Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las proposiciones de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetado de la leche y productos lácteos y la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgará la palabra a seis diputadas y diputados, hasta por cinco minutos a cada uno.

Como se informó ayer durante la lectura de los acuerdos de los Comités, se dará preferencia a los cinco parlamentarios a los que les correspondió representar a la Cámara de Diputados en la Comisión Mixta.

Hasta el momento están inscritos para hacer uso de la palabra los diputados Javier Hernández , Frank Sauerbaum , Iván Flores y Pablo Kast .

Solicito que los parlamentarios que participaron en la Comisión Mixta y que aún no se han inscrito, la diputada Sepúlveda y el diputado Espinoza , lo hagan a la brevedad si desean intervenir.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, mucho se ha hablado de la leche natural, de la leche reconstituida y de la leche recombinada. Pero ¿sabemos qué tipo de leche estamos comprando? Todos los colegas presentes tienen la respuesta.

Preocupado por aumentar la transparencia de la información que se entrega a las personas, en 2017 fui el primer diputado en presentar un proyecto de ley para regular el etiquetado de la leche y sus derivados. Tras casi dos años de discusión, hoy el proyecto se encuentra en la parte final de su tramitación.

Debo decir que el debate ha sido intenso, pero marcado por el innegable compromiso de lograr un proyecto de ley que beneficie principalmente a los ciudadanos.

La importancia de esta iniciativa radica en que establece un sistema de información detallado y obligatorio que permitirá a las personas decidir, con la mayor claridad posible, qué tipo de leche quieren comprar. Entre sus disposiciones más relevantes, está aquella que establece que las botellas o envases, en su parte frontal, deberán señalar si la leche es natural, reconstituida o recombinada.

En este punto, cabe destacar que se elaboró una nueva definición de leche natural, con el fin de que los consumidores puedan distinguir fácilmente la leche, que es el producto líquido de la ordeña, de las leches reconstituidas y recombinadas, que, en palabras simples, son elaboradas a partir de leche en polvo con agua.

Además, el proyecto dispone que en los envases o botellas deba señalarse el país de ordeña, junto a la imagen de su respectiva bandera. Esta disposición fue establecida considerando que actualmente no se informa a los consumidores respecto al origen de la leche, el cual podría ser una variable determinante en las preferencias de las personas a la hora de decidir qué tipo de leche quieren comprar.

Es importante decir que la obligación de señalar el país de ordeña no busca discriminar al producto extranjero, sino establecer una disposición que armoniza con la libre competencia y el comercio internacional.

No podemos desconocer que Chile es reconocido en el mundo como uno de los países con las mejores condiciones para producir leche, razón por la cual resulta sorprendente que se haya convertido en un importador neto de leche en polvo, que al menos el 30 por ciento de las lecherías hayan cerrado y que la cantidad de productores nacionales haya disminuido notoriamente entre 1997 y 2017.

Sin duda, estas circunstancias han afectado negativamente a la zona sur de nuestro país durante mucho tiempo, especialmente a la Región de Los Lagos, por ser una de las que concentra la mayor producción de leche a nivel nacional.

En definitiva, como autor de este proyecto, soy un convencido de que las personas tienen derecho a que se les entregue la información completa, no limitada, a fin de que puedan elegir de manera efectiva qué tipo de leche quieren comprar, conforme a sus preferencias, las cuales pueden estar determinadas por precio, calidad, origen, gusto u otras variables.

Urge aumentar la transparencia en la información que aparece en los envases de leche, un alimento esencial para el ser humano, con un valor nutricional incomparable. Por ello, solicito su apoyo para este proyecto, a fin de que pronto sea ley y podamos decir que “está lista la leche”.

Toma leche, ¡sí! Pero toma la leche que realmente quieres.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES.-

Señora Presidenta, en estos pocos minutos voy a tratar de resumir cuál ha sido la historia de este problema que aún afecta a los productores lecheros y, en general, a los ganaderos de nuestro país.

Desde los pequeños crianceros de la zona centro norte hasta los grandes productores bovinos, que realizan su actividad entre desde Santiago hasta Magallanes , principalmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, lo están pasando mal, y no solo por los problemas de los que trata este proyecto, sino también por otros.

En verdad, la desesperación de los productores ganaderos nos hizo investigar, analizar e iniciar una serie de tareas para proteger uno de los rubros principales de la actividad económica del sur de Chile.

Los lecheros estaban cerrando; la masa ganadera venía cayendo en picada en términos de su número, de 4.500.000 a 2.500.000, hace tres años, sin que existan políticas públicas que permitan equilibrar el mercado y proteger a un sector que es fundamental para el producto interno bruto de las regiones del sur.

Acudimos a la Fiscalía Nacional Económica y, después de un año de trabajo y de varios intentos de apurar los resultados de esa investigación, nos informaron que había una grave alteración del libre mercado y un abuso de su posición dominante por parte de algunas empresas, que voy a mencionar con nombre y apellido: Soprole y Prolesur . Si bien es cierto ambas empresas tienen una razón social distinta, son la misma cosa y, además, representan intereses provenientes de otros países.

A raíz del resultado del informe de la Fiscalía Nacional Económica y de lo que expresamos varios parlamentarios, los consumidores tomaron partido y empezaron a preferir las leches nacionales por sobre las leches importadas, que son traídas en polvo y son reconstituidas en Chile, que reemplazaban la producción nacional.

En este escenario, surgen dos iniciativas y en ambas participé: una con el diputado Javier Hernández y otra con el diputado Fidel Espinoza , ambos representantes de la Región de Los Lagos. Empezamos a trabajar en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural con el objeto de entregar información a los consumidores para que estos prefirieran el producto nacional por sobre el importado, respecto del cual muchas veces ni siquiera teníamos claridad sobre su trazabilidad y, por ende, sobre su calidad.

Luego surgió un proyecto de ley en el Senado que apuntaba al mismo objetivo, pero con un menor alcance. En su momento, pensamos que se trataba de un bloqueo hacia nuestro proyecto, pero todo terminó de manera bastante más virtuosa de lo que hubiésemos pensado, porque logramos sumar fuerzas con parlamentarios del Senado y resolver nuestras diferencias en comisión mixta.

Quiero recordar que la comisión sesionó en Valdivia, Región de Los Ríos, que es una de las zonas productoras de leche de vaca, y la semana pasada lo hicimos en Osorno, otra zona importante en este rubro. Durante la discusión nos reunimos y trabajamos con los gremios, con las instituciones asociadas y con los consumidores.

Si la Cámara y el Senado tienen a bien aprobar el informe de la Comisión Mixta, ojalá por unanimidad, se modificará el Código Sanitario por ley y los consumidores de productos lácteos podrán saber si lo que están bebiendo es verdaderamente leche, cuál es su origen, su calidad y el país de ordeño, para que no haya triangulaciones maliciosas. También podrán saber la fecha en que ingresó la leche al país y su fecha de ordeña, porque independiente de la tecnología que hoy se utiliza, con el paso del tiempo el producto pierde calidad.

Entregaremos información a los consumidores y, por esa vía, además de protegerlos, esperamos que los productos de menor calidad que la leche natural se vendan a menor precio, para que tengan otro destino. Así protegeremos el producto y a los productores nacionales, pues durante los últimos cuatro o cinco años más del 70 por ciento de quienes se dedicaban a esta actividad en La Araucanía han dejado de producir leche. Por eso, espero que este proyecto se apruebe hoy.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, estoy muy satisfecho con el trabajo realizado tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión Mixta, porque este proyecto es un anhelo de nuestros productores lecheros.

El mundo de la leche pasa por un buen momento -espero que no sea solo un veranito de San Juan -, porque los precios que se están cancelando por el litro de leche a los productores es un poquito mayor al que se pagó en los últimos años. Su precio actual no ha sido el regular ni el normal en años anteriores.

El proyecto de ley tiene dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es tipificar y etiquetar adecuadamente los productos lácteos, particularmente la leche y el queso, y el otro es proteger la producción nacional ante la masiva e indiscriminada importación de productos lácteos. En la Comisión de Agricultura quedó demostrado que casi el 40 por ciento de la leche consumida en Chile llega en polvo en grandes contenedores, que después se reconstituye con agua y con otras materias vegetales, para luego ser vendida como leche larga vida.

La gente tiene que saber lo que está tomando y con qué está alimentando a sus hijos, que son quienes más nos importan. Es necesario evaluar si la leche que consumimos tiene el aporte nutricional y el valor biológico que todos esperamos.

La iniciativa hace una clara distinción entre la leche y aquellos productos que dicen ser leche, como la leche de coco o de arándano. A través de esta modificación al Código Sanitario se prohibirá que aquellos productos que no provengan de la secreción mamaria de un animal lechero se denominen como “leche”. Es muy importante clarificar qué tipo de productos son en realidad.

También es relevante saber de qué país provienen los productos lácteos que estamos consumiendo. Por ello, se colocará el nombre y la bandera del país de origen del producto importado, a fin de que la gente realmente sepa qué está consumiendo y prefiera los productos nacionales, que son de mayor calidad y que tienen un tratamiento sanitario conocido por todos los chilenos.

Respecto del queso, quiero recordar que hace un par de semanas vimos en televisión una denuncia sobre productos sucedáneos del queso que contienen un alto porcentaje de aceite de palma y muy poca leche, lo que puede transformarlos en un producto cancerígeno en el largo plazo. Por ello, espero que el SAG haga su trabajo como corresponde y no solo regule el ingreso de queso gouda, que se importa masivamente.

La Comisión de Agricultura develó que existe una deficiencia muy importante en la fiscalización de la importación de productos lácteos y otros, porque el mercado de la leche es irregular, al igual que otros, como el mercado de la carne o el del trigo. Los chilenos creen que no consumen productos transgénicos, lo cual es falso. En Chile se consumen transgénicos gracias a la masiva importación de maíz para alimentar a nuestros animales, los que después nos comemos. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de este problema de fondo.

Finalmente, este proyecto define lo que es una bebida láctea. No olvidemos que no se pueden llamar bebidas lácteas aquellos productos que no contengan, como mínimo, 30 por ciento de leche.

Espero que los chilenos consuman leche con tranquilidad, que nuestros niños obtengan el aporte nutricional que requieren y los consumidores paguen por lo que realmente están consumiendo.

El mercado nacional de productores lecheros y ganaderos debe recuperarse y fortalecerse a través del consumo interno, con productos de calidad, bien elaborados y que realmente entreguen un adecuado aporte nutricional y proteico.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señora Presidenta, este proyecto parece bastante menor, pero es realmente importante, tanto para la industria nacional y los productores chilenos, como también para los derechos de los consumidores.

Recuerdo el caso de la leche proveniente de Chernóbil, específicamente de la zona contaminada. En ese entonces llegó bastante leche al país y muchos la consumimos sin saber su origen y sin tener la información de lo que estábamos consumiendo realmente. ¿Por qué sucedió? Porque faltaba transparencia respecto de lo que estábamos consumiendo.

Se nos dice que algunos productos son leche, con la palabra leche empleada en forma genérica, pero no todos son, como aquí se ha dicho, compuestos de leche de origen mamífero por secreción láctea, por lo que creo que los consumidores merecen saber claramente qué es lo que están adquiriendo. También tienen derecho a elegir si quieren consumir leche que viene de Uruguay o de otro país, o si quieren consumir leche chilena. Además, los consumidores tienen derecho a saber si la leche es reconstituida y si tiene o no algún aditivo.

En consecuencia, además de los aspectos sanitarios relacionados con consumir una leche que sea lo que realmente dice ser y que tenga el valor nutritivo que declara tener, se deben considerar aspectos relativos a la transparencia y al derecho que tienen los consumidores a saber claramente qué es lo que están consumiendo.

Por otra parte, y adicionalmente, es necesario proteger de modo adecuado nuestros productos nacionales, toda vez que con los tratados de libre comercio el mercado abierto genera condiciones distintas, pues ingresa gran cantidad de productos de otros países que algunas personas quizás no quieren consumir por distintas razones, como, por ejemplo, porque sienten desconfianza, porque no les dan garantías o porque prefieren que el producto que van a consumir sea originario de nuestro país.

Este proyecto, que parece un proyecto bastante fácil y que podría tener una importancia menor, en realidad tiene una importancia muy alta, fundamentalmente por el derecho de los consumidores a saber claramente lo que consumen, por los aspectos sanitarios que ello implica y, por cierto, por la protección de nuestra industria nacional dada nuestra condición de ser un mercado abierto.

Pienso que esta es una buena iniciativa que avanza en el sentido correcto: está bien elaborada, tiene los elementos necesarios para cumplir su propósito y apunta hacia el objetivo al que queremos avanzar con muchos productos en relación con el etiquetado, a fin de que los consumidores sepan claramente qué es lo que compran, qué es lo que consumen, cuál es su origen y cuál es su trazabilidad.

Espero que se apruebe en forma unánime, porque -repito- apunta a proteger a los consumidores, a los productores y a los productos nacionales.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco Bustos .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, no tengo dudas de que este proyecto será aprobado por unanimidad porque es una muestra del interés por proteger a la industria nacional. He criticado en muchas oportunidades el desinterés sobre ese aspecto en esta Sala y en la Comisión de Agricultura, pues el Estado chileno, con los famosos tratados internacionales de libre comercio, ha dejado en el más absoluto desamparo a la industria nacional, a la agricultura nacional, a la ganadería nacional y a la lechería nacional.

Para nadie es un secreto la crisis que afecta en Chile a la industria de la leche, a la industria de la carne, a la fruta y a las semillas. La suscripción de estos famosos tratados internacionales -reconociendo que no podemos ser un país que no tenga tratados de índole comercial o cultural con otros países- ha significado, desde hace un tiempo a la fecha, debilitar nuestra industria. En el caso concreto del etiquetado de la leche, la iniciativa en debate es una pequeña muestra de la voluntad de este poder político de proteger nuestra industria.

En la discusión de este proyecto, científicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso señalaron que está científicamente demostrado que la leche en polvo que llega desde el extranjero no cuenta con los nutrientes que debería contener ese vital elemento para los niños de nuestro país. Repito: ello consta en un estudio elaborado por científicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Creo que este debe ser el inicio de un esfuerzo por proteger la industria nacional. Lo que pasa hoy con la leche -esto es, que no contenga los nutrientes necesarios- también pasa con otros productos. Por ejemplo, no tenemos certeza de la calidad de la carne que estamos consumiendo y que llega desde otros países. Lo mismo sucede en el caso de la fruta y de otros productos alimenticios.

Por lo tanto, este proyecto debe ser el comienzo de un proceso para cuidar que, desde ahora en adelante, todos los productos alimenticios que llegan a nuestro país tengan los nutrientes debidos.

Anuncio mi voto a favor del proyecto. Creo que todos los diputados y diputadas tenemos que aprobarlo porque, insisto, protege la industria nacional y, fundamentalmente, protege la alimentación del futuro de Chile, que son nuestros niños.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza Sandoval .

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, quiero sumarme a las palabras de mis colegas parlamentarios en relación con este proyecto de ley, pero también quiero señalar algunas cosas que me parece importante destacar.

Primero, agradezco la excelente predisposición que tuvo el Presidente de la Comisión Mixta y Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, senador Álvaro Elizalde , en el sentido de permitir que la sesión definitoria de este proyecto -aquella en la cual se efectuaron las votaciones finales- se haya desarrollado en regiones, en particular en Osorno, por ser la ciudad con mayor producción de leche en nuestro país. También quiero valorar y agradecer a aquellos senadores y diputados que destinaron su tiempo en plena semana distrital -semana territorial- para sesionar en regiones. Cabe señalar que una comisión mixta no sesionaba de esta manera desde el restablecimiento de la democracia en nuestro país, o sea, durante una cantidad de años muy importante.

Señora Presidenta, quiero señalar que me siento muy orgulloso de representar a mi querida bancada del Partido Socialista de Chile. Soy uno de los autores de esta iniciativa que, como han señalado diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, contiene dos líneas de acción bastante concretas. Por un lado, busca que se entregue información a los consumidores, lo que es muy relevante. Hoy, cuando un consumidor llega a un supermercado o negocio a comprar leche no sabe si esta es natural -de la vaca misma- o leche reconstituida, es decir, aquella que llega en polvo y luego se le agregan aditivos para convertirla en leche. Esto es un paso muy importante, como lo fue la aprobación y promulgación de la ley -está siendo recogida por otros países- que permite que en la actualidad cualquier consumidor chileno que va al supermercado se informe cuando un producto tiene alta concentración de grasas saturadas o alto contenido de azúcares, lo cual contribuye enormemente a facilitar el autocuidado de la salud. Este proyecto permitirá que, cuando un consumidor concurra a un supermercado o negocio, sepa si la leche es chilena o no lo es, si es un producto nacional o no lo es. Si no se trata de un producto nacional, el mismo estará claramente identificado con la respectiva bandera del país de origen. Por cierto, también se buscará conocer la trazabilidad del producto.

Por lo tanto, consideramos que la iniciativa es un avance muy importante desde el punto de vista de la información para los consumidores.

Lo esencial es que esto será un aliciente muy importante no solo para los grandes productores lecheros nacionales. En nuestra región, desde San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, tenemos más de 1.500 pequeños y medianos productores lecheros que todos los días entregan su producto a la industria desde sus pequeños campos. Ellos también, desde uno u otro punto de vista, debiesen ser favorecidos con esta iniciativa.

Por lo tanto, valoramos enormemente que se haya aprobado este proyecto, en las condiciones en que se aprobó en la Comisión Mixta.

Vuelvo a recalcar la excelente predisposición del presidente de la Comisión de Agricultura para sesionar en Osorno, que es el corazón de la producción lechera de nuestro país.

Al igual que el diputado René Alinco , quien me antecedió en el uso de la palabra, no tengo ninguna duda de que este proyecto va a contar con una amplia mayoría.

El único punto que quiero dejar establecido -lo digo con todas sus letras y a modo muy personal- es que no contamos con todo el apoyo que hubiésemos querido del Ejecutivo para este proyecto. La mejor demostración de eso fue que el ministro de Agricultura simplemente no participó en la sesión final, en circunstancias de que ha ido en innumerables ocasiones a la región y, en particular, a Osorno, incluso para reunirse con Manuka, que es la empresa catalogada en Chile como la mayor productora de leche, pero que viola sistemáticamente los derechos fundamentales de sus trabajadores y ha provocado la mayor matanza de animales en nuestro país. No obstante, el ministro Walker participó en ese tipo de reuniones y no en la sesión tremendamente importante realizada en Osorno.

En todo caso, eso no echa abajo todo lo positivo y lo bueno que se concretó con la aprobación de esta iniciativa.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.

Saludamos la presencia del ministro de Energía, don Juan Carlos Jobet Eluchans , en la discusión de este proyecto.

Diputados informantes de las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda son los señores Pablo Vidal y Alejandro Santana , respectivamente.

Antecedentes:

-Mociones:

-Moción, boletín N° 12471-08, sesión 4ª de la presente legislatura, en jueves 14 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Mensaje, boletín N° 12567-08, sesión 18ª de la presente legislatura, en martes 23 de abril de 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 59ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de agosto de 2019. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En reemplazo del diputado Pablo Vidal , rinde el informe de la Comisión de Minería y Energía la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO, doña Marcela (de pie).-

Señora Presidenta, en mi calidad de diputada informante, paso a exponer respecto de los acuerdos alcanzados en relación con las iniciativas de ley refundidas, contenidas en el mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (boletín 12567-08), y el proyecto, iniciado en moción de los diputados señores Pablo Vidal , Matías Walker , Ricardo Celis , Francisco Eguiguren , Sergio Gahona y Giorgio Jackson , y de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Daniella Cicardini , que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía (boletín 12471-08), con urgencia calificada de suma.

Como señalan ambas iniciativas, el objetivo de este proyecto de ley consiste en:

La fijación de una nueva tasa de actualización representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.

La modernización del procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes interesados en forma transparente y contestable, basado en argumentos técnicos, jurídicos y económicos.

Una nueva definición de áreas típicas que refleje adecuadamente los costos de la empresa modelo que actúe de manera eficiente y cumpla con las exigencias de calidad de servicio establecidas en la normativa.

En virtud de lo anterior, a través de ambas iniciativas refundidas y del debate que hubo en vuestra comisión, se revisó la rentabilidad de las empresas y los procedimientos de determinación de costos de los prestadores del servicio de distribución eléctrica, incorporándose las modificaciones necesarias, a objeto de que la rebaja de tarifas se vea reflejada a partir del próximo proceso tarifario, teniendo a la vista y considerando la nueva realidad económica y sectorial, que no es la misma bajo la cual fue diseñado el marco regulatorio vigente.

Así, la actual tasa de costo de capital fija, de 10 por ciento, utilizada en el proceso de valorización se encontraría desacoplada de la realidad y estabilidad del país, por lo siguiente:

Primero, porque la realidad de las condiciones de acceso al financiamiento difiere significativamente de las condiciones observadas en la década de los 80, cuando se estableció.

Segundo, porque el desarrollo tecnológico, la alta penetración y relevancia del servicio eléctrico, así como la variación del retorno esperado del mercado, entre otros factores, han disminuido el riesgo y el retorno de las empresas, lo cual no se encuentra reflejado en la tasa fija de la actual regulación.

Además, hoy los modelos tarifarios son más sofisticados y calculan una tasa de costo de capital y no una tasa fija.

Durante el debate se llegó a amplios consensos, no solo entre los parlamentarios, sino también con el Ejecutivo, cuestión que se refleja en las votaciones -muchas de ellas unánimes-, y, además, en las propias indicaciones, generalmente de origen trasversal.

El texto que se propone -puede ser consultado in extenso en el informe que obra en poder de vuestras señorías- gira principalmente sobre los siguientes ejes:

I.- Las empresas de distribución deberán constituirse como sociedades anónimas abiertas o cerradas sujetas a las obligaciones de información y publicidad a que se refiere el inciso séptimo del artículo 2° de la ley N° 18.046 y a las normas sobre operaciones entre partes relacionadas del Título XVI de la misma ley, o la que la reemplace. Asimismo, deberán tener giro exclusivo de distribución de energía eléctrica.

En cambio, las cooperativas solo en el evento de que, además, desarrollen otras actividades distintas de la distribución eléctrica, deberán llevar una contabilidad separada respecto de las actividades que comprendan en cualquier forma el giro de distribución de energía eléctrica.

Se entenderá por contabilidad separada aquella que mediante libros de contabilidad, cuentas, registros y documentación fidedigna permita establecer en forma diferenciada los resultados de la gestión económica.

Medidas de toda lógica en la búsqueda de poner término a zonas grises u opacas en la industria de la distribución de energía eléctrica.

II.- La tasa de actualización que deberá utilizarse para determinar los costos anuales de inversión de las instalaciones de distribución será calculada por la Comisión Nacional de Energía cada cuatro años, y no podrá ser inferior al 6 por ciento ni superior al 8 por ciento.

Con esta medida se pone término a la tasa garantizada del 10 por ciento, cifra que se mantenía desde el origen de esta regulación, hace ya más de cuarenta años, insostenible en el Chile de hoy. El proyecto la moderniza, poniéndola a tono con el resto de los sectores regulados de nuestra economía.

III.- Se perfecciona el proceso de consulta pública, permitiendo la participación ciudadana, en plazos y fórmulas de publicidad adecuadas y modernas.

IV.- Se pone término al antiguo régimen de cálculo y ponderación de los estudios de costos, de un tercio o dos tercios, evitando la incorporación de precios inflados o elevados artificialmente, por un proceso licitado, transparente y público.

V.- Se modifica el concepto de áreas típicas, modernizándolo e incorporando criterios de protección de las cooperativas de distribución de energía eléctrica, como es el caso de la densidad de población, en el contexto de cooperativas que atienden principalmente sectores rurales.

VI.- Finalmente, un cuerpo de normas transitorias que busca: a) Aplicar estas normas al proceso tarifario 2020-2024.

b)El compromiso del Presidente de la República de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma integral al segmento de distribución eléctrica, el que podrá abordar cualquiera de las materias tratadas en la presente ley en proyecto.

c)El deber del Ministerio de Energía de informar a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, a más tardar el 31 de marzo de 2021, acerca de la implementación y aplicación de la presente ley en proyecto, evaluando sus impactos en la rebaja de tarifas, así como en la transparencia y participación ciudadana.

Los detalles del texto del proyecto y del debate en general y en particular se encuentran en el informe que obra en poder de las señoras diputadas y de los señores diputados.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor SANTANA, don Alejandro (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar lo que respecta a la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado del proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje refundidos: la primera, ingresada el 13 de marzo del año en curso, de los diputados Ricardo Celis , Daniella Cicardini , Francisco Eguiguren , Sergio Gahona , Giorgio Jackson , Alejandra Sepúlveda , Pablo Vidal y Matías Walker , que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía; y el segundo, ingresado el 17 de abril del mismo año, de su excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique , que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.

La iniciativa fue tramitada para su primer informe reglamentario por la Comisión de Minería y Energía, y se encuentra con urgencia calificada de discusión inmediata.

Concurrió a la comisión el ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet .

El objetivo central del proyecto es revisar la rentabilidad de las empresas y los procedimientos de determinación de costos de los prestadores del servicio de distribución eléctrica, optimizando su cálculo, de manera que se vea reflejada la rebaja en las tarifas a partir del próximo proceso tarifario correspondiente al cuadrienio 2020-2024.

Para entender el proyecto es necesario saber que el mercado eléctrico en Chile se segmenta en generación, transmisión y distribución. El sector de generación opera bajo el supuesto de la libre competencia y con libre acceso a las redes de transmisión, mientras que la distribución, como una actividad privada, monopólica y concesionada de explotación regulada, se encarga de comprar electricidad a las empresas generadoras mediante una licitación competitiva, operar sus redes de distribución para abastecer de electricidad a clientes en su zona de concesión, cobrar tarifas, entre otras.

El proyecto de ley en informe modifica al segmento de distribución y específicamente tiene como objetivo fijar una nueva tasa de actualización, modernizar el procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución, y establecer una nueva definición de áreas típicas de distribución.

Entre las modificaciones propuestas a la Ley General de Servicios Eléctricos destacan las siguientes:

i.Tasa de retorno. La tasa de actualización debe ser calculada cada cuatro años por la Comisión Nacional de Energía. Esta será aplicable después de impuesto, y para su determinación debe considerar el riesgo sistemático de las actividades propias de las empresas concesionarias de distribución eléctrica en relación con el mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, y el premio por riesgo de mercado. En cualquier caso, se indica que la tasa no podrá ser inferior al 6 por ciento ni superior al 8 por ciento.

ii.Criterios para determinación de tarifa. Para definir las tarifas con mayor nivel de veracidad, se incorporan criterios para determinar la eficiencia de la empresa modelo. Estas variables deben ser, al menos, respecto de las siguientes temáticas: distribución de los clientes en cuanto a localización y demanda; trazados de calles y caminos para la instalación de redes y obstáculos físicos; velocidad de penetración de tecnología para la materialización de la red de distribución; consideración de cambios normativos en estándares de calidad del servicio que puedan incidir en inversiones, y la consideración de existencia de vegetación, su interacción con las redes y las actividades para su control.

iii.Nuevas áreas típicas que distingan a las empresas cooperativas. Con el objetivo de ajustar el proceso tarifario a las empresas cooperativas, se crearán, al menos, cuatro áreas típicas de distribución que consideren como empresa de referencia a cooperativas que presten el servicio de distribución. Esto se aplicará para el proceso de determinación de tarifas de distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024 iv. Giro único. Las empresas concesionarias de servicio público de distribución, constituidas como sociedades anónimas abiertas o cerradas, deberán sujetarse a las obligaciones de información y publicidad de la Ley sobre Sociedades Anónimas, además de tener giro exclusivo de distribución de energía eléctrica. Igualmente, las empresas “cooperativas” que desarrollen otras actividades que comprendan giros distintos al señalado estarán obligadas a llevar una contabilidad separada.

Incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado

El artículo primero transitorio del proyecto establece que las disposiciones de esta futura ley se aplicarán al proceso de determinación de tarifas de distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024, así como también al proceso de fijación de precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la distribución de energía eléctrica, en lo que fuere pertinente.

El proyecto de ley irroga gastos por los siguientes conceptos:

1.Gasto en personal. Se necesita contratar a dos profesionales (ingenieros) grado 4, para apoyar la revisión de los estudios previamente mencionados.

2.Gasto en bienes y servicios de consumo. Este gasto corresponde a la realización de los siguientes estudios:

a)Estudio de costo de capital. Este estudio tiene un costo de 40.000 miles de pesos y se efectuará cada cuatro años. El primer estudio debe ejecutarse en el presente año, por lo que se financiará con presupuesto vigente, mediante reasignaciones. El siguiente debe hacerse en 2023.

b)Estudio de valorización. Pese a que se efectúa en la actualidad (cada cuatro años), las presentes modificaciones implican que dicho estudio deberá ser de mayor profundidad. Esto se traduce en un gasto incremental de 200.000.000 de pesos cada cuatro años. El primer estudio de esta clase debe realizarse en 2020.

3. Gasto en activos no financieros. Corresponde a mobiliario y equipo informático para los profesionales que apoyarán la revisión de estudios.

El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley en proyecto durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía, y en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplirlo con cargo a los recursos de la partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, se estará a lo considerado en la ley de presupuestos.

Los integrantes de la comisión centraron sus planteamientos en la necesidad de establecer mecanismos que garanticen una fiscalización robusta e independiente.

Por otra parte, consultaron por el impacto que tendrán las modificaciones propuestas sobre las cooperativas que actualmente se dedican al rubro de la distribución eléctrica, destacando el valioso rol que cumplen especialmente en comunas rurales del país. Al respecto, compartieron las normas sometidas a consideración en cuanto a que se aumenta el número de áreas típicas, asegurándose al menos cuatro en las que las cooperativas sean referencia para el proceso tarifario, de modo de aumentar su representatividad en el mismo.

Por su parte, el Ejecutivo se comprometió a presentar el proyecto de ley de reforma integral del segmento de distribución dentro de los seis meses contados desde la publicación de esta ley corta.

Las normas sometidas a la consideración de la comisión fueron aprobadas por la unanimidad de los trece diputados y diputada presentes, señores Auth , Baltolu , Castro, don José Miguel ; señora Cid, señores Jackson , Lorenzini , Monsalve , Núñez (Presidente), Ortiz , Pérez, don Leopoldo ; Ramírez , Schilling y Von Mühlenbrock .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señora Presidenta, saludo al ministro Juan Carlos Jobet .

La Comisión de Hacienda revisó este proyecto, pero, como no es la comisión técnica, no lo analizó con el detalle con que lo pudo hacer la Comisión de Minería y Energía. Sin embargo, teníamos mucho interés en comprender los alcances de esta iniciativa, porque cuando en el parlamento o en el mundo político se discuten iniciativas referidas a la Ley General de Servicios Eléctricos hay que estar muy atentos a la letra chica, porque el lobby y el poder que ejercen las empresas eléctricas terminan por distorsionar su sentido y orientación original.

Al respecto, cabe recordar los problemas que se generaron a partir del famoso proyecto de ley relacionado con los denominados “medidores inteligentes”, los cuales surgieron debido a que su sentido original fue tergiversado absolutamente durante la tramitación en el Senado.

En cuanto a la iniciativa en debate, este lunes el ministro del ramo compareció ante la Comisión de Hacienda para explicar sus alcances, y hay dos o tres aspectos que quiero destacar, porque me parece que constituyen un avance.

En primer lugar, nos parece importante que las empresas eléctricas tengan giro único, ya que no es razonable que aparte del proceso de comercialización directa de la electricidad ofrezcan productos respecto de los que no existe certeza alguna en cuanto a su calidad o si existe algún tipo de conflicto de interés, como equipos de aire acondicionado, entro otros.

Otro tema muy sensible dice relación con la forma en que se fijan los costos de la empresa modelo, ya que los estudios para su determinación se encargaban a expertos, pero también eran elaborados en parte por la propia empresa eléctrica involucrada. En tal sentido, nos parece un avance que el proyecto proponga un estudio único, elaborado por la Comisión Nacional de Energía.

Sin embargo, todavía nos quedan dudas respecto de cuál es el beneficio concreto que recibirán los clientes de la empresa eléctrica una vez aprobada la famosa ley corta para rebajar la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica. Lo que me quedó grabado en la discusión de la comisión, punto de vista que el ministro podrá refrendar, es que si uno tenía una cuenta por consumo de electricidad de 20.000 pesos, monto que se acerca al promedio de una cuenta eléctrica de un hogar chileno promedio o representativo, esta bajaría alrededor de 600 o 700 pesos. Si bien esa cifra es pequeña, es importante si se considera el presupuesto familiar promedio de los chilenos.

Hay muchos aspectos que quedaron pendientes en la discusión del tema eléctrico, los que el ministro y el gobierno se comprometieron a abordar en la famosa ley larga. Por eso, quiero plantear hoy al ministro que es muy importante que se refrende ese compromiso, ya que en el mundo eléctrico se requieren cambios profundos que no son abordados en el proyecto en debate.

A nuestro juicio, habría sido ideal llevar a cabo un solo proceso legislativo, y no tener que esperar dos, tres o cuatro meses para que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley larga sobre esta materia, cuya tramitación legislativa -valga la redundancia- podría ser demasiado larga. Eso podría llevar a que, por ejemplo, en los próximos cuatro años no se efectúe ningún cambio profundo en este ámbito. No obstante, como entendemos que hay determinadas urgencias, quiero señalar que votaremos a favor esta iniciativa, pero con el compromiso explícito de que se avanzará en la tramitación del famoso proyecto de ley larga.

Permítame enumerar dos o tres inquietudes surgidas de mi experiencia como diputado de un distrito que integra la Región de Coquimbo.

Primero, se requiere dotar de mayores atribuciones y de poder de fiscalización a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Todos los días recibimos denuncias de que en la Región de Coquimbo las empresas eléctricas, en contravención con la norma vigente, no están invirtiendo en la instalación y reparación de postes ni del cableado eléctrico de las zonas concesionadas. Sin embargo, que esas empresas cumplan con su responsabilidad pasa por la presión política que se ejerza sobre ellas, por cuanto los caminos y las veredas son bienes nacionales de uso público. El caso de la Región de Coquimbo es emblemático, pero no creo que sea muy distinto a lo que ocurre en el resto de las regiones.

No existe certeza si la Superintendencia fiscaliza de manera adecuada el plan de inversión. Se supone que las empresas de distribución eléctrica deben invertir para mantener en buen estado la red eléctrica, con el objeto de mejorar la calidad del servicio, pero no tengo certeza de que eso se esté llevando a cabo hoy de manera correcta y que la inversión que se está haciendo no sea errada.

Por lo tanto, se tiene que cambiar el sistema de considerar como parámetro la famosa empresa modelo para medir los costos y comenzar a hacerlo a partir de una empresa real, para lo cual se requiere sincerar las utilidades.

Un punto fundamental de este debate es la determinación de la rentabilidad correcta que debe tener una empresa eléctrica para que sea atractiva para el capital privado. Mi impresión es que sus utilidades son mucho mayores de lo que se reporta, ya que como la fiscalización que se lleva a cabo es insuficiente, no hay suficiente conocimiento sobre el funcionamiento del sistema.

Asimismo, es muy importante el establecimiento de incentivos para las cooperativas, especialmente en las regiones integradas por zonas rurales extensas. El monopolio natural que ejercen algunas empresas eléctricas, que solo llegan con la distribución eléctrica hasta las zonas concesionadas, genera que en otros sectores sea muy complejo el acceso a la electricidad, y por eso las cooperativas son una solución viable, pero requieren el incentivo y el apoyo del Estado.

Por otro lado, en la Comisión de Hacienda abordamos la situación de los clientes libres. En ese sentido, a pesar de que los municipios forman parte del grupo de grandes clientes de las empresas eléctricas, estas, luego de llevar a cabo el proceso de evaluación respectivo, les niegan la condición de clientes libres, lo que impide a las municipalidades entrar a un proceso tarifario con costos más bajos.

Por lo tanto, estamos pidiendo que el gobierno apoye ese proceso en favor de los municipios, porque evidentemente el alumbrado público cumple una función social de enorme utilidad. El segundo gasto de todos los municipios en Chile es por concepto de alumbrado público y de otros gastos eléctricos asociados. Por lo tanto, es muy importante que puedan ser…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet .

Si bien este proyecto no tiene nada que ver con los medidores, surge a raíz de la discusión pública que se dio con los medidores y del aumento de cerca de 10 por ciento de las tarifas de las cuentas de luz que les llegó a la gente; eso unió ambas cosas.

Por ello, felicito al ministro y al gobierno del Presidente Piñera por tener la sensibilidad social de elaborar este proyecto de ley corta, iniciativa que permitirá que el proceso tarifario 2020-2024 mejore aquellos parámetros que no estaban correctos.

El proyecto aborda tres materias: una, la rebaja de la rentabilidad anual de las empresas de distribución eléctrica; dos, el perfeccionamiento del proceso tarifario de distribución eléctrica, y, tres, la nueva definición de áreas típicas.

Me referiré brevemente a esos tres temas.

En cuanto a la rebaja de la rentabilidad anual de las empresas de distribución eléctrica, cabe señalar que la tasa de actualización de 10 por ciento se encuentra vigente desde 1982 -repito: ¡desde 1982!-, año en que se dictó la ley general de servicios eléctricos. Dicha tasa debe reflejar el nivel de riesgo de mercado del negocio de distribución eléctrica, y su fijación obedeció a una realidad del momento tanto económica como de desarrollo del país, distinta a la actual. De este modo, la iniciativa propone su sustitución por una tasa que deberá ser calculada por la Comisión Nacional de Energía para cada cuatrienio mediante el sistema CAPM o modelo de valoración de activos financieros, asegurando un piso de 6 por ciento y un techo de 8 por ciento.

Respecto de los perfeccionamientos que se introducen al proceso tarifario, debe considerarse que el sistema actual presenta diversas falencias que impactan negativamente en los consumidores -¡qué duda cabe de eso!-. Este contempla la realización de diversos estudios de costos según áreas típicas determinadas, en las que se clasifican las distintas empresas existentes. Tales estudios son elaborados por la Comisión Nacional de Energía y por las empresas o cooperativas. El resultado final de la determinación de los costos -ello lo señaló en su informe la diputada Hernando- se obtiene de la ponderación de los resultados de los estudios de ambas partes, en una proporción de dos tercios para el estudio de la Comisión Nacional de Energía y de un tercio para el de las empresas o cooperativas. Esto genera incentivos para que las empresas, dada la menor ponderación asignada, presenten mayores costos que los de la Comisión Nacional de Energía. Además, el sistema está cerrado a terceros, como organizaciones de la sociedad civil, que no pueden presentar observaciones.

La propuesta del Ejecutivo consiste en la elaboración de un solo estudio de costos, que será mandatado por la Comisión Nacional de Energía y que será realizado por un consultor independiente, de acuerdo con bases de licitación que podrán ser observables por las empresas o cooperativas y terceros interesados. Con este esquema se elimina el sistema de ponderación y se establece un mecanismo de solución de controversias mediante la formulación de observaciones técnicas, a las que la Comisión Nacional de Energía deberá dar respuesta. En caso de que subsistan las discrepancias, cualquiera de los participantes en el proceso podrá formular la suya ante el panel de expertos de la ley general de servicios eléctricos. Las ventajas de optar por este sistema radican en que el referido panel debe elegir entre una de las posiciones que se le planteen, sin poder elegir opciones intermedias. Así, se busca que las partes no formulen discrepancias temerarias y planteen sus posiciones con la mejor información posible, disminuyendo de esa manera las asimetrías de información a lo largo de todo el proceso tarifario.

Por último, respecto a la modificación de la definición de áreas típicas, cabe señalar que, en la actualidad, en el proceso tarifario, las empresas y/o cooperativas se agrupan en áreas típicas, considerando a una de ellas como referencia para realizar el diseño de una empresa modelo sobre la cual se construye la tarifación. Sin embargo, la actual definición de área típica no permite representar en forma adecuada la realidad de todas las empresas y cooperativas que se encuentran sujetas a tarificación. Por tanto, la propuesta busca que tal definición considere los costos y la densidad de clientes por kilómetro de red y no valores agregados de distribución, como es actualmente.

Sobre la obligación de giro único y contabilidad separada, es preciso señalar que hoy las empresas distribuidoras cumplen diversos roles y funciones y no existe una separación entre aquellos que están asociados a servicios regulados y aquellos que se prestan en condiciones de competencia. Eso provoca una dificultad al momento de determinar la rentabilidad real de las empresas, y, por lo tanto, no es claro el análisis respecto de si el proceso de valorización se lleva a cabo de manera adecuada o no.

Sobre el particular, se propone que las empresas concesionarias de distribución eléctrica que además de prestar el servicio público de distribución desarrollen otras actividades que comprendan giros distintos al señalado estén obligadas a llevar una contabilidad separada o a prestar el servicio mediante sociedades de giro único respecto de las actividades que comprendan en cualquier forma el giro de distribución.

Vuelvo a felicitar al gobierno, particularmente al ministro Jobet , por llevar adelante esta iniciativa.

Finalmente, anuncio que la votaremos a favor.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención señalando que no soy miembro de la Comisión de Minería y Energía y que mis conocimientos, mi observación y mi acercamiento a este proyecto de ley obedecen a los estudios realizados con ocasión de ese malogrado proyecto que en algún momento tuvimos acá, referido al reemplazo de los antiguos medidores eléctricos por medidores digitales, el cual provocó una gran discusión a nivel de país.

En ese minuto me dediqué a estudiar, a leer informes técnicos, artículos de prensa de medios bastante serios y pude hacer, como la mayoría de los ciudadanos comunes, un poco de luz respecto de un tema que es de una opacidad increíble, como es el proceso de fijación de tarifas de este vital elemento en nuestro país.

Lo primero que me llamó la atención -lo señaló el diputado Mellado - fue que la rentabilidad asegurada viene desde la década de los ochenta, y es de 10 por ciento. Han cambiado las condiciones de riesgo y las condiciones generales del país, pero ahí está esa utilidad asegurada. Es más, algunos estudios técnicos que leí señalan que en los hechos esto podría ser muchísimo más de 10 por ciento y que la utilidad efectiva ronda el 15 por ciento. De manera que se trata de un gran negocio que explica por qué el interés de las inversiones. No discuto la necesidad de mejorar nuestra matriz energética y de producir energía; la cuestión es si nos están cobrando los costos que corresponden y si las familias, los consumidores, los ciudadanos se benefician de esto. Tenemos tasas altas, pues el costo de la energía en Chile es alto, y así lo dicen incluso los productores, quienes señalan que es un tema sensible para su matriz de costos.

También leí que en Europa ya se había resuelto este problema y que distintos países habían fijado tasas del orden del cinco coma y algo o 6 por ciento: España, Alemania y otros. Por eso me sorprende que en este proyecto se haya establecido la rentabilidad mínima en 6 por ciento y la máxima en 8 por ciento.

De igual forma, se perfecciona el sistema de fijación por la vía de este mecanismo de empresa modelo, que ya sabemos que se presta para un conjunto de distorsiones que podrían llevar al alza el valor que finalmente pagamos por la energía eléctrica.

También me parece un avance importante perfeccionar, hacer más transparente, quitar opacidad al proceso tarifario de distribución eléctrica.

Asimismo, señor ministro -lo señalo por intermedio del señor Presidente-, considero positivo que, a la mayor brevedad, se cumpla el compromiso del Ejecutivo de enviar una iniciativa que aborde el tema de una manera más acabada y profunda, porque este proyecto de ley corta responde a una necesidad. No desconozco que significa un avance en relación con lo que teníamos, pero considero que son necesarios otros perfeccionamientos que permitan que el ciudadano común sepa que la legislación y las autoridades están cautelando sus derechos.

En ese sentido, no cabe duda en cuanto a que esta iniciativa contiene aspectos interesantes, lo que hace conveniente aprobarla. En mi opinión, después de este episodio tan triste, tan poco transparente, cuando trataron de pasarnos gato por liebre con el proyecto de los famosos medidores digitales y los cambios que se establecían, que estaban muy por fuera del objetivo original de la ley que habíamos aprobado en el Congreso Nacional, esta es una muy buena iniciativa.

No obstante, aún podemos hacer algo más, con el fin de que, ojalá, la futura ley impacte en la rebaja de las tarifas que pagan las chilenas y los chilenos, porque así este esfuerzo tendría mucho más sentido.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA (don Juan).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que nace de un mensaje y una moción, refundidos, es la respuesta a la ineludible necesidad de contar con una legislación actualizada en este rubro.

Hasta la fecha, nos hemos regido por una tasa de costo de capital fija de 10 por ciento, y desde hace al menos treinta años que no se han generado cambios en el camino de una modernización tarifaria del sector de la distribución.

Esta iniciativa se materializa en un proyecto de ley corta de rápida tramitación, principalmente porque hay un descontento generalizado en el país respecto del aumento del precio de las cuentas de la luz anunciado por la Comisión Nacional de Energía, por la historia que ya conocemos, la de los medidores inteligentes, y por el servicio deficiente que muchas veces entregan las empresas distribuidoras de electricidad.

En 2020 volverá a iniciarse un proceso de licitación, por lo que urge incorporar los nuevos parámetros al decreto tarifario, para que se concrete lo más pronto posible en las boletas de los clientes.

Con un crecimiento de la economía muy por debajo de lo que se aseguró en las promesas de campaña del actual gobierno, con altos índices de cesantía -cercanos a los dos dígitos en la Región de Atacama -, se hace indispensable buscar mecanismos que permitan terminar con los abusos y dar tranquilidad a las familias.

Espero que la ley larga de distribución, prometida por el gobierno para los próximos meses, haga eco del mismo objetivo que los parlamentarios expresamos en la Comisión de Minería y Energía: proteger a las familias del país y a sus hogares.

Quiero destacar también que, además de bajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras, esta iniciativa incorpora el perfeccionamiento de la definición de áreas típicas y establece instancias de participación ciudadana y de transparencia en el proceso tarifario. El control social sobre las empresas que detentan monopolios naturales es esencial para advertir sobre las, a veces, pésimas prácticas en las que incurren estas compañías. Ya lo vimos con la famosa instalación de los medidores inteligentes, que, de no haber sido por la indignación colectiva ciudadana, aún tendría a las empresas excusándose de asumir el costo de retiro y reposición de los medidores.

Finalmente, debo señalar que frente a un gobierno que se ha parado en reiteradas oportunidades del lado de las empresas, sorprende y se agradece que haga suyo lo que se inició en una moción. Me encantaría ver esta misma proactividad en otros ámbitos, sobre todo ahora que los indicadores están por el suelo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, valoro el esfuerzo que ha hecho el gobierno, en especial el ministro Jobet , por solucionar problemas que pudieron haberse previsto, pero no lo fueron.

Ya se han mencionado latamente los beneficios de este proyecto de ley corta, pero, obviamente, estamos a la espera de un proyecto de ley larga. En todo caso, respecto del proyecto en debate, el hecho de que la tasa fija de 10 por ciento vaya a disminuir a una de entre 6 y 8 por ciento es un avance y una señal importante en materia de regulación y en cuanto a que, si hay vicios, ellos no deben continuar existiendo.

Por otro lado, se ha dicho que vamos a tener una fórmula de cálculo, que vamos a profesionalizar la forma de cálculo, que vamos a redefinir la forma de cálculo, con el fin de dar garantías de que la distorsión, si la hubiere, será marginal. Asimismo, como ya se ha mencionado, es rescatable lo relativo a las áreas típicas de distribución.

Debo destacar, además, la diferenciación que se hace respecto de las cooperativas que distribuyen energía eléctrica, en cuanto a que no estarán sujetas a la obligación de giro único de distribución eléctrica. En consecuencia, tener elementos que las diferencien en su medición y en su evaluación da certezas. Al respecto, no debemos olvidar que las cooperativas dan cobertura allí donde las grandes empresas no llegan. Dado que hay cooperativas que se han focalizado en los sectores rurales, especialmente de regiones, y en entregar un servicio que permite optimizar o aumentar la cobertura, deben ser consideradas de una manera distinta, en atención al aporte que hacen a la prestación de un servicio tan necesario.

Como se dijo, las cooperativas que no tengan giro único deberán llevar contabilidad diferenciada. Eso es óptimo, porque permitirá tener los elementos necesarios para determinar las rentabilidades reales y, sobre esa base, hacer los cálculos pertinentes.

Este es un proyecto justo, necesario, que no tengo dudas en cuanto a que será aprobado por la gran mayoría de la Cámara de Diputados. Obviamente, hay visiones distintas, pero advierto una mirada positiva, en especial ante un escenario complejo, derivado del alza en las cuentas de luz, del problema de la instalación de medidores inteligentes, del reglamento para la aplicación de esos medidores y de la falta de visión del gobierno pasado respecto de los impactos en las tarifas.

Considero que a través de este proyecto, que es simple, pero va al fondo, al corazón del problema, estamos dando una señal como Parlamento y como Ejecutivo, de que en esta materia no hay dos lecturas y que nos importa mejorar la satisfacción de los usuarios y, obviamente, cuidar su bolsillo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini Milla .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, este es un proyecto muy bullado y bastante discutido en la Comisión de Minería y Energía, que presido. Nace en un contexto bastante complejo, de alzas sostenidas en las cuentas de luz por distintas razones, por ejemplo, debido al alza en el precio del dólar. Incluso, la propia Comisión Nacional de Energía (CNE) ha señalado que durante 2019 se registrará un alza promedio anual de 20 por ciento, que impactará directamente en el bolsillo de todos los chilenos y chilenas.

Ahora bien, en los próximos meses también habrá rebajas en las cuentas de la luz, a raíz de las licitaciones que se hicieron durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , oportunidad en que se dio a las empresas generadoras de energía la posibilidad de inyectar a la matriz energética energías renovables no convencionales, las que, en el caso de la región que represento -la de Atacama-, tienen gran presencia. Esto ha hecho competir a las empresas, lo que ha permitido bajar los costos.

En este contexto, la guinda de la torta es la situación de los consumidores afectados por la instalación de los medidores inteligentes. Por eso, debíamos dar una señal política en el sentido de brindar mayores garantías a los usuarios y mayor transparencia al proceso de distribución, en el entendido de que se trata de un monopolio natural.

Esto nos permitió entender mejor cómo funciona todo el proceso.

Un aspecto valorable del proyecto es que se logró que el estudio de costos, que antes era realizado por las propias empresas distribuidoras, a partir de ahora lo va a realizar la CNE. Ese es un punto importante, que marca un antes y un después en esta materia.

Cabe señalar que no habíamos establecido techos ni pisos mínimos, porque entendíamos que existían variaciones. Así, por ejemplo, existen circunstancias en que se podrían fijar valores por debajo del piso, que fue lo que propuso en alguna oportunidad el gobierno. Nosotros presentamos una indicación, que lamentablemente perdimos. Entiendo que finalmente se llegó a un punto intermedio.

Al respecto, quiero ser muy clara y transparente en señalar que probablemente el día de mañana la baja en el precio de las cuentas de la luz será más bien marginal.

Por lo tanto, digamos las cosas como son, porque no quiero generar falsas expectativas en la población.

Tras un arduo debate en la comisión, logramos comprometer al gobierno en la presentación de una iniciativa de ley larga que permita, de manera integral y estructural, hacernos cargo de los desafíos del sector de la distribución eléctrica, y, por sobre todas las cosas, una ley larga de distribución que sí tenga un impacto significativo y verdadero en la reducción de los precios de las cuentas de la luz que paga la gente, porque eso es lo que esperan todos los chilenos.

En ese sentido, aprobamos esta iniciativa en la comisión y hoy lo haremos en la Sala, pero con el compromiso de avanzar en una ley larga. Entre 6 y 8 por ciento es el margen de movimiento para dar garantías a las empresas distribuidoras. Lo digo, porque se generó una campaña del terror que señalaba que este negocio iba a colapsar, que no sería rentable y que las empresas no iban a seguir invirtiendo en nuestro país.

Entendimos el punto y nos hicimos cargo de él.

Por lo tanto, hago un llamado al gobierno a que presente a la brevedad, en una fecha concreta y próxima, una iniciativa de ley larga, un proyecto estructural, para que sea posible su aplicación antes del año 2025.

Bajo ese contexto hemos dado nuestro apoyo a este proyecto, a pesar de las dudas que nos genera y de que no cumple con las expectativas de la ciudadanía ni realiza los cambios profundos que requiere el sistema de distribución de energía en nuestro país. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez Núñez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, sin duda, el negocio de la generación, transmisión y distribución eléctrica es muy rentable para las empresas. Es bueno que eso se verbalice.

Si bien el proyecto realiza una serie de aportes, se ha indicado que las verdaderas modificaciones se producirán en la iniciativa de ley larga, cuya presentación muchas veces parece el cuento del lobo. No obstante, vamos a esperar que el ministro cumpla su compromiso.

Actualmente, la ley eléctrica asegura un 10 por ciento de rentabilidad mínima por concepto de distribución. El gobierno originalmente planteaba reformular el procedimiento para fijar el valor agregado de distribución (VAD), y rebajar el piso de 10 a 6 por ciento, con la finalidad de reducir el monto de las cuentas de la luz, las cuales se estima bajarían 200, 300 o 400 pesos. Es bueno aclarar esta información para que el usuario no quede con la sensación de que está frente a una ley de medidores 2.

Ahora bien, el estudio del nuevo procedimiento para elaborar el VAD contempla la creación de áreas típicas, una empresa modelo, un estudio de costos objetivos, la participación de la ciudadanía, la participación de la industria, un comité de supervisión y la posibilidad de reclamar de los dictámenes del panel de expertos. Al respecto, la Federación Regionalista Verde Social estima que existe la debida objetividad e imparcialidad para que las autoridades, esto es la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía, aprecien de la manera más precisa posible los costos de inversión en que deben incurrir las empresas distribuidoras, de tal manera que el VAD refleje un parámetro adecuado.

Lo anterior permite asegurar que no es necesario fijar un piso mínimo de rentabilidad, puesto que se resguarda debidamente la justicia procedimental. Ello llevará, necesariamente, a un resultado positivo, toda vez que la rentabilidad de las empresas reflejará la realidad, sin que el Estado fije a priori un determinado margen de utilidad, lo que, a nuestro juicio, además es cuestionable si se piensa que en otras industrias reguladas esto no ocurre.

La forma de incentivar la inversión de las empresas distribuidoras es con reglas claras y objetivas, como lo que el proyecto pretende establecer. Garantizar pisos mínimos fuera de este objetivo solo significaría tolerar rentabilidades fuera de dichos parámetros objetivos. Por lo tanto, nos parece que no debiera establecerse este 6 por ciento como piso, o a priori estar asegurando ganancia alguna.

Por ello, algunos estamos reponiendo una indicación que esperamos que en su momento sea votada y respaldada.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al señor ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

En Chile el precio de la energía que pagan los clientes finales está compuesto, en términos generales, por el costo asociado a la generación de energía, el costo de transportar la energía por redes de alta tensión y larga distancia y el costo por distribuir la energía desde subestaciones del sistema de transmisión hasta los clientes finales. Este último costo es aquel en que incurren las empresas distribuidoras para entregar su servicio y que, en la regulación eléctrica se denomina valor agregado de distribución.

La fijación de las tarifas de distribución no ha sufrido cambios en Chile desde 1982. Claramente, se requería un perfeccionamiento en el proceso tarifario de este segmento.

Si bien la ley corta solo pretende incluir modificaciones para el siguiente proceso tarifario, también significó sacar a la luz temas de fondo que el Ejecutivo ha comprometido incluir en la ley larga. Uno de esos logros es la diferenciación de la industria y de las cooperativas eléctricas, cooperativas que distribuyen la energía eléctrica en los sectores rurales, donde el costo de la energía para los agricultores es uno de los más relevantes.

Quiero destacar el trabajo realizado por las cooperativas de distribución eléctrica en defensa de las más de 155.000 familias que representan en las regiones del Maule, del Biobío, de Los Ríos, de Los Lagos y de Ñuble.

Al comienzo del debate legislativo las cooperativas de distribución eléctrica no estaban consideradas y el proyecto ponía en riesgo su viabilidad. Ellas cumplen un rol social vital en las comunas rurales de nuestro país, pues llegan donde la industria no quiso estar. Con su lema “No somos iguales” lograron, con el Ejecutivo y el Legislativo, generar una diferenciación justa y reivindicar una deuda histórica respecto del trato no diferenciado con las grandes empresas de distribución.

Si bien este proyecto -hay que decirlo- no significa una baja sustancial en las cuentas eléctricas para los chilenos y las chilenas, ya que en una cuenta eléctrica casi el 70 por ciento corresponde a la generación y solo un 20 por ciento a distribución se convirtió en una oportunidad para este segmento de la distribución.

Veamos los logros.

La consideración de todas las instalaciones de las empresas concesionadas, sea que ellas se encuentren dentro o fuera del área de concesión, para reflejar los reales costos de la distribución. Esto es vital en zonas como la Región de Ñuble, pues, en muchas zonas rurales, cooperativas como Copelec prestan un servicio y cumplen un rol social, pero no estaban consideradas.

Otro logro es el perfeccionamiento del proceso tarifario, incorporando elementos que debe enfrentar la empresa o cooperativa al ser tarificada en aspectos tales como la distribución de los clientes en cuanto a localización y demanda, el trazado de calles y caminos para el desarrollo de las redes y los obstáculos físicos para el mismo, la velocidad de penetración de nuevas tecnologías, la consideración de cambios normativos en estándares de calidad del servicio que puedan incidir en inversiones relevantes y la consideración de existencia de vegetación, su interacción con las redes y las actividades para su control.

Estas consideraciones de variables reales de los costos de distribución en zonas como la Región de Ñuble generarán estabilidad y transparencia en este proceso.

En lo que respecta a la transparencia, es importante señalar que actualmente no existe un mecanismo de monitoreo de las rentabilidades reales de las empresas sujetas a regulación en la distribución. Por esto, y en beneficio de los clientes, es decir, de los chilenos, se obliga a las empresas a tener giro único de distribución de energía eléctrica, a objeto de diferenciar la actividad regulada de otras actividades.

Las cooperativas, por su naturaleza y tamaño, deben mantener una contabilidad separada para las actividades de distribución.

Cabe destacar la redefinición de áreas típicas, no solo considerando los costos de prestar el servicio de distribución, sino también la densidad por kilómetro de red.

En síntesis, si bien es cierto que se trata de un proyecto que no va incidir grandemente en la rebaja de las tarifas, era necesario para transparentar todas las variables que inciden en la fijación de las tarifas y también para diferenciar la situación de las cooperativas eléctricas, que prestan un servicio invaluable.

Esperamos que el gobierno cumpla su compromiso de presentar un proyecto de ley larga para ver todos los temas que quedaron pendientes.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling Rodríguez .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, el contenido de este proyecto y las reflexiones que suscita a su alrededor retratan de cuerpo entero lo que es Chile, tanto en la manera de mirar su historia reciente como en la forma de tratar el desarrollo de sectores industriales y empresariales.

En su intervención, el diputado Mellado recordó que la fijación de una rentabilidad mínima de 10 por ciento ocurrió en 1982. Con toda propiedad y literalmente dijo que “la ley general se dictó…”. ¡La dictó la dictadura; o sea, no le preguntó a nadie!

Lo que vamos a hacer hoy es aprobar un cambio a lo que se dictó. No se va a dictar una nueva ley: se va aprobar una enmienda.

¿Y sabe por qué retrata de cuerpo entero lo que es el desarrollo de nuestras industrias y empresas? Porque queda claramente establecido que el desarrollo empresarial en Chile está subsidiado por los consumidores. La rentabilidad mínima no va a ser del 10 por ciento, pero se fija una rentabilidad mínima de 6 por ciento.

Se arguye que fijar esa rentabilidad es necesario para propiciar la inversión. No va a ser así, señor ministro -por su intermedio, Presidente-. Este esquema está hecho a imagen y semejanza de lo que ocurre con las sanitarias, esto es, existe una empresa modelo que se supone que asume todas las dificultades de su desarrollo y determina los costos de producción del bien. ¡Mire usted la empresa modelo Essbio o Essal! ¿Qué hicieron? Maximizaron las utilidades más allá del mínimo garantizado por la vía de la desinversión, porque esto no garantiza la competencia. Aquí el problema es cómo entran nuevos actores que ofrezcan servicios más baratos. Mientras eso no ocurra, todo lo demás va a ser fantasía.

Señor Presidente, por su intermedio, le reitero al ministro lo que dije en la Comisión de Hacienda: si se quiere asegurar que no va a haber desinversión por la vía de abaratar costos, teniendo un vigilante en una central que presta servicios a cientos de miles de personas, se tienen que fortalecer las superintendencias, que son las que velan por el interés general de los consumidores. Mientras eso no ocurra y no exista competencia de verdad, nada habrá ocurrido; menos bajada de tarifa.

En general, nuestra economía funciona así: en forma monopólica, concentrada, excluyente, sin libre mercado. En el mundo no hay nada más parecido a China que Chile. Por eso el diputado Bellolio está equivocado. Junto con ir a ver al señor Wong , él debería visitar más frecuentemente a los que aquí se rebelan contra el modelo dominante. Él está sentado en una bancada equivocada. La economía china la dirigen nueve señores: el politburó del Partido Comunista chino. En Chile la dirigen nueve familias: el politburó de la Confederación de la Producción y del Comercio.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort Garriga .

El señor KORT.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet , y también hago un recuerdo -nobleza obliga-, particularmente en este proyecto, a las gestiones que lideró en su momento la entonces ministra Susana Jiménez .

Lo planteo porque este proyecto es parte del compromiso del programa de gobierno del Presidente Piñera, que coincide con una moción parlamentaria de carácter transversal, liderada por el diputado Pablo Vidal y secundada, en esta bancada, por el diputado Sergio Gahona . Eso demuestra y comprueba con hechos concretos -no con discursos para la tribuna o la prensa- el interés que tiene este gobierno en hacer políticas públicas con carácter de Estado.

¿Qué significa eso? Que busca hacer coincidir aquellos puntos que están definidos en nuestro programa de gobierno -los que buscamos la mayoría de los chilenos que quisimos que Sebastián Piñera fuera electo Presidente de la República- con las iniciativas que se presentan desde distintas bancadas.

Por eso quiero rescatar y destacar esa voluntad y ese carácter, porque este proyecto de ley buscó en todo momento hacer coincidir ambas situaciones, lo cual se vio reflejado en la discusión parlamentaria en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

También debemos agradecer el trabajo de la Secretaría, porque cuando corresponde fusionar una moción con un mensaje, hay un trabajo legislativo complejo, el cual se vio facilitado gracias al trabajo de la Secretaría.

Ahora, entrando en el fondo del proyecto, ¿qué estamos haciendo? Estamos regulando un monopolio natural; por lo tanto, tenemos que hacerlo con responsabilidad, entendiendo cómo opera y funciona un monopolio natural. En ese sentido, debemos generar una reflexión y un debate responsable con respecto a lo que hoy es la energía eléctrica. Actualmente, la energía eléctrica es parte del día a día, es parte del funcionamiento vital en los hogares del país, no solo en aquellas casas en que hay pacientes electrodependientes, sino también en todas aquellas casas donde -legítimamente, todos lo hacemos- consumimos y aumentamos nuestra demanda de energía eléctrica. Para asegurar el cumplimiento de esa creciente demanda de energía eléctrica, también debemos fijar reglas claras, oportunas y coherentes a quienes distribuyen, transmiten y generan la energía.

Debemos tender a buscar energía limpia y de calidad, y tener un sistema de transmisión eficiente, pero también debemos ser capaces de construir un sistema de distribución eficiente y eficaz para quien hace el trabajo y la inversión, pero también para quien la demanda.

Por eso este proyecto da un primer paso, un paso inmediato -por eso se llama ley corta- que se verá reflejado en el próximo proceso tarifario. Aquí quiero felicitar y destacar la labor y el compromiso que ha tenido el ministro Jobet , porque lo que iba a ser entendido como una ley larga, para complementar todo el sistema de distribución energética, se ha convertido en lo que definimos como una ley mediana.

¿Qué significa eso? Que el propio ministro, aquí presente, comprometió su palabra en la Comisión de Minería y Energía, con todos los diputados y con las diversas bancadas, para presentar hasta el 11 de marzo del próximo año -es decir, cuando se inicie el año legislativo siguiente- el proyecto de ley mediana, que será recogido en las mesas de trabajo que se están desarrollando a nivel parlamentario, con nuestros asesores y con el Ministerio de Energía.

Por eso creemos que esta es una señal importante de cómo queremos manejar las políticas públicas en monopolios naturales. Insisto en que no es un monopolio artificial; por lo tanto, seamos responsables en las calificaciones que hacemos en este debate, en lo que transmitimos a nuestros electores y en cómo definimos nuestras políticas públicas.

En consecuencia, vamos a respaldar el proyecto del Ejecutivo, que es concordante con la moción que se presentó; vamos a apoyar el informe de la Comisión de Minería y Energía, pero vamos a rechazar la indicación en que se pide votación separada para cambiar el tema de los pisos versus los techos. Pensamos que el trabajo que se hizo en la comisión es suficientemente transversal y decantado; por lo tanto, corresponde despachar con urgencia el proyecto -no buscar resquicios para vuelva a la comisión-, a fin de que el Senado lo pueda aprobar, se transforme en ley y se vea reflejado -insisto- en el próximo proceso tarifario.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet , quien se encuentra presente en la Sala.

Inicio mi intervención deseando al ministro éxito en sus altas funciones. Él no tuvo nada que ver en este proceso.

Primero, quiero señalar lo que ha faltado a los parlamentarios -especialmente a los diputados- que en el período anterior legislaron de una manera que no tiene nombre. Respecto de Coquimbo, de mi región, se dijo que un sector estaba prácticamente en quiebra, que toda la población Baquedano estaba inundada y que los postes se habían quebrado, situación que en la práctica nunca fue así.

Por lo tanto, el proyecto presentado en su momento nació de una situación medio extraña. Eso, la comunidad lo tiene que saber de todos aquellos que lo suscribieron. Luego ese proyecto se fue al Senado y ya conocemos la historia que ocurrió. Sin embargo, posteriormente, a pocos días de terminar el gobierno anterior, el proyecto fue aprobado, y no ha existido ningún mea culpa. La discusión suscitada por el cambio de medidores generó en la opinión pública un tema que había sido invisible dentro de esa caja negra que constituyen las tarifas eléctricas y su rentabilidad.

La tasa de costo de capital, que fue fijada en los años 80, establece un valor igual al 10 por ciento anual antes de impuesto. Recién en julio de 2016 se trató de modificar la ley N° 20.936, mediante una iniciativa que no prosperó. Ese proyecto pretendía que el referido valor bajara de 10 por ciento a 7 por ciento. Lo que me preocupa es que durante tanto tiempo los gobiernos progresistas, los gobiernos de centroizquierda no fueron capaces de ver situaciones reales como esa y como otras que han ocurrido en otras materias, las que a continuación voy a señalar.

Una tasa fija anual en la ley puede entenderse cuando el riesgo regulatorio en una economía es tan alto que se requiere certeza legal para materializar inversiones en un mercado. Ese riego, que podría haberse entendido por las condiciones políticas de los 80, no tiene sustento en nuestra democracia actual. Leyes existentes respecto de otros servicios básicos, que fueron promulgadas en los años 90, ya en democracia, como las que regulan el agua potable y las telecomunicaciones, establecen cálculos periódicos de la tasa de descuento que consideran el riesgo sistemático de las actividades propias de las empresas en esa actividad.

Por esa razón, hay que celebrar que el gobierno, fruto del escándalo ocurrido a raíz de los medidores inteligentes, haya enviado al Congreso una modificación legal respecto de la tasa de descuento, que dispone que esta se calcule periódicamente considerando el riesgo sistemático de la actividad de distribución, que debería fijarse en 6 por ciento real anual antes de impuesto.

El efecto de este cambio, que reconoce la realidad del mercado de la distribución eléctrica, es significativo para los consumidores si se considera la última fijación tarifaria, de marzo de 2018. Realizar el cálculo tarifario con una tasa de 6 por ciento en vez de con una de 10 por ciento significa un menor cobro para los consumidores del país de alrededor de 150 millones de dólares anuales. Esta cifra representaría alrededor de 7 por ciento de disminución en la tarifa final de los consumidores regulados.

Es de esperar que, más allá de algunas indicaciones que se han presentado, el Congreso apoye esta iniciativa, a fin de avanzar rápidamente en este cambio tan importante y técnicamente correcto, sin caer -reitero- en lo que ocurrió en 2016.

Sin perjuicio de que habrá apoyo a este proyecto y de que será promovido el cambio de una tasa fija obsoleta estipulada en la ley eléctrica, pido al ministro y al gobierno del Presidente Piñera, por intermedio del señor Presidente, que también se revisen los otros sistemas tarifarios, como los del agua, los de las empresas sanitarias, que son un escándalo, y los de las telecomunicaciones, que llevan más de tres décadas sin ser revisados.

El proyecto de ley es un paso hacia adelante, razón por la cual lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro Juan Carlos Jobet , gran artífice del proyecto de ley corta del cual estamos hablando. Obviamente, también me sumo al reconocimiento que el diputado Issa Kort hizo a la exministra Susana Jiménez . Asimismo, agradezco al diputado Pablo Vidal por haberme invitado a ser partícipe de su indicación. Por último, es justo saludar a la Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, quien desarrolló una gran labor para que el proyecto saliera adelante.

La ley tramitada en su momento fue uno de los errores graves que ha cometido el Congreso. Por ello, hoy el Congreso está rectificando ante la comunidad un error que nadie entendía.

Necesitamos una regulación de distribución eléctrica moderna para Chile. La actual regulación permitió un adecuado y eficiente desarrollo del sector, logrando coberturas de suministro que hoy alcanzan casi al ciento por ciento de los usuarios finales. Sin embargo, la velocidad de los cambios tecnológicos, la transición energética y la necesidad de mejorar los estándares de calidad y seguridad del suministro, sin aumentar las cuentas, hacen necesario un cambio del actual marco regulatorio.

Existe consenso en que el actual modelo ha sido exitoso. Sin embargo, ya tiene más de treinta años, por lo que no es adecuado para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, tales como las redes inteligentes, la generación distribuida y la electromovilidad, como tampoco para fomentar la competencia en ese segmento.

Además, es imperativo avanzar en elevar los estándares de calidad y seguridad del servicio, sobre todo a nivel de regiones. Hoy, Chile muestra niveles de interrupción de suministro decenas de veces superiores a los de países de la OCDE. La gente está descontenta: tenemos cuentas caras y existe sensación de abuso y de falta de información y transparencia. Frente a esto, los consumidores quieren respuestas concretas y necesitan confiar en que las soluciones están realmente pensadas en su beneficio.

En ese contexto, el gobierno presentó un proyecto de ley corta de distribución eléctrica, cuyo principal objetivo es reducir la rentabilidad de las empresas concesionarias. Lo primero que hay que decir, para dejar claras las expectativas, es que el proyecto de ley no bajará los precios de las cuentas en el corto plazo, y que su efecto recién podría verse después de 2020, con una reducción no superior al 3 por ciento de la cuenta final de los consumidores. Sin duda, se debe reducir la rentabilidad de las distribuidoras, pero esto no es suficiente. Esta futura ley no solucionará de manera real los problemas de los chilenos, como tampoco permitirá avanzar en una modernización de la normativa. Incluso podría tener efectos no deseados sobre la calidad y seguridad del servicio.

Por lo mismo, como país, tenemos la oportunidad para legislar en esa materia y hacerlo bien. No podemos quedarnos cortos con una solución incompleta. Para ello debemos enfocarnos en cuatro objetivos principales: lograr más y mejor desarrollo de las energías limpias, mejorar la seguridad y calidad del suministro eléctrico, bajar los precios y aumentar la competencia, y mejorar la gestión de la información, para así aprovechar los beneficios que el desarrollo tecnológico nos pueda ofrecer.

El modelo actual es incompleto; necesitamos perfeccionarlo. Las empresas se remuneran sobre la base de una empresa ficticia y no existe certeza de que se realicen las inversiones que realmente se requieren. Se necesita hacer una adecuación profunda del marco regulatorio.

Tenemos la oportunidad de hacer una buena ley, que mejore la calidad del servicio, que baje los precios, que aumente la competencia y que permita aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías. Ese es el principal desafío que enfrenta el nuevo y actual ministro de Energía.

Como diputado de Renovación Nacional, apoyaré este proyecto, como lo vamos a apoyar todos, pero le cobraremos al ministro la palabra que comprometió sobre el envío de la futura ley larga para revisar este tema. Estas iniciativas le darán fuerza a la opinión pública para creer en el sistema y para hacer justicia social a los ciudadanos de este país.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, como reza el informe, este proyecto de ley busca rebajar la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.

Como ya han indicado algunos parlamentarios, el proyecto surgió de la discusión de la tristemente famosa ley de medidores, de la que todavía estamos esperando derogar alguna de sus normas. La Cámara de Diputados suspendió la discusión del proyecto destinado a reformar esa ley hace algunas semanas, cuando estábamos ad portas de derogar una parte importante, la parte maligna de la ley, por decirlo de alguna manera.

Ojalá se cumpla el acuerdo de los Comités, que debió haberse cumplido el mes pasado, y podamos votar luego, para derogar la parte a que nos referimos en otra oportunidad, en que se traspasaron los medidores y empalmes a las empresas distribuidoras.

Si bien es cierto que este proyecto de ley tiene un buen propósito, creo que tiene falencias importantes que no se han señalado aquí con claridad.

Estamos hablando de regulación de empresas monopólicas que deben su carácter a monopolios naturales, como es la distribución de energía eléctrica. Al respecto, en la iniciativa hay avances que creo importante resaltar, como el que se refiere al giro único, o a la contabilidad separada si no existe giro único. Es relevante avanzar en ese aspecto, con el fin de tener claridad sobre la rentabilidad de las empresas. Si no tienen giro único, es muy difícil conocer efectivamente su rentabilidad.

Muchos autores o especialistas reconocen que la rentabilidad de 10 por ciento que garantiza la ley es excesiva. Las empresas afirmaron categóricamente, y las autoridades de gobierno lo entendieron así y lo dieron por hecho, que su rentabilidad durante el último tiempo fue del orden del 7 por ciento, no del 10 por ciento.

Entonces, la propuesta legislativa garantiza a las empresas una rentabilidad a través de otro método, denominado CAPM (Capital Asset Pricing Model , por su sigla en inglés), que pone un piso de 6 por ciento y un techo de 8 por ciento, es decir, deja la rentabilidad en una banda del 6 al 8 por ciento -exactamente donde dicen estar hoy día: en el 7 por ciento-, y además les agrega un elemento adicional, importantísimo para las empresas: que esa rentabilidad se calcula después de descontar impuestos.

Entiendo que el 7 por ciento actual de rentabilidad que declaran tener las compañías también es calculado después de descontar impuestos -en eso no hay diferencia-; pero asegurar una rentabilidad garantizada después de descontar impuestos equivale a otorgar un seguro adicional a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, porque no tendrán que correr el riesgo de que les cambien la tasa impositiva.

En suma, el proyecto conlleva un beneficio importante para las empresas, que es la seguridad de que su rentabilidad se garantiza, no obstante el régimen tributario que adopte el país. Se asegura a las empresas una rentabilidad más o menos parecida a la que tienen hoy, y con una seguridad que en algunos aspectos es mayor.

Entonces, no me gusta el proyecto en general -debo decirlo-, y no estoy dispuesto a votarlo a favor así como está, de modo que me abstendré en la votación en general de esta iniciativa de ley.

Que tiene aspectos interesantes, como la contabilidad única y otros, por supuesto; pero, en lo global, las empresas van a rentar entre el 6 y el 8 por ciento garantizado -hoy dicen que rentan el 7 por ciento-, y además van a tener un seguro frente a un eventual cambio tributario, que puede haber en cualquier país normal, es decir, avanzan.

Por otro lado, si bien es cierto que la metodología respecto de la empresa modelo y la forma en que se determina la tarifa varían en parte, es solo en parte, porque el Ejecutivo se negó a introducir algunas indicaciones que presentamos para que, por ejemplo, exista participación de terceros.

Si bien es cierto que el proyecto contempla que el proceso es público, esa es una falacia, porque no es completamente público, ya que para participar en un proceso de definición de tarifas de una naturaleza tan compleja y difícil se necesitan expertos y recursos.

Presentamos una indicación que, desgraciadamente, la comisión declaró inadmisible, mediante la cual buscábamos que en cada fijación tarifaria se hiciera un concurso público con una cantidad determinada de recursos, para que pudieran participar expertos independientes, colegios profesionales o sociedades de consumidores, de modo de hacer valer el punto de vista de los usuarios, de los consumidores, que no están presentes. Por el contrario, se creó un comité destinado a vigilar ese proceso, en el que participan dos representantes de las empresas y dos de la Comisión Nacional de Energía; es decir, las empresas quedan metidas de igual a igual, y los consumidores no, ya que el gobierno no estuvo dispuesto a financiar un fondo para participar con recursos. En ese sentido, todos sabemos que es iluso pretender que los usuarios van a poder participar, dado el grado de complejidad y de expertise que requiere aquello.

Entonces, existen muchas situaciones que me parecen absolutamente incompletas. Lo de las áreas típicas, también. Existe una complejidad con las áreas típicas de las cooperativas. Eso implica que es probable que suban las tarifas de las cooperativas, lo que va a complicar, obviamente, a los usuarios de sectores rurales.

Hay una serie de materias que, en general, no me gustan. Por eso, reitero, me abstendré en la votación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Durán .

El señor DURÁN (don Jorge).-

Señor Presidente, agradezco la presencia en la Sala del ministro Jobet , y recalco que es una tremenda noticia para el país y para el bolsillo de los hogares chilenos que este gobierno esté preocupado de regular estas materias, por medio de este proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. La iniciativa se discutió ampliamente en la Comisión de Minería y Energía, con la voluntad del Ejecutivo de trabajar junto con los asesores de los distintos parlamentarios.

Recuerdo el compromiso hecho por el ministro, en orden a trabajar nuevamente en conjunto la ley larga, mediante la cual espero que se elimine de una vez por todas el abusivo cobro de corte y reposición, que hoy bordea los 0,38 pesos por kilowatt/hora, lo que se ha traducido en un negocio millonario para las empresas de distribución, a costa del bolsillo de los hogares chilenos.

De todas maneras, este proyecto contará con todo mi apoyo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, este proyecto nació después de que en marzo pasado se desatara la polémica por lo ocurrido con los medidores de consumo eléctrico. Si este proyecto en particular no hace referencia a tales medidores, es precisamente porque se trataba de una política pública mal implementada, que era necesario corregir en su totalidad. El efecto que generaba era un alza de las tarifas en las cuentas de las personas.

Entonces, pensamos en cómo contrarrestar ese efecto y diseñamos este proyecto de ley junto con el diputado Jackson , para lo cual obtuvimos un patrocinio transversal, desde parlamentarios de Chile Vamos, como los diputados Eguiguren , y Gahona , hasta la diputada Daniella Cicardini , el diputado Ricardo Celis y otros que no recuerdo en este momento.

Finalmente, la iniciativa en discusión logra un acuerdo transversal en la Sala porque cambia algo que desde hace décadas ha estado fijado por ley: la tasa de descuento para las empresas distribuidoras, que es de 10 por ciento, proporción que se halla completamente fuera de la realidad y que, como señaló el diputado Mulet , las empresas reconocen más bien cercana a 7 por ciento y respecto de la cual un estudio de la Comisión Nacional de Energía de 2011 calcula que más bien está en 6,5 por ciento.

Entonces, nosotros dijimos que en esta materia había un error estructural, cual es que hasta el día de hoy se establece una tasa de descuento que fija la rentabilidad a las empresas distribuidoras sobre la base de un guarismo fijado por ley hace décadas, que no se hace cargo de la realidad actual, mientras que en otros mercados regulados en Chile existe una metodología para evaluar los costos reales que tienen las empresas y a partir de ello fijar la rentabilidad por la cual deben ser remuneradas.

Lo primero que hace este proyecto de ley es justamente eso: cambia la lógica de una tasa fija y la lleva a una tasa que está dentro de una banda de precios de entre 6 y 8 por ciento, pero que, además, se calcula sobre la base de un estudio que corresponde a una metodología internacional, la misma que se utiliza en los mercados de transmisión, sanitario y de distribución de gas: el modelo CAPM. Esta metodología se emplea para calcular los costos reales de las empresas y, sobre esa base, calcular la rentabilidad. Pero respecto de la empresa modelo que se utiliza para fijar los costos que pueden ser incorporados en la tarificación de la energía eléctrica, las empresas declaran que hay costos de los que no se hace cargo, que quedan fuera, que, en el fondo, ellas gastan más plata que la que el Estado les exige para poder cumplir con la calidad de servicio que los usuarios requieren.

Entonces, en esta etapa transitoria, es razonable fijar un piso, que garantice un piso de rentabilidad a las empresas, de 6 por ciento después de impuestos -no es lo que queríamos, y volveré luego sobre ese punto-, que es mejor que el 10 por ciento que hoy está fijado. Pero ello se hace porque esta es una transición hacia un debate mucho más profundo, que debería realizarse en marzo, cuando el gobierno ingrese lo que se conoce como el proyecto de ley larga. Ahí veremos cuál es el sistema de distribución eléctrica que Chile necesita para el futuro. Es probable que los cambios sean tremendamente profundos respecto de lo que conocemos hoy sobre distribución y que las mismas consideraciones que hoy estamos acordando en el proyecto en comento puedan verse modificadas en esa ley larga.

¿Cuál es la urgencia de sacar esta ley ahora? Que en las próximas semanas se iniciará el proceso tarifario que regirá desde el 2020 hasta el 2024, y si no logramos un acuerdo que rebaje la tarifa en la distribución en forma rápida, ahora, en estas semanas, para que se pueda incorporar en ese proceso tarifario que regirá durante cuatro años, deberemos esperar hasta 2024 para poder llevar este beneficio a los bolsillos de las personas. Al menos yo, prefiero este acuerdo, que fija un piso de rentabilidad garantizada para las empresas, que considero que supera la remuneración que estas deberían recibir, pero que es mejor que lo que actualmente hay. Además, establece un techo, que protege a los usuarios, pues no permite a las empresas llegar al 10 por ciento de rentabilidad que hoy tienen y posibilita aplicar una metodología seria, no a esta lógica de dos tercios y un tercio, en que las empresas inflan sus costos para poder subir la tarifa. Dicho proceso será supervigilado por la Comisión Nacional de Energía y será transparente y con participación ciudadana.

Este proyecto de ley se perfeccionó y avanzó, porque la moción que ingresamos a tramitación de manera transversal se fusionó con un mensaje del Presidente de la República. Con ello quiero decir que el acuerdo que alcanzamos en la Comisión de Minería y Energía tiene como objetivo central apretar el cinturón a las empresas, quizás no todo lo que quisiéramos en este momento, pero sí para que se pueda generar el efecto en el bolsillo de las personas lo antes posible en el proceso tarifario que empezará a regir el segundo semestre del próximo año y que se comienza a calcular ahora.

Reconozco que este proyecto no es todo lo que quisiéramos, pues considero que el piso no procede en una buena metodología que calcule todos los costos de las empresas. La metodología que se propone debería ser suficiente, pero no alcanza a serlo. Esperamos que sí lo sea después del debate del proyecto de ley larga. Sin embargo, valoro el esfuerzo realizado en esta materia tanto por los integrantes de la Comisión de Minería y Energía y por quienes suscribieron la moción que dio origen a la iniciativa como por el gobierno, que se abrió a refundir los correspondientes proyectos. También quiero reconocer el trabajo realizado por la entonces ministra de Energía, señora Susana Jiménez , y la continuidad que le dio a dicha labor el actual titular de esa cartera, señor Juan Carlos Jobet .

Hago un llamado a la Sala a aprobar este proyecto con el mayor apoyo posible, para que mandemos una señal a Chile de que la Cámara de Diputados tiene disposición para apretar el cinturón a las empresas en beneficio de las personas. Esta iniciativa no es todo lo que quisiéramos, pero constituye un camino en el que debemos avanzar, con nuevos adelantos en relación con el servicio eléctrico, para mejorar la calidad de vida de las personas.

Hoy, la gente usa la electricidad no solo para iluminar, sino también para trabajar, calefaccionar y realizar distintas tareas en que dicho recurso se hace fundamental, más aún en este momento, cuando nuestro planeta se encuentra afectado por el uso de combustibles fósiles.

Por lo tanto, el camino que debemos recorrer en cuanto a modernización en el tema eléctrico es fundamental. Espero que en marzo podamos entrar a todo ese debate con el proyecto de ley larga.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por azar y circunstancia, otro magallánico, el diputado señor Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, me sumo al saludo a quienes se encuentran en las tribunas, pues la Fundación Enrique Lizondo Calvo se ha caracterizado por promover la cultura. Además, su orquesta juvenil realizó ayer una gran performance en el Congreso Nacional.

En lo atingente al proyecto, si bien acá no estamos hablando de los medidores inteligentes, nace un poco de esa historia. Por eso, es bueno recordar por qué estamos discutiendo esta iniciativa. El proyecto que nos encontramos viendo hoy nació justamente de cómo la ciudadanía se rebeló ante el negociado de los medidores inteligentes, que eran caros, comprados sin licitación, sin norma técnica, pagados por las personas, pero que no eran de ellas, y que solo servían para subir las tarifas. En definitiva, solo le servían a la empresa, como la caja registradora de un supermercado. Seguramente, ellos abrirían luego el negocio hacia otro tipo de medidores, por ejemplo, para el servicio de agua potable o el de gas, metiéndose en los hogares, en los espacios más íntimos de las personas, no solo en el espacio físico, sino que también en los horarios en que la gente utilizaría este servicio, lo cual, en cierta medida, transgrede la intimidad de las personas. Además, los medidores inteligentes traerían el inconveniente del cobro en horarios diferenciados, lo cual, para zonas como la que represento, por ejemplo Magallanes , sería muy problemático, puesto que tenemos muchas horas menos de luz, por lo que se encarecería el valor del servicio.

El movimiento ciudadano que se rebeló contra el cobro de los medidores inteligentes no puede quedar cerrado hoy con este proyecto de ley corta, que si bien es pertinente, en ningún caso soluciona el problema de fondo. La columna vertebral de este asunto va más allá de los medidores, y el objetivo debe apuntar a perfeccionar el sector eléctrico de distribución y, solo luego de solucionado ese punto, a obtener una reducción en el precio de la energía que deberán pagar los usuarios. En este sentido, no es adecuado contentarse con los supuestos beneficios que se mencionan en la iniciativa en discusión, porque si mañana entra en vigencia como ley de la república, es cierto que habrá un beneficio, pero no será mayor o equivalente a 5 por ciento, lo que claramente es un avance, pero no podemos contentarnos con aquello.

Lo que falta aquí es regular, y esto es trascendental. Para lograr un sistema eficiente y moderno hay que separar la comercialización de la distribución, lo cual es prioritario. No alcanzaremos nunca una matriz energética eficiente si no incorporamos competencia al sistema y si no lo convertimos en una de cuatro partes. Recordemos que hoy tenemos generación, transporte y distribución, pero la idea es separar la comercialización de la distribución. Este debe ser el camino para que, en definitiva, nuestras cuentas sean más bajas.

Recordemos que la principal consecuencia negativa del episodio de los medidores no fue el aparato propiamente tal, sino que se expandiera artificialmente el mercado de las empresas distribuidoras y se estableciera el cobro diferenciado en determinados horarios, sobre todo teniendo presente que estamos en presencia de un mercado regulado, con monopolios naturales, que intenta distribuir un mercado de manera eficiente.

El proyecto de ley larga anunciada por el gobierno debiese contener, al menos, la venta de energía a los consumidores finales por un nuevo agente. Asimismo, es estrictamente necesario separar la comercialización, la instalación, la mantención de los empalmes y los medidores. Por cierto, el nuevo sistema también debiese contemplar, de manera aislada, el servicio de lectura del medidor, la administración de información, la atención de reclamos y la facturación.

Puntos a favor también de este proyecto es que incluye, en el caso de las cooperativas, un artículo que define que debiesen existir al menos cuatro áreas típicas. Este aumento de áreas típicas apunta en la dirección de lograr tarificar individualmente las empresas, tal como ya sucede, por ejemplo, en Perú, donde se realiza un estudio de valor agregado de distribución para cada área.

Otro eje principal del proyecto consiste en el giro único de distribución, que obedece a la concepción actual de este segmento. Sin perjuicio de ello, la implementación de este giro único debe realizarse, a más tardar, el 1 de enero de 2021, por lo cual no alcanzaría a tener impacto en el proceso tarifario del año que viene.

Por tanto, esperamos que el proyecto de ley larga que se enviará contemple todos esos puntos y que de verdad se pueda arreglar un error cuya existencia se reconoce a través de este proyecto que busca corregirlo, pero que es insuficiente, por lo que esperamos mejorar eso en pro de la ciudadanía.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá .

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, desgraciadamente, desde hace algunos años, en nuestro país estamos reaccionando tardíamente frente a situaciones que se producen, como ocurrió en este caso, en que la indignación por el tema de los medidores gatilló la necesidad de corregir el margen de rentabilidad de las empresas distribuidoras.

Reconozco el esfuerzo del gobierno en esta materia; sin embargo, si queremos levantar la vista y pensar en el mediano y largo plazos, la verdadera solución a este problema es un aumento sustantivo de la competencia y que haya posibilidades reales de que el consumidor pueda elegir.

En esta materia no podemos olvidar -ya fue señalado- que el costo de la generación es más del 60 por ciento del costo total que paga el consumidor, sin que ese consumidor tenga la posibilidad de elegir a cuál generador quiere comprarle su energía. Sin embargo, este problema se está abriendo a diversas soluciones en otras partes del mundo. En El Salvador, por ejemplo, los clientes, por pequeños que sean, pueden elegir a qué generador le van a comprar. Esto es muy importante, porque esa elección se puede basar no solo en los aspectos del costo de la energía, sino también en que un consumidor diga que no le va a comprar a una generadora que está produciendo con carbón, porque prefiere comprarle a una que genera electricidad con energía solar, con energía eólica o con energía hidráulica.

Eso sería posible si nos ponemos como meta avanzar hacia un modelo de esta naturaleza, tal como se está haciendo en Estados Unidos. Reconozco que no es sencillo, porque esto implica una acción perfectamente posible, cual es la definición del peaje por distribución, lo que quiere decir que al distribuidor se le pague el peaje que corresponde, conforme a los servicios que preste, pero que el consumidor elija directamente al generador.

Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, pero esperamos que en el proyecto de ley larga se comiencen a analizar materias como esta, si queremos resolver definitivamente este problema y no estar simplemente analizando cuál puede ser un nivel de rentabilidad apropiado.

Mientras no haya competencia real, este problema subsistirá.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Me ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Alarcón .

¿Habría acuerdo para que pueda intervenir?

Acordado.

Tiene la palabra, por un minuto, el diputado Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, en conversación con el diputado Jaime Mulet surgió una inquietud, cual es que cuando este proyecto se convierta en ley se producirá el achicamiento de las llamadas áreas típicas y, con seguridad, la elevación de las tarifas en el área rural, ya que no recibirán subsidios cruzados.

El Estado debería ir en ayuda de quienes viven allí mediante el subsidio directo a los usuarios perjudicados.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, quiero referirme al proyecto que figura en el tercer lugar de la tabla, que modifica las normas respecto de los finiquitos de los trabajadores.

Este proyecto se presenta sin informe de la Comisión de Trabajo, por lo que se presume que esa comisión no escuchó a ninguna organización de trabajadores antes de tomar una decisión, y, de hecho, no la hay.

Por lo tanto, estamos próximos a resolver un proyecto respecto del cual la comisión técnica no lo ha visto ni se ha pronunciado.

El artículo 119 del Reglamento establece que “Todo proyecto de ley sometido a la consideración de la Cámara deberá ser informado por la comisión competente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 223 (comisiones unidas)”. No estamos frente al último de los casos indicados.

Sin embargo, el Reglamento permite algunas excepciones. Así, en el mismo artículo 119 se señala: “El Presidente, a petición de un diputado, podrá solicitar el acuerdo unánime de la Cámara para omitir el trámite de comisión cuando se trate de un asunto obvio y sencillo -no es el caso, porque este no es un asunto obvio y sencillo- o de tan perentoria urgencia que no admita demora -tampoco es el caso-,...”

En consecuencia, pido formalmente que se aplique la norma del artículo 119, que este proyecto sea remitido a la comisión técnica, y que sea tratado en la Sala solo cuando se cuente con el informe de dicha comisión.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

La opinión de la Mesa, ratificada por los Comités, es que la norma legal mandata sobre la norma reglamentaria. En consecuencia, expirado el plazo, obligatoriamente tiene que pronunciarse la Sala.

Esta es una anomalía, porque la Comisión de Trabajo no vio este proyecto en el tiempo en que regía la urgencia. Por eso, estamos obligados a ponerlo en discusión y a votarlo en la Sala. La ley así lo determina.

A mayor abundamiento, le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, hoy se discutió este tema en la reunión de los Comités. El plazo vence hoy.

Ahora, en relación con la propuesta del diputado señor Saffirio , se tendría que contar con la unanimidad de la Cámara para que el proyecto fuera a la comisión por algunas horas, y tendríamos que votarlo en la Sala en horas de la tarde.

La decisión de tratarlo en Sala fue un acuerdo unánime, del que ya se dio cuenta, y ningún diputado puede oponerse. Por lo tanto, lo que corresponde es el debate del proyecto y su posterior votación.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Sobre el Reglamento, tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, me parece un despropósito que, más allá de la norma, se trate en la Sala sin informe un proyecto de ley que tiene implicancias importantes. Eso no es propio de un acto legislativo responsable.

Por eso, solicito que se vote el aumento de plazo, de acuerdo al artículo 190, inciso tercero, del Reglamento, porque este proyecto de ley debe contar con informe.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Hay una interpretación de la Mesa respecto de este punto y hay una resolución unánime de los Comités, a la que concurrieron todos sus representantes.

Ahora, el señor Secretario va a describir sumariamente el contenido del proyecto, y vamos a dar inicio al debate.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, está bien; hay un tema reglamentario. De hecho, el Secretario General emitió un informe a la Comisión de Trabajo donde habló de las prioridades que teníamos que debatir, cosa que la presidenta de la comisión no respetó.

Entonces, todo esto que se está viviendo hoy día es producto de la intransigencia que hubo…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Perdón, señor diputado, pero ese no es un asunto de Reglamento.

El señor SANTANA (don Alejandro).-

No. Me estoy refiriendo a que esta situación…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, entiendo que hay una resolución de los Comités que puede no gustarme, pero no quiero cuestionar ese tema en este minuto. La explicación ya está dada.

Quiero plantear un tema práctico, que dice relación con el fondo de la discusión. Este proyecto fue incorporado a la tabla, en circunstancias de que ni siquiera lo hemos leído.

Por eso, si nos dicen que el Reglamento nos obliga a votar un proyecto de ley del que no hay informe de comisión, respecto del cual la gran mayoría de los presentes ni siquiera lo ha leído, evidentemente nos obligan a rechazarlo, porque no podemos votar a favor un proyecto respecto del cual no hemos tenido el plazo para leerlo. ¡No hay siquiera conocimiento sobre la materia!

Por lo tanto, pido que revisemos esta situación. De lo contrario, llevaremos a cabo un acto absolutamente irresponsable que va a ser cuestionado por todos los medios de comunicación.

Repito: esto se informó ahora y no hubo un plazo para que leyéramos o tomáramos conocimiento sobre el particular.

También quiero saber de cuánto tiempo disponemos para opinar sobre todos los detalles del proyecto de ley y cuáles son los plazos para presentar las indicaciones respectivas. Lo digo, porque al leer la iniciativa pueden surgir ideas que den lugar a la presentación de indicaciones.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Comparto plenamente las inquietudes planteadas, pero no tenemos opción de acceder a lo que usted solicita, señora diputada. Solo hubiera sido posible actuar en tal sentido si la comisión lo hubiera solicitado a la Mesa en tiempo y forma. Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, el señor Secretario General no respondió sobre si la unanimidad fue entregada por la totalidad de los Comités, tal como lo exige la norma correspondiente.

Respecto de lo que plantea el diputado Daniel Núñez , llama profundamente la atención que, desde el punto de vista reglamentario, no se cuente con informe. Además, no hay ningún diputado inscrito para participar en el debate.

Tenemos libertad de intervenir en la discusión, pero ¿cómo se puede participar racionalmente en un debate sobre un proyecto si no hay informe emitido por la comisión técnica respectiva? Además, los diputados no han tenido acceso al proyecto antes de que el mismo se vote. Atendidas esas circunstancias, deberemos rechazarlo.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, cuando las cosas no se hacen bien en el fondo y en la forma hay que recurrir al Reglamento, aunque resulte molesto. Para los efectos del acuerdo de Comités sobre este proyecto no se requirió la unanimidad; solo se dijo que el tema debía resolverse antes de las 00.00 horas.

En consecuencia, la Sala tiene plena soberanía para resolver, por ejemplo, que se reúna la Comisión de Trabajo para que emita su informe, y así podamos resolver el proyecto dentro del plazo que contempla la urgencia.

Imponernos a 155 diputados, de los cuales solo 13 forman parte de la Comisión de Trabajo, la obligación de resolver un proyecto sin conocerlo me parece de una irresponsabilidad mayúscula. Con este proyecto no se trata solo de modificar los mecanismos para suscribir los finiquitos, sino que además se están estableciendo procedimientos electrónicos, firmas digitales, que alteran la cultura en el mundo laboral respecto de esa materia.

Solicito formalmente que el proyecto se envíe a la comisión técnica, se fije una sesión extraordinaria de esa instancia y resolvamos lo atingente al proyecto antes de las 00.00 horas. De ese modo estaremos haciendo las cosas como corresponde.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.

Diputada informante de la Comisión de Deportes y Recreación es la señora Érika Olivera .

Antecedentes:

-Moción, sesión 53ª de la legislatura 366ª, en jueves 2 de agosto de 2018. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 6ª de la presente legislatura, en miércoles 20 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora OLIVERA, doña Érika (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Deportes y Recreación, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de la referencia, iniciado en moción de las diputadas señoras Érika Olivera , Camila Flores , Karin Luck , Ximena Ossandón y Marisela Santibáñez , y de los diputados señores Bernardo Berger , Andrés Longton , Hugo Rey , Osvaldo Urrutia y Daniel Verdessi .

Durante el análisis de esta iniciativa, la comisión contó con la asistencia y colaboración de la ministra del Deporte, señora Pauline Kantor , junto al asesor legislativo señor Matías Rivadeneira ; el ex seleccionado nacional de básquetbol y docente de la Universidad Católica del Maule, señor Manuel Herrera Blanco , y el fisiólogo señor Jorge Cajigal .

Constancias reglamentarias previas

1.- La idea matriz o fundamental de esta iniciativa es modificar la ley Nº 19.712, del Deporte, estableciendo la distinción entre deportistas de proyección internacional, deportistas seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, con el objeto de mejorar la dedicación al deporte de quienes lo ejercen, facilitar su preparación técnica e integración en el sistema educacional y en la vida social.

2.- El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado, así como tampoco contiene disposiciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado, en general y en particular, por unanimidad.

Antecedentes

La moción señala que históricamente el deporte ha formado parte importante de nuestro país y nos ha otorgado momentos de alegrías y de orgullo.

Como notables representantes de nuestro deporte tenemos a Anita Lizana de Ellis , tenista, de origen humilde, quien desde muy pequeña empezó a entrenar y a los 13 años se coronó como campeona de Chile en categoría adulta; fue número uno en el ranking mundial femenino el 25 de diciembre de 1937, campeona de Forest Hills el 11 de septiembre de 1937, y dos veces cuartofinalista en Wimbledon, en 1936 y en 1937.

También cabe mencionar a Marlene Ahrens , atleta especialista en el lanzamiento de la jabalina, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956; fue la única mujer chilena en obtener medalla olímpica. Fue dos veces abanderada nacional en juegos olímpicos: en los de Melbourne en 1956 y en los de Roma en 1960.

Finalmente, es importante recordar a Martín Vargas , uno de los mejores boxeadores de nuestro país, quien intentó alcanzar cuatro veces el título mundial para Chile, mostrándonos su perseverancia y fuerza en cada una de sus competencias, y a muchos otros que, sobre la base de esfuerzo constante y perseverancia, nos han hecho vibrar en más de una oportunidad.

La ley Nº 19.712, del Deporte, entrega una introducción respecto de qué debemos entender por tal, sus beneficios y cuáles son los deberes del Estado respecto del mismo; sin embargo, parece ser insuficiente a la hora de darnos a entender qué es ser un deportista de alto rendimiento.

El artículo 8º de la ley Nº 19.712 establece: “Se entiende por deporte de alto rendimiento y de proyección internacional aquel que implica una práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva.

Se considerarán deportistas de alto rendimiento aquellos que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile con el Comité Olímpico de Chile, o con el Comité Paralímpico de Chile, según corresponda, y la federación nacional respectiva afiliada a cualquiera de los dos comités y, especialmente, quienes, además, integren las selecciones nacionales de cada federación.”.

La iniciativa modifica los referidos incisos primero y segundo del artículo 8º de la ley Nº 19.712, para entregar un nuevo concepto y requisitos para establecer tres categorías, distinguiendo entre deportistas de proyección internacional, deportistas seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.

Deportistas de alto rendimiento y de alto nivel.

Examinada la legislación de algunos países de Latinoamérica, se puede advertir que la normativa se refiere exclusivamente al concepto de alto rendimiento, mientras que en países europeos apunta al deporte de alto nivel o de élite, con la excepción de España, donde se efectúa una distinción entre ambas nociones.

En Brasil, la ley N° 9.615, de 1998, o “ley Pelé”, define el deporte de rendimiento como aquel que se realiza siguiendo las reglas de la práctica deportiva nacional e internacional, y tiene como objetivo obtener resultados, así como integrar personas y comunidades del país, y a estas con las de otras naciones.

Por su parte, en Colombia, la ley N° 181, de 1995, define al deporte de alto rendimiento como la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Este comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de los deportistas, a través del empleo de la ciencia y la tecnología.

En tanto, en Cuba, la resolución N° 24, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, define a un atleta de alto rendimiento como aquel que está sometido a un elevado rigor de disciplina, tensiones, cargas físicas y psíquicas, con un impacto en su vida, para cumplir las exigencias técnicas y científicas de su preparación, con el propósito de alcanzar los más altos resultados deportivos.

El Real Decreto 971/2007, de España, distingue entre deporte de alto nivel y deporte de alto rendimiento. Por deporte de alto nivel concibe la práctica deportiva de interés para el Estado como un factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base y por su función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional. Los deportistas de alto nivel son los que están incluidos en las resoluciones adoptadas al efecto por el Secretario de Estado Presidente del Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las comunidades autónomas que cumplen con los criterios para este fin.

Por su parte, son deportes de alto rendimiento aquellos con una licencia expedida u homologada por las federaciones deportivas españolas, que cumplan con ciertas condiciones, como, por ejemplo, ser deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las comunidades autónomas.

En resumen, se propuso definir a los deportistas seleccionados de alto nivel como “todos aquellos deportistas que, perteneciendo a la Categoría “Todo Competidor”, formen parte de la Selección Nacional de la Federación respectiva, ya sea convencional o adaptado, y que hayan participado representando a Chile en torneos internacionales que, de acuerdo con los criterios técnicos fijados en el Programa Nacional de Alto Rendimiento a que se refiere el inciso cuarto del presente artículo, sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo.”.

Asimismo, se propuso establecer la categoría de deportistas de élite, entendiendo por tales a “…todos aquellos deportistas que, perteneciendo a la categoría “Todo Competidor”, formen parte de la Selección Nacional de la Federación respectiva, ya sea convencional o adaptado, y que hayan obtenido algún logro representando a Chile en torneos internacionales que, de acuerdo a los criterios técnicos fijados en el Programa Nacional de Alto Rendimiento a que se refiere el inciso cuarto del presente artículo, sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo.”.

Fruto de las observaciones planteadas y de las opiniones recibidas, la diputada que habla, Érika Olivera , presentó una nueva indicación al proyecto, consensuada con el Ejecutivo, que suscribió junto al resto de los miembros de la comisión.

De esta manera, y producto de los acuerdos alcanzados, se procedió a votar el proyecto en general y en particular a la vez, por tratarse de una materia calificada como de fácil despacho, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. El texto de la iniciativa está contenido en el informe que se somete a la consideración de la Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Propongo a la Sala que el debate de este proyecto se inicie en una próxima sesión.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.