:

1.- Mayores remuneraciones de directores de corporaciones municipales asimilados a tramo avanzado.

2.- Anticipo de prueba de reconocimiento a docentes evaluados en 2015 con calificación destacada o competente.

3.- Honorarios de administradores provisionales.

4.- Subvención mínima para aulas hospitalarias, escuelas en recintos de Sename y cárceles.

Todo ello arroja un total, para el primer año de vigencia, de 279 millones de pesos; de 1.958 millones para el segundo año, y de más de 3.534 millones de pesos en régimen.

Este mayor gasto fiscal se financiará con reasignaciones del Ministerio de Educación durante el primer año presupuestario de vigencia de esta futura ley. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos respectiva.

Posteriormente, conjuntamente con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 8 de mayo de 2018, se acompañó un nuevo informe financiero, según el cual, en relación con el informe financiero Nº 31, presentado del 6 de marzo de 2018, las modificaciones propuestas representan los siguientes impactos fiscales:

1. Se reduce el mayor costo asociado al anticipo de la prueba de conocimiento de docentes, el cual totalizaba 3.152.300.000 pesos. Cabe destacar que el mayor costo se originaba por el adelantamiento de la prueba de conocimientos para estos docentes, lo que ocurrirá a contar del 2019, entrando a partir de ese año en el mayor gasto en régimen ya contemplado en el informe financiero que acompañó el proyecto de ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

2. Se reduce el mayor costo asociado a la imputación del pago de honorarios de los administradores provisionales, el cual en régimen alcanzaba los 100 millones de pesos.

3. Se reduce el mayor costo asociado a la subvención mínima para las escuelas cárceles, aquellas emplazadas en recintos hospitalarios o dependientes del Servicio Nacional de Menores, y en aulas hospitalarias.

4. Se ajustan las cifras relacionadas con la asimilación de los directores de corporaciones municipales al tramo avanzado, de acuerdo con la información actualizada provista por el Ministerio de Educación.

Se concluye, por lo tanto, que la única modificación que irrogará un mayor gasto fiscal corresponde a la asimilación de los directores de corporaciones municipales al tramo avanzado, para lo cual se establece que ese mayor gasto fiscal se financiará con reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Educación, durante el primer año presupuestario de vigencia de esta futura ley. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos respectiva.

Finalmente, con fecha 29 de junio del año en curso, el Ejecutivo presentó nuevas indicaciones. La primera de ellas tenía por objeto ampliar hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo para que los establecimientos que imparten educación parvularia den cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley Nº 20.529 para la obtención del reconocimiento oficial.

Cabe recordar que la ley vigente otorga un plazo de ocho años a contar de la entrada en vigencia de la ley, esto es, desde el 27 de agosto de 2011.

Adicionalmente, se agrega un artículo nuevo que busca regular el financiamiento de las remuneraciones, asignaciones, indemnizaciones y otros beneficios avaluables en dinero de los asistentes de la educación que serán traspasados desde los municipios o corporaciones a los servicios locales de educación (SLE).

Este último informe concluye que estas modificaciones no irrogarán mayor costo fiscal.

Por lo tanto, los artículos sometidos a conocimiento de la Comisión de Hacienda fueron tratados en la forma que paso a explicar:

Respecto de los números 2) y 3) del artículo 1, que modifica la ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, los integrantes de la comisión los aprobaron por unanimidad, porque el artículo original de la ley establecía que los profesionales de la educación que sean directores de escuela o jefes DAEM serían asignados a un tramo de la carrera docente llamado “profesional avanzado”. Lo que ocurrió fue que en la ley se omitió hacer esa misma referencia para los directores de corporaciones. La modificación extiende la aplicación de esta norma a los directores de corporaciones que habían quedado excluidos. También se corrige la situación de muchos directores de establecimientos que llevaban ejerciendo el cargo durante mucho tiempo, por tanto, como ya no trabajaban en aula, quedaron imposibilitados de participar en nuevos concursos para cargos de director. Asimismo, destacaron que el espíritu de la disposición es ampliar el universo de postulantes, no restringirlo.

En cuanto al número 3) del artículo 3, que modifica la Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, norma que establece una prórroga para aquellos establecimientos que debiesen perder su reconocimiento oficial, conforme a lo que establece el articulado vigente, por estar cuatro años consecutivos en la categoría de resultados insuficiente.

El Ejecutivo hizo presente que sobre este tema presentó una indicación en la Comisión de Educación que eliminaba este artículo del proyecto original, pero fue rechazada, por lo cual se aprobó la propuesta original del proyecto. La posición del Ejecutivo es que el sistema de aseguramiento de la calidad, tal como está vigente, establece una serie de presiones hacia la mejora de los establecimientos que parece conveniente mantener.

Al respecto, el número 3) fue rechazado por no haberse alcanzado mayoría absoluta para aprobarlo.

En cuanto a los números 8) y 9) del mismo artículo, que reestructuran las atribuciones del administrador provisional, estableciendo ciertas obligaciones al sostenedor en su relación con aquel, una vez que ha sido designado, los integrantes de la Comisión lo aprobaron por unanimidad.

Sobre el número 12), que se refiere a que los honorarios del administrador provisional, que serán pagados con cargo al presupuesto de la Superintendencia de Educación, algunos integrantes de la comisión plantearon que financiar con cargo al Estado el honorario del administrador provisional constituye una suerte de oxígeno para un establecimiento que está pasando por una situación crítica. Financiarlo con la subvención no va en la línea de apoyar al establecimiento para su mejoramiento. Otros integrantes manifestaron una opinión contraria, mayoritaria, en cuanto a que se está premiando a un establecimiento que tiene una mala gestión. Para ellos el administrador debiera financiarse con los recursos que asignados en la subvención para pagar al director del establecimiento.

En definitiva, el número 12) fue rechazado por la mayoría de los integrantes presentes. Respecto del artículo 4, que entrega una asignación adicional a las aulas hospitalarias, escuelas cárceles y los establecimientos educacionales del Sename, se trata de escuelas con muy pocos alumnos, de ahí que para algunos integrantes de la comisión se justifica este apoyo extra. No obstante, el artículo fue rechazado por la mayoría de los integrantes presentes.

En cuanto al artículo 5, que modifica la ley Nº 21.050, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, los diputados lo aprobaron por unanimidad, porque resuelve una situación de injusticia respecto de quienes trabajan en los servicios locales de educación. En la ley de reajuste del sector público se asignó un aguinaldo y no se mencionó a los trabajadores de estos servicios, que estaban en creación, por lo que quedaron excluidos.

Respecto del artículo 6, que se hace cargo del hecho de que el bono por retiro voluntario establecido en la ley Nº 20.822 dejó fuera una serie de derechos, particularmente el que dice relación con que mientras no se pague no se puede desvincular al profesor -ahora se repara el error-, fue aprobado por unanimidad.

Respecto del artículo 7, la comisión lo aprobó por unanimidad porque se trata de una norma que viene a salvar ciertas dificultades enfrentadas en el proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación, específicamente con ciertas dificultades vinculadas a las condiciones de remuneración de los funcionarios de municipios que se traspasan. Lo que se busca es establecer mecanismos que resguarden los derechos de los asistentes de la educación, pero a la vez restrinjan la posibilidad de abusos, particularmente a través de ciertas obligaciones de información.

En lo que respecta a las disposiciones transitorias, fueron aprobadas igualmente, porque el proyecto corrige lo que hoy existe, en cuanto la ley de carrera docente establece que quienes estén a diez años o menos de la edad de jubilar pueden optar por no ingresar al Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Ocurre que hay profesionales que ya tienen la edad de jubilar, por lo que, aplicando el tenor literal de la ley, no pueden acogerse a este régimen, cuestión que el proyecto viene a corregir.

Asimismo, respecto de la norma que corrige la evaluación docente antigua, los que quedaban en las dos categorías superiores tenían la posibilidad de dar una prueba adicional para acceder a la Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI); pero al dictarse la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente se eliminó el AVDI, por lo que quienes estaban en aquellos tramos quedaron sin la posibilidad de rendir la prueba. Esta norma permite que anticipen su incorporación a la carrera docente para que puedan dar la prueba y acceder a los beneficios.

Por las razones señaladas, la Comisión de Hacienda llama a la Sala a sancionar los artículos sometidos a su consideración en la forma expresada.

Concurrieron con su voto favorable los diputados señores Pepe Auth , Carlos Kuschel , Pablo Lorenzini (Presidente), Patricio Melero , Manuel Monsalve , Daniel Núñez , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, Giorgio Jackson .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra y a los subsecretarios presentes en la Sala.

Como miembro de la Comisión de Educación, instancia que estudió este proyecto de ley, debo señalar que, tal como lo expresamos en nuestra jerga, se trata de un proyecto misceláneo, porque intenta corregir y precisar un conjunto de normas en que lo más destacable es que se hace cargo de algunos temas que quedaron pendientes en distintas leyes, por ejemplo, en la que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, razón por la que expreso mi intención de apoyarlo, y llamo a los demás diputados a hacerlo.

En la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente se generó una injusticia, quedó una deuda pendiente, porque dicha norma no se hizo cargo de la carrera de los docentes directivos. La idea era que en un texto legal distinto, dada la importancia de la materia, se abordara la forma de regular la carrera de los docentes directivos; pero como en los hechos esto no llegó a darse, pues no se presentó ningún proyecto de ley en esa dirección, a mi juicio se generó una injusticia monumental y, lo que es peor, quedó demostrada una enorme ineficiencia del Estado de Chile, porque muchos docentes muy calificados, con una expertise acreditada, incluso con posgrados, no podían postular a los cargos directivos, a pesar de reunir todas las competencias y calificaciones necesarias para ello, porque se lo impedía un precepto legal.

El proyecto resuelve este punto al permitir, por ejemplo, que un jefe técnico de una unidad técnica pedagógica, un inspector general o un subdirector puedan postular a los nuevos cargos directivos convocados por el Sistema de Alta Dirección Pública; los ubica en un tramo. Según se ha indicado, ellos no han sido evaluados ni han rendido la prueba de evaluación, por lo cual no pueden ser ubicados en un tramo. Ahora, todos parten ubicados en el tramo “avanzado”, que es el último de los tramos obligatorios del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. En el caso de aquellos que han dado la evaluación, si se ubican en un tramo más importante, como “experto 1” o “experto 2”, lo conservan. Creo que ese es un tremendo avance.

Lo mismo sucede respecto de quienes tienen el carácter de director de un Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

En el proyecto se mantuvo la disposición que establecía que aquellos que habían alcanzado dentro de esta carrera los tramos “experto 1” y “experto 2”, que son voluntarios, se eximieran de volver a rendir la prueba de evaluación.

Sabemos que los profesores se quejan, pues los agobia la evaluación. Nos parece que la medida es justa, porque ellos ya están en el tope de sus carreras y no pueden aspirar a más. Sin embargo, hay un argumento que tiene sentido: que ojalá esto no implique que se queden estancados profesionalmente, lo que dudo, ya que normalmente se trata de profesores muy preocupados de su preparación.

Asimismo, hay modificaciones a la ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. Discutimos respecto de cómo entregar la información, por ejemplo, de los resultados del Simce, a fin de evitar la estigmatización y mirada peyorativa hacia aquellos establecimientos que eventualmente puedan tener malos resultados. Al final, se optó por entregar información agregada, no individualizada respecto de alumnos, lo que considero un avance importante.

También hay una importante precisión respecto de la ayuda que recibirán los establecimientos educacionales que obtengan resultados insuficientes en las mediciones de calidad, en lo referente a cuánto tiempo durará y a cómo se va a expresar.

Por otra parte, me parece una buena medida otorgar mayores atribuciones al administrador provisional, figura que, por desgracia, se ha hecho cada vez más necesaria debido a la existencia de colegios que presentan graves dificultades. En el último tiempo, esto se ha dado en diferentes corporaciones municipales de educación, como es el caso de Cerro Navia y San Fernando . Hemos recibido información angustiante de la gestión administrativa, financiera y pedagógica de sus establecimientos educacionales.

En cuanto a la subvención para las escuelas cárcel, las aulas hospitalarias y los establecimientos que funcionen en recintos del Servicios Nacional de Menores, me parece un avance importante.

En resumen, el proyecto de ley contribuye a resolver un conjunto de temas que estaban pendientes, poco claros y que no hacían justicia. Por eso, invito a los colegas a votarlo a favor, porque, en mi opinión, representa una mejora en los procesos educativos y en la calidad de la educación de nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, a diferencia de lo que opina el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, considero que el proyecto de ley no aclara las cosas, sino más bien viene a corregir errores de distintos cuerpos legales, errores que se dieron en el período legislativo pasado y que hemos tenido que abordar en la comisión porque en su momento las cosas no se hicieron bien. Son varios.

Efectivamente, el proyecto viene a corregir errores y omisiones en distintos cuerpos legales vigentes.

Por esa razón voy a votar a favor gran parte de los artículos, excepto dos que creo que no apuntan en la dirección correcta.

Respecto de lo que vamos a votar a favor, quiero destacar dos hechos puntuales.

Sin duda, este proyecto asegura el ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional Docente de directores y de jefes de corporaciones educacionales que, tal como señalaba el texto legal original, estaban excluidos de acceder a él.

Asimismo, es importante entregar certezas respecto de los beneficios que tienen los distintos servidores públicos. Es necesario asegurar a quienes prestan servicios en los sistemas comunales de educación que van a ser traspasados a los nuevos sistemas locales de educación. Hay mucha incertidumbre entre ese personal respecto de su futuro laboral y de los beneficios de que son objeto. Dar certezas en ese sentido trae tranquilidad a un número importante de funcionarios de los sistemas comunales de educación.

Por otra parte, en relación con el inciso final del artículo 2, llamo a votarlo en contra, porque creo que, independientemente del tramo en que los profesores se encuentren clasificados, siempre va a ser beneficioso que se sometan a un sistema de evaluación, porque eso trae mejoras sustantivas respecto de los resultados que se puedan obtener con los alumnos en los distintos niveles educacionales del país.

Asimismo, invito a votar en contra el número 2) del artículo 3, porque mientras más información tengan los padres y apoderados, tomarán una mejor decisión respecto de dónde educar a sus hijos, lo que es relevante. Tal como está propuesto en el proyecto, no se apunta a que los padres tengan el máximo de información posible para que tomen la mejor decisión en relación con la educación de sus hijos.

Reitero mi invitación a los colegas presentes a votar en contra el inciso y el número señalados, porque, por un lado, es recomendable que todos los profesores, independientemente del tramo en el que estén clasificados, sean evaluados, y, por otro, mientras más información manejen los padres y apoderados, tomarán una mejor decisión en relación con la educación de sus hijos.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA (don Juan).-

Señor Presidente, el proyecto que nos corresponde votar fue ingresado a tramitación por la Presidenta Bachelet a fines de su período y se enmarca dentro del conjunto de reformas legislativas más significativas y trascendentes de la historia reciente de nuestro país.

Expreso lo anterior no solo por el número de iniciativas tramitadas por la Comisión de Educación -35 proyectos de ley, de los cuales 30 fueron patrocinados por el gobierno de la Presidenta Bachelet -, sino también por el contenido de ellas, ya que junto con la aprobación de las leyes más conocidas, como aquellas que dan inicio a la gratuidad en la educación superior y la eliminación de la selección, el lucro y el copago, también se aprobaron otras igualmente importantes, como la que elimina el aporte fiscal indirecto, la que crea el sistema de educación pública, la nueva ley sobre universidades del Estado; diversas bonificaciones para el retiro de personal directivo, académico y profesional; la creación de universidades estatales en las regiones de O´Higgins y de Aysén, y la creación de centros de formación técnica en todo el país, entre otras.

En este contexto, la administración del Presidente Piñera decidió dar continuidad a este proyecto de ley que pretende dar respuesta a diversas necesidades que han surgido durante la implementación de la reforma educacional del sistema escolar.

En su contenido realiza diversos perfeccionamientos al sistema de desarrollo docente, al estatuto de profesionales de la educación, al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, a la subvención del Estado a establecimientos escolares; entrega reajuste a trabajadores del sector público y bonificaciones por retiro voluntario.

La advertencia que realizamos algunos miembros de la oposición cuando ingresó el proyecto, por lo que recibimos diversas críticas, finalmente surtió efectos positivos, pues debo recordar que diversas indicaciones presentadas por el gobierno del Presidente Piñera eliminaban parte significativa de este proyecto, cuyo sustento técnico parecía emanar del Ministerio de Hacienda más que del Ministerio de Educación.

Les recuerdo que este proyecto fue ingresado con un presupuesto de tres mil quinientos treinta y cuatro millones de pesos, y mediante indicaciones el Presidente Piñera lo redujo a ciento veintinueve millones de pesos, es decir, el equivalente a 3,6 por ciento del presupuesto inicial.

Esta iniciativa contempla normas de dos administraciones distintas y aportes de los diputados y diputadas que participamos en su tramitación, quienes intentamos llegar a un acuerdo en la mayoría de su contenido, por lo que bien vendría desmitificar el argumento de que la oposición es obstruccionista.

Creo que los parlamentarios hemos perfeccionado el contenido del proyecto, porque, por ejemplo, logramos que los docentes del tramo temprano que se desempeñan o hayan desempeñado funciones de jefe DAEM, directores o directivos de exclusiva confianza, tengan la posibilidad de postular a dichos cargos. Además, incorporamos la obligación de que el administrador provisional informe periódicamente a los miembros de la comunidad escolar sobre la situación general del establecimiento, entre otros aspectos.

Durante la tramitación de la iniciativa tuvimos que rechazar algunas modificaciones. Destaco especialmente la unión que existió entre parlamentarios de gobierno y de oposición para rechazar la indicación del Presidente Piñera que eliminaba la subvención especial que se les otorgaba a las escuelas emplazadas en recintos hospitalarios, aulas hospitalarias, escuelas cárcel y establecimientos dependientes del Sename, pues resultaba inaceptable que un gobierno que afirma en los medios de comunicación que los niños están primero, eliminara mediante indicación subvenciones especiales que se les otorgan a aquellos que más recursos requieren.

Finalmente, la importancia del proyecto radica en que permitirá rendir anticipadamente la evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, y así también exceptuar de la evaluación de desempeño docente a los profesores que se encuentren reconocidos en los tramos experto 1 o 2.

Permitirá, también, establecer una metodología especial de evaluación de procesos y resultados a los establecimientos que tengan un número insuficiente de alumnos que rindan las mediciones; regula de mejor modo el cierre de establecimientos y el rol del administrador provisional, y asegura el pago de diversos beneficios a los trabajadores de establecimientos educacionales que se traspasan durante 2018 a los servicios locales de educación pública, entre otros aspectos.

Anuncio mi voto a favor del proyecto de ley.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, durante la tramitación de este proyecto fue muy interesante analizar, primero, la necesidad de reparar leyes que algunos pensaban que eran perfectas; sin embargo, este es el tercer proyecto misceláneo que hemos debido tramitar. Eso debería servir como manto de humildad para los señores parlamentarios y no creer con soberbia que todo lo que se hace acá es perfecto y lo que hacen los gobiernos no es perfectible.

Ese fue el discurso permanente que escuchamos durante los últimos cuatro años, y es tiempo de que cambiemos esa lógica.

En educación no funciona suponer que desde el Estado se sabe mejor que desde la familia o desde las escuelas. Así dan cuenta varias de las leyes que han tenido que repararse. Cuando se mira con desprecio lo que hacen los colegios, lo que hacen las familias, lo que pasa dentro del aula, y con mala fe, de manera permanente, se hacen malas leyes, alejadas de la evidencia, es momento de cambiar de senda.

Este gobierno tiene otra senda, cual es poner énfasis en los olvidados del gobierno pasado. Me refiero a la primera infancia, a la calidad de la educación y a la educación técnicoprofesional. Es posible que a algunos no les guste, pero ese es y seguirá siendo el foco de este gobierno.

Por lo mismo, vamos a tener algunas diferencias en este proyecto de ley miscelánea, pero, en un ánimo más unitario, quiero partir con aquellas cosas en que estuvimos de acuerdo, incluso con algunas en que fui convencido por los argumentos de personas de la oposición, en las que existen distintas almas, algunas constructivas y otras no.

En ese marco, lo dicho por el diputado Juan Santana , respecto de que directores o jefes de educación, así como otras personas calificadas dentro del tramo temprano, también pueden ser parte de los concursos es algo que tiene todo el sentido del mundo. Queremos que puedan concursar y postular a esos cargos personas con amplia experiencia en educación, porque necesitamos un buen equipo al interior de las escuelas, dado que toda la evidencia nos muestra que es allí donde se marcan las diferencias. Es decir, un buen equipo directivo, un buen apoyo técnico pedagógico, una buena relación entre los docentes, entre los profesores y los docentes, entre los estudiantes, etcétera, hace que exista un clima adecuado dentro de las salas de clases y al interior de las escuelas, lo cual tiene como consecuencia una buena calidad de la educación.

Ahora, a diferencia de un diputado amigo que habló hace un momento, votaré a favor del artículo 2, que exime de la evaluación de desempeño docente a quienes estén reconocidos en los tramos experto I y experto II.

En la comisión discutimos bastante sobre la necesidad de hacer las evaluaciones de desempeño docente. Es muy relevante hacer y sostener esas evaluaciones. No obstante, en el Congreso existen quienes creen que no se deben hacer; ese es un castigo para los estudiantes. Una evaluación que se enfoca en lo que los docentes conocen y saben hacer no puede ser considerada un castigo, pero eximirlos cuando han llegado al tramo más alto, que es voluntario, parece algo razonable y, por tanto, voy a votar a favor, sin lugar a dudas.

Otros artículos también tienen todo el sentido del mundo, como, por ejemplo,…

-Diputados de oposición se ponen de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje al ex-Presidente de la República Salvador Allende , fallecido hace 45 años.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Diputado Bellolio , tiene usted la palabra.

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, me puede suspender el tiempo durante un minuto para que los señores parlamentarios puedan hacer el gesto que están realizando.

Después puedo continuar con el uso de la palabra.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por un minuto.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MULET (Vicepresidente).-

Continúa la sesión. Diputado Bellolio , puede continuar con el uso de la palabra.

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, somos muchos quienes creemos que la dignidad humana nunca puede ser transgredida, bajo ningún contexto ni parámetro. La defensa de los derechos humanos es algo que debe permanecer siempre y es parte del estándar que todos debemos exigirnos, no solo en política, sino también en nuestra vida ética.

(Aplausos)

Como decía, existen otras normas que reconocen que los establecimientos educacionales con un número insuficiente de alumnos, que en general son los más pequeños y más rurales, obviamente necesitan ser ordenados de otra forma, según la Agencia de la Calidad, porque sus resultados no son generalizables, dado que tienen un número de alumnos muy pequeño.

También discutimos largamente otros temas. La diputada Cristina Girardi expuso varios problemas que ha tenido la lógica del administrador provisional, que originalmente estaba establecido solo para el mundo municipal y que luego se amplió al mundo subvencionado.

En este punto hay dos cosas que son claves. Primero, se les dan las mismas atribuciones. Que no se entienda que solo son atribuciones para el mundo municipal, sino para todos quienes reciben financiamiento del Estado.

Segundo, cuando existe riesgo en la continuidad de un sostenedor que tiene muchas escuelas, que es el caso de quienes están bajo la dependencia de corporaciones o municipios, el administrador provisional puede hacerse cargo de todas ellas, como ha ocurrido en algunas situaciones.

Para terminar, hay tres puntos que quiero sostener. El primero es sobre el artículo 4, que establece una subvención mínima para las escuelas cárcel, aulas hospitalarias y escuelas dependientes del Sename. En la Comisión de Educación decidimos reabrir la discusión y aprobar de manera unánime el texto original, lo cual también vamos a sostener aquí, porque es parte de lo que el gobierno nos ha manifestado que quiere que suceda. Allí existen estudiantes muy vulnerables y queremos entregarles esa subvención mínima.

De las dos cosas restantes, hay una que me importa más.

En el artículo 3, número 2), se prohíbe la difusión de los resultados de mediciones a nivel de escuelas. El argumento es que algunos establecimientos usan esos resultados para hacer publicidad y rankings con los resultados del Simce, por lo que se debería prohibir cualquier tipo de conocimiento de los resultados a nivel de escuelas.

Ahora, el hecho de que estemos de acuerdo con que es equivocado hacer rankings y publicidad en torno al Simce no significa que no es una información relevante para los estudiantes y para sus familias. En esa lógica, algunos podrían pensar que es un error usar termómetros para determinar cuán enferma está una persona, pero en eso están profundamente equivocados. Lo que se debe prohibir es la lógica de hacer publicidad o rankings, pero no las mediciones que nos entregan datos muy relevantes.

¿Por qué queremos esconder información a las familias y a las escuelas? ¿Cuál es la lógica de esa medida? ¿No deberíamos saber que un estudiante de cuarto o sexto básico todavía no sabe leer bien? ¿Eso queremos esconder? Porque esa es parte de la información que nos entrega el Simce.

Ahora, ¿para qué se entrega esa información? No para estigmatizar, sino para elaborar las políticas necesarias para enfrentar la realidad de la educación y nadie se quede atrás. Esa es la lógica de una prueba estandarizada. Quienes han estado conmigo durante los últimos cinco años en la Comisión de Educación saben que no soy el mayor defensor de las pruebas estandarizadas, porque esconden una serie de talentos que a veces son mucho más relevantes que un punto más o un punto menos en el Simce, y para qué decir en la PSU.

La educación saca el máximo potencial de cada uno de nosotros, en nuestros aspectos físicos e intelectuales, pero también en otros aspectos de una persona, y por eso son tan importantes en la enseñanza la música, el deporte, el folclore y el arte, porque nos enseñan virtudes que no pueden captar el Simce ni la PSU, pero no por eso se debe eliminar la prueba que permite dirigir políticas generales. No tiene justificación “esconder la pelota” a los padres y a los colegios.

Entonces, regulemos y prohibamos que no se haga publicidad ni rankings con las pruebas Simce . ¡Lo apruebo! Pero no “escondamos la pelota” a los papás, porque eso es simplemente inaceptable. Ellos necesitan y deben conocer los resultados de lo que está ocurriendo en el colegio que escogieron, en el colegio que, además, está bajo el sistema que se aprobó durante el gobierno pasado, por lo que van a tener más opciones. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que sepan cómo le está yendo a ese colegio? Las razones por las cuales los padres escogen un colegio no es solo el resultado del Simce. Buscan que se hagan las clases, que exista buen ambiente, disciplina y orden, pero también toman en consideración el Simce y, por tanto, me parece que es inadecuado “esconderles la pelota”.

Por último, existe otro aspecto que tiene que ver con la ordenación de las escuelas. En el caso de que una escuela tenga deficiencias, se ha propuesto un plazo de ocho años para implementar medidas más potentes. No quiero que ninguna escuela cierre. Pero, ¿vamos a tener durante ocho años a los estudiantes con una mala calidad de la educación? El problema no es de los niños; el problema es de quienes les están entregando educación.

Por lo tanto, es obvio y evidente que si ponemos por delante a los niños, debemos exigir mayor calidad.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, efectivamente, en la comisión discutimos varios temas que son de relevancia para la educación en Chile. Si bien la iniciativa modifica normativas que ya habíamos aprobado, era necesario volver a discutir temas que no hemos agotado, como el que planteó el diputado Bellolio respecto del Simce, esto es, de cómo se evalúa actualmente la educación en Chile.

Claramente, el Simce no es la única forma de evaluar. No porque el resultado del Simce no se informe no se pueden informar otras situaciones respecto de los avances de los alumnos, de la forma en que se está trabajando en las escuelas y de cómo los alumnos se desenvuelven en ese proceso de desarrollo. El Simce es objeto de muchas críticas, no por el instrumento en sí, sino por la utilización que se le ha dado, que ha hecho que sea un mecanismo absolutamente perverso. Hoy existen muchas escuelas que trabajan para el Simce; su norte no es la educación ni la formación, sino cómo obtener buenos resultados en el Simce. Eso, según todos los expertos, es jibarizar, acotar, reducir la educación y hacer de ella un proceso más de entrenamiento que de formación, lo que es sumamente peligroso para el desarrollo intelectual y para la creatividad de los alumnos. Lo mismo ocurre con las pruebas estandarizadas, que cruzan todo el sistema. No solo el Simce, sino prácticamente todas las pruebas en el sistema escolar son estandarizadas.

¿Qué dicen los expertos respecto de eso? Dicen que los niños aprenden que hay una sola verdad y una sola forma de ver el mundo. Eso es peligroso, precisamente hoy cuando se pretende que se amplíe la capacidad de aprendizaje y la capacidad de pensar, y que cambie la forma del pensamiento. Actualmente, casi todos los expertos en educación a nivel mundial plantean que es necesario cambiar la forma de pensamiento. Si queremos cambiar la sociedad, si queremos cambiar el nivel de violencia que tenemos hoy en nuestro sistema, es necesario cambiar la forma de pensar y de ver el mundo. Y claramente, el Simce no colabora con ese objetivo. Por lo tanto, hacer del Simce la única herramienta y la meta final de la educación es sumamente riesgoso para lograr que tengamos una buena educación en Chile.

Es importante seguir profundizando en esta materia. Durante la discusión del proyecto en la comisión, conversamos con el subsecretario Raúl Figueroa sobre la necesidad de que el Ejecutivo también presente iniciativas para modificar la forma en que se evalúan los aprendizajes de los niños. Es sumamente necesario cambiar el switch con el cual se está trabajando.

Por otro lado, es importante señalar lo siguiente. Siempre he dicho que cuando una escuela debe cerrarse, el que fracasa no es la escuela, sino el Ministerio de Educación. Si debo cerrar una escuela es porque el ministerio no estuvo a la altura para lograr lo mejor en ese establecimiento.

Durante muchos años, el Estado de Chile, al traspasar los servicios educativos a los municipios, tuvo la alternativa de echarles la culpa a los alcaldes. Es cierto que hay alcaldes buenos y alcaldes malos. Pero todos los gobiernos -no hablo de este en particular-, durante muchos años, a través del Ministerio de Educación, tomaron palco y dijeron: “Nosotros no tenemos nada que ver; son los municipios los responsables de la mala educación”.

Por ello, lo que hace la ley NEP es devolver al Ministerio de Educación una responsabilidad que había depositado en otros. Esa responsabilidad implica asumir el hecho de que las escuelas han sido abandonadas. Si un alcalde hace mal la pega y los niños quedan en abandono, significa que el ministerio no ha hecho lo necesario para asegurar a esos niños la posibilidad de que reciban una buena educación.

El caso del municipio de Cerro Navia fue emblemático. Estuve ocho años en el Parlamento denunciando lo que pasaba en él. Pasó de una deuda inicial de 600 millones de pesos a una de 21.000 millones de pesos en ocho años, y los que pagaron el costo de eso fueron los niños, porque el deterioro de la educación en esa comuna fue brutal. Ello ocurrió durante dos gobiernos. Durante el primer gobierno del Presidente Piñera y durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet nunca se hizo nada, porque se consideraba que el problema era del alcalde y no del ministerio. En la comisión pedimos muchas veces que se nombrara un administrador provisional en una comuna como esa, lo que nunca se hizo.

Por lo tanto, si una escuela de Cerro Navia está en el absoluto abandono durante ocho años, en que no cuenta ni con cloro para limpiar los baños y no dispone de ningún insumo, se produce un deterioro en ella que no se recupera en un día, y eso es responsabilidad del Estado. El Estado no puede decir: “Eso es responsabilidad de la escuela, así que la cierro”. Es responsabilidad del ministerio por no haber actuado cuando podía hacerlo.

Asumir la responsabilidad es importante. Es como cuando uno se equivoca como papá o como mamá: uno no le puede echar la culpa al niño cuando este ha sufrido de abandono; es uno el que debe asumir la responsabilidad. Espero que eso haga el ministerio y que no se cierren las escuelas. Esa ha sido una petición importante. La forma en que el ministerio podrá demostrar que va a asumir la responsabilidad es que no cierre las escuelas y hacer todo lo que está en sus manos para lograr que los niños surjan en esas escuelas.

Cerrar una comunidad educativa es muy complejo; es dejar sin oportunidad, es desmembrar una comunidad, es tirar a los niños como si fueran zapatos de aquí para allá. Es una experiencia traumática para muchos niños en Chile cuando se cierra un establecimiento escolar. Por lo tanto, es relevante no llegar a ese punto y que el ministerio asuma la responsabilidad de no cerrar las escuelas.

Por último, quiero llamar la atención sobre un tema que discutimos en la comisión, que dice relación con el plazo para la obtención del reconocimiento oficial de los jardines infantiles. Hace mucho tiempo fue aprobada la ley que establece dicho plazo, el cual vence en 2019. No es una ley reciente, sino una aprobada hace mucho tiempo, que dispuso que los jardines infantiles debían cumplir ciertos requisitos para obtener el reconocimiento oficial. Esta materia la discutimos en la comisión, porque, extrañamente, en la conversación que sostuvimos con la subsecretaria María José Castro surgió el tema de que se requerían recursos, pues se había producido muy poco avance para que los jardines infantiles cumplieran con los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre? Prácticamente no se avanzó nada en el primer gobierno de Sebastián Piñera y tampoco en el gobierno de Michelle Bachelet, y efectivamente se requiere un plazo.

También concluimos que se iban a requerir recursos, pero el informe financiero sobre esta materia en el proyecto dice “cero pesos”. Le pregunté a la subsecretaria María José Castro si iban a plantear el asunto en el trámite siguiente del proyecto en la Comisión de Hacienda. El diputado Manuel Monsalve me dijo que no lo habían tratado en esa comisión. Por lo tanto, el informe financiero sigue diciendo “cero pesos”.

Me preocupa que no hayamos avanzado nada y que no se dispongan los recursos necesarios, pues se requiere que cumplan con tener la infraestructura básica para su funcionamiento aquellos establecimientos en los que, según todos los que estamos aquí, se imparte el nivel más importante de la educación.

Por ello, hago un llamado a abordar esta situación, porque me preocupa.

Paralelamente, recibimos el anuncio, mediante la prensa, de que se iba a crear una subvención para los jardines infantiles, de carácter adicional, y se está proponiendo la ampliación del plazo para que no cumplan con los requisitos exigidos para ser reconocidos por el Estado de Chile, lo que es todavía más preocupante.

En consecuencia, quiero reiterar que me parece sumamente peligroso que se proponga ampliar el plazo para entregar más recursos a jardines infantiles que no cumplen con los requisitos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión tiene por objeto mejorar el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, mediante la modificación de diversos cuerpos legales y el establecimiento de los beneficios que indica, iniciativa que ha sido llamada coloquialmente “ley miscelánea”, puesto que modifica diversas normativas que fueron parte de las reformas legales en educación llevadas a cabo por el gobierno anterior.

Por lo tanto, la discusión de esta ley en proyecto debía ser acotada a aspectos técnicos que quedaron pendientes en el debate pasado o a subsanar errores legislativos consagrados en leyes promulgadas.

No obstante, no solo se trató de arreglos y modificaciones. Lejos de eso, este proyecto de ley reabrió importantes discusiones sobre el tipo de educación que queremos para el país.

Paso a continuación a señalar algunas de las discusiones que tuvimos en la comisión, las que reflejan lo vigente que aún se encuentra el debate sobre una profunda reforma educacional para Chile.

Primero, el agobio laboral de los docentes.

Durante la tramitación de este proyecto, el actual gobierno, incumpliendo el acuerdo con el Colegio de Profesores, propuso establecer la evaluación obligatoria para los docentes que se encuentran en el tramo “experto I”.

¿Cómo es posible que docentes que tras décadas de ejercicio han llegado a los tramos calificados de experto aún sean sobrecargados con evaluaciones, elaboradas por técnicos que probablemente tienen menor experiencia que los docentes que son evaluados?

Esa sobrecarga a los docentes no se exige a ninguna otra profesión, y genera un malestar que hasta el momento no ha sido capaz de probar un vínculo directo con el mejoramiento de la calidad.

Afortunadamente, esta indicación del Ejecutivo fue rechazada, y los docentes que lleguen al tramo “experto I” se verán relevados de la obligación de evaluarse.

Segundo, el uso de los resultados del Simce.

Igualmente, el Ejecutivo propuso mantener la entrega de los resultados Simce por establecimiento educacional, lo cual se ha prestado para medidas de estigmatización de los colegios, como fue lo ocurrido hace algunos años con el denominado “semáforo”, cuyo único logro fue dificultar más aún el mejoramiento de los establecimientos con malos resultados.

Al contrario, el proyecto en discusión establece que los resultados del Simce solo podrán difundirse en cifras agregadas, no particulares por cada colegio, con el propósito de evitar la estigmatización de los establecimientos que obtienen bajos resultados, así como la estigmatización de los niños y las niñas que estudien en esos colegios.

Esperamos que en el futuro se tomen más medidas tendientes a eliminar la sobremedición y tecnificación de la enseñanza, porque trae incentivos perversos en nombre de la calidad, no obstante nunca haber sido evaluado para verificar si efectivamente se cumple dicho objetivo.

Nuestra creencia es que, por el contrario, así como el actual sistema agobia a los docentes, también estresa a los niños y a las niñas que son obligados desde pequeños y pequeñas a aprender a rendir estas pruebas.

Tercero, el cierre de colegios y liceos.

En esta materia, durante la discusión existieron tres posturas. El anterior Ejecutivo, es decir, el gobierno anterior, propuso un proceso de cierre que se extiende a ocho años, y al cuarto comienza un proceso de intervención con la finalidad de mejorar su rendimiento y evitar el cierre.

En cambio, el gobierno actual propuso que a los cuatro años de mala calificación consecutiva, el establecimiento se cierre inmediatamente.

Por nuestra parte, presentamos una indicación para que la ley establezca una indicación entre los colegios que dependerán de un servicio local de educación pública, de acuerdo con la ley aprobada recientemente, y aquellos que son de carácter particular.

La diferencia es necesaria, porque es evidente que el Estado no puede cerrar un establecimiento bajo su tuición, ya que a diferencia de un privado tiene la obligación constitucional de proveer educación.

Así, en nuestra concepción, los establecimientos públicos deben ser intervenidos, mas no cerrados, a diferencia de aquellos que son propiedad de un sostenedor.

En definitiva, se aprobó la propuesta del Ejecutivo anterior y se rechazó la presentada por nosotros y la del actual Ejecutivo.

Es claro que el debate en torno a este proyecto hace evidente que aún existe la necesidad de una discusión profunda en torno al tipo de sociedad que queremos construir a través de la educación. Por lo tanto, no cabe más que afirmar que la necesidad de continuar con una reforma educacional es un debate que el gobierno anterior no cerró del todo, el cual hoy está abierto en aspectos que son sensibles, como el significado de la calidad, el reconocimiento a la labor docente, la manera de implementar la gratuidad y la forma de financiar a los estudiantes que quedaron fuera de la reforma anterior.

Algunas de estas discusiones se dieron a propósito de este proyecto, y otras se llevarán a cabo en proyectos como los relativos a la gratuidad IP y CFT, el fin del CAE, la creación de un nuevo crédito y la subvención universal en materia de educación parvularia, entre otros.

Estamos expectantes a que estos debates se den, y desde ya el llamado es a abrirse al diálogo entre nosotros y la sociedad, con los actores institucionales y sociales que forman parte de la comunidad educativa.

Esperamos que la tramitación de los proyectos que vienen no sea sobre la base del enfrentamiento de trincheras que se niegan a ceder, sino, por el contrario, con el anhelo de alcanzar un real entendimiento, porque sabemos que reformas como la educacional requieren de consensos reales para implementarse y no quedarse meramente en la ley.

Por estas razones, votaré a favor el presente proyecto, porque a pesar de haber perdido más de una votación durante su tramitación, creo que avanza en general en la dirección correcta, teniendo en cuenta el consenso que la comisión pudo generar sobre estas materias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso .

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señor Presidente, me parece de suma importancia esta iniciativa, porque tiene como propósito apoyar la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, mejorar el ingreso de los docentes directivos al sistema y, asimismo, proponer un mecanismo que permitirá apoyar de mejor manera a los establecimientos educacionales con desempeño insuficiente.

Hablar de educación es hacerlo respecto del segundo pilar fundamental para las nuevas generaciones, luego de la familia. En ese sentido, el equipo directivo es fundamental para la calidad de la educación. Sin embargo, me preocupa que debido a una indicación presentada al artículo 2 se pierda el sentido de evaluación, pues eso tendría, además, un efecto central en el establecimiento de las remuneraciones y sería contraproducente en el aula.

Es más, el establecimiento y el adelantamiento de la evaluación se justifica para que la carrera no sea tan plana en su inicio, en atención a que los estudios demuestran que en los primeros diez años los mejores profesores migran de la educación municipal a la subvencionada y privada. Por lo tanto, el objetivo de adelantar la evaluación dice relación con retener a los mejores en la educación pública.

Por las razones señaladas, con mucha energía anuncio mi apoyo a esta iniciativa.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señor Presidente, quiero centrarme en dos aspectos importantes que se abordan en este proyecto de ley y que considero están entre los más conflictivos. Pero antes de ello debo señalar que una de las cosas trascedentes de esta iniciativa es que permite que los padres puedan elegir con libertad, y esa libertad depende de la información con que cuenten al momento de hacer la elección.

Además, considero importante expresar que el centro de todos estos cambios en la educación, y de la educación en general, deben ser siempre nuestros niños.

El primer aspecto conflictivo del proyecto dice relación con el Simce. Al respecto, estoy de acuerdo con quienes señalan que el Simce no es la única herramienta para medir calidad; de hecho, solo mide una parte de ciertas competencias en los niños. Por ello, obviamente, muchos creemos que hay que evaluar su uso y determinar las competencias de ese instrumento. Si bien estoy de acuerdo con todo eso, sé que no cabe duda en cuanto a que nos sirve para que los padres tengan más información al momento de elegir los establecimientos para sus hijos.

Creo y comparto que los resultados en el Simce no debieran ser un elemento central para sancionar la calidad de un colegio ni para generar mayores ingresos económicos de un establecimiento. Incluso estoy de acuerdo en que cuando los establecimientos educacionales se “simcefican”, quienes pierden son, finalmente, los niños, porque su educación se termina centrando en la preparación para el Simce, que es la única herramienta que utilizamos para determinar la calidad de la educación que entrega un establecimiento determinado.

Como expresé, considero que los padres deben tener la libertad para elegir el establecimiento en el cual educarán a sus hijos, y para eso necesitan tener a su disposición la mayor cantidad de información posible. No podemos negarles a los padres que conozcan los resultados del Simce, porque atenta contra su derecho a estar debidamente informados.

En consecuencia, creo que los resultados de la aplicación de esta herramienta de medición de la calidad deben mantenerse disponibles en forma transparente, para que cada padre pueda conocer la calidad de la formación que imparte cada establecimiento educacional y utilizar esa información como un elemento más al momento de tomar su decisión.

El segundo tema conflictivo al cual me referiré es el del cierre de escuelas.

Obviamente, nadie está de acuerdo con cerrar escuelas; pero me pregunto cuál es nuestra responsabilidad respecto de aquellos establecimientos educacionales en los cuales los niños no aprenden durante cuatro años o más. ¿Qué queremos? ¿Que durante ocho años no aprendan y nos demos cuenta en octavo año básico de que no aprenden para recién entonces intentar hacer algo?

En verdad, espero que todos quienes están en contra de esta parte del proyecto me entiendan y comprendan la relevancia de lo que planteo, porque los niños no tienen una segunda oportunidad; si no aprenden en el momento oportuno, enfrentarán el resto de su formación con un retraso de aprendizaje de dos, tres o cuatro años, con lo cual se hipoteca su futuro.

¿Eso es lo que queremos?

No podemos esperar; los niños no pueden esperar. Si bien es cierto soy profesor y siento mucho que se cierren escuelas y que colegas queden sin trabajo o sean destinados a otros establecimientos, el centro de la educación deben o debieran ser siempre los niños. No los podemos condenar a que luego de ocho años nos demos cuenta de que la cosa no funciona y que las mejoras que hicimos no se concretaron en plenitud. No podemos condenar a esos niños a un futuro incierto, a que la cancha para ellos sea distinta que aquella en la que jugarán los que reciben una educación de mejor calidad.

Si un colegio no ha funcionado al cuarto año y entrega mala calidad de educación, con el dolor de mi alma debe cerrarse, porque –reitero el futuro de los niños no puede esperar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo por un punto de Reglamento.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, es más bien una solicitud.

En el punto 6 de la tabla figura el proyecto de ley que adelanta el pago del aporte familiar permanente, conocido como “bono Marzo”, iniciativa que cuenta con el respaldo del Ejecutivo y de la unanimidad de las bancadas. De hecho, los autores de la moción que le dio origen pertenecemos a bancadas distintas.

Por consiguiente, y como es una cuestión muy básica, ya que cambia la palabra “marzo” por “febrero”, le solicito que pida el acuerdo de la Sala para que lo votemos hoy sin debate, solo con el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor MULET (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Naranjo ?

Acordado.

En consecuencia, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.743, respecto del mes en que se concede el aporte familiar permanente.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Gastón von Mühlenbrock .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 54ª de la presente legislatura, en 7 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 63ª de la presente legislatura, en 23 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor MULET (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado informante, rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado José Miguel Ortiz .

Tiene la palabra, su señoría.

El señor ORTIZ (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique , que modifica la ley Nº 20.743, que concede aporte familiar permanente en marzo, respecto del mes de concesión del referido aporte, conocido como “bono marzo”.

La Comisión contó con la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg , y de la subsecretaria de Previsión Social, señora María José Zaldívar , como asimismo, del subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno .

La idea matriz o fundamental del proyecto es hacer más oportuna la ayuda otorgada a las familias chilenas que reciben el denominado “bono marzo”, cuya suma, al mes de marzo pasado, alcanzó a 45.212 pesos, anticipando su concesión al mes de febrero, de forma tal que puedan afrontar de mejor manera los gastos asociados al ingreso de sus hijos a los colegios.

En el mensaje se indica que el proyecto se funda en una iniciativa de parlamentarios de distintas bancadas, en este caso, los diputados Jaime Naranjo , Osvaldo Urrutia , Andrés Longton , Carmen Hertz , Andrea Parra , Renato Garín , Manuel Monsalve , Juan Santana , Gastón Saavedra y Marisela Santibáñez , los que solicitaron al gobierno, por medio del proyecto de resolución No 12, de fecha 20 de marzo de 2018, que se evalúe anticipar el pago del bono en comento, como una forma de ayudar a enfrentar los gastos de inicio del año escolar, que, en la práctica, se realizan durante el mes de febrero.

El gobierno consideró inmediatamente la propuesta, que se materializa a través del proyecto en estudio, que adelanta al mes de febrero la entrega a todas aquellas personas que tienen cargas reconocidas de asignación familiar o maternal, o son beneficiarias del subsidio único familiar o forman parte del sistema Chile Solidario, las que en marzo de 2018, solo respecto de asignación familiar, maternal y subsidio familiar, sumaron 3 millones de beneficios, cuyos causantes menores de 24 años ascienden a 2 millones y medio de personas.

Respecto a la incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, el proyecto de ley mantendrá todas sus características actuales, en cuanto a cobertura, monto, entidades responsables del pago y fiscalización, imputación del pago, entre otros, procediéndose solo a efectuar las adecuaciones legales requeridas para anticipar el pago del Aporte Familiar Permanente para el mes de febrero, de manera que solo afecta el mes en que se otorgan los recursos, y no el monto de este, y, en consecuencia, no implica un mayor gasto fiscal, como lo señala el respectivo informe financiero que acompaña a la iniciativa.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto en la forma explicada, como lo hiciera por la unanimidad de los diez diputados presentes, señores Pepe Auth , Carlos Ignacio Kuschel , Pablo Lorenzini (Presidente), Patricio Melero , Jaime Naranjo , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, José Miguel Ortiz .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas.

Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Javier Hernández .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 60ª de la presente legislatura, en 21 de agosto de 2018 Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor HERNÁNDEZ (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semilla, con urgencia calificada de simple.

Constancias reglamentarias

De acuerdo a lo prescrito en los artículos 130 y 303 del Reglamento de la Corporación, el informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta honorable Cámara en su sesión Nº 13, de 17 de abril de 2018, con las indicaciones formuladas a dicho texto, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:

1.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni modificaciones: los artículos 3º, 5º y 1º transitorio (el artículo 2º transitorio no fue objeto de modificaciones en este segundo trámite reglamentario).

2.- Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado suprimidos, nuevos o introducidos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda: no hay.

3.- Indicaciones rechazadas: hubo ocho indicaciones rechazadas, que se individualizan en el respectivo informe.

4.- Artículos modificados:

Artículo 1°. Este artículo, que faculta a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para proponer y tramitar, por motivos ambientales, sanitarios o de ordenamiento territorial, la relocalización conjunta de concesiones de acuicultura que no tengan salmónidos en su proyecto técnico, dentro una determinada área y cumpliendo con ciertos requisitos que indica, fue objeto del siguiente tratamiento:

1) Los diputados señores Alejandro Santana , Bernardo Berger , Francisco Eguiguren , Harry Jürgensen y Leonidas Romero presentaron en la Sala una indicación para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “terreno”, la frase “ni trámite de evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental”, y agregar, a continuación de la palabra “hidrobiológicos”, la frase “o una afectación ambiental al mismo”.

Este inciso, con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Leonidas Romero , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y este diputado informante. En contra lo hicieron la diputada señorita Camila Rojas y los diputados señores Boris Barrera , Jorge Brito y Luis Rocafull .

Bajo la figura de la relocalización de que trata el proyecto de ley se abordan dos supuestos: a) los casos en que derechamente los centros de cultivo se cambian de lugar, y b) otros casos en que solo se trata de ajustes menores, dado que por lo problemas históricos de cartografía, algunos centros aparecen con cierto desplazamiento del lugar en que deberían estar y, por lo tanto, lo único que se pretende es que se dé cuenta de dónde históricamente siempre han estado operando.

Por este motivo, solo en los casos en que la relocalización consista en un ajuste de coordenadas, se exime de la evaluación de impacto ambiental, debido a que no se justifica tal trámite si los centros actualmente operan en esos lugares, realizan la información ambiental que corresponde periódicamente y se da cuenta del estado ambiental del sitio.

2) Los diputados señores Alejandro Santana , Bernardo Berger , Francisco Eguiguren , Harry Jürgensen y Leonidas Romero presentaron en la Sala una indicación para incorporar un inciso final del siguiente tenor:

“La Subsecretaría de Pesca podrá realizar relocalización de áreas de manejo de recursos bentónicos en los casos que tenga por objeto realizar un ajuste de coordenadas geográficas.”.

Este inciso final fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Leonidas Romero , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y este diputado informante. En contra lo hicieron la diputada señorita Camila Rojas y los diputados señores Boris Barrera y Luis Rocafull . Se abstuvo el diputado señor Jorge Brito .

Se agrega la posibilidad de que sea la subsecretaría la que haga la relocalización que consista en ajustes cartográficos respecto de las áreas de manejo. El problema descrito antes con los centros de cultivo también se ha presentado con estas áreas que son entregadas a las organizaciones de pescadores artesanales.

Artículo 2º.

3) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Pablo Prieto , Leonidas Romero , Alejandro Santana , Francisco Undurraga y este diputado informante, Javier Hernández , presentada en la Comisión, para reemplazar en el inciso primero la oración “La relocalización que tenga por origen una propuesta de la Subsecretaría gozará de preferencia frente a toda solicitud de concesión de acuicultura individual”, por la siguiente: “Las relocalizaciones y permisos especiales que se originen en virtud de la presente ley, y que se refiere a solo ajustes cartográficos, gozarán de preferencia frente a toda solicitud de concesión de acuicultura individual y/o solicitud de destinación sobre el borde costero, incluso de aquellas que tengan una fecha previa a la solicitud de relocalización.”.

Este inciso, con la indicación, fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor la diputada señorita Camila Rojas y los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Jorge Brito , Pablo Prieto , Luis Rocafull , Leonidas Romero , Alexis Sepúlveda , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y el diputado informante que habla.

Se requiere asegurar que la relocalización por ajuste cartográfico se pueda realizar en forma prioritaria, dado que se trata de dar cuenta de la realidad de la posición de los centros. En consecuencia, antes de tramitar otras solicitudes en la misma área, debe tramitarse la relocalización. Lo mismo debiera ocurrir con los permisos especiales.

4) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Pablo Prieto , Alexis Sepúlveda y de quien habla, presentada en la Comisión, para anteponer en el inciso segundo la siguiente frase: “En los casos de meros ajustes cartográficos,”.

Este inciso, con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Pablo Prieto , Luis Rocafull , Alejandro Santana , Alexis Sepúlveda , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y este diputado informante. Se abstuvieron la diputada señorita Camila Rojas y el diputado señor Jorge Brito . La relocalización que consiste solo en ajustes cartográficos pretende aclarar la posición que tienen los centros de cultivo, sin generar desplazamientos. Por tanto, se requiere tener la posibilidad de que se consideren distancias menores a las exigidas por la norma; en caso contrario, podría darse la situación de no poder realizar el ajuste.

Existirían centros que quedaron ubicados en áreas distintas debido a problemas cartográficos, dándose casos en que no se pueda respetar la distancia mínima entre ellos al realizar los ajustes. En consecuencia, para esos casos excepcionales, se contemplan distancias inferiores.

Artículo 4º.

5) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Alejandro Santana , Pablo Prieto y Francisco Undurraga , presentado en la comisión para incorporar la siguiente modificación en la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante decreto supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-Intercálase en el artículo 2º el siguiente numeral 72, nuevo:

“72) Mitilicultura: Actividad de cultivo, cría, extracción o recolección de semillas de moluscos del grupo mitílidos, para su explotación económica. Que cuenten con título y/o autorización para su extracción y comercialización. A las personas naturales o jurídicas que realizan esta actividad se les denomina mitilicultores.”.

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Pablo Prieto , Alejandro Santana , Alexis Sepúlveda , Francisco Undurraga y este diputado informante. En contra lo hicieron la diputada señorita Camila Rojas y los diputados señores Boris Barrera , Jorge Brito y Luis Rocafull . Se abstuvo el diputado señor Jaime Tohá .

La definición de mitilicultura es un anhelo que han formulado hace tiempo los mitilicultores en orden a ver plasmada en la ley una diferenciación con los otros cultivos.

Artículo 6°.

6) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Alejandro Santana , Pablo Prieto , Leonidas Romero , Francisco Undurraga y este diputado informante, presentada en la comisión en el inciso cuarto, para eliminar las palabras “fijadas al sustrato”.

Este inciso, con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Boris Barrera , Bernardo Berger , Pablo Prieto , Luis Rocafull , Leonidas Romero , Alexis Sepúlveda , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y este diputado informante. Se abstuvieron la diputada señorita Camila Rojas y el diputado señor Jorge Brito .

En la Región de Los Lagos, el fuerte de las solicitudes de concesión de acuicultura se concentra en proyectos técnicos de macroalgas o algas. De aprobarse el artículo como está, el ingreso y otorgamiento de concesiones de acuicultura de algas solo se podría otorgar respecto de aquellas que tengan por objeto el cultivo de microalgas fijadas al sustrato.

Sin embargo, existen dos técnicas para cultivar las algas: por la columna de agua, que se llama suspendido, o fijadas al sustrato. La única alga que se fija el sustrato es el pelillo, la que en la Región de Los Lagos representa el 98 por ciento de las concesiones.

Con ocasión de la publicación de Ley N° 20.925, que Crea Bonificación para el Repoblamiento y Cultivo de Algas, se extiende la posibilidad para que otras algas distintas al pelillo, como el huiro, la chicoria, etcétera, puedan ser cultivadas por los pescadores artesanales.

En consecuencia, al eliminarse la expresión “fijadas al sustrato” se posibilita que se tramiten no solamente solicitudes de cultivo de pelillo, sino también de cualquier otra alga, como por ejemplo el huiro, chicoria, luga, etcétera.

Artículo 3º transitorio.

7) De los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Pablo Prieto , Leónidas Romero , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y este diputado informante, presentada en la comisión, al inciso primero, para reemplazar la frase “al 1 de enero de 2017” por “a la fecha de publicación de esta ley.”.

Este inciso, con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Boris Barrera , Bernardo Berger , Luis Rocafull , Leonidas Romero , Jaime Tohá , Francisco Undurraga y quien habla. Se abstuvieron los diputados señores Alejandro Bernales y Jorge Brito .

Mientras no se termine el proceso de relocalización de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, se suspenderá la aplicación de la causal de caducidad por falta de operación prevista en el artículo 142, letra e), de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Se entenderá culminado aquel una vez dictada la resolución de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que otorgue la última relocalización de que se trata, y cuya caducidad no haya sido declarada a la fecha de publicación de esta ley en proyecto, y no al 1° de enero de 2017, fecha que había quedado desfasada.

Asimismo, se suspenderá por el mismo plazo el deber del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de elaborar la información ambiental de los centros de cultivo cuyo proyecto técnico no comprenda salmónidos, de conformidad con su artículo 12 bis, siempre que su titular se encuentre en los supuestos que indica.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Muy bien. En discusión el proyecto de ley.

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, a veces en este espacio se toman decisiones con una muy rara metodología. Nunca imaginé que existían asesores con tanto poder y tantas mañas.

Cuando hablamos de la ley mitílidos, pareciera que no habláramos de nada en particular. Por eso, para ejemplificar, podríamos llamarla ley chorito, porque se trata principalmente del cultivo de los choritos, que es una industria emergente -la segunda más importante en la acuicultura chilena después de la de los salmonesque concentra cientos de millones de dólares y que hace quince años comenzó a emerger, al punto que hoy a algunos les salieron dientes. Luego, llegó este proyecto con unas trampitas y comenzó la historia.

¿Por qué digo que es tramposo? Porque siempre se argumentó que con este proyecto se hacían ajustes cartográficos, los cuales se podían resolver por decreto. Entonces, ¿por qué impulsar una ley, con todo el trámite que requiere, para ajustar cartográficamente los derechos para cultivar choritos? Y es que no se trata solo de ajustes cartográficos. Esta iniciativa trae dos mañas entremedio.

Para que se hagan una idea, el año pasado yo no era diputado -existía otro Congreso Nacional-. El 3 de agosto de 2017, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos pueden ver el video completo en el canal de la Cámara-, el señor Eugenio Zamorano , asesor del gobierno anterior, jefe de la División de Acuicultura, dijo -cito textualmente-: “Este proyecto será solo ajustes cartográficos, es decir, una modificación de decreto para ajustar el papel a la ubicación actual.”.

En ese entonces -aquí me dirijo, principalmente, a nuestros colegas de la UDI-, el entonces diputado Jorge Ulloa levantó las alertas y dijo: “Pero si este proyecto no trata solo ajustes cartográficos.”.

El señor Zamorano , funcionario público con algunas mañas, respondió: “No, estos solo son ajustes cartográficos.”, y el diputado Ulloa dijo: “Ha cambiado el sentido del proyecto ahora que sabemos que es un mero ajuste cartográfico y no un traslado de lugar. No tenemos problema con aprobar este proyecto.”.

Ocurre que en marzo entré a este Congreso Nacional y me encontré con diputadas y diputados nuevos y con el mismo señor Zamorano , diciendo que este proyecto trata solo ajustes cartográficos.

Si bien estudié ingeniería, sé lo que significan las letras. Empecé a revisar el proyecto y noté que también trata sobre la relocalización de concesiones de acuicultura y que el Ejecutivo impulsó unas indicaciones para permitir que la gran industria de mitílidos se apropie de los derechos de pequeños recolectores que se ubican principalmente en la comuna de Cochamó.

Entonces, el 23 de agosto del año en curso le señalé esto al señor Eugenio Zamorano , y él me respondió peyorativamente: “Diputado Brito , aquí solo se trata de ajustar los decretos administrativos, no de mover los cultivos de un lugar a otro, tal como dice textualmente el proyecto.”. ¡Está en el acta de la comisión!

Después, ante la insistencia, la señora Jessica Fuentes , otra asesora del Ejecutivo con menos mañas, me dijo: “Este proyecto no solo contempla ajustes cartográficos. Nosotros dijimos que había relocalizaciones también, diputado. Aquí están contempladas las dos hipótesis.”. Primera vez que el Ejecutivo reconoció que este proyecto no trata solo de ajustes cartográficos.

El Ejecutivo dice que es importante tramitar este proyecto. No me refiero a este gobierno en particular, porque este proyecto viene del gobierno anterior, lo que demuestra que los intereses empresariales trascienden las coaliciones.

Hay una asociación virtuosa en la miticultura, porque se recolectan los pequeños mitílidos, pero los grandes se engordan, por lo que existe una asociación muy buena entre la gran industria y los pequeños recolectores. Pero el Ejecutivo llegó a la comisión impulsando una indicación por medio de los diputados oficialistas para que la industria se apropie de los pequeños, afirmando que esto es parte de un acuerdo entre los pequeños recolectores y la gran industria. Entonces, había que aprobarlo.

El señor Eric Correa , otro asesor del Ejecutivo, llegó muy contento a dar esa noticia; pero los pequeños recolectores, que no son lesos, se organizaron y actuaron como cardumen -enviaron una carta a la Comisión de Pesca para decir que ese no era un acuerdo con ellos-, a tal punto que quienes presentaron la indicación tuvieron que retirarla.

¡Ese es el tramposo proyecto de ley chorito!

El falso acuerdo que con tanto entusiasmo anunciaron estos asesores, con más poder que cualquiera de nosotros, quedó al descubierto. Pero en la comisión no pudimos atajar todos los goles. En efecto, como soy integrante de seis comisiones, entre permanentes, investigadoras y mixtas, algunas cosas pasaron.

Por ello, hemos pedido votación separada de los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y tercero transitorio, porque queremos rechazarlos.

No soy quien para decir cómo tienen que votar, pero esos artículos no se van a aprobar con nuestro apoyo. No estamos disponibles para que ocurra lo mismo que hicieron con la ley de pesca.

¡Para que vean cómo tenemos que ir a la Comisión de Pesca! Con una mano adelante y la otra atrás, porque no solo está llena de lobbistas, sino que, al mismo tiempo, hay asesores que tienen problemas cognitivos o responden a otros intereses.

Para ser bien claro, rechazaremos los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y tercero transitorio. Lamento que los pequeños miticultores hayan sido utilizados como moneda de cambio para justificar un “ajuste cartográfico”.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, quiero hacer énfasis en la importancia que reviste la aprobación de este proyecto de ley, especialmente para la Región de Los Lagos, donde conviven todo tipo de cultivos, no solo salmónidos.

También es muy importante destacar el valor social de esta actividad que reúne a emprendedores ciento por ciento regionales, en zonas geográficas que cuentan con muy pocas alternativas productivas y de empleo, y que, además, se integran y complementan con la actividad industrial, así como con actores sociales y productivos de distintos segmentos socioeconómicos.

Además, cabe destacar que nuestro país se ubica en el segundo lugar como productor mundial después de China, y que con este proyecto se favorecerá a 619 empresas, de las cuales el 89 por ciento son pymes, y a alrededor de 12 gremios de cultivadores, productores y exportadores, avanzando hacia un ordenamiento territorial de la actividad y un mejoramiento de la situación de los acuicultores medianos y pequeños.

Por ello resulta trascendental que los cultivos que aborda este proyecto y que hoy no cuentan con el mecanismo de la relocalización, puedan mejorar su posición para efectos ambientales y resolver problemas de desplazamiento desde los límites de su concesión.

Insto a mis colegas a apoyar este proyecto de ley y así resolver las situaciones complejas en que se encuentran esos acuicultores, a fin de permitirles continuar con su actividad y seguir generando empleo.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión constituye un avance para mejorar el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, ya que busca solucionar los problemas de orden territorial que actualmente afectan a las concesiones otorgadas en Chile.

En el caso de los salmones, la normativa vigente posibilita llevar a cabo un procedimiento de relocalización de las concesiones, lo que garantiza que la actividad se desarrolle sanitaria y ambientalmente en forma adecuada.

Sin embargo, la posibilidad de realizar dicho procedimiento no existe para otros cultivos diferentes a los salmónidos, tales como algas y mitílidos, a pesar de que muchas de las concesiones actualmente se encuentran desplazadas del lugar en que se otorgaron originalmente.

Por lo anterior, el proyecto tiene por objeto ampliar el procedimiento de relocalización de los centros de cultivo distintos de los de salmones, y regular la situación de aquellas concesiones que se encuentran desplazadas.

De esta manera, se pretende ordenar toda la acuicultura, entendiendo que no solo la ubicación de los salmones es importante para tal efecto, sino también la de los demás cultivos acuícolas. Dichos cultivos tienen una gran importancia en términos productivos y sociales, sobre todo en el sur de Chile, considerando que su uso representa una de las principales opciones de empleo en la zona.

En este sentido, el proyecto es especialmente importante para la Región de Los Lagos, que concentra el 98 por ciento de la producción nacional de choritos.

Por otra parte, no debemos olvidar que la propuesta también crea los permisos especiales para la actividad de colecta de semillas, lo que constituye un hito, pues formaliza dicha actividad.

La Cámara ya realizó la votación en general de este proyecto durante el mes de abril; sin embargo, hoy debemos votar las indicaciones presentadas durante la discusión en la comisión. Algunas de esas indicaciones fueron aprobadas; otras fueron rechazadas o retiradas.

Las indicaciones aprobadas, que di a conocer durante la rendición del informe, desde un punto de vista técnico complementan y mejoran la propuesta inicial, favoreciendo el procedimiento de relocalización de las concesiones de cultivos diferentes de los salmónidos.

Por otro lado, me parece relevante mencionar que hubo indicaciones que fueron retiradas por sus autores durante el segundo trámite reglamentario. Una de ellas afectaba a los titulares de permisos de escasa importancia en la Región de Los Lagos, desconociendo la actividad histórica de colecta que pequeños y medianos acuicultores han realizado durante muchos años.

El retiro de esta indicación no es menor, ya que a través de los permisos especiales establecidos en la propuesta original del Ejecutivo se da un reconocimiento histórico a las personas que ejercen esta actividad y una oportunidad más favorable de trabajo, con mayor estabilidad en el tiempo.

En definitiva, el proyecto, con las indicaciones aprobadas por la comisión y hoy sometidas a votación, viene a regular y mejorar el procedimiento de relocalización de la acuicultura en Chile, haciéndola más sustentable y abarcando no solo los salmónidos, sino también otros cultivos acuícolas.

Además, como ya se mencionó, busca formalizar la actividad de colecta de semillas. Ambos objetivos constituyen aportes muy significativos para la productividad del sector y para los miles de personas que durante años se han dedicado a la acuicultura, muy especialmente en la zona sur de nuestro país.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, quiero hacer algunos comentarios respecto de este proyecto.

Antes de eso, quiero reconocer que fui uno de los parlamentarios que impidió el ingreso a la Sala del subsecretario de Pesca -una diputada preguntó quién había impedido su ingreso-; pero lo hice justamente porque hemos tenido una nula respuesta de la Subsecretaría de Pesca para los cientos de problemas que hoy tiene la pesca artesanal en la Región de Los Lagos. Esto ha sido dicho por los pescadores desde San Juan de la Costa hasta la provincia de Palena, quienes están sufriendo los efectos devastadores de una empresa salmonera que sigue contaminando el medio ambiente, y tienen serios problemas con la situación de la merluza y con la presencia del lobo marino.

De hecho, en este momento en que estamos sesionando en la Sala, hemos sido notificados por el intendente de la Región de Los Lagos -según lo que publica un medio de prensa de la comuna de Calbucode que en unas horas más será descargado el contenido del barco Seikongen en las aguas de la comuna, con los efectos devastadores que ello puede traer sobre el medio ambiente de la Región de Los Lagos, en particular de Calbuco, sobre toda su pequeña mitilicultura y sobre la actividad de los recolectores de orilla que allí viven.

Ese es el motivo por el cual me opuse a la presencia del subsecretario en la Sala. Espero que haya respeto por la pesca artesanal de la región.

En relación con este proyecto, me quiero quedar con algunos comentarios que ha realizado el diputado Brito .

Este proyecto tiene por objeto ampliar el instrumento de relocalización de concesiones de acuicultura. Todos sabemos que los únicos que están autorizados por ley para relocalizarse son los señores salmoneros, quienes, dicho sea de paso, cuando comiencen el proceso de relocalización en las aguas del sur de Chile, van a dejar efectos devastadores en las zonas que ocuparon por largos años. Y digo “efectos devastadores”, porque los impactos medioambientales que han generado con su actividad han sido tremendamente dañinos en miles de kilómetros de litoral que eran ocupados consuetudinariamente por familias que durante largos años hicieron de las actividades del mar y de la recolección de orilla su método de vida, de alimentación para su familia y de obtención de ingresos para el estudio de su hijos. Eso es lo que va a ocurrir cuando empiece la relocalización de las empresas salmoneras que han tenido balsas-jaula en toda la Región de Los Lagos.

En definitiva, lo que hace este proyecto es permitir que otro tipo de actividades, como la mitilicultura, tengan la posibilidad de relocalizarse. Por lo tanto, la iniciativa pretende regular los permisos de recolección de semillas y engorda en la Región de Los Lagos.

Creemos que es un paso importante; pero hay que ser cuidadosos con cada uno de los aspectos que se pretende aprobar. Es un paso importante porque permitirá solucionar un problema que hoy tienen miles de mitilicultores que se dedican a esta actividad en la región, cual es que, al haberles sido otorgadas las concesiones sobre la base del uso de métodos tecnológicos que no eran los más adecuados en su momento, cuando son fiscalizados son objeto de multas por las autoridades fiscalizadoras, pues dichas concesiones les fueron otorgadas en zonas que, por errores de carácter cartográfico, ocupan lugares aledaños o se superponen con otras concesiones. Desde ese punto de vista, es valorable la iniciativa, pues va a permitir que esas concesiones se relocalicen.

No obstante ello, hay una serie de otros elementos -no los voy a repetir porque los mencionó el diputado Britoque es necesario dejar establecidos claramente en el proyecto de ley.

Reitero: esta iniciativa va a ampliar la figura de la relocalización a las actividades de acuicultura que no sean las relativas a los salmones y va a regular los nuevos permisos de colecta de semillas y engorda en la región, lo que es una medida que destaco, valoro y encuentro positiva. Este proyecto va a establecer permisos especiales para la colecta de semillas, por la vía de regular su contenido, y también va a determinar una cantidad de años de vigencia de las concesiones. Antes eran indefinidas, pero con el proyecto van a tener un límite que se fijará en veinticinco años.

Hubo intentos por parte de algunos diputados del oficialismo para cambiar el sentido original de la iniciativa, mediante la presentación de algunas indicaciones con el objetivo de hacer transables las concesiones de acuicultura. Es decir, algunos trataron de hacer lo mismo que se ha hecho con la pesca artesanal: entregar cuotas de pesca, las que en algunos casos terminan por ser vendidas a los propios industriales. Habríamos terminado igual que en ese caso, pero la indicación no prosperó y fue rechazada, lo que valoro en gran medida.

En consecuencia, aprobaremos en términos generales el proyecto, pero rechazaremos algunos artículos determinados.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, no soy integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, pero tengo entendido -he revisado la documentaciónque este proyecto ingresó a tramitación legislativa el 11 de julio de 2017.

El solo título de esta iniciativa me intranquiliza. Para nadie es un secreto que la industria pesquera, en general, ha devastado los recursos marítimos del océano Pacífico, no solo de Chile, sino también de otros países, y que la industria salmonera ha contaminado el mar chileno, concretamente el mar de la Patagonia, lo cual me intranquiliza, porque cuando hablamos de una relocalización, ¿a qué se refiere? Quiere decir que la gran industria salmonera podrá reubicar sus centros de crianza de salmones en otros lugares, donde el mar no está contaminado. Esa es la razón, situación que debe llamar la atención del Congreso. ¿Vamos a permitir que el mar chileno siga siendo contaminado por la gran industria con el pretexto de generar trabajo para los chilenos y las chilenas? ¿Ese es el precio que debemos pagar?

Creo que, una vez más, en el Congreso -del cual soy parteseguimos legislando con soluciones de parche y no estamos atacando el fondo de la situación, porque el gran problema es la ley de pesca, la “ley Longueira”, que administra las riquezas de nuestro mar. Mientras mantengamos esa ley, que permite hacer uso y abuso de las riquezas del mar chileno, no podremos generar condiciones que favorezcan realmente la conservación de los recursos y la protección de los trabajadores, de los pescadores artesanales y de los recolectores de orilla de nuestro país.

Por lo tanto, debemos revisar con mayor profundidad este proyecto, pues en algunas partes lo considero engañoso. Daré un ejemplo: la industria del salmón y la industria de la gran pesquería chilena se están afilando los dientes para instalar faenas en lugares de Aysén, como caleta Tortel , en que está probado científicamente que el mar es prístino y puro, pues está completamente libre de contaminación. Allí se quieren instalar las salmoneras de Aysén, que no son empresas de esa región, sino transnacionales, y lo mismo quiere hacer la industria de la pesquería. Más de alguien me podrá rebatir lo que estoy diciendo con antecedentes administrativos o, tal vez, científicos, pero no hay que olvidar que dichos antecedentes son elaborados por científicos pagados por la industria.

Mi espíritu de sobrevivencia, mi espíritu de patagón, me indica que este proyecto es negativo para conservar la pureza del mar, porque permitirá que esos lugares sean invadidos por la industria, lo que irá en perjuicio de los pescadores artesanales y de los recolectores de orilla.

Por lo tanto, anuncio mi voto en contra del proyecto. He dicho.