Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el martes 27 de noviembre, este proyecto de ley se votará hoy.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 107ª de la presente legislatura, en miércoles 28 de noviembre de 2018, ocasión en que se rindieron los informes de las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, y de la de Hacienda.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Félix González .

El diputado GONZÁLEZ (don Félix) .-

Señora Presidenta, no cabe duda de que esta iniciativa tiene por objeto agilizar la tramitación de los proyectos de inversión, cuestión a la que no nos oponemos; sin embargo, consideramos que ello no puede hacerse a costa de poner en riesgo algunos bienes públicos. Por ejemplo, el proyecto pretende que los informes que hoy elaboran funcionarios públicos para otorgar permisos en el futuro lo hagan empresas consultoras privadas.

Nos parece que ese hecho implica un retroceso, dado que lo que queremos es fortalecer las instituciones públicas, y sería muy grave que alguien que está en el mundo privado empiece a asumir roles que corresponden al Estado.

Por eso, agilizar la inversión puede ser un bien deseable para el país, pero si nos vamos a los detalles del proyecto, cabe concluir que la iniciativa significa un retroceso en muchos aspectos. Es cierto que contiene elementos positivos, pero genera algunos riesgos. Y un ejemplo de esos riesgos es que todos los proyectos generadores de energía de más de 3 megawatts hoy se someten a evaluación ambiental, de acuerdo con lo que dispone la ley N° 19.300, y, conforme a lo que establece esta iniciativa, algunos proyectos, que tal vez podríamos considerar pequeños, porque producirán 3, 4 o 5 megawatts, no obstante que se instalarán en zonas ecológicamente sensibles o en comunidades indígenas, como en el caso de la central Halcones, que está alterando el curso del río Diguillín, podrían quedar fuera de la obligación de someterse al sistema de evaluación.

Quitar certeza jurídica y relativizar el ingreso o no de las centrales eléctricas mayores a 3 megawatts nos parece un retroceso. Además, es poco objetivo, porque deja entregado al reglamento el tratar de objetivar ese parámetro. Recordemos que, como acabo de señalar, hoy cualquier proyecto de central de más de 3 megawatts entra al sistema de evaluación de impacto ambiental.

El proyecto también pretende que los permisos ambientales sectoriales se entreguen junto con el permiso ambiental. Quiero transmitirles que hemos escuchado a la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), que incluye a los trabajadores del SEA. Los mismos evaluadores del SEA nos han dicho que eso no se puede hacer. En términos técnicos, no es posible que dentro de la evaluación ambiental se puedan entregar todos los permisos sectoriales, por su naturaleza. Por lo tanto, esa sola norma generaría más problemas que soluciones.

En la Comisión de Recursos Hídricos tenemos muy pocos proyectos. Debiéramos estar discutiendo el proyecto que modifica el Código de Aguas, pero por algún motivo todavía está entrampado en el Senado. Eso me hace pensar que a alguien en este país le interesa que la modificación del Código de Aguas no prospere.

La norma de la cual hablé al inicio de mi intervención autoriza los informes técnicos de competencia de la DGA, la cual, además, toma la decisión de conceder permisos en función de dichos informes. Todo ello lo pueden hacer los revisores independientes privados.

Quiero hacer una advertencia. Este proyecto adolece de permisividad hacia el sector privado. No me cabe duda de que esta iniciativa cuenta con la venia de algunas corporaciones, como el Consejo Minero, la Sofofa y la CPC. Nuestra labor como parlamentarios es cautelar los bienes públicos, garantizar que los proyectos se evalúen ambientalmente de manera correcta y que en materia del Código de Aguas no sigamos entregando el vital elemento a los privados. Debido al cambio climático tendremos que revisar toda la normativa de agua del país.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Sofía Cid .

La señora CID (doña Sofía) .-

Señora Presidenta, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, haciéndose eco de la ciudadanía, ingresó a esta Corporación el proyecto conocido por la opinión pública como “ley proinversión”, cuyo objetivo principal es facilitar algunos procedimientos y trámites para activar nuevamente la inversión en Chile, pero sin pasar por sobre la ley medioambiental.

En la Comisión de Economía se generó un sano debate, y con la mejor disposición se logró llegar a un consenso, fruto del trabajo conjunto de todos los parlamentarios integrantes de la comisión y del Ejecutivo.

Quiero agradecer públicamente a cada uno de mis colegas de la Comisión de Economía por su buena disposición para llegar a este gran acuerdo en favor de la comunidad. El texto que llega hoy a la Sala ha sido trabajado detalladamente, buscando resguardar las aprensiones y observaciones que se hicieron cuando ingresó a tramitación, incluidas las que acaba de nombrar nuestro colega.

Esta iniciativa de ley introduce una serie de modificaciones a diversos cuerpos legales, a raíz de un levantamiento realizado por el Ministerio de Economía, que identificó una serie de cuellos de botella para el desarrollo de nuevos proyectos.

Con estos cambios se busca dar certeza a las inversiones, pero siempre respetando las normativas ambiental y sanitaria vigentes. De modo que este proyecto no cambia en nada la actual ley medioambiental.

Además, se pone el acento en evitar una excesiva burocracia que termina por entrampar los proyectos. Muchas veces, trámites que deberían ser sencillos y rápidos terminan convirtiéndose en la razón del retraso y, en ocasiones, del fracaso de proyectos, con el efecto que ello conlleva en el empleo.

En la Región de Atacama, sus habitantes están expectantes y ansiosos por recibir inversiones que permitan levantar a la región después de los dos aluviones que hemos vivido.

Este proyecto es una poderosa herramienta para conseguir ese objetivo, prioridad entre los atacameños, a quienes tengo el honor de representar en esta Sala.

Por esas mismas razones, votaré a favor el proyecto e invito a los señores diputados y a las señoras diputadas a hacer lo mismo para avanzar a la siguiente etapa legislativa y lograr que los cambios legales se materialicen a la brevedad posible.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señora Presidenta, este proyecto es interesante y positivo desde el punto de vista de la inversión pública y privada. Nadie se va a oponer a que recibamos mayor inversión, a que haya más posibilidades de invertir para los privados, y de modo más expedito, con menos trabas, menos burocracia, menos incerteza jurídica y menores casos de judicialización.

No obstante aquello, tal como indicó el diputado Félix González , esto no puede hacerse en contra de ciertas normas que deben preservarse. Me refiero particularmente a las evaluaciones del SEA y del SEIA.

En este caso, advierto una contradicción importante, porque en este momento se están discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente las modificaciones al SEIA, en las que se establecen nuevos procedimientos para que los procesos sean más expeditos, existan mejores oportunidades, etcétera. Sin embargo, aquí se establecen procedimientos que baipasean la situación actual, lo que, a mi juicio, es muy preocupante. En particular, hago referencia a las plantas generadoras de energía de más de 3 megawatts.

En la Región de La Araucanía es una situación muy reiterada. En efecto, hay pequeños proyectos de centrales que se establecen en áreas indígenas, en áreas cercanas a parques nacionales, que tienen una protección importante. En ese sentido, se ha hecho una propuesta que evade esa situación y la discusión existente en La Araucanía respecto de la generación de energía por parte de esas centrales.

Si bien el proyecto avanza hacia una diferenciación respecto de aquellas, dependiendo del mecanismo y de la forma de generación de la energía, eso no es suficiente, porque algunos proyectos, incluso de centrales de paso, generan tensiones en las comunidades, en áreas de la Región de La Araucanía. Eso ahora se baipasea.

En cuanto a la DGA, como se ha señalado, parece particularmente relevante la externalización y la asimetría que se va a establecer en relación con los privados, específicamente respecto de una persona que puede ver afectados sus derechos en esa materia.

Entonces, un proyecto interesante como este requiere, a mi juicio, algunas votaciones separadas -vamos a avanzar en esa línea para que artículos particularmente complejos sean revisados en el Senado.

Lamento que no se haya accedido a que las comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura pudiesen analizar el proyecto y formular algunas observaciones. No ocurrió así. Por eso hoy se somete a votación.

Quiero dejar constancia de que tenemos la sensación de que se baipasean cuestiones importantes en materia medioambiental, particularmente en generación de energía, en materia de agua y respecto de las atribuciones de la Dirección General de Aguas en cuanto a la externalización y la asimetría que se establecerá entre los privados y las personas que vean afectados sus derechos.

En relación con la agricultura, se evadió una discusión que también es importante e interesante.

Habría esperado que el proyecto hubiese sido visto en las comisiones de Agricultura, de Energía y de Medio Ambiente. No fue así. Esperaba que pudiéramos haberlo visto en comisiones unidas para abordar esos temas que son importantes.

La inversión de los privados no puede ser a costa de cualquier cosa, y nuestra voluntad de protección del medio ambiente es un hecho inclaudicable y necesario.

Por lo tanto, creo que perdimos una buena oportunidad de haber analizado estas materias en otras comisiones. No obstante, los hechos están aquí hoy sobre la mesa. El mecanismo será abordar en votación separada algunos artículos que son particularmente complejos.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, creo que todos compartimos los contenidos del proyecto. Imagino que ninguna fuerza política progresista le quiere entregar a los sectores de derecha el patrimonio exclusivo del crecimiento del país, de modo que ellos lleven la bandera del crecimiento, y nosotros, como siempre, aparezcamos poniendo obstáculos o dificultades al crecimiento o a la inversión del país.

Debo señalar que a veces tengo la impresión de que algunos parlamentarios se quedan solamente con el texto del Ejecutivo y no examinan lo que se ha discutido y aprobado en la Comisión de Economía. Claramente, el proyecto del Ejecutivo buscaba debilitar la institucionalidad medioambiental del país. Cuando en la Comisión de Economía nos dimos cuenta de que el proyecto no sería examinado por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni en la de Recursos Hídricos y Desertificación, aun cuando nos parecía oportuno que así fuese, fijamos una posición para estar muy alertas ante todo lo que significara debilitar o dañar la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Aguas o del Ministerio del Medio Ambiente.

En ese sentido, concordamos con el gobierno un nuevo texto, que no tiene absolutamente nada que ver con el original. Por ejemplo, se ha dicho que consultores externos podrán elaborar informes a la Dirección General de Aguas. Quiero recordar, porque parece que algunos parlamentarios no lo saben, que la resolución N° 2132 de la Dirección General de Aguas, de 29 de julio de 2016, permite que consultores externos puedan confeccionar informes prácticamente sin pasar por la Dirección General de Aguas.

Repito: resolución exenta N° 2132, de 29 de julio de 2016. Lo reitero por si alguien la quiere leer.

Como el gobierno planteaba que aquello no fuera fiscalizado por la Dirección General de Aguas, hicimos las correcciones necesarias en el proyecto, y hoy, para que les quede claro a aquellos que tienen dudas y afirman que le estamos entregando el agua a los privados, les digo que no es así.

Los consultores externos podrán confeccionar informes, pero la Dirección General de Aguas los revisará, fiscalizará y aprobará, tal como establece esa resolución.

Reitero, para los que tienen mala memoria: la resolución es la N° 2132, exenta, de 29 de julio de 2016.

Entonces, que no se diga majaderamente que este proyecto pro inversión desmantela la institucionalidad. Muy por el contrario, reafirmamos el trabajo de los sectores ambientales para que no se modifique ni una sola coma en relación con la fiscalización que corresponde. No les estamos entregando facultades a consultores externos para que hagan o decidan, pasando a llevar la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas.

Claramente, lo que hemos hecho es agilizar los procesos, poner menos obstáculos a la inversión, pero todo aquello, reitero, pensando en que eso no será a rajatabla, sino manteniendo la institucionalidad vigente, para fiscalizar en términos medioambientales y en lo que tiene que ver con la Dirección General de Aguas, de modo que, estando todos plenamente conscientes de la escasez de ese recurso, no se haga mal uso de él o se utilice en forma arbitraria. Por lo menos esa fue nuestra postura en la Comisión de Economía.

Entiendo que diputados pertenecientes a otras comisiones puedan tener sensibilidades mayores que las mías, pero a aquellos que no estuvieron en el debate, o que parece que no han leído el informe de la Comisión de Economía, o que solo se han quedado con el proyecto que presentó el Ejecutivo, les quiero decir que hubo parlamentarios de todas las bancadas, desde el Frente Amplio pasando por el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Radical, que fuimos tenaces opositores a que el gobierno pasara a llevar la institucionalidad medioambiental y de recursos hídricos del país.

Por eso pusimos trabas, que hoy están vigentes en la legislación de nuestro país, orientadas a no afectar el medio ambiente ni los recursos naturales.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señora Presidenta, este proyecto representa una gran oportunidad para hablar de la economía del país y del bienestar de los chilenos.

En ese sentido, qué mejor que tener empleos dignos, salarios justos y una calidad de vida conforme a lo que cada uno de nuestros compatriotas aporta a la economía.

¿Cuánto se beneficia de su trabajo cada uno de nuestros ciudadanos? El conocido estudio sobre la concentración de la riqueza en Chile denominado La parte del león señala que la participación del 0,3 por ciento más rico -aproximadamente 23.000 contribuyentes sobre un total de 8,2 millones es de un poco más del 6 por ciento. Por otra parte, el 81 por ciento más pobre de los contribuyentes, cuyo ingreso medio es de aproximadamente 230.000 pesos mensuales, y que gana menos de 735.000 pesos mensuales, recibe solo el 34,4 por ciento del ingreso total.

La pregunta que uno se hace naturalmente es cuánto de esa nueva inversión contribuirá a mejorar la distribución del ingreso. De no preguntarnos eso, el proceso de inversión adquiere otra dimensión y pierde gran parte del sentido que posee incentivarlo.

En Chile estamos acostumbrados, equivocadamente a mi modo de ver, a considerar la inversión solo como un asunto de apropiación privada y de distribución discrecional. Visto así, evidentemente que no se logran captar las diversas dimensiones y propósitos que debe considerar una política pública de inversión.

Para nosotros, la inversión es vital por varios motivos: primero, porque permite mejorar la disponibilidad de bienes y servicios. Con ello, el acceso a los mismos asegura que las personas tengan mejor calidad de vida.

En segundo lugar, porque genera empleo. El empleo que produce debe ser bien remunerado, ya que de lo contrario no se da el efecto redistributivo, porque la política del chorreo no es espontánea. Es una falacia que la apropiación de riqueza por parte de unos pocos cae automáticamente hacia abajo para unos cuantos. De allí que debemos incentivar el buen empleo con la inversión.

En tercer lugar, la inversión es importante porque debiera permitir el desarrollo del país; no el desarrollo entendido como una cifra del PIB, cuyo aumento porcentual se ha celebrado como un gran logro en sí mismo, sino el desarrollo en tecnología, ciencia, conocimiento y, finalmente, diversificación productiva tendiente a hacer más eficiente el uso y el manejo de los recursos.

El desarrollo por sí no es eficiente ni genera conocimiento nuevo por magia, sino que debe estar acompañado de la intención de mirar a largo plazo y ver al país con un horizonte de futuro.

Este proyecto busca generar inversión mediante un conjunto de cambios administrativos y regulatorios laxos. Es decir, persigue que la inversión retenida se produzca a partir de la facilitación de los trámites, lo cual puede ser útil, pero es insuficiente.

En la Comisión de Economía hicimos una serie de observaciones al articulado. Por ejemplo, en el artículo 1, en lugar de mejorar la inversión con reglas que buscan saltarse los procedimientos actualmente establecidos, quisimos conservar las reglas con el propósito de que las empresas fuesen más eficientes y menos autocentradas en sus propios problemas.

Hacemos un llamado al empresariado a hacer mayores esfuerzos en la inversión sostenible y no centrar su visión solo en sus ganancias. Un país más sostenible es un activo para todos.

También logramos que se revisara el procedimiento de denuncia de obra nueva, sin que ello mermara los derechos de los denunciantes, como proponía el proyecto de ley originalmente. De hecho, esa norma fue rechazada y el Ejecutivo comprometió un nuevo planteamiento con algo más acotado en el Senado.

En relación con el tema del agua, hicimos notar al gobierno nuestra visión sobre la creación de un registro de revisores independientes. No entendemos esta propuesta en el contexto de los informes del Banco Mundial que han señalado en reiteradas ocasiones que la Dirección General de Aguas (DGA) carece de personal. Esa es la razón fundamental del atochamiento que hay en dicho servicio y de las demoras en la tramitación de inspecciones oculares, elaboración de informes, etcétera.

Creemos que la verdadera solución a este problema, que claramente afecta la inversión, es fortalecer la DGA y no crear un registro que, aleatoriamente y solo a favor de quienes pueden contratar dichos revisores, aborde los desafíos de la tramitación de informes. Es así como expresamos la idea de que dicho registro fuese de carácter excepcional, con reglas claras y siempre que el gobierno y el Estado comprometieran financiamiento para nuevos funcionarios en la DGA.

El proyecto de ley de presupuestos fue la oportunidad para hacer la gestión de destinar nuevos recursos; podría haber sido una señal clara al país del esfuerzo del Estado en garantizar inversión en nuevas obras, pero esa oportunidad no se aprovechó y ahora la única alternativa sobre la mesa es la creación de este registro, propuesta que no podemos compartir.

Es así como este proyecto, en el camino que le resta en el Congreso Nacional…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputado Barrera.

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta, sin duda, el éxito económico y social de los últimos cuarenta años en nuestro país debe enorgullecernos. Sin embargo, como todo en la vida, ha traído aparejado problemas y desafíos nuevos que es preciso afrontar con la misma resolución que antes, como la migración, las nuevas tendencias en materia de trabajo, la robotización, el medio ambiente, el ordenamiento territorial, la educación, la salud, los adultos mayores, las pensiones y la descentralización, grandes misiones que las autoridades del Estado debemos afrontar, sin las cuales sencillamente hipotecamos el futuro de varias generaciones de chilenos.

En consecuencia, nos encontramos en una fase histórica de nuestro tránsito político y creemos que este proyecto de ley tiene mucho que ver en estas materias.

El siglo XXI representa el germinar de un Chile moderno, cuyo camino hacia el desarrollo debemos consolidar con el objeto de ser una nación completamente desarrollada en el corto o mediano plazo. Para ello, resulta imprescindible fomentar la inversión, otorgar a los particulares las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus potencialidades al máximo y dar a nuestros conciudadanos los anhelos y metas que tanto esfuerzo han costado.

El proyecto de ley en estudio, precisamente, se hace cargo de esos grandes anhelos. La desaceleración económica sufrida en el cuadrienio 2014-2018 amagó nuestras posibilidades de un crecimiento más rápido y fecundo; sin embargo, estamos a tiempo de enmendar el rumbo y hacer de nuestro país una nación con un andamiaje social, económico y político que alcance el máximo de su potencialidad. Para ello, requerimos reglas claras y pasos acelerados que nos permitan correr a la vertiginosa velocidad de un mundo que no se detiene y que avanza en la ciencia, tecnología, economía, democracia y derechos humanos, entre otras materias.

230 proyectos de inversión para los próximos años, por un monto de más de 60.000 millones de dólares, se juegan en esta oportunidad, claves en el potenciamiento de Chile como una nación líder a nivel mundial y a la vanguardia en el hemisferio americano. Para ello, debemos superar las excesivas trabas burocráticas que ahogan al inversionista nacional y extranjero.

Por lo anterior, adhiero a los objetivos fundamentales de este proyecto de ley, cuyo foco se encuentra básicamente en equilibrar la certeza jurídica con la agilidad y celeridad que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos, a través de tres ideas fundamentales: disminuir los plazos de tramitación de los proyectos, eliminar la incerteza jurídica y mejorar la información disponible para los inversionistas mineros. Eso se hará mediante una serie de reformas tendientes al mejoramiento de nuestro potencial productivo en áreas de tanta sensibilidad social como el medio ambiente, la construcción, nuestra legislación de aguas, financiamiento municipal, organigrama administrativo, procedimiento civil y concesiones marítimas, todas temáticas claves en nuestra orientación económica y que importan sensiblemente al desenvolvimiento económico y social de Chile.

No cabe duda de que nos encontramos ante un proyecto que toma los compromisos de campaña del Presidente Piñera, compromisos que deben partir precisamente por el mejoramiento de las condiciones de empleo y desarrollo económico, pero también siendo responsables de una agenda de respeto y protección de nuestro entorno natural, de nuestra democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos, equilibrio de tanta relevancia en el Chile y el mundo actual.

Nos encontramos ante un proyecto de ley esencial para el futuro de Chile. Por ello, el gobierno tomó no solo propuestas y proyectos presentados en el anterior gobierno del Presidente Piñera, sino que también rescató importantes iniciativas de la administración de la Presidenta Bachelet . En ese orden, nos parece que debemos analizar la iniciativa con profunda amistad cívica y gran patriotismo, de manera de hacer de Chile, por fin, una nación desarrollada, fomentando la cohesión social y la promoción de todos los chilenos, pues solo así estaremos a la altura de lo que Chile nos demanda. Sin duda, se trata de una gran tarea histórica.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señora Presidenta, quiero hacer algunas rápidas observaciones acerca de este proyecto que, en general, votaremos a favor. Hemos solicitado algunas votaciones separadas, con objeto de resolver algunos temas, fundamentalmente en materia de derechos de aguas. Sin embargo, quiero señalar dos o tres cosas previas.

Si bien hubo una gran discusión en las comisiones de Economía y de Hacienda respecto de este proyecto, habría sido mucho mejor que hubiésemos tenido una mejor discusión en esta Sala, sobre todo cuando muchos parlamentarios de otras comisiones que no pudieron participar en el proyecto tienen ganas de presentar sus observaciones. Lamentablemente, el proyecto está calificado con discusión inmediata, lo que nos restringe, incluso, el tiempo.

Segundo, quiero hacer una observación general en relación con el proyecto. No me gusta que se redireccionen tantas cosas a los reglamentos. Leí rápidamente el proyecto y pude advertir que, por lo menos, en tres ocasiones, en el caso de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, los temas importantes o relevantes que debiéramos resolver aquí son redireccionados a un reglamento, lo cual siempre es grave, porque finalmente otras autoridades o funcionaros determinan o deciden normas relevantes.

Este es un proyecto proinversión y estamos de acuerdo con él. Ojalá permita evitar plazos y burocracia. Sin embargo, un tema clave es no debilitar los controles públicos que siempre deben existir en esta materia. Eso hay que tenerlo muy presente. Siempre debemos elevar el estándar de las exigencias que se hacen, sobre todo a los grandes empresarios. Lo que debe existir en este caso es un estricto control y una regulación especial que permita mejorar los procedimientos.

Quiero hacer una última observación. En la Comisión de Economía se llegó a un interesante acuerdo entre la oposición y el gobierno. Es un acuerdo del Partido Comunista, el Frente Amplio y otros sectores de oposición con el gobierno, lo que siempre es bueno. A veces se nos critica porque en materia legislativa llegamos a acuerdos; pero este es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien de esta manera. Felicito a los colegas por eso.

No obstante lo anterior, tenemos algunas observaciones. No estamos de acuerdo con la figura que se crea de los revisores independientes, estos agentes privados extraños a la administración, a quienes se les otorgan funciones que resultan decisivas en el resultado de procesos administrativos que son de competencia de la Dirección General de Aguas, porque debilitará a la DGA y porque la intervención de privados constituye una delegación de funciones propias de la administración, lo que provocará conflictos de intereses, ya que esos agentes privados van a tener incidencia en la resolución de conflictos referidos a un bien nacional de uso público, como es el agua, que además es estratégico y escaso.

Además, no se delimita bien la responsabilidad de esos revisores. ¿Ante quién responden?

¿Por qué razones? ¿Qué pasa si cometen un delito? Por tanto, sobre esta materia, que entiendo que está contenida en el artículo 4 del proyecto, hemos pedido votación separada.

También tenemos algunas observaciones en relación con las modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo señalado por el diputado Félix González . Lo que nosotros hubiésemos deseado, dada la complejidad de estas reformas, es que, si lo que se pretende es simplificar el procedimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esta materia debió haber sido abordada en una norma especial y no mediante su incorporación en un proyecto misceláneo.

En relación con las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, también hay que observar algunas de las normas planteadas. En la modificación propuesta al artículo 12 de esta ley, nosotros habríamos agregado una resolución para que el plazo para la interposición del reclamo respectivo, que se inicia desde la notificación administrativa del reclamante o desde la fecha de la publicación de los actos administrativos en la plataforma digital dispuesta para esos efectos, lo determine el reclamante o, en su defecto, se determine según cual fuere el último de estos dos hechos. Lo que pasa es que en la norma propuesta no se sabe quién comienza ni cuándo comienza un plazo que es muy importante.

En los incisos undécimo a décimo cuarto que se agregan al artículo 116 de la ley se propone omitir la obligación de la administración de notificar el permiso o certificado en forma personal o por medio de carta certificada. Nosotros consideramos que por circunstancias sociales o económicas no todos los usuarios que concurren a la Dirección de Obras Municipales pueden acceder fácilmente a la plataforma electrónica. Por ello, se propone que a la norma planteada se agregue que por lo menos los actos administrativos decisorios deban ser notificados personalmente o por carta certificada al solicitante, además de la otra forma de notificación.

Por último, en el artículo 116 bis C propuesto se limita la obligación del propietario del predio de informar a la comunidad. El proyecto plantea que solo deba comunicar en aquellos casos en que los proyectos de inversión a realizar sobre el predio afecten el interés general de la comunidad. Independientemente del concepto de “interés general de la comunidad”, la norma propuesta limita la posibilidad de oposición o de reclamo de los miembros de la comunidad adyacente a un proyecto inmobiliario, toda vez que este no afectaría el interés general, según la definición señalada. Por tanto, en este caso solicitamos que se establezca que todo permiso de edificación deba ser informado a la comunidad circundante.

Votaré a favor la idea de legislar, sin perjuicio de las normas sobre las cuales hemos pedido votación separada.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señora Presidenta, efectivamente fuimos parte de un acuerdo transversal en la Comisión de Economía para sacar adelante este proyecto.

La iniciativa contiene propuestas interesantes, como la implementación de la DOM en línea, que va a alivianar la carga a las direcciones de obras municipales de manera importante, por la vía de digitalizar varios procesos.

Sin embargo, es menester abordar el asunto más polémico de este proyecto, como es lo referido a la DGA. En esta materia ocurre una paradoja, cual es que probablemente vamos a terminar llegando al consenso de que es mejor no hacer nada, porque ocurre que no hay fiscalizadores de planta suficientes en la DGA -incluso, hay regiones que tienen un solo fiscalizador y, en paralelo, la figura del revisor externo o consultor externo que crea el proyecto pareciera no cumplir la expectativa de los colegas diputados. Por ende, no habrá revisor externo y no hay fiscalizadores de planta en la DGA. En consecuencia, vamos a quedar sin fiscalizadores, ni externos ni internos, al menos en este período legislativo, porque, tal como lo comentamos la semana pasada, en el proyecto de ley de presupuesto no se incluyó una glosa de fiscalización en la DGA, ni en la partida del ministerio correspondiente se incluyó un presupuesto para fiscalizadores externos. Entonces, es al menos curioso haber llegado a este acuerdo en la comisión sin tener el correspondiente respaldo presupuestario.

Tal como señaló mi colega Jaime Naranjo , la resolución exenta de la DGA Nº 2.132, de 29 de junio de 2016, ya genera la figura del revisor externo. La figura del revisor externo ya existe en el derecho chileno; ya está aplicándose. Este revisor externo no se encuentra regulado por ley, sino por una simple resolución exenta de tres páginas, que lo que hace es autorizar una consultoría externa, la que luego será validada al interior de la DGA. Lo que hemos propuesto en la comisión -participamos en su redacción es llevar esta regla al marco legal en este proyecto de ley, de modo que los revisores externos luego sean validados en sus informes por las instancias internas de la DGA.

Comprendo que esto puede ser insatisfactorio para quienes sostienen que se estaría privatizando la función fiscalizadora de la DGA. Sin embargo, nos parecía que esto es mejor que nada. Sin perjuicio de ello, si existe consenso, estoy disponible para reconocer el error que habríamos generado en la comisión y rechazar la figura del gestor externo. Pero llamo a las partes a reflexionar sobre lo siguiente: no hay fiscalizadores de planta en la DGA. No los hay. La Región Metropolitana tiene escasos fiscalizadores; la zona que represento no tiene fiscalizadores de la DGA. Esta situación también genera enormes problemas en la Región del Biobío, en el norte y en ciudades como Angol, en la que no hay fiscalizadores de la DGA. Reitero: la semana pasada tampoco se incluyeron recursos para resolver esa situación por vía presupuestaria.

Por lo tanto ¿cómo fiscalizamos si no tenemos fiscalizadores externos ni internos? ¿Vamos a seguir en el marasmo que es hoy la DGA, donde nadie fiscaliza lo relativo a derechos de agua en Chile?

Si vamos a rechazar esta figura que se ha propuesto en la comisión, entonces consideremos la alternativa de tener fiscalizadores de planta dentro de la DGA. Ello involucrará presupuesto nacional, para lo cual necesitamos el concurso del Ejecutivo. Entiendo que la diputada Alejandra Sepúlveda va a presentar una indicación respecto de esta materia. En torno a esa indicación tal vez podría generarse un consenso sobre cómo regular el asunto.

Pero vuelvo a insistir: podríamos estar llegando a un marasmo porque no habrá fiscalización interna, ya que no hay fiscalizadores de planta en la DGA, y porque vamos a rechazar la figura del fiscalizador externo. Por ende, vamos a quedar con nada. Y no sé si los derechos de agua en Chile pueden seguir siendo fiscalizados por nadie.

Comprendo que un fiscalizador externo puede generar conflictos de intereses, que las empresas puedan beneficiarse de eso y que pueden verse reducidos los estándares legales respecto de la fiscalización. Sin embargo, hoy estamos en nada, y me genera inquietud que salgamos de este proyecto de ley con nada: sin fiscalizadores internos de planta en la DGA, sin fiscalizadores externos por medio de la figura que se crea y, además, con la figura contemplada en la resolución exenta Nº 2.132, aprobada y que funciona en Chile, sin regulación, cual es la de un consultor externo que básicamente no tiene estándar legal.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, lamento que no estén presentes los ministros en la Sala, sobre todo el ministro de Economía, porque hubiese sido muy oportuno que escucharan las observaciones que tienen las diputadas y diputados en relación con este proyecto, que tiene un título muy bueno -lo apoyaremos en su votación en general-, pero que también tiene muchas aristas que nos preocupan.

Esta iniciativa contiene artículos que proponen modificaciones a diversos ministerios, como las carteras de Vivienda y Urbanismo, de Minería, de Obras Públicas, de Agricultura y del Medio Ambiente, lo que dificulta que su tramitación sea efectuada por una sola comisión permanente. Por ello, debió haberse dado la posibilidad, ya que no son tantos artículos, de que cada comisión técnica respectiva tramitara un artículo en el plazo de una semana.

Quiero reiterarlo: habría sido interesante -lamento que no se encuentre presente el ministroque se nos hubiese dado la oportunidad de haber analizado este proyecto en las instancias técnicas respectivas, con el objeto de mejorarlo.

Por ejemplo, respecto de los problemas de fiscalización, tanto de la Dirección General de Aguas como de la Dirección de Obras Hidráulicas, a los que se refirió el diputado Renato Garín , la Comisión Nacional de Riego ha planteado una solución en reiteradas oportunidades. Ese organismo ha señalado que no tiene ninguna dificultad en suscribir un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, con la DOH y la DGA, para que, a través de la articulación de los servicios, tal como lo dispone el artículo primero transitorio de este proyecto, se puedan reasignar recursos para posibilitar la incorporación de más fiscalizadores. Se trata de una proposición que no ha sido tomada en cuenta por el Ministerio de Obras Públicas. Al respecto, la pregunta que corresponde hacerse es por qué esa cartera no ha querido atender ese planteamiento.

Por eso, no me parece que en la iniciativa en debate de proponga la incorporación de una atribución administrativa como una facultad legal, porque con ello se estaría facultando legalmente a un organismo para ejercer una función que no le corresponde, la cual, además, sería financiada no por el Estado, sino por el propio interesado en que las distintas instancias de tramitación de un proyecto resulten tal como lo desea, lo que a mi juicio no es pertinente.

Lo señalo por lo siguiente: ¿Qué estamos tratando de proteger hoy? Estamos tratando de proteger el caudal ecológico y miles de otros aspectos relacionados con la sustentabilidad del medio ambiente. Por lo tanto, creo que respecto de esta materia hay un error de coordinación.

Por eso, sería bueno que el proyecto fuera analizado, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura, porque sabemos lo que significa la posibilidad de inyectar recursos de la Comisión Nacional de Riego, la cual lo ha pedido permanentemente, a la Dirección de Obras Hidráulicas o a la Dirección General de Aguas.

En cuanto a la fecha de publicación de los actos administrativos, lo que propone este proyecto generará problemas a un ciudadano o una comunidad que quiera reclamar por algo, porque se establece que el procedimiento se dará por efectuado por el solo hecho de haberse notificado a través de las plataformas digitales. Imagínense qué pasará -le pregunto al diputado Iván Floresen una localidad pequeña como Pichirropulli cuando se requiera llevar a cabo una notificación determinada. Qué va a saber al respecto un habitante de esa localidad si no lo han notificado personalmente. Esta iniciativa elimina el derecho que tienen las personas a ser notificadas en forma personal.

Nos demoramos años en aprobar leyes y artículos relacionados con esta materia. Si se aprueba este proyecto de ley, las disposiciones de dichas normas dejarán de tener vigencia de inmediato.

Para que no sea todo tan negativo, me parece bien lo que propone la iniciativa en relación con el litio, en el sentido de que se debe notificar al Ministerio de Minería, a través de la CChEN y de los demás organismos relacionados, cuánto es el trabajo que generarán los nuevos contratos.

Asimismo, me parece bien lo que establecen los artículos transitorios del proyecto; sin embargo, me surgen dudas respecto de su articulado específico, por ejemplo, sobre qué pasará con la Dirección General de Aguas y qué sucederá con los aportes contaminantes que se generan en la producción de energía. Sabemos que a partir de los 3 megawatts los proyectos de generación de energía están obligados a someterse a estudio de impacto ambiental; pero qué sucederá si, por ejemplo, se presenta no uno, sino cinco proyectos que informan 2,9 megawatts. Ese tipo de situaciones preocupan fundamentalmente a los agricultores.

En consecuencia, pediremos votación separada de todo, y no se espanten tanto, porque son solo seis artículos. Esperamos que nos acompañen en lo que solicitamos respecto de varios de ellos. Sobre el particular, anuncio que ya tenemos acuerdo con distintas bancadas.

En definitiva, más allá de la posición política, queremos saber de qué forma afectará a la ciudadanía lo que propone este proyecto del gobierno.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado señor José Pérez .

El señor PÉREZ (don José).-

Señora Presidenta, el proyecto de ley que estamos debatiendo tendrá impactos muy importantes en muchos aspectos de la vida nacional, pero me quiero referir fundamentalmente a lo relacionado con el uso del agua.

Sin duda, si buscamos un orden de preferencia para el uso de agua, este sería, primero, para el consumo humano; segundo, para los cultivos que producen alimentos; tercero, para la conservación del medio ambiente; cuarto, para fines turísticos, y quinto, para la generación de energía.

Quiero decir que he recibido una serie de documentos de importantes asociaciones de regantes a lo largo del país, a las que les preocupa lo que está pasando.

Por lo general, las personas con mayores recursos han invertido en la instalación de canales dedicados exclusivamente al riego agrícola. A ellas les importa, fundamentalmente, que la central de paso respectiva esté rentando permanentemente, pero no se hace la debida mantención a los canales, como se hacía antiguamente, y el agua corre invierno y verano en forma permanente, porque tiene que estar generando energía para unos pocos regantes.

Se decía por parte de algunos agricultores que ellos eran dueños del agua; todos los que tenían acciones. Claro, serán dueños del agua, o querrán ser dueños del agua, pero no se entrega el porcentaje que corresponde a cada uno de los accionistas que tienen ese canal, sino a unos pocos, que son los que manejan la central.

Por lo tanto, de acuerdo con la información que se me ha hecho llegar, se está privilegiando, en algunos casos, el uso del agua para la generación de energía eléctrica, en desmedro de los regantes, porque, lo reitero, no se hace la limpieza que antiguamente se hacía en todos los canales ni se están construyendo los revestimientos donde corresponde.

Un proyecto de ley de tanta relevancia como el que estamos debatiendo debiese haber pasado por las comisiones de Economía y de Hacienda, además de las comisiones técnicas respectivas, en este caso que planteo, por las comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos.

En consecuencia, sin perjuicio de que la iniciativa debe ser aprobada en general, debe ser enviada a las comisiones técnicas respectivas con el objeto de que emitan su opinión sobre el particular.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, una de las principales características de este proyecto es que agiliza los procesos.

Nada resulta más desmotivador para quien desea invertir y, paralelamente, aportar al desarrollo que sortear un sinnúmero de trabas burocráticas como las que hoy existen.

En nuestro país hay un número importante de proyectos de inversión en carpeta. Según el catastro de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) hay un total de 230 proyectos en proceso, los que representan una inversión estimada de 60.000 millones de dólares para ser implementada entre el 2018 y el 2021.

En tal contexto, la iniciativa modifica distintos cuerpos legales en pro de fortalecer la inversión, la competitividad y la productividad, con el debido equilibrio de la certeza jurídica y la rapidez de demanda de las ejecuciones de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para Chile. Todo ello, sin rebajar los estándares regulatorios, sino disminuyendo los tiempos que implica tramitar los permisos mediante la habilitación de plataformas digitales, por ejemplo en las DOM, para recibir y tramitar autorizaciones.

Para estos fines, se admite la externalización de servicios de revisión, de modo de poder descongestionar efectivamente los servicios y reducir los tiempos de los procedimientos.

El proyecto en debate se aprobó en la comisión luego de múltiples análisis y aclaraciones. Se despejaron todas las dudas; incluso, se formó una mesa de trabajo en la que participaron asesores del gobierno, representantes de la oposición y del Ministerio de Economía, en la que se lograron importantes acuerdos, que fueron ratificados en la votación particular del proyecto. Todo ello, en pro de alcanzar un bien mayor, que es avanzar para promover la inversión y, con ello, mejorar el empleo en nuestro país.

Los números nos permiten estar optimistas sobre el futuro del país. La productividad y la inversión han vuelto a crecer este año. El tercer trimestre, la inversión creció 7,1 por ciento, lo que constituye el mayor crecimiento que ha experimentado la inversión desde el segundo trimestre de 2013. Según el Banco Central, el PIB creció 2,8 por ciento en el tercer trimestre, lo cual también corresponde al mayor crecimiento de esta variable desde 2013.

Lo que quiero decirles con esto es que las medidas y este proyecto de ley nos permitirán continuar con estos números y que el país pueda llegar definitivamente a los umbrales del desarrollo.

Voy a hacerme cargo de algunos cuestionamientos a la iniciativa. Hay quienes dicen que este proyecto pretende rebajar los estándares regulatorios, pero no es cierto. Lo que hace es dar mayor seguridad jurídica y reducir los tiempos de tramitación de permisos, manteniendo los estándares. La OCDE mide la competitividad económica de nuestro país, y considera a Chile el país más burocrático en este momento, dado el número de permisos que se requieren para aprobar una inversión y el tiempo necesario para ello.

Debemos hacernos cargo de esa situación, pero sin afectar los estándares regulatorios, en especial los de carácter medioambiental.

También se dice que el proyecto otorga funciones públicas de la Dirección General de Aguas a revisores externos. Eso es más falso aún. El proyecto permite la acción de revisores independientes e inspecciones oculares para el trámite de la aprobación de obras y la constitución de nuevos derechos, dado que en esta materia hay, en promedio, una demora de 2,1 años, plazo que se considera muy extenso por algunos. Pero eso no significa que se establezca una delegación de las facultades de ese servicio público a manos privadas. Por el contrario, se creará un listado de revisores que deberán ser autorizados y auditados por la DGA.

El propósito de esa medida es agilizar la emisión de los informes técnicos, a fin de que la decisión que debe adoptar la DGA salga lo antes posible; no es otro.

Hay más cuestionamientos. Así, el proyecto contempla la flexibilización de procedimientos de aprobación de obras hidráulicas. En ningún caso busca una solución expedita para todos los casos en los que no exista coincidencia entre los puntos de captación y restitución originales, con la aprobada ambientalmente. Esta opción solo se podrá ejercer cuando no haya afectación a terceros y al medio ambiente. De manera que se mantiene un criterio de cautela de estos derechos, dado que si ellos son alterados, esta norma no podrá aplicarse.

Entonces, ¿por qué el proyecto modifica la norma relativa a las centrales de generación, como escuché decir a una honorable diputada? Porque hoy todas las centrales de generación superiores a tres megawatts entran al SEIA, independientemente de si se trata de centrales térmicas o de energías renovables no convencionales, e independiente del tipo de generación y de su impacto en el medio ambiente.

Ahora, la propuesta del Ejecutivo entrega la determinación del ingreso de un proyecto al sistema de evaluación a lo que disponga un reglamento, según las magnitudes del proyecto, la tecnología que utilice y su lugar de emplazamiento.

Por lo tanto, la idea es considerar la existencia de tecnologías más limpias que otras y que el factor objetivo de la cantidad de energía que se produce sobre el impacto que esta tecnología produce, ya no sea tan decisivo. De manera que se ha introducido un elemento más subjetivo que se regulará a través de un reglamento. En concreto, se dictará un decreto supremo que deberá pasar por el trámite de control de legalidad de la Contraloría General de la República.

Por último, señor Presidente, solo me queda decir a los colegas parlamentarios que tuvimos una relación efectiva con todas las bancadas políticas y llegamos a buenos acuerdos, que espero sean ratificados por el pleno de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, todos sabemos que la reactivación económica y la generación de nuevos puestos de trabajo son muy importantes para el crecimiento del país, y estamos de acuerdo con eso; pero también sabemos lo complejo y burocrático que es emprender.

¿Cuál es el costo que, como país, estamos dispuestos a pagar por generar estos empleos? Fue lo primero que nos preguntamos en la Comisión de Economía cuando vimos que llegó un proyecto que se saltaba absolutamente todas las leyes y varios reglamentos en materia medioambiental.

Si bien es cierto un país sin crecimiento económico no se desarrolla apropiadamente, también es cierto que no podemos crecer ni desarrollarnos sin el resguardo correcto de los recursos naturales que poseemos, porque no podemos producir y vivir por encima de nuestras posibilidades ecológicas.

¿Es posible el crecimiento con resguardo del medio ambiente? Los liberales creemos que sí. Es más, este modelo ya existe: se llama economía circular, y no es más que la intersección de los aspectos ambientales y económicos.

Se trata de un modelo económico que propone un nuevo sistema cuyo objetivo es la eficiencia en el uso de los recursos. Hoy existen varias corrientes y propuestas económicas innovadoras y respetuosas del medio ambiente, tales como la economía colaborativa, la economía naranja y muchas otras.

La economía circular es una realidad latente en el mundo; se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos en que prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos.

El sistema lineal de nuestras economías alcanzó su límite, así es que este es el momento perfecto para iniciar un real ecosistema industrial, lo que significa incentivar modelos integrales de producción interconectados de manera tal que los residuos o subproductos de unos sirvan como materia prima para otros.

Da miedo, realmente mucho miedo, ver cómo se van agotando una serie de recursos naturales y va aumentando constante y progresivamente la producción de basura. En nuestro país hemos alcanzado una producción de cerca de 456 kilos de basura per cápita por año, lo que se traduce en más de un kilo por persona al día. Si continuamos produciendo de la manera en que lo estamos haciendo, las proyecciones serán ciertas en cuanto a que para 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

En la Comisión de Economía dimos un largo debate respecto de este proyecto -ya lo han dicho varios diputados y fuimos muy estrictos al principio para centrar nuestra atención en el medio ambiente. También se produjo un diálogo, que agradezco, porque el gobierno se dio cuenta de que, tal como estaba, el proyecto recibiría un completo rechazo en la comisión. Gracias a eso pudimos trabajar, en largas sesiones, para mejorar la iniciativa.

Escuché a algunos diputados pedir que el proyecto se envíe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros pedimos que la ministra asistiera a la comisión; lo pedimos varias veces, pero, lamentablemente, nunca lo hizo. Es más, fue un representante del ministerio, e incluso en medio de la discusión se produjo el cambio de gabinete, pero no logramos obtener la mirada de la ministra del Medio Ambiente. Sin embargo, nos aseguraron que esta iniciativa había sido vista y visada por ella.

Respecto de la DGA, uno de los temas polémicos, quiero agregar que en la comisión solicitamos, expresamente, que se establezcan ciertas prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades a los fiscalizadores externos, a fin de evitar conflictos de intereses de los evaluadores externos de la DGA. Cabe mencionar, que los propios funcionarios nos indicaron que los trámites en la DGA se realizan en un tiempo prudente, que ellos quieren fortalecer la institucionalidad más que externalizarla. Sin embargo, hay que reconocer que son pocos los fiscalizadores que tiene ese servicio.

Hago un llamado a que nos tomemos en serio el desarrollo sustentable y a que propiciemos que los trámites que tengan que hacer los emprendedores de nuestro país sean cada vez más sencillos. No dejemos que la innovación y el emprendimiento sean solo accidentes o luchas titánicas de unos pocos.

Por lo anterior, votaré a favor del proyecto en general y, evidentemente, estoy dispuesto a votar en particular, previa discusión de cada uno de los puntos. Lo principal es promover el emprendimiento y que los trámites para hacerlo sean cada vez más sencillos para quienes buscan concretar sus sueños familiares.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señor Presidente, este proyecto viene a suplir una carencia que tiene nuestro sistema económico, principalmente en relación con los emprendedores.

Sin duda, la inversión es sinónimo de empleo, pero a ella se contrapone la burocracia, que genera tantos dolores de cabeza a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país que tratan de emprender.

Se ha hablado mucho de que se está privatizando la DGA y de que se están vulnerando ciertas normas medioambientales, entre otras cosas. Pero quiero recordar que nuestro ordenamiento jurídico se basa en un principio básico: la buena fe, que rige a nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista moral como legal. He escuchado muchas intervenciones, pero nadie se ha referido a ese principio. La buena fe debe ser el pilar fundamental de todos los aspectos de nuestra sociedad, especialmente del económico.

Durante los últimos años, la inversión y la productividad cayeron, la responsabilidad fiscal se debilitó significativamente, la deuda pública se duplicó, pero lo más grave es que se deterioró fuertemente la confianza en este país pujante en lo económico.

Este proyecto busca fortalecer la inversión, la competitividad y la productividad de la economía, equilibrar la certeza jurídica y dar agilidad a la ejecución de proyectos productivos, siempre cumpliendo con la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que se basa, insisto, en el principio básico de la buena fe.

A través de diversas medidas se busca simplificar ciertos procedimientos, que son más bien formales, y no de fondo. Respecto de la modificación de la Ley No 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se busca un equilibrio en la aprobación de las centrales generadores de energía. Antes, se distinguía entre un guarismo y otro, ahora va a depender de lo contaminante, de lo objetivo. También se busca generar una ventanilla única. ¡Es obvio y lógico! ¡No puede ser que quien quiera invertir en Chile tenga que pasearse por toda la burocracia de los servicios públicos!

En materia de modificaciones en el Sernageomin, se busca promover la utilización de herramientas jurídicas tan importantes como las publicaciones en los boletines oficiales de minería, para facilitar el catastro de concesiones mineras.

En materia de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, gran dolor de cabeza para las pymes que tratan de emprender en ese ámbito, se busca adaptar la normativa mediante una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y de permisos de edificación. En el Congreso Nacional hay varios parlamentarios que fueron alcaldes y saben la complejidad de esto. Por lo tanto, tratemos de apoyar y de acelerar los buenos proyectos, siempre cumpliendo con la normativa y en base a lo que nadie ha mencionado en esta discusión: la buena fe.

En materia de Código de Aguas, se critica a los revisores externos, pero ellos existen en distintos servicios públicos. En el Minvu, se encargan de revisar los anteproyectos. ¿Creen que los peritos judiciales forman parte del Poder Judicial? ¡No! Son externos; sin embargo, nadie duda de su confiabilidad en un juicio, porque –insisto nuestro ordenamiento jurídico se basa en la buena fe.

Si con estas medidas podemos acelerar la ejecución de los proyectos de inversión que cumplan con la ley, bienvenidas sean.

Espero que el gobierno ingrese más proyectos de ley en esta materia, porque todas las regiones necesitan inversión, especialmente Coquimbo y Atacama . Santiago no es Chile, aunque tenga una pujante economía; las regiones también necesitan salir adelante.

Por lo anterior, voy a apoyar íntegramente el proyecto, porque creo que las pymes, especialmente las regionales, necesitan el apoyo del Estado, que siempre ha actuado como paralizador de proyectos.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, sin duda, este es uno de esos debates que vale la pena sostener en esta Sala, pues tiene relación con las expectativas económicas y cómo contribuimos desde nuestro rol como parlamentarios a la innovación y a la generación de empleos.

Chile tiene que crecer como país y las señales que damos desde el punto de vista legislativo son importantes.

En mi solapa tengo la bandera de Chile. Con humor, algunos colegas me preguntaban si utilizarla tenía que ver con algún signo de carácter político. La verdad es que siento que hay temas en los cuales todos los sectores políticos tenemos que hacer un aporte.

Así como yo no le entrego a la derecha la apropiación de un signo tan importante como es la bandera nacional, desde la oposición, desde nuestro sector político, debemos tener un discurso desde el punto de vista de las propuestas en materia económica, pues entendemos que todos quienes estamos en esta Corporación empujamos con fuerza el desarrollo, el progreso de nuestro país -todos somos chilenos-, el empleo, el crecimiento, el combate a la pobreza, el entender que la innovación es necesaria y que un país que crece al ritmo de ingresos medios tiene que dar el gran salto para ubicarse en la siguiente escala de desarrollo de países a nivel global. Esas propuestas -por qué no decirlo pueden llevarnos a ser una alternativa de gobierno en 2021. No debemos abdicar de banderas que nos pertenecen a todos, a gobierno y a oposición. Desde esa perspectiva comenzamos a trabajar el proyecto que presentó el gobierno.

Primero, el proyecto original se trabajó con un espíritu de bastante distancia. A pesar de que hubo buen ánimo y capacidad de diálogo, el ministro Valente y sus asesores se encontraban en las antípodas del debate legislativo, pero se entendió que para un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras, parlamentar y discutir hacía la diferencia. En ese orden de ideas, gran parte de los puntos planteados por este proyecto fueron trabajados de común acuerdo, por lo que lo vamos a apoyar no solo en general, sino también en particular.

Creo que hay cosas positivas, como lo referido a la certeza jurídica, la agilización de trámites administrativos -la dilación de permisos hace la diferencia entre crear empleos o empujar a que un proyecto finalmente decaiga en interés o importancia y termine archivado en algún ministerio y las medidas en relación con la excesiva burocracia.

También hay temas que desde el punto de vista de la probidad se juegan en positivo. Me refiero, por ejemplo, a la digitalización de los permisos al interior de las direcciones de obras municipales. Muchos de los temas de opacidad y -por qué no decirlo falta de transparencia son el caldo de cultivo de la corrupción al interior de dichos servicios. Esta iniciativa gana en esa línea. Lo mismo sucede en materia ambiental, con temas como la ventanilla única, la fiscalización y otros.

En cuanto a la Dirección General de Aguas, es cierto que la propuesta del Ejecutivo no es casus belli; sin embargo, a diferencia de otras materias en que también existe externalización, creemos que esta Cámara tiene el legítimo derecho de hacer un superzoom en relación con el tema del agua, por las dudas razonables que se han instalado en el debate.

Desde esta bancada vamos a abstenernos en la votación del artículo que contiene esta materia, de modo que sea revisado y trabajado nuevamente, de la misma manera y con el mismo espíritu que entendemos que deben trabajarse temas relacionados con la economía, el desarrollo y el progreso. No es un tema de unos ni patrimonio de otros.

Desde la oposición queremos trabajar con robustez por apalancar nuestra economía. Tenemos dudas -y aquí voy a la arena política de que la expectativa de este sector tan importante para nuestro país se esté cumpliendo. Cuando por un lado tenemos una economía que crece al 4 por ciento y, por otro, indicadores económicos, como el de la cesantía, que bordea el 7,3 o 7,4 por ciento -apunto sobre todo al empleo de la mujer-, obviamente, algo no está bien. Así, sentimos que la gran promesa de tiempos mejores no se está cumpliendo.

Algunos hablan de la reforma tributaria, que involucra 800 millones de dólares. No sé si efectivamente es la gran reforma que requiere nuestro país para apalancar la economía nacional.

A fin de año habrá una tasa de interés de 2,75 por ciento. Es decir, a los chilenos les va a costar más caro acceder, por ejemplo, a comprar un departamento. Lo mismo sucederá con el pequeño o mediano empresario que quiera invertir en alguna obra para su empresa.

Sentimos que en materia de economía falta más; aún la agenda sigue siendo pobre. Allí hay una luz amarilla para el gobierno.

Vamos a aprobar este proyecto. Queremos que sea ley, pero también queremos decir que el país tiene que crecer más y el que crecimiento debe llegar a todos. Esa es la gran promesa de la administración Piñera; sin embargo, sentimos que estamos al debe en esa agenda. Si bien este proyecto es positivo,…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, trataré de ser breve.

Escuchaba atentamente al diputado Bernales y me parece bien que hagamos un esfuerzo por simplificar las normas y los procedimientos que agilicen la inversión. Es una realidad que Chile tiene una maraña burocrática bien compleja, pero de a poco hemos tratado de modernizar el Estado, en distintos gobiernos, y por esa vía hacer más simples los procesos para todas las actividades ciudadanas, y no solo para las empresariales. Este proyecto tiene esa inspiración. Ahora, de la inspiración a la concreción no siempre las cosas cuadran exactamente como a uno le gustaría.

Valoro mucho los esfuerzos que hizo la Comisión de Economía por ir ajustando distintos elementos del proyecto, pero hay un par de ellos que me preocupan. Por ello, en lugar de abordar el proyecto en general, me voy a referir a esos dos aspectos que me inquietan.

Primero, siempre me ha parecido que hay una contradicción eterna e irresoluble, cual es que la misma mano que tiene que procurar inversión, empleo y generación de riqueza sea, a su vez, la que tiene que evaluar ambientalmente los proyectos. Hay inversiones que son incompatibles con la preservación del medio ambiente y que tienen impactos ambientales. Y hay impactos ambientales que uno puede soportar, que uno puede compensar y que uno puede mitigar, pero hay otros que derechamente no pueden permitirse.

Permítanme que me remita a una antigua lucha que dimos muchos y muchas para impedir que se instalara la central térmica Barrancones , en la comuna de La Higuera, particularmente en el sector de Punta de Choros. Ese proyecto fue aprobado, pero después un telefonazo, que se saltó todas las normas, lo echó abajo.

Menciono otra experiencia: Hidroaysén. Todo gobierno -y yo he sido parte de algunos de ellos quiere que haya más dinamismo en la economía y más inversión, lo que significa que ojalá más proyectos se aprueben y que la cartera de proyectos registrada en el país no se quede solamente en la enunciación de las potenciales inversiones, sino que se concreten, a fin de generar riqueza, empleo, etcétera.

Me preocupa que algunas de las modificaciones que se han planteado en el marco del proceso de evaluación ambiental no sean compatibles con el propósito de preservación del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No hay que ir muy lejos -hay que llegar hasta Quintero o hasta Concón , mi distrito, o hasta Puchuncaví para darse cuenta de que cuando no hay exigencias severas, cuando no hay control ni capacidad de fiscalización, quien paga la factura de ese daño es la ciudadanía, los ciudadanos, y no los dueños de los emprendimientos ni quienes se apropian de la riqueza que generan esas actividades.

Me encantaría que este proyecto de ley volviera a la comisión para que pudiéramos revisar ese punto; entiendo que eso no está contemplado, pero es lo que quiero que ocurra.

Por otra parte, hay una norma y una materia a las que derechamente me voy a oponer y votaré en contra, al igual que muchos parlamentarios de nuestra bancada. El diputado Juan Fuenzalida planteó que hay mucha intervención de terceros en procesos administrativos del Estado, por ejemplo, en materia de vivienda; pero aquello tiene que ver con otras cosas. Lo que se propone en este proyecto es privatizar una función pública esencial, a través de la figura de entregar a particulares competencias de evaluación y de calificación que corresponden a la Dirección General de Aguas (DGA).

Es sabido que uno de los grandes problemas que tiene Chile es la escasez de agua, entre otras causas, por nuestra condición de país que goza del desierto más árido del mundo; de zonas semiáridas y áridas desde la Región de Valparaíso hacia el norte, y de zonas semidesérticas, que hacen que la escasez hídrica se esté convirtiendo en un fenómeno transversal. Desde esa perspectiva, es esencial que la autoridad pública esté encima de estos temas.

Uno puede compartir que para agilizar esos procesos se requiere fortalecer a la DGA, darle más atribuciones y recursos para tener una DGA más robusta; pero no creo que la privatización de las funciones públicas sea el camino correcto, porque nos vamos a llenar de irregularidades, problemas, anomalías y fraudes, toda vez que entregaremos una facultad en una materia extremadamente sensible, que tiene que ver con la administración de un recurso vital, que, además, hoy es escaso.

Por lo tanto, me voy a oponer a esa modificación, pero, desde ya, el gobierno -aquí no está presente, pero alguien puede tomar notatiene todo el apoyo del mundo para dotar de más funcionarios y entregar más recursos a la DGA -es iniciativa exclusiva del Ejecutivo-, para que pueda agilizar dichos procesos, pero que estos siempre sigan siendo competencia del Estado.

Hay otras modificaciones que se hicieron en materia de Sernageomin y de las direcciones de obras municipales, que me parecen razonables y van en la línea correcta. Todo lo que sea ventanilla única va en la línea correcta; pero las modificaciones en materia medioambiental, como por ejemplo la eliminación de los 3 megawatts como límite para la aprobación de proyectos, otorgarán a la autoridad un margen de discrecionalidad con el cual terminará eximiendo a megaproyectos de la tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Finalmente, en materia de la Dirección General de Aguas, privatizar una función pública esencial respecto de un recurso sobre el que hay un debate de fondo, como es la recuperación de los derechos de agua para el Estado de Chile y los ciudadanos, me parece que es un error estratégico del Congreso Nacional.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGUENSEN.-

Señora Presidenta, hoy nos encontramos discutiendo un proyecto clave, pues no solo implicará que más personas quieran invertir en nuestro país, sino también significará más fuentes de trabajo y, por tanto, mejores condiciones de vida para miles de familias chilenas.

Tal como señaló el diputado Renato Garín cuando rindió el informe, este proyecto contó con un amplio respaldo de los miembros de la Comisión de Economía, debido al claro consenso de todos los sectores que ahí están representados respecto de que es un proyecto que cumple con promover la inversión y tiene presente la importancia de preservar el medio ambiente y asegurar los altos estándares que se exigen hoy en día en esta materia.

Por todo lo anterior, llama la atención y cuesta entender que sea un diputado miembro de la Comisión de Economía quien patrocine una indicación para solicitar la votación separada de una parte esencial del proyecto. Aquello me sorprende profundamente, porque dicho diputado en la comisión votó a favor todos los artículos e indicaciones propuestos.

Por otra parte, me parece de especial relevancia referirme a las modificaciones que se proponen al Código de Aguas, las que tienen por objeto modernizar el proceso de tramitación, de adquisición o de ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas y, de esta forma, facilitar el trabajo que tienen hoy los funcionarios de la Dirección General de Aguas.

Lo que se propone es instaurar un sistema informático para recibir las presentaciones en la DGA y que esa dirección lleve un registro de revisores independientes, a los que corresponderá elaborar el informe técnico. Esto último no significa que la DGA delegará sus funciones en manos de privados, sino que esos revisores emitirán el informe técnico cuando se les solicite, lo que hará más ágil el proceso; pero la decisión final será siempre adoptada por la DGA, por lo que será la única autoridad para conceder o no lo solicitado.

Además, ningún revisor independiente podrá haber sido sancionado por delitos ambientales, cohecho, soborno, lavado de activos u otros, como tampoco podrán estar relacionados con el interesado en la elaboración del informe técnico. A esto se suma que serán responsables solidariamente de los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos de sus informes.

Así, queda claro que esta modificación solo implica una ayuda en la labor que diariamente realiza la DGA mediante revisores independientes que, para poder estar en el registro, deberán cumplir con los más altos estándares; si tratan de vulnerar un proceso transparente y objetivo, podrán ser duramente sancionados.

Otro aspecto relevante de este proyecto de ley es que se refuerza el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al establecerlo como ventanilla única para los permisos sectoriales, lo que implicará generar certeza jurídica. De ese modo, cuando una decisión sea favorable o adversa, todos tendremos claridad de aquella situación. En el mismo sentido, se establece que las direcciones de obras municipales deberán contar con una plataforma electrónica para la tramitación de permisos de edificación, lo que hará más expedito el proceso, sin afectar la transparencia y publicidad del mismo.

Debemos votar de manera responsable. Votar a favor este proyecto es apoyar a miles de familias chilenas, es decir sí a la inversión responsable con el cuidado del medio ambiente y al empleo, a la salud y a la educación de millones de chilenos.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, en la Comisión de Economía, de la cual soy miembro, hubo una convivencia prácticamente inusual, porque, a pesar de las discrepancias que generan las distintas visiones, se buscó llegar a acuerdo en todos aquellos artículos en que teníamos una visión común y no generaban algún conflicto; y en aquellos en que existían diferencias se procedió a trabajar con los respectivos asesores para llegar a un acuerdo, lo cual ocurrió con la gran mayoría. En aquellos casos en que no hubo acuerdo se procedió a la votación democrática, como corresponde.

Hago presente esto a aquellos que no son miembros de la Comisión de Economía o no estuvieron presentes.

Asimismo, quiero destacar la flexibilidad del ministro de Economía, Fomento y Turismo, y de los distintos sectores que fueron escuchados, para lograr mejorar las urgentes necesidades que tiene el país en materia de inversión.

Defiendo el ciento por ciento de este proyecto de ley, porque no tiene un doble fondo ni una doble lectura. Aquí se quiere desburocratizar y agilizar los procesos administrativos que, en diversos organismos públicos, tienen paralizados cientos y, por qué no decir, miles de proyectos de inversión, por la burocracia o, más bien, por la falta de interés que han tenido todos los gobiernos de entregar a esos organismos mayor cantidad de personal o de mejorar la legislación.

El proyecto establece que el Sernageomin pueda mantener actualizado el catastro minero nacional de concesiones mineras por la vía de considerar las publicaciones que se hagan de los procesos de solicitudes de concesión minera. En la actualidad cualquiera puede pedir una concesión minera, con lo cual se generan conflictos y, finalmente, especulaciones. Por ello, mantener actualizado el catastro nacional, más aún de manera digitalizada, permitirá al Servicio saber bien quiénes solicitan dichas concesiones, con la finalidad de evitar simulaciones de proyectos.

Ustedes, colegas, saben que muchos chilenos piden concesiones marítimas y posteriormente usufructúan de ellas. Muchas veces esas concesiones no generan lo que se pretende; sin embargo, a través de ellas un solo RUT, una sola persona o una sola empresa tiene tomado prácticamente todo el norte de Chile.

Esta iniciativa viene a tratar de evitar que se sigan solicitando concesiones mineras con la finalidad de usufructuar o de negociar con ellas.

Por otra parte, un tema importante que en la comisión se solicitó que fuera considerado dice relación con la explotación del litio. Por ello, el proyecto dispone que todas las empresas que poseen contratos de arriendo con la Corfo y que se dedican a la explotación del litio deberán entregar al Sernageomin un plan anual, en un período bastante grande, desde este año hasta 2030, sobre las inversiones que realizan en cada uno de los lugares donde efectúan dicha explotación. Es un tema importante e interesante que establece este proyecto.

Por otra parte, en relación con la Dirección de Obras Municipales, todos conocemos, más aún aquellos que tuvimos el honor de ser alcaldes, la cantidad de proyectos que demoran su concreción porque están a la espera de que el director de obras municipales, dependiendo de su estado de ánimo, los apruebe. Gracias a esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá implementar una plataforma digital en todo el país. En aquellos municipios en los que este sistema ya está en pleno proceso, se ha reducido eficientemente la demora en la entrega de permisos de construcción y, a la vez, se ha generado una mayor cantidad de recursos.

Por su parte, las direcciones de obras municipales deberán publicar en la plataforma digital dispuesta al efecto las resoluciones que aprueban los anteproyectos, lo que va a permitir que, antes de que estos se concreten, la comunidad esté informada.

En relación con la Dirección General de Aguas, cabe señalar que existe una cantidad importante de servicios públicos que hoy tienen revisores externos. Pregunto a mis colegas una sola cosa: ¿Ustedes creen que en el Costanera Center los revisores técnicos fueron públicos? No, fueron privados. Para eso existe una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional. Por lo tanto, no les tengamos desconfianza a los profesionales, porque están clasificados como debe ser. El hecho de que exista una patente provisoria, de un año, que corta el sueño de muchos inversionistas, que ahora va a ser de dos años, permite también llevar a cabo la producción.

Por lo tanto, colegas, no le tengamos miedo a un tema que es urgente y necesario. Se requiere modificar el sistema para que en Chile exista más inversión y más empleo, que es de toda nuestra preocupación.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, quiero precisar algunas cuestiones que creo que son importantes.

El diputado Naranjo , que se ausentó de la Sala temporalmente, fue uno de los colegas que ha manifestado que en mi sector político, al que represento con mucho orgullo, nos arrogamos la preocupación por el crecimiento. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al diputado Naranjo que no somos nosotros quienes nos arrogamos la preocupación por el crecimiento. La historia reciente y las cifras demuestran que cuando gobierna la izquierda, desde el punto de vista del crecimiento al país le va mal. No, rectifico: cuando gobierna la izquierda, desde el punto de vista del crecimiento al país le va muy pero muy mal.

¿Qué quiero decir con esto? En el primer gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, el promedio de crecimiento del país fue del orden de 5,3 por ciento. Cuando gobernó la izquierda, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet , el promedio de crecimiento del producto interno bruto ha sido el peor desde el gobierno de la Unidad Popular.

¿Qué nos dicen las cifras al respecto? No lo digo yo, sino el Banco Central. En 2014, el crecimiento del país fue de 1,9 por ciento; en 2015, de 2,3 por ciento; en 2016, de 1,6 por ciento; en 2017, de 1,5 por ciento. Esto no lo decimos nosotros; lo dice -reiteroel Banco Central . Esas cifras no nos deben merecer dudas de que efectivamente en el gobierno anterior al país no le fue bien. Le fue muy mal desde el punto de vista del crecimiento económico.

Por ello, este proyecto tiene como fundamento y preocupación principal generar las condiciones para que al país le vaya bien, porque cuando el país crece tenemos más oportunidades de trabajo, cuando el país crece, por cierto que a todos sus habitantes les va mejor. Este proyecto precisamente apunta en esa dirección: que al país le vaya mejor.

En esa línea, la iniciativa de nuestro gobierno, liderado por el Presidente Piñera , tiene como objetivo fundamental, entre otras cuestiones, reducir los plazos de tramitación de las distintas iniciativas de inversión que se puedan llevar adelante en nuestro país. Las estadísticas nos dicen que en la actualidad la implementación de un proyecto demora entre cuatro y cinco años. Y cuando el asunto llega a los tribunales, la demora se prolonga a diez años. Creo que esa circunstancia no es un elemento que motive la inversión. Por el contrario, ahuyenta la inversión.

Para que el país crezca, como todos sabemos sin ser economistas, debemos tener mayor inversión; pero para eso se deben generar las condiciones propicias. Demorar cuatro, cinco o diez años en la tramitación de un proyecto creo que no contribuye a generar esas mejores condiciones. Además, el largo tiempo de tramitación no solo desincentiva a los inversionistas, sino que incrementa los costos de los proyectos.

Reitero: todos esos elementos no contribuyen a que tengamos mayor y mejor inversión en nuestro país.

Este proyecto pretende reducir los plazos y generar mejores condiciones para la inversión. Para ello, elimina requisitos que son innecesarios, elimina la duplicidad de trámites e incentiva el uso de las herramientas digitales que hoy existen para la tramitación de los proyectos.

También propone externalizar la revisión. Cuando el aparato público no tiene la capacidad técnica ni la disponibilidad de profesionales necesarios para la revisión de los proyectos, ¿por qué no externalizar la revisión? Si podemos contar con una buena fiscalización por aquellas consultoras que prestan ese servicio, ¿por qué no hacerlo?

Y, por cierto, un elemento que no es menor y que incide significativamente en la inversión son las incertezas desde el punto de vista judicial. Debemos tener certezas para que la inversión llegue, para que se generen más oportunidades de trabajo y para que al país le vaya mejor.

Sin duda, cuando ha gobernado la izquierda, desde el punto de vista del crecimiento, al país no le ha ido bien. Por el contrario, cuando gobernó Piñera , al país le fue muy bien desde el punto de vista del crecimiento económico.

Por eso, voto con entusiasmo…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, me parece que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como otras comisiones que reclaman exactamente lo mismo, debió haber tenido conocimiento y debió haber participado en la tramitación de este proyecto, porque lo podrían haber estudiado y mejorado en varios aspectos. Entiendo que por una razón reglamentaria ello no se logró, lo que me parece bastante absurdo, pero son las reglas que están en juego.

Respecto de si hay que ponerse la bandera chilena en la solapa para demostrar que uno está a favor de que su pueblo esté bien, que haya mejores condiciones de trabajo, que haya mejor calidad de vida, me parece que es un argumento bastante simple, y no creo que corresponda manifestarlo aquí.

Las comisiones son una parte del partido que estamos jugando, y la Sala es otra parte, y ese partido no se va a terminar hasta que votemos y “hablemos” a través de nuestros votos.

Hay varios argumentos que se pueden utilizar para señalar que algunos gobiernos lo hicieron bien y que otros lo hicieron mal, pero al final eso es solo propaganda y lo considero una pérdida de tiempo.

Tenemos serias dudas acerca de las modificaciones que la iniciativa propone en materia del Código de Aguas. En palabras simples, el proyecto señala que se disminuirán los plazos de tramitación, que se permitirá la externalización de servicios de revisión, que se eliminarán incertezas jurídicas y que mejorará la información disponible para el inversionista minero.

Por lo tanto, como este proyecto de ley abarca muchas materias, debiéramos habernos dado mucho más tiempo para su tramitación, ya que el país no va a andar mejor o peor por uno o dos días más. Considero que se pierde demasiado tiempo en la tramitación proyectos de mucho menor envergadura que el que hoy estamos discutiendo, y por eso insisto en que, en este caso, las comisiones técnicas respectivas debieron haber tenido la oportunidad de tratarlo.

Según nuestra opinión, la DGA quedará debilitada, ya que la intervención de privados que se plantea constituye una delegación de funciones propias de la administración pública, lo que provocará perjuicios. Además, hay evidentes conflictos de intereses, porque esos agentes privados tendrán incidencia en la resolución de conflictos referidos a un bien nacional de uso público, como el agua, que es estratégico y escaso.

Por esas razones, debiéramos votar los artículos por separado, y me siento feliz de estar aquí y de poder hacerlo. Hay algunos que no nos producen ningún problema, pero hay otros que indudablemente son difíciles de aprobar, que vamos a rechazar categóricamente.

Creo que el apuro y el poco tiempo destinado al tratamiento de este proyecto da pocas posibilidades de llegar a acuerdos más inteligentes, por lo que espero que, antes del inicio de la votación, logremos alcanzar acuerdos significativos respecto de varios aspectos que preocupan a la oposición.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, junto con agradecerle el saludo que me brindó por la titulación de mi hijo, quiero decir que espero que el profesional Alinco sea un profesional con conciencia de clase.

En cuanto al proyecto en discusión, un diputado recién se refirió a lo que sucedía cuando gobierna la izquierda. En ese sentido, me atrevo a decir que desde hace muchos años que la izquierda no gobierna. Hay algunos personajes que usan los símbolos y las figuras de la izquierda chilena, pero que, en la práctica, hacen todo lo contrario.

Obviamente, el arte de la política es dialogar, ponerse de acuerdo, buscar puntos de encuentro, pero hay temas sobre los que no se puede transar, como el de los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de un tema y de un proyecto que involucra la vida. De eso estamos hablando.

Por eso, lamento que el Ejecutivo no haya dado la oportunidad a comisiones como las de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos para analizar y discutir este proyecto.

Tengo entendido que la Comisión de Medio Ambiente solicitó que le fuera remitido este proyecto en, por lo menos, tres oportunidades, y es bastante raro que nuestro Parlamento, que supuestamente es democrático, no haya enviado este proyecto, al menos, a una de esas comisiones.

Es más, ¿qué comisiones -no quiero desmerecer a sus integrantes discutieron este proyecto? Las comisiones de Economía y de Hacienda. O sea, el concepto del Ejecutivo sobre este proyecto es meramente económico, en circunstancias de que por lo menos yo y muchos diputados y diputadas tenemos el concepto de que el agua no es un elemento para ganar dinero o enriquecerse, sino esencial para garantizar la vida humana.

Por lo tanto, respecto de este proyecto, cuya tramitación se ha desarrollado en forma muy rápida y que hoy se va a votar, debemos tener cuidado.

Sin lugar a dudas, esta iniciativa significa dar un paso más en la consolidación de un elemento tan vital para la vida humana como es el agua, así que no me vengan a decir que es para invertir y producir desarrollo en nuestro pueblo. Mi percepción es que esta iniciativa servirá para que empresarios inescrupulosos se sigan enriqueciendo con las necesidades de la gente, con las necesidades de los niños de Petorca y de La Ligua y de otras localidades de nuestro país que no cuentan con este vital elemento.

Por lo tanto, no podemos aprobar este proyecto ni ninguna de sus indicaciones, porque eso significaría transar, dar la espalda a la gente que hoy no tiene este vital elemento, y seguir ayudando y favoreciendo a los grandes terratenientes y empresarios que enriquecen con la producción y exportación de paltas, a quienes no les importa que los niños de esos sectores, donde se cultiva este fruto, no tengan agua para beber, con tal de que sus arcas sigan aumentando.

Y tenemos personajes connotados, exministros de Estado, grandes empresarios y exparlamentarios que hoy negocian con la palta y privilegian el uso del agua potable para sus negocios y para su enriquecimiento.

Por lo tanto, hago un llamado para que este proyecto sea rechazado de punta a punta. No podemos transar, tenemos que demostrar al Ejecutivo que los parlamentarios de la Cámara de Diputados privilegiamos la vida humana antes que el enriquecimiento.

Hoy es posible hacer cambios en la administración del agua en Chile, pero nadie administra. La DGA y la DOH permiten -y durante los gobiernos anteriores también ha ocurrido que se siga robando agua en Chile, pero a esos magnates no les pasa nada.

Por lo tanto, entendiendo también que los cambios son un proceso y que hay que buscar acuerdos en política, en este punto no podemos transar.

En la Comisión de Recursos Hídricos esperábamos poder discutir este proyecto, pero jamás llegó, y creo que eso tiene un significado.

En consecuencia, anuncio mi voto en contra de este proyecto, porque significa ir en contra de los niños de Petorca y de La Ligua, significa ir en contra de los pequeños campesinos, de los chacareros. Por ellos estamos acá y esa es la gente que tenemos que defender.

Llamo a votar en contra de este proyecto, de punta a punta.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señora Presidenta, hemos escuchado los mismos eslóganes de siempre de un sector que parece que no vive en el mundo real, que piensa y dice que este proyecto beneficia a los grandes empresarios, desconociendo la realidad que vemos a diario quienes recorremos nuestros distritos.

Muchos pequeños comerciantes y pequeños emprendedores se ven presos de una burocracia municipal, presos de la tremenda discrecionalidad con que actúan los directores de obras municipales, que son inamovibles. Es evidente que esos pequeños comerciantes y emprendedores se verán beneficiados con la creación de una plataforma única que les permitirá acceder en forma transparente a trámites más expeditos.

Se ha dicho que este proyecto pretende privatizar la DGA; incluso, se ha dicho -espero que por ignorancia y no por mala fe que este proyecto busca reemplazar a los fiscalizadores de la DGA, cuando lo que aquí se está haciendo es establecer una figura similar a la que existen en muchos otros servicios públicos: los revisores, que tienen responsabilidad solidaria respecto de los proyectos en los cuales participan y que tienen responsabilidad plena en caso de que esos proyectos resulten con fallas o con algún acto de mala fe. Además, estarán bajo la tuición y fiscalización de la Dirección General de Aguas, que en ningún caso está cediendo su rol fiscalizador, sino externalizando un proceso que -por su intermedio, señora Presidenta, se lo digo al diputado Alinco tiene trancados los trámites de muchos pequeños agricultores en Petorca.

Hay quienes, para ganar cámaras, hablan de los magnates, pero lo cierto es que, al oponerse a esta iniciativa, están negándole el desarrollo y el progreso a cientos de pequeños agricultores que han hecho esfuerzos por regularizar sus derechos de aguas, los mismos que demoran dos años y más en realizar ese trámite, tiempo durante el cual están expuestos a sanciones por el uso indebido del agua.

Tenemos plena conciencia de que necesitamos ir en ayuda de los pequeños emprendedores y, en ese contexto, este proyecto de ley es un avance notable, por la plataforma digital, por la transparencia que aportará a los trámites en la Dirección General de Aguas y en muchos otros ámbitos.

La inversión no la hacen solo los grandes empresarios o magnates, sino que la hacen mayoritariamente los pequeños emprendedores, las pymes, que muchas veces se ven perjudicadas por la burocracia y por la falta de disposición de un Estado que no da el ancho para sostener y despachar oportunamente todos los trámites que requieren.

Por eso, señora Presidenta, así como nosotros, como partido, vamos a retirar las indicaciones al proyecto que sigue, esperamos que se retiren muchas de las indicaciones presentadas a este proyecto, a fin de que podamos avanzar para que nuestro país vuelva a crecer y eso se traduzca en desarrollo y mayores oportunidades de empleo para todos, y para que no suceda que, producto de la burocracia y de este Estado mal diseñado, sigamos presos de burócratas que no contribuyen al crecimiento que tanto necesitamos.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y otros delitos contra las mujeres.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señorita Camila Vallejo .

Antecedentes:

-Moción, sesión 53ª de la presente legislatura, en 2 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 107ª de la presente legislatura, en 28 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 5.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita VALLEJO, doña Camila (de pie).-

Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres, públicamente conocido como “ley Gabriela” .

Esta iniciativa tiene su origen en una moción de las diputadas Karol Cariola , Daniella Cicardini , Maya Fernández , Cristina Girardi , Marcela Sabat , Gael Yeomans y quien habla, Camila Vallejo , y de los diputados Gabriel Silber , Jaime Tohá y Víctor Torres .

En cuanto a las constancias reglamentarias, solo mencionaré que esta iniciativa no contiene disposiciones que revistan carácter de normas orgánicas constitucionales ni de quorum calificado y que tampoco contiene normas que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

A modo de contexto, es importante señalar que la conciencia sobre las diversas formas de violencia y discriminación contra las mujeres no se incorporó a la agenda de los Estados modernos sino hasta la segunda mitad del siglo XX. En Chile, por ejemplo, los derechos políticos de las mujeres fueron reconocidos en 1949, y recién a fines de 1952 la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

Estos logros son el fruto de la labor incansable de activistas, organizaciones y movimientos de mujeres feministas en todo el mundo.

En el transcurso de las últimas décadas se ha llegado a un consenso internacional que considera la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación y violación de derechos humanos que puede adoptar diversas formas y que se ejerce con distintos niveles de intensidad, tanto en el espacio público como en la esfera íntima.

Ese reconocimiento fundamental, aunque tardío, detonó un lento proceso de elaboración de instrumentos jurídicos orientados a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, modificando poco a poco las injusticias provocadas por las asimetrías de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, asunto que en ningún caso constituye un problema nuevo ni simple de resolver.

El derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado e insta a los Estados a reconocer responsabilidades y asumir obligaciones concretas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Así, las legislaciones internas tienen el deber de crear mecanismos idóneos para prevenir actos de violencia en su contra, investigarlos cuando ocurran, procesarlos y castigarlos, así como ofrecer reparaciones a las víctimas.

Las cifras son terribles. Según estimaciones realizadas en 2017 por ONU Mujeres, más del 35 por ciento de las mujeres del mundo fue violentada física y/o sexualmente alguna vez en su vida, mientras que, de acuerdo a la información oficial proporcionada por 16 Estados latinoamericanos, al menos 1.831 mujeres fueron víctimas de femicidio en nuestro continente, que es la manifestación más violenta contra las mujeres.

Chile, por supuesto, no escapa a esa estadística. En la última década se registraron más de 440 femicidios en Chile, y desde el 1 de enero al 23 de noviembre de 2018 se consumaron 35 más, en tanto que otros 105 quedaron frustrados.

El pasado 12 de junio de 2018 fueron encontradas sin vida Gabriela Alcaíno , de 17 años, y su madre, Carolina Donoso , víctimas de un brutal ataque femicida, con arma blanca, realizado por el expololo de Gabriela. Este horroroso crimen llevó a sus familiares, en un acto de fortaleza emocional admirable, a proponer y promover una modificación legal en la regulación del femicidio, que sancione adecuadamente dicho delito como un crimen de odio contra las mujeres, reconociendo que la violencia extrema contra las mujeres no está restringida a la que se produce en la esfera íntima de las relaciones familiares o afectivas, tal como hace la actual norma del Código Penal.

Aprovecho de saludar a los familiares de Gabriela que se encuentran presentes en las tribunas.

(Aplausos)

Los fundamentos del proyecto tienen que ver, básicamente, con una propuesta normativa que se funda en la necesidad de sancionar adecuadamente los asesinatos de mujeres basados en razones de odio y/o desprecio al género femenino, dado que la actual tipificación del delito de femicidio resulta limitada, ya que contempla el femicidio como una ampliación del parricidio, al incorporar la especificidad de que la víctima sea una mujer, es decir solo dentro de una categoría conocida en doctrina como femicidios íntimos, sin considerar como femicidio el asesinato de mujeres con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género.

Tipificar como femicidio los asesinatos de mujeres por razones de género constituye un avance en la comprensión política de este problema social, por cuanto permite situar apropiadamente el espacio relacional donde estos crímenes ocurren, pero especialmente da cuenta de la cotidianeidad con la que es ejercida la violencia contra las mujeres.

La cifra de femicidios consumados y frustrados en Chile es alarmante, a pesar de que su calificación penal los restringe a la esfera íntima. Pero las víctimas de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, más allá de la intimidad, son una cifra oculta que es imperioso identificar y visibilizar, para conocer la magnitud de la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país y, asimismo, orientar adecuadamente las políticas públicas para su erradicación.

La “ley Gabriela” propone incorporar un tipo penal de femicidio como delito autónomo, para una adecuada sanción de la violencia contra las mujeres, y para eso la moción consta de un artículo único que introduce modificaciones al Código Penal mediante cuatro numerales.

El número 1) elimina el inciso segundo del artículo 390 del Código Penal, que especializa el delito de parricidio al femicidio en los casos en que la víctima del delito es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor.

El número 2) incorpora un artículo 390 bis que describe el nuevo tipo penal de femicidio como el asesinato de mujeres “con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género”, estableciendo, además, en el inciso segundo, agravantes, como el hecho de que la víctima sea menor de edad, que haya existido violencia sexual previa, que el victimario mantenga o haya mantenido una relación de pareja con la víctima, así como que el delito haya sido cometido con alevosía o ensañamiento.

El numeral 3) establece un artículo 393 bis que sanciona al que induce a una mujer al suicidio o le presta auxilio para cometerlo, resultando su muerte, cuando concurran circunstancias que expresamente señala la norma.

El número 4) introduce un artículo 393 ter para impedir que concurran las atenuantes de irreprochable conducta anterior o de haber obrado por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato u obcecación, siempre que haya precedido algún incidente de violencia contra la víctima, sus ascendientes o descendientes, independiente de si el hecho fue o no denunciado.

En la discusión general, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de las diputadas integrantes presentes en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

Asimismo, se concordó en la urgencia de legislar sobre esta materia, ya que el femicidio es la forma más brutal de violencia contra la mujer, y este proyecto de ley es una señal política, en la que el femicidio responde a la necesidad de condenar cualquier acto de sexismo, misoginia u odio a la mujer que derive en su muerte.

En la discusión particular del proyecto se escuchó la opinión de expertos y académicos. La comisión, después de un extenso debate con abogados penalistas, modificó todos los numerales del artículo único, con excepción del número 1), que elimina el inciso segundo del artículo 390 del Código Penal, que consagra en la actualidad el femicidio, como una comisión especial del parricidio.

El numeral 2), que sancionaba con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado (de 15 años y 1 día a presidio perpetuo calificado) al que por motivo de odio, menosprecio, o abuso por causa de género, matare a una mujer, y señalaba siete agravantes especiales, fue objeto de una indicación sustitutiva que estableció una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo (pena equivalente al homicidio calificado) al que mate a una mujer por razón de su género, y especifica que siempre se considerará que concurre “la razón de género” cuando el femicidio se cometa en circunstancias que dan cuenta de la intención de aumentar el daño ocasionado por el autor.

Adicionalmente, mediante una indicación, se incorporó un artículo 393 ter que contempla la figura de femicidio agravado concurriendo las circunstancias específicas que ahí se describen, tal como que el autor tenga o haya tenido una relación de pareja con la víctima, o bien que la víctima estuviere en estado de embarazo o que sea menor de edad o mayor de sesenta años o tenga discapacidad. En este caso, la comisión decidió mantener la pena asignada al actual femicidio íntimo, para respetar la proporcionalidad de las penas.

Al numeral 3), que sancionaba con la pena de presidio mayor a presidio perpetuo al que induce o preste auxilio a una mujer al suicidio teniendo como resultando su muerte y concurriendo ciertas circunstancias que contempla la norma y que se detallan en el informe, se presentó una indicación sustitutiva que finalmente elimina la inducción al suicidio como un nuevo tipo penal por la razón jurídica de considerarse como “autoría mediata” de femicidio y a recomendación de abogados y abogadas penalistas.

El numeral 4) también fue objeto de una indicación sustitutiva para excluir las “atenuantes pasionales” (arrebato u obcecación), así como la de irreprochable conducta anterior, cuando existan antecedentes de violencia contra las mujeres por parte del autor de femicidio simple o de femicidio agravado. Asimismo, el inciso segundo contempla ciertas agravantes del artículo 12 de especial aplicación al femicidio.

Por los argumentos señalados y las razones expuestas en el informe; también por Gabriela , por su familia y por todas las mujeres de nuestro país, la comisión recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en este informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En discusión el proyecto.

Antes de ofrecer la palabra, saludamos a la familia de Gabriela, que nos acompaña. Sean todos bienvenidos.

Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señora Presidenta, en realidad es poco lo que uno puede decir en tres minutos.

Este proyecto de ley no surge solo de las parlamentarias y los parlamentarios que lo hemos patrocinado, sino de las familias de Gabriela Alcaíno y Carolina Donoso , familiares que hoy se encuentran en las tribunas. Quiero dar las gracias a Fabián, a Rodrigo, a María Julia , y a toda la familia de Gabriela Alcaíno , que ha impulsado esta iniciativa, no solo para hacer justicia por ellas, sino para que ninguna otra mujer en nuestro país viva lo que ellas vivieron y ninguna familia sufra la frustración que sintieron cuando, ante un claro femicidio, el victimario fue condenado por homicidio calificado. Esto parece un chiste.

Es inaceptable lo ocurrido: un hecho que, a todas luces, fue calificado por la prensa, por la gente y por los familiares de las víctimas como un femicidio, como un crimen de odio cometido por un expololo en contra de una joven y de su madre, finalmente fue calificado por los tribunales de justicia como homicidio calificado.

Esa es la razón por la que es tan necesario hacer esta modificación legal, que nos permite modernizar nuestra legislación y adecuarla a lo que establecen las convenciones internacionales.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará, en su artículo 1 señala que “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”.

No podemos seguir sosteniendo una ley que solo reconoce el femicidio en el ámbito familiar de la relación de la mujer con el hombre. Es necesario incorporar aquellos crímenes que se cometen contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, porque es evidente que en una sociedad machista, patriarcal, existe una relación absolutamente desnivelada entre hombres y mujeres.

La contradicción del patriarcado y el machismo ha generado que cada año tengamos que lamentar cada vez más mujeres asesinadas por hombres, por sus parejas. Ya van treinta y cinco femicidios durante este año; no queremos seguir lamentando más.

Por Carolina, por Gabriela , y por todas las mujeres asesinadas…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra, hasta por un minuto y treinta segundos, el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, quiero saludar a la familia de Gabriela Alcaíno , que nos acompaña en la tribuna.

Gabriela Alcaíno , para el dolor de esta familia, fue asesinada con arma blanca por su expololo, quien, además, asesinó a la madre de ella. Debe ser muy doloroso revivir, a través de la discusión de este proyecto de ley, esos momentos, que le han causado un daño irreparable a esa familia.

El autor fue acusado por doble homicidio y no por el delito de femicidio, porque, según la legislación actual, este último se configura cuando la víctima es o ha sido cónyuge o conviviente del autor. Así, penalmente, la violencia extrema contra las mujeres se reduce a la esfera íntima de las relaciones familiares.

Este proyecto corrige aquello, eliminando el actual delito de femicidio, mediante la supresión del inciso segundo del artículo 390 del Código Penal; amplía el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima; establece agravantes especiales al delito de femicidio; excluye a los delitos de femicidio, de parricidio y de homicidio simple y calificado de la aplicación de las atenuantes de irreprochable conducta anterior, entre otras materias.

En la última década se registraron 440 femicidios. Quiero agradecer a las diputadas Camila Vallejo ...

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señora Presidenta, cuando se planteó en la reunión de Comités discutir y votar inmediatamente hoy un proyecto tan importante como el que estamos abordando, lo único que me complicó fue el escaso tiempo que tendríamos para abordar un tema tan trascendental.

Quiero reconocer a las diputadas y a los diputados que suscribieron este proyecto. También quiero reconocer el apoyo transversal a esta iniciativa, y espero que la unanimidad de la Sala le preste su aprobación.

Vamos a votar un proyecto muy importante. Lamentablemente, hay solo 91 diputados presentes, lo que da un poco de lata.

El caso de Gabriela Alcaíno me recuerda los hechos ocurridos el 9 de octubre en la comuna de Paillaco. Ahí se encontraba Tatiana Caniulaf Velásquez al interior de su inmueble, donde compartía con su pareja y unos invitados. Uno de ellos se le empezó a insinuar -su pareja se dio cuentay le insistió en mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, el invitado la agredió reiteradamente con un arma cortante, utilizando su empuñadura y hoja metálica, con el objeto de consumar el acto sexual y luego asesinarla.

Tatiana Caniulaf Velásquez , de Reumén, Paillaco , sufrió lo mismo que Gabriela Alcaíno .

Su victimario también será condenado por el delito de homicidio calificado.

¿Es justo que haya violencia contra las mujeres? Claramente, no. La violencia no es tolerable en ninguna relación entre seres humanos, sobre todo en aquellas que dicen sustentarse en el amor.

El Código Penal tiene falencias, lo que ha quedado demostrado al revisar los asesinatos de Gabriela y de Tatiana. Es posible que hoy la Cámara de Diputados logre corregir este error, al establecer el delito de femicidio no como un apéndice del delito de parricidio, tal como ocurre en la actualidad. Es hora de que las banderas en contra de la violencia de género sean tomadas por todos.

Ahora bien, además del avance legislativo, se requiere de un avance cultural, porque este problema no se soluciona solo tipificando delitos, sino llevando adelante un proceso de educación constante contra la misoginia y el machismo. Esto no solamente se vence con sanciones; la educación es fundamental.

Por eso, celebro esta oportunidad. Espero que aprobemos por unanimidad la iniciativa, de modo de sacar adelante la “ley Gabriela” .

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Marcela Sabat .

La señorita SABAT (doña Marcela) .- Señora Presidenta, saludo a Fabián Alcaíno , padre de Gabriela; a la tía de Carolina y demás familiares presentes en la tribuna. Los felicito por hacer de un dolor tan terrible una lucha de la cual hoy todos nos hacemos parte.

Creo firmemente que lo que han vivido no será en vano. Haremos que el dolor, que el sufrimiento de las familias de Gabriela y de Carolina constituyan un paso importante para las mujeres que están viviendo violencia, así como para nuestros hijos. Un cambio cultural no solo se hace a través de esta ley; debemos hacerlo entre todos.

He dicho en reiteradas oportunidades que el feminismo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las demandas de las mujeres y la eliminación de la violencia contra la mujer no son patrimonio de ningún sector político. Es deber de cada uno de los que estamos acá en representación de la ciudadanía hacer patente en cada momento la necesidad de efectuar este cambio cultural.

Debemos hacer muchísimo más. El cambio -repitono depende de este proyecto; no depende solamente de iniciativas legales, que, por cierto, son importantes y urgentes para acabar con la violencia contra la mujer. Debemos ahondar mucho más.

Como dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el hecho de que no se exija una relación formal entre la víctima y el victimario constituye un cambio rotundo en términos de la tipificación del delito de femicidio. Recordemos que Gabriela fue asesinada por un expololo, quien también asesinó a la madre de ella. Gabriela nos inspira para efectuar este cambio.

El proyecto amplía el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima.

Hago un llamado a los diputados y a las diputadas a hacer nuestro el sufrimiento de Gabriela, de Carolina y de su familia entera, y, con eso, hacer de esta lucha algo personal.

También hago un llamado a la Sala a votar a favor el proyecto de ley y a que sigamos avanzando en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señora Presidenta, cuando, durante los primeros días de junio de 2018, supimos del lamentable y trágico asesinato de Carolina y de Gabriela Alcaíno , además de conmovernos, la sociedad entera y los medios de comunicación hablaron sin dobleces y de manera enfática de que se había consumado un doble femicidio, delito al que se le aplica la pena más alta de nuestra legislación, similar al de parricidio. Obviamente, se trató de un hecho que concitó transversal rechazo y la petición de que la poderosa mano de la ley actuara contra su autor.

No obstante este rechazo transversal, el delito no se condecía con lo que nuestra legislación reconoce como femicidio. El artículo 390 del Código Penal exige como condición sine qua non que exista el requisito de convivencia o ser cónyuge del victimario, relaciones que no ocurrieron en el caso de Gabriela Alcaíno.

Aquí nos damos cuenta de que nuestra legislación tiene una enorme deuda, que recién hoy saldaremos -esperocon el apoyo transversal de la Cámara de Diputados.

Veamos lo que ocurrió en Argentina con el caso de Nicole Sessarego, compatriota chilena que fue asesinada. No existía una relación conyugal o de convivencia con el victimario, pero el delito fue sancionado como femicidio porque así lo establece la legislación argentina.

Recién nos estamos poniendo al día en un tema tan sensible como son los delitos ligados al género, en donde está presente la asimetría, el menosprecio, la violencia, distintos hechos en que, desde el punto de vista cultural y social, debemos reaccionar como la gran mayoría de los chilenos hubiese esperado que ocurriera en junio del año pasado.

Lamentablemente, esta futura ley no se podrá aplicar en el caso de Gabriela Alcaíno y Carolina Donoso . Por eso quiero saludar el enorme y valiente esfuerzo que ha llevado adelante su familia, que se encuentra en las tribunas, por levantar la voz, ya no para que el caso tenga una sanción penal distinta, sino por todas las otras mujeres que, desgraciadamente, podrían caer en esta misma situación.

Ya se ha hablado de las cifras, pero lo importante es que hay un tema cultural, de justicia y de dignidad que empezamos a reparar el día de hoy.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .- Señora Presidenta, la violencia hacia las mujeres no es una excepción, es continua a lo largo de nuestras vidas. Vivimos la desigualdad salarial y previsional, y extenuantes jornadas laborales que incluyen el trabajo fuera y dentro del hogar, que se nos achaca como una responsabilidad natural.

En lo cotidiano, sabemos de acosos, de violaciones y de asesinatos. El femicidio es la cúspide de las violencias que nos afecta y refleja, en plenitud, el sentido de propiedad y sometimiento que vivimos las mujeres. Los agresores conviven en el hogar, en la familia, entre nuestros compañeros de estudio, de trabajo, de militancia e, incluso, entre nuestros amigos.

En Chile, el femicidio se tipifica como el parricidio cometido por quien es o ha sido cónyuge o conviviente, lo que deja fuera los asesinatos de parejas no convivientes y aquellos cometidos por familiares o desconocidos para abusar sexualmente o demostrar su poder a mujeres y niñas. Los suicidios femicidas tampoco tienen lugar, en circunstancias de que, para muchas mujeres, el único escape de la violencia es quitarse la vida.

Hasta ahora, la institucionalidad mantiene la violencia hacia las mujeres como una agenda sectorial de interés gremial, que permite que esta permanezca negada, invisible y disfrazada de algo natural o manifestación del amor romántico y de los celos.

Frente a este escenario, se hace indispensable abordarla a corto plazo desde una mirada integral, según estándares feministas y de derechos humanos que permitan garantizar la obligación de la debida diligencia y, por sobre todo, asegurar mecanismos de coordinación intersectorial que resguarden la efectividad de las medidas de protección, por cuanto un número significativo de mujeres víctimas de femicidio consumado y frustrado, y otras cuantas que se han suicidado, contaban con medidas de protección al momento de la agresión.

Sobre la votación de hoy -saludo a la familia de Gabriela que está en las tribunas-, considero que se requiere con urgencia una adecuación institucional, que apunte a la retipificación del concepto legal de femicidio, que supere la definición que lo ata a quien ha sido nuestro cónyuge o conviviente y que se abra a comprender, en plenitud, el odio por razones de género. Por eso votaremos a favor.

El desafío social y político es pujar para que se adopten las medidas que aseguren contar con operadoras y operadores de justicia capacitados para esta tarea, que no reproduzcan estereotipos y asimetrías. Por ello, hoy recordamos a la adolescente argentina Lucía Pérez , a Nabila Rifo , a Francisca Díaz y a tantas otras mujeres que han sido gravemente ofendidas por la justicia patriarcal.

Por sobre todo, requerimos avanzar en mecanismos integrales de prevención, de educación no sexista y de estrategia de detección temprana en los servicios públicos, para dar respuesta concreta al imperativo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra todas las mujeres.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar con mucho afecto a la familia de Gabriela y Carolina, que nos acompaña desde las tribunas, en cuyo nombre este proyecto de ley pretende -espero que así seahacer mayor justicia en nuestro país con aquellas mujeres que sufren un trato violento que, desgraciadamente, muchas veces termina en femicidio.

Es importante este proyecto de ley, porque modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio, ampliándolo a cualquier asesinato de mujeres por odio, menosprecio o abuso, sin importar -como se ha dichola relación que haya tenido la víctima con su asesino. Por eso quiero felicitar a todas las integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por esta iniciativa y, especialmente, a la diputada Camila Vallejo , que nos entregó el informe de este proyecto de ley.

No podemos seguir manteniendo atenuantes como la irreprochable conducta anterior. Hace unos años, cuando presidí la Comisión de Familia, con la entonces diputada Adriana Muñoz -actual senadoraluchamos para que el femicidio fuera una categoría de delito con el objeto de que fuese castigado como corresponde.

La amiga y compañera de vida no puede ser objeto de violencia, como desgraciadamente todavía sucede en Chile, con los más de cuatrocientos femicidios que se han cometido. ¡Es indispensable la educación! Por mucho que haya proyectos de ley que ayuden, no vamos a conseguir triunfar sin educación, porque desde la primera edad, desde la infancia, es necesario educar en el respeto a los géneros, el respeto a la mujer, el respeto al hombre, el respeto al amor, a fin de cuentas.

Y cuando el amor no sea posible, no sea recíproco, ahí están todos los caminos que se pueden seguir: el paso al costado, la separación o el divorcio, para evitar terribles desgracias, como las que hoy nos motivan a hacer uso de la palabra.

No habrá más atenuantes. En su momento presentamos un proyecto de ley para eliminar como atenuante la irreprochable conducta anterior, pero fue absolutamente rechazado por ser considerado inconstitucional. Espero que hoy no suceda lo mismo y se elimine esa atenuante, como también la atenuante de actuar con arrebato u obcecación, para aquellos que cometen estos delitos absolutamente imperdonables.

La convivencia y el amor deben estar por sobre todo. Insisto en la educación porque es necesario el cambio social y cultural que debe tener nuestro país para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra, por un minuto y medio cedido por Evópoli, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, quedo eternamente agradecida de Evópoli.

En primer lugar, quiero saludar a la familia de Gabriela Alcaíno y de su madre Carolina Donoso , especialmente a Fabián Alcaíno , un hombre que ha sido muy importante y que, incluso, se emocionó y lloró en la comisión cuando nos contó la experiencia que sufrió.

Hemos fallado como sociedad, porque se siguen cometiendo femicidios. Tengo clarísimo que una ley no cambia rápidamente la cultura, pero va pavimentando el camino.

La vida es sagrada, y por eso apoyo esta moción, cuando habla de eliminar la atenuante de irreprochable conducta anterior. No sé si ello será o no inconstitucional, pero cuando una vida se termina, no se puede recuperar. Por lo tanto, en ese contexto se debe ver el tema de la irreprochable conducta anterior.

Les pido a los parlamentarios presentes que ayudemos a terminar con esas palabras que se vierten cuando muere una mujer: “Algo habrá hecho”, “pega en lo propio”, “mira dónde se fue a meter”. ¡Eso no puede continuar en nuestra cultura!

Lamentablemente, no podré votar, porque estoy pareada con la diputada Pamela Jiles , pero estoy segura de que ella también está de acuerdo con que debemos terminar de normalizar el tema del femicidio como algo común en este año legislativo.

No puede existir más femicidios y por eso pido a toda la Cámara de Diputados apoyar enérgicamente este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ).- Señora Presidenta, este proyecto tiene nombre, tiene una historia terrible que no queremos repetir. Gabriela y Carolina , esta iniciativa es por ustedes y por todas las mujeres que fueron asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, ya sea por ser parejas, amigas, pololas, vecinas o completamente desconocidas para el hombre que les dio muerte.

Aquella distinción dolorosa entre mujeres la estableció la legislación, pese a que todas sufrieron lo mismo. El feminismo no aceptó esa distinción, a pesar de la ley, lo cual nos permitió mantener en nuestra memoria la cantidad de mujeres que fueron objeto de femicidios sin que esa distinción se aplicara: este año van 50 y no 35, que es la cantidad oficial según el Ministerio de la Mujer.

Este proyecto, que se originó a raíz de un hecho dramático como fue el femicidio de Gabriela y de su madre, que lamentablemente no podrá ser sancionado como corresponde por la insuficiencia de la ley, parte de la idea de derogar la forma en la que hasta ahora hemos entendido el delito de femicidio, para dar acogida en un tipo penal a los casos de violencia más extrema hacia las mujeres, sin discriminaciones, sino solo por el hecho de ser mujer.

Agradezco la invitación a ser coautora de este proyecto. Claramente tenemos una tarea tremenda: no queremos más casos como los de Gabriela y Carolina. Para eso, este proyecto es un paso necesario e ineludible.

Sin embargo, sabemos -lo conversamos con la familia en la comisiónque tenemos una deuda pendiente. Necesitamos instituciones que nos escuchen y que, ante una denuncia, se estremezca el sistema y actúe. Lamentablemente, no tenemos eso. Por el contrario, tenemos instituciones que, ante una denuncia, cuestionan la veracidad de lo que denunciamos y establecen procedimientos revictimizantes en los que una y otra vez se obliga a quienes denuncian a relatar la violencia de que fueron objeto. Con dicho relato sufren nuevamente ellas o sus cercanos, pues deben recordar una y otra vez el horror por el que pasaron.

Representantes del Estado nos dicen que mejor no denunciemos, que desistamos, que no es para tanto, que podremos arreglar los problemas en pareja. Todo esto que digo son hechos verídicos, en que el Estado es responsable, porque hay personas asumiendo un rol desde el Estado para responder de esa manera. Hablo de Carabineros de Chile, del personal de la PDI, de jueces, de la fiscalía, lo cual nuevamente conocimos en la comisión, el miércoles, con el caso de Francisca Díaz.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión. Es un paso necesario, pero tenemos una deuda pendiente para tratar integralmente la violencia contra las mujeres. Es una deuda de todas las instituciones del Estado. El compromiso de todas nosotras es avanzar en esa dirección.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a la familia de Gabriela, que nos acompaña en las tribunas, que ha hecho un esfuerzo y ha dado una lucha para que hoy se legisle sobre el femicidio en esta Cámara.

Estamos aquí para hablar de la manifestación más extrema de la violencia: los asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres.

En pleno siglo XXI todavía existe la necesidad de consolidar la igualdad de hombres y mujeres. El femicidio se da en todas las regiones, en todos los países y en todas las culturas. Es un tema de derechos y de innata dignidad de las personas, que requiere un esfuerzo connotado y vigente por parte de todos nosotros.

Actualmente, 160 países cuentan con leyes que se ocupan de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, demasiado a menudo, la cantidad de juicios y sanciones por estos crímenes son escasos y, cuando se llega a pedir cuenta, a los culpables se les sanciona por delitos menores y se les dan penas más cortas o ligeras.

Es hora de fortalecer los sistemas de justicia para eliminar todos los estereotipos y prejuicios hacia la mujer, y de mejorar los servicios de apoyo también para los supervivientes de la familia.

Algunas mujeres nunca denunciaron; otras lo hicieron, pero no se les dio la debida protección. Unas fueron tomadas por sorpresa y otras descubrieron que el hombre de su vida terminaría siendo el hombre de su muerte. Muchas intentaron escapar y muchas no tuvieron ni siquiera tiempo de hacerlo, porque dormían cuando recibieron el golpe o el disparo fatal.

Visibilizar la figura del femicidio mediante la modificación del Código Penal y distinguiendo a este del parricidio es un gran paso. La “ley Gabriela” pretende que de una vez por todas se entienda la gravedad de este tipo de delito cometido hasta hoy, principalmente por motivos de odio, de menosprecio y de abusos por causa de género; en definitiva, por el hecho de ser mujer.

El asesinato de Gabriela y de su madre motivó a esta sociedad a decir “¡basta!”. Esta iniciativa es por ellas y por todas las mujeres que han sido asesinadas o que conviven con el miedo y la inseguridad de ser violentadas en cualquier momento.

Hoy decimos: “¡No más!”.

Con este proyecto comenzaremos a cambiar nuestra sociedad, pero no solo desde el ámbito de la sanción; también debemos preocuparnos de la prevención.

Por lo anterior, en nombre de la bancada de la UDI y de las diputadas Virginia Troncoso y María José Hoffmann , con quienes formamos parte de la comisión, anuncio nuestro voto a favor del proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, hace algunos minutos tuvimos la oportunidad de saludar a los alumnos de los terceros medios del Liceo Técnico Profesional El Tambo, en su mayoría integrados por jóvenes de entre 17 y 18 años de edad, quienes estaban en la parte superior de las tribunas. Cuando hablé con ellos hace un rato, me preguntaron: ¿Qué era la “ley Gabriela”? No lo sabían, no lo entendían, y no tendrían por qué saberlo.

Les expliqué qué significa y qué ocurrió con el doble asesinato tremendo de una joven, que tenía toda una vida por delante, y de su madre, quien intentó proteger a su hija. Los jóvenes se miraron y decían: “¿Por qué ocurre esto?”.

Nosotros debemos hacer ese cambio cultural. Nosotros, los padres y todos los presentes debemos repetir y hablar permanentemente sobre el respeto de unos hacia otros.

También los jóvenes me preguntaron si el proyecto tenía que ver con otra Gabriela, que era de El Tambo, una Gabriela que fue brutalmente violada, ¡brutalmente violada!, y que posteriormente se suicidó. También se llamaba Gabriela . Me preguntaron si podía decir en la Sala que no había solo una Gabriela, sino dos, y que ese asesinato todavía no se ha esclarecido, a pesar de ir a ver al fiscal nacional y a mucha gente.

La “ley Emilia” fue aprobada por la insistencia de los padres de Emilia, quienes estuvieron permanentemente presentes en la tramitación del proyecto. Hoy, esta iniciativa es por el papá de Gabriela que está en las tribunas y por todos los amigos que lo están acompañando y que han sido su sostén durante todo este tiempo.

Como nos comprometimos hace algunos meses, toda la Federación Regionalista Verde Social e Independiente votará a favor el proyecto y lo haremos con cariño, con responsabilidad, porque detrás de estos dos femicidios hubo anteriormente violencia física, psicológica y sexual.

Con responsabilidad, pero también con cariño y con el mismo tremendo tesón del padre de Gabriela, vamos a votar favorablemente el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señora Presidenta, la verdad es que hoy es un día especial. Presido la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que representa el sentir de 14 parlamentarias del Congreso que fueron capaces de sumar esfuerzos, desde la comisión, para avanzar en 60 días en aquello en lo que ni el país ni el Congreso hizo en 206 años, gracias a una motivación profunda y humana: dotar, de una vez por todas, a este país, a este Parlamento, de la necesidad y urgencia de reparar un vacío que hoy provoca injusticia, desprotección y asesinatos.

Si miramos las cifras, hoy ya tenemos treinta y ocho mujeres muertas en Chile víctimas de femicidio, casi doscientas en los últimos ocho años, y, por cierto, existen cientos de homicidios y femicidios frustrados. Sin embargo, miles de esos casos hoy no han sido catalogados como tales, porque no dimos el espacio para hacerlo; el Congreso Nacional nunca antes catalogó el asesinato de mujeres por odio o por menosprecio como corresponde. Lo estamos haciendo hoy en nombre de Gabriela y de Jenny Torres , una excompañera de universidad asesinada a los veintinueve años de edad, cuando transitaba de la universidad a su casa.

Hoy no nos podemos dar el lujo de esperar más años. Debemos ser capaces de atender las necesidades humanas y de hacer justicia cuando un sujeto se siente dueño para violentar o maltratar psicológica o físicamente, o quitarle la vida no solo a una mujer, sino también, con ello, a toda una familia, que seguramente no tendrá la posibilidad de reparar el daño en vida. Eso nos han manifestado los familiares de Gabriela, a los que aprovecho de saludar, porque fueron capaces de impulsar la iniciativa, más allá de los parlamentarios que la patrocinaron, y de movilizar al país para hacer una justicia legítima con este proyecto.

Necesitamos que el apoyo de ustedes no se traduzca solo en la votación de hoy, sino también en sensibilizar y darles el respeto que merecen a las mujeres que hoy no pueden transitar por la calle, porque son violentadas, ni tener la confianza en quienes alguna vez le juraron amor y respeto, pero no cumplieron con esa promesa. No podemos seguir manteniendo una sociedad que replica esto en todo el quehacer, no solo en el quehacer jurídico y de justicia, lo que hoy estamos reparando, sino también en todos los demás ámbitos.

¡Basta de mentiras! ¡Basta de aquello! Seamos capaces de normar…

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, mientras nosotros estamos sentados cómodamente aquí, el pueblo chileno, a través de las redes sociales, está leyendo una noticia que apareció en la prensa, referida a algunas irregularidades económicas que están sucediendo en la Cámara de Diputados.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señor diputado, eso fue conversado en reunión de Comités.

El señor ALINCO.-

Reglamento, señora Presidenta.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Dígame cuál Reglamento, señor diputado.

El señor ALINCO.-

Reglamento de la transparencia, señora Presidenta.

(Hablan varios diputados a la vez)

Lo que quiero plantear es que, de una vez por todas, la asamblea -como decimos en el sindicato-, que somos los 155 diputados y diputadas, debemos tomar cartas en el asunto.

-Hablan varios diputados a la vez.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señor diputado, estamos en hora de votación.

El señor ALINCO.-

¡Es un tema grave!

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Por supuesto, nadie ha dicho que no lo es. Escuche, diputado.

(Hablan varios diputados a la vez)

No por Reglamento.

Le pido que también hable con su jefe de Comité, porque eso fue abordado de manera…

(Hablan varios diputados a la vez)

Continúe, señor diputado.

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, continúo.

Lo que pasa es que la gente de los diferentes sectores políticos y de las diferentes capas sociales de nuestra sociedad chilena quiere transparencia. Apareció la información de que a algunos diputados se les había pagado más, que había habido un error…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Señor diputado, tiene un minuto.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor ALINCO.-

Lo que yo quiero pedir, señora Presidenta, es que de una vez por todas cortemos esto. Es necesario que, en conjunto, todos los diputados nos pongamos de acuerdo en que haya una auditoría externa y que se revise a todos los diputados y las diputadas, que se revise a la jerarquía de este Congreso Nacional, a los cargos más importantes. Eso es lo que está pidiendo la gente.

Yo no me las quiero dar de santurrón, como dijo ayer un diputado; pero tampoco voy a pagar pecados ajenos.

Pido transparencia y que, de una vez por todas, se forme una comisión externa que audite a todas las instancias pertinentes.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Gracias, señor diputado.

Solicito a los jefes de todas las bancadas que informen a los diputados sobre las acciones que se están llevando a cabo.