Labor Parlamentaria

-Nota del diputado señor Longton por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 16 de agosto de 2019, para dirigirse a Argentina.

-Nota del diputado señor Carter , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 14 de agosto de 2019 a partir de las 14:30 horas, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha.

-Nota del diputado señor Álvarez, don Sebastián , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 20 de agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esta fecha.

-Nota del diputado señor Molina , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 20 de agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esta fecha.

-Nota del diputado señor Sabag , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 20 de agosto de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esta fecha.

-Nota de la Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Rathgeb y la diputada señora Del Real asumirán los cargos de Jefe y SubJefe de Bancada, respectivamente.

- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Teillier , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 14 de agosto de 2019, por impedimento grave.

-Comunicación del diputado señor Ramírez , quién, de conformidad con el artículo 197 bis del Código del Trabajo, hará uso del permiso postnatal parental, por un (1) día, el 14 de agosto de 2019.

-Comunicación del diputado señor Ramírez , quién de conformidad con el Artículo 197 bis del Código del Trabajo, hará uso del permiso postnatal parental por un plazo de un (1) día, el 20 de agosto de 2019.

-Comunicación del diputado señor Sanhueza , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la participación en una actividad oficial con el Presidente de la República, el día de hoy, 20 de agosto de 2019.

XI.PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor AUTH (Vicepresidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Pepe Auth y con la asistencia de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Boris Barrera , Ricardo Celis , Luciano Cruz-Coke , Félix González , Diego Ibáñez , Manuel Monsalve , Jorge Rathgeb , Luis Rocafull , Alexis Sepúlveda , Osvaldo Urrutia , Daniel Verdessi y Pablo Vidal , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Incorporar en el segundo lugar la tabla del Orden del Día de la sesión de hoy el proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal (boletín N° 12575-07) y fijar un tiempo de cinco minutos para la intervención de cada uno de los diputados y diputadas que se inscriban.

2.- Fijar las 20.00 horas del día de hoy como plazo para solicitar votación separada en el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria (boletín N° 12043-05).

3.- Extender hasta el 12 de septiembre el plazo para que la Comisión de Minería y Energía despache el segundo informe reglamentario del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en lo relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos (boletines refundidos Nos 12440-08, 12444-08, 12445-08, 12448-05, 12522-08, 12577-08 y 12597-08).

4.- Incorporar con preferencia y sin discusión en la sesión del día de hoy el proyecto de resolución N° 704, mediante el cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República que, junto al ministro de Hacienda, estudie una modificación a la ley de impuesto a la renta, con el fin de que los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad no se consideren renta para efectos tributarios y no paguen impuestos.

5.- Posponer el homenaje al Club Deportivo Santiago Wanderers con motivo de su 127° aniversario, para una fecha que se informará oportunamente.

6.- Remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en calidad de comisión técnica, el proyecto de ley sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica (boletín N° 12487-05).

Por último, se va a citar a reunión de Comités a las 12.00 horas para considerar la forma en que se va a tramitar el proyecto sobre reforma tributaria mañana y el próximo jueves.

-o-

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, me quise inscribir en la discusión del primer proyecto de la tabla, pero la inscripción aparece cerrada.

Quiero saber en qué momento se tomó el acuerdo de cerrar el debate del primer proyecto de la tabla, porque, por lo menos, no está en los acuerdos de los Comités que se acaban de leer. No sé en qué momento se tomó ese acuerdo, pero -insisto- la inscripción hace poco rato estaba abierta y ahora está cerrada.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Señor diputado, el acuerdo de cerrar la inscripción fue tomado hace varias semanas, con ocasión del inicio de la discusión de dicho proyecto.

La inscripción estaba abierta por error del sistema informático, pero insisto en que hay un acuerdo muy anterior que cerró la inscripción.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, no tengo constancia de que en alguna reunión de Comités se haya decidido, por ejemplo, que puedan hablar diez diputados de Renovación Nacional y que de otros partidos, como el Partido por la Democracia o el Partido Radical, no pueda hablar ninguno. No tengo constancia de que eso haya sido decidido.

A mi juicio, lo que corresponde es que la inscripción se mantenga abierta. A veces aparece cerrada en el sistema solo para ordenar el tema, pero nosotros tenemos derecho a inscribirnos cuando nos parece el momento oportuno, y eso corresponde ahora.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputado Ascencio , el señor Secretario certifica que hubo un acuerdo expreso tomado por la Sala, que le será enviado oportunamente.

-o-

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Quiero excusar al Presidente de la Cámara de Diputados, señor Iván Flores , y a la Vicepresidenta, señora Loreto Carvajal , quienes se encuentran en Chillán celebrando el primer año de la creación de la Región de Ñuble y el natalicio del libertador Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo.

-o-

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Alinco .

RÉPLICA A IMPUTACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO)

SALUDO A DELEGACIÓN MARROQUÍ

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En la tribuna de honor se encuentra el secretario general de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, señor Najib El Khadi , y la excelentísima embajadora del Reino de Marruecos en nuestro país, señora Kenza El Ghali , a quienes saludamos afectuosamente.

¡Bienvenidos a la Cámara de Diputados!

-Aplausos.

-o-

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Honorable Sala, ¿quién de nosotros no se ha sentado en una silla de mimbre? ¿Quién de nosotros no ha compartido un almuerzo con su familia en una mesa de mimbre?

Hoy nos visita una delegación de artesanas y artesanos del mimbre de la Región de O’Higgins, mujeres y hombres que han preservado este oficio que tantas veces ha estado en riesgo de desaparecer, pero que hoy buscamos proteger, difundir y fomentar, porque es parte de nuestra cultura, del patrimonio nacional, del patrimonio vivo de una tradición que se resiste a morir en manos del mercado o de la transculturación.

Vaya un saludo cariñoso y unánime de la Cámara de Diputados a los artistas del mimbre, que han sido invitados por el diputado Cosme Mellado .

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Este aplauso refleja el agradecimiento de la sociedad chilena a la preservación y cultivo de esta tradición tan importante para nuestra identidad nacional.

Aprovecho la oportunidad de invitar a los colegas a participar en el homenaje que se realizará en los próximos minutos en el hall El Pensador, que consistirá en una demostración de cómo se trabaja el mimbre, que es un verdadero arte.

¡Muchas gracias por venir a la Cámara de Diputados!

-Aplausos.

HOMENAJE A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES QUE REPRESENTARON A CHILE EN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

En primer lugar, dejo con la palabra al exatleta y actual diputado de la República, señor Sebastián Keitel .

-Aplausos.

-Aplausos.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez por un punto de Reglamento.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, este es un sorteo, y sin duda se inscribieron muchos. Somos muchos los que queremos decirles “gracias” a los deportistas. Pero fueron cinco los elegidos y los cinco hombres. Sería muy bueno para el hemiciclo que en eso también hubiese equidad.

Gracias a un diputado de la derecha, del oficialismo, pudo hablar una mujer deportista.

Por lo tanto, el homenaje es también a la ministra y a las mujeres que compitieron.

Muchas gracias.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Con la intervención del diputado Ricardo Celis concluye nuestro homenaje al mundo del deporte y, en particular, a los deportistas. Detrás de cada uno de los deportistas aquí presentes hay una historia de resiliencia, de esfuerzo personal, propio y de su familia.

Reciban, entonces, nuestro caluroso aplauso por sus éxitos, presentes y futuros.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín y González, don Félix, y de la diputada señora Ossandón, que “Modifica la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, para prohibir la celebración del contrato de cuenta corriente con personas insolventes o que no cuenten con el respaldo financiero suficiente, y limitar el monto de la línea de crédito asociada” Boletín N° 12852-03

Visto.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

El fenómeno del sobreendeudamiento es una realidad inexorable en el Chile actual. La deuda familiar, manifestada en deudas educacionales con el CAE, deudas de vivienda con los créditos hipotecarios y deudas de consumo mediante crédito bancario y de retail.

Las cuentas corrientes son el instrumento bancario más expandido en la clase media, siendo también un mecanismo de deuda bancaria a través de la línea de crédito que se activa junto con el contrato de cuenta corriente. Este fenómeno de co-contratación de cuentas corrientes junto con líneas de crédito produce, entonces, un espacio para el sobreendeudamiento para personas que abren secuencialmente cuentas bancarias.

Por eso, proponemos radicar en la Banca la obligación de evaluar al futuro cuentacorrentista y no abrir cuentas a personas insolventes. Del mismo modo, la línea de crédito anexa no podrá exceder el doble de los montos acreditados. Respecto de los instrumentos para acreditar la solvencia previa a la apertura de la cuenta, dejamos este aspecto abierto a una regulación general o bien a una particularización de mecanismos de acreditación. Dicho debate, esperamos, se de al fragor de la discusión en particular de este proyecto.

Así las cosas, venimos a presentar el siguiente Proyecto de Ley:

Proyecto de Ley.-

Artículo Único: Para modificar en el Artículo 1° del D.F.L. n° 707 de 1982 del Ministerio de Justicia, incorporando un nuevo inciso segundo, tercero y cuarto, el actual inciso segundo pasando a ser inciso quinto y así sucesivamente a dicho cuerpo legal, en los siguientes términos:

“Respecto de las personas naturales que, al momento de la suscripción del contrato de cuenta corriente y estipulación del crédito a la cual ésta pueda ir asociada, los Bancos e instituciones financieras deberán verificar la solvencia del suscribiente.

Se prohíbe celebrar este tipo de contratos con aquellas personas que no acrediten ingresos o que no contaren con las garantías reales o personales suficientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, bajo pena de nulidad del mismo.

Tratándose de las personas que acrediten ingresos, la línea de crédito asociada a la cuenta corriente, no podrá otorgarse por un monto que exceda al doble de dichos ingresos”

Diputados señores Garín y González, don Félix, y de la diputada señora Ossandón

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Juan, y Prieto, que “Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de renovación de licencias de conducir profesionales de las clases A-1 o A-2, en el caso que indica” Boletín N° 12853-15

I. IDEAS GENERALES:

El año 1997 se introduce una importante reforma a la ley de tránsito que buscaba reconocer la importancia que -por años- han tenido los conductores profesionales en el desarrollo de nuestro país y en la conectividad del mismo, principalmente a través del transporte de pasajeros. Dicha reforma vino a normar los procesos de obtención de licencias profesionales de forma minuciosa, poniendo por delante los principios de seguridad vial, con el objeto de profesionalizar aún más la conducción y garantizar así vías y entornos seguros.

De esta forma, nuestra legislación cambia y se establecen mayores exigencias para la obtención de Licencias de conducir clase A-1 y A-2, permitiendo distinguirlas claramente de las licencias de conducir clase B. Así, se inicia un proceso de transformación profundo, cuyo punto de inicio estaría vinculado a las Escuelas de Conductores Profesionales, haciendo obligatorio el curso de formación de estas para la obtención de licencias profesionales.

II. CONSIDERANDO:

1.Este proceso de “profesionalización” dejó un fuerte resabio en nuestra legislación actual que puede ser incluso, constitutivo de una discriminación arbitraria. En efecto el artículo 19 de la Ley de Tránsito señala en su inciso primero que “La licencia de conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señale la ley” y en su inciso cuarto agrega “El titular de una licencia Clase A-1 o A-2, obtenidas antes del 8 de marzo de 1997 deberá acreditar, cada 4 años, que cumple con los requisitos exigidos en los números 1, 2 y 4 del inciso primero del artículo 13, con excepción de los conocimientos prácticos”.

2.Lo anterior, en principio se condecía con el artículo 2° transitorio[1] que contemplaba el proyecto de reforma de la Ley N.º 18,290 el que buscaba permitir que este proceso de profesionalización se desarrollara de manera ordenada y paulatina, a fin de evitar que se produzcan distorsiones en el mercado laboral que puedan afectar el normal desenvolvimiento del sector. Para ello se disponía que los conductores que poseían licencias clase A-1 y A-2 pudieren optar, al renovar su licencia, a continuar con los procedimientos de control que establecía la ley vigente en aquel entonces o incorporarse al nuevo proceso, en cuyo caso no necesitarán renovar dicha licencia cada dos años.

3.Sin embargo, dicha disposición no pasó al texto definitivo de la ley, por lo que quienes obtuvieron licencia de conducir clase A-1 o A-2 con anterioridad a la reforma de 1997, no pudieron adecuarse a la normativa actual, y por consiguiente están soportando un régimen más gravoso que les significa someterse a una evaluación cada cuatro años, en condiciones que no se le exige a ningún otro tipo de licencias de conducir, sean o no profesionales.

4.Así las cosas, con esto sólo se ha sancionado la experiencia, y de forma muy grave. Debe tenerse presente que al rededor del 70% de quienes se someten a dicha acreditación no logra superar la misma. Ello trae repercusiones en diversos ámbitos,

5.Para optar a la Licencia Profesional será necesario, sin perjuicio de cumplir con otros requisitos, aprobar cursos impartidos por Escuelas de Conductores Profesionales, autorizadas mediante procesos de licitación pública, actuando el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como organismo contralor. En consecuencia, el proceso para obtener una Licencia Profesional comienza con el cumplimiento de lo señalado para, después, realizar el trámite de obtención del documento respectivo, en la Municipalidad. Por otra parte, el presente proyecto de ley incluye disposiciones destinadas a

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley elimina el inciso cuarto del artículo 19 de la ley N.º 18.290 de tránsito, y elimina la exigencia de acreditación para conductores profesionales con licencia clase A-1 o A-2 obtenidas con anterioridad al 8 de marzo de 1997.

III. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Elimínese en el inciso final del artículo 19 de la ley N.º 18.290 de tránsito, la siguiente expresión:

“, 2”

Diputados señores Fuenzalida, don Juan, y Prieto

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, don Juan; Gahona, Lavín, Moreira, Noman, Norambuena y Urrutia, don Osvaldo y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso, que “Modifica la ley N°14.908, Sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para incorporar como medida de apremio al alimentante deudor de pensión alimenticia, la negativa de renovación de cédula de identidad o pasaporte, en las condiciones que indica Boletín N° 12854-18

l. IDEAS GENERALES

El derecho de alimentos ha sido definido por nuestro Código Civil como "aquellas expensas que por ley se deben a otra persona para poder subsistir modestamente, conforme a su posición social". En base a lo anterior la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales han sostenido reiteradamente que el contenido del Derecho de alimentos es más amplio, debiendo comprender no sólo la alimentación, sino también la vestimenta, educación, salud y transporte.

En lo que refiere a la realidad nacional, solamente en el año 2017 se presentaron 148.087 demandas por pensiones de alimentos, según información obtenida del Poder Judicial. Conjuntamente, en ese mismo año se presentaron 70.696 demandas relativas al incumplimiento en el pago de esta pensión[1]. Lo anterior permite hacerse una idea general sobre el panorama nacional, donde, a pesar de las múltiples modificaciones que se han hecho a la ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones, tendientes a facilitar la persecución del crédito insoluto, los alimentantes incumplidores siguen representado un altísimo porcentaje. Lo anterior se explica principalmente porque, de todas las deudas que una persona pueda tener, probablemente la de alimentos es la que resulta menos gravosa, es decir, es la que menos consecuencias negativas trae aparejada ante su incumplimiento.

Lo anterior reviste especial gravedad puesto que la pensión alimenticia sede ante otro tipo de obligaciones económicas, -como lo son los créditos en casas comerciales u otras de similar naturaleza-, y se deja una pensión que reviste el carácter de asistencial, atendida su naturaleza. Así, gran parte de niños, niñas, adolescentes, viven sólo con lo que uno de sus padres puede darles, afectando directamente las condiciones sociales y desarrollo en que crecerán.

II. CONSIDERANDO

1. Que, nuestra legislación -anteponiéndose al escenario de incumplimiento del pago de la pensión de alimentos-, contempla una serie de medidas cuya finalidad única es la obtención oportuna del pago de la pensión de alimentos. Así, existen diversas modalidades de pago, a saber: (i) retención de una suma de dinero por parte del empleador del alimentante, (ii) retención de devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República, (iii) Imputación de gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante a favor del alimentario para la satisfacción de necesidades permanentes, a la pensión de alimentos decretada, (iv) constitución de un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, (v) retención de indemnizaciones laborales.

2. Por otro lado, y con este mismo objetivo, la legislación contempla una serie de medidas que buscan compeler al alimentante moroso. Estas medidas de apremio son: (i) acción pauliana incidental, (ii) Apremio de arresto nocturno, (iii) Apremio de arresto diurno, (iv) Arraigo del deudor, (v) suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados, (vi) impedimento para el divorcio unilateral.

3. No obstante lo anterior, el nivel de incumplimiento de las pensiones alimenticias es altísimo, y si bien existe un catálogo amplio de medidas auxiliares del acreedor, ninguna es por sí misma lo suficientemente fuerte para alcanzar dicho objetivo. En efecto, como se ha señalado anteriormente, estamos en presencia de un derecho de carácter asistencial básico que se encuentra ligado directamente con la posibilidad de supervivencia del alimentario y que ha llevado incluso a algunos sectores de la doctrina nacional a considerarlo como un derecho fundamental que, como tal, merece preferencia absoluta para su pago debiendo constituir una obligación prioritaria para todo alimentante.

4. Sin embargo, lo anterior no ocurre siendo necesario una vez más perfeccionar el catálogo de medidas de apremio. En este sentido, resulta útil revisar legislación comparada, con el objeto de analizar las diversas soluciones a las que han arribado los ordenamientos jurídicos extranjeros, a la luz de la legislación nacional, sus principios y la operatividad del sistema chileno. De esta forma, la legislación de Estados Unidos en lo que refiere a child support, contempla un importante catálogo de apremios y medidas compulsivas que han de aplicarse a aquellos alimentantes que se han constituido en mora. Si bien, gran parte de éstas medidas están recogidas en nuestra legislación o son asimilables a alguna de ellas, destaca la prohibición de renovación de pasaporte.

5. En efecto, aquella medida es perfectamente aplicable a nuestra legislación, siendo incluso ampliable a la prohibición de renovar la cédula de identidad. Lo anterior, por cuanto como se ha expresado anteriormente, las medidas de apremio deben ser lo suficientemente fuertes para que sean conducentes a la consecución de un fin.

6. Por su parte, es importante destacar que la cédula de identidad que se encuentra vencida es útil por sí misma para acreditar la identidad de una persona, pero podrá ser considerada inválida para la realización de una multiplicidad de trámites, razón por la cual se estima resultará útil para obtener el cumplimiento de deudores morosos. Por otro lado, la prohibición de renovación de pasaporte constituye una suerte de antesala del apremio de arraigo, o bien una medida complementaria a la misma, que no permitirá hacer abandono del país a aquellas personas que adeuden alimentos.

7. Por tanto, el presente proyecto de ley busca agregar dentro del artículo 16 de la ley 14.908, una nueva medida de apremio que podrán solicitar las partes interesadas al juez competente, consistente en la prohibición de renovar la cédula nacional de identidad y/o el pasaporte, con el objeto de obtener el cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias por parte de deudores morosos.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto de ley agrega un nuevo numeral 3° dentro del artículo 16 de la ley N.O 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones, entregando a las partes interesadas la posibilidad de solicitar al juez de familia la aplicación de la medida consistente en la prohibición de renovar la cédula nacional de identidad y/o el pasaporte del alimentante moroso.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Agréguese un nuevo numeral 3° dentro del artículo 16 de la ley N.o 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, de acuerdo al siguiente texto:

3. Prohibirá la renovación de la cédula nacional de identidad y/o el pasaporte, por un plazo de hasta un año, prorrogable hasta por igual período si el alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará desde que se ponga en conocimiento de la medida al Registro Civil.

Diputados señores Fuenzalida, don Juan; Gahona, Lavín, Moreira, Noman, Norambuena y Urrutia, don Osvaldo y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Torrealba, que “Modifica el Código Penal, para incorporar a las calles y parques de uso público, entre los lugares en que constituye una falta el arrojar basura, cigarrillos, colillas y otros desechos, y sancionar la reincidencia con trabajo comunitario” Boletín N° 12855-12

CONSIDERACIONES

Según el estudio Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe publicado en 2018[1], cada latinoamericano genera un kilo de basura al día y la región en su conjunto, unas 541.000 toneladas, lo que representa alrededor de un 10% de la basura mundial.

Según la ONU[2], en cuanto a los residuos que genera cada persona, América Latina está en un promedio de un kilogramo por habitante y día y estaría por debajo de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tienen una tasa más alta, y está por encima de otras regiones, como por ejemplo África.

Numerosos han sido los esfuerzos, para contribuir a la disminución de las externalidades negativas asociadas a la basura y residuos en espacios púbicos. En diciembre de 2018, tras 6 años de tramitación fue publicada la Ley N° 21.123 qué Modifica Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de río, lagos y parques nacionales, estableciendo como sanción a su infracción multas a beneficio Fiscal que van entre las 1 y las 4 UTM; que es fruto de un proyecto de ley, presentado el año 2012 por los Senadores Prokurica, Novoa, Larraín, Coloma y Horvath.

Dicha iniciativa se origina en la necesidad de “sancionar un mal hábito individual que repercute y ocasiona un daño a la comunidad en general y a la sociedad al vulnerar el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente limpio en dentro de un bien público que se encuentra bajo administración del Estado”[3]

Similares consideraciones, se han planteado en ámbito local, donde cabe destacar el Decreto ALC. SECC 1° N° 7265 de fecha 18 de octubre de 2018, emitido por la Municipalidad de las Condes que en artículo 2° prohíbe “botar cigarrillos, colillas, envoltorios, fósforos, encendedores y demás elementos asociados a dicha actividad”[4]

Finalmente, cabe destacar, la iniciativa presentada el año 2016 por un grupo transversal de Diputados, liderados por la H. Diputada Marcela Hernando que pretende Modificar la Ley N° 19.419, que Regula actividades que indica relacionadas con el tabaco, para establecer exigencias en relación con las colillas y los filtros de los cigarros (Boletín 10.672-11), en cuyos considerandos se señala que “Hoy en día las colillas de cigarro son el principal residuo que contamina diversas áreas, se estima que a nivel mundial se fuman cerca de 5,6 billones de cigarrillos al año, una sola colilla puede contaminar 8 litros de agua según los estudios publicados por la revista médica “British medical jornal”, además se estableció que las colillas de cigarro resultan ser perjudiciales para un ecosistema marino, en aquella oportunidad el experimento realizado utilizo diferentes tipos de colillas desechadas para comprobar si lo dañino era solo la colilla o los restos que contenía el cigarro, la conclusión fue que las colillas de los cigarrillos con residuos de tabaco y las colillas sin residuos son altamente contaminantes.”[5]

Actualmente se estima que, de los 6 billones de cigarrillos, 4,5 son arrojados al medio ambiente con una gravísima repercusión en las calles, parques, ríos, bosques, praderas, y en el mar.

Así, los restos de cigarrillos constituirían “la primera fuente de basura mundial, por delante de los envases de alimentos, botellas y bolsas de plástico.” Según el artículo de revisión “Contaminación ambiental por colillas de tabaco. El tabaco de cuarta mano”[6], del Dr. José Ignacio de Granda-Orive, neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

IDEA MATRIZ DEL PROYECTO

En razón de lo anteriormente expuesto, este proyecto de ley, pretende perfeccionar la redacción del actual Numeral 3° del artículo 494 del Código Penal, estableciendo como falta el ensuciar, arrojar o abandonar basura, cigarrillos, colillas, materiales o desechos de cualquier índole en las calles y parques de uso público, estableciendo como pena accesoria, la sanción de trabajos comunitarios realizados en la zona afectada por un plazo mínimo de 15 días en caso de reincidencia.

Por las consideraciones que se han expuesto previamente, los H. Diputados que suscribimos, venimos en proponer a esta Honorable Cámara, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1 Único: Reemplácese el numeral 3° del artículo 494 del Código Penal, el siguiente:

"3°. El que ensuciare, arrojare o abandonare basura, cigarrillos, colillas, materiales o desechos de cualquier índole en calles y parque de uso público, así como en playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial. En caso de reincidencia se establecerá como pena accesoria la realización de trabajos en favor de la comunidad de la zona afectada por un plazo mínimo de 15 días”

Diputado señor Torrealba

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores García, Desbordes; Mellado, don Miguel; Paulsen, Rathgeb, Rey; Santana, don Alejandro, y Schalper, y de las diputadas señoras Luck y Olivera, que “Modifica la ley N°20.433 que Crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, para eliminar la prohibición de emitir publicidad o propaganda electoral o política” Boletín N° 12856-15

Antecedentes

En Chile existen tres tipos de concesiones radiales: las AM -con aproximadamente 175 emisoras, las FM -con aproximadamente 1436 emisoras-y cerca de 390 radios comunitarias ciudadanas, anteriormente llamadas radios de mínima cobertura. Estas tienen la particularidad de ofrecer una programación radial en un radio muy reducido, normalmente comunal, y con transmisores de muy baja potencia.[1]

En tal sentido, las radios comunitarias aparecen con gran ímpetu durante la década de los 80, asociadas a todas aquellas organizaciones o particulares, que intentaban entregar un mensaje de diversa índole a un radio ciudadano que no era considerado por las grandes señales radiales. Estas radios, a la fecha ya cuentan con una organización central que es la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, 'ANARCICH [2] donde podemos observar un funcionamiento cada vez mas regulado, debido al la importancia en la prestación de este servicio, sobre todo para aquellas localidades más alejadas.

Las materias que son generalmente utilizadas o tratadas en las radios comunitarias principalmente dicen relación con temas locales, generando entre los auditores una información constante en cuanto al funcionamiento de su sector, sin embargo, existen lugares de nuestro país, donde las radios comunitarias no solo generar información localizada, sino que son el medio de difusión para enterarse de lo acontecido a nivel regional y nacional.

En tal sentido, este proyecto tiene por objeto hacerse cargo de aquella prohibición que les asiste de emitir propaganda electoral o política, afectando gravemente a la ciudadanía respecto a su derecho fundamental de mantenerse informado y la vez, porque restringue a las radios comunitarias de poder obtener mejores recursos, a través de dicha publicidad, sobre todo en época de campañas políticas.

Finalmente y en consideración a la importancia que juegan las radios comunitarias para todo nuestro país, pero en especial para aquellos lugares alejados y aislados, es que creemos fundamental regular este aspecto, no solo por un tema de mejorar las oportunidades de obtener recursos por parte de este tipo de radios, sino por un tema aún más importante, como es el derecho a obtener todo tipo de información.

Idea matriz

El siguiente proyecto de ley tiene por objeto modificar la Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, en el sentido de modificar la manera en que estas pueden prestar sus servicios y eliminar derechamente, la prohibición de emitir propaganda electoral y política. Todo ello, en vista de la afectación al derecho fundamental sobre el acceso a la información y por supuesto, por la desventaja económica que genera frente a las grandes señales radiales.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Modificase el artículo 13, de la Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, de la siguiente forma:

l. Sustitúyase en el inciso primero, la expresión "menciones comerciales o de servicios" por la siguiente frase:

"todo tipo de publicidad"

2. Eliminase en el inciso primero, la siguiente frase:

"En ningún caso podrá emitir propaganda electoral o política."

Diputados señores García, Desbordes; Mellado, don Miguel; Paulsen, Rathgeb, Rey; Santana, don Alejandro, y Schalper, y de las diputadas señoras Luck y Olivera

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Durán, don Jorge que “Modifica el Código Penal para incrementar la pena asignada al delito de usura y sancionar el cobro extorsivo o coactivo asociado al préstamo informal” Boletín N° 12857-07

FUNDAMENTOS y ANTECEDENTES

1. E/fenómeno de/ préstamo informa/o "gota a gota"

Los prestamistas "gota a gota" están presentes en gran parte de Latinoamérica. "Paga diario", "cuentagotas", "agiotistas" y "préstamos express" son los nombres más recurrentes en Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú. Este es un sistema de préstamo ilegal de dinero que se cobra con cuotas diarias o periódicas, que tiene plazos variables y con intereses que fluctúan entre el 10% hasta el 50%. No tiene requisitos para el que solicita y operan fuera de cualquier marco legal. Es operado por un grupo de personas que se estructuran para obtener el capital, captar al cliente (endeudado), efectuar las cobranzas y la intimidación en el caso de retraso o no pago.

El no estar bancarizado o presentar deudas impagas, así como la poca accesibilidad a la banca y préstamos regulados, junto a la necesidad de dinero inmediato, son las principales razones por las que los chilenos y la gente acude a servicios de préstamos informales, cuya oferta en muchas oportunidades es ejercida por personas y organizaciones "financistas" que recurren a métodos ilegales o derechamente criminales para obtener un retorno desmedido

En varias regiones del país el más común es el sistema del "gota a gota", que es bastante utilizado por comerciantes, quienes al verse afectados por un período económicamente difícil deciden aceptar este tipo de crédito.

Según cifras de la Confederación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF), en Chile hay 1.114 ferias y alrededor de 340.000 feriantes. Cerca del 70% de estas personas no cotizan en el Sistema Previsional ni tienen un contrato, según el catastro nacional hecho por Sercotec en 2016. Entonces, los feriantes, acuden a los prestamistas del "gota a gota" por la necesidad que enfrentan de obtener el capital económico diario o semanal para comprar la mercadería. El problema radica en que, por distinto factores, no siempre pueden pagar su cuota diaria, arriesgando así su integridad y que la deuda llegue a montos muy elevados cuando sus tratativas se han ejecutado con prestamistas informales.

La lista de delitos que rodea los préstamos informales es amplia, ya que en no pocos casos conlleva el lavado de dineros que son obtenidos de ilícitos como el tráfico de drogas. El dinamismo del movimiento de dinero, el miedo que tienen los endeudados a represalias y la complejidad de distinguir la participación de las personas en la organización del "gota a gota", son algunos argumentos que convierten a este sistema de préstamos informales en un hecho difícil de denunciar, haciéndose asimismo difícil la calificación de ilícita de las organizaciones que ejecutan esta conducta.

En todo Latinoamérica este fenómeno ha captado la atención pública. Recientemente, en Colombia, se puso de manifiesto las graves consecuencias que puede ocasionar, al conocerse el caso de una mujer que se suicidó junto a su hijo de 10 años tras sufrir la extorsión, violencia y amenaza de los cobradores a que había recurrido[1].

En síntesis, el préstamo informal del "gota a gota" es una situación ya conocida en nuestro país, para la cual nuestra legislación penal no responde de la manera adecuada debido a su anquilosada tipificación .

2. La antigua norma del artículo 472 del Código Penal y su incapacidad actual para dar cuenta del fenómeno del préstamo informal o "gota agota"

Desde 1947 se ha considerado a la usura, esto es, ofrecer dinero en préstamo a un interés superior al máximo legal convencional, como un hecho de carácter delictivo. Resulta interesante así, que un hecho que en principio se tiene como parte de las relaciones comerciales entre las personas sea castigado como un delito propiamente tal. Por ello debe afirmarse que el delito de usura sanciona, primero que todo, el incumplimiento de la ley número 18.010 que fija el interés máximo a cobrar en las operaciones de crédito[2].

En este punto, dada la época de dictación de la norma (posterior a la gran recesión económica de fines de la década de 1930) se buscó justamente sancionar la presencia de capitalistas y financistas extranjeros que incurrían en la usura y perjudicaban a personas y comerciantes chilenos. Para concluir aquello, si n desconocer el carácter antiguo de la sanción del anatocismo (ofrecer dinero a un préstamo usurero)[3], basta sólo con analizar la redacción de la norma introducida en 1947, que se mantiene incólume desde dicho año en el Código Penal:

"El que suministre valores, de cualquiera manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular, será castigado con presidio a reclusión menores en cualquiera de sus grados.

Condenado por usura un extranjero, será expulsado del país; y condenado como reincidente en delito de usura un nacionalizado, se le cancelará su nacionalización y se le expulsará del país.

En ambos casos la expulsión se hará después de cumplida la pena.

En la sustanciación y fallo de los procesos instruidos para la investigación de estos delitos, los Tribunales apreciarán la prueba en conciencia."

Como se ve, en la tipificación pena! se consideró el simple hecho de ofrecer préstamos para ser restituidos a un interés superior y excesivamente oneroso, abusando así de las necesidades de las personas (anatocismo) El tipo penal, por tanto, no da cuenta del actual fenómeno del préstamo informal que, sin dejar de ser un préstamo, va acompañado de prácticas violentas y extorsivas para su cobro. Esto es importante de destacar, puesto que sancionar la simple usura es menos complejo y grave que los préstamos informales. En las más de las veces, también, el préstamo informal concurre con los delitos de lavado de activos o asociación ilícita, que presentan una penalidad agravada y cuya sanción puede concurrir copulativamente según ciertas circunstancias.

En el tipo penal se incluyeron además elementos ajenos a la voluntad legislativa actual, como es la expulsión del condenado sólo tras el cumplimiento de la condena o la cancelación de la nacionalidad, lo que no se aviene con el derecho internacional y la política migratoria, que apuntan justamente a expulsar a los extranjeros condenados para que cumplan la pena en su país, abaratando así los gastos de mantención en Chile y eliminándolos de la red criminal nacional que muchas veces se reproduce en las mismas cárceles.

Por último, el inciso final del actual artículo 472 del Código Penal altera el estándar probatorio en materia penal, debido a que al momento de dictarse la norma se destacó la naturaleza civil del ilícito de usura, propia de los asuntos comerciales o contractuales, por lo que se permitía al juez razonar y sentenciar según tales parámetros ("en conciencia")

3. Contenido de lo propuesta: actualizar la tipificación del delito de usura contemplado en el artículo 472 del Código Penal para orientarla hacia el fenómeno del préstamo informal y agravar la pena asignada al mismo delito

De todo lo dicho anteriormente se colige la necesidad de actualizar la tipificación del delito, orientándolo hacia el fenómeno del préstamo informal. Para proponer aquello, se ha tenido en cuenta asimismo la experiencia comparada, que arroja que en otros países se ha avanzado hacia esta tipificación penal para poder hacerse cargo de este masivo fenómeno. Es el caso de Perú, que en 2017 realizó una aprobación legislativa sobre la materia para contemplar el "préstamo con extorsión" e incluirlo en el Código Penal de dicho país[4].

Se propone agravar la pena para el delito de usura, aplicándose una de presidio o reclusión menores en su grado medio a máximo (entre 541 días a 5 años).

En el caso específico del préstamo cuyo cobro es ejercido mediante amenazas o coacciones, se plantea aplicar el grado máximo de la pena, esto es, presidio o reclusión menores en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años)

Por último, se elimina la mención a la expulsión sólo tras el cumplimiento de la condena, la cancelación de nacionalidad y las alteraciones al onus probandi, en cuanto todos esos elementos se encuentran actualmente dispuestos en normas especiales y armónicas con la legislación penal.

IDEA MATRIZ

La presente iniciativa modifica el Código Penal con el objeto de actualizar la tipificación del delito de usura, orientándola hacia el hecho del "préstamo informal" y agravar las penas asignadas al mismo

NORMATIVA LEGAL VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Código Penal

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Reemplácese el artículo 472 del Código Penal, por uno nuevo, del siguiente tenor:

"El que suministre valores, de cualquier manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular, será castigado con presidio o reclusión menores en su grado medio a máximo.

Se castigará con el grado máximo de la pena señalada en el inciso anterior a aquel que, habiendo suministrado valores, de cualquier manera que sea, emplee amenazas, violencia, extorsión o coacciones para requerir su pago, así como a cualquier persona que, empleando dichos medios, ejerciere el cobro atribuyéndose representación del prestamista o suministrare los valores o medios para la comisión del delito."

Diputado señor Durán, don Jorge

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lavín, Alessandri,; Carter, Coloma; Fuenzalida, don Juan; Hernández, Morales, Moreira, Norambuena y Van Rysselberghe, que “Modifica la ley N°19.496 Sobre protección de los derechos de los consumidores, asignando de cargo del proveedor del crédito hipotecario, los gastos operacionales derivados de su repactación o renegociación” Boletín N° 12858-03

I. IDEAS GENERALES.

De acuerdo con la normativa vigente, un crédito o mutuo hipotecario es “un producto financiero en virtud del cual una parte denominada proveedor, entrega o se obliga a entregar una cantidad cierta de dinero a otra parte denominada consumidor, que se obliga a pagarla en cuotas y en un plazo determinado, incluyendo la suma de dinero que resulte de la aplicación de una tasa de interés establecida en el momento de su contratación, constituyendo una hipoteca sobre un inmueble, y cuya finalidad es la adquisición, construcción, ampliación o reparación de un inmueble o la libre disposición del dinero entregado por el proveedor.”

La funcionalidad de esta clase de contrato descansa en el hecho de que el deudor puede acceder a una mayor cantidad de dinero en préstamo de la que hubiera accedido sin la constitución de hipoteca, mientras que el acreedor ve garantizado el cumplimiento del pago de dicho crédito con el bien inmueble afecto por la hipoteca y los derechos que ésta le otorga, a saber, derecho de perseguir el inmueble en manos de quien se encuentre y pagarse preferentemente con el producido de la venta en pública subasta.

II. CONSIDERANDO.

1.Que, la constitución de un crédito hipotecario está asociada a una importante cantidad de gastos operacionales que son de cargo del deudor del crédito. Estos gastos son definidos como ”todas aquellas obligaciones de dinero, derivados de la contratación de un Crédito Hipotecario y devengados a favor del Proveedor, que no corresponden a tasa de interés ni a capital y que deben ser pagados por un Consumidor” y corresponden a:

•Tasación de la propiedad: Estudio que permite conocer el valor comercial de un bien inmueble que se hipotecará. Los honorarios que se cobran por la tasación oscilan entre 2 a 7 unidades de fomento según el valor de la propiedad[1].

•Servicios legales: Se comprenden los gastos asociados a la elaboración de un estudio de títulos y los honorarios de un abogado por la redacción del contrato de compraventa. Su valor oscila entre 0 y 8,5 Unidades de Fomento (UF).

•Gastos notariales: Honorarios o derechos del notario por la formalización del contrato de compraventa de un inmueble a través de la suscripción de escritura pública en una notaria. El valor de estos gastos oscila entre 1,3 y 7 UF.

•Impuesto de timbres y estampillas: Es un tributo que grava las operaciones de créditos hipotecarios en Chile. Si la compraventa corresponde a una vivienda social, se encuentra exenta de este impuesto. Por su parte, si la propiedad corresponde a DFL2, debe pagar el 0,2% respecto del total del crédito otorgado. Si la vivienda no corresponde a ninguna de las categorías anteriores, su porcentaje equivale a 0.8% respecto del total.

•Inscripción ante Conservador de Bienes Raíces: Derechos del Conservador de bienes raíces por la inscripción de la escritura pública dentro del registro de propiedad. Este gasto puede alcanzar valores de hasta 12 Unidades de Fomento.

2.Sin embargo, dichos gastos deben pagarse no sólo al momento de constituir el crédito hipotecario, sino que por cada renegociación o repactación del crédito. Lo anterior, a nuestro juicio, constituye un abuso, especialmente considerando que las personas que acuden a la repactación del crédito hipotecario lo hacen generalmente por verse agobiados ante la deuda, la que por diversas razones, se ha vuelto insostenible en dichas condiciones. Así las cosas, el principal beneficiado con los créditos hipotecarios, son los acreedores, es decir, bancos e instituciones financieras.

3.Lo anterior considerando especialmente el aumento del stock de créditos hipotecarios vigentes en nuestro país, existiendo alrededor de 1.553.675 créditos en el año 2018 según los datos manejados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras[2]. Ello ha repercutido directamente en el aumento del endeudamiento de los hogares chilenos, el que alcanzando su récord histórico[3] llegó al 71,1%, donde el 37,4% de los compromisos financieros de las familias corresponden a créditos hipotecarios.

4.En este contexto nace el presente proyecto de ley, que busca traspasar los gastos operacionales por repactación o renegociación del crédito hipotecario al proveedor del mismo, por razones de equidad o justicia.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley agrega un nuevo inciso 7 dentro del artículo 17 D de la ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, que establece que los gastos operacionales derivados de la renegociación de la deuda o la repactación del crédito serán de cargo del proveedor.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: agréguese un nuevo inciso 7° dentro del artículo 17D de la ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, pasando el actual 7° a 8° y así sucesivamente, de acuerdo al siguiente texto:

En los créditos caucionados con hipoteca específica, los gastos operacionales derivados de la repactación o renegociación de la deuda, serán de cargo del proveedor.

Diputados señores Lavín, Alessandri,; Carter, Coloma; Fuenzalida, don Juan; Hernández, Morales, Moreira, Norambuena y Van Rysselberghe

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lavín, Carter, Hernández, Morales, Noman, Rentería, Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock, que “Modifica la ley N°19.496 Sobre protección de los derechos de los consumidores, para sancionar con multa la infracción de las normas que regulan el servicio de estacionamiento de vehículos” Boletín N° 12859-03

I. IDEAS GENERALES.

La ley N.º 20.967 introdujo una serie de modificaciones a la Ley sobre protección de los derechos de los consumidores, a fin de normar el cobro que pueden hacer los proveedores de servicios de estacionamiento por el uso de estos. La reforma encontraba su fundamento principal en el hecho de que el Servicio Nacional de Consumidores, en el año 2012, había establecido la improcedencia de cobro de estacionamientos y baños en centros comerciales. Ello dado a que es la misma Ley General de Urbanismo y Construcciones la que establece la obligación para locales comerciales de contar con un número suficiente de estacionamientos para que pudieren ejercer su actividad. Por su parte, la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales había ya zanjado el asunto sosteniendo que los estacionamientos son parte integrante del servicio principal de la empresa, y que no sólo actúan como un factor de atracción para clientes, sino que son incluso el factor determinante del éxito económico de establecimientos comerciales de este tipo, razón por la cual no es procedente dividir o sostener que son elementos separados[1].

Así las cosas, la ley N.º 20.967 establece como principales reformas las siguientes: (i) Cobro de estacionamientos, ya sea en modalidad de tramos vencidos, sea por minutos; (ii) Responsabilidad civil del proveedor de servicio de estacionamientos, sea por robo, hurto o daños que se produjeren en vehículos; (iii) Ante la pérdida del ticket de estacionamiento, corresponderá al proveedor del servicio determinar el tiempo efectivo de utilización del servicio, debiendo cobrar solamente el precio o tarifa que correspondiere. Se prohíbe el cobro de tarifas prefijadas, multas o recargos.

Si bien, lo anterior demuestra que estamos ante una ley que desde su origen se demuestra pro intereses del consumidor, toda vez que buscaba poner fin a situaciones de abuso, la efectividad de la misma se ve mermada en la aplicación práctica de esta norma. En efecto, es común seguir viendo estacionamientos que establecen tarifas prefijadas por pérdidas de ticket, o que señalan la irresponsabilidad total del proveedor del servicio por daños, robos o hurtos. Si bien, toda esta clase de anuncios, carteles o declaraciones van explícitamente en contra del texto legal, teniendo como objetivo producir un engaño en el receptor del mensaje, la regulación legal no contempla sanciones para dichas acciones, por lo que el presente proyecto de ley busca hacer frente a tal situación.

II. CONSIDERANDO.

1.Que, uno de los principios rectores más importantes en materia de derecho de consumo, es el principio de transparencia del proveedor. Este principio tiene como finalidad la generación de condiciones para un consumo libre y confiado. Este principio queda recogido ampliamente en la ley 19.456 a través de diversas disposiciones diseminadas a lo largo del texto legal. A modo de ejemplo, es posible mencionar algunos artículos que lo consagran: artículo 1 N.º 2 consagra la categoría “información básica comercial”, el artículo 3 literal b) consagra en favor de consumidores el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos. El artículo 12 del mismo cuerpo legal consagra la obligación de proveedores de respetar los términos, condiciones y modalidades conforme las cuales se hubieren ofrecido o convenido con el consumidor la entrega de un bien o la prestación del servicio[2].

2.Que, las practicas aún sostenidas por proveedores de estacionamientos en orden a cobrar montos indebidos por pérdida de ticket o mantener avisos visibles mediante el cual se auto-exoneran de responsabilidad civil por robo, hurto o daños producidos al interior del establecimiento, no sólo son ilegales, sino que también contradicen y atentan contra los principios rectores de la legislación en materia de derechos del consumidor, especialmente el principio de transparencia del proveedor.

3.Por su parte, la ley del consumidor consagra un régimen general de responsabilidad que se desprende a partir de lo dispuesto en el artículo 3 letra e) el que señala la procedencia de la reparación e indemnización de todos los daños materiales y morales que pudiere sufrir un consumidor en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley. A su vez se establecen normas de carácter especial que contienen regímenes específicos de responsabilidad del proveedor con la aplicación de multas ante determinados supuestos de infracción del régimen legal aplicable[3].

4.Sin embargo, en lo que refiere a la normativa de cobro de estacionamientos, contenida en los artículos 15 A, 15 B y 15 C de la ley de protección de los derechos del consumidor, no se establecen sanciones expresas contra proveedores del servicio por incumplimiento a dichas normas, cuestión que ha permitido que en la práctica se favorezcan escenarios de impunidad ante prácticas que contravienen la ley.

5.En este sentido, el presente proyecto de ley busca establecer dichas sanciones, con el objeto de que las mismas sean un elemento disuasivo y favorezca la estricta observancia de las disposiciones contenidas en la ley. Lo anterior, por cierto, mirando al interés y protección de los derechos de los consumidores y la especial posición de desequilibrio en que se encuentran en relación al proveedor de un servicio.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley establece un nuevo artículo 15 D dentro de la ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, y establece sanciones a proveedores de servicios de estacionamiento que infrinjan lo dispuesto en los artículos precedentes, a saber, 15 A, 15 B y 15 C.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Introdúcese un nuevo artículo 15 D dentro de la ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, de acuerdo al siguiente texto:

“Cualquier infracción a lo dispuesto en los artículos 15 A, 15 B, 15 C, será sancionada con multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales.

En caso de haber sido sancionado con anterioridad por la misma infracción durante los últimos veinticuatro meses, contados desde que esté ejecutoriada la resolución o sentencia sancionatoria, se impondrá una multa de 20 a 30 Unidades Tributarias Mensuales.”

Diputados señores Lavín, Carter, Hernández, Morales, Noman, Rentería, Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe y Von Mühlenbrock

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Norambuena; Fuenzalida, don Juan; Gahona, Hernández, Morales, Moreira, Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Hoffmann, que “Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para prohibir la propaganda electoral gráfica en espacios públicos Boletín N° 12860-06

I. IDEAS GENERALES.

La relación que existe entre la democracia y los procesos eleccionarios es compleja, pero de vital importancia. Algunos autores sostienen que dicha vinculación es de carácter doble o recíproco. Por un lado, los procesos eleccionarios cimientan la certeza de que la representación política corresponde a la voluntad política del electorado expresada mediante el otro. En este sentido, las elecciones se convierten en un instrumentos técnico-jurídico que permiten garantizar la democracia. Por otro lado, la democracia y la representación forman el sustrato a partir del cual han de efectuarse las críticas y propuestas de mejora de los mecanismos electorales. Así las cosas, el reconocimiento del principio democrático es, entonces, una condición necesaria para que el derecho electoral se organice democráticamente, y esto, a su vez, es una condición sine qua non de la garantía de la democracia[1].

Por su parte, la creciente conciencia sobre la importancia del derecho electoral ha hecho avanzar a los distintos ordenamientos jurídicos en la obtención de una regulación lo más exhaustiva posible que no solamente consagre el derecho de los ciudadanos a participar en procesos eleccionarios, sino que también permita la institucionalización de los diversos actores, el aseguramiento de la debida independencia del proceso eleccionario, a fin de que este se desarrolle libre de toda presión o injerencia externa y garantice el aseguramiento de la libre competencia e igualdad de oportunidades de candidatos, dentro de una democracia pluripartidista[2].

Por su parte, y como consecuencia lógica de los nuevos estándares de transparencia y probidad que se le exigen a la función pública, el año 2016 se promulgó la Ley N° 20.900 que detallan las nuevas normas y procedimientos del financiamiento privado de la campaña política, dejando sin efecto el sistema de aportes directos a la cuenta bancaria del candidato, e instaurando un nuevo sistema de recepción de aportes. Cabe señalar además, que a partir de esta modificación sólo se permite los aportes de personas naturales y se prohíbe aportes de personas jurídicas[3].

II. CONSIDERANDO.

1.En lo que refiere a propagandas electorales, existe consenso entre los expertos en ubicar el nacimiento del marketing político, en la campaña desarrollada por el candidato republicano Dwigth Eisenhower en su camino a la presidencia de Estados Unidos en 1952. Luego, como una consecuencia inevitable de la creciente mediatización observada en el desarrollo de las contiendas electorales, la mercadotecnia política ha terminado por imponerse como el instrumento fundamental al que se ajustan las estrategias de campaña de los partidos políticos en los países democráticos.[4].

2.Nuestra legislación ha regulado exhaustivamente esta materia en la Ley N.º 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios a partir del artículo 30 y ss. La normativa es extensa y contempla una serie de exigencias y requisitos que han permitido mantener la campaña política estructurada, respetando los principios de igualdad de condiciones de los contendores políticos, probidad y transparencia. Por su parte, la infracción a dichas normas traen aparejadas multas y sanciones que se determinan luego de un proceso contencioso administrativo especial que lleva el Servicio Electoral.

3.A pesar de lo anterior, el Servicio Electoral -órgano al que le corresponde al fiscalización de procesos eleccionarios y campañas políticas- por razones de buen servicio, prepara manuales de acceso público que permiten sistematizar y aclarar la norma vigente. El objeto es acercar la regulación a todos los candidatos para que la propaganda política se mantenga dentro de lo permitido por la ley.

4.Sin embargo, con cada elección política que se desarrolla en el país, la crítica de la ciudadanía relativa a la propaganda electoral se acentúa. Las principales causas de rechazo se encuentran asociadas a la contaminación visual, el uso inapropiado de espacios públicos, y la importante cantidad de desperdicios que se generan y que no reciben un tratamiento adecuado, especialmente en tiempos que las exigencias de cuidado y respeto al medioambiente son mayores.

5.En este sentido, el presente proyecto de ley busca prohibir la instalación de gráfica publicitaria en espacios públicos, reservando este tipo de campaña electoral sólo para espacios privados. Lo anterior no significa en ningún caso la prohibición de entrega de volantes o panfletos, u otro tipo de utilización del espacio público en aras de la propaganda electoral. Tampoco se busca introducir modificaciones o limitaciones a la propaganda electoral que se da en medios masivos de comunicación, por cuanto son pilares fundamentales y tienen el mayor nivel de penetración.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley busca prohibir la propaganda publicitaria, por vía de gráfica, en espacios públicos. Para ello se introduce una modificación a la ley N.º 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, sustituyendo el inciso primero del artículo 32, y eliminando los incisos segundo, tercero y cuarto del mismo artículo.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Modifíquese el artículo 32 de la Ley N.º 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, de acuerdo al siguiente texto:

Inciso Primero: Sustitúyase el inciso primero por el siguiente: “No podrá efectuarse propaganda en espacios públicos mediante carteles, afiches, letreros, u otro tipo de gráfica de análoga naturaleza.”

Inciso segundo: Elimínese.

Inciso tercero: Elimínese

Inciso cuarto: Elimínese

Diputados señores Norambuena; Fuenzalida, don Juan; Gahona, Hernández, Morales, Moreira, Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, y de la diputada señora Hoffmann

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Alessandri, Hernández, Lavín, Morales, Moreira, Noman, Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que “Modifica el Código Penal para aumentar las penas asignadas al delito de falsificación y uso de pasaporte falso, y aplicar a la cédula nacional de identidad la misma regulación” Boletín N° 12861-07

I. IDEAS GENERALES[1].

En el Título IV del Libro Segundo del Código se tipifica un conjunto de figuras penales bajo el rubro “De los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio”. Se sostiene que el elemento común en estos tipos penales es el medio de ejecución, que consistiría en alterar la verdad; se trataría de la narración de hechos mendaces realizada con procedimientos que define y castiga la ley penal, en los que prima la falsedad. Es ostensible que el legislador hizo referencia, dentro de su particular visión, a tres categorías de figuras distintas: aquellas que atentan contra la fe pública, las falsedades documentales y las que lesionan la correcta administración de justicia. Las falsedades documentales se tratan en los párrafos 4º, 5º y 6º, que hacen referencia a los documentos públicos, a los privados y a los pasaportes, porte de armas y certificados, respectivamente.

En lo que respecta al bien jurídico protegido por este tipo de delitos, algunos autores sostienen que el elemento común lo constituye la falsedad como medio de ejecución del delito. Sin embargo, otro sector de la doctrina sostiene que ello no es suficiente, dado que existen otros delitos cuyo medio inherente de comisión es la falsedad. Así las cosas, se ha sostenido que lo amparado es la seguridad en el tráfico jurídico, que requiere de la confianza de los integrantes de la sociedad en la autenticidad o veracidad de ciertos signos o instrumentos, necesarios para facilitar la convivencia, confianza que de manera mediata repercutiría en la denominada fe pública. Es indudable que la sociedad necesita creer en ciertos actos, signos o formas a los cuales el Estado les atribuye valor jurídico, esto es lo que constituye la fe pública, que ha de entenderse como aquella confianza colectiva que corresponde tener en relación a ciertos actos, instrumentos, signos o símbolos, porque es el Estado quien les otorga ese mérito de autenticidad e impone que el mismo sea aceptado erga omnes.

En este sentido, y considerando que lo que subyace a este tipo de delitos es la fe pública, las sanciones asociados a los mismos deben ser más altas, en contraposición a delitos de falsedad que sólo afecten el interés privado. En este contexto se enmarca el presente proyecto de ley, que busca aumentar las penas asociadas a la falsificación de pasaporte.

II. CONSIDERANDO.

1.Que, la falsificación de pasaportes en nuestro país ha aumentado en un 75%. En efecto, el año 2018 la Policía de Investigaciones, detectó 36 documentos falsos, cuestión que corresponde a un aumento del 75% en comparación con el año inmediatamente anterior[2]. La mayoría de pasaportes falsificados los portan personas interesadas en viajar a Estados Unidos o Europa, sean nacionales o extranjeros. Ello puedo explicarse principalmente por la gran posición que detenta el pasaporte chileno, en comparación a los pasaportes del resto de los países de la región.

2.No obstante ello, debe tenerse presente que la falsificación de pasaportes puede anteceder a otros tipos penales de mayor gravedad, como son los delitos de trata y tráfico de personas, narcotráfico, entre otros.

3.La regulación legal chilena consagra dos tipos penales según el sujeto activo que cometa la acción típica y punible. El artículo 199 sanciona la falsedad cometida por un funcionario público en los siguientes términos: “El empleado público que expidiere un pasaporte bajo nombre supuesto o lo diere en blanco, sufrirá las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio e inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en los mismos grados”. En el artículo 200 se describe la falsificación realizada por un particular: “El que hiciere un pasaporte, será castigado con reclusión menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Las mismas penas se impondrán al que en un pasaporte verdadero mudare el nombre de la persona a cuyo favor se halle expedido, o el de la autoridad que lo expidió, o que altere en él alguna otra circunstancia esencial”.

4.Por su parte, el artículo 201 sanciona el uso de pasaporte falso y el mal uso de uno verdadero, donde“El que hiciere uso del pasaporte falso a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. La misma pena se impondrá al que hiciere uso de un pasaporte verdadero expedido a favor de otra persona”.

5.Que, como puede apreciarse en el considerando anterior, las penas privativas de libertad asociadas a la comisión de este tipo de ilícitos son más bien bajas, las que oscilan entre 61 días a 3 años, para las hipótesis de los artículos 199 y 200. El artículo 201 que refiere al uso de pasaporte falso y mal uso del verdadero, no contempla si quiera pena privativa de libertad, donde sólo se impone una multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales (al rededor de $500.000 pesos chilenos).

6.En este sentido, el presente proyecto de ley busca aumentar las penas privativas de libertad, y establecer una privación de libertad en la hipótesis del artículo 201, atendido especialmente al aumento de este delito y la gravedad que reviste el mismo, dado que puede ser la antesala de hechos punibles aún más graves.

7.Por otro lado, nuestro Código Penal no establece un tipo penal específico para la falsificación de Cédula Nacional de Identidad, pudiendo encuadrarse dicha hipótesis dentro del tipo penal de falsificación de documento público. No obstante lo anterior el presente proyecto de ley busca establecer dicha hipótesis dentro del tipo penal de falsificación de pasaporte, por cuanto los motivos y formas de comisión del ilícito obedece a medios y fines bastante similares.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley introduce modificaciones al artículo 199 y 200 del Código Penal aumentando las penas privativas de libertad que contemplan dichos delitos. A su vez, se modifica el artículo 201 del Código Penal y se establece la pena de presidio menor en su grado medio para dicho tipo penal.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo Primero: Modifíquese el artículo 199 del Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

Agréguese la expresión “, cédula nacional de identidad” a continuación de la expresión “pasaporte” a

Reemplácese la frase “reclusión menor en sus grados mínimo a medio” por “reclusión mayor en sus grados mínimo a medio”.

Artículo segundo: Modifíquese el inciso primero del artículo 200 del Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

Agréguese la expresión “, cédula nacional de identidad” a continuación de la expresión “pasaporte”

Reemplácese la frase “reclusión menor en su grado medio” por “reclusión mayor en su grado mínimo”.

Artículo tercero: Modifíquese el inciso segundo del artículo 200 del Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

Agréguese la expresión “, cédula nacional de identidad” a continuación de la expresión “pasaporte”

Artículo cuarto: Modifíquese el inciso primero del artículo 201 del Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

Agréguese la expresión “, cédula nacional de identidad” a continuación de la expresión “pasaporte”

Agréguese la expresión “será castigado con reclusión menor en su grado máximo e” a continuación de la expresión “anterior,”

Artículo quinto: Modifíquese el inciso segundo del artículo 201 del Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

Agréguese la expresión “, cédula nacional de identidad” A continuación de la expresión “pasaporte”

Diputados señores Coloma, Alessandri, Hernández, Lavín, Morales, Moreira, Noman, Sanhueza; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix, Nuyado y Rojas, y de los diputados señores Bellolio, Boric, Labra, Longton, Rathgeb, Silber y Urruticoechea, que “Modifica la ley N° 19.253 que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo Selk’nam entre las principales etnias indígenas reconocidas por el Estado” Boletín N° 12862-17

EL PUEBLO SELKNAM

El Pueblo Selk’nam es un Pueblo Originario que habita desde hace más de 9.000 años la Isla Grande de Tierra del Fuego, región de Magallanes y Antártica Chilena. Denominaban a su territorio Karukinká, el cual se dividía en clanes o harowen el que recorrían para practicar la caza y recolección como mecanismo de subsistencia. Pueblo trashumante, tenían una sociedad bien organizada en donde no existían líderes, manteniendo la igualdad y el respeto como base de la convivencia social, con manifestaciones espirituales en las que intervenía el xo’on (chamán, médico sacerdote y sabio) que hasta el día de hoy son recordadas por su profundidad y gran valor cultural y espiritual. Justamente, el varamiento de una ballena o la caza de un Guanaco, era la ocasión propicia para la reunión de las familias Selk’nam y la realización de la ceremonia de iniciación, rito de paso a la adultez, denominada HAIN.

GENOCIDIO SELKNAM

La Isla Grande de Tierra del Fuego, fue concesionada a fines del siglo XIX para cría de ganado, lo que sumado a la explotación de carbón y oro en la zona, provocó conflictos con los invasores (Colonos). Producto de ello, los selk’nam fueron víctima de secuestros, violaciones, vejámenes, y las más brutales atrocidades, como la caza y el pago por sus orejas cortadas para probar su asesinato. El Estado de Chile fue ciego de tales hechos o al menos cómplice de tales atrocidades. La Iglesia Católica bajo el patrocinio de los Salesianos, cuidó a los sobrevivientes en Isla Dawson, donde muchos murieron por nostalgia, pestes y enfermedades.

No obstante, sobrevivieron niños, que en su memoria recordaban haber vivido en las pampas patagónicas y con las costumbres selk’nam, los cuales fueron reubicados a lo largo de todo Chile, en hogares, hospicios, orfanatos o mediante adopciones irregulares, incluso secuestros, destinados al servicio doméstico en hogares de todo el país, como mano de obra a las salitreras, a la marina mercante, y al comercio sexual.

Esos niños selk’nam, que la historiografía no ha podido negar, crecieron y se hicieron adultos conservando sus recuerdos de infancia, se les impuso otros apellidos, otra lengua, luego de ser separados de sus padres, a veces muertos de forma violenta, pero transmitieron a su descendencia parte de su lengua, costumbres, gastronomía y memoria.

Estos hechos innegables han sido recogidos por la historiografía contemporánea, que ya no excluye la existencia de indígenas ante el mestizaje, que en el caso del Pueblo Selk’nam fue mestizaje forzoso y estrategia de sobrevivencia colectiva e individual.

LA COMUNIDAD COVADONGA ONA

La Comunidad Covadonga Ona, se compone de familias que afirman, con pruebas, ser descendientes de tales sobrevivientes.

La Comunidad ha hecho grandes esfuerzos, logrado seguir el rastro a sus ancestros, y en base a las pruebas y evidencias acumuladas hasta ahora, resulta indesmentible que quedaron descendientes vivos, niños perdidos, que alguna memoria transmitieron a sus hijos y nietos, y que actualmente se encuentran luchando por que se les reconozca vivos y no muertos o extintos. Ellos señalan que están dispuestos a someterse a todos los estudios antropológicos y genealógicos necesarios para que se reconozca por vía de la ley, su existencia como pueblo vivo. No temen por que tienen la convicción de que las pruebas y antecedentes con que cuentan los respaldan.

De hecho, en virtud de la Consulta Indígena para el Ministerio de las Culturas, a la cual el pueblo Selk’nam fue convocado por el mismo gobierno, el entonces Consejo Nacional de la Cultura y la Artes destinó recursos que fueron utilizados en estudios de Relatos Orales y Genealógicos, para la determinación de la existencia de patrones culturales, memoria y líneas genealógicas Selk’nam entre los miembros de la Comunidad Covadonga Ona, estudios encabezados por profesionales de la Universidad Católica Silva Henríquez, los cuales dieron resultados positivos. Estos estudios prueban que un grupo de historiadores y antropólogos llegaron a conclusiones erradas sobre el pueblo seknam, los que hoy pueden ser contrastados, con los antecedentes que la Comunidad ha recabado. En virtud de este proceso, la Comunidad manifestó su gratitud a los historiadores de todas las épocas, por sus contribuciones en preservar el conocimiento del pueblo Selk’nam, lo que ha sido la base para contrarrestar al genocidio historiográfico, en virtud del cual fue declarado erróneamente extinto.

Cabe señalar que la Comunidad, mediante actividades de difusión, ha logrado encontrar progresivamente grupos familiares que se reconocen Selk’nam. Esta búsqueda aún no ha finalizado, y viene alimentada por nuevos datos. En el CENSO realizado en el año 2017 y cuyos resultados fueron publicado el año 2018, una de las preguntas fue a qué pueblo se considera perteneciente el censado. Entre las opciones, estaban contemplados explícitamente los nueve pueblos reconocidos hasta hoy por la Ley 19.253, denominada Ley Indígena, pero también estaba la opción “OTRO”. De esta última opción se adscribieron voluntariamente 28.115 personas.

La Comunidad Covadonga Ona fue informada de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuantificó a quienes se reconocieron Selk’nam de manera específica y directa. El resultado no deja de sorprender: 1.444 personas reconocieron pertenecer al pueblo Selk’nam. Ello revela que la memoria persiste, pese al genocidio físico e historiográfico.

Junto con ello, la Comunidad realiza un viaje anual a la Región de Magallanes y Antártica chilena, a efectos de realizar investigaciones y lazos con organizaciones indígenas de la zona. Incluso han viajado a Argentina, al territorio de la Comunidad Selknam Rafaela Ishton, que tiene reconocimiento legal por el Estado Argentino, quienes han entregado una carta de apoyo, reconociendo de manera explícita la existencia del pueblo Selk’nam en Chile.

El Estado de Chile ha reconocido la existencia del pueblo Selk’nam mediante actos de gobierno cotidianos, pues la Comunidad Covadonga Ona ha sido convocada a las consultas indígenas del Ministerio de las Culturas, del Ministerio de Educación (Malla Curricular de 1ro a 6to básico), la consulta indígena del Ministerio de Salud, y del Proceso Constituyente Indígena que promovió la ex Presidenta Michelle Bachelet. El Estado ha financiado estudios para determinar las líneas genealógicas ininterrumpidas desde las matanzas y persecuciones, hasta la venta o adopción ilegal de sus abuelos y bisabuelos, tal como señalamos.

La Corporación Selk’nam Chile, persona jurídica de derecho privado que tiene la representación de la Comunidad Covadonga Ona, ha participado en diversas actividades junto a la Ilustre Municipalidad de Santiago y el Museo de Arte Precolombino de Santiago, como conversatorios para el día de la lengua materna, ciclos de documentales, ceremonias, conmemoración del día Internacional de la Mujer Indígena, entre otras.

Conjuntamente, se ha izado, desde el año 2015, anualmente la bandera del Pueblo Selk’nam, en las Municipalidad de Santiago y la Universidad de Santiago, junto a la bandera chilena y la de otros pueblos originarios. A instancias de la Comunidad Covadonga Ona, muchas organizaciones indígenas han reconocido la existencia del pueblo Selk’nam y la necesidad de reconocimiento legal en su favor, como ASODEPLU (Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad), la Comunidad Kawesqar At’Ap de Punta Arenas, la Asociación Newentwain de Concepción, la Corporación Aylllu sin Fronteras de Calama, la Comunidad Colla Pai Ote de Atacama, Asociación Futa Trawun, Paillaco, la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay.

También reconocen la existencia y apoyan al Pueblo Selk’nam en Chile: Asociación Cultural, Espiritual y de Salud Andina Awatiri T’iknamarka, Comunidad Indígena Selk’nam Rafaela Ishton de Tierra del Fuego, Asociación indígena mesa comunal de Santiago, por un centro cultural y ceremonial, Asociación Aymara Inti Marka, Red de Mujeres Mapuche, Asociación Aymara-Quechua Jach’a Marka.

Cabe señalar que mediante voto político aprobado por la Asamblea Nacional este 05 de junio de 2019, promovido por la AFUDEP (Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública), la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), ha solicitado al Presidente de la República y al Congreso Nacional presentar un proyecto de ley para incluir al pueblo Selkn’nam en la Ley Indígena N. 19253.

PRECEDENTE DE LOS PUEBLOS DIAGUITA Y CHANGO

Existen precedentes del reconocimiento de nuevos pueblos indígenas en Chile, como el Pueblo Diaguita, que no estaba en la ley indígena original N° 19253, de 1993, éste fue reconocido por ley recién el año 2006 vía la Ley 20117; lo mismo ocurre ahora con el Pueblo Chango, cuyo proyecto de ley de reconocimiento está en pleno trámite, habiendo ya sido aprobado en la Cámara de Diputados y ahora aprobado por Comisión y en trámite en la sala del Senado, en la idea de legislar.

Ambos reconocimientos han sido precedidos de estudios antropológicos que encabezó el Ministerio de Desarrollo Social, los cuáles buscan indagar en la pervivencia de patrones culturales y existencia de lazos genealógicos, entre aquellos pueblos y quienes se reconocen actualmente como tales. Este fenómeno lo explica la existencia de pueblos no organizados políticamente a inicios de la década de los 90 del siglo pasado.

Hoy, los descendientes Selk’nam han reunido pruebas, y la Comunidad Covadonga Ona, promotora del reconocimiento del Pueblo Selk’nam, ha señalado estar dispuesta a someterse a los estudios necesarios para ese fin, tal como ha acontecido por los pueblos Diaguita y Chango, así como poner a disposición los estudios preliminares ya realizados, a las autoridades pertinentes.

EL FUTURO DEL PUEBLO SELK’NAM

Cabe señalar que la grave herida provocada al pueblo Selk’nam, no ha cerrado. No ha habido resarcimiento de los efectos de las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas, mecanismos de justicia transicional, reparación, ni siquiera reconocimiento oficial del derramamiento de sangre, realizado contra los pueblos australes.

Creemos que es necesario el reconocimiento del Pueblo Selk`nam como el inicio de una relación que busque un cambio de rumbo, que corrija una injusticia histórica, que dignifique a un pueblo que sufrió hechos deleznables, pero también reconocer que cumplen con el principal atributo que dispone la Ley Indígena y el mismo Convenio 169 de la OIT, para reconocer la existencia de un pueblo originario; la Auto Identificación, que prueba que pese a todo, ellos siguen sintiéndose Selk’nam.

Del pueblo Selk’nam se han escrito muchos libros, documentales, grabaciones, obras de teatro, investigaciones arqueológicas y antropológicas, pero ahora es el momento del reconocimiento. Tal como señalaba el proyecto de ley para reconocer al pueblo Diaguita: “No podemos, ante esta realidad, conformarnos con continuar diciendo que el fenómeno cultural diaguita es un proceso extinto; no podemos seguir alabando sus vestigios culturales paleohistóricos; su fina y simbólica alfarería que descuella en relación al resto de las culturas prehispánicas chilenas; hoy es necesario avanzar en un proceso de reconocimiento que revela esencialmente el dinamismo cultural de la nación, su carácter plural, y asegurar el derecho a su preservación. Ante esta realidad, el Estado y especialmente este Parlamento, no pueden permanecer indiferentes.”.

Siendo deber del Estado de Chile, reconocer, proteger y asegurar la existencia de los pueblos originarios, creemos que es un imperativo moral, ético y legal, reconocer al pueblo Selk’nam.

POR TANTO, VENIMOS EN PRESENTAR EL SIGUIENTE

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. - Agrégase en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, entre la voz “australes” y el punto seguido (“.”), la voz “así como al pueblo Selk’nam”, antecedido de una coma (“,”).

Diputadas señoras Mix, Nuyado y Rojas, y de los diputados señores Bellolio, Boric, Labra, Longton, Rathgeb, Silber y Urruticoechea

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba, García, Kuschel, Longton; Mellado, don Miguel; Pardo, Paulsen; Pérez, don Leopoldo, y Rey, y de la diputada señora Olivera, que “Modifica el Código Aeronáutico en materia de restitución de tasas, cargas o derechos aeronáuticos, por viaje no realizado Boletín N° 12863-15

Antecedentes

Recientemente el Servicio Nacional del Consumidor, detectó que diversas aerolíneas se encuentran incumpliendo lo mandatado por el artículo 133 C del Código Aeronáutico que establece: “En caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al transportador, al pasajero o por razones de seguridad o de fuerza mayor sobrevinientes, las tasas, cargas o derechos aeronáuticos que hubiere pagado el pasajero deberán restituirse a su solo requerimiento en cualquier oficina del transportador aéreo o a través de su sitio web”. En tal sentido, y pese a tener una explícita regulación, en la práctica diversas compañías no estarían entregando información adecuada a los clientes o pasajeros.

Siendo así, y frente al abuso del desconocimiento de muchos pasajeros, las empresas de aerolíneas, nada decían y por supuesto, los pasajeros tampoco exigían la restitución de las tasas de embarque. Tal mecanismo fue conocido por el SERNAC, debido a la presentación de más de 30 denuncias ante este organismo, alegando problemas de devolución de las tasas de embarque, plazos inciertos o bien extremadamente extensos.

Analizada esta situación que genera un importante perjuicio para los consumidores, el Director del SERNAC Sr. Lucas del Villar ha indicado “El Sernac ofició a las aerolíneas Latam, Sky, JetSmart, Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Copa, Avianca e Iberia, para iniciar un procedimiento voluntario colectivo, cuyo fin es buscar la devolución del dinero pagado por concepto de tasas de embarque a los pasajeros que no viajaron. Durante este procedimiento extrajudicial se buscará determinar el universo de personas que deben recibir el dinero y los montos involucrados. Además, se promoverá que las aerolíneas modifiquen las prácticas y los términos y condiciones de los contratos de transporte aéreo, ajustándolos a la realidad aeronáutica actual, donde quede correcta y oportunamente informado el derecho de los consumidores de recibir la devolución del dinero pagado por concepto por tasa de embarque cuando no realicen el viaje, y establecer un mecanismo expedito de devolución”.[1]

Finalmente, y en consideración a lo ya expuesto, creemos fundamental modificar y mejorar la redacción del actual artículo, para entregar certeza a todos los pasajeros en cuanto a los plazos de devolución, y a las aerolíneas, sancionarlas con una carga financiera frente a su incumplimiento inoportuno y arbitrario.

Idea Matriz

El siguiente proyecto de ley, tiene por objeto modificar el Código Aeronáutico, estableciendo un plazo faltal de 10 días para que las aerolíneas puedan restituir las tasas de embarque a los pasajeros, frente a un vuelo no realizado. Y frente al incumplimiento, recargar dicha restitución en un 50% cada 30 días de retraso.

Por las razones antes expuestas, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO. - Modificase el Código Aeronáutico, en el siguiente sentido:

1.Agrégase un nuevo inciso final al artículo 133 C, del siguiente tenor:

“Dicha restitución deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días, y frente al retraso injustificado, se recargará dicha restitución con un 50% a favor del pasajero, cada 30 días.”

Diputados señores Torrealba, García, Kuschel, Longton; Mellado, don Miguel; Pardo, Paulsen; Pérez, don Leopoldo, y Rey, y de la diputada señora Olivera

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman, Baltolu, Bobadilla; Fuenzalida, don Juan; Fuenzalida, don Gonzalo; Paulsen, Tohá, Trisotti, y Velásquez, don Esteban, y de la diputada señora Del Real, que “Establece el día 23 de abril de cada año como el Día Nacional del Leonismo Chileno” Boletín Nº 12864-24

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

CONSIDERANDO:

1.Que, la organización internacional Lions Clubs International es una Organización Mundial compuesta actualmente por más de un millón cuatrocientos mil integrantes, distribuidos en más de cuarenta y siete mil clubes, y que dedican tiempo y esfuerzo a mejorar sus comunidades y el mundo motivando a sus voluntarios para que sirvan a sus comunidades, atiendan las necesidades humanitarias, alienten la paz y promuevan el entendimiento internacional a través de los clubes de Leones. Que, los denominados “Leones” se encuentran actualmente en más de doscientos países de la orbe, y desde su fundación en el año 1917 en la ciudad de Chicago por un hombre de negocios Melvin Jones, quién invito a asociaciones empresariales de todo el país a una reunión en la que se formó la Asociación de Clubes de Leones-

2.Que, las causas de los Leones se focalizan en cinco ejes principales, es por ello que unifican su servicio global en estas áreas de necesidad. Estas causas globales presentan un desafío considerable para la humanidad, y es en la se desenvuelve su gran contribución a la humanidad. Estas son:

3.a.- Diabetes: La diabetes es una epidemia global que afecta a una cantidad de hombres, mujeres y niños cada día mayor por todo el mundo. Como Leones y Leos ven y sienten los efectos de la diabetes en nuestras comunidades y estamos haciendo algo al respecto.

Puede causar enfermedades graves que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, riñones, nervios y dientes. En la mayoría de los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Se calcula que afectará a 629 millones de adultos para el año 2045.

b.- Visión: Desde que Helen Keller nos pidió que fuéramos los paladines de los ciegos en 1925, hemos prestado servicio y hemos abogado por los ciegos y los discapacitados de la vista. Casi un siglo después, esta misión de larga tradición continúa. Por tal motivo el objetivo estratégico de los Leones es reducir la prevalencia de la diabetes y mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con esta enfermedad. En el mundo 253 millones de personas ciegas o con deficiencia de moderada a grave para ver de lejos, 1,1 miles de millones no pueden ver de cerca solo porque no tienen un par de gafas, 75% de todas las cegueras y deficiencias para ver de lejos es evitable, y además un 89% de las personas con discapacidad visual viven en países en desarrollo, por lo que el objetivo estratégico de los Leones es prevenir la ceguera evitable y mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual.

c.- Mitigar el Hambre: Los Leones y Leos sirven para tener un impacto en el bienestar de la humanidad y vemos cómo la crisis mundial del hambre y la nutrición afecta a nuestras comunidades. Creemos que la mejora de la comunidad depende de la prosperidad de los miembros de la misma. En esta causa existen en el mundo 815 millones de personas afectadas por el hambre en 2018: 11 % de la población global, 155 millones de niños menores de cinco años sufren de retraso en el crecimiento debido a la desnutrición crónica, 1/3 de la producción anual de alimentos se pierde o desperdicia en la cadena de suministro, y el 33 % de las mujeres en edad reproductiva sufre de anemia, por lo que el objetivo estratégico de los Leones en esta área es tratar de llegar a todos los miembros de la comunidad y que tengan acceso a alimentos nutritivos.

d.- Medio Ambiente: La tierra sustenta la vida humana y hemos visto cómo la administración de los recursos naturales puede mejorar la calidad de vida y aumentar la participación en nuestras comunidades. Nuestro entorno es mucho más que u escenario: es nuestro hogar, y nos hemos comprometido a cuidarlo. 3 Billones de árboles en el mundo, de los cuales el 30 % de la superficie terrestre está cubierta de bosques, 15 mil millones de árboles se talan cada año y el 46 % es la disminución global que se calcula en el número de árboles desde el comienzo de la civilización humana, por lo que en esta área su objetivo estratégico es dedicarse a proteger y restaurar de manera sostenible el medio ambiente para mejorar el bienestar de todas las comunidades.

e.- Cáncer Infantil: En esta área los Leones ven que la habilidad de la próxima generación de progresar está estrechamente relacionada con el apoyo de la comunidad local. Los Leones y Leos han visto y sentido los efectos del cáncer en los niños y sus familias, y continúan llevando la esperanza a través del servicio tangible y de su apoyo. Cada 2 minutos se diagnostica a un niño con cáncer, 13 % es el aumento en la incidencia de cáncer infantil en los últimos 20 años, 6

años es la edad promedio en el que se diagnostica cáncer en los niños y el 90 % de las muertes por cáncer infantil ocurren en entornos de bajos recursos, por lo que el objetivo estratégico de los Leones en esta área es ayudar a sobrevivir y prosperar a los afectados por el cáncer infantil.

3. Que, en Chile su gran aporte a la sociedad es innegable, siendo en el año 1948 que se funda en Santiago el primer Club de Leones siendo el pionero de los Clubes Leones del país, ya para el 14 de Enero de 1949 se funda el Club de Leones de Valparaíso, después el 10 de agosto de 1949 se funda el Club de Leones de Quilpué, días después el 14 de Agosto de 1949 Club de Leones Villa Alemana y el 03 de Noviembre de 1949 el Club de Leones Copiapó, Club quién mediante su Presidente, LEÓN Víctor Chamorro Peña, patrocinado por el Presidente del Honorable Consejo de Gobernadores Distrito Múltiple T – CHILE, Tomás Mosquera Sánchez y la Gobernadora del Distrito T1 – CHILE Norte, Amelia Ortiz Rojas, solicitan que se establezca el día del “Leonísmo Chileno”.

4. Que, dentro del ámbito nacional, los Leones participan diariamente de múltiples iniciativas enfocadas al mejoramiento y desarrollo de la calidad de vida de la comunidad. En este sentido, junto con organizaciones sociales y municipios son un sinnúmero de actividades que desarrollan contributivas al medio ambiente, a la inclusión social y a la salud, entre los cuales destacan también la cooperación en los entrega de enseres a familias afectadas por incendios forestales, terremotos e inundaciones.

5. Que, los que subscriben del presente proyecto proponen establecer el 23 de abril de cada año como el día del “Leonísmo Chileno”, aludiendo al día de su origen y otorgando el merecido reconocimiento a todos y cada uno de los Leones por el incalculable aporte y labor altruista que día a día realizan por la humanidad.

6. Que, por las consideraciones antes expuestas, venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Establézcase el día 23 de abril de cada año, como el Día Nacional del Leonísmo Chileno.

Diputados señores Noman, Baltolu, Bobadilla; Fuenzalida, don Juan; Fuenzalida, don Gonzalo; Paulsen, Tohá, Trisotti, y Velásquez, don Esteban, y de la diputada señora Del Real

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Auth, Bianchi, Cruz-Coke; Fuenzalida, don Gonzalo; Kort, Rathgeb y Saffirio, y de las diputadas señoras Carvajal y Jiles, que “Modifica el Código Penal para establecer la imprescriptibilidad del delito de homicidio, según su tipificación” Boletín N° 12865-07

H. Cámara:

Recientemente, este hemiciclo ha aprobado una modificación al Código Penal que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, iniciativa parlamentaria que acaba de ser promulgada por el Presidente de la República.

Los argumentos esgrimidos para dicho cambio normativo dicen relación con la incapacidad de los menores para denunciar y defenderse legalmente al momento de la comisión de los ilícitos y también por lo deleznable que hemos considerado esta clase de crímenes para la dignidad del ser humano, condenables a tal punto, que amerita que respecto de ellos no prescriba la acción que tiene el Estado para perseguirlos, calificación que en nuestro ordenamiento jurídico hasta la fecha estaba reservada exclusivamente para los crímenes de lesa humanidad.

Cabe señalar que por la aplicación de la prescripción de las acciones penales, luego del transcurso de un plazo determinado, será imposible para el Ministerio Público ejercer acciones para perseguir y, en definitiva lograr el juzgamiento de un individuo ante los tribunales competentes. A contrario sensu, que ciertos delitos sean imprescriptibles, significa que se podrán perseguir responsabilidades sin importar el tiempo que haya transcurrido desde el momento de la comisión del delito.

Los plazos de prescripción para el resto de los delitos del ordenamiento jurídico que no son delitos sexuales cometidos contra menores o delitos de lesa humanidad se encuentran determinados en el artículo 94 del Código Penal que señala: “Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años. Respecto de los demás crímenes, en diez años. Respecto de los simples delitos, en cinco años. Respecto de las faltas, en seis meses.”

Sin embargo, a raíz de la discusión sobre los delitos sexuales cometidos contra menores se ha abierto una discusión política y técnica sobre la justificación de la figura de la prescripción y también sobre a qué delitos debe aplicársele en un derecho penal moderno. Lo que debemos preguntarnos es si acaso no existen otros delitos tan repudiables como los crímenes de lesa humanidad y los delitos sexuales contra menores y que, por lo tanto, ameriten un tratamiento similar.

Es indudable que no existe crimen más grave para la indemnidad del ser humano que el homicidio, donde el bien jurídico que el legislador busca proteger es el derecho a la vida, que se encuentra especialmente resguardado en nuestra Constitución Política y es la base sobre la cual se construyen todos los demás bienes jurídicos protegidos legalmente.

Homicidio deriva del latín “Homi-cidium”, matar a un hombre o matar un ser humano y así es definido por nuestro Código Penal en sus artículos 390 y siguientes que establecen penas y tipificaciones distintas, dependiendo si se trata de un homicidio simple o uno calificado.

Hablamos de homicidio calificado cuando se actúa con alevosía para provocar la muerte de otra persona, por premio o promesa remuneratoria, por medio de veneno, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido, y, con premeditación conocida.

Por su parte, el Femicidio está definido en el inciso segundo del artículo 390 del Código Penal, como un homicidio en el que la víctima es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor.

También la violación con homicidio tiene un tratamiento especial y aparece tipificado expresamente en el artículo 372 bis del Código Penal.

Los delitos señalados previamente son considerados especialmente repudiables en el ordenamiento jurídico vigente y tienen sanciones que pueden llegar hasta la pena de prisión perpetua efectiva. Por eso consideramos que para mantener la coherencia del Código Penal luego de haber establecido la imprescriptibilidad del delito de violencia sexual a menores, esta clase de ilícitos debe igualmente ser declarado imprescriptible, ya que el fin perseguido y los bienes jurídicos protegidos son, en todos los casos, a lo menos, de similar gravedad que los delitos sexuales cometidos contra menores.

De otro modo, se producirían graves incongruencias lógicas como, por ejemplo, liberar de toda sanción por imprescriptibilidad al parricida que asesinó a sus hijos cuyos restos son encontrados 15 años después en el patio de su casa, a menos que se pueda demostrar que fueron violados antes de ser asesinados.

Por lo tanto, quienes suscribimos este proyecto de ley proponemos que los delitos más graves que atentan contra la vida sean declarados imprescriptibles, como son el homicidio calificado del 391 n° 1 del Código Penal, el parricidio, el infanticidio, el matricidio y el homicidio de otros ascendientes o descendientes contemplado en el artículo 390 inciso primero, la violación con homicidio del artículo 372 bis y el Femicidio contemplado en el artículo 390 inciso segundo.

Con respecto a la prescripción de esta clase de crímenes, cabe señalar que otros sistemas jurídicos, como, por ejemplo, los sistemas de Common Law, no contemplan esta figura jurídica para el homicidio o los crímenes graves, permitiendo perseguir y condenar gracias al avance de la ciencia, incluso luego de cincuenta años de cometidos aquellos delitos.

En Latinoamérica, Perú ya ha declarado imprescriptible el homicidio, los delitos sexuales e incluso los delitos de corrupción ejecutados por funcionarios públicos, ampliando el margen de la imprescriptibilidad. Nosotros consideramos que nuestro país debe seguir avanzando en esta materia, declarando imprescriptibles los delitos que constituyen los más graves atentados que pueden cometerse contra el derecho a la vida, profundizando así el importante cambio que ha ocurrido en nuestro sistema jurídico con la Ley que estableció la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 94 del Código Penal.

“La acción penal no prescribirá respecto de los crímenes descritos y sancionados en los artículos 372 bis, 390 y 391 n°1”.

Diputados señores Auth, Bianchi, Cruz-Coke; Fuenzalida, don Gonzalo; Kort, Rathgeb y Saffirio, y de las diputadas señoras Carvajal y Jiles

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hoffmann y Amar, y de los diputados señores Alessandri, Bobadilla, Coloma, Morales, Noman, Norambuena, Rentería y Sanhueza, que “Modifica la ley N°21.091, Sobre educación superior, para establecer condiciones para el otorgamiento del beneficio de gratuidad de los estudios, en razón del comportamiento del beneficiario” Boletín N° 12866-04

I.- IDEAS GENERALES.

Las políticas públicas propias de naciones en desarrollo como la nuestra exige de las autoridades el mayor rigor en lo que respecta al destino de importantes recursos públicos. Uno de los más relevantes en esta materia lo constituye la educación, ámbito de la política sectorial chilena que en la década pasada tuvo un incremento del orden del 4,8 por ciento del PIB.

No obstante la existencia de un incremento importante en el área educacional, a través de un conjunto de reformas llevadas a cabo por diversas administraciones, particularmente en materia de acceso universal a la gratuidad en la educación superior, se requiere que tales políticas se lleven a cabo responsablemente, velando para que los recursos invertidos en esta fase de la formación no sea dilapidado y efectivamente constituya un vehículo para la promoción, cohesión y movilidad social. En este contexto, los referidos recursos deben fundarse en ciertos y determinados principios entre los cuales destaca con gran relevancia la eficacia y eficiencia, esto es entendiendo que nos encontramos, más allá del aumento progresivo de los recursos, con montos limitados y necesidades múltiples y profundas, que requieren del máximo de seriedad de las autoridades competentes.

En efecto, el mal uso de los recursos públicos trae consigo graves problemas de legitimidad de los beneficios otorgados por el Estado, cuando ello son otorgados a personas que sencillamente no tienen la dignidad para ser beneficiarios de los mismos, existiendo a su respecto ilegalidades y abusos, siempre indeseables en el sector público.

Así las cosas, con ocasión de la actividad estudiantil y la germinación y desarrollo de un conciencia política y gremial de los estudiantes, se dan en nuestras universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica una rica convivencia entre distintas sensibilidades políticas. Sin embargo, estas divergencias, debates y polémicas no pueden erigirse como escenario de hechos delictuales, de actos de matonaje y agresión a los diversos estamentos de la autoridad, tanto universitarias como de Carabineros, constituyendo tal estado en un pesada situación que deben soportar los ciudadanos.

Aquellas circunstancias, que hemos visto en la televisión y otros medios de comunicación, de agresiones, desmanes y daños en nuestras universidades, constituyen actos delictuales, que por su gravedad implicarían la expulsión del hechor de aquella conducta. Sin embargo, todavía en Chile actos como el indicado no encuentran su debida correspondencia desde el perspectiva de la sanción jurídica, y así las cosas, como estado estamos destinando recursos para el financiamiento de la educación de personas que sencillamente no se lo merecen.

Bajo este principio sancionador, los parlamentarios firmantes de esta moción creemos conveniente promover un proyecto de ley, destinado a que los autores de hechos de violencia en los establecimientos de educación superior sean eliminados del estatuto de derechos provenientes del sistema de gratuidad universal dispuesta por la autoridad.

II.- CONSIDERANDO.

1.- Que, a la comunidad nacional le corresponde la alta función de proteger y promover la excelencia en el sistema educativo, procurando con ello el desarrollo de una educación basada en la tolerancia, el respeto y valoración por el otro, de las normas, es decir de una educación republicana sustentadas en los valores de nuestra sociedad, por tal motivo nos parece grave todo acto que se aparte de estos valores y además le entreguemos beneficios estudiantiles de tanta valía en el mundo de hoy como lo es la gratuidad.

2.- Que, en nuestro derecho existen experiencias en torno a la pérdida de beneficios estatales respecto de personas que han dejado de tener las condiciones para ser acreedores de éstos a partir de hechos que implican indignidades sobrevinientes. Este es el caso de los beneficios que perciben los grupos indígenas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, fondo al que no se podrá acceder respecto de terrenos considerados “perturbados”. Así las cosas, el presente proyecto invoca un principio general sustentado en nuestro Derecho, cual es la pérdida de la dignidad del beneficiario de un determinado bien o servicio por la comisión de actos incompatibles con los valores y principios que precisamente sustentan estos beneficios.

3.- Que, en este sentido, nos parece inaceptable los desmanes y tomas que por meses y semanas registrados por estudiantes de la Universidad de Chile, incluso con agresión a otros estudiantes, y aún así no existe una respuesta institucional ante tan nefastos actos antidemocráticos y contrarios a los más básicos principios de convivencia y civilidad.

4.- Que, así las cosas, y tomando en consideración el proyecto de ley impulsado por el gobierno sobre Aula Segura, creemos preciso sancionar a los violentistas con la pérdida de los beneficios de gratuidad otorgados por el Estado, con el objeto de preservar el orden, la paz y la sana convivencia universitaria.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo anteriormente indicado el presente proyecto de ley establece la pérdida de los beneficios estatales otorgados a los alumnos que actualmente se encuentran cursando la educación superior, en virtud de la comisión de hechos de violencia y daños al interior de las universidades.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Modifíquese el inciso 1° del artículo 105 de la Ley 21.091 sobre Educación Superior de la siguiente manera:

“La obligación de otorgar estudios gratuitos de que trata este párrafo será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que no exceda la duración nominal de éstas y siempre que no hubieren sido condenados por resolución firme y ejecutoriada por daños a la infraestructura, equipamiento docente y mobiliario del establecimiento, o por acciones de violencia hacia la comunidad, sus autoridades, alumnos y profesores, o atentados contra las fuerzas de orden y seguridad. Con todo, la ejecución de acciones por parte del estudiante encaminadas a enmendar o indemnizar los daños ocasionados, constituirá motivo suficiente para reconsiderar su integración al sistema de beneficios que impone esta ley.”

Diputadas señoras Hoffmann y Amar, y de los diputados señores Alessandri, Bobadilla, Coloma, Morales, Noman, Norambuena, Rentería y Sanhueza

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Torrealba y Mellado, don Miguel, y de las diputadas señoras Luck, Muñoz y Olivera, que “Modifica la ley N°19.327, de Derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, en materia de responsabilidad de los organizadores y de sanciones aplicables a los asistentes por infracción de sus disposiciones” Boletín N° 12868-29

La Ley N° 19.327 “de deberes y derechos en torno a espectáculos de fútbol”, se encarga de regular todos los ámbitos de la realización de los espectáculos de fútbol profesional, inspirándose para ello en los principios de seguridad, bienestar y convivencia. Esta normativa más propositiva que exclusivamente de prevención, asigna responsabilidades y derechos a todos los actores relacionados con la organización del fútbol profesional.[1]

En efecto los artículos 3 y siguientes de la ley establecen una serie de obligaciones a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional entre otras la de “Adoptar las medidas de seguridad establecidas en las leyes, reglamentos, disposiciones de la autoridad y protocolos determinados por la entidad superior del fútbol profesional, necesarias para prevenir alteraciones a la seguridad y al orden público que sean producto del espectáculo deportivo de fútbol profesional, hecho o actividad conexa, tales como venta de entradas, entrenamientos, concentraciones y traslados de equipos.”[2]

Ahora bien, lamentablemente, la ley no ha sido del todo efectiva en el propósito prevenir y/o sancionar los hechos de violencia ligados al futbol profesional. En efecto las cifras muestran que, entre los años 2015 y 2018, 294 personas fueron formalizadas por infracciones a la Ley N° 19.327 y solo el 40% (117) fueron condenados.[3]

Por otra parte, las Sociedades Anónimas Deportivas, propietarias de los Clubes de Futbol Profesional y principales organizadores de espectáculos de fútbol, se encuentra reguladas en la Ley N° 20.019 que “Regula las sociedades anónimas deportivas profesionales” [4]y la cual nada dice respecto de la responsabilidad de estas entidades respecto de la posible afectación de derechos de terceros (como los vecinos que colindan con los estadios donde se realizan los espectáculos de futbol profesional).

A mayor abundamiento, este tipo de sociedades tampoco se encuentran obligadas a transparentar sus políticas y prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) las cuales tienen como fin entregar información veraz y oportuna al mercado respecto de los riesgos y oportunidades en ámbitos tan relevantes como gestión de riesgo ambiental, la rendición de cuentas ante los accionistas, la consideración de los derechos de las comunidades y, en general prácticas responsables y amigables con ellas que son determinantes para una mejor fidelización de la marca, para obtener y mantener el permiso operacional y para proteger la reputación y el valor de la compañía[5]

Lo anterior, genera un clima propicio para la desprotección de las comunidades aledañas a los recintos donde se realizan espectáculos de futbol profesional, quienes carecen de herramientas eficientes y expeditas para hacer valer el ejercicio de sus derechos en contra de los organizadores de este tipo de espectáculos.

Por otra parte, la estructura de sanciones establecida en los artículos 16 y 27 de la ley; no se condice con la magnitud y gravedad de los hechos que año a año se repiten dentro de los espectáculos de futbol profesional.

IDEA MATRIZ DEL PROYECTO

En razón de lo anteriormente expuesto, y con el objeto de contribuir al perfeccionamiento de la institucionalidad deportiva a nivel nacional y especialmente del futbol profesional este proyecto de ley:

a.Introduce un nuevo deber paralas organizadores, asociaciones y dirigentes de fútbol profesional, tendiente a transparentar sus políticas y prácticas ambientales, sociales y de relacionamiento con las comunidades aledañas a los recintos donde se realizan espectáculos de futbol profesional. Esta nueva obligación consiste en la entrega semestral de información al Ministerio del Interior, a la Municipalidad respectiva y a las Juntas de Vecinos afectadas respecto de los delitos y/o infracciones que se hubiesen cometido al interior o inmediaciones de los recintos deportivos con ocasión de la realización de espectáculos de fútbol profesional, así como de los programas y planes de prevención y de relacionamiento comunitario con las comunidades y vecinos de tales recintos.

b.Hacer más gravosa la sanción de prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a las inmediaciones en que éste se realice. En el caso de la pena accesoria establecida en el artículo 16, se propone que esta parta con la prohibición de entre 3 y 5 años y si se tratare de los delitos previstos en los artículos 391, 395, 396, 397, 433 ó 436, inciso primero, del Código Penal, referidos en el artículo 13, se propone que la prohibición sea decretada por un lapso de entre cinco y veinte años, según la gravedad del delito; estableciéndose además que en caso de reincidencia la prohibición será perpetua.

c.En el caso de la sanción establecida en el artículo 27 se propone que esta abarque un período de entre dos y cuatro años.

Por las consideraciones que se han expuesto previamente, los H. Diputados que suscribimos, venimos en proponer a esta Honorable Cámara, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1 Único: Introducense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.327 de “Derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional”

a.Introducese una nueva letra de d) al artículo 3°del siguiente tenor, pasando la actual letra d) a ser e):

d) Entregar semestralmente al Ministerio del Interior, a la Municipalidad respectiva y a las Juntas de Vecinos afectadas un informe respecto de los delitos y/o infracciones que se hubiesen cometido al interior o inmediaciones de los recintos deportivos con ocasión de la realización de espectáculos de fútbol profesional, así como la descripción, implementación y evaluación de los programas y planes de prevención y de relacionamiento comunitario con las comunidades y vecinos de tales recintos

b.Reemplácese la letra b) del artículo 16 por la siguiente:

b) La prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a las inmediaciones en que éste se realice, por un período de tres a cinco años, aunque la pena privativa de libertad impuesta lo fuere por un tiempo menor. Si se tratare de los delitos previstos en los artículos 391, 395, 396, 397, 433 ó 436, inciso primero, del Código Penal, referidos en el artículo 13, la prohibición será decretada por un lapso de entre cinco y veinte años, según la gravedad del delito. En caso de reincidencia en alguno de los delitos señalados en esta ley o de los delitos previstos en los artículos 391, 395, 396, 397, 433 ó 436, inciso primero, del Código Penal, la prohibición será perpetua.

c.Reemplácese el numeral 2 del artículo 27 por el siguiente:

2) Prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional, por un período de entre dos y cuatro años, aplicándose lo dispuesto en el artículo 16, inciso tercero.

Diputados señores Torrealba y Mellado, don Miguel, y de las diputadas señoras Luck, Muñoz y Olivera

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Muñoz, Ossandón y Troncoso, y de los diputados señores Longton, Rey, y Urrutia, don Osvaldo, que “Modifica el Código Civil en materia de indignidades para suceder, y de requisitos para la enajenación de un inmueble, cuando el vendedor tuviese setenta y cinco o más años de edad, en las circunstancias que indica” Boletín N° 12869-07

I.FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

El último siglo ha traído cambios notorios en la demografía de nuestro país, no solo respecto de número de habitantes, sino también respecto a la esperanza de vida proyectada. Mientras que hacia el año 1960 la esperanza de vida rondaba los 57,29 años, hoy en día el índice se alza por sobre los 79 años. Chile está envejeciendo, de eso no cabe duda. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM), a junio de 2018 la población de personas mayores en nuestro país (60 años y más) asciende a 2,96 millones de personas[1], es decir, representa casi el 11% de nuestra población.[2] A lo anterior, se suma el hecho de que hoy la esperanza de vida en Chile es la más alta de Latinoamérica (82 años para las mujeres y 77 años para los hombres)[3] y el proceso de envejecimiento de nuestro país ha sido el más acelerado de la región. Así, para 2050 se estima que dos de cada diez personas en Chile será adulto mayor.

La sociedad chilena envejece y surge la necesidad de actualizar nuestra legislación ante el desafío de una población que cada vez vive más años. Así por ejemplo, mientras la dictación de nuestro actual Código Civil se encontraba pensado para una sociedad fuertemente agrícola, con un incipiente comercio, pero cuyas actividades económicas se encontraban aun fuertemente ligadas a la tierra, y por tanto se explica una especial regulación de los bienes inmuebles, hoy el panorama cambia ante la diversidad de bienes que son objeto del tráfico jurídico, muchos de ellos intangibles. A su vez, nuestro Código Civil estaba pensado para una población que moría relativamente joven (45-50 años) y por tanto no estableció mecanismos eficientes para otorgar seguridad a los intercambios de bienes en las cuales fueran parte personas adultos mayores.

Nuestra legislación ha avanzado fuertemente hacia la protección de los derechos de personas pertenecientes a sectores vulnerables de la población, no sólo considerando un factor económico, sino también etario. Esto pues existen otros problemas que enfrentan los adultos mayores, quizás de una perspectiva más personal, y que afectan el efectivo resguardo de sus derechos, particularmente del patrimonio que han podido construir luego de una larga vida de trabajo y sacrificios, y que en esta edad, es el principal sustento para muchos.

Constantemente se registran miles de fraudes, estafas y otras formas de abuso patrimonial que tienen como víctima a un adulto mayor y, de manera indirecta, a sus familias. Generalmente la magnitud de estas defraudaciones es tal que han significado la pérdida de los ahorros de toda la vida, o incluso del inmueble en el que proyectaban pasar sus últimos años de vida. La situación patrimonial del adulto mayor promedio en nuestro país agrava aún más los efectos de este tipo de delitos, y a su vez, pone mayor urgencia en diseñar medios idóneos y eficaces para su prevención.

Respecto de la venta de bienes inmuebles, se advierte que los resguardos que actualmente se toman en el acto por el cual se enajena no son suficientes para asegurar el debido respeto por los derechos de los adultos mayores. Como Poder Legislativo, tenemos el deber de actualizar nuestra legislación con la finalidad de establecer mecanismos de resguardo de los derechos de aquellas personas que conforman grupos vulnerables, considerando particularmente las razones y manifestaciones de esa vulnerabilidad y reconociendo su capacidad para adquirir y ejercer dichos derechos de manera autónoma y responsable.

II.CONTENIDO DEL PROYECTO

Los adultos mayores son, de acuerdo al Código Civil (por aplicación de los artículos 1445 y 1446), plenamente capaces de disponer de la forma que quieran de su patrimonio, mientras no se haya declarado su interdicción por alguna de las causales que contempla el mismo cuerpo legal. Esto en cuanto a que no existe una incapacidad establecida legalmente que tenga como fundamento la edad mayor, a diferencia de los impúberes y menores adultos que el mismo Código reglamenta. Por tanto, los adultos mayores son plenamente capaces civilmente mientras no sea declarada judicialmente su incapacidad.

A pesar de lo anterior, lo cierto es que una avanzada edad aumenta las probabilidades de encontrarse en dichas causales de incapacidad y, ante la ausencia de una resolución judicial que la declare, es muy probable que alguna persona pueda aprovecharse de esa circunstancia para cometer algún acto de aprovechamiento del patrimonio del adulto mayor.

En este orden de ideas, este proyecto de ley se propone establecer un mecanismo de prevención de posibles fraudes o estafas, precisamente en el momento en el cual el adulto mayor enajena o grava un bien raíz de su propiedad, esto es, al momento de suscribir la escritura pública a través de la cual manifiesta su voluntad de enajenar el inmueble. Al respecto, se ha detectado que los mecanismos mediante los cuales los notarios examinan la plena capacidad del adulto mayor para enajenar el inmueble son insuficientes, por lo cual se propone que mediante una breve audiencia el juez civil competente realice dicho examen directamente. Esto tendrá aplicación tratándose de aquellos casos en que el bien inmueble objeto de enajenación o gravamen constituya el único bien inmueble de propiedad de la persona adulto mayor y para el solo efecto de comprobar el consentimiento libre e informado que prestará dicha persona en tal negocio.

Esta modificación al Código Civil persigue los siguientes objetivos:

i)Respeto por la capacidad civil de goce y ejercicio de las personas mayores de 75 años

ii)Protección del patrimonio del adulto mayor

iii)Protección de la fe pública involucrada en la celebración de contratos de compraventa o constitución de derechos reales sobre bienes raíces

En segundo lugar, este proyecto de ley busca establecer como indignidades para suceder el hecho de ser condenado por violencia intrafamiliar en contra de un ascendiente. Una indignidad para suceder consiste en la exclusión de una persona de la sucesión de su causante por el hecho de haber ejecutado en contra de éste un acto que la ley califica como reprochable. La indignidad establece que quienes cometan actos de particular gravedad pierden el derecho a suceder o heredar, independientemente de que se trate de una legítima de una sucesión intestada o testamentaria. En otros términos, consiste en un desheredamiento por causa legal calificada.

En concreto, nuestro Código Civil establece que son indignos para suceder: “1º. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla; 2º. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada; 3º. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo; 4º. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar; 5º. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.”; además de otras indignidades específicas contempladas en los siguientes artículos.

Las indignidades, según el artículo 974 del mismo Código Civil, no producen efecto alguno

si no son declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno, vale decir, debe ser alegada por alguno de los otros herederos que conforman la sucesión. Una vez conocida en juicio y declarada judicialmente dicha indignidad, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos.

En lo que respecta a este proyecto de ley, se propone mencionar expresamente que la sentencia ejecutoriada que condene al heredero por actos de violencia intrafamiliar en contra del causante, de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, producirá indignidad para suceder, sin entrar a determinar si dicho acto es o no un atentado grave contra la vida, el honor o los bienes del causante. Vale decir, establecerá una presunción de que toda condena por actos considerados como violencia intrafamiliar, serán constitutivos de la mencionada indignidad.

III.PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO:

1.- Modifíquese el numeral 2° del artículo 968 del Código Civil, en el siguiente sentido: “Reemplacese el “;” luego de la frase “por sentencia ejecutoriada” por la siguiente frase “La sentencia ejecutoriada condenatoria por violencia intrafamiliar o por lesiones contra un ascendiente del cual el condenado era legitimario, será prueba suficiente de esta causal”.

2.- Modifíquese el artículo 974 del Código Civil por el siguiente: Créase un inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero, del siguiente tenor: “Con todo, en el caso de indignidad establecida en los números 1, 2 y 3 del artículo 968 y el número 6 del artículo 969, confirmada mediante sentencia firma y ejecutoriada, la causal operará de pleno derecho”.

3.- Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 1801 del Código Civil, del siguiente tenor: “Tratándose de la venta de un bien raíz, si el vendedor tuviese setenta y cinco o más años de edad a la época de vender y dicho inmueble constituye su única propiedad raíz o su única residencia, deberá manifestar su voluntad de celebrar tal contrato ante juez civil competente de su domicilio, quien deberá citar a una audiencia dentro del quinto hábil siguiente a la solicitud presentada por las futuras partes del contrato, con el objeto de verificar que el vendedor manifiesta su consentimiento libremente e informado. En dicha audiencia deberán participar las futuras partes del contrato y parientes del vendedor, quienes deberán ser debidamente citados. Misma regla se seguirá en caso de la promesa de venta y en la constitución de cualquier gravamen o derecho real sobre el inmueble.”.

Diputadas señoras Olivera, Muñoz, Ossandón y Troncoso, y de los diputados señores Longton, Rey, y Urrutia, don Osvaldo

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix y Rojas ,y de los diputados señores Alinco, Brito, Ilabaca, Mulet, Noman y Vidal, que “ Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil” Boletín N° 12867-15

I.FUNDAMENTOS

Con el crecimiento de los viajes aéreos en el país, los aeropuertos se han convertido en verdaderas ciudadelas donde las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Los Bomberos de Aeropuerto de Chile[1], son funcionarios públicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que tienen como función principal el rescate de personas y la extinción de incendios en los accidentes de aviación que ocurran en el aeropuerto o en sus inmediaciones. Asimismo, fiscalizan control preventivo de a seguridad aeroterrestre (vigilancia de puntos críticos de riesgo, como el carguío de combustible de aviones de pasajeros).

Además, cuando es requerido, participan en grandes emergencias y catástrofes en cualquier parte del país. Para ello se valen de los conocimientos obtenidos por su Título de Nivel Superior[2] y vehículos de grandes dimensiones especialmente diseñados para llevar el equipamiento y agua necesaria y sortear los obstáculos que pudiesen encontrar en su camino a responder a las emergencias.

Hoy en día, estos funcionarios de la Administración del Estado no se encuentran suficientemente resguardados por las normas del tránsito, en el evento de tener que salir del aeropuerto con sus carros bomba, en caso de accidente de aviación o emergencias de su responsabilidad, por lo que se requiere de un reconocimiento legal explícito, a efectos de facilitar su tarea y que no sufran sanciones en el cumplimiento de su labor institucional.

Actualmente, los vehículos institucionales de los bomberos de aeropuerto, por la especificidad de la labor que realizan, son de mayor peso a los que están autorizados a transitar por las distintas vías, por lo que constantemente se encuentran expuestos a infracciones y multas relacionadas con el peso y las emisiones de los vehículos, circunstancias que les son ajenas a los funcionarios.

Por otro lado, la calidad de vehículo de emergencia, les permitirá realizar su labor de manera más eficiente, toda vez que podrán acudir más rápido a los requerimientos que se produzcan fuera de los recintos aeroportuarios.

II.IDEA MATRIZ

Este proyecto tiene por objeto incorporar al trabajo que realizan los funcionarios del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dentro de la normativa que rige a los vehículos de emergencia, para hacer uso de las excepciones que resguardan a éstos, tales como el uso de dispositivos sonoros o sirenas, balizas y derecho preferente de paso.

También se incluyen modificaciones, particularmente en lo relativo a la exigencia de licencia especial para conducir los vehículos de dicho servicio, y a las condiciones técnicas de los vehículos utilizados para la realización de dicha labor, relativas al exceso de peso de los vehículos y a la excepción en las normas de emisiones, muy similares a las de los vehículos utilizados por los Cuerpos de Bomberos de Chile.

III.LEY VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Calidad Legal de los Vehículos de Bomberos de Aeropuerto.

Los vehículos de los Bomberos de Aeropuerto, que no pertenecen a los Cuerpos de Bomberos voluntarios si no que a la DGAC, no están listados en la definición del Artículo 2, número 47 “Vehículos de emergencias”, por lo que no cuentan, fuera de los recintos aeroportuarios, con la habilitación legal para:

a) Acogerse a la excepción de usar dispositivos sonoros del artículo 74 inciso 3 de la Ley de Tránsito, que dispone: “Prohíbese en las zonas urbanas el uso de cualquier aparato sonoro de que estén provistos los vehículos. (…) Exceptúanse de esta prohibición los vehículos de emergencia en servicio de carácter urgente”

b) Gozar del derecho preferente de paso en el ejercicio de sus funciones, y estacionar o detenerse en sitios prohibidos según lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Tránsito, que dispone:

“Ante la aproximación de un vehículo de emergencia que haga uso de sus señales audibles y visuales, se observarán las siguientes reglas:

1.- El conductor de un vehículo que circule en el mismo sentido, deberá respetar el derecho preferente de paso del vehículo de emergencia, conduciendo el suyo hacia el lado de la calzada que tenga desocupado, lo más cerca posible de la solera o del eje de la calzada, deteniéndose si fuere necesario hasta que haya pasado el de emergencia, y

2.- Los vehículos que lleguen a un cruce al cual se aproxima un vehículo de emergencia, deberán detenerse y respetarle su derecho preferente de paso.

En las condiciones referidas, cuando un vehículo de emergencia se aproxime a un cruce con luz roja del semáforo u otra señal de detención, su conductor deberá reducir la velocidad hasta detenerse si fuere necesario, y cruzar solamente cuando verifique que los demás conductores de vehículos le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente.

El conductor de un vehículo de emergencia, cuando concurra a un llamado de urgencia haciendo uso de sus señales audibles y visuales reglamentarias, podrá estacionarse o detenerse en sitios prohibidos”.

c) Contar con balizas, según del Artículo 143 de la Ley de Tránsito, que ordena “El conductor de un vehículo de emergencia deberá utilizar sus señales audibles y visibles sólo en los casos de llamada de urgencia o alarma y guiará con todo cuidado y velará por la seguridad de los peatones y vehículos que estén usando la vía, debiendo respetar todas las prescripciones de esta ley que rigen el tránsito público, con las excepciones que establece el artículo anterior”.

La modificación propuesta al numeral 47 del Artículo 2, de la ley del tránsito, incorpora expresamente al Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que sus vehículos entren en la categoría de vehículos de emergencia y puedan hacer uso de las prerrogativas que a éstos les asisten.

Exenciones de ciertas obligaciones en Vehículos de Extinción de Incendios.

Los vehículos de los Bomberos de Aeropuerto son construidos basados en los requerimientos de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y las normas nacionales establecidas por la DGAC para la extinción de incendios en aeronaves. Es normal que los vehículos tengan un peso de entre 25 y 40 toneladas, debido a que algunos de ellos llegan a transportar casi 14000 litros de agente extintor (Agua - Espuma) sin contar otros agentes complementarios y equipamiento, sobrepasando el máximo de 25 toneladas establecido en el Decreto 158 de 1980 del Ministerio de Obras Públicas. Además, suelen ser sobredimensionados en largo y ancho. Por otro lado, dada la potencia que necesitan los motores de estos vehículos para acudir con rapidez a las emergencias, las emisiones que se producen exceden la norma establecida por ley.

Así, al igual como se hizo con la Ley 21.137 considerando como requisitos técnicos y pesos máximos permitidos de los vehículos de los cuerpos de bomberos aquellos que son inherentes a la función bomberil y eximiendo de cumplir límites en las emisiones contaminantes, se debe incluir a los vehículos de extinción de incendios de los Bomberos de Aeropuerto en ambas excepciones para que puedan circular sin incurrir en faltas a la ley.

Por lo mismo, se propone incorporar a los Bomberos de Aeropuerto, modificando el inciso primero del artículo 62 de la Ley de Tránsito, que actualmente establece: “En el caso específico de los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos, las características técnicas y pesos máximos permitidos deberán considerar a lo menos la necesidad de su adecuada y oportuna intervención en el auxilio de incendios y otros siniestros, sus especiales características funcionales y su flujo de circulación”.

Asimismo, el proyecto propone incorporar al Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, modificando el inciso segundo del artículo 78 del mismo cuerpo legal, que actualmente sólo considera exceptuados a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos:

“Artículo 78.- Los vehículos motorizados deberán estar equipados, ajustados o carburados de modo que el motor no emita materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos.

Quedarán exceptuados de lo dispuesto en el inciso anterior los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos.”

Licencia de Conducir adecuada.

Dadas, entre otras, las características técnicas de los vehículos de los Bomberos de Aeropuerto anteriormente expuestas, los conductores de dicha maquinaria deben tener una capacitación altamente especializada, la que incorpora conocimientos mecánicos, de comunicaciones radiofónicas, de conducción en situaciones de estrés, extinción de incendios durante la conducción, etc., por lo que, no existe actualmente en la Ley del Tránsito una Clase de Licencia de Conducir acorde, utilizando actualmente Clase B.

Es menester, entonces, salvar este vacío legal considerando a los Bomberos de Aeropuerto dentro de las Licencias Especiales establecidas en el Artículo 12 de la Ley del Tránsito, agregando para la Clase F, al final del inciso, la frase “..., Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil…”.

Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009:

1.Agréguese en el número 47) del artículo 2, a continuación de la frase "a las Fuerzas Armadas", la fórmula "al Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil", precedida de una coma (“,”).

2.En el inciso primero del artículo 12, en la definición “Clase F” del acápite “Clase D, E y F LICENCIA ESPECIAL”, a continuación de la expresión “de Gendarmería de Chile”, intercálese la frase: “Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, precedida de una coma (“,”).

3.Intercálese en el inciso primero del artículo 62, a continuación de la expresión “los Cuerpos de Bomberos”, la frase “y de aquellos utilizados para el rescate de personas y/o extinción de incendios por el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil”.

4.Agréguese en el inciso segundo del artículo 78, a continuación de la expresión “Cuerpo de Bomberos”, la fórmula "y aquellos utilizados para el rescate de personas y/o extinción de incendios por el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil".

Diputadas señoras Mix y Rojas ,y de los diputados señores Alinco, Brito, Ilabaca, Mulet, Noman y Vidal

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Urrutia, don Osvaldo; Bobadilla, Calisto, Espinoza, García, Jarpa, Kast, Norambuena y Pardo, y de la diputada señora Olivera, que “ Modifica la ley N°20.234, que Establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, en materia de requisitos, causales y modalidades aplicables, y prorroga su vigencia” Boletín N° 12871-14

I.- IDEAS GENERALES.

En el contexto de la pérdida de vigencia de la Ley N°20.234, que “Establece un Procedimiento de Saneamiento y Regularización de Loteos”, con fecha 30 de enero de 2020, se hace necesaria la prórroga de la vigencia de la misma, junto con la introducción de algunas modificaciones que son necesarias para hacer más eficaz el cumplimiento de su objetivo. Dada su connotación territorial, es preciso extender su aplicación a otros territorios con características similares a los ya regulados. Es el caso de asentamientos irregulares en aplicación de las Leyes N°16.282 y N° 18.138, y bajo los Decretos Leyes N° 2.833 y N° 2.695. Todos coinciden en que cuentan con una población vulnerable, principalmente dado a que en la mayoría de los casos no cuentan con la totalidad de las obras de urbanización, lo cual imposibilita su recepción por las Direcciones de Obras Municipales y dificulta la libre circulación de los bienes.

Deberíamos hablar de un “ASENTAMIENTO IRREGULAR” cuando su conformación se caracteriza por la precariedad urbana determinada por la existencia de viviendas sin los servicios sanitarios y de urbanización acordes con la satisfacción de necesidades básicas indispensables para la vida y dignidad humana, esto debido a diversos factores, como son: la sensación de inseguridad habitacional, sanitaria y social, la segregación, la ocupación en áreas periféricas y muchas veces en zonas de riesgo, la insuficiencia en conectividad vial y servicios de transporte público.

Es así, que históricamente el Estado de Chile ha desarrollado una amplia variedad de políticas públicas en aras de atender de mayor o menor manera la situación de irregularidad, de pobreza, y de carencia habitacional. Esta precariedad urbana a la cual nos referimos, no sólo se presenta en loteos irregulares normados por la Ley N°16.741 ni en los campamentos, los cuales ya están regulados, aunque en forma insuficiente en la normativa actual, sino también en territorios regulados por la normativa descrita en el párrafo primero. Hablamos de los territorios bajo la Ley de Sismos y Catástrofes, de la Ley de Programas de Construcción de Viviendas e Infraestructuras Sanitarias, de la pequeña propiedad raíz regularizada a través del Ministerio de Bienes Nacionales y de las conocidas como Poblaciones SERVIU DL N°2.833.

El espíritu de las modificaciones va en el sentido de solucionar los problemas que se generan en el territorio cuando se superponen la aplicación de las normativas ya descritas, sobre un mismo territorio o loteo ya recepcionado, en el cual se han generado y enajenado lotes, vialidades y áreas verdes, las cuales podrían o no constituir Bienes Nacionales de Uso Público, dependiendo de cada caso.

En este sentido, el Informe de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de fecha 4 de julio de 2007, señaló en su momento que: “La diferencia entre ser propietario de un predio regularizado o el poseedor de uno que no cuenta con esa calidad son notables. Así, por ejemplo, el propietario de un sitio regularizado puede tener acceso a los subsidios habitacionales del Servicio de Vivienda y Urbanización; puede acceder a créditos en bancos u organismos financieros; adquiere mayor valor el inmueble regularizado, porque sin títulos sólo se transfieren los derechos que eventualmente se tengan, los que tienen un valor mínimo; si ha regularizado tiene incentivos para efectuar mejoras en el bien raíz propio; puede vender su propiedad a un valor real, por lo mismo adquiere movilidad; y, por último, el beneficiario y su familia adquieren la seguridad jurídica de ser legalmente propietarios del inmueble regularizado.” Nos parece acertada la conclusión de este informe, dado que la frustración social que se genera en los habitantes de asentamientos irregulares con un título de dominio en su poder, pero sin la debida urbanización y, por lo tanto, sin poder obtener el permiso y recepción del loteo por parte de la Dirección de Obras Municipales, determina también la imposibilidad de construir su propia vivienda cumpliendo con las normas establecidas para tal efecto, ya que nunca podrá obtener el permiso y la recepción municipal de esa vivienda, mientras no se recepcione previamente el loteo. Por otra parte, el no contar con recursos propios para urbanizar, mantiene una situación de precariedad urbana y mala calidad de vida de los integrantes del barrio.

Desde la promulgación de la ley en el año 2008 hasta hoy, se ha avanzado a paso muy lento en la obtención de permisos y recepciones municipales de loteos irregulares, permitiendo, en la minoría de los casos, optar a programas de urbanización a través de recursos públicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos ha resultado imposible obtener permiso y la correspondiente recepción, sea esta definitiva o provisoria, por no disponer el Estado de los recursos económicos suficientes para efectuar los diseños y ejecución de las obras de urbanización, como tampoco para llevar a cabo los estudios previos que son necesarios tales como: levantamientos topográficos, estudios de títulos, constitución de servidumbres, inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces, entre otros. Por lo anterior, es necesario agilizar los procesos legales, administrativos y disponer de los recursos necesarios tanto para la tramitación y las inversiones necesarias en obras de urbanización, con el fin de evitar que pasen otros diez años de vigencia de la ley, sin que hayamos avanzado significativamente en solucionar un problema real que afecta a miles de familias en nuestro país desde hace muchos años.

Lamentablemente en Chile pareciera no haber un conocimiento significativo y profundo de esta situación territorial. A modo de ejemplo, en la región de Valparaíso se ha constatado un universo cercano a 320 asentamientos irregulares de diversas magnitudes ubicados principalmente en las áreas urbanas, de ese universo, más del 60% aún no ha sido abordado, existiendo la certeza que faltan obras de urbanización.

Sólo en la cuidad de Viña del Mar, existen 35 loteos irregulares, 28 loteos efectuados a través del DL N°2.833, 29 loteos aprobados a través de la Ley de Sismos, lo que representa cerca de 19.000 familias viviendo en ellos. Además, 17 de las 36 comunas continentales de la Región de Valparaíso, cuentan en su territorio con uno o más loteos irregulares, contabilizándose más de 10.000 familias viviendo en campamentos, 26.500 en loteos irregulares y 7.000 en los denominados loteos del DL N°2.833. Del mismo modo, en la en la Región de la Araucanía existen 97 loteos irregulares en los cuales viven un total aproximado de 13.000 familias.

En los 10 años de vigencia de la ley, los Servicios de Vivienda y Urbanización, en conjunto con la comunidad organizada han avanzado en recepcionar loteos bajo la Ley N°20.234, en la medida que los recursos lo han permitido. Si bien se ha avanzado, el tiempo será siempre insuficiente en el entendido que, los procesos de urbanización superan ampliamente el plazo establecido por la normativa. Nuestras Direcciones de Obras Municipales hoy no cuentan con unidades con dedicación exclusiva para la revisión de expedientes de los loteos, ni tampoco para la elaboración de iniciativas de inversión posterior a la obtención de la recepción provisoria. Por otra parte, es preciso contar con una línea presupuestaria directa que vaya en pos de urbanizar asentamientos precarios en donde la población cuente con al menos un 60% de vulnerabilidad social acreditada.

II.- CONSIDERANDO.

Que, la ley N°20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos tiene vigencia hasta el 30 de enero del 2020, se hace imprescindible prorrogarla, junto con la introducción de algunas modificaciones, en el entendido de que es obligación del Estado otorgarles a sus ciudadanos el bienestar social y material y por ende, establecer una política habitacional coherente a los requerimientos de las personas.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado, la presente iniciativa tiene no sólo por objeto prorrogar la vigencia de la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, sino que también de avanzar en perfeccionar los procesos para hacer más expedita las tramitaciones asociadas a ella. La idea es avanzar en: ampliación de territorio de intervención, en dotar de mejores herramientas de publicidad a los Conservadores de Bienes Raíces y especificar los procesos administrativos sobre recepciones municipales.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: modificase la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°.- Los Asentamientos Irregulares emplazados en aéreas urbanas o de extensión urbana excluyendo aquellos emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida o proyectada según lo establecido en los Instrumentos de Planificación Territorial, que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con el permiso o recepción de loteo de las respectivas Direcciones de Obras Municipales y que cumplan además, con los requisitos que en ésta ley se establecen, podrán, durante su vigencia, acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización del loteo.

Se entenderán por Asentamientos Irregulares, para efectos de esta ley, los campamentos bajo estrategia de radicación vía urbanización y los loteos regulados bajo las leyes N°16.741, N°16.282, N°18.138 y los Decretos Leyes N° 2.833 y 2.695.

También podrán acogerse a dicho procedimiento simplificado, los loteos bajo las leyes N°16.282 y N°18.138, en el entendido que en dichos casos la aprobación ya se produjo mediante un decreto alcaldicio.”

2) Modifíquese el artículo 2° de la siguiente forma:

a) En el inciso primero reemplácese la frase “los loteos que se encuentren en situación de irregularidad” por “los Asentamientos Irregulares y loteos de conformidad a lo señalado en el artículo anterior”.

b) Reemplácese en el numeral 1, la expresión “Programa de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, por “Programa de Asentamientos Precarios, u otro programa que lo suceda en el futuro y cuya estrategia de radicación sea exclusivamente de urbanización”.

c) Se agrega numeral 2.

“Aquellos loteos acogidos a la Ley N°16.741 o que hayan sido modificado por Decreto Ley N°2.695 y Decreto Ley N°2.833.

Para los casos de las leyes N°16.282 y N°18.138 que cuenten con decreto alcaldicio de aprobación, se reconocerá dicha aprobación por el Director de Obras Municipales por sobre las posteriores modificaciones legales.”

d) Modifíquese el actual numeral 2 que pasa a ser 3, quedando de la siguiente manera:

“Que no tengan permiso o recepción de loteo, salvo el caso de aquellos loteos aprobados bajos las leyes N°16.282 y N°18.138, sobre los cuales se hayan ejecutados modificaciones a través de la ley 16.741 o de los Decretos Leyes N°2.833 y N°2.695.”

e) Modifíquese el actual 3 que pasa a ser 4 de la siguiente manera: “Que en más del 90% de los lotes resultantes del asentamiento irregular existan residentes permanentes. En los casos restantes se podrán redestinar los lotes que no cuenten con título debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.”

f) En el numeral 4 que pasa a ser 5, se incorpora inciso segundo: - “Este requisito no será aplicable en los casos de campamentos cuyos habitantes integren un grupo familiar que esté dentro del 60% más vulnerable, de acuerdo al Registro Social de Hogares u otro instrumento de medición que lo reemplace en el futuro.”

g) Reemplácese en el inciso segundo del numeral 4, que pasa a ser inciso tercero del numeral 5 el comienzo del inciso por el siguiente: “El Plano del loteo que se ingrese a la Dirección de Obras Municipales, en virtud de la presente ley, deberá indicar los lotes que se encuentren edificados, señalando en cada caso, el número aproximado de metros construidos y el destino de las edificaciones.”, antes del punto seguido que comienza con la siguiente frase “En ningún caso …”.

h) Se elimina el inciso tercero del numeral 4.

i) En el último inciso, se elimina la frase “financiado por dicho servicio.”

j) En el numeral 5 que pasa a ser 6, se reemplaza el inciso segundo por el siguiente:

“Dicho requisito deberá verificarse al momento de la presentación del expediente de la recepción definitiva, ya que el loteo deberá contar con las obras de mitigación ejecutadas y refrendadas por el profesional pertinente, siempre que se trate de zonas de riesgo definidas en los instrumentos de planificación. En el caso de zonas de protección como alta tensión, acueductos u otros, no se podrá someter a la regularización a través de esta ley”

k) El inciso tercero del numeral 5 pasa a ser el inciso tercero del numeral 6, quedado de la siguiente manera: “Los Asentamientos Irregulares emplazados en áreas de riesgo podrán postular a recursos de organismos públicos para la elaboración de estudios y ejecución de las obras de mitigación que permitan obtener la recepción por parte de la Dirección de Obras Municipales”.

l) El numeral 6 pasa a ser 7 y se reemplaza en el inciso segundo la palabra “loteos” por “asentamientos”.

3) En el artículo 3°, a) se reemplaza la letra a) por la siguiente:

a) “Formulario único del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, suscrito por los interesados que en su conjunto representen, al menos, el 20% de los residentes permanentes del Asentamiento Irregular o Loteo, en que se explique el origen de la conformación del Asentamiento Irregular, señalando cómo se constituyó éste; las razones por las cuales no cuenta con permiso o recepción municipal, o las razones por las cuales pese a tener recepción por las leyes 16.282 o 18.138 deben ser modificados. Para estos efectos se considerará interesados a las personas que acrediten la tenencia material de los respectivos sitios al 31 de diciembre de 2006, por medios fidedignos tales como título de dominio, comprobantes de pago de cuentas de servicios, certificado de residencia emitido por la junta de vecinos, Carabineros, u otras organizaciones comunitarias o autoridades de la localidad.

También se considerará interesados a los campamentos que formen parte del catastro que atiende el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, se considerará interesados a los comités de vivienda u organizaciones comunitarias constituidas en el loteo, con facultades suficientes y que representen, al menos, el porcentaje de derechos señalado.

A su vez, podrá solicitarse la regularización por los Servicios de Vivienda y Urbanización, en los casos de otros asentamientos irregulares señalados en esta ley.”

b) Se reemplaza la letra b) del artículo 3° por la siguiente:

b) “Plano del loteo suscrito por un profesional competente de aquellos a que se refiere el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, elaborado sobre la base de un levantamiento topográfico, a una escala adecuada, que grafique la forma como se accede a él, las vialidades, el número de lotes incluidos con sus respectivas superficies y dimensiones, y a qué título ocupan el respectivo predio, los lotes cuyo destino sea área verde y equipamiento comunitario, las viviendas existentes y su superficie. Se excluirán de dicho levantamiento topográfico los loteos que hayan sido enajenados mediante la Ley N° 16.741, Decreto Ley N°2.833, Ley N°16.282 y Decreto Ley N° 2.695.”

c) Se incorpora la letra d):

“d) Declaración jurada simple del propietario o el representante legal, manifestando su voluntad de cesión de las vialidades y áreas verdes resultantes del loteo.”

4) Modifíquese el artículo 4° por el siguiente:

a) En el inciso primero se reemplaza la frase “salvo que éste cumpla con las condiciones establecidas” por “salvo que existan observaciones o éste cumpla con las condiciones establecidas.”

b) En el inciso primero después del punto aparte que pasa a ser punto y seguido se incorpora lo siguiente: “En el caso de haber observaciones al proyecto de loteo, el interesado tendrá un plazo de treinta días corridos para subsanarlas y la Dirección de Obras Municipales, tendrá un plazo de quince días corridos para otorgar la recepción provisoria del loteo, salvo que deba otorgar la recepción definitiva de acuerdo a lo señalado.”

c) En el inciso segundo el punto aparte pasa a ser punto y seguido y se agrega lo siguiente: “En el caso que el proyecto de loteo haya sufrido modificaciones posteriores a la recepción provisoria durante la ejecución de las obras, antes de la solicitud de la recepción definitiva, se deberá reingresar el plano de loteo para su revisión y la Dirección de Obras Municipales tendrá quince días corridos para emitir un pronunciamiento.”

d) En el inciso quinto en su parte final, donde dice “otorgará la referida recepción provisoria o definitiva, según corresponda” se reemplaza por lo siguiente: “otorgará la referida recepción provisoria o definitiva total o parcial, según corresponda”

e) Se reemplaza el inciso sexto por el siguiente:

“Una vez obtenida la recepción provisoria del loteo, el interesado deberá cumplir, dentro del plazo de cinco años, renovable por el solo ministerio de la ley por igual período. De igual manera se podrá realizar recepciones definitivas parciales para este tipo de casos, tal como lo contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, con el fin de dar libre circulación a los bienes, hasta el cumplimiento de las condiciones de urbanización faltantes para obtener la recepción definitiva total. Para ello, el Director de Obras deberá dejar la constancia correspondiente en el certificado de recepción. Asimismo, en este certificado deberá quedar constancia expresa de la prohibición de enajenar, ceder o transferir a cualquier título los sitios del loteo, mientras no se hubieren ejecutado todos los trabajos de urbanización pendientes de acuerdo a los artículos 129 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Con todo, la Dirección de Obras Municipales solo, y en casos excepcionales, podrá autorizar las ventas y adjudicaciones, extendiendo el correspondiente certificado de urbanización garantizada, previo otorgamiento de las garantías que señala el artículo 129 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones por el monto total de las obras de urbanización pendientes, o bien, previa exhibición de los actos administrativos que aprueben el financiamiento estatal para la ejecución de las obras de urbanización o saneamiento o de los convenios referidos en el artículo 9 de dicha ley.”

f) Se reemplaza el inciso octavo por el siguiente:

“Vencido el plazo de cinco años a que se refiere este artículo o su prórroga, en caso en que se haya concedido, sin que se hubiere dado cumplimiento a las condiciones exigidas para otorgar la recepción definitiva, caducará por el solo ministerio de la ley la recepción provisoria, y podrá otorgarse la recepción definitiva parcial, respecto de la parte del loteo que esté completamente urbanizada según el artículo 6 de esta ley.

Junto con ello, en caso que venza el plazo señalado y su prórroga, y que no se haya otorgado la recepción definitiva, total o parcial, se procederá a hacer efectiva la responsabilidad del loteador y del urbanizador, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, salvo aquellos loteos acogidos a la Ley N°16.741, la cual, ya contempla la sanción al loteador mediante el embargo total del dominio a través de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, del Decreto Supremo de declaración del loteo en situación irregular.”

g) En el inciso noveno el punto aparte pasa a ser punto y seguido y se agrega lo siguiente: “Para el caso de lotes resultantes de una intervención de urbanización en campamentos, se tendrá en consideración que deberán cumplir con la superficie mínima predial del Instrumento de Planificación Territorial con el fin de, en un futuro, poder regularizar las edificaciones de acuerdo a las condiciones urbanísticas y la aplicación de los Programas Habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”

h) En el inciso décimo se intercala después de la expresión “Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, y antes de “sin que le sea exigible”, la siguiente frase “o bien, conforme a las normas especiales que les fueren aplicables y estuvieren vigentes, teniendo presente la salvedad establecida en el inciso tercero respecto del uso de suelo y”

5) Agrégase en el artículo 5° los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Esta servidumbre se entenderá constituida por el sólo ministerio de la ley y el Conservador de Bienes Raíces respectivo, se encontrará obligado por razones de publicidad a anotar marginalmente el gravamen, con la sola presentación del certificado de recepción provisoria y proyecto sanitario aprobado por la empresa sanitaria donde conste la servidumbre en cuestión.

Las servidumbres legales constituidas bajo esta ley, no se cancelarán por el transcurso del tiempo establecido en el Decreto Ley N°2.695.

Por su parte, en los casos en que existan obras sanitarias, eléctricas o de iluminación pública ejecutadas, en proceso de ejecución o con financiamiento aprobado, y que, por razones de naturaleza ajenas a las empresas de servicios, no se haya materializado la recepción definitiva del loteo, y con motivo de permitir el acceso de las familias a los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad e iluminación pública, no se eliminaran las servidumbres que permiten la conexión a estos servicios a menos que se modifique el trazado de las redes mediante por un nuevo diseño aprobado por la empresa sanitaria respectiva.

Con el objeto de obtener la recepción definitiva parcial o total, en el caso de lotes privados en que se haya aplicado la Ley N°18.138 u otra normativa relacionada con Asentamientos Irregulares, descritos en el artículo primero de la presente ley, y en que el propietario se negare a constituir servidumbre de paso para ejecutar o regularizar redes sanitarias, el Serviu podrá ejercer facultades expropiatorias, siempre que exista un diseño de ingeniería de detalle, aprobado por la empresa sanitaria correspondiente, que dé cuenta del trazado de la red y de las servidumbres necesarias.”

6) Modifíquese el artículo 6° de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Tratándose de Asentamientos Irregulares que, en su totalidad o parte de los mismos cuenten con urbanización suficiente, el Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo podrá solicitar la recepción definitiva, parcial o total.”

b) Modifiquese en el inciso segundo la frase “del presente artículo” por “la presente ley”

7) Modifíquese el artículo 7 de la siguiente forma:

a) Reemplácese la frase “Tratándose de loteos declarados en situación irregular en conformidad a la ley N° 16.741” por “Tratándose de los Asentamientos Irregulares de conformidad al artículo 1° de la presente ley”.

b) Incorpórese el artículo 7°(bis):

“Artículo 7° (bis).- Para efectos, de la presente ley, se entenderá por recepción definitiva parcial, aquella que se otorga cuando una parte del loteo puede habilitarse de manera independiente, porque se han ejecutado las respectivas obras de urbanización.”

8) Modifíquese el artículo 8° en lo siguiente:

a) Se reemplaza la frase “En los casos a que se refiere los artículos 6 y 7 de esta ley” por “Sólo en los casos de los loteos irregulares de la Ley N°16.741,”

b) El punto aparte pasa ser punto y seguido, incorporándose lo siguiente “Una vez que se realice la anotación marginal establecida en este artículo, bastará con informar al Tribunal que se realizó el alzamiento en virtud de esta Ley. Junto con ello, se deberá rendir cuenta de los fondos administrados y de los lotes transferidos. Con ello, el tribunal procederá a cerrar la causa del loteo, sin embargo, el alzamiento se entenderá realizado desde la anotación marginal previa que realice el Conservador de Bienes Raíces respectivo.”

9) Agrégase un artículo 14 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 14.- Respecto a la accesibilidad universal, en casos fundados y excepcionales, es necesario que se pueda buscar una alternativa de regularización acorde con la topografía. En otros casos, cuando no existe una alternativa viable, se deberá eximir a las Municipalidades y a los Servicios de Vivienda y Urbanización o su sucesor legal, del cumplimiento de dichas exigencias, siempre que se presenten los antecedentes fundados del caso y que, con posterioridad a la recepción provisoria, se desarrollen los estudios de especialidades e ingeniería de detalles respectivos.”

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: Prorróguese la vigencia de la ley N° 20.234 por el plazo de 10 años desde su entrada en vigencia.

ARTICULO SEGUNDO: Los casos que cuenten con recepción provisoria previa al 30 de enero de 2020 y que a esa fecha no alcanzaren a ser recepcionados definitivamente, se entenderá que el plazo ha sido prorrogado con la vigencia de esta ley.

Diputados señores Urrutia, don Osvaldo; Bobadilla, Calisto, Espinoza, García, Jarpa, Kast, Norambuena y Pardo, y de la diputada señora Olivera

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, don Rodrigo; Jarpa, Mellado, don Cosme, y Teillier, y de la diputada señora Castillo, que “ Modifica la ley N° 20.234, que Establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, en materia de requisitos y trámites, y amplía su plazo de vigencia” Boletín N° 12872-14

ANTECEDENTES

La Ley N° 20.234, presentada como moción el 12 de abril de 2007 por los diputados Eugenio Tuma y Rodrigo González , tramitada durante todo el año 2007 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2008, permitió establecer un sistema simple y eficaz de regularización de loteos y campamentos, posibilitando una intervención más efectiva de los organismos públicos en poblaciones y barrios que tienen el carácter de propiedad irregular, favoreciendo con ello a miles de familias de escasos recursos, quienes pudieron incorporarse a diversos programas sociales de urbanización. En efecto, la regularización de los loteos y campamentos, permitió a dichas familias el acceso a proyectos de pavimentación de calles, de instalación de alumbrado público, de construcción de redes de agua potable y de establecimiento de servicios de recolección de basura, además de diversos subsidios estatales.

La Ley N° 20.562, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 2012, y la Ley N° 20.812, publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 2015, perfeccionaron en diversos aspectos el texto original, prorrogando esta última ley, el procedimiento simplificado de regularización de la Ley Nº 20.234, por el plazo de cinco años, el cual expira el próximo 30 de enero de 2020.

Atendida la próxima expiración del plazo de la Ley N° 20.234, se hace necesario legislar, con el objeto de ampliar el plazo de vigencia de la misma, así como para mejorar algunos aspectos de dicha normativa, a fin de permitir la regularización de los numerosos loteos y campamentos que aún faltan por regularizar en nuestro país.

OBJETO DEL PROYECTO

Se proponen las siguientes modificaciones a la Ley N° 20.234:

1.- Prórroga del plazo de vigencia de la Ley N° 20.234 a 10 años:

Se propone ampliar el plazo de vigencia a 10 años, a contar de la publicación en el Diario Oficial de la ley que se origine en virtud de la presente moción, tiempo que se considera suficiente para permitir un mayor número de recepciones definitivas y parciales de loteos irregulares y campamentos.

2.- Eliminación del requisito de exigencia de estudios de riesgo:

El artículo 2° N° 5 de la Ley N° 20.234, exige la presentación de un estudio de riesgo, en circunstancias que dicha exigencia sólo encarece y retrasa el proceso de regularización.

Se propone eliminar la exigencia de la presentación de estudios de riesgo, ya que, al momento de tramitarse la recepción definitiva, de todas formas, se deberá contar con obras de mitigación.

3.- Reducción de los porcentajes exigidos en relación a los residentes de los loteos y campamentos, para acogerse al procedimiento simplificado de la ley N° 20.234:

El artículo 2 N° 3 de la Ley N° 20.234, establece que para acogerse al procedimiento simplificado de regularización, deben existir residentes en más del 40% de los lotes resultantes del loteo, si éste está ubicado dentro del radio urbano, o un 30 % en los demás casos. Se propone reducir en 30 % el porcentaje de exigencia para los loteos ubicados dentro del radio urbano y en 20 % en los demás casos.

4.- Reducción de los plazos para efectuar la tasación de las viviendas:

El artículo 2 N° 4 de la Ley N° 20.234 establece que las viviendas existentes en el loteo deben tener una tasación máxima de 2.000 unidades de fomento en promedio, calculada conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción fijada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señalando, más adelante, que dicha tasación debe ser efectuada por la Dirección de Obras Municipales en el plazo de sesenta días contados desde la solicitud respectiva tratándose de loteos de inmuebles urbanos, y de noventa días en el caso de inmuebles rurales. Se propone reducir dichos plazos, en cuarenta y cinco días, tratándose inmuebles urbanos, y en sesenta días, en el caso de inmuebles rurales.

5.- Rebaja del porcentaje de interesados que deben suscribir solicitud de regularización:

El artículo 3 letra a) de la Ley N° 20.234 exige que la solicitud de regularización que presenten los particulares debe ser suscrita por los interesados que en su conjunto representen, al menos, el 20% de los derechos en el loteo irregular. Se propone rebajar dicho porcentaje a un 15 %, para facilitar la presentación de la solicitud.

6.- Rebaja del plazo de tenencia material para ser considerado interesado:

El artículo 3 letra a) de la Ley N° 20.234 establece que para efectos de presentar la solicitud de regularización se considerará interesados a las personas que acrediten la tenencia material de los respectivos sitios al 31 de diciembre de 2006. Se propone rebajar dicha exigencia, en el sentido de considerar interesados a las personas que acrediten la tenencia material de sus lotes al 31 de diciembre de 2014, es decir, un plazo de aproximadamente 5 años, con el objeto de facilitar el cumplimiento de este requisito.

7.- Regulación de las observaciones y respuestas en el procedimiento de recepción de los loteos y campamentos:

El actual inciso 1° del artículo 4° de la Ley N° 20.234 sólo se refiere a la posibilidad de aceptación o rechazo de la recepción de un loteo o campamento por parte de la Dirección de Obras Municipales, en circunstancias que, en la práctica, los Directores de Obras han incorporado al procedimiento la formulación de observaciones y respuestas. Se propone regular legalmente dichas instancias, con el objeto de uniformar los criterios de la autoridad administrativa en esta materia.

8.- Regularizar edificaciones existentes o viviendas nuevas realizadas con subsidios del Minvu:

En la actualidad la DDU 314 numeral 6.3. norma la regularización de edificaciones existentes. Sobre este punto, se propone introducir en el inciso 4° del artículo 4° de la Ley N° 20.234 la posibilidad que la Secretaría Regional Ministerial pueda eximir del cumplimiento de requisitos urbanísticos, en caso que, por las características del lote, éstos no puedan ser aplicados.

9.- Posibilidad de realizar modificaciones al proyecto de loteo antes del trámite de recepción definitiva:

Dada la posibilidad de que un proyecto de loteo con recepción provisoria requiera de modificaciones, se propone modificar el inciso 6° del artículo 4° de la Ley N° 20.234, de manera de permitir presentar dichas modificaciones al proyecto, antes del trámite de recepción definitiva.

10.- Introducción del silencio administrativo positivo, en caso de falta de pronunciamiento del Director de Obras.

Los incisos 5° y 7° del artículo 4° de la Ley N° 20.234, establecen que, si expirado el plazo fijado para otorgar la recepción provisoria o la recepción definitiva no hubiere pronunciamiento por escrito del Director de Obras Municipales o éstas hubieren sido denegadas, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se propone modificar los incisos 5° y 7° del artículo 4°, en el sentido de establecer que expirado el plazo fijado para otorgar la recepción provisoria o la recepción definitiva no hubiere pronunciamiento por escrito del Director de Obras Municipales, éstas se entenderán otorgadas.

11.- Posibilidad de otorgar recepción definitiva en caso de pavimentación parcial, sujeto a ciertas condiciones.

El artículo 4° inciso 8° de la Ley N° 20.234 señala que vencido el plazo de cinco años o su prórroga, en caso que se haya concedido, sin que se hubiere dado cumplimiento a las condiciones exigidas para otorgar la recepción definitiva, caducará por el solo ministerio de la ley la recepción provisoria, y se procederá a hacer efectiva la responsabilidad del loteador y del urbanizador, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Se propone una flexibilización de la norma, en el sentido de establecer que, en el caso que se haya cumplido con, al menos el 50% de la pavimentación del loteo, los Directores de Obras puedan otorgar la recepción definitiva, bajo la condición de que los interesados presenten un proyecto de pavimentación participativa, aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, destinado completar la pavimentación faltante

12.- Condiciones para la constitución y publicidad de las servidumbres:

El artículo 5° de la Ley N° 20.234 señala que, para asegurar el acceso a los servicios básicos, se entenderán constituidas las servidumbres necesarias en favor de los lotes que conforman el predio.

En la práctica, ello genera una dificultad, ya que las Empresas de Servicios Sanitarios solicitan la inscripción de las servidumbres para otorgar la aprobación de los proyectos sanitarios, pero los Conservadores de Bienes Raíces se niegan a inscribir porque los loteos sólo cuentan con recepción provisoria.

Para corregir esta situación, se propone que el artículo 5° señale expresamente que se trata de una servidumbre legal y que el Conservador de Bienes Raíces se encuentra obligado a anotar marginalmente el gravamen, con la sola presentación de la recepción provisoria.

13.- Mantención de las servidumbres en los casos en que se aplique el DL 2695:

El Decreto Ley 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, establece en su artículo 16 que los gravámenes y prohibiciones que afectan al predio, al cabo de 2 años, se entienden canceladas por el solo ministerio de la ley.

Con el objeto de resguardar las servidumbres constituidas bajo la Ley N° 20.234, se propone establecer que dichas servidumbres no se entenderán canceladas por el transcurso de los 2 años que señala el artículo 16 del Decreto ley 2.695.

14.- Definición de la recepción definitiva parcial:

El artículo 6° de la Ley N° 20.234 no define en que consiste la recepción definitiva parcial. En la práctica, se ha venido aplicando la definición contenida en la Circular Ord. N° 214 (DDU 314) numeral 7.2., por lo que se propone definirlo en la ley.

15.- Ampliación de los casos de aplicación de la Ley N° 20.234:

La Ley N° 20.234 sólo se aplica en la actualidad a los loteos irregulares y campamentos regulados por la Ley N° 16.741, de 1968, que establece normas para saneamiento de títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular, en circunstancias que existen otros loteos y campamentos que carecen de obras de urbanización, pero que están regidos por otros cuerpos legales. En este sentido, se propone incorporar los loteos y campamentos regulados por el Decreto Ley 2.833, de 1979, que simplifica trámites de transferencia de dominio y constitución de gravámenes y prohibiciones en sitios ubicados en poblaciones de propiedad de los servicios de vivienda y urbanización; los loteos y campamentos regidos por la Ley N° 16.282, que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, establece normas para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 28 de marzo de 1965 y modifica la Ley N° 16.250; y los loteos y campamentos regulados por la Ley N° 18.138, que faculta a las municipalidades para desarrollar programas de construcción de viviendas e infraestructuras sanitarias. Con este objeto, se propone modificar los artículos 3° letra a), 6° inciso 1° y 7° inciso 1°.

16.- Alzamiento del loteo irregular afecto a la Ley N° 16.741:

El artículo 8° de la Ley N° 20.234 señala que en los casos a que se refieren los artículos 6° y 7° de esta ley, una vez otorgada la recepción definitiva, total o parcial, ésta deberá anotarse al margen de la inscripción de dominio de los respectivos lotes y el Servicio de Vivienda y Urbanización requerirá el alzamiento de los gravámenes y prohibiciones a que pudieren encontrarse afectos en virtud de la Ley N° 16.741.

La actual redacción del artículo 8° parece sugerir que bastaría contar con urbanización suficiente, es decir, tenga o no ejecutadas las obras de pavimentación, para alzar completamente el embargo y la condición de irregularidad en el Conservador de Bienes Raíces.

Se propone explicitar la intención del legislador, señalando que una vez que se realice la anotación marginal, se entenderá alzado el embargo y la condición de irregularidad, bastando con informar al tribunal que se realizó el alzamiento en virtud de la Ley N° 20.234, debiendo rendir cuenta de los fondos administrados y de los loteos transferidos, procediendo el tribunal a cerrar la causa del loteo.

17.- Incorporación de los Servicios de Vivienda y Urbanización como titulares en la tramitación de los Convenios de Ampliación de Territorio Operacional con las empresas sanitarias:

El artículo 9° de la Ley N° 20.234, señala que le corresponde a las municipalidades la tramitación de los Convenios de Ampliación de Territorio Operacional, con las empresas sanitarias. Se propone modificar el inciso 5° del artículo 9°, con el objeto de incorporar a los Servicios de Vivienda y Urbanización en esta función, con el objeto de reducir los tiempos de tramitación.

18.- Gratuidad de los Certificados de Informes Previos:

Como consecuencia del cobro de dichos certificados por parte de algunos municipios, se propone agregar un nuevo artículo 14, con el objeto de establecer de manera expresa que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servicios de Vivienda y Urbanización se encuentran exentos del pago de derechos respecto de los Certificados de informaciones Previas.

19.- Regulación especial de las normas sobre accesibilidad universal.

Existen ciertos territorios en que, por su particular topografía, como ocurre en Valparaíso o Viña del Mar, resulta imposible dar cumplimiento estricto a las normas de accesibilidad universal.

Se propone agregar un nuevo artículo 15, con el objeto de establecer que, en casos fundados, se apliquen parcialmente las normas sobre accesibilidad universal.

20. Recursos para que el Ministerio de Vivienda pueda cumplir y ejecutar las acciones y medidas planteadas en el Proyecto.

Su propone agregar un artículo transitorio, con el objeto que el Ministerio de la Vivienda, a través de los servicios de Vivienda y Urbanismo o las Secretarías Regionales Ministeriales pueda disponer de los recursos necesarios para ejecutar las acciones y cumplir con las medidas señaladas en este proyecto de ley.

Este proyecto de ley ha sido elaborado sobre la base de un completo análisis de la Ley N° 20.234, así como de una propuesta de modificaciones aportada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región en base a su experiencia.

En consecuencia, los diputados firmantes presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY

MODIFICA LEY Nº 20.234 QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS, Y AMPLÍA SU PLAZO DE VIGENCIA.

"Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de diez años, a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, el procedimiento simplificado de regularización a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 20.234.

Artículo 2°.- Introdúcense, en la Ley Nº 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, las siguientes modificaciones:

1.-En el artículo 2°:

Sustitúyase en el número 3, el guarismo “40%” por “30%” y el guarismo “30%” por “20%”

Sustitúyase en el número 4, el vocablo “sesenta” por “cuarenta y cinco” y el vocablo “noventa” por “sesenta”

Sustitúyase en el número 5, la frase “se podrá solicitar su regularización siempre que se acompañe un estudio de riesgo que determine las obras que deben ejecutarse para mitigarlo y permitir su utilización” por la expresión “se podrán regularizar siempre que se ejecuten las obras de mitigación que fuesen necesarias para permitir su utilización”

Elimínese en el número 5, la frase “para la elaboración de los referidos estudios y”

2.-En el artículo 3° letra a):

Sustitúyase el guarismo “20%” por ”15%” y el año “2006” por “2014”

Reemplázase la referencia “conforme a la ley N° 16.741” por “conforme a la ley N° 16.741, el decreto ley N° 2.833, la ley N° 16.282 y la ley N° 18.138”

3.-En el artículo 4°:

Agréguese en el inciso 1°, después del punto final, la siguiente expresión:

“La Dirección de Obras Municipales podrá formular observaciones, dentro del plazo de sesenta días, con el objeto de exigir correcciones o antecedentes faltantes. Una vez ingresadas las correcciones o los antecedentes faltantes, la Dirección de Obras tendrá el plazo de treinta días para aprobar o denegar la recepción provisoria o definitiva.”

Agréguese en el inciso 4°, después de la frase “Asimismo, esta Secretaría Regional Ministerial, por razones fundadas, podrá eximir al loteo de la obligación de cesiones contempladas en la mencionada Ley General de Urbanismo y Construcciones.”, la frase “ Dicha Secretaría Regional Ministerial, tratándose de la regularización de edificaciones existentes o viviendas nuevas financiadas con subsidios Minvu, podrá eximir del cumplimiento de algunos requisitos urbanísticos, en caso que, por las condiciones del lote, no puedan ser aplicadas.”

Sustitúyase en el inciso 5° la frase “Si expirado el plazo fijado en el inciso primero no hubiere pronunciamiento por escrito del Director de Obras Municipales, o la recepción provisoria o definitiva del loteo, según corresponda, fuere denegada, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.” por la frase “Si expirado el plazo fijado en el inciso primero no hubiere pronunciamiento por escrito del Director de Obras Municipales, la recepción provisoria o definitiva se entenderán otorgadas por el solo ministerio de la ley. Si la recepción provisoria o definitiva del loteo, según corresponda, fuere denegada, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”

Sustitúyase en el inciso 7° la frase “Si expirado este plazo no hubiere pronunciamiento por escrito del Director de Obras Municipales, o la recepción definitiva del loteo fuere denegada, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sujetándose al procedimiento señalado en el inciso quinto.” Por la frase “Si expirado este plazo no hubiere pronunciamiento por escrito del Director de Obras Municipales, la recepción definitiva se entenderá otorgada por el solo ministerio de la ley. Si la recepción definitiva del loteo fuere denegada, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sujetándose al procedimiento señalado en el inciso quinto.”

Agréguese en el inciso 6°, después del punto final, la siguiente expresión:

“En todo caso, si un proyecto de loteo con recepción provisoria requiere de modificaciones, se podrán presentar éstas, antes del trámite de recepción definitiva.”

Agréguese en el inciso 8°, después del punto final, la siguiente expresión:

“Con todo, en el caso que se haya cumplido con, al menos el 50% de la pavimentación del loteo, los Directores de Obras podrán otorgar la recepción definitiva, bajo la condición de que los interesados presenten un proyecto de pavimentación participativa, aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, destinado a completar la pavimentación faltante, otorgándose a éste, prioridad en el más próximo concurso.”

4.- En el artículo 5°:

Agréguese, después del punto final, la siguiente expresión:

“Dichas servidumbres tendrán el carácter de legales, debiendo el Conservador de Bienes Raíces anotar marginalmente el gravamen, con la sola presentación de la recepción provisoria. Las servidumbres no se entenderán canceladas por el transcurso de los dos años que señala el artículo 16 del Decreto Ley 2.695.

5.- En el artículo 6º:

Reemplázase en el inciso primero la referencia “con la ley N° 16.741” por “con la ley N°

16.741, el decreto ley N° 2.833, la ley N° 16.282 y la ley N° 18.138”

Agréguese, después del inciso 2°, el siguiente inciso 3°, nuevo:

“La recepción definitiva parcial procederá cuando una parte del loteo pueda habilitarse de manera independiente, debido a que se han ejecutado las respectivas obras de urbanización, debiendo aplicarse la regla general contenida en el inciso primero del artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.”

6.-En el artículo 7°:

Reemplázase la referencia “a la ley N° 16.741” por “a la ley N° 16.741, el decreto ley N° 2.833, la ley N° 16.282 y la ley N° 18.138”

7.- En el artículo 8°:

Agréguese, después del punto final, la siguiente expresión:

“Una vez que se realice la anotación marginal, se entenderá alzado el embargo y la condición

de irregularidad, bastando con informar al tribunal que se realizó el alzamiento en virtud de

la Ley N° 20.234, debiendo rendirse cuenta de los fondos administrados y de los loteos transferidos, procediendo el tribunal a cerrar la causa del loteo.”

7.- En el artículo 9°:

Agréguese en el inciso 5°, después del punto final, la siguiente frase:

“Los Servicios de Vivienda y Urbanización también podrán celebrar dichos convenios con las empresas sanitarias, con este mismo objeto.”

8.- Agréguese el artículo 14, nuevo, del siguiente tenor:

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servicios de Vivienda y Urbanización estarán exentos del pago de derechos respecto de los Certificados de informaciones Previas.”

7.- Agréguese el artículo 15, nuevo, del siguiente tenor:

“La Secretaría Regional Ministerial, podrá eximir, en casos fundados, el cumplimiento de las normas de accesibilidad universal, cuando resulte imposible o muy difícil su aplicación, dada la ubicación geográfica del loteo o campamento.”

ARTICULO TRANSITORIO :

Durante el período de vigencia de esta Ley el Ministerio de Vivienda podrá disponer los recursos necesarios a través de sus fondos propios o incorporando una glosa a las correspondientes Leyes anuales de presupuesto para dar complimiento a las acciones y medidas necesarias que permitan completar en todas las comunas y regiones de Chile los procesos de regularización que permitan dejar saneados los loteos irregulares en sus más variadas formas de manera integral y definitiva.

Diputados señores González, don Rodrigo; Jarpa, Mellado, don Cosme, y Teillier, y de la diputada señora Castillo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José; Jarpa, Meza, Ortiz, Sabag y Torres, y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Ossandón, que “ Modifica ley N° 18.700, Sobre votaciones populares y escrutinios, para exigir que la cédula de votación incluya una fotografía de cada candidato” Boletín N° 12873-06

Considerando:

Uno de los principales desafíos de nuestro sistema electoral actual, es mejorar la participación de los chilenos y chilenas en pro de elegir mejores autoridades. Variadas son las propuestas que al respecto se han realizado pero que sin embargo no han tenido el suficiente respaldo como para poder implementarse o bien no se han establecido las garantías suficientes como para hacer de aquel un método efectivo, como lo es por ejemplo, el voto electrónico.

Si bien durante los últimos años se han dado importantes pasos en cuanto a mejorar la participación, aun mantenemos un sistema antiguo el cual es poco amigable con el votante.

Se ha avanzado en mejorar la cedula electoral para que personas con discapacidad visual puedan votar con facilidad, mas no se ha mejorado la cedula en tender a evitar las confusiones de candidatos o bien poder distinguir claramente la preferencia que el votante desea marcar.

El presente proyecto de ley busca incorporar a la cedula de votación una fotografía del candidato a la izquierda de su nombre impreso a fin de que no pueda existir confusión en los candidatos cuando estos compartan nombres o apellidos.

Por todo lo antes dicho, los Diputados aquí firmantes venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Modifíquese la Ley nº 18.700 “Ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios” en lo que sigue:

Artículo primero: Agréguese un nuevo inciso sexto al artículo 25 como sigue:

“Al lado izquierdo del nombre de cada candidato habrá una fotografía del mismo”

Artículo segundo: Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 26 como sigue:

“Al lado izquierdo del nombre de cada candidato habrá una fotografía del mismo”

Diputados señores Pérez, don José; Jarpa, Meza, Ortiz, Sabag y Torres, y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José, Jarpa, Meza y Sabag, y de la diputada señora Hernando, que “ Modifica la Carta Fundamental para imponer al Estado el deber de fomentar el desarrollo de empresas de menor tamaño que, a través de sus procesos productivos, promuevan la protección del medioambiente” Boletín N° 12874-07

Considerando:

Conocido por este parlamento es que actualmente en Chile las PYMES representan cerca del 98% del total de empresas registradas en el Servicio de Impuestos Internos, y a su vez significan casi un 14% del total de ventas anuales. No es desconocido tampoco que, para este más de un millón de micro y pequeñas empresas, gran parte de su desarrollo inicial es cuesta arriba en cuanto a tramites y burocracia que debe enfrentar, sin considerar que los incentivos económicos que reciben por parte del estado son escasos. Por lo tanto, pensar además en una micro o pequeña empresa que quiere innovar en procesos de producción sustentables o amigables con el medio ambiente, o simplemente empresas que ofrezcan servicios que no contaminen; es prácticamente imposible desde la perspectiva de las altas inversiones que deben realizar o bien en las propias certificaciones que deben cumplir.

La realidad es que, en Chile, la elaboración o distribución de productos o servicios con características de sustentabilidad medioambiental o con procesos que procuren disminuir el daño ecológico es tristemente elevada en costos. Tanto en las maquinarias a utilizar, insumos en la elaboración y por qué no decirlo, en los procesos de certificación que solo un par de empresas en Chile pueden entregar. Costos que un emprendedor difícilmente puede sostener a la hora de obtener rentabilidad.

Actualmente existen espurios intentos por parte de micro y pequeños empresarios en ofrecer productos y servicios medioambientalmente sustentables, pero siempre se encuentran con la difícil barrera de entrar a competir en mercados saturados de ofertas – o más bien monopolizados – por las grandes y mega empresas en donde la concepción de nuestro modelo económico termina por aplastar los esfuerzos de competir.

El emprendimiento es sinónimo de progreso, desarrollo y esperanza. Sin embargo, sin una adecuada protección, estas son solo palabras al viento. Por más pequeño que sea, cada emprendedor sueña con ver crecer sus ideas y proyectos, y necesita del apoyo irrestricto del Estado. Cuando hablamos del rol subsidiario del Estado, precisamente nos referimos a instancias como esta en donde existe el deber moral de apoyar a los emprendedores, de nivelar la cancha y fomentar la competencia en igualdad de condiciones. Devolver el Estado a los ciudadanos, también significa creer en nuestros emprendedores y darles la oportunidad de armar su negocio y salir adelante.

Muchas veces el emprendedor en Chile busca obtener beneficios, no para enriquecerse, sino para reinvertirlos en el propio proyecto, quiere que su compañía sea sostenible y, de forma paralela, busca el impacto social de su empresa. El objetivo de estos proyectos es dar solución a un problema social, sea de la envergadura que sea. Son una clase emprendedora con una alta vocación social y que requieren urgente apoyo del aparato estatal.

Precisamente por lo anterior, es que este proyecto busca otorgar protección y apoyo constitucional por parte del Estado a los micro y pequeños empresarios que incorporen a sus procesos o en sus servicios la utilización de energías renovables no convencionales; o bien que fomenten el cuidado del medioambiente.

Es de justicia para nuestro parlamento tramitar este proyecto de reforma en aras de garantizar el emprendimiento medioambiental que promueva un mejor futuro para nuestras generaciones venideras.

Por todo lo antes dicho, los Diputados aquí firmantes venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo único: Modificase el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República, agregándose el siguiente inciso tercero nuevo:

"Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, corresponderá al Estado promover el efectivo desarrollo económico de la actividad productiva llevada a cabo por la micro y pequeña empresa, particularmente en la creación de incentivos tributarios para las que desarrollen sus procesos productivos mediante utilización de energías renovables no convencionales o que sus productos o servicios promuevan un ambiente libre de contaminación."

Diputados señores Pérez, don José, Jarpa, Meza y Sabag, y de la diputada señora Hernando

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Durán, don Eduardo; Alinco, Bianchi, Hernández, Mulet, Norambuena, y Paulsen, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Leuquén, que “ Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, y la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para sancionar la adulteración del taxímetro o la conducción de taxis básicos con taxímetro adulterado o sin cumplir las exigencias que indica Boletín N° 12875-15

ANTECEDENTES:

La principal forma de movilidad a nivel mundial es el transporte público. En nuestro país, el Decreto Supremo 212 de 1992 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, regula el transporte público remunerado de pasajeros. En normativa dispone en su artículo 20 que ““Los servicios de transporte público remunerado de pasajeros podrán prestarse con buses, trolebuses, minibuses y automóviles de alquiler. Con los últimos podrán prestarse las modalidades de servicio de taxi básico, de taxi colectivo y de taxi de turismo.”

La regulación también autoriza el transporte privado de pasajeros, el Decreto Supremo 80 de 2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, establece en su Art. 2: “El transporte privado remunerado de pasajeros es una actividad por la cual una persona contrata a otra persona, con el objeto de que esta última transporte exclusivamente a uno o más pasajeros individualizados en forma predeterminada, desde un origen hasta un destino preestablecidos. ”El vehículo debe cumplir ciertas exigencias, como tener tres hileras de asientos, y la autoridad ha indicado que la norma apunta a las empresas de turismo. Distinto de los taxis

tradicionales (considerados transporte público) estos vehículos pueden realizar servicios similares a los taxis turísticos o ejecutivos.

En lo que respecta a la regulación aplicable a los taxis, tenemos como referencia que la mayoría surgió entre los años 1925-1950 en EE.UU y Canada, teniendo como finalidad corregir las fallas de mercado que afectan al consumidor y por otro lado mejorar la asignación de recursos.

Bajo ciertas situaciones un conductor de taxi tiene poder de mercado que le permita extraer rentas del pasajero, no pudiendo estos últimos ser capaces de estimar el precio del viaje antes de realizarlo.

Al respecto los sistemas con taxímetro corresponden a una forma de tarifa fija aplicable por tiempo y distancia. En relación a esto, los taxis básicos deben tener un taxímetro en las comunas donde su uso es obligatorio.

En lo concerniente a las estadísticas sobre la materia:

-En el año 2018, más de 51 mil controles a taxis básicos realizó personal del Ministerio de Transportes el año pasado. De esos, 6.230 terminaron en infracción y 229 vehículos "techo amarillo" fuera de circulación. Esta última cifra es 50% superior a la registrada en 2017, cuando en 47 mil controles se retiraron 152 vehículos.

-Entre las causas de los retiros de circulación, según informó el ministerio, están, principalmente, problemas con la licencia de conducir (26%), falta de permiso de circulación (16%) o carencia de seguro obligatorio (12%).

-También hubo 72 multas por informalidad: es decir, taxis que ofrecieron servicios de "colectivo", cobrando tarifa fija, o prestando servicio de taxi "ejecutivo", cobrando precios previamente acordados y sin usar el taxímetro.

-En otro punto importante de la fiscalización, las multas por taxímetros adulterados bajaron de 199 a 139 en un año. Mientras que en lo que va de 2019 se han detectado 13 de estas situaciones, una cifra considerada "positiva", ya que a esta misma fecha el año pasado iban 23 infracciones por taxímetros acondicionados.

Recientemente un video viralizado en redes sociales que muestra la estafa de un taxista a dos ciudadanos venezolanos, donde les cobro casi tres veces el valor de la tariga normal producto de un taxímetro adulterado para tal efecto. A lo cual se suma como antecedente de que el taxista denunciado se habría negado a una fiscalización.

Según la Ley de Tránsito, tener ese instrumento con que se cobra la tarifa del viaje con adulteraciones o bien no portarlo, es considerado una infracción grave, que puede ir entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales.

Según han planteado tanto las autoridades como los mismos taxistas se hace imperioso que esta conducta adquiera la calidad de tipo penal no quedando meramente sancionado con una multa como en la actualidad.

IDEA MATRIZ.

Es necesario proteger de forma efectiva a los pasajeros de taxi, en su calidad de usuarios y consumidores, principalmente en lo que dice relación con la adulteración del taxímetro y la prestación de los servicios propiamente tal. La legislación vigente contempla sanciones que no tienen efectos disuasivos, superando la realidad a la norma. Por lo anterior es que se pretende por una parte crear un nuevo tipo penal respecto de la adulteración de los taxímetros y la conducción a sabiendas de un taxi con taxímetro adulterado y por otra proteger al consumidor de estos servicios.

En específico el presente proyecto de ley tiene por finalidad:

a)Modificar la ley 18.290, de tránsito con el objeto de constituir como tipo penal la adulteración de un taxímetro o la conducción a sabiendas de un taxi con un taxímetro adulterado con la finalidad de cobrar una tarifa superior a la reglamentaria.

b)Especificar la conducta negligente respecto de la manutención del taxímetro y sus sellos.

c)Modificar la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el sentido de calificar como incumplimiento de la misma, cuando el conductor: 1. No ponga en marcha el aparato de taxímetro al momento de iniciar el recorrido o no se hubiese accionado por circunstancia imputable, 2. No entregase el comprobante de viaje donde conste el importe exacto del mismo, la fecha y horario del servicio y la identificación del prestador y 3. No sitúe en punto muerto el aparato d) taxímetro cuando se produzca algún accidente y/o desperfecto en el propio vehículo que lo interrumpa, o algún contratiempo imputable al conductor.

Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo primero: Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.290, de Tránsito:

1)Agréguese un inciso final al artículo 192 del siguiente tenor:

"Así también se aplicarán las penas de este artículo al que adultere el taxímetro o que conduzca a sabiendas un taxi con el taxímetro acondicionado con el propósito de que marque las unidades en menor distancia o tiempo, o para que modifique la tabla de conversión de unidades a pesos, o en definitiva, para que marque una tarifa superior a la reglamentaria."

2)Sustitúyase el numeral 22 del artículo 200 por el siguiente:

“22. Conducir un taxi sin taxímetro debiendo llevarlo, o cuando aun teniéndolo no se encuentre en funcionamiento o se encuentre en un sitio que no es visible para el usuario o no tenga el sello de la autoridad o que este último se encuentre en mal estado”

Artículo segundo: Incorpórese un nuevo inciso segundo al artículo 23 de la ley 19.946 que establece normas sobre protección de los derechos del consumidor, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor:

“Así también, comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor de servicios de transporte de taxi colectivos cuando el conductor:

a)No ponga en marcha el aparato de taxímetro al momento de iniciar el recorrido o no se hubiese accionado por circunstancia imputable.

b)No entregase el comprobante de viaje donde conste el importe exacto del mismo, la fecha y horario del servicio y la identificación del prestador.

c)No sitúe en punto muerto el aparato taxímetro cuando se produzca algún accidente y/o desperfecto en el propio vehículo que lo interrumpa, o algún contratiempo imputable al conductor.”

Diputados señores Durán, don Eduardo; Alinco, Bianchi, Hernández, Mulet, Norambuena, y Paulsen, y de las diputadas señoras Álvarez, doña Jenny, y Leuquén

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Galleguillos, Alinco, Leiva, Moreira, Rathgeb, Rocafull y Trisotti, que “ Modifica la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en materia de información sobre los planes y protocolos de emergencia, y sobre revisión, mantención y certificación de los sistemas de seguridad de los condominios” Boletín N° 12876-22

I.- ANTECEDENTES

Nuestro país, desde la década de 1970, ha ido aumentando progresivamente la cantidad de departamentos en edificios, atravesando por un aumento explosivo en la construcción de edificios particularmente en la última década, desde el año 2000, de la mano con la bonanza económica. En efecto, el censo de 1970 estableció que los departamentos representaban el 7% de los hogares de las personas (116.748), mientras que al censo realizado el 2017, representan el 17,7% de los hogares, llegando a una cifra de 1.138.062 departamentos considerados como hogar[1]; esta cifra sin embargo, no refleja los departamentos sin ocupación o no considerados como hogar, es decir, la cantidad bruta de departamentos, y por tanto edificios, se estima muchísimo mayor. Ante tal expansión explosiva, especialmente en algunas ciudades como el Gran Santiago, Antofagasta e Iquique, cabe preguntarse si nuestro país tiene la legislación preparada, no sólo para la construcción misma, sino también ante emergencias como terremotos, tsunamis e incendios en altura, especialmente considerando la calidad de país sísmico, sino que también, el aumento explosivo de personas que viven en edificios, como ya se expresó; la respuesta, según los expertos[2], es que no, dada la gran cantidad de vacíos legales en cuanto a las medidas de seguridad de los edificios. En línea con la gran cantidad de departamentos, año a año aumentan los llamados a Bomberos por emergencias en los edificios; por ejemplo, en las comunas de Santiago, Estación Central, Recoleta, Independencia, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, existieron 140 llamados por incendios en el año 2016, mientras que para el año 2018, esa cifra en las mismas comunas, aumentó a 336, es decir, más del doble[3].

En el caso de Iquique, por ejemplo, y según un estudio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Chile, la ciudad con más edificios del país en relación proporcional a la cantidad de habitantes, tiene, además, 4 de los edificios más altos del país, ostentando el récord de tener el edificio residencial más alto de Chile con 36 pisos, ubicado en Playa Brava, frente al borde costero[4] [5]. Recientemente, en marzo de 2019, esta ciudad quedó impactada ante el caso de un incendio de un departamento en el piso 16 de un edificio, dado que una joven mujer falleció en el siniestro en trágicas circunstancias[6]. Sin embargo, otra situación grave, fue que Bomberos informó que ninguno de los mecanismos de emergencia del edificio funcionó, dificultando tremendamente las labores de Bomberos. Esta situación, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier ciudad, así como un terremoto o un tsunami, pero como es algo inusual, las Administraciones de los edificios no revisan constantemente las normas y protocolos de seguridad, así como la red seca, alarmas de incendios, detectores de humo, etc., por lo que existe la probabilidad latente, como pasó en Iquique, que estos dispositivos no funcionen ante la ocurrencia de un siniestro.

II.- NORMATIVA APLICABLE Y MODIFICACIÓN PROPUESTA

En consecuencia con los antecedentes informados en el acápite anterior, y sin perjuicio de los vacíos legales que existen, el Título III de la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, denominado “De la seguridad del condominio y del término o modificación de la copropiedad inmobiliaria”, establece en su artículo 36, la obligatoriedad de contar con seguro contra incendios (inciso primero); la obligatoriedad de contar con un archivo de planos donde estén ubicados los grifos, sistemas de electricidad, agua potable, alcantarillado, calefacción, seguridad contra incendios y cualquier otra información que sea necesario conocer en caso de emergencia (inciso segundo); obligatoriedad de contar con plan o protocolo de emergencia ante siniestros como incendios, terremotos y semejantes, además de su información a la unidad correspondiéndote de carabineros y bomberos (incisos tercero y cuarto); finalmente, en sus dos últimos incisos, se dictamina la obligatoriedad para los ocupantes de los inmuebles de facilitar las revisiones y certificaciones y la facultad de la administración de entrar por la fuerza. Lo anteriormente descrito, es lo único en lo relativo a emergencias y catástrofes que contiene esta Ley, así como su Reglamento. En consecuencia, y sin perjuicio de lo acertado de los mandatos del artículo 36 descrito, consideramos de suma importancia, introducir un nuevo artículo, el 36 Bis, a continuación del artículo 36, mediante el cual se establece una nueva obligatoriedad para el cumplimiento fehaciente de lo mandatado, pues en la actualidad, nadie fiscaliza y pocos son los que toman la iniciativa de verificar los sistemas y protocolos de seguridad que son obligatorios por ley.

III.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

De conformidad con lo expuesto, creemos que es necesario modificar la Ley N° 19.537, agregando un nuevo artículo en su Título III, en orden a los siguientes objetivos:

1.Asegurar periódicamente la revisión e implementación de los protocolos de seguridad ante catástrofes naturales o incendios.

2.Asegurar periódicamente la mantención y la prueba de los equipos y sistemas de seguridad ante catástrofes naturales o incendios.

3.Obligar a la Administración de los Edificios para que periódicamente, recuerden, mediante cualquier medio informativo, de los protocolos de seguridad.

4.Facultar a cualquier copropietario o arrendatario, para que, ante el incumplimiento de la Ley, el Administrador y el Comité de Administración, respondan ante el Jugado de Policía Local competente, quien podrá aplicar multas previstas en el artículo 32 de la misma ley, esto es, de una a tres unidades tributarias mensuales, y el doble en caso de reincidencia.

IV.- PROYECTO DE LEY

Por todo lo expuesto, es que presento el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo único. Introdúzcase el siguiente artículo 36 bis.- a la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 1997, a continuación del artículo 36.-:

“Artículo 36 bis.- El Comité de Administración, conjuntamente con el Administrador, deberán informar a los copropietarios o arrendatarios, por cualquier medio idóneo, a lo menos una vez al año, los planes y protocolos de seguridad del condominio, sea que hayan sido actualizados o no. Esta información contendrá, como mínimo, el plan de emergencia descrito en el artículo 36 de esta ley, un diagrama informativo con las salidas de emergencia, y, si el condominio se encuentra próximo al borde costero o en zona de inundabilidad ante una catástrofe natural, se adjuntará al informativo las vías de evacuación que la respectiva Municipalidad disponga al efecto.

Asimismo, y a lo menos una vez por año, el Comité de Administración y el Administrador, dispondrán de todos los medios necesarios para revisar, mantener y certificar, el funcionamiento de todos los dispositivos relacionados con catástrofes naturales e incendios, tales como la red seca, red húmeda, alarma de incendios, detector de humo, señalética, y similares. Si se debe incurrir en algún gasto, éste será imputado a los gastos del edificio y traspasados a los copropietarios con el prorrateo que corresponda.

Las fechas específicas y el número de veces en el año en que se aplicará lo dispuesto en los incisos precedentes, deberá ser acordado en la primera asamblea extraordinaria que el condominio efectúe en el año.

El incumplimiento por parte del Comité de Administración y/o Administrador de lo dispuesto en los incisos precedentes, podrá ser denunciado por cualquiera de los copropietarios, o por el arrendador con un título válido sobre la unidad del condominio, ante el Juzgado de Policía Local competente, quien actuará con todas las facultades establecidas en el artículo 33 de esta Ley. Además, el Juez de Policía Local podrá aplicar al Administrador y al Comité de Administración, las sanciones previstas en el inciso tercero del artículo 32, las que se aplicarán de manera solidaria y deberán ser pagadas con el patrimonio personal de los infractores.”

Diputados señores Galleguillos, Alinco, Leiva, Moreira, Rathgeb, Rocafull y Trisotti