Labor Parlamentaria

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), y su régimen de subvención, y el decreto ley N° 2.465, de 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados hoy, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada bancada y la iniciativa se votará en esta sesión. El plazo para solicitar votaciones separadas vence a las 11.45 horas de hoy.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, honorable Cámara, si bien el aumento que contempla esta iniciativa no llega a los montos suficientes para subsanar la problemática de nuestros niños, por lo menos es un gran avance. Estamos ante un proyecto que de verdad materializa el principio de poner a los niños en primera fila.

Confío en que no nos quedaremos dormidos en los laureles con esta modificación, pues, si bien avanzamos, aún dista mucho trecho de las cifras ideales.

Todos los estudios serios han concluido que por niño se deberían destinar alrededor de dos millones de pesos, si realmente se pretende entregarles todas las condiciones para su protección.

Destaco, asimismo, que estamos ante un proyecto que amplía las causales para caducar el funcionamiento de los organismos colaboradores y que por fin avanza en materia de transparencia financiera y jurídica, además de establecer una mayor fiscalización.

En cuanto a las causales de término de la prestación de servicio de los organismos colaboradores del Sename (OCAS), creo que aún es un punto que debe analizarse con mayor detención, para implementar medidas progresivas que permitan a estas entidades superar y mejorar las complejidades por las que han atravesado en los últimos años.

Respecto de las modificaciones introducidas por el Senado, creo que van en la línea idónea para resguardar los ya tan vulnerados derechos de nuestros niños.

Finalmente, espero que aquellos colegas que han dificultado la tramitación de este proyecto recapaciten y entiendan que, antes de las rencillas políticas, están los derechos y la protección de nuestros niños, a quienes mucho les hemos fallado.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso .

La señora TRONCOSO (doña Virginia).-

Señor Presidente, durante mi trayectoria política he sido testigo de la existencia de luchas legítimas, que podríamos considerar partidistas o propias del sector político, al que represento. Pero también existen luchas que demandan el empeño y dedicación de todos, sin distinción partidista, social o cultural. Estas son, precisamente, las luchas e ideales que dan sentido al servicio público, a la política y a su noble ejercicio.

La protección y promoción de la infancia representa esas luchas de las que todos debemos ser participes, que todos debemos empujar, a fin de dar a nuestros niños y nuestras niñas las mejores condiciones para su desarrollo moral y material. De esa manera, hacemos de Chile una nación cada vez más grande, libre y democrática.

Sin duda, este proyecto, cuyas modificaciones se encuentran sometidas a nuestra consideración, apunta a uno de los principios fundamentales del gobierno del Presidente Piñera: poner primero a los niños en la fila; poner en el foco de atención de las políticas públicas la niñez, como espacio de protección indispensable sobre el cual debe fundarse la misión de protección del Estado en beneficio directo de sus habitantes, en este caso de los niños, particularmente de aquellos más necesitados.

Nos encontramos en presencia de un proyecto de ley que vive sus últimas etapas de tramitación. Creemos que son muchas las bondades que asegura la iniciativa, las que apuntan esencialmente a otorgar mayores espacios de dignidad a nuestros niños y nuestras niñas, mediante el otorgamiento del incremento sustantivo de la subvención a los organismos colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, los cuales ejecutan diversos programas de la línea de acción del Sename. En este caso concreto, se busca el aumento de financiamiento para los organismos que desarrollan la línea de centros residenciales.

En relación con las modificaciones planteadas por el Senado, considero sumamente importante el establecimiento de determinados principios en nuestra legislación, tales como el principio reparador de los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad, o el principio que promueve una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de recursos establecidos en estos programas, lo que refuerza la idea de probidad en el uso de dineros que son de tanta relevancia para el futuro de estos niños.

Asimismo, el principio de trato digno deja atrás vergonzosas experiencias de maltrato y abuso sufridas por estas personas, las que, sin duda, constituyeron una flagrante violación a los derechos humanos, quizás la más grave cometida en democracia.

Por todo lo indicado, manifiesto que votaré a favor las modificaciones introducidas por el Senado a esta iniciativa, y espero que estas ideas sean pronto plasmadas en la práctica, en beneficio de miles de niños y niñas que tanto lo necesitan.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso de la subsecretaria de la Niñez, quien ha participado en la tramitación de este proyecto, y de la directora nacional del Sename, señora Susana Tonda .

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la proposición del diputado Javier Macaya .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en noviembre pasado esta Sala se pronunció con una mayoría importante a favor de esta iniciativa, porque, claramente, va dirigida directamente a mejorar la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros residenciales bajo la administración de instituciones colaboradoras del Sename.

Para conseguir este objetivo, el proyecto propone aumentar la subvención base que el Estado entrega a estos centros residenciales, para financiar todas las líneas de acción destinadas a proteger la infancia vulnerada en sus derechos.

Evidentemente, hay que reconocer que el aumento de los recursos, la inyección de mayores dineros al sistema, no garantiza por sí mismo que los niños y las niñas mejoren sus condiciones de vida en estas instituciones, ni su adecuada protección o el respeto íntegro de sus derechos.

Si bien durante los últimos años se han realizado aumentos significativos a nivel presupuestario, para incrementar los montos aportados en el sistema, los resultados no han sido satisfactorios. Los logros del sistema han sido mediocres y mínimos; todos hemos tenido conocimiento de los lamentables sucesos del Sename, los cuales, sin duda, no pueden volver a ocurrir.

Por ello, fuimos críticos con el ingreso del proyecto del Presidente Piñera , ya que la simple fórmula de aumentar los recursos no es suficiente para establecer mejorías concretas. Sin embargo, decidimos que el rol de una oposición responsable, no populista, es entender que mejorar la vida y el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes abandonados o vulnerados en sus derechos más básicos es una tarea de Estado, un desafío país del cual los socialistas no podemos ni debemos restarnos, y menos ser un obstáculo para lograrlo.

Sabemos que es imposible aumentar las exigencias a esos centros residenciales, como mayores servicios de profesionales o mejores estándares de atención de la niñez, sin que el Estado se haga cargo, por lo menos, de aumentar los recursos estatales para que ello sea posible. Y eso es lo que hace esta ley corta de aumento de subvención: entregar financiamiento para que se entreguen mejores servicios a los menores.

Por ello, como oposición, logramos que se aumentaran las facultades de fiscalización del Estado en el uso de esos recursos, que se incorporaran criterios y exigencias de evaluación a los convenios con las OCAS y que se fortalecieran las facultades del Sename para exigir a los organismos colaboradores que respondieran ante los incumplimientos de sus obligaciones, en virtud de lo cual se podrán exigir antecedentes, poner término anticipado a los convenios y revocar el reconocimiento del colaborador, entre otras, facultades con las que no cuenta la ley vigente.

Durante la tramitación del proyecto en el Senado se fortaleció esa misma perspectiva, ya que se incorporó dentro de los principios del Sename y de sus organismos colaboradores acreditados la “reparación” de los derechos vulnerados, cuestión fundamental para niños y niñas, que son a los que atiende este sistema.

Asimismo, se incorporó el principio de responsabilidad en el ejercicio del rol público, porque se entiende que son organismos privados, pero que cumplen un rol público, de manera que son responsables directos de todo lo que ocurra.

También se incorporaron elementos sobre trato digno, objetividad en la evaluación, especialización del trabajo y participación y transparencia, entre otras mejoras del sistema.

Por otra parte, se establece que la línea de diagnóstico será de ejecución exclusiva, es decir, que las entidades que hagan diagnósticos a los menores no podrán ser las mismas que realicen las intervenciones. Con ello, se avanza en resguardar la independencia e imparcialidad de quienes desarrollan dicha actividad, mediante poner los incentivos donde corresponde.

Este proyecto, sin duda, es mejor que el que ingresó a la Cámara. Ello ocurrió gracias a la revisión exigente que hicimos.

Por último, debo hacer presente que para solucionar los problemas de la niñez se requieren cambios profundos y estructurales, lo que solo puede ser posible con la aprobación de otras iniciativas de ley, que son leyes largas que cambian todo el sistema. Los proyectos de cambio son cinco, dos de los cuales ya fueron aprobados durante el gobierno de Michelle Bachelet, los cuales crearon la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

Los otros tres, que están en tramitación, son los siguientes: el que pone término al Sename y crea el Servicio de Protección a la Niñez, que estamos analizando y deberíamos votar mañana; el de reinserción social juvenil, y el que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez.

Solo con estos cambios profundos haremos la diferencia que nos permita dar a estos niños y niñas las oportunidades que no obtienen con el actual sistema.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Señores diputados, les recuerdo que cada bancada cuenta con cinco minutos para sus intervenciones.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la subsecretaria de la Niñez, quien nos acompañó en el trámite de este proyecto en la Comisión de Constitución; a la directora del Sename, y al subsecretario de Justicia, presentes en la Sala.

Es una muy feliz casualidad que el tercer trámite constitucional de este proyecto, en que debemos pronunciarnos respecto de las modificaciones introducidas por el Senado a la iniciativa, en relación con la cual ya dimos un extenso debate en el primer trámite constitucional, coincida con la sesión especial de hoy, para que, ojalá, aprobemos el proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección de la Niñez, que analizamos durante varios meses en la Comisión de Constitución, y que terminaría con el Sename.

El diputado Leonardo Soto dijo que este es un mejor proyecto que el que ingresó; y sin duda lo es, ya que fue perfeccionado gracias a los aportes de todos los integrantes de la comisión. Quiero destacar especialmente el aporte del diputado Gabriel Boric , tanto en la mesa de trabajo por la infancia como durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, y el de todos los parlamentarios que concurrieron de buena fe al Acuerdo Nacional por la Infancia, entendiendo que tanto el proyecto que modifica la ley N° 20.032, que “establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención”, como el que crea el Servicio de Protección a la Niñez, son prioritarios.

¿Cuál es el mínimo común denominador de ambos proyectos? Que se establece, conforme a las conclusiones a las que arribó la Mesa Nacional por la Infancia, que la internación de los niños en un hogar institucional o en un centro residencial es siempre la última opción, y que el sistema debe tender, mediante incentivos, a la revinculación familiar, a la desinstitucionalización, que es algo en lo que ha insistido mucho la Defensoría de los Derechos de la Niñez, pues los niños siempre van a estar mejor en un ambiente familiar, ya sea con sus familias biológicas de origen, en las familias extendidas o en una familia de acogida.

Eso tiene mucho que ver con el proyecto de adopción en el que trabajó la Comisión de Familia, donde existe el mismo incentivo a la revinculación familiar, dado que internar a un niño, sobre todo a uno que ha sido vulnerado en sus derechos, debe ser siempre la última opción.

Gracias al aporte de todos los diputados miembros de la comisión, particularmente los de la oposición, se incrementarán las herramientas de fiscalización con las que contará el Estado para evitar que haya niños vulnerados, así como las medidas de supervisión y supervigilancia. El nuevo Sename , que se llamará Servicio de Protección a la Niñez, tendrá todas las herramientas necesarias para realizar una adecuada fiscalización.

Debemos destacar los cambios introducidos por el Senado, ya que mejoraron y enriquecieron el proyecto. Así, por ejemplo, se determinaron algunos estándares que van a ser prevalentes y permanentes, de manera que si se aplican sanciones a entidades colaboradoras, esas mismas podrán aplicarse a otras entidades colaboradoras que hayan cometido las mismas faltas.

Eso es importante, pues ha enriquecido el proyecto.

Los mayores recursos para los niños no pueden seguir esperando, y por eso vamos a aprobar…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

No va a intervenir.

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, me parece importante que nos centremos en la infancia, ya que hay una deuda muy relevante con respecto a ella.

Hace unos días compartí con el diputado Saffirio una información que fue presentada en la Comisión de Educación del Senado. Se trata de los resultados de una investigación sobre salud mental comparada en 24 países. Dentro de los investigadores está Felipe Lecannelier , doctor en psicología y filosofo, quien viene investigando desde hace años sobre la salud mental de los niños.

Ese estudio señala que los niños menores de seis años que viven en Chile tienen la peor salud mental del mundo, y no estamos hablando necesariamente de los que están en el Sename. O sea, estamos haciendo que nuestros niños presenten los peores niveles de salud mental en lo que se refiere a problemas emocionales y conductuales. Eso tiene que ver con cómo la sociedad trata a los niños, con cómo la sociedad se ha hecho cargo de la infancia.

Señor Presidente, me gustaría que la directora del Sename prestara atención a lo que se está diciendo en la Sala.

Voy a suspender mi intervención, porque nadie está escuchando. La directora del Sename no está escuchando, la Mesa no está escuchando,…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Diputada Castillo , pido que atienda a lo planteado por la diputada Girardi . Ella considera muy importante que escuchen su intervención.

Retoma el uso de la palabra, diputada señora Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Estoy hablando de un estudio sobre la salud mental de nuestros niños, y estamos tratando un proyecto de ley que se vincula con los niños más vulnerados de nuestro país.

El problema es que Chile, como sociedad, ya vulnera los derechos de los niños. Según señala la investigación, los niños de Chile presentan la peor salud mental del mundo. Eso tiene que ver con, por ejemplo, una investigación que se hizo en jardines y salas cuna, que habla de cómo los niños que ingresan a la sala cuna lloran, piden, exigen que se les ponga atención, y dos meses después de estar en ella ya no alegan, no piden, no se vinculan. En psicología y en los estudios del desarrollo de los niños a eso se le llama apego evitativo.

En consecuencia, estamos haciendo que nuestros niños no puedan manifestar sus emociones y que, en el fondo, no puedan ser niños. Eso hace que nuestros niños sean gravemente vulnerados en sus derechos, y no estamos hablando de los que aparecen como los más vulnerados.

El Estado ha demostrado una enorme deficiencia en su tarea de velar por que nuestros niños tengan las mejores condiciones para su desarrollo.

Hace muy poco aprobamos el proyecto de ley que prohíbe que las escuelas condicionen la permanencia de los estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta, como el Ritalín y la Risperidona, como ocurre en nuestro sistema escolar. Hoy, el sistema educacional les exige a los niños que se comporten como verdaderas momias, que permanezcan quietos, que no se comporten como niños. Eso lo hace el Estado de Chile, no una familia disfuncional. El Estado permite que nuestros niños sean vulnerados permanentemente.

Además, el estudio señala que los niños chilenos presentan mayores niveles de miedo, particularmente las niñas, que los de otros países.

Uno de los temas que me preocupan…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, la tramitación de este proyecto ha tardado prácticamente nueve meses.

Una de las razones que escuché en una de las sesiones de la Comisión de Familia y Adulto Mayor fue que esto no resolvía el problema del Sename, en el entendido de que hay otros proyectos que buscan ese objetivo.

Esto es urgente, pues busca evitar el cierre de varios hogares que atienden menos de 20 jóvenes -alrededor de 15 o 16por los cuales reciben entre 240.000 y 250.000 pesos, que significa aproximadamente 3.500.000 pesos. A todos ellos se les exige contar con personal a cargo -5 o 6 personas que, con un sueldo de 400.000 o 500.000 pesos, significan alrededor de 3 millones de pesos, a lo que hay que sumar el costo del arriendo. Así, es imposible que estas instituciones colaboradoras del Estado lucren, lo que constituye la gran preocupación de ciertas personas.

Me irrita profundamente esa mirada tan sesgada de muchos colegas respecto del tema del lucro. Por lo tanto, quiero hacer una pregunta y una reflexión ¿por qué no miramos lo que sucede con el lucro en nuestro sistema público de educación? Quienes han visitado las universidades y han recorrido sus estacionamientos se habrán dado cuenta de la presencia de vehículos Mercedes Benz , Audi y Porsche, entre otros, pertenecientes a sus profesores.

Las universidades reciben distintas subvenciones y comisiones por diferentes proyectos.

Hay comidas, viajes, descontrol y pérdidas en las universidades.

Ahora bien, en el caso del Sename, son 2 millones de pesos los que se “invierten” en los niños, que es justamente el monto que los especialistas han dicho que permitiría resolver nuestro problema. Hoy el Sename nos cuesta 2 millones de pesos por niño y no nos damos cuenta del lucro que se produce al interior del Sename debido a los operadores políticos, a los proveedores que mandan productos que no corresponden, a las personas que no hacen su trabajo, a los médicos que cobran más, aprovechándose de nuestro sistema público. Es ahí donde debemos poner nuestro esfuerzo.

Invito a mirar hacia adelante, pues tenemos proyectos muy importantes que van a generar un cambio. Reitero que siento vergüenza por habernos demorado nueve meses en tramitar este proyecto. En ese tiempo, el hogar Ayinray , de Nueva Imperial, tuvo que cerrar y hubo que trasladar a esos niños a Lautaro…

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, este proyecto ha tenido importantes modificaciones desde que inició su debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, quiero agradecer la disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para incorporar aquellos elementos que permitan una mayor vigilancia y fiscalización de un sistema que está llegando a su fin: el Sename.

El Sename está ad portas de terminar sus días. Esa fue una decisión política que se tomó en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que ratificó el actual gobierno. Se tomó la decisión de crear dos servicios. Uno especializado en la protección de niños, niñas y adolescentes, y otro destinado a la reinserción de aquellos menores que enfrenten problemas con la justicia. Esa es la mejor respuesta que como Estado podemos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Debemos enfrentar esta iniciativa intentando dejar atrás todas las suspicacias que se han generado históricamente respecto tanto del Sename como de los organismos colaboradores. La idea es dar garantías de que mientras funcione el Sename y las OCAS sigan prestando servicios, todos, en especial los niños, niñas y adolescentes institucionalizados, sepan que recibirán la debida protección.

Tenemos ciertas dificultades para entender el sistema de garantías a la niñez, que es un debate que se está dando en el Senado y respecto del cual hemos tenido una mirada distinta con el gobierno. No me cabe duda de que en la discusión que demos y que estamos dando en el Parlamento buscaremos el camino para mejorar este proyecto. Nadie ha escatimado esfuerzos para lograr aquello, de modo que agradezco al gobierno porque ha mostrado interés por dar solución a los problemas que hemos detectado.

Hoy tenemos que votar las modificaciones del Senado, que son interesantes. Valoro la discusión que mejoró sustancialmente el proyecto.

El Senado incorporó una indicación para que el traspaso de recursos se haga de manera transparente, eficiente, eficaz e idónea, porque se trata de recursos fiscales. Por ello, los criterios de evaluación de convenios deben ser más profundos por parte del Sename.

Al respecto, el proyecto incorpora una serie de principios a los que el Sename debe atenerse al momento de evaluar los recursos a entregar. Hay una preocupación importante del Senado sobre el destino de los recursos fiscales, pues ha establecido los siguientes principios. En primer lugar, el de probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan los organismos colaboradores. Es cierto que el principio de probidad fue establecido para la función pública, pero creo que acá se parte del principio -no estuve en el debate desarrollado en el Senadode que estos organismos colaboradores realizan una función pública y, en ese sentido, hay que resguardar los recursos involucrados.

Deberá haber responsabilidad en el ejercicio del rol público que se desarrolla y un trato digno a los niños, niñas y adolescente, sin discriminación.

Entonces, estamos enfrentados a un proyecto bueno, que…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, en el último tiempo se ha hecho común decir en nuestro país que la política está alejada de los problemas importantes del pueblo y que temas como la infancia, después de que amainan los escándalos, como el trágico asesinato -y digo asesinatode Lissette Villa , sencillamente se dejan de hablar y quedan en el más triste olvido. Eso no es así y quiero aprovechar este momento para, también, hacer una defensa de la política.

Es cierto que muchas veces desde aquí -parto por mí; en eso he hecho una autocríticacontribuimos con polémicas espurias que en nada aportan a prestigiar la actividad política y en acercarla a quienes, justamente, se sienten desafectados por ella.

Sin embargo, en el Congreso y en el gobierno, cualquiera sea su signo, somos muchos los que trabajamos y lo hacemos en serio. Un ejemplo de esto ha sido el tema de la infancia. Cuando pasan los escándalos, dejan de ser titular; sin embargo, se sigue trabajando con seriedad y responsabilidad.

Este proyecto y el que crea el Servicio Nacional de Protección de la Niñez -el nuevo Sename en términos de protecciónson claros ejemplos de ello.

Hoy votaremos las modificaciones introducidas por el Senado. Por ejemplo, el servicio no sólo supervisará y fiscalizará, sino que también evaluará periódicamente, y las OCAS serán civilmente responsables de los perjuicios que ocasionen en los niños. Además, se incorporan el buen trato y la dignidad como ejes centrales de las prestaciones. Desde nuestro punto de vista, lo único malo -al respecto pediremos votación separadaes que se eliminan las prácticas antisindicales como impedimento para la acreditación de la OCAS.

Por transparencia, tengo el deber de inhabilitarme en esta votación, debido a que mi padre es director ad honorem -sin remuneración, gratificación ni viático del hogar residencial sin fines de lucro Ignazio Sibillo , en Punta Arenas, y mi madre es voluntaria en el cuidado de los bebés que ahí permanecen.

Sin embargo, ello no me inhibe de hacer pública mi convicción sobre la necesidad de aprobar este proyecto. Hoy estamos ante una urgencia que es grave. 63 hogares residenciales han cerrado en los últimos 5 años. Solo en 2017, cerraron 17 hogares, de los cuales 13 lo hicieron por falta de recursos. Ello significó que en Magallanes, por ejemplo, se tuvieran que trasladar niños y niñas a Puerto Natales e, incluso, a Santiago, con el desarraigo familiar que ello implica. Ese es un desastre que no podemos seguir permitiendo.

Este proyecto es un mínimo, un parche, pero lo creemos necesario.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, ya aprobamos, en el primer trámite constitucional, la decisión -a mi juicio, urgentede elevar la subvención para impedir el cierre de muchos organismos colaboradores.

Soy colaborador de uno de ellos -la Aldea Mis Amigosy he sido testigo del esfuerzo, del sacrificio, de la generosidad de un grupo importante de personas que se juega la vida para intentar recuperar a niños vulnerados gravemente por sus propias familias, ya sea porque fueron violados, golpeados, abandonados, etcétera.

Creo que ese trabajo no puede echarse por tierra por las ilegalidades y los delitos cometidos por un puñado de esas instituciones. No podemos botar el bebé junto con el agua sucia de la bañera, pero por supuesto que sí hay que botar el agua sucia de la bañera.

Me referiré específicamente a las mejoras introducidas por el Senado, porque es lo que vamos a votar.

Considero que son bastante positivas y enriquecen el proyecto, pues incorporan las consideraciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, agregan la función de evaluación periódica de la ejecución a las funciones de supervigilancia y fiscalización.

El artículo 2 es, probablemente, el que más se enriquece. Se especifica la necesidad de probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia y la red de colaboradores; la responsabilidad en el ejercicio del rol público que desarrollan, es decir, el proyecto los hace responsables de eventuales vulneraciones a los derechos de los niños; se especifica el trato digno como una cuestión central a supervigilar; se consigna la objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo, así como la participación e información en cada etapa de la intervención.

En el artículo 3 se introduce una modificación, a mi juicio, muy relevante, pues se separa tajantemente la línea de acción de diagnóstico del resto de las labores, y se declara que la labor de diagnóstico será de ejecución exclusiva -es decir, quien diagnostique no podrá ser quien desarrolle después los cuidados y trabajos con los niños-, de manera de resguardar la independencia e imparcialidad del diagnóstico.

Votaremos favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado, porque enriquecen el proyecto. Esperamos que muy pronto podamos discutir y votar la ley larga, porque muchas veces nos quedamos en las leyes cortas, que son resultado de la impotencia de enfrentar los problemas mayores.

Por años reclamamos por la modernización del Sename y su división en dos organismos que separen de manera nítida y tajante el trabajo con los niños vulnerables del que se ejerce con los niños infractores de ley. Estaremos disponibles para trabajar en ese proyecto de manera desprejuiciada, pensando fundamentalmente en la necesidad de que el Estado y la sociedad pongan, como decía un candidato -a veces no se ve en la traducción concreta-, a los niños primero.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, estoy algo impactado por los discursos que he escuchado.

Los discursos que se hacen en la Sala son diametralmente distintos de los discursos que se hacen frente a las cámaras de televisión, donde se ven rostros compungidos, ojos vidriosos cuando se habla de la situación de los niños en el Servicio Nacional de Menores, y aquí en la Sala no hay ningún pudor para entregar 10.000 millones de pesos adicionales a los mismos que nos han tenido a punto de llorar frente las cámaras de televisión.

Realmente me sorprende, porque es fácil dejarse llevar por la oleada de una mayoría inconsistente que da la espalda a los niños. Perdóneme, señora Presidenta, pero por su intermedio le pregunto al diputado Auth , que habla de que aquí ha habido un “puñado de irregularidades”, ¿qué mano puede resistir sobre su palma 1.300 muertos? ¿Eso es un “puñado de irregularidades”?

Cuando otro diputado de derecha habla de los operadores políticos contratados, ¿acaso cree que con estos 10.000 millones de pesos adicionales no se van a seguir contratando operadores políticos en el Sename? ¿O no entiende que los recursos se van a girar incluso antes de que se dicte el reglamento, porque lo único que les interesa es transferir más recursos a la OCAS? ¿No se entiende, acaso, que lo que están haciendo las OCAS es chantajear a diputados, senadores y al gobierno para que les transfieran más recursos, bajo la amenaza de cerrar centros?

¡Son los mismos centros, los mismos organismos que han sido cuestionados en materia de derechos humanos, no en Chile, sino en la Organización de las Naciones Unidas, respecto de los cuales el gobierno ha tenido que dar respuestas durante estos días!

Entonces, francamente -discúlpenme la expresión es insólito que no entendamos que la primera prioridad siempre debió haber sido modificar la estructura del sistema, definir cuánto cuesta esa nueva estructura y después buscar los recursos para permitir el financiamiento.

Pero aquí lo único que ha interesado es que nos hemos demorado -alguien estaba escandalizado nueve meses en aprobar este proyecto. Yo me escandalizaría si se aprobara este proyecto tal como viene.

Es verdad que no tenemos opciones cuando no tenemos facultades para intervenir en la administración financiera del Estado, pero sí tenemos la opción de ser coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos, entre el discurso público y lo que aprobamos.

Si decimos que estamos con los niños, ¡debemos estar con los niños y morir con las botas puestas! Aunque seamos dos, tres, cuatro o cinco diputados; pero de alguna forma hay que transmitir al país que la prioridad no está en aumentar los recursos al mismo sistema ni a las mismas instituciones. Si la prioridad en realidad está en los niños, ¡por favor!, hagamos lo que se está haciendo con el proyecto de ley sobre adopción, en la Comisión de Familia y Adulto Mayor; hagamos lo que se hizo con mucho esfuerzo en la Comisión de Constitución con el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Debo advertir que allí, con muchas dificultades y muchas trabas del gobierno, hemos logrado consensuar fórmulas que permiten poner el acento, el énfasis, en el interés de los niños y no de las instituciones. Hoy, lo que estamos haciendo con este proyecto es poner otra vez el énfasis en las instituciones.

¡Otra vez vamos a dar la espalda a los niños! ¿Acaso me van a decir que esos 10.000 millones de pesos van a servir para mejorar la calidad de vida de los niños? ¡Mentira, absolutamente mentira! Esa operación ya se hizo durante el gobierno de la Presidenta Bachelet . Se transfirieron más de 10.000 millones de pesos adicionales a los OCAS y no pasó nada respecto de los niños. ¡Siguieron violando sus derechos humanos! ¡Siguieron muriendo niños al interior del Sename!

Este no es un problema de oposición y gobierno. El problema es que el foco, el énfasis, la mirada, no está en los niños. Se ha dicho una cifra: 2.000.000 de pesos; pero ese es un invento del Hogar de Cristo, porque está interesado en el programa y en los recursos.

Es importante que tomemos conciencia de que nadie está exento de los intereses que están aquí en juego. Y si nuestro interés son los niños, hay que poner…

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputado Saffirio .

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señora Presidenta, en el poco tiempo que tengo para hacer uso de la palabra, quiero valorar profundamente la invitación que nos hizo el Presidente Piñera en abril del año pasado, a participar en la mesa de trabajo por la infancia, una mesa transversal y participativa.

Lamento que algunos se hayan negado a participar desde un principio y valoro a quienes se sumaron, porque este tema no solo es prioridad para el gobierno, sino -estoy segurapara todos los parlamentarios del Congreso.

A pesar de que este proyecto aumenta la subvención, me parece que es urgente, porque la brecha es enorme.

Además, quiero rescatar un tema de fondo, que es el valor que tiene incluir a la comunidad. Las personas sí tienen derecho a colaborar. Valoro muchísimo que el gobierno del Presidente Piñera haya respetado y valorado lo que están haciendo hoy los organismos colaboradores del Sename.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos. También saludo -con mucho cariñoa la directora del Sename, que nos acompañó durante toda la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la cual formo parte, y a la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown .

A diferencia de lo que cree el diputado Saffirio , nuestro interés también son los niños. Eso lo demostró nuestro gobierno cuando invitó a participar en una mesa de trabajo para un Acuerdo Nacional por la Infancia. La gran mayoría de la oposición, a través de sus representantes, se sumó a esa mesa y al trabajo que se realizó en la Comisión de Constitución muchos de ellos han intervenido hoy en la Sala-, donde se fue modificando este proyecto para despacharlo mejor de lo que ingresó.

Me quiero detener en este punto. Al igual que algunos colegas, creo que este es un mejor proyecto que aquel que ingresó. Revisé las modificaciones introducidas en el Senado y llamo a votarlas a favor.

Los niños no pueden seguir esperando, y menos los más vulnerables, que son aquellos que se encuentran en el Sename.

Este no es un proyecto aislado, porque avanza junto con el proyecto de ley de adopción y el proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección a la Niñez, que, precisamente, busca separar dentro del Sename a aquellos niños que deben crecer en los centros de residencia, a los cuales hoy nos vamos a referir, a propósito del aumento de la subvención base para los organismos colaboradores acreditados del Sename.

Quiero rescatar algunas cosas. Por ejemplo, se entregarán más recursos, pero, a diferencia de lo que ocurrió en la administración anterior, se establecerán mayores exigencias, las cuales fueron acordadas, insisto, con la oposición.

Hay que destacar la administración transparente, eficiente, eficaz e idónea de los recursos fiscales. Si no cumplen el convenio, se podrá dejar sin efecto.

Por último, quiero destacar que se diferencia a las entidades coadyuvantes y se faculta al Sename para supervigilarlas y requerir antecedentes a las mismas.

Este es un buen proyecto, acordado ampliamente en la Comisión de Constitución…

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputada Núñez .

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a las autoridades presentes.

A diferencia de lo que señaló el diputado Saffirio , que fue el único que en forma constante y permanente votó en contra este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, creo que no estamos entregando un cheque en blanco a aquellos que violaron los derechos humanos, sino haciendo la vida más fácil a aquellos OCAS que se dedican a administrar pobreza. En la Comisión de Constitución, todos los representantes de los OCAS que expusieron señalaron que la subvención que se recibía alcanzaba a cubrir menos de 40 por ciento.

Por lo tanto, el proyecto constituye un esfuerzo que, sin duda, vale la pena valorar y que ha tenido el informe favorable de toda la Comisión de Constitución. Al respecto, encuentro lamentable que nos hayamos demorado casi nueve meses para llegar a aprobarlo.

En el lado luminoso, quiero decir que me tocó ver a diputados que tuvieron mucho interés en poner a los niños primero en la fila. Particularmente, quiero destacar al presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Hugo Gutiérrez , quien tuvo la disposición de sacar adelante la iniciativa, y a muchos otros que, anteponiendo el interés político que esto pudiera significarles, quisieron sacar adelante este proyecto, que evidentemente no soluciona por sí solo el problema de la niñez vulnerada que tenemos en este país, razón por la que se acompaña de la creación del Servicio de Protección a la Niñez y de un sinnúmero de iniciativas que este gobierno está impulsando, precisamente, porque nos dimos cuenta de que tenemos un problema realmente grave.

Ahora, si nos demoramos más de cuatro meses en generar un informe en la Comisión de Familia, no estamos anteponiendo el interés de los niños, que es lo que debe movernos para que, al final, este informe se apruebe, ojalá, por la unanimidad de la Sala.

Como diputados de Evópoli, vamos a votar a favor. Felicito a la Comisión de Constitución y el trabajo que ha realizado el gobierno…

-Aplausos.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputado Cruz-Coke .

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señora Presidenta, esta iniciativa dista de solucionar el problema de la infancia vulnerada. Se trata de un proyecto que solo tiene como objetivo entregar más dinero a los organismos colaboradores, sin distinguir entre aquellos que hacen un buen trabajo y aquellos que lo han hecho mal, y que han vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Durante la tramitación del proyecto, un senador de la república pagó publicidad en Facebook para hacer fake news. Estoy hablando del mismo senador que señaló que vio fotos de un enfrentamiento en La Araucanía. Él pagó publicidad en Facebook para repartir una noticia falsa en términos de que este proyecto se había demorado. No fue así. Lo que ocurrió fue que la discusión fue dura. Hasta el último minuto tuvimos la esperanza de que pudieran sacarse aquellos organismos colaboradores que han vulnerado los derechos de los niños.

Sin embargo, lo que hoy estamos discutiendo no es eso, porque eso ya se aprobó en la Cámara, pese a la oposición de algunos, y se aprobó también en el Senado.

Me preocupa que la aprobación de este proyecto haga anunciar, con bombos y platillos, que con 1.875 pesos diarios por niño se va a solucionar el problema de la infancia, y que dejemos de preocuparnos de aquellas reformas estructurales que realmente se requieren para cambiar la cara a la forma como hoy es tratada la infancia en Chile.

Lo que hoy votaremos son las modificaciones del Senado. Algunas de ellas otorgan más transparencia. Sin embargo, me parece preocupante el rol público que se intenta dar a los OCAS. De aprobarse las modificaciones al respecto, estaríamos ante una construcción similar a la que ha existido en materia de educación y del supuesto rol público que desempeñan las instituciones privadas. Pero ¿cuál es el problema? Porque yo podría consentir eso con una discusión de fondo, a propósito del nuevo servicio que se crea. El problema es que hace pocos días, el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre objeción de conciencia institucional en materia de aborto, planteó que la teoría del servicio público no tiene asidero en el derecho chileno.

Entonces, ¿cómo podríamos siquiera llegar a pensar que los privados pudieran desarrollar ese rol público? Es un poco contradictorio. O aceptamos que los privados puedan llegar a desarrollar un rol público, y por ende el Tribunal Constitucional se equivoca, o bien reconocemos que ello no es así. Pongámonos de acuerdo primero en eso. Esa es una discusión de fondo que se va a dar…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señora Presidenta, este es un buen comienzo. Es cierto que no se puede exigir mejoras si no se parte por algo. Todos tenemos claro que el aumento de la subvención no soluciona el problema; pero con ello se pretende mejorar programas, supervisar, fiscalizar y suplir un déficit. Efectivamente, no se garantiza todo; pero queremos llegar a una solución final, dada la injusticia que se ha cometido con los niños más vulnerables del país.

Invito a apoyar este proyecto. Es cierto que no es la solución final, pero invito a todos quienes estamos aquí a que arriesguemos y empecemos por algo. Pienso -estoy segura de que todos opinan lo mismoque los niños más vulnerables, por justicia, se merecen que solucionemos el problema.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Kast .

El señor KAST.-

Señora Presidenta, creo que hoy todos estamos celebrando que haya un avance respecto de cómo enfrentar y qué recursos entregar para solucionar el problema de los niños que hoy están en las instituciones colaboradoras del Sename.

La gran diferencia se ha centrado en qué valor asignar a cada una de las instituciones, diferenciándolas entre las estatales y las privadas.

Es valorable que después de una larga espera nos encontremos en esta instancia para aprobar este proyecto, espero que por amplia mayoría, si no por unanimidad. Creo que la inmensa mayoría de las colectividades políticas estamos de acuerdo en que este proyecto, como algunos diputados elocuentemente lo han expresado, no es una solución final a los problemas de los organismos colaboradores ni a la situación de los miles de niños que residen en los hogares de esas entidades. Se trata lisa y llanamente -así se ha expresado en todas las instanciasde una ley corta, de una ley de urgencia, que viene a solucionar una diferencia inexplicable entre las distintas entidades que se hacen cargo de los niños.

En ese contexto, resulta muy difícil entender, desde la vereda de aquellos que se oponen al proyecto, las razones de una hostilidad, que no tiene ninguna justificación, hacia la sociedad civil y el rol que ha desempeñado y espero que siga cumpliendo en materias como estas.

El rol público no solo lo asume el Estado. Sin duda, esas organizaciones lo han hecho respondiendo al diputado Saffiriode mucho mejor manera que el Estado y con muchos menos recursos. Los antecedentes y los números no mienten. Mucho se ha dicho al respecto, ignorando que aquellas instituciones de la sociedad civil no solo necesitan un mayor aporte, sino que lo merecen, en atención a que en la inmensa mayoría de los casos han actuado con mayor eficiencia. Son cerca de 6.400 niños y niñas los que viven en el sistema residencial. De ellos, casi el 85 por ciento, que equivale a 5.620 niños, son atendidos por 220 organismos colaboradores.

Actualmente existe un déficit de casi el 50 por ciento del costo del cuidado de cada niño. Se ha dicho por todos los expertos, en todos los tonos posibles, que esos recursos son necesarios. La situación es crítica y se requiere que el aporte se haga ahora.

Hago un llamado a la Sala a que de forma constructiva y ojalá de manera unánime aprobemos este proyecto, para que no sigamos haciendo esperar a esos niños, que llevan nueve meses esperando en la fila para ser atendidos.

He dicho.

-Aplausos.

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señora Presidenta, aún me cuesta entender, a estas alturas de la discusión, y habiéndose demostrado ya en varias instancias legislativas, que siga habiendo parlamentarios que se opongan a este proyecto.

Perdimos mucho tiempo en el primer trámite constitucional, casi ocho meses desde la presentación del proyecto, en abril, hasta su envío al Senado, tiempo perdido para los destinatarios de estos recursos, bajo ningún fundamento plausible.

Quiero ser clara: no se oponen a nosotros; se oponen a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país. Es a ellos a quienes les están dando la espalda, simplemente por hacer puntos políticos e intentar sacar una ventaja que duele.

¡Cómo tanta mezquindad! Pareciera ser que el arduo trabajo, la transversal labor desde todos los sectores que realizamos en el Acuerdo Nacional por la Infancia, no les importa; que esos 94 desafíos, esas 94 robustas propuestas que estamos comenzando a materializar para cambiarle la cara al sistema de protección en Chile, nada valen.

Señora Presidenta, hoy son casi 6.000 niños los que se atienden en residencias de organismos colaboradores, es decir, el 85 por ciento del total de los niños y niñas en el sistema de residencias. Ellos y cientos de trabajadores son los que sufren por falta de recursos.

Durante el 2017 se cerraron 17 residencias de protección de organismos colaboradores a nivel nacional, es decir, casi el 7 por ciento del total de hogares de este tipo, traduciéndose en que 475 niños y niñas se vieran obligados a una forzada derivación.

Necesitamos elevar los estándares de atención que brindan los organismos colaboradores; de eso no hay dudas. Pero estas peticiones no se pueden realizar si no van de la mano de una importante inyección de recursos.

Este gobierno, desde el primer día, dijo que iba a transparentar todo lo que rodea al Sename, y así lo hizo con la inmediata auditoría realizada, que, tal como lo hemos comentado con anterioridad, nos condujo a reveladores datos por los cuales urge intervenir: casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes no cuentan con atención psicológica, un tercio de los planes de intervención individual no son evaluados, hay escaso o nulo trabajo de revinculación familiar, el 48 por ciento tiene retraso escolar, 55 por ciento tiene problemas de salud mental, 53,6 por ciento de las niñas, niños y adolescentes cuenta con alguna sesión psicológica, 41,7 por ciento presenta consumo problemático de alcohol y/o drogas, por nombrar algunos.

La misma Unicef declaró que este proyecto “podría mejorar la atención de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente bajo protección del Estado”, advirtiendo también la importancia de fortalecer “los mecanismos de supervisión y acompañamiento a estos centros”.

Señora Presidenta, muchos han querido desviar la atención y a la opinión pública justamente respecto a esto último, de no querer entregar un cheque en blanco. Es cosa de que lean el texto para ver como este proyecto conlleva, además, mayores facultades de control bajo criterios claros, así como de sanción, donde cualquier entidad que se aleje de los estándares que impondrá el gobierno podrá verse perjudicada con la revocación de su convenio con el Estado. Se le dará al Sename la facultad de fiscalizar, y no únicamente supervisar, como lo es ahora, pudiendo ir más allá de la verificación formal de antecedentes.

Señora Presidenta, aquí hay algunos parlamentarios a los que les gustaría ir a su receso legislativo sin entregar estos recursos. No les importa, mientras sortean el calor del verano en alguna playa del país o del extranjero, que siga habiendo personas y niños en los semáforos y en las calles pidiendo recursos para solventar los gastos de sus hogares.

Señora Presidenta, no ocupemos a nuestros niños, niñas y adolescentes como moneda de cambio; votemos a favor de este aumento en la subvención, e incidamos directamente en mejorar la calidad de vida de casi 6.000 niños, niñas y adolescentes.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada bancada. El proyecto se votará en esta sesión. El plazo para solicitar votación separada vence a las 12.15 horas.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Iván Flores .

Antecedentes:

-Moción, sesión 34ª de la presente legislatura, en 12 de junio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 109ª de la presente legislatura, en 11 de diciembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 30.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FLORES (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de suma, que modifica el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

El proyecto se inició en una moción de los diputados Iván Flores, Pepe Auth , Pablo Lorenzini , Manuel Matta , Cosme Mellado , José Miguel Ortiz , José Pérez y Matías Walker , y de las diputadas Marcela Hernando y Joanna Pérez .

Debido a razones de tiempo, omitiré abordar en la relación de este informe tanto la nómina de invitados y sus exposiciones, que, por cierto, constituyeron un invaluable aporte a la discusión de esta iniciativa parlamentaria, como los fundamentos y antecedentes de la misma, haciendo presente que todo ello se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas en el informe pertinente.

Las ideas matrices o fundamentales centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo: modificar el Código de Justicia Militar y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, con el propósito de dar publicidad a determinada información que poseen Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, en especial la referida al número de funcionarios que componen sus plantas y dotaciones y sus condiciones laborales, y de esa forma permitir y, a la vez, garantizar el acceso público a dichos antecedentes.

El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. Asimismo, la iniciativa no contiene disposiciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

En la sesión 20ª, de 26 de septiembre de 2018, al proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados Jorge Alessandri , Jorge Brito (en reemplazo de la diputada Maite Orsini) , Iván Flores (Presidente), Raúl Leiva , Cristhian Moreira , Luis Pardo (en reemplazo del diputado Gonzalo Fuenzalida) , Andrea Parra , Enrique van Rysselberghe (en remplazo del diputado Osvaldo Urrutia) , Daniel Verdessi y Gael Yoemans . En contra lo hizo la diputada Camila Flores (en reemplazo de la diputada Marcela Sabat) .

Artículos e indicaciones rechazados o declarados inadmisibles

Artículos rechazados: Los dos artículos que componen el texto de la moción, con ocasión de aprobarse sendas indicaciones sustitutivas de ellos.

Indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles: no hubo.

Respecto de la relación descriptiva del proyecto, podemos señalar que el proyecto consta de dos artículos.

El artículo 1 modifica el número 1 del artículo 436 del Código de Justicia Militar. Este artículo se refiere a lo que debe entenderse por documento secreto y luego señala, a través de varios números, a vía ejemplar, distintos contenidos que hacen que el documento tenga el carácter de secreto. Así, su número 1 expresa que ese secreto se extienda a lo relativo con las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y su personal.

Por ello, la enmienda propuesta consiste, precisamente, en hacer una excepción a lo allí establecido, en el sentido de dar mayor transparencia al número de funcionarios de las plantas o dotaciones de Carabineros de Chile, excepto a aquellos que cumplen funciones especiales, como de combate al narcotráfico, de inteligencia y de fronteras, entre otras.

Por su parte, mediante su artículo 2, se introducen cambios en la letra d) del artículo 7° de la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública. El aludido artículo ordena que los órganos de la administración del Estado den publicidad actualizada, a través de sus sitios electrónicos, de determinados antecedentes, entre otros su estructura orgánica y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos, tal como se hace con todas las instituciones públicas y del Estado, excepto las regidas por el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

La modificación sugerida por la moción hace extensiva esa publicidad a la información actualizada que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deberán mantener respecto del número de personas en planta y en sus dotaciones de personal, manteniendo reserva de las identidades de quienes componen dichas plantas. Lo mismo se hace aplicable al personal a contrata o a honorarios de ambas instituciones, aunque no rigiendo sobre ellos la reserva de identidad, excepto en los casos antes señalados.

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa parlamentaria en análisis modifica el Código de Justicia Miliar y la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, de acuerdo con los antecedentes reseñados y a las ideas matrices ya descritas.

Discusión y votación del proyecto Discusión general

Es relevante destacar que debido al debate acaecido en el seno de la comisión, en torno a la discusión general de la moción en estudio, tuvieron una gravitante participación los parlamentarios y algunas autoridades, como el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick ; el contralor general de la República, señor Jorge Bermúdez ; el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa ; el jefe de la Jefatura Jurídica de la PDI, prefecto Luis Silva , y el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros de Chile, general inspector José Rivera Aedo .

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción, así como las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades e invitados, la mayoría de los diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Discusión y votación particular

Los dos artículos que componen el proyecto fueron sustancialmente perfeccionados con la activa colaboración y conocimiento de cada uno de los miembros de la comisión y autoridades invitadas, dándose posibilidad a la publicación de determinada información actualizada que deben tener las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir, Carabineros y la PDI, los que fueron mejorados por medio de indicaciones parlamentarias, como se consigna a continuación.

Así, a su artículo 1 ya descrito, los diputados Iván Flores , Jorge Alessandri , Miguel Ángel Calisto , Osvaldo Urrutia , Gael Yeomans , Gonzalo Fuenzalida , Raúl Leiva , Andrés Longton , Cristhian Moreira y Camila Vallejo formularon una indicación sustitutiva, aprobada por unanimidad, que:

1. Establece que en el caso de Carabineros de Chile, el número de su planta institucional, de su dotación total o desagregada a nivel regional no será reservada, como lo prescribe hoy el Código de Justicia Militar en el numero 1 de su artículo 436.

2. No serán secretas las dotaciones a nivel comunal de Carabineros de Chile, a menos que su publicidad afecte la seguridad pública, los fines institucionales de resguardo del orden público o que pudiere afectar la integridad personal de los funcionarios policiales o de sus familias.

3. Se consigna respecto del punto anterior que siempre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Contraloría General de la República tendrán acceso a esa información.

Respecto del artículo 2, los diputados Andrés Longton , Maite Orsini , Jorge Alessandri , Miguel Ángel Calisto , Gonzalo Fuenzalida , Osvaldo Urrutia , Camila Vallejo , Raúl Leiva , Cristhian Moreira , Gael Yeomans y quien habla, Iván Flores , presentaron una indicación sustitutiva, que tiene por finalidad que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile deban mantener información actualizada respecto del número de su planta institucional, de su dotación total y de esta desagregada a nivel regional, desglosada en escalafones, grados y con indicación de las remuneraciones que les correspondan, manteniendo en reserva, eso sí, la identidad de los funcionarios.

Finalmente, quiero señalar a la honorable Sala que el proyecto permitirá, además, en un marco de transparencia activa y regulada, evitar nuevas y complejas situaciones, como la acontecido al interior de Carabineros, que tanto daño causó a la institución y a Chile.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señora Presidenta, el proyecto modifica el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Se trata de un artículo predemocrático, redactado por la dictadura en 1987, como la gran mayoría de las normativas que aún rigen las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

El proyecto de ley propone modificar el artículo 436 para transparentar la planta de Carabineros. ¡Vaya usted a saber por qué la planta de Carabineros era secreta! De acuerdo con ese artículo, la planta era secretar por asuntos de seguridad nacional, pero no lo eran ni la estrategia ni las políticas de defensa.

Transparentar la planta no solo permite evitar fraudes como el conocido, que se dio porque se financiaban a lo menos 7.000 plazas más de las que realmente había, y parte de esa diferencia terminó en los bolsillos de unos pocos.

Soy un porfiado optimista, de manera que busco lo bueno de lo malo, y las lecciones o aprendizajes que obtuvimos de ese escándalo. Si transparentamos, nos permitirá resolver la eterna pregunta de para qué esta Carabineros. No lo pregunto con un tono peyorativo; por el contrario. No cuestiono a los trabajadores y trabajadoras de la institución, que hacen el trabajo, sino que pongo en duda el criterio que ha utilizado la autoridad para disponer de patrulleros en distintos lugares del país.

Al discutir la función de Carabineros, aparecen dos ideas: Carabineros tiene como función proteger a las personas o proteger las cosas, la propiedad privada. Es decir, está para resguardar los derechos de las personas o para proteger la acumulación de riqueza.

Tengo claro que existen Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones porque se cometen delitos y porque las personas se ven amenazadas, pero queremos estar seguros sin necesidad de que todos debamos tener un arma para protegernos, sino basados en la confianza de que mujeres y hombres entrenados tienen la capacidad de ayudarnos a estar protegidos.

No obstante, en la realidad parece haber un criterio escondido en nuestras autoridades, que han dispuesto de Carabineros para proteger más bien autos de lujo que las familias.

Según información antigua, porque oficie en reiteradas oportunidades este año y no se me contestó, desde 2009 hasta la fecha, Carabineros de Chile cuenta con un funcionario por cada 339 habitantes, lo cual, en promedio, nos acerca a los países con más vigilancia del mundo.

¿Quién tiene más derecho a la protección: una familia de un cerro de San Antonio, de Viña del Mar o de Valparaíso o el lujoso auto de un senador?

Eso, que parece ser un juego de palabras, esconde dos ideas muy excluyentes entre sí. No gustaría proteger todo, pero hay que priorizar, y de forma explícita o implícita, en nuestro país, se ha decidido proteger y poner el esfuerzo vigilante en la acumulación de la riqueza de unos pocos.

Según los únicos datos disponibles, de 2009, en Lo Barnechea hay un funcionario de Carabineros por cada 400 personas, mientras que en La Pintana hay uno por cada 1.200. ¿Acaso las familias de La Pintana tienen menos derecho a la protección? Por supuesto que no. ¿Acaso en Lo Barnechea se cometen más delitos? ¡No! ¿Qué ocurre, entonces? Que el ingreso promedio en Lo Barnechea es mucho más elevado, y no solo por los habitantes. Si llevamos esa situación a Vitacura y la comparamos con Maipú, ocurre exactamente lo mismo: en Maipú existe más del triple de habitantes por cada funcionario municipal que en Vitacura.

Lo que queremos decir es que ha imperado un criterio clasista al momento de definir dónde se disponen las policías, por lo cual esperamos que este proyecto deje al desnudo esa injusta realidad, para que aquellos barrios que algunos llaman vulnerables -pero que yo llamo vulnerados, porque han sido vulnerados por el Estado en cuanto a su acceso a servicios básicos, en la cantidad de áreas verdes, en su derecho al trabajo, a la seguridad pública, a la recreación puedan recibir un trato justo en materia de seguridad pública, que en la práctica nos permita ser iguales ante la ley.

Esperamos que este proyecto de ley, que modifica el artículo 436 del Código de Justicia Militar, nos permita por fin realizar un debate público y democrático sobre un tema respecto del cual hay exceso de dramatismo y populismo, pero muy poca realidad.

Queremos que nuestros policías estén para proteger a las personas, y no solo la propiedad privada; para proteger a la ciudadanía, y no los privilegios de unos pocos. ¿Quién tiene más derecho a protección: un barrio vulnerado o un auto de lujo?

Insisto en que esto, que parece un juego de palabras, corresponde a dos principios excluyentes, pero en nuestro país siempre se ha impuesto uno, y nosotros queremos revertir eso. Esta legislación avanza en el camino correcto y abre una primera puerta.

Por tanto, anuncio que como Frente Amplio aprobaremos esta iniciativa.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señora Presidenta, si el presente proyecto hubiese sido abordado hace algunos años, no se habría llevado a efecto el megafraude ocurrido en Carabineros de Chile, el más grande de nuestra historia desde que rige el nuevo sistema procesal penal.

La explicación es muy simple. La comisión especial investigadora respecto de las irregularidades, la gestión y administración financiera de Carabineros, que hoy se describe como investigadora del mayor fraude desde la reforma procesal penal, centró el foco en la Dirección de Finanzas, y lo hizo porque las irregularidades se produjeron en esa dirección.

Tal como señaló el fiscal, se intervenía el proceso de remuneraciones de la institución y posteriormente se realizaba una alteración de los archivos que debían ser enviados al BancoEstado, porque, facilitando los números de las cuentas corrientes, recibían el pago y se quedaban con un porcentaje de lo depositado, mientras el resto del dinero era regresado a la organización para la distribución entre sus miembros.

Por su parte, el director general de Carabineros señaló, el 8 de mayo, que de un presupuesto institucional -escuchen bien, colegasde más de un billón de pesos -para decirlo claramente, de 1 billón 37.000 millones de pesos-, aproximadamente el 80 por ciento era destinado a gastos en personal, lo que equivale a casi 850.000 millones de pesos, el presupuesto más alto de todas las instituciones públicas del país.

Por lo tanto, se generaba allí un núcleo extremadamente vulnerable que, además, representaba y representa una cantidad gigantesca de recursos públicos destinados a la dotación de personal.

El Ministerio de Hacienda y el Estado de Chile destinaban recursos para financiar 65.085 carabineros, pero la investigación arrojó que no existía tal dotación, sino una de 58.228 policías. Se pagaba por más de 65.000 funcionarios, pero solo había 58.000. Por lo tanto, había casi 7.000 plazas financiadas que no estaban cubiertas, porque los carabineros no existían. Ese es un tema que obligó a analizar la estructura, para focalizar riesgos.

Como se puede observar, ese fue el ambiente propicio, entre muchas otras causas, para que esos funcionarios operaran durante más de diez años defraudando al fisco.

Eso ocurrió porque el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que define las condiciones que debe tener la información que por razones de seguridad del Estado no deben ser comunicadas a las instituciones contraloras, sino mantenidas en secreto, tiene que ver con pertrechos y armamento en cuestiones de seguridad nacional.

¿Y qué tiene que ver Carabineros en esto, si su función es mantener el resguardo del orden público al interior del país? En su caso no está en juego la seguridad nacional, así es que esa exigencia, que fue establecida en dictadura, no calza con los tiempos ni con lo que hoy exige la ciudadanía respecto del actuar de las policías. La PDI no estaba considerada en el Código de Justicia Militar, pero sí Carabineros.

Lo que hace el proyecto es sacar las dotaciones de personal, que es donde se produjo el mayor fraude, y colocarlas dentro de la ley de transparencia activa, de modo de dejar a ambas policías en un mismo contexto.

El proyecto es muy simple: se termina el secretismo en Carabineros y con ello garantizamos que los fondos públicos no sean auditados y revisados solo por instancias internas, que eran parte de la máquina de defraudar, sino por las instituciones del Estado que controlan a todas las entidades estatales, como la Contraloría General de la República.

Retomo el punto que planteó el colega Leonardo Soto , en cuanto a incorporar entre esas instituciones fiscalizadoras a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) del Ministerio de Hacienda, que se nos quedó atrás y que vamos a reponer durante el segundo trámite constitucional, en el Senado.

Este proyecto es tremendamente importante para que Carabineros de Chile vuelva a ser la institución más prestigiosa, junto con la Policía de Investigaciones…

El señor MULET (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER.-

Señor Presidente, esta iniciativa surge del trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile, como una de las respuestas necesarias que esta Corporación, en el marco de sus atribuciones, debe dar frente al escándalo de corrupción y fraude desatado al interior de dicha institución.

El informe da cuenta de que los delitos se produjeron en el área de remuneraciones, que entregó durante más de diez años recursos para funcionarios inexistentes, fraude cuyo monto ascendió a 28.000 millones de pesos, según datos consignados en el documento.

Por ese motivo, el proyecto está centrado en la transparencia de las instituciones de orden y seguridad pública, en lo relativo a su dotación de personal, específicamente al número de funcionarios de sus plantas, mediante la modificación del Código de Justicia Militar y la ley sobre acceso a la información pública.

Este proyecto se suma a otras iniciativas promovidas con anterioridad para levantar el secreto con que tanto las Fuerzas Armadas como las de orden y seguridad pública operaron durante muchos años en Chile, generando un escenario propicio para la corrupción y la impunidad.

Basta recordar que la “seguridad nacional”, causal invocada para mantener en secreto las dotaciones y plantas de personal, fue la misma que se utilizó durante años para mantener el secreto de la ley reservada del cobre, que, como todos sabemos, dio pie a otro de los grandes fraudes de que se tiene conocimiento en materia de recursos fiscales.

El estándar exigido en la norma que se busca modificar con esta moción corresponde a una indeterminada “relación con la seguridad de la nación”, criterio amplio que hace que cuestiones como el número de funcionarios de Carabineros y de la PDI queden fuera del control democrático y pase por sobre las materias sometidas a los estándares de transparencia que deben procurar los Estados modernos, por lo cual se reemplaza por una real “afectación de la seguridad de la nación”, redacción que permite conjugar los intereses colectivos de una ciudadanía que necesita restablecer la confianza en estas instituciones con la seguridad individual de funcionarios que, por la naturaleza de sus labores, requieren de reserva en ciertas materias.

No es baladí que más de veinte generales de Carabineros hayan pasado a retiro en el último año a causa de requerimientos de la justicia por estos delitos y que se haya afectado el alto mando de manera tan drástica -cosa parecida ocurrió en el Ejército-.

Por ello es necesario aprobar esta iniciativa, pero además porque el hecho de que se conozcan las dotaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) permitirá que las juntas de vecinos y las organizaciones sociales puedan intervenir en la discusión sobre cómo contener la delincuencia y la violencia en las poblaciones, y, sobre todo, para participar de la discusión de cómo se distribuyen las dotaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) en las poblaciones, que tanto necesitan restablecer la tranquilidad afectada por la presencia de traficantes de drogas y de delincuentes. Indudablemente, esto ayudará a promover la participación de la ciudadanía en esta tarea tan importante y difícil como es terminar con la delincuencia.

Votaré a favor la iniciativa porque representa un avance en transparencia y modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque va en contra de una cultura de control deficiente de los uniformados por parte del poder civil y porque es necesario creer que aún existen al interior de nuestras instituciones quienes buscan desempeñar su labor honradamente y sin privilegios heredados, de ningún tipo.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, efectivamente, como lo han dicho algunos parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, estos son los tiempos de la transparencia.

Celebro especialmente la iniciativa del Vicepresidente de la Corporación, diputado Jaime Mulet , quien hace poco anunció a la prensa que la Cámara de Diputados haría cambios respecto de la información que entrega a la ciudadanía, por ejemplo, en temas como los cambios de horarios, las remuneraciones, los asesores legislativos y los sueldos. Eso es lo que la ciudadanía demanda.

Obviamente, estamos llegando tarde; en general, el Estado llega tarde. Allí está el fraude en Carabineros para recordarnos todos los días que, en esta materia, ¡por Dios que llegamos tarde! Se perdieron varios miles de millones de pesos y se afectó gravemente el prestigio de una institución tan necesaria e importante como Carabineros de Chile.

Quiero invitar a la honorable Cámara de Diputados a adelantarnos un poco en el proceso legislativo. Efectivamente, en este caso se está entregando a la ciudadanía información sobre las dotaciones de Carabineros y de la PDI; pero en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se discute un proyecto similar, pero referente a las instituciones de las Fuerzas Armadas, que no ha concitado tanto apoyo por lo que podría implicar en materia de seguridad del Estado, porque se incluye el movimiento de tropas, y la fuerza total de efectivos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.

Por eso, hay que distinguir ¿Queremos más transparencia? ¿Debemos al país más transparencia?

Tal como dijo el ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina , debemos tener cuidado en esta materia para no entregar a nuestros vecinos o a los países potencialmente enemigos información sobre la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. No tendríamos por qué entregar la ubicación de los aviones F-16 ni dónde están entrenando sus pilotos, pero sí información sobre las plantas, para que todos los chilenos sepan en qué se gasta cada peso recaudado de los impuestos.

El proyecto, que esperamos se apruebe, hace mención solo a Carabineros y a la PDI. Respecto del artículo 436 del Código de Justicia Militar, es necesario explicar que la interpretación de dicha norma respecto de la dotación de Carabineros ha sido más bien reacia, no se ha entendido aplicable a la materia de este proyecto de ley, que es la dotación institucional. Se entiende en términos prácticos que ha quedado en desuso, porque se aplica la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y por la interpretación entregada por el Consejo para la Transparencia respecto de este punto.

Este proyecto resulta positivo; a nuestro juicio, contiene una buena norma que no merece reparos. Distinta es la situación del proyecto sobre las Fuerzas Armadas, toda vez que por su propia naturaleza la entrega de información sí podría afectar la seguridad del Estado, por ejemplo, si se entrega información de la dotación desagregada de alguna unidad de la Fuerza Aérea, de la Armada o del Ejército.

Anuncio que apoyaremos este proyecto de ley, que traerá más transparencia a Carabineros, pero lo más importante es que todos juntos, como chilenos, recuperemos el respeto por esta tremenda institución.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto, que busca terminar con el privilegio del secreto o de la reserva en dos instituciones -Carabineros y la Policía de Investigaciones-, va en la dirección correcta, porque otorga más transparencia. Hasta hoy los chilenos no pueden acceder al movimiento financiero y de personal de estas instituciones, y no pueden conocer las compras millonarias que realizan, pese a tratarse de un estándar establecido en toda la administración pública.

La presentación del proyecto se enmarca en la crisis que vive Carabineros. Al igual que otros diputados, participé en la comisión especial investigadora sobre el fraude en Carabineros, denominado “pacogate”, que es el fraude más grande en la historia de Chile. En efecto, su perjuicio fiscal supera los 28.000 millones de pesos, y en él participaron como autores o encubridores más de cien funcionarios públicos, civiles o uniformados. Lo más insólito es que no fue un acto ocasional o único, sino que se extendió por más de diez años.

La única explicación para que haya surgido esta red de corrupción y, sobre todo, para que se haya mantenido sin ser detectada por ninguna institución pública ni privada por más de diez años, es debido al secreto y a la reserva que entregaba el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Insisto: esa es la única razón. Si hubiera existido transparencia, esto habría sido resuelto a poco andar.

La referida comisión especial investigadora estableció que hay condiciones estructurales que permiten que esta crisis sea crónica, y que vayan surgiendo, una y otra vez, distintos tipos de fraude en la institución policial. La condición principal es la falta de transparencia.

Felicito a los autores de esta moción y al diputado Iván Flores , quien presidió la Comisión de Seguridad Ciudadana y sacó este proyecto adelante.

La iniciativa ataca el secreto de la dotación o planta de Carabineros. Al respecto, la única explicación para que no se haya detectado presupuestariamente que salieron 28.000 millones de pesos del presupuesto de Carabineros es que existían dos plantas: la creada por ley, constituida por alrededor de 65.000 uniformados, y la dotación real, que tiene alrededor de 6.000 o 7.000 carabineros menos, puestos que no se han creado nunca, pero por los que Carabineros recibía dineros para el pago de las remuneraciones. En otras palabras, existía un suplemento presupuestario gigantesco todos los años. Sobre esa base, los que eran parte de este fraude, usaban todas las artimañas de pagos de remuneraciones y asignaciones para hacerse de este botín de 28.000 millones de pesos sin que nadie lo detectara.

Este proyecto termina con el secreto y la reserva de las dotaciones, por lo que espero que haga su contribución a la limpieza de una institución legítima.

Sin embargo, debo advertir que aquí hay un pequeño error. Luego de hacer una revisión con el diputado Iván Flores, constatamos que en una parte del artículo 1º se establece que se mantiene la reserva o secreto respecto de las dotaciones cuando son comunales y su publicidad pueda afectar la seguridad pública o los derechos de los mismos funcionarios. Ahí se mantiene la reserva o secreto, lo que está bien. Sin embargo, existe una contraexcepción que se funda en que no regirá esta reserva o secreto, es decir, que será público, solo para el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República. Esto tampoco tiene discusión, porque la Contraloría fiscaliza y el Ministerio del Interior es el ente superior jerárquico de Carabineros. El problema es que cuando uno establece una excepción para estos dos organismos, excluye a otras instituciones de la posibilidad de tener conocimiento y acceso público a información sensible para recuperar a la institución Carabineros.

¿A quién se excluye al no ser mencionado en este artículo? En primer lugar, a la Unidad de Análisis Financiero, que es la institución que debiera detectar cuando hay movimientos inusuales de pagos de remuneraciones en las dotaciones. Al no contar con información a ese nivel, como se quiere establecer, se priva de la facultad de fiscalizar. ¿Quién sí puede fiscalizar? La Cámara de Diputados, a través de sus facultades fiscalizadoras. Sin embargo, al mantener este secreto, aunque sea limitado, cercenamos nuestras propias facultades.

En razón de lo anterior, aprobaremos en general el proyecto, pero pediremos votación separada respecto de esta norma específica.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, este es uno de esos proyectos que uno ha esperado por largo tiempo. No puedo sino felicitar la iniciativa del diputado Iván Flores y de quienes lo suscribieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, no quiero dejar de mencionar tres aspectos que, desde mi punto de vista, es necesario tener presentes, pero que no vamos a poder resolver aquí porque no tenemos la posibilidad de presentar indicaciones en la Sala en esta etapa del debate. Con todo, es importante hacerlo presente en el Senado, para ver si esa instancia está disponible para incorporar los cambios a los que me voy a referir, y luego nosotros ratificarlos para no tener que recurrir a una comisión mixta.

El primero se refiere a la información que se obliga a entregar respecto de las remuneraciones del personal de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Es cierto que la dotación es uno de los elementos fundamentales que, como decía el diputado Leonardo Soto , dio pie para que se generara el mayor fraude al fisco que haya conocido la historia de Carabineros. Sin embargo, el problema no está solo en las remuneraciones.

Al respecto, pensando en lo que debiéramos resolver cuando regrese el proyecto desde el Senado, quiero que concordemos la adición de la expresión “remuneraciones y sus asignaciones, cualquiera sea su naturaleza”. Lo planteo, porque no vaya a ser cosa que nos encontremos con sorpresas, como la de los cuatro últimos comandantes en jefe del Ejército, que recibían 10 millones de pesos mensuales para gastos de operación y funcionamiento de la casa fiscal que ocupaban, entendiendo por ello alimentación, limpieza de vidrios, aseo en general, corte de pasto, traslado de la familia, trasladado de la señora del comandante en jefe al supermercado en auto fiscal, etcétera. No vaya a ser cosa que por no incorporar las asignaciones, cualquiera que sea su naturaleza, vayamos a estar pidiendo la transparencia solo de la remuneración y no de los ingresos, que podrían llegar a ser incluso muchísimo mayores que los ingresos por vía de remuneración fiscal.

Asimismo, se debe tener presente que en estos ingresos tienen que considerarse todos aquellos que provengan o tengan su origen en la condición de funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, entiéndase, a modo de ejemplo, aquellos provenientes de mutuales, cooperativas y todo otro ingreso derivado del grado o de la función que está ejerciendo ese funcionario de Carabineros o funcionario policial.

Por último, al modificar el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en la primera norma, nos estamos disparando en el zapato, porque estamos imponiendo la obligación de hacer pública toda la información relacionada con la dotación de las policías al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Contraloría General de la República. En esta parte echo de menos una frase: “, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.”. Digo “Cámara de Diputados” y no “Congreso Nacional”, porque el Senado no tiene facultades fiscalizadoras.

Votaré favorablemente el proyecto de ley. Espero que en el Senado los autores de la iniciativa, con quienes ellos estimen conveniente, puedan trabajar en incorporar estos elementos adicionales para que, a final de cuentas, podamos contar con un Código de Justicia Militar y una la ley sobre acceso a la información pública lo más transparente posible, que es lo que hoy se nos demanda a todos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que este es un proyecto que no va en contra de Carabineros, tal como alguien pudiera pensarlo. Este es un proyecto que viene a solucionar un tema que históricamente quedó mal determinado, porque en el Código de Justicia Militar se asimiló el orden público y la seguridad ciudadana a la defensa nacional y a la seguridad del Estado.

En este punto concuerdo con lo dicho por el diputado Jorge Alessandri respecto de que aquí hay temas distintos. Uno tiene que ver con la defensa nacional, donde debe haber un grado de secreto y cuidado respecto de la información; el otro se relaciona con el orden público y la seguridad ciudadana, donde los grados de exigencia ciudadana respecto de la eficacia y eficiencia que debe tener la policía en los barrios y en las comunas no posibilita que la información sea secreta.

Lo planteo de esta forma porque muchas veces, al ser secreta, se generan los problemas que ya hemos visto. En primer lugar, el desfalco -como bien decía el diputado Leonardo Sotode 28.000 millones de pesos en Carabineros, que se produce precisamente porque la planta legal o financiada era totalmente distinta de la planta real que tenía Carabineros. Ese espacio que se producía generó la posibilidad de desfalco.

Por otro lado, cuando uno está en terreno, y la gente demanda seguridad, se da cuenta de que existen ciertos mitos, como que hay comunas que tienen más carabineros y otras menos. La verdad es que eso no lo sabemos, porque cuando se pide esta información a Carabineros, la institución se ampara en la ley, o muchas veces la entrega parcializada o incompleta.

Por tanto, al ser esa información pública podremos complementar leyes relativas a la protección y fiscalización, porque se tendrá información sobre la cantidad de gente con que cuenta Carabineros.

Para ser justos, esto se discutió en la mesa de trabajo sobre seguridad que convocó el Presidente Sebastián Piñera a principios del año pasado, y está dentro de las 150 propuestas de gobierno.

Respecto de la fiscalización, creo que hay que esperar lo que viene en el proyecto de ley que moderniza la policía, iniciativa que hoy se encuentra en el Senado y que busca hacerse cargo del manejo financiero, de las asignaciones, así como del control de que serán objeto las policías no solo por parte de entes públicos, sino también por agentes externos que auditarán y tratarán de que la información sea lo más transparente, para así evitar desfalcos y robos como los producidos en Carabineros. Este es un muy buen proyecto que viene a separar la seguridad ciudadana de la defensa nacional y la seguridad del Estado.

Sin embargo, quiero hacer presente una materia que no está contemplada en la iniciativa y que tiene que ver con el desconocimiento de la cantidad de autos y motos, es decir, de medios de movilización que tiene Carabineros. Lo planteo, porque la verdad es que hoy un carabinero a pie no sirve de nada en el acto de patrullar y de llegar en forma rápida frente a la denuncia de cualquier ciudadano.

En verdad -esto le puede haber pasado a muchos diputados-, cuando uno concurre a una comisaría y habla con el mayor de Carabineros, siempre dice que la mitad de los autos están malos.

Sin embargo, en el presupuesto -y hago un mea culpa porque también lo aprobé aprobamos la compra de autos. Los autos jamás debiesen ser de Carabineros, sino totalmente licitados a una empresa externa, y cuando se echan a perder, debiesen ser repuestos en forma rápida, pero seguimos con la lógica de que Carabineros sea dueño de sus autos. Entonces, se echan a perder y ahí quedan, y pueden pasar uno, dos o tres años de espera para que los arreglen.

Ojalá que la transparencia no solo se refiera al personal, sino también a los medios con que cuenta Carabineros para realizar su trabajo en forma eficiente y eficaz.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, y la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual en la actividad deportiva nacional.

Diputado informante de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Sebastián Keitel .

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado, y se votará en esta sesión.

Antecedentes:

-Moción, sesión 50ª de la presente legislatura, en 19 de julio de 2018.Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 109ª de la presente legislatura, en 11 de diciembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 31.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor KEITEL (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Deportes y Recreación, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Harry Jürgensen , Pablo Kast , Sebastián Keitel y Cristóbal Urruticoechea , y de la diputada señora Érika Olivera , que modifica la ley Nº 19.712, del Deporte, y la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional, con urgencia calificada de simple.

Por motivos de tiempo, y debido a la extensión de las materias abordadas en la relación de este informe, omitiré referirme tanto a la nómina de autoridades e invitados y a sus exposiciones, que indudablemente constituyeron un valioso aporte al debate de esta iniciativa parlamentaria, como también a los fundamentos y antecedentes de la misma, destacando, al efecto, que todo ello se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados en el informe pertinente.

Ideas matrices o fundamentes

La idea central de este proyecto es modificar la ley Nº 19.712, del Deporte, y la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, con el propósito de establecer la obligación de contar con un protocolo que prevenga y sancione las conductas de acoso sexual en la actividad deportiva nacional.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay normas con ese carácter.

Normas que requieran trámite en la Comisión de Hacienda

No contiene disposiciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Aprobación del proyecto en general

En la sesión 28a, de 16 de octubre de 2018, el proyecto se aprobó en general por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrés Celis , Ricardo Celis , Juan Fuenzalida , Marcos llabaca, Sebastián Keitel , Jaime Mulet , Pablo Prieto y Rolando Rentería , y las diputadas señoras Maya Fernández y Marisela Santibáñez .

Artículos e indicaciones rechazados o declarados inadmisibles

No hubo artículos rechazados.

Sin embargo, hubo varias indicaciones rechazadas, tanto del Ejecutivo como de diversos diputados y diputadas, que se consignan íntegramente en el informe pertinente.

Asimismo, no hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

Relación descriptiva del proyecto

La moción consta de dos artículos:

Por el artículo 1, se modifican diversos artículos de la ley Nº 19.712, del Deporte, con el objeto de agregar en la definición de deporte, contenida en su artículo 1°, la promoción de un trato digno entre las personas y consagrar la prevención y sanción del acoso sexual en el desempeño de la función deportiva.

En el artículo 8°, se establece para el Instituto Nacional del Deporte, en el marco del Programa Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, una nueva facultad, cual es la creación y promoción de protocolos de acoso sexual en la actividad deportiva, destinada tanto a prevenir conductas inapropiadas como a sancionarlas.

El artículo 32 contempla la obligación para las organizaciones deportivas de respetar la integridad física y psíquica de sus integrantes, la que estará debidamente regulada en un protocolo contra el acoso sexual.

El artículo 33 determina que el Comité Olímpico debe promover las buenas prácticas en el trato, sustentadas en un protocolo contra el acoso sexual.

En el artículo 39 se ordena que los estatutos de las organizaciones deportivas constituidas en conformidad con la ley contengan un extracto del protocolo contra el abuso sexual.

Mediante el artículo 2, se modifica el artículo 16 de la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en el sentido de incorporar en la definición de sociedad anónima deportiva profesional la circunstancia de que promuevan el bien común, el respeto irrestricto a las personas en su trato y, muy especialmente, sancionen cualquier conducta inapropiada en el desempeño de su actividad.

Discusión y votación del proyecto

En cuanto a la discusión general, cabe consignar que, para procurar un acercamiento a esta materia, y con el propósito de ilustrar de mejor forma la discusión de esta iniciativa, la Biblioteca del Congreso Nacional elaboró un trabajo de derecho comparado que se pone a disposición de las señoras y de los señores diputados, que se encuentra a disposición en el informe en formato digital, sobre la existencia de legislación o protocolos contra el acoso sexual en el deporte.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades e invitados, las señoras diputadas y los señores diputados aprobaron la idea de legislar sobre la materia.

Antes de entrar de lleno a la discusión y votación particular de la moción en estudio, debo mencionar que la comisión debatió acerca de modificar la suma del mismo, que es del tenor que sigue:

“Modifica la ley Nº 19.712, Ley del Deporte, y la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional”.

Luego de un breve debate respecto de modificar el título de la moción, ampliando la aplicación de la normativa que se quiere regular de la ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, y precisando las conductas que se pretenden sancionar, esto es, el acoso sexual, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación, e incluirlas en el protocolo que se dicte al efecto, se formuló indicación sustitutiva en tal sentido, la que fue aprobada por unanimidad,

En cuanto a la discusión y votación particular de la iniciativa, la comisión dio a su articulado el tratamiento y adoptó los acuerdos que se describen a continuación.

Artículo 1 del proyecto

Introduce, mediante diversas letras, diversas enmiendas en la ley Nº 19.712, del Deporte: Entre las modificaciones más importantes, se destacan las siguientes:

En su artículo 1, que señala lo que debe entenderse por deporte, se mejora la redacción original propuesta mediante indicación parlamentaria aprobada por unanimidad, que agrega una frase final, exigiendo que además se promueva un trato digno entre las personas, con especial énfasis en la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, maltrato y discriminación, por ser contrarias al buen trato que ha de primar en la práctica deportiva.

En el artículo 8, mediante indicación parlamentaria aprobada por unanimidad, se reemplaza la propuesta de la moción y se redacta de mejor forma, y respecto del Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, que debe desarrollar el Instituto Nacional del Deporte, se le otorga una nueva acción a seguir, cual es dar cumplimiento al protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte respecto de la prevención y sanción de las conductas allí descritas.

En el artículo 32, se aprueba por unanimidad una indicación de varios diputados que prescribe que toda organización deportiva deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato que pudiere ocurrir entre sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportista, sustituyendo la idea original del proyecto.

Asimismo, se aprueba por asentimiento unánime una indicación parlamentaria que agrega un inciso final nuevo al artículo 32, que ordena que las organizaciones deportivas, al momento de optar a cualquiera de los beneficios contemplados en la ley Nº 19.712, deberán acreditar haber adoptado el protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte en conformidad a su ley orgánica, para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato.

Se presenta una indicación parlamentaria, aprobada por unanimidad, que agrega un nuevo artículo 33 quáter, que establece que son obligaciones del Comité Olímpico de Chile y del Comité Paralímpico de Chile promover el cumplimiento del protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato.

Se formula una indicación parlamentaria, aprobada por unanimidad, que incorpora, a continuación del número 4 del inciso primero del artículo 40 P, el siguiente número 5 nuevo, que corresponde a la nueva función que se otorga al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, cual es la de conocer de cualquier reclamación que se efectúe contra una organización deportiva, por incumplimiento en materia de prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, en conformidad al protocolo elaborado para tales efectos por el Ministerio del Deporte.

Asimismo, se definen los conceptos de conducta discriminatoria, maltrato, acoso sexual y abuso sexual.

Artículo 2

Este artículo introduce, a través de numerosas letras, varias modificaciones en la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

1. Se modifica el artículo 16 de la ley en enmienda, que se refiere al giro de las SADP, y se agrega que deben promover el bien común, el respeto irrestricto a las personas en su trato y, muy especialmente, sancionar cualquier tipo de conducta inapropiada en el desempeño de su actividad.

Respecto de este N° 1, se formula una indicación parlamentaria, aprobada por unanimidad, que intercala en el artículo 1° de la referida ley un inciso segundo nuevo, estableciendo la obligación a las organizaciones deportivas profesionales de promover el respeto irrestricto a las personas y, muy especialmente, de adoptar el protocolo necesario para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, aprobado por el Ministerio del Deporte.

2. Mediante indicación parlamentaria, aprobada por asentimiento unánime, se incorpora una nueva letra d) al artículo 6°, que contempla una nueva obligación para las organizaciones deportivas profesionales que les permita permanecer en una liga o asociación deportiva profesional, cual es “La adopción del protocolo a que se refiere el numeral 17 del artículo 2° de la ley Nº 20.686, orgánica del Ministerio del Deporte, debiendo remitir trimestralmente informe de cumplimiento del mismo a la asociación o liga y al Instituto Nacional del Deporte.”.

3. A través de una indicación parlamentaria que modifica el artículo 8°, aprobada por unanimidad, se añade un nuevo requisito que se les exigirá acreditar a las organizaciones deportivas que desarrollen actividades deportivas profesionales, cualquiera sea la normativa jurídica bajo la cual se hayan constituido, y que consiste en cumplir estrictamente los protocolos a que hace referencia el número 17 del artículo 2° de la ley Nº 20.686, ley orgánica del Ministerio del Deporte, que es la obligación del Ministerio del Deporte.

4. Se incorpora en el artículo 17 de la ley en enmienda, que se refiere al contenido mínimo de los estatutos de las SADP, un número 6), nuevo, del siguiente tenor:

“6) Extracto del contenido de un protocolo contra el acoso sexual en el desempeño de su actividad.”.

Se formula una indicación del Ejecutivo para reemplazar el texto anterior, aprobada por unanimidad, que incorpora en el artículo 12 un inciso segundo, nuevo, que expresa que los órganos que en conformidad a la ley y a los respectivos estatutos de cada organización deportiva profesional tengan competencia para aprobar las reformas a sus estatutos, serán competentes, a su vez, para adoptar el protocolo a que se refiere el número 17 del artículo 2° de la ley Nº 20.686, entendiéndose incorporados a sus estatutos de pleno derecho y cuya adopción será requisito para acceder a los beneficios y franquicias contemplados en esta ley.

Dicho protocolo lo debe dictar el Ministerio del Deporte, según indicación del Ejecutivo que le da esta nueva atribución, que se aprueba mediante la introducción de un artículo tercero nuevo, como se detalla a continuación:

Artículo 3, nuevo

Se aprueba por unanimidad una indicación del Ejecutivo que añade un nuevo artículo tercero, que agrega en el artículo 2° de la ley Nº 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, una nueva atribución concedida al referido ministerio, que consiste en elaborar y aprobar, mediante decreto supremo, un protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte, que deberá ser adoptado por las organizaciones deportivas a que se refiere el Título III de la ley Nº 19.712, del Deporte, como requisito para acceder a los beneficios contemplados en dicha ley, y por las organizaciones deportivas profesionales regidas por la ley Nº 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, como requisito para acceder a los beneficios y franquicias contemplados en el mismo cuerpo legal.

Artículos primero y segundo transitorios, nuevos

El Ejecutivo formuló sendas indicaciones para agregar, a continuación del artículo tercero, nuevo, un epígrafe denominado “Disposiciones Transitorias” y para añadir los siguientes artículos transitorios, nuevos:

El artículo primero transitorio, que prescribe que el decreto supremo a que se refiere el artículo tercero nuevo deberá dictarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, se aprobó por unanimidad.

Y finalmente, el artículo segundo transitorio, que sostiene que la obligación de acreditar la implementación del protocolo general a que se refiere el artículo tercero nuevo por parte de las organizaciones deportivas empezará a regir una vez transcurridos seis meses desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto supremo a que se refiere el artículo precedente, se aprueba por mayoría de votos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, en nuestro país el acoso sexual constituye una penosa realidad que debe ser reprimida con todo el peso del poder institucional; constituye una manifestación del abuso de poder, que no debe ser tolerada en sociedades libres y democráticas como la nuestra. En ese anhelo, el Estado, nuestra administración y el Poder Legislativo son las entidades que primero están obligadas a desplegar sus potestades en torno a establecer normativas vinculadas con la disminución de esas conductas y de establecer y aplicar las sanciones correspondientes a sus responsables.

En materia de acoso sexual, si bien hay un rechazo general en torno a lo pernicioso de esta conducta, a nivel legal y reglamentario no hay normas generales que sancionen esas nefastas prácticas, pues se circunscriben solo al ámbito de las relaciones laborales. A nivel penal, no encontramos normas que sancionen el acoso sexual como un atentado a la dignidad de la persona.

Es por ello que, como autoridades públicas, debemos generar acciones que conduzcan a restringir ese mal. Todas las iniciativas que apunten en ese sentido van en la dirección correcta.

Recurrentemente, a través de los medios de comunicación, se han difundido casos de acoso sexual en el ámbito del deporte, malas prácticas que hoy resultan intolerables, que infelizmente no se encuentran debidamente normadas en este y en otros ámbitos de nuestra vida ciudadana.

Por esa razón, nos parece sensato consagrar mecanismos legales de protección hacia los afectados por actos de acoso, especialmente a las mujeres, que, desde un punto de vista estadístico, son las primeras afectadas por actos de tan deleznable calaña moral.

La existencia de protocolos antiacoso sexual, sin duda, representan un paso adelante en el tratamiento represivo de esas conductas. Sin embargo, la acción dirigista estatal debe ir más allá. Mediante la consagración de un estatuto general contra el acoso sexual, debe promover condiciones igualitarias y dignas para hombres y mujeres, castigando severamente los atentados a la honra de las personas, uno de los valores arraigados en lo más profundo de todo ser humano.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra del Deporte, Pauline Kantor , quien nos acompaña en la Sala.

Felicito al diputado Sebastián Keitel . En la Comisión de Deportes y Recreación le agradecí su gestión, porque es valorable que sea un hombre quien impulse una iniciativa como esta, que generalmente abordamos solo las mujeres.

Del mismo modo, quiero agradecer a quienes integran la Comisión de Deportes y Recreación, porque en la discusión de esta materia siempre manifestaron buena disposición para conversar.

La comisión contó con la participación de dos exdeportistas, quienes fuimos testigos de diferentes tipos de abuso que ocurren en el mundo del deporte. No me refiero solo al abuso de poder, al maltrato o a la discriminación, sino también al abuso sexual, al acoso sexual y, por qué no decirlo, a la violación, lamentablemente.

Cómo no recordar el caso del exmédico del equipo estadounidense de gimnasia olímpica, Lawrence Nassar , de 54 años de edad, quien durante dos décadas cometió abusos sexuales contra, por lo menos, 156 mujeres jóvenes.

La sentencia de la jueza que llevó ese caso consistía en una condena ejemplar de 40 a 175 años de cárcel, que se suma a otra de 60 años por el delito de posesión de pornografía infantil. Destaco esta condena, porque es lo que uno quisiera que ocurriera en el mundo del deporte nacional. Personalmente, me ha tocado conocer casos de abuso y de violación, los cuales, lamentablemente, han quedado en la impunidad. En algunos casos, mejor dicho en la mayoría de ellos, ha habido encubridores.

Hemos conocido también los casos de abuso que incumben a la Iglesia católica, donde hubo tanto curas abusadores como curas encubridores. En el mundo del deporte pasa exactamente lo mismo: ha habido quienes han abusado de jóvenes deportistas y otros que han encubierto esos casos. Lamentablemente, las decisiones de algunos han permitido que los abusadores sigan cometiendo ese tipo de delitos.

Esta iniciativa es muy importante, porque la regulación referida al deporte en Chile, establecida en las leyes Nos 19.712, 20.019 y 20.686, no contempla normas específicas para prevenir o para sancionar el acoso sexual y el abuso sexual.

Este proyecto busca que se instaure el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual y el abuso sexual en la actividad deportiva, para proteger no solo a las mujeres, sino a todos los niños y las niñas que practican deportes en nuestro país, y para las personas que día a día trabajan arduamente para llevar a los deportistas hacia el alto rendimiento.

Durante años el mundo del deporte ha sido el escenario propicio para cualquier tipo de abuso en silencio. Por eso es importante que se presente un proyecto como este.

Invito a todos los colegas a votar a favor esta iniciativa, pues con ello estarán generando un gran incentivo para que muchos deportistas, mujeres y hombres, que han sido abusados denuncien en el tiempo correspondiente.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cito: “Me destrozó, me hizo añicos, me hizo sentirme avergonzada, sucia. Pero soy una superviviente. Soy una vencedora, no una víctima. Necesitamos normativas, procedimientos, controles, manuales, investigación, de todo (...). No cejen en su esfuerzo de lograr que todos los niños y niñas tengan y encuentren un espacio seguro en el deporte”.

A sus diez años de edad, Karen Leach , de Irlanda, era una prometedora nadadora. Fue entonces cuando su entrenador comenzó a abusar de ella. La pesadilla duró hasta los diecisiete años de edad.

¡Qué difícil es intentar regular las conductas humanas, la diversidad de personalidades, las cargas culturales, a veces los principios morales y éticos diversos! Pero donde hay unanimidad es en que tenemos que erradicar de toda acción del ser humano la existencia de prácticas discriminatorias, el maltrato, el acoso y el abuso sexual. Creo que en eso estamos todos de acuerdo.

En el Congreso Nacional hemos legislado y avanzado bastante en materia de protección de los derechos de las mujeres, pero aún estamos en deuda en cuanto a eliminar la violencia en contra de ellas. De ello dan cuenta los cinco femicidios consumados y los ocho frustrados durante este año en nuestro país. Hay una actividad en la cual no se ha tratado directamente esta materia con la fuerza que se requiere, donde, al parecer, no existiría este tipo de conductas: el deporte.

Por ello, valoro el proyecto del diputado Keitel , ya que nos da la posibilidad de debatir y poner sobre la mesa la existencia de prácticas que no son aceptables en ninguna actividad humana, lo que toma especial relevancia en el ámbito del deportes, considerando que gran parte de nuestros deportistas son jóvenes, niñas y niños, que se encuentran en etapa de formación.

Asimismo, felicito al Ministerio del Deporte, en especial a su ministra, por invitarnos a ampliar esta discusión y no radicarla solo en el acoso sexual, sino extenderla para que, en general, haya buen trato en el deporte.

Es así que como Comisión de Deportes y Recreación, de manera unánime, tras un debate intenso e interesante, buscamos no solo eliminar el abuso sexual, sino, además, el acoso sexual, el maltrato y la discriminación.

La Carta Olímpica nos señala que “La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad y espíritu de amistad y de fair play…”.

El acoso sexual, el abuso, la discriminación y el maltrato en el deporte tienen características únicas, debido a la relación de poder que se establece, ya sea entre los mismos deportistas, como entre estos y sus entrenadores, dirigentes o apoderados.

Estas situaciones pueden producirse en cualquier deporte y a cualquier nivel. Los miembros del entorno del deportista que ocupan puestos de poder y autoridad suelen ser los principales autores, aunque los compañeros de los deportistas también suelen identificarse como autores de acoso sexual. Además, es necesario señalar que estas prácticas no solo afectan, como señaló el diputado Keitel , a las mujeres; los hombres también son víctimas de ellas.

Diversas investigaciones demuestran que el acoso sexual en el deporte puede afectar de forma grave y negativa la salud física y psicológica del deportista, dando lugar a una reducción del rendimiento e, incluso, provocando su marginación de la actividad deportiva, de acuerdo con lo que señala la Declaración de Consenso del Comité Olímpico Internacional, de 2007.

Esa declaración identifica cinco formas principales de acoso y abuso: el abuso psicológico, el abuso sexual, el acoso sexual, abandono y abuso físico, que pueden menoscabar el rendimiento de los atletas, estar asociados con el dopaje, aumentar la disposición de los atletas a hacer trampas, conducir al abandono del deporte, socavar la confianza que los atletas depositan en los administradores deportivos; incluso, estos pueden llegar al suicidio.

Debemos plantearnos como objetivo el que las organizaciones deportivas, las federaciones y las sociedades anónimas deportivas adopten medidas destinadas a prevenir y, ojalá, eliminar estas conductas y toda actitud discriminatoria en el deporte, aplicando la legislación vigente; a informar a los deportistas y a sus padres sobre los riesgos de que se produzcan estas prácticas en la actividad deportiva; a entregar formación específica al personal de las organizaciones deportivas, y a asegurar el seguimiento de las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes en caso de constatarse su existencia.

Soy un convencido de que, de la mano de este proyecto de ley y del establecimiento de los protocolos que se exigirán a las diferentes ramas del deporte, podremos cambiar la cultura imperante en estas materias.

No sirve de nada que sigamos legislando sobre esto si no nos preocupamos de la educación, de cambiar la cultura en nuestro país. No sacamos nada con seguir legislando ni aumentando penas en caso de contravención, pues lo cierto es que de la mano de las sanciones debemos poner énfasis fundamental en la educación.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Los jefes de los Comités Parlamentarios acordaron que este proyecto se vote hoy y dar hasta treinta minutos para su discusión.

Como hay ocho diputados inscritos, ¿habría acuerdo para que cada uno de ellos pueda intervenir hasta por tres minutos, a fin de que todos puedan hacer uso de la palabra?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, me sumo a los colegas que se han referido positivamente a esta iniciativa del diputado Keitel , que, por cierto, votaré favorablemente, la cual aplaudí mucho en la comisión y vuelvo a aplaudir en esta ocasión. Se trata de un proyecto que busca modificar las leyes Nos 19.712 y 20.019 para establecer la obligación de contar con un protocolo contra el acoso sexual en la actividad deportiva nacional.

Me permito señalar, en primer término, lo imperioso que resulta avanzar en esta materia. Muchos son los casos que he conocido a través de la opinión pública y también en el ejercicio de mi función como parlamentario y, en general, a lo largo de mi vida, que ha estado siempre muy ligada al deporte.

Por ello, me sentí un poquito discriminado cuando la ministra habló solo de dos deportistas. Si bien soy de una generación mucho más antigua, me dediqué al atletismo en forma amateur, actividad en la que obtuve grandes logros a nivel regional y zonal sur. Además, tengo el honor y el orgullo de haber sido futbolista profesional durante quince años. Lo menciono solo para ilustrar a la ministra.

Numerosas son las acusaciones en este ámbito, donde la jerarquía y la superioridad de los cargos permite, en muchos casos, el florecimiento de conductas alejadas del derecho, ligadas a graves ofensas a la moral y, en definitiva, a una serie de valores que deben ser la esencia de una sociedad moderna, como el respeto entre todos y la dignidad intrínseca del ser humano.

Cuando las conductas de abuso son repetitivas en entidades u organizaciones deportivas, lo que se está transgrediendo severamente es la dignidad de una persona; son sus valores los que están siendo atacados, en el marco de una cultura del respeto que ha sido ampliamente fraccionada por quienes han abusado por años de sus poderes o de los cargos que se les han conferido.

Este tipo de casos no solo daña la moral y los valores individuales de las víctimas, sino también es otra forma de corrupción en las instituciones, en que el miedo pasa a ser eje central de los deportistas, que ven frustrados sus sueños.

En este sentido, no podemos estar sino del lado de las víctimas; ellas son las desprotegidas de nuestra sociedad y las que requieren una mano amiga en tiempos de tempestad.

Resulta menester avanzar hacia un protocolo que establezca los elementos básicos de una nueva política en la materia, permitiendo así el normal desarrollo y convivencia de todos nuestros deportistas.

Como señalé, votaré favorablemente este proyecto, pues aquí hay una caja de Pandora que aún no se ha abierto. Ello sucederá cuando aparezca el protocolo, pues nos permitirá darnos cuenta y conocer, a través de los medios, lo que…

El señor MULET (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Se ha solicitado reunión de los Comités sin suspensión de la sesión.

Cito a reunión de los Comités.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, felicito al diputado Keitel y a todos quienes lo acompañaron en la presentación de esta iniciativa, así como a la ministra del Deporte y sus colaboradores, toda vez que nos permiten enfrentar, mediante este proyecto, un problema que probablemente está oculto. En efecto, muchos imaginan que no hay acoso sexual en los recintos deportivos, no obstante que la experiencia, los hechos y los relatos revelan lo contrario.

Se trata de una situación que debemos abordar con verdad, con transparencia, con altura de miras, con cariño y con afecto hacia las víctimas; también con protección para quienes practican deportes y dedican su vida a aquello.

El deporte es, en parte, una actividad educativa, pues forma patrones de conducta para la vida. Por eso, debe ser un espacio libre y seguro, y parte de esa seguridad tiene que ver con cómo enfrentamos problemas como el acoso sexual, que, según expresé, permanece oculto.

Esta situación ha permanecido escondida en otras esferas y lugares de la vida nacional, en los que nadie imagina que hay acoso. Pero se ha ido avanzando claramente en distintas instituciones y ámbitos de la sociedad, para generar espacios de certeza, de seguridad y de tranquilidad, con el objeto de que las personas se sientan libres de ser acosadas y de que los acosadores se sientan inhibidos, porque pueden ser sancionados.

Es difícil imaginar que en un espacio tan importante, digno, bueno, educativo y generador de momentos felices en la vida, como es el deporte, se generen estas prácticas, que deben ser sancionadas severamente por la sociedad, pero también deben existir cuerpos legislativos que resguarden la seguridad de las personas.

Me alegro mucho de que los diputados que presentaron esta moción hayan contado con el apoyo de la ministra del Deporte y de todo su equipo, porque este es un tema transversal, no es político-partidista; es un tema que afecta a todos quienes practican deporte -jóvenes y adultos-, que necesitan sentirse seguros en ese espacio.

Por cierto, este proyecto tan importante contará con mi voto favorable.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel .

El señor KEITEL.-

Señor Presidente, el acoso sexual en el deporte tiene características únicas, debido a la relación de poder que se establece entre los entrenadores y los deportistas. En 2007, el Comité Olímpico Internacional publicó una declaración en la que afirmaba que “tanto el acoso como el abuso sexual se producen en cualquier deporte y a cualquier nivel, y parece ser que con mayor frecuencia en el deporte de élite. Los miembros del entorno del deportista que ocupan puestos de poder y autoridad suelen ser los principales autores, aunque los compañeros de los atletas también suelen identificarse como autores y normalmente son con más frecuencia personas del sexo masculino que del sexo femenino.”.

El acoso y el abuso sexual en el deporte pueden afectar de forma grave y negativa la salud física y psicológica del deportista, dando lugar a una reducción del rendimiento y provocando la marginación del deportista.

Nuestro país regula el acoso o abuso sexual solo en un contexto de relación laboral. Un porcentaje muy bajo de quienes ejercen la actividad deportiva podría recurrir a la justicia ante un caso de acoso o abuso sexual, debido a que el mayor porcentaje de quienes realizan una actividad deportiva no cuenta con un contrato de trabajo. Esa es la realidad de nuestro país.

El proyecto de ley tiene por objeto tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la realización de este tipo de conductas agresivas en contra de la comunidad deportiva, sin distinción de rango, sexo o categoría, estableciendo la obligatoriedad de contar con un protocolo que contenga todas las conductas que dicen relación con acoso, abuso, maltrato y discriminación en contra de las personas, además de tomar medidas para erradicar estas conductas y sancionarlas cuando corresponda. En definitiva, el proyecto busca educar a las personas en la prevención y erradicación de estas conductas reprochables en el ámbito de la actividad deportiva.

La idea es que en Chile se instaure un respeto del más alto nivel para quienes participan de la actividad deportiva, como también para quienes quieran incorporarse a ella. Quienes somos padres debemos llevar a nuestros hijos a los distintos centros deportivos, tanto de colegios, canchas y centros de alto rendimiento, etcétera, con la mayor confianza posible.

Lo que me ha motivado a presentar este proyecto es que si queremos que los niños, las mujeres y los hombres se acerquen mucho más al deporte, debemos proporcionar las condiciones necesarias y suficientes para que se sientan cómodos y protegidos.

Nuevamente, pido el apoyo de todos los diputados. Es el momento de cambiar lo que está sucediendo de manera negativa en el deporte. Agradezco a todos quienes fueron parte de la comisión, a la ministra del Deporte y, especialmente, al gobierno por dar urgencia a este proyecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, intervendré de manera breve, porque los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ya señalaron los elementos centrales del proyecto.

Valoro y celebro la presentación de esta iniciativa, pues la incorporación de deportistas al Congreso Nacional ha permitido la discusión de estos temas.

El problema del acoso, del abuso sexual y del abuso en las relaciones de poder está presente en todas las actividades humanas: en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en los distintos trabajos, en las escuelas, universidades, jardines infantiles, en el Congreso Nacional, en el deporte y, para qué decir, en la iglesia. Es un problema que está en todas las esferas de la sociedad.

Tenemos un patrón común que hay que combatir, el cual nos obliga no solo a elaborar protocolos contra el acoso sexual, sino también a educar sobre el tema. En ese sentido, necesitamos una educación no sexista y con equidad de género, porque el trasfondo del problema no es la falta de un protocolo o de un modo de proceder ante estos casos, sino cómo educamos a nuestros jóvenes y niños para lograr una sociedad distinta. Deben entender que las mujeres no son objetos subordinados a los designios, los intereses y las decisiones de los hombres, porque todos somos iguales. Eso es lo más importante y trascendental.

Celebro esta iniciativa y espero que comencemos a debatir sobre el trasfondo del asunto en el Congreso Nacional, a fin de avanzar hacia una sociedad que garantice una educación y una cultura no machista, no patriarcal y, por cierto, no sexista.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, estamos discutiendo el establecimiento de un protocolo para evitar el acoso y el abuso sexual en el deporte. Ya existe

uno para evitar este tipo de actos en la Cámara de Diputados. La semana pasada discutimos sobre el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. También hemos debatido sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué se deben presentar tantos proyectos de ley sobre este tema? Entiendo que estas iniciativas son necesarias, para cambiar la cultura de la gente, porque estamos viviendo una crisis en esta materia. Lamentablemente, solo nos interesa este tema cuando tenemos que hacer un discurso político o cuando nos ha pasado una situación de este tipo.

Encontré notable que, durante la semana pasada, para los medios de comunicación fue mucho más importante el problema que se suscitó entre el Frente Amplio y la Democracia Cristiana y el Partido Radical que el hecho de que hubiésemos aprobado por unanimidad el proyecto de ley, presentado en su oportunidad por la entonces Presidenta Michelle Bachelet , sobre el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Creo no equivocarme -leí casi todos los diariosal decir que no se tocó el tema en la prensa durante este fin de semana. Se trataron muchos temas, pero este, específicamente, no fue mencionado por los medios de comunicación durante el pasado fin de semana.

Me impacta que un hecho de tanta relevancia carezca de importancia para la prensa y, lo que es peor, para nosotros mismos, y pase como si nada hubiera ocurrido. Claramente, eso es un indicador de lo que nos está pasando como sociedad.

Tenemos un cáncer que nos impide saber qué es lo realmente importante. La persona que vive y sufre un abuso queda marcada para toda la vida, pero parece que no nos damos cuenta de ello.

Invito, aunque sea una voz en el desierto, a que apoyemos este proyecto de ley y todo lo que nos lleve a terminar con esta cultura que ha normalizado la violencia y los abusos.

He dicho.

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, respecto de este proyecto de ley, solo quiero indicar que es parte del movimiento actual de querer tener protocolos que abarquen, regulen y sancionen aquellas conductas calificadas como abuso o acoso sexual.

El protocolo es un comienzo, pero ello debe ir de la mano de otras acciones que impliquen un cambio radical en el mundo deportivo, conocidamente patriarcal.

En el mundo deportivo, conocidamente machista, es esencial contar con la obligación de protocolos que permitan no solo prevenir conductas contrarias o atentatorias al género femenino, sino también permitir detallar estas conductas y las sanciones adecuadas, para evitar la normalización de estas.

En general, los protocolos contra el acoso y la violencia de género permiten tipificar aquellas conductas atentatorias al género, y es allí la importancia de ellos, ya que en un mundo en donde el patriarcado se ha apoderado de todas las instituciones, de la sociedad, etcétera, resulta a veces difícil conocer las conductas que afectan al género. La tipificación y ejemplificación de acciones no solo resultan útiles para conocer cuándo estamos frente un caso de violencia de género, sino que permiten educar y prevenir.

Tal como lo indiqué precedentemente, si bien es necesario un protocolo, especialmente en el mundo del deporte, este es solo un paso, ya que este rubro requerirá de adecuaciones, de nuevas instituciones, etcétera,, que permitan que los casos de acoso o violencia de género dejen de ser normalizados para pasar a ser rechazados por todos, de tal manera que las víctimas se sientan protegidas y sepan a quiénes acudir.

He dicho.