Labor Parlamentaria

-Nota de la diputada señora Olivera por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ha ausentado del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 26 de julio de 2019, para dirigirse a Perú.

-Nota del diputado señor Castro, don José Miguel , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ha ausentado del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 26 de julio de 2019, para dirigirse a Estados Unidos.

-Nota del diputado señor Keitel por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ha ausentado del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del lunes 5 de agosto de 2019, para dirigirse a Perú.

-Nota del diputado señor Rey por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ha ausentado del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 28 de julio de 2019, para dirigirse a Uruguay.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Meza , quien debió permanecer en reposo por un plazo de tres (3) días, a contar del 24 de julio de 2019.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Jiménez , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de treinta (30) días, a contar del 1 de agosto de 2019.

-Certificado por el cual se acredita que la diputada señora Jiles , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones celebradas y por celebrarse entre los días 26 de julio y 22 de agosto, de 2019, por impedimento grave.

-Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Schalper , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones celebradas el día 24 de julio de 2019, desde las 15:00 hasta las 23:59 horas, por impedimento grave.

-Comunicación del diputado señor Mulet , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, ha solicitado permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, de las sesiones celebradas el día 25 de julio de 2019, entre las 10:00 y las 15:00 horas, por medio día.

-Comunicación del diputado señor Keitel , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, de las sesiones a celebrarse entre el martes 6 y el jueves 8 de agosto de 2019, por dos días y medio.

XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Iván Flores , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Guardar un minuto de silencio en la sesión del día de hoy por el reciente fallecimiento del exdiputado Gustavo Ramírez Vergara .

2.- Fijar en seis minutos las intervenciones de las diputadas y los diputados en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9914-11[S]).

3.- Fijar las 12.00 horas del jueves 8 de agosto como plazo de cierre de la inscripción de las diputadas y los diputados para hacer uso de la palabra en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en lo relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos (boletines refundidos Nos 12440-08, 12444-08, 12445-08, 12448-05, 12522-08, 12577-08 y 12597-08).

4.- Remitir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9404-12), para su estudio e informe, y posteriormente enviarlo a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, para su informe.

5.- Incorporar con preferencia y sin discusión, y proceder a su votación conjunta en la sesión del día de hoy, los proyectos de resolución Nos 558, 666, 668, 686 y 687, todos relativos a trasplante de órganos.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EXDIPUTADO SEÑOR GUSTAVO RAMÍREZ VERGARA

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 79 señoras diputadas y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar todo lo relativo a la ejecución del “Programa de Alimentación Escolar y Párvulos” a que se refiere el informe de auditoría N° 107, de 2019, de la Contraloría General de la República, en particular los actos ejecutados u omitidos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y toda otra entidad que se haya vinculado con el referido programa por cualquier tipo de actos o contratos, licitaciones o adjudicaciones del servicio de suministro de raciones alimenticias; de indagar las posibles causas de los problemas que hubieren significado un riesgo o daño para la salud o la integridad de los menores beneficiarios de los programas de alimentación, y de proponer las medidas correctivas pertinentes.

Para el cumplimiento de su propósito, la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de 68 señoras diputadas y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar los actos de los órganos competentes de la Administración del Estado en relación con la contaminación por asbesto, metales pesados y otros elementos que afecta a la comuna de Coronel, particularmente las actuaciones destinadas a prevenir la contaminación y degradación del medio ambiente, determinar sus causas y efectos, mitigar sus impactos y reparar los daños provocados a los recursos naturales y a la salud de las personas; evaluar las acciones de fiscalización efectuadas por dichos órganos, y proponer las modificaciones normativas que se estimen pertinentes para prevenir la repetición de tales hechos y afrontar sus consecuencias.

Para el cumplimiento de tal propósito, la referida comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a ciento veinte días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, tengo entendido que en algún momento, dadas las restricciones que existen para el funcionamiento de las comisiones en términos de cantidad de diputados y de jornada, los Comités resolvieron que solo se aceptaría, previa evaluación de la Mesa o de la Secretaría General, la creación de comisiones investigadoras relacionadas con materias que tuvieran incidencia en todo el territorio nacional. El caso en particular planteado en el punto N° 29 de la Cuenta, sobre el cual se pide la creación de una comisión especial investigadora, se refiere a una comuna específica.

Por lo tanto, quiero saber si se dejó sin efecto el referido acuerdo de Comités o si este se refería a otras materias. Lo consulto para que sea clarificado respecto de peticiones que seguramente están pendientes de presentarse a futuro.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene razón en su pregunta, diputado Saffirio . Solo debo aclarar que, desde el punto de vista constitucional, no es posible restringir el alcance de las peticiones de los parlamentarios para la creación de comisiones especiales investigadoras. Dicha restricción sí la establecimos respecto de las sesiones especiales, de manera que las sesiones especiales solo podrán estar referidas a cuestiones de alcance nacional, no así -reitero- las comisiones investigadoras.

¿Habría acuerdo para la creación de la comisión investigadora señalada en el punto N° 29 de la Cuenta?

Acordado.

-o-

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la migración de extranjeros hacia Chile, especialmente ante hechos calificables como tráfico de migrantes, con los siguientes diputados y diputadas: Boris Barrera Moreno , Ricardo Celis Araya , Catalina del Real Mihovilovic , Francisco Eguiguren Correa , Maya Fernández Allende , Camila Flores Oporto , Issa Kort Garriga , Manuel Matta Garay , Raúl Saldívar Auger , Alexis Sepúlveda Soto , Renzo Trisotti Martínez , Francisco Undurraga Gazitúa y Pablo Vidal Rojas .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En consecuencia, corresponde votar la proposición.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 134 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Gatica , Muñoz González , Sauerbaum Muñoz , Félix Francesca Frank Bellolio Avaria , Jaime González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Gutiérrez Gálvez , Hugo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Anca-pichún , Emilia Tohá González , Jaime Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Urrutia Soto , Osvaldo Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Araya , Ricardo Kort Garriga , Issa Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Celis Montt , Andrés Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez, Hugo Walker Prieto , Matías Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Yeomans Araya , Gael Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto, Carolina

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Fuenzalida Cobo , Juan Garín González , Renato Schilling Rodríguez , Marcelo Vidal Rojas, Pablo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alinco Bustos, René Rojas Valderrama , Camila Sepúlveda Soto , Alexis Trisotti Martínez, Renzo Mix Jiménez, Claudia

HOMENAJE AL EXSENADOR Y EXDIPUTADO SEÑOR JOSÉ MUSALEM SAFFIE , RECIENTEMENTE FALLECIDO

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Por acuerdo de Comités, y entrando en una nueva modalidad para efectuar los homenajes oficiales de esta honorable Cámara, la Sala rendirá homenaje al exsenador y exdiputado señor José Musalem Saffie , recientemente fallecido.

En nombre de la Cámara de Diputados de Chile, saludo y doy la bienvenida a la señora Clemencia Sarquis , viuda del exsenador y exdiputado, señor José Musalem Saffie , que en paz descanse, junto a sus hijos José Miguel , Clemencia , Paz y Catalina, quienes se encuentran presentes en las tribunas.

Saludamos también al señor subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Galli , y a los familiares y amigos que hoy nos acompañan en este homenaje.

Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos.

(Aplausos)

-Aplausos.

-Aplausos en la Sala y en las tribunas.

-Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Con esta intervención se pone término al homenaje que la Cámara de Diputados ha rendido al exsenador y exdiputado, señor José Musalem Saffie , recientemente fallecido.

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Troncoso, Amar, y Del Real, y de los diputados señores Baltolu, Moreira, Rentería y Sanhueza, que “Modifica la Ley General de Educación para consagrar el principio de colaboración, entre los establecimientos educacionales y los padres, madres y apoderados, en materia de alimentación saludable de los alumnos y alumnas Boletín N° 12807-04

I.- IDEAS GENERALES.

Como se sabe, la educación constituye el vehículo que permite a las sociedades su desarrollo, aspecto que no sólo se circunscribe a los aspectos puramente económicos, sino también se extiende a ámbitos de nuestra vida tan relevantes como la formación y desarrollo intelectual, moral y cultural, bases para el desenvolvimiento de la población. En este espacio vital para una sociedad como es la educación, el Estado hace carne uno de los principios fundamentales sobre el cual se erige la función pública: la servicialidad, principio que subyace en todas las políticas públicas impulsadas por los gobiernos y, en donde la educación juega un rol estelar en la materia.

En este sentido, no cabe duda que la comunidad educativa compuesta por profesores, padres y apoderados, alumnos, debe incorporar en su funcionamiento mayores niveles de preocupación en ámbitos de tanta sensibilidad como la alimentación de los niños y niñas que estudian en los establecimientos educacionales, a objeto de promover conductas adecuadas en esta materia con el sólo objeto de cautelar la salud de los educandos.

Asimismo, es dable reconocer, que una vida sana no se agota en el ámbito puramente de higiene alimentaria, sino que nos encontramos en presencia de un fenómeno omnicomprensivo que apunta a fortalecer una educación integral para los alumno, en donde se incorporen eficientemente nuevas medidas de acción en la promoción de una vida sana desde el punto de vista de la alimentación, incluyendo en esta tarea activamente a los colegios y a los padres y apoderados, quienes tienen la primera obligación de promover y fomentar una mejor alimentación o mejores hábitos de alimentación de sus hijos.

Es así, que el presente proyecto de ley promueve profundizar las políticas públicas que sobre la materia los gobiernos han incorporado, incrementando notoriamente el rol que le asiste a los padres y establecimientos educacionales, haciendo más activa su participación en este proceso mediante un enfoque colaborativo y permanente que continúe la labor educativa en las casas y en los colegios.

II.- CONSIDERANDO

1.- Que, actualmente, según datos de la Junta Nacional de Auxilios Escolares y Becas, el 23 por ciento de los niños de educación básica en Chile presentan obesidad, cifra que se incrementa drásticamente al 51, 7 por ciento si incluimos a aquellos niños y niñas con sobrepeso. Esta alarmante señal, que representa casi el doble de los países desarrollados, debe introducir en la comunidad educativa una evidente preocupación, en torno a promover hábitos alimenticios de mejor calidad, con la finalidad que la obesidad no se transforme en un problema sin solución, cuyas implicancias repercutirán en la salud pública de Chile, no sólo en el presente sino también hacia el futuro.

2.- Que, múltiples han sido las vías de solución y propuestas impulsadas por la autoridad; creemos que la existencia de kioscos saludables constituye una buena medida que apunta a consagrar espacios a nivel de los establecimientos educacionales aptos para propiciar mejores hábitos de consumo por parte de los estudiantes en tales colegios. Sin embargo, esta política sencillamente no solucionará el grave problema de obesidad que tanto preocupa a las autoridades y padres, por lo que el presente proyecto promueve un trabajo colaborativo y permanente entre los establecimientos educaciones y los padres y apoderados, en torno a la promoción de mejores hábitos y condiciones en la alimentación de nuestros niños.

3.- Que, así las cosas, creemos que para la eficacia de esta norma, resulta fundamental el trabajo y la dirección seria, profunda, colaborativa y permanente entre padres y apoderados y los colegios, a fin que la obesidad sea definitivamente controlada en aras del mejoramiento de la salud de nuestros estudiantes en sus años futuros.

4.- Que, por lo mismo el Estado gasta ingentes sumas de dinero en el combate a enfermedades surgidas de la obesidad, por lo que evidentemente nos encontramos en presencia de una propuesta legislativa acorde a los requerimientos de Chile en materia de eficiencia y razonabilidad en el manejo de sus recursos. Así las cosas, se calcula que nuestro país gasta más del 0.5 por ciento de su PIB, situación que verdaderamente debemos evaluar como legisladores, teniendo en cuenta las múltiples carencias y desafíos que todavía tiene nuestro país.

5.- Que, así las cosas, creemos indispensable ponernos en marcha todos, los padres, apoderados y los colegios a objeto que las medidas anti obesidad definitivamente tengan su tan anhelada eficiencia, tarea que nos compete a toda nuestra población.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado, el presente proyecto de ley consagrando el principio de colaboración entre los establecimientos educacionales y los padres y apoderados en materia de alimentación saludable de los y las estudiantes.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 10 bis e la Ley 20.370 General de Educación, a través del siguiente texto:

“ Es deber de los establecimientos educacionales desarrollar políticas que promuevan correctos hábitos alimenticios de los y las estudiantes, siendo además deber de los padres, madres y apoderados, velar para que tales políticas sean también desarrolladas en el ámbito de la vida familiar, mediante un trabajo colaborativo entre las instituciones educativas y las familias, asegurando la existencia mecanismos de comunicación para asegurar el éxito de estas acciones.”

Diputadas señoras Troncoso, Amar, y Del Real, y de los diputados señores Baltolu, Moreira, Rentería y Sanhueza

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cid, Del Real; Flores, doña Camila; Muñoz y Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Durán, don Eduardo, y Galleguillos, que “MODIFICA EL DECRETO LEY N° 321, DE 1925, PARA NEGAR EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL A LOS CONDENADOS POR LOS DELITOS DE VIOLACIÓN, VIOLACIÓN CON HOMICIDIO, PARRICIDIO Y FEMICIDIO, CON LA EXCEPCIÓN QUE INDICA” BOLETÍN N° 12808-07

FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES

1. Prevalencia de delitos violentos y de alta connotación social en Chile

Entre los delitos más gravosos que contempla nuestro repertorio penal se encuentran el de homicidio y el de femicidio. Efectivamente, desde antaño, el Código Penal (CP) dispone la sanción de aquellos con penas altísimas, en un rango que va desde el presidio mayor en su grado medio y hasta el de presidio perpetuo calificado. De manera reciente, mediante una modificación legal implementada en el año 2010, se incorporó la tipificación especial del delito de “femicidio”, el cual dejó de ser caracterizado como una clase de delito de homicidio simple o calificado de los del artículo 391 CP y pasó a estar contenido en el artículo 390 CP, en el contexto del delito de parricidio, con penas más altas que el de homicidio[1]. Con todo, el parricidio, el femicidio y el homicidio representan uno de los disvalores más graves en contra de las personas y de la sociedad, como es quitar la vida a otra persona y entrañan un injusto penal que amerita, sin duda alguna, una drástica reacción.

Según estadísticas criminológicas, las tasas de ocurrencia de estos hechos en nuestro país no son bajas. Así, el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito informa que, para los años 2017, 2018 y en lo que va del presente año 2019, se han conocido 1470 casos policiales por el delito de homicidio[2] y 7460 casos policiales por el delito de violación[3]. Sin duda alguna estas alarmantes estadísticas aumentan si se está a indicadores de victimización (quienes indican haber sido víctimas de un delito grave y/o de alta connotación social pero no necesariamente han denunciado), así como a cifras sobre delitos conexos como los de abuso sexual, lesiones o violencia intrafamiliar, que en no pocos casos concluyen con el asesinato de la víctima.

A mayor adición, en este complejo escenario social, las mujeres enfrentan una realidad de alarmante vulneración y peligro, al ser víctimas ocurrentes de crímenes como los aquí analizados. En general, la violencia contra la mujer es un problema social que requiere aún mayores esfuerzos multidimensionales para abordarla (políticas públicas, cambios culturales, inversión social, entre otras medidas) y, efectivamente, la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres informó que en 2018 se contabilizaron al menos 56 asesinatos de mujeres motivados por circunstancias de violencia contra las mujeres y hubo al menos 116 de ellos en carácter de frustrado[4].

De la lectura de las cifras señaladas es posible inferir que las sanciones de tipo penal contempladas ante la ocurrencia de tan graves actos no actúan del todo como un disuasivo potente para evitar su comisión, lo que se entiende como que, la pena, en estos casos, no cumple su fin o función preventiva, ya sea para disuadir a la sociedad y para evitar la realización de crímenes o para disuadir al mismo penado, que muchas veces, como veremos, reincide[5].

Además de lo anterior, los diputados que suscriben esta iniciativa legal somos de la idea de señalar que otras medidas vinculadas a la reacción penal y al cumplimiento de la pena no cumplen su fin preventivo y, conjugados con la situación de prevalencia de los delitos de homicidio, femicidio y parricidio, terminan por abrir un verdadero flanco de ocurrencia de estos hechos. Uno de los más relevantes de estos elementos es el de la libertad condicional, como se explicará.

2. Libertad condicional como elemento que posibilita la reiteración en la comisión de crímenes contra las personas

Desde 1925 nuestra legislación contempla el beneficio de libertad condicional, el que es definido en el Decreto Ley N° 321 de 1925 como “un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir…”

Las últimas modificaciones legales introducidas a la redacción de la normativa sobre libertad condicional le imprimen un carácter de “beneficio”, pero esto no es sinónimo de arbitrariedad o discrecionalidad en su otorgamiento, ni tampoco de “dádiva” de la autoridad, lo que se extrae no sólo de su definición expresa, sino que también por la necesidad de concurrencia de beneficios que permiten la concesión de esta alternativa por la respectiva Comisión de Libertad Condicional. Concurriendo los requisitos y condiciones, la autoridad no puede denegar arbitrariamente la opción de libertad condicional[6].

Esta naturaleza más bien híbrida de la institución de libertad condicional, que vacila entre beneficio y derecho, termina por definir un elemento que no siempre permite la rehabilitación y reinserción del condenado, sobre todo en los casos de crímenes graves. A esta situación abona el hecho de que la ley define la libertad condicional como una vía para que el condenado demuestre ante la sociedad su rehabilitación, pero lo cierto es que “…se establece como requisito que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentre corregido y rehabilitado para la vida social.”[7]

Pues bien, en muchos casos, tal rehabilitación no ha ocurrido y no queda demostrada con el cumplimiento de los requisitos que el artículo 2 y siguientes del Decreto Ley N° 321 señalan, caso en el que, como ya se indicó, la autoridad administrativa no puede denegar el beneficio, tal como ha reafirmado la jurisprudencia sobre el tema[8].

Así las cosas, la paradoja de que el condenado “deba estar rehabilitado para salir a rehabilitarse”, ha implicado un riesgo considerable en la concesión del beneficio de libertad condicional y no por nada la normativa que lo alberga ha sido objeto de distintas variaciones. Recientemente (2019), se introdujo una nueva modificación en virtud de la ley N° 21.124 para hacer más estrictos y exigentes los requisitos, distinguiendo entre distinta clase de delitos y estableciendo un régimen especial para la concesión de libertad condicional a los condenados por crímenes que conforme al derecho internacional sean catalogados como genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra[9]. Aquello ya se había hecho anteriormente también para el caso de los delitos sexuales (2012)

Continuando con el planteamiento, con la concesión de libertad condicional se asume un riesgo de reincidencia criminal que en no pocos casos se concreta y que es particularmente grave en aquellos delitos en que víctima y victimario están unidos por un vínculo de permanencia (sanguíneo o familiar, afectivo, entre otros) Ello ocurre notoriamente en los delitos de violación de los artículos 361 y 362 del Código Penal, violación con homicidio del artículo 372 bis del Código Penal y los delitos de parricidio y femicidio del artículo 390 del Código Penal. En estos, se corre un riesgo de que el criminal vuelva a delinquir en condiciones similares y se produce un desequilibrio entre la seguridad social y la aparente necesidad de rehabilitación, primando la última.

Habiéndose constatado la prevalencia de delitos graves y de alta connotación y argumentado también la escasa idoneidad que el beneficio de libertad condicional representa en los crímenes más repudiables, sostenemos que aquél no debería ser procedente en los casos de condena por violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio. En ellos, la última reforma al régimen de libertad condicional ya introdujo cambios en el mínimo de años de cumplimiento efectivo de la pena para acceder al beneficio, exigiéndose actualmente un mínimo de 20 años si la condena es de presidio perpetuo simple, de 40 años si la condena es de presidio perpetuo calificado y, en todos los casos, al menos dos tercios de cumplimiento de la pena con cárcel efectiva, por lo que el menor remanente de tiempo en que el condenado podría cumplir su pena en libertad sigue representando un riesgo de reincidencia alto en comparación con el breve tiempo de libertad destinado a la resocialización. Se propone entonces obstar, en dichos delitos, a la posibilidad de acceder al beneficio de libertad condicional, con el objeto de resguardar la seguridad e integridad social y de las víctimas.

Se señala, que por motivos humanitarios y resguardo del niño se mantiene la opción de que aquellas mujeres que hayan sido condenadas en estado de embarazo o maternidad de hijo menor de 3 años puedan acceder al beneficio, independiente del delito o crimen que hayan cometido, mientras que, para situaciones de excepción -como podrían ser las de una enfermedad terminal- resulta aplicable el indulto presidencial.

IDEA MATRIZ

El presente proyecto modifica el Decreto Ley N° 321 de 1925 con el objeto de establecer que aquellas personas que hubieren sido condenadas por el crimen de violación, violación con homicidio, de parricidio o de femicidio, no podrán acceder al beneficio de libertad condicional

NORMATIVA LEGAL VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Decreto Ley N° 321 de 1925 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: efectúense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley N° 321 de marzo de 1925:

1. Reemplácese el inciso primero del artículo 2 por uno nuevo, del siguiente tenor: “A excepción de aquella persona condenada por haber cometido el delito de violación, contemplado en los artículos 361 y 362 del Código Penal; de violación con homicidio, contemplado en el artículo 372 bis del Código Penal o por haber cometido el delito de parricidio o el de femicidio, contemplados en el artículo 390 del Código Penal, toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: .”

2. Elimínense en el inciso tercero del artículo 3 las siguientes expresiones: “parricidio”, “femicidio”, “violación con homicidio” y “violación”

3. Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 3 ter, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero, del siguiente tenor: “Asimismo, las mujeres condenadas en estado de embarazo o maternidad de hijo menor de 3 años, que hubieren sido condenadas por haber cometido el delito de violación, contemplado en los artículos 361 y 362 del Código Penal, de violación con homicidio, contemplado en el artículo 372 bis del Código Penal o por haber cometido el delito de parricidio o el de femicidio, contemplados en el artículo 390 del Código Penal, podrán postular al beneficio de libertad condicional según lo señalado en el inciso anterior y demás requisitos generales planteados en esta ley. En consecuencia, no les será aplicable a ellas la restricción señalada en el inciso primero del artículo 2”

Diputadas señoras Cid, Del Real; Flores, doña Camila; Muñoz y Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Durán, don Eduardo, y Galleguillos

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo, y Walker, que “Modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato Boletín N° 12809-07

CONSIDERANDO QUE:

El arrendamiento de bienes raíces, siempre ha traído aparejado un gran problema que muchas veces se ha invisibilizado, refiriéndonos a aquellos ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones de pagar a tiempo el precio por la utilización de un bien inmueble, utilizarlo para otros fines presupuestados o bien, ocupar la propiedad sin título alguno. A ello hay que sumar, que nuestro proceso judicial, pone a disposición de quienes están sufriendo uno de estos abusos en su propiedad una tramitación "rápida" de en promedio 7 meses para decretar - si procede - el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública.

Bien conocemos lo anteriormente descrito y es por ello que, tratándose de los arrendatarios morosos, se han creado plataformas virtuales que son un verdadero "dicom", siendo ello así, se entrega información complementaria que permite conocer el comportamiento de pago de quienes han sido arrendatarios de propiedades e identificar a quiénes han tendido sentencias judiciales por no pagos. Ésta, vendría siendo una solución colaborativa (entre usuarios) para no tener que llegar al tedioso momento de demandar en tribunales aquel incumplimiento. En cambio, frente a los ciudadanos que hacen ocupación de una cosa ajena, no existe otra forma más que recurrir a las instancias judiciales.

En cuanto a lo indicado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, al año se presentan más de 15.000 juicios de arrendamiento, de este porcentaje, de cada 4 demandas acompañadas solo 1 se judicializa. Además, se estima que cerca de 60.000 familias dueñas de uno o más inmuebles se ven afectadas económicamente por estos tipos de arrendatarios.

Otro dato para considerar es la intención que se tuvo a la vista al momento de legislar, la cual fue, que este tipo de casos tuvieran una tramitación de no más de una semana, ello principalmente por la invasión que provoca el hecho de no tomar una medida rápida y drástica frente a los incumplidores. No obstante, lo anterior, el tiempo de duración que tienen actualmente este tipo de procedimientos no es menor a 7 u 8 meses hasta la consideración del lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, si procediere.

En este sentido resulta determinante la figura del plazo, toda vez que el dueño, al iniciar un procedimiento judicial, partirá de la base que se le adeuda el pago de 3 o 4 meses, sumado al tiempo que tarda el procedimiento judicial, da como resultado 12 meses. Para un propietario, es la perdida de un año de arriendo y si este cuenta con un crédito hipotecario, es la posibilidad de perder su inmueble.

Es importante indicar que la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos se creó, por una razón bastante sencilla: proteger a la parte mas débil en la relación contractual, el arrendatario. Sin embargo, esta relación contractual con el tiempo ha ido mutando, de tal forma, que hoy en día, quien se encuentra en una situación de desventaja por todo lo ya descrito, es sin lugar a dudas el arrendador.

Finalmente, son todas estas situaciones las que nos hacen proponer una modificación a este cuerpo normativo, en el sentido de establecer una medida precautoria en favor del dueño y arrendador para el lanzamiento provisorio de aquel arrendatario que demuestre un comportamiento irresponsable en el pago o en el cuidado del inmueble.

IDEA MATRIZ:

El siguiente proyecto de ley tiene por objeto introducir una medida precautoria de lanzamiento provisorio en contra de aquel arrendatario que demuestre un comportamiento irresponsable en el pago o cuidado del inmueble y contra aquella persona que haga ocupación de una cosa ajena, sin título alguno y por ignorancia o mera tolerancia de su dueño, verificándose dicha medida durante el juicio propiamente tal, cuya tramitación tiende a ser breve y concentrada.

En consecuencia, los diputados que suscribimos, venimos en proponer a esta Honorable Cámara el siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Efectúense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil:

1. Agréguese, en el artículo 290, un nuevo numeral quinto del siguiente tenor:

“5) La restitución anticipada y sin previo desahucio de un bien inmueble.”

2. Agréguese un nuevo artículo 297 bis del siguiente tenor:

“La restitución de un bien inmueble a que alude el numeral quinto del artículo 290 tendrá lugar especialmente en aquellos casos en que el demandante lo requiera a razón del incumplimiento grave y reiterado de un contrato de arrendamiento, de un contrato de sub-arrendamiento, de un contrato de comodato o bien por tratarse de un comodato precario, sin perjuicio de ser aplicable también a otra clase de asuntos de similar naturaleza e indistintamente de la tramitación ordinaria o especial que dichos litigios revistieren.

La restitución podrá implicar el lanzamiento del demandado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 595 de este Código, si así fuese necesario.”

Diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo, y Walker

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cicardini; Álvarez, doña Jenny; Carvajal, Cid, Marzán, Orsini, Santibáñez y Vallejo, que “Modifica el Código Penal y la ley N° 18.290, de Tránsito, a fin de establecer nueva causal de inhabilitación, y negar el otorgamiento y renovación de licencias para conducir vehículos de transporte de pasajeros, a personas condenadas por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual” Boletín N° 12810-07

1. Fundamentos. El Código Penal en el título VII recoge una serie de hechos delictivos bajo la denominación de delitos contra el “Orden de las familias y la moralidad pública”[1] términos vagos e imprecisos, que hacen alusión fundamentalmente a criterios de carácter moral que se utilizan para encarar legislativamente la cuestión sexual[2]. Tal planteamiento es ajeno al derecho penal moderno, propio de una sociedad pluralista, cuyo objetivo no puede ser la protección de determinadas ideas o concepciones de algunos o muchos sobre los comportamientos[3], sino que debe ser la de proteger una determinada zona en el mundo de las relaciones sociales de los sujetos, que pueden en un momento determinado ser altamente conflictivas y que en el conflicto puede producir graves daños al sujeto y a la sociedad.”[4]. Un tratamiento moderno y democrático de la cuestión sexual, basado en la libertad, ha de excluir un planteamiento macrosocial, que siempre será de carácter ideológico, y desarrollar una concepción personal (microsocial), necesariamente afincada en la libertad sexual [5]. Por eso tiene razón Bustos cuando afirma que la cuestión sexual sólo se puede concebir ligada al derecho penal en cuanto éste pretende justamente un mayor desarrollo de la persona en sus relaciones sociales; aquella está, por tanto, estrechamente vinculada a la libertad sexual[6].

En el caso del delito de violación, por ejemplo, es punible no por la actividad sexual en sí, sino porque tal actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual de otro. Si el derecho penal ha de intervenir ha de ser para poner de manifiesto que tal conflicto entre la libertad sexual de uno y otro sujeto ha de darse sin la opresión de ninguno de ellos. La reforma sufrida en esta materia por el código en julio de 1999, en virtud de la ley 19.617[7], si bien perfeccionaron las tecnicas de tipificación, fueron luego objeto de otra reforma sustantiva, introducida por la ley Nº19.927 de enero de 2004, y la ley Nº20.594 en materia de inhabilidades de delitos sexuales, que significaron respectivamente, una restructuración de las figuras centrales de los delitos de violación y abuso sexual (antes denominado abuso deshonesto) así como también de la punibilidad de estos delitos y las penas accesorias (inahbilidades).

Pese a las constantes reformas, durante las últimas semanas, como otras veces a ocurrido en nuestro país, hemos tomado conocimiento de la desaparición de varias mujeres en la comuna de Copiapó en la región de Atacama, por su parte, las familias de Sussy Montalván, Mariana Cabrera, y Catalina Álvarez Godoy de 16 años de edad, desarrollaron una incasable búsqueda, que –lamentablemente- pese a los esfuerzos, se logró identificar al responsable de sus desapariciones, con un final drámatico, repitiéndose lamentablemente las características del caso del sicópata de Alto Hospicio que en el año 2000 estremeció a todo el país. En efecto, los habitantes de la comuna de Copiapó, se encuentran conmocionados, atendido que al eventual responsable, sería una persona que a pesar de haber sido condenado anteriormente por delito de violación en el año 2004 a 24 años de presidio, pudo acceder al beneficio de la libertad condicional, tiempo que aprovecho para cometer estos macabros crímenes que tienen conmocionados no solo a la Región de Atacama, sino que también a todo el país.

2. Antecedentes. Según estudio dado a conocer por Ministerio Publico en el año 2011 a través de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional se informó que “en Chile 17 personas son víctimas de violación y 34 de abusos sexuales diariamente. El total, según las autoridades de la fiscalías, día a día se cometen 52 delitos de este tipo, 38 de los cuales afectan a menores de edad. En este estudio se concluyó además que los menores de edad y las mujeres son el tipo de víctima más recurrente.”[8]. En cifras más recientes, del año 2018 se informó que las denuncias por delitos sexuales presentaron un aumento del 25% en relación al año anterior, según lo indicó el análisis estadístico de Fiscalía, con 157.904 denuncias en total.[9] Por eso, el llamado de estas familias es urgente e inmediato para poder revisar nuestra legislación penal.

Como se indicó, el año 2012 entró en vigencia la ley N°20.594 que crea Inhabilidades para condenados por Delitos Sexuales contra Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades. En virtud de esta ley, se estableció una pena de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Distinguiéndose por la edad del menor:

- En contra de un menor de catorce años de edad: será inhabilitación absoluta perpetua;

- En contra de mayor de 14 y menor de 18 años: inhabilitación absoluta temporal.[10]

En razón de la anterior y dado el contexto en que se generaron las desapariciones en la comuna de Copiapó, toma fuerza la idea de legislar respecto de establecer una inhabilitación especial para aquellos que han sido condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual a quienes debería estar limitado el ejercicio de alguna labor u oficio no solo en el ámbito educacional (como existe hasta hoy), sino que ampliar al rubro de transporte de pasajeros donde también podemos encontrar reiterados casos donde principalmente niños, niñas, adolescentes se han visto expuesto a una serie de vejámenes e incluso delitos de alta gravedad como los ocurridos en los casos de Copiapó.

Finalmente, considerando los mismo elementos antes expuestos se propone modificar la Ley de Tránsito con el objetivo de incorporar una nueva exigencia para aquellas personas que requieran obtener o renovar su licencia profesional (Clase A-1, A-2 y A-3), como una medida de resguardo y prevención de que no sigan ocurriendo crímenes como los que afectan a la Región de Atacama, donde el factor común en los casos de Sussy, Marina y Catalina es que la utilización de un medio de transporte colectivo, fue el medio que habría sido aprovechado por el presunto autor. Lo anterior, lleva a la necesidad de establecer mayores requisitos y exigencias para quienes deseen trabajar en el rubro del transporte de pasajeros.

3.Ideas matrices.- Es por ello, que atendiendo el llamado que hizo la propia familia de Catalina Álvarez, es que proponemos una revisión legislativa en la materia y se propone incorpora una inhabilitación especial para desempeñar la labor de conductor del transporte de pasajeros a quienes hayan sido condenados por delitos contra la indemnidad sexual de menores, como una manera de resguardar y proteger en el futuro principalmente a niños, niñas y adolescentes quienes pueden estar expuestas a la comisión de este tipo de ilícitos. También se busca establecer una nueva exigencia para obtener la licencia profesional para conducir vehículos de transporte de pasajeros regulados en la Ley de Tránsito, quienes no podrán acceder a este tipo de licencia en caso de haber cometido alguno de los delitos sexuales sancionados en el Código Penal.

Es sobre la base de estos antecedentes que venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo Primero: Modifíquese el Código Penal en los siguientes términos:

1) En el artículo 21, intercálese en la Escala General, Penas de crímenes:

a) entre las de "Inhabilitación especial perpetua para algún cargos público o profesión titular" e "Inhabilitación absoluta temporal cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.", la siguiente: “y la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como conductor en vehículos de transporte de pasajeros.”

b) agregar a continuación de la expresión "Inhabilitación especial temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular", la siguiente: “la inhabilitación especial temporal para desempeñarse como conductor en vehículos de transporte de pasajeros.”

2) Incorporar las siguientes modificaciones en el artículo 372:

a) En el inciso segundo incorporar a continuación de la frase “con personas menores de edad” pasando el punto seguido a ser una coma, la siguiente oración “y la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como conductor en vehículos de transporte de pasajeros.”

b) En el inciso tercero incorporar a continuación de la frase “con personas menores de edad,” la siguiente oración “y la inhabilitación especial temporal para desempeñarse como conductor en vehículos de transporte de pasajeros”.

Artículo Segundo: Modificase la ley Nº 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Justicia, incorprando en el inciso segundo del artículo 13, en el acápite Licencia Profesional, el siguiente número 7) nuevo:

“7) En el caso de la Clase A-1, A-2 y A-3 no deben haber sido condenados por alguno de los delitos tipificados en los artículos 361, 362, 363, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 366 quinquies, 367, 367 ter, 377, 372 bis y de los artículos 141, 142, 374 bis, 411 quater y 433 N° 1° del Código Penal. Dicha exigencia también se aplicara respecto de aquellos que deban renovar la licencia profesional antes citada.”

Diputadas señoras Cicardini; Álvarez, doña Jenny; Carvajal, Cid, Marzán, Orsini, Santibáñez y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo; Bobadilla, Pardo, Rey; Santana, don Juan; Venegas y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Rojas y Vallejo, que “Modifica el Código Sanitario con el objeto de incorporar en su regulación los servicios profesionales de la psicopedagogía” Boletín N° 12811-11

ANTECEDENTES

La Ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, señala en su artículo 8° que las personas con discapacidad tienen derecho, a lo largo de todo su ciclo vital y mientras sea necesario, a la rehabilitación y a acceder a los apoyos, terapias y profesionales necesarios para ello, sin embargo, este último punto es cuestionable, ya que, dentro del listado de profesionales competentes para trabajar con Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) no se hace alusión al profesional psicopedagogo quién posee las herramientas necesarias para abordar una multiplicidad de variables que pueden afectar a las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD), tales como: barreras contextuales, actitudinales y ambientales. Tal situación, vista desde los Derechos Humanos de las PeSD, se asocia a una vulneración de éstos al no proveer los recursos necesarios para la inclusión social y laboral.

Considerando la importancia que tiene el aprendizaje de habilidades para la vida (sociales, cognitivas y para el control de emociones), del pensamiento (literal, inferencial, crítico) e instrumentales (lectura, escritura, cálculo) en la Inclusión Social y/o laboral de las PeSD, se hace necesario, entonces, contar con un profesional que sea especialista en ello, en el aprendizaje de naturaleza humana en todas sus etapas del Ciclo Vital, siendo el psicopedagogo, el profesional competente para ello pues, cuenta con las herramientas necesarias para realizar un proceso de evaluación e intervención acorde a las necesidades de cada PeSD, sin embargo, como veremos en el siguiente listado de profesionales competentes que pueden integrar las comisiones de medicina preventiva e invalidez: Sicólogo, Fonoaudiólogo, Asistente Social, Educador Especial o Diferencial, Kinesiólogo o Terapeuta Ocupacional que hace alusión al artículo 8 y 13 de la ley mencionada, no se hace mención al profesional psicopedagogo quién se enfoca en abordar el aprendizaje en todas sus dimensiones y desde un enfoque rehabilitador.

Al integrar al psicopedagogo en la comisión de medicina preventiva e invalidez, las PeSD contarán con un profesional que se centra en intervenir en los procesos a la base de una dificultad y que impide el aprendizaje y desarrollo de habilidades que van en directo beneficio del desarrollo integral de las personas. La ausencia del profesional Psicopedagogo podría incrementar las barreras que impedirán una real inclusión social y laboral de las PeSD.

Por otra parte, conforme al artículo 8° del Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Salud, los profesionales que pueden tener registro de prestadores individuales de salud son los siguientes: Médicos Cirujanos, Dentista o Cirujanos Dentistas, Enfermeros, Matronas, Tecnólogos médicos, Sicólogos, Kinesiólogos, Farmacéuticos y Químico Farmacéutico, Bioquímicos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionales. Lista que deja de lado a aquel profesional que puede dar un apoyo en el aprendizaje y en el área de salud mental para las PeSD.

NECESIDAD DE INCORPORAR AL PROFESIONAL PSICOPEDAGOGO EN EL CÓDIGO SANITARIO.

Se requiere que el profesional Psicopedagogo pueda ser incorporado en el Código Sanitario, para que éste pueda ser considerado como un profesional ligado al ámbito de la salud, en tanto sus objetivos se centran en desarrollar habilidades para la vida, del pensamiento e instrumentales que permitirán a la PeSD avanzar en la adquisición de los aprendizajes necesarios para insertarse social y laboralmente. Fontam en 1999, hace referencia a tres paradigmas funcionales donde el psicopedagogo es el experto de la acción psicopedagógica (psicométrico, conductual, clínico/médico) porque su conocimiento no lo trae solo de teorías, sino que, de la experiencia.

La importancia del profesional Psicopedagogo dentro del ámbito de salud es de ser generador de cambios a través de potenciar aquellas habilidades y/o talentos que poseen las PeSD y/o aquellas personas que presentan alguna dificultad en salud mental, en tanto, tiene por objetivo evaluar e intervenir Trastornos de Aprendizaje (TA), Dificultades de Aprendizaje (DA), Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) que pueden deberse a interferencias cognitivas con base en una condición, síndromes y/o patologías. Es por ello necesario la integración del psicopedagogo en la Ley 20.422, en sus artículos 8 y 13, ya que, es el profesional idóneo para evaluar y diagnosticar Trastornos de Aprendizaje, Dificultades de Aprendizaje, Necesidades Educativas Especiales que permitan a corto plazo la integración de las PeSD al sistema educativo y, en un futuro próximo, al ámbito social y laboral.

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es incorporar al profesional Psicopedagogo en el Código Sanitario, específicamente en el Libro V, que regula el ejercicio de la medicina y profesiones afines.

En este sentido, se propone regular normativamente el campo del profesional Psicopedagogo, el que comprende la aplicación de principios y procedimientos psicopedagógicos que tienen por finalidad el interactuar con la persona, desde diferentes situaciones de aprendizaje, las cuales pueden variar entre sí, en tanto dependen del contexto cognitivo, afectivo y cultural en el cual la persona a intervenir se encuentra.

En complemento a lo señalado, se establece que el profesional psicopedagogo se desenvolverá en trabajos colaborativos, asesorías, prevención, tratamiento, evaluación e intervención. Su objetivo central, será estudiar a la persona en procesos de aprendizaje considerando desfases cognitivos, patologías, deterioro cognitivo (asociado a la tercera edad), atención y estimulación temprana, todo ello, desde un enfoque bio – psico – socio – cultural y ecológico funcional que permite trabajar desde las habilidades y fortalezas de las personas.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Se propone modificar el artículo 113 del Decreto con Fuerza de Ley N° 725, que regula el Código Sanitario, agregando un nuevo inciso tercero, con el objeto de incorporar al profesional Psicopedagogo, pasando los actuales inciso 3° y 4° a ser los incisos 4° y 5°.

En consecuencia, los diputados firmantes presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo 113 del Decreto con Fuerza de Ley N° 725, que regula el Código Sanitario, en el sentido de agregar el siguiente nuevo inciso 3°, pasando los actuales incisos 3° y 4° a ser los incisos 4° y 5°:

“Los servicios profesionales del Psicopedagogo, comprenden la aplicación de principios y procedimientos psicopedagógicos que tienen por finalidad el interactuar con la persona, desde diferentes situaciones de aprendizaje, las cuales pueden variar entre sí, en tanto dependen del contexto cognitivo, afectivo y cultural en el cual la persona a intervenir se encuentra. El profesional psicopedagogo se desenvolverá en trabajos colaborativos, asesorías, prevención, tratamiento, evaluación e intervención. Su objetivo central, será estudiar a la persona en procesos de aprendizaje considerando desfases cognitivos, patologías, deterioro cognitivo (asociado a la tercera edad), atención y estimulación temprana, todo ello, desde un enfoque bio – psico – socio – cultural y ecológico funcional que permite trabajar desde las habilidades y fortalezas de las personas”.

Diputados señores González, don Rodrigo; Bobadilla, Pardo, Rey; Santana, don Juan; Venegas y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Rojas y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo; Bobadilla; Castro, don Juan Luis; Pardo; Santana, don Juan; Venegas y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Rojas y Vallejo, que “Modifica la ley N° 21.109, que Establece un estatuto de los asistentes de la educación pública, para que los psicopedagogos no puedan ser destinados a cubrir la ausencia transitoria de un docente” Boletín N° 12812-04

ANTECEDENTES

Es posible constatar que existe un enorme desconocimiento sobre el perfil, rol y función del profesional psicopedagogo en el proceso educativos. La Psicopedagogía, se encuentra conceptualizada como “ciencia humana encargada del estudio y comprensión de la naturaleza del aprendizaje humano” (Carrasco 2018) concibiendo al aprendizaje como “un sistema interrelacionado de interpretaciones subjetivas” (Carrasco, 2018) caracterizado por ser multidimensional, individual y de construcción colectiva. Bajo esta lógica epistemológica, el rol del profesional de la psicopedagogía es el de investigar, mediar y acompañar los aprendizajes de los seres humanos en todos los contextos que estos se den, es decir, tanto en la vida cotidiana como instituciones formales de educación.

En cuanto a los términos “Aprendizaje” y “Educación”, existe una gran confusión, ya que tradicionalmente y debido a la incipiente cientificidad de la psicopedagogía, se ha formado profesionales casi a la par de los que se señala en las ciencias de la educación.

“Aprendizaje” es interpretar subjetividades desde una lógica multidimensional (procesos cognitivos-afectivos-culturales) y darles significancia y significado dentro de la vida social. En cambio, “Educación”, en palabras de Durkheim, sería la fuerza que ejerce una generación más vieja sobre una generación más joven la cual se da con una fuerza tal, que impide en muchos casos un desarrollo de la individualidad en torno a la naturaleza de aprender, por tanto, acompaña a los seres humanos para que aprendan sea cual sea la condición y el contexto, dejando de lado los etiquetados y diagnósticos normativos de trastornos, analizando los diversos discursos psicopedagógicos y junto a la persona, desarrollando herramientas que le permiten aprender sin negar su naturaleza.

La comprensión de esta radical diferencia entre “Aprendizaje” y “Educación” es lo que permite entender la inconsistencia de exigir a los psicopedagogos a cumplir labores de otros profesionales dentro del sistema educativo. La psicopedagogía en la escuela cumple un rol fundamental, pero este rol no se emplaza en exigencia curriculares ni de aula, sino más bien en visibilizar aspectos del aprendizaje de la comunidad educativa en su totalidad y de manera colaborativa, generar puentes de comunicación entre los diversos actores del sistema educativo para propiciar los aprendizajes de todos y cada una de las personas que aprenden en este contexto particular. Por consiguiente, pensar en cumplir labores de “reemplazo docente” es un error que atenta contra la identidad de la profesión. (Carrasco).

NECESIDAD DE MODIFICAR EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY N° 21.109, QUE ESTABLECE UN ESTATUTO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

El inciso tercero del artículo 38 de la Ley N° 21.109, que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, señala lo siguiente:

“Excepcionalmente, ante la ausencia transitoria de un docente, los asistentes de la educación profesionales, preferentemente el psicopedagogo, podrán ser destinados a cubrir una determinada clase, con el propósito de mantener el correcto funcionamiento de los establecimientos educacionales.”

Dicha norma, dispone que tanto los profesionales Psicopedagogos podrían ser destinados a desempeñar labores docentes, en circunstancias que no tienen las competencias para ello, pues no son educadores.

La experiencia señala que los sostenedores y directores de establecimientos educacionales tienden a disponer de los profesionales en función a sus prioridades. Ejemplo de lo anterior, es que, en la Comuna de Viña del Mar, se han constatado casos de Profesionales Psicopedagogas que han tenido que cubrir ausencias de profesores por un total de 118 horas pedagógicas durante marzo y abril en un mismo establecimiento, en los cuales se les ha solicitado desde realizar talleres de carácter pedagógico, hasta llevar a cabo el trabajo pendiente de los profesores.

Por otra parte, la norma, tal cual está, podría interpretarse como un deber de controlar situaciones conductuales y vigilar el comportamiento de los estudiantes; roles y funciones que tampoco a los Psicopedagogos y que corresponden al Inspector General o a los Asistentes de la Educación, significando un menoscabo al profesional que lo desarrolla, entendiéndose que la labor dentro de los espacios educativos es el de apoyo al contexto de aprendizaje, dentro de sus competencias de especialista.

Trabajar desde la excepcionalidad y ante la ausencia transitoria de un docente, comprende una intervención desde la improvisación, lo que se traduce en una falta a la ética toda vez que no existe una planificación de tipo psicopedagógico para un curso determinado, con características únicas y nivel específico, no siempre conocido por el profesional, de acuerdo a las funciones que tenga en el establecimiento educativo.

En relación a la planificación, es estrictamente importante mencionar que es un recurso clave para el logro de los objetivos y la toma de decisiones, entendiéndose entonces que el Profesional Psicopedagogo, no debe trabajar desde la “emergencia” o la “eventualidad” diaria, improvisando actividades que probablemente no se ajusten a las necesidades de un curso, en caso de intervenir desde su especialidad y mucho menos, tomar el área curricular que se encuentra fuera de sus competencias.

El Psicopedagogo, dentro de los establecimientos educativos y según sus competencias, pueden asumir ciertas funciones de acuerdo a los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. Según lo que plantea Educar Chile: “Los Profesionales Asistentes de la Educación, son el grupo de personas que cuentan con un título Profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias”. Sus roles serían de colaborador, evaluador, habilitador, rehabilitador, coordinador, asesor, capacitador, los que deben estar claramente expuestos en los contratos laborales.

En este sentido, el inciso tercero del artículo 38 sería contradictoria con lo expuesto en su inciso 1 donde plantea que “Los asistentes de la educación tendrán derecho a que se respeten las funciones para las que fueron contratados, las que podrán desarrollarse en uno o más establecimientos educacionales.”

Debido a las competencias del Psicopedagogo en relación a las necesidades educativas especiales, los establecimientos educacionales que deciden la contratación del Psicopedagogo en la figura de Asistente Profesional de la Educación, dentro o fuera del contexto PIE, se ajustan a la determinación de apoyos que apuntan a superar las barreras que impiden el acceso a los aprendizajes, en contraposición a la norma cuestionada, ya que ante la “excepcional ausencia de un docente” y el reemplazo de éste por el Psicopedagogo , se perjudica y vulnera el derecho de los alumnos a ser atendidos por el profesional especialista idóneo en los tiempos establecidos para ellos.

En consecuencia, la contratación del Psicopedagogo en “reemplazo de un docente”, genera nuevamente una confusión en términos del perfil psicopedagógico, que implica además no sólo en una vulneración de derechos para quien le corresponde ese contrato, sino un menoscabo para el Profesional Psicopedagogo a quien se le otorga un espacio prestado de otro Profesional, en un espacio que debiera estar determinado por la importancia del Profesional Psicopedagogo en el desarrollo de habilidades implicadas en el aprendizaje, quien debe esperar la ausencia de un docente para intervenir en el aula.

OBJETO DEL PROYECTO

Se propone modificar el inciso 3° del artículo 38 de la Ley N° 21.109, que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, con el objeto de que los profesionales Psicopedagogos no puedan ser destinados a cubrir una determinada clase, con el propósito de mantener el correcto funcionamiento de los establecimientos educacionales.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Se propone modificar el inciso 3° del artículo 38 de la Ley N° 21.109, que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, eliminado la frase “preferentemente el psicopedagogo,”

En consecuencia, los diputados firmantes presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY

MODIFICA EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY N° 21.109, QUE ESTABLECE UN ESTATUTO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, CON EL OBJETO DE FORTALECER EL ROL DE LOS PROFESIONALES PSICOPEDAGOGOS EN EL PROCESO EDUCATIVO.

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el inciso 3° del artículo 38 de la Ley N° 21.109, que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, en el sentido de eliminar la frase “preferentemente el psicopedagogo,”

Diputados señores González, don Rodrigo; Bobadilla; Castro, don Juan Luis; Pardo; Santana, don Juan; Venegas y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Rojas y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo; Bobadilla; Celis, don Ricardo; Pardo; Santana, don Juan; Venegas y Winter, y de las diputadas señoras Girardi, Rojas y Vallejo, que “Modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para incluir a los psicopedagogos entre los profesionales que, según sea el caso, podrán integrar las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), para efectos de calificar la discapacidad" Boletín N° 12813-11

ANTECEDENTES

El Psicopedagogo es un profesional especialista en estudiar y comprender la naturaleza del aprendizaje humano (Carrasco, 2018: 41), encargado de indagar acerca de la situación de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos en todos los contextos en que este proceso se da durante su ciclo vital, entendiendo que el aprendizaje no es sólo un proceso enfocado en lo escolar, sino más bien, es un proceso propio del ser humano transversal a todo su desarrollo.

Respecto a la formación académica y entendiendo que la Psicopedagogía se concibe como una ciencia transdisciplinar (Espinoza, 2019), el Psicopedagogo aborda conocimientos que incluyen las ramas de la Psicología Evolutiva, la Epistemología, la Investigación Social, las Ciencias de la Educación, las Ciencias de la Cognición, la Sociología, la Filosofía y las Matemáticas, entre otras. Lo anterior implica considerar la Psicopedagogía como una ciencia convocante, que además construye sus propios conocimientos a partir de ella (Ortiz y Mariño, 2014). A partir de las nuevas teorías que van surgiendo con los años, la Psicopedagogía va modificando su marco teórico para abordar desde todas las aristas al sujeto de intervención.

El profesional Psicopedagogo, como especialista en la naturaleza del aprendizaje humano, cuenta con competencias propias de su especialidad para abordar los diversos fenómenos que se dan en el proceso de aprendizaje de los seres humanos, las cuales se especifican a continuación:

La formación académica en Chile otorga el título profesional en las modalidades: Título Profesional de Psicopedagogo (Institutos Profesionales) y Psicopedagogo/a Licenciado en Psicopedagogía o Licenciado en Educación (Universidades), con carreras de 8 semestres lectivos y un mínimo de 3.200 hrs. de formación en jornada diurna y vespertina, siendo el desglose de las casas de estudios que imparten la carrera el siguiente: Universidad Andrés Bello (3 sedes/presencial), Universidad Viña del Mar (2 sedes/presencial), Universidad Tecnológica de Chile (20 sedes/presencial), Universidad La República (1 sedes/presencial), Universidad Mayor (1 sede/presencial); IP Los Lagos (9 sedes/presencial), IP Los Leones (2 sedes/presencial), IP Libertadores de Los Andes (2 sedes/presencial), IP Santo Tomás (10 sedes/presencial), IP Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación (1 sede/a distancia), IP AIEP (23 sedes/presencial), IP Latinoamericano Comercio Exterior (2 sedes/distancia y presencial), IP Chile (4 sedes/presencial), IP Los Leones (1 sede), IP Los Lagos (9 sedes sin mención, presencial/7 sedes con mención, presencial), IP Valle Central (1 sede/distancia), IP Carlos Casanueva (2 sedes), IP de Ciencias y Educación Helen Keller (2 sedes/presencial), Instituto IPG (2 sedes/plan continuidad, a distancia y presencial), IP Valle Central (1 sede/plan continuidad, a distancia). Fuente: datos extraídos de https://www.mifuturo.cl/buscador-de-estadisticas-por-carrera/

Estas casas de estudios comparten en sus mallas ramos de base de la carrera de Psicopedagogía (conocimientos teóricos, evaluación, intervención, prácticas) y otros que no son compartidos, de índole más específica y asociados al sello distintivo de cada institución. Es importante destacar, en relación a las mallas de la Psicopedagogía, que en ciertas casas de estudio que imparten la carrera profesional de Pedagogía en Educación Diferencial o Educación Diferencial, sus mallas homologan ramos de psicopedagogía.

Por ejemplo, la Universidad San Sebastián, en la malla de programa de continuidad de estudios asociada a Pedagogía en Educación Diferencial presenta la homologación de los siguientes ramos: Evaluación de aprendizajes instrumentales, Intervención psicopedagógica en DEA, Evaluación Psicopedagógica desde el Modelos Multidimensional, Intervención Psicopedagógica en Trastornos del Neurodesarrollo. Esta situación ha implicado que se equipare, equivocadamente, la Psicopedagogía con los profesionales asociados a educación diferencial.

En cuanto al número de titulados de la carrera de Psicopedagogía, los datos más recientes dan cuenta, en el año 2017, de un total de 3.024 Psicopedagogos/as titulados, distribuidos de la siguiente manera:

NECESIDAD DE MODIFICAR EL INCISO 3° DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY N° 20.422, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON EL OBJETO DE INCORPORAR AL PROFESIONAL PSICOPEDAGOGO EN EL LISTADO DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LAS COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, APTOS PARA CERTIFICAR LA INVALIDEZ.

El Decreto N°170/2010, del Ministerio de Educación, señala en su título II artículo 17, que los profesionales determinados para el diagnóstico de NEE deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Nº 20.370 y la Ley Nº 20.422. A este respecto, el profesional Psicopedagogo, si bien es sujeto de inscripción en la plataforma del Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico, no es mencionado explícitamente en la normativa de la Ley Nº 20.422, que Establece Normas sobre igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, como profesional para el diagnóstico, obviando las competencias especializadas que tiene para esa labor.

la Ley 20.422, título II, artículo 13, se señala respecto a la calificación y certificación de la discapacidad:

“Artículo 13.- Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese Ministerio, calificar la discapacidad.

El proceso de calificación de la discapacidad asegurará una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. Para los efectos de esta ley, las comisiones de medicina preventiva e invalidez se integrarán, además, por un sicólogo, un fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaleza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a ellas.

La certificación de la discapacidad sólo será de competencia de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. La calificación y certificación de la discapacidad podrá efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de las personas o entidades que lo tengan a su cargo”.

De acuerdo a lo que señalan Ortiz y Mariño (2009), se pueden comprender las competencias y el rol del especialista Psicopedagogo, más allá del ámbito de educación regular y enfocar sus competencias a otras áreas donde los conocimientos y el manejo de disciplinas tales como la Psicobiología, Psicología del aprendizaje y Educación, permitirían al Psicopedagogo asentarse como un ente generador de herramientas, tanto para otros especialistas como para los pacientes, abarcando la estimulación temprana, la detección de posibles dificultades de aprendizaje y la intervención de pacientes con patologías que interfieren en su proceso de aprendizaje y habilidades adaptativas, entre otras.

OBJETO DEL PROYECTO

Se propone incorporar al Profesional Psicopedagogo, dentro del listado de profesionales que componen las comisiones de medicina preventiva e invalidez. Lo anterior se fundamenta en las competencias de los profesionales Psicopedagogos, que cuentan con conocimientos específicos en evaluación y diagnóstico de NEE (transitorias y permanentes), manejo en la aplicación y construcción de test especializados y de criterios diagnósticos (DSM-V - CIE 11), respecto a los trastornos del neurodesarrollo y aprendizaje y dificultades asociadas al aprendizaje de niños y niñas, jóvenes y adultos en situación o no de discapacidad, desde la perspectiva del bienestar, la inclusión y el desarrollo social. Considerando lo anterior, es posible determinar la función especializada del profesional Psicopedagogo en el área de salud desde una perspectiva biopsicosociocultural asociada a la salud mental de niños/as, jóvenes y adultos.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Se propone modificar el inciso 3° del artículo 13 de la Ley N° 20.422, Establece Normas sobre igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, con el objeto de incorporar al profesional Psicopedagogo, dentro del listado de profesionales que componen las comisiones de medicina preventiva e invalidez.

En consecuencia, los diputados firmantes presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY

MODIFICA EL INCISO 3° DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY N° 20.422, ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL OBJETO DE INCORPORAR AL PROFESIONAL PSICOPEDAGOGO EN EL LISTADO DE PROFESIONALES QUE COMPONEN LAS COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, APTOS PARA CERTIFICAR LA INVALIDEZ.

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el inciso 3° del artículo 13 de la Ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, incorporando, después de la frase “y un educador especial o diferencial,” la expresión “un psicopedagogo,”

Diputados señores González, don Rodrigo; Bobadilla; Celis, don Ricardo; Pardo; Santana, don Juan; Venegas y Winter, y de las diputadas señoras Girardi Rojas y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Alexis; Bernales, Jarpa, Jiménez; Mellado, don Cosme; Mellado, don Miguel; Torrealba y Van Rysselberghe, y de las diputadas señoras Hernando y Parra, que “Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para regular la garantía de los vehículos motorizados nuevos” Boletín N° 12814-03

Antecedentes Generales:

1.- Durante la tercera década del Siglo XX, nuestro país comenzó a sentar las bases del sistema de Protección al consumidor. La creación del Comisatario de Subsistencias y precios fue el primer reflejo de que nuestra institucionalidad se comenzaba a adaptar a una economía orientada al libre mercado. Le siguieron la Superintendencia de Abastecimiento y precios y la Dirección de Industria y comercio, hasta que durante la década de los 90, nuestro país, luego de un cambio en la economía de mercado y la imposición de un sistema neo liberal, crea, específicamente en 1990 el Servicio Nacional del Consumidor.[1]

2.- La misión de este Servicio, el cual se ha ido robusteciendo con el pasar de los años y los cambios de la economía, fue junto con su creación la restauración del marco normativo e institucional en materia de derecho de los consumidores. En el año 1997 se promulga la ley 19.496 de Protección del Consumidor, en la cual se consagran derechos a favor de éste, para lograr un equilibrio entre los proveedores y el mercado para con los consumidores.

3.- Pero no fue sino hasta el año 2018 que se logró dotar al SERNAC de una mayor autonomía y competencias. No obstante hubo controversia sobre las facultades entregadas, cuestión que fue llevada ante el Tribunal Constitucional, el cual rechazó las nuevas facultades. Esto nos deja por delante la tarea de seguir fortaleciendo la institucionalidad en materia del consumidor, pues el Estado debe dentro de su misión velar por el bien común de todos los ciudadanos, y entregar, las herramientas necesarias para su protección y defensa en materia de mercado.

4.- Muy ligado con lo anterior, resulta necesario mencionar que tanto el reconocimiento como la protección de los Derechos de los Consumidores encuentran una de sus fuente fundamentales en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1985, la cual fue suscrita por Chile y que sirvió de motivo para establecer posteriormente directrices claras para el marco normativo en esta materia.

5.- En las economías de libre mercado, como el caso chileno, la relación entre el proveedor y el consumidor, debe ser regulada para evitar un desequilibrio entre ambos, que ponga al primero en una posición mucho más ventajosa frente al segundo. La ficción del concepto de autorregulación del mercado no puede seguir siendo motivo para no establecer reglas claras que protejan y amparen al consumidor.

6.- Para esto se requieren leyes actualizadas, que vayan dando respuesta junto a los avances del mercado, la tecnología, las nuevas ofertas y demandas, al comportamiento de los proveedores en el otorgamiento de sus servicios, esto nos debe llevar a resguardar y seguir profundizando nuestra legislación, con un marco regulatorio amplio que dé respuesta a la sociedad y el mercado actual.

7.- En este contexto es importante revisar nuestra normativa actual, particularmente lo relacionado con los derechos que mantienen los consumidores, por ejemplo el derecho a la garantía.

El derecho a la garantía se traduce en la actualidad, en la posibilidad que los consumidores puedan decidir entre la devolución del dinero, el cambio del producto o la reparación gratuita durante los 3 primeros meses si el producto fuera defectuoso, le faltaren piezas o partes, no sea apto para el uso que fue destinado, que fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas [2]. No obstante en la práctica, diversos proveedores han buscado los mecanismos para agotar las posibilidades previas a un cambio de producto, atentando contra el espíritu de la ley o moviéndose en los límites de lo legal.

8.- Resulta necesario destacar que el periodo de garantía, salvo el caso de los inmuebles, no distingue sobre la importancia, el costo u otro criterio de los bienes muebles, así entonces, se someterá al mismo estándar, una pelota de futbol que un computador. Esta protección de 3 meses, que constituye la regla general, ha motivado a que las empresas comiencen a ofrecer garantías convencionales en el comercio, previo pago de un determinado monto, esto puede observarse diariamente en las ventas del retail.

9.- Siguiendo en la misma línea enunciada en orden a que la ley no distingue el bien sobre el que recae la garantía, con excepción de los bienes inmuebles que siguen otra regla[3], es importante revisar esta situación, toda vez, que no puede darse el mismo tratamiento en materia de garantía a determinados bienes que por sus características y cualidades requieren de un tratamiento distinto, por ejemplo bienes que por su duración y costos requieren de una protección mayor, como por ejemplo el caso de los automóviles.

10.- Actualmente los vehículos motorizados dejaron de ser un lujo y pasaron a ser una necesidad. La falta de un transporte público eficiente, los problemas de conectividad a nivel nacional y la necesidad de independencia económica, ha llevado a que en muchos casos, este sea la principal fuente de acceso económico y sustento de miles de familias a nivel país.

11.- Lo anterior ha sido un incentivo más que suficiente para que la industria automotriz en Chile, saque provecho al débil cuerpo normativo que regula las garantías de estos bienes, fomentando la venta de los mismos con una garantía convencional mucho mayor a la legal, pero restringiendo ésta a una serie de condiciones en materia de mantención, talleres, cambios de piezas, reparaciones, entre otras los que se han convertido en un abuso para el consumidor.

12.- Actualmente el comprador de un vehículo tiene las siguientes opciones en ámbito de garantía: a.- Utilizar la garantía de 3 meses o b.- Beneficiarse de una garantía convencional bajo los términos de la automotora.

En definitiva, el comprador deberá realizar sus mantenciones en los talleres autorizados de la marca, llegando a pagar elevados costos o bien realizar sus mantenciones en los talleres homologados, a un precio menor, pero perdiendo la garantía.

A modo de ejemplo podemos mencionar que la revisión que debe realizarse cada lO mil kilómetros queda amarrada a los precios de los talleres oficiales, ya que el derecho a optar por otro tiene como consecuencia la perdida de la garantía del automóvil. Insistimos que este amarre potencia los abusos del mercado y genera una indefensión del consumidor frente a las grandes marcas.

13.- Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en 2018 se comercializaron 417.038 unidades, lo que implica un 15,6% más que en 2017 y la mayor cifra desde que existen registros[4]. Los crecimientos más significativos, según lo informado se dieron en las regiones de Los Ríos, Atacama, Coquimbo y Ñuble.

14.- El aumento señalado da cuenta de la necesidad de robustecer el marco normativo para evitar abusos, amarres y otras condiciones por parte de las grandes marcas para con los consumidores, entregando a este último respaldo, certeza y seguridad en la adquisición de un vehículo motorizado.

15.- La jurisprudencia chilena ha sido clara con las automotoras que buscan agotar la vía del servicio técnico para evitar devolver el precio del vehículo o bien de aquellas que no realizan el cambio, condenándolas a devolver el dinero e indemnizar al consumidor.

16.- Es por lo anteriormente expuesto, que resulta necesario dotar a estos bienes de una regulación especial en materia de garantía, dado a sus características particulares como duración, importancia y aporte a la vida y economía familiar.

17.- Por todo lo antes dicho los Diputados aquí firmantes venimos en presentar el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo Único.- Incorpórese el siguiente artículo 12 C a la ley 19.496, de protección al consumidor, del siguiente tenor:

C.- Los fabricantes, importadores y vendedores de vehículos nuevos deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Asegurar la atención y existencia de servicios técnicos autorizados.

b) Disponibilidad permanente de piezas y repuestos.

c) La garantía para los vehículos nuevos será de dos años o bien a hasta los cien mil kilómetros.

d) Si se ofreciere garantía comercial y esta superase lo establecido en el literal anterior, el consumidor podrá elegir según su conveniencia. Quien realice la venta deberá entregar un certificado de fácil comprensión en el cual conste la garantía del vehículo, indicando sus principales características.

e) Si la reparación del vehículo, dentro del periodo de garantía legal, conlleva privar de su uso al propietario, este plazo se suspenderá hasta que el vehículo le sea entregado nuevamente. En este caso el vendedor proveerá al propietario afectado de otro vehículo sea este usado o no, de similares características al de su propiedad, mientras éste se encuentre en reparación, en la medida que el tiempo supere los 5 días hábiles.

f) La garantía a la que se refiere este artículo no podrá estar condicionada bajo motivo alguno a la realización de mantenciones de forma exclusiva en servicios técnicos autorizados o vinculados con el proveedor, siempre que la falla no esté relacionada a la falta de mantención o a lo deficiente de la misma.

g) Si el fabricante, importador o vendedor determina que la falla es producto de falta de mantención o de lo deficiente de la misma, deberá solicitar un informe técnico de un organismo especializado acreditado en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para tal efecto, que acredite esta condición.

Diputados señores Sepúlveda, don Alexis; Bernales, Jarpa, Jiménez; Mellado, don Cosme; Mellado, don Miguel; Torrealba y Van Rysselberghe, y de las diputadas señoras Hernando y Parra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don Ricardo; González, don Rodrigo, y Jiménez, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Marzán, que “Modifica la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, para establecer un mecanismo de control de las medidas cautelares y de la suspensión condicional de la sentencia, decretadas en procesos de violencia intrafamiliar, y ampliar el plazo de arresto en caso de incumplimiento de tales medidas” Boletín N° 12815-18

Antecedentes generales.

El flagelo de la violencia intrafamiliar es un problema que requiere de revisión de forma permanente de parte del legislador. Las nuevas formas que adquiere la violencia, manifestada por muchas vías diferentes, requiere que su estudio y su supervisión constante sean hechas por los órganos de Estado con competencia en la materia de forma ágil y periódica.

Ha sido el propio legislador quien ha establecido en la ley n°19.968 de Tribunales de Familia que el objeto de dicha norma tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma. De igual manera, instituye un deber de protección por parte del Estado en cuanto a adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia. De esos mandatos dirigidos a los poderes del Estado, debe concluirse que la tarea de los destinatarios de la norma es ejecutar, dentro de la esfera de sus atribuciones, acciones de prevención, sanción, y protección de los miembros del grupo familiar, cosa que esta iniciativa busca, por medio de ampliar las facultades del juez en torno al arresto.

La violencia intrafamiliar, como maltrato que afecta la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar, es un estigma que la sociedad posmoderna del Chile actual no ha logrado erradicar. Las pautas culturales de naturalización de la violencia contra la mujer deben ser derrotadas y erradicadas de forma definitiva. Pero para ello, necesitamos más y mejores esfuerzos de parte de todos los poderes del Estado, y en especial, de los jueces y juezas que necesitan tener más facultades a que echar mano a fin de dar eficacia al mandato legal de protección de la familia y de sus integrantes.

Si bien la ley de violencia intrafamiliar, establece un conjunto de herramientas para prevenir y sancionar estos actos, hoy se hace necesario contar con mayores seguridades a la hora de castigar estos hechos, y para ello, los operadores jurídicos requieren que se haga una permanente labor de revisión y adecuación de los mecanismos de coacción que el juez tiene.

De las Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Procedimiento.

Se ha señalado en diversos estudios tanto a nivel doctrinal como institucional (específicamente en la Fiscalía Nacional), que las causas sobre Violencia Intrafamiliar ventiladas tanto en sede penal como en los Juzgados de Familia, en un mínimo porcentaje terminan en sentencia definitiva, sea absolutoria o condenatoria. Lo anterior nos lleva a la conclusión que la respuesta judicial, en la mayoría de los casos de violencia familiar, recae sobre la dictación de medidas cautelares o en la suspensión condicional del procedimiento, lo que trae consigo dejar sin castigo o sanción al ofensor[1]. Pues bien, dados estos antecedentes y a la especial naturaleza de los procedimientos de violencia intrafamiliar donde la víctima muchas veces depende de alguna manera de su ofensor, es que debemos centrar especial atención y seguimiento a lo que ocurre tras decretarse una medida cautelar o una suspensión condicional del procedimiento. Por ello, el presente proyecto de ley recoge las observaciones hechas por los especialistas en la materia, en orden a establecer un seguimiento judicial de la eficacia que tienen las medidas cautelares. Para ello, proponemos que el Tribunal, tras ordenar se adopten una o más medidas cautelares, o bien, decida acoger la suspensión condicional de procedimiento, cite a una audiencia posterior a fin de revisar el estado de cumplimiento de las medidas por parte del ofensor y se constante el estado de la víctima y sus derechos. De esta manera, se podrá controlar lo que sucede a posteriori con las personas que concurren al Tribunal de Familia en busca de una solución a sus problemas de violencia intrafamiliar, detectando a tiempo si el agravio persiste o existe una situación mayor de riesgo de la cual hay que hacerse cargo.

Facultades de la ley de Tribunales de Familia para apremiar.

En la ley de Tribunales de Familia, se establecen hipótesis para que el tribunal pueda dictar medidas de apremio, en específico, el arresto. Para el caso de la renuencia a comparecer, sin justa causa, debe ser apercibido con arresto por falta de comparecencia. Así lo señala el artículo 34 de dicha norma.

También se establece la medida de arresto en la hipótesis de artículo 95, para el caso de citación a audiencia preparatoria, en la cual el denunciado o demandado deba comparecer personalmente, bajo apercibimiento de arresto. Por último, en el artículo 94 de la ley n°19.968, para el caso de incumplimiento de medidas cautelares, se debe imponer al infractor como medida de apremio, el arresto hasta por quince días, sin perjuicio de que el juez ponga en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Y es acá donde esta iniciativa pretende modificar la ley citada, ampliando la medida de arresto por hasta 45 días, pensando que una mayor fuerza en la medida de apremio, cumplirá un rol preventivo pero a la vez disuasivo, en cuanto al incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en sede de justicia de familia.

De las estadísticas en casos de violencia intrafamiliar en Chile.

En materia de violencia intrafamiliar en Chile, las cifras son elocuentes: Según el artículo “Análisis de la ley de violencia intrafamiliar a 14 años de su implementación[2]”, publicado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en el año 2018, en materia de Tribunales de Familia un 81% de las personas estima que una de las principales falencias o dificultades de la ley de violencia intrafamiliar dice relación con la falta de seguimiento institucional de las medidas adoptadas, como el caso de las medidas cautelares o la suspensión condicional del procedimiento. Del mismo estudio podemos señalar que las causas de violencia intrafamiliar representan un 10% de los ingresos en los Tribunales de Familia, cifra altísima tomando en cuenta la variada competencia en otras materias por parte de este tipo de Juzgados. En el año 2017, el ingreso de este tipo de causas en Juzgados de Familia ascendió a un poco más de 67 mil causas a nivel nacional, de las cuales se estima que sólo un 10% terminó con una sentencia condenatoria o absolutoria. El resto de los casos culminó por otros motivos, sea por abandono, incompetencia, medidas cautelares, suspensión, etc. Por ello, es muy relevante legislar al respecto, ya que la respuesta del Estado en estos casos específicos, se caracteriza por una solución instantánea que resuelve el problema del momento pero no se busca una solución de fondo, muchas veces por la inacción de la propia víctima. Así, si establecemos un seguimiento judicial, incorporando la obligatoriedad de una audiencia posterior a fin de revisar el estado de las medidas adoptadas, puede ayudar a que en la práctica disminuyan los casos de violencia, en especial hacia las mujeres, con reincidencia, que muchas veces terminan con consecuencias fatales. Tal fue el caso del femicidio n° 24 ocurrido el presente año 2019 en la comuna de Chimbarongo, en la región de Ohiggins, donde la víctima habría interpuesto denuncias previas en contra de su agresor y existían medidas cautelares vencidas. Como vemos, no hubo seguimiento institucional ni tampoco una instancia para constatar la situación de la víctima. Por ello, consideramos que lo planteado en la presente moción significaría un importante avance en este tipo de causas.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que analizar los casos de violencia intrafamiliar desde una perspectiva estadística no da cuenta del drama que se esconde caso a caso de manera individual. Detrás de cada persona que se involucra directamente en estos casos, sea como ofensor o como víctima, existe, muchas veces, una familia con hijos pequeños que viven día a día un calvario en sus propios hogares, los cuales necesitan de una respuesta rápida y efectiva por parte del Estado, que asuma un rol protector de sus derechos y que busque restablecer una vida relativamente normal, en la medida de lo posible.

Por lo anteriormente señalado, y en atención a lo previsto en la Constitución Política de la República, las Diputadas y Diputados que suscriben, someten a consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Modifíquese la ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia, de la siguiente manera:

a.- Incorpórese en el inciso segundo del artículo 92, luego del punto a parte que ahora pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:

“Con todo el juez de familia, en la misma resolución que fije una o más medidas cautelares, deberá citar a las partes dentro de un plazo prudente, a una audiencia de supervisión de la medida cautelar, a fin de revisar la situación de la víctima y la protección de sus derechos, además del cumplimiento de lo decretado respecto del ofensor. En caso de que la medida cautelar no haya sido notificada en los términos establecidos en el artículo 22, se tendrá por no citada la audiencia referida”.

b.- Sustitúyase en el artículo 94, la expresión “quince” por “cuarenta cinco”.

c.- En el artículo 96, incorpórese el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto:

“En la resolución que apruebe suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, el juez de familia deberá citar a las partes, dentro de un plazo prudente, a una audiencia de supervisión de las condiciones fijadas, a fin de revisar la situación de la víctima y del cumplimiento de lo decretado respecto del ofensor”.

Diputados señores Celis, don Ricardo; González, don Rodrigo, y Jiménez, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi y Marzán

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis, don Andrés; Desbordes, Longton y Prieto, y de las diputadas señoras Del Real, Muñoz; Núñez, doña Paulina, y Olivera, que “Modifica la ley N°20.255, que Establece reforma previsional, en lo relativo a la edad de postulación a la pensión básica solidaria de invalidez” Boletín N° 12817-31

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscrita en el año 2008, supone más de 5 años de grandes esfuerzos y de verdadera tesón de las personas con discapacidad y de organizaciones dedicadas a promover sus intereses con el fin de lograr el reconocimiento mundial de la discapacidad como cuestión de derechos humanos.

2. La Convención antes señalada no pretende consagrar nuevos derechos fundamentales para las personas con discapacidad, sino hacerlos dignos y reconocerlos en el goce pleno de los mismos derechos humanos que el resto de los ciudadanos.

3. Es así, como en el artículo primero de la mencionada Convención, se establece que el propósito de ella es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

4. Por su parte, el artículo 12 establece que los Estados Partes, como es el caso de Chile, conforme al artículo 5º de la Constitución Política de la República, deben adoptar las medidas que sean pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

5. La capacidad jurídica ha sido entendida como la aptitud de una persona para adoptar decisiones jurídicamente válidas y entablar relaciones contractuales vinculantes. Así, la capacidad jurídica convierte a una persona en sujeto de derechos y titular de derechos y obligaciones.

6. En el sentido antes descrito, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 1 sobre el citado artículo 12 de la Convención, reitera la obligación de los Estados Partes de incorporar el reconocimiento de la plena capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en sus textos normativos y procedimientos. Asimismo, se deben establecer medidas concretas para establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo, que respete la autonomía, voluntad y preferencia de las personas con discapacidad.

7. Las medidas de apoyo debiesen cumplir con criterios, tales como; ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas, distinguiendo entre distintos tipos de actos, como los referidos al patrimonio.

8. Es en ese sentido que este proyecto de ley pretende ser un apoyo a los menores con discapacidad que poseen un subsidio de discapacidad mental.

9. El subsidio a la discapacidad mental, contemplada en el artículo 35 de la Ley 20.255, establece como beneficiarios a las personas declaradas con discapacidad mental, menores de 18 años, carentes de recursos, que no sean causantes de asignación familiar ni del subsidio familiar y que tengan residencia mínima continua de tres años en el país. Los potenciales beneficiarios pueden postular por intermedio de un tutor o persona natural que los tenga a su cargo.

La disposición señala expresamente: “Establécese un subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18 años de edad. El monto del subsidio corresponderá al valor de las pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 de junio de 2008. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.

El subsidio a que se refiere el presente artículo se reajustará a partir del 1 de enero de cada año, en el cien por ciento de la variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes de noviembre del año anteprecedente y el de octubre del año anterior a la fecha en que opere el reajuste respectivo.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso primero.”

10. Conforme a lo descrito anteriormente, el subsidio a la discapacidad finaliza a los 18 años de edad. Luego de ello, estas personas deben solicitar, para su subsistencia, la pensión básica solidaria de invalidez, consagrada en el artículo 16 de la Ley 20.255.

La mencionada disposición establece que serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:

a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta y cinco años.

b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del artículo 3° de esta ley.

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a cinco años en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.

11. El artículo 18 de la misma disposición legal, establece que, para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social y, es ahí donde se han detectado los problemas que el presente proyecto de ley pretende acabar.

12. De acuerdo con las normas precedentemente citadas, sólo una vez cumplidos los 18 años, las personas con discapacidad pueden solicitar la pensión solidaria al Instituto de Previsión Social. Y, desde el cumplimiento de la mayoría de edad hasta el otorgamiento o la total tramitación de la pensión solicitada, transcurren meses de carencia. Si bien el pago sería retroactivo, lo cierto es que pueden pasar meses sin que las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, perciban dinero alguno, lo que a todas luces afecta a sus derechos más básicos.

13. El Decreto 23 del año 2008 que Reglamenta el Sistema de Pensiones Solidarias establecidos en la Ley Nº 20.255, dispone en su artículo 16 inciso final que, Con todo, los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias no podrán devengarse sino a partir de la fecha de cumplimiento de las edades requeridas para acceder al correspondiente beneficio.

14. Sin embargo, no hay claridad ni en la Ley ni en su Reglamento de que el inicio de la tramitación de la solicitud de la pensión básica solidaria de invalidez, puede ser incluso antes de cumplir los 18 años, entendiendo que el Instituto de Previsión Social, daría por cumplido el requisito de la edad, con el solo transcurso del tiempo necesario para dicho cumplimiento, pues se entendería que se trata de un hecho futuro y cierto.

15. Así las cosas, es urgente, para evitar los periodos de carencia en que se ven afectados cientos de discapacitados en el país, que ellos puedan adelantar el trámite de la solicitud de la pensión básica solidaria de invalidez al cumplir los 17 años, con el objeto de mantener continuidad en el goce de los beneficios de cargo fiscal, cuestión esencial para su desarrollo e integración social.

16. Por tanto, proponemos el siguiente proyecto de ley:

“Artículo único: Modifíquese el artículo 18 de la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, en el sentido de reemplazarlo por el siguiente tenor:

Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social.

Con todo, la tramitación de esta solicitud podrá ser iniciada al cumplir los 17 años de edad, a través de su representante legal de conformidad al artículo 43º del Código Civil, siempre que se cumplan con los demás requisitos del artículo 16º, de tal manera de garantizar la continuidad de aquellos beneficios que finalicen a los 18 años de edad.”

Diputados señores Celis, don Andrés; Desbordes, Longton y Prieto, y de las diputadas señoras Del Real Muñoz; Núñez, doña Paulina, y Olivera

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez, don Esteban; Alinco, Mulet, Saffirio y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Girardi, Marzán; Sepúlveda, doña Alejandra, y Vallejo, que “Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para asegurar que las bases curriculares de la educación parvularia, básica y media incluyan objetivos de aprendizaje relacionados con la cultura local, provincial y regional del lugar en que se emplazan los establecimientos educacionales” Boletín N° 12818-04

I.Antecedentes

1.El Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 16 de diciembre de 2009 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N°1 del 2005, en adelante, Ley General de Educación, “regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad de su servicio” (artículo 1°).

2.La educación está definida como un “proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal. La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas” (incisos primero, segundo y tercero del artículo 2°).

3.El sistema educativo chileno se sustenta, entre otros, en los siguientes principios:

“f) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad.” (artículo 3°).

“k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión” (artículo 3°).

“m) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia” (artículo 3°).

4.Es deber del Estado “que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social, la equidad, la libertad y la tolerancia”, como asimismo, “velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras” (artículo 4°).

5.Los integrantes de la comunidad educativa tienen “tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento” (letra a), artículo 10°). Asimismo, es un deber de los profesionales de la educación “exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio” (letra c) artículo 10°).

6.La educación parvularia, básica y media deben orientar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, en conformidad a las bases curriculares que se determinen en conformidad a la ley (artículos 18, 19 y 20). En el caso de la enseñanza media se contempla “una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanístico-científica, técnico-profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través de las referidas bases curriculares” (artículo 20).

7.El legislador ha establecido una serie de objetivos que deben cumplirse en cada nivel a través de las bases curriculares. Estos son:

En la educación parvularia: “a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno. b) Apreciar sus capacidades y características personales. c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculo de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y física.f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje verbal y corporal.g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y recrearse.i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno.j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer.k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles educativos.l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. m) En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en lengua indígena reconociendo su historia y conocimientos de origen” (artículo 28).

En la educación básica: “1) En el ámbito personal y social: a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. b) Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros.

d) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros.e) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la frustración. f) Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. g) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud.

2) En el ámbito del conocimiento y la cultura: a) Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. b) Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. c) Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral. d) Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación en forma reflexiva y eficaz. e) Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. f) Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y formas geométricas, en la resolución de problemas cotidianos, y apreciar el aporte de la matemática para entender y actuar en el mundo. g) Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, humana y socio-cultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación activa en la vida democrática. h) Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente. i) Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente.j) Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música y las artes visuales. En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas, se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan comprender diversos tipos de textos orales y escritos, y expresarse en forma oral en su lengua indígena” (artículo 29).

En la educación media: “1) En el ámbito personal y social: a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable. b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito de la familia.c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos.d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los derechos humanos y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses. e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad. f) Tener hábitos de vida activa y saludable.

2) En el ámbito del conocimiento y la cultura: a) Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano. b) Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia actividad y de conocer y organizar la experiencia. c) Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y multicausalidad. d) Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros. e) Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y comunicarla. f) Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y expresarse en forma adecuada. g) Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular inferencias y tomar decisiones fundadas. h) Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia y tecnología. i) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno natural. j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan.k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado. l) Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos artísticos de acuerdo a sus intereses y aptitudes. m) Conocer y aplicar conceptos y técnicas financieras básicas, así como desarrollar actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la toma de decisiones ciudadanas y le permitan ejercer acciones eficaces para mejorar su bienestar económico, personal y familiar. En el caso de los establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los aprendizajes que les permitan mantener su dominio de la lengua indígena y el conocimiento de la historia y la cultura de su pueblo. En el caso de los establecimientos educacionales que ofrezcan la formación diferenciada técnico-profesional y artística, se consideran, además, como objetivos generales, los aprendizajes requeridos por el perfil de egreso de las respectivas especialidades que impartan” (artículo 30).

8.Las bases curriculares “definirán, por ciclos o años, respectivamente, los objetivos de aprendizaje que permitan el logro de los objetivos generales para cada uno de los niveles establecidos en esta ley” (artículo 31). Estas bases curriculares son establecidas por el Presidente de la República, mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de Educación, previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, debiendo publicarse íntegramente en el Diario Oficial (artículo 31).

Asimismo, se prevé que “El Consejo Nacional de Educación aprobará las bases curriculares de acuerdo al procedimiento del artículo 86, velando por que los objetivos de aprendizaje contemplados en éstas sean relevantes, actuales y coherentes con los objetivos generales establecidos en la ley”.

A su vez, el artículo 86 indica que: “Serán funciones del Consejo, en materia de educación regular parvularia, básica y media, y en las modalidades de educación de adultos y especial o diferencial:

a) Aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno de los niveles de la educación regular parvularia, básica y media, y para las formaciones diferenciadas que existan o pudieren crearse en educación media, para las modalidades de educación de adultos y especial o diferencial, y para las modalidades que pudieren crearse.

b) Aprobar o formular observaciones a las adecuaciones curriculares para poblaciones específicas, incluidas, entre otras, los pueblos originarios y los talentos (…)”.

II.Fundamentos de la iniciativa

a.Resulta esencial y pertinente la elaboración de bases curriculares en cada región del país, con criterios de identidad regional, con fundamento en el devenir, historia y cultura con elementos propios de un territorio específico. La descentralización como un proceso complejo que incorpora medidas políticas, administrativas, y económicas, tendrá más sustento si ésta va acompañada de una educación entendida como un proceso de formación integral y diversa.

b.De esta manera, no basta con bases curriculares establecidas a nivel nacional que no contemplen los elementos característicos de las regiones, las cuales en ningún caso otorgan la importancia ni releva lo que somos las regiones ni territorios particulares. Las regiones tenemos variedad cultural, costumbres, tradiciones, héroes, relatos de lo que somos y lo que buscamos.

c.En este marco, se hace necesario que esta demanda se concrete y organice en áreas, contenidos o sectores de aprendizaje que den cuenta de realidades curriculares que hasta ahora están invisibilizadas. Compartimos que las bases curriculares no son neutras, tienen intencionalidades, como por ejemplo, un concepto de hombre y mujer, una imagen de ciudadano, una proyección del territorio, etcétera. Sin embargo compartimos la tesis que unas bases curriculares centradas en la realidad regional permitirán fortalecer el concepto de identidad, pilar necesario para alcanzar la academizada y verdadera descentralización.

d.Como se ha venido diciendo, en el proceso de descentralización, que busca la autonomía decisional de los territorios, es necesario contar con reformas políticas, administrativas y económicas, pero sin dudas es necesario agregar una reforma educacional de tal manera de orientar el proceso de aprendizaje hacia un cambio de concepto: “Desde Regiones pensamos Chile”. Estas bases curriculares otorgarán sentido a los actores sociales, valores y orientaciones propias de cada Región, que hoy no están presentes de manera definida.

e.Por su parte, el inciso 3° del artículo 3° de nuestra Constitución Política prescribe: “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”, mandato que debe cumplirse a cabalidad, puesto que forma parte de las Bases de la Institucionalidad del país. Asimismo, el artículo 115 dispone que: “Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo”. Esto significa que existe un mandato específico del Constituyente en orden a hacer efectivo, mediante la dictación de leyes, el contenido de estos principios. Asimismo, es una de las maneras de velar por el mandato que la propia Ley General de Educación le encomienda al Estado, esto es, “velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras” (artículo 4°).

f.Por todo lo anterior, en cumplimiento de un mandato constitucional, y con la necesidad de hacer efectiva la regionalización y descentralización del territorio es que se justifica la presente propuesta que tiene los siguientes elementos:

1.Incluir dentro de los principios de la educación y de cada uno de los niveles educativos una orientación regional, de tal forma que sea plasmada en las bases curriculares, con la finalidad de que el proceso de aprendizaje vaya unido a la adquisición de valores y conocimientos con identidad local.

2.Establecer que deben existir bases curriculares en cada región del país.

III.Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz establecer bases curriculares regionales e incorporarles criterios de identidad regional

IV.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 16 de diciembre de 2009 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N°1 del 2005, modificando los principios, los objetivos de cada nivel educativo, y el procedimiento de elaboración de las bases curriculares, en los artículos indicados en los antecedentes.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO.- Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 16 de diciembre de 2009 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N°1 del 2005, en el siguiente sentido:

1.En el artículo 3:

a.En la letra f) agréguese, a continuación de la palabra “religiosa” la expresión “, territorial”.

b.En la letra k) agréguese, a continuación de la palabra “condiciones”, la expresión “, territoriales”.

c.En la letra m) agréguese, a continuación de la frase “considerando su”, la palabra “territorio”.

d.Agréguese una nueva letra o) del siguiente tenor: “Orientación regional: el sistema propenderá a fortalecer la identidad local de la comuna, provincia o región en donde se encuentre el establecimiento educacional, fomentando los principios de armonía, solidaridad y equidad entre los diversos territorios del país”.

2.En el artículo 28, agréguese la siguiente letra n): “Explorar y conocer su entorno local, provincial y regional, permitiéndoles desarrollar su identidad con el territorio”.

3.Agréguese en el artículo 29, número 2), la siguiente letra k): “Conocer y valorar la cultura, historia, e identidad local, provincial y regional”.

4.Agréguese en el artículo 30, número 2, la siguiente letra n): “Conocer y valorar la cultura, historia, e identidad local, provincial y regional”.

5.En el artículo 31, agréguese a continuación del primer punto seguido la siguiente frase: “Deberán establecerse tantas bases curriculares como regiones existan en el país”.

Diputados señores Velásquez, don Esteban; Alinco, Mulet, Saffirio y Velásquez, don Pedro, y de las diputadas señoras Girardi, Marzán; Sepúlveda, doña Alejandra, y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Paulsen, Alarcón, Alinco, Auth; Castro, don José Miguel; Ilabaca, Jürgensen, Mulet, y Pérez, don Leopoldo, y de la diputada señora Cid, que “Modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar una nueva causal de inhabilidad para contratar con organismos del Estado” Boletín N° 12819-03

Antecedentes

Considerando que la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la Ley N° 19.886, más conocida como Ley de Compras Públicas, cambió radicalmente la manera en que el Estado realiza sus compras al crear la institución necesaria para velar por la transparencia y la eficiencia de las compras, preservar la igualdad de competencia y garantizar los derechos de los participantes.

Entre las principales características que presenta dicha ley, encontramos las siguientes:

1.Introduce máxima transparencia y eficiencia en el mercado de las compras públicas.

2.Releva el rol de la gestión de abastecimiento en la gestión global de las Instituciones del Estado.

3.Produce un ahorro significativo para el Estado al aumentar la eficiencia, productividad y rapidez de los procesos de compra de los servicios públicos.

4.Impulsa la digitalización de los procesos de compras de los organismos públicos con su correspondiente impacto en el comercio electrónico y posicionamiento internacional del país.

5.Gracias a esta ley aumentan las oportunidades de negocios para las empresas o personas naturales.[1]

Bien sabemos que la Administración del Estado, como ente servicial, no puede cumplir a cabalidad todas y cada una de las tareas encomendadas, y es por esto que su mandato lo debe cumplir a través del convenio con entidades privadas, en este caso para el suministro de bienes o de servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, como bien lo dice el artículo 1 del mencionado cuerpo normativo.

A propósito de lo antes dicho y considerando las oportunidades que ello genera para las empresas o personas naturales, es que surge la necesidad de legislar esta materia, debido al incumplimiento evidente que notamos en las contrataciones efectuadas por el Estado y el ingenio de algunos empresarios para evadir los controles estipulados a nivel legal y reglamentario. Ello, debido a que no obstante haber incumplido con el Estado (de distintas maneras), siguen inscritos en el registro o bien mutan jurídicamente, encontrando la manera de inscribirse nuevamente.

En efecto, el objetivo central de la presente ley que buscamos modificar es garantizar el buen uso de los dineros fiscales. Y en un Estado de Derecho como el nuestro, para los ciudadanos: tener un conocimiento público de todas las compras del Estado. La Constitución Política, en el artículo 8 establece “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones” y tratándose de las actuaciones de la Administración del Estado, encontramos el principio general de la transparencia, entendiendo que se expresa “en la posibilidad para la generalidad de la comunidad de conocer las actuaciones de la Administración Pública. Se refiere no sólo aquellas actuaciones terminales, es decir, el acto administrativo, sino de aquellas actuaciones que se producen al interior de cualquier procedimiento administrativo…”[2]

De tal forma y teniendo a la vista lo prescrito en el artículo 4 de la ley 19.886, a propósito de los requisitos para contratar con la Administración, se desprende que las inhabilidades para contratar son las siguientes: “…quienes dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.” Sin embargo, el artículo 4 en general, a nuestro juicio no considera otras materias igualmente relevantes que no sólo tienen que ver con la situación financiera de las personas naturales o jurídicas, sino que tienen que ver con la incorporación en el registro de las mismas personas que por diversos motivos, no cumplieron con algunos de los requisitos establecidos en el contrato o en las bases de licitación y cambian el giro de la empresa, para poder participar en un nuevo proceso licitatorio.

Siendo así, el artículo 16 de la ley 19.886 dispone la existencia de este registro de contratistas, que como ha señalado el profesor Jorge Bermúdez Soto; “es un límite a la aceptación de oferentes dentro de un proceso de licitatorio, el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que se encuentra en la página de internet mercadopublic.cl.[3] Sin embargo, pese a existir esta limitación, el ingenio de empresarios que contratan con el Estado permite que ocurran situaciones como las que evidenciamos en muchos servicios públicos, que no solo tienen que ver con el incumplimiento contractual, si no que va más allá y dice relación con la calidad del servicio entregado.

Producto de lo anterior, y con la finalidad de mejorar los controles establecidos para quienes contraten con la Administración del Estado, para entregar más certeza a los ciudadanos respecto del buen uso de los recursos públicos y garantizar que los empresarios y las empresas no burlen los procesos licitatorios, es que venimos a presentar el siguiente proyecto de ley.

Idea matriz

El siguiente proyecto de ley tiene por objetivo, modificar el artículo 16 de la ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con la finalidad de excluir de contratar con la Administración del Estado, a todos los dueños mayoritarios o socios mayoritarios y controladores, que por medio de una persona jurídica, previamente hayan incumplido otro contrato con la Administración o que la calidad del servicio haya sido deficiente, motivos por los cuales se encuentren inhabilitados y decidan cambiar el giro de su empresa, para poder cumplir con el requisito de estar inscrito en el registro de contratistas.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase al artículo 16 inciso segundo, de la Ley 19.886 de Bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, entre la frase “organismos del Estado.” Y “La Dirección de Compras” la siguiente frase:

“Será circunstancia inhabilitante para pertenecer a dicho registro cuando los dueños hayan incumplido previamente otro contrato con la Administración del Estado por medio de una empresa donde sea o haya sido socio mayoritario, accionista mayoritario o controlador de acuerdo a lo regulado en el artículo 97 de la ley 18.045.”

Diputados señores Paulsen, Alarcón, Alinco, Auth; Castro, don José Miguel; Ilabaca, Jürgensen, Mulet, y Pérez, don Leopoldo, y de la diputada señora Cid

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rey; Castro, don José Miguel; Celis, don Andrés; Paulsen; Pérez, don Leopoldo; Prieto Rathgeb; Santana, don Alejandro, y Schalper, que “Modifica la Carta Fundamental con el objeto de incorporar la evaluación previa del condenado como trámite esencial para la concesión de indultos particulares” Boletín N° 12820-07

FUNDAMENTOS

El indulto es una atribución especial del Presidente de la República, como bien lo señala la Carta Fundamental en el artículo 32 número 14. En términos generales entendemos que el indulto “es la gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito, se conmuta una pena, o se exceptúa y exime del cumplimiento de la ley o de otra obligación cualquiera.”[1]

En cuanto a sus requisitos, cualquier persona puede solicitárselo al Presidente de la Republica, siempre que se haya dictado una sentencia en su contra y que esta se encuentre ejecutoriada. Algunos constitucionalistas consideran que esta facultad va más allá de la esfera propia del Poder Ejecutivo y se entromete en la competencia del Poder Judicial, pero de nada nuevo estamos hablando, ya que este mismo tema tuvo lugar en la Comisión Constituyente de 1980, donde Don Sergio Diez señalo que: “…le parecía absurdo, por ejemplo, la facultad de conceder indultos sin la participación o el consentimiento del Poder Judicial…”[2].

Consideramos relevante que se regule esta materia, ya que cualquier condenado puede solicitar el indulto al Presidente, quien goza de un acto discrecional, pudiendo libremente concederlo o no, sin tener que consultar a ninguna persona o autoridad.

En nuestro país, podemos evidenciar su aplicación en gobiernos anteriores:

1.Patricio Aylwin, concedió 928 indultos.

2.Eduardo Frei, concedió 343 indultos. Producto de esta situación, en 2009 enfrentó duras críticas en medio de las elecciones presidenciales, por haber favorecido a 14 homicidas y 56 narcotraficantes.

3.Michelle Bachelet (2006-2010), benefició a 67 presos, tras recibir 1.182 peticiones.

4.Ricardo Lagos otorgó 240 indultos particulares durante su mandato.

5.Sebastián Piñera (2010-2014) lo hizo en 14 oportunidades.

Las estadísticas indican que los mayores delitos que han sido perdonados son el narcotráfico y los menos perdonando son los delito de violación. Últimamente los criterios para conceder este beneficio por parte de los Presidentes ha sido casuístico, dejando fuera delitos que afectan gravemente el honor de las personas y alteran el bien común . Por lo tanto, su ámbito de aplicación ah sido bastante reducido, dejando claro que para los gobernantes esta facultad no puede ser mal utilizada, sin embargo, el criterio depende estrictamente del gobierno de turno, por ello, creemos que este beneficio no debe quedar al sólo criterio del Presidente del momento, sino que dicha facultad debe ser ejercida previo informe conjuntamente por miembros del Poder Ejecutivo y Judicial estableciendo una verdadera hoja de ruta, que influirá en la decisión final del Presidente de la República

En cuanto a las normas que encontramos en la Constitución Política de la República de Chile, podemos percatarnos de la existencia de algunas contradicciones en sus normas, como lo prescrito en el artículo N° 7 que establece " Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley…”. El artículo 32 Nº 14 que establece como una atribución especial del Presidente de la República: otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. Y finalmente lo establecido en el artículo 76 "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la Republica ni el congreso, en caso alguno, podrá ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”

Este tipo de atribuciones son necesarias mantenerlas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por razones humanitarias y también para subsanar aquellos errores de los que pueda adolecer el Poder Judicial, no obstante lo anterior y con la finalidad de crear certeza jurídica respecto a esta realidad que depende de cada gobierno de turno, es que consideramos esencial obtener una pronunciación previa de una comisión especializada integrada por personas idóneas del Poder Ejecutivo y Judicial que entreguen un informen de carácter vinculante a la decisión que pueda tomar el Presidente de la República.

IDEA MATRIZ

El siguiente proyecto tiene por objeto modificar la Constitución Política de la República de Chile, en el sentido de regular una de las atribuciones del Presidente, como es la de otorgar indultos particulares en los casos y las formas que determine la ley. Para ello, consideramos fundamental que se realice un informe previo por una comisión especializada en materia legal y social, compuesta por miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, dicha comisión aportara información y evaluara los parámetros conductuales y sociales del beneficiado, los cuales serán considerados por el Presidente de Chile en su decisión final, refutando o concordando con lo evaluado por dicha comisión.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Modificase la Constitución Política de la República de Chile, en el siguiente sentido:

a. Incorpórese en el Art. 32 número 14º al término de la frase "proceso" reemplazando el "." por la conjunción "y" agregándose la frase del siguiente tenor "se haya faltado al trámite esencial de evaluación previa, elaborado por la comisión especializada integrada por miembros del Poder Ejecutivo y Judicial"

Diputados señores Rey; Castro, don José Miguel; Celis, don Andrés; Paulsen; Pérez, don Leopoldo; Prieto Rathgeb; Santana, don Alejandro, y Schalper

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Marzán y Luck, y de los diputados señores Celis, don Ricardo; González, don Félix, y Rosas, que “Modifica la ley N° 19.419, que Regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, en materia de fabricación, uso y disposición de filtros y colillas de cigarrillos, para facilitar su reciclaje o reutilización” Boletín N° 12821-12

Fundamentos.

1.- Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Chile lidera el consumo de tabaco entre personas adultas dentro de América Latina. Lo anterior se extrae del “Informe sobre el Control del Tabaco en la Región de las Américas, 2018”, donde nuestro país arrojó un preocupante 38,7% de personas, hombres y mujeres, que mantiene una prevalencia al consumo de tabaco[1]. Sumado a lo anterior, según cifras del Ministerio de Salud, se estima que unas 45 personas fallecen al día en Chile producto de enfermedades asociadas al tabaquismo, destinándose, además, cerca de un billón de pesos al año para tratar problemas de salud derivados al consumo de tabaco[2]. Sin lugar a dudas estamos frente a un severo problema de salud pública. Afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico se ha hecho cargo de la problemática planteada, al normar el consumo del tabaco en la ley 19.419 y sus posteriores modificaciones, como la regulación en la publicidad de los cigarrillos y la prohibición de consumir cigarrillos en espacios cerrados de libre acceso al público. Dichas regulaciones han provocado que el tabaquismo en Chile vaya a la baja, situación que sin dudas celebramos.

2.- Sin embargo existen consecuencias secundarias asociadas al consumo de tabaco, provocados por los residuos tales como filtros y colillas de cigarrillos, que generan efectos muy negativos en el medioambiente, lo cual genera un daño que va más allá de la salud individual de las personas, ya que afecta directamente a nuestro entorno perjudicando a personas y seres inocentes. Así por ejemplo, se estima que bastaría tan sólo una colilla de un cigarrillo consumido para contaminar 50 litros de agua dulce[3]. Si a este escalofriante dato le sumamos que cada año, a nivel mundial, 4,5 mil millones de colillas de cigarrillos terminan como basura repartidas en su mayoría en cualquier parte, los resultados no son para nada alentadores.

3.- Cabe hacer presente que cada colilla de cigarrillo consumido contiene más de 7 mil sustancias o compuestos químicos tóxicos[4], siendo uno de los deshechos que más arrojan las personas, representando un tercio del total que incluye botellas plásticas, envoltorios, recipientes, etc. Resulta alarmante convivir en lo cotidiano con dichos residuos en nuestras calles, parques, plazas, playas u otro lugar público donde diariamente transitan personas adultas, bebés y mascotas, entre otros. En el caso de menores de 1 año, son más frecuentes de lo común las intoxicaciones por ingesta de tabaco, principalmente por colillas de cigarrillos que los menores encuentran en sus casas, pero también en parques y playas, lo que les genera síntomas de envenenamiento convulsiones y diversas crisis que pueden a llegar a ser fatales.

4.- Como vemos, el cáncer no es la única consecuencia negativa que genera el consumo de cigarrillos. Por ello, se hace necesario reaccionar desde la legislación, a fin de generar conciencia sobre los serios problemas que genera el fumar, tanto para la salud individual del sujeto fumador, como también para su entorno en razón a lo altamente contaminantes que son las colillas y filtros de cigarrillos. Sabemos que la principal herramienta de prevención ante estas lamentables consecuencias es sencillamente no fumar. Sin embargo, dicha solución es un camino más largo dada la libertad en las conductas de las personas y los altos índices de adicción que genera el consumo de tabaco. Por ende, como parlamentarios y parlamentarias, nos asiste la misión de otorgar soluciones prácticas y eficaces ante los problemas que se nos plantean en nuestra vida social y como nos relacionamos con nuestro entorno.

5.- Por ello, la regulación propuesta en la presente moción, apunta a facilitar la recolección de los filtros y colillas de cigarrillos, estableciendo la obligatoriedad de instalar ceniceros o contenedores en los lugares que se señalan, a fin de acumularlos de manera controlada para posteriormente darle el debido tratamiento destinándolos para su reutilización, reciclaje o compostaje. Además, proponemos modificar el material con el cual se fabrican actualmente los filtros y colillas de cigarrillos, apuntando hacia un producto con vocación biodegradable que sea más amable con el medioambiente, evitando lo que sucede en la actualidad, donde dichos residuos terminan contaminando el mar o lugares públicos, mayoritariamente.

6.- También se incorpora dentro de nuestra propuesta la posibilidad de sancionar a aquellos fumadores que de manera reprochable e irresponsable, tiran los filtros y colillas en la vía pública o en los patios y espacios al aire libre de los lugares que se señalan en el artículo 11 de la ley 19.419, ya que no es aceptable que este tipo de conductas se sigan practicando y queden en la impunidad. Si bien la ley autoriza fumar en dichos lugares, es deber de cada fumador hacerse cargo de los residuos que su habito genera. Ante ello, proponemos la sanción establecida en el numeral 12 del artículo 16 de la ley, correspondiente a 2 UTM. Estamos convencidos que, a través de esta medida, generaremos conciencia y cambiaremos las conductas que tienen la mayoría de los fumadores, los cuales generan un considerable daño al medioambiente, como ya se ha señalado.

Por estos motivos, las Diputadas y Diputados firmantes tenemos el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese la ley 19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, en el siguiente sentido:

1.- En el artículo 9°, introdúzcase el siguiente inciso tercero nuevo pasando el actual a ser inciso cuarto:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los filtros y las colillas de los cigarrillos que se comercialicen dentro del territorio nacional deberán ser fabricados con materiales biodegradables o susceptibles de ser reutilizables, reciclables o compostables”.

2.- En el artículo 11°, introdúzcase las siguientes modificaciones:

a.- Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser inciso tercero:

“Para el caso de las letras a), b), c), d), e) y h) del inciso anterior, si estos lugares no cuentan con patios o espacios al aire libre, deberán instalar en su entrada ceniceros, contenedores o receptáculos destinados al depósito de filtros, colillas y cenizas de cigarrillos, procurando facilitar el reciclaje, reutilización o compostaje de estos residuos, según proceda.”

b.- En el inciso segundo que ahora pasa a ser inciso tercero, reemplazase la frase “inciso anterior”, por la frase “inciso primero”.

3.- Introdúzcase el siguiente artículo 12:

“Se prohíbe arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la vía pública y en los patios o espacios al aire libre de los lugares señalados en el artículo anterior”.

4.- Modifíquese el artículo 16° en el siguiente sentido:

a) En el numeral 2), luego del punto a parte que ahora pasa a ser punto seguido (.), agréguese lo siguiente:

“La misma sanción será aplicable en caso de contravención a lo establecido en el inciso tercero del artículo 9°”.

b) En el numeral 12), reemplazase la frase “artículos 10 y 11” por la frase “artículos 10, 11 y 12”.

Artículo Transitorio: La presente ley entrará en vigencia a partir del sexto mes contado desde su publicación en el diario oficial.

Diputadas señoras Marzán y Luck, y de los diputados señores Celis, don Ricardo; González, don Félix, y Rosas

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Flores, doña Camila; Leuquén y Núñez, doña Paulina, y de los diputados señores Berger, Jürgensen, Sauerbaum y Urruticoechea, que “Modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia” Boletín N° 12822-07

Fundamentos

La relación o interacciones de carácter sexual entre personas y animales, comúnmente denominada zoofilia o bestialismo, está catalogada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, como un tipo de parafilia, es decir, un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos (definido por la Real Academia Española de la Lengua, como una desviación sexual).

Dentro de todos los tipos de parafilias que hay (las que resultan más 500), el bestialismo o la zoofilia es una de las que más rechazo despiertan entre la población desde la antigüedad, donde incluso el antiguo testamento lo considera una infamia y se lo prohíbe expresamente al pueblo hebreo, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 23 (uno de los libros más antiguos del tanaj, situado entre los siglos VI al IV a C.).[1]

Actualmente, bajo el paradigma de los avances científicos y bajo una perspectiva científica, ha disminuido su práctica. Como lo resume la doctora en psicología clínica y psicóloga forense, Ana I. Jacome, la ideología en torno a los animales ha variado a lo largo del tiempo, esto según el lugar donde se habita, aunque siempre caracterizada con un discurso dominante de superioridad del hombre sobre el resto de las especies y que en dicho contexto, poca ha sido la atención que han recibido las prácticas sexuales con animales[2]. Sin embargo, este discurso ha perdido fuerza en el último tiempo, originado – en parte- por el reiterado abuso y la excesiva violencia hacia los animales, lo que ha generado reacciones masivas en la opinión pública. Esto ha propiciado, compromisos públicos que se tradujeron eventualmente en políticas públicas de protección animal y modificaciones legales a nivel global, principalmente en el mundo occidental, en donde los animales han pasado, incluso a ser reconocidos como sujetos de derechos, según se puede observar en algunos casos del derecho comparado.

En el análisis que efectúa la Dra. Jacome, resalta el hecho de que los animales “en cuanto a víctimas de violencia, tienen un lugar ambiguo en la legislación y en las representaciones sociales a escala global. Desde hace muchos años se ha establecido una relación entre la crueldad hacia los animales y la peligrosidad, llegando incluso a relacionarse la crueldad hacia los animales como predictores de comportamientos altamente peligrosos, como el asesinato serial en la adultez (Weatherby, Buller, McGinnis, 2009).

Este comportamiento ha sido observado en las infancias de asesinos en serie, por lo que se consideran un signo de alarma cuando se presentan en niños”[3]. En general, plantea que la mayoría de los autores que han trabajado en temáticas sobre relaciones sexuales con animales y la salud mental, consideran a estos individuos como mentalmente enfermos y con otros problemas sociales o intelectuales asociados.

Además de tratar las dificultades que se enfrentan para entender un acto sexual con los animales, se debe considerar que este acto se encuentra caracterizado por un comportamiento compulsivo, es decir que puede llevar al autor a repetir el acto (pues la imposibilidad del animal de manifestarse los deja en una situación de desprotección) y dicha tendencia a la compulsión resulta propia de otros actos humanos perversos, como la violación, el asesinato o la piromanía.[4] En consecuencia, estamos ante una conducta cruel o violenta la que, según la investigación especializada, se encuentra altamente vinculada con la peligrosidad hacia los humanos, representando un potencial peligro para la sociedad en su conjunto, cuando se toleran este tipo de conductas bajo su seno.

Otro factor a considerar, que justifican la proscripción de estas conductas, proviene del peligro para la salud pública que representa la zoofilia. Desde el punto de vista de los riesgos para la salud, derivados de la interacción sexual con animales, se perfilan consecuencias como lesiones físicas, reacciones alérgicas e infecciones que se transmiten de los animales a los humanos, denominadas zoonosis, cuyos riesgos para la salud incluyen: brucelosis, leptospirosis, fiebre, rabia y campylobacter ( una de las cuatro principales causas mundiales de enfermedad diarreica y considerada la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo). [5]

Con todo, existe un claro consenso a nivel internacional en orden a proscribir la zoofilia, en el cual se distinguen diversos fundamentos o vías para abordar y condenar este tipo de conductas. Las que, desde una perspectiva jurídica, se abordan como: un atentando a la moralidad y las buenas costumbres; la protección de la propiedad, al considerarse jurídicamente los animales como una “cosa” susceptible de ser poseída y protegida por el derecho de propiedad; objeto de protección jurídica fundado en el bienestar animal; y recientemente, como un sujeto de derecho, al cual se le reconocen un abanico de derechos y de acciones tendientes a su resguardo y protección.

Sin embargo, podemos constatar en la legislación comparada, no pocos ejemplos de países que específicamente tipifican la zoofilia como un delito penal. Distinguiendo esta figura, como una conducta típica distinta al maltrato animal propiamente tal, pero que comparten el mismo fin de protección hacia el animal y el desincentivo a este tipo de prácticas. Así, por ejemplo:

-En España, el artículo 337 del Código Penal, sanciona con penas que van de tres meses y un día a un año de prisión (más inhabilitaciones especiales) a quien someta a explotación sexual a un animal. Las que pueden ser aumentadas si concurren circunstancias como la utilización de objetos u armas, ensañamiento, si los hechos hubieren sido presenciados por menores de edad. Así como también en caso de que el resultado fuese la muerte del animal.

-En Alemania, el Bundesrat (Cámara de representantes de Estados Federados Alemanes), aprobó febrero del año 2013 una reforma a una ley federal que prohibió el uso de animales para actividades sexuales, castigando con multas que ascienden los 25 mil euros su infracción.

-En Dinamarca, hasta el año 2015 las leyes eran ambiguas, donde una persona no podía comprar un pitbull, pero era legal practicar el sexo con cualquier animal mientras no se le ‘torture’. Sin embargo, el año 2015 se promovió una legislación para frenar estos actos y en la actualidad se prohíbe en forma expresa, sancionándose con cárcel y multa su perpetración.

-En Reino Unido, la sección 69 de la Sexual Offences Act, del año 2003, condena las relaciones sexuales con animales (intercourse with an animal) con hasta dos años de cárcel.

-En Francia, en el año 2004, a través de la ley N°204, se reformó el artículo 521.1, sancionando el bestialismo con penas de hasta dos años de cárcel y multas que van hasta los 30.000 euros.

-En México, en el Estado de Nayarit, se reformo la Ley General de Vida Silvestre para promover un trato digno y respetuoso hacia los animales, en la cual incorporaron dentro del concepto de crueldad animal los actos de brutalidad, sádicos o zoofílicos contra cualquier animal, sea por acción directa, comisión o negligencia, asignando sanciones con penas que van de 6 a dos años de cárcel y multas que van de 240 a 480 dolares) , las que pueden ser aumentadas hasta en un 50% si las lesiones ponen en riesgo la vida del animal y en caso de muerte, el responsable puede ser castigado con penas de 2 a 4 años de prisión y multas que llegan hasta los US 1.900 dolares, al cual -además- se le retiraran todos los animales que tenga en su poder.

-En Ecuador, los animales son considerados como sujetos de derecho según prescribe su Código Orgánico del Ambiente, y prohíbe en su artículo 146, numeral 2, practicar el bestialismo o la zoofilia, sancionando con multas estos hechos.

Chile no ha estado ajeno al bestialismo, término que ha sido definido por el Diccionario de la Real Academia Española, como “Relación sexual de personas con animales”. Práctica que se conoce comúnmente como zoofilia y que ha horrorizado a nuestra sociedad por medio de su visibilización publica, a través de los medios de comunicación, cuya practica se repite año tras año, permitiéndonos constatar – lamentablemente- los atroces actos que se perpetran en contra de los animales y las nefastas consecuencias que de éstas se siguen, las que terminan afectando no solo a los animales propiamente tal, sino que a sus propietarios, a familias y comunidades enteras, las que se ven particularmente horrorizadas ante este tipo de actos.

Tal como aconteció con el último caso perpetrado en contra de una gata en la comuna de Quilpue, Región de Valparaíso. El hecho fue dado a conocer por la mayoría de la prensa nacional en el mes de julio del año 2019 y a partir del cual la ONG Gestión Ética para la Dignidad Animal, se manifestó en representación de la propietaria de la mascota e iniciara la persecución penal del autor[6]. Sin embargo, al no estar tipificado el delito de zoofilia, no se tiene una sanción penal que particularmente aborde esta conducta. Entonces la responsabilidad solo se puede perseguir bajo el tipo penal del maltrato animal, sólo si a partir del hecho imputado se causare daño, dolor o sufrimiento al animal.

Lo anterior resulta así, dado que actualmente el bestialismo o la zoofilia se encuentra subsumida dentro de la figura del maltrato animal del art. 291 bis del Código Penal, que señala:

“El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última

Si como resultado de una acción u omisión se causare al animal daño, la pena será presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales.

Si como resultado de las referidas acción u omisión se causaren lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del animal, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales”.

En razón de lo anteriormente expuesto, vemos la necesidad de proscribir particularmente la zoofilia, no solo como una salvaguarda adicional para la protección animal, sino que también para desincentivar estas conductas y enviar una clara señal de que no serán permitidas, ni toleradas por la sociedad chilena.

Idea Matriz

A raíz de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto de ley tiene por objeto crear el tipo penal de zoofilia, sancionando las relaciones y los actos de connotación sexual de cualquier tipo entre personas y animales.

Contenido de la iniciativa legal

El presente proyecto de ley pretende modificar el Artículo 291 bis del Código Penal, estableciendo el tipo penal de zoofilia, imputándose a esta conducta la pena asimilada al menoscabo grave a la integridad física y de la muerte del animal, esto es presidio menor en su grado medio y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales.

Además, se incorpora -como sanción accesoria- el comiso del animal o animales, en los términos del artículo 21 del Código Penal. Previendo la situación de que el autor pueda encontrarse en posesión de otros animales, cualquiera sea su calidad o título.

Proyecto de ley

ARTÍCULO UNICO: Incorpórese un inciso final nuevo al Artículo 291 bis del Código Penal, del siguiente tenor:

“Con igual pena que la señalada en el inciso anterior será castigado aquél que acceda carnalmente o introdujere objetos por vía vaginal, anal o bucal a un animal, así como cualquier otro acto de significación sexual, sin considerar su especie o raza. También será aplicable el comiso de todo animal en su posesión, a cualquier título, según lo dispuesto en el artículo 21 de este Código, ante lo cual el juez procurará su entrega a la autoridad sanitaria que resulte competente o al dueño, en el evento que sea un sujeto distinto al del autor”.

Diputadas señoras Flores, doña Camila; Leuquén y Núñez, doña Paulina, y de los diputados señores Berger, Jürgensen, Sauerbaum y Urruticoechea

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez, don Pedro; Alinco; Fuenzalida, don Juan; Mulet, Prieto, y Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, en materia de requisitos e idoneidad moral para obtener y renovar licencia profesional para la conducción de vehículos de transporte de pasajeros” Boletín N° 12823-15

I.Antecedentes

a.El D.F.L. N°1 del año 2007 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito, en adelante, Ley del Tránsito, establece una regulación aplicable a los “peatones, pasajeros o conductores de cualquiera clase de vehículos, usen o transiten por los caminos, calles, ciclovías y demás vías públicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso público, de todo el territorio de la República” (artículo 1°).

Por su parte, el mismo cuerpo legal define a los conductores como “Toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública; que controla o maneja un vehículo remolcado por otro; o que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo, de un animal de silla, de tiro o de arreo de animales” (numeral 11, artículo 2, Ley del Tránsito), como asimismo a la licencia de conducir en los siguientes términos “Documento que la autoridad competente otorga a una persona para conducir un vehículo motorizado o a tracción animal” (numeral 27, artículo 2, Ley del Tránsito).

Asimismo, el artículo 5° de la Ley del Tránsito dispone que: “Ninguna persona podrá conducir un vehículo motorizado o a tracción animal, sin poseer una licencia expedida por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de una Municipalidad autorizada al efecto (…)”.

El artículo 12 de dicha Ley clasifica a las licencias en “conductor profesionales, Clase A; no profesionales, Clase B y C; y especiales, Clase D, E y F”. La licencia profesional “Habilita para conducir vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de carga, ambulancias y carrobombas”. Particularmente, las licencias de vehículos de transporte de pasajeros se subdividen en las siguientes: “Clase A-1: Para conducir taxis. Clase A-2: Para conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez a diecisiete asientos, excluido el conductor, o de hasta treinta y dos asientos, cuando se haya estado en posesión de esta licencia por, a lo menos, dos años y siempre que el largo del vehículo no exceda los nueve metros. Clase A-3: Para conducir indistintamente taxis, vehículos de transporte remunerado de escolares, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas sin limitación de capacidad de asientos”.

b.La Ley del Tránsito establece requisitos generales para obtener todo tipo de licencias, como asimismo, fija requisitos específicos en cada subtipo de éstas. De esta manera, los requisitos generales son los siguientes: “1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica; 2) Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen al tránsito público. Para la conducción de los triciclos motorizados de carga, los conocimientos teóricos se acreditarán mediante un examen simplificado, en los términos que lo establezca el reglamento respectivo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 3) Poseer cédula nacional de identidad o de extranjería vigentes, con letras o dígitos verificadores, y 4) Acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley Nº 20.000 y su Reglamento. La fiscalización del cumplimiento de esta disposición se hará de acuerdo con los artículos 182 y 183 de esta ley” (artículo 13).

Estos requisitos se acreditan de manera distinta dependiendo del tipo de licencia; de esta manera, la licencia profesional establece la siguiente forma de comprobación: “1º.- La idoneidad moral será calificada por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita la licencia, a la vista del Informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación y del informe del Registro Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se registren, y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado. 2º.- La idoneidad física y psíquica, los conocimientos teóricos y prácticos sobre las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la prestación de servicios de transporte de pasajeros, transporte remunerado de escolares y de carga por vías y sobre la conducción y operación de los respectivos vehículos, serán acreditadas: a) La idoneidad física y psíquica por medio de un certificado expedido por el médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal respectivo; b) Los conocimientos teóricos por medio del examen rendido en la Municipalidad respectiva, y los conocimientos prácticos por medio de certificado expedido por una Escuela de Conductores Profesionales reconocida oficialmente, debiendo el Director de Tránsito de la Municipalidad correspondiente adoptar las medidas que estime necesarias a fin de comprobar la efectividad de dichos conocimientos y las destrezas y habilidades requeridas para conducir el vehículo de que se trate. A los conductores profesionales que renueven su licencia profesional no les será exigible el requisito especial establecido en los números 3) o 5), según corresponda, del inciso segundo del artículo 13, en el acápite Licencia Profesional” (artículo 14, Ley del Tránsito).

En cuanto a los requisitos específicos de las licencias profesionales se cuentan, además, los siguientes: “1) Tener como mínimo 20 años de edad; 2) Acreditar haber estado en posesión de la licencia Clase B durante dos años; 3) Aprobar los cursos teóricos y prácticos que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidas por el Estado; 4) Acreditar, en caso de la Clase A-3, haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la Licencia Profesional Clases A-1, A-2, A-4 o A-5. Tratándose de la Clase A-5, los postulantes deberán acreditar haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la licencia profesional clases A-2, A-3 o A-4; 5) Acreditar, para el caso de las licencias de conductor profesional clases A-3 y A-5, en aquellos casos de conductores que no hayan estado en posesión de las licencias indicadas en el número 4) precedente, haber aprobado un curso teórico y práctico especial, que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente, cuyas características y especificaciones técnicas estarán establecidas en un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en una Escuela para Conductores Profesionales reconocida oficialmente por dicho Ministerio, que haya sido autorizada para impartir este curso especial, de conformidad con el respectivo reglamento, y 6) Aprobar en la Municipalidad respectiva el examen teórico correspondiente a la Clase de licencia profesional a la que se postula” (artículo 13, Ley del Tránsito).

Adicionalmente, el artículo 16 de la Ley del Tránsito indica que “Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; 2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; 3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, y 4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona”.

Por su parte, el artículo 19 dispone que: “La licencia de conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señale la ley (…) El titular de una licencia profesional deberá acreditar, cada 4 años, que cumple con los requisitos exigidos en los números 1 y 4 del inciso primero del artículo 13”.

Además, el artículo 20 dispone que: “El juez de policía local, en los asuntos de que conozca, podrá ordenar que se efectúe un nuevo control de licencia, antes del plazo establecido en el artículo anterior. En los casos de incapacidad física o psíquica sobrevinientes que determinen que un conductor está incapacitado para manejar o hagan peligrosa la conducción de un vehículo, el director de tránsito y transporte público municipal o el juez de policía local, en su caso, le cancelarán o suspenderán la licencia de conducir Las suspensiones o cancelaciones antes aludidas se comunicarán al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, en la forma y dentro de los plazos señalados en el Título XVIII, para que se practiquen las anotaciones correspondientes. El control de cualquiera clase de licencias de conducir deberá efectuarse, a más tardar, en la fecha de cumpleaños de su titular. Cuando ésta ocurra en día inhábil, el control se verificará en el día siguiente hábil y, tratándose del día 29 de febrero, en el primer día hábil del mes de marzo”.

c.La Ley del Tránsito regula también el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, “cuyos objetivos serán el de reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos e informar sobre ellos a las autoridades competentes” (artículo 210).

El artículo 211 establece el contenido de este Registro, el cual deberá: “1.- Enrolar a los conductores de vehículos motorizados de todo el país, registrando sus datos personales y las modificaciones de ellos; 2.- Registrar las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones gravísimas o graves, tipificada en esta ley, sea que tengan o no licencia para conducir; 3.- Anotar las condenas por los delitos de conducir en estado de ebriedad o conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas; 4.- Registrar las condenas por cancelación o suspensión de la licencia de conductor; 5.- Comunicar al Juzgado de Policía Local respectivo los antecedentes para la cancelación o suspensión de la licencia de conductor por reincidencia en infracciones o contravenciones a esta ley; 6.- Remitir la información que les sea requerida por los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile o por los Departamentos de Tránsito y Transportes Público Municipal; 7.- Otorgar los certificados que les sean solicitados por los conductores inscritos, y 8.- Registrar las anotaciones que consten en el "Registro de Pasajeros Infractores.

Asimismo, el artículo 212 dispone que: “Los conductores de vehículos motorizados serán enrolados en el Registro debiendo incluirse, a lo menos, los datos siguientes: 1.- Nombres, apellidos y domicilio del inscrito; 2.- Número de la cédula de identidad con letra o dígito verificador; 3.- Municipalidad que otorgó la licencia de conductor, su clase y fecha, y 4.- En el caso de la licencia profesional se deberá incluir, además, el nombre de la escuela de conductores donde se aprobó el curso respectivo”.

El artículo 215 dispone que: “Los Tribunales de Justicia y los Juzgados de Policía Local y cualquier otro Tribunal de la República, deberá comunicar al Registro toda sentencia ejecutoriada que condene a una persona como autor de delitos e infracciones a la ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, o que cancele o suspenda la licencia de conductor o que condene a una persona por delitos, cuasidelitos, infracciones gravísimas o graves tipificadas en esta ley. Asimismo, se hará igual comunicación a la Municipalidad que hubiere otorgado la licencia respectiva para que se agregue a la carpeta de antecedentes del afectado; y, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en caso que la sentencia ejecutoriada afecte a un operador de transporte remunerado de escolares”.

II.Fundamentos de la iniciativa

a.Como se puede observar de los antecedentes del presente proyecto, la Ley del Tránsito no establece ninguna mención a que los conductores de vehículos, particularmente los que se destinan al transporte de pasajeros, no sean objeto de sentencias condenatorias respecto de delitos graves, como por ejemplo, aquellos que atenten contra la indemnidad sexual de las personas. Ello genera que una persona que utilice cualquier medio de transporte no tiene la certeza que el conductor no ha sido condenado por un delito de violación, homicidio, secuestro, etcétera.

En efecto, dentro de los requisitos para obtener licencia de conducir, tanto los generales, como los específicos relacionados con el transporte de pasajeros, no existe exigencia alguna relativa a la ausencia de condena por delitos graves. De hecho, la misma legislación dispone que se debe acreditar la idoneidad moral del candidato, pero sólo la circunscribe a los siguientes delitos: “1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; 2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; 3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, y 4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona”. No obstante, no existe ninguna exigencia relativa a otros delitos.

Esto se extiende también a las revisiones periódicas cada 4 años que deben realizarse los conductores, puesto que la idoneidad moral se encuentra dentro de los requisitos que deben reevaluarse. Asimismo, el ámbito de competencia del juez de policía local y del director de tránsito y transporte público municipal para solicitar a un conductor un nuevo examen se restringe a la idoneidad física y psíquica, excluyendo la moral. De esta manera,

b.El problema anteriormente señalado se vincula, además, con el Registro Nacional de

Conductores de Vehículos Motorizados puesto que, como se desprende de los antecedentes, en éste se registran las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones gravísimas o graves, tipificada en esta ley, sea que tengan o no licencia para conducir; las condenas por los delitos de conducir en estado de ebriedad o conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas; y las condenas por cancelación o suspensión de la licencia de conductor; pero no existe mención a alguna a otros delitos igualmente graves que inhabilitan a una persona para realizar transporte de pasajeros.

c.Asimismo, el artículo 215 de la Ley del Tránsito sólo obliga a los Tribunales comunicar al Registro las sentencias ejecutoriadas que condenen a una persona como autor de delitos e infracciones a la ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, o que cancele o suspenda la licencia de conductor o que condene a una persona por delitos, cuasidelitos, infracciones gravísimas o graves tipificadas en la Ley del Tránsito.

d.De lo anteriormente señalado es posible concluir que no es tolerable que la legislación del tránsito no contemple prohibiciones de conducir vehículos para transporte de pasajeros a quienes cometan graves delitos contra las personas, atentando contra bienes jurídicos tan básicos como son la vida, la integridad física y psíquica, la indemnidad sexual, entre otros. De esta manera, se produce el absurdo que en nuestro país un conductor de vehículos de transporte de pasajeros puede haber sido condenado por estos delitos, y aún así obtener una licencia, es decir, una autorización otorgada por la Administración del Estado en que califica que esa persona tiene idoneidad moral para manejar vehículos motorizados, lo que pugna contra toda noción de razonabilidad. Esta deficiencia de la regulación ha causado lamentables hechos en que pasajeros han sufrido las consecuencias de subirse al vehículo de un conductor, autorizado por el Estado, que tenía condenas por delitos violentos anteriores.

e.Con el objetivo de evitar las situaciones anteriormente descritas es que se justifica establecer mayores restricciones para obtener licencia de conducir, particularmente las profesionales porque se relacionan con el transporte de pasajeros, que es el área más sensible en que los bienes jurídicos involucrados deben ser correctamente ponderados.

III.Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz establecer requisitos adicionales para obtener licencia de conducir profesional para transporte de pasajeros, relacionados con la idoneidad moral, como asimismo, ampliar la información que deben remitir los Tribunales al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados. Asimismo, se establece que deben cancelarse las licencias de conducir profesionales A-1, A-2, A-3, en que se detecte una condena por estos delitos.

IV.Contenido del proyecto de ley

a.Establece que para obtener licencia profesional para transporte de pasajeros se deberá acreditar que el solicitante no ha sido condenado por delitos de secuestro, sustracción de menores, violación y otros delitos sexuales, homicidio, robo con violencia o intimidación en las personas, robo por sorpresa, y robo con fuerza en las cosas.

b.Establece que en el caso de licencias profesionales para transporte de pasajeros, el certificado de antecedentes que presente el solicitante debe indicar que no haya sido condenado por los delitos anteriormente mencionados.

c.Agregar que para calificar la idoneidad moral de las licencias profesionales para transporte de pasajeros se deben considerar los delitos indicados anteriormente.

d.Establecer que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados debe registrar las condenas por los delitos indicados anteriormente en el caso de conductores que se dediquen al transporte de pasajeros.

e.Se dispone que se cancelarán las licencias de conducir de las personas que se dediquen a transporte de pasajeros que registren condenas por los delitos anteriormente indicados en los 5 años anteriores a la publicación de la ley.

V.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto de ley modifica el D.F.L. N°1 del año 2007 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito, particularmente en lo relativo a los requisitos que deben tener las personas para obtener licencia de conducir profesional para transporte de pasajeros, como asimismo, las hipótesis en que los tribunales deben comunicar sus resoluciones al Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados. Asimismo, se establece un artículo transitorio por el cual se ordena cancelar las licencias de conducir profesionales en que se detecte una condena por estos delitos.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese el D.F.L. N°1 del año 2007 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito, en el siguiente sentido:

1.En su artículo 13, en el párrafo “LICENCIA PROFESIONAL” agréguese un nuevo numeral 7) del siguiente tenor: “En el caso de las licencias A-1, A-2 y A-3, acreditar no haber sido condenado por los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 390, 391, 433, 436, 440 y aquellos establecidos en los párrafos V, VI del Título Séptimo, todos del Código Penal”.

2.En su artículo 14, en el párrafo “LICENCIA PROFESIONAL”, numeral 1°, agréguese el siguiente inciso: “En el caso de las licencias A-1, A-2 y A-3, la idoneidad moral se extenderá a la circunstancia que el solicitante no haya sido condenado por los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 390, 391, 433, 436, 440 y aquellos establecidos en los párrafos V, VI del Título Séptimo, todos del Código Penal”.

3.En su artículo 16, agréguese el siguiente numeral 5): “En el caso de las licencias profesionales A-1, A-2 y A-3, por los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 390, 391, 433, 436, 440 y aquellos establecidos en los párrafos V, VI del Título Séptimo, todos del Código Penal”.

4.En su artículo 211, numeral 2°, reemplácese la “;” por una “,” agregándose la siguiente frase a continuación: “como asimismo, las sentencias ejecutoriadas en que se condene a una persona por los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 390, 391, 433, 436, 440 y aquellos establecidos en los párrafos V, VI del Título Séptimo, todos del Código Penal en el caso de conductores con licencia profesional A-1, A-2 y A-3;”.

5.En su artículo 215 intercálese entre las frases “ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, y “, o que cancele o suspenda la licencia de conductor”, la siguiente oración: “como autor de los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 390, 391, 433, 436, 440 y aquellos establecidos en los párrafos V, VI del Título Séptimo, todos del Código Penal, en el caso de conductores con licencia profesional A-1, A-2 y A-3”.

Artículo transitorio: Las licencias de conducir profesionales A-1, A-2 y A-3 de conductores que registren condenas ejecutoriadas por los delitos contemplados en los artículos 141, 142, 390, 391, 433, 436, 440 y aquellos establecidos en los párrafos V, VI del Título Séptimo, todos del Código Penal en los últimos 5 años anteriores a la publicación de la ley se entenderán canceladas por el sólo ministerio de la ley.

Diputados señores Velásquez, don Pedro; Alinco; Fuenzalida, don Juan; Mulet, Prieto, y Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Sepúlveda, doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Alinco; González, don Félix; Hernández; Núñez, don Daniel; Sabag; Velásquez, don Pedro, y Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica el DFL N°382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, y la ley N° 18.902, que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para imponer nuevas obligaciones a las concesionarias, establecer una nueva causal de caducidad de las concesiones y elevar el monto de las multas aplicables en caso de infracción Boletín N° 12824-09

I.Antecedentes

a.El D.F.L. N° 382 del Ministerio de Obras Públicas, promulgado el año 1988 contiene la Ley General de Servicios Sanitarios, en adelante LGSS. Sus disposiciones regulan: 1. El régimen de explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y a recolectar y disponer aguas servidas, servicios denominados en adelante, servicios sanitarios. 2. El régimen de concesión para establecer, construir y explotar servicios sanitarios. 3. La fiscalización del cumplimiento de las normas relativas a la prestación de los servicios sanitarios. 4. Las relaciones entre las concesionarias de servicios sanitarios y de éstas con el Estado y los usuarios (artículo 1°).

b.El diseño normativo e institucional que instauró la LGSS supone la participación de empresas privadas en las cuatro fases de explotación de los servicios públicos sanitarios: producción y distribución de agua potable, y recolección y disposición de aguas servidas.

El artículo 3 de la LGSS define a cada sector en los siguientes términos: “Se entiende por producción de agua potable, la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas. Se entiende por distribución de agua potable, la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario. Se entiende por recolección de aguas servidas, la conducción de éstas desde el inmueble del usuario, hasta la entrega para su disposición. Se entiende por disposición de aguas servidas, la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas, o en sistemas de tratamiento”.

c.No obstante lo anterior, pese al impulso privatizador que caracterizó a la legislación de la época, la LGSS sujetó al régimen de concesiones a todos los prestadores de servicios sanitarios, para lo cual la actividad fue calificada como servicio público atendida la trascendental misión que tiene en la vida humana y el desarrollo de las actividades domésticas y productivas. Este diseño concesional supone una técnica de intervención de la Administración del Estado en la actividad de los privados que limita su libre desenvolvimiento, de tal manera que deben acogerse a las disposiciones del derecho público fijado en la normativa de la LGSS, y además, en la normativa sectorial de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Ley N° 18.902) para desarrollar cada una de las facetas del servicio sanitario definido en la ley. De esta manera, el artículo 33 de la LGSS dispone que: “El prestador estará obligado a prestar servicio a quien lo solicite, sujeto a las condiciones establecidas en la ley y su reglamentación, y, en su caso, en el respectivo decreto de concesión”.

d.En esta línea, el Título II de la LGSS regula en términos generales a las concesiones, las cuales tienen por objeto “permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos” de producción y distribución de agua potable, y de recolección y disposición de aguas servidas (artículo 7° en relación con el artículo 1°). La ley establece expresamente que la concesión es indefinida, sin perjuicio de la caducidad de conformidad a la ley.

e.A su vez, el artículo 14 de la LGSS dispone que: “Todos los que hubieren presentado solicitud de concesión entregarán a la entidad normativa, dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, y en un mismo acto público, el día, hora y lugar que ésta fije, lo siguiente: 1.- Un estudio de prefactibilidad técnica y económica, incluyendo un programa de desarrollo, que deberá contener, a lo menos: a) descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de quince años; b) estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado neto y rentabilidad asociados; y c) tarifas propuestas y aportes considerados. 2. Los demás antecedentes requeridos para cumplir con lo dispuesto en el artículo 18”.

A su vez, el indicado artículo 18 dispone que: “El decreto de otorgamiento de la concesión considerará, entre otros, los siguientes aspectos: 1. La identificación de la concesionaria. 2. El tipo de concesión que se otorga, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 5° de esta ley. 3. Las condiciones de prestación de los servicios, incluyendo, a lo menos: a) en el caso de las concesiones de producción de

agua potable, las fuentes y derechos de agua, el punto de entrega a la concesionaria de distribución, caudales medio anual y máximo diario a producir, y régimen de producción continuo o estacionario; b) en el caso de las concesiones de distribución de agua potable, el área geográfica de distribución, la concesionaria de producción de la cual se abastecerá y las dotaciones de agua potable, por área geográfica de servicio y el volumen máximo mensual por cliente, considerando, para los efectos de esta ley, como clientes distintos a los departamentos de un mismo edificio o las viviendas de un conjunto habitacional abastecidas por un arranque de agua potable común; c) en el caso de las concesiones de recolección de aguas servidas, el área geográfica de recolección, puntos de descarga, el caudal máximo de aguas servidas a recolectar, por área geográfica de servicio y la concesionaria de disposición que efectuará el tratamiento de éstas; d) en el caso de las concesiones de disposición de aguas servidas, el cuerpo receptor, la concesionaria de recolección cuyas aguas tratará y dispondrá, el punto de descarga, el sistema de tratamiento, los caudales medio anual y máximo diario a tratar y la calidad del efluente. 4. Normativa general aplicable a la concesión que se otorga. 5. El programa de desarrollo de la concesionaria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 6. El nivel tarifario de adjudicación de la concesión. 7. Las garantias involucradas”.

A su vez, el Reglamento de la LGSS (Decreto N° 1199 del Ministerio de Obras Públicas, promulgado el año 2004), define al Programa de Desarrollo como “(…) un programa de inversiones para un horizonte de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, a fin de responder oportunamente a los requerimientos de la demanda de servicios. En todo caso para los fines de fiscalización de su cumplimiento se calificará la oportunidad de la puesta en explotación de las obras programadas y necesarias para cumplir dichos fines y no al monto de la inversión respectiva. El programa de desarrollo debe basarse en un estudio de pre-factibilidad técnico-económico y deberá contener una descripción técnica general, un cronograma de obras proyectadas para un horizonte de quince años y demás exigencias previstas en la ley. La descripción técnica general incluirá en el caso de las concesiones existentes un diagnóstico de la infraestructura. Además, en base a la información disponible señalará la infraestructura que requiere ser repuesta” (artículo 155).

Para la LGSS, el cumplimiento del Programa de Desarrollo es tan relevante que establece que debe ser garantizado su cumplimiento por el concesionario mediante una garantía (artículo 20), y además, indica que ante su inobservancia se podrá disponer la caducidad de la concesión (artículo 26, letra b]).

f.Por su parte, las condiciones del servicio establecidas en el decreto de concesión están amparadas por las mismas normas, esto es, garantía de fiel cumplimiento, y caducidad ante su incumplimiento. No obstante, las condiciones mínimas fijadas por ley se refieren más bien a la cantidad de los recursos hídricos utilizados, más que a la calidad o seguridad de las instalaciones.

g.Asimismo, el artículo 122 del Reglamento de la LGSS dispone que: “Las concesionarias deberán contar con un procedimiento especial que permita con prontitud y en forma permanente atender las emergencias, de acuerdo a los estándares definidos en los respectivos procesos tarifarios. Dichos estándares deben ser de conocimiento público y estar a disposición de los usuarios en los paneles de información de las oficinas de atención de público del prestador”.

h.La LGSS regula un régimen de caducidad basado en causales taxativas, definidas en el artículo 26: “a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponde a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo; b) si la concesionaria no cumple el programa de desarrollo; c) por incumplimiento del contrato a que se refiere el inciso segundo del artículo 11° y de lo dispuesto en el artículo 32° de la presente ley”. El procedimiento administrativo fijado en la normativa supone un informe de la Superintendencia y la declaración de caducidad por parte del Presidente de la República.

i.Por otra parte, la Ley N°18.902 regula un régimen de multas aplicables a los prestadores de servicios sanitarios que incurrieren en alguna infracción a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con los servicios sanitarios, o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes y resoluciones que dicte la Superintendencia, en la cual existe un margen amplio en cuanto al monto a aplicar, pudiendo ser de 1 a 10.000 unidades tributarias anuales.

II.Fundamentos de la iniciativa

a.La LGSS constituye un cuerpo legal de antigua data, que merece ciertamente una reforma integral que revise el diseño del sistema concesional, y asegure con un alto estándar la continuidad y calidad de los servicios sanitarios. Estas actividades son de servicio público, y por tanto interesan a toda la ciudadanía, siendo vitales para el desarrollo de la vida y de las actividades domésticas y económicas de las personas; por lo mismo el Estado debe regular de la mejor forma posible las interacciones de los diversos actores en el rubro, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo a la población, y asegurar el continuo suministro de agua potable, limpia y segura.

b.Sobre esta base, han sido de público conocimiento situaciones muy complejas en que se han visto gravemente alterados algunos de los servicios sanitarios en el país, afectando a un sin número de personas en su derecho humano de acceso al agua, y al saneamiento. Casos como el de Aguas Chañar en la Región de Atacama, la cual ha tenido reiterados eventos que afectan la continuidad del servicio, y el de Essal en la comuna de Osorno son muestra clara de que existen situaciones en que la institucionalidad pública y privada no está dando los resultados esperados. En este último caso, la falta de medidas idóneas para prevenir la contaminación de las aguas con hidrocarburos afectó de tal manera la continuidad y calidad del servicio que tuvo que suspenderse, incurriendo la empresa, además, en incumplimientos del plan de emergencia y de la entrega de información oportuna a la Superintendencia.

c.De esta manera, la legislación debe avanzar hacia mayores exigencias de las concesionarias que se dedican a una actividad que fue calificada de interés público por el legislador, atendida su trascendencia en el diario vivir de las personas, lo que justifica una intervención regulatoria de mayor intensidad que la establecida en el siglo pasado. En efecto, la legislación debe resguardar de mejor manera la seguridad en la provisión de los servicios, evitando situaciones como el vertimiento de petróleo en las labores de producción de agua ocurrido en Osorno, que obligó a la suspensión inmediata del servicio, dejando a toda una comunidad sin el acceso al vital recurso.

d.Asimismo, las multas que originalmente inspiraron al sistema resultan no ser completamente disuasivas para evitar incumplimientos de las concesionarias, motivo por el cual debe establecerse un mayor rango de apreciación para la Administración al aplicarlas, de tal manera de generar que las sanitarias aumenten la inversión necesaria para evitar incumplimientos.

e.Finalmente, la necesidad de elevar los estándares de las concesionarias requiere que se especifiquen de mejor manera las causales de caducidad, estableciendo supuestos claros en los cuales se deberá proceder a dejar sin efecto una concesión por afectar gravemente el interés público. El presente proyecto estima que aquellas causales deberían ser: la contaminación de las aguas con componentes que puedan afectar la salud de las personas; el incumplimiento del plan de emergencia ante la suspensión del servicio; y la falta de entrega de información oportuna y fidedigna a la autoridad en estos casos.

III.Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz ampliar las causales de caducidad de las concesiones de servicios sanitarios, aumentar las multas aplicables, y las obligaciones de las concesionarias.

IV.Contenido del proyecto de ley

a.Agrega como causales de caducidad de la concesión la contaminación de las aguas producidas por negligencia de la concesionaria, el incumplimiento del plan de emergencia ante la suspensión del servicio, y la reiterada falta de entrega de información oportuna y fidedigna a la autoridad en estos casos.

b.Aumenta el monto de las multas que pueden ser aplicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios por infracciones e incumplimientos relacionados con la concesión sanitaria, según el siguiente detalle:

i.Se reemplaza el tramo actual de 1 a 50 UTA por 10 a 100 UTA en caso de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

ii.Se reemplaza el tramo actual de 51 a 1000 UTA por 101 a 2000 UTA en caso de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los usuarios de los servicios.

iii.Se reemplaza el tramo actual de 1 a 100 UTA por 10 a 200 UTA en caso de infracciones cometidas por los prestadores de servicios sanitarios, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos por la ley respecto de las concesiones a que se refiere el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

iv.Se reemplaza el tramo actual de 51 a 500 UTA por 101 a 1000 UTA en caso de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea; y al no cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63º, 64º, 65º, 66º, 67º y 70º del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.

v.Se reemplaza el tramo actual de 51 a 10.000 UTA por 200 a 15.000 UTA en caso de incumplimiento del programa de desarrollo a que se refiere el artículo 14º del decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.

vi.Se reemplaza el tramo actual de 51 a 1.000 UTA por 200 a 2.000 UTA en cuando se trate de la entrega o uso indebido de información privilegiada.

c.Especifica, a nivel legal, la obligación del concesionario de mantener un plan eficiente y eficaz de emergencia con la finalidad de atender situaciones de afectación de la continuidad y/o calidad del servicio, cuyo incumplimiento puede constituir causal de caducidad.

d.Establece que el programa de desarrollo debe contemplar obras de inversión destinadas a impedir la contaminación de las aguas con componentes susceptibles de afectar la vida y salud de las personas.

e.Incorpora un artículo transitorio por el cual las disposiciones de la ley regirán desde su publicación en el Diario Oficial y serán aplicables a todas las empresas concesionarias de servicios sanitarios, cualquiera sea su naturaleza jurídica o propiedad.

V.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto de ley modifica el D.F.L. Nº 382 del año 1988 en su Título II denominado “De las concesiones” con el objeto de incorporar obligaciones a las concesionarias, ampliando las causales de caducidad de las concesiones. También se modifica la Ley Nº 18.902 en su artículo 11 para aumentar las multas aplicables a las concesionarias de servicios sanitarios.

POR TANTO:

Las diputadas y diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo primero: Modifíquese el D.F.L. Nº 382 del año 1988 sobre Ley General de Servicios Sanitarios, en el siguiente sentido:

1.Agréguese las siguientes letras al artículo 26:

i.Letra d) nueva: “Por la contaminación de las aguas con componentes susceptibles de afectar la vida y salud de las personas, producida como consecuencia de negligencia de la concesionaria”.

ii.Letra e) nueva: “Por incumplimiento reiterado del plan de emergencia de conformidad a lo establecido en el artículo 35 bis”.

iii.Letra f) nueva: “Por la reiterada entrega de información falsa o manifiestamente errónea en casos de emergencia”.

2.Agréguese el siguiente artículo 35 bis: “Las concesionarias deberán contar con un procedimiento especial que permita con prontitud y en forma permanente atender las emergencias que afecten la calidad y continuidad de uno o cualquiera de los servicios públicos sanitarios, el cual deberá ser informado a la Superintendencia. El incumplimiento reiterado del plan de emergencia será considerado una causal de caducidad de conformidad al artículo 26, letra e)”.

3.En el artículo 53, letra k), agréguese el siguiente inciso segundo: “Con todo, el programa de desarrollo deberá contemplar obras de inversión destinadas a impedir la contaminación de las aguas con componentes susceptibles de afectar la vida y salud de las personas”.

Artículo segundo: Modifíquese la Ley N° 18.902 que crea la superintendencia de servicios sanitarios en el siguiente sentido:

1.En el artículo 11, letra a), reemplácese la frase “De una a cincuenta unidades tributarias anuales”, por “de diez a cien unidades tributarias anuales”.

2.En el artículo 11, letra b), reemplácese la frase “De cincuenta y una a mil unidades tributarias anuales” por “de ciento una a dos mil unidades tributarias anuales”.

3.En el artículo 11, letra c), reemplácese la frase “De una a cien unidades tributarias anuales” por “de diez a doscientas unidades tributarias anuales”.

4.En el artículo 11, letra d), reemplácese la frase “De cincuenta y una a quinientas unidades tributarias anuales” por “De ciento una a mil unidades tributarias anuales”.

5.En el artículo 11, letra e), reemplácese la frase “De cincuenta y una a diez mil unidades tributarias anuales, por “De doscientas a quince mil unidades tributarias anuales”.

6.En el artículo 11, letra f), reemplácese la frase “De cincuenta y una a mil unidades tributarias anuales” por “De doscientas a dos mil unidades tributarias anuales”.

Artículo transitorio: Las disposiciones de la presente ley regirán desde su publicación en el Diario Oficial y serán aplicables a todas las empresas concesionarias de servicios sanitarios, cualquiera sea su naturaleza jurídica o propiedad.

Diputados señores Mulet, Alinco; González, don Félix; Hernández; Núñez, don Daniel; Sabag; Velásquez, don Pedro, y Velásquez, don Esteban, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Sepúlveda, doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alinco, Calisto y Mulet, y de la diputada señora Álvarez, doña Jenny, que “Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para autorizar el endoso del billete de pasaje en los contratos de transporte de pasajeros que indica” Boletín N° 12825-15

1.FUNDAMENTOS

Chile, una larga y angosta faja de tierra que se extiende por más de 4.000 kilómetros de largo y alberga a 17 millones de habitantes, es diverso en cultura, clima, geografía y conectividad. Para unir a quienes habitamos en este país, es necesario el continuo traslado de personas por distintos medios de transporte, ya sean éstos terrestres, marítimos o aéreos.

Los avances tecnológicos, la mayor disponibilidad de recorridos, la disminución de los costos y las mejoras en conectividad, han permitido que cada vez mayor cantidad de personas tengan acceso a los viajes, no tan sólo por placer o vacaciones, sino que también para desempeñarse laboralmente, por estudios o por motivos de salud.

Sin embargo, las regulaciones que existen actualmente en materia de transporte no son suficientes, ya que hasta ahora impiden que, por ejemplo, una persona que compró un pasaje para sí, pueda transferirlo a otra persona, en caso que no pueda o no desee utilizarlo.

Ello resulta a todas luces injusto, porque el adquirir un boleto o pasaje para un medio de transporte, genera un derecho para su titular que es de disponer de ese pasaje lo que, en la práctica, se les niega por parte de las empresas, principalmente navieras y de transporte aéreo, estableciendo arbitrariamente que se trata de pasajes nominativos.

En Perú, la Ley Nº 29.571, publicada en 2010, que contiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece en su artículo 66.7 que “los consumidores del servicio de transporte nacional en cualquier modalidad, pueden endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido, a favor de otro consumidor plenamente identificado o postergar la realización del servicio en las mismas condiciones pactadas, pudiendo ser considerado como parte de pago según lo pactado”[1].

La Constitución Política de 1980 establece en su artículo 19 numeral 24 que se asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades del dominio”. Es un atributo esencial del dominio disponer de las cosas, tanto material como jurídicamente, lo que implica incluso ceder, transferir o destruir el objeto de la propiedad.

Por ello resulta ilógico que se establezca una disposición legal sobre los pasajes que impida la transferencia de éstos, ya que las limitaciones a la propiedad sólo pueden ser establecidas a través de la figura de expropiación. Además, la eventual transferencia de un pasaje sólo será posible en la medida que la persona a quien se le endose un pasaje desee aceptar las mismas condiciones que contrató el titular del pasaje, esto es, la misma fecha, horario, destino, trayecto, asiento, etc.

El endoso permitirá que, por ejemplo, una persona pueda ceder su pasaje a otra que lo requiera en caso de fuerza mayor, como el fallecimiento de un familiar, por motivos de urgencia médica, o por cualquier necesidad. En localidades más aisladas y con menor frecuencia de viajes, como la región de Aysén, ello puede servir incluso para salvar vidas.

También podrán ser endosados a personas que no se encuentren en situación de urgencia, pero que asuman las condiciones del pasaje que aceptó el titular en la compra. En el caso de una tarifa diversa, como puede ser que el pasaje haya sido adquirido con tarifa rebajada (niños, adulto mayor, etc.), el endosatario deberá asumir la diferencia en el costo del pasaje si no cumple con la condición que le da acceso a la rebaja. Asimismo, se contempla que el endoso de pasajes sólo lo puede realizar cada persona por una sola vez al día en cada tramo, para evitar la compra de pasajes con fines especulativos o lucrativos.

Por último, se responsabiliza a la empresa de transporte para que mantenga actualizado al momento del embarque, el listado de pasajeros que van en cada uno de los viajes y se les asigna la obligatoriedad de incluir un espacio en los pasajes para estampar el endoso, para que quede registro en el mismo pasaje. Ello será de utilidad para los traslados con empresas de transporte más pequeñas que no tengan sistematizados o digitalizados los viajes o pasajes.

2.IDEA MATRIZ

Reconocer el derecho de los consumidores que contraten un servicio de transporte de pasajeros, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, a transferir el pasaje mediante endoso a otra persona, de manera que, ante un impedimento del titular de un pasaje para hacer uso de él, pueda otra persona utilizarlo, sin más limitaciones que estampar el endoso respectivo en el pasaje. Asimismo, refuerza la responsabilidad de las empresas de transporte de pasajeros, de mantener el registro actualizado de las personas que utilizan los servicios y de emitir pasajes con un espacio adecuado para realizar el endoso del documento.

3. LEY AFECTADA POR EL PROYECTO

El transporte marítimo es considerado un acto de comercio por estar señalado en el artículo 3º números 15 y 16 del Código de Comercio. El transporte aéreo es comercial porque se asimila al transporte marítimo y a falta de reglas especiales se regula por las normas de aquél. Por su parte, el transporte terrestre adquiere el carácter de acto de comercio, para el porteador, cuando ejercita la actividad de conducir personas o mercaderías ajenas estando organizado como una empresa de transporte.

Estas distinciones son importantes, puesto que el artículo 2° de la ley 19.496 sobre Derechos de los Consumidores, establece que quedan sujetos a la aplicación de dicha ley “a) Los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor”.

Es por ello, que siendo aplicable la ley 19.496 a todas las modalidades de contrato de transporte, la presente moción busca introducir una modificación en el artículo 23 de la citada ley, que permita a las personas que sean titulares de un pasaje, billete o boleto de transporte, el poder endosarlo y transferir los derechos que tiene sobre el documento, a una tercera persona, que por el acto mismo del endoso se legitima como nuevo titular del boleto y puede hacer uso de éste.

Actualmente, el artículo 23 de la ley del consumidor establece sanciones específicas a ciertos proveedores y, particularmente el inciso segundo en su parte final, se refiere a la venta de sobrecupos en los servicios de transporte de pasajeros.

La incorporación de un nuevo artículo 23 bis es coherente con la referencia a los servicios de transporte, ya que por una parte la modificación propuesta busca garantizar que las empresas se responsabilicen por la emisión de pasajes endosables y, por otro lado, que los registros de pasajeros se mantengan actualizados independiente de la cantidad de pasajes endosados que existan.

Por las razones anteriores es que los H. Diputados abajo firmantes, venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Modifíquese la ley N° 19.496 que Establece Normas sobre Protección a los Consumidores en los siguientes términos:

Artículo Primero: Incorpórese un nuevo artículo 23 bis del siguiente tenor:

“Artículo 23 bis.- Los consumidores del servicio de transporte público o privado de pasajeros, en cualquier modalidad, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, pueden endosar o transferir la titularidad del pasaje adquirido, a favor de otra persona natural, en las mismas condiciones pactadas, asumiendo esta última únicamente los costos por cambio de tarifa, si procediere.

Para dichos efectos, las empresas de transporte deberán incluir en los boletos o pasajes, un apartado especial para estampar el endoso y deberán mantener actualizados los registros de pasajeros hasta el momento del embarque.

Cada persona podrá endosar sólo un pasaje por tramo al día.”.

Diputados señores Alinco, Calisto y Mulet, y de la diputada señora Álvarez, doña Jenny