Labor Parlamentaria

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la legislación bancaria.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 76ª de la presente legislatura en 26 de septiembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 3.

La señora MULET (Presidente en ejercicio).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, los bancos son instituciones que, históricamente, han permitido a la población acceder al crédito en un contexto de seguridad financiera. Sus principales operaciones consisten en otorgar créditos y captar recursos de sus clientes, y sus principales activos son los créditos que otorgan, en tanto que sus pasivos están compuestos por los depósitos y captaciones que realizan.

Es precisamente el riesgo que produce esta combinación de activos y pasivos el que obliga a que exista una regulación bancaria, sumado al impacto que tiene la actividad bancaria en el desarrollo económico del país, considerando la liquidez que entrega.

Esos riesgos son debidamente atenuados por los bancos, a través de la llamada “gestión de riesgo”, tanto de liquidez como de crédito o de mercado. Sin embargo, siempre debe existir una última línea de protección frente a estos riesgos, la cual es el capital del banco.

Considerando lo anterior, el proyecto de ley es sumamente relevante y necesario, ya que viene a actualizar una legislación que se ha quedado atrás en relación con las recomendaciones internacionales sobre la materia.

La normativa chilena en cuanto a requerimientos de capital está sumamente atrasada, considerando que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en el que Chile participa como país observador, ya hizo las llamadas recomendaciones de Basilea III, en circunstancias de que nuestra ley de Bancos se rige por las recomendaciones de Basilea I.

El proyecto de ley permitirá elevar los estándares de solvencia y de liquidez de nuestros bancos, con la finalidad de enfrentar correctamente cualquier potencial problema de insolvencia. Para ello, se aumentan los requerimientos de capital mínimo y se incorporan otros requerimientos de capital, los que se solicitarán una vez cumplidas ciertas condiciones.

Por otra parte, en el Senado, con el acuerdo de gran parte de las bancadas, se logró resolver adecuadamente la controversia referida al secreto y a la reserva bancaria.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa e invito a mis colegas a sumarse en tal sentido, ya que estamos muy atrasados con respecto a esta materia. He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, sin ninguna duda, los bancos son las instituciones más poderosas del país. Son mucho más poderosas que los políticos, que los jueces y que cualquiera otra institución. Los bancos son los grandes ganadores de la transición democrática de los últimos veinte o treinta años en Chile.

El capital financiero se ha estado apoderando de las condiciones productivas en todo el mundo. La crisis económica de 2008-2009, y los posteriores ensayos de economistas ganadores del Nobel, y de otros críticos, como Thomas Piketty , han demostrado que el capital financiero renta más que el trabajo, y que el capital financiero está drenando las economías globales.

El caso chileno no es distinto. En Chile vemos fenómenos muy particulares, como, por ejemplo, que los derechos sociales, la educación, la vivienda y la salud terminan vinculados estrechamente con la banca. Ejemplos de ello es lo que sucedió con el Crédito con Aval del Estado (CAE), cuyo informe de la consumo comisión investigadora votamos hoy, los créditos hipotecarios y los créditos de salud, transformados en créditos de salud. Esa es la realidad de la banca chilena desde hace décadas. Y el sistema sigue incentivando el uso de créditos para solucionar temas sociales y las obligaciones del Estado.

Esa es, quizás, la gran división, los dos grandes relatos, las dos grandes tesis que conviven en la política chilena: aquellos que creen que los derechos pueden ser solventados con créditos bancarios, que creen que la libertad del mercado puede solventar fenómenos sociales tan complejos como la educación, y los que creemos que los derechos sociales tienen que ser cubiertos por el Estado, sin deuda bancaria. Esa división es lo que marca la política chilena hoy.

En Chile, los medios de comunicación, sus propietarios y sus directores también están vinculados con la banca como ocurre en pocos países.

También tenemos a la banca vinculada con el retail. En pocos países del mundo ocurre, de forma tan aguda, el fenómeno que se da en Chile, en que las compañías de retail y las tiendas por departamentos creen bancos y mecanismos de crédito, con lo que han terminado convirtiendo el negocio del retail en un negocio financiero de tarjetas. En esas tiendas ya no se venden microondas, lavadoras u otros productos o servicios; se venden créditos.

Luego tenemos el monopolio de Transbank. Cada vez que vamos a comprar algo al comercio, nos preguntan ¿débito o crédito? Y allí aparece una maquinita de Transbank. ¡Nadie ha podido construir competencia a Transbank! Lo ha intentado el exministro Etcheberry , a través de la empresa Multicaja ; lo ha intentado la transnacional Paypal , que funciona en internet, y no han podido construir ningún tipo de competencia a Transbank, la cual tiene el monopolio bancario más grande de la historia de Chile. ¡Y nadie dice nada!

¿Qué pasa con la Bolsa de Comercio de Santiago? Los bancos están presentes, a través de corredoras de bolsa, como Banchile Inversiones, famosa por la compra de las acciones de LAN en Estados Unidos -no sé si han escuchado hablar del caso-, y resulta que los bancos están hermanados, en una relación incestuosa, con los corredores de bolsa. Así, con una mano entregan créditos, y con la otra compran acciones.

¿En qué otro país los bancos tienen corredoras de bolsa asentadas al nivel que están en la calle Nueva York de Santiago?

La regulación internacional sobre la banca tiene el nombre de Acuerdos de Basilea: Basilea I , Basilea II y así sucesivamente. Lo que estamos haciendo con el proyecto de ley no es más que actualizar la legislación nacional en algunos aspectos respecto de la legislación de Basilea.

Aquí no se trata de que los chilenos decidimos regular el poder bancario. ¡No! Simplemente, estamos adaptándonos levemente a algunos criterios internacionales, porque hemos decidido cumplir el Acuerdo de Basilea, porque los acuerdos internacionales se firman y se cumplen.

Respecto de este proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, Revolución Democrática quiere hacer ver un punto en el artículo 1, número 108, que introduce enmiendas en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, que establece el secreto y la reserva bancaria. Esta última es una institución clave para combatir la corrupción y los pagos políticos.

La reserva bancaria es más tenue en protección jurídica que el secreto bancario. Se puede levantar la reserva bancaria, y así, por transparencia, las fiscalías y los ciudadanos pueden conocer, por ejemplo, el estatus bancario de las autoridades públicas o los fiscales pueden tener facilidades para investigar las cuentas bancarias sin necesidad de este desfile en tribunales pidiendo a las personas que levanten el secreto bancario en sus cuentas.

Ahora resulta que el Senado nos devuelve el proyecto de ley, y en el número 108 borra la reserva bancaria y continúa el secreto bancario. ¡Los máximos estándares para proteger la privacidad de las cuentas bancarias, impidiendo la investigación en casos de corrupción o en los casos de platas políticas!

Por ende, vamos a pedir votación separada del número 108 del artículo 1, para rechazarlo, pero vamos a aprobar el texto en general que actualiza las normas de Basilea, tal como lo propuso en su momento el ministro Valdés , en 2017, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet .

Una reflexión general: ¿Qué tipo de economía surge cuando los bancos se apoderan de las condiciones productivas, como ha ocurrido en Chile? Las pymes dependen de los bancos, las grandes empresas dependen de los bancos, la bolsa depende de los bancos, todo depende de los bancos. Y ocurre que los bancos se apoderan de las economías. Tal como el 2008-2009, muchos expolíticos en Nueva York y en París dijeron: “Somos muy grandes para caer” (“We are too big to fail”). ¡Son los mismos que se apoderaron de los derechos sociales en Europa y en Estados Unidos de América y que hicieron el negocio de la Reserva Federal! ¡Son los mismos que quebraron al planeta! ¡Los bancos dijeron somos muy grandes para caer!

Los más antiguos en esta Cámara se deben acordar. ¿Quién fue el primer país que salvó a la banca privada de una quiebra a principios de la década del 80? ¡Chile! ¿Cuál es el país que tiene más imbricada a la banca en la vida de las personas? ¡Chile!

Llamo al gobierno a que tome la agenda de regulación bancaria y coloque freno a los avances en efectivo. Los avances en efectivo son una locura. ¡En ningún país del mundo se puede sacar trescientos dólares en efectivo con un crédito bancario!

¿En qué se avanza respecto del avance en efectivo? ¡En nada! Es un préstamo bancario prácticamente usurero, dado por cajero automático. Repito: en ninguna parte del mundo ocurre eso. Solo se hace con una tarjeta de crédito, pero en Chile es pan de cada día. Los vecinos y las vecinas de los sectores más populares están hiperendeudados con los avances en efectivo y con las tarjetas del retail. Eso tiene que terminar y es facultad del Ejecutivo regularlo.

A la clase política chilena, a la centroderecha y a la centroizquierda, les digo: una economía basada en la banca es una economía que tarde o temprano va a terminar cayendo. Y la vida de los ciudadanos basada en la banca, termina siendo la angustia de los créditos, la falta de sueño de los padres. Esa es la verdad.

La banca, con sus préstamos y créditos usureros, termina siendo el peor mal de una sociedad que quiere contribuir.

Al final del día, esto es una contradicción en los términos, porque queremos desarrollar el país, pero endeudándolo; queremos dar oportunidades a las personas, pero endeudándolas. La deuda y la banca -está demostrado en todo el mundo- no son el único camino para el desarrollo. He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, en su idea fundamental, busca actualizar el sistema bancario nacional de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y ponernos al día con los acuerdos de Basilea y con las formas necesarias para evitar o protegernos de situaciones que han afectado a la banca en Chile y en el mundo, algunas denunciadas por quien me antecedió en el uso de la palabra, con la intención de evitar que ese tipo de situaciones se puedan generar, advertirlas a tiempo y enfrentar, también, los riesgos y peligros que hoy enfrenta ese sector, como permitir u ocultar acciones financieras que derivan de recursos obtenidos del narcotráfico, del terrorismo o del crimen organizado.

Se trata de la modificación más importante que se hace a nuestra legislación bancaria desde 1997, ocasión en que adecuamos la normativa a los requerimientos establecidos en Basilea I.

Este proyecto de ley fue consecuencia de un intenso debate y de acuerdos, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado.

¿Qué nos interesa resaltar de esta iniciativa de ley? Un hecho relevante a destacar es la nueva institucionalidad regulatoria y el modelo de supervisión que se establece desde el momento en que se traspasan todas las competencias de la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero. Este no es solo un cambio de nombre, pues todas las instituciones fiscalizadas actualmente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras quedarán sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. De esa manera, vamos a tener un modelo de convergencia y de supervisión integrado, reducción de problemas de coordinación regulatoria, consistencia normativa para actividades que presentan características similares y disuasión de los arbitrajes regulatorios.

Esto también traerá nuevas exigencias, como los requerimientos de capitales mínimos, dentro del plazo de seis años. El Estado deberá desembolsar alrededor de 2.600 millones de dólares para capitalizar el BancoEstado, para permitir que esa entidad bancaria estatal pueda adaptarse a los nuevos requerimientos.

El proyecto de ley también establece medidas interesantes, como un colchón de conservación, incorporando 2,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo por sobre el mínimo establecido. Cuando no se cumpla con esa exigencia, se establecen restricciones progresivas al reparto de utilidades por parte de los dueños del banco. Se trata de una medida para evitar que en situaciones de riesgo o de dificultades se provoquen situaciones de corrida bancaria y haya un colchón que permita conservar esa acción.

El Banco Central de Chile, en consideración a la fase del ciclo económico, podrá determinar la activación de una exigencia de capital básico adicional de carácter contra-cíclico, aplicable de manera general a todas las empresas bancarias constituidas o autorizadas para operar en el país. Esto no es menor en economías como la nuestra, que están sujetas a ciclos económicos variables. Esta medida busca mitigar la incubación de riesgos sistémicos, al igual que el colchón de conservación al que hice alusión hace unos momentos.

También hay cambios importantes en materia de regulación de activos, reconocimiento de instituciones de importancia sistémica y mecanismos de intervención para bancos con problemas y manejos de crisis. El proyecto de ley busca terminar con las deficiencias de la legislación vigente en esta materia mediante la incorporación de nuevas herramientas de regularización, cuyo objetivo central consiste en la protección de los depositantes y de los contribuyentes del sistema de pagos y la estabilidad financiera. Asimismo el proyecto de ley perfecciona o modifica algunos de los mecanismos existentes con el fin de lograr un sistema mucho más ordenado, eficaz y previsible.

Finalmente, los acuerdos que se alcanzaron, especialmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la primera etapa de tramitación, despejaron importantes nudos que mantenía el proyecto, como el Pilar 2, las remuneraciones de los comisionados, el período de adaptación de la ley, la prescripción de multas, las facultades del inspector delegado, el plazo para tomar medidas de regularización temprana y el perímetro regulatorio.

Sin embargo, quedó para resolución en el Senado el nudo gordiano más importante: el secreto bancario y la reserva bancaria.

Se constituyó una mesa técnica liderada por el actual gobierno e integrada por distintos sectores políticos, en que se llegó a un acuerdo que, si bien, a mi juicio, no es el ideal, consideramos que la legislación actual es correcta en esta materia y cumplirá con el estándar de protección de la vida de las personas garantizado en la Constitución Política. Eso para nosotros es fundamental, y en el acuerdo alcanzado se logra en buena forma.

¿Qué estableció ese nuevo acuerdo alcanzado en el Senado? Se elimina la presunción del interesado legítimo de la Unidad de Análisis Financiero y del Servicio de Impuestos Internos; se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero a compartir información sujeta a reserva con la Unidad de Análisis Financiero cuando detecte alguna irregularidad en los controles de los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Respecto del Servicio de Impuestos Internos se busca cumplir con el estándar de la OCDE, es decir, se establece que el Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar directamente al tribunal tributario competente que autorice omitir la notificación cuando el Servicio de Impuestos Internos solicite información en ejercicio de sus funciones de fiscalización o para dar cumplimiento a un requerimiento efectuado por una autoridad competente de otra jurisdicción y la información se requiere con urgencia, o la notificación del titular pueda dañar el curso de la investigación. Si el tribunal tributario rechaza la solicitud, se aplicará la regla general.

Por último, se faculta también al Servicio de Impuestos Internos para requerir a determinadas entidades, como bancos, agencias, representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, entre otras, información sobre remesas desde el exterior por un monto igual o superior a los 10.000 dólares.

Lo más relevante del nuevo acuerdo es que se asegura la intervención de un juez cuando el Servicio de Impuestos Internos requiera información del titular de una cuenta. Esto no podrá ejecutarse solo por la vía administrativa.

Creo que estamos ad portas de aprobar una legislación que pone a Chile al nivel de los mejores estándares internacionales, pues acoge los llamados que reiteradamente nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional en esta materia, nos ponemos al nivel de los acuerdos de Basilea I y Basilea III y, por consiguiente, ofrecemos a la comunidad nacional e internacional un sistema bancario con los resguardos suficientes para los contribuyentes, titulares de cuentas corrientes y solicitantes de créditos frente a los riesgos que pueda enfrentar la banca.

Por eso, anuncio el voto favorable de mi bancada.

Por su intermedio, señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para saludar al ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín , quien ha tenido un rol muy importante en el último acuerdo alcanzado.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel .

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, este es un proyecto que tiene un informe bastante extenso, de 462 páginas, y un comparado con tres columnas, en que podemos ver el texto legal vigente, el texto del proyecto aprobado por la Cámara en su momento y las modificaciones que propone el Senado en trece de sus artículos.

Este proyecto fue ingresado en junio de 2017 por el gobierno anterior y persigue modernizar la legislación -el marco legal- de la industria bancaria, de acuerdo con los estándares internacionales establecidos en Basilea III, en 2010. La legislación vigente en Chile recoge los estándares de Basilea I, publicados en 1988, pero integrados a nuestra legislación recién en 1997.

Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central de Chile han insistido en la urgencia de realizar esta modernización de nuestra legislación bancaria. Argentina, Brasil , México, Perú y Colombia se encuentran en proceso de adoptar esos estándares. Cada día que demoramos en aprobar este proyecto de ley, que lleva quince meses en tramitación, significa una desventaja competitiva respecto de nuestros vecinos. Recordemos que queremos ser un centro financiero en América Latina.

Entre los principales aspectos del proyecto, se encuentran los siguientes:

En Basilea III se aumentan los requisitos mínimos de capital, de 8 a 10,5 por ciento de los activos ponderados por riesgo. Asimismo, se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero o al Banco Central, según corresponda, para establecer exigencias de capital adicionales a bancos que no logren cubrir de manera adecuada sus riesgos, aquellos de importancia sistémica, o a la industria financiera bancaria completa, en función del ciclo económico.

La Comisión para el Mercado Financiero asume las funciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, modernizando la institucionalidad del regulador bancario, desde un supervisor unipersonal a un órgano colegiado, y fortaleciendo el debido proceso, al separar la función investigativa, llevada a cabo por fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, de la sancionatoria, llevada a cabo por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero.

Se otorgan al Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero herramientas de regularización temprana para lidiar con bancos que presenten problemas, antes de que estos deriven en la insolvencia.

El proyecto fue aprobado sobre la base acuerdos transversales, en estos quince meses de tramitación. Asumido el gobierno del Presidente Piñera, no hubo duda de la necesidad de impulsar el proyecto, y se trabajó, junto con un grupo transversal de senadores de la Comisión de Hacienda, para avanzar en la discusión en materia de acceso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y del Servicio de Impuestos Internos a la información sujeta a reserva bancaria, materia que no se encuentra comprendida entre los temas más sustanciales de este proyecto de ley.

En particular, el acuerdo establece lo siguiente:

Respecto del acceso de la UAF, solo en aspectos preventivos, será el regulador bancario el encargado de evaluar la efectividad de los controles que los bancos implementen para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En caso de que advierta indicios de dichos delitos, deberá comunicar todos los antecedentes necesarios a la UAF, incluyendo la información sujeta a reserva, a fin de que esa institución lleve a cabo la investigación respectiva.

Respecto del acceso del Servicio de Impuestos Internos, se posibilita que, previa autorización de un tribunal tributario y aduanero, el banco no notifique al titular de la cuenta sobre el requerimiento de información del Servicio de Impuestos Internos para casos en los cuales la información se requiera de manera urgente o exista la posibilidad de dañar el curso de la investigación. Se faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir, una vez al año, información sobre remesas, desde y hacia el exterior, por un monto igual o superior a los 10.000 dólares.

El acuerdo alcanzado logra el cumplimiento de todas las recomendaciones realizadas a Chile por organismos internacionales, tales como OECD, Basilea y Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Adicionalmente, tanto el Servicio de Impuestos Internos como la UAF consideran que el acuerdo es apropiado y conveniente para el cumplimiento de sus funciones.

Todo lo anterior explica que de las 47 indicaciones que se votaron en la Comisión de Hacienda del Senado, 43 fueran aprobadas por unanimidad.

En la Cámara de Diputados, el resultado de la votación general de este proyecto, cuyo informe comprende 462 páginas, también evidencia el consenso político transversal en cuanto a su importancia y a sus principales contenidos, aprobándose por 99 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

Asimismo, en el Senado la aprobación en general fue unánime, y luego, en la votación particular, el proyecto se aprobó también por amplia mayoría.

Por lo anterior, anuncio el voto a favor de la bancada de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al ministro de Hacienda, quien se encuentra presente en la Sala.

Este proyecto de ley, que analizamos en la legislatura pasada, tiene varios aspectos positivos, como la obligatoriedad que entrega a la banca, la posibilidad de aumentar los capitales que permitan la estabilidad en el sistema, lo relacionado con las quiebras, y, además, nos permite ponernos al día en múltiples reglas que entrega Basilea III. Sin embargo, una de las preocupaciones que hicimos presente en las sesiones de la legislatura anterior en que lo discutimos son las complicaciones que tienen los usuarios respecto de la banca.

Planteamos los niveles de endeudamiento que tienen las familias y también las microempresas, y los esfuerzos que hacemos por estabilizar la banca y, a su vez, lograr que sus usuarios también tengan derecho a contar con reglas mucho más claras.

El ministro debe recordar que en el primer gobierno del Presidente Piñera se creó el Sernac Financiero, que significaba la posibilidad de que un organismo ayudara a esclarecer dudas a los usuarios de la banca y estableciera un sello de garantía a los bancos, de manera que existiese la posibilidad de fiscalizarlos, y, al mismo tiempo, que los usuarios pudiesen contar con herramientas para un mayor esclarecimiento de los distintos sistemas, que no siempre están claros para quien toma un crédito.

En su momento hicimos un proceso de fiscalización en relación con la implementación del Sernac Financiero, dado que el Sello Sernac que se creó era optativo, nunca fue obligatorio, situación que hicimos presente al ministro de esa época y al actual. En el fondo, me preocupa que el Sernac Financiero, cuya creación nos costó tanto aprobar, establezca un sello de carácter voluntario y no obligatorio. Se suponía que el Sernac Financiero iba a generar un estímulo tal, que la banca se iba a anotar casi automáticamente en la aplicación del Sello Sernac, de modo de poder decir a los usuarios, a los que tomaran créditos con la banca: “Este banco tiene todas las condiciones. Tomen el crédito tranquilos.”.

¿Qué ocurrió? El CAE fue la única herramienta de comparación que se tuvo disponible entre los créditos. Ningún banco -en su momento enviamos un oficio de fiscalización a la superintendencia respectiva sobre esta materia- fue capaz de inscribirse para implementar el Sello Sernac. ¿Por qué? Porque era un sello que permitía al usuario no solo tener cierto grado de tranquilidad, sino también reclamar frente a la banca, a través del Sernac Financiero, de una forma distinta, con una potencia y una capacidad distintas.

Por ello, por su intermedio, señor Presidente, solicito al ministro que, a partir de lo que estamos haciendo hoy -vamos a votar favorablemente en términos generales el proyecto; tenemos solo algunas aprensiones-, a esta moción el gobierno le dé su patrocinio en lo que respecta a lo que he señalado. Hace más de un año que estamos pidiendo el patrocinio del Ejecutivo. A pesar del esfuerzo que se hizo durante su tramitación como proyecto hace cuatro o cinco años, el Sernac Financiero ha tenido cero efectividad.

Por eso, lo único que pedimos hoy es que tratemos de equilibrar un poco la cancha -con los estándares de Basilea y con toda la estabilidad de la banca que usted quiera, ministro-, de modo que los usuarios, aquellos que utilizan la banca, fundamentalmente las familias, también tengan la posibilidad de reclamar. El Sernac Financiero, que fue tan promocionado con la etiqueta respectiva, ¡ha tenido cero adhesiones! ¡Cero! Ningún sistema o entidad financiera adhirió a él.

Así que le pido formalmente, ministro, que se incorpore la obligatoriedad del Sello Sernac y que usted nos dé el patrocinio a través del Ministerio de Hacienda.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín .

Este proyecto, que establece la modernización de la legislación bancaria, es una gran iniciativa que constituye un paso adelante en materia de legislación bancaria y que debemos promover con mucho entusiasmo. Lo anterior, a partir de dos elementos fundamentales que contiene el proyecto. Por un lado, incrementa considerablemente los poderes de fiscalización del sistema en su conjunto, y, por otro, perfecciona considerablemente la regulación sustantiva del sistema, situación que evidentemente constituye una necesidad urgente para nuestro país.

Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central han insistido en la puesta en marcha de un nuevo sistema regulatorio de la legislación bancaria, situación que se encuentra en plena consonancia con lo trabajado por naciones vecinas, como Argentina, Perú , Bolivia, Brasil y México .

En efecto, el mejoramiento de la fiscalización del sistema implica la puesta en práctica de un principio algo escondido dentro de nuestro orden administrativo, cual es el principio de la coordinación, esencial para llevar a cabo una correcta labor pública en este ámbito, ampliando la eficiencia y eficacia de los órganos administrativos competentes en una materia tan sensible como esta. Así las cosas, se evoluciona desde un sistema de fiscalización unipersonal, que hasta ahora corresponde a la Superintendencia de Bancos, a uno colegiado a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero, a partir de las normas más modernas en materia corporativa y regulatoria a nivel mundial.

Desde el punto de vista regulatorio, nuestro país incrementa sus exigencias a los más altos estándares internacionales, particularmente a lo establecido en el Convenio de Basilea III, concretamente en lo que respecta a la responsabilidad de los agentes bancarios, como también a las exigencias de capital mínimo de un banco u otra institución financiera.

Junto a lo anterior, este proyecto incorpora aspectos sumamente novedosos, tales como los mecanismos de intervención para los bancos en problemas y de manejo de crisis, lo que, sin duda, constituye una buena noticia no solo para los bancos, sino también para las personas, quienes la historia ha demostrado que son los primeros afectados por los vaivenes de la economía y las crisis que experimenta el sistema de bancos.

Así las cosas, este proyecto se enmarca en un acuerdo nacional y hemisférico, cuyo objeto es cumplir con las recomendaciones realizadas a nuestro país por los órganos internacionales competentes. Instituciones como el propio Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero han manifestado su aquiescencia respecto del sentido y alcances de esta iniciativa, en concordancia con sus finalidades institucionales.

Nos encontramos ante un proyecto cuya implementación es necesaria. Por lo mismo, manifiesto mi voto favorable para que muy pronto sea ley de la república en beneficio de todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín , y a los colegas presentes, dada la escasa presencia de diputados en la Sala.

No quisiera dejar pasar la oportunidad de celebrar la aprobación de este proyecto, que refleja, en mi parecer, algunas cosas buenas que tenemos en la política en Chile, para incredulidad de algunos. En general, es muy atractivo para la prensa vernos peleando, discutiendo y, prácticamente, sacándonos los ojos cuando hay discrepancias; pero no se muestra mucho quizás es un reclamo- cuando logramos dejar de lado las ideologías y trabajar de manera conjunta, como se hizo en este caso, a fin de dotar a nuestras instituciones de un marco regulatorio moderno acorde a un país que intenta y que trata, al menos, de estar a la altura de las potencias que decimos admirar y con las cuales queremos compararnos.

De ese modo, el 2010 se conoció un conjunto de propuestas de reformas y de modernización a la regulación bancaria motivadas precisamente por la fragilidad que mostró el sistema financiero a nivel mundial en la llamada “crisis subprime”, que afectó no solo a las principales economías del planeta, sino también a las más pequeñas, y, a veces, con mucha fuerza a las más abiertas, como es el caso nuestro.

La quiebra de la compañía Lehman Brothers Holdings fue una imagen brutal, que no solo impactó a expertos, a economistas y reguladores, sino también a cada persona que tenía depositados sus ahorros, sus sueños y sus esperanzas en una institución bancaria, bajo la certeza de que estos gigantes financieros eran demasiado grandes para caer, como repetían las autoridades norteamericanas de la época, asunto que demostró no ser cierto en Estados Unidos de América ni en Chile.

Hoy sabemos que no existe una institución demasiado grande como para no caer y que si no tomamos los resguardos adecuados se pone en riesgo no solo la economía de nuestro país, como concepto global y abstracto, sino que también se arriesga la vida y los sueños de personas reales, las pensiones de los adultos mayores y los ahorros de la clase media para casas o para los estudios de los más jóvenes. En la práctica se termina por hipotecar el futuro de generaciones.

Por eso, quiero volver a felicitar que se diera paso a la colaboración y a la seriedad. También hay que recalcar que esta iniciativa es la continuidad de un proyecto de ley presentado durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , quien tuvo la sapiencia de asumir el desafío de modernizar el mercado financiero y de cambiar dos superintendencias con varios años de historia e importantes limitaciones, como son la Superintendencia de Valores y Seguros, y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, reemplazándolas por un órgano colegiado, moderno y con una visión global a la hora de evaluar la banca y las finanzas, con competencias y herramientas efectivas para regular, investigar y sancionar.

La Comisión para el Mercado Financiero ha sido un importante avance en la regulación del mercado de valores, de las sociedades anónimas abiertas y del mercado de seguros. Hoy toca introducir la supervisión de los bancos y de las instituciones financieras. Por ello, mi gobierno, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y por el ministro Felipe Larraín , aquí presente, ha tenido el buen juicio y criterio político de mantener un buen proyecto de ley de la anterior administración, pero perfeccionando las falencias que pudiera presentar -como las que la iniciativa modificada por el Senado efectivamente tenía-, como el otorgamiento de excesivas competencias a la Unidad de Análisis Financiero en materia de secreto bancario, perfeccionamientos con los que logró que se aprobara el proyecto en el Senado prácticamente por unanimidad.

Así, cuando la centroderecha y la centroizquierda se unen de manera responsable y seria para generar instituciones modernas, el país termina favorecido: crece Chile, mejoran los mercados y se perfecciona la competencia en industrias tan importantes como el mercado de valores o el mercado financiero, lo que finalmente redunda en bienestar para las personas.

Todo lo anterior me lleva a felicitar a este gobierno, así como los esfuerzos realizados por el gobierno anterior, y a los diputados y senadores que participaron en la tramitación de este proyecto de ley. Por ello, desde la bancada de Evópoli, anuncio nuestro voto favorable a este importante proyecto de ley.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, cuántos piropos se han lanzado a este proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, iniciado en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . Parece que no todo era malo, que no todo estaba mal hecho.

Estos piropos también se extienden a lo que fue la gestión del gobierno de Michelle Bachelet en la controversia con Bolivia en La Haya. Yendo más lejos aún, en estos días descubrimos que aquellos que estaban a favor de que Pinochet siguiera ocho años más al final no lo estaban y eran partidarios encubiertos del No.

Chile hoy es feliz y tenemos una gran unidad, la cual se expresa en el acuerdo unánime del Senado respecto de este proyecto de ley, que es devuelto con modificaciones, las que, sin embargo, parece que mis estimados colegas no han leído con la detención suficiente.

Hay un punto que para todos los miembros de esta Cámara debiese ser inaceptable, y, por lo mismo, pido que este proyecto sea enviado a comisión mixta. En un acto, a mi juicio insólito, se modifica el artículo 49 bis del proyecto, que establecía una incompatibilidad entre ser director de banco y parlamentario. El Senado, con un descaro increíble, eliminó esa incompatibilidad, que había aprobado la Cámara de Diputados.

Colegas, nosotros, que decimos que estamos tan preocupados por nuestro prestigio y por el prestigio de esta institución, ¿podemos aceptar un cambio de esta naturaleza? Los invito a todos a votar en contra de esta modificación del Senado, pues habla muy mal de quienes proponen seguir enredando las cosas entre el dinero, los negocios y el gobierno de la sociedad, del que formamos parte como parlamentarios. ¡Esto realmente lo encuentro insólito! Esto demuestra que todo lo bueno puede ser echado a perder.

Respecto de la segunda observación que tenemos los socialistas, señor ministro -a través suyo, señor Presidente-, quizás no podamos concitar la misma unanimidad, pero también haría un llamado de atención en cuanto a que las modificaciones propuestas por el Senado hacen retroceder fuertemente la propuesta de la Presidenta Bachelet en materia de la capacidad de fiscalización de los entes públicos sobre el sistema financiero y bancario. Así, por ejemplo, en la propuesta del Senado, la Unidad de Análisis Financiero pierde la presunción de interés legítimo y no previsibilidad del daño patrimonial, como lo había aprobado esta Cámara.

Entonces, al final, ¿para qué creamos una Unidad de Análisis Financiero si estará intermediada por tantas instituciones para cumplir su función y estaré tan restringida en su ámbito de competencia? Lo mismo ocurre respecto del Servicio de Impuestos Internos, al cual también se le elimina la presunción de interés legítimo y no previsibilidad del daño patrimonial.

Estas señales debilitarán a la autoridad pública en la supervisión del sistema financiero, lo que permitirá que se incurra en delitos tipificados universalmente como indeseables, como es el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, lacra que se supone que a todos nos espanta y que todos repudiamos. De esta manera, vamos dejando puertecitas y más puertecitas abiertas para que estos delitos indeseables se puedan realizar con mayor facilidad.

Por lo mismo, si bien ya votamos a favor de este proyecto de ley en los términos propuestas por esta Cámara, y lo volveremos a apoyar, solicitaremos el apoyo de todos los colegas para enviarlo a comisión mixta, particularmente para analizar lo referido a la eliminación de la incompatibilidad entre ser parlamentario y director de banco, y el debilitamiento de las competencias de las autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la Unidad de Análisis Financiero.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Hacienda, presente en esta Sala.

Está claro que este proyecto de ley permitirá disminuir las vulnerabilidades de nuestro país y reducir el potencial compromiso de fondos públicos ante el evento de que el fisco tenga que responder por las fallas de las instituciones bancarias.

Por otro lado, permitirá crear los mecanismos para fomentar la integración financiera internacional y mejorar la competitividad y sustentabilidad de la industria bancaria local.

Creo de total pertinencia aprobar este proyecto, incluidas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, por lo que adelanto la intención de la bancada de Renovación Nacional de votar favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, permítame hacer una aclaración.

No creo estar equivocada si digo que me parece que el diputado Schilling incurre en un error al señalar que las inhabilidades de los parlamentarios ya no están. Lo que ocurre es que es probable que las hayan sacado del proyecto porque ya están establecidas en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En consecuencia, no veo la necesidad de replicarlas en esta iniciativa.

Estimo que esa debe ser la razón por la cual el Senado las sacó de este proyecto. He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en sesión 76ª de la presente legislatura, en 26 de septiembre de 2018, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Educación.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, en nuestro país se droga a niños para que estén atentos y disponibles para las actividades de la clase. Esto es impactante, pero es verdad.

Según estudios, refrendados por los expertos que asistieron a la Comisión de Educación, en nuestro país existe el triple de niños con hiperactividad y déficit atencional que en cualquier otro país. Es más, hay niños que son drogados sin necesitarlo.

No deja de llamar la atención que a las personas mayores se les prohíba el consumo de drogas cuando es por placer y de manera voluntaria, pero cuando la droga es para hacer funcionar al sistema no solo se sugiere su consumo, sino que en algunos casos muy particulares se obliga a hacerlo. Por lo mismo, no debe extrañar el alto consumo de drogas funcionales, como los antidepresivos y ansiolíticos. En el caso de los niños, la risperidona y el Ritalin abundan en nuestros colegios.

Necesitamos avanzar más profundamente en lo que entendemos por educación, ya que se mantienen criterios mercantiles, que buscan estandarizar la medición del proceso educativo. En ese contexto, los niños que no cumplen con el estándar de conducta, no son deseados, y se droga a los niños más inquietos, quienes no pueden acomodarse a las rígidas normas de la sala de clases.

En definitiva, a los niños se les droga para hacer funcionar el sistema educacional, que no está acorde con los tiempos actuales. Digámoslo con franqueza: en pleno siglo XXI hay asignaturas que muchas veces funcionan como hace un siglo.

Este proyecto es importante, pero debe ser acompañado de un cambio en la forma en que entendemos la educación. Se deben respetar y aceptar las diferencias, y se deben potenciar las distintas capacidades de los estudiantes. Por lo mismo, los profesores son llamados a ser protagonistas del proceso educativo, porque son ellos quienes pasan más tiempo con los niños. Sin embargo, muchas veces para evitarse problemas, algunos docentes sugieren a los padres de estos niños el uso de esas famosas pastillas, que, literalmente, apagan la creatividad de esos menores y tienen efectos muchas veces irreparables.

Debemos cambiar nuestro paradigma educativo, debemos recoger la evidencia internacional y salir del neoliberalismo educacional, que, con instrumentos de medición estandarizados, establece incentivos perversos. A final de cuentas, en función de esos instrumentos, todos buscan obtener buenos resultados, que, al igual que todo en el mercado, son usados como publicidad para que otros padres matriculen a sus hijos en esos colegios. Así, nuestra educación está en función del mercado.

Al respecto, quiero mencionar el caso de la educación en países nórdicos, como Finlandia y Noruega, que registran los mayores índices de felicidad, y en los que no se evalúa a los niños hasta la adolescencia. En esos países la educación es todo el proceso, no solo el resultado estandarizado. Por eso, debemos observarlos y aprender de su experiencia.

Tengo la convicción de que los niños no son el problema y que obligarlos a consumir drogas es vulnerar sus derechos, por lo que apoyo plenamente este proyecto de ley y, sin dudarlo, lo votaré favorablemente.

Por lo expuesto, emplazo al gobierno a poner a los niños en primer lugar, como dicen, y a velar por que proyectos como el que estamos discutiendo sean pronto ley de la república. Hay que cambiar el rumbo de la educación, colocarla al servicio de la comunidad, y no permitir que los niños queden a merced de la educación y de las necesidades del mercado educativo, que, como concepto, debe ser erradicado de nuestro sistema.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, como autora de esta iniciativa, quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Educación, que apoyaron este proyecto de ley en forma unánime.

Es importante, como dijo el diputado Raúl Saldívar , plantearse qué está pasando con el sistema educacional de nuestro país. Hay datos que son preocupantes. Es preocupante, por ejemplo, que la importación de metilfenidato, el Ritalin, haya aumentado cerca de 500 por ciento en los últimos años. Eso es una barbaridad. Y estamos hablando solo de lo que el Estado compra. En otras palabras, las compras públicas de ese fármaco han aumentado en cerca de 500 por ciento.

Repito: aquí no se incluyen las compras de metilfenidato que hacen los privados. Esto quiere decir que el Estado de Chile está haciendo una apuesta por drogar a los niños de nuestro país.

El International Narcotics Control Board sitúa a Chile entre los diez países con más demanda de este fármaco. Por lo tanto, Chile está dentro de los diez países que más medican a los niños en etapa escolar.

Las políticas públicas ligadas a educación y a salud han fomentado y exacerbado las prácticas de diagnóstico y de tratamiento farmacológico en Chile. Estudios internacionales -esto es muy importante- muestran que los niños que usaron Ritalin mejoraron muy poco sus resultados académicos y aumentaron su infelicidad.

Claramente, en Chile no estamos preocupados de los niños; estamos preocupados de que el sistema funcione. Lo que estamos alimentando es el sistema. Todos los especialistas que asistieron a la Comisión de Educación para tratar este tema nos plantearon que el problema no es el niño, sino el contexto educacional en el que están inmersos hoy, el que, supuestamente, genera aprendizaje en los niños.

Quiero plantear algunos aspectos adversos del Ritalin.

Uno de los problemas que le preocupa enormemente a nuestra sociedad es la violencia escolar. Tenemos proyectos para expulsar a niños y para abordar soluciones al tema de la violencia en el sistema escolar.

El 24,9 por ciento de los niños está diagnosticado con trastorno de déficit atencional con hiperactividad. O sea, más de un cuarto de nuestros niños está diagnosticado con ese trastorno y, por lo tanto, está medicado.

Se ha comunicado que la administración de metilfenidato provoca síntomas psicóticos, tales como alucinaciones visuales y táctiles, o manías en pacientes tratados con dosis habituales de estimulantes como el Ritalin.

Asimismo, durante el tratamiento con fármacos estimulantes como el Ritalin se ha comunicado la aparición de conductas agresivas o la exacerbación de la conducta agresiva inicial. O sea, queremos que no haya violencia, pero les damos medicamentos a los niños para que, efectivamente, la respuesta en estos casos sea mayor agresividad.

¿Qué nos dice la guía clínica de la OMS respecto del trastorno de déficit atencional? Como título dice “No medicar”. Es decir, la recomendación inicial de la guía clínica de la Organización Mundial de la Salud es no medicar a los niños y plantea una serie de alternativas de tratamiento terapéutico, como apoyo psicológico, tratar a los padres; abordar el tema desde la familia, con el profesor y la escuela, y cambiar los contextos de aprendizaje. Ninguna de esas alternativas se ponen en práctica en Chile. Ellos dicen que si ninguno de esos apoyos psicológicos resulta, recién ahí podríamos tener autorización para medicar en los casos más complejos.

Repito: hoy en Chile esto no se aplica; no hay apoyo psicológico; no hay cambio de contexto educacional, y lo primero que se hace es entregar pastillas a los niños. Esa es la respuesta que tiene nuestro sistema a niños que pueden presentar trastornos de déficit atencional con hiperactividad.

¿Qué es lo otro importante que dice la guía clínica de la OMS? Que en el caso de medicar, solo hacerlo con niños mayores de seis años. Tenemos una cantidad enorme de niños medicados que son menores de cinco años. Hemos detectado casos de niños de un año medicados con Ritalin. ¡Un año!

¿Qué más nos dice la guía clínica de la OMS? No entregar ningún otro psicotrópico que no sea, efectivamente, el metilfenidato en caso de que haya que tratar. Tenemos miles, cientos de casos de niños que reciben Ritalin y risperidona. ¿Qué es la risperidona? Es el medicamento que se les indica a los pacientes esquizofrénicos para controlar los cuadros psicóticos.

¿Qué dice el prospecto de la risperidona? No administrar por más de sesenta días a pacientes esquizofrénicos; sin embargo, nosotros tenemos niños que llevan seis o siete años medicados con risperidona. O sea, claramente estamos cometiendo un crimen como sociedad.

Me aterra ver cómo cada vez más niños, como si esto fuera lo más normal del mundo, son derivados hacia la medicación para acceder al derecho a la educación. ¿Qué hacen las escuelas hoy? Las escuelas ponen como condición que el niño visite al especialista y vuelva con el medicamento para permanecer en clases. Eso es una aberración; eso es eliminar el derecho a la educación de los niños.

Tenemos claro -es lo que han planteado los especialistas- que el problema no es el niño. Incluso, han planteado que es muy difícil establecer un diagnóstico psiquiátrico y ponerse de acuerdo entre los especialistas respecto de cuáles son realmente los síntomas y los signos asociados al trastorno de déficit atencional. Esto no es una enfermedad; por eso se le llama trastorno. Sin embargo, estamos tratando a los niños como si estuvieran enfermos, en circunstancias de que es el sistema el que está enfermo y está enfermando a los niños.

No es casual que tengamos muchísimos niños medicados en el sistema escolar; tampoco es casual que tengamos una gran cantidad de profesores medicados.

Es muy importante que aprobemos la iniciativa, que lamentablemente no regula -eso lo vamos a ver después en otro proyecto- lo que pasa en el ámbito de la salud. Aquí solo estamos tocando el ámbito de la educación, para que la escuela no ponga como condición que el niño tenga que estar drogado para acceder a su derecho a la educación. Es lo mínimo de lo mínimo que debemos hacer. ¡Lo mínimo!

Otro efecto que genera la risperidona, por si ustedes no lo saben, es la obesidad. Tenemos cientos de niños obesos en nuestro sistema. ¡Cientos de niños obesos! La obesidad infantil es uno de los problemas más importantes que enfrenta la salud pública en nuestro país. ¿Qué hacemos? Les damos risperidona para que sean obesos. Por un lado, hacemos programas antiobesidad, y, por otro, les damos las pastillitas para que los niños sean obesos. ¡Gran país tenemos! ¡Grandes políticas públicas tenemos!

Claramente, creo que aquí debemos poner coto a una situación que está afectando a miles de niños en nuestro país. ¿Qué hace la escuela -sobre esto hay denuncias en la Superintendencia- cuando el papá o la mamá se opone? Dice que si se niega a medicar a su hijo, lo van derivar a la OPD para protección del Sename. Estamos generando una destrucción sistemática de los niños en nuestro país. Los padres no pueden decidir si quieren hacer tratamiento con flores de Bach, porque la escuela opina que el niño medicado es mucho más funcional al sistema.

Debemos cambiar el sistema; no tenemos que medicar a los niños, sino que debemos modificar un sistema educativo que claramente está generando estrés -incluidos los profesores- y está dañando a nuestros niños.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que tenemos aquí es un sistema educativo que no está educando, que está entrenando, que está generando perversión y que no está dando educación ni felicidad a los niños.

Por ello, invito a votar a favor el proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención con un agradecimiento a la diputada Cristina Girardi y a todos los miembros de la Comisión de Educación que transversalmente decidieron acompañarla en este proyecto de ley.

Me consta que la diputada Cristina Girardi ha sido una activista permanente para sacar adelante modificaciones legales para incentivar un cambio cultural y de perspectiva en la educación de los niños y niñas de nuestro país, particularmente en relación con esta dramática situación.

Quiero recordar cómo partió la tramitación de este proyecto de ley. Un elemento fundamental dentro de la discusión de la iniciativa fueron las miles de denuncias que hicieron padres y madres de colegios públicos y privados porque sus niños y niñas fueron derechamente discriminados en el ingreso a sus escuelas o en su permanencia en ellas, pues se les obligaba a consumir medicamentos.

En la Comisión se expuso que, de las 1.456 denuncias que se realizaron ante la Superintendencia de Educación Escolar, el 51 por ciento recae en asuntos relativos al trastorno por déficit atencional e hiperactividad, al cual hizo referencia recientemente la diputada Cristina Girardi .

Sabemos que hay familias que toman la decisión de medicar a sus hijos, y están en su derecho, porque hoy existen diferentes mecanismos para tratar ese tipo de trastorno, entre los cuales la medicina entrega ciertas alternativas. Sin embargo, no podemos comprender ni aceptar que en los colegios ocurra ese tipo de discriminación cuando estamos en el camino de eliminar las discriminaciones.

Hace algunos años, en la Cámara de Diputados terminamos de tramitar la ley de inclusión escolar que apuntaba en la línea de eliminar las discriminaciones arbitrarias, económicas o de otro tipo con nuestros niños y niñas, porque ellos no pueden ser discriminados para tener acceso a la educación. Por el contrario, la sociedad debe garantizarles el acceso y el derecho a la educación, con todos los elementos que se deban incorporar para facilitar su inclusión, independientemente de sus características propias.

Hemos hablado de políticas de inclusión y de cómo incorporar en la educación tradicional a aquellos niños y niñas que tienen algunos déficits de atención o algunos trastornos mentales e, incluso, algunas patologías. Sin embargo, como señalé, nos encontramos con que hay 1.456 denuncias ante la Superintendencia de Educación Escolar, realizadas por familias que fueron derechamente discriminadas en relación con el ingreso o a la mantención de sus hijos en escuelas por no querer darles esos medicamentos, por no querer, como dijo recién la diputada Girardi , drogar a sus niños.

Esos medicamentos no solo significan un desembolso económico importante para las familias, sino que muchas veces también generan consecuencias indeseables en la salud de los niños. En algunos casos generan efectos positivos, pero en muchos otros producen efectos adversos, y todos sabemos que los medicamentos no solo tienen efectos positivos en relación con el tratamiento de una determinada enfermedad, patología o trastorno, sino que también, en muchas ocasiones, generan efectos físicos, psicológicos e, incluso, en este caso, y particularmente en relación con los medicamentos a que nos referimos, algunos efectos en la manera de relacionarse.

No podemos aceptar que en nuestro país estemos buscando rehabilitar a la juventud, de la que tanto se habla, en relación con las drogas, y que, sin embargo, se den experiencias concretas en colegios públicos y privados que dan cuenta de que se quiere drogar a nuestros niños y niñas para mantenerlos en sus salas de clase. Esta situación es inaceptable.

Por eso celebro que este proyecto de ley no solo plantee la necesidad de prohibir explícitamente, en la ley General de Educación, el condicionamiento a los estudiantes al consumo de estos medicamentos para incorporarse o mantenerse en las escuelas, sino que, además, incentive los mecanismos diferentes o alternativos para tratar esas situaciones.

No se trata de desatender la realidad de estos niños ni de mirar para el lado; no se trata de no hacernos cargo de aquellos trastornos o cuando hay un niño con déficit atencional, sino de asumirlos de una manera diferente.

Nuestros niños no pueden ser tratados como personas con las que se puede experimentar; no pueden ser ellos los que resuelvan el problema del modelo de educación por la vía de su sacrificio. ¡No lo vamos a aceptar, señor Presidente! No vamos a sacrificar a nuestros niños para superar aquellos problemas que tiene el modelo de educación, por no tener la cantidad adecuada de niños por sala, por no tener docentes capacitados para tratar este tipo de situaciones, por no tener políticas reales de inclusión en aquellas situaciones especiales que existen y que hay que atender de la misma manera y con la misma prioridad que se hace en la atención de la educación de los demás niños de nuestro país, que tienen derecho a acceder, a mantenerse y, por supuesto, a tener garantizado el derecho a la educación por la que tanto hemos luchado.

Sin lugar a dudas, este tipo de medidas, por pequeñas que parezcan y aisladas que sean, son fundamentales para empezar a cambiar este modelo de educación arcaico que no da cuenta de las necesidades actuales de desarrollo que tenemos para los niños de nuestro país.

Anuncio el voto a favor de la bancada del Partido Comunista y del Partido Progresista. Además, agradezco y saludo a los diputados y diputadas autores de este proyecto transversal, entre quienes se encuentran las diputadas Cristina Girardi y Camila Vallejo , y el diputado Bellolio , por colocar sobre la mesa una discusión tan importante como esta, poniendo en el centro lo que nunca debió dejar de ser prioridad: los niños y niñas del país, en función de su derecho fundamental a la educación sin ningún tipo de discriminación. He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, quiero partir por precisar el contenido de este proyecto porque es importante que algunos colegas lo tengan a la vista.

La iniciativa busca no condicionar la incorporación, la asistencia y la permanencia de una persona al uso de medicamentos. Dejo esto claro porque algunos se preguntan qué pasará con una persona que tiene un tratamiento para una enfermedad clínicamente diagnosticada. ¿Significa que no va a poder seguir su tratamiento? No, porque este proyecto simplemente aspira a que no se condicione por parte de ningún organismo educacional la incorporación, asistencia y permanencia al uso de un medicamento. Lo que hay detrás, y este es un propósito transversal, es que no se empleen los fármacos como un medio de interacción pedagógica, sobre lo cual se alcanzó un acuerdo transversal, como anunciaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.

El proyecto tiene una virtud que hay que destacar, cual es que deja en evidencia muchas carencias en distintos ámbitos de nuestra vida social y educacional. Primero, el tema del síndrome de déficit atencional. En la comisión conversamos sobre el tema y concordamos en que quizás alguno de nosotros pudo haber sido diagnosticado de algún trastorno de este tipo. El 51 por ciento de las denuncias en la Superintendencia de Educación habla de un problema que es como un bolsillo de payaso porque, ante ciertas dificultades pedagógicas, se prefiere apelar a ese síndrome que tiene muy poco respaldo en la evidencia científica.

Hay que reconocer que en 2009 se trató de afrontar este desafío con un documento, pero este ya se encuentra completamente obsoleto.

Hay otras carencias de fondo que es importante dejar en evidencia, ya que se ha mencionado el tema pedagógico. Debemos ser capaces de generar modelos pedagógicos que estimulen los talentos, la diversidad de carismas y la diversidad de nuestros estudiantes. ¿Cuántos de ellos son diagnosticados con déficit atencional e hiperactividad simplemente por no cuadrar en el patrón específico? Lo que hay en el fondo -lo digo casi como una experiencia personal- es que algunos atributos no calzan en el sistema y es más fácil calificarlos como déficit atencional e hiperactividad que tratar de generar modelos pedagógicos que realmente reconozcan esa diversidad.

Por otra parte, tenemos el desafío de hacer intervenciones de distintas disciplinas para hacernos cargo de esos niños, pero seamos francos, especialmente aquellos que representamos a zonas rurales, y reconozcamos que, muchas veces, esos profesionales no existen o no se tiene la capacidad para contratarlos en las escuelas rurales.

Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos, desde el punto de vista del sistema, para generar profesionales que realmente apoyen a nuestros niños en su diversidad de necesidades?

Organizaciones de profesores nos hablaron del estrés -lo mencionó la diputada Girardi - del cual ellos son objeto y de cómo muchas veces el exceso de alumnos en sala y la falta de capacidad para preparar las horas de clases se traducen en pocas posibilidades de hacerse cargo de aquellos niños que requieren un mayor esfuerzo pedagógico. ¿Qué podemos hacer para mejorar esas condiciones? También es parte del desafío.

Tangencialmente, este proyecto toca dos temas de los que tampoco nos hemos hecho cargo: el primero tiene que ver con distinguir el uso de medicamentos, en mi opinión, inapropiadamente como mecanismo pedagógico de la salud mental. En Chile no tenemos ley de salud mental. No nos hemos hecho cargo de sistematizar las normas relativas a la salud mental. Por lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a situaciones como esta, no tenemos cuerpos legales a los cuales echar mano. Ahí tenemos otra tremenda responsabilidad quienes estamos a cargo de legislar.

El segundo dice relación con lo siguiente: el proyecto habla de educación de niños con necesidades educativas especiales. Tampoco tenemos un cuerpo legal sobre esa materia. No nos hemos hecho cargo de potenciar adecuadamente a los más vulnerables del sistema educativo, que son los niños con necesidades especiales, y de distinguir su realidad de niños hiperactivos que efectivamente, quizás, hay que estimular de una manera pedagógica distinta.

Más allá de todas esas carencias que me interesaba poner de relieve y que nos ponen en la obligación moral y política de darles respuesta, sí tengo clara una cosa, y espero que la Cámara también la tenga clara: empastillar a nuestros niños no es el camino.

La iniciativa cuenta con apoyo transversal. Por tanto, espero que logremos algo muy valioso como señal: aprobar con una amplia mayoría el proyecto, para decir que el Ritalin y las pastillas no son el mecanismo adecuado para educar a nuestros hijos. He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, antes de ir al fondo del proyecto, creo necesario destacar la importancia de hacer efectiva esta modificación a la Ley General de Educación y a la ley de subvenciones, principalmente en consideración a que la materia que intenta regular el presente proyecto de ley impacta directamente en evitar un riesgo grave a la integridad física y psíquica de nuestros niños y jóvenes.

Es así como, desde hace algunos años, el uso del metilfenidato y otros psicofármacos en las aulas de nuestros establecimientos educacionales se ha transformado en algo común e, incluso, prevalente como especie de “instrumento educativo”, con el fin de hacer frente a situaciones adversas en el proceso de aprendizaje al interior de las salas de clases.

Lamentablemente, lo masivo de esta práctica, que se materializa previo diagnóstico, a veces superficial, de un trastorno de déficit atencional y de hiperactividad que presentan algunos alumnos, está sustentado en las cifras de importación de medicamentos, como el metilfenidato (usualmente conocido como Ritalin o Aradix), según ha sido informado por el propio director del Instituto de Salud Pública, que ha tenido un aumento alarmante de 342 por ciento en promedio en los últimos cinco años en nuestro país.

Es menester señalar también que, junto a esta poco favorable o alarmante cifra, en Chile existe un 17 por ciento de niños y jóvenes diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en circunstancias de que el índice promedio mundial ronda entre el 4 y el 5 por ciento. Estos datos nos dan a entender que estamos frente a un sobrediagnóstico evidente, que conlleva todos los riesgos asociados a la medicación infundada de fármacos tan potentes y con tantos efectos secundarios, tales como impactos dañinos en el proceso de aprendizaje, deterioro emocional, ideas suicidas, anorexia, trastornos cardiacos, entre otros.

Es decir, ante los efectos mencionados sobre los niños y jóvenes producidos por este tipo de drogas de prescripción restringida, como son la cesación de la hiperactividad y la producción de niños más “atentos” u “ordenados” en la sala de clases, a través de los años hemos llegado al convencimiento de que medicar a nuestros alumnos para obtener el “resultado académico esperado” o el “comportamiento académico esperado” es una vía aceptable para resolver problemas de conducta y de aprendizaje en los alumnos.

Es aquí donde la modificación legal que debatimos constituye un freno a este entendimiento errado y peligroso, pues establece la prohibición a los establecimientos educacionales de que condicionen la incorporación, permanencia o asistencia de los estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta.

Es necesario e imprescindible que nuestro sistema educacional se enfoque en educar a nuestros niños y jóvenes aceptando y atendiendo sus particularidades individuales a través de las herramientas psicopedagógicas disponibles, y no en condicionar el derecho a educarse de estos últimos al consumo de psicofármacos de manera antojadiza e instrumentalista, menos aún considerando la gran cantidad de riesgos asociados al consumo de este tipo de drogas, especialmente en niños y jóvenes.

Por estas razones, creo firmemente en que la aprobación del presente proyecto de ley será un mitigador particularmente útil del riesgo asociado a los errores de diagnóstico y a la sobremedicación recién expuesta.

Votaré a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, quiero aprovechar la presencia en las tribunas de los chiquillos y chiquillas del Liceo Polivalente Paul Harris, porque les compete directamente esta discusión.

Hay un profesor muy famoso, Sir Ken Robinson , que contaba una historia que creo que todos quienes nos hemos vinculado a la discusión sobre educación alguna vez escuchamos. Él cuenta que, décadas atrás, una madre fue con su hija a ver a un psiquiatra; la habían enviado del colegio, porque la niña nunca paraba de moverse. Es decir, la mandaron al psiquiatra como condición para que pudiera seguir participando de sus actividades en el colegio. El psiquiatra tenía una sala al costado de su oficina, a la que se podía mirar a través de una ventana. Le dijo a la mamá que dejara a su hija en dicha sala. Una vez que la dejó allí, el siquiatra conversó un rato con la mamá y luego le dijo: “Mire a su hija. ¿Qué es lo que ve?”. La mamá respondió: “Está ahí moviéndose”. La niña estaba jugando con las cosas que había en la sala, y daba vueltas en círculo. El psiquiatra le dijo: “Lo que pasa es que su hija es una bailarina”. Evidentemente, era una bailarina, por cómo se comportaba: estaba bailando.

El colegio al que asistía no tenía ninguna capacidad para hacerse cargo de lo que hoy llamamos hiperactividad, de ese “trastorno”. Esa niña terminó siendo la coreógrafa del musical “Cats”, y directora de una de las grandes compañías de baile en Estados Unidos. No fracasó en su vida ni terminó perdida. Se dedicó a la danza, que para nosotros pareciera ser una actividad de poca relevancia.

De vez en cuando veo ese video cuando nos enfrentamos a estas discusiones, porque es de mucho sentido común y da cuenta de la profundidad del problema del que busca hacerse cargo esta iniciativa, con el objeto de tratar de cambiar el hecho de que cuando se esté frente a estudiantes que son hiperactivos, la solución que se plantee sea medicarlos, porque tienen un problema y no son normales.

Por lo tanto, nos enfrentamos al problema de los estudiantes que son normales y de los que no lo son, y si algunos estudiantes no son normales, entonces como sociedad tenemos que hacernos cargo de ellos y darles una pastilla, la que va a permitir que esos alumnos como los que están en las tribunas- puedan funcionar en sus salas de clases, ya que como son muchos los alumnos por sala, ¿cómo van a aprender matemáticas, lenguaje y ciencias, entre otras materias, si no están ordenados?

El desafío que tenemos hoy, después de haber discutido en los últimos años respecto del valor de la inclusión y de la forma en que estaba vinculada con la calidad, es determinar, al momento de considerar el futuro de la educación y del país, de los chilenos y de las chilenas, si debemos atajar la chispa de la creatividad con una pastilla, es decir, seguir haciéndolo como lo hemos hecho siempre, o si podemos innovar y decir: “Los espacios educativos se van a hacer cargo de potenciar los talentos que tienen los estudiantes”, entre los que están quienes nos acompañan hoy en las tribunas.

Estamos hablando de chiquillos y chiquillas que tienen talentos distintos, pero quizás a más de alguno -desde la tribuna levanten la mano quienes son inquietos y están todo el día dando vueltas- les han dicho que tienen un problema y los mandan al psicólogo, luego de lo cual probablemente terminen empastillados.

Chiquillos -por su intermedio, señor Presidente-, les quiero decir que ustedes no tienen ningún problema; el problema lo tiene nuestro sistema educativo, que trata de normalizarnos para que todos seamos iguales, pero iguales no en nuestros talentos o en la forma de potenciarlos, sino iguales en una cajita bien compartimentada, para que las cosas se puedan hacer en orden.

Por lo tanto, lo que propone este proyecto es impedir que a un estudiante se le pueda condicionar su permanencia en un establecimiento educacional porque no está medicado; pero eso es la punta del iceberg. Como legisladores tenemos el enorme desafío de pasar a nuevas generaciones de reformas a la educación, con el objeto de que se pueda hacer cargo de desarrollar la chispa de creatividad que tienen por sobre todo los niños. De repente, a nosotros esa chispa ya se nos está acabando, pero los niños son, por sobre todo, creativos.

En consecuencia, debemos hacer de esa creatividad una oportunidad para el país; tenemos que defender el derecho de los estudiantes a tener educación y debemos avanzar en una nueva discusión, que nos permita decir en el futuro que en Chile no sobra nadie, de manera que si bien somos diversos, somos distintos, vamos a potenciarnos para que cada uno de esos talentos pueda ponerse al servicio del futuro del país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina).-

Señor Presidente, el proyecto que hoy nos convoca, iniciado en moción, nos permite señalar que los trastornos de conducta se han convertido en una fuente de preocupación para las familias, las escuelas y la sociedad en general, situación de la que no podemos abstraernos.

Según diversos estudios sobre la materia, los trastornos de conducta aparecen cuando niños, niñas o adolescentes tienen que cumplir determinadas normas y someterse a un grado de disciplina que les suponga no conseguir una satisfacción inmediata.

Para entender el fondo de la propuesta parlamentaria, creo que debemos explicar que el trastorno de conducta dice relación con la permanente oposición de los que la padecen a algunas instrucciones, las cuales, en determinadas circunstancias, podrían ser consideradas importantes para el desarrollo, la formación de la propia identidad, el autocontrol o el desarrollo personal del niño o de la niña, pero que a la larga no cumple ese propósito.

La mayor parte de los problemas de conducta que muestran los niños o las niñas pueden explicarse como un desajuste dentro de su contexto familiar, escolar o social; pero si este permanece en el tiempo, quienes lo presentan pueden ser señalados como niños problemáticos, con la consiguiente etiqueta, que, además, suele ir acompañada de otros problemas que dificultarán las posibilidades de adaptación y normalización de su desarrollo. Obviamente, los niños que presentan esos problemas de conducta terminarán por ser niños medicados y socialmente etiquetados.

La iniciativa que debatimos señala que las pautas educativas y los momentos de intervención son elementos muy importantes en la prevención del desarrollo de dichos problemas. De allí que los establecimientos educacionales no pueden ni deben quedar ajenos a ese tipo de trabajo social, de gran contenido humano, empatía y sensibilidad. El aula, en muchos casos, se transforma en una vía de escape para el niño o la niña. Por lo tanto, negarles esa posibilidad podría, incluso, calificarse como una vulneración de sus derechos.

Por otra parte, se nos podría señalar: “¿Qué pasa con aquellos niños que no tienen ese tipo de conducta y que son parte del grupo educativo al que asiste con regularidad el niño “problema”?”. Quizás la respuesta fácil o simplista sería buscar un lugar en donde reciban a esos niños con algún grado de conflicto; pero esa no es la solución.

La llegada o integración de niños o niñas con desórdenes de conducta o comportamiento perturbador es siempre compleja; en la mayoría de los casos constituye un reto. Sin embargo, el tratamiento de esa problemática supone una oportunidad para el cambio y una mejora tanto para el niño o la niña como para los compañeros y adultos que conviven con él o con ella.

En el nivel preventivo son necesarias actuaciones y programas dirigidos a los padres y al ámbito escolar que faciliten al niño un entorno sano y acogedor.

En el contexto escolar, las actuaciones deben encaminarse a incrementar las habilidades comunicativas del profesorado respecto de las relaciones con sus alumnos, así como a aumentar el conocimiento y la competencia en la identificación y el manejo de los problemas de conducta de manera eficaz.

Al mismo tiempo, es absolutamente necesario desarrollar un trabajo específico con el grupo de compañeros, con el objeto de hacerles ver que no se trata de una situación individual de un alumno aislado, sino del grupo social, razón por la que debe necesariamente involucrarse a los padres, a los profesores y a todos los niños de su entorno, en este caso, a lo compañeros de curso.

¿Por qué señalo lo anterior? Porque la mejora de la socialización en el grupo es algo indispensable, ya que, en definitiva, los problemas de comportamiento suponen un fracaso en el proceso de socialización. Por eso, este tipo de intervención se convertirá en una poderosa herramienta en la prevención y el manejo de los problemas de conducta.

Ahora bien, las diversas actuaciones que se desarrollan en los centros educativos deben ir encaminadas no solo al aprendizaje y adquisición de conocimientos, sino muy especialmente al pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

Estamos ciertos de que el condicionar la permanencia de un estudiante con trastornos de conducta al uso permanente de medicamentos no está encaminado a mejorar el autocontrol, a prevenir la violencia, ni menos a mejorar la competencia social y escolar de ese alumno. De allí que debemos propender a entregar las herramientas necesarias para enfrentar ese problema durante el proceso educativo de los alumnos con problemas conductuales.

Sabemos que existen profesores ávidos de entregar esos conocimientos y dispuestos a hacer frente a ese desafío, sin importar la condición social, económica o de salud de su alumno, mientras que a los otros hay que tratar de entrenarlos y darles las herramientas necesarias para que sean capaces de enfrentarlo.

Antes de terminar, solo quiero contar un pequeño ejemplo. Hace veinte años, cuando mi hijo estaba recién en prekínder, le diagnosticaron hiperactividad. Gracias a Dios, el colegio en que estaba, en vez de medicarlo, le dio la oportunidad de realizar una especie de entrenamiento deportivo antes del comienzo de cada clase. Hizo eso no solo con él, sino también con otros niños que tenían el mismo diagnóstico. Con esta actividad se cansaban, porque los hacían correr y dar vueltas a la cancha. Luego, cuando ya estaban un poco más cansados y más tranquilos, podían entrar a clases para desarrollarse junto con el resto de sus compañeros.

Eso dio muy buen resultado. En verdad, agradezco al colegio la oportunidad que dio a mi hijo, pues eso evitó medicarlo y permitió tratarlo con otros medios y otras herramientas.

Por las razones señaladas, creo que es muy importante que este proyecto de ley, iniciado en moción, sea aprobado tanto en esta Sala como en el Senado.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Cito a todos los jefes y subjefes de bancada a reunión de Comités sin suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto de ley, el cual, por supuesto, votaré a favor con mucha convicción.

Ello se debe a que considero muy importante establecer en la Ley General de Educación y en la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales la prohibición de que se condicione la permanencia de los alumnos al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta.

Voy a relatar una anécdota.

En mi casa somos nueve hermanos, y a uno de ellos -no diré cuál, porque es medio conocido- en el colegio le diagnosticaron la necesidad de tomar Ritalin. Él hacía como que se tomaba el medicamento, pero en realidad no se lo tomaba y engañaba al profesor o a la profesora, porque se rebelaba contra esa prescripción médica. No obstante, después se convirtió en un destacado profesional y ocupó algunos cargos importantes en el ámbito público.

Con esto quiero decir que por décadas hemos tenido una costumbre muy poco sana: el que los establecimientos educacionales exijan que a los estudiantes hiperactivos les prescriban Ritalin u otros medicamentos similares.

Coincido con el diputado Crispi y con lo planteado por otros colegas en cuanto a que prefiero mil veces a un estudiante hiperactivo, con inquietud por conocer, por moverse, por practicar algún deporte, que uno que esté absolutamente quieto y no tenga la inquietud de descubrir el mundo. Así que me parece que en nuestro sistema educacional tenemos un problema en esta materia.

Hace más de cinco años aprobamos un proyecto de ley, que se tramitó en la Comisión de Deportes y Recreación, para pasar de dos a cuatro horas obligatorias de educación física y deportes en los establecimientos educacionales, como mínimo. Para qué le digo, señor Presidente, los años que ese proyecto de ley lleva estancado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Hicimos una tremenda reforma educacional -me siento orgulloso de ella-, pero qué poco espacio le dedicamos al deporte en esa reforma.

¿Cuántos establecimientos educacionales en Chile tienen infraestructura deportiva adecuada para que los niños puedan hacer deporte? La semana pasada estuvimos en Monte Patria, con el alcalde Camilo Ossandón , a propósito del aniversario de la ciudad, y fíjese que uno de los proyectos más importantes que tienen es el techado de todas las multicanchas de los establecimientos educacionales, porque en las regiones del norte de Chile la radiación solar es un problema. Muchas veces los niños se quedan sin poder hacer educación física y practicar deportes por los altos niveles de radiación solar.

Entonces, obviamente, en vez de prescribir Ritalin a los niños, hay que prescribirles deporte, actividades culturales y al aire libre. Ese era el sentido de la jornada escolar completa que se instauró en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: que los niños pudieran tener actividades extraprogramáticas en el mismo recinto educacional. Pero, finalmente, la evolución que ha tenido esa reforma es a que se destinen más horas para matemáticas y lenguaje, en cumplimiento de los estándares internacionales, y hemos dado poco espacio a los niños para ser felices, que es lo más importante.

En nuestro país, tenemos uno de los índices más altos de trastornos mentales, de depresión. A propósito de lo que señaló el diputado Diego Schalper , se cumplirá un año desde que la Cámara de Diputados debatió y despachó al Senado el proyecto de ley sobre salud mental, que también se hace cargo de estos temas.

Creemos que es muy relevante -esa es mi principal motivación para apoyar este proyecto de ley- dar el derecho a los padres a decidir y que no se les imponga la obligación de que se prescriba Ritalin u otros medicamentos para la hiperactividad a sus hijos, porque es muy complejo.

¡Qué contradictorio! Siempre hemos defendido que los padres tengan el derecho preferente a educar a sus hijos, pero en muchos establecimientos educacionales les imponen este tipo de tratamiento y medican a niños muy pequeños que podrían tratar su hiperactividad con otras actividades mucho más sanas o, más bien, encauzar esa hiperactividad.

Esa contradicción la acabamos de ver en la discusión del proyecto de ley sobre identidad de género, pues muchos parlamentarios querían quitar y negar el derecho de los padres de los niños trans, que tienen una identidad de género distinta, a postular a un cambio de nombre o de sexo registral, con acreditaciones del sistema educacional, informes psicosociales, etcétera, que diera cuenta del cambio de identidad de los menores.

¡Yo sí quiero defender el derecho de los padres a cumplir un rol preferente en la educación de sus hijos! Por eso, me parece muy pertinente este proyecto de ley, para que no se imponga a los niños y a sus padres la medicación, lo cual muchas veces -estoy seguro de que en la mayoría de las ocasiones- es la peor solución.

Por eso, con mucho gusto vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, este proyecto, tal como se ha dicho, tiene un objetivo sencillo, pero no por eso menos importante: que ningún colegio pueda condicionar la permanencia o la matrícula de un estudiante a que esté medicado.

Dicho fin parece evidente; sin embargo, no lo es, porque una buena parte de los reclamos de los apoderados a la Superintendencia de Educación tienen que ver con colegios que presionan a los padres para que lleven a sus hijos a un psiquiatra, a fin de que medique al alumno para que “se porte bien”.

Señor Presidente, ¿qué significa portarse bien en el colegio? ¿Significa quedarse quieto en la sala de clases?

Me niego rotundamente a que la fórmula para que los niños se porten bien en el colegio sea que se queden callados. Tal como se ha dicho en el presente debate, los niños no deben ser más medicados; debemos cambiar la forma en la que estamos enseñando.

Basta ver una sala de clases de hace cien años para darse cuenta de que es prácticamente igual a la de hoy -salvo los colores-, con el mismo estilo de educación frontal, en la cual el que se mueve es el que se está portando mal, sin participación, sin querer aprender a conocer o aprender a aprender.

Nadie podría decir que los niños de hace cien años son iguales a los de hoy; son sistémicamente distintos, y, sin embargo, la forma de enseñarles es exactamente las misma. Lo que debemos hacer es cambiar la forma en que los educamos.

No obstante, en Chile la situación es incluso más grave. Se han realizado varios estudios de metaanálisis, esto es, que agrupan muchos otros estudios, para saber cuál es la prevalencia de estudiantes con trastorno de déficit atencional por hiperactividad. En esto agradezco el aporte de la diputada Cristina Girardi .

En 2007 se hizo el primero de esos estudios, el más masivo y conocido, según el cual la prevalencia de trastorno de déficit atencional era de 5,3 por ciento. En 2012 se realizó otro estudio, que si bien tuvo algunas diferencias en la forma de hacer la medición, estableció un rango de entre 5,9 y 7,1 por ciento en niños y adolescentes y de 5 por ciento en adultos jóvenes. Pero el estudio de Flora de la Barra, de 2012, establece que en Chile el porcentaje alcanza a 10 por ciento. ¿Ocurre algo especial en Chile para que exista una diferencia tan significativa con respecto al resto del mundo?

Ahora bien, si uno observa la prevalencia por género, verá que en los hombres es el doble que en las mujeres, y en los niños es mayor que en los adolescentes. En Sudamérica está completamente disparado y la prevalencia es mucho mayor. El segundo continente con mayor prevalencia es África. Es muy similar la situación en Europa y en América del Norte, aunque es menor en Asia. ¿Será que hay algo sistemáticamente distinto en nuestros niños que hace que tengan mayor déficit atencional? La respuesta es evidente: no lo hay. Lo que ocurre es que hay un sobrediagnóstico respecto de aquellos niños que no se ajustan a la fórmula homogénea, que a algunos les gusta en educación. Entonces, cuando esos niños se portan mal, los envían para que sean medicados, para que se porten bien. Esa es la fórmula que simplemente no cuadra.

No quiero ser injusto, porque la prevalencia existe; no es cero. También debo reconocer que llegué atrasado a la fila en la cual se entregaba el Ritalin, y por eso no me lo dieron. La razón por la cual me empecé a portar mejor es que encontré otras maneras mediante las cuales podía caer dentro del “estar mejor”, entre ellas el deporte y las denominadas actividades extraprogramáticas en el colegio. No sé si lo lograron, pero, al menos, lo intentaron.

Quiero leer algunos de los elementos que utiliza el criterio del DSM-5 -el actual es un poco distinto- para determinar si alguien tiene déficit de atención e hiperactividad. Les pido un poco de atención.

Quienes padezcan inatención deben cumplir seis o más de las siguientes condiciones:

a) A menudo falla en atender a detalles, se equivoca en tonteras.

b)Dificultad para mantener atención sostenida en tareas o juegos.

c)A menudo parece no escuchar cuando le hablan.

d)A menudo no sigue instrucciones, no termina los trabajos.

e)Tiene dificultad para organizar sus tareas o actividades.

f)Evita actividades que exigen atención mantenida.

g)A menudo pierde los útiles.

h)Se distrae fácilmente con estímulos externos. En adolescentes incluye pensamientos no relacionados.

i)Se le olvidan las cosas.

En el caso de que alguien tenga hiperactividad e impulsividad, debe presentar seis o más de los siguientes síntomas:

a)Se mueve constantemente en su asiento.

b)Se para constantemente.

c)A menudo corre cuando no es apropiado.

d)Tiene dificultad para jugar tranquilo.

e)Está siempre en movimiento.

f)Habla en exceso.

g)Contesta antes de que termine la pregunta.

h)Le cuesta esperar su turno.

i)Interrumpe a menudo, etcétera.

Si esto se aplicara en la Cámara de Diputados, probablemente, al menos 150 diputados tendrían que tomar Ritalin . Si alguien nos dijera que debemos portarnos bien, eso significaría que todos deberíamos -para algunos parece muy necesario- ir al psiquiatra, incluyéndome. En el caso de la educación, si el “portarse bien” implica que el niño esté dopado, estamos muy mal y por eso es necesario llamar la atención.

Si bien el proyecto no busca prohibir un tipo de medicamento o realizar un diagnóstico, sí es un llamado de atención sobre algo que en Chile no está bien, tanto es así que somos el país “Top 10” en el cual se receta metilfenidato. Sudamérica es el continente donde hay más personas con déficit atencional con hiperactividad, lo cual no está bien. Aquí se ha dicho mucho sobre cómo esto se puede cambiar. Lo que me preocupa es que siguen pasando generaciones a las que se les educa con un modelo educacional en el que, mientras más tranquilo sea el niño, es mejor alumno. Incluso, el contacto con la naturaleza y la particularidad de cada comuna es poco importante bajo el criterio de la homogeneidad y del centralismo. Ese es el problema.

La educación no es al promedio, sino a cada uno de quienes están en la sala de clases. Tampoco se trata solo de pasar la materia y el libro, porque hoy nuestros niños encuentran esa información en otras partes. La educación debe potenciar las virtudes y los talentos de los niños para que sean grandes ciudadanos. Y eso no se logra bajo la lógica de estar medicado. Por supuesto, algunos niños lo necesitan, pero algo sucede en Chile que se está sobremedicando a nuestros niños. Debemos cambiar esa lógica.

Este proyecto busca corregir algo que no está bien en los colegios y por eso debemos prohibir que un colegio le exija a un alumno que se medique para mantenerse en la sala de clases.

Agradezco a la diputada Cristina Girardi por haberme invitado a firmar este proyecto. Por eso, con mucho gusto, votaré a favor de esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día. La discusión y votación de este proyecto de ley continuará en una próxima sesión.