Labor Parlamentaria

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley N° 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su Régimen de Subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica.

Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; de Familia y Adulto Mayor, y de Hacienda son los señores Leonardo Soto , Gustavo Sanhueza y Daniel Núñez , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 9ª de la presente legislatura, en 5 de abril de 2018. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 51ª de la presente legislatura, en 31 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 25.

-Informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, sesión 103ª de la presente legislatura, en 20 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor SOTO, don Leonardo (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.032, que Establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su Régimen de Subvención, y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica. El proyecto se origina en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar la ley N° 20.032 y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, para aumentar la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción Centros Residenciales; se agrega, como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención; se incorpora en los criterios de evaluación de los convenios que se suscriban entre el Sename y dichos organismos colaboradores; se faculta al Sename para que, frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios, emita instrucciones a fin de que los colaboradores las ejecuten en el plazo que fije el servicio.

En el mismo orden de ideas, se refuerza la facultad contenida en el artículo 37 de la ley Nº 20.032, y se dispone que también se podrá poner término anticipado a los convenios en caso del incumplimiento de dichas instrucciones. Se diferencia a las entidades coadyuvantes y se faculta al Sename para supervigilarlas y requerir antecedentes de las mismas.

Durante la discusión del proyecto, la comisión escuchó a los siguientes invitados: del Ministerio de Justicia, al ministro, señor Hernán Larraín ; al subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa ; al jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinoza Vergara ; a la asesora de la División Jurídica señora Paula Recabarren Lewin ; al asesor de la División de Reinserción Social Juvenil señor Pedro Pacheco ; a la directora de la ONG Activa, señora Gloria Requena ; de la Fundación Ciudad del Niño, al gerente general, señor Edmundo Crespo , y a la jefa del Departamento Técnico, señora María Teresa Sepúlveda ; del Hogar de Cristo, al director ejecutivo, señor Juan Cristóbal Romero ; al jefe nacional de Residencias Especializadas Infanto-Adolescente, señor Francisco Javier Parra ; de la Corporación María Ayuda, a su director, señor Cristián Alliende ; a la subdirectora, señora Ximena Calcagni , y al director ejecutivo, señor Ricardo Evangelista ; de la Fundación Misión de María, a la señora Teresa Izquierdo ; de la Fundación Infancia, a su presidenta, señora Nathalie Oyarce , y al director de gestión, señor Edison Gallardo ; de la Protectora de la Infancia, a su presidenta, señora Alicia Amunátegui de Ross , y a la abogada señora María Jesús Montt ; y de Aldeas SOS, al señor Jorge Lavanderos .

Durante la discusión del proyecto surgieron diversas propuestas de la comisión, que se tradujeron en una mesa de trabajo con el Ejecutivo, la que culminó en un conjunto de indicaciones del Ejecutivo y algunas parlamentarias que perfeccionaron el proyecto, en particular sobre el rol del Sename de preocuparse en forma efectiva por el correcto uso de los recursos que se entregan a los organismos colaboradores, y en búsqueda de una eficiente supervisión y fiscalización de los mismos, de modo de proteger el interés superior de los niños al cuidado de estas instituciones.

De esta manera se establece como un rol del Sename velar por la transparencia, eficiencia, eficacia e idónea administración de los recursos que conforman la subvención, en su destinación a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, el Sename deberá supervigilar y fiscalizar la ejecución de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados en los ámbitos técnicos y financieros, así como en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño.

Además, se establecen causales para revocar el reconocimiento de colaborador cuando el funcionamiento de un colaborador acreditado o el de sus establecimientos adoleciere de graves anomalías y, en especial, en aquellos casos en que existieren situaciones de vulneración a los derechos de los niños, niñas o adolescentes sujetos de su atención o, también, cuando el colaborador acreditado haya sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal durante la ejecución del respectivo convenio.

Por otra parte, los colaboradores acreditados que estén recibiendo subvención en virtud de la presente ley, deberán mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web información relativa a desempeño, considerando objetivos e indicadores de gestión; indicadores financieros, incluyendo los ingresos operacionales y su origen y otros indicadores relevantes; donación acogida a beneficios tributarios, así como gastos administrativos y remuneraciones de sus principales ejecutivos.

Asimismo, se aumenta la banda de subvención al Sename, que actualmente es de 8,5 USS a 15 USS (unidad de subvención Sename) mensuales, a entre 15 USS a 30 USS mensuales.

Además, se dispone que se apliquen criterios objetivos para la evaluación de los organismos colaboradores, y deberán considerarse, a lo menos, los siguientes:

a) Otorgar un trato digno a los niños, niñas y adolescentes.

b) Revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar.

c) Asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de educación y salud de los niños, niñas y adolescentes.

d) Intervención orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Como consecuencia de la evaluación a que se refiere el artículo precedente, el Sename podrá emitir instrucciones a los colaboradores acreditados, indicando las deficiencias a corregir, con la finalidad de que el organismo adopte las medidas que correspondan, dentro del plazo que determinará el servicio, dependiendo del tipo de medida de que se trate, sin perjuicio de la adopción por parte del Sename de las demás acciones que contemple la normativa vigente.

Finalmente, quiero dejar constancia de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó este proyecto de ley y propone a la Sala su aprobación.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Sebastián Torrealba ?

No hay acuerdo.

Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, en consideración a que se encuentra el ministro de Justicia y Derechos Humanos presente en la Sala, solicito que recabe nuevamente el acuerdo para permitir el ingreso de la directora nacional del Sename, porque estamos tratando una iniciativa respecto de la cual su presencia resulta totalmente pertinente.

En caso contrario, solicito que se den las explicaciones para no autorizar su ingreso.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Señor diputado, la Sala no ha dado el acuerdo, y quien se opone no tiene la obligación reglamentaria de dar explicaciones por su decisión.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor.

El señor SANHUEZA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, paso a informar, en calidad de segunda comisión, los acuerdos alcanzados en relación con el texto de la iniciativa legal aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, durante la tramitación del primer trámite constitucional y reglamentario, del proyecto de ley iniciado en un mensaje del Presidente de la República, que modifica la ley Nº 20.032, que Establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia, a través de la Red de Colaboradores del Servicio Nacional de Menores, y su Régimen de Subvención y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica.

Las ideas matrices del proyecto son modificar la ley Nº 20.032 y el decreto ley Nº 2.465, de 1979, para aumentar la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción Centros Residenciales; agregar, como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención; incorporar en los criterios de evaluación de los convenios que se suscriban con estos; facultar al Sename para que, frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios, el Servicio Nacional de Menores pueda emitir instrucciones a fin de que los colaboradores las ejecuten en el plazo que fije el servicio; reforzar la facultad contenida en el artículo 37 de la ley Nº 20.032, para disponer que también se podrá poner término anticipado a los convenios en caso del incumplimiento de dichas instrucciones, y diferenciar las entidades coadyuvantes, facultándose al Sename para supervigilarlas y requerir antecedentes de las mismas.

Señala el mensaje que el gobierno ha hecho patente su compromiso ineludible con los derechos de la infancia y adolescencia y, por lo tanto, su firme voluntad de reformar y modernizar la institucionalidad de protección a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

En este marco de actuación, ocupa un lugar importante el aumento de la subvención base para las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción Centros Residenciales.

Este proyecto constituye, a juicio del gobierno, el primer paso hacia un nuevo sistema en que el Estado, con la colaboración con la sociedad civil, promueva el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias, especialmente cuando ellos han sido vulnerados en sus derechos, con inclusión, además, de normas de control y transparencia.

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron presente, durante la tramitación del proyecto, que esta iniciativa no soluciona los problemas del Sename, lo que hacía lógico que se cuestionara hacer mayores aportes a instituciones que han sido profundamente cuestionadas. Sin embargo, como es reconocido que el Sename tiene serios problemas, difíciles de resolver en el corto tiempo, es imperativo dar soluciones hoy, en tanto se evalúan las distintas opciones para resolver el tema de fondo. En este contexto se presenta el proyecto que mejora la situación actual.

Para el gobierno, y me atrevo a decir que también para el país, que durante muchos años se ha visto enfrentado a un duro debate sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes al cuidado del Sename y de otros organismos colabores, situación que ha significado incluso críticas de organismos internacionales, la aprobación de esta iniciativa no ha sido una tarea fácil ni simple, sino, por el contrario, controvertida y difícil.

Pero ha sido muy importante, y así lo reconoce el propio gobierno, que por primera vez se establezcan requisitos previos a la entrega de los recursos; principios que deben informar la acción del Sename y los OCAS, entre los cuales cabe mencionar los de transparencia, eficacia, eficiencia e idoneidad en la administración de los recursos fiscales.

Se faculta al Sename para impartir instrucciones a los organismos colaboradores en caso de incumplimiento de los convenios; se incorpora como causal para el término anticipado de los convenios que se celebran con los organismos colaboradores acreditados, el incumplimiento de las instrucciones a que alude el punto precedente; se modifican los requisitos para el reconocimiento como colaborador acreditado, y se establecen nuevas causales de revocación de la calidad de colaborador acreditado para aquellos que ejecuten la línea de acción Centros Residenciales.

En esta tarea, vuestra comisión recibió la opinión de las autoridades de gobierno y de representantes de organizaciones de usuarios y especialistas, que, en lo sustancial, plantearon efectivamente que el Sename tiene serios problemas, que son complejos de resolver y que se requiere largo tiempo para ello.

No obstante, es necesario determinar qué se hará con el actual sistema y con los organismos colaboradores, mientras se evalúan las distintas opciones para resolver el problema de fondo.

Respecto de la ley Nº 20.032, se modifica el rango del valor base de la subvención para la línea de centros residenciales, pasando de 8,5 a 15 unidades de subvención del Sename (USS) a una nueva banda de 15 a 30 USS; se incorpora como causal para el término anticipado de los convenios que se celebran con los organismos colaboradores acreditados, el incumplimiento de las instrucciones a que alude el punto precedente; se incorpora como requisito para el reconocimiento como colaborador acreditado, el no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, en los dos años anteriores a la respectiva solicitud de reconocimiento como tal, y se establecen nuevas causales de revocación de la calidad de colaborador acreditado para aquellos que ejecuten la línea de acción Centros Residenciales.

Asimismo, se establecen criterios objetivos de evaluación de los convenios y se enuncian los que son considerados esenciales para este objetivo, cuales son el otorgar un trato digno a los niños, niñas y adolescentes; la revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar; la asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de educación y salud de los niños, niñas y adolescentes, y la intervención orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Respecto del decreto ley Nº 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, la iniciativa en informe define a las entidades coadyuvantes para diferenciarlas expresamente de las instituciones colaboradoras, otorgando facultades al Sename para solicitarles antecedentes de carácter legal y financiero u otros que se estimen relevantes para formar un registro de ellas.

El gobierno, a través del subsecretario de Justicia, señaló que salvar los OCAS tiene por objeto salvar a los niños, niñas y adolescentes que los integran, a fin de no dejarlos en la calle, para lo cual, junto con entregar más recursos, se aumentarán las exigencias a tales entidades.

Respecto de la auditoría financiera al Sename, el subsecretario aclaró que actualmente se está licitando la entidad que llevará a cabo tal proceso.

Junto con los cambios más profundos, también es necesario avanzar en la línea de los recursos para la institucionalidad actual, justamente por consideración a los niños, niñas y adolescentes.

Quienes se manifestaron contrarios a la aprobación de este proyecto sostuvieron que incluso los cambios incorporados en la Comisión de Constitución eran insuficientes y que era muy complejo entregar más fondos a este tipo de entidades sin cambiar el mecanismo que ha transformado el proceso en algo perverso, con incentivos que van en contra del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, hicieron ver su preocupación por el aumento en la subvención sin un sistema de pago contra resultado por trabajo de recuperación con las familias, y que no haya un trabajo de fomento en la desinstitucionalización, porque el sistema de residencia es siempre de ultima ratio. Este proyecto de ley fomenta la institucionalización en residencias, no así el trabajo con las familias de origen, extendidas, de acogida o de adopción.

La directora del Servicio Nacional de Menores sostuvo que existe un amplio consenso respecto de la necesidad de introducir cambios profundos al sistema de protección a la infancia, para lo cual el gobierno se encuentra trabajando en dos líneas: haciendo cambios de mediano y largo plazo para la transformación institucional, creando el nuevo servicio de protección a la niñez y estableciendo medidas para cambiar las condiciones de vida de los niños que se encuentran en protección, especialmente en el ámbito residencial.

Dentro de las urgencias, lo primero es mejorar las condiciones en que se encuentran los niños y las niñas que están bajo cuidado residencial. Esta razón justifica aumentar 25 por ciento el monto de la subvención para las residencias que están a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se compromete un aumento de 25 por ciento anual, lo que permitirá duplicar el monto de la subvención actual durante los cuatro años de gobierno.

La defensora de los Derechos de la Niñez, señora Patricia Muñoz García , al igual que la directora regional de Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, jueza Luz Celedón , se mostraron críticas de la situación actual del Sename y de las limitaciones de esta iniciativa legal, por lo cual plantearon la necesidad de que la facultad de instruir del Sename vaya acompañada necesariamente de la elaboración de instrumentos técnicos estandarizados de gestión administrativa y financiera y de calidad de la intervención propiamente tal, de forma tal de disponer de un procedimiento coherente que justifique la consecuente evaluación y fiscalización del Sename, tanto por el propio servicio como por organismos externos.

Asimismo, entendiendo que se está discutiendo una modificación de menor entidad a la ley Nº 20.032, será necesario, en los próximos años o a mediano plazo, realizar una corrección completa a la ley, dado el alto impacto que ello tiene en la situación de los niños, dependiendo de dónde se ponga el incentivo económico para las instituciones colaboradoras.

También recordaron que el informe de la ONU señaló que muchas de estas instituciones han vulnerado gravemente los derechos fundamentales de muchos niños, de un modo que ha sido elevado a la categoría de trato cruel, inhumano y degradante.

Por ello, estimaron que antes de asignar más recursos se debe tener claridad acerca de la eficiencia en su uso y del irrestricto respeto a los derechos humanos comprometidos, a fin de diferenciar a aquellas instituciones que han hecho un buen uso de los recursos fiscales de las que no lo han hecho.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, acá presente, señor Hernán Larraín , consideró que lo expuesto ilustra el fenómeno global asociado a la discusión y recordó que este proyecto de ley es muy acotado y no está destinado a resolver todas las falencias que existen en el sistema de protección a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

En efecto, con este proyecto solo se busca corregir parte del problema, pensando en favorecer a los OCAS que actúan correctamente. Es decir, se trata de una iniciativa legal de urgencia, mientras se trabaja en el aspecto más profundo.

El ministro consideró relevante no confundir la discusión y que debemos abocarnos a debatir el objeto concreto del proyecto en estudio, entendiendo que los OCAS reciben mucho menos recursos que los Cread.

Así, expresó entender lo señalado por la defensora de los Derechos de la Niñez en relación con la importancia de una mirada integral para cambiar el sistema, pero la forma de hacerlo en la actualidad es por etapas y según cada materia.

En definitiva, llamó a no confundirse y a tener presente que el Sename realizó una auditoría completa de todos los centros residenciales del país, de modo que la información sobre el actuar de estos ya está disponible.

Así entonces, con las nuevas atribuciones que daría este proyecto, se podría evitar la vulneración de los niños, pero entregando más recursos que permitan salvar la situación de muchos organismos colaboradores que desarrollan una labor sumamente abnegada. No debemos olvidar que los abusos en el manejo de los recursos han surgido principalmente en los programas ambulatorios y no en las OCAS, que responden a bolsillos distintos.

Por último, la comisión destinó parte importante de su trabajo a introducir mejoras en la normativa aprobada en la Comisión de Constitución, para lo cual se aprobó un artículo esencial en el proyecto, que permite aumentar la subvención para la línea de centros residenciales, pasando de “8,5 a 15 USS” a una nueva banda de “15 a 30 USS”. Sin embargo, la comisión rechazó por mayoría de votos el artículo 4º del proyecto, que establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en proyecto durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pudiendo suplementarse dicho presupuesto en lo que faltare por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.

A este respecto, cabe puntualizar que junto con rechazar este artículo, fundamental en la construcción de este proyecto de ley, la comisión aprobó dos disposiciones que establecen que el aumento de subvención otorgado por el Servicio Nacional de Menores se entregará solo a aquellos organismos colaboradores acreditados que cumplan previamente con la evaluación de los convenios a que se refiere el artículo 36 de la ley Nº 20.032, así como del reglamento que regulará su contenido, y que dichos recursos no podrán ser entregados a aquellos organismos que tengan como miembros de su directorio representantes legales, gerentes o administradores a quienes hayan desempeñado funciones en el Servicio Nacional de Menores, ya sea en labores directivas, administrativas, de fiscalización o control, en los cinco años previos, ni que estos o los trabajadores de organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores hayan sido imputados por delitos de cualquier naturaleza, en cualquier periodo.

El gobierno hizo presente su opinión contraria, especialmente porque el aumento de la subvención es transitorio y no permanente. Asimismo, el aumento no podría depender de la evaluación del convenio, ya que las subvenciones se pagan mes a mes, mientras que las evaluaciones son por periodos más largos. Establecer una incompatibilidad por el solo hecho de haber participado en el Sename dentro de los cinco años previos sería excesivo, comparativamente con otro tipo de inhabilidades similares.

Estamos conscientes de que el rechazo del artículo 4º provocó un debate público bastante intenso en los medios de comunicación social, muy especialmente en todos los organismos colaboradores del Sename; pero debemos entender que en el seno de nuestras comisiones se da un espacio de estudio y de debate, de confrontación de ideas y de posiciones, en muchas de las cuales se pueden encontrar avances o retrocesos en la normativa que se pretende legislar, de acuerdo con las perspectivas que tenga cada grupo político. Pero más importante aún es que este proyecto de ley ha avanzado desde una etapa prelegislativa a un estudio por las comisiones de Constitución, de Familia y Adulto Mayor y de Hacienda, y esta mañana por el pleno de la Cámara de Diputados.

A vuestro entendimiento y valoración está el proyecto de ley del Ejecutivo, al cual se le introdujeron importantes modificaciones en la comisión técnica, especialmente en materia de fiscalización. Por parte de la Comisión de Familia, se plantean numerosas modificaciones o enmiendas, que, en lo sustancial, tienden a asegurar el necesario bienestar biopsicosial, así como la efectividad de los derechos y las condiciones ambientales de los menores; hacer efectiva la responsabilidad del Estado en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia; el respeto a los derechos de los trabajadores y en particular al cumplimiento de las obligaciones laborales y profesionales de los trabajadores del sistema; la necesidad de contar con personal especializado, con competencias técnicas y profesionales de quienes ejercen sus funciones en centros residenciales para tratar con niños, niñas y adolescentes, y la información pública que debe estar dispuesta de todos los antecedentes de los centros.

Finalmente, cabe destacar una norma, que contó con el más amplio apoyo de la comisión, que dispone que deberán considerarse como criterios objetivos para la evaluación de los centros otorgar un trato digno y respetuoso a los niños, niñas y adolescentes, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, las leyes vigentes, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren actualmente vigentes; los procesos de revinculación familiar o la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar; la asistencia oportuna en el acceso a la educación y a las prestaciones de salud de los niños, niñas y adolescentes, y la idoneidad y pertinencia de la intervención ejecutada por los organismos colaboradores acreditados, orientada a la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El reglamento desarrollará estos criterios considerando y ponderando mecanismos que incorporen los informes de visitas realizadas por los jueces, de acuerdo a lo dispuesto en la ley que crea los Tribunales de Familia, así como la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes, debiendo mantenerse el debido resguardo de los datos personales de quienes participen en ellos.

En el mismo sentido, el reglamento determinará las formas en que se efectuarán estas evaluaciones, tales como auditorías, rendiciones de cuentas, evaluaciones de impacto, emisiones de informes sobre el uso de la subvención, entre otros, así como los mecanismos por medio de los cuales los colaboradores acreditados podrán conocer la metodología utilizada para estos efectos. El colaborador acreditado no podrá recibir nuevos fondos mientras no haya cumplido con la obligación de rendir cuentas de la inversión de los montos transferidos, debiendo restituir los respectivos fondos cuando la inversión no se ajuste a los objetivos de los proyectos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ORTIZ (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley en discusión.

En lo que respecta a la incidencia financiera o presupuestaria del Estado, el proyecto de ley, originado en mensaje del Presidente de la República, ingresado a tramitación el 4 de abril del año en curso, que modifica la ley N° 20.032, que Establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su Régimen de Subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que Crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica.

Se trata de la denominada ley corta, porque hay, a lo menos, cuatro proyectos de ley en trámite legislativo en el Congreso.

La iniciativa fue informada en primer trámite constitucional y reglamentario, primeramente, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y posteriormente, por acuerdo de la Sala, fue remitida a la Comisión de Familia y Adulto Mayor, con urgencia calificada de discusión inmediata. Por incidir en materia presupuestaria, debía ser conocida por la Comisión de Hacienda de la Corporación.

La comisión contó con la presencia del señor Hernán Larraín , ministro de Justicia y Derechos Humanos; del señor Gonzalo Blumel , ministro secretario general de la Presidencia; de la señora Susana Tonda , directora del Servicio Nacional de Menores, y, a petición del suscrito, de un representante de la Dirección de Presupuestos.

Idea matriz o fundamental del proyecto de ley

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es responder a la urgente necesidad de impedir que, mientras se defina el marco de la nueva institucionalidad, sigan ocurriendo eventuales cierres de centros por falta de financiamiento, sin pretender determinar en este proyecto la nueva estructura de fondo del sistema de niñez, sino entregar recursos urgentes y definir mecanismos de supervisión y fiscalización con nuevos estándares, de manera de agregar, como principio de acción del Sename y de sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención, con el objeto de evitar su uso indebido, el desvío de los mismos y la existencia de saldos o excedentes de recursos sin utilizar por parte de los organismos colaboradores acreditados.

Incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado

El informe financiero que acompaña al proyecto de ley consigna los siguientes elementos en que funda la iniciativa.

Diversos estudios señalan que el monto de la subvención es insuficiente para cubrir los costos de mantención de los centros residenciales, pues estos son mayores que la subvención estatal determinada por una ley que estableció un rango, con un techo máximo de subvención por centro, incluso llegando al tope de la banda establecida por la ley N° 20.032, que es de 15 unidades de subvención del Sename (USS), límite que se ha alcanzado con el último incremento que tuvo en la Ley de Presupuestos 2018, pero que fue igualmente insuficiente frente a los problemas de desfinanciamiento.

El proyecto de ley busca aumentar el techo de la subvención al doble. Para tal efecto, la ley de presupuestos para 2018 entregó recursos para contratar 26 nuevos supervisores, lo que aumentó la capacidad de fiscalización de los centros residenciales. Por ejemplo, en la discusión habida en las otras dos comisiones, cuando se escucharon a los actores que están diariamente en el Sename, estos reconocieron que los funcionarios y profesionales efectuaban las fiscalizaciones y las daban a conocer en el momento oportuno.

En igual sentido y con la finalidad de lograr un adecuado control de los recursos adicionales que se otorgan, el proyecto entrega facultades expresas al Sename para su adecuado control técnico y financiero.

Me parece positivo que en la cuenta que uno da a la Sala se entregue el máximo de información. En mi calidad de Presidente de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto, me toca ver esta partida desde hace 21 años. La discusión relacionada con este ministerio y, en especial del Sename, fue extensa. En ella no solo participaron el ministro y la directora del Sename, sino también los cinco diputados titulares y mucha gente más. Quedó absolutamente claro que si de verdad queremos que primero estén los niños, hay que buscar financiamiento.

También quedó claro -por eso aprobamos el presupuesto que corresponde al aumento más grande para una institución en todo el proyecto de ley de presupuestos. Lo doy a conocer porque el tema se analizó extensamente en la subcomisión.

El informe financiero N° 038, de 3 de abril de 2018, emitido por la Dirección de Presupuestos, consigna el aumento de la subvención que reciben las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, en particular aquellas que ejecutan la línea de acción Centros Residenciales.

Efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal

El primer año de aplicación, que sería el 2019, el límite máximo efectivo de la subvención se incrementará en un 25 por ciento, es decir, pasará de 15 a 18,75 USS. Lo anterior irroga un mayor gasto fiscal de 9.771.688.000 pesos.

Supuestos

El número de niños atendidos mensualmente podría ser de 8.400, a un valor de la USS de 15.840 pesos.

No obstante, hay otro supuesto bastante importante, el que nosotros llamamos en régimen, que es el mayor gasto fiscal que se quiere hacer en cuatro años, tal como lo expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El mayor gasto fiscal en caso de alcanzar el límite máximo del rango para la línea Centros Residenciales, que es de 30 USS, sería de 39.108.331.000 pesos.

Fuente de financiamiento

El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida del Servicio Nacional de Menores, porque se presentó en abril y el presupuesto ingresó el último día de septiembre. El aumento más grande es, precisamente, para financiar el aumento respectivo.

Lo que faltare, como siempre se hace en las leyes en la Comisión de Hacienda, se financiará con cargo a los recursos de la partida presupuestaría Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público.

En los años siguientes, si sigue el aumento de 25, 50, 75 o 100, tendrá que evaluarse anualmente en el respectivo proyecto de ley de presupuestos.

Los diputados integrantes de la comisión compartimos el sentido del proyecto de ley; sin embargo, legítimamente y en uso de sus facultades, algunos manifestaron que no era posible aprobar un proyecto de ley cuyo informe financiero solo consigna el impacto durante el primer año de ejecución del mismo y no respecto de las expectativas que genera en los fundamentos del proyecto, cuestión que permite concluir que el gobierno debiera comprometerse para los próximos años y llegar al ciento por ciento.

Otros integrantes precisaron que este proyecto tiene por objeto atender la urgente necesidad presupuestaria de los centros mientras se desarrolla una reforma más profunda al sistema en su conjunto. El propósito, por una parte, es cambiar la banda en la ley de subvenciones del Sename, aumentándola, como expresé hace un instante, de 15 a 30 unidades, margen dentro del cual se pueden fijar las subvenciones, y por otra, mejorar los estándares de calidad y fiscalización, cuestiones que van de la mano de los diversos proyectos actualmente en trámite.

La mayoría valoró el cambio propuesto por el proyecto y la urgencia de su cometido, lo que tiene un impacto financiero consignado, por cierto, en el respectivo informe. Lo que ocurra con posterioridad al primer año cabe dentro de las potestades que, en materia económica, corresponden al Poder Ejecutivo. No olvidemos que estamos en un régimen presidencial, en que el Ejecutivo tiene las atribuciones para presentar indicaciones que signifiquen aumentar el gasto fiscal.

El Ejecutivo explicó lo que dice relación con el 25 por ciento que consigna el informe financiero y también demostró, a través de su ministro, que tiene la disposición y voluntad de cumplir con una promesa de campaña que hizo el Presidente Piñera , la que ratificó ante el país el primer o el segundo día de su mandato.

Durante la discusión se hicieron muchos planteamientos, de los cuales daré a conocer dos. El ministro dio a conocer las modificaciones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y nos dimos cuenta de que se incorporó una serie de normas de transparencia, a través del artículo 9 bis, que señala las causales por las cuales podrá caducarse el convenio con los entes colaboradores, las que fueron enriquecidas por las respectivas comisiones.

Los integrantes de la comisión, en su inmensa mayoría, valoraron el proyecto y procedieron a la aprobación de la indicación presentada por el Ejecutivo, por la cual repone el artículo que indica la fuente de recursos que se había suprimido en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, pero dejando constancia de que, además de la urgencia de mayores recursos que esta futura ley compromete, el Estado chileno debe poner énfasis en proteger y cuidar a los niños, como ordena el mandato constitucional, y sacar del sistema a aquellos organismos que han vulnerado sus derechos.

Quienes votamos a favor planteamos que no se podía poner en duda que algunos de ellos no han cumplido como corresponde, pero la inmensa mayoría sí lo ha hecho, por lo que no se puede castigar a todos por igual.

Puesta en votación la iniciativa presidencial, fue aprobada por 10 votos a favor y 2 en contra.

Votaron a favor los diputados Pepe Auth , Carlos Kuschel , Patricio Melero , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling y Gastón von Mühlenbrock . En contra lo hicieron los diputados Giorgio Jackson y Daniel Núñez .

Por último, quiero dejar en claro que, de acuerdo con el informe de la Comisión de Hacienda, no hay problema para que los 155 diputados que integramos esta Cámara decidamos respecto de este financiamiento, toda vez que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, rechazamos los artículos 4° y 5° incorporados por la Comisión de Familia y Adulto Mayor, que incidían en materia presupuestaria. Por consiguiente, la Comisión de Hacienda dejó el proyecto en condiciones de que hoy fuera votado en la Sala.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señora Presidenta, primero, quiero señalar que, por transparencia, me inhabilitaré voluntariamente en esta votación en la Sala, en virtud de los artículos 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, debido a que mi madre es voluntaria desde hace quince años en el cuidado de niños y niñas recién nacidos en el hogar Ignazio Sibillo , de Punta Arenas, y mi padre fue electo director ad honorem de ese hogar residencial sin fines de lucro el 2 de mayo de este año.

Quiero agregar que este hogar, que recibe a niños y niñas con vulneración de derechos de entre cero y seis años, jamás ha recibido algún tipo de sanción, de ninguna característica. Sin embargo, inhabilitarme en la votación de este proyecto no me inhibe ni me excusa de dar mi opinión sobre el mismo.

El contexto de la discusión del proyecto de la ley es, sin lugar a dudas, la grave crisis que enfrenta la infancia vulnerable en Chile, respecto de la cual organismos como la ONU han señalado que el solo hecho de ser pobre en este país nos hace objeto de ser institucionalizados.

Hoy se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho de nuestro territorio, ya sea en la crisis de Quintero y Puchuncaví, como lo vimos en su escuela, ya sea en el wallmapu, como quedó claro en la detención del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca , cuando fue asesinado en el tractor en que le dispararon por la espalda, ya sea con las precarias condiciones con que el Estado se hace cargo de la infancia vulnerable en el sistema residencial, del cual es responsable directamente, a través de los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa), o indirectamente, a través de los OCAS (Organismos Colaboradores Acreditados del Sename).

A lo largo de la historia se ha considerado a la infancia como objeto de caridad, y es tiempo de un compromiso real con ella, que aborde su desarrollo desde una perspectiva integral de derechos, donde las políticas públicas estén centradas y terminen, de una vez por todas, con la cronificación de la vulneración de derechos que hoy vive la infancia pobre, la infancia indígena, la infancia migrante.

En este período, después de todas las tragedias del Sename que hemos conocido, el Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible, y como diputados y diputadas tenemos el deber de brindar la más pronta solución legislativa a la crisis de la infancia. Sin duda, estaremos frente a decisiones difíciles, pero esquivarlas y permitir que se mantenga la violación a los derechos de quienes viven con mayor vulnerabilidad en nuestro país es sencillamente inaceptable.

Por esta convicción, como mayoría del Frente Amplio, decidimos participar en la mesa nacional por la infancia, en donde, junto con la diputada Natalia Castillo , diputados de casi todos los sectores, el gobierno y, lo más importante, la sociedad civil trabajamos seria y responsablemente en 94 propuestas que, de concretarse, como ha sido comprometido, mejorarían sustantivamente la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país.

Sin embargo, el gobierno está en deuda, porque si bien hoy votaremos un proyecto de ley corta para aumentar las subvenciones a los organismos colaboradores del Sename, este debiera enmarcarse en un debate legislativo mayor que, desgraciadamente, en particular en lo referido al proyecto de ley de garantías de la niñez, que hoy se encuentra en el Senado, no ha estado a la altura con la indicación sustitutiva, como lo reconoce la mayoría de las organizaciones vinculadas a la infancia.

Si bien hoy tenemos el desafío de la política pública de prevenir las vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar su institucionalización, no podemos negar que aproximadamente 6.400 niños viven en el sistema residencial y son sujetos de protección estatal. De ellos, 800 viven en centros de administración directa del Estado y los otros 5.600, aproximadamente, residen en hogares de organismos colaboradores.

Según el Hogar de Cristo, el costo por niño, para que esté en condiciones óptimas, es de 2 millones de pesos y, en ese sentido, todo el sistema residencial en Chile está profundamente infrafinanciado. Así, en las residencias de administración directa del Estado, el aporte es de entre 1.600.000 y 2.500.000 pesos, pero en los organismos colaboradores del Estado, para los cuales estamos discutiendo esta subvención, el aporte no pasa de 400.000 pesos, y a veces, incluso, llega a 240.000 pesos por niño, según la zona geográfica.

La Mesa de Residencias ha señalado que el gasto promedio a nivel residencial por niño es del orden de 685.000 pesos. Esto, considerando que, según un estudio realizado por el Hogar de Cristo, el gasto mínimo por niño debería ser de 2 millones de pesos. Como país, todavía estamos muy lejos de estar a la altura.

En el Frente Amplio hemos discutido con seriedad este proyecto y tenemos una diferencia táctica, pero apuntamos al mismo fin: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, la mejora de los estándares de los hogares residenciales y el cambio estructural del actual sistema de financiamiento, terminando con la nefasta lógica del váucher.

Por eso, recalco que el hecho de que las y los diputados del Frente Amplio aprobemos este proyecto no significa que estemos de acuerdo con mantener la lógica de las subvenciones; lo hacemos por la urgente necesidad de que los niños, niñas y adolescentes que hoy están en residencias tengan acceso a mínimas condiciones de dignidad, y porque consideramos que no es este el proyecto con el cual se debe presionar al gobierno por los cambios estructurales que estamos peleando en otras leyes.

Permítanme citar un caso concreto: el Hogar del Niño Miraflores, de la provincia de Magallanes, tuvo que cerrar el año pasado, lo cual dejó a muchos niños sin hogar. Esos niños tuvieron que ser derivados a Puerto Natales o a Santiago, con el consecuente daño para sus familias.

Lo que han hecho con la ley de garantías no es aceptable y la vamos a ir a pelear allá; pero vamos a votar a favor…

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro, a los subsecretarios y a la directora del Sename.

Estuve participando y votando en la Comisión de Constitución y también en la de Familia por las siguientes razones: primero, para intentar mejorar este proyecto de ley, y, segundo, para aprobarlo, porque es necesario, porque es urgente y porque los 5.400 niños que hoy, por situaciones de grave vulneración de derechos, han sido derivados por los tribunales de familia a residencias del Sename o a entidades colaboradoras no pueden seguir esperando.

Sin perjuicio de que existe una agenda corta y una agenda larga, de la cual nos estamos haciendo cargo en la Comisión de Constitución, y de que nos hemos dedicado toda la semana a perfeccionar el proyecto del gobierno que crea el Servicio de Protección de la Niñez, trabajando codo a codo con la defensora de la Niñez y con las autoridades de gobierno, y también el proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, que está en el Senado, el proyecto en discusión es urgente. Pero no por urgente ha dejado de ser necesario introducirle perfeccionamientos. En ese sentido, quiero valorar el espacio que se generó en la Comisión de Constitución para que los diputados de la oposición, junto con nuestros asesores, trabajáramos con el Ministerio de Justicia, el Sename, la subsecretaría y los asesores del gobierno en mejorar este proyecto. Ese trabajo está incorporado en el texto que hoy se somete a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados.

Se establecen incentivos para la revinculación familiar, que fue una conclusión -lo dijo muy bien el diputado Gabriel Boricde la Comisión de la Infancia, a la cual concurrimos también de buena fe como Democracia Cristiana, porque en materia de infancia nadie se puede restar de hacer propuestas.

Se establecen causales claras de revocación de la autorización para operar como centro residencial. Y algo muy importante: se aumentan las facultades de fiscalización y de supervigilancia que hoy tiene el Sename, futuro Servicio de Protección de la Niñez.

Por lo tanto, esta normativa no dice relación solo con plata, no dispone solo el aumento de la subvención -lo cual es urgente; lo dijo el diputado Boric y lo dijo la Comisión de la Infancia-, sino que también establece incentivos a la revinculación.

Hay muchos temas abordados en el proyecto que tienen que ver con la ley de adopción que se está tramitando en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, y con todo lo que dice relación con el cuidado de los menores y con las familias de acogida de emergencia. La idea es que el tribunal de familia no solo tenga la opción de enviar a un niño gravemente vulnerado en sus derechos, en su familia, en la calle, a un centro del Sename, a una residencia, sino que también pueda vincularlo con una familia, ya sea la de origen, o la familia extendida biológica o una familia de acogida de emergencia.

Hay que apoyar este proyecto de ley. No podemos dejar sin aumento de subvención a los niños que están en el Hogar de Cristo, en la Fundación María Ayuda, en las Aldeas de Niños que el cardenal Silva Henríquez creó en un momento de vulneración de derechos manifiesto, cuando los niños estaban en la calle, lo mismo que hizo el padre Hurtado al crear el Hogar de Cristo.

El Estado no puede asumir por sí solo esta enorme responsabilidad.

Que no paguen justos por pecadores. Ha habido graves situaciones de vulneración de derechos en hogares del Sename, en residencias -por cierto, en la agenda corta y en la agenda larga estamos incorporando causales de revocación, de caducidad de permiso, y facultando al tribunal de familia para que siempre pueda redestinar a un menor a una residencia distinta cuando no es posible la revinculación familiar-; pero tampoco persigamos a todas las instituciones que quieren hacer el bien o a gente que haga el bien.

Por último, dos diputados plantearon en la comisión que yo debería inhabilitarme en esta votación. Quiero decirles, tal como lo dije en la Comisión de Familia, que no lo voy a hacer, porque no tengo ningún familiar actualmente con ningún cargo en ninguna fundación que tenga una residencia del Sename. Mi padre, que falleció hace 17 años, a mucha honra fundó la Fundación Rodelillo, que se dedica a poyar a familias en extrema pobreza. Esa fundación no tiene residencias y ningún familiar mío tiene vinculación alguna con ella.

Por lo tanto, voy a apoyar con mucha convicción este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, votaré en contra el proyecto, como lo hice en la Comisión de Constitución y como lo hice en la Comisión de Familia.

Desgraciadamente es muy difícil en cinco o seis minutos hacer un recuento de doce años de investigaciones, de testimonios, de contacto personal con víctimas, con familias.

No estamos hablando de otorgar un bono ni de resolver materias administrativas. Estamos hablando de la forma en que el Estado de Chile se provee de los medios para salvaguardar la vida, la seguridad y la indemnidad física, psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes que están a su cuidado. De eso estamos hablando.

Las normas que se proponen en este proyecto y que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones para evaluar o para acreditar, se van a dictar mediante reglamento y van a estar vigentes con posteridad a la entrega de los recursos. Esto ya se hizo en 2016; quiero recordar eso a mis distinguidos colegas. En 2016 se aprobaron 16.000 millones de pesos con el mismo argumento, y entre 2016 y 2018 a lo menos 78 niños murieron, algunos de ellos por causa de la intervención de terceros, por suicidios o por homicidios o por omisión.

Estoy hablando de instituciones como la Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, estoy hablando del hogar El Pequeño Cottolengo. También se mencionaron las Aldeas Infantiles SOS. ¡Por Dios! ¡En Padre Las Casas tenemos condenados que tuvimos que extraditar de Buenos Aires por violar a los niños en las Aldeas Infantiles SOS en Padre Las Casas! Estamos hablando de Coanil; estamos hablando de María Ayuda ; estamos hablando de la Congregación del Amor Misericordioso -porque para ponerle nombre a las instituciones, ¡por Dios que somos creativos!-; estamos hablando de la Fundación Hogares Verbo Divino, de la Fundación Ciudad del Niño y de la Fundación Mi Casa, la última de las cuales fue suspendida por noventa días, para impedir que participara en procesos de adopción, por las irregularidades ocurridas.

¡No nos pongan entre la espada y la pared diciéndonos que o se está a favor de los niños o se está en contra de los niños! ¡No! ¡Ese no es el dilema! El dilema es muy distinto: o se está a favor de los organismos colaboradores que han vulnerado los derechos de los niños, como lo ha dicho las Naciones Unidas, o estás a favor de los niños. ¡Ese es el dilema!

¿Qué planteé al ministro de Justicia en la Comisión de Constitución? Le dije: “Ministro, estamos disponibles; definamos el modelo de intervención que queremos para el país; hagámoslo con celeridad; aceleremos estos proyectos; aprobémoslos rápido”.

Alabé el ingreso del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez, señalé que después se debía definir cuánto costará esa institucionalidad e hice presente que el Congreso Nacional iba a estar disponible para otorgar todos los recursos que fueran necesarios. Pero no lo hagamos al revés; no sigamos haciendo las cosas mal.

La Organización de las Naciones Unidas nos dio un duro golpe en el rostro. Después de un largo estudio, dijo que el Estado de Chile vulnera grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa que la vulneración sea grave, según Naciones Unidas? Significa que el comité evalúa la gravedad de las violaciones en Chile, a la luz del daño y sufrimiento experimentado por los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial.

¡Así de específico es dicho informe, el cual hace referencia al sistema al cual se le van a inyectar recursos adicionales el día de hoy!

¿Qué significa que sea sistemática? La naturaleza sistemática de las violaciones se debe, por un lado, a la continua existencia de un sistema de protección basado en una visión asistencialista y una lógica paternalista del Estado. Ese es el sistema que se sigue consolidando.

Discúlpenme que lo diga así, pero no puedo creer que se quiera modificar sustancialmente el sistema de protección, porque en el proyecto sobre garantías y derechos, que se supone que era la ley marco que iba a proteger los derechos de los niños, en todas aquellas partes donde decía “el Estado garantizará”, el gobierno presentó una indicación en que dice “el Estado promoverá”.

¿Qué significa eso? Chile no va a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Solo le interesa mantener un sistema perverso, con un mecanismo de financiamiento perverso.

Excúsenme que se lo diga, pero yo no estoy disponible para eso. ¡Es mucho el dolor! ¡Es mucho el dolor!

Ayer conversaba con Edison Gallardo , quien me contó un episodio que escribió en su libro: Cuando quería aprender a tocar piano, estaba en el hogar jugando con el piano y una persona de la residencia cerró la tapa del piano; ocho de sus dedos fueron fracturados. Y hoy Edison todavía sufre los dolores de aquello, no solo psicológicos, sino físicos, porque sus manos fueron fracturadas producto de la intervención de una funcionaria de una OCA mientras tocaba piano.

¡De eso estamos hablando!

En consecuencia, creo que alguna vez tenemos que pensar en que esos niños no merecen menos respeto que las instituciones cuyos representantes se encuentran hoy en las tribunas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, todos sabemos que este proyecto se enmarca dentro de un contexto de reconocimiento de una deuda histórica del Estado de Chile con niños, niñas y adolescentes vulnerados.

Siempre recuerdo, cada vez que hablo sobre estos temas, que cuando en 2006 hubo que votar la puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, solo siete diputados, entre ellos los entonces diputados Juan Bustos , Alfonso de Urresti , Jorge Burgos y yo, votamos en contra; y no porque estuviéramos en desacuerdo respecto de la necesidad de que existiera un estatuto especial, sino porque dijimos que el informe de la comisión que recomendó la entrada en vigencia de la ley había sido aprobado solamente por las instituciones públicas que estaban en la comisión que analizó el estado del arte de la institucionalidad para hacerse cargo de esta ley.

Nosotros sostuvimos que no; que el Sename no daba el ancho para hacerse cargo, por una parte, de atender a menores, o niños, niñas y adolescentes vulnerados, y, por otra, para implementar una ley tan sensible y tan delicada como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Por lo tanto, arrastramos una deuda histórica, que se suma a los hechos que conocimos y que han sido utilizados políticamente hasta el infinito, hasta la náusea; hasta la náusea por todos, sin excepción.

Este es un proyecto acotado, puntual, de alcance muy reducido, que no resuelve el problema de fondo; en eso tiene razón el diputado René Saffirio . Sin embargo, la pregunta es qué hacer. ¿Acaso se debe esperar tener el proyecto listo, en circunstancias de que sabemos que es un problema objetivo, que hay carencia de recursos en las instituciones que tienen a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes, porque el Estado, en general, pone poca plata para estas cosas?

Hay instituciones colaboradoras que cometen delitos; algunos se ofendieron por haberlo dicho, pero incluso algunas ni siquiera debieron ser recibidas en la Comisión de Constitución. Sin embargo, aquellas instituciones colaboradoras que no cometen delito y hacen bien la pega, tienen poca plata. Y, mientras tengan poca plata, tal como sucede siempre en todos lados, tendremos siempre el mismo problema.

Aun así, a pesar de tratarse de un proyecto acotado, puntual y específico, a mi juicio de corta duración respecto de sus ideas matrices, fuimos capaces de introducirle modificaciones relevantes.

Al gobierno le costó asumir que no habría votos suficientes si no incorporaba el verbo “fiscalizar”, a pesar de que el Sename no tiene facultades fiscalizadoras, por ejemplo, si no se establecían facultades que iban más allá de la supervisión, con la capacidad de revocar el reconocimiento oficial y, por esa vía, retirar los recursos.

Eso es lo que hace este proyecto; tiene algunas atribuciones adicionales, que tiene que asegurar, lo que es un compromiso del gobierno: que ni un solo peso vaya a ninguna institución que por negligencia o por la comisión de un delito contribuya a la vulneración o vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, los temas de fondo deben ser resueltos en la trilogía compuesta por una reforma constitucional -que algunos en este hemiciclo estamos impulsando-, para que la Constitución Política consagre los derechos de niños, niñas y adolescentes; por la creación del Servicio de Protección Especializada, que estamos trabajando en la Comisión de Constitución, proceso que estamos realizando con ahínco y esmero -hoy estamos en el segundo artículo, pero no debido a un posible bloqueo de la iniciativa, sino porque se trata de una reforma compleja-; y por la creación de un Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente.

Al respecto, fuimos claros respecto de los resguardos que deben ser adoptados por el gobierno, más allá de los que se puedan adoptar en la ley, en el sentido de que ni un solo peso fuera destinado a una institución que actuara mal, que cometiera delitos en contra de niños.

Creo que sobre esto no hay dudas: los recursos se deben asignar bien, y los mecanismos con los que hasta ahora se han asignado los recursos, de manera histórica, no dieron garantía de aquello.

Insisto: no esperamos que este proyecto sea lo que no es. Esta iniciativa no es la solución de fondo a los problemas de incumplimiento o de vulneraciones que el Estado de Chile ha hecho o ha tolerado en relación con niños, niñas y adolescentes vulnerados. Este es un proyecto puntual, que inyecta recursos, que entrega algunas atribuciones, y que debiese tener corta duración, pero que también se suma a otras iniciativas relacionadas.

En otra cosa con la que estoy de acuerdo con el diputado René Saffirio es en cuanto a la disconformidad que me genera la supresión del concepto de garantía. De hecho, en la ley del Servicio de Protección Especializada, en su objeto dice “garantía”. Sé que al gobierno no le gusta; pero va a tener que pensarlo bien si quiere que los proyectos avancen, si va a perseverar en la idea de suprimir el concepto de garantía, porque nos parece que a niños, niñas y adolescentes el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Y así como lo aceptó en el objeto del Servicio de Protección Especializada, tendrá que repensar si cambia el sistema de garantías por un sistema de protección, porque no es lo mismo, y eso lo sabemos todos.

Dicho esto, estando todo lo demás pendiente, pero a sabiendas de que la oposición tiene mayoría, yo voy a honrar la palabra y votaré a favor este proyecto. Al respecto, el diputado Matías Walker dijo algo que es cierto: todos los parlamentarios de la oposición pusimos como condición para aprobar este proyecto que hubiese un trabajo paralegislativo o prelegislativo, en el que las ideas fundamentales planteadas por los diputados de la oposición, con excepción del diputado René Saffirio , que legítimamente votó en contra, fueron recogidas por el gobierno.

Por lo tanto, creo que no hay nada más importante en la política que honrar la palabra.

No creo que este proyecto sea el ideal para resolver el problema de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, pero es lo que necesitamos por ahora, mientras trabajamos en las iniciativas relevantes y definitivas.

Insisto en que, políticamente, ya hemos jugado demasiado con el drama de la infancia en Chile, por lo que yo, al menos, cumpliré y honraré mi compromiso y votaré a favor.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, inicio mi intervención reiterando el saludo a los clubes Dorado Atardecer y Eterna Juventud, a quienes agradezco su visita a esta Corporación.

Este proyecto de ley tiene por objetivo otorgar un aumento de la subvención que reciben los organismos colaboradores acreditados del Sename, que ejecutan una serie de programas en la línea de acción de dicho organismo, en la protección y custodia de más de 5.000 niños, que hoy reciben una subvención de 250.000 pesos mensuales. Si la comparamos con la que el Estado entrega para un interno en las cárceles, que supera los 700.000 pesos, constataríamos que hay una brecha muy grande y que hay que ir en ayuda de estos niños, porque hay una situación dramática que debemos enfrentar ahora y no postergar para mañana.

El aumento de la subvención será progresivo, hasta llegar a una cifra superior a 330.000 pesos, a fin de mejorar la atención que se brinda a esos niños.

Por eso se dice que es una “ley corta”, pero no porque sea corta deja de enfrentar en toda su dimensión, y en forma integral, lo que debe ser el compromiso con la infancia, que es el fin para el cual el Presidente Piñera convocó –recordemos a la Comisión Nacional de la Infancia, a principios de año, compuesta por integrantes de distintos sectores políticos y de gente que ha participado activamente en temas relacionados con la niñez. Dicha comisión tenia por tarea buscar cambios sustanciales respecto de la situación de los niños de nuestro país.

Por eso, este proyecto de ley no queda corto, porque debemos vincularlo con otros siete proyectos de ley que abordan los problemas de fondo, entre ellos, el que establece la garantía de la niñez, el que crea el Servicio de Protección de la Niñez, el que crea el Servicio de Reinserción Juvenil y la reforma integral al sistema de adopción.

Me alegra que esté presente la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown ; que también esté Susana Tonda , directora del Sename, y, desde luego, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque son ellos quienes tendrán la responsabilidad de llevar adelante estas iniciativas.

No han de tener cuidado ni preocupación quienes reparan la entrega de esta subvención porque, según señalan, en el fondo en esos hogares no había garantías para evitar que ocurran situaciones como las que hemos tenido que lamentar en el pasado. Nadie podría garantizar la absoluta certeza de que eso no ocurrirá, pero sí podemos garantizar que se ha tomado un conjunto de medidas, entre ellas esta misma iniciativa de ley, con el objeto de fortalecer las facultades fiscalizadoras del Sename.

Honorable Cámara, no por menos en el proyecto de ley de presupuestos se aumenta en 26 personas la dotación destinada a las tareas de la fiscalización; no por menos se establece que el Sename deberá supervigilar la administración de los recursos otorgados a los organismos colaboradores; no por menos el Sename está facultado para impartir instrucciones generales y particulares a los organismos, exigiéndoles subsanar aquellas deficiencias que se hayan producido. Se establece, además, el principio de transparencia activa, que obliga a los organismos colabores a publicar y mantener actualizada la información sobre su entidad en sus respectivas páginas web.

Además, se ha aprobado un financiamiento para el Sename, en el proyecto de ley de presupuestos, que contradice a quienes hoy, desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, votan en contra esta iniciativa. Votaron a favor el financiamiento y al aumento del Sename, pero ahora niegan mezquinamente recursos para ir en ayuda de los niños. ¡Qué contradicción vital más grande!

A mi juicio, no se les puede dar la espalda a los niños; no se justifica votar en contra diciendo que aún falta mucho por hacer y que vamos a esperar a que las cosas se hagan primero; que los cambios se concreten para recién darles el dinero a estos niños.

Honorables diputados, si no dan los recursos a estos hogares, muchos de ellos deberán cerrar en marzo o disminuir fuertemente su actividad. Asuman la responsabilidad por eso. Afortunadamente, creo que no tienen mayoría en esta Cámara para imponer un criterio tan sesgado y una visión tan miope. Pareciera ser que, de repente, los sectores más de izquierda del país pierden el sentido común respecto de la importancia que tiene ir avanzando gradualmente en estas materias.

Resulta incomprensible esta mirada táctica, como la ha calificado el diputado señor Boric , quien señaló que tienen una diferencia táctica con este proceso porque, en el fondo, quieren ver primero los cambios para después dar la plata.

¿Desde cuándo actuamos así en Chile, un país que tiene dificultades económicas? Tenemos que ir avanzando de a poco. Pasaron décadas para que se tomara el toro por las astas y empezara una modificación en el sistema de protección de la infancia y la niñez del Sename, como la que se está haciendo ahora.

Tuvo que haber una crisis total, tuvimos que ver los casos que mencionó el diputado Saffirio , tuvimos que recibir un informe de organismos internacionales y de nuestras cortes para reaccionar. ¡Durante décadas no reaccionamos, pero ahora empezamos a hacerlo, con decisión, prontitud y sentido de urgencia!

Por eso, los diputados de la UDI no le vamos a dar la espalda a los niños y vamos a votar favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, parece que lo que decimos aquí no sirve para nada, porque la mayoría tiene decidido su voto, pero igual quiero hablar acerca del apoyo o rechazo a este proyecto de ley, llamado “ley corta”.

Estoy recibiendo presión por la angustiosa situación económica de los organismos de apoyo al Sename, situación urgente de resolver ahora, pero también, por otro lado, por la utilización y/o probable manipulación que ejercería el gobierno para lograr un apoyo a esta ley, atendiendo únicamente a esta emergencia, y no ocuparse, con buena voluntad política, de tramitar un proyecto de ley de garantías para la niñez que norme adecuadamente la participación de los organismos colaboradores, que se debiera caracterizar por una actitud genuina de ayuda y no de aprovechamiento lucrativo.

Desde esta perspectiva, no tengo libertad para votar a favor o en contra de este proyecto de ley. No quiero ser calificado de bueno o de malo, señor Melero , por su intermedio, Presidente. En mí subsiste la pregunta: ¿voto a favor de esta necesidad urgente, sospechando el posible chantaje del gobierno, o voto en contra, reclamando una ley adecuada que asegure y dé garantías?

De una vez por todas, necesitamos una ley que inhiba el aprovechamiento de esta desgraciada situación de nuestros niños de parte de quienes la ven como una oportunidad de negocio, asegurando la genuina intención de apoyar a la infancia y a la adolescencia, destinatarias de este proyecto de ley.

Me siento presionado y sin libertad para votar. Pienso votar a favor, pero rogando que no se utilice este voto para saltarse las garantías que necesitamos en esta materia, porque creo que en este caso se pone la carreta delante de los bueyes.

No creo que esta intervención cambie algún voto, pero necesitaba expresarlo.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, como suele ocurrir en nuestro país, tuvo que ocurrir una crisis para que nos comenzáramos a hacer cargo del modo en que el Estado chileno se hace cargo de los niños vulnerados.

El gobierno tuvo el acierto de convocar a una mesa de trabajo, de la que salió una batería de proyectos de ley y de medidas administrativas, algunas en trámite y otras en curso. Sin embargo, hay un aspecto que ya era evidente cinco o diez años antes de que estallara la crisis y es el insuficiente aporte del Estado a los organismos colaboradores del Sename, que asumen la responsabilidad del Estado en la atención de los niños vulnerados, lo que, sin duda, emerge como una urgencia, porque todos queremos elevar la calidad de la asistencia que reciben esos niños.

Si los recursos ya eran insuficientes en la realidad anterior, son más insuficientes si queremos incorporar nuevas exigencias. ¡Qué duda cabe de que los abusos, las irresponsabilidades y los delitos deben ser castigados! Pero eso no significa bajar el aporte fiscal al Sename; por el contrario, se lo subimos, a pesar de los delitos, abusos e irresponsabilidades. Los delitos deben ser castigados, pero las instituciones deben seguir cumpliendo su rol; es más, deben mejorar su labor.

Hay hogares que han cerrado por falta de financiamiento y otros cerrarían si no apoyamos el compromiso del Presidente de doblar la subvención a los hogares durante su mandato. En el proyecto queda al arbitrio del Presidente hacerlo, pero a lo que sí se compromete es a subir 25 por ciento en 2019.

Señor Presidente, por su intermedio, le digo al ministro Larraín que estaremos atentos al cumplimiento de ese compromiso, porque el Primer Mandatario, durante su primer gobierno, hizo este mismo compromiso respecto de la subvención educacional y lo incumplió de manera flagrante. Por eso, ahora esperamos que cumpla el compromiso de doblar la subvención y en los siguientes presupuestos estaremos atentos para que eso ocurra.

¿Cuál es la importancia de este proyecto? Primero, fija en el horizonte la idea de doblar la subvención, y segundo, plantea la exigencia de trasparencia explícita. Es decir, en la página web deben estar publicados los salarios de los ejecutivos, el número de niños atendidos, la frecuencia de asistencia psicológica y todos los antecedentes que muestren el funcionamiento adecuado de un hogar de menores.

También está bien que se establezcan con mayor claridad las condiciones para poner término a un convenio con los hogares cuando se incumplen las exigencias del Sename.

Paralelamente, estamos haciendo un esfuerzo por aumentar la fiscalización. Por eso, todos aprobamos 26 fiscalizadores adicionales para que los recursos sean usados, efectivamente, en el cuidado de los niños.

Sin duda, tenemos que transformar de manera integral la manera en que el Estado protege y recupera para la vida a los niños vulnerados. Sin embargo, la urgencia de no cerrar hogares no puede impedir abordar lo necesario, lo cual, a su vez, no debe cegarnos para abordar también lo urgente, y, en ese sentido, urge aumentar el aporte del Estado para el cuidado de los miles de niños que viven en los hogares de instituciones colaboradoras del Sename.

A la pregunta que se hacía el diputado Florcita Alarcón , respondo que vote a favor este proyecto porque nada le impedirá votar en contra de otros proyectos si mañana no satisfacen sus expectativas.

Mantenemos nuestra libertad y nuestro derecho para asegurar, en cualquier proyecto, que se cumpla el compromiso asumido por el Estado con los niños de Chile.

¡No más abusos! Exigimos el cuidado integral de los menores, que es responsabilidad del Estado, y el castigo a todo aquel que utilice su poder para pervertir a los niños y violar el principio que debe guiar su labor, cual es cuidar a los niños e reintegrarlos a la sociedad para que tengan una vida feliz.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Kast .

El señor KAST.-

Señor Presidente, desde hace varios años, Evópoli ha defendido y trabajado duro en pos de ideales que sentimos muy cercanos y urgentes.

Necesitamos políticas públicas, en un sistema amplio y eficiente, que permitan alivianar muchas situaciones que no hemos sabido enfrentar de la mejor forma como país.

De esta aspiración nace la idea de que los niños deben ubicarse primeros en la fila. Esa bandera de lucha ha sido el corazón de nuestro trabajo como parlamentarios desde que ingresamos al Congreso Nacional.

Algunas intervenciones han sido muy apasionadas y plantean que dar recursos a estos organismos colaboradores del Sename significa avalar, dar un like, a las violaciones a los derechos que sufren esos niños en estos centros colaboradores. Siguiendo esa lógica, tendríamos que cerrar todos los centros e, incluso, pedir que instituciones como el Hogar de Cristo o María Ayuda cierren sus puertas. No podemos caer en la lógica pequeña mediocre de creer que por entregar recursos a estos organismos los estamos avalando. Sabemos que tienen mucho que mejorar y que deben ser fiscalizados.

Los organismos internos del Estado han sido los principales agentes de haber fallado a los niños. Los organismos colaboradores han hecho una labor incansable durante años, con recursos propios, celebrando bingos y otras actividades para financiarse, para hacerse cargo de un rol que debe cumplir el Estado.

No podemos permitir que el recelo y la hostilidad ideológica hacia el rol de la sociedad civil se tomen la discusión, porque eso impide buscar soluciones definitivas.

Hay once proyectos de ley complementarios a este que se están trabajando y que se hacen cargo, de forma definitiva, de los niños que están en manos de estos organismos.

Sabemos que este proyecto no va a solucionar todas las aristas del problema, pero no podemos esperar más ni señalar que estamos avalando las violaciones.

Los parlamentarios que plantean que con este proyecto se avalan las violaciones caen en una aberración profunda y le niegan a estas instituciones, que tienen una disparidad profunda con las instituciones del Estado, los recursos que necesitan para complementar la ayuda psicológica y de atención diaria que estos niños requieren.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, saludo al ministro y al subsecretario, a la directora del Sename y a todos los actores presentes.

En esta larga discusión es importante hacer una reflexión profunda. Si discutiéramos solo el marco de este proyecto de ley, hablaríamos de más o menos dinero y de aumentar al doble la subvención en los organismos colaboradores del Sename, y debiésemos quedarnos solo en esa discusión. Sin embargo -ya lo han dicho otros colegas-, es imposible dar este debate sin ir al tema de fondo. Es imposible no reflexionar sobre el rol de los organismos colaboradores; es imposible no hacerlo cuando la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pone sobre la mesa la necesidad de entregar atribuciones fiscalizadoras al Sename y cuando hablamos en profundidad sobre la posibilidad de contemplar inhabilidades para la acreditación o para el reconocimiento de esas instituciones.

Finalmente, es evidente que este proyecto aporta nuevos elementos para la discusión.

Más allá de que haya diputados que, probablemente, argumenten solo sobre la idea de respetar las ideas matrices de este proyecto, les pido que no inhiban el desarrollo de un debate democrático y nos permitan discutir el fondo, porque lo que el proyecto de ley propone es el aumento de la subvención para los organismos colaboradores prácticamente en las mismas condiciones que conocemos. Para nosotros ello no es lo correcto. Incluso, algunos han hecho gárgaras respecto de esa situación.

La subvención por niño solo ha incentivado de manera perversa la institucionalización, que es precisamente lo que no queremos. Lo que sí queremos son niños con revinculación familiar; queremos niños, niñas y adolescentes que estén con familias de acogida. Sin embargo, no se ha querido discutir, por ejemplo, la posibilidad de que esas familias de acogida reciban recursos del Estado. ¡Cuántas familias quieren tener a sus nietos o sobrinos en sus hogares! No lo pueden hacer porque no hay una política de Estado vinculada a eso. ¡Seguimos alimentando el mismo sistema que nosotros mismos cuestionamos! ¡Es increíble! Esto es como tropezar con la misma piedra una y otra vez.

El aumento de subvención que se propone no hace mayores discriminaciones. La Fundación Mi Casa, la Fundación Chilena de la Adopción, la Fundación San José Para la Adopción Familiar Cristiana y la Red Latinoamericana de Cooperación en Ámbito de Adopción son organismos colaboradores que están siendo investigados y muchos de ellos han sido sancionados por adopciones irregulares.

El Hogar Pequeño Cottolengo, la Corporación Opción son investigados por negligencias en muertes de menores y adultos que permanecían a su cuidado; las Aldeas Infantiles SOS y el Hogar Cardenal Carlos Oviedo, por abusos a menores; la Corporación Opción y la Fundación Mi Casa, por irregularidades en gastos de subvención, entre otros.

Son datos reales. No estoy hablando de cualquier institución, sino de las que tienen a cargo niños y niñas de nuestro país.

A contrapelo de la posición del Estado, logramos introducir indicaciones al proyecto, que espero que se aprueben, respecto de las inhabilidades para la acreditación o para el reconocimiento oficial de las instituciones, las que tienen relación con los miembros del directorio y con sus trabajadores. Las indicaciones apuntan a que si un miembro de la institución se encuentra formalizado o condenado por delitos que le impidan ejercer trabajos con niños y niñas, o asociados a delitos sexuales, la institución no podrá tener reconocimiento y será inhabilitada para su acreditación.

Lamentablemente, a pesar de que era una gran oportunidad para cambiar el sistema de financiamiento por uno basal, no se quiso dar ese paso.

Supuestamente, este es un proyecto que dura cuatro años, que es transitorio ¿De qué transitoriedad me hablan? ¡No le mientan al país! Esos organismos que están haciendo videos en las redes sociales, insinuando que los parlamentarios estamos en contra de que se entreguen más recursos para los niños, mienten. ¡Mienten! Acabamos de aprobar en el proyecto de ley de presupuestos un aumento de 9,7 por ciento para financiar el Sename. Por lo tanto, los programas actuales están financiados. Este proyecto de ley aumenta la subvención.

Lo hemos dicho en todos los tonos: queremos más financiamiento para los niños y niñas de nuestro país. Y lo vamos a pelear, pero en otras condiciones

¿Por qué nos obligan a poner la carreta delante de los bueyes? ¿Por qué le quitaron la palabra “garantías” a la ley sobre garantías de derechos y de protección de los niños y niñas de nuestro país? ¿Por qué ahora “vamos a propender a la protección”? ¿Acaso no saben que el gobierno introdujo una indicación sustitutiva en el Senado para cambiar la ley sobre garantías?

¿Acaso no saben que el proyecto que se está tramitando sobre protección de la niñez, que está en la Comisión de Constitución, no cambia el sistema de financiamiento a uno basal? ¿Acaso no leyeron las declaraciones de la directora del Sename, que señaló que cómo le íbamos a exigir más a los organismos colaboradores si no les dábamos más plata? ¡Inaceptable! ¡Esa no es la forma en que debemos llevar este debate!

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Karin Luck .

La señorita LUCK (doña Karin) .-

Señor Presidente, el Sename está en crisis. Tratar de negarlo sería intentar tapar el sol con un dedo.

El proyecto de ley que votaremos busca, principalmente, aumentar la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción de los centros residenciales, además de establecer como principio de acción de esa institución y sus organismos colaboradores, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención, junto con establecer criterios de supervigilancia. Eso significa hacernos cargo de determinar qué se hará con el actual sistema y con los organismos colaboradores mientras se evalúan las distintas opciones para resolver el tema de fondo.

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha hecho patente su compromiso ineludible con los derechos de la infancia y la adolescencia, y, por lo tanto, su firme voluntad de reformar y de modernizar la institucionalidad de protección para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En ese marco de acción, ocupa un lugar importante el aumento de la subvención base para las instituciones colaboradoras del Sename que ejecutan la línea de acción de los centros residenciales.

La aprobación de este proyecto es el primer paso hacia un nuevo sistema en que el Estado, con la colaboración de la sociedad civil, promueva el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias, principalmente cuando ellos han sido vulnerados en sus derechos, incluyendo normas de control y de transparencia.

Anuncio mi voto a favor del proyecto de ley, ya que no podemos abandonar a los niños, niñas y adolescentes que actualmente forman parte de la red de protección, para quienes se hace indispensable que aprobemos el aumento de la subvención propuesta.

He dicho

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).

Señor Presidente, la información es fundamental para la formación de una opinión, y esta debe ser entregada de manera responsable, evitando distorsionar lo que realmente pasa, salvo que se inicie una campaña deliberada por desinformar. Lo lamentable es que hoy hay una intención direccionada y empecinada para tergiversar la realidad respecto de un tema que, sin duda, para todos es muy sensible.

En la Comisión de Familia se aprobó un aumento de subvención; sin embargo, se rechazó el mecanismo para obtener los fondos del presupuesto de la nación por una votación transversal de 6 votos a favor y 7 en contra, incluido un voto oficialista.

Todos teníamos la misma postura y no estábamos dispuestos a aprobar un proyecto para que se sigan entregando recursos a organismos privados que han vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

En lo personal, mi posición descansa en la preocupación por ellos y ellas. Por eso apoyé la presentación de indicaciones orientadas a mejorar el proyecto en materia de transparencia, idoneidad y fiscalización, para generar un estándar superior al mínimo, que es lo que, justamente, necesitan los niños, niñas y adolescentes. No se trata de entregar mayores recursos porque sí. No se puede, simplemente, esperar a que todo mejore o a que se solucione con más dinero, espontánea o mágicamente.

Creo en el trato digno a los niños, niñas y adolescentes; creo en lo crucial de la intervención oportuna, de calidad y realizada por especialistas; creo que esto debe ser concebido como un principio y como garantía.

Creo también en aquellos organismos colaboradores que realizan un gran trabajo, como la casa de jóvenes Walter Zielke , de San Felipe , a quienes tengo la fortuna de conocer. He compartido y conversado con ellos. Son jóvenes llenos de sueños y de expectativas, que han dado grandes pasos, lo que se traduce, por ejemplo, en un alto porcentaje de jóvenes que ingresan a la universidad y egresan con éxito de sus carreras.

Se nos ha dicho que somos irresponsables por dejar sin financiamiento un sistema que, a todas luces, requiere un cambio basal y estructural. Por ello, durante la tramitación cuestionamos este sistema de financiamiento, con grandes falencias en materia de transparencia y rendición de fondos.

No obstante lo anterior, lo triste y grave es que el proyecto no está vinculado a un sistema de garantías mínimas para los niños, niñas y adolescentes, y no se condice con la necesidad de un cambio estructural desde las bases, sobre todo en atención a los informes internacionales que vapulean de manera categórica a nuestro sistema.

Como oposición, pedimos que se erradicara del sistema a aquellos organismos que se hubieran visto involucrados en casos de vulneración de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes, pero eso se rechazó.

En palabras simples, es posible concebir la idea de que un organismo colaborador vulnere derechos, pueda seguir funcionando y, paradójicamente, vea aumentado el aporte de dinero del Estado.

Es urgente solucionar el martirio de muchos niños, niñas y adolescentes. Alguna vez, en nuestra comisión -lo digo con mucho respeto-, el ministro Larraín dijo que no se puede polarizar la discusión y plantear que hay un lado político que se preocupa por los niños y otro lado que al no le importan los niños. No es así; mi argumentación contradice esa lógica.

Finalmente, lo crucial es no solo subir los fondos, sino también trazar los objetivos siempre con el norte del interés superior. Mi voto, que será a favor, a pesar de todo este argumento que hoy entrego, se justifica en la esperanza de que se mejoren las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, y se puedan replicar las buenas experiencias, como por ejemplo la del hogar de San Felipe que acabo de nombrar, con la finalidad de cambiar de manera estructural este sistema, esperando el compromiso del gobierno respecto de las modificaciones de fondo con el Servicio de Protección a la Niñez.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, para comenzar mi intervención, quiero pedir perdón a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que han sido vulnerados en sus derechos y hoy forman parte de los centros residenciales del Sename. Este perdón es a título personal, pues, en parte, fui incapaz de convencer a los colegas parlamentarios de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de que el aumento en la subvención base para la red de colaboradores del Sename es una necesidad urgente que permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros niños.

Francamente, resulta inexplicable y paradójico que la única comisión que se opuso al aumento del 25 por ciento de la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Sename haya sido la Comisión de Familia, por varias razones:

La primera de ellas se sustenta en un prejuicio, de que los casos específicos en que se han violentado los derechos de nuestros niños son extrapolables al universo global de la red de colaboradores del Sename. En efecto, quienes rechazaron el aumento en la subvención argumentan que no están dadas las garantías para el incremento en la subvención. ¿Por qué tendríamos que limitar la acción bienhechora de los centros que funcionan perfectamente so pretexto de que en otros han existido algunas irregularidades?

La segunda razón por la cual nos resulta dolorosa e inexplicable la posición de la Comisión de Familia es la idea de que este proyecto, que introduce un aumento en la subvención, no tendría un control para la ejecución de la misma, lo que es una visión totalmente errónea.

El proyecto establece claramente, como principio de acción del Sename y sus organismos colaboradores acreditados, la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales que conforman la subvención. Además, se incorporan criterios de evaluación de los convenios, se faculta al Sename para que actúe frente al incumplimiento de las obligaciones y se refuerza la facultad contenida en el artículo 37 de la ley N° 20.032, disponiendo que también se podrá poner término anticipado a los convenios en caso de incumplimiento de dichas instrucciones.

Solo este año se han cerrado dos centros, lo cual demuestra que hay una fiscalización que se está haciendo y que se están tomando las acciones necesarias.

Quiero destacar la participación de todas las organizaciones colaboradoras del Sename que han intervenido en las comisiones. Primero, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y posteriormente en la Comisión de Familia. Todas, sin excepción, han coincidido en que la subvención actual es insuficiente para brindar una atención adecuada. Eso es lo que busca precisamente este proyecto de ley: avanzar hacia un trato digno a los niños, niñas y adolescentes; la búsqueda de una medida de cuidado definitivo con base familiar, asistencia oportuna en el acceso a las prestaciones de educación y salud, y la intervención orientada a la restitución de sus derechos fundamentales.

¿Cómo nos podríamos oponer a una mayor subvención que va en directo beneficio de los niños, niñas y adolescentes, cuando, al mismo tiempo, se establece un marco regulatorio para el control y gestión de esos recursos?

Quiero terminar mi intervención sosteniendo que los derechos esenciales de nuestros niños superan infinitamente nuestras diferencias políticas. Podemos perfeccionar los proyectos, pero todo lo sustantivo que represente un avance en el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia debemos apoyarlo con nobleza, sentido de justicia y solidaridad.

No puedo dejar pasar algunas expresiones que se han vertido aquí, en que se dice que el gobierno no se está preocupando de ciertos temas que deben ser considerados en los centros del Sename o, principalmente, cómo reinsertamos familiarmente a los niños vulnerados en sus derechos; pero, por ejemplo, en los proyectos que se han presentado está contemplado el apoyo a las familias de acogida extensas, o sea, a los familiares de los niños vulnerados.

Por otro lado, también se cambia el sistema de financiamiento basal. Recién escuché decir a una diputada que no era así; pero se cambia el sistema y pasa a ser mixto: 50 por ciento y 50 por ciento.

Entonces, escuchamos muchas versiones equivocadas y erróneas de cómo se está trabajando.

Dejemos las diferencias políticas y ocupémonos de cómo mejoramos efectivamente la vida de estos niños, niñas y adolescentes que en más de una ocasión han sido vulnerados en sus derechos. ¡Seamos parte de la solución!

En consecuencia, invito a mis colegas parlamentarios a apoyar esta iniciativa del gobierno para mejorar con un granito de arena lo que se está haciendo y lo que se tiene que hacer en el resto de los proyectos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, en distintas intervenciones en esta Sala se ha esgrimido la urgencia de actuar en nombre de esos cinco mil y tanto niños que hoy están cobijados en organismos auxiliares del Sename; y tal vez pensando en ellos, hemos visto gestos desgarradores: solicitudes de perdón, voces acongojadas y todo tipo de manifestaciones de empatía humana, de solidaridad, de pena, de congoja, en fin.

Pero me pregunto qué ha hecho mal la sociedad chilena para que haya más de cinco mil niños que necesitan de protección del Estado, pues han llegado allí por alguna razón: sus padres nacieron intrínsecamente perversos, estaban condenados -para los que creen en estas cosas a irse al infierno por el solo hecho de haber nacido, y engendraron a estos niños sin tener conciencia de lo que hacían, pensando en abandonarlos y en maltratarlos.

Esta situación no la va a resolver una “pinche” subvención, como dirían en México. Lo que estamos haciendo es una especie de proyecto de transición, para pasar de un momento actual, que es malo, a otro que esperamos que sea mejor. Con esta iniciativa se levantará la barrera de la subvención, que hoy está limitada por ley, para permitir que se agreguen recursos. Esto no es malo de por sí, menos si va acompañado del intento que han hecho múltiples diputados integrantes de las comisiones de Familia, de Hacienda o de Constitución por agregar controles que garanticen el buen uso y el destino correcto de los recursos. También se van a renovar indicaciones; de hecho, ayudé a que se pudieran renovar para que se discutan, aunque tengo la determinación de votar a favor el proyecto, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda.

Pero –reitero todo eso no va a resolver el problema de fondo. El problema es que esta es una sociedad construida sobre la base de que para que unos tengan éxito, otros tienen que ser destruidos. Esa es la lógica que conduce a este tipo de situaciones. Esto también podríamos hacerlo extensivo a la gente que cumple penas en las cárceles. Reitero: para que unos tengan éxito, otros tienen que ser destruidos.

Señor Presidente, en vez de andar lloriqueando o de hacer como que estamos amargados, como que se nos cae una lágrima, pedimos disculpas y hacemos gestos grandilocuentes, debemos aprovechar esta excelente oportunidad para analizar cuál es la sociedad que hemos construido, por qué tenemos a esta gente abandonada y por qué llegamos a este extremo. Estas preguntas no las va a responder este proyecto de ley, pues tiene una ambición muy limitada.

Para superar esa situación se requiere un acuerdo global de nuestro país -como los denominados “acuerdos nacionales” o algo parecido-, pero no a través de las comisiones que formó el señor Piñera , porque su pretensión era más bien propagandista y de táctica política, para crear la sensación de que este gobierno era diferente al anterior, que había agudizado los antagonismos, etcétera. El fruto de ello está por verse.

Aquí se requiere un acuerdo para cambiar de fondo la manera en que se construye la sociedad, para terminar con las mezquindades y con el afán de codicia interminable. ¿Cuántos grupos económicos son los que en realidad determinan lo que hace este país? ¿Cuántas son las familias dueñas del país? Me refiero a los verdaderamente dueños de Chile, no a los que tienen un miserable millón de dólares en una cuenta. A mí no me vendría mal un millón de dólares; pero esa cantidad, para los que realmente son ricos en Chile, no es nada.

Tal vez en ese aspecto podríamos empezar a hacer justicia: que las grandes fortunas paguen por esa fortuna, paguen por la herencia y paguen por el daño económico que provocan a los pequeños y medianos empresarios. Tal vez eso nos permitiría construir una sociedad más justa, horizontalmente, de modo que termine esa lógica de que, para que unos triunfen, otros tienen que quedarse afuera.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, no cabe duda de que el Estado de Chile y los chilenos tenemos una deuda con los menores vulnerados en sus derechos. Esta deuda no se salda con dinero, porque es un problema más profundo, que se ha arrastrado por muchos años y que no hemos sido capaces de resolver.

No obstante, valoro que este proyecto se esté discutiendo y que se aumente la subvención para las instituciones colaboradoras del Sename, de modo que muchos hogares de menores que hoy están cerrando puedan seguir siendo viables en sus funciones. Pienso en la Corporación Comunidad Villa Jesús Niño, de Chillán, que está a punto de cerrar; pienso en los hogares que están en la comuna de San Carlos y en muchas otras instituciones del país que están en una situación deficitaria, que no les permite entregar una mejor atención a los menores.

Evidentemente, hay que aprobar el aumento de la banda de subvención en ciento por ciento, esto es, de 8,15 a 15 unidades de subvención del Sename mensual por niño establecidas actualmente a una nueva banda de 15 a 30 unidades de subvención del Sename, se traduce en un aporte de casi 475.000 pesos mensuales por niño, porque significa una mayor disponibilidad financiera de las instituciones para dar una mejor atención a los niños.

Lo anterior va aparejado con mayores estándares para las entidades colaboradoras del Sename, los que de todos modos deben exigírseles, porque no puede aumentarse una subvención si no existen rendiciones ni una transparencia adecuada de los dineros. La idea es evitar los males que han existido hasta ahora y que han derivado en abuso de las subvenciones y, sobre todo, en abuso hacia los menores.

El proyecto también contempla facultades de fiscalización de los centros y de cancelación de los contratos pertinentes en caso de incumplimiento de los mismos.

A pesar de todo, se generó una polémica por la decisión de no aprobar este aumento en la comisión, situación que resultó del todo incomprensible para la opinión pública, la cual acusó a la Cámara de Diputados de haber rechazado el aumento de la subvención. Hoy en la Sala vamos a enmendar ese error al votar a favor del proyecto, porque los niños no pueden seguir esperando.

Si bien la subvención no va a solucionar todos los problemas, es un avance y va en la dirección correcta de dar una atención mucho más digna a los menores vulnerados en sus derechos.

Es un hecho de la causa que no se trata solo del cumplimiento formal de las obligaciones, porque también se han detectado situaciones de abusos físicos y sexuales graves en contra de los menores internados. Así también, es un hecho que la subvención pública no es suficiente para cubrir los costos de los hogares, y que el actual gobierno ha definido el tema de la infancia como una de las primeras prioridades.

Valoro también que el gobierno haya acogido formar una comisión de asesores, a instancias de los parlamentarios, para modificar el proyecto, que no es el mismo que ingresó a discusión a las comisiones.

Finalmente, anuncio que vamos a aprobar esta iniciativa, porque creemos que los niños no pueden esperar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat .

La señora SABAT (doña Marcela).

Señora Presidenta, quiero partir diciendo que no soy quien para dudar de las buenas intenciones que tienen los diputados que han trabajado en el tema de la infancia, ni de las que tuvieron las autoridades en el gobierno anterior para trabajar en el mismo tema. También hoy vemos autoridades que tienen esa voluntad para avanzar en materia de infancia, para mejorar el trato del Estado de Chile hacia la infancia. Estamos hablando de que en nuestro país se han violado sistemáticamente los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de que ha habido informes internacionales, de la ONU, que señalan que lamentablemente Chile ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y lo digo con muchísimo dolor.

Pero también, con mucho orgullo, hoy puedo decir que este gobierno ha mostrado su disposición a trabajar, con voluntad férrea y en forma transversal, para alcanzar acuerdos con el objeto de cambiar el trato que el Estado ha tenido con la infancia. Muchos pueden decir que fue una comisión nacional para acuerdos por la infancia trucha, maqueta, solo para la foto, pero quiero decirles que, por favor, tengan respeto por esa mesa y por la voluntad que la materializó, que es producto de un deseo sincero de mejorar lo que está pasando en Chile con nuestros niños. Tengan respeto y, por favor, sobre la base de ese respeto, conozcan y se informen.

Hay un informe de esa mesa que contiene más de 94 propuestas y, además, somos los primeros en asumir la responsabilidad de hacer seguimiento de la forma cómo se concretan, porque no queremos que esas propuestas sean solo líneas tiradas en un papel. Ese trabajo se extendió por más de tres meses.

Quiero invitar a la diputada Karol Cariola -por su intermedio, señora Presidenta a que lea las medidas números 46, 47 y 48 respecto de las familias de acogida.

También quiero invitar al diputado Saffirio -por su intermedio, señora Presidenta a que entienda que no se trata de entregar recursos a los organismos colaboradores como si tratara de meter recursos en una “bolsa rota”. Quiero que entienda que aquí el dilema es si dejamos a más del 85 por ciento del sistema de residencias con los mismos recursos. Estamos diciendo que, si no se incrementa la subvención, dejaremos a casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes sin atención psicológica, sin intervención individual -en términos de los planes-, en circunstancias de que antes había un nulo trabajo en revinculación familiar, pero que hoy es parte de las medidas propuestas.

¡Por favor, lean las medidas 57, 58 y 59; no hablen sin conocerlas!

Acá hay un trabajo serio y responsable, y no solo de los políticos y de la sociedad civil; estamos hablando de un Chile que hoy se comprometió a trabajar de forma distinta con la infancia.

Hoy, votar a favor de este 25 por ciento no es entregar una “bolsa rota” de recursos a los organismos colaboradores, sino ofrecer a los niños, niñas y adolescentes una oportunidad para mejorar su atención en salud, para capacitar a los educadores, para mejorar el trato directo y la infraestructura.

Esta es una oportunidad, y quienes dicen que no, lo hacen de manera desinformada, porque hay datos disponibles.

Y la propia ONU, que en su informe internacional señala que hemos violado en forma sistemática, desde el Estado, los derechos humanos de nuestros niños, afirma que eso lo hacemos al no querer entregar más recursos a esos organismos colaboradores.

Insisto, el 85 por ciento del sistema de residencias, en los que permanecen más de 5.600 niños, está a cargo de esos organismos colaboradores.

¿Han ocurrido irregularidades? Por cierto que sí, y por eso se han cerrado. Por eso el Sename, aún sin tener las facultades de fiscalización que este proyecto de ley le entrega, y solo con la facultad de supervisión que tenía el año pasado, cerró más de cuatro hogares, porque no estaban funcionando ni cumpliendo con las exigencias. Eso fue llevado a cabo solo con la facultad de supervisión, que este proyecto cambia a fiscalización, porque creemos que es necesaria.

Entendemos qué debe ocurrir y entendemos, también, que por falta de recursos cerraron catorce hogares el año pasado. ¿Qué pasa con esos niños? Pregunto a los diputados que no quieren apoyar la entrega de esos recursos: ¿Qué hacemos, entonces, con esos organismos colaboradores? ¿Los cerramos? Entonces, ¿donde dejamos los niños?

Hoy estamos avanzando en el establecimiento de residencias familiares, que ya estamos comenzando a ver cómo funcionan. El próximo año, en diciembre, también van a seguir abriendo. Estamos avanzando y este proyecto de ley no es la única medida a implementar; son muchísimas más.

Por eso, los invito a conocer el trabajo que hemos realizado de forma transversal. Aprovecho esta oportunidad para agradecer el trabajo de Gabriel Boric, de Marcela Hernando , de Marcelo Díaz y de quienes sinceramente han querido avanzar en el nuevo trato que tenemos que tener como Estado de Chile con los niños, niñas y adolescentes.

Hay mucho por hacer, pero partamos por reconocer cómo estamos avanzando. Decir que este gobierno no tiene voluntad es una falacia, porque hay documentos, porque hay mesas de trabajo, porque hay acuerdos adoptados y porque hemos logrado entender que la única fórmula de trabajo es por medio de acuerdos.

Insisto en que este proyecto tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que hoy necesitan que estos recursos lleguen a sus manos para mejorar su calidad de vida, por lo que, lógicamente, hago un llamado para que lo votemos a favor.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señora Presidenta, nadie podría negar que la protección de la infancia constituye un objetivo que debe ser buscado de manera permanente por el Estado, independientemente del gobierno de turno, porque entendemos que los derechos de los niños deben ser siempre una prioridad en nuestro país.

En este contexto, especial importancia reviste el trabajo que se desarrolla con los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y que son ubicados en los organismos colaboradores del Sename, cuyo aumento en el monto de la subvención otorgada por parte del Estado discutimos hoy.

Lo cierto es que un aumento en esos recursos es fundamental para garantizar mejores condiciones de vida a los niños vulnerados, más aún si se considera que el aporte económico que realiza el Estado solo cubre cerca del 30 por ciento de lo que cada menor requiere. Esto demuestra que existe la necesidad de entregar mayor financiamiento a los organismos colaboradores para cubrir los costos del trabajo que realizan con los niños y para mejorar las condiciones en que se encuentran las residencias.

Resulta evidente que las falencias que existen actualmente en el sistema de protección de los niños que han sido vulnerados en sus derechos no se solucionan solo con un aumento en los recursos de los organismos colaboradores. Sin embargo, la subvención que estos reciben es insuficiente, de modo que su incremento es urgente, por lo menos en el corto plazo. En ese sentido, no podemos negar que los recursos son importantes también para contribuir a la protección de los niños que han sido vulnerados en sus derechos.

Claramente, el actual sistema de protección requiere de reformas estructurales de largo plazo que tengan por objeto superar las deficiencias que hoy se detectan, pero mientras logramos lo anterior parece lógico otorgar un mayor financiamiento que permita mejorar las condiciones en las que día a día viven los niños en los hogares colaboradores.

El aumento en los recursos es responsable, ya que estos organismos estarán sujetos al control del Sename, que realizará la fiscalización de su funcionamiento. De esta forma, la subvención estatal estará sujeta a una evaluación periódica, con la finalidad de garantizar que los organismos colaboradores realicen una correcta administración.

En definitiva, si bien el aumento en los recursos a dichos organismos es urgente, me parece importante señalar que también se debería considerar la idea de formular un plan de acción que permita mejorar el funcionamiento al interior de las residencias, con el objeto de erradicar las malas prácticas que vulneran los derechos de esos niños.

La tarea no es fácil y requiere del trabajo permanente y conjunto del Estado, ya que la protección de la niñez es un objetivo que todos buscamos y que no reconoce banderas de lucha ni ideologías políticas.

Por lo tanto, no dejemos que la discusión sea politizada y unámonos en nuestros esfuerzos para poner siempre a los niños en primer lugar en la fila.

He dicho.

- La señora FERNÁNDEZ , doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señora Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro Larraín y a la directora nacional del Sename, señora Susana Tonda .

Primero, quiero solicitar a los colegas que dejemos de trazar esta línea entre los buenos y los malos, en que los que están a favor de este proyecto son los buenos y los otros son los malos. No es así. Aquí todos estamos de acuerdo en que esta iniciativa dista mucho de solucionar el problema de la infancia vulnerada.

Podría estar disponible para aprobarla; pero, más allá de comisiones prelegislativas, de acuerdos o de buenas intenciones, los que hablan son los hechos. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, dicen los católicos.

¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que este proyecto se presentó el mismo día en que se convoca a la comisión prelegislativa. Se le llama el proyecto estrella en materia de infancia, pero se dejan de lado los otros proyectos, que son los que abordan las reformas estructurales. Quedan en una promesa, promesa que estaba pendiente cuando esto se aprobó en la Comisión de Constitución, y algunos de sus integrantes sienten que las condiciones cambiaron.

Se presenta el proyecto de protección a la niñez, que no contiene la protección administrativa, cuando lo que queremos no es que financiemos un sistema de residencias, sino que los niños no lleguen a las residencias, y lo único capaz de evitarlo es un sistema de protección administrativa fuerte y con componente territorial.

Por otro lado, “estirando el chicle” hasta el último, se presenta una indicación sustitutiva del proyecto de ley general de garantías. ¡Y bien!, el gobierno cumple, se presenta el proyecto. Pero ¿qué dice?

Ese proyecto fue desmembrado, la palabra “garantías” no existe en él. No contiene garantías explícitas. Por lo tanto, dista mucho de ser una iniciativa que asegure efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo voy a confiar en un proyecto de ley corta que aumenta los recursos a instituciones que han sido cuestionadas, sin antes sacar del sistema a aquellas organizaciones que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños? Porque aquí no estamos hablando de un funcionario que comete un hecho; estamos hablando de instituciones que hicieron de esto una práctica habitual, como adopciones ilegales, casos de venta de niños, maltratos, violaciones.

Entonces, ¿cómo me piden que apruebe un proyecto de ley que aumenta subvenciones, sin discriminar primero? Todos sabemos que es urgente aumentar los recursos, pues el sistema chileno está absolutamente subfinanciado. Eso lo sabemos, lo tenemos superclaro. Incluso, algunos creemos que tiene que aumentar el financiamiento basal. Pero no me pidan que meta a todos en el mismo saco. ¡No me lo pidan! ¿Por qué? Porque aunque a algunos les pueda parecer trivial, no basta con lamentarlo; es necesario tomar medidas enérgicas contra esos organismos y sacarlos del sistema. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo?

En último caso, podría haber estado disponible para aprobar este proyecto si el de garantías hubiese venido con garantías, y más allá de los acuerdos prelegislativos, porque mientras no se materialice en hechos, no existe, es una falacia, está en el imaginario. ¿Dónde está firmado ese documento? ¿Dónde? En el escritorio del Presidente de la República. Bueno, pero en tanto no se transforme en un proyecto de ley, no existe. Es un simulacro. Lo que existe son los proyectos de ley, que hablan por sí solos: servicio de protección de la niñez sin protección administrativa. ¿Por qué? Porque no es cierto que venga con garantías, ¡mentira! ¡No tiene garantías!

En la Comisión de Familia discutimos largamente estos aspectos, así es que hubo tiempo de sobra para tomar estas medidas. Y que no se diga que aquí hay un tema ideológico de por medio, porque rechazamos los recursos incluso con el voto de Renovación Nacional, el partido del Presidente. Así es que, según parece, el proyecto no es tan bueno.

No se puede legislar para casos particulares, para instituciones que lo han hecho bien. Reconozco el trabajo que han hecho algunas de esas instituciones, como el Hogar de Cristo, pero quiero ser clara en cuanto a que este es un aumento de subvenciones que no cambiará la realidad, incluso si nos ponemos en el caso de que las instituciones que recibirán el dinero harán buen uso de él, con la mano en el corazón, confiando, diciendo ya, lo cierto es que el aumento es de solo 1.875 pesos por niño. ¿O me van a decir que con 1.800 pesos, menos de dos lucas, que con suerte alcanzan para el pasaje de ida y vuelta en micro, es posible mejorar el sistema? No es así, y lo lamento mucho.

Para mí sería muy fácil aprobar este proyecto y no asumir el costo que significa rechazar, porque habrá algunos dispuestos a utilizarlo maliciosamente en nuestra contra; pero no puedo hacerlo, porque conozco el sistema de cerca.

Entonces, no me pidan que apruebe un proyecto que no contiene garantías, no obstante los acuerdos que se hayan alcanzado o las manifestaciones de buena voluntad que se hayan hecho.

Insisto: de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señora Presidenta, a veces sorprenden los argumentos que esgrimen algunos parlamentarios.

Se ha sostenido de manera bastante insistente que a la actual oposición le molesta que quienes estamos en el gobierno podamos decir que ellos no quieren aumentar la subvención y que eso significaría que no están de acuerdo con los niños. Perdón, pero hay que tener mucha desfachatez para decirlo, cuando de manera permanente se han dedicado a hacer lo mismo respecto de nosotros, en relación con cuanto proyecto nos hemos manifestado en desacuerdo.

Dicho eso, espero que tengamos un debate con altura de miras y que seamos capaces de decir por qué estamos de acuerdo o en desacuerdo con la iniciativa. No voy a andar apuntando con el dedo ni diré que ustedes quieren que los niños del Sename estén peor. No, pero digamos las cosas como son.

Hay visiones ideológicas distintas que uno podría resumir en la siguiente tesis de todos los parlamentarios de la oposición, los del PC y los del Frente Amplio: si es del Estado, es bueno y, en oposición, si es privado, descansa siempre en él, en forma inherente, la perversión. Esa es la tesis que se ha expuesto acá de manera consistente. Lo han hecho en salud, en educación, y hoy lo hacen respecto del Sename. Si es estatal es bueno; si es privado, es intrínsecamente malo.

Tanto es así, que a causa de las distintas patologías, de los distintos problemas que ocurren en los centros del Sename, han dicho que debemos cerrar esos centros y que no pueden recibir ningún tipo de subvención, siempre y cuando sean privados. Porque, claro, también han sostenido que si es del Estado, es bueno. En todo caso, se les olvida decir que en los Cread, que son del Estado, que tienen tres veces más subvención que los privados, ocurren las mismas vulneraciones y, a veces, peores que las de los centros privados.

Por lo tanto, me imagino que si aquí se dice, con tanto entusiasmo y tanta fuerza, que no se le puede dar ni un peso a aquellos centros que hayan faltado a los derechos humanos de los niños, niñas y adolecentes es porque estamos dispuestos a cerrar el Sename completo. Recordemos que es bajo el RUT del Estado que funcionan los Cread en los que se violaron sistemáticamente los derechos de esos niños.

¿O acaso habrá una excepción? ¿Las reglas son para unos, porque me gustan ideológicamente o me molestan ideológicamente, y para los otros son distintas? Eso es algo que simplemente no se entiende.

Otra cosa que tampoco se entiende es que hace un año esta Sala, aunque no con los mismos integrantes, aprobó casi por unanimidad el aumento de 24 por ciento para la subvención a los niños del Sename, incluso con votos del Frente Amplio y del PC. Ahí estuvieron todos. Sin embargo, hoy quieren votar en contra el aumento de 25 por ciento. ¿Qué cambió entre el año pasado y hoy? Una cosa: el gobierno.

Qué lamentable es, entonces, que hace un año se dijera que estaba todo bien y que era necesario aumentar el presupuesto, y hoy, cuando hay mayor fiscalización, cuando hay mayor vigilancia pública de lo que sucede al interior del Estado; ahora que habrá garantías, mejores estándares -los tendrá que determinar la Subsecretaría de la Niñez, que partió el 1 de julio, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, no estén dispuestos a apoyar esta iniciativa. ¡Simplemente no se puede entender!

Por supuesto que es importante una ley de garantías de la niñez; pero si la idea es hacer una ley maximalista, entonces no vamos a tener ley de garantías de la niñez.

La lógica infantil de que si las cosas no se hacen exactamente como uno quiere no funcionan es lo que nos tiene poniendo a los niños en el último lugar de la fila, no en el primero, mientras algunos vociferan qué quieren hacer, simplemente porque a ellos no les gusta que no aparezca la palabra “garantía”. Perdón, hay constituciones en las que se establecen todas las garantías, pero se violan de manera permanente. El hecho de que esté una palabra no garantiza que realmente se cautele ese derecho.

Sé que algunos se molestan cuando digo esto, pero si uno lee la Constitución de Venezuela, es preciosa, garantiza todo; pero en ese país se violan de forma sistemática todos los derechos humanos de sus habitantes.

Entonces, no basta con que diga “se garantiza”. Hagamos las cosas en específico. ¿Qué es lo específico? Aquí han acusado hasta de lucro a los OCAS. ¡Eso no se puede entender! Hoy, el Estado les pasa 250.000 pesos por niño, versus el millón doscientos mil pesos que se les pasa a las instituciones del Estado. Esas organizaciones tienen que ir a buscar mayores recursos, van a buscar el doble y a veces un poquito más de los recursos, ¿y hoy se les niega la posibilidad de que se les suba 25 por ciento? Consideremos que parte de los derechos que han sido vulnerados es precisamente porque no tienen el personal para hacerse cargo.

Si nosotros pensáramos que el Sename existe solo para dar pan, techo y abrigo, lo entendería; pero ¿no teníamos una visión más compleja de lo que significa la infancia y las oportunidades? Precisamente por eso se requiere más financiamiento, más personal; se requieren nuevos estándares, más fiscalización. Así como no vale la tesis de que si es del Estado es bueno, tampoco vale la tesis de que si es privado es bueno. Hay cosas objetivas, reglas claras, mínimos comunes, mínimos civilizatorios, como dicen algunos. Este es un mínimo civilizatorio.

Si realmente queremos poner a nuestros niños en el primer lugar de la fila para defender sus derechos, defender sus garantías, la fórmula no es hacer gárgaras diciendo: “Sí, estoy de acuerdo con que haya más presupuesto, pero voy a votar en contra, porque no me dan lo que yo quiero.”. ¡No!

Hoy, lo que se está poniendo en votación es si les aumentamos el presupuesto. Si ustedes lo votaron en forma unánime hace un año, hagan lo mismo hoy.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley ha concitado gran expectación, y con justa razón, principalmente por los dramáticos casos de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado, durante los últimos diez o catorce años, según sean los informes que recibimos.

Estos casos han ocurrido bajo gobiernos de distinto signo, de las dos coaliciones que han gobernado el país en las últimas décadas: la ex-Nueva Mayoría o Concertación y Chile Vamos. Por lo tanto, es un problema de Estado el que hayan tenido lugar no solo violaciones y vejaciones, sino también muertes en centros que pertenecen al Estado, los Cread, y en organizaciones privadas colaboradoras del Estado.

Aquí no caben las caricaturas que algunos quieren hacer. El hecho de que algunas entidades tengan el RUT del Estado no significa que sean buenas; aunque algunos durante casi cinco años intenten convencernos, no es cierto. La única diferencia que existe entre los dos RUT es que en los que son de administración del Estado existe la capacidad de intervenir, a través de políticas directas, esto es, hay un control civil sobre quienes pueden estar ahí, y lo podemos definir, mientras que en los privados no podemos hacerlo. En su caso, solo podemos ponerle un marco regulador ex post o ex ante, pero no podemos intervenir en la propia administración.

Más allá de esa diferencia mezquina, tras la urgencia manifestada en los distintos medios de comunicación nos dimos cuenta, entre muchas otras cosas, de que no es posible hacerse cargo de la protección de los niños, niñas y adolescentes por los organismos privados con las 15 unidades -250.000 pesos al mes que hoy tienen como tope para la residencia. Me imagino que nadie en la Sala se atrevería a decir que con 250.000 pesos, en promedio, por niño, niña o adolescente aseguramos la protección de estos menores en una residencia.

Siendo sincero, me encantaría votar a favor de un proyecto que nos permitiera, por un lado, hacer todo lo posible por que haya menos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, y, por otro, contar con mayores garantías y recursos, para que los horribles sucesos que conocimos en el pasado no se repitan nunca más.

¿Cuánto se necesita para hacerse cargo de esta compleja situación? Según el Hogar de Cristo, además de una buena gestión, de una reingeniería de los procesos, se necesita, en promedio, de 2 millones de pesos al mes por niño, niña o adolescente. ¡Muchísima plata!

Ayer, en la Comisión de Hacienda escuché al ministro Larraín decir en forma muy enfática: una intervención se hace bien, o mejor no se hace. Lo escuché de su propia boca, y los videos así lo dejaron registrado.

Entonces, ¿vamos a votar un proyecto que se hace cargo de este desafío urgente? Lamentablemente, no es así. Vamos a votar un proyecto que aumenta la subvención mensual en menos de 60.000 pesos por niño, niña y adolescente, es decir, 2.000 pesos al día, ¡dos lucas por niño, niña o adolescente al día!

De hecho, el gobierno le pone un techo de hasta 480.000 pesos a lo que podría ser la banda de esta subvención; es decir, en el mejor de los casos un gobierno de manera administrativa podrá aumentar la subvención a un cuarto de lo que los organismos competentes dicen que se necesita para poder otorgar las garantías necesarias a los niños. ¡Pero qué maximalistas! ¡Qué infantiles, dirán algunos, con respecto a la posibilidad de hacernos cargo de esta materia de manera apropiada!

¿Cómo vamos a llegar a 2 millones de pesos al mes de un día para otro? Sería imposible. Es cierto que es harta plata, porque ese aumento costaría cerca de 200 millones de dólares adicionales al año; pero es solo un tercio de lo que este gobierno le quiere descontar a las mil empresas más ricas del país con la reforma tributaria. ¡Un tercio!

Entonces, ¿quiénes están primero? ¿Las mil empresas más ricas a las que se les quieren descontar los impuestos o los niños, niñas y adolescentes que necesitan tener estándares suficientes, según todos los organismos competentes en la materia?

Entonces, no me vengan a decir que los niños están primero. ¡Las mil empresas más grandes del país están primero con sus descuentos de 800 millones de dólares mediante la reforma tributaria! Luego están los que vengan; pero no tengamos doble cara en esto, porque los números del informe financiero son claros.

Honestamente, respeto a quienes votarán a favor este proyecto; no tengo nada que decirles, porque entiendo que hay una urgencia y es sumamente difícil decidir entre dar una aspirina a alguien que viene con un dolor y que puede tener algo mucho más grave o no dársela. Es como aplicar morfina y olvidarse un poquito del problema para ver si el gobierno cambia la indicación sustitutiva que elimina las garantías, es decir, no establece protección administrativa; olvidarse un poquito de eso, al menos por un rato, y confiar en que el gobierno ojalá haga las modificaciones.

Es muy difícil el dilema en el que nos ponen: estar con los niños o estar contra los niños. Es sumamente simplista. De verdad, reconozco, valoro y respeto a quienes, ante esta disyuntiva, están por votar a favor, porque el problema es real, urgente, es lo que hoy se necesita. Pero no nos vengan a criticar a quienes levantamos la voz de alerta para decir que esto no va a solucionar el problema de fondo y exigimos a través de la presión política de nuestro voto

-la única que tenemos-, que en este caso no será de aprobación, como una voz de alerta para que en el futuro se diga que no todos le dimos un cheque en blanco al gobierno. Por eso, al menos, espero que respeten nuestra decisión de no aprobar este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, este debate ha sido muy entretenido y profundo. Pocas veces se da en un tema de esta naturaleza una discusión tan apasionante, además de la calidad de quienes han hecho uso de la palabra.

Incluso, se da una contradicción entre los jóvenes de esta bancada, tan joven -valga la redundancia del Frente Amplio, respecto de cómo enfrentar esta situación, lo que es absolutamente legítimo. Nosotros también tenemos diferencias en nuestra pequeña bancada: somos solo cinco diputados, y, por ejemplo, yo tengo una postura distinta de la del diputado René Saffirio .

Quiero relatar una breve historia que tiene que ver con la residencia Ayun Renace , de Chañaral, y con la residencia Maravilla , de Freirina. A ambas, el organismo colaborador las dejó porque no le alcanzaban los recursos para hacerlas funcionar.

El Sename no se hizo cargo, porque no tenía disponibilidad de personal en la región -esto pasó hace poco, el año pasado-, de manera que al final se hicieron cargo las municipalidades de Chañaral y de Freirina, con los alcaldes Raúl Salas y César Orellana , respectivamente, y hoy están funcionando bastante mejor que antes y pudieron continuar con los programas, pero con las dificultades económicas que todos los organismos colaboradores tienen, con la diferencia de que, como organismo público, pueden incorporar otros recursos adicionales.

Lo que se buscó con traspasar responsabilidades a los organismos colaboradores es que no solo ayudaran, sino que aportaran más recursos que los que les entrega el Estado. Es decir, se buscaba organismos con vocación de ayuda a menores en esta situación.

Luego de tantos años, el sistema se desvirtuó un poco y terminamos con muchos organismos colaboradores que más que ayudar vieron una oportunidad de negocio, de manera que terminaron en organismos que buscaban rentabilidad a costa de los menores.

Hoy existe conciencia clara, tanto en el gobierno como en la oposición, de que eso hay que cambiarlo, pero hay dos posturas ideológicas distintas. Algunos señalan que debe haber mayor intervención directa del Estado y otros postulan una menor intervención directa del Estado. Eso es consecuencia de posiciones distintas y es materia de una discusión larga. Por eso se dividió el proyecto en una “ley corta” y en una “ley larga”.

¿Cómo resolvemos esta situación los que no hemos participado en la Comisión de Familia? Escuché con mucha atención los discursos y me encontré en un dilema moral. ¿Qué hacer? Se trata de dos proposiciones contrarias y disyuntivas. Si usted vota a favor del proyecto de ley, que no obstante que aumenta la subvención, estaría subvencionando un sistema que funciona mal, lo estaría parchando. La proposición contraria sería no votar la iniciativa ahora, para resolver esto íntegramente y de una manera más amplia, con una discusión de fondo que, de suyo, es larga y con posiciones ideológicas contrarias, pero legítimamente contrarias.

Este es un tema extremadamente sensible que también está presente en la educación, en la salud, en la función solidaria o subsidiaria del Estado. Es una discusión que hemos tenido en los últimos años y que vamos a seguir teniendo, relacionada con cómo enfrenta el Estado estos procesos. Se trata de una discusión larga.

Ahora bien, he resuelto cómo voy a pronunciarme y decidí votar a favor el proyecto, porque creo que es legítimo y es lo que debo hacer hoy, aunque obviamente no me gusta como solución total. Lo votaré a favor, pero, repito, no estoy de acuerdo con la iniciativa, porque no es la solución total.

Muchas veces en los dilemas morales uno se plantea situaciones, y a veces transgrede algunas normas de menor carácter para hacer valer una de mayor carácter, como salvar la vida. Por ejemplo, uno puede robar un remedio para salvar la vida de alguien y eso es lícito; no es legal, pero es lícito. Esto no es igual, pero es parecido. No me gusta el proyecto, porque allí no se encuentra la solución de fondo, pero es lícita la decisión que tomo para ir en ayuda de este sistema, que más bien constituye un parche en lugar de una solución.

Como dije, votarlo a favor es lo que me corresponde hacer hoy. Entiendo al diputado Saffirio , que tiene un estudio más complejo del tema y, a lo mejor, tiene objeción de conciencia respecto del tema. Respeto a todos los que votarán en contra el proyecto, pero yo debo votarlo a favor.

El señor ALARCÓN.-

 Abstente

El señor MULET.

No me voy a abstener, diputado Alarcón . Lo voy a votar a favor, porque creo que esto es lo más parecido a la política. La política es así. Uno nunca queda enteramente satisfecho.

Por último, quiero exponer un argumento.

Algunas de las personas que votarán en contra el proyecto han pedido que se divida la votación en la reforma previsional: que se apruebe de inmediato el aporte solidario y que se deje para después la discusión de fondo. Este es exactamente el mismo problema. Por eso creo que en los amigos y compañeros que votarán en contra el proyecto hay una contradicción, porque es exactamente el mismo tema.

Por eso, y por la experiencia adquirida en los municipios de Chañaral y de Freirina -creo que habrá que estudiar los temas de fondo cuando se resuelvan-, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .

El señor JARPA.-

Señora Presidenta, lo más importante es la situación de los menores y lo que viven quienes han llegado al Sename, ya sea por protección o por problemas con la justicia. La pregunta que debemos hacernos y que debemos responder es la siguiente: ¿por qué los niños llegan al Sename?

Cuando se dice que nuestro país está en deuda con los menores, por supuesto que es así. En 1999, cuando se votó una reforma constitucional, se señaló que el Estado debía promover la educación prebásica. ¿Qué es más importante que preocuparnos por la educación prebásica de nuestros menores? Hoy también nos preocupa la salud mental de nuestros menores.

Cuando anuncié mi voto favorable al proyecto Aula Democrática, con mucha fuerza dije que ese proyecto sanciona ara los actos agresivos en los establecimientos educacionales, pero no los previene.

Felipe Lecanneler , de la Universidad de Santiago, participó en un estudio que se llevó a cabo en países de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía y que incluyó a

19.0 niños en etapa preescolar. Dicho trabajo señala que el 23 por ciento de nuestros niños, de nuestros preescolares -niños menores de seis añossufre trastornos de ansiedad, hiperactividad y conductas agresivas. Entonces, ¿nos puede extrañar que el día de mañana nuestros niños lleguen al Sename o que tengan conductas agresivas?

Lo paradójico de todo esto es que, en los lugares que mencioné, el 10 por ciento del presupuesto de salud se destina a salud mental; en cambio, en nuestro país solo se destina el 2,1 por ciento de dicho presupuesto. Tenemos que revisar este tema una vez más.

Las consecuencias del actuar de nuestra sociedad ha llevado a que nuestros niños terminen residiendo en centros del Sename. Espero y confío en que reflexionemos al respecto.

¿Qué sociedad tenemos? ¿Por qué esta sociedad tiene estos problemas y debe llevar a los niños a estos centros del Sename?

Tal como lo señalé cuando aprobé el proyecto Aula Democrática, esta subvención no va a solucionar los problemas, pero al menos será un alivio.

Sería interesante -lo conversé con doña Susana Tondasuscribir un convenio entre el Sename y el Ministerio de Salud para abordar la salud mental de nuestros niños. Eso significaría un gran alivio para la gente que trabaja en los establecimientos que acogen a menores.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señora Presidenta, esta es una decisión muy difícil, muy compleja, y no tenía decidido hacer uso de la palabra, pero luego de un proceso de reflexión bastante profunda, de un debate muy largo e intenso en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, de escuchar a muchos expertos, magistrados de familia, representantes de las asociaciones de funcionarios, experiencias de familiares de niños y a la defensora de la Niñez, y de entender que se trata de un problema mucho más profundo, he tomado la única decisión que deja tranquila mi conciencia.

Sin embargo, quiero desmitificar algunas cosas. Decidí hacer uso de la palabra porque siento la necesidad de relevar una posición que hoy es minoritaria, pero que, desde mi punto de vista y convicción, es la más valiente. Cuando desde el gobierno se ha instalado una campaña polarizada que pretende establecer que quienes están a favor de la iniciativa están por los niños y quienes no la apoyan están en contra de ellos -en tiempos de la posverdad es muy fácil para el gobierno instalar en los medios de comunicación este tipo de teorías polarizadas, para hacer presión a los parlamentarios, con el fin de que apoyen o no una determinada iniciativa-, lo más fácil hoy es votar a favor y aparecer en la foto al lado de los que están por los niños. Pero eso es totalmente falaz.

Este proyecto no pone el foco en los niños, sino en los organismos colaboradores, y hay que hacer esa diferencia. No es cierto cuando el diputado Bellolio dice que es un problema ideológico o un problema político. No se trata de ideología. Mi problema no es que los organismos colaboradores del Sename sean órganos privados y subvencionados por el Estado, sino que esos órganos que tienen a su cargo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y vulnerados de nuestro país hagan bien la pega, y este gobierno no ha querido garantizar aquello en este proyecto.

¿Qué debía contener este proyecto o, al menos, ser garantizado en su debate previo? Primero, que se transparente todo el uso de los recursos públicos que han hecho los organismos colaboradores con subvención del Estado. Eso no se ha querido hacer. El parlamentario que habla, insistentemente, ha enviado oficios de fiscalización para que el Sename transparente el uso de recursos públicos por parte de los organismos colaboradores. No he tenido ninguna respuesta, y la directora del Sename, aquí presente, me dijo que no podía garantizar que tendremos una respuesta.

Como Comisión de Familia y Adulto Mayor, también ejercimos acciones de fiscalización, pero no hemos tenido esos elementos sobre la mesa.

Entonces, sin saber qué organismos han actuado bien, desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, y cuáles han actuado mal, que era justamente la información que solicitamos, este proyecto -citando a la diputada Sabatsignifica una “bolsa rota”, un cheque en blanco, porque el ministro dijo que estaban en el proceso de auditoría financiera, que venimos pidiendo desde marzo y recién se va a licitar. Esa información debió haber estado hoy sobre la mesa para tomar una decisión.

El sentido común nos dice que los organismos colaboradores que han hecho bien su trabajo, se lo merecen. Pero los que no han hecho bien la pega, los que han violado los derechos humanos de nuestros niños, los que han abusado, los que han maltratado, los que han dado muerte a niños, niñas y adolescentes de nuestros país, por supuesto que no se lo merecen. ¡Y esta iniciativa no hace la diferencia!

Los diputados Walker , Boric y Díaz, al igual que varios diputados de nuestro sector político, de la oposición y del gobierno que están a favor de este proyecto han descansado sus posiciones favorables en dos puntos: en primer lugar, en el tema de la ideología, que ya descarté, y en segundo lugar, en que no paguen justos por pecadores. Efectivamente, y por eso pedimos que se hiciera la diferencia, pero ella no está garantizada en esta iniciativa.

No es razonable que paguen justos por pecadores. Pero, ¿acaso es sensato que ganen pecadores por justos? No es justo. Había que hacer esa diferencia, era necesario distinguir entre los OCAS y se debían establecer parámetros y nuevos estándares técnicos rigurosos que permitan que la atención a nuestros niños y los programas sean efectivos y eficientes. También había que establecer mecanismos eficientes y efectivos de control y fiscalización.

Ninguno de esos puntos está garantizado en este proyecto y, por eso, la única de decisión que me deja la conciencia tranquila, poniendo en el centro a los niños y no a los organismos colaboradores, es no apoyar este cheque en blanco, esta “bolsa rota”.

He dicho.

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señora Presidenta, hoy tenemos la obligación política y moral de apoyar a los más de 5.600 niños que dependen de instituciones colaboradoras del Sename. Es una ayuda directa a los niños, así que no nos confundamos.

Aquí se habla de los colaboradores, pero pongámosle rostro a este proyecto de ley. No es una ayuda a burócratas, sino una subvención a instituciones que se preocupan del grupo más vulnerable y postergado de nuestra sociedad: los niños, niñas y adolescentes.

Hoy tenemos que poner a los niños primero, y yo diría más: debemos poner a los niños como prioridad nacional, junto con los adultos mayores. Los que se oponen a este proyecto señalan que hay hogares que lucran, que son ineficientes. ¿Conocen los hogares? La mayoría de estos cumple bien su función. Si alguno de los señores diputados o señoras diputadas tiene antecedentes de hogares que hacen mal su trabajo, ¡denúncienlos! No lo sigan declarando por la prensa o en esta Sala.

No podemos dejar a la gran mayoría de los hogares sin este aumento, que es un mínimo. Pongámosle números a esta situación y sinceremos las cifras. Deberíamos gastar en un niño, a lo menos, 2 millones de pesos mensuales, pero hoy gastamos entre 200.000 y 400.000 pesos por niño. ¿Queremos seguir negando la ayuda a los más vulnerables de nuestra sociedad?

¡No estoy dispuesto a eso!

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero decir a los colegas que no busquemos sacar ventajas políticas con un tema tan sensible como este. Este es uno de los temas en que todos debemos estar bajo una sola bandera, una sola ideología, que es hacer lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. De lo contrario, deberán ir a dar la cara a los niños que queden sin hogar por su mezquindad.

Este proyecto de ley debemos entenderlo en un contexto. Todos estamos de acuerdo en que no es la solución final a la gran deuda del Estado con uno de los grupos más vulnerables de nuestro país. Por lo mismo, son valorables los esfuerzos del gobierno y de distintos sectores políticos que han participado en la mesa de trabajo por la infancia. Quiero hacer especial mención a Gabriel Boric , Marcela Hernando , Marcelo Díaz y, por cierto, a Marcela Sabat y a la subsecretaria de la Niñez, señora Carol Bown .

Es verdad que debemos dar la discusión de fondo, pero hoy tenemos una urgencia. ¿Qué hacemos mientras discutimos? ¿Dejamos que se cierren hogares que hacen bien su trabajo?

¿Qué les decimos a los niños en el intertanto? ¿Que esperen como han esperado por años?

¡No estoy dispuesto a eso!

Como clase política, debemos ser responsables y, aunque sea una medida transitoria, comenzar hoy a apoyar a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país.

Hoy tenemos urgencias: debemos evitar el cierre de hogares, de instituciones que cumplen su rol de buena manera, y poner a los niños primero en la fila, y en este proyecto eso está claro.

Aquí no estamos solucionando el tema de fondo -vamos a tener tiempo para discutirlo apasionadamente-, pero hoy no podemos dejar abandonados a esos más de cinco mil niños, porque aquí lo urgente se opone a lo importante. Por eso, voy a votar a favor.

Llamo a todos los diputados y diputadas a votar con responsabilidad y a honrar ese espíritu y corazón solidario que todos aquí, estoy seguro, alguna vez lo han declarado, porque votar a favor es votar por los niños y votar por los niños es votar por el futuro de Chile.

He dicho.

-Aplausos.

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señora Presidenta, señor ministro, señor subsecretario y señora directora del Sename:

Aquí hay que ser claros en señalar que este proyecto no busca dar una solución de fondo.

Esta es una ley corta en proyecto.

Por lo tanto, yo valoro y apoyo este proyecto de ley porque busca el aumento de la subvención, no pensando en los organismos colaboradores, sino pensando en los niños, niñas y adolescentes, y cuán importante es satisfacer sus necesidades de salud, educación y alimentación, y algo tan básico para cualquier niño: la recreación.

Acá en las diferentes comisiones se aprobaron artículos para elevar las facultades fiscalizadoras y mayores estándares de transparencia.

Tenemos la incorporación práctica del principio de transparencia activa, ya que los organismos deben publicar en sus páginas web información sobre su estructura organizativa y financiamiento.

Se incorpora como causal para el término anticipado de los convenios que se celebran con los organismos colaboradores acreditados, el incumplimiento de instrucciones y requerimientos.

Se establecen criterios objetivos de evaluación de los convenios: Evaluaciones de impacto.

Auditorías, emisiones de informes sobre el uso de las subvenciones, etcétera.

También quiero valorar los compromisos a largo plazo que el gobierno ha adquirido con los niños, niñas y adolescentes, como son los nuevos proyectos de Servicio de Protección de la Niñez, reinserción juvenil, entre otros.

En especial, quiero destacar el nuevo modelo de residencias que incorpora el modelo de familia para el Sename, y la creación del nuevo Ministerio de Familia y Desarrollo Social, el cual procurará fortalecer a las familias más vulnerables para evitar que los niños, niñas y adolescentes lleguen al Sename.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor RENTERÍA.-

Señor Presidente, este proyecto constituye la primera manifestación, en años, de un esfuerzo concreto del Estado de Chile por el mejoramiento de las condiciones de vida de los miles de niños a lo largo de Chile, especialmente de aquellos más carenciados, en que los influjos de la modernidad, de la protección y del servicio que la autoridad debe proveer, sencillamente no han llegado.

Es por ello, señor Presidente, que esta iniciativa no admite dobles intereses, mezquindades ni pequeños cálculos políticos, sino más bien requerimos de los mayores esfuerzos de nuestros legisladores para poder encauzar la normativa en beneficio de nuestros niños y niñas y, de esta forma, robustecer su sistema de derechos, tantas veces conculcados por el Estado.

Así las cosas, señor Presidente, a lo que apunta este proyecto es a darle a estos niños y niñas la dignidad que su condición de seres humanos les otorga, dignidad que, repito, no ha sido observada por el Estado de Chile. El despilfarro de recursos y la nula orientación política e institucional en materia de niñez han dado como consecuencia la muerte y la violación sistemática de los derechos humanos de una parte importante de nuestra sociedad, que, por cierto, constituye el futuro y el presente de nuestro país.

En términos específicos, el proyecto establece como ideas fuerza un incremento de la subvención a los organismos colaboradores y la implementación de una orientación administrativa, a través de principios y finalidades precisos para el accionar de las instituciones vinculadas a la niñez, como el Sename y sus organismos colaboradores.

Por lo indicado, nos parece una iniciativa que va en la vía correcta, que por sí sola no soluciona la larga deuda de Chile con sus niños, pero que representa un esfuerzo sincero, profundo y serio de nuestro país con su futuro, con sus niños y niñas.

No debemos dar la espalda a nuestros niños. Otro fracaso en políticas públicas en materia de la niñez sería un mazazo al porvenir de Chile y a sus hijos. No dejemos pasar esta hermosa oportunidad de enmendar el rumbo en favor de quienes más lo requieren.

He dicho.