Labor Parlamentaria

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Sabat , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cuarenta y dos días, a contar del 1 de febrero de 2019.

-De la diputada señora Flores, doña Camila , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales el 24 de enero de 2019.

XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia de la diputada señora Fernández , adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Formar la tabla de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de la Corporación. Acompañaremos un anexo en la Cuenta Dinámica de esta sesión.

2.- Votar sin discusión en la sesión de hoy, con la sola rendición del informe, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación, para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales (boletín Nº 11963-04).

3.- Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, al ministro de Obras Públicas, señor Juan Andrés Fontaine , a la sesión especial que tendrá lugar el día miércoles 6 de marzo, para tratar la grave problemática que afecta a usuarios, en cuanto a los servicios relacionados con los peajes y TAG de rutas y autopistas y las tarifas, cobros y seguridad, a fin de analizar las políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos, junto con su eficacia, y conocer las medidas legislativas a impulsar en esas materias.

4.- Autorizar el ingreso a la Sala durante la referida sesión del subsecretario de Obras Públicas, señor Lucas Palacios , y del director general de Concesiones, señor Hugo Vera .

5.- Citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero , a la sesión especial convocada para el día miércoles 20 de marzo, para tratar la crisis que se vive en Venezuela.

6.- Destinar media hora de la sesión del día miércoles 13 de marzo, con el fin de tratar las dificultades que genera en la implementación de las leyes la ausencia de reglamentos o la inconsistencia entre el contenido de esta normativa secundaria y la ley, suspendiendo el tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Resolución de la referida sesión. En esa sesión se otorgará el uso de la palabra al presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado Pablo Lorenzini , y a los demás miembros de la comisión que quieran intervenir.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en orden a que el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para establecer un sistema integral de garantías y derechos de los adultos mayores (boletín N° 12370-07), actualmente radicado en dicha instancia, sea remitido a la Comisión de Familia y Adulto Mayor, para su informe y posterior remisión a la Comisión peticionaria. ¿Habría acuerdo?

Acordado.

-o-

FUSIÓN DE PROYECTOS

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos, en primer trámite constitucional, iniciados en moción, que modifican la Carta Fundamental en lo que respecta al Tribunal Constitucional, correspondientes a los boletines Nos 5802-07, 5803-07, 6186-07, 10082-07, 11099-07, 11374-07, 11389-07, 11663-07, 11680-07 y 12076-07.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas, Florcita ; Alinco Bustos, René ; Álvarez Ramírez, Sebastián ; Álvarez Vera, Jenny ; Auth Stewart, Pepe ; Barrera Moreno, Boris ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Bianchi Retamales, Karim ; Boric Font, Gabriel ; Brito Hasbún, Jorge ; Cariola Oliva, Karol ; Castillo Muñoz, Natalia ; Celis Araya, Ricardo ; Cicardini Milla, Daniella ; Crispi Serrano, Miguel ; Cruz-Coke Carvallo, Luciano ; Díaz Díaz, Marcelo ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Gatica, Félix ; Hernando Pérez, Marcela ; Hertz Cádiz, Carmen ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Pablo ; Keitel Bianchi, Sebastián ; Labra Sepúlveda , Amaro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Lorenzini Basso, Pablo ; Marzán Pinto, Carolina ; Mellado Pino, Cosme ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Magofke, Andrés ; Monsalve Benavides, Manuel ; Mulet Martínez, Jaime ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Parra Sauterel, Andrea ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Olea, Joanna ; Pérez Salinas, Catalina ; Rocafull López, Luis ; Rojas Valderrama, Camila ; Rosas Barrientos, Patricio ; Saavedra Chandía, Gastón ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Castillo, Juan ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tohá González, Jaime ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Velásquez Núñez, Esteban ; Velásquez Seguel, Pedro ; Venegas Cárdenas, Mario ; Vidal Rojas, Pablo ; Walker Prieto, Matías ; Winter Etcheberry , Gonzalo .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara, Jorge ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Baltolu Rasera, Nino ; Barros Montero, Ramón ; Berger Fett , Bernardo ; Carter Fernández, Álvaro ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Celis Montt, Andrés ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Desbordes Jiménez, Mario ; Durán Espinoza, Jorge ; Eguiguren Correa, Francisco ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Galleguillos Castillo, Ramón ; García García, René Manuel ; Jiles Moreno, Pamela ; Kort Garriga, Issa ; Kuschel Silva, Carlos ; Longton Herrera, Andrés ; Luck Urban, Karin ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Mellado Suazo, Miguel ; Morales Muñoz, Celso ; Muñoz González, Francesca ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Prieto Lorca, Pablo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Romero Sáez, Leonidas ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Torrealba Alvarado, Sebastián ; Trisotti Martínez, Renzo ; Troncoso Hellman, Virginia ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Von Mühlenbrock Zamora , Gastón .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernández Hernández, Javier ; Olivera De La Fuente, Erika .

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cid, Muñoz y Ossandón, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Desbordes y Durán, don Eduardo, que “Modifica la ley N° 19.925, en materia de sanciones aplicables a contravenciones vinculadas al consumo y expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, en las condiciones que indica” Boletín N°12413-11

Antecedentes:

1. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el consumo de alcohol en América es aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial. Este consumo suele ser consumo peligroso o consumo riesgoso para la salud, y además repercute negativamente en el desarrollo social y económico de varios países de la región[1].

Un consumo riesgoso de alcohol es una factor que explica una serie de riesgos sociales y de daños a la salud de la poblacion, como enfermedades no transmisibles, trastornos mentales, lesiones por causa de violencia y mayor tasa de contagio de VIH.

2.- Lamentablemente y a diferencia de otras estadísticas, Chile no está libre de esta preocupante realidad. Las estadisticas nacionales disponibles sólo corroboran la informacion internacional.

De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 del Ministerio de Salud[2], el consumo riesgoso de alcohol en los últimos 12 meses se ubicó en un 11,7% de la población.

Esta cifra se vuelve algo mayor cuando se analiza el segmento etáreo de 15 a 19 años, llegando a un 12,2% de la población.

3.- De acuerdo con los resultados de la Décima Segunda Encuesta de Drogas en Población Escolar 2017 realizada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) la edad promedio de inicio de consumo de alcohol en nuestro país es a los 14 años[3].

4.- Los datos obtenidos en 2017 por el SENDA permiten establecer que la forma más facil para los menores de edad es adquirir directamente las bebidas alcohólicas en botillerias, tal y como queda de manifiesto en los cuadros siguientes

Cuadro Nº 1

01

Fuente: Décima Segunda Encuesta de Drogas en Población Escolar 2017, SENDA

Cuadro Nº2

02

Fuente: Décima Segunda Encuesta de Drogas en Población Escolar 2017, SENDA

5.- Es necesario formular políticas públicas para para disminuir el consumo nocivo de alcohol, en especial el consumo de menores. Es necesario regular la venta de bebidas alcohólicas de manera de restringir la disponibilidad y comercialización de las bebidas alcohólicas a menores de edad al máximo posible.

6. Uno de los temas que regula la ley Nº19.925 son las prohibiciones en materia de expendio de bebidas alcohólicas, su infraccion y las respectivas sanciones. Al respecto este proyecto modifica las sanciones en caso de contravención en situaciones en el consumidor sea un menor de edad.

7.- En primer lugar, se busca hacer responsable a los padres o cuidadores legales de los menores de edad en caso que estos consuman bebidas alcohólicas en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público o que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad en la via pública. La idea es que los responsables ante la sociedad sean los padres o cuidadores del menor, y por tanto ellos deben soportar la aplicación de una multa. Se establece que la multa puede ser reemplazada por trabajos comunitarios, los que deberá realizar el menor de edad.

8.- En segundo lugar, dado que los menores de edad pueden acceder directamente a las bebidas alcohólicas en botillerías y otros expendios similares, se busca endurecer las sanciones en contra de los dueños del local. El principal cambio que se propone es aplicar la clausura temporal del establecimiento hasta por un mes en caso que la venta la haga un dependiente, sin esperar reiteración de la conducta. En el caso que sea el dueño quien facilte las bebidas alcohólicas, se establece la sanción de clausura temporal por hasta tres meses, sin esperar para ello reiteracion de la conducta. En caso de reiteración se puede llegar a la clausura definitiva.

PROYECTO DE LEY

1. Reemplácese el artículo 28 de la ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por el siguiente: “Artículo 28.- Si un menor de dieciocho años de edad fuere sorprendido realizando alguna de las conductas prohibidas en los artículos 25, inciso primero, y 26, inciso primero, sus padres o la persona encargada de su cuidado será sancionado con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.

Se entenderá que los padres o la persona encargada del cuidado del menor de dieciocho años acepta la infracción y la imposición de la multa, poniéndose término a la causa, por el solo hecho de que pague el 75% del monto máximo de ésta, dentro de quinto día de citado al tribunal, para lo cual presentará la copia de la citación, en la que se consignará la infracción cursada. La Tesorería municipal o la entidad recaudadora harán llegar al tribunal el comprobante de pago a la brevedad.

En todo caso, cumpliéndose los requisitos previstos en el artículo 20 bis de la ley Nº 18.287, el juez podrá conmutar la multa impuesta por la realización de trabajos de parte del menor de dieciocho años en beneficio de la comunidad ofrecidos por la Municipalidad respectiva u otro organismo público. Sin perjuicio de lo anterior, dichos trabajos podrán realizarse también en una persona jurídica, de beneficencia, de derecho privado, que los contemplare.

Como medida de protección será conducido por Carabineros al cuartel policial o a su domicilio, con la finalidad de devolverlo a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, siempre que ésta fuere mayor de edad.

Si el menor fuere conducido al cuartel policial, Carabineros adoptará las medidas necesarias para informar a su familia o a las personas que él indique acerca del lugar en el que se encuentra, o bien le otorgará las facilidades para que se comunique telefónicamente con alguna de ellas.

Al devolver al menor a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, Carabineros los apercibirá por escrito que, si el menor incurriere en las contravenciones a que se refiere este artículo más de tres veces en un mismo año, se harán llegar sus antecedentes al Servicio Nacional de Menores. Asimismo, consignará en ese documento las ocasiones precedentes en que aquél hubiere realizado tales conductas. La persona que reciba al menor, previa individualización, firmará la constancia respectiva.

Carabineros, en la oportunidad que corresponda, dará cumplimiento al apercibimiento señalado en el inciso precedente.”

2. Reemplácese el artículo 42 de la ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por el siguiente: “Artículo 42.- El que vendiere, obsequiare o suministrare bebidas alcohólicas, a cualquier título, a un menor de dieciocho años, en alguno de los establecimientos señalados en el artículo 3º, será sancionado con prisión en su grado medio, multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales. Asimismo, se impondrá la sanción de clausura temporal del establecimiento, por un período no superior a un mes.

Si fuere el administrador o dueño del establecimiento quien ejecutare la conducta descrita en el inciso primero, la pena será prisión en su grado máximo, multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales y clausura temporal del establecimiento, por un período no superior a tres meses. Iguales penas se le aplicarán si indujere a menores de edad al consumo de bebidas alcohólicas, sea directamente o por medio de publicidad.

La pena se elevará en un grado, o se aplicará en su mitad superior, según corresponda, si, además, la conducta se hubiere ejecutado con vulneración de la prohibición establecida en el artículo 29.

La segunda vez que se cometa alguno de los hechos delictivos señalados en este artículo, se aplicará la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo a los incisos precedentes, elevada en un grado; y el doble de la multa, calculada de la misma forma. Tratándose de la figura descrita en el inciso primero del presente artículo, se aplicará la clausura temporal del establecimiento hasta por tres meses. Tratándose de la figura descrita en el inciso tercero de este artículo, se aplicará la clausura definitiva del establecimiento y odrá imponerse, además, la cancelación de la patente de alcoholes respectiva.

No obstante, se permitirá la venta, el obsequio o el suministro de bebidas alcohólicas a menores cuando éstos concurran a almorzar o a comer, acompañados de sus padres, a los recintos destinados a comedores.”.

Diputadas señoras Cid, Muñoz y Ossandón, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Desbordes y Durán, don Eduardo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sauerbaum, Alessandri; Castro, don Juan Luis; Leiva, Sabag; Velásquez, don Esteban, y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Hernando; Núñez, doña Paulina, y Ossandón, que “Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para imponer a diputados y senadores la obligación de someterse anualmente a exámenes de control de estupefacientes o sustancias sicotrópicas” Boletín N°12414-07

Fundamentos

El Poder legislativo resulta una de las instituciones democráticas más importantes en un Estado de Derecho moderno, por cuanto -quienes suscribimos- estamos convencidos y contestes en mejorar los estándares de la función parlamentaria y la trasparencia con la cual está debe llevarse a cabo. Ello frente a las continuas y crecientes expectativas de nuestros representados. Por consiguiente, debemos avanzar y tomar medidas que no solo tiendan a la mayor eficiencia de la labor legislativa (como lo fue la conformación del Consejo para la Modernización de la Función Parlamentaria en el año 2015), sino que también, de mayor transparencia y probidad en su ejercicio. Debiendo adoptar medidas concretas que permitan recuperar paulatinamente la confianza de nuestros representados y así legitimar la función que cumplimos a diario para construir un Chile mejor.

Dentro de estas medidas y como prioridad, debemos asegúrale a la ciudadanía que quienes se encuentran en la posición de tomar las decisiones más importantes de nuestro país y la conducción de su futuro (los representantes parlamentarios), lo hagan, rigiéndose irrestrictamente bajo el principio de la probidad, consistente en “observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular” (artículo 5° A LOC Congreso Nacional) y como consecuencia de lo anterior: libre de toda dependencia a sustancias o drogas, que permita -en cualquier grado- la pérdida de su autonomía, racionalidad o debilidad que afecten la función parlamentaria que desempeñan en representación de los chilenos.

Mejorando con ello la transparencia con que los parlamentarios deben ejercer sus funciones, cuya principal manifestación radica en el impulso legislativo, el que requerirá necesariamente de una claridad (que difícilmente se podrá alcanzar bajo la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas), de los factores de información que concurren en la toma de decisiones para la formación de la ley y del proceso que conduce a ella.

Desde los años ´90 se ha intentado, a través de numerosas iniciativas legales, mantener el ejercicio de las funciones parlamentarias libre de todo consumo y dependencia a las drogas, las que no han contado con el suficiente impulso para su aprobación, como por ejemplo: los proyectos de ley que proponían el control de drogas como exigencia para acceder o para postular como candidato al cargo de parlamentario (en tal sentido boletines N° 8.931-07 y 11.989-06); aquellos que establecían el consumo de drogas como causal de cesación en el cargo o de impedimento para ejercerlo (en ese sentido boletines N° 1.518-07, N°5.230-07, 6.986-07, 8.537-07, 9.482-07); y como prohibición general de consumo de drogas en cualquiera de sus formas o circunstancias en las más altas autoridades de los poderes del estado (incluyendo a los parlamentarios), suspendiendo el cargo o función (en este sentido boletín N°1.752-07).

Por su lado, la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incorporo como causal de inhabilidad para el desempeño de funciones de las más altas autoridades de la República, la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales y en consecuencia, no pueden desempeñarse en la Administración del Estado, como así también en los cargos de Ministro de Estado, Subsecretarios, de Jefes Superiores de Servicio, Directivos Superiores o Jefes de División, Intendentes, Gobernadores, Consejeros Regionales, Alcaldes, Concejales, Consejeros (también Directivos Superiores) del Banco Central y jueces de la republica (según normas del Código Orgánico de Tribunales), personas que tengan dependencia de drogas ilícitas. Sin embargo, dicha inhabilidad no rige para diputados y senadores, no resultando coherente con nuestro sistema democrático su exclusión.

Esta situación no afecta particularmente al ámbito público, sino que es un fenómeno que afecta trasversalmente a la sociedad, y en tal sentido se debe considerar especialmente las continuas conclusiones que efectúa el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), que desde el año 1994 (a través de sus estudios bianuales sobre la población general y escolar sobre el consumo de drogas y alcohol), viene en concluir que el consumo de cualquier tipo de estas sustancias producen inevitablemente consecuencias que repercuten transversalmente en cada aspecto de la vida humana, siendo el ámbito laboral una de ellas.

En suma, consideramos pertinente y legitimo exigir que el desempeño de la función parlamentaria se efectué libre de toda sustancia o droga que genere en los diputados o senadores una dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a su salud en el ejercicio de sus funciones, particularmente en la toma de decisiones que en dicho ejercicio efectúen. Situación que debemos resguardar y asegúrale a nuestros representados, pero que, sin embargo, no poseemos ninguna herramienta que nos permita pesquisar estas situaciones, establecer medidas tendientes a prevenirlas u evitarlas y mantener, en definitiva, la función parlamentaria libre del consumo de drogas.

Idea matriz

La iniciativa propone que los parlamentarios se sometan obligatoriamente y de manera anual a un control de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas. Debiendo el Senado y la Cámara de Diputados dictar un reglamento interno que determinará: los criterios, oportunidad y condiciones para su realización; como también, y en caso de ser positivos los resultados, la adopción de medidas de acompañamiento, rehabilitación y sanciones ante su incumplimiento.

Contenido de la iniciativa legal

El proyecto de ley modifica la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en su título primero, creando un artículo 5 nuevo, estableciendo en primer término la obligación anual de los parlamentarios de someterse a un test o control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, por medio de una prueba que se practicará anualmente por cada Cámara a todos los parlamentarios. Tomando para ello, el concepto que en los mismos términos son definidos en el artículo primero de la Ley N°20.000, Que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas.

Proyecto de ley

ARTÍCULO ÚNICO: Crease un artículo 5 C nuevo, en título primero de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, N°18.918, del siguiente tenor:

“Los diputados y senadores, en observancia al referido principio de probidad, quedarán sujetos obligatoriamente al control de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud que impida el desempeño pertinente de sus funciones, por medio de una prueba que se practicará anualmente por cada una de las Cámaras a todos los parlamentarios.

Un reglamento dictado por cada Cámara, deberá determinar los términos, criterios y condiciones en que se efectuará dicho control, debiendo establecer entre otros: los mecanismos para fijar la oportunidad en la que se practicará el examen, el que deberá ser siempre aleatorio; el procedimiento para efectuar el control de sustancias o drogas, resguardando en todo momento la dignidad e integridad física de los parlamentarios; el acompañamiento y la adopción de medidas de rehabilitación en caso de comprobarse el consumo, según el caso en particular, el grado de dependencia y la gravedad del consumo y/o la adicción; y las sanciones aparejadas en caso de negativa a la práctica del control, como también al incumplimiento de las medidas de rehabilitación que deberá adoptar la Comisión de Ética de cada Cámara.

Diputados señores Sauerbaum, Alessandri; Castro, don Juan Luis; Leiva, Sabag; Velásquez, don Esteban, y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Hernando; Núñez, doña Paulina, y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Alexis; Alarcón; Castro, don Juan Luis; Celis, don Ricardo; Garín, Jarpa, y Matta, y de las diputadas señoras Hernando y Vallejo, que “Denomina como Hospital Presidenta Michelle Bachelet Jeria, al actual Hospital San Juan de Dios de la comuna de Curicó, Región del Maule” Boletín N°12421-11

Antecedentes Generales:

1.- Nacida el 29 de Septiembre de 1951, Verónica Michelle Bachelet Jeria pasó a la historia de nuestro país al ser la primera mujer Presidenta de Chile, entre los años 2006 y 2010, para ser electa nuevamente en un segundo periodo entre 2014 y 2018. Sin embargo, la historia política de la Ex presidenta no comienza ahí; militante del Partido socialista, su vida es testimonio de una participación comprometida y de un trabajo constante en la defensa de los Derechos Humanos.

Su historia política la ha posicionado en diversos espacios del quehacer político. Se desempeñó como Ministra de Salud bajo el gobierno del Ex presidente Ricardo Lagos, marcó otro hito en la Historia de Chile e Iberoamérica al asumir posteriormente la cartera de Defensa, particularmente debido a la relación que mantenía con las Fuerzas Armadas a través de su padre, General de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, cuestión que la posicionó como uno de los rostros más importantes de la política nacional.

2.- Pero la política no ha sido solo uno de los campos en los que se ha desarrollado exitosamente. Hija de la educación publica, desarrolló sus estudios en el Liceo N° 1 de Niñas de Santiago, egresando como alumna destacada el año 1969. Sus estudios superiores los cursó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el año 1972.

3.- Fue el Golpe de Estado del 11 de Septiembre d 1973 y la Dictadura militar que se instaló en el país, la que frenó el desarrollo, tanto académico como familiar de la ex presidenta, llevándola al exilio junto a su familia y con posterioridad a la muerte de su padre a manos de agentes del Estado. Aún cuando este hecho le provocó un profundo dolor, ello no fue impedimento para iniciar la lucha, junto con muchos otros actores en Chile, por la recuperación de la Democracia en nuestro país.

4.- Con todo lo mencionado anteriormente, resulta necesario hacer presente la importancia de Michelle Bachelet para la Historia reciente de nuestro país, como una gran estadista cuyo compromiso con el área social fue la marca registrada de sus gobiernos, particularmente en el área de Salud y de Infraestructura Hospitalaria. Durante su segundo mandato entre 2014 y 2018 se implementó el plan de inversiones públicas mas ambicioso en la Historia de Chile, en este ámbito, beneficiando a casi el 80% de la población que se atiende en hospitales.

5.- Al finalizar su periodo quedaron construidos y al servicio del país los siguientes Hospitales: Hospital de Antofagasta; Hospital de Salamanca; Hospital Exequiel González Cortés (Servicio de Salud Metropolitano Sur); Hospital de Chimbarongo; Hospital de Florida; Hospital Penco Lirquén; Hospital de Pitrufquén; Hospital de Lanco; Hospital de Quilacahuín; Hospital de Futalefú; Hospital de Puerto Aysén; Hospital de Porvenir; Hospital de Puerto Natales; Hospital de Puerto Williams; Hospital de Copiapó; Hospital de Rancagua; Hospital de Talca; Hospital de Los Ángeles; Hospital de Laja; Hospital de Lautaro. Y en construcción los Hospitales: Gustavo Fricke de Viña del Mar; Sótero Del Río; Hospital de Carahue y Hospital de San Juan de la Costa en la Región de los Lagos.

6.- Dentro de los Hospitales que su segundo gobierno priorizó, se encuentra el Hospital San Juan de Dios de Curicó, el cual inició su proceso de licitación el año 2015, con la finalidad de otorgarle a la comunidad y vecinos de las comunas aledañas un nuevo centro médico, cinco veces mas grande que el anterior con un mínimo de 400 camas.

7.- Los orígenes del Hospital San Juan de Dios de Curicó se remontan al siglo antepasado, su historia va de la mano con el desarrollo de la comuna dentro del valle central de Chile. Aún cuando existía una gran necesidad de contra con un centro asistencial de mayor nivel en la zona, no fue sino hasta 1863 que se tomó la iniciativa de construir un edificio más amplio por parte del Gobernador de la época. Posteriormente su administración sería entregada a las Hermanas de la Caridad.

En 1973 y luego de un fatídico incendio, se renovó la estructura del Hospital, la que se mantuvo hasta un nuevo evento fatídico que afectó la estructura del edificio, este fue el terremoto del 27 de Febrero del 2010[1] .

8.- En la actualidad la Región del Maule cuenta con 4 provincias y 30 comunas y su población es de 908.097 habitantes, correspondiente al 6% de la población nacional[2]. Curicó es una de las comunas con mayor crecimiento demográfico de la Región del Maule, con un total de 149 mil personas, por tanto contar con un recinto hospitalario de vanguardia que pueda satisfacer las necesidades de la creciente población de la comuna y de zonas aledañas, era una prioridad.

9.- La idea del presente proyecto es renombrar el actual Hospital San Juan de Curicó como Hospital Michelle Bachelet Jeria, en homenaje a nuestra Ex Presidenta y como una forma de agradecer su compromiso con la extensión de la red hospitalaria en nuestro país y principalmente en la Región del Maule y su preocupación por el impulso y reforzamiento de la salud pública en Chile.

Por tanto, y en mérito de lo expuesto los diputados que suscriben, vienen en someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley.

Proyecto de ley

Artículo Único.- Denominase “Hospital Presidenta Michelle Bachelet Jeria” al actual Hospital San Juan de Dios, situado en la comuna de Curicó, Región del Maule, con el objeto de rendir homenaje, relevar y perpetuar la obra y figura de la Ex Presidenta.

Diputados señores Sepúlveda, don Alexis; Alarcón; Castro, don Juan Luis; Celis, don Ricardo; Garín, Jarpa, y Matta, y de las diputadas señoras Hernando y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Boric, Díaz, Ibáñez y Winter, y de las diputadas señoras Amar, Marzán, Olivera; Pérez, doña Catalina; Sabat y Yeomans, que “Crea un estatuto integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes” Boletín N°12416-31

I. Fundamentos

1. El problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Chile y en América Látina.

La violencia contra la infancia es un drama que día a día viven los niños y niñas a nivel global, y en especial, en nuestra América Latina y el Caribe.

Según cifras de UNICEF 630.000.000 millones de personas viven en América Latina y el Caribe de las cuales 193.000.000 millones son niños y niñas. 72.000.000 millones de esos niños y niñas viven en la pobreza, 187.000 de niños y niñas mueren en la región antes de cumplir 5 años de edad. 3,9 millones de niños sufren de sobrepeso y 5,1 millones tiene desnutrición. 27.000 niños y niñas mueren por causa de homicidio y el 50% de los niños y niñas ha sido victima de castigos corporales en su hogar. 14.000.000 millones de niños están fuera del sistema educativo, más de 8.000.000 de niños menores de 14 años tienen alguna discapacidad, y respecto de ellos, el acceso a la educación se complejiza. 1 de cada 4 niñas contrajo matrimonio antes de los 18 años de edad, 4 de cada 10 niñas entre 15 y 19 años de edad ha sufrido algún tipo de violencia de género y un 1,1 millón de niñas entre 15 y 19 años ha sido víctima de violencia sexual. La violencia contra la infancia en nuestra región es un problema estructural de nuestras sociedades.[1]

En nuestro país según el 4to estudio de Maltrato Infantil de UNICEF[2] (año 2012) el drama de la violencia infantil se grafica en la siguientes cifras (originada en una encuesta a 1.555 niños y niñas de 8vo básico):

●19,5% de los niños y niñas es víctima de violencia sicológica.

●25,6% de los niños y niñas es víctima de violencia física leve.

●25,9% de los niños y niñas es víctima de violencia física grave.

●29% de los niños y niñas no recibe ningún tipo de violencia.

●20,7% de los niños y niñas que sufre violencia tiene una regular/mala relación con su madre.

●23% de los niños y niñas que viven violencia tienen una regula/mala relación con su padre.

●49,4% de los niños y niñas que vive algún tipo violencia física ha repetido algún curso.

●21% de los niños y niñas que es víctima de violencia física grave consume medicamentos para mejorar su rendimiento o comportamiento.

●42,1% de los niños y niñas que son víctimas de violencia tienen una relación regular o mala con sus compañeros.

●9,7% de los niños y niñas que ha sido víctima de violencia sicológica ha recibido agresiones en el colegio de parte de sus compañeros.

●11,4% de los niños y niñas que ha sido víctima de violencia física grave ha recibido agresiones en el colegio de parte de sus compañeros.

●24,1% de los niños y niñas que ha sido víctima de algún tipo de violencia ha consumido alcohol hasta emborracharse una o más veces en el mes.

●11,7% de los niños y niñas que ha sido víctima de algún tipo de violencia física ha consumido drogas una o más veces en el mes.

●53,4% de los niños y niñas que ha sufrido violencia física grave cree que el castigo físico sirve en algunas situaciones para la formación de los hijos.

●25,2 de los niños y niñas que no recibe violencia cree que el castigo físico sirve en algunas situaciones para la formación de los hijos.

En conclusión, según dicha encuesta, al menos un 71% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia de sus padres.

Siguiendo con el análisis de los datos que tenemos a disposición, el diagnóstico nacional de víctimas de delito en Chile[3] de la Subsecretaría de Prevención del Delito nos aporta lo siguiente: el 17,2% de la víctimas de delitos violentos graves corresponde a niños/as, el 7,2% de las víctimas de homicidio son niños/as, el 7,3% de las víctimas de violencia intrafamiliar son niños/as, y el dato más alarmante, el 54,6% de las víctimas de delitos sexuales son niños/as.

La primera encuesta nacional de polivictimización en niñas, niños y adolescentes[4], de la misma subsecretaría anteriormente señalada, en sus conclusiones sostiene: “Los Niños, Niñas y Adolescentes que sufren victimización múltiple son un segmento de la población crítico porque se encuentran en alto riesgo de desarrollar consecuencias negativas a largo plazo.”

Asimismo, los principales datos que podemos destacar de dicha encuesta realizada a 19.867 niños/as es que el 46% ha sido víctima de delitos comunes, el 34% ha sido víctima de maltrato por sus cuidadores y un 65% ha sufrido victimización indirecta en sus comunidades.

En esta encuesta, también se ha podido constatar que el género juega un rol fundamental en la violencia. Así el 42% de las niñas ha sufrido maltrato por sus cuidadores, mientras que un 26% de las víctimas corresponde a niños. En el caso de los delitos sexuales, la diferencia está entre un 19% de víctimas niñas y un 13% de víctimas niños. Finalmente, en la violencia ejercida por medios digitales también existe diferencia: un 27% de las víctimas corresponde a niñas y un 14% a niños.

Estos datos preocupantes dan cuenta de la realidad de la violencia infantil en nuestro país, y cabe preguntarse ¿cuáles son los efectos de dicha violencia en la niñez?

Según la Sociedad Chilena de Pediatría la violencia infantil es una realidad social de la cual se derivan 3 clases de consecuencias[5]:

a)Las inmediatas: Por el daño, estado de crisis personal y por el sufrimiento emocional que provocan en la víctima. Dependen del tipo, la intensidad, la frecuencia y el contexto del maltrato o violencia.

b)Las de mediano plazo: Son las que derivan de la recuperación de algunos daños físicos, aparición de reacciones y enfermedades emocionales, la desadaptación escolar y familiar y por la crisis que se produce como consecuencia de la denuncia y de las acciones públicas.

c)Las de largo plazo: Son las que aparecen por las secuelas y discapacidades físicas permanentes y especialmente por los efectos en la estructuración de la personalidad de las víctimas; y que compromete los patrones humanos y familiares. Como consecuencia del maltrato severo, incluido el abuso infantil, con frecuencia aparecen trastornos psiquiátricos prolongados y de difícil manejo y problemas cosociales como puede ser la conducta suicida.

De estos graves efectos que describen los especialistas es necesario hacernos cargo, y para ello, es preciso impulsar una nueva política pública en la materia. Proponer un proyecto de ley abre e invita a un debate democrático en Chile para darle tratamiento a la violencia infantil y otorgarle la entidad que merece a este flagelo.

Finalmente, cabe añadir que las secuelas que a largo plazo quedan en los niños que han sido víctimas de violencia suponen una tremenda e injusta carga no solo personal y familiar sino también social y económica, más enfermedades que quienes no han sufrido dicha violencia.

Los costes directos e indirectos de las consecuencias de la violencia y los costes que supone para el sistema de protección y de justicia llevan a pensar que la rentabilidad económica puede ser también una razón definitiva para abordar el problema de la violencia contra la infancia[6].

2. El marco jurídico de la violencia contra la niñez.

a) El contexto constitucional de la lucha por erradicar la violencia en contra de la niñez.

A día de hoy en Chile se ha abordado la violencia contra niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista punitivo, y sólo respecto del del abandono, maltrato físico y sexual. Es necesario verificar y releer nuestro marco constitucional en la materia.

Nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho a la vida y a la protección de la integridad física y psicológica de todas las personas, en especial, de los niños/as.[7] Asimismo el art. 6to de la Convención de los Derechos del Niño (CDN en adelante) obliga a los Estados a asegurar el máximo desarrollo posible a los niños, cuestión que ha sido interpretada por el Comité respectivo de la siguiente forma:

“El Comité espera que los Estados interpreten el término desarrollo en su sentido más amplio, como concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Las medidas de aplicación deben estar dirigidas a conseguir el desarrollo óptimo de todos los niños.”[8]

A su vez el mismo Comité sobre la violencia contra niños ha dicho:

“La protección contra todas las formas de violencia debe considerarse no solo desde el punto de vista del derecho del niño a la vida y la supervivencia, sino también en relación con su derecho al desarrollo, que se ha de interpretar en consonancia con el objetivo global de la protección del niño. Así pues, la obligación del Estado parte incluye la protección integral contra la violencia y la explotación que pongan en peligro el derecho del menor a la vida, la supervivencia y el desarrollo.”[9]

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos humanos refiriéndose a los derechos de los niños y niñas establecidos en la Convención ha señalado:

“El artículo 19 de la Convención, además de otorgar una protección especial a los derechos reconocidos en ésta, establece una obligación a cargo del Estado de respetar y asegurar los derechos reconocidos a los niños en otros instrumentos internacionales aplicables.”[10]

Así la niñez es uno de los grupos que presenta mayor vulnerabilidad, por su condición social, física y/o cultural, y por lo tanto, requieren de una protección especial. Esta última es un mandato constitucional que se deriva de la correcta interpretación del derecho fundamental a la vida y la protección de la integridad física y psíquica de los niños y niñas que se concreta en la protección contra todo tipo de violencia cuya fuente es constitucional y legal (toda vez que la Convención Americana de Derechos Humanos y la CDN son leyes de la República).

b) El contexto legal y de políticas públicas existente en Chile respecto de la lucha contra la violencia infantil en todas sus formas.

La CDN en su art. 19 define maltrato infantil como “(...) toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual (...)”.[11]

A su vez a nivel legal, cabe destacar:

En el Código Penal: Los delitos de abandono de menores (art. 346-351), desaparición de menores y entrega sin autorización (art. 355 y 356), inducción del abandono de hogar de menores (art. 357), delitos sexuales contra niños/as (art. 361-372 ter), delitos derivados de la pornografia infantil (374 bis), el infanticidio (art. 394) y el delito de maltrato infantil extrafamiliar consagrado en el art. 403 bis y siguientes.

Los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar contra niños/as de la ley 20.066. Cabe destacar en esta ley su art. 3 que contiene medidas de prevención de la violencia al interior de las familias: “Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento (...) a la Convención sobre los Derechos del Niño”.[12]

La ley 20.609 que sanciona las discriminaciones efectuadas en virtud de la edad.

Finalmente cabe destacar la ley 20.536 sobre violencia escolar.

Por último, en el ámbito de las políticas públicas cabe consignar que una de las metas del Plan Nacional de Derechos Humanos[13] es la erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (meta 3), pero resulta insuficiente toda vez que las acciones presupuestariamente dependen de asignaciones anuales a servicios públicos determinados y no considera una partida presupuestaria autónoma para el desarrollo integral de la meta, y una de las acciones más relevantes, a saber, la detección de maltratos se reduce al ámbito del Servicio Nacional de Menores.

3. Conclusiones

●El Estado de Chile requiere operativizar el derecho fundamental a la vida y a la protección respecto de toda forma de violencia contra los niños/as, adoptando medidas especiales de protección.

●Se requiere avanzar hacia una política pública que considere una definición amplia de la violencia infantil que de cuenta de la multidimensionalidad del fenómeno (no solo abarcando el ámbito penal).

●Se requiere una política de promoción, prevención, protección y reparación de la violencia contra los niños de parte del Estado y la Sociedad. El Estado debe actuar de forma coordinada e intersectorialmente.

II. Contenido del proyecto de ley.

1. Conceptos y principios generales para la erradicación de la violencia contra niños y niñas en todas sus formas.

El proyecto define una serie de conceptos para poder operativizar la lucha contra la violencia infantil y dar un marco común al ordenamiento jurídico en la materia.

2. Política Nacional para la erradicación de la violencia infantil.

Se mandata a la Subsecretaría de la Niñez en conjunto con la Defensoría de la Niñez para que en un proceso participativo en el plazo de 2 años se cree una política nacional que operativice los principios y objetivos de este ley.

3. Protocolos de Promoción, Prevención y Actuación para la Administración del Estado.

El proyecto mandata al Gobierno en el plazo de un año a crear reglamentos que definan protocolos de actuación en ámbitos sectoriales que permitan corregir prácticas o riesgos de violencia contra la niñez.

4. Se tipifican como delito las conductas (acción u omisión) de facilitación, colaboración u ocultación de la violencia contra la niñez en todas sus formas. También se actualiza y uniforma la normativa sobre deberes de denuncia en materia de violencia infantil.

5. Proyección internacional de la lucha contra la violencia en niños y niñas desde Chile hacia latinoamérica.

Se establece el deber del Estado de promover en todas las instancias internacionales la erradicación de la violencia infantil y se incorpora el deber de someter la cooperación internacional del Estado de Chile a la cláusula de promoción de la erradicación de la violencia infantil en todas sus formas, en especial, respecto de los Estados de la región latinoamericana.

Asimismo, este proyecto de ley considerará la opinión ciudadana por medio de plataformas digitales para incorporarla posteriormente mediante indicaciones y así perfeccionar y sumar el debate de la sociedad civil y de la niñez en la construcción de este estatuto contra la violencia infantil.

En la elaboración de este proyecto se tomó como referencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Observación General Nª 13 del Comité de los Derechos del Niño, las Directrices del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales para la protección de los niños contra la violencia y el anteproyecto elaborado por expertos para una de ley orgánica para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España.

Por todo lo anterior, vengo en proponer el siguiente proyecto de ley:

ARTÍCULO PRIMERO: Por la presente ley se establece el Estatuto integral contra toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Título primero: Bases generales para la protección contra toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Artículo 1. Objeto de la ley.

1.La ley tiene por objeto regular el derecho a la vida y la protección de la integridad física y psíquica de los niños y niñas mediante la creación de un marco jurídico para la protección contra cualquier forma de violencia en todos los ámbitos de su vida.

2.A los efectos de esta ley, se entiende por violencia la que se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes, incluido el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia intrafamiliar, en el ambito sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, la violencia de género, incluyendo la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual o matrimonio infantil, el tráfico de seres humanos, y cualquier otra forma de abuso producido por cualquier medio, incluidos los realizados a través de las nuevas tecnologías; así como los actos de omisión producidos por las personas que deban ser garantes de la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta ley entiende por niño, niña y adolescente a toda persona menor de 18 años de edad bajo jurisdicción de la República. Esto en conformidad a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño.

Artículo 3. Fines de la ley.

Esta ley establece deberes y derechos para la Administración del Estado en todos sus niveles y para todos las personas bajo la jurisdicción de la República para alcanzar los siguientes fines:

1.Promover la toma de conciencia ciudadana para la erradicación de la violencia en contra de niños y busca dotar a la Administración del Estado, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República y al Congreso Nacional de un marco jurídico para la erradicación progresiva en nuestra sociedad de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes.

2.Establecer medidas de prevención contra la violencia en contra de niños.

3.Empoderar a los niños, niñas y adolescentes respecto de sus derechos, y en especial, el de vivir en un sociedad libre de violencia en todas sus formas.

4.Coordinar la respuesta sectorial e intersectorial del Estado para lograr la erradicación de la violencia contra los niños en todas sus formas.

5.Fortalecer la tutela judicial efectiva de los niños que sufren violencia.

6.Promover la reparación integral de las consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 4. Principios.

Sin perjuicio de los principios y derechos establecidos en las leyes de garantías y de protección de la niñez, en materia de la lucha por la erradicación de la violencia en contra de niños en cualquiera de sus formas se considerará especialmente:

1.Prohibición de toda forma de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes.

2.El interés superior del niño como principio orientador de toda actuación estatal y de particulares.

3.La prevención de la violencia es prioritaria para su erradicación.

4.El buen trato es el elemento esencial de la relación entre el Estado y los niños, niñas y adolescentes.

5.Respeto a la autonomía progresiva y el derecho a la identidad de niños, en especial, su identidad sexual.

6.Acceso efectivo a la justicia de los niños y niñas que sufren violencia.

7.La coordinación y cooperación interadministrativa e intra-administrativa entre todos los órganos de la Administración del Estado.

8.Incorporar la perspectiva de género en todas las medidas relacionadas a la lucha por la erradicación de la violencia contra la niñez.

9.Promover la inversión en infancia y la autonomía presupuestaria de la lucha por la erradicación de la violencia contra la niñez.

La Administración del Estado y el Poder Judicial deben adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para promover la recuperación física y psicológica y la inserción social de los niños y niñas que han sido víctimas de violencia, así como de los niños que hayan cometido hechos de violencia, sin perjuicio de la protección prevista en la ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez.

El Estado de adoptar todas las medidas de protección especial que sean necesarias para realizar el derecho a la integridad física y psíquica de los niños sin discriminación, en especial, para lograr la resiliencia de los niños que han sufrido violencia a causa de actos discriminatorios o que viven situaciones de riesgo de ello.

Artículo 5. Derechos de los niños que sufren violencia o tienen riesgo de sufrirla.

Los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia o tienen riesgo de sufrirla gozan de todos los derechos que les franquea la legislación nacional y los tratados internacionales vigentes en Chile. Estos derechos se interpretarán en el sentido de promover la reparación y remoción de las vulneraciones o amenazas al ejercicio de sus derechos.

Artículo 6. Deber de denuncia de la violencia contra niños en todas sus formas.

1.Tanto las autoridades y servicios públicos, incluyendo a sus funcionarios cualquiera sea su modalidad de contratación, en particular, aquellas que por su profesión u oficio detecten indicios de una situación de violencia contra un niño o niña, tienen obligación de prestar la asistencia inmediata que el niño necesite, de actuar si corresponde a su ámbito competencial o, en su caso, de comunicarlo al Ministerio Público; además, deberán poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del niño o niña, salvo que estos sean los presuntos causantes de la violencia.

2.El Ministerio Público prestará la protección debida a quienes denuncien los hechos descritos en el numeral anterior, cuando de ello se derive algún riesgo a la integridad física o psíquica del denunciante. Podrá hacerlo de oficio o a petición del interesado.

Título segundo: De la Política Nacional para la erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en todas sus formas.

Artículo 7. De la necesidad de la Política Nacional.

Desde la responsabilidad del Estado de proteger una vida libre de violencia de los niños y niñas, procurando para ello la debida coordinación sectorial e intersectorial de la Administración del Estado. Se creará una política nacional para erradicar la violencia infantil en todas sus formas en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta ley. Dicha Política definirá metas y acciones que propendan a la promoción, prevención y reparación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en los términos del artículo 1º de esta ley.

La Política Nacional tendrá en especial atención la recuperación de las consecuencias que afecten la salud mental de los niños y niñas víctimas de la violencia infantil.

Artículo 8. De la elaboración, implementación y seguimiento de la Política Nacional.

La Política Nacional será elaborada en conjunto con por la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, debiendo implementar procesos de participación ciudadana y de consulta a los niños y niñas en territorio nacional. En el plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta ley deberán entregar la propuesta de Política Nacional al Presidente de la República, quien en el plazo de un año desde entregada la propuesta dictará los actos normativos que la hagan constar.

La implementación de la Política Nacional para la erradicación de la violencia contra los niños es un deber de todos los órganos del Estado. Le dará seguimiento y podrá emitir observaciones sobre su cumplimiento la Defensoría de la Niñez.

Título tercero: De la promoción y prevención de la violencia en contra de la niñez por parte del Estado.

Artículo 9. El Presidente de la República en el plazo de un año deberá dictar mediante reglamento los diversos protocolos que se señalan en los artículos siguientes.

El principio rector de dichos protocolos será el carácter prioritario de la prevención del uso de la violencia por parte del Estado y las personas en contra de los niños. Asimismo, los protocolos incluirán mecanismos efectivos para el empoderamiento de los niños en la denuncia de hechos constitutivos de violencia en los términos del artículo 1º de esta ley.

Los protocolos se dictarán previo informe de la Defensoría de la Niñez y se habilitarán mediante las páginas web de los ministerios respectivos procedimientos para la participación ciudadana respecto de los referidos protocolos.

El Presidente de la República, sin perjuicio de los protocolos que se ordenan en los artículos siguientes, podrá dictar los reglamentos que estime necesarios para cumplir con la Política Nacional y los objetivos de esta ley.

Artículo 10. Protocolo para la prevención de la violencia sanitaria y obstétrica en contra de niñas.

Se dictará un protocolo que establezca directrices adecuadas para que el personal de salud en recintos públicos y privados concreten el deber de denuncia contenido en el artículo 6º de esta ley. La no dictación de este protocolo no exime del cumplimiento del deber de denuncia. Especialmente se considerarán pautas de actuación para la detección temprana de la violencia en contra de niños y niñas, en especial, la de carácter sexual.

El protocolo a su vez definirá directrices para erradicar todas aquellas actuaciones médicas o sanitarias que constituyan violencia obstétrica.

Asimismo, el protocolo establecerá pautas adecuadas para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans.

El protocolo tendrá por fin dar cumplimiento a la Política Nacional para la erradicación de la violencia contra los niños en todas sus formas y a lo dispuesto por esta ley en el ámbito competencial de las prestaciones de salud otorgadas por el Estado o indirectamente mediante privados.

Artículo 11. Protocolo para la detección temprana de la violencia por parte del Estado.

Se dictará un protocolo para el ejercicio adecuado del deber denuncia establecido en el artículo 6º de esta ley aplicable a todos los órganos de la Administración del Estado. Aquellos servicios que no dependan del Presidente de la República o los órganos autónomos constitucionales, al menos, deberán otorgarle el valor de recomendación a dicho protocolo.

Artículo 12. Protocolo para la prevención de la violencia en establecimientos educacionales y por medio de nuevas tecnologías.

Se dictará un protocolo, sin perjuicio de lo señalado en la ley sobre violencia escolar, que establezca pautas y directrices de actuación adecuadas para casos de violencia entre niños o de adultos contra niños, se deberá considerar en dichas pautas y directrices a todos los actores involucrados en dichas situaciones en los establecimientos educacionales cualquiera sea su nivel.

El protocolo deberá considerar mecanismos para la detección y denuncia temprana del acoso sexual contra niños en establecimientos educacionales. Asimismo deberá incluir medidas de prevención de la discriminación por causa de las expresiones de diversidad sexual, discapacidad, origen nacional o cualquier otro motivo.

El protocolo deberá considerar la intervención adecuada para prevenir y reparar la violencia que sufren los niños y niñas por medio de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, las redes sociales.

El protocolo tendrá por fin dar cumplimiento a la Política Nacional para la erradicación de la violencia contra los niños en todas sus formas y a lo dispuesto por esta ley en el ámbito competencial de las prestaciones de educación otorgadas por el Estado o indirectamente mediante privados.

Artículo 13. Protocolo de actuación y prevención del uso indebido de la fuerza en niños, niñas y adolescentes por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública.

Deberá dictarse un nuevo protocolo para cada una de las ramas de la Fuerza de la Seguridad Pública conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley.

Deben establecerse en dichos protocolos el deber de no ejercer actos de violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública en todo lugar donde se presuma la presencia de niños y niñas, como por ejemplo, el no uso de armas como el gas lacrimógeno cerca de establecimientos educacionales o de salud.

El protocolo tendrá por fin dar cumplimiento a la Política Nacional para la erradicación de la violencia contra los niños en todas sus formas y a lo dispuesto por esta ley en el ámbito competencial respectivo.

Artículo 14. Protocolo para las Fuerzas Armadas para el buen trato de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia.

Se dictará un protocolo para el conjunto de las Fuerzas Armadas para prevenir hechos de violencia, entre ellos, el uso indebido de la fuerza en situaciones de emergencia, como por ejemplo, estados de excepción constitucional, entre otros.

El protocolo tendrá por fin dar cumplimiento a la Política Nacional para la erradicación de la violencia contra los niños en todas sus formas y a lo dispuesto por esta ley en el ámbito competencial respectivo.

Artículo 15. Protocolo para la promoción, prevención y reparación de la violencia infantil.

Deberá dictarse un protocolo que concentre el conjunto de información necesaria para la promoción, prevención y reparación de la violencia que esté en poder de la Subsecretaría de la Niñez con el objeto de facilitar la lucha contra la violencia infantil. Dicho protocolo debe responder al quehacer por parte de la Administración del Estado frente a situaciones de violencia en contra de niños y niñas y permitir la derivación competencial oportuna.

Artículo 16. Protocolo para la protección especial de niños en situación de vulnerabilidad: Infancia LGTBIQ+, Migrantes y Refugiados, Indígenas, Discapacidad, en situación de aislamiento territorial, entre otros.

La discriminación constituye una forma agravada de violencia en contra de los niños y niñas. Para promocionar, prevenir, erradicar y reparar las consecuencias derivadas de este tipo de violencia deberá dictarse un protocolo que permita la adopción de medidas de protección especial por parte de la Administración del Estado que estén orientadas a la resiliencia de los niños en riesgo de sufrir violencia o que la hayan sufrido.

El protocolo deberá considerar especialmente el respeto del autoreconocimiento de la identidad sexual y/o de género en los niños y niñas y el respeto a la expresión de la orientación sexual en todos los ámbitos de su vida.

Respecto de los niños y niñas en condición de movilidad humana se deberá considerar un mecanismo adecuado para la detección de necesidades especiales de protección en la frontera o ya dentro del territorio nacional.

Este protocolo será de carácter general y deberá recoger directrices y pautas de actuación en todos aquellos casos que los niños y niñas se encuentren en una condición de riesgo de sufrir discriminación o la hayan sufrido.

Título cuarto: De la vocación internacional de la ley.

Artículo 17. El Estado promoverá que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas por la erradicación de la violencia contra la infancia dentro de los proyectos que se financien, poniéndose especial énfasis en la prevención de la violencia y la reparación internacional.

Artículo 18. Las políticas públicas que se desarrollen al amparo de esta ley y que hayan resultado exitosas en los objetivos que define la misma, se compartirán en los foros internacionales, en especial en los de América Latina y el Caribe. Lo anterior, con el objetivo de promover, prevenir, erradicar y reparar la violencia en contra de la niñez a nivel internacional. Será responsable de este deber de promoción el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO:

Agréguese un nuevo artículo 403 octies al Código Penal, pasando el actual a ser artículo 403 octies, del siguiente tenor:

Se castigará con presidio menor en su grado mínimo a aquel que mediante conductas activas u omisivas facilite, colabore u oculte actos de violencia de aquellos definidos en el artículo 1º Nº 2 de la ley que establece el Estatuto integral contra toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Diputados señores Boric, Díaz, Ibáñez y Winter, y de las diputadas señoras Amar, Marzán, Olivera; Pérez, doña Catalina; Sabat y Yeomans

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don Andrés; Longton, Mirosevic, y Trisotti, y de las diputadas señoras Jiles y Luck, que “Modifica la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, con el objeto de regular el derecho de audiencia con el juez” Boletín N°12417-18

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- Chile suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990, siendo promulgada el 14 de agosto de dicho año y vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990.

2.- La aplicación de la citada convención en Chile tiene su fundamento inmediato a través del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República que establece como límite de la soberanía, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se reconocen tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, previa aceptación de que la citada Convención establece derechos fundamentales.

3.- La entrada en vigencia de la Convención en Chile ha provocado una serie de modificaciones legislativas, justamente como una manera de adecuar la normativa nacional al instrumento internacional, dentro de las cuales destaca especialmente para nuestro propósito la Ley de Tribunales de Familia, Nº 19.968, publicada en el Diario Oficial el 30 de agosto del año 2004, comenzando a regir el 1º de octubre del año 2005.

4.- Pues bien, en lo medular, el presente proyecto de ley pretende ser un aporte y una verdadera herramienta legal que garantice el ejercicio pleno de todo niño, niña y adolescente, cuyos derechos e intereses sean expuestos al conocimiento y escrutinio de la judicatura competente en materia de familia, especialmente en aquellos casos de riesgo o vulneración efectiva de los mismos. Al respecto y para mejor comprensión, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:

“1.- Los Estados Partes garantizarán al niño que éste en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.- 2. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

5.- El derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de participar en el procedimiento judicial, también conocido como el derecho a ser oído, por medio del cual manifiestan su opinión - tanto directa como indirectamente a través de su curador ad-litem- no se considera en la actualidad por nuestra normativa con un carácter estrictamente vinculante, quedando relegado como un derecho a ser tomado en cuenta por el juez, sin que sea necesario una audiencia para ello. En este sentido, el derecho del niño a ser oído especialmente en el ámbito judicial, no es un tema doméstico o de menor relevancia, sino que por el contrario, se vincula de manera indefectible con el derecho a defensa en su amplio concepto, técnico y material, consagrado a nivel constitucional y garantizado a todas las personas en su artículo 19 N°3, dentro de los cuales –evidentemente- están consideradas aquellas que no han alcanzado la mayoría de edad legal en nuestro país.

6.- En el ámbito nacional, el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes en el procedimiento judicial tiene su fundamento en los incisos primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia, que dispone lo siguiente: “Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías.”

El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento.” Lo anterior, sin perjuicio de otras disposiciones legales que hacen mención al derecho de ser oído, diseminados en nuestro ordenamiento jurídico, a saber,

los artículos 227 y 242 del Código Civil, el artículo 85 de la Ley N° 19.947 sobre Matrimonio Civil, el artículo 3 de la Ley N° 19.620, sobre Adopción, la Ley N° 21.057 que regula la entrevistas grabadas en audio y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, entre otros cuerpos legales.

7.- Sin embargo, siendo más específico, en materia proteccional, cuando se discute la separación de los niños respecto de sus padres, el inciso segundo del artículo 72 de la Ley N° 19.968 establece el deber del juez de informar a las “partes” sobre las etapas del procedimiento, sus derechos y deberes, y responder las dudas de éstas, acentuando que dicha información a los niños, niñas o adolescentes se efectuará en un lenguaje comprensible. Complemento de lo anterior, lo constituye el artículo 69 del citado cuerpo legal, que a su vez acentúa la obligación que pesa sobre el juez de tener debidamente en cuenta las opiniones de los niños, niñas o adolescentes, considerando su edad y madurez. A continuación, el mismo artículo señala que el juez, para efectos de tener en cuenta la opinión del niño, puede escucharlos en las audiencias preparatoria y de juicio, o en otra especial fijada al efecto, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica.

8.- Siendo así las cosas y, dejando al margen las audiencias ordinarias que contempla el procedimiento judicial en materia de familia; a saber, la preparatoria y de juicio, la audiencia por excelencia para hacer efectivo el derecho a ser oído y conocer en definitiva la opinión de todo niño, niña y adolescente por parte de la judicatura es la regulada en el artículo 79 de la Ley N° 19.968, la que prescribe a su respecto, lo siguiente: “Derecho de audiencia con el juez. Los niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente, cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente.”

9.- Para estos efectos, de suya conveniencia resulta citar la Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño, en cuya virtud se expresa y destaca la importancia de la entrega de información al niño, niña o adolescente acerca de "las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias", consagrando que este "derecho a la información es fundamental, porque es condición imprescindible para que existan decisiones claras por parte del niño".

A mayor abundamiento, la Observación General Nº 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, invita en forma explícita a los Estados Partes y a todas las personas que se hallen en situación de evaluar y determinar el interés superior del niño a que presten atención especial a las salvaguardias y ciertas garantías, dentro de las cuales se menciona el derecho del niño a expresar su propia opinión, siendo fundamental la comunicación con los niños para lograr que participen de manera provechosa en él y determinar su interés superior. Asimismo, en el marco de dicha comunicación, señala entre otras cosas, que se debería informar a los niños sobre el proceso y los posibles servicios y soluciones duraderas, reunir información proporcionada por los niños y pedirles opinión. Es más, algo que no se encuentra regulado por nuestra derecho positivo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas señala que, en el evento que el niño desea expresar su parecer y este derecho se ejerce mediante un representante, la obligación de este último es comunicar con precisión las opiniones del niño. En el mismo supuesto, en caso que la opinión del niño entra en conflicto con la de su representante, incluso se señala que se debería establecer un procedimiento para que el niño pueda acudir a una autoridad a fin de determinar otra fórmula de representación, citando a modo de ejemplo la figura del curador ad- litem.

10.- En vista y considerando lo expuesto hasta aquí, queda de manifiesto que la judicatura se encuentra en el imperativo de permitir y promover una constante participación de los niños, niñas y adolescentes durante el procedimiento judicial que les afecte, especialmente en materia proteccional. No obstante, nuestra normativa en la materia resulta insuficiente, por cuanto aparenta ser simplemente programática, al no regular el contenido, forma, oportunidad y periodicidad en la que deben ser escuchados los niños, por ende, también conocer el deseo personal e intransferible, del propio afectado. De lo contrario, no existirá una real garantía del ejercicio pleno de los derechos de los niños a ser oídos, si éste se ejerce en un par de oportunidades aisladas en el tiempo, siendo difícil lograr el grado de conocimiento y detalle que se requiere para la adopción de medidas de tal compleja naturaleza por parte de la judicatura, máxime si en nuestro sistema rigen las reglas de la sana crítica.

Colateralmente, el contacto periódico de los niños con el juez, indefectiblemente debiera suponer un expedito canal de comunicación con éste para entregar información fáctica de relevancia en la controversia judicial y de paso inhibir, desincentivar o disuadir cualquier acto, conducta, u omisión vulneradora a sus derechos, ya sea por parte de sus familiares, trabajadores o funcionarios de los programas de la red de protección de la infancia, como cualquier otra que pudiera tener contacto o relación con él.

11.- Pese que el presente proyecto no pretende abordar o modificar la obligación que asiste a los jueces de familia de visitar personalmente los centros residenciales existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección, es necesario señalar que, a título de comparación, tanto la visita como la audiencia reservada son importantes instrumentos para promover y propiciar el ejercicio de todo niño para ser oído, pero solo la primera cuenta con una periodicidad reglada. En efecto, su regulación legal se encuentra en el artículo 78 de la Ley N° 19.968, aunque es el inciso segundo del artículo 5 del Acta 37 de 2014 de la Excelentísima Corte Suprema, el que prescribe que el juez, entre otras acciones, entrevistará a los menores de edad internados a fin de informarse sobre su estado actual y sobre cualquier reclamo o asunto que deseen plantear, debiendo darle solución inmediata a lo que sea posible o adoptar las medidas que el caso aconseje en un plazo que no podrá exceder de 48 horas. Los resultados de las visitas permiten colegir que no son suficientes por sí mismos, pero es indudablemente un avance que los lapsos no pueden exceder de seis meses entre una y otra, -incluso considerándose- el incumplimiento de esta obligación como una falta disciplinaria grave. En dicho contexto, nuestra normativa –paradojalmente- regula una entrevista personal del juez a todo niño bajo cuidado alternativo residencial en el marco de una visita, en lapsos de tiempo que no pueden exceder los 6 meses, mas nada respecto de las audiencias reservadas, sobre todo considerando que la entrevista en un centro residencial no podría ser concebida formalmente como una audiencia para tomar los resguardos procesales que ello supone, aun cuando la misma Acta 37 imponga al director de la residencia tomar medidas que garanticen la independencia y libertad para que el niño pueda manifestar libremente su opinión.

12.- Si ya resulta inquietante que un niño, niña u adolescente no tenga una participación activa y directa en los procedimientos judiciales que le afecten, el escenario pareciera ser más lapidario, pues, hace algunos meses atrás, en junio del año en curso, nuestro país vivió un gran remezón en materia de infancia, cuando fue conocido por todos, el contenido del informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, cuyo texto, a propósito del derecho a expresar su opinión y ser escuchado señala lo siguiente: “65. De conformidad con el artículo 12 de la Convención, Chile tiene la obligación de garantizar al niño el derecho de expresar su opinión en los asuntos que lo afectan, y tener debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez, incluido el derecho de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, que afecte. 66. La mayoría de los NNA (86.4%) dice tener conocimiento de las causas de su ingreso y son informados de cuando hay audiencias para revisar la continuidad de su permanencia en los centros (70.6%). No obstante, solo 32.1% dice tener la oportunidad de hablar con el magistrado y 30.8 con algún abogado que los represente en sus causas. En cuando a los centros, 4.1% indican que los NNA no se encuentran autorizados para hablar con el/la juez directamente en caso de requerirlo, mientras 20.4% de los centros reportan que durante la última visita de los jueces de familia los NNA no hablaron con ello y 7.5% no sabe si lo hicieron o no. 67. 31.8% de los centros reporta no contar con protocolo de quejas y sugerencias o no saber de su existencia. 11.7% de los centros que manifiestan contar con un protocolo propio, señalan que no se encuentra escrito, lo que no asegura que sea conocido y compartido por profesionales, familias y residentes de los centros. 15.5% de los centros reporta no contar con un buzón de reclamos. Desde la perspectiva de los NNA, 63.4% declara haber realizado algún reclamo a los profesionales del centro. De ellos, 44% declara haber tenido respuesta “siempre o casi siempre”, 28,6% “algunas veces” y 22.3% nunca. Más allá de los reclamos, 37.2% de los NNA siente que los profesionales del centro no escuchan las opiniones frente a situaciones que los afectan. 68. Más de un tercio de los centros (39.4%) declararon que los NNA no pueden participar de ningún tipo de decisiones. Solo 34.7% de los NNA reportaron tener el derecho a la participación y opinión respecto a las decisiones que se toman y afectan el funcionamiento del centro. 69. El Comité considera que Chile viola el artículo 12 de la Convención por:

a) No informar adecuadamente en todos los casos, a los NNA, ni procurar su comprensión de la información, para que su opinión pueda ser respetada en el proceso que lleva a su ingreso en un centro; b) No garantizar el acceso a hablar con el/la juez y un abogado; c) La ausencia de protocolos claros y conocidos sobre la posibilidad de expresar quejas o denunciar vulneraciones de derechos, lo que limita seriamente el derecho y hace que los niños no se sientan cómodos para hablar con los profesionales del centro; d) No garantizar a cada NNA la oportunidad de ser escuchado y expresar su opinión en las decisiones del centro que le afectan y poder contribuir en la gestión de sus espacios cotidianos.”

13.- Las conclusiones que pueden obtenerse del mérito del informe elaborado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, parecen consonantes con la realidad y no son más que el cruel reflejo expresado en números de las críticas hacia el sistema de protección de la infancia que existe en nuestro país, cuyas responsabilidades son endosadas a todos los operadores del sistema, desde la ausencia o deficiencia legislativa, pasando por la falta de capacitación y especialización de los profesionales e incluso de la propia judicatura, hasta la débil respuesta que entrega la Administración del Estado a través de sus Ministerios, Servicios Públicos y redes de colaboradores. El tema sin duda es complejo, pero la situación puede ser revertida y por tal razón, el presente proyecto de ley ambiciona mejorar un tema muy específico, cual es la necesidad de promover y fortalecer el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser oído, como una consecuencia necesaria del derecho a defensa en su sede técnica y material.

14.- No hay que olvidar que todo nuestro ordenamiento jurídico, apunta a la excepcionalidad y transitoriedad de la aplicación de medidas de protección. En cuanto a la excepcionalidad, el propio artículo 74 de la Ley N° 19.968, indica que sólo cuando sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del niño, niña o adolescente y siempre que no exista otra más adecuada, se podrá adoptar una medida que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En lo que concierne a la transitoriedad, el 80 de la Ley N° 19.968 faculta expresamente al juez de familiar para suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada en cualquier momento,

ya sea de oficio, a solicitud del niño, niña o adolescente, entre otros intervinientes en el proceso Es más, esta última disposición legal, señala que el propio juez puede –mas no debe en forma vinculante- citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes y recibir los antecedentes.

15.- A modo de complemento de los argumentos ya esbozados, no hay que restarle importancia a los principios orientadores en materia de procedimientos antes del tribunales de familia, cuyo artículo 9 de la Ley N° 19.968, establece una suerte de prelación entre los principios, al establecer que primará entre otros el de inmediación y el de actuación de oficio. A su vez, el principio de inmediación, de conformidad al artículo 12 de la citada ley deja meridianamente claro que las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones. Lo anterior resulta evidente, pues la propia ley señala que el juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido. En cuanto al principio de actuación de oficio, señalado en el artículo 9 y desarrollado en el artículo 13 de la Ley N° 19.968, establece que promovido un proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Acto seguido y directamente relacionado con el objeto del presente proyecto de ley, el citado artículo 13 indica que, dicho principio deberá observarse especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes.

16.- Como corolario, podemos ver que todas las normas diseminadas en nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo por cierto las normas internacionales aplicables en Chile como la Convención sobre los Derechos del Niño, revelan no solo las facultades y prerrogativas que tienen los jueces que conocen los procesos en los que se ventilan los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, sino que también las obligaciones y atribuciones que pesan sobre éstos, muchas de las cuales, como en el caso de las audiencias reservadas y de revisión de cautelares quedan entregadas a su completa discreción, al menos, en cuanto a su oportunidad y periodicidad. Es sabido que una de las condicionantes y limitantes que tiene la judicatura es la excesiva carga laboral, prueba de ello, es que han debido regular sus

quehaceres institucionales mediante la dictación de autos acordados, cuya aplicación resulta pragmática pero al menos cuestionable, por tratarse en varias situaciones de materias propias de ley. Por ello, es que resulta de vital importancia que la propia ley, sea la que imponga ciertas pautas o directrices a la discreción y prudencia de la judicatura.

Probablemente si el sistema funcionara adecuadamente, no sería necesaria limitar el ejercicio discrecional de la judicatura; sin embargo, la información que proporciona la prensa y los medios de comunicación social y el contundente resultado consignado en el informe del Comité de los Derechos del Niño, invocan un deber de cuestionamiento hacia una nueva operativa y obligan no solo a introducir una serie de cambios que trasciendan –tanto en lo cualitativo como cuantitativo- en beneficio directo de nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en riesgo o situación de vulnerabilidad, sino que también, una ruptura al viejo paradigma tutelar que se tiene sobre éstos como un objeto y no como un sujeto procesal.

17.- Por último, es dable advertir que el presente proyecto de ley no ambiciona hacerse cargo de la discusión doctrinal que existe en torno a la naturaleza de la audiencia especial que regula el artículo 79 de la Ley N° 19.968, en cuanto constituye una actuación de aportación probatoria o un acto de postulación del niño, niña o adolescente de su derecho de ser oído, pues la falta de regulación ha permitido la construcción de interesantes tesis sobre la materia, según sean las consecuencias procesales que de ello se desprenden. Tampoco pretende abordar el fondo y forma de la audiencia reservada, pues dicho tema se encuentra regulado a nivel general –aunque no de manera sistemática y orgánica- a través de distintas disposiciones legales y principios diseminados en nuestra normativa vigente y especialmente en el Acta N° 237 de 30 de Diciembre de 2014 de la Excelentísima Corte Suprema, que regula la implementación y uso de un espacio adecuado para el ejercicio del derecho a ser oídos de niños, niñas y adolescentes en tribunales con competencia en materia de familia. No obstante lo anterior, resulta ser una propicia oportunidad para zanjar ciertas discusiones que han provocado una serie de desaciertos judiciales, a saber; sobre la obligación que tiene el juez de oír e entrevistar al niño de manera personal y no delegada como una clara manifestación del principio de inmediación y el derecho que tienen las partes a saber el contenido de la audiencia en cuestión, pues no existe justificación legal para la reserva, sin que ello signifique conculcar el derecho a la intimidad e

integridad de todo niño, niña o adolescente durante el proceso judicial. Cabe señalar que, la reserva absolutamente desregulada no tiene fundamento alguno y trasgrede el derecho a defensa y debido proceso, pudiendo incluso viciarlo en su forma y fondo.

Por lo tanto, proponemos el siguiente proyecto de ley:

Artículo único.- Elimínese el artículo 79 de la Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, siendo éste reemplazado por el siguiente texto:

Artículo 79.- Derecho y deber de audiencia con el juez. Los niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, deberán ser oídos por el juez de familia, ya sea de oficio o cuando éstos lo soliciten personalmente, a través de su curador ad litem o las personas señaladas en el artículo siguiente.

Durante la audiencia, los niños, niñas y adolescentes podrán comparecer personalmente y/o representados a través de las personas señaladas en el párrafo precedente, según cual fuera el resultado de su expresa manifestación voluntad, siendo directamente oído por el juez y entrevistado por éste, en un espacio adecuado, mediante el uso de un lenguaje adecuado y sencillo, acorde a su edad, madurez y nivel sociocultural, quedando prohibida la delegación de tal actuación en otra persona o funcionario. Para estos efectos, al inicio de la audiencia, el juez dará la palabra al niño, niña o adolescente, para pronunciarse sobre su voluntad o deseo en orden a comparecer solo y/o representado, debiendo inmediatamente resolver de conformidad a su interés superior, edad y autonomía progresiva, en caso de discrepancia entre ambos o falta de pronunciamiento claro y expreso. Dicha resolución no será susceptible de recurso.

Las audiencias de que trata este artículo, podrán efectuarse en cualquier momento, pero respecto de aquellos niños, niñas o adolescentes objeto de alguna de las medidas de protección que contempla la letra c y h del artículo 71 de la presente ley, deberán ser dentro de lapsos que no excederán de seis meses entre una y otra mientras se mantenga vigente o renovada la misma, considerándose el incumplimiento de esta obligación como una falta disciplinaria grave para todos los efectos legales.

Deberá contarse con a lo menos un registro de audio idóneo que permita la reproducción íntegra y fidedigna de lo señalado por el niño, niña o adolescente, y evitar en lo posible la revictimización en la misma u otras instancias judiciales.

Sólo las partes tendrán acceso al contenido del registro de audio, el que será otorgado previa solicitud y entrega de un soporte o unidad de almacenamiento electrónico; salvo que, el niño, niña o adolescente solicite expresamente mantener la información íntegra o parcialmente bajo estricta reserva, debiendo el juez resolver sobre esta materia inmediatamente finalizada la audiencia, tomando en consideración para aquello, el interés superior del niño, niña o adolescente, su edad y su autonomía progresiva. Dicha resolución deberá ser fundada y será recurrible según las reglas generales.

Diputados señores Celis, don Andrés; Longton, Mirosevic, y Trisotti, y de las diputadas señoras Jiles y Luck

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Longton; Celis, don Andrés; Fuenzalida, don Gonzalo; Kuschel, Molina, Rey; Santana, don Alejandro, y Urruticoechea, y de la diputada señora Sabat, que “Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, y el decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, ley de Concesiones de Obras Públicas, para suspender el procedimiento de cobro asociado al uso de rutas concesionadas en el caso que indica” Boletín N°12425-15

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- En el mes de agosto del año 2018 Carabineros de Chile recuperó 23 vehículos robados en la operación denominada “Ruta Norte”, la forma en que operaban los delincuentes era robar vehículos, los cuales eran intervenidos en orden a modificar sus elementos identificatorios, como series y motores, luego adquirían patentes falsas de automóviles de similares características, con lo que le daban una nueva identidad al bien. Cabe señalar que la calidad de la falsificación de las patentes era de un nivel complejo de determinar incluso por los especialistas, por lo que determinarlo por medio de los elementos señalados en el artículo 4º de la ley del tránsito, esto es, equipos de registro y detección de infracciones, resulta imposible.

La normativa del tránsito define la placa patente como el distintivo que permite individualizar al vehículo, este distintivo es único y definitivo, además se establece que ningún vehículo motorizado podrá desplazarse por el territorio sin ella, incluso el artículo 174 de la ley de tránsito se hace cargo del caso en que un vehículo transite con patente falsa o correspondiente a otro vehículo, debiendo ser retirado de circulación y puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.

Al respecto las diferentes autopistas del país tiene diseñado un protocolo de acción, el cual depende de cada una de ellas, no existiendo claridad y un trato disímil frente a una misma situación.

II.- Frente a un creciente parque automotriz, que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas[1], supera los 5 millones de vehículos al año 2017, acompañado del uso del sistema de concesiones para llevar a cabo las obras necesarias para la conectividad del país, delitos como el robo de este tipo de bienes, con hechos de alta connotación, social como los denominados “portonazos”, se han vuelto cada vez más recurrentes en nuestra sociedad, delitos que según un estudio realizado por la Unidad de Análisis de la Fiscalía Oriente, entre enero y septiembre de 2017 aumentaron al menos en un 6% en relación al 2016, por su parte la Asociación de Aseguradoras de Chile dio a conocer que durante el mismo periodo que al menos 9.976 automóviles fueron robados.

III.- El artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece respecto del pego por el uso de una obra que “Cuando el usuario de una obra dada en concesión no cumpla con el pago de su tarifa o peaje, el concesionario podrá cobrarlo judicialmente, reajustado según la variación del Índice de Precios al Consumidor, más los intereses máximos convencionales y las costas.” De este modo los dueños de los vehículos, conforme al artículo 39 de la ley de tránsito[2], esto es aquellas personas que aparecen en el registro correspondiente conforme a la ley de tránsito, serán responsables del pago.

IV.- Por su parte la Ley Nº 18.290 del Tránsito describe como infracción la no utilización de dispositivos electrónicos en los siguientes términos, “En los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, sólo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro. La infracción a esta prohibición será sancionada con una multa de una unidad tributaria mensual y para todos los efectos se entenderá como una infracción grave de conformidad al artículo 200 Nº 7 de la presente ley.”.

V.- En este sentido se hace necesario establecer una norma de carácter general y obligatoria que permita a las víctimas de delitos como el robo de su vehículo, la clonación de su patente única o incluso de su dispositivo electrónico, injusticias como la publicada el día 6 de abril de 2017 en el noticiero de Chilevisión[3], donde un conductor en plena vía pública se encentró con un vehículo de la misma marca y características, incluso con la misma patente. Natalia Mardones, quien llevaba varios años pagando multas para poder obtener el permiso de circulación, pues la ley exige que para la renovación las infracciones se encuentren debidamente aclaradas.

MODIFICACIÓNES PROPUESTAS

1.- El proyecto propone añadir un nuevo inciso segundo al artículo 114 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley del Tránsito, en orden a establecer una excepción a la infracción contemplada en el inciso primero de la misma norma.

2.- Agregar la misma excepción, respecto del cobro que puede realizar el concesionario de acuerdo al artículo 42 del Decreto Nº 900 del Ministerio de Obras Públicas, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley, Ministerio de Obras Públicas N° 164, de 1991 Ley de Concesiones de Obras Públicas.

IDEA MATRIZ

Suspender cobros por pago de infracciones o uso de rutas concesionadas en el caso de denuncias por delitos de robo del vehículo o la falsificación de instrumentos de identificación del mismo como lo es la placa patente.

Por lo anterior es que venimos en someter al conocimiento de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE LEY

1.- Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 114 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley del Tránsito, del siguiente tenor:

“En el caso que el dueño presente pruebas fehacientes de haber sido víctima de un delito de robo del vehículo, aquel contemplado en el artículo 192 letra e) u otro que pueda afectar la certeza de la aplicación de la multa, el procedimiento será suspendido. Constituirá prueba fehaciente la denuncia o querella por el delito, la certificación de encontrarse el vehículo registrado en la sección de encargo y búsqueda de Carabineros de Chile u otros documentos que acrediten el hecho de encontrarse en curso una investigación penal. Serán aplicables las penas del artículo 211 del Código Penal en el caso de que los antecedentes invocados sean falsos.

2.- Agréguese en el artículo 42 del Decreto Nº 900 del Ministerio de Obras Públicas, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley, Ministerio de Obras Públicas N° 164, de 1991 Ley de Concesiones de Obras Públicas, a continuación del primer punto seguido la siguiente frase ““En el caso que el dueño presente pruebas fehacientes de haber sido víctima de un delito de robo del vehículo, aquel contemplado en el artículo 192 letra e) u otro que pueda afectar la certeza de la aplicación del cobro, el procedimiento de cobranza será suspendido. Constituirá prueba fehaciente la denuncia o querella por el delito, la certificación de encontrarse el vehículo registrado en la sección de encargo y búsqueda de Carabineros de Chile u otros documentos que acrediten el hecho de encontrarse en curso una investigación penal. Serán aplicables las penas del artículo 211 del Código Penal en el caso de que los antecedentes invocados sean falsos.

Diputados señores Longton; Celis, don Andrés;Fuenzalida, don Gonzalo; Kuschel, Molina, Rey; Santana, don Alejandro, y Urruticoechea, y de la diputada señora Sabat

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Longton; Celis, don Andrés; Fuenzalida, don Gonzalo; Kuschel, Molina, Rey; Santana, don Alejandro, y Urruticoechea, y de la diputada señora Sabat, que “Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la asignación del local de votación” Boletín N°12426-06

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Que en la más reciente elección realizada en nuestro país el padrón electoral total ascendió a 14.347.288, de los cuales solo participaron 7.032.878, lo que equivale al 49,02%[1]. Es decir, la participación ha evolucionado negativamente desde la elección presidencial de 1989, donde la participación fue la más alta de la historia con un 92,3% de los inscritos. Obviamente los niveles de participación aumentan dependiendo del momento histórico y la trascendencia que la ciudadanía le entrega a un determinado acto eleccionario como el de 1989.

La verdad es que esta tendencia decreciente se viene dando desde antes de la reforma al sistema electoral y el establecimiento del voto voluntario y la inscripción automática, pues ya en las elecciones del año 2009 la participación alcanzó un débil 63%, situación que se agrava cuando consideramos la elección de las autoridades locales, en cuya última elección la participación no superó el 35% de los habilitados para votar.

Lo anterior se debe a varios factores según los expertos, que van desde el desencanto con las promesas políticas, pasando por la mala evaluación de quienes forman parte de la actividad.

2.- El inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la república establece que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”. La participación en todos los aspectos de la vida nacional no solo es una garantía estatal, sino también el texto de la Carta Fundamental asegura la posibilidad de que se ejerza con igualdad de oportunidades. La participación política, particularmente en el voto es parte de esta premisa constitucional.

Por su parte el artículo 5° de la Carta Fundamental establece que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.”, en este orden de ideas es que la soberanía no puede ser limitada en cuanto a su ejercicio por parte de la nación, elemento clásico del Estado consistente en el grupo humano, donde también hablamos de ciudadanía.

3.- La Ley N° 20.568 introdujo el voto voluntario y la inscripción automática a nuestro sistema electoral, cabe señalar que no existen antecedentes para señalar que este cambio ha significado un detrimento en la participación, como como señalamos más arriba venía en un franco retroceso. Es más, se ha señalado que, si la votación es voluntaria, además de buscar ganar, los candidatos y los partidos deben buscar darle legitimidad a todo el proceso a través de una participación más alta. Así, mientras los candidatos compiten entre sí por obtener más votos, tienen incentivos para coordinadamente intentar aumentar la participación electoral[2].

El voto en nuestro país, a pesar de los recursos disponibles y basándose en la opinión de varios especialistas, se ha optado por el voto presencial y el conteo manual, ya que siguen siendo el método más seguro y efectivo para llevar a cabo los procesos electorales.

4.- El artículo 58 de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en su inciso tercero primera parte, establece que “El Servicio Electoral deberá preferir aquellos locales de carácter público en la medida que existan establecimientos suficientes para atender las necesidades para la instalación de las mesas de la circunscripción electoral que corresponda, considerando criterios de facilidad de acceso para los electores.” La aludida facilidad se refiere a la ubicación de los locales sin tener en consideración la distancia que puede existir para los electores.

5.- El aspecto geográfico indudablemente ha sido relevante en los sistemas políticos y electorales, pues determinar los factores físicos que puede influir en una determinada elección, la conformación de distritos, la determinación de locales de votación puede llegar a ser factores que den cuenta de desigualdades sociales, falta de equidad que podría influir determinantemente en la participación.

Un problema para la sociedad y poco estudiado es la determinación de las posiciones geográficas más adecuadas para los distintos tipos de equipamientos públicos y privados, problema muy característico y específico de la Geografía. La identificación y selección de los locales de votación no se realiza sobre la base de características espaciales. La asignación de los locales de votación, al parecer, se realiza en orden a la selección de éstos y a la inscripción de los votantes[3].

Para la determinación de los locales de votación, el Servicio Electoral, debe tener a la vista un aspecto preponderante, cual es la distancia promedio entre el lugar en que se situarán las urnas y el domicilio de los electores, esto considerando los costos asociados al ejercicio del sufragio, como el transporte, el tiempo de movilización y el desgaste de oportunidad, lo cual en una sociedad como la chilena puede desencadenar en una discriminación social, basada en las posibilidades de los ciudadanos en orden a contar con los recursos para acudir a emitir su voto.

6.- La baja participación en los procesos electorales en una lógica que se vive en todo el mundo, particularmente en Europa y en EEUU, la desconfianza en los políticos es el factor más mencionado en diferentes encuestas y mediciones realizadas en el viejo mundo, el 27% en promedio[4], razón que se repite en nuestro país la situación y los motivos entregados por los ciudadanos frente a la baja participación no son muy diferentes, entre ellos la lejanía del local de votación, lo cual si bien se manifiesta en un porcetaje menor, no deja de ser un factor social importante de ser corregido en base a criterios de determinación de los locales en base a la cercanía con el domicilio de los electores.

IDEA MATRIZ

Introducir el criterio de cercanía al domicilio electoral como factor para la asignación de locales de votación en todas las elecciones y plebiscitos a celebrarse conforme a la ley y la constitución, salvaguardando de este modo la participación electoral de los ciudadanos.

MODIFICACIÓN PROPUESTA

El proyecto propone una modificación al artículo 58 de la ley N° 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio.

Por lo anterior es que sometemos a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Agréguese en el inciso tercero del artículo 58 de la ley N°18.700 a continuación de las expresiones “para los electores” la siguiente frase “asignando a cada elector en el local más cercano a su domicilio electoral”.

Diputados señores Longton; Celis, don Andrés; Fuenzalida, don Gonzalo; Kuschel, Molina, Rey; Santana, don Alejandro, y Urruticoechea, y de la diputada señora Sabat

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat, Carvajal; Cicardini, Hernando, Hoffmann, Luck, Olivera, Ossandón, Troncoso y Vallejo, que “Modifica el Código del Trabajo para proteger los derechos de las trabajadoras durante la tramitación y uso de los permisos asociados al descanso de maternidad” Boletín N°12427-13

INTRODUCCIÓN

I.- Mejorar las normas que permitan un fortalecimiento de la familia, en cuanto al cuidado de la madre y sus hijos e hijas, desde la perspectiva general del cuidado a la maternidad es un desafío que nuestro país comenzó con la publicación de la ley Nº 20.545 que incorporó importantes modificaciones al Código del Trabajo con el fin de proteger esta dimensión de la vida. Se estableció el permiso prenatal y el postnatal.

Con posterioridad son varias la leyes que han ido perfeccionando la figura de dichos permisos, extendiéndola a las trabajadoras públicas mediante la ley Nº 20.891.

Fueron primeramente los Tratados Internacionales que reconocieron la necesidad de entregar un descanso razonable a la madre para dar cuidado durante el embarazo y posterior a este, lo cual se encuentra en sintonía con los planteamientos de nuestra normativa y sus perfeccionamientos, particularmente el denominado descanso postnatal parental, que es una extensión del permiso inicial.

Normas que también han ido dirigidas a dar cumplimiento al convenio 156 de la OIT que nos llama como país a dar protección a los trabajadores y trabajadoras que enfrentar responsabilidades familiares, sumando así la denominada Ley que establece un seguro para el acompañamiento de niños y niñas afectados por una condición de salud compleja o grave, conocida como “Ley SANNA”.

Lo anterior se ha visto reforzado a nivel internacional por normas como el Convenio sobre la protección de la maternidad C-183, donde se han establecido los plazo mínimos de descanso maternal.

Sin duda la burocratización de los procesos destinados a otorgar cuidados a la mujer en medio de un embarazo constituyen un sinsentido, particularmente considerando que incluso los recursos con los cuales se hace frente al pago del subsidio no provienen sino del Estado, encargado de dar las garantías para que el derecho sea ejercido adecuadamente, todo retraso u obstaculización en su efectividad, es sin lugar a dudas un acto contrario al derecho internacional y la finalidad que las normas sobre descanso prenatal y postnatal exigen.

II.- En la misma línea llama l atención encontrarnos con una norma como a del artículo 197 inciso segundo, que establece que “el descanso se concederá de acuerdo a las formalidades que especifique el reglamento”, sin embargo, la regulación administrativa de los permisos prenatal y postnatal no cuentan con una regulación especial, sino que se encuentran en un mismo instrumento normativo, el decreto Nº 3 que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por COMPIN e Instituciones de salud Previsional.

Con esto nos enfrentamos a requisitos como el plazo y la forma, incluso la categorización de las licencias médicas contempla aquellas tipo 3, que son las que dicen relación con el prenatal y postnatal.

III.- Cabe dejar en claro que el embarazo no es una enfermedad, es un estado que va desde la implantación del cigoto en el útero hasta el parto, lamentablemente este estado o condición, dada la conformación de nuestra legislación y normativa reglamentaria ha pasado en algunos casos, como expondremos más adelante, a ser patologizado, entrando en formalidades propias de las licencias médicas, no obstante las diferencias de base, como la indicada en este numeral y aquellas que dicen relación con la fuente de su financiamiento.

IV.- Son varios los casos en que mujeres en estado de embarazo han concurrido a sus instituciones de salud, las cuales han sido rechazadas, por diferentes motivos, como por ejemplo el plazo de entrega al empleador o desde el empleador a la entidad de salud. Con esto podemos advertir que el inciso segundo del artículo 197 que transcribimos más arriba al remitirse al reglamento lo que provoca es que el embarazo de una u otra forma sea tratado como una enfermedad más.

V.- Incluso respecto de las funcionarias públicas se produce un problema interpretativo, el que ha sido uniformemente ratificado por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, en razón de la aplicación de lo expresado el artículo 103 de la ley N° 18.834 Estatuto Administrativo, en su dictamen Nº 22.361/2013[1], “los empleados que no hagan uso de esa franquicia en ese período, no podrán disfrutar de él en el siguiente año, salvo que hubiesen requerido la acumulación conforme al artículo 104 del referido texto estatutario”. Así las cosas las funcionarias regidas por esta normativa especial se van privadas incluso de la posibilidad de solicitar la postergación de su feriado anual por estar ejerciendo su derecho a descanso prenatal y postnatal, lo cual da cuenta una vez más de que la protección a la maternidad se ve frustrada por normas legales y el embarazo nuevamente se ve patologizado, esta vez a nivel público respecto de sus trabajadoras.

CONCLUSIONES

De esta manera se hace urgente y necesario un cambio en ambas normativas, tanto la regulación general de los descansos prenatal y postnatal, con el objeto de evitar que su ejercicio se vea expuesto a procesos equivalentes a las enfermedades de las trabajadoras. Pero también por otro lado nos vemos en la necesidad de enfrentar las dificultades que deben enfrentar incluso las trabajadoras públicas, que por el simple hecho de encontrarse embarazadas se ven privadas del ejercicio de otros derechos, lo cual a nuestro juicio puede constituir un atentado a la igualdad ante la ley.

Las limitaciones y tratamientos a que se ve enfrentada una mujer en estado de embarazo, particularmente respecto de las formalidades de la licencias médicas, constituye un injusto jurídico que debe ser subsanado por el poder legislativo evitando de esta forma discriminaciones y omisiones que afectan el sentido de la norma, cual es la protección de la maternidad.

IDEA MATRIZ

Establecer como principio en nuestra legislación la no patologización del embarazo y el parto, además de modificar el Código del Trabajo con el fin de que las trabajadoras regidas por el estatuto administrativo no pierdan derecho alguno en razón de su embarazo.

Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifíquese el Código del Trabajo en orden a agregar dos nuevos incisos al artículo 197 del siguiente tenor:

“En ningún caso el procedimiento establecido para tramitar los permisos por descanso maternal tendrán el mismo tratamiento que una enfermedad o accidente del trabajo, en cuanto a las formalidades, plazos y tiempos de respuesta. Las instituciones de salud no podrán rechazar las solicitudes que se relaciones con los derechos establecidos en este Título y darán prioridad para su respuesta, sin exigir mayores antecedentes a los señalados en la ley.

El ejercicio del derecho a descanso prenatal o postnatal, no podrá en caso alguno implicar la perdida de otros derechos, tales como bonificaciones, otro tipo de descansos o prestaciones legales o convencionales, lo anterior con independencia de que la relación laboral se rija por las normas de este Código o por normas de carácter estatutario.”.

Diputadas señoras Sabat, Carvajal; Cicardini, Hernando, Hoffmann, Luck, Olivera, Ossandón, Troncoso y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat, Luck, y Olivera, y de los diputados señores Kuschel, Longton, y Rey, que “Exige que todo vehículo cuente con un sistema corta corriente externo para aumentar la seguridad de los conductores ante la comisión de delitos” Boletín N°12428-25

Antecedentes

Según datos de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017 (ENUSC) la victimización ha llegado a un 28%, alcanzando su punto más alto en los últimos cuatro años. De estos delitos, existe una nueva figura delictual que ha experimentado aumento progresivo en el tiempo – robo de vehiculo motorizado - por ello, en junio del año 2018 el Gobierno presento un proyecto denominado “Antiportonazo” con la finalidad de “Introducir cambios en el Código Penal, con el propósito de modificar el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren al interior de éstos y así desincentivar el uso o la reducción de los vehículos que sean despojados a las víctimas mediante violencia o intimidación”.[1]

Así las cosas, de acuerdo a información proporcionado por la Subsecretaria de Prevención del Delito en su presentación estadistica tercer trimestre 2018, los delitos que más disminuyeron su tasa de incidencia, son los robos de vehículos motorizados (-28,1%) y los homicidios (-14,1%). Pese a su disminución, el riesgo frente al robo del vehículo motorizado sigue siendo grave, ello en consideración que de buena fe, se aumentaron las medidas de seguridad para que los vehículos - por ejemplo no puedan circular sin tener la llave conectada-, como una medida para reducir los famosos “portonazos”, lo que llevo a la inescrupulosa idea, de robar los vehículos con el motor andando poniendo en riesgo la vida del conductor y también en mayor medida de los transeúntes.

Dicho de otro modo, las practicas delictuales se han actualizado y por lo mismo, se requiere un dinamismo legislativo, que haga frente a estas situaciones.

La seguridad ciudadana es una de las prioridades de los chilenos, por ello, hay que tomar medidas rápidas para seguir minimizando conductas que juegan con la vida de las personas y que causan mayor sensación de inseguridad.

Por esta razón, muchos conductores - de forma particular- han utilizado mecanismos para prevenir el robo del vehículo en funcionamiento, instalando un sistema (que no solo impide el robo de autos, sino que también previene daños físicos que podrían sufrir sus ocupantes) con un diseño compacto que impide su localización temprana. Simplemente se debe portar el llavero inmovilizador y alejarse de forma segura más de 8 metros del vehículo, entonces este se detendrá de forma automática, siendo un metodo comprobado - hace poco- en la Comuna de Las Condes, frustrandose el portonazo por el hecho de contar con éste tipo de sistema corta corriente externo.

En suma, para llegar a este nivel de seguridad en los vehículos, se han dado innumerables saltos tecnológicos, en un principio se comenzó con el volante paralizado, luego con el localizador GPS, posteriormente con el microchip inmovilizador, el corta corriente interno para llegar al reciente sistema de corta corriente externo que permite paralizar el motor luego del robo y a una distancia que permite cuidar de la seguridad personal. Si la seguridad avanza, también lo deben hacer las exigencias legales para los vehiculos.

Por ello, en este acto vengo a proponer que actualicemos las medidas de seguridad con las que deben contar los vehículos en Chile, entregando mayor seguridad a los ciudadanos, con la finalidad de seguir reduciendo el índice de victimas y delincuencia a nivel Regional y Nacional.

Idea matriz

El siguiente proyecto de ley, tiene por objeto aumentar los parámetros de seguridad con que deben contar los vehículos que ingresen o se comercialicen en Chile, estableciendo la obligatoriedad de que estos, cuenten con un sistema de corta corriente externo, que permita a los conductores, abandonar rápidamente el vehículo sin exponer su vida y a una distancia segura, paralizar su funcionamiento.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO ÚNICO: Establézcase la obligatoriedad que todos los automóviles que ingresen o se comercialicen en Chile, cuenten con un sistema de corta corriente externo.

Diputadas señoras Sabat, Luck, y Olivera, y de los diputados señores Kuschel, Longton, y Rey

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat, Luck, y Olivera, y de los diputados señores Kuschel, Longton, Rey, y Urruticoechea, que “Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para habilitar a los municipios a disponer en pública subasta de los vehículos retirados de circulación y almacenados en locales de su dependencia” Boletín N°12429-15

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La encuesta Anual de Vehículos en Circulación da cuenta de que durante el año 2017 fueron 5.190.704 los vehículos que circularon en nuestro país, cifra que supera los 4.960.945 del año 2016, fecha del último estudio.

Es la región Metropolitana la que concentra la mayor cantidad con más de 2 millones de vehículos. Estos datos dan cuenta de que existen en nuestro país un auto por cada 3,8 personas.

2.- Durante los últimos años las ventas de nuevos vehículos ha bordeado los 400 mil ejemplares, de este modo las 360.900 ventas del año 2017 significan un aumento del 18,1% según el estudio realizado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

3.- El inciso primero del artículo 156 de la ley N° 18.290, de Tránsito, dispone que “Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales o Municipales podrán retirar los vehículos abandonados o que se encuentren estacionados sin su conductor, contraviniendo las disposiciones de esta ley, enviándolos a los locales que, para tal efecto, debe habilitar y mantener la Municipalidad”.

4.- En este sentido también se manifiesta el legislador en los artículos 56, 92 y 174, donde los vehículos que pierdan las condiciones o presente ciertas características deben ser retirados de circulación y puestos en los espacios que para dicho efecto la misma ley obliga a tener a las entidades edilicias.

Esta norma claramente no contempló recursos especiales para que las municipalidades pudiesen enfrentar la obligación. Pero sobre el particular la Contraloría General de la República ha mantenido una jurisprudencia que se ve ratificada por el Dictamen Nº 44500, que señala que “De la preceptiva citada, se colige que la antedicha obligación, constituye una función que, en atención a su trascendencia, la ley ha encargado expresamente a las entidades edilicias, considerando que se trata del ejercicio de una actividad destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad local, de manera que cualquier iniciativa tendiente a darle cumplimiento debe provenir de aquellas, las cuales pueden optar por desarrollarla directamente o mediante el mecanismo previsto en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.695, encargando a un particular la prestación de ese servicio, mediante el otorgamiento de una concesión (aplica dictámenes N°s. 52.572, de 2008 y 33.192, de 2013).

En este contexto es del caso recordar que la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, contenida en el dictamen N° 37.037, de 1998, ha precisado que la acción del municipio de habilitar y mantener recintos donde sean trasladados los vehículos retirados de circulación en los casos que indica la ley N° 18.290, implica la prestación de un servicio, el cual, más allá de satisfacer el interés particular del afectado con la medida y de respetar su derecho de propiedad sobre el respectivo bien mueble, obedece a la necesidad de servir a la comunidad, manteniendo expeditas las vías públicas.

Luego, la habilitación y mantención de lugares para el depósito de los vehículos que sean retirados de circulación en los casos que ordena la Ley del Tránsito, constituye una función pública que el ordenamiento jurídico ha encargado a las municipalidades en sus respectivos territorios, encontrándose éstas obligadas a darle cumplimiento -ya sea directamente o a través de una concesión a un particular-, en caso contrario su actuación se apartaría del principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico (aplica dictamen N° 9.434, de 2017).”.

De esta forma el precitado pronunciamiento del Órgano Contralor la obligación se reduce al cumplimiento exclusivo de la ley del tránsito, pero no a otras normativas pudiendo el hecho de no cumplirlo o llevarlo más allá del mandato legal, en conformidad con el principio de juridicidad podría implicar una transgresión normativa que implicaría incluso responsabilidad por falta a la probidad.

El citado pronunciamiento de la Contraloría señala que “Luego, las entidades edilicias deberán tener en consideración lo señalado precedentemente, arbitrando todas las medidas necesarias a fin que Carabineros de Chile pueda dar efectivo cumplimiento a la normativa que regula la materia.”. En esto el Contralor no ha tenido miramiento a otras normas legales, tales como la responsabilidad financiera y en el cuidado de los bienes pertenecientes al Municipio, pues como se ha señalado no existen recursos adscritos a la carga impuesta por la ley del tránsito.

5.- Dicho lo anterior en la actualidad se ha cuestionado a los gobiernos locales en el sentido de que no cumplen acabadamente con su función de “almacenar” en aparcaderos de su propiedad o de su administración los vehículos retirados de circulación. En este sentido gran parte de los vehículos que se encuentran en depósito en los denominados corrales municipales no llegan a dicho lugar por aplicación de las normas transcritas más arriba, sino por ordenes de tribunales con competencia en lo penal, especialmente en cumplimiento de las medidas de comiso u otras que se plantean en el contexto de una investigación penal.

Si bien no se conoce una cifra exacta de cuantos cupos son los utilizados por vehículos arribados por normas diferentes a la aplicación de la Ley del Tránsito, lo que se hace necesario es que los organismos encargados de administrar justicia y de llevar a cabo la persecución penal se hagan también cargo de los gastos que estás impliquen sin que se traslade la carga a los municipios como ha ocurrido históricamente.

6.- Lamentablemente, los procesos de despeje y salida de los vehículos motorizados desde los corrales municipales es demasiado lento, pues se debe sujetar a las reglas ordinarias de prescripción, permitiendo de esta forma un actuar ajustado a la legalidad para llevar a cabo remates o ventas forzosas de los vehículos que evidentemente han sido abandonados.

Esto va directamente relacionado con la disponibilidad de espacio, que es precisamente lo que dificulta la ejecución de las atribuciones legales del municipio, debiendo la ley procurar reglas especiales en razón de la experiencia actual.

7.- A la problemática expuesta se debe añadir la imposibilidad de hacer frente a esta función de forma tan directa, especialmente en las comunas situadas en áreas metropolitanas, pues el desarrollo urbano a llevado al límite la disponibilidad de espacios, debiendo realizarse por medio de convenios, tal como lo indica el Contralor en el Dictamen traído a colación que “tratándose de municipios que cuentan con aparcadero municipal pero que se encuentran sin capacidad para recibir más vehículos, es del caso recordar que en virtud del artículo 137 de la citada ley N° 18.695, dos o más entidades edilicias, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, agregando la letra a) de la referida disposición, que las aludidas asociaciones podrán tener por objeto, entre otros, la atención de servicios comunes.”. es así como se ha dado constante solución a la problemática planteada, es el caso del Aparcadero Metropolitana al cual han adherido 21 municipios en convenio con el Ministerio de Obras Públicas.

8.- En otra línea de ideas, el 1 de junio de 2016 fue publicada la Ley 20.920 que Establece el Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, la cual en un comienzo consideró a los vehículos motorizados dentro de los productos prioritarios, sin embargo, en el texto finalmente aprobado no fueron incluidos, dándose argumentos tales como la vida útil o el hecho de constituir una universalidad que contempla a otros productos de carácter prioritario. Se descartó también dentro de la responsabilidad extendida por no ser un mercado aparentemente rentable, así lo señaló el Presidente de ANAC, Álvaro Mendoza “el país no se encuentra preparado para incluir a los vehículos motorizados en la REP, sin perjuicio que, en un futuro, y cuando las condiciones de mercado así lo aconsejen, pudiera debatirse en profundidad y sin premura este delicado tema.”.

No obstante el debate presentado a lo largo de la expresada ley, es necesario asumir que la decisión fue circunstancial y merece ser tratada en lo sucesivo.

9.- El Código Civil establece las reglas ordinarias de prescripción en los artículos 2507 y 2508 señalando que para adquirir la prescripción ordinaria se necesita posesión regular, basada en un título, que en el caso concreto es la ley y si se quiere la ocupación, dicha posición no debe ser interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de dos años para los muebles y de cinco años para los bienes raíces.

De modo que se requieren al menos 2 años para que los municipios puedan deshacerse de los vehículos aparcados en sus establecimientos, plazo que debe ser reducido con el fin de agilizar y otorgar dinámica a los aparcamientos.

MODIFICACIÓN PROPUESTA

La presente iniciativa busca establecer en la ley N° 18.290, de Tránsito, una norma que establezca en primer lugar una prescripción de corto tiempo en favor de los municipios con el fin de que ejecuten de forma pública los vehículos abandonados después de 6 meses desde su ingreso a los locales que detenten las entidades edilicias para tal efecto.

Además de establecer la exclusividad de los recintos que reciben vehículos motorizados para hacer efectivas las medidas aplicadas en ejercicio de las normas de la ley N° 18.290, de Tránsito y no de otras autoridades.

En razón de lo expuesto es que los Diputados someten a la Honorable Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único

Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº18.290, de Tránsito:

1.- Agréguese el siguiente inciso cuarto al artículo 156:

“Los locales señalados en el inciso primero serán destinados de forma exclusiva para el almacenamiento de vehículos retirados conforme a la presente ley”

2.- Agregase un nuevo artículo 156 bis del siguiente tenor:

Artículo 156 bis.- Transcurridos seis meses desde que los vehículos retirados de circulación se encuentren en los locales municipales destinados para su almacenamiento, los municipios podrán disponer de los mismo en pública subasta.

El resultado de la subasta será destinado primeramente a pagar los gastos generados por el retiro del vehículo, en caso de existir aun un monto que no haya sido utilizado, este subrogará por un plazo adicional de seis meses al vehículo.

Transcurrido los seis meses desde la enajenación del vehículo el dinero restante de la venta irá en beneficio municipal.

Diputadas señoras Sabat, Luck, y Olivera, y de los diputados señores Kuschel, Longton, Rey, y Urruticoechea

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Celis, don Andrés, que “PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE INCORPORAR MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA JUNTO CON EXTENDER SU PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO”

I.FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

No existe duda que actualmente la labor parlamentaria es fuertemente cuestionada por la ciudadanía en general, más que ningún otra institución pública de nuestro país. Así lo demuestran las encuestas que constantemente miden los niveles de confianza que la población tiene en las principales instituciones póliticas y sociales del país, las cuales, en su gran mayoría, ubican al Congreso en los últimos lugares.

Una de las principales razones de este rechazo radica en las ineficaces medidas de transparencia que el Congreso Nacional, y en particular la Cámara de Diputados, implementan en el desarrollo de la función parlamentaria. Si bien en los últimos años se han propiciado importantes avances en la materia, aun queda mucho por hacer a fin de entregar a la población, y particularmente al votante, toda la información necesaria para que pueda de mejor manera evaluar el desempeño de sus representantes electos por votación popular. Ahí radica el fundamento de la democracia y el necesario contrapeso que todo cargo público con poder decisorio debe tener: un examen períodico e informado del desempeño del cargo y del uso de los recursos que el mismo Estado ha puesto a su disposición para el cumplimiento de su función pública encomendada.

Es por lo anterior que urge hacernos responsables de nuestra labor pública y de hacer un real esfuerzo por aumentar la credibilidad de nuestras instituciones. El éxito del sistema democrático descansa precisamente en la fortaleza de sus instituciones, en la confianza que los ciudadanos depositan en ello, en cuanto a que su funcionamiento se realizará de acuerdo a la legalidad, proba, regular y continuamente.

En concreto, no existe actualmente mayor sustento para que el Poder Legislativo, a diferencia de los otros dos poderes del Estado, cese en sus funciones durante los meses de febrero de cada año. Si bien los funcionarios de los otros poderes del Estado se benefician de su feriado legal durante el mes de febrero (u otra fecha durante el año) ello no afecta el normal funcionamiento del órgano público correspondiente, y por tanto, tampoco debería afectar en el mismo supuesto el funcionamiento del Poder Legislativo.

Lo anterior cobra especial relevancia cuando existen importantes funciones que desarrollan los parlamentarios que no pueden tener como excusa -para no cumplirse- el feriado legal correspondiente actualmente al mes de febrero. En particular, la labor fiscalizadora y legislativa propiamente tal requieren de cierta continuidad, lo cual requiere que sea estudiado algún mecanismo para que la Cámara de Diputados siga en funcionamiento durante ese mes. En la práctica, oficinas como la de fiscalización no se encuentran disponibles para el parlamentario durante el mes de febrero, lo cual retarda el envío de los oficios de fiscalización y, a su vez, aumentan los plazos de respuesta para los mismos.

Correlato de lo anterior, y que es importante destacar, es que los diputados y diputadas, en estricto rigor legal, no tienen derecho a feriado legal pues no tienen con la Cámara de Diputados ni con otra institución pública un contrato de trabajo, y por tanto, no les es aplicable las respectivas disposiciones del Código del Trabajo. En palabras simples, los parlamentarios no tienen derecho a vacaciones. Aun en ausencia de este derecho, el receso legislativo actual les da un período de casi un mes en el cual los diputados y diputadas no necesariamente realizan actividades directamente relacionadas con su labor legislativa, sin perjuicio de lo cual perciben la dieta parlamentaria en las mismas condiciones que el resto del período legislativo.

Es por ello que, de acuerdo a criterios de igualdad, no hay fundamentos legales para que el funcionamiento de la Cámara de Diputados se interrumpa durante el mes de febrero, sin perjuicio de que, acorde a la necesidad de que los funcionarios de la Corporación hagan uso de su derecho a feriado legal en dichas fechas, haya una adecuación del personal y del funcionamiento de la misma durante ese período comprendido.

Esto último tiene plena relación con lo que sucede con otras instituciones públicas, y particularmente con los otros poderes del Estado, quienes no interrumpen sus funciones durante el mes de febrero, a pesar que la gran mayoría de sus funcionarios hacen uso de su derecho a feriado legal en dichas fechas.

Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política de la República en su artículo 8º señala que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. Este es un mandato constitucional que alcanza a todos los órganos del Estado, sea cual sea el Poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) del cual dependan, y que se desarrollará según las reglamentaciones que establezcan sus respctivas leyes orgánicas.

Por su parte, el artículo 5º A[1] de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de publicidad y transparencia, dispone que:

“Los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámaras.

El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular.

El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones en la Sala y en las comisiones, así como las Cámaras y sus órganos internos, y de sus fundamentos y de los procedimientos que utilicen.

Las sesiones de las Cámaras, los documentos y registros de las mismas, las actas de sus debates, la asistencia y las votaciones serán públicas.

Serán públicos los acuerdos adoptados por las comisiones, así como los antecedentes considerados en sus sesiones y la asistencia de los parlamentarios e invitados a las sesiones de las mismas. Al término de cada sesión de comisión se informará resumidamente de lo anterior. La misma regla se aplicará a los comités parlamentarios.”.

Lo mismo podemos señalar respecto de los principios de eficiencia y eficacia de la función pública, particularmente en el uso de los recursos públicos destinados para su desempeño. Si bien se ha consagrado expresamente en la Ley Orgánica de Bases Generales de Administración del Estado (y no en la Ley Orgánica del Congreso Nacional) se puede apreciar que ha sido intención del legislador inspirar que se respeten tales principios en todo desempeño de funciones públicas, incluso la función legislativa.

Aun cuando el Congreso Nacional en general, y la Cámara de Diputados en particular, han implementado en los últimos años importantes medidas a fin de mejorar los estándares de publicidad, transparencia, eficiencia y eficacia de sus actuaciones, aun queda mucho por mejorar a fin de equiparlo con estándares internacionales.

Una medida para mejorar aspectos de eficiencia y eficacia, radica en modificar el receso legislativo que actualmente suspende el desarrollo de la función parlamentaria durante mes de febrero de cada año, a fin de acortar su duración y asegurar el funcionamiento de determinadas oficinas en su interior que, dada la naturaleza de sus labores, no pueden detenerse bajo excusa del receso, pues su relación con la función parlamentaria continúa sin importar tal fecha.

Sobre este mismo punto, se hace también necesario estudiar la posibilidad de que se establezca un sistema de turnos entre los parlamentarios, coordinado por los respectivos comités, para que durante el receso legislativo estival, determinadas comisiones permanentes que tengan una sobrecarga de proyectos de ley en tramitación, o bien, que existan proyectos con urgencias calificadas por parte del Ejecutivo, puedan seguir tramitándose sin perder continuidad en el trabajo.

Por otra parte, en pos de la transparencia y publicidad de la función parlamentaria, se hace necesario especificar aun más determinados aspectos del desempeño de cada uno de los parlamentarios, a fin de entregar mayor y mejor información a los ciudadanos respecto al trabajo de sus representantes y la utilización de los recursos públicos que financian sus funciones. Es por ello, que es necesario establecer un sistema electrónico de registro de asistencia de los diputados y diputadas a las sesiones de sala, el cual también permita determinar el tiempo total que el parlamentario permaneció dentro de ella en trabajo legislativo, registrando sus salidas y reingresos al hemiciclo. Esa información, ya una vez procesada, permitirá elaborar reportes semanales o mensuales respecto del trabajo concreto del parlamentario, cuantificando el tiempo que dedicó a la labor parlamentaria dentro de las sesiones citadas al efecto de tratar proyectos de ley u otros asuntos de relevancia pública.

En el mismo sentido de entregar mayor información a los ciudadanos, es necesario establecer un sistema de reporte de las actividades que cada diputado y diputada realiza durante el transcurso de las semanas distritales. Se requiere establecer la obligación para el parlamentario de entregar periódicamente informes respecto a las actividades que desarrolla en dicho período, identificando las personas u organizaciones con quienes se reúne, los lugares empleados al efecto, la agenda coordinada con la plataforma de lobby, entre otros aspectos. Todo esto apoyado en soportes documentales o bien gráficos que acrediten fehacientemente la realización de las actividades declaradas.

Medidas como las descritas anteriormente tienen una directa relación y sintonía con lo que ya anteriormente propuso el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa en el año 2015. Todas ellas se enfocan en fomentar la transparencia en el Congreso Nacional, como también dotar de mayor celeridad y eficiencia al proceso legislativo.

II.CONTENIDO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene como objetivo modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de concretar las siguientes medidas acordes a la necesidad transparencia, publicidad y buen funcionamiento del Poder Legislativo. Estas modificaciones se orientan en los siguientes sentidos:

a)Modificar el período de receso legislativo, a fin de reducirlo a un máximo de 15 días corridos durante el mes de febrero.

b)Establecer un sistema de turnos durante el mismo receso legislativo a fin de determinadas funciones de la Cámara sigan desarrollándose con normalidad, tales como la oficina de partes y de fiscalización, ya sea de manera presencial en las dependencias de la Cámara, o bien a través de trabajo a distancia.

c)Establecer un sistema control de hora de llegada parlamentarios a la sala de sesiones mediante el registro por huella dactilar u otro dispositivo similar.

d)Establecer un sistema de control de salida y regreso de cada parlamentario de la sala de sesiones, mediante registro de huella dactilar u otro dispositivo similar ubicado al ingreso de la sala.

e)Publicar en el sitio web de la Cámara de Diputados un registro diario de la información que las anteriores dos medidas generen, agregando la cantidad de horas que el diputado o diputada permaneció en la sala, las ocasiones en que se retiró y reingresó a la misma.

f)Incorporar la obligación de presentar un informe detallado y con antecedentes gráficos de las actividades desarrolladas en la semana distrital dentro de la semana siguiente a la semana distrital de cada mes, tal como ya se realiza con los informes por viajes al extranjero en visitas oficiales.

g)Incorporar un sistema de turnos entre los parlamentarios con el fin de mantener en funcionamiento las comisiones permanentes que tengan mayor cantidad de proyectos de ley con tramitación pendiente y/o que tengan algún tipo de urgencia según disponga el Presidente de la República. Los turnos se establecerán cada dos semanas en el mes de febrero, manteniendo las proporciones de representaciones por bancada.

III.PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO:

Modifíquese el Reglamento de la Cámara de Diputados como se indica:

1.Modifíquese el numeral 14 del artículo 1º, para agregar, antes del punto, lo siguiente “el cual no podrá extenderse por más de quince días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de fiscalización y partes se establecerá un sistema de turnos a fin de asegurar la continuidad de las funciones parlamentarias relacionadas durante el período de receso. Durante el receso legislativo, se establecerá un sistema de turnos entre los diputados y diputadas, y acorde a la representación de los respectivos comités, a fin de mantener en funcionamiento ininterrumpida las sesiones de comisiones y de sala por el período indicado.”

2.Incorpórese un inciso segundo al artículo 42, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, del siguiente tenor: “Previo al inicio de cada sesión de sala, los diputados y diputadas deberán registrar su ingreso mediante un sistema electrónico de identificación que la Corporación disponga. Asimismo, si durante el desarrollo de la sesión de sala algún diputado o diputada se ausentare definitiva o momentáneamente de la misma, deberá registrar su salida y su eventual reingreso a través del mismo sistema.”

3.Incorpórese un nuevo artículo 42 bis del siguiente tenor: “La Secretaría de la Corporación u otra dependencia afín que la misma establezca, elaborará un informe mensual del trabajo de los diputados y diputadas al interior de la sala, indicando el tiempo que permaneció en su interior, el número de salidas y reingresos a la sala, el número de intervenciones, la cantidad de ocasiones que hizo uso de la palabra, entre otros aspectos.”.

4.Incorpórese un literal d) N°2 al artículo 346 del siguiente tenor:

“d) Entregar, dentro de la semana posterior a aquella en la cual desarrollado actividades en sus respectivos distritos, un informe detallado y respaldado documental y/o gráficamente, de cada una de las actividades, reuniones y gestiones que haya realizado en dicha semana.”

Diputado Andres Celis

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don Ricardo; Alinco; González, don Rodrigo; Ibáñez, y Jiménez, y de las diputadas señoras Carvajal, Luck, y Marzán, que “Modifica la ley N°20.920, que Establece marco para gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, en materia de etiquetado de productos prioritarios.” Boletín N°12419-12

Fundamentos:

1.- El calentamiento global es una realidad que azota sin tregua al planeta y nuestro país, en específico, ha sido golpeado de manera severa. Sus consecuencias ya pueden apreciarse a simple vista: sequía, marejadas, aumento del nivel del mar y mega incendios forestales son fenómenos que hemos debido padecer durante la última década. Según un estudio denominado “Global Climate Risk Index 2019” de marzo del año 2018 realizado por la ONG alemana “Germanwatch”, Chile ocupa el lugar 16° en el mundo de los países que más han sufrido los cambios provocados por el calentamiento global[1].

2.- Es evidente que los cambios sufridos por nuestro planeta se deben, principalmente, a la acción directa del hombre, el cual mediante el desarrollo de actividades productivas, la conducta displicente en la eliminación de residuos y la tardía reacción de los Estados, sumado a otros factores, ha generado el escenario perfecto para el desarrollo de una profunda crisis medioambiental en la cual nos vemos sometidos actualmente.

3.- Desde la perspectiva legislativa nuestro país ha tomado cartas en el asunto, afortunadamente. Durante los últimos años, la dictación de la ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, se ha hecho cargo sobre una deuda pendiente que existía como país, dejando atrás la nula regulación al respecto, estableciendo ahora un marco que se ocupa legalmente desde la extracción de las materias primas, producción de materiales, hasta el reciclado y destino final de los desechos (lo que en derecho comparado se conoce como “de la cuna a la tumba”). Lo anterior sumado a la dictación de la ley 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio en todo el territorio nacional, son iniciativas que se complementan con la ley 19.300 sobre bases generales del medioambiente, y que sin duda son un avance significativo para nuestro país.

4.- Sin perjuicio de lo anterior, aún hay mucho para avanzar. Según un reciente estudio publicado por la revista científica “Nature” realizado por la ONG “The Ocean Cleanup”, en las costas del Océano Pacífico existe una isla de plástico cuyo tamaño duplica el territorio nacional chileno, lo cual genera un grave riesgo para la vida de las especies marinas y consecuencialmente para la humanidad[2]. Esta lamentable situación se debe a que durante décadas la humanidad no empleó criterio alguno en el manejo de residuos y su eliminación, destinándolos deliberadamente al mar o a enormes vertederos.

5.- El asunto no es ajeno a nuestro país, por lo que urge dotar a la ciudadanía de más y mejores herramientas para mejorar el destino de los residuos. Según un reciente artículo de prensa, Chile es el país de Sudamérica que más basura genera por cada habitante, superando a Brasil y Argentina. Así, cada chileno alcanza un total de 456 kilos de basura anuales, lo cual da un promedio de más de un kilo al día[3]. Es por ello que debemos fomentar al consumidor a dar un mejor destino a sus residuos, con el fin de informar mediante un simple aviso en la etiqueta del producto, que dicho residuo es esencialmente reciclable o reutilizable, sea porque está compuesto de vidrio, plástico, madera, metal, papel, cartón u otro elemento que cumpla con las características para su valoración.

6.- El consumidor de nuestro país clama por más y mejores soluciones para el tratamiento de la basura. En virtud de los datos que maneja el propio Ministerio del Medio Ambiente, extraídos de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018, los consultados han identificado a la basura como su segundo principal problema que lo afecta de manera individual, detrás de la contaminación del aire. Lo anterior da cuenta de que las personas tienen plena conciencia sobre el destino de sus residuos. Sin embargo, aún no tenemos las herramientas suficientes para dar pronta solución a esta problemática.

7.- Nuestro país aún se encuentra muy lejos de las cifras a nivel mundial en cuanto a reutilización y reciclaje de residuos. Países de la Unión Europea tales como Alemania, Bélgica, Holanda, Austria y Suiza mantienen cifras porcentuales superiores al 50% en la tasa de Reciclaje, Compostaje y Reutilización de desechos[4]. Según la encuesta Adimark sobre reciclaje, sólo un 17% de las personas que viven en Chile recicla su basura o realiza acciones tendientes a separar los residuos para su posterior tratamiento diferenciado. Según la misma encuesta, las personas en Chile no reciclan porque no existen sistemas disponibles que faciliten el reciclaje o bien, porque no saben cómo hacerlo[5].

8.- Por lo anterior, consideramos necesario complementar la actual legislación, a fin de incorporar un nuevo inciso final al artículo 13° de la ley 20.920 que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, definiendo los parámetros en el etiquetado de productos con el fin de enviar un mensaje directo al consumidor, facilitando y promoviendo la reutilización, reciclaje e incluso, su valorización energética. Consideramos modificar el cuerpo legal en este punto ya que se circunscribe dentro del párrafo 2° de la ley, referente a las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas, las cuales deben ser establecidas mediante Decreto Supremo por parte del Ministerio competente, aplicando los principios del gradualismo y de jerarquía. Este último punto es de relevancia, tomando en cuenta que según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, y a modo de ejemplo, la huella de carbono es significativamente más alta en la región de Antofagasta que en la región de Aysén. De este modo, sería posible implementar la idea de este proyecto aplicando el mencionado principio, mediante planes diferenciados en virtud de las necesidades de cada región.

9.- Se recoge la experiencia del mensaje en el etiquetado mediante señalética en virtud de la innovadora regulación establecida dentro de la ley 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que dentro de su reglamentación dispone de mensajes directos y claros a los consumidores sobre la composición de los alimentos y las consecuencias de su consumo. La eficacia de dicha norma, que ha sido replicada en otras latitudes, puede ser un aporte para el caso de la reutilización y reciclaje de los residuos, al informar a consumidor de manera simple y directa, que el embase es esencialmente reciclable, invocándolo para que lo haga . Es por ello que la presente iniciativa legal pretende promover esta misma idea, para el destino de los residuos.

Por estos motivos, las Diputadas y Diputados firmantes tenemos el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese el artículo 13 de la ley 20.920, con el fin de incorporar el siguiente inciso final nuevo:

“El Decreto Supremo que regule la obligación establecida en la letra a), podrá disponer que las etiquetas de los productos prioritarios incluyan toda información necesaria, mediante señalética de colores u otro tipo de mensaje, que incentive al consumidor y al consumidor industrial para la reutilización, el reciclaje y/o la valorización energética, de los residuos de dichos productos, en virtud de lo establecido en la presente ley”.

Diputados señores Celis, don Ricardo; Alinco; González, don Rodrigo; Ibáñez, y Jiménez, y de las diputadas señoras Carvajal, Luck, y Marzán

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mirosevic, Bernales y Garín, que “Modifica la ley N°20.380, Sobre Protección de Animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros” Boletín N°12420-12

I. ANTECEDENTES

1.- Las organizaciones animalistas chilenas han denunciado el aumento las carreras de perros (específicamente de perros galgos). En efecto, hasta el año 2013 ya existían alrededor de 300 canódromos, también conocidas como “canchas”. Si bien los canódromos se ubican tanto en terrenos privados como municipales, esta actividad se realiza de manera informal, en la cual proliferan actividades tales como las apuestas, venta ilegal de alcohol, riñas, etc.

2.- La organización de carreras de perros galgos son el contexto de una cadena sistemática de maltrato animal. En efecto, es posible señalar entre otros: a) encierros prolongados en jaulas que no cumplen con las condiciones más básicas de bienestar animal; b) entrenamientos abusivos; c) uso de drogas con el fin de aumentar el rendimiento del perro; d) faltas de medidas de seguridad para los perros durante la competencia, e) traslado entre ciudades sin condiciones mínimas de bienestar animal; f) abandono de los perros o incluso, dejarlos encerrados sin alimentos hasta su muerte; g) reproducción forzada indiscriminada, entre otros.

3.- Para entender la situación en que se encuentran los perros utilizados para participar de estas carreras, es preciso tener en cuenta que la relación entre este y su dueño no califica como la relación entre un dueño y una mascota (la que se funda en una relación afectiva), sino que más bien se asemeja a la relación entre un dueño y un objeto (el perro) que es útil para una función (competencia). Esto explica una serie de conductas que, además de por sí solas ser constitutivas de maltrato animal, si se consideran sistemáticamente constituyen un abuso indiscriminado de los perros de carrera.

En este contexto, es posible señalar el caso de la Municipalidad de Renca en el año 2017, en donde se decretó la clausura del canódromo emplazado irregularmente en el Parque Las Palmeras luego de reiteradas denuncias de los vecinos de la comuna de Renca,

4.- La cadena sistemática de abusos, ha motivado una tendencia en el mundo en orden a la prohibición de las carreras de perros. En este sentido, se puede citar el caso argentino, cuyo Congreso prohibió las carreras de perros en todo el territorio nacional mediante la ley 27.330[1]. Este antecedente permite presumir fundadamente que muchos organizadores de las carreras de perros que antes se desarrollaban en Argentina se desplacen a países cercanos, entre ellos Chile y Uruguay. Tal es así, que consciente de este fenómeno, el Presidente de la República de Uruguay prohibió administrativamente las carreras de perros y, en paralelo, envió un proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación[2]. Este escenario evidencia la necesidad de adoptar una política pública al respecto.

5.- La idea matriz del proyecto de ley es la prohibición de carreras de perros, cualquiera que sea su raza

6.- Las normas que resultarían afectadas por este proyecto de ley es: el artículo 16 de la Ley 20.380, el cual exceptúa la aplicación de dicha ley a los deportes en que participen animales. En efecto, la citada norma dispone:

“Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos.”

7.- Finalmente, en lo que respecta a las sanciones respecto de la organización y promoción de las carreras de perros, se propone la misma solución prevista en el artículo 11 de la ley 21.020, es decir, las penas propias del delito de maltrato de animal para la organización de carreras de perros y multas de 2 a 20 UTM en caso de promoción o difusión de carreras de perros

Por tanto, los diputados firmantes venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórense los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 16 de la Ley N° 20.380, sobre protección de animales.

“Se prohíbe toda carreras de perros, cualquiera sea su raza en todo el territorio nacional”

“El que por cualquier título organizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales. Quienes las promuevan o difundan serán castigados con multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales.”

Diputados señores Mirosevic, Bernales y Garín

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinoza, Cruz-Coke, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Monsalve, Saffirio; Soto, don Leonardo, y Walker, y de la diputada señora Cicardini, que “Modifica la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para eliminar el rol del Servicio Electoral en el inicio de la investigación de delitos que indica y aumentar el plazo de prescripción” Boletín N°12422-06

Antecedentes generales

El 14 de abril del año 2016 se publicó la ley la ley N°20.900 sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. Dicho cuerpo legal, entre otras materias, establece una nueva normativa en materia de financiamiento electoral y aportes a las actividades propias de los partidos políticos, consagra normas para el desarrollo de las campañas electorales con resguardo de la equidad entre los candidatos y partidos, y con respeto a los espacios públicos.

También incorporó nuevas figuras penales en la ley N°19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

En su artículo 30 sanciona al que “…otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, de aquellos regulados por esta ley y por la ley Nº18.603, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la ley, sea de manera individual o en el conjunto de los aportes permitidos, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.

Tratándose de aportes otorgados u obtenidos por o de una persona jurídica, con infracción a lo que dispone el artículo 27, se impondrá la pena señalada en el inciso anterior, sin importar el monto del aporte, aplicándose lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal. No obstante, excepcionalmente y siempre que se trate de aportes aislados en los que no hay habitualidad y cuyo monto global sea inferior a cincuenta unidades de fomento, el Servicio Electoral podrá no presentar denuncia o querella respecto de tales hechos, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

El ofrecimiento o la solicitud de los aportes sancionados por los incisos anteriores serán castigados con multa equivalente al doble de lo ofrecido o solicitado.

El que utilice los aportes o fondos obtenidos del Fisco, en virtud de lo que prescribe la ley Nº18.603 en una finalidad distinta a la cual están destinados, será castigado con presidio menor en su grado medio.”

Por su parte, el artículo 31 dispone que “El administrador electoral, el administrador general electoral o el administrador general de fondos de un partido político que, a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral proporcione antecedentes falsos o certifique hechos falsos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.”

I)Exigencia previa de denuncia o querella del Servicio Electoral para la investigación de delitos

Lamentablemente, en el artículo 32 se estableció la exigencia de denuncia o querella del Servicio Electoral para investigar los delitos descritos en los artículos 30 y 31.

Es así como el referido artículo establece que “Las investigaciones de los delitos descritos en los artículos 30 y 31 sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral, sin perjuicio del derecho de toda persona de denunciar dichas infracciones ante el mencionado Servicio.

Los juzgados de garantía y los tribunales del juicio oral en lo penal deberán remitir al Consejo Directivo del Servicio Electoral las sentencias firmes y ejecutoriadas que condenen a personas por los delitos previstos en la letra b) del artículo 34 de esta ley, en un plazo de cinco días hábiles desde que se encuentren en dicho estado.”

Cabe recordar que la ciudadanía ha sido testigo de la polémica suscitada en el pasado entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público respecto de la inacción de la primera institución a la hora de ejercer acciones penales en delitos tributarios. “….Esto a propósito de la decisión adoptada en abril de 2017 de no querellarse en un conjunto de casos en los que se investigaban infracciones que podrían haber sido constitutivas de delitos tributarios en el contexto de procesos por delitos contra la probidad y financiamiento irregular de la política. Se ha reabierto así un debate que ya tiene varios años en nuestro país acerca de la conveniencia de mantener sus facultades legales en la materia, como también sobre la necesidad de regular en forma más precisa la manera en que ella es ejercida dentro del marco legal actual.

En sus extremos, el debate ha estado marcado por dos posiciones en juego. Por una parte, el Director del SII ha hecho una defensa de las facultades actuales contenidas en el artículo 162 del Código Tributario, según el cual la acción penal sólo podría iniciarse previa denuncia o querella. Sus argumentos centrales han estado vinculados al impacto que el cambio de este régimen podría tener en la recaudación de impuestos y en las funciones del SII. En el otro extremo, el Ministerio Público ha defendido la postura que es a ellos a quien se le ha otorgado a nivel constitucional el monopolio de la acción penal y, por lo tanto, quienes deberían tener el poder para decidir sobre la persecución penal de delitos tributarios al igual que otras figuras delictivas. Se sostiene que esta solución resguardaría de mejor manera el principio de igualdad.”[1]

Como se señala en el referido documento, esta última posición se refleja en la moción que modifica el Código Tributario en el sentido de facultar al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios, boletín 9954-05.

La Comisión de Hacienda en mayo de 2015 rechazó la idea de legislar, remitiendo el proyecto a la Sala. Así estuvo paralizada dos años, sin que registrara movimiento alguno. Cuando me correspondió desempeñar el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados ordené se pusiera esa iniciativa en tabla, siendo aprobada en general el 31 de mayo de 2017.[2]

Hoy vemos que nuevamente se está generando una polémica similar, ahora con el Servicio Electoral como protagonista.

En el mensaje original presentado por S.E. la Presidenta de la República sobre esta materia se proponía que “Las investigaciones de los delitos descritos en este artículo solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral. Con todo, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio. En el caso señalado en el inciso anterior, la intervención será obligatoria.”.

Durante la discusión de la iniciativa el profesor Zapata sostuvo que “…. cualquiera sea el órgano encargado de conocer de esta sanción, debe resolverse si la acción será ejercida por el Servicio Electoral o bien, podrá ser ejercida por la ciudadanía. Ambas alternativas presentan ventajas y desventajas. Si solo se concede la acción al Servicio Electoral se evitarían las acciones frívolas, que solo persigan generar escándalos. Por su parte, al permitir a los ciudadanos ejercer la acción se impediría que los partidos se concierten para evitar ser juzgados.”

Sin embargo, el mismo profesor señaló que “.. es partidario de contemplar la pérdida del escaño como sanción, porque es el principal disuasivo a quienes piensen en infringir la ley de gasto electoral.”

La norma aprobada por el Congreso Nacional refleja una suerte de desconfianza en el Ministerio Público y en nuestros tribunales de justicia. Quienes mejores que ellos están preparados para determinar si concurre o no un determinado tipo penal.

Fiscales y jueces tienen formación jurídica suficiente para discernir entre una acusación temeraria o irresponsable de una denuncia veraz. Quienes integran el Servicio Electoral no tienen, necesariamente, similar formación.

A nuestro entender, no existe necesidad de establecer un filtro previo para iniciar una investigación penal en los delitos antes señalados, a riesgo de correr el riesgo al que aludió el profesor Zapata. Es preferible hacer frente a acusaciones frívolas o maliciosas que correr el riesgo de la impunidad.

II)Plazo de prescripción de delitos contemplados en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

En mayo de 2016 los diputados Andrade y Monsalve presentaron un proyecto de ley con el fin de ampliar el plazo de prescripción de los delitos contemplados en la referida ley, boletín 10642-06.

Desgraciadamente, no ha tenido movimiento hasta el día de hoy. Por tal razón, nos permitimos reproducir parte de sus fundamentos y propuestas.

Como se señala en dicha moción “De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 del Código Penal, respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, la acción penal prescribe en quince años; respecto de los demás crímenes, en diez años; respecto de los simples delitos, en cinco años y respecto de la faltas, en seis meses.

Vale decir, la regla general en materia de prescripción de simples delitos es de cinco años.

Quienes suscribimos esta iniciativa consideramos razonable el plazo de prescripción fijado para las faltas o infracciones a que se refiere la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha de la elección). Sin embargo, a nuestro entender, nada justifica el fijar una regla de prescripción especial, más breve, para los delitos consagrados en la ley antes mencionada.”

“…..El artículo 41 de dicha ley, incorporado por la ley N°20.900 antes mencionada, dispone que dentro de los treinta días siguientes a una elección presidencial, parlamentaria o municipal, los Administradores Generales Electorales deberán presentar al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos y efectuados por el respectivo partido político.

Asimismo, y conjuntamente, deberán presentar una cuenta general de los ingresos y gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político correspondiente, que hubieren sido enviados por los Administradores Electorales.

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá, además, precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con las anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

Vale decir, perfectamente puede ocurrir que recién a partir de la presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales ante el Servicio Electoral se devele la comisión de un eventual delito.

Además cabe hacer presente que, como señalara la Subsecretaria General de la Presidencia durante la discusión de la norma en el Senado, “muchos de los casos que hoy se conocen respecto del financiamiento de las campañas fueron descubiertos después de un año del acto electoral por medio de las declaraciones de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. Sugirió que puede contarse desde otro plazo y no necesariamente desde la elección.”

Por su parte, el Ministro de esa misma cartera, señaló, acertadamente, lo siguiente: “:::la complejidad propia de los delitos electorales, y la gran cantidad de candidatos que participan de una elección, requiere la ampliación del plazo de prescripción de la acción penal.”

Además de lo recién señalado, cabe considerar la situación especial que puede generarse a partir de la no presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales ante el Servicio Electoral. En tal caso, debe fijarse un momento preciso a partir del cual se compute el plazo de prescripción.

Por las razones aquí señaladas venimos en proponer lo siguiente:

a)Eliminar exigencia de denuncia o querella del Servicio Electoral para investigar los delitos antes señalados, y

b)Aumentar el plazo de prescripción de delitos contemplados en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, de dos a cinco años;

c)Fijar como momento para iniciar el cómputo de la prescripción desde que se hubiere presentado la cuenta general de ingresos y gastos electorales ante el Servicio Electoral.

d)Establecer que el plazo de prescripción comenzará a correr al vencimiento del plazo para presentar la cuenta general de los ingresos y gastos electorales, en el evento que ella no se hubiera presentado.

e)Eliminar la facultad del Servicio Electoral de no presentar denuncia o querella cuando se trate de aportes otorgados u obtenidos por o de una persona jurídica, con infracción a lo que dispone el artículo 27.

En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifica el D.F.L. N°3, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, del año 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de la siguiente forma:

1.- Eliminase en el inciso segundo del artículo 30 la siguiente oración: “No obstante, excepcionalmente y siempre que se trate de aportes aislados en los que no hay habitualidad y cuyo monto global sea inferior a cincuenta unidades de fomento, el Servicio Electoral podrá no presentar denuncia o querella respecto de tales hechos, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.”

2.- Eliminase el inciso primero del artículo 32.

3.- Modificase el artículo 60 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso segundo el guarismo “dos” por “cinco”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “desde que se hubiere cometido el delito” por la siguiente: “desde que se hubiere presentado la cuenta general de ingresos y gastos electorales ante el Servicio Electoral”.

c) Incorpórase el siguiente inciso tercero:

“De no presentarse la cuenta general de los ingresos y gastos electorales, el plazo de prescripción comenzará a correr al vencimiento del plazo para presentar la referida cuenta.”

Diputados señores Espinoza, Cruz-Coke, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Monsalve, Saffirio; Soto, don Leonardo, y Walker, y de la diputada señora Cicardini

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba, Eguiguren, y Sauerbaum; y de las diputadas señoras Olivera y Ossandón, que “Modifica el Código del Trabajo, en materia de contrato de trabajo de quienes desempeñan actividades conexas al deporte profesional” Boletín N°12423-13

A nivel internacional existe cada vez mayor consenso en torno a la importancia del deporte y la actividad física para la calidad de vida y el desarrollo humano de los países, razón que justifica la existencia de una política pública específicamente orientada al desarrollo del deporte En Chile esta motivación se ha plasmado en hitos tales como la promulgación de la Ley del deporte en 2001, y en la definición de una Política Nacional de Deportes y Actividad Física al año siguiente. A partir de la instauración de estos instrumentos se ha producido un incremento sustancial de la inversión pública destinada al área, buena parte de la cual se ha visto materializada en el desarrollo de diversos programas y proyectos, ejecutados tanto desde el nivel central de la administración del Estado, como por entidades de nivel local, tales como Municipios y organizaciones sociales.[1]

Con todo, Chile ocupa el 3º lugar latinoamericano en cuanto a países con peor estilo de vida, luego de USA y México, presentando más de 80% de sedentarismo y 50% de sobrepeso de la población mayor de 15 años[2]

El 20 de agosto de 2013, durante el primer Gobierno del presidente Sebastián Piñera, se publicó la Ley N° 20.686, con lo que se dio un paso importante al dar al Deporte la calidad de Ministerio, lo cual permitió que los temas deportivos entraran por primera vez a la mesa de toma de decisiones presidencial. Hasta entonces el Deporte había dependido del Ministro de Secretaría de Gobierno cuyas urgencias siempre ubicaban los temas deportivos al final de su lista.

Pese a los avances de la Ley N° 20178 que introdujo una serie de modificaciones al Código del Trabajo regulando la relación laboral de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas, la cual, tiene su origen y principal destinatario en los futbolistas profesionales[3], en otras ramas aún persisten vacíos que van en directo detrimento de las condiciones laborales y previsionales de aquellas personas que realizan labores o prestan servicios esporádicos en materia deportiva, como por ejemplo; monitores y animadores deportivos o de “pausas saludables”, entrenadores de gimnasios, árbitros, pasapelotas, caddies, peticeros, utileros, encordadores de raquetas, arregladores de canchas, guías de transito, y pasacalles, salvavidas, promotores deportivos, aguateros etc.

Pese a que hoy existen incluso carreras técnicas, incluso de nivel profesional,[4] o acreditaciones estatales para actividades conexas al mundo del deporte que efectúa el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a través del Programa de Capacitación de Oficios[5] es de público conocimiento que los monitores y/o animadores deportivos que laboran en eventos como “cierres de calles” o plazas “deportivas” de fin de semana, son empleados en régimen de boleta a honorarios por nueve o diez meses al año. Sin embargo, no tienen beneficios laborales como: vacaciones, licencias, bonos, seguridad social, pese a realizar labores que muchas veces se enmarcan dentro del quehacer municipal. Así, este tipo de “personal” de deportes usualmente es citado fuera de horario y bajo presión, para reuniones y trabajar “ad honorem” en eventos municipales como desfiles, día del niño, fondas, etc.

Por otra parte, incluso aquellos que contando con un contrato de trabajo, amparado por el Capítulo VI, del Título II del Código del Trabajo, se han visto a expuestos a situaciones de abuso. Por ejemplo, largas jornadas laborales amparadas en el hecho que el artículo 22 del mismo Código establece que “la jornada de trabajo de los trabajadores que desempeñan actividades conexas se organizará de acuerdo a la naturaleza de la actividad deportiva” lo que ha llevado a interpretaciones muy laxas respecto de los alcances de la misma.

IDEA MATRIZ DEL PROYECTO

En razón de lo anteriormente expuesto, y para brindar protección a aquellas labores eventuales que rodean al “mundo del deporte” este proyecto de ley introduce dos nuevos incisos tercero y cuarto al artículo 152 bis D del Código del Trabajo. Establece un nueva modalidad de contrato de trabajo que reconoce y legitima la existencia de relaciones laborales, no exclusivas, duraderas en el tiempo, pero que son ejercidas de manera ocasional como las que se describen en el cuerpo del mensaje, cuestión que no es ajena a la regulación laboral, porque también son contempladas a propósito de los trabajadores portuarios, entre otros.

Por las consideraciones que se han expuesto previamente, los H. Diputados que suscribimos, venimos en proponer a esta Honorable Cámara, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1 Único: Introducese un nuevo inciso tercero y cuarto al artículo 152 bis D del Código del Trabajo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, y tratándose solo de trabajadores que desempeñan actividades conexas, las partes podrán acordar un contrato de trabajo que establezca la disposición del trabajador para prestar servicios a un mismo empleador, de manera no exclusiva, de forma eventual o esporádica sujeto a los límites generales de jornada diaria que señala el artículo 22 de este Código.

Con todo, las partes podrán pactar prestar servicios bajo esta modalidad, hasta un máximo de ocho días al mes”

Diputados señores Torrealba, Eguiguren, y Sauerbaum; y de las diputadas señoras Olivera y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Luck, y Sabat, y del diputado señor Longton, que “Modifica la ley N°20.370, que Establece la ley General de Educación, para exigir a todo establecimiento educacional la implementación de lineamientos y protocolos de prevención de abuso sexual infantil” Boletín N°12430-04

CONSIDERACIONES

1.En nuestro país, la historia del perfeccionamiento de la legislación sobre violencia y abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes se ha dado en un marco social de visibilización de un tema que estuvo durante mucho tiempo escondido bajo la alfombra.

Tanto así, que, al interior de la tramitación de la actual ley Nº 19.617 que modificó el Código Penal en materia de vinculadas al delito de violación se entregaban cifras que señalaban que entre el 75% y el 90% de los casos de violencia sexual no eran denunciados, y que la mayor cantidad de víctimas en esa cifra eran niños, niñas y adolescentes.

2.Asimismo, se indicaba que en el 71% de los casos había relaciones de parentesco, amistad o al menos conocimiento entre la víctima y el victimario. Dicha situación, si bien, con el tiempo ha tendido a ser algo más auspiciosa del punto de vista del número de denuncias, las cifras siguen siendo altas y el peligro – en muchos casos – sigue estando principalmente en el entorno más cercano de los niños y no sólo en agresores externos.

3.Otro dato anexo es que según datos de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) 12.267 niños, niñas y adolescentes han padecido violación y abusos sexuales entre los años 2012 y 2016, según datos de la Fiscalía a los cuales tuvo acceso la organización a través de la Ley de Transparencia[1].

4.Es por ello que si bien, resulta necesario efectuar acciones que vayan en directa relación a endurecer las penas para quienes abusen de menores de edad y a su vez tender hacia la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, modificando el Código Penal, los diputados abajo firmantes consideramos a su vez, que debemos avanzar al establecimiento de herramientas que nos ayude a visibilizar escenarios previos al abuso de menores, por medio del establecimiento de lineamientos de prevención de abuso sexual infantil a lo largos de los establecimientos educacionales del país.

En vista y considerando que al existir casos en donde el abusador es parte del círculo cercano a la víctima, la demora en la realización de la denuncia es producto muchas veces del miedo, dependencia económica o emocional que existe con su agresor e inclusive porque el niño ni siquiera entiende que algo malo le están ocurriendo; haciendo que aquella fortaleza y entereza para denunciar se forje con el pasar del tiempo.

5.Si bien, el año 2010, mediante un convenio entre el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se puso a disposición de las comunidades educativas a lo largo del país, un Manual de Orientaciones para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, con el propósito de que estos temas sean abordados dentro de los establecimientos educacionales y así, hacer frente a aquella realidad que nos entregan los datos entregados en los párrafos precedentes, dado que, de no hacer frente a estas situaciones, las consecuencias se dan en el orden del siguiente recuadro[2]:

01

6.Finalmente, si bien hay esfuerzo por parte de algunos establecimientos educacionales e instituciones privadas con iniciativas de prevención, como en el caso de estás últimas, la que efectúa el Diario La Estrella en la provincia de Chiloé con campañas del tipo comunicacional como el ya conocido seminario “¡No Enmudecer!” y que se ve materializado en congresos que agrupan a instituciones vinculadas con la problemática, a fin de combatir el el abuso sexual infantil en una de las provincias conocidas como el punto rojo dentro del país.

Así, la presente moción, sin lugar a dudas, no escapa de los lineamientos del Programa de Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, el cual indica el establecimiento de la promoción de una agenda de prevención del abuso sexual infantil y el análisis de modificaciones en los plazos y condiciones de prescripción de estos delitos y la ejecución de penas.

IDEA MATRIZ

La presente iniciativa, como bien señala su título, viene a establecer la obligatoriedad de incorporar dentro de los lineamientos de los establecimientos educacionales la adopción de medidas de prevención de abuso sexual infantil, con el establecimiento de un protocolo. Ello, modificando el Decreto con Fuerza de Ley N 2° del Ministerio de Educación del año 2010.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO Agréguese al Decreto con Fuerza de Ley N 2° del Ministerio de Educación del año 2010 las siguientes modificaciones:

1.Incorpórese en el inciso 2° del artículo 15, a continuación de la frase “agresiones u hostigamientos,”, el concepto de “abuso sexual infantil,”.

2.Sustitúyase el inciso primero del artículo 16 por el siguiente inciso:

“Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de esta ley serán sancionadas con una multa no inferior a 50 ni superior a 200 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia la multa no podrá ser inferior a 100 unidades tributarias mensuales.”

3.Incorpórese un artículo 15 bis en el siguiente tenor:

En cada establecimiento educacional que recibe aporte del Estado, tanto en los niveles de educación, parvularia, básica y media, se deberá implementar lineamientos al interior de las Bases Curriculares de Educación y establecer protocolos de prevención de abuso sexual infantil, con el objeto de evitar la ocurrencia de este tipo de ilícito al interior de los establecimientos educacionales y que el alumnado reciba la herramientas para poder identificar la materialización de dichos hechos en su entorno y pueda proceder mediante los canales de denuncia.

El protocolo de prevención de abuso sexual infantil deberá contemplar lo siguiente:

1.Implementación de una Programa de Educación Sexual y Socio afectivo que contemple la valoración de la persona y el autocuidado en los niveles de educación enunciados en el primer párrafo del presente artículo.

2.Realización de cursos de capacitación que abarque a todos los funcionarios del establecimiento educacional. Los que tienen que ir dirigidos a la prevención, detención y resolución de todo tipo de abuso y la creación de ambientes seguros para los niños.

Diputadas señoras Olivera, Luck, y Sabat, y del diputado señor Longton

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Juan; Bobadilla, Jarpa, Leiva, Moreira, Prieto y Walker, y de la diputada señora Olivera ”Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de aprobación de planos reguladores comunales y de permisos de edificación” Boletín N°12432-14

I.IDEAS GENERALES.

Dentro de los diferentes procesos de modernización de un país, el carácter administrativo juega un papel relevante en los parámetros de organización o planificación territorial. Estar al día en lo que en este tipo de procesos se refiere, puede ser un factor de gran relevancia si lo que se pretende es la correcta, efectiva y eficiente regulación de nuestro territorio, de la mano con una gestión rápida de estos mismos procedimientos para no dilatar y entrabar soluciones.

Durante sus inicios, la gestión del territorio o planificación territorial no estuvo exenta de controversia, dándose un enfrentamiento constante entre actores municipales, de gobierno central, contralores y obviamente, industriales o inmobiliarios particulares privados. En particular podemos señalar el papel relevante que juegan los planos reguladores (indiferente de su tipo) en la planificación territorial, que puede afectar directamente a particulares que pretendan realizar proyectos de edificación desde una simple casa hasta un complejo edificio habitacional o industrial. Así mismo, desde la perspectiva de lo público, tienen incidencia absoluta respecto de temas tan trascendentales como la conectividad urbana, áreas verdes, esparcimiento y recintos deportivos, de equipamiento, portuario, hospitalario, etc.

Respecto a estos planos reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos, la Contraloría se hace parte, de acuerdo a lo señalado por el artículo 99 de nuestra Constitución, a través del control de toma de razón en donde examina si los decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley cumplen con los requisitos de fondo y forma que a su respecto exige concretamente el ordenamiento jurídico. Y de igual manera lo contempla su misma Ley Orgánica que rige sus atribuciones, personal y procedimientos internos, así como sus divisiones y secretarías. A este efecto, la toma de razón constituye uno de los controles a que se encuentran sujetos los actos de la Administración del Estado y como tal, se caracteriza por ser un control preventivo, de juridicidad, imprescindible e impeditivo de ilegalidades y otras falencias. Aunque, a pesar de lo anterior, existen ciertos actos que pueden estar exentos de tal toma de razón y que estarán fijados mediante resolución de la misma Contraloría.

Para el caso concreto en discusión, durante los últimos años hemos visto fallos de diferentes autoridades (Corte Suprema, Direcciones de Obras Municipales, Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros) que han ido en merma de la legislación actual y por sobre todo de la economía de construcción de nuestro país, aspecto relevante y fundamental en el desarrollo regional y comunal de nuestro territorio. A este efecto, los procesos de toma de razón de Contraloría y observaciones de los planos reguladores respecto de ciertos puntos producen la paralización de manera total del resto de los proyectos que estén emplazados en lugares del plano regulador no observados, y que no tienen relación alguna con lo pendiente por el órgano contralor.

Por otro lado, los procesos de otorgamiento de permisos de edificación o construcción tienen un procedimiento particular, pero que en cuanto a la no respuesta de los DOM a dicha petición y el consecuente requerimiento del Seremi a los mismos, se establece un silencio de carácter negativo, que genera más incertidumbre a los titulares de proyectos.

Llevado al caso de los efectos que produce el desarrollo territorial de una comuna, provincia o región, la mayor o menor burocracia que conlleva el proceso de construcción de diferentes tipos de edificaciones va de la mano con las posibilidades que tienen las personas de poder elegir entre varios tipos de viviendas y de tener un entorno desarrollado y acorde a la planificación territorial vigente y aprobada. Es decir, no paralizar el crecimiento y desarrollo de una comuna por la observación de una parte del proyecto de un plano regulador va de la mano con la mayor oferta y beneficio que tendrán sus mismos habitantes de posibilidades de vivienda y de un desarrollo armónico de su comuna y territorio.

II.IDEA MATRIZ Y CONTENIDO DEL PROYECTO.

Es por esto que, el presente proyecto viene a fijar y establecer de manera concreta que durante los procesos de toma de razón de Contraloría a los planos reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos – que tengan que estar sometidos a tal – las observaciones produzcan la paralización o suspensión de los derechos respecto de ese contenido únicamente y no respecto de lo no observado, que para este efecto se propone que se entienda por aprobado. Para esto se modifican los cuerpos respectivos que regulan los procesos de aprobación de proyectos de planos reguladores comunales y que tendrán efecto en las consiguientes resoluciones que dependan de estos cuerpos magnos de urbanismo y construcción. Se incluye igualmente los procesos de modificación de los mismos planos.

Por otro lado, se pretende generar certidumbre jurídica respecto al proceso de petición y otorgamiento de permisos de edificación y construcción ante la DOM, en la medida en que ante el silencio constante del órgano y aún con instrucción de la respectiva Seremi, se entienda un silencio positivo y se otorgue el correspondiente permiso solicitado.

En definitiva, el objetivo del presente proyecto de ley, es otorgar certeza jurídica a los instrumentos de planificación territorial y a los permisos de edificación que se otorguen por las respectivas Direcciones de Obras Municipales, de manera que no queden sujetos a evento futuros e inciertos a los que están sometidos en la actualidad, en base a la fundamentación precedentemente señalada.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el Decreto N° 458, de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba la Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la siguiente manera:

-Modifíquese el artículo 118, de la siguiente manera:

i.Reemplácese en el inciso 3° la palabra “denegado” por “aprobado”, la segunda vez que aparece.

ii.Reemplácese en el inciso 4° la frase “, sea expresa o presuntivamente,” por “, de manera expresa,”.

iii.Elimínese en el inciso final la frase “o que venza el plazo para pronunciarse”.

-Agrégase el siguiente Artículo 11 Transitorio:

“Artículo 11.- En lo no observado durante el proceso de toma de razón por la Contraloría General de la República o sus cuerpos Regionales respecto al proyecto de plan regulador comunal, intercomunal o metropolitano, o sus modificaciones a los ya existentes, se entenderá por aprobados”.

-Agrégase el siguiente Artículo 12 Transitorio:

“Artículo 12.- Cuando hubiere contradicciones entre lo observado por la Contraloría General de la República a los planos reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos, durante la toma de razón, y lo aprobado se mediará lo contradictorio por una comisión conformada con este propósito en particular compuesta por el Secretario Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Jefe o Jefes del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la misma Secretaría Regional Ministerial, el o los Alcaldes relacionados al plano en discusión, dos miembros del o los Consejos Regionales relacionados, dos miembros del o los Concejos Municipales relacionados, y el o los Directores de Obras Municipales relacionados al plano regulador objeto. Para objeto del funcionamiento y procedimiento de esta comisión el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá dictar un reglamento en el plazo de tres meses de publicada esta ley”.

-Agrégase el siguiente Artículo 13 Transitorio:

“Artículo 13.- Los permisos de edificación regulados en el presente cuerpo legal podrán ser invalidados en la forma dispuesta por el artículo 53 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en un plazo de 6 meses desde la fecha de notificación o publicación de dicho acto administrativo”.

ARTÍCULO 2°.- Agrégase un nuevo inciso final al artículo 53 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, de la siguiente manera:

“Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se estará a lo establecido para cada órgano de la Administración del Estado respecto a la invalidación de sus actos administrativos y sus plazos respectivos”.

ARTÍCULO TRANSITORIO.- “Las modificaciones mencionadas anteriormente se entenderán aplicables a los planos reguladores y permisos de construcción en proceso de tramitación, y a los proyectos de planos reguladores en un plazo de cinco años, contados desde la publicación de la presente ley”.

Diputados señores Fuenzalida, don Juan; Bobadilla, Jarpa, Leiva, Moreira, Prieto y Walker, y de la diputada señora Olivera

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi, Rojas, y Vallejo, y de los diputados señores González, don Rodrigo; Santana, don Juan; Venegas, y Winter, que “Modifica la ley N°20.370, General de Educación, y el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, en materia de admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables, en las condiciones que indica” Boletín N°12433-04

I.ANTECEDENTES

Como sabemos, los cimientos del sistema educacional chileno fueron profundamente transformados durante la dictadura militar (1973-1990). Al respecto, en el sistema escolar se introdujo la figura de los establecimientos particulares subvencionados, que formalizó el rol subsidiario del Estado en la provisión educacional, permitiendo distinguir tres subsistemas: el de administración municipal, el particular subvencionado y el particular pagado.

Con el retorno de los gobiernos democráticos, se adoptaron decisiones que profundizaron este esquema de provisión de los servicios educacionales, aumentando progresivamente los montos destinados a la subvención escolar, especialmente, con la implementación de la jornada escolar completa y, más tarde, con la introducción de la subvención escolar preferencial, destinada a mejorar la calidad de la educación recibida por estudiantes de peores condiciones socioeconómicas.

Estas decisiones de política pública tuvieron el innegable efecto de ampliar la cobertura de escolaridad del país, lo que constituyó un avance significativo en el ejercicio del derecho de acceso a la educación. Sin embargo, tal como concluyó la Comisión Asesora Presidencial para la Calidad de la Educación de 2006, “esa expansión, desgraciadamente no logró estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía en términos de calidad. Todo esto, a pesar que la sustitución del modelo de provisión predominantemente pública esgrimió la mejora en calidad como uno de los motivos para legitimarse. Bajo este respecto debe reconocerse que el modelo de sistema escolar fracasó”.

Esta conclusión derivó, posteriormente, en una evaluación más completa de todo el sistema educacional chileno que, en el período legislativo 2014-2018, fue reformado institucionalmente, desde la educación inicial hasta la educación terciaria.

En educación escolar, los principales cambios fueron fruto de la Ley de Inclusión Escolar, la Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y la Ley que crea el Sistema de Educación Pública. Con la Ley de Inclusión Escolar, se modifican progresivamente los tres pilares del modelo educativo que recibía aportes del Estado: garantiza el acceso gratuito, eliminando el financiamiento compartido; garantiza el uso exclusivo de recursos a los fines educativos, sancionando el lucro; garantiza el acceso no discriminatorio, terminando con la selección escolar que realizaban los colegios.

La historia de la Ley Nº20.845 sobre Inclusión Escolar, da cuenta del objetivo de asegurar el derecho fundamental de los padres y madres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, consagrado en el artículo 19 Nº11 de la Constitución Política, se concretó mediante la creación de un Sistema de Admisión Escolar fundado en los principios de inclusión y prohibición de toda discriminación arbitraria.

Esto queda ratificado en el nuevo artículo 7 bis del DFL Nº 2/1998 del Ministerio de Educación, introducido por la Ley de Inclusión Escolar, que señala: “el proceso de admisión de los y las estudiantes que desarrollen los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado se realizará conforme a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos.”

El nuevo Sistema de Admisión terminó con la selección escolar realizada por los establecimientos educacionales financiados por el Estado y creó un sistema que asegurara el derecho de los padres, madres y apoderados para elegir el proyecto educativo que deseen para sus hijos, mediante instrumentos procedimentales no discriminatorios. En efecto, de acuerdo al régimen legal previo a la Ley de Inclusión Escolar, los sostenedores desarrollaban sus propios sistemas de selección que, en lugar de garantizar que estudiantes de diferentes entornos sociales (favorables o desfavorables) tengan la misma probabilidad de acceder a la educación, propiciaba la segregación socioeducativa de estudiantes en función a criterios arbitrarios de los sostenedores, amparados en un abuso del derecho a la libertad de enseñanza consagrado en la Constitución, especialmente, si consideramos la educación como un espacio llamado a cumplir una importante función respecto a la equidad, la cohesión, la diversidad social y no tan solo como una inversión a rentabilizar en forma privada.

En síntesis, este cambio sistémico eliminó la posibilidad de los sostenedores privados, que recibían aportes del Estado, para “seleccionar, segregar, excluir por un lado a los rezagados o niños con otros problemas, agrupándolos entonces en las escuelas públicas que, por ley, los deben aceptar”[1], obligándoles aplicar los principios de “educación inclusiva”, “accesibilidad universal” y de prohibición de toda forma de “discriminación arbitraria” en sus procesos de admisión de postulantes.

La Ley de Inclusión Escolar fue amplia y extensamente debatida en el Congreso Nacional e, incluso, fue objeto del control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para que se declarara la inconstitucionalidad de una serie de elementos, tales como la eliminación de la selección de estudiantes y sus familias por parte de los establecimientos educacionales, obligación de no tener fines de lucro y regulación de los arrendamientos, entre otras materias. Al respecto, el Tribunal Constitucional desechó los argumentos de los requirentes y validó la constitucionalidad del nuevo Sistema de Admisión.

El Sistema de Admisión Escolar, contenido en la Ley de Inclusión, aún no ha entrado en vigencia en todo el país ni en todo su contenido, ya que en el diseño se consideró apropiada su implementación gradual, considerando la dificultad práctica de modificar las bases institucionales del sistema escolar financiado por el Estado, que cubre más del 90% de la matrícula nacional. Adicionalmente, esta transición progresiva permitiría, de acuerdo a la finalidad explícita del legislador, monitorear de mejor manera la implementación de los cambios procedimentales y permitir las correcciones que fueran necesarias para alcanzar los fines propuestos en la idea matriz de la reforma.

Actualmente, se estima que ha entrado en vigencia en cerca del 60% de la cobertura, con 14 regiones del país. Su inicio comenzó el año 2016 con la Región de Magallanes. Continuó el año 2017 con las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Posteriormente, el 2018 se implementó en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén; y el año 2019 debería concluir con la Región Metropolitana. La postergación del ingreso de la Región Metropolitana, fue solicitada por la actual administración y los parlamentarios accedimos a ello.

De acuerdo a lo expresado por la Universidad de Chile, institución que ha acompañado el proceso de implementación, cerca del 60% (59,1%) de los postulantes queda en su primera opción y más del 80% (82,5%) en alguna de sus tres primeras preferencias.

La reciente implementación del Sistema de Admisión Escolar, que incluso aún no se verifica en todo el territorio nacional, impide contar con evidencia suficiente que permita realizar un análisis profundo de la ejecución de la Ley de Inclusión, pero estimamos que pueden realizarse algunos ajustes que se han identificado durante el proceso de implementación que ha desarrollado la Universidad de Chile, con el fin de resguardar el principio de libertad de elección de las familias.

Adicionalmente, el objetivo general de disminuir los índices de segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar requiere incorporar a esa tarea nacional a los colegios particulares pagados, que hasta ahora se han mantenido al margen de las reformas en la política educacional del país.

II.IDEA MATRIZ

Asegurar el derecho de las familias a elegir el establecimiento educacional donde estudiarán sus hijos o pupilos, extendiendo el principio de inclusión a todo el sistema escolar, para lo cual se disponen reglas que eliminan barreras de segregación socioeducativa y otras que incorporan nuevos criterios de prioridad al Sistema de Admisión Escolar.

III.FUNDAMENTACIÓN Y CONTENIDO DEL PROYECTO

Como decíamos, la Ley de Inclusión Escolar obligó a debatir respecto a los principios y reglas fundamentales del sistema de educación financiado por el Estado: el financiamiento público, el uso exclusivo de esos recursos hacia los fines educativos de cada establecimiento y un sistema de acceso no discriminatorio. Esta Reforma, desde luego, no afectó mayormente a los colegios particulares que no reciben recursos del Estado; aún cuando, las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación (DFL Nº 2/2010 del Ministerio de Educación) les resultan aplicables, por tratarse de una ley de alcance general respecto de todos los establecimiento que cuentan con el reconocimiento oficial del Estado.

La evidencia analizada por diferentes estudios realizados en las últimas dos décadas en Chile han permitido consolidar un consenso relativo a la alta segregación socioeconómica en el sistema escolar.[2] Aún más, un estudio del Centro de Estudios del Ministerio de Educación señaló lo siguiente en 2017:

“Existe evidencia que sugiere que la segregación educativa en Chile ha aumentado progresivamente durante los últimos años (Valenzuela, Bellei y De los Ríos, 2013). En general, esto se debe a que los incentivos puestos en el sistema educativo, diseñados para construir un sistema orientado a operar de acuerdo con principios de mercado, tienden a reproducir las inequidades preexistentes en el país. Mecanismos como el copago y la selección han contribuido de manera importante a generar este escenario.”[3]

De acuerdo a otro importante estudio[4], el nivel de segregación socioeconómica de la población escolar chilena es comparativamente alto a nivel internacional. De hecho, si consideramos los datos obtenidos de los resultados de la Prueba PISA, Chile posee uno de los más elevados índices de segregación respecto de los alumnos pertenecientes al 30% más pobre de la población escolar, como también en aquellos que pertenecen al 30% con mayores recursos socioeconómicos.

Como señala el académico Cristián Bellei, en su Estudio de la segregación socioeconómica y académica de la educación chilena de 2013, “la segregación escolar tendría –en principio- consecuencias educacionales en tres dimensiones diferentes. En primer término, empobrece la calidad de la experiencia formativa de los alumnos en un sentido amplio (convivencia social, educación ciudadana, habilidades transversales); en segundo lugar, disminuye los logros educacionales de los grupos vulnerables (en un sentido restringido: aumenta la deserción escolar y disminuye los aprendizajes académicos); finalmente, la segregación escolar dificulta el mejoramiento educacional y facilita la emergencia de fenómenos disfuncionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la convivencia escolar.”.[5]

Las consideraciones empíricas sobre la segregación socioeducativa y sus conclusiones impulsaron la creación del Sistema de Admisión en la Ley de Inclusión Escolar para todos los establecimientos educacionales financiados por el Estado, con la finalidad de asegurar el principio de la libertad de elección por parte de las familias, prohibiendo la aplicación de criterios de selección discriminatorios, promoviendo la inclusión escolar en un proceso de implementación transitoria.[6]

Ahora bien, tal como señalamos en el apartado de antecedentes, los procesos de transición del nuevo Sistema de Admisión Escolar han mostrado la necesidad de introducir algunos ajustes o mejoras, para cumplir adecuadamente con sus objetivos esenciales.

La Ley de Inclusión Escolar, como se sabe, considera criterios de prioridad en orden sucesivo, para la incorporación en las listas de admisión de cada establecimiento, con la finalidad que, el sistema aleatorio de selección aplicado en aquellos casos donde el número de postulantes sea mayor a los cupos disponibles, respete en la mayor medida posible las preferencias de las familias. Estos criterios de prioridad, en todo caso, deben respetar el principio de inclusión y no discriminación.

Por lo mismo, el primer criterio no realiza discriminaciones que se relacionen con los diferentes apellidos que puedan tener hermanos o integrantes de un mismo núcleo familiar, pues su objetivo era resguardar que las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a la misma familia queden matriculados en el mismo establecimiento; sin embargo, en la práctica, ha ocurrido que el sistema no les ha reconocido como integrantes de una misma familia, de modo que las Diputadas y Diputados que suscriben este proyecto de ley hemos estimado necesario precisar el criterio, a fin de posibilitar que hermanos y otros familiares o integrantes de un mismo núcleo familiar, que residan en un mismo hogar, puedan acceder sin dificultades al criterio de prioridad establecido por la Ley de Inclusión.

Asimismo, considerando los resultados publicados en los años previos de transición del nuevo Sistema de Admisión Escolar y, especialmente, los que se refieren a que más del 80% de las y los postulantes quedan seleccionados en alguna de sus tres primeras preferencias, nos parece necesario fijar en 3 el número de postulaciones mínimas que una familia debe realizar en el proceso, con la finalidad de evitar que aumente el número de postulantes asignados por el Ministerio de Educación, de acuerdo al criterio de cercanía al domicilio de la o el estudiante.

Adicionalmente, es imperioso considerar que la Constitución Política establece en su artículo 19 N°1, 2, 10 y 11 el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, el derecho a la educación y el derecho de los apoderados a escoger un establecimiento de enseñanza para sus hijos.

A su vez, el Estado Chileno es parte de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la que de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 3, “el Estado debe adoptar las medidas necesarias, inclusive las disposiciones legislativas, para que no exista discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza”.

En este contexto, es necesario que el Poder Legislativo contribuya a impedir la discriminación arbitraria por características socioeconómicas, académicas o culturales de las familias en todo tipo de establecimientos; a promover un sistema educativo de mayor integración social.

Para generar un sistema educativo sin discriminación y que promueve la integración social, el proyecto propone un mecanismo de acceso preferente para estudiantes que provengan de familias pertenecientes a los cuatro deciles de menores ingresos en todos los establecimientos reconocidos por el Estado, haciendo universal la cuota del 30%, los cuales deben ser becados por el mismo establecimiento.

Una mayor diversidad en la sala de clases, no sólo beneficia a quien accede a una educación de élite, sino que hace que los estudiantes de nivel socioeconómico alto generen un cambio importante en el desarrollo de actitudes más igualitaristas y generosas; sean menos proclives a discriminar a personas de menos ingresos, lo cual tiene pequeños o no existentes impactos en resultados académicos[7].

Finalmente y atendiendo el llamado presidencial de incorporar mayores niveles de justicia en el proceso de admisión, creemos necesario avanzar en los principios de integración e inclusión en todo el sistema educativo, sin importar el origen de sus recursos. Y esa justicia, integración e inclusión, debe aplicarse respecto de todos quienes integran el sistema educativo, sean estos públicos, subvencionados o privados. De este modo, serán efectivamente los padres, madres y familias quienes elijan el proyecto educativo o establecimiento para sus hijos.

Permitir que todos tengan oportunidades de ingresar a un establecimiento, sin importar su patrimonio, ayudará a reducir la inmensa segregación educacional y nos permitirá alcanzar mayores niveles de integración en nuestro país y materializar efectivamente el derecho constitucional de los padres y madres de elegir el establecimiento de enseñanza de sus hijos.

Así, el presente proyecto de ley contiene las siguientes modificaciones legales:

1.Modifica los artículos 4 y 12 del DFL Nº 2/2010, Ley General de Educación, para hacer extensivo los principios del sistema de acceso a todo el sistema educativo, mediante la incorporación de un 30% de estudiantes que provengan de hogares pertenecientes a los seis deciles de menores ingresos.

2.Modifica el inciso sexto del artículo 7 bis del DFL Nº 2/1998, Ley sobre Subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales, para establecer un mínimo de 3 establecimientos priorizados por las madres, padres o apoderados en el proceso de postulación que regula el SAE.

3.Modificar literal a) del artículo 7 ter DFL Nº 2/1998, Ley sobre Subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales, para incorporar al criterio de prioridad en las listas de admisión las y los postulantes que pertenecen al mismo núcleo familiar que compartan un mismo hogar, que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas y Diputados abajo firmantes, venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Modifìcase el D.F.L. N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, en el siguiente sentido:

a)Agrégase en el artículo 4, inciso quinto, la siguiente frase final antes del punto aparte:

", para lo cual, todo establecimiento educacional reconocido por el Estado asegurará la incorporación de, al menos, un 30% de estudiantes que provengan de hogares pertenecientes a los cuatro deciles de menores ingresos, a menos que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cubrir dicho porcentaje. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones específicas para aquellos establecimientos que reciban financiamiento público.".

b)Agrégase en el artículo 12, inciso segundo, antes del punto aparte, la siguiente frase:

", en conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4.".

c)Introdúzcase un nuevo inciso tercero al artículo 12, pasando el actual tercero a ser cuarto, del siguiente tenor:

“Si ha sido asignado un estudiante con necesidades educativas especiales en los procesos de admisión realizados de conformidad a la ley y sus reglamentos, en ningún caso, podrá el establecimiento retractarse o negarse a admitirlo con posterioridad a su asignación.”.

d)Modifícase el artículo 13º en el siguiente sentido: Agrégase el siguiente inciso cuarto:

“Los estudiantes admitidos de acuerdo al inciso quinto del artículo 4, se eximirán totalmente del pago de los valores que mensualmente se deban efectuar, así como también de las cuotas de incorporación, en caso de que existiesen. Lo señalado en este inciso es sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.”

Artículo 2.- Modifìcase el D.F.L. N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N°2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales de la siguiente forma:

a)Reemplázase el inciso sexto del artículo 7 bis, la frase “postularán a más de un establecimiento educacional,” por la siguiente:

“deberán postular al menos a tres establecimientos educacionales,”.

b)Reemplázase el literal a) del inciso tercero del artículo 7 ter, por un nuevo literal del siguiente tenor:

"a) Existencia de hermanas o hermanos, u otros familiares o integrantes de un núcleo familiar que compartan un mismo hogar, que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.".

Diputadas señoras Girardi, Rojas, y Vallejo, y de los diputados señores González, don Rodrigo; Santana, don Juan; Venegas, y Winter

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat, Carvajal, Cicardini, Hernando, Hoffmann, Luck, Ossandón, Troncoso y Vallejo, que “Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular los efectos del permiso por paternidad en el cómputo de quórum y mayorías” Boletín N°12434-07

I.- LAS AUSENCIAS Y SU EFECTO EN LA PROPORCIONALIDAD DE LAS FUERZAS POLITICAS EN EL CONGRESO NACIONAL. MECANISMOS PARA REDUCIR SU IMPACTO.

Uno de los propósitos fundamentales de las Cámaras o Asambleas Parlamentarias es reflejar, lo más aproximadamente posible, la expresión manifestada por la ciudadanía en las votaciones populares que se realizan para la generación democrática de sus integrantes.

Los resultados de una elección parlamentaria determinan una proporcionalidad o correlación de las posiciones políticas que interactúan en la Cámara de Diputados y el Senado para conformar una voluntad colectiva, que se materializa en sus votaciones o acuerdos incidiendo en la legislación y otros aspectos relevantes para la marcha o funcionamiento institucional del país.

La ausencia de un parlamentario, por cualquier circunstancia, cambia esa proporcionalidad o correlación al momento de las votaciones o la adopción de acuerdos, alterando la expresión genuina de la voluntad de las distintas fuerzas o bloques políticos. La inasistencia o ausencia, muchas veces, es determinante en la votación de las leyes, particularmente aquellas que exigen “quórum” para su aprobación, modificación o derogación; a que se refiere el artículo 66, de la Constitución Política de la República.

Lo anterior es lo que justifica algunas normas que, frente a aquellas ausencias, permiten reducir su efecto distorsionador de la voluntad de la Asamblea o Cámara. La preservación de que la voluntad de la Cámara de Diputados y del Senado sea representativa y que no sea circunstancialmente alterada, explica varios mecanismos reconocidos por los respectivos Reglamentos.

Un mecanismo que habitualmente se emplea para reducir el efecto señalado, en ausencias puntuales y muchas veces imprevisibles, es el “pareo” que consiste, básicamente, en un acuerdo que compromete u obliga a los parlamentarios, que lo utilizan, a no participar en votaciones o elecciones que se realicen en la Cámara que integran. Los parlamentarios “pareados” siguen considerándose “en ejercicio” y no disminuyen el número total de parlamentarios sobre los que se calculan los quórum; por lo que no se resuelve el problema en su integridad.

Otras situaciones o mecanismos parlamentarios reducen o descuentan del total de parlamentarios sobre el que se calculan los quórums exigidos para sus votaciones o acuerdos, disminuyendo el impacto negativo en la representatividad política que provocan las ausencias. Es así, por ejemplo, el “desafuero”, una de cuyas consecuencias es que el parlamentario al quedar suspendido de su cargo no se considera como diputado o senador “en ejercicio”, en conformidad a lo establecido por el artículo 7 de la Ley Organica del Congreso Nacional; Igual ocurre cuando a un parlamentario se le otorga un permiso constitucional o integra una misión oficial con permiso de salida del país.

Todas estos mecanismos permiten suspender el ejercicio del mandato parlamentario por una ausencia, ya sea breve o prolongada, reduciendo su impacto en la representación proporcional y política del Congreso Nacional.

II.- EL AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y SU PROYECCION, JUSTIFICAN ABORDAR MODIFICACIONES QUE REGULEN ESTA REALIDAD.

Por un fenómeno que puede explicarse; entre otros, por factores culturales, educacionales, laborales y modificaciones legales , se ha acelerado la incorporación de mujeres al Congreso Nacional. Hoy, la Cámara de Diputados está integrada en un significativo 22. 6%, por mujeres; esto, aparte de ser un gran avance, impone nuevos desafíos y adaptaciones normativas que se hagan cargo de una, ya indesmentible, nueva realidad.

Cabe destacar que hay, en la Cámara de Diputados, un Partido Político o Bancada que está integrada en un 27.7% por mujeres.

La proyección que podemos advertir es que seguirá produciéndose un incremento de la participación femenina en el Congreso Nacional. Lo anterior es claro observando el siguiente cuadro:

01

La adaptación de las antiguas normativas que regulan a la Cámara de Diputados es una necesidad imperiosa para recoger esta verdadera irrupción femenina en el Congreso Nacional y dar cabida a situaciones que se producen por este hecho.[1]

Una de esas modificaciones necesarias es el efecto de una ausencia prolongada de una mujer diputada que debe suspender el desempeño de su mandato parlamentario por causa de encontrarse embarazada o al cuidado maternal que exige un recién nacido.

III.-ACTUAL SITUACION DE DIPUTADAS QUE EJERCEN EL DERECHO A PRE Y POST NATAL.

El artículo 195, del Código del Trabajo, señala que:

“la trabajadora tiene derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él”.

El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo […]”.

Asimismo, el artículo 197 bis del mismo cuerpo legal, agrega:

“Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del período postnatal […]”.

Si bien es cierto que quien ejerce un mandato parlamentario, no es jurídica o legalmente un “trabajador” o “trabajadora”; no se puede desconocer que a una parlamentaria, estando embarazada, le asisten los derechos de la maternidad que se encuentran consagrados en nuestra legislación, en función del bien jurídico protegido y la obligación ineludible de protección frente al evento de nacimiento de un niño o niña, que recae en ella. Lo mismo se aplica para el permiso parental que se le otorga al padre.

Actualmente, en la Cámara de Diputados, se exige la presentación de certificado médico para acreditar y justificar la inasistencia, no se afecta el porcentaje de asistencia que registra la diputada, ni genera la aplicación de multa alguna por inasistencia; pero, no rebaja el número de miembros de la Corporación sobre el cual se calcula el quórum para las votaciones que lo exigen o adoptar acuerdos que lo contemplan.

Estamos en presencia de un conflicto entre el ejercicio especialísimo de un mandato parlamentario; que se verifica presencialmente y por su carácter de indelegable e irrenunciable choca con el derecho y obligación de una diputada que será madre. La opción de un pareo por un tiempo prolongado no es una solución satisfactoria ya que, como hemos señalado, en muchos casos no subsana los efectos distorsionadores de una ausencia en la representación parlamentaria. No se puede descartar, a futuro, que mediante la utilización de medios tecnológicos se haga compatible la realización simultánea y más flexible de las tareas parlamentarias con los derechos y obligaciones de la maternidad.

IV.- PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL

La inspiración fundamental de este proyecto, no es de interés particular de las Diputadas que puedan enfrentar un embarazo; sino que es el evitar que, eventualidades que serán cada vez menos excepcionales, como hemos expuesto, alteren la voluntad colectiva de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, vengo en proponer el siguiente proyecto de reforma a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para que no se considere como parlamentaria en ejercicio; al igual que parlamentarios que se encuentran con permiso constitucional o en misión oficial con permiso de salida del país, a quienes se encuentran haciendo uso del permiso de paternidad, permitiendo armonizar una maternidad y paternidad responsable con el ejercicio del mandato que desempeñan.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.918, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, PARA REGULAR LOS EFECTOS DEL PERMISO PARENTAL EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA

Artículo único: Modifíquese la Ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, como sigue:

En el artículo 7º, inciso segundo, reemplácese la frase “y los que estan ausentes del país con permiso constitucional”, por “los que estan haciendo uso del permiso paternal consagrado en los artículos 195 y 197 bis del Código del Trabajo, y los que estén ausenten del país con permiso constitucional”

Diputadas señoras Sabat, Carvajal, Cicardini, Hernando, Hoffmann, Luck, Ossandón, Troncoso y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat, Carvajal, Cicardini, Hoffmann, Luck, Ossandón, Troncoso, y Vallejo, que “Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de ejercicio del permiso posnatal parental por parte de sus miembros” Boletín N°12435-07

I.- EL PERMISO POSTNATAL PARENTAL

La ley Nº 20.545 que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental, introdujo reformas al Código del Trabajo con el objeto de extender el postnatal a un periodo de seis meses, mediante la creación del denominado “permiso postnatal parental”.

Este permiso consiste en eun tiempo de descanso inmediatamente posterior al periodo postnatal, del cual puede hacer uso la madre o el padre -a elección de la primera-, reconociendo así la importancia que tiene el que las familias puedan elegir la mejor forma de cuidar a sus hijos, al tiempo que se promueva la corresponsabilidad de padre y madre en el cuidado de los hijos, facilitando una mayor conciliación entre la familia y trabajo para hombres y mujeres.

El artículo 197 bis que recoge este permiso, señala que:

“Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a

continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el

inciso primero del artículo 195.

Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas[…]

Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos primero y segundo.

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso […]”

II.- EL AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y SU PROYECCION, JUSTIFICAN ABORDAR MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS QUE REGULEN EL EJERCICIO DEL PERMISO PARENTAL.

Al mismo tiempo, y por un fenómeno que puede explicarse tanto por factores culturales, educacionales, laborales y modificaciones legales [1] , se ha acelerado la incorporación de mujeres al Congreso Nacional. Hoy, la Cámara de Diputados está integrada en un significativo 22. 6%, por mujeres; esto, aparte de ser un gran avance, impone nuevos desafíos y adaptaciones normativas que se hagan cargo de una, ya indesmentible, nueva realidad.

Cabe destacar que hay, en la Cámara de Diputados, un Partido Político o Bancada que está integrada en un 27.7% por mujeres.

La proyección que podemos advertir es que seguirá produciéndose un incremento de la participación femenina en el Congreso Nacional. Lo anterior es claro observando el siguiente cuadro:

01

La adaptación de las antiguas normativas que regulan a la Cámara de Diputados es una necesidad imperiosa para recoger esta verdadera irrupción femenina en el Congreso Nacional y dar cabida a situaciones que se producen por este hecho.

Una de esas modificaciones necesarias es el efecto de una ausencia prolongada de una mujer diputada que debe suspender el desempeño de su mandato parlamentario por causa de encontrarse embarazada o al cuidado maternal que exige un recién nacido.

III.-ACTUAL SITUACION DE DIPUTADAS QUE EJERCEN EL DERECHO POST NATAL.

Si bien es cierto que quién ejerce un mandato parlamentario, no es jurídica o legalmente un “trabajador” o “trabajadora”; no se puede desconocer que a los parlamentarios le asisten los derechos parentales que se encuentran consagrados en nuestra legislación, en función del bien jurídico protegido y la obligación ineludible de protección frente al evento de nacimiento de un niño o niña.

Actualmente, en la Cámara de Diputados, para el ejercicio del pre y post natal de las diputadas se exige la presentación de certificado médico para acreditar y justificar la inasistencia, no se afecta el porcentaje de asistencia que registra la diputada, ni genera la aplicación de multa alguna por inasistencia; pero, no se contempla la posibilidad de que un parlamentario pueda reincorporarse a sus labores bajo la modalidad de media jornada que reconoce el Código del Trabajo.

IV.- PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

En suma, la inspiración fundamental de este proyecto, es facilitar que los parlamentarios puedan ejercer sus derechos y obigaciones parentales, al tiempo que se armonizan con el ejercicio especialísimo del mandato parlamentario. Por lo anterior, vengo en proponer el siguiente proyecto de modificación al Reglamento de la Cámara de Diputado para:

Incorporar un nuevo Artículo 42 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados que señale lo siguiente:

“Artículo 42 bis. Las diputadas tendrán derech a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él. Los diputados tendrán derecho a un permiso de cinco días en caso de nacimiento de un hijo.

A continuación del descanso establecido en el inciso primero, las diputadas tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas. Con todo, la diputada podrá elegir reicorporarse a sus labores parlamentarias por media jornada, la cual deberá ser comunicada a la Secretaría General de la Cámara. En este caso, el permiso postnatal parental se extendera por un periodo de hasta 18 semanas.

El derecho establecido en el inciso segundo podrá ser ejercido por un diputado cuando la madre hubiera fallecido o el diputado tuviere el cuidado personal del menor por sentencia judicial. Asimismo, el diputado podrá hacer uso de este derecho, por un periodo de hasta 12 semanas, cuando la madre le transfiera el goce de las últimas semanas de permiso postnatal parental en los términos del artículo 197 bis del Código del Trabajo”.

Diputadas señoras Sabat, Carvajal, Cicardini, Hoffmann, Luck, Ossandón, Troncoso, y Vallejo