Labor Parlamentaria

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

Diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena es la señora Sandra Amar .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 121ª de la legislatura 361ª, en 4 de marzo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, sesión 122ª de la presente legislatura, en 8 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Si le parece a los señores diputados, se accederá a la petición del ministro de Defensa Nacional para autorizar el ingreso a la Sala de su asesor jefe, dado que fue quién hizo el seguimiento al proyecto que establece el Estatuto Chileno Antártico.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora AMAR, doña Sandra (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece el Estatuto Chileno Antártico, contenido en el boletín N° 9256-27, con urgencia calificada de simple.

Este proyecto tiene como objetivos esenciales, por una parte, impulsar la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo, a partir del Tratado Antártico de 1959, y, por otra, adecuar las normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requieren actualizarse, según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rige en el país, así como que expresen, de manera clara y eficaz, la forma en que Chile ejerce sus competencias y asume sus obligaciones en el marco del Tratado Antártico, considerando en especial que nuestro país tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas.

Durante la discusión de este proyecto, la comisión contó con la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Espinoza ; del ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero ; del subsecretario de Defensa, señor Cristián de la Maza Riquelme , y del asesor del ministro de Defensa Nacional, señor Pablo Urquízar Muñoz , además de numerosos otros invitados, cuya lista se acompaña en el informe que tienen en su poder.

El proyecto fue aprobado en general, en sesión de fecha 3 de octubre del año recién pasado, por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Amar , doña Sandra , y Leuquén , doña Aracely , y los diputados señores Alinco, don René ; Baltolu, don Nino ; Berger, don Bernardo (en reemplazo del señor Kuschel, don Carlos) ; Bianchi, don Karim ; Galleguillos, don Ramón ; Kast, don Pablo ; Mirosevic, don Vlado , y Von Mühlenbrock, don Gastón .

Respecto del contenido del proyecto, este tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente de la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el proyecto de ley reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de política antártica y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales.

La ley que se propone persigue, asimismo, asegurar la capacidad para ejecutar un programa antártico nacional, unificado y eficiente. Para ello, el proyecto de ley cuenta con 54 artículos y 3 disposiciones transitorias, los que se han estructurado en los siguientes títulos:

Disposiciones generales

Refuerza el reconocimiento, protección y fortalecimiento de derechos soberanos antárticos con pleno respeto a las normas del derecho internacional; contempla como objetivo fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; consagra la aplicación excepcional de la extraterritorialidad de la ley nacional en materia antártica.

Institucionalidad antártica chilena

Se actualiza la institucionalidad antártica, con el objeto de coordinar las entidades públicas con competencias sectoriales sobre dicho territorio.

1.Consejo de Política Antártica: órgano interministerial que tiene la función de proponer los grandes lineamientos de la política antártica nacional (este órgano actualmente existe, regulado en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores).

2.Política antártica nacional: promulgada mediante decreto supremo. Debe ser actualizada, al menos, cada diez años.

3.Planes estratégicos antárticos: vigencia de cuatro años, modificables en un plazo menor si se estima necesario. Serán desarrollados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.Programa antártico nacional: es un programa anual de cumplimiento del plan estratégico y será elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.Ministerio de Relaciones Exteriores. Coordinará los diversos ministerios y entidades estatales con competencia sectorial en las actividades antárticas. La coordinación operativa y logística entre las Fuerzas Armadas se realizará a través del Estado Mayor Conjunto, y la coordinación entre estos operadores y los demás ministerios con competencia en la materia se efectuará a través de la Subsecretaría de Defensa; se establece un comité operativo para la evaluación de impacto ambiental sobre el medio ambiente antártico, que dependerá administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente.

Gobierno y administración interior del territorio chileno antártico

Otorga mayores atribuciones y competencia a la región en el curso de políticas antárticas, reconociendo las atribuciones del delegado presidencial regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y las correspondientes al gobierno regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Financiamiento de la actividad antártica nacional

Establece que la ley de presupuestos deberá consultar anualmente los recursos para financiar la actividad antártica nacional.

Regulación de las actividades antárticas

Se regulan las actividades científicas y tecnológicas; el zarpe y despegue de naves y aeronaves nacionales con destino antártico; actividades artísticas, culturales y deportivas; turísticas, pesqueras y de captura de recursos vivos marinos, y de búsqueda y rescate.

Protección y conservación del medio ambiente antártico

Se consagra el principio de protección y conservación del medio ambiente antártico en la planificación y ejecución de actividades en el continente antártico.

Fiscalización y sanciones

Se incorporan infracciones y delitos por la comisión y omisión de determinadas conductas, estableciéndose la competencia y procedimiento a seguir, según sea el caso. Los operadores antárticos serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de este proyecto.

Disposiciones finales

Contempla la disposición que modifica el artículo 52, de la ley Nº 21.080, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de incorporar al gobierno regional de Magallanes y Antártica Chilena en el Consejo de Política Antártica. Esta futura ley no irrogará mayor gasto fiscal.

Disposiciones transitorias

Establecen los plazos de entrada en vigencia de la ley, y de dictación de reglamentos dispuestos en esta futura ley. Asimismo, establece que en el tiempo que medie entre la entrada en vigencia de la ley y el inicio de funciones de los delegados presidenciales regionales y de los gobernadores regionales todas las menciones efectuadas en esta futura ley a dichos cargos deben entenderse efectuadas al intendente regional.

Durante su discusión particular, el Ejecutivo presentó 45 indicaciones que tuvieron por objeto materializar las observaciones de los expositores durante las sesiones de la comisión, basadas en tres grandes líneas fundamentales: materializar y reforzar la soberanía de Chile en la Antártica, comprendiendo que la suscripción del Tratado Antártico no implica, bajo ningún aspecto, una renuncia a las reclamaciones territoriales en el continente blanco; incorporación de un nuevo objetivo del estatuto, que dice relación con fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incorporando, además, un título tercero, nuevo, sobre los roles y las funciones del gobierno regional y del delegado presidencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, y establecer que la coordinación y la conducción de las Fuerzas Armadas en el territorio antártico debe ser coordinada y visada por el Ministerio de Defensa Nacional, lo cual fue discutido y aprobado por la comisión en la forma que consta en el informe del proyecto.

Siguiendo en el mismo orden de ideas, me permito señalar a esta honorable Cámara que la comisión estimó que los artículos 43, 47, 48 y 51 del texto aprobado por ella revisten la calidad de orgánicos constitucionales, en atención a lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de la República, pues inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Asimismo, la comisión, al tenor del informe financiero acompañado al mensaje, estimó que el proyecto no requiere del conocimiento de la Comisión de Hacienda, por cuanto sus normas no inciden en materias financieras ni presupuestarias del Estado.

Por último, es importante destacar que las indicaciones realizadas por el Ejecutivo asumen las inquietudes planteadas por los diputados integrantes de la comisión, acentuando de esta forma un enfoque regionalizador.

Lo anterior se expresa en la incorporación de un nuevo título al proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, denominado Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico, y en las indicaciones desagregadas que tienen por finalidad incrementar la presencia del Gobierno Regional en materia antártica.

El Título III, Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico, distingue entre las atribuciones del delegado presidencial regional y del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En cuanto a las atribuciones del delegado presidencial regional, principalmente “coordinará las iniciativas en la Antártica por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando al Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, le corresponderá:

a)Velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable en la Antártica;

b)Difundir las disposiciones y medidas de protección al medioambiente antártico;

c)Administrar, según corresponda, los fondos que se destinen a actividades de gobierno interior;

d)Ejecutar y supervisar aquellas tareas que le disponga el Consejo de Política Antártica;

e)Facilitar la coordinación entre las autoridades de las bases antárticas chilenas;

f)Recibir las denuncias por infracciones a esta ley, a las normas de protección del medio-ambiente antártico o a la legislación general chilena por hechos acontecidos en la Antártica, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades competentes en la materia, y

g)Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

En cuanto al Gobierno Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, “ejercerá sus atribuciones, en conformidad a la ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En particular, le corresponderá:

a)Promover la identidad antártica.

b)Decidir la destinación de fondos regionales a proyectos específicos a desarrollarse en el territorio antártico.

c)Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, dentro de su competencia.

d)Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el territorio antártico.

e)Fomentar, respetando el ecosistema y el derecho internacional, el turismo en el territorio antártico.

f)Promover la investigación científica y tecnológica.

g)Fomentar, financiar y difundir actividades culturales en el territorio antártico.

H) Promover actividades deportivas en el territorio antártico.

i) Toda otra facultad que le encomiende la legislación vigente.

Las resoluciones que adopte el Gobierno Regional para ejercer una o más de sus atribuciones en materia antártica, deberán ejecutarlas en forma coherente con las políticas públicas nacionales vigentes, correspondiendo al ministro respectivo velar por aquello.”.

Adicionalmente, se han incorporado las siguientes indicaciones que refuerzan la participación del gobierno regional en materia antártica y reconocen la importancia del potenciamiento de la región.

Dentro del artículo 1, que establece los objetivos de la presente ley, se ha incorporado el siguiente número 5: “Fomentar la actividad antártica de Chile, promoviendo el desarrollo social y económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

En el artículo 6, a través de una nueva indicación, de diciembre 2018, se consagra la posibilidad del Consejo de Política Antártica de sesionar también en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En el artículo 17, en lo relativo al delegado presidencial y al deber de coordinación con el gobernador regional, a través de una nueva indicación, de diciembre de 2018, se establece que en el ejercicio de sus funciones el delegado presidencial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena deberá cumplir sus cometidos conforme al artículo 5° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado en 2000 y publicado en 2001.

A través de una indicación de diciembre de 2018, se incorporó un nuevo artículo 54, para intercalar en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 21.080, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, un nuevo número 8, para introducir al gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena dentro del Consejo de Política Antártica.

Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina ; a su jefe de gabinete, Pablo Urquízar , y a los demás asesores, que hicieron una tremenda labor en el proyecto de ley que hoy discutimos en la Sala.

Nos encontramos en presencia de un proyecto histórico, pero, a la vez, sumamente necesario, toda vez que se inspira en la protección de nuestros derechos soberanos antárticos, a través del reforzamiento y profundización del sistema del Tratado Antártico.

Además, promueve preservar y mantener a la Antártica como zona de paz y, por lo mismo, promueve la investigación científica y el resguardo del medio ambiente, en consonancia con los principios y orientaciones generales de nuestro país en lo que respecta a los compromisos asumidos por el Estado de Chile en la Agenda Verde a nivel global, pero también asumiendo el compromiso del Presidente Piñera en torno a la promoción de la ciencia y la tecnología como un vehículo eficaz que garantiza el progreso de la patria en los más variados aspectos de nuestra vida social.

Para garantizar todo lo dicho, el proyecto propone una actualización de los protocolos administrativos, principalmente en lo que respecta a la preeminencia del principio de coordinación consagrado en la ley N° 18.575, que establece la coordinación de las autoridades sectoriales en torno al tema antártico, concediendo competencias a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En esa misma línea, nos encontramos ante un proyecto que promueve la descentralización en la toma de decisiones, hecho que, para los parlamentarios de regiones, constituye un aspecto apasionante, desde el punto de vista social, jurídico, económico e, incluso, cultural.

De acuerdo con lo indicado, nos parece que nos encontramos ante un proyecto que debe ser tomado como una apuesta valiente, decidida y coherente ante el expectante momento que vive nuestra patria en el siglo XXI: una nación respetada en todo el mundo por su seriedad, por su sistema democrático y la libertad de sus ciudadanos. En ese plano debemos llevar adelante este proyecto monumental, que claramente representa un homenaje a todos aquellos chilenos que hicieron patria en el continente helado, desde las más altas autoridades, como el Presidente Gabriel González Videla , hasta el operario más modesto.

Claramente, también representa un reconocimiento extensivo a nuestras Fuerzas Armadas, que han formado comunidades en esas inhóspitas zonas de nuestra patria y que han sabido plasmar las costumbres del pueblo chileno en ese continente.

Este es un día histórico para nuestro país. Espero que este proyecto tenga la aprobación total y unánime de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, siempre hemos reiterado que nuestra geografía, tan remota como accidentada, nos aísla de los grandes centros de intercambio comercial. Sumado a esto existe un diseño de orientación centralista que es del todo ineficaz, y una regionalización que todavía es incipiente y deficiente.

Es hora de que los magallánicos y magallánicas nos pongamos a pensar cómo torcer la nariz a este paradigma verticalista y hegemónico, para constituirnos, no en el fin del mundo, sino en su principio.

Los tehuelches hablaban de un dios llamado Kóoch , el cual unió los dos océanos más grandes del planeta, que vivió durante siglos sumido en la oscuridad y que lloró de soledad en medio de la confusa geografía del desamparo. Sus lágrimas hicieron brotar el mar primordial. Luego, separó los océanos, alegorizando con ello la existencia del estrecho. Es posible que las mitologías sean sugerencias del pasado para entender los derroteros del presente.

Quienes somos magallánicos vivimos a orillas de un estrecho que une los dos océanos más grandes del planeta.

La mirada centralista nos ha obligado a observar el mapa siempre con la mirada hacia arriba, hacia Santiago , como centro político, cultural y económico. Si tomamos el globo en nuestras manos y colocamos por unos instantes a Magallanes en el eje medular, nos daríamos cuenta de que estamos conectados desde varios abordajes con lugares tan distintos como Nueva Zelanda y Australia. ¿Cómo es posible que haya puntos de convergencia con dichas latitudes y no los percibamos como algo cercano? La existencia del continente antártico debiera ser la respuesta. Punta Arenas es la ciudad antártica más cercana al continente blanco, a un poco más de 900 kilómetros de la isla Rey Jorge.

Las ciudades de Christchurch, en Nueva Zelanda, y Hobart , en Australia, poseen una amplia infraestructura y varios organismos trabajando en torno al tema, no únicamente en sus políticas antárticas oficiales. A manera de ejemplo, Australia ha incentivado el traslado de más de un centenar de científicos a Hobart, con todo el movimiento económico y la implementación de servicios que ello involucra. En Magallanes está en duda la construcción del Centro Antártico Internacional.

Pocos países podrían exhibir siquiera la idea de tener dos puertos antárticos: Punta Arenas y Puerto Williams. Imaginemos por un instante que el mundo los asocia a ese sello, al sello antártico, empleando recursos de promoción e investigación. ¿Podríamos avizorar acaso la idea de convertirnos en una región de avanzada, que no solo sería eje de las preocupaciones nacionales, sino también de las de todo el mundo?

Urge potenciar e implementar a todos los organismos y voluntades que participen de la iniciativa de asumirnos como puerta de entrada definitiva al continente blanco, y contar, como ha sido anunciado hace poco, con un buque rompehielos que nos permita mayor autonomía operativa.

En el ámbito del turismo, sería primordial implementar rutas que rememoren la travesía de los grandes navegantes antárticos, y sería importante potenciar en el currículo escolar el conocimiento de este continente que nos otorga ciencia, paz, cooperación y multilateralismo, algo que desgraciadamente parece estar a veces ausente en este gobierno.

De igual manera, me parece fundamental la incorporación del tema antártico desde una óptica también mítica. El gran Pablo Neruda advertía tempranamente algo de este paradigma, refiriéndose a la Antártica. Decía Neruda:

“Allí termina todo y no termina:

allí comienza todo:

se despiden los ríos en el hielo,

el aire se ha casado con la nieve, no hay calles ni caballos y el único edificio lo construyó la piedra.”

Quizá una de las grandes carencias, nuestro alejamiento, nos entregue la llave de la apertura hacia un mundo maravilloso e inabarcable. Ese sería un abordaje en el cual Magallanes podría ser el epicentro de inquietudes continentales. De esa manera, el dios Kóoch no habrá llorado en vano.

Por ello, en la Cámara asistimos a un hito de suma importancia para nuestro país: por fin se votará en primer trámite constitucional el proyecto que crea el Estatuto Chileno Antártico, luego de cuatro años de discusión.

El Estado chileno tiene una gran tarea por delante, y en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena hemos realizado un trabajo extenso a este respecto. En el proyecto se define parte importante de las orientaciones que aportan a ello, en particular el desarrollo de la ciencia y la paz. La Antártica es un territorio destinado a la ciencia y a la paz.

Quiero destacar, entre otras modificaciones que se hicieron en la comisión, la incorporación del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena en el Consejo de Política Antártica, con lo que se modifica la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores; se incorpora como sede de trabajo del Consejo de Política Antártica a nuestra Región de Magallanes, pues, como es obvio, se tienen que tomar las decisiones desde el mismo territorio; se restablece el deber de coordinación y de unidad de acción entre el gobierno regional y el delegado presidencial para la ejecución de los asuntos antárticos.

Es imperativo tener una visión geopolítica como país. Saludo la decisión del gobierno de construir el ansiado puerto en Bahía Fildes, de recuperar los restos quemados de la Base Profesor Julio Escudero, y de remodelar la pista de aterrizaje de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva . Pero todavía falta. La construcción del Centro Antártico Internacional está en duda; desde Magallanes seguiremos peleando por su concreción, para que definitivamente seamos una puerta a todo el mundo...

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa, señor Alberto Espina , quien nos acompaña en la Sala en la discusión de este importante proyecto, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

La condición tricontinental de Chile, dada por su presencia en América, en Oceanía y en la Antártica, da cuenta de la importancia estratégica de la materia que estamos abordando en la Sala.

En el año 1940 fue promulgado el decreto Nº 1747, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado posteriormente en 1955. En él se fijaron los límites de nuestro Territorio Antártico y se precisó al respecto lo siguiente: “(...) forman la Antártica Chilena, o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares, y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53° longitud Oeste de Greenwich y 90° longitud Oeste de Greenwich”.

Junto con la promulgación de este decreto, Chile comenzará a ejercer sus primeros actos de soberanía, entre los que se cuenta la primera expedición antártica chilena y la instalación de la Estación Meteorológica y Radiotelegráfica Soberanía, actual Base Naval Capitán Arturo Prat , bajo la administración de la Armada de Chile.

Asimismo, por primera vez, un Jefe de Estado visitaría el continente blanco con motivo de la fundación de la Base General Bernardo O'Higgins. Desde entonces el Estado chileno ha desarrollado diversas actividades para asentar su soberanía sobre dicho territorio.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 1959, doce países, entre los cuales, por nombrar algunos, se encontraban Argentina, Australia , Noruega , Bélgica , Estados Unidos de América y Chile, firmaron en Washington el Tratado Antártico, cuya finalidad era reconocer explícitamente el uso exclusivo de la Antártica para fines pacíficos, específicamente en el ámbito de la ciencia. Dicho tratado entró en vigor el 23 de junio de 1961.

Luego, en el ámbito nacional, en 1978 se creó el Consejo de Política Antártica, cuya principal función es proponer los lineamientos de la presencia nacional en esa vasta zona.

Por su parte, el Instituto Antártico Chileno (Inach), creado en septiembre de 1963, dependiente de la cancillería, se encarga de incentivar el desarrollo de la investigación científicotecnológica y de innovación en el territorio, incitando y fortaleciendo, además, la participación efectiva de nuestro país en el Sistema del Tratado Antártico y la promoción del posicionamiento de la ciudad de Punta Arenas y de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como puerta de entrada principal al Continente Blanco, fines que son reafirmados en la Política Antártica Nacional, de diciembre de 2017.

Pese a la existencia de la institucionalidad legal ya descrita, en marzo de 2014, hace cuatro años, el Ejecutivo, liderado por el Presidente Sebastián Piñera , envió a tramitación un proyecto de ley que busca crear el Estatuto Chileno Antártico, a través del cual se pretende consagrar un instrumento regulador de la actividad nacional en la Antártica, a partir de herramientas jurídicas y administrativas que permitan llevar adelante la Política Antártica Nacional, desde una perspectiva interinstitucional y con una mirada de largo alcance.

Lamentablemente, esta iniciativa permaneció dormida por varios años en el Congreso Nacional, y fue objeto de un conjunto de indicaciones por parte de la antigua administración recién en marzo de 2017.

No obstante lo anterior, el gobierno introdujo un paquete de nuevas enmiendas, con el ánimo de mejorar el proyecto en comento, dada la importancia que esta materia reviste para nuestro país, entre las que se contemplan: la incorporación como parte integral del territorio antártico chileno, la plataforma continental, las barreras de hielo y los espacios marítimos adyacentes, de conformidad con el derecho internacional. Se establece que la soberanía sobre la región se ejercerá con pleno respeto a las normas del derecho internacional y a los compromisos del Estado de Chile que se encuentren vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno. Además, se exige a la Cancillería someter a consideración del Consejo de Política Antártica la elaboración de los planes estratégicos antárticos.

Para terminar, quiero señalar que los objetivos que plantea este proyecto de ley, que fue estudiado en el seno de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados, entre los cuales se encuentra el de preservar y mantener a la Antártica en su condición de reserva natural como una zona de paz y resguardo del medio ambiente, el establecimiento de las directrices y los principios que conduzcan la política antártica del Estado por medio de órganos competentes, en conjunto con la actual Política Antártica Nacional, estoy seguro de que, sin duda alguna, representarán un tremendo y significativo avance en aras de proteger los derechos soberanos de Chile sobre el territorio antártico chileno, además de que permitirá potenciar y aumentar las capacidades operacionales y logísticas antárticas del país.

Por las razones indicadas, anuncio que votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, en mi calidad de integrante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, es un orgullo que estemos en la discusión de este proyecto de ley, pues se trata de una iniciativa que representa el trabajo de muchos meses y, en el caso de algunos diputados, años.

En efecto, el primer estatuto aprobado por nuestro país data de 1956, incluso antes de la firma del Tratado Antártico en 1959, del cual Chile tuvo una activa participación diplomática. Para poner en contexto el estatuto que discutimos hoy, lo que conocemos como territorio chileno antártico, ubicado entre los meridianos 53 grados longitud oeste y 90 grados longitud oeste de Greenwich, fue y sigue siendo un territorio en disputa por otros países como Argentina y el Reino Unido. Si bien no es mi intención ahondar en qué país tiene mejor título para alegar soberanía, es importante señalar que el Tratado Antártico suspendió todo reclamo soberano, declarando a la Antártica como un continente destinado a la paz y, sobre todo, a la ciencia.

Sin perjuicio de lo anterior, los reclamos de soberanía, si bien suspendidos, siguen vigentes, y por ello es importante mantener una política antártica actualizada y, además, por el importante tema de la flora y fauna de los mares antárticos, pues nuestras fuerzas armadas, con su presencia, no solo hacen acto permanente de soberanía, sino, también, cuidan, preservan y hacen respetar el Sistema del Tratado Antártico, que incluye muchos otros tratados para prohibir la contaminación y la caza de especies protegidas.

Sin estos guardianes antárticos -nuestras Fuerzas Armadas-, la Antártica sería una zona de caza, por ejemplo, de ballenas, como lo era antiguamente, aunque lamentablemente aún esto existe.

De lo dicho podemos inferir la importancia del proyecto de nuevo Estatuto Antártico que tenemos frente a nosotros, el que no solo resguarda nuestros intereses soberanos para que, si alguna vez llega el momento, hagamos una férrea defensa ante intereses de otros países, sino, también, contempla una serie de faltas y delitos especiales y específicos para aquellos que contaminen en el territorio antártico, llegando a multas de 1.500 UTM y penas de cárcel para los autores.

Por si fuera poco, el Estatuto es plenamente respetuoso de todos y cada uno de los tratados que componen el Sistema de Tratado Antártico; es decir, Chile respeta, una vez más, el derecho internacional.

Finalmente, este estatuto protege y promueve la coordinación entre organismos, como la Dirección de Antártica y el Instituto Antártico Chileno, quienes se encargan de desarrollar la actividad científica en la Antártica, del cual nuestro país es pionero, desde que tenemos bases no solo científicas, sino que también vive gente de manera semipermanente en Villa Las Estrellas, el asentamiento más grande de la Antártica, al cual llegan personas de todas las nacionalidades para explorar los increíbles misterios que se esconden bajo kilómetros de capas de nieve y hielo.

En consecuencia, llamo a mis colegas a aprobar este proyecto, para que nuestro país siga siendo pionero en la cooperación y protección científica del Continente Blanco.

He dicho.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, saludo a los ministros que nos acompañan en esta sesión.

Producto de la geografía tan especial de nuestro país, es cierto que los magallánicos muchas veces nos sentimos aislados, pero es también ese aislamiento el que nos acerca cada vez más al territorio antártico y que despierta en nosotros un inevitable sentimiento de orgullo y pertenencia.

En esa línea, la perspectiva geopolítica que tenga Chile sobre el Continente Blanco es muy importante, ya que a través de este prisma se ejercerá o no mayor control, por ejemplo, en lugares tan estratégicos como lo son los pasos naturales que unen el Océano Atlántico con el Pacífico; más control sobre la regulación migratoria y turística, sobre la ciencia investigativa que se desarrolle en este territorio o sobre materias estrictamente jurídicas y territoriales.

Habiendo entendido esto es que hoy discutimos el proyecto del Estatuto Antártico, porque luego de mucho tiempo se tomó consciencia sobre la importancia de este estatuto.

Lo que busca este proyecto es tener un nuevo referente jurídico-territorial que asegure, por una parte, la activa participación en la gestación, implementación y desarrollo de un régimen antártico efectivo y, por otra, la adecuación de normas de derecho interno que rigen en el Estado de Chile, las cuales requerían actualizarse, según las nuevas exigencias propias del marco internacional que rigen en Chile.

Nuestro país tiene una larga tradición antártica, fundada en razones geográficas, históricas y jurídicas y así lo refleja el contenido de este proyecto, que tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica, pero, también, otorgando la coordinación que corresponde a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

En cuanto a lo que a mi región concierne, este estatuto busca potenciar de manera clara la actividad antártica, lo cual, sin duda alguna, ayudará a la promoción del desarrollo científico, social y económico de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La trascendencia de este proyecto de ley para nuestro país es amplia, ya que busca preservar y mantener a la Antártica como una zona de paz, donde las actividades garanticen la protección y cuidado del medio ambiente antártico y su condición de reserva natural, dedicada a la paz y a la investigación científica, respondiendo así a los compromisos internacionales contraídos por Chile respecto al sistema de tratado antártico.

Por otro lado, este proyecto de ley plasma un enfoque importantísimo para todos los magallánicos en materia de políticas públicas: el enfoque descentralizador. Sí, en este nuevo tratado se contempla el título Gobierno y Administración Interior del Territorio Chileno Antártico y pero, además, se incorpora al gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en la integración del Consejo de Política Antártica, contribuyendo, de esta manera, a una mayor participación de mi región en la política antártica nacional.

Insto a mis colegas diputados a pensar en Chile, especialmente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Por lo tanto, les pido su apoyo, ya que este proyecto de ley busca dotar a nuestro país de una nueva institucionalidad antártica, con una perspectiva de Estado, algo que tanta falta nos ha hecho, y no solo para que los magallánicos tengamos un sentimiento de orgullo y de pertenencia más grande del que ya tenemos, sino también para que ese sentimiento se contagie a todos los chilenos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MULET (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro Alberto Espina y a la ministra Cecilia Pérez , quienes nos acompañan en la discusión de este proyecto tan relevante, que valoro y celebro, porque, en términos generales, establece mecanismos que ayudarán a impulsar la posición y la influencia de Chile en la gestación, implementación y desarrollo del régimen antártico. Además, se ocupa de adecuar las normas de derecho interno a las actuales exigencias del marco internacional, expresando de manera clara y eficaz la forma en que nuestro país ejerce sus competencias y cumple sus obligaciones para asumir correctamente la dualidad de competencias que existen en dicho territorio protegido.

En todo caso, lo que más me interesa destacar se relaciona con la posición de Chile respecto del territorio antártico, considerando lo que está pasando hoy en el contexto mundial en materia de cambio climático.

Sabemos lo significativo que es la Antártica para el futuro de la humanidad. El Polo Norte y el Polo Sur deben ser resguardados, cuidados y protegidos, para la sustentabilidad de nuestro planeta. Por eso, quiero destacar especialmente el contenido de los títulos V y VI de este proyecto de ley, que apuntan a cuidar el futuro de nuestro territorio antártico.

Así, el Título V se encarga de regular la actividad antártica, velando por el uso y protección de sus recursos, consagrando que toda actividad debe ejecutarse en forma racional y sostenible, moderando cualquier impacto perjudicial sobre el medioambiente.

Con tal finalidad, se prohíben actos como explosiones nucleares o la eliminación de desechos radioactivos en ese territorio, las actividades relacionadas con la explotación de recursos minerales, a menos que entre en vigor un régimen internacional consensuado; se prohíbe la descarga en el mar de hidrocarburos y de sustancias nocivas líquidas, así como la eliminación de todo tipo de basura y residuos. También se prohíbe cazar o capturar focas; dañar, trasladar o destruir un monumento natural; cazar albatros y petreles, y realizar cualquier otra actividad sin contar con las autorizaciones y adecuaciones correspondientes. En sentido contrario, se promueve la protección de la flora y fauna.

En cuanto al turismo, que todos sabemos que es muy relevante e importante, presenta el problema de que produce impacto y sobrecarga los lugares que no han implementado políticas de sustentabilidad que eviten que los turistas contaminen. Todos valoramos el turismo, pero también sabemos que produce contaminación.

El Título VI, por su parte, consagra de manera especial la protección del medioambiente, para lo cual establece mecanismos de evaluación de impacto ambiental obligatorio, además de los resguardos que se deben tomar en cualquiera acción que se lleve a cabo en el territorio antártico y el trato que deberá darse a todo residuo que se produzca.

Se indica también la obligación de informar de todo daño ambiental que ocurra y los mecanismos de acción ante emergencias ambientales. Eso debemos valorarlo porque, finalmente, el daño ambiental produce un desmedro del mayor potencial para la sustentabilidad de nuestro planeta, como es la Antártica.

Celebro que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera haya dado, el lunes, una señal concreta y real respecto de la protección del medioambiente, dado que en el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de la ONU, nos hacen un gran llamado de atención. No tenemos tiempo, de manera que si en once años los países no toman medidas más drásticas y disruptivas para favorecer la protección del medioambiente, no habrá otra oportunidad.

Entonces, lo que vimos el lunes fue una señal concreta de cómo nuestro país se compromete, y hoy, a través de este Estatuto Chileno Antártico, en especial de sus títulos V y VI, estamos dando otra señal, clara y concreta, de cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro medioambiente, para el futuro de toda la humanidad.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y a los colegas diputados presentes en la Sala.

Este proyecto, largamente discutido al interior de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, tiene su origen en un mensaje ingresado por el Ejecutivo en marzo de 2014, que permaneció sin avances por poco más de tres años.

Como se explicó en el informe, la iniciativa contiene normas de ley orgánica constitucional y fue aprobado por la unanimidad de la comisión. Su objetivo es perfeccionar la participación de Chile como integrante activo del Tratado Antártico de 1959, además de impulsar la participación chilena en la gestación e implementación de un régimen antártico acorde con los convenios internacionales suscritos por nuestro país y algunas otras naciones interesadas en la protección de este importante continente y en su preservación con fines pacíficos y científicos.

Desde el punto de vista institucional, se actualizan la ley Nº 11.846, de 1955, y el decreto supremo Nº 298, de 1956, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fijan las atribuciones de la Cancillería y la jurisdicción nacional en la región antártica para cumplir sus deberes de vigilancia y control en la zona.

Se debe tener presente que, no obstante que la Antártica es coadministrada por los países firmantes del tratado mencionado, Chile y Argentina tienen un rol especial derivado de su cercanía geográfica.

También es importante destacar cómo ha cambiado el mundo en los 60 años de vigencia del Tratado Antártico. Los equilibrios mundiales han cambiado, al igual que los actores internacionales. En el caso de la Antártica, hay una creciente afluencia de personas, militares, científicos y turistas, lo que obliga a actualizar permanentemente los acuerdos para su preservación.

Lo que no ha cambiado en estas seis décadas es el apetito de algunas potencias y de inversionistas por explotar los recursos naturales que posiblemente estén guardados bajo una gruesa capa de hielo, que tiene entre dos y cuatro kilómetros de grosor. Nuestro país tiene, por su cercanía, un importante papel que desempeñar en la protección de los equilibrios planetarios.

El proyecto de ley tiene como propósito dar una estructura moderna y más eficiente a la institucionalidad antártica, impulsando, entre otros, una coordinación eficaz entre las entidades públicas con competencias sectoriales atingentes a la Antártica y la coordinación que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este proyecto reafirma la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de política antártica y crea las herramientas necesarias para abordar las necesidades de coordinación que generan las actividades antárticas nacionales.

Asimismo, el proyecto persigue asegurar la capacidad para ejecutar un programa antártico nacional unificado y eficiente. Para ello, se ha estructurado un marco legal que tiene seis grandes pilares, que es importante que los colegas tengan claro en esta discusión: primero, disposiciones generales; segundo, institucionalidad antártica chilena; tercero, financiamiento de la actividad antártica nacional; cuarto, regulación de actividades antárticas; quinto, protección y conservación del medioambiente antártico, y sexto, fiscalización y sanciones, como ya señalaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.

Tanto este proyecto de ley como las demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico nacional que regula la materia se aplicarán en el territorio; no obstante, es necesario prever que las actividades antárticas no se limitan a ese territorio y, por lo tanto, también el resto del continente regido por el Tratado Antártico requiere la atención de este cuerpo legal.

Por eso, creo que es fundamental aprobar esta iniciativa que fue discutida en el seno de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena; sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordar a los ministros presentes la necesidad de avanzar hacia una regulación en materia de Campos de Hielo Norte y Campos de Hielo Sur, de modo que ojalá en el futuro podamos generar un estatuto que también regule su uso, debido a todas las problemáticas que se suscitan, particularmente en nuestra región, la de Aysén, donde tenemos la gracia y la bendición de contar con los glaciares Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur.

Así como a través de este proyecto se avanza en el establecimiento del Estatuto Chileno Antártico -aprovecho la ocasión para felicitar al Ejecutivo y a los diputados de la Comisión Zonas Extremas y Antártica Chilena, que analizaron en profundidad el proyecto-, considero que también es muy importante dar un paso en la protección y el cuidado de nuestros glaciares Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur.

He dicho.

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar con mucho afecto al ministro de Defensa Nacional y, especialmente, a la ministra Cecilia Pérez .

El Tratado Antártico, suscrito en 1959, tuvo como objetivo general brindar un marco normativo para el uso pacífico de la Antártica; la cooperación para la investigación científica; el intercambio de informaciones; el establecimiento de un régimen de inspección de las actividades realizadas en la Antártica; la condición de statu quo de las reclamaciones territoriales de siete de los países signatarios, entre los que se encontraba Chile; la estructura orgánica; las actividades de terceros Estados en la Antártica, y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y del ambiente.

El decreto N° 1747, conocido como el decreto antártico, fue firmado por el Presidente Pedro Aguirre Cerda y su canciller Marcial Mora el 6 de noviembre de 1940, y señalaba: “Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich.”.

Posteriormente, el Presidente Eduardo Frei Montalva remarcó la importancia del decreto antártico al establecer el Día de la Antártica Chilena.

Por su parte, el 4 de marzo del 2014, su excelencia el Presidente de la República Sebastián Piñera ingresó a tramitación el proyecto de ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, a fin de modernizar y actualizar la política antártica.

Para ser justos, a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena asistieron en su momento los entonces canciller y subsecretario de Relaciones Exteriores, señores Heraldo Muñoz Edgardo Riveros , respectivamente, a presentar una serie de indicaciones al proyecto.

Finalmente, el pasado 15 de enero su excelencia el Presidente de la República calificó el proyecto de suma urgencia. Por ello, es necesario y urgente que se apruebe.

El Sistema del Tratado Antártico está integrado por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

El proyecto de ley que hoy nos convoca se enmarca en los compromisos internacionales contraídos por Chile respecto del Sistema de Tratado Antártico, el cual consiste en un conjunto orgánico de normas jurídicas y de políticas basadas en el Tratado Antártico y en otros acuerdos conexos.

Chile tiene una vinculación histórica con la Antártica, pues es uno de los doce países signatarios originales de dicho acuerdo, que entró en vigencia en 1961 y que declaró a la Antártica como zona desnuclearizada y destinada a la cooperación internacional de carácter científico.

Los demás países signatarios originales fueron Argentina, Nueva Zelanda, Australia , Noruega , Bélgica , Sudáfrica , Unión Soviética , Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos de América.

Hoy, una cantidad importante de países posee bases antárticas, como Corea del Sur, China y Polonia, entre otros.

Chile es el país más cercano a la Antártica. Por eso, la importancia de una política de Estado sobre el particular.

Por ello, celebro que podamos aprobar en forma unánime la modernización del Estatuto Chileno Antártico.

Quiero felicitar a su excelencia el Presidente de la República y al ministro de Defensa, porque hace poco estuvieron en la Antártica y anunciaron un plan de inversiones para modernizar la base Presidente Eduardo Frei Montalva , a fin de que se convierta en una las bases más importantes de la zona y así lograr que Chile, gracias a que contará con toda la fuerza jurídica y con el despliegue, tenga una presencia significativa en ese territorio, lo cual nos permite ser pioneros a nivel mundial.

Por eso, no queda más que llamar a aprobar este proyecto, y felicitar al gobierno actual y a los anteriores, desde el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda , quien, en su época, visionariamente, al igual que Gabriel González Videla , Eduardo Frei Montalva y hoy el Presidente Sebastián Piñera , llevó a cabo…

El señor MULET (Presidente en ejercicio).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, los socialistas vamos a apoyar este proyecto, porque se basa en la reafirmación de propósitos e intenciones que son generalmente compartidos y a los cuales muy difícilmente alguien se puede negar. Por ejemplo, que en concordancia con lo suscrito por los países parte del Tratado Antártico, se establece el compromiso con la protección global del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes o asociados, y se declara a la Antártica como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Esta última frase engloba tanto la actividad científica como todo otro tipo de uso pacífico, excepto aquellos prohibidos.

Los principios fundamentales del Tratado Antártico que se enuncian son la libertad de investigación científica, la utilización territorial para fines pacíficos y la prohibición de explosiones nucleares o eliminación de desechos radiactivos.

Difícilmente alguien se puede negar a estas cuestiones tan evidentes; pero -este “pero” no es una objeción a la aprobación del proyecto- después de estas pequeñas frases grandilocuentes y generalmente compartidas, hay que mirar debajo del agua.

Chile, a lo largo de su historia, muestra una inequívoca vocación expansionista. Cuando fuimos hacia el norte, El Mercurio nos dijo que lo hacíamos en defensa de los trabajadores chilenos que eran maltratados por los capitalistas bolivianos y peruanos. Cuando fuimos hacia el sur, fue porque había que civilizar a la Araucanía, y hasta hoy estamos pagando las consecuencias de la civilización de la Araucanía. Cuando fuimos al oeste, a la Isla de Pascua, se escuchó menos la queja de los lugareños y, simplemente, se ocupó la Isla de Pascua.

Ahora vamos a la Antártica. Por lo menos, tiene la virtud de que buscamos expandirnos a un territorio en el que prácticamente no hay seres humanos, y los pingüinos no se van a resistir a nuestros encantos.

No me niego a la aprobación del proyecto, pero creo que las cosas hay que decirlas por su nombre: cuando me dicen que estamos abogando por la utilización territorial de la Antártica para fines pacíficos, yo pregunto al señor ministro si la actividad minera tiene esas características. ¡Claro que es una actividad con fines pacíficos! Y van a venir los grandes dueños de los capitales internos y externos a decirnos que no nos preocupemos, pues esta vez la exploración minera será inocua, pues se tomarán medidas y se presentarán estudios de impacto ambiental, etcétera.

Nada de eso está garantizado en el proyecto. ¿Qué sacamos con garantizarlo si los que forman parte del tratado antártico son los Estados Unidos de América, Rusia y los países europeos? ¿Usted cree que nos vamos a poder resistir cuando ellos digan “ya pues, niños, aquí se acabó la broma, pues esto no es para mirarlo, sino para utilizarlo”?

Discúlpeme, señor ministro, pero creo que esto hay que complementarlo. No me cabe duda de que con este tipo de cosas usted pasará a formar parte de la historia de Chile; pero, para que ello sea de una manera más relevante, usted debe suscribir un acuerdo con Argentina, Nueva Zelanda y Australia para que juntos declaremos que podemos resistir. Lo digo porque los primeros que vamos a pagar las consecuencias del mal uso del estatuto seremos nosotros.

Si de verdad usted quiere proteger la Antártica, más allá de las hermosas palabras que se vierten en el estatuto, que vamos a apoyar, el mismo debe acompañarse de una acción política internacional concreta y eficaz que obligue a tener, a lo menos, unos amigos que nos ayuden a disuadir a los que vengan con malas intenciones a meterse al territorio antártico.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa y a su asesor.

Por cierto, vamos a aprobar el proyecto en estudio, que establece el Estatuto Chileno Antártico.

Cabe recordar que el Tratado Antártico, negociado a partir de la experiencia del Año Geofísico Internacional, entre 1957 y 1958, constituyó en su momento una respuesta a los desafíos de cooperación política y científica, donde fue importante la participación de todos los países que habían realizado actividades científicas y reclamado soberanía en la Antártica, es decir, Chile, Argentina, Australia , Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, Estados Unidos de América, la entonces Unión Soviética, hoy Federación Rusa ; Bélgica , Japón y Sudáfrica .

El proyecto de ley que estamos discutiendo se enmarca en el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por Chile en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Dicho sistema debe ser comprendido en integridad junto con otros instrumentos normativos, tales como el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de 1991; la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, de 1988, y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de 1980.

Debemos destacar y promover en este estatuto lo contenido en los tres últimos títulos, fundamentalmente relacionados con la regulación de actividades en la Antártica, la conservación del medio ambiente y las infracciones y sanciones.

En el actual contexto mundial de cambio climático, de sobreexplotación de recursos naturales y de agotamiento de materias primas, como los hidrocarburos, el continente antártico puede ser y será objetivo de políticas depredadoras como la que hoy sufre la Amazonía.

Por ello, para que este proyecto pueda cumplir con los objetivos planteados en los títulos mencionados, debe concretizarse en sanciones muy claras y de un nivel tal que inhiba realmente cualquier intento de mal uso de los recursos o de destrucción de la fauna y/o medio ambiente.

Este proyecto de ley debe ser la herramienta que proteja y preserve el continente antártico como zona de paz y reserva natural para las futuras generaciones no solo de chilenas y chilenos, sino también para toda la humanidad.

Por lo tanto, el título sobre regulación de actividades no puede ser un instrumento que deje espacio alguno para interpretaciones que abran camino a algún tipo de explotación económica que vulnere los tratados suscritos por nuestro país, independientemente de que a futuro alguna potencia se retire o busque morigerar los tratados ya existentes.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, primero que todo, quiero saludar al señor ministro de Defensa Nacional.

En realidad, no iba a intervenir en este proyecto; pero, después de escuchar al colega Schilling, señalo fervorosamente que esos territorios deben ser protegidos de la depredación de las empresas mineras o de cualquier otro agente.

Encuentro razón a mi amigo y colega Schilling en cuanto a que es necesario estudiar ese aspecto, porque es un punto de vista interesante. Lo aprecio mucho, porque, además, tengo un amigo ecologista en la Sala.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización la diputada Marcela Hernando .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Ciudadanía y Regionalización, sesión 125ª de la presente legislatura, en 15 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora HERNANDO, doña Marcela (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de simplificar el procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, originado en moción de la honorable senadora Ena von Baer y de los honorables senadores Carlos Bianchi , Carlos Montes , Rabindranath Quinteros y Andrés Zaldívar , que cumple el segundo trámite constitucional y segundo reglamentario.

En forma previa al análisis de las modificaciones incorporadas en este trámite al proyecto, es pertinente recordar que la idea matriz de la moción es agilizar la calificación de las elecciones vecinales y comunitarias, en términos de que solo se efectuará aquella cuando se presenten reclamos.

Enmiendas introducidas en el segundo trámite reglamentario

Al artículo 1, que modifica la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales:

En el numeral 1), que modifica el artículo 10 de la citada ley, y que establece que las elecciones que tengan lugar en las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418 no serán calificadas por los Tribunales Electorales Regionales (TER), se agrega la oración “sin perjuicio del derecho que tiene cualquier vecino afiliado a la organización para reclamar ante estos.”.

En materia de notificación de reclamaciones electorales, se incorpora una modificación en el artículo 18, estableciéndose -en síntesis- que, si se trata de organizaciones regidas por la ley antes citada, el TER oficiará al secretario municipal una vez admitida a tramitación la reclamación, para que este publique el reclamo en la página web institucional y remita todos los antecedentes del acto eleccionario reclamado que obren en su poder.

Respecto de la sentencia del TER, se incorpora una norma especial en el artículo 25, referida al caso en que la reclamación se hubiere interpuesto con motivo de la elección de una organización regida por la ley N° 19.418. En ese evento, el tribunal notificará el fallo por el estado diario y oficiará dentro del tercer día al secretario municipal, para que este lo publique en la página web institucional.

Al artículo 2, que modifica la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos:

En el artículo 6, que contiene la obligación de los municipios de llevar un registro público donde se inscriben las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias constituidas en su territorio, así como las respectivas directivas, se agregó una norma que estipula que dicho registro estará disponible también en la página web institucional, resguardando en todo caso los datos personales.

En el mismo artículo 6 se agrega un inciso final, que establece que la contravención a las obligaciones estipuladas en dicho precepto se considerará infracción grave a los deberes funcionarios, para efectos de la responsabilidad administrativa.

Se consagra en el artículo 6 bis la atribución exclusiva del Servicio de Registro Civil e Identificación para emitir los certificados de vigencia de carácter definitivo de las organizaciones, para lo cual el secretario municipal debe enviarles la información del registro público. La contravención a estas obligaciones también se considerará infracción grave.

En la letra k) del artículo 10, que señala que la comisión electoral cumplirá sus funciones entre los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior a esta, se incorpora una norma que precisa que, en caso de haber un reclamo ante el TER, la comisión continuará su cometido hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Se agrega un artículo 21 bis que, en resumen, prescribe que la comisión electoral deberá comunicar al secretario municipal la realización de la elección del directorio y que, en caso de omitir esta comunicación, la elección no tendrá validez. Esta información deberá ser publicada por el secretario municipal en la página web institucional de la municipalidad.

Finalmente, la comisión introdujo en este segundo trámite un artículo transitorio en el proyecto, con arreglo al cual esta ley entrará en vigencia seis meses después de publicada en el Diario Oficial, debiendo los municipios, dentro del mismo plazo, habilitar sus páginas web institucionales para dar cumplimiento a las obligaciones legales.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala aprobar el texto despachado por ella en el segundo trámite reglamentario, con las modificaciones a las que resumidamente se ha hecho referencia.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, hoy en día existen alrededor de 15.000 juntas de vecinos, de las cuales 11.000 se encuentran activas. A través de este proyecto fortaleceremos las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, tan importantes para nuestra sociedad, ya que son cuerpos intermedios que permiten la agrupación de distintas personas para alcanzar determinados fines u objetivos.

En esta materia juega un rol importantísimo el principio de subsidiariedad, entendido, para este caso específico, como aquella intervención del Estado en cuerpos intermedios, en la medida de que estos carezcan de recursos o herramientas para conseguir sus fines. Dicha intervención mantiene la independencia, autodeterminación y autonomía de los cuerpos, y la intervención cesará cuando estos sean capaces de ir alcanzando sus fines por sus propios medios.

A través de este proyecto se promueven los cuerpos intermedios, mediante la agilización de los procesos electorales de las juntas de vecinos, eximiéndose la calificación de las mismas por parte de los Tribunales Electorales Regionales (TER), salvo que alguno de los vecinos interesados haga una reclamación en tal sentido.

De esta forma, se concilia la promoción y agilización del funcionamiento de las juntas de vecinos y el control sobre las elecciones, para que no se cometan fraudes en el acto electoral. Por lo mismo, se mantiene el registro municipal y la posibilidad de presentar reclamaciones.

También se establece un certificado provisorio en caso de que haya una reclamación, lo que permitirá a la nueva directiva funcionar sin problemas mayores hasta que se resuelva la reclamación.

Lo que propone este proyecto permitirá simplificar el procedimiento de calificación de elecciones de las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias y tener una sociedad civil más vigorosa, acorde con los tiempos que nuestro país demanda.

Por todo lo anteriormente señalado, anuncio que votaré a favor esta iniciativa, e insto a mis colegas presentes a proceder de igual forma.

He dicho.

El señor VENEGAS, don Mario (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, existen aspectos de la normativa que regula a las juntas de vecinos y a otras organizaciones comunitarias que, lejos de fomentar su existencia y formalización, las inhiben, pues operan como un marco inadecuado para el desarrollo de expresiones institucionalizadas de organización vecinal, como la excesiva burocracia a la cual se someten para legalizar su personalidad jurídica tras las elecciones de sus directivas, procesos burocráticos que generan cansancio y gastos innecesarios para los dirigentes, muchos de los cuales son adultos mayores.

El proyecto viene a simplificar y precisar disposiciones relativas a la calificación electoral de las directivas de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, proceso que actualmente demora alrededor de tres meses.

El colega que me antecedió en el uso de la palabra se refirió a los aspectos principales que modifica este proyecto de ley, pero quiero reiterar algunos.

Respecto del procedimiento de notificación de la reclamación, se establece que el secretario municipal, en el plazo de cinco días hábiles, deberá entregar los antecedentes a la Comisión Electoral, y que se tendrá que efectuar su publicación en la página web de la municipalidad.

Asimismo, se propone reglamentar con mayor precisión los fallos del Tribunal Electoral Regional (TER), debiéndose indicar con precisión el estado en que queda el proceso eleccionario, y se dispone que se deberá notificar su fallo a través de un aviso.

Por otra parte, se preceptúa que procederán contra el fallo de dicho tribunal los recursos de reposición y apelación.

Se modifica la Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos, con el objeto de que se regule con mayor precisión la entrega de certificados de vigencia definitiva.

Finalmente, entre otras materias, se reduce el plazo de 90 a 30 días para que las directivas de las juntas de vecinos subsanen las observaciones derivadas de la reclamación.

En nuestra opinión, este proyecto es un avance. Desde la vuelta a la democracia, las juntas de vecinos se han visto reducidas a un rol asistencial, viéndose impedidas de resolver las demandas de su territorio debido a condiciones estructurales, como la ausencia de recursos o financiamiento, la falta de atribuciones para resolver los problemas de los vecinos o, incluso, la ausencia de tiempo para dedicarse a esa labor, debido a la gran cantidad de horas que la gente de más escasos recursos destina a trabajar. De allí que existe la necesidad, tal como lo propone la iniciativa que hemos impulsado en tal sentido, la cual ha concitado gran apoyo, de reducir la jornada laboral, lo que permitiría que después del trabajo, las personas encargadas de juntas de vecinos, clubes de adulto mayor u organizaciones culturales puedan, en su territorio, dedicar el tiempo necesario a la comunidad.

Lo anterior se expresa también en el marco jurídico, el cual, lejos de ayudar a consolidar y extender esas formas de organización, impone exigencias y procesos que constituyen una carga para las vecinas y los vecinos que se hacen cargo de una organización comunitaria o junta vecinal. Eso se expresa, en este caso, en lo engorroso que resulta el proceso de calificación y/o reclamación, o en el costo que importa para los vecinos la notificación de dichos actos. A pesar de que muchos de ellos son adultos mayores que perciben pensiones muy bajas, deben costear de su bolsillo los gastos de un procedimiento que es engorroso y muy largo, lo cual resulta excesivo.

La iniciativa en debate propone simplificar los procesos de calificación de las directivas electas, de reclamación ante el Tribunal Electoral Regional y de notificación de las calificaciones y/o reclamaciones, los que actualmente se efectúan con recursos de los propios vecinos.

Si bien valoramos este proyecto, creemos que es necesario avanzar en cambios más profundos para salvar la distancia entre la vida social y política, lo que impactará en la posibilidad que tiene la ciudadanía, expresada en sus dirigentes sociales, de canalizar las demandas de su territorio en espacios políticos formales, como el Parlamento. Creemos que esa dicotomía ha apuntado a la despolitización de dichas organizaciones, lo que ha redundado en la reproducción de una forma pasiva de participación en nuestros territorios, basados solamente en las competencias a través de la postulación de recursos de la municipalidad o de los gobiernos regionales.

Por ello, creemos que el Congreso debe avanzar en eliminar la inhabilidad de los dirigentes sociales y/o vecinales de ser candidatos al Parlamento, tarea pendiente desde el periodo anterior. Esa inhabilidad resulta en un enclave autoritario que es necesario terminar, ya que se opone al derecho que tiene todo ciudadano en Chile, sin distinción en el marco de una democracia, de optar a cargos de representación popular. ¿Por qué no tener en la Cámara de Diputados, en representación de su territorio y sus vecinos, a dirigentes vecinales parlamentando y legislando materias que, muchas veces, son de carácter nacional, pero que ellos ven directamente cómo impactan en sus territorios?

Por último, por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la ministra y a todos los colegas que la bancada del Partido Comunista y del Partido Progresista apoyará esta iniciativa. No obstante, queremos dejar constancia de que nos gustaría que se avanzara mucho más en materias que el Congreso Nacional ya ha discutido, pero que no ha resuelto ni zanjado, como la participación, no solo en el plano intermedio, sino también en decisiones políticas e institucionales, de las organizaciones comunitarias y territoriales, las cuales son muy valiosas y representan el sostén fundamental de nuestra democracia.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Cito a reunión de los Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra la diputada señorita Karin Luck .

La señorita LUCK (doña Karin) .-

Señor Presidente, por su intermedio agradezco la presencia de la ministra y le doy la bienvenida.

Actualmente, los Tribunales Electorales Regionales (TER) son los encargados de calificar las elecciones de las directivas de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418 y de conocer además las reclamaciones que se presentan en contra de las mismas.

El procedimiento actual implica la aplicación de un mecanismo largo y engorroso para estas organizaciones, generando muchos obstáculos que terminan por perjudicarlas, entorpeciendo su funcionamiento y fines, además de encontrarse la actual legislación en debe con el principio de publicidad y transparencia.

Por lo anterior, el proyecto de ley que debemos votar hoy busca precisamente simplificar este mecanismo largo y engorroso, modificando la Ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, y la Ley Nº 18.593, sobre los Tribunales Electorales Regionales, para agilizar la calificación de las elecciones vecinales y comunitarias.

En este sentido, gracias a un trabajo conjunto, se aprobaron una serie de indicaciones, las que finalmente lograron entregar una mayor publicidad y transparencia en el procedimiento de este tipo de elecciones, teniendo como instrumento la pagina web institucional de cada municipalidad para publicar los principales hitos del proceso eleccionario, tales como la fecha de la elección, la notificación de la reclamación, el fallo de la reclamación y el registro de directivas que lleva la municipalidad.

Dentro de los obstáculos que presenta el actual procedimiento de calificación, podemos nombrar, por ejemplo, los extensos plazos para someter la elección a una calificación, que, en algunos casos, puede tardar incluso hasta tres meses, lo que perjudica a las organizaciones y acarrea graves problemas, como el retraso en la incorporación de la calificación de la elección en el registro municipal y la consecuente entrega de la los certificados de vigencia de las directivas, lo que en la práctica se materializa en que estas organizaciones no puedan postular a fondos del Estado.

El proyecto de ley propone que las elecciones de las directivas de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias se eximan de la calificación de los tribunales electorales regionales, sin perjuicio de mantener vigente el derecho a reclamación de cualquier interesado ante el respectivo TER en un plazo de quince días.

Otra de las modificaciones importantes que contempla este proyecto de ley, incorporada mediante indicación aprobada en la Comisión de Gobierno Interior, es el reemplazo de la notificación de la reclamación mediante publicación en un diario, lo que tiene un alto costo, pues bordea los 90.000 pesos. En cambio, se ordena la publicación de la reclamación en la página web institucional de la municipalidad, lo que no implicaría ningún costo para el reclamante.

Por lo expuesto, señor Presidente, llamo a votar a favor el proyecto de ley, pues, más allá de las consideraciones prácticas, viene a saldar una deuda en cuanto a la aplicación del principio de la autonomía de los grupos intermedios, consagrado en el artículo 1º de nuestra Constitución, en el cual se establece que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura nuestra sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Gobierno Interior, saludo a los colegas que, después de escuchar a distintas instituciones, a representantes de organizaciones comunitarias, especialmente de jutas de vecinos, así como al Presidente del Senado, senador Carlos Montes , hicieron aportes significativos al proyecto de ley en debate. Al respecto, cabe agregar que la iniciativa fue consensuada prácticamente de manera unánime en la mencionada comisión.

Hubo colegas que plantearon la necesidad de establecer una elección de juntas de vecinos que se pudiera realizar una vez en el año, pero no hubo consenso suficiente al respecto, así es que finalmente quedó este proyecto que nos corresponde votar.

Es importante aprobar esta iniciativa, que modifica distintos cuerpos legales, porque corresponde a un proceso de simplificación que dará mayor energía a las juntas de vecinos, que son el motor y el centro de desarrollo de nuestras comunas.

Saludo fraternalmente a todos los dirigentes de las juntas de vecinos de nuestro país, porque son ellos quienes aportan en el día a día, en las distintas esferas, y, de alguna manera, quienes presionan a las diversas autoridades para que aceleren el desarrollo en sectores de su competencia, lo que, en resumidas cuentas, permite el crecimiento de nuestro país.

Uno se puede preguntar cuál sería el costo financiero que tendría el que cada dirigente vecinal tuviera una remuneración o seguro por la labor que realiza. Estoy seguro de que no habría recursos suficientes para financiar su labor.

Este proyecto de ley tiene como objetivo reconocer el inmenso aporte que los dirigentes vecinales hacen al desarrollo de nuestro país. Sin embargo, en esta labor encontraban serios impedimentos en la ley que actualmente rige esta materia, pues después de que se realizaba una elección, el resultado de esta debía ser enviado al tribunal electoral regional respectivo, lo que conllevaba un engorroso trámite, que finalmente generaba, más que un incentivo, la paralización de un porcentaje importante de juntas de vecinos. En efecto, sus territorios detenían sus procesos de desarrollo a causa de que no había quién los representara.

Hoy, con esta modificación, impulsada por parlamentarios y recogida con mucha fuerza por el Ejecutivo y por los miembros de la Comisión de Gobierno Interior, se permitirá que cada vez que se realice una elección vecinal, los antecedentes ya no vayan al TER, sino que estos sean depositados, a los cinco días de haberse producido el acto eleccionario, en las dependencias de la secretaría municipal de la comuna respectiva. Esta deberá publicarlos en la página web institucional de la municipalidad, dentro de los seis meses siguientes, lo cual se actualizará una vez publicada la ley, a fin de lograr que cualquier vecino que esté al tanto de lo que ocurrió en la respectiva elección se pueda oponer.

Si una vez transcurrido el tiempo correspondiente no ha habido reclamo alguno, el secretario municipal emitirá el certificado definitivo y deberá enviar una copia al Servicio del Registro Civil. Eso permitirá que los dirigentes vecinales ya no tengan que esperar que el secretario municipal emita el certificado, sino que lo hará un oficial civil.

Ahora, si el Servicio del Registro Civil no tiene el certificado del secretario municipal o del funcionario a quien se le ha encomendado la responsabilidad por parte del municipio, este recibirá sanción administrativa grave.

De este modo, la iniciativa reconoce la importancia que tienen las juntas de vecinos y sus dirigentes.

Finalmente, debo señalar que el Servicio del Registro Civil pasará a ser una institución importante para las juntas de vecinos, dado que podrá certificar los antecedentes de los miembros, lo que permitirá llevar a cabo una buena elección, con dirigentes honorables.

Por otra parte, las modificaciones evitarán que los municipios puedan intervenir o dilatar una elección cuando un grupo de dirigentes no sean del color o de la amistad de la autoridad comunal de turno.

Por lo expuesto, llamo a los colegas a aprobar este proyecto de ley, porque beneficia el desarrollo de nuestro país a través del fortalecimiento de las organizaciones vecinales y de sus dirigentes.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, en agosto de 2018 se conmemoró el 50° aniversario de la primera ley de juntas de vecinos de Chile.

La historia nos recuerda que fue durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva que se reguló originalmente el funcionamiento y la elección de estas organizaciones comunitarias de carácter territorial.

Se trataba de un cuerpo legal moderno e inédito para Sudamérica, toda vez que dotaba a estas instituciones de una serie de atribuciones en temas de fiscalización, vivienda y urbanización. De hecho, para ese tiempo eran de tal magnitud la extensión de estas facultades que la supervigilancia recaía directamente en el Ministerio del Interior, y la Intendencia tenía el poder de intervenirlas en caso de infracciones al texto normativo.

Con el transcurso de las décadas se fue precisando el rango de acción de estas agrupaciones. Tras las modificaciones a la ley efectuadas a mediados de los años 90, las juntas de vecinos, al margen de defender los intereses y derechos de sus integrantes, se transformaron en entidades más colaborativas con el Estado y las municipalidades en materias como la participación, el desarrollo comunitario, la seguridad, la cultura, el cuidado del medioambiente, el deporte y las políticas sociales en general.

Si bien los cambios a la normativa generaron, a juicio de muchos, importantes retrocesos en términos de asociatividad, es menester del Congreso Nacional allanar positivamente el destino de la sociedad civil y encauzar su rol en la esfera pública.

Fortalecer este tipo de organizaciones significa ampliar la dinámica democrática al interior de nuestros territorios. Por eso es tan relevante, en plena época de redes virtuales y causas ciudadanas, poner el acento en las agrupaciones de base y facilitar su funcionamiento.

El proyecto que hoy debatimos en la Sala, y espero que aprobemos por amplia mayoría, viene a simplificar el procedimiento eleccionario de las juntas de vecinos y otras organizaciones regidas por la ley Nº 19.418.

Con esta nueva disposición legislativa se promueve el principio de autonomía de los cuerpos intermedios. Ya no será necesario que las elecciones las califiquen los tribunales electorales regionales, sin perjuicio del derecho que tienen los vecinos en reclamar eventuales vicios en la elección ante los mencionados tribunales.

La anterior medida, que refuerza la soberanía de las instituciones, junto con acciones vinculadas a la transparencia del proceso eleccionario, permitirá que este grupo de entidades que pueda expresarse con mayor grado de libertad y reconocimiento al interior de los espacios comunitarios.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar a la ministra Cecilia Pérez .

Este proyecto de ley ha sido muy esperado por los vecinos que se organizan en cada uno de los barrios. Hago presente que son los dirigentes vecinales quienes levantan los problemas y ayudan a buscar soluciones; son ellos los que con decisión buscan respuestas y, por sobre todo, acciones que resuelvan las necesidades de sus vecinos; son ellos los que mueven cielo, mar y tierra, los que golpean todas las puertas, los que no aceptan un “no” por respuesta, sin retribución de vuelta más que el deber social cumplido.

Por la importancia que tienen nuestros dirigentes, quiero destacar la firme voluntad del gobierno de apoyar esta moción parlamentaria y de generar las instancias de debate y de participación de todos los sectores políticos para generar una buena iniciativa legal.

El objetivo de este proyecto radica en agilizar la tramitación, procedimiento y calificación de las elecciones de directivas de las juntas de vecinos y de otras organizaciones comunitarias, a través de la modificación de dos cuerpos legales: la ley N° 19.418, referida a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, y la ley N° 18.593, sobre los tribunales electorales regionales.

Esta iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, gozó de gran aceptación y consensos en la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que me tocó integrar, pues además de velar por la eficacia de las señaladas elecciones, resguarda la publicidad y transparencia de las mismas, introduciendo y modernizando varios aspectos desde el ámbito procesal.

Pero, ¿cómo se materializa el objetivo principal de velar por la eficacia en las elecciones? Precisamente, eximiendo de la calificación de los tribunales electorales regionales en las elecciones de las directivas de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, que a mi juicio es el motor del proyecto y, por supuesto, lo esperado por los vecinos.

Procesalmente, destaca una modernización del sistema, lo que implicará menores costos a los interesados que impugnen una elección, ya que se reemplazará la publicación del aviso en el diario, que por razones de costos limitaba el ejercicio de ese derecho, por la publicación de la reclamación en la página web institucional de la respectiva municipalidad, sin ningún costo para el reclamante. Para ello, cuando el TER esté conociendo una reclamación, deberá ordenar al secretario municipal que le entregue los antecedentes de la elección reclamada y, a su vez, que la publique en la página web municipal hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Con ello se simplifica el procedimiento y a la vez se resguarda su prolijidad.

Otro punto a destacar es la finalidad de que tanto la municipalidad como el Servicio de Registro Civil e Identificación cuenten con registros actualizados. La municipalidad tomará conocimiento de que se ha realizado una nueva elección de directiva a través de la Comisión Electoral, la que se encuentra obligada a depositar el acta de la elección en la Secretaría Municipal dentro del plazo de 5 días de realizada la misma, y solo una vez que hayan transcurrido todos los plazos legales para reclamar e interponer los recursos que la ley franquea, la información se entenderá incorporada en el registro municipal y la municipalidad podrá enviar la información al Servicio de Registro Civil e Identificación para que este último pueda emitir los certificados de vigencia definitiva.

Se incorpora también la figura del certificado de vigencia provisoria, que se otorga a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para que puedan seguir funcionando en caso de que se presente una reclamación y mientras ella no se resuelva.

En síntesis, se trata de una modernización al sistema eleccionario, por el cual se otorgan herramientas y se respalda la debida independencia de las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos que resultan ser parte integrante de la sociedad civil, en el entendido de que el proyecto tiende a desformalizar el procedimiento, prescindiendo de la calificación del TER en su origen, lo cual no obsta a ejercer los medios de impugnación que conforme a la normativa correspondan en caso de ilegalidad, vicio u otra irregularidad, o del derecho a reclamación que tiene cualquier interesado para dirigirse ante el TER dentro del plazo de 15 días desde ocurrida la elección.

En consecuencia, es un proyecto ciudadano que permite mejorar la participación de nuestros vecinos y que generará mayor confianza, transparencia y celeridad en sus elecciones.

Anuncio mi voto a favor de la iniciativa.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la participación ciudadana es fundamental en los procesos de creación de ciudadanía y generación de políticas públicas, y qué duda cabe que las juntas de vecinos son los organismos que llevan adelante, en cada una de las comunas, esos importantes procesos.

En 2018, la Universidad Austral desarrolló, en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos y de Aysén, un estudio de campo respecto del tema de la participación ciudadana. Los resultados de ese estudio lograron demostrar que existe desinterés en las autoridades locales por desarrollar una gestión participativa; desinterés de los dirigentes sociales y de la ciudadanía en utilizar mecanismos institucionales de participación; desconocimiento conceptual sobre participación ciudadana y falta de experiencia y limitaciones institucionales para su implementación -recursos humanos, financieros y normativos-, y complejidades de la ley N° 20.500 -lo estamos discutiendo hoy- respecto de la calificación del TER para las organizaciones constituyentes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc).

¡Qué complicado era para los vecinos de las comunas de Panguipulli, Lago Ranco, Lanco , La Unión, Río Bueno, tan alejadas de la capital regional, llevar sus antecedentes al TER! Si queríamos desincentivar la participación ciudadana, el sistema que hoy queremos modificar era el mejor método para hacerlo.

Por tanto, aplaudo y felicito esta modificación legal. Por suerte, le sacamos al Tribunal Electoral Regional una función que nunca debió tener.

Voy a apoyar con mucha fuerza este proyecto de ley. Más allá de facilitar la calificación electoral de cada uno de los procedimientos electorales de las juntas de vecinos, debemos avanzar en mayores y mejores mecanismos de participación ciudadana. Por eso, en agosto presenté el proyecto de resolución N° 253, aprobado por la Cámara de Diputados, para pedir al Ejecutivo la creación de una Subsecretaría de Participación Ciudadana, porque no podemos dejar esta en manos de municipios que tienen dificultades económicas.

La participación ciudadana es responsabilidad de todos y debemos motivarla.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra se han referido a todas las bondades del proyecto. Por mi parte, destacaré dos aspectos relacionados con las juntas de vecinos: el territorio y el tiempo.

Con territorio me refiero a los lugares donde funcionan las juntas de vecinos, que son escasos y cooptados por algunos municipios que impiden el desarrollo normal de las reuniones.

Respecto del tiempo, pienso que las personas tienen poco tiempo libre, porque la duración de la jornada de trabajo y las horas que se gastan en movilización son muchas, más allá de que ahora la línea 3 del metro ayuda un poco más para llegar antes a los lugares en donde uno habita. Debiéramos considerar el proyecto presentado por la diputada comunista Camila Vallejo , que regula la jornada de trabajo y la fija en 40 horas semanales, para que las personas puedan dedicar más tiempo al trabajo en la junta de vecinos y con los vecinos en sus barrios.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berguer .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra secretaria general de Gobierno, señora Cecilia Pérez .

Me parece muy pertinente este proyecto de ley, porque simplifica los engorrosos procedimientos de calificación de elecciones de juntas de vecinos, que impuso la ley No 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

En reiteradas ocasiones tuve la oportunidad de recibir en mi oficina a dirigentes de juntas de vecinos, quienes que se quejaron de lo engorroso de esos procedimientos, los que, incluso, podían tardar hasta tres meses para ser aprobados por los respectivos tribunales electorales. Todo lo anterior, sin considerar lo engorroso que resulta para los dirigentes reunir a una asamblea de vecinos, quienes cada día viven más inmersos en sus asuntos personales, en medio de una sociedad que se ha tornado excesivamente individualista.

El rol del Estado en este tipo de organizaciones debe ser de facilitador y no de entorpecedor o excesivamente regulatorio. Si bien es necesario elaborar mecanismos que permitan que estas organizaciones sociales funcionen con transparencia y probidad, ello no implica imponer mecanismos engorrosos o difíciles de cumplir, considerando que la mayoría de quienes participan en estos organismos no poseen todos los conocimientos para llevar adelante procedimientos que, muchas veces, requieren de la asistencia de abogados o de personas con mayor instrucción.

Por otro lado, esos procedimientos han irrogado muchas dificultades a dirigentes que viven en localidades alejadas y se ven en la obligación de concurrir físicamente a la cabecera regional, ya que se trata de actuaciones presenciales que, además, deben realizarse en reiteradas oportunidades.

Apoyo la iniciativa en todas sus partes. Espero que tenga una pronta aprobación en beneficio de los abnegados dirigentes de las distintas juntas de vecinos.

En consecuencia, respaldo el texto del proyecto aprobado en el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella ).-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a la ministra Cecilia Pérez y agradecerle su disposición. El Ejecutivo tuvo la tremenda voluntad de avanzar -hicimos una alianza- en estos temas tan sensibles para la comunidad.

Para fortalecer nuestra democracia, teníamos que estar unidos. En ese sentido, dentro de la comisión se generó esa transversalidad, lo que quiero agradecer.

A la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización nos pareció muy relevante enriquecer y equilibrar el objetivo de más democracia y menos burocracia; pero lo quisimos incorporar con otros valores extremadamente relevantes: la necesaria transparencia y la adecuada publicidad en los procesos eleccionarios, de manera de dar garantías a todos los involucrados en estos procesos, ya que no por el valioso objetivo de querer agilizar y apoyar a estas organizaciones vamos a terminar, en la práctica, perjudicándolas al abrir espacios para las irregularidades, quitándole pasos a este proceso, como es la calificación por parte del tribunal electoral regional (TER).

Por eso, en la comisión, junto con varios diputados y diputadas, ingresamos distintas indicaciones, justamente, en la línea de dar más transparencia y publicidad a este proceso eleccionario. Así, por ejemplo, se entregan nuevas atribuciones a los municipios. Tras recibir la información y el aviso de una próxima elección por parte de la respectiva comisión electoral, el municipio deberá informar y publicar de manera masiva la realización, los detalles y las fechas de ese proceso en la propia página web institucional. El sentido de esa atribución es entregar la adecuada publicidad a la elección, a través de medios de comunicación, como las páginas web de los municipios, para que nadie pueda alegar desconocimiento o falta de difusión de la misma.

No obstante, quiero subrayar que se mantiene vigente la posibilidad de reclamación ante los respectivos tribunales electorales regionales (TER), que mantienen la facultad de acoger esos reclamos, revisar la validez del proceso e, incluso, de ser necesario, anular la elección.

Sin duda, esta iniciativa tiene otros aspectos positivos y detalles relevantes que, por falta de tiempo, no podré abordar. Sin embargo, quiero dejar planteado que existe el compromiso por parte del Ejecutivo de trabajar en un proyecto de ley más general -esperamos que sea presentado próximamente-, que permita abordar otras aristas relevantes para el buen funcionamiento y gestión de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

Quiero subrayar lo que, a mi juicio, es la parte fundamental de este proyecto: su coherencia y pertinencia con el objetivo de fortalecer nuestra democracia y participación ciudadana, en un contexto de baja participación ciudadana en los últimos procesos electorales.

Nuestros dirigentes sociales y nuestras organizaciones ciudadanas, sociales, comunitarias y funcionales siguen vivos, siguen movilizándose y movilizando a la comunidad por causas que les afectan, y también para mejorar la calidad de vida en sus barrios, en su entorno y en los demás ámbitos.

Las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes -especialmente, sus dirigentas- son la esperanza y la fortaleza de nuestra democracia.

Por lo tanto, todo esfuerzo por fortalecer estas organizaciones en la base, para que estén cerca de la gente; apoyarlas y facilitar su labor, sin duda, es una de las mejores formas de fortalecer una democracia sana y, en general, la participación ciudadana en nuestro país.

Aprovecho de mandar un gran saludo a todos los dirigentes y las dirigentas de mi región. Les agradezco esa tremenda y poco reconocida labor como líderes y lideresas, porque día a día hacen patria y ayudan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta es una oportunidad para reconocer la tremenda labor que desarrollan y que, muchas veces, la población no reconoce.

Anuncio que votaremos a favor este proyecto. Ojalá podamos cumplir pronto el compromiso que se asumió en la Comisión de Gobierno Interior, para hacernos cargo de una reforma estructural, con el propósito de dar el reconocimiento y relevar el rol que cumplen las organizaciones sociales en nuestro país.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi adhesión a este proyecto. Valoro el trabajo de los autores de una moción que contribuye significativamente a fortalecer las organizaciones comunitarias.

También valoro la adhesión de nuestro gobierno a esta iniciativa, que, sin duda, tiene como gran objetivo fortalecer organizaciones que prestan un tremendo servicio a la comunidad -creo que todos concordamos en ese punto-, no solo a nivel local, sino también nacional.

Las juntas de vecinos son muy importantes en las diversas iniciativas que se van concretando para satisfacer las diversas necesidades que los vecinos tienen en cada uno de sus territorios.

Por cierto, es justo reconocer el tremendo aporte que hacen sus dirigentes, porque dedican gran parte de su tiempo a trabajar por los demás. Sin duda, ese es un trabajo que debemos valorar y estimular, para que se lleve adelante en las mejores condiciones posibles. En ese sentido, una condición básica es que exista un trámite expedito para la formalización de las directivas que resultan elegidas a través de un proceso participativo, amplio y democrático en cada uno de los territorios.

Toda la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a apoyar decididamente esta iniciativa, porque la valoramos.

Reitero mi reconocimiento a los autores de esta moción. Por cierto, también debo reconocer la adhesión que ha manifestado nuestro gobierno, particularmente el Presidente Sebastián Piñera , expresado aquí con la presencia de la ministra Cecilia Pérez .

Agradezco la oportunidad que me han dado para expresar estas palabras en beneficio de las juntas de vecinos a lo largo de nuestro país.

Por las razones expuestas, anuncio que vamos a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra Cecilia Pérez .

¿A cuántos de nosotros en nuestros distritos no nos alegan por el procedimiento para la calificación de las elecciones de juntas de vecinos? ¿Cuántas juntas de vecinos u organizaciones comunitarias nos hablan de los altos costos que ello implica, de las demoras de los tribunales electorales y de lo engorroso que es el sistema para que ellas efectivamente puedan funcionar?

Actualmente, muchas juntas de vecinos funcionan de hecho, debido a lo cual no pueden postular a fondos ni a nada. Es decir, están absolutamente detenidas producto de las demoras y de los altos costos.

En definitiva, los más perjudicados son los vecinos, que son los primeros que tienen contacto con la comunidad, que son los primeros que están en contacto con los problemas de la gente y que además están en contacto con las autoridades para resolverlos. Son estos organismos autónomos los que en definitiva canalizan los problemas que todos nosotros estamos llamados a resolver.

Por lo tanto, la idea del proyecto es agilizar los trámites eleccionarios a través de los municipios, es decir, facilitar el proceso eleccionario mediante la autoridad más cercana que son los municipios. De esta forma, no será necesario viajar largos trayectos para hacer los trámites respectivos. Por ejemplo, en mi distrito, la distancia desde Petorca a Valparaíso implica altos costos.

Asimismo, las publicaciones serán efectuadas a través de la página web correspondiente, por lo que ya no será necesario tener que pagar 90.000 pesos para realizar alguna reclamación. Simplemente, la reclamación deberá ser inscrita con el secretario municipal. En el caso de que alguien quiera reclamar, tendrá la oportunidad de concurrir al Tribunal Electoral.

Por lo tanto, con esta iniciativa vamos a facilitar los procedimientos para las juntas de vecinos, de modo que puedan estar en funcionamiento lo antes posible. Además, las juntas de vecinos podrán contar con certificados provisorios cuando se esté validando la elección, y también cuando se efectúe alguna reclamación, la que podrá realizar cualquier persona, no diez como se establecía antes.

Los procesos -reitero- se efectuarán a través de la página web, por lo que serán transparentados. Es decir, hay un importante componente de transparencia en los procesos que se incluyen en esta modificación de la ley Nº 19.418.

Por ello, vamos a aprobar este proyecto -espero que sea aprobado de forma unánime-, porque va a facilitar la vida a las organizaciones comunitarias. Esta iniciativa busca principalmente reducir plazos, disminuir los costos, simplificar los procesos eleccionarios y, en definitiva, promover la actualización de los sistemas registrales. Al respecto, recordemos que la demora, muchas veces de los municipios -en virtud de la ley actual tienen que enviar la información en el plazo de seis meses al Registro Civil-, impedía entregar los certificados de vigencia para que las juntas de vecinos pudieran postular a proyectos. Esto también está solucionado en el proyecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, este es un proyecto importante, que deriva de un reclamo de las juntas de vecinos hecho masivamente a lo largo de todo el país, porque lo engorroso del proceso de calificación de elecciones hacía que muchas veces ellas quedaran acéfalas por largos períodos. Este proyecto viene a establecer un procedimiento que ayuda a subsanar esa situación anómala.

Todos sabemos que las juntas de vecinos tienen una gran importancia para la vida en comunidad, para promover adelantos en los barrios y para la participación ciudadana; pero, además, tienen una importancia que poco se releva respecto de ellas y de otras organizaciones sociales. Hoy, la democracia representativa -quienes estamos aquí somos víctimas de ello- es sometida a un severo cuestionamiento por las limitaciones que tiene la representación. Esto hace que exista una crítica de carácter civilizacional respecto de ella.

Recuerdo un libro originado en un artículo de Norberto Bobbio en el que se interrogaba ¿qué es la democracia?, el cual dio lugar a un amplio debate de carácter internacional. Dicho artículo -reitero- terminó en un libro en el que se habla de las insuficiencias de la democracia representativa y de cómo superarlas a través de formas de participación directa y de cómo complementarlas con formas de participación directa.

Pues bien, las juntas de vecinos son una contribución a la superación de esas limitaciones de la democracia representativa. Por lo mismo, necesitamos facilitarles la vida y su desarrollo.

Para preservar la autenticidad y la radicalidad de las demandas que se expresan a través de las juntas de vecinos, es necesaria su autonomía y que sean ellas mismas las que resuelvan sus problemas. Sin embargo, si usted quiere hacer de ellas un verdadero laboratorio o una verdadera escuela de democracia, aparte de tener autonomía para resolver sus problemas, entre ellos la elección de sus directivas, deben contar con una instancia de apelación cuando respecto de la constitución de su directiva se produzcan controversias. Este proyecto resuelve de buena manera esa necesidad.

De modo que tanto por estas razones pequeñas y prácticas, como por las más generales que he expresado, voy a votar favorablemente el proyecto.

He dicho.