Labor Parlamentaria

Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Aracely Leuquén , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de diecisiete (17) días, a contar del 17 de diciembre de 2019.

Nota del diputado señor Lavín

por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta (30) días, a contar del 22 de diciembre de 2019, para dirigirse a Perú.

Nota de la diputada señora Pérez , doña Catalina , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta (30) días, a contar del 23 de diciembre de 2019, para dirigirse a Perú.

Nota del diputado señor Vidal , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta (30) días, a contar del 22 de diciembre de 2019, para dirigirse a Estados Unidos.

Nota del diputado señor Pardo , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 26 de diciembre de 2019, para dirigirse a Perú.

Comunicación del diputado señor Alessandri , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones de los días 30 de diciembre de 2019, y 2 de enero de 2020.

Comunicación del diputado señor Galleguillos , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación de la diputada señora Troncoso , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación del diputado señor Noman , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación de la diputada señora Hertz , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019; por medio día.

Comunicación del diputado señor Velásquez, don Esteban , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de sueldo para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación del diputado señor Pérez, don José , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación del diputado señor Macaya , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación del diputado señor Rentería , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación del diputado señor Pardo , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 30 de diciembre de 2019, por medio día.

Comunicación del Jefe de la Bancada de diputados Radical Independientes por la cual informa que al diputado señor Auth

deja de pertenecer a la bancada.

Diputado Ibáñez, don Diego . Estado de las Cooperativas de Agua Potable Rural y de los alcantarillados en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, indicando los proyectos existentes en esas materias, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44585 de 18/12/2019). A Dirección de Obras Hidráulicas.

Diputada Muñoz , doña Francesca . Protocolos correspondientes para la selección de los lugares donde se instalarán las residencias familiares y de alta especialidad en la comuna de Concepción y en el resto del país, dando respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (44586 de 18/12/2019). A Servicio Nacional de Menores.

Diputada Muñoz , doña Francesca . Protocolos correspondientes para la selección de los lugares donde se instalarán las residencias familiares y de alta especialidad en la comuna de Concepción, dando respuesta a las demás interrogantes que se formulan. (44621 de 18/12/2019). A Servicio Nacional de Menores del Biobío.

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de incrementar las horas y dotación de profesionales de kinesiología para la atención de adultos mayores, en los consultorios de las comunas de Coyhaique y Aysén (44588 de 18/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de incrementar las horas y dotación de profesionales de kinesiología para la atención de adultos mayores, en los consultorios de las comunas de Coyhaique y Aysén . (44589 de 18/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo.

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de supervisar el correcto uso de los recursos públicos y el buen funcionamiento del Hospital Regional de Coyhaique, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (44597 de 18/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de incluir el trastorno de la Porfiria dentro de la Comisión de Recomendación Priorizada Ley Ricarte Soto. Asimismo, refiérase a la factibilidad de gestionar la ayuda necesaria para el tratamiento de la señora Dirla Avello , en virtud de los antecedentes que se acompañan. (44598 de 18/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de incorporar el caso de la señora Jocelin Díaz Cárcamo en la nómina de operaciones del Plan Nacional de Obesidad. (44599 de 18/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de verificar el tratamiento que se le estaría administrando al señor Danilo Acuña Álvarez , analizando la factibilidad de conceder el traslado derivado por el Hospital Regional de Coyhaique. (44600 de 18/12/2019).

Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Posibilidad de verificar el tratamiento que se le estaría administrando al señor Danilo Acuña Álvarez , analizando la factibilidad de conceder el traslado derivado por el Hospital Regional de Coyhaique. (44601 de 18/12/2019). A Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Diputado Winter, don Gonzalo . Posibilidad de verificar la existencia de eventuales arbitrariedades en la no renovación del contrato de la señora Laura Bartolotti Henríquez y el señor Cristian Maldonado Delgado , en virtud de las consideraciones que expone. (44603 de 18/12/2019). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Winter, don Gonzalo . Posibilidad de verificar la existencia de eventuales arbitrariedades en la no renovación del contrato de la señora Laura Bartolotti Henríquez y el señor Cristian Maldonado Delgado , en virtud de las consideraciones que expone. (44604 de 18/12/2019). A Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Ríos.

Diputado Winter, don Gonzalo . Cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44605 de 18/12/2019). A Ministerio de Educación.

Diputado Winter, don Gonzalo . Cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44606 de 18/12/2019). A Universidad de Santiago de Chile.

Diputado Winter, don Gonzalo . Cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44607 de 18/12/2019).

Diputado Winter, don Gonzalo . Cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44608 de 18/12/2019). A Servicio Nacional del Consumidor.

Diputado Winter, don Gonzalo . Cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44609 de 18/12/2019).

Diputado Winter, don Gonzalo . Cierre de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología y el convenio de reubicación de los estudiantes en la Universidad de Santiago de Chile, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (44610 de 18/12/2019). A Ministerio de Educación.

Diputado Morales, don Celso ; Diputado Baltolu, don Nino ; Diputado Noman, don Nicolás ; Diputado Urrutia, don Osvaldo ; Diputado Hernández, don Javier ; Diputado Rentería, don Rolando ; Diputado Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo ; Diputado Bobadilla, don Sergio ; Diputado Norambuena, don Iván . Posibilidad de instruir una investigación para determinar la eventual existencia de un monopolio en el mercado del gas en la Región del Biobío y/o la existencia de conductas contrarias a la libre competencia. (44612 de 18/12/2019). A Fiscalía Nacional Económica.

Diputado Morales, don Celso ; Diputado Baltolu, don Nino ; Diputado Noman, don Nicolás ; Diputado Urrutia, don Osvaldo ; Diputado Hernández, don Javier ; Diputado Rentería, don Rolando ; Diputado Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo ; Diputado Bobadilla, don Sergio ; Diputado Norambuena, don Iván . Posibilidad de instruir una investigación para determinar la eventual existencia de un monopolio en el mercado del gas en la Región del Biobío y/o la existencia de conductas contrarias a la libre competencia. (44613 de 18/12/2019). A Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Diputada Santibáñez , doña Marisela , Diputada Marzán , doña Carolina , Diputada Hernando , doña Marcela . Factibilidad de financiar el tratamiento quirúrgico que requiere el señor Pedro Casals Cirer . (44625 de 18/12/2019). A Fondo Nacional de Salud.

Diputada Olivera, doña Erika . Factibilidad de otorgar solución a los problemas viales existentes en esa comuna, debido al mal estado en que se encuentran las calles, áreas verdes y semáforos que se indican. (44627 de 18/12/2019). A Municipalidad de Recoleta.

Diputada Olivera, doña Erika . Factibilidad de otorgar solución a los problemas viales existentes en la comuna de Recoleta, debido al mal estado en que se encuentran las calles, áreas verdes y semáforos que se indican. (44628 de 18/12/2019). A Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago.

Diputado Hernández, don Javier . Factibilidad de iniciar un sumario al interior del Hospital Base San José de Osorno, Región de Los Lagos, con el objeto de determinar las responsabilidades por el fallecimiento del señor Andrés Cárdenas Asencio . (44629 de 18/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Alarcón, don Florcita . Factibilidad de iniciar una fiscalización a las empresas de transporte público de las comunas de Talca, San Javier y Constitución, con el objeto de verificar las medidas de seguridad y el buen funcionamiento de los vehículos. (44630 de 18/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del Maule.

Diputado Alarcón, don Florcita . Estado en que se encuentran las rejillas de los colectores de aguas en las calles que se indican de esa comuna, iniciando una fiscalización para verificar la condición de las mismas. (44631 de 18/12/2019). A Municipalidad de Talca.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo , indicando el nombre de la organización y sus representantes, en los términos que requiere. (44632 de 19/12/2019). A Dirección de Aguas

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44633 de 19/12/2019). A Municipalidad de Alhué.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44634 de 19/12/2019). A Municipalidad de Buin.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44635 de 19/12/2019). A Municipalidad de Calera de Tango.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44636 de 19/12/2019). A Municipalidad de Curacaví.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44637 de 19/12/2019). A Municipalidad de El Monte.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44638 de 19/12/2019). A Municipalidad de Isla de Maipo.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44639 de 19/12/2019). A Municipalidad de Talagante.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44640 de 19/12/2019). A Municipalidad de Melipilla.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44641 de 19/12/2019). A Municipalidad de Padre Hurtado.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44642 de 19/12/2019). A Municipalidad de Paine.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44643 de 19/12/2019). A Municipalidad de Peñaflor.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44644 de 19/12/2019). A Municipalidad de San Bernardo.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44645 de 19/12/2019). A Municipalidad de San Pedro.

Diputado Garín, don Renato . Número de sistemas de Agua Potable Rural identificados en esa comuna, indicando los trabajos que se estarían realizando con las agrupaciones en materia de mejoramiento y capacitación a los usuarios, durante el presente año. (44646 de 19/12/2019). A Municipalidad de María Pinto.

Diputado Garín, don Renato . Aprobación de las faenas de lavado de oro que se realizarían en el estero Puangue , indicando su fecha de inicio. (44647 de 19/12/2019). A Gobernación Provincial de Melipilla.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44648 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44649 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota .

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44650 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44651 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44652 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44653 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44654 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota .

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44655 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44656 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44657 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de La Araucanía.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44658 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44659 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44660 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica Chilena.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44661 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44662 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana de Santiago.

Diputado Garín, don Renato . Número de camiones aljibes fiscalizados desde enero de 2016 hasta la fecha, indicando sus resultados y situaciones más repetidas en dichos procedimientos, en los términos que requiere. (44663 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Salud de Coquimbo.

Diputado Garín, don Renato . Ordinario reservado N° 1 emitido por la Municipalidad El Monte a ese Ministerio, en relación con la eliminación de la subcomisaría El Monte y el retén El Paico, indicando el plan de contingencia que se adoptará debido a la eventual baja de dotación policial en la zona, en los términos que requiere. (44664 de 19/12/2019). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Diputado Rosas, don Patricio . Fundamento de las desvinculaciones de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos, ocurridas entre octubre y diciembre de 2019. (44667 de 19/12/2019). A Intendencia de la Región de Los Ríos.

Diputado Rosas, don Patricio . Fundamento de las desvinculaciones de funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos, ocurridas entre octubre y diciembre de 2019. (44668 de 19/12/2019). A Ministerio de Educación.

Diputado Rosas, don Patricio . Fundamento de las desvinculaciones de funcionarios de esa Secretaría, ocurridas entre octubre y diciembre de 2019. (44669 de 19/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Ríos.

Diputado Gahona, don Sergio . Existencia de convenios de cooperación internacional en materia de electromovilidad, en los términos que requiere. (44670 de 19/12/2019). A Subsecretaría de Energía.

Diputado Bianchi, don Karim . Programa de habitabilidad rural establecido en el decreto supremo N°10 de 2015, de ese Ministerio, indicando la fecha en que estarán disponibles los recursos para sus adjudicatarios, cuya nómina se acompaña. (44671 de 19/12/2019). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Labra, don Amaro . Factibilidad de brindar atención a la señora Susana Barra Fernández , debido a la situación de salud que le afecta, en los términos que requiere. (44672 de 19/12/2019).

Diputado Labra, don Amaro . Factibilidad de brindar atención a la señora Susana Barra Fernández , debido a la situación de salud que le afecta, en los términos que requiere. (44673 de 19/12/2019). A Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Diputado Celis, don Andrés . Medidas que se adoptarán para poner término al funcionamiento de los coches victoria en esa comuna, señalando los plazos contemplados para restringir su circulación, la situación de los cocheros y el destino de los equinos. (44674 de 19/12/2019). A Municipalidad de Viña del Mar.

Diputado Romero, don Leonidas . Legalidad del alza en el precio del peaje Agua Amarilla de la autopista del Itata, señalando el mecanismo de reajuste contemplado en el contrato de concesión celebrado con la empresa Global Vía Infraestructuras Chile S. A., en los términos que requiere. (44681 de 19/12/2019). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Naranjo, don Jaime . Listado de los funcionarios con sumario administrativo en el contexto del "estallido social", desde el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha, detallando nombre, cargo y motivos, en los términos que requiere. (44699 de 20/12/2019). A Carabineros de Chile.

Diputado Naranjo, don Jaime . Listado de los funcionarios de Carabineros de Chile con sumario administrativo en el contexto del "estallido social", desde el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha, detallando nombre, cargo y motivos, en los términos que requiere. (44700 de 20/12/2019). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Diputado Naranjo, don Jaime . Efectividad de la intervención de un particular en la extracción de agua del río Perquilauquén, comuna de San Javier, indicando las medidas que se implementarán en relación con la disminución de ese caudal. (44701 de 20/12/2019). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Naranjo, don Jaime . Efectividad de la intervención de un particular en la extracción de agua del río Perquilauquén, comuna de San Javier, indicando las medidas que se implementarán en relación con la disminución de ese caudal. (44702 de 20/12/2019). A Dirección de Aguas.

Diputada Marzán, doña Carolina . Criterios considerados por la Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S. A. para el eventual aumento de tarifas en el peaje Las Vegas, comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso, indicando la posibilidad de revaluarlo, toda vez que alcanza un 30% de su valor original. (44703 de 20/12/2019). A Subsecretaría de Obras Públicas.

Diputada Marzán, doña Carolina . Posibilidad de realizar la apertura o ensanchamiento del camino interior de las parcelaciones de predios del sector de Vista Hermosa, comuna de Hijuelas, sometidos al proceso de Reforma Agraria, considerado como "bien común general", de acuerdo a lo señalado en el dictamen N° 1.440 de la Contraloría General de la República de Chile, en los términos que requiere. (44704 de 20/12/2019). A Dirección de Vialidad.

Diputada Marzán, doña Carolina . Número de estudiantes universitarios que han solicitado la extensión del plazo para la postulación de becas y créditos, indicando la cantidad que no ha podido renovar esos beneficios por motivo de tramitación extemporánea. Asimismo, refiérase a la factibilidad de disponer la ampliación de fechas para su concreción. (44705 de 20/12/2019). A Ministerio de Educación.

Diputado Álvarez, don Sebastián . Factibilidad de iniciar una fiscalización ante la eventual contaminación que habría provocado la empresa Eco Escombros Limitada en el sector Huallizada de la comuna de Pitrufquén, indicando las soluciones que se adoptarán, en los términos que requiere. (44724 de 20/12/2019). A Servicio Nacional Agrícola y Ganadero de La Araucanía.

Diputado Álvarez, don Sebastián . Factibilidad de iniciar una fiscalización ante la eventual contaminación que habría provocado la empresa Eco Escombros Limitada en el sector Huallizada, en la comuna de Pitrufquén, indicando las soluciones que se adoptarán, en los términos que requiere. (44725 de 20/12/2019).

Diputado Álvarez, don Sebastián . Factibilidad de iniciar una fiscalización ante la eventual contaminación que habría provocado la empresa Eco Escombros Limitada en el sector Huallizada de esa comuna, indicando las soluciones que se adoptarán, en los términos que requiere. (44726 de 20/12/2019). A Municipalidad de Pitrufquén.

Diputado Torres, don Víctor . Denuncia efectuada por funcionarios del Colegio People Help People, en la comuna de Santo Domingo, ante eventuales hostigamientos realizados por el Director y la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica de ese establecimiento educacional, señalando las medidas que se adoptarán, en los términos que requiere. (44727 de 20/12/2019).

Diputado Ascencio, don Gabriel . Veracidad de la investigación efectuada por el medio periodístico The Conversation, respecto de los abusos perpetrados por militares chilenos pertenecientes a la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas, en contra de mujeres y niñas de la República de Haití, en los términos que requiere. (44731 de 23/12/2019). A Ministerio de Defensa Nacional.

Diputado Rocafull, don Luis . Factibilidad de iniciar una fiscalización al Servicio de Atención Médica de Urgencias de la ciudad de Arica, debido a la eventual existencia de materiales químicos en las dependencias de sus funcionarios. (44732 de 23/12/2019).

Diputado Rocafull, don Luis . Integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile que se encontrarían involucrados en los eventuales hechos de abuso sexual y violación en contra de mujeres y niñas de la República de Haití, denunciados por el medio periodístico The Conversation, en los términos que requiere. (44733 de 23/12/2019). A Ministerio de Defensa Nacional.

Diputado Gutiérrez, don Hugo . Investigación realizada para identificar a los eventuales responsables internacionales en los hechos de violencia ocurridos durante las protestas sociales en Chile, dando respuesta a las interrogantes que plantea. (44735 de 23/12/2019). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Diputado Crispi, don Miguel . Hechos de violencia acontecidos en las inmediaciones del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón, señalando el número de efectivos policiales que se encuentran de turno en el recinto asistencial, en los términos que requiere. (44736 de 23/12/2019). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Diputado Crispi, don Miguel . Hechos de violencia acontecidos en las inmediaciones del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón, señalando el estado de avance de todas las medidas que se adoptarán para resguardar la seguridad y funcionamiento del recinto asistencial. (44738 de 23/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Ibáñez, don Diego . Remita copia del informe "Big Data", que resume el comportamiento de los usuarios en redes sociales desde el 18 de octubre de 2019, señalando los recursos desembolsados para su elaboración y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (44739 de 23/12/2019). A Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Diputado Ibáñez, don Diego . Bases de licitación de la ruta F-20, que une las comunas de Puchuncaví y Nogales en la Región de Valparaíso, remitiendo todos los antecedentes necesarios sobre el trazado de la nueva carretera. (44740 de 23/12/2019). A Subsecretaría de Obras Públicas.

Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la protección de la flora y fauna. (44741 de 23/12/2019). A Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso.

Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la protección de la flora y fauna. (44742 de 23/12/2019). A Servicio de Evaluación Ambiental.

Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la protección de la flora y fauna. (44743 de 23/12/2019). A Superintendencia del Medio Ambiente.

Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la protección de la flora y fauna. (44744 de 23/12/2019). A Dirección de Obras Hidráulicas.

Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la protección de la flora y fauna. (44745 de 23/12/2019). A Municipalidad de Villa Alemana.

Diputado Ibáñez, don Diego . Entrega de ayuda en el contexto de la declaratoria de Zona de Emergencia por sequía para la Región de Valparaíso, emitiendo un pronunciamiento respecto de los tenedores de animales afectados en los sectores que indica. Asimismo, analice la factibilidad de considerar el catastro adjunto para la recepción de apoyo. (44746 de 23/12/2019). A Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Diputado Ibáñez, don Diego . Situación que afecta al Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, debido a la determinación de atender sólo pacientes con riesgo vital en su urgencia y el cierre de cupos por parte del Hospital Padre Hurtado, señalando las medidas que se adoptarán al respecto. (44747 de 23/12/2019). A hospitales de Chile.

Diputado Ibáñez, don Diego . Situación que afecta al Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, debido a la determinación de atender sólo pacientes con riesgo vital en su urgencia y el cierre de cupos por parte del Hospital Padre Hurtado, señalando las medidas que se adoptarán al respecto. (44748 de 23/12/2019). A Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.

Diputado Ibáñez, don Diego . Situación que afecta al Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, debido a la determinación de atender sólo pacientes con riesgo vital en su urgencia y el cierre de cupos por parte del Hospital Padre Hurtado, señalando las medidas que se adoptarán al respecto. (44749 de 23/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de todas las exigencias legales y reglamentarias del proyecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso Esval, emplazado en el sector norte de la calle Latorre, en la comuna de Villa Alemana, especialmente en lo relativo a la protección de la flora y fauna. (44750 de 23/12/2019). A Dirección de Aguas.

Diputado Auth, don Pepe . Factibilidad de iniciar un procedimiento para determinar los componentes químicos utilizados por los carros lanza agua de Carabineros de Chile. (44752 de 24/12/2019). A Ministerio de Salud.

Diputado Auth, don Pepe . Factibilidad de iniciar un procedimiento para determinar los componentes químicos utilizados por los carros lanza agua de Carabineros de Chile. (44753 de 24/12/2019). A Instituto de Salud Pública.

FUSIÓN DE PROYECTOS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Salud, por la cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los boletines Nos 10507-11 y 12798-11, ambos relativos a la integración vertical entre prestadores de salud e isapres.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 30 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos, René , Fernández Allende, Maya , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , René , Álvarez Vera , Jenny , Flores García, Iván , Mix Jiménez , Claudia , Saldívar Auger , Raúl , Ascencio Mansilla , Gabriel , Flores Oporto , Camila , Monsalve Benavides , Manuel , Santana Castillo, Juan , Auth Stewart , Pepe , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mulet Martínez , Jaime , Santana Tirachini , Alejandro , Barrera Moreno , Boris , García García, René Manuel , Muñoz González , Francesca , Santibáñez Novoa , Marisela , Bernales Maldonado , Alejandro , Garín González , Renato , Núñez Arancibia , Daniel , Sauerbaum Muñoz , Frank , Boric Font , Gabriel , Girardi Lavín , Cristina , Núñez Urrutia , Paulina , Schilling Rodríguez , Marcelo , Brito Hasbún , Jorge , González Gatica , Félix , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Calisto Águila , Miguel Ángel , González Torres , Rodrigo , Olivera De La Fuente , Erika , Sepúlveda Soto , Alexis , Cariola Oliva , Karol , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Orsini Pascal , Maite , Silber Romo , Gabriel , Carvajal Ambiado , Loreto , Hernando Pérez , Marcela , Ortiz Novoa, José Miguel , Soto Ferrada , Leonardo , Castillo Muñoz , Natalia , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Soto Mardones, Raúl , Castro Bascuñán , José Miguel , Ibáñez Cotroneo , Diego , Parra Sauterel , Andrea , Teillier Del Valle, Guillermo , Castro González, Juan Luis , Ilabaca Cerda , Marcos, Paulsen Kehr , Diego , Tohá González , Jaime , Celis Araya , Ricardo , Jackson Drago , Giorgio , Pérez Olea , Joanna , Torrealba Alvarado , Sebastián , Celis Montt , Andrés , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Pérez Salinas , Catalina , Torres Jeldes , Víctor , Cicardini Milla , Daniella , Jiles Moreno , Pamela , Prieto Lorca , Pablo , Vallejo Dowling , Camila , Cid Versalovic , Sofía , Jiménez Fuentes , Tucapel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Venegas Cárdenas , Mario , Crispi Serrano , Miguel , Kuschel Silva , Carlos , Rey Martínez, Hugo , Verdessi Belemmi , Daniel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Longton Herrera , Andrés , Rocafull López , Luis , Vidal Rojas , Pablo , Díaz Díaz , Marcelo , Lorenzini Basso , Pablo , Rojas Valderrama , Camila , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Romero Sáez , Leonidas , Walker Prieto , Matías , Eguiguren Correa , Francisco , Marzán Pinto , Carolina , Rosas Barrientos , Patricio , Winter Etcheberry , Gonzalo , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay , Manuel , Saavedra Chandía , Gastón , Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián , Coloma Álamos, Juan Antonio , Molina Magofke , Andrés , Schalper Sepúlveda , Diego , Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Morales Muñoz , Celso , Trisotti Martínez , Renzo , Amar Mancilla , Sandra , Fuenzalida Cobo, Juan , Moreira Barros , Cristhian , Undurraga Gazitúa , Francisco , Baltolu Rasera, Nino , Hernández Hernández , Javier , Norambuena Farías, Iván , Urrutia Bonilla , Ignacio , Barros Montero , Ramón , Hoffmann Opazo , María José , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urrutia Soto , Osvaldo , Bellolio Avaria , Jaime , Kast Sommerhoff , Pablo , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Bobadilla Muñoz , Sergio , Keitel Bianchi , Sebastián , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Carter Fernández , Álvaro , Melero Abaroa, Patricio

APROBACIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 54 señoras y señores diputados para citar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra b), de la Constitución Política de la República y las disposiciones del Libro Tercero, Título V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt Zaldívar , con el objeto de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo con el cuestionario temático adjunto.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 56 votos. No hubo abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos, René , Fernández Allende, Maya , Mix Jiménez , Claudia , Santibáñez Novoa , Marisela , Álvarez Vera , Jenny , Flores García, Iván , Monsalve Benavides , Manuel , Schilling Rodríguez , Marcelo , Ascencio Mansilla , Gabriel , Garín González , Renato , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Auth Stewart , Pepe , Girardi Lavín , Cristina , Núñez Arancibia , Daniel , Sepúlveda Soto , Alexis , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Nuyado Ancapichún , Emilia , Silber Romo , Gabriel , Bernales Maldonado , Alejandro , González Torres , Rodrigo , Orsini Pascal , Maite , Soto Ferrada , Leonardo , Boric Font , Gabriel , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Ortiz Novoa, José Miguel , Soto Mardones, Raúl , Brito Hasbún , Jorge , Hernando Pérez , Marcela , Parra Sauterel , Andrea , Teillier Del Valle, Guillermo , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Tohá González , Jaime , Cariola Oliva , Karol , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina , Torres Jeldes , Víctor , Carvajal Ambiado , Loreto , Ilabaca Cerda , Marcos, Rocafull López , Luis , Vallejo Dowling , Camila , Castillo Muñoz , Natalia , Jackson Drago , Giorgio , Rojas Valderrama , Camila , Venegas Cárdenas , Mario , Castro González, Juan Luis , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Rosas Barrientos , Patricio , Verdessi Belemmi , Daniel , Celis Araya , Ricardo , Jiles Moreno , Pamela , Saavedra Chandía , Gastón , Vidal Rojas , Pablo , Cicardini Milla , Daniella , Jiménez Fuentes , Tucapel , Saffirio Espinoza , René , Walker Prieto , Matías , Crispi Serrano , Miguel , Lorenzini Basso , Pablo , Saldívar Auger, Raúl , Winter Etcheberry , Gonzalo , Díaz Díaz , Marcelo , Marzán Pinto , Carolina , Santana Castillo, Juan , Yeomans Araya , Gael , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay, Manuel

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Ramírez , Sebastián , Durán Espinoza , Jorge , Mellado Suazo , Miguel , Rey Martínez, Hugo , Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , Eguiguren Correa , Francisco , Molina Magofke , Andrés , Romero Sáez , Leonidas , Amar Mancilla , Sandra , Flores Oporto , Camila , Morales Muñoz , Celso , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Baltolu Rasera, Nino , Fuenzalida Cobo, Juan , Moreira Barros , Cristhian , Santana Tirachini , Alejandro , Barros Montero , Ramón , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Muñoz González , Francesca , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bellolio Avaria , Jaime , García García, René Manuel , Norambuena Farías, Iván , Schalper Sepúlveda , Diego , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hernández Hernández , Javier , Núñez Urrutia , Paulina , Torrealba Alvarado , Sebastián , Carter Fernández , Álvaro , Hoffmann Opazo , María José , Olivera De La Fuente , Erika , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Kast Sommerhoff , Pablo , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Montt , Andrés , Keitel Bianchi , Sebastián , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Bonilla , Ignacio , Cid Versalovic , Sofía , Kuschel Silva , Carlos , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urrutia Soto , Osvaldo , Coloma Álamos, Juan Antonio , Longton Herrera , Andrés , Prieto Lorca , Pablo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Luck Urban , Karin , Ramírez Diez , Guillermo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Del Real Mihovilovic , Catalina , Melero Abaroa , Patricio , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

La interpelación se realizará el martes 14 de enero.

-o-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, como sugerencia, quizás el gabinete podría venir un día completo, con el objeto de que se le formulen las preguntas que estimen convenientes. Así terminamos con el show de la oposición.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, con esta situación el diputado Paulsen nos pone en un candado chino.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA SOBRE RECLAMACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA MESA (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO)

Luego intervendrán los diputados Jorge Rathgeb y Luciano Cruz-Coke .

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann .

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar la censura a la Mesa. Quienes voten a favor, aprueban la censura; quienes lo hagan en contra, rechazan la censura. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Ramírez , Sebastián , Durán Espinoza , Jorge , Melero Abaroa , Patricio , Rey Martínez, Hugo , Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , Durán Salinas , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Amar Mancilla , Sandra , Eguiguren Correa , Francisco , Molina Magofke , Andrés , Sabat Fernández , Marcela , Baltolu Rasera, Nino , Flores Oporto , Camila , Morales Muñoz , Celso , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Barros Montero , Ramón , Fuenzalida Cobo, Juan , Moreira Barros , Cristhian , Santana Tirachini , Alejandro , Bellolio Avaria , Jaime , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Muñoz González , Francesca , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bobadilla Muñoz , Sergio , Gahona Salazar , Sergio , Norambuena Farías, Iván , Schalper Sepúlveda , Diego , Carter Fernández , Álvaro , García García, René Manuel , Núñez Urrutia , Paulina , Torrealba Alvarado , Sebastián , Castro Bascuñán , José Miguel , Hernández Hernández , Javier , Olivera De La Fuente , Erika , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Montt , Andrés , Hoffmann Opazo , María José , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Cid Versalovic , Sofía , Kast Sommerhoff , Pablo , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Soto , Osvaldo , Coloma Álamos, Juan Antonio , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Lahsen , Leopoldo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Kuschel Silva , Carlos , Ramírez Diez , Guillermo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Del Real Mihovilovic , Catalina , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Desbordes Jiménez , Mario , Luck Urban, Karin

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Fernández Allende , Maya , Mulet Martínez , Jaime , Schilling Rodríguez , Marcelo , Álvarez Vera , Jenny , Flores García, Iván , Núñez Arancibia , Daniel , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Ascencio Mansilla , Gabriel , Girardi Lavín , Cristina , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Auth Stewart , Pepe , González Torres , Rodrigo , Orsini Pascal , Maite , Silber Romo , Gabriel , Barrera Moreno , Boris , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Ortiz Novoa, José Miguel , Soto Ferrada , Leonardo , Bernales Maldonado , Alejandro , Hernando Pérez , Marcela , Parra Sauterel , Andrea , Soto Mardones, Raúl , Boric Font , Gabriel , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Pérez Olea , Joanna , Teillier Del Valle, Guillermo , Brito Hasbún , Jorge , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina , Tohá González , Jaime , Calisto Águila , Miguel Ángel , Ilabaca Cerda , Marcos, Prieto Lorca , Pablo , Torres Jeldes , Víctor , Cariola Oliva , Karol , Jackson Drago , Giorgio , Rocafull López , Luis , Urrutia Bonilla , Ignacio , Carvajal Ambiado , Loreto , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Rojas Valderrama , Camila , Vallejo Dowling , Camila , Castillo Muñoz , Natalia , Jiménez Fuentes , Tucapel , Rosas Barrientos , Patricio , Venegas Cárdenas , Mario , Castro González, Juan Luis , Lorenzini Basso , Pablo , Saavedra Chandía , Gastón , Verdessi Belemmi , Daniel , Celis Araya , Ricardo , Marzán Pinto , Carolina , Saffirio Espinoza , René , Vidal Rojas , Pablo , Cicardini Milla , Daniella , Matta Aragay , Manuel , Saldívar Auger, Raúl , Walker Prieto , Matías , Crispi Serrano , Miguel , Mirosevic Verdugo , Vlado , Santana Castillo, Juan , Winter Etcheberry , Gonzalo , Díaz Díaz , Marcelo , Mix Jiménez , Claudia , Santibáñez Novoa , Marisela , Yeomans Araya , Gael , Espinoza Sandoval , Fidel , Monsalve Benavides, Manuel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Garín González , Renato , González Gatica , Félix , Jiles Moreno, Pamela

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Quiero agradecer a las bancadas de oposición el apoyo brindado a la Mesa y señalar que siempre toda autoridad debe estar disponible para la autocrítica y la reflexión ante los acontecimientos que ocurran aquí.

En este hemiciclo debe primar el espíritu democrático, la tolerancia, el debate, la posibilidad de que cada uno se exprese con libertad, con tranquilidad, sin interrupciones de sus colegas ni de quienes nos visitan en las tribunas. Esa es una tarea pendiente, y reconozco que a veces cuesta mucho conducir la sesión, pero hemos tratado de manejar la situación con el mayor criterio posible.

Los hechos del 18 de diciembre fueron muy complejos y espero que no se vuelvan a repetir. Desde el punto de vista reglamentario, estamos tomando algunas decisiones que nos permitan evitar no solo lo que ocurrió acá, sino también lo que ocurrió en los pasillos de la Cámara de Diputados.

Es una tarea pendiente, un compromiso que tenemos, pero aclaro que nunca ha habido voluntad ni descuido de la Mesa para que estos hechos ocurran. Los casos fortuitos son tales, y así lo entendemos.

Asumo la responsabilidad -en esto no quiero involucrar a la Mesa de resolver aquellos problemas que los colegas han planteado.

Reitero mi agradecimiento a aquellos diputados que han apoyado la gestión de la Mesa. Tenemos muchas tareas por delante y mucho trabajo que hacer por el bien de Chile, trabajo al cual todos están invitados.

Muchas gracias.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, no puedo dejar pasar algo que dijo el diputado Ascencio , quien señaló abiertamente que cuando Carabineros desaloja las graderías agarra a palos a los visitantes.

No podemos tolerar que un diputado manifieste que el desalojo del público que asiste a la Cámara de Diputados se hace a palos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Disculpe diputado, pero ese no es punto de Reglamento.

-o-

El señor KEITEL.-

Señora Presidenta, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel .

El señor KEITEL.-

Señora Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que el tercer proyecto de la tabla, sobre acoso y abuso sexual en las instituciones deportivas, se pueda votar hoy sin discusión.

Este proyecto está en su tercer trámite constitucional y ya fue discutido en la Cámara y en el Senado.

Sería muy lindo terminar el año con la aprobación de un proyecto importante para el deporte chileno.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Sebastián Keitel ?

Acordado.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín y Barrera; y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra , que Modifica la ley N°21.131 que Establece pago a treinta días, para eliminar la posibilidad de las partes de convenir un plazo de pago excepcional que exceda el de la regla general contenida en dicha ley. Boletín N° 13147-03

Visto.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. Y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

La ley 21.131.- que establece el pago de 30 días la cual introdujo una serie de modificaciones a la Ley 19.983., que regula la Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura

El problema de los plazos de pago excesivamente amplios es causa de un abuso de posición dominante por parte de las grandes empresas. Es decir, el deudor obtiene una liquidez a expensas de las micro y pequeñas empresas, tal como lo señala la ley 21.131 en su inciso segundo estableciendo una excepción, para que las partes establezcan un acuerdo de pago el que actualmente tiene tal norma, además que debe constar por escrito por quienes concurran a él además que dicho acuerdo no constituya un abuso para el acreedor, esto último es bastante subjetivo ya que la posición dominante siempre va a existir entre dos actores comerciales cuando lo que busca dicha norma es la igualdad entre los actores.

Otra problemática a la que se enfrentan las pequeñas empresas es la falta de transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales. De este modo, impedir plazos de pago excesivos es proporcionar certeza a las pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios a la hora de la organización de su contabilidad y proyección de su escalamiento productivo, que si bien es el espíritu de la ley de pago a 30 días no se logra con la misma norma ya que de igual forma lo deja a la voluntad de las partes.

Uno de los principales efecto del pago, es que las grandes compañías compran más caro los productos en el mercado por la demora en el pago a los proveedores. Durante la tramitación del proyecto de ley 21.131 (Boletín 10.785-03) en la Comisión de Economía, fomento, micro, pequeña y mediana empresa, protección a los consumidores y turismos, la Comisión de Mercados Financieros (CMF) expuso sobre las situaciones de facturas impagas y se establezca que en esos casos se considere como deuda financiera y no de pago a proveedores.

De esta manera el gerente de finanzas de una empresa deberá presentar en la información que el aumento del plazo de pago a proveedores significará un aumento de la deuda, lo que conlleva el pago de deuda a proveedores, que no se encuentra hoy en el estado financiero de la compañía y por lo tanto no tendría costos. Al obligar esta presentación el beneficio se anula con el costo y el gerente deberá responder porque ese aumento de plazo en el pago a proveedores que a la larga es un aumento de deuda financiera.

Agrega la Comisión de Mercados Financieros que el pago a plazo y por montos indefinidos no le conviene a las pyme ni a las grandes empresas y que hay un claro problema de agencia entre los dueños de las grandes empresas y sus ejecutivos. Explica que muchas veces el gerente de finanzas de la empresa presenta como logro el haber extendido los plazos de pago, que mejora el uso del capital de trabajo de la gran empresa, pero nunca se muestra el costo de esta decisión, y que se presenta de dos maneras. La principal manera es entender que este es un mundo dinámico y ello puede significar que el proveedor salga del mercado, sea por la quiebra o porque no desea seguir prestando servicios a esa empresa, o se incorpora el costo que la gran empresa obliga a incurrir por plazos inciertos de pago por costos financieros adicionales en el futuro y, finalmente, termina por vender más caro a esa gran empresa.

Finalmente con fecha 19 de Noviembre en la comisión de Economía y tal como se comprometió el Ministro de Economía SR. Lucas Palacios Covarrubias frente a los honorables diputados, el cual solicitó la posibilidad de tramitar de la manera más rápida posible el proyecto Boletín 13.045-03 que busca mejorar la Ley de pago a 30 días, pero abriéndose a discutir las ideas que en este documento se presentan como proyecto de ley, ideas que no fueron consideradas en una primera oportunidad cuando el Boletín 10.785-03 fue estudiado y discutido por la respectiva comisión. Mismo compromiso señaló el Ministro De Economía Sr. Lucas Palacios el día 20 de Noviembre de 2019 en la sala de la Cámara de Diputados en la discusión del proyecto Boletín 13.045-03.

Por tanto: Los presentes diputados y diputados vienen en suscribir el presente proyecto de ley en los siguientes términos.

Proyecto de Ley:

1.- Para eliminar en la Ley 21.131.- el inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 2° que establece un pago a treinta días.”.

Diputados señores Garín y Barrera; y de la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma , Alessandri , Bobadilla , Carter , Hernández , Morales , Noman , Sanhueza ; Urrutia, don Osvaldo , y Van Rysselberghe , que Modifica la ley N°18700, orgánica constitucional Sobre votaciones populares y escrutinios, para establecer un porcentaje mínimo de los votos válidamente emitidos en la respectiva elección parlamentaria, como requisito para que un candidato sea proclamado diputado o senador, según corresponda. Boletín N° 13148-06

I.- IDEAS GENERALES.

Como en toda democracia, la representatividad y legitimidad de las autoridades electas por el voto popular, resultan elementos esenciales para la viabilidad de la política como espacio sobre el cual las decisiones de las autoridades cobran el prestigio, respeto por parte de la ciudadanía.

En este orden de cosas, siempre se ha dicho que la estabilidad de todo sistema político, descansa en autoridades electas por grandes mayorías, sobre las cuales se expresa más fielmente la voluntad de la gente como único depositario de la soberanía, la cual es delegada en los agentes del Estado electos en votaciones universales, informadas y secretas. Este ámbito del actuar político se demuestra en la existencia de un sistema de gobierno democrático y representativo, descrito lacónicamente en el artículo 4° de nuestra Constitución Política y cuya prescripción constituye un principio rector del actuar de los órganos y poderes públicos, esto es el legislativo y ejecutivo, poderes del Estado vinculados más estrechamente al ejercicio de la democracia.

Con todo, a pesar que nuestra sistema democrático ha ido cada día robusteciéndose, todavía existen ciertos atisbos de ilegitimidad, sustentados en la masa de votantes que otorgan el poder a un ciudadano para ser ungido en el cargo de parlamentario.

El establecimiento en Chile de este nuevo sistema electoral, no es más que una manifestación de las transformaciones de orden principalmente político que está experimentando nuestro país. La crisis de legitimidad de nuestra clase política, hace necesaria la puesta en marcha de propuestas conducentes a hacer de la actividad política un espacio de participación amplio y diverso que atraiga a todas aquellas personas que actualmente no participan de nuestro proceso democrático-electoral, promoviendo con ello una modernización en este sentido.

Lo anterior, resulta paradójico si pensamos que el órgano por antonomasia donde se deposita la soberanía popular como es el Congreso Nacional se encuentre integrado en un número significativo por congresistas que no lograron superar el 5 por ciento de los votos, lo que evidentemente conlleva una falta de representatividad de sus dignidades y, lo que es más grave, una falta de legitimidad de sus responsabilidades públicas.

Así las cosas, la presente moción tiene por objeto que ciudadanos que obtengan menos del 5 por ciento de los votos, en ningún caso puedan ser acreedores al cargo de parlamentario, lo anterior a través de una reforma a la ley sobre votaciones populares y escrutinios.

II.- CONSIDERANDO.

1.- Que, los cambios experimentados por la nueva normativa aprobada, introducida por el sistema proporcional inclusivo no solamente incumbe un aumento significativo de parlamentarios (en la Cámara de Diputados de 120 a 155 y en el Senado de 38 a 50), sino que además implica un cambio relevante en la fisonomía territorial de los distritos y circunscripciones, razón por la cual la lógica del trabajo parlamentario experimentará profundas variaciones. El referido aumento no sólo ha implicado incrementos presupuestarios preteridos por las autoridades, sino que además no se ha superado el pretendido problema de representatividad de la comunidad política del cual, se decía, adolecía el antiguo sistema binominal. En efecto, si pensamos que más de 30 diputados fueron elegidos con una escuálida votación, sumado a los más de 5 senadores que también lograron mínimas votaciones.

2.- Que, tales elementos evidentemente representan un aspecto funesto para nuestro andamiaje político, particularmente en relación a la altas funciones que desempeña nuestro Congreso Nacional, en materias de tanta relevancia como lo es la presentación de mociones, fiscalizar los actos del gobierno, promover acusaciones constitucionales contra las más altas autoridades, etc. Pero incluso más importante que eso, la gravedad de existir legisladores sin el respaldo popular requerido, hace que proliferen por parte de dirigentes políticos peregrinas e irresponsables acciones destinadas a desestabilizar nuestro sistema político. Ejemplos abundan en nuestra historia política reciente, particularmente los acontecidos sólo en las últimas semanas, donde parlamentarios ungidos con escuálidas votaciones se han propuesto generar en nuestra comunidad política y nacional, funestos grados de virulencia que en nada favorecen a nuestra república.

3.- Que, por lo anterior, la presente moción promueve la existencia de un parlamento más representativo, democrático y en consecuencia legítimo, moción que por cierto se enmarca dentro de las acciones vinculadas a hacer de nuestro país una nación de mayor libertad y justicia.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado el presente proyecto de ley establece la disposición que ningún candidato en cuya elección hubiese obtenido menos de 5 por ciento de los votos, sea electo diputado o senador.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 188 de la ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, de acuerdo a la siguiente oración:

“En ningún caso, el candidato a senador o diputado será electo si su candidatura no reúne más del 5 por ciento de los sufragios válidamente emitidos.”

Diputados señores Coloma , Alessandri , Bobadilla , Carter , Hernández , Morales , Noman , Sanhueza ; Urrutia, don Osvaldo , y Van Rysselberghe

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don José Miguel ; Alinco , Calisto , Galleguillos ; Pérez, don Leopoldo , y Sabag ; y de las diputadas señoras Cid, Hernando ; Núñez , doña Paulina , y Ossandón , que Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir que en el trasporte rural e interprovincial, tanto de carga como de pasajeros, se instale y opere en el respectivo vehículo, un dispositivo de radio comunicaciones satelital, autónomo de la cobertura telefónica". Boletín N° 13149-15.

Moción Parlamentaria

Diputados señores Castro, don José Miguel ; Alinco , Calisto , Galleguillos ; Pérez, don Leopoldo , y Sabag ; y de las diputadas señoras Cid, Hernando ; Núñez , doña Paulina , y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Teillier , Barrera, Gutiérrez , Labra , Mulet , Naranjo ; Sepúlveda, don Alexis , y Soto, don Raúl ; y de las diputadas señoras Fernández y Santibáñez , que Modifica la ley N°18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, y la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para prohibir el anatocismo y la cláusula de aceleración en las operaciones y contratos que indica. Boletín N° 13150-03

Generalidades.

Conforme a cifras entregadas por el último informe del Banco Central evacuado este año, el endeudamiento de los hogares chilenos alcanzó su máximo histórico, llegando a un 73,3% al cierre del año 2018, esto es, un 3,2% por sobre el año anterior [1]. Consigna el propio informe, que esta alza se debe al aumento de préstamos a largo plazo con entidades bancarias, como créditos de consumo (18,5%) e hipotecarios (38,3%), junto a otros créditos otorgados por otros agentes del mercado financiero, como el retail o las cajas de compensación (16,6%). Esta reciente fotografía al estado actual de la economía de cada hogar en Chile es el resultado de casi cuatro décadas de acumulación de deudas. En efecto, el endeudamiento de los chilenos, como fenómeno de masas, se arrastra desde la década de los noventa; época en la que el crédito de consumo otorgado por los bancos, tiendas de retail, supermercados y farmacias se incrementó en los hogares de ingresos medios. Para el año 2009 el 70% de la deuda de los hogares de los primeros tres quintiles provenía de créditos otorgados por tiendas de retail. Durante la misma época entre el 24% y el 48% del ingreso de los hogares se utilizaba en pagar deudas. Posteriormente, entre los años 2011 y 2012 el 63,8% de los hogares estaban endeudados. Durante el año 2014 el 73% de los hogares del país con ingresos ascendentes a $762.434 o más estaban endeudados. Del total de deudas, el 63% provenían del consumo, cuya mediana ascendía a $ 338.597. De este tipo de deudas, el 30% se contrajo con bancos y el 48% con casas comerciales, las cuales contaban con la mayor cantidad de clientes. La tarjeta de crédito fue y es aún uno de los medios de pago más utilizados. En el 23% de los hogares utilizaban tarjetas de crédito bancarias y en el 53% tarjetas de crédito no bancarias [2]. Finalmente, para el año 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas proyectó que existiendo 13.753.928 personas mayores de edad en Chile, el número de personas naturales deudoras crediticias ascendía a 11.074.374 [3]

Estos datos nos ofrecen una idea de cómo se ha ido formando el estado de endeudamiento de los hogares chilenos hasta la actualidad. Sin embargo, no se debe omitir el hecho de que el endeudamiento no opera de la misma manera para todos. La falta de liquidez provoca que las personas contraigan deudas con mayores tasas de interés, lo que quiere decir que los deudores de menores ingresos y patrimonio pueden acceder a créditos de montos menores y a una mayor tasa de interés, por ser una transacción de esa naturaleza de mayor riesgo para la entidad financiera; cuestión que a su vez profundiza las diferencias entre las personas de mayores y menores ingresos.

Es en este contexto, de profundo endeudamiento de las personas y sus hogares, que opera la institución del anatocismo o interés compuesto, que en términos simples, denota el deber jurídico de pagar intereses de intereses. Se trata de una obligación compleja, en la que los intereses de cada período son agregados al capital, para luego calcular el interés del nuevo período, es decir, no se calculan los intereses sobre un monto fijo, sino sobre un capital que se mantendrá siempre en crecimiento. En las relaciones de consumo [4], el efecto de la capitalización de intereses resulta aún más perjudicial para los deudores, debido a las nefastas consecuencias que produce la aplicación de cláusulas de aceleración en los contratos en que son parte, pudiendo los acreedores exigir el pago anticipado de la deuda, que para traerla a su valor actual es calculada con los intereses no vencidos incorporados a la deuda capital. En nuestro derecho interno existen diferentes cuerpos legales que consagran esta institución, como se pasará a examinar.

Regulación legal del Anatocismo

El artículo 9 de la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero (en adelante LOCD) indica:

“Podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación. En ningún caso la capitalización podrá hacerse por períodos inferiores a treinta días.

Los intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior se consideran interés para todos los efectos legales y especialmente para la aplicación del artículo precedente.

Los intereses correspondientes a una operación vencida que no hubiesen sido pagados se incorporarán a ella, a menos que se establezca expresamente lo contrario”.

En el inciso primero se regula el anatocismo de origen convencional, es decir, aquel que las partes convienen cuando celebran una convención cuyo objeto es el dinero. Se indica expresamente la posibilidad de pactar intereses sobre intereses y de capitalizarlos en cada vencimiento, estableciendo como único límite un período de capitalización de 30 días como mínimo.

Por su parte, el inciso segundo establece que si se llegan a capitalizar intereses por periodos inferiores a 30 días, se consideraran intereses para todos los efectos legales. Esto quiere decir que su cuantía importará para determinar si se ha superado el interés máximo convencional, cuestión de especial relevancia para efectos de establecer si se ha incurrido en usura por el cobro excesivo de intereses.

Finalmente, el inciso tercero nos da la norma aplicable en ausencia de convención, que indica que el no pagar los intereses que correspondan al vencimiento de una operación tiene por consecuencia su capitalización automática, cuya única excepción está dada por un eventual acuerdo expreso entre partes que lo prohíba o limite.

Por su parte la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor (en adelante, LPDC), en el artículo 38 del párrafo 3° “Del crédito al consumidor” del Título III “Disposiciones especiales”, establece:

“Los intereses se aplicarán solamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y los pagos no podrán ser exigidos por adelantado, salvo acuerdo en contrario”

Esta norma se debe aplicar a todo contrato de crédito de dinero en el que intervenga un consumidor. La presencia del “consumidor”, genera la aplicación especial de esta regla por sobre aquella general para todo tipo de contratos de crédito de dinero contenida en el artículo 9° de la LOCD. En su parte final, la norma otorga a las partes la facultad de pactar la posibilidad de que el acreedor exija los pagos por adelantado por los saldos insolutos del crédito concedido, esto es, la regulación de las cláusulas de aceleración en los contratos de consumo. Las modalidades más frecuentes que encontramos en esta categoría son el mutuo de dinero, típicamente celebrado con bancos comerciales como créditos de consumo, comerciales o hipotecarios; y el contrato de apertura de línea de crédito.

Las normas enunciadas forman el marco jurídico en donde se desenvuelve la institución del anatocismo en la actualidad. Sin embargo, en la historia de nuestro derecho interno este instituto no siempre contó con tal permisividad ni aceptación, debido al potencial para generar endeudamiento que su aplicación si límites genera. Es así como su primera regulación en el Código Civil lo prohibía totalmente y el Código de Comercio lo permitió sólo mediante convención expresa de las partes, sólo en los contratos de cuenta corriente y de mutuo, fijando requisitos y límites temporales estrictos para su aplicación.

El tratamiento permisivo del anatocismo y sus perniciosos efectos para la economía de los hogares chilenos comenzó a gestarse en el año 1974 con la dictación del D.L. N° 455, que introdujo un tipo de anatocismo legal aplicable a todo contrato de crédito de dinero. Esto significa que la existencia de este instituto ya no estaba contemplada en nuestro derecho solo mediante el acuerdo de partes contratantes. La nueva regulación contemplaba su aplicación para todo contrato de crédito de dinero, siempre mediando demanda judicial y el transcurso de al menos un año para que operara esta modalidad de cobro de intereses; cuestión que fue modificada el año 1976, mediante la dictación del D.L. N° 1553, el cual establecía la capitalización de intereses por el mero incumplimiento del contrato. Al respecto, una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción establece con claridad: “La nueva era económica que se inició el año 1973 y que abrió los mercados de toda índole, incluido el del dinero, hizo necesarias sustanciales modificaciones para adecuar la nueva economía al nuevo orden y así fue como en el campo de los negocios del dinero se eliminó la norma que hasta ayer prohibía cobrar intereses sobre intereses” [5]. Finalmente, fue el año 1981 con la dictación de la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, que se derogó el artículo 2210 del Código Civil en donde se contenía la norma que establecía la prohibición general del anatocismo en nuestro derecho interno. Esta ley además, como se señaló, mantiene su aplicación por incumplimiento de la obligación de pagar intereses e incorpora, por primera vez en nuestro derecho, la posibilidad de anatocismo mediante acuerdo de partes en los contratos de crédito de dinero.

Con posterioridad, se incorporó una nueva regulación del anatocismo, esta vez en las relaciones de consumo, mediante la dictación de la Ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el año 1997. La introducción de esta nueva ley a nuestro derecho interno modificó la manera en que operaba el anatocismo, creando un sistema complejo que es necesario analizar en detalle y con ejemplos prácticos para entender cómo es que sus consecuencias terminan afectando las ya precarias economías de las familias chilenas.

Efectos prácticos de la regulación del anatocismo en el derecho interno

El marco jurídico en el que se mueven las relaciones privadas afectas al anatocismo está dado por la aplicación de la norma contenida en el artículo 9 de la ley 18.010 y el artículo 38 de la ley de protección de los derechos del consumidor. Estas regulaciones, aplicadas conforme ordena el sistema legal, crean un sistema de una laxitud y permisividad favorable al acreedor y en desmedro de la estabilidad patrimonial del deudor de tal envergadura, que no existe un antecedente similar en la legislación comparada; pues además de haber sido derogado el artículo 2210 del Código Civil, en donde se contenía la prohibición general y de carácter supletorio en nuestra legislación sobre el anatocismo, contamos con un límite temporal de capitalización de intereses dramáticamente más bajo en comparación con las demás legislaciones, que contemplan entre seis meses y un año de plazo para dar lugar a la capitalización de intereses. Sin embargo, el aspecto más perjudicial de nuestra legislación en esta materia está dado por la posibilidad de capitalizar los intereses y cobrar intereses sobre intereses sin mediar demanda judicial previa, esto es, tenemos un anatocismo que opera de pleno derecho, por el sólo retardo en el cumplimiento de la obligación de pagar y de manera extrajudicial, elemento único en nuestra legislación.

Las normas citadas dejan abierta la posibilidad de pactar anatocismo entre partes, cuestión que deriva en la aplicación masiva de cláusulas de anatocismo a los deudores crediticios, que adquieren esta calidad desde el momento en que actúan dentro del mercado financiero, generalmente mediante la suscripción de contratos tipo de adhesión previamente escriturados, de apertura de línea de crédito de dinero y de mutuo de dinero, careciendo de los medios para negociar condiciones más favorables [6].

La amplia presencia de anatocismo en el mercado financiero trae aparejadas consecuencias evidentes, como lo es el sobreendeudamiento de los hogares chilenos, especialmente en sectores de ingresos más bajos, usualmente compuestos por mujeres, pues estadísticamente tienen ingresos más bajos que los hombres y las personas de la tercera edad, por tener bajos ingresos y deudas altas. El efecto amplificador que tiene la aplicación de anatocismo junto con las cláusulas de aceleración sobre las deudas crediticias, tiene a su vez perniciosos efectos sobre la salud mental de las personas, siendo de amplio conocimiento y documentación la relación que existe entre los síntomas depresivos y el endeudamiento, con independencia del monto de que se trate. Por su parte, a nivel jurídico, el anatocismo tiende a perpetuar relaciones jurídicas que, por su naturaleza, son de carácter temporal y excepcional. Por obvio que parezca, las obligaciones nacen para extinguirse y no para mantenerse a perpetuidad. Nuestro derecho no opera sobre la base de que la calidad de “deudor” sea permanente y se prolongue en el tiempo; pues se daría pie a consecuencias indeseables para cualquier Estado de Derecho, como lo es la restricción permanente de la libertad de las personas y, en los hechos, situaciones asimilables a la servidumbre. Finalmente, en el ámbito de los contratos conmutativos, esto es, aquellos en que las partes se comprometen a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que le corresponde dar o hacer a la otra, y que son precisamente los que caen en la regulación del anatocismo; por razones de justicia, racionalidad y equidad, nuestro ordenamiento debería propender y estimular la equivalencia en las prestaciones de los contratos y no, como ocurre con la aplicación de intereses indemnizatorios sobre intereses capitalizados junto con su cobro anticipado, generar desequilibrios cuyo único límite actual se encuentra dado por las normas que regulan la usura. En el tránsito jurídico real del mercado financiero, existen variadas y amplias muestras de como las deudas crediticias aumentan en forma exponencial, llegándose a formar deudas cuyo valor excede de forma tal su utilidad inicial, que prestación y contraprestación terminan por no guardar ningún tipo de relación racional.

Como consideración final, existe una relación directa entre la aplicación de las normas sobre anatocismo en conjunto con la posibilidad de exigir el pago por adelantado, tanto de deuda capital como de intereses, y una vulneración solapada a las normas que regulan la usura en Chile. Todas estas, tienen como elemento esencial el monto de los intereses cobrados y su límite, que está dado por la tasa máxima convencional. En cuanto al monto, aquel que se ha formado por la deuda más los intereses capitalizados, contiene intereses que perdieron su calidad de tales al ser incorporados a la deuda base, por lo que su cuantía no será parte del cálculo que se debe realizar para determinar si se excedió el interés máximo convencional.

Por tanto, vengo en proponer el siguiente

PROYECTO DE LEY

- Reemplázase el artículo 9 de la Ley 18.010 que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica en el siguiente sentido:

Artículo 9

Prohíbase la capitalización de intereses por el uso del dinero y el cobro de intereses sobre intereses por el uso del dinero. Así mismo, prohíbase la capitalización de intereses y el cobro de intereses sobre intereses, que se deban a título de indemnización de perjuicios.

Las convenciones contrarias a esta disposición, se tendrán por no escritas.

- Reemplázase el artículo 38 de la Ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el siguiente sentido:

Artículo 38

Prohíbase la capitalización de intereses y el cobro de intereses sobre intereses en los contratos en que sea parte un consumidor.

El pago de cualquier tipo de obligación nacida de un contrato de consumo no podrá ser exigido por adelantado.

Diputados señores Teillier , Barrera, Gutiérrez , Labra , Mulet , Naranjo ; Sepúlveda, don Alexis , y Soto, don Raúl ; y de las diputadas señoras Fernández y Santibáñez

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joanna; Cicardini, Girardi, Hernando, Ossandón, Parra y Rojas; y de los diputados señores Calisto; Mellado, don Cosme, y Sabag, que Modifica la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, para extender su ámbito de aplicación, incorporar mayores exigencias en la convivencia al interior de la comunidad educativa, y sancionar toda forma de violencia que en ella se presente. Boletín N° 13151-04

Considerando:

1.- La experiencia vivida por el país en los ocho años transcurridos desde la promulgación de la Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, que han permitido constatar algunos vacíos y deficiencias que resulta imprescindible corregir [1].

2.- Que, en efecto, este cuerpo legal que modifica el DFL 2 de 2009 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 General de Educación [2], consta principalmente de declaraciones de buenas intenciones, carentes de sanciones efectivas para el establecimiento educacional en el que se producen hechos de violencia física o psicológica y no considera que la comunidad escolar se extiende fuera del recinto escolar.

3.- En los hechos, este cuerpo legal no ha sido eficiente en su propósito de eliminar las situaciones de acoso entre escolares, conocido también como bullying, y de hecho estudios posteriores a su programación señalan que el 85% de los estudiantes declaran haber sufrido situaciones de acoso, que esta conducta es independiente del tipo de establecimiento educacional en que ocurren, que los hombres prefieren métodos directos y las mujeres formas indirectas de acoso, y que, en términos generales, quienes acosan a sus pares suelen estar asociados al consumo de alcohol y drogas, así como a los hogares con padres separados [3].

Otras cifras señalan que el acoso se produce entre el 40% de los estudiantes, lo que significa cerca de 270 mil personas que son molestadas por su aspecto físico, su personalidad, su forma de vestir o su ritmo de aprendizaje [4], en tanto que otros estudios indican que las denuncias por agresiones físicas y/o psicológicas han aumentando en un 74% en los últimos cuatro años [5], todo lo cual da cuenta de la gravedad de este comportamiento así como de la ineficiencia de las normas legales vigentes.

4.- En este sentido, las críticas apuntan a la escasa proactividad de las comunidades educacionales, que suelen reaccionar solo cuando el daño está hecho. Aunque no todos los casos corresponden a situaciones de bullying, en los últimos diez años se han suicidado mil 30 niños y adolescentes, constituyendo la segunda causal de muerte en ese rango etario después de los accidentes [6]. La situación es aún más grave si se considera que, de acuerdo a la opinión de los profesionales de la salud, por cada joven suicida hay veinte que lo han intentado y cincuenta que lo han pensado.

5.- Otros reclamos respecto del marco legal vigente se refieren a los supuestos para su aplicación, como el hecho que exista necesariamente una situación de superioridad de un actor sobre el otro, que los hechos se produzcan exclusivamente al interior del establecimiento, dejando fuera las redes sociales, que no se considere el deceso de la víctima que agrava considerablemente las consecuencias de la inacción y que no se tome en cuenta el caso de los establecimientos de educación superior.

6.- Se cuestionan del mismo modo las sanciones para el establecimiento, en especial si se considera que por su pasividad se puede llegar a incidir en la muerte de una persona. En la actualidad, la eventual responsabilidad del colegio se traduce solamente en multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales que pueden duplicarse en caso de reincidencia, es decir hasta poco menos de dos millones y medio o cinco millones de pesos de acuerdo al valor de la UTM para el mes de septiembre del año 2019, monto claramente insuficiente para incentivar la seriedad que requiere este asunto y que se suma al hecho que las sanciones de la ley vigente se refieren básicamente al alumno agresor y no al establecimiento ni a los adultos que laboran en este [7].

7.- Ya ha habido varias muertes por suicidios con la actual legislación de niños y jóvenes que no han soportado el acoso realizado por sus pares e incluso por otros miembros de las comunidades escolares. Emblemáticos han sido los casos de Katy Winter, Nicolás Scheel y Benjamín Apablaza en Santiago, o de José Matías De la Fuente en Copiapó. El último caso corresponde a Sebastián Sepúlveda Sánchez [8], hijo del concejal de San Rosendo Gabriel Sepúlveda Mora, acusado erróneamente de conductas indebidas y víctima del abuso social desde sus profesores del Liceo A-66 Héroes de la Concepción de la comuna de Laja [9] y en cuya memoria proponemos denominar a esta moción como Ley Sebastián.

8.- Por último, es necesario destacar que en muchos establecimientos de educación superior se producen situaciones de abuso sexual por parte de personas que, durante la educación básica y media, no fueron sancionados por protagonizar actos de abuso escolar, lo que revela la importancia de establecer una regulación severa en este ámbito en todos los niveles educativos.

En razón de los antecedentes anteriormente expuestos y en uso de mis facultades constitucionales, vengo a proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación:

a) En el Artículo 1°, reemplazar la expresión “educación parvularia, básica y media” por la expresión “educación parvularia, básica, media y superior”.

b) Intercalar en el Artículo 2°, entre las expresiones “ético” y “moral”, la expresión “social”, precedida de una coma; y a continuación de “derechos humanos”, precedida de una coma la expresión “dignidad personal”.

c) Reemplazar el inciso segundo del Artículo 4° por el siguiente texto:

“Es deber del Estado asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado garantizar que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño o pupilo, y que en cualquier circunstancia o relación entre integrantes de una misma comunidad escolar prime el respeto”.

d) Agregar antes del punto aparte del segundo inciso del Artículo 9°, precedida de una coma, la frase “y su ámbito de acción trasciende los límites físicos del establecimiento educacional siempre que se produzcan vinculaciones entre cualquiera de ellos en razón de su pertenencia a la misma comunidad.”

e) Intercalar el siguiente inciso primero en el Artículo 16°:

“Las infracciones a las normas contenidas en los artículos 1°, 2°, 3 °, 4°, 5°, 6° y 10° serán sancionadas con multas en el rango de 500 a mil unidades tributarias mensuales, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia. En caso de reincidencias reiteradas, se podrá solicitar la pérdida del reconocimiento oficial y la clausura del establecimiento.

f) Agregar en el mismo Artículo 16° el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero:

“Cuando se trate de establecimientos dependientes de forma directa o indirecta del Estado no procederá la multa, pero dependiendo de la gravedad de la infracción se podrá destituir al director del establecimiento.”

g) Reemplazar el Artículo 16 b por el siguiente:

“Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión física o sicológica, así como hostigamiento, realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por cualquier integrante de la comunidad escolar a un estudiante de la misma comunidad, ya sea en forma individual o colectiva, de modo personal, por medios electrónicos o de cualquier otra manera, que provoque en el afectado daño físico, psicológico o emocional, humillación o fundado temor de verse expuesto a un riesgo mayor que afecte su normal desenvolviendo en el establecimiento educacional al que pertenece.”

Artículo Transitorio.- Los establecimientos educacionales de todo nivel que no tengan incorporados dentro de sus reglamentos un protocolo para la atención de los casos de acoso escolar tendrán un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley para dictar la normativa pertinente. El incumplimiento de esta disposición significará la sanción contemplada en el Artículo 16° de este cuerpo legal.

Diputadas señoras Pérez, doña Joanna; Cicardini, Girardi, Hernando, Ossandón, Parra y Rojas; y de los diputados señores Calisto; Mellado, don Cosme, y Sabag

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Alexis; Barrera, Garín, Lavín; Mellado, don Miguel; Mellado, don Cosme; Naranjo, y Rentería; y de las diputadas señoras Cid y Hernando, que "Modifica el decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, para determinar el plazo de pago de cheques en canje entre entidades bancarias". Boletín N° 13152-03

Moción Parlamentaria

Diputados señores Sepúlveda, don Alexis; Barrera, Garín, Lavín; Mellado, don Miguel; Mellado, don Cosme; Naranjo, y Rentería; y de las diputadas señoras Cid y Hernando

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando y Marzán, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Celis, don Ricardo; Jarpa; Mellado, don Cosme; Pérez, don José; Sepúlveda, don Alexis; Torrealba y Torres, que Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para incorporar en los niveles de enseñanza básica y media, la asignatura de educación ambiental, con los contenidos generales que indica. Boletín N° 13157-04

I. Antecedentes

Un proceso educativo con miras hacia el futuro contempla mucho más que la mera formación pragmática científica-humanista que se centra en revisar los contenidos de la malla curricular sin hacer observancia a la realidad país, es por eso, que es menester considerar y sumar para la formación de niños y jóvenes integrales aquellos conocimientos que si bien, no se encuadran dentro del esquema clásico, son tópicos que hoy por hoy, no se pueden ignorar.

Actualmente, en los establecimientos educacionales, las asignaturas científicas como ciencias naturales, para el nivel básico, o biología, química y física, para el nivel secundario, se encargan someramente de evaluar la importancia de la educación ambiental, sin embargo, dicho esfuerzos no logran ser suficientes pues el enfoque no es exclusivo, dejando en consecuencia, un sinfín de áreas sin revisar. Lamentablemente, el resultado muchas veces termina siendo un proyecto a realizar con material reciclable o simplemente una exposición superficial sobre algún punto que genera curiosidad.

Existe, efectivamente un afán de considerar estos contenidos, lo que ahora corresponde entonces, es potenciarlos a nivel curricular, dándoles un espacio propio para que durante su desarrollo, no solo se ejecuten actividades prácticas, sino que sea una verdadera formación académica que permita instruir a los niños y jóvenes de Chile de la forma más integral posible.

Afortunadamente, la ley 19300 define la educación ambiental en su artículo 2 letra H:

“Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante;”

El tenor que utiliza esta ley para considerar la educación ambiental, lo hace con la siguiente fórmula “proceso permanente” dejando ver a todas las luces el innegable interés que tiene el legislador, respecto de la educación que pretende impartir, enfocándose en la importancia que tiene para él, esta nueva disciplina que se busca impartir.

Pese a que esta propuesta parece ser novedosa para el país, es una práctica que en el viejo continente se efectúa con indicadores positivos de aprobación, y al igual que toda buena iniciativa, se debe replicar si impacta positivamente en la sociedad. En Portugal se integró a partir de 1986, con la Ley de Bases del Sistema Educativo. En 1977 en Francia se hizo la Carta Constitutiva de la Educación Ambiental que establece la Instrucción General sobre Educación Ambiental de los alumnos franceses en esta materia. En Austria, en tanto, comenzó a implantarse a mediados de los años sesenta y en 1984 se dio inicio un grupo de trabajo en Educación Ambiental, que reúne a todos los ministerios con competencia en el tema.

El Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado en 1975 se encargó de sistematizar los objetivos a los que debe apuntar esta asignatura, ellos son:

“Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.

Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.

Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.

Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problema ambientales.

Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.

Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto”. [1]

En la misma línea, no se debe ignorar la competencia que recae sobre el legislador en la construcción del currículum escolar nacional, pues sin ella, no sería posible incorporar esta nueva materia, estas competencias tienen su fundamento en el artículo 19, N° 11 inciso quinto de la Constitución Política del Estado, que dice: “Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;”.

Por lo tanto, el constituyente faculta al legislador el deber de definir los requisitos mínimos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. El legislador desarrolla el mandato del constituyente mediante una Ley General de Educación (DFL 2, de 2009) donde define el concepto de educación formal y establece los deberes del Estado en el sector. Al mismo tiempo, determina los requisitos mínimos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, entre estos, la estructura curricular y las edades de ingreso a los niveles de educación básica y media.

En lo que aquí interesa, en materia de curricular, las competencias del legislador consisten en la definición de los objetivos generales de aprendizaje –expresados en conocimientos, habilidades y actitudes— que los estudiantes deben alcanzar en los niveles de educación básica y media.

Las nuevas generaciones merecen tener esta formación, para paliar el lamentable escenario que existe, donde el desconocimiento que existe respecto a las políticas verdes no han permitido a nuestro país, concientizar por ejemplo, sobre la importancia del reciclaje y su impacto, teniendo como consecuencia directa, el segundo lugar obtenido por Chile en el ranking latino de países que menos recicla y más basura genera. [2]

Asimismo, esta nueva cultura que ha llegado para quedarse, ha permitido no solo visibilizar un problema que hace unos años era ignorado, sino que emplear las herramientas necesarias para evitar una catástrofe irremediable, la Unión Europea ha declarado que “hemos ido pasando de una concepción del medio ambiente, y por tanto de los problemas ambientales, limitada al estado de la biosfera, a otra que tiene cada vez más en cuenta a la Sociosfera o sistema de relaciones políticas, económicas y culturales que integran la sociedad. De ahí la evolución producida también en los planteamientos educativos, desde la conferencia de Estocolmo, en que la educación ambiental se convierte por primera vez en una recomendación imprescindible” [3]

Sumado a lo anterior, en el plano internacional, se evidencia además, preocupación desde 1975 cuando se crea a instancias de la Unesco el Programa de Educación Ambiental PIEA [4] que propone integrar la Educación ambiental en los sistemas educativos. Posteriormente la Conferencia de Tbilisi (capital de la República de Gorgia), en 1977 confirma la tendencia de considerar el medio ambiente como una dimensión que abarca los aspectos naturales y los aspectos nacidos de las actividades humanas.

En nuestro país el Ministerio de medio ambiente fue creado en enero de 2010, institución que colabora con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

II. Idea matriz

El propósito de este proyecto de ley es crear una asignatura denominada Educación Ambiental para ser impartida a los estudiantes de educación básica y media. Con esta propuesta, se pretende contribuir a la formación de las nuevas generaciones, para acercarlas al conocimiento del cuidado de nuestros recursos naturales, respeto por el medioambiente, derechos y deberes ambientales. La enseñanza sobre cuidado del medioambiente es limitada y, por tanto, insuficiente para que los estudiantes puedan comprender la gravedad de lo que sucede con el cambio climático, la imposición de políticas medioambientales, etc.

En consecuencia y en la misma línea de la ley 19.300, los contenidos que se deben considerar para esta asignatura son:

a) Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas;

a bis) Biotecnología: se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos;

a ter) Cambio Climático: se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables;

b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración;

c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente;

d) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental;

e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes;

f) Declaración de Impacto Ambiental: el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes;

g) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras;

Las mallas curriculares han cambiado en el último tiempo, dejando fuera por ejemplo a Educación física e historia, materias fundamentales en la formación de los educandos. Este proyecto va en ese sentido. Educar para cuidar nuestro aire, tierra, mar animales, en decir educar para crear generaciones de personas comprometidas con el cuidado medioambiente pues sólo tenemos un planeta.

Por lo anterior, los diputados firmantes presentamos el siguiente proyecto de ley:

Proyecto de ley

Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 5° de la ley 20.370 General de Educación, de acuerdo al siguiente texto:

“En las mallas curriculares de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, en los niveles de enseñanza básica y media, se incluirá la Educación Ambiental promoviendo el aprendizaje de la Biodiversidad o Diversidad Biológica, Biotecnología, Cambio Climático, Daño Ambiental, Contaminación, Conservación del Patrimonio Ambiental".

Diputadas señoras Hernando y Marzán, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Celis, don Ricardo; Jarpa; Mellado, don Cosme; Pérez, don José; Sepúlveda, don Alexis; Torrealba y Torres.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Alessandri, Barros, Bobadilla, Morales, Moreira, Noman, Sanhueza, y Urrutia, don Osvaldo; y de la diputada señora Hoffmann, que Modifica la ley N° 20.529, que crea el Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, para establecer como infracción grave y sancionar en consecuencia la propagación de tendencias político partidistas en el proceso de enseñanza. Boletín N° 13154-04

I. FUNDAMENTOS

La educación es un proceso permanente de aprendizaje que tiene por objeto alcanzar un desarrollo espiritual, intelectual, moral y artístico, entre otros fines, que se conduce mediante la enseñanza formal y que reconoce el rol de la familia como el primer educador.

Una manifestación del rol de la familia en la educación de sus hijos, es la elección del establecimiento educacional en el que se formarán. Esta trascendental decisión es el resultado de la ponderación de muchos factores, siendo uno de los principales el proyecto educativo de cada establecimiento y, por cierto, la confianza en la respetiva comunidad educativa.

Todos estos elementos se enmarcan en la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, ambos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en distintos instrumentos jurídicos.

La libertad de enseñanza se encuentra consagrada en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política de la República, y dentro de los ámbitos que garantiza destaca la protección de los estudiantes ante cualquier tipo de instrumentalización de carácter político partidista o ideológica a partir de la enseñanza impartida por los establecimientos educacionales. En efecto, la Constitución establece expresamente en el referido artículo que: “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”.

Por su parte, la Constitución, en su artículo 19 numeral 6° asegura a todas las personas: “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.

Sobre este punto, es necesario señalar que dicha garantía protege a la persona de cualquier tipo de fuerza indebida, física o sicológica. De este modo, hay concepciones de carácter ideológico, políticas o religiosas que se desarrollan en el fuero interno del individuo, que se encuentran amparados en esta libertad y que trascienden a cualquier ámbito, no siendo el ámbito educacional la excepción.

Lo anterior, no solo se encuentra amparado en la legislación interna, sino que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la propia Convención por los Derechos del Niño también se refiere a esta materia. Así, el artículo 14 de la Convención, establece que: “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

Sobre este aspecto, tal como se señala anteriormente, no resulta un ejercicio de deliberación legítima, que un establecimiento educacional instrumentalice políticamente a los estudiantes, más aún, cuando dicha conducta se enmarca dentro de un proceso de aprendizaje que se le ha confiado. En este sentido, es función del establecimiento educacional entregar herramientas para que los menores formen su propio juicio crítico de la realidad, conforme a su madurez, desarrollo y respetando el rol fundamental de la familia en este ámbito, pero en ningún caso esto debe confundirse con la imposición de una doctrina o ideología determinada.

Otra norma relevante en esta materia es el artículo 19 de la Convención, el cual se refiere a la protección contra los malos tratos, dentro de los cuales se entienden incluidos todo perjuicio o abuso físico o mental. En efecto, la norma sostiene que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

Por lo anterior, constituye un principio asentado tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales ratificados por Chile, que el proceso educativo solo debe tener como propósito, que los estudiantes alcancen el mayor desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico posible, excluyendo de esta forma, cualquier tipo de instrumentalización o concientización política partidista.

En este contexto, no es legítimo, bajo ningún pretexto, utilizar establecimientos educacionales cuya labor debe estar enfocada únicamente en el servicio al estudiante, para satisfacer fines político partidista o realizar conductas que afecten el libre juicio de los estudiantes.

Con el propósito anteriormente señalado, es menester que el Estado, en su deber de resguardar dicha libertad, realice todas las acciones administrativas y legislativas posible, con el objeto precisamente, de evitar cualquier tipo de conducta que tenga como propósito la instrumentalización de los estudiantes con un interés político definido, de manera tal, de cumplir con el estándar de protección debida, consagrado en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño.

Lamentablemente, es de público conocimiento que no solo se ha intentado influir indebidamente en el juicio propio de los estudiantes, sino que mediante acciones concretas y deliberadas, los han instrumentalizado políticamente, exigiéndoles conductas que no responden al proceso educativo y que infringen las disposiciones constitucionales y de derecho internacional que han sido señaladas.

Por lo anterior, y teniendo presente la relevancia de los instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que consagran la protección del estudiante en este ámbito, es necesario que los órganos competentes cuenten con las herramientas legales adecuadas para enfrentar la gravedad de las conductas descritas.

II. IDEA MATRIZ

El proyecto de ley tiene por objeto establecer una aplicación directa y expresa de la prohibición constitucional establecida en el inciso tercero del artículo 19 N° 11 de la Constitución Política, en cuanto a que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Para ello tipifica esta conducta como infracción grave a la normativa educacional e indica que esta se podrá sancionar con la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO

La iniciativa incorpora una nueva causal de infracción grave a la normativa educacional en el artículo 76 de la ley N° 20.529, estableciendo que la Superintendencia de Educación Escolar podrá sancionar con la revocación del reconocimiento oficial al establecimiento educacional en el cual se oriente la enseñanza a propagar tendencias político partidistas.

En mérito de lo expuesto, someto a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Incorporase la siguiente letra j) nueva al artículo 76 de la ley N° 20.529 sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización:

“j) Orientar la enseñanza a propagar tendencias político partidistas. En caso de reiteración, esta infracción podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial del Estado.”

Diputados señores Coloma, Alessandri, Barros, Bobadilla, Morales, Moreira, Noman, Sanhueza, y Urrutia, don Osvaldo; y de la diputada señora Hoffmann

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman, Carter, Coloma, Hernández, Morales, Norambuena, Sanhueza; Urrutia, don Ignacio, y Urrutia, don Osvaldo; y de la diputada señora Troncoso, que Modifica la ley N°19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para establecer prohibiciones que indica a los ex fiscales, hasta por el plazo que señala. Boletín N° 13155-07

I. IDEAS GENERALES

Las causales de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones que limitan el ejercicio de un cargo público, encuentran en su base una protección a la probidad y transparencia. En general pueden ser definidas como un conjunto de requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

La ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público consagra en su título V y VI el catálogo de inhabilidades e incompatibilidades que pesan sobre los fiscales. Si bien, el catálogo es lo suficientemente exhaustivo, llama la atención que no existen límites en torno al libre ejercicio de la profesión, una vez que el fiscal ha cesado en el cargo, independiente del motivo que subyace a dicho cese.

En esta línea, es necesario destacar los hechos acaecidos en nuestro país durante los últimos días, donde la prensa nos informó que antiguos fiscales que habrían renunciando, tomaron la representación de la FIDEN, asociación gremial de fabricantes e importadores de entretenimientos electrónicos. Si bien, ello no es ilícito o contrario a derecho, si nos permite poner alerta sobre la ausencia de regulación que se tiene sobre esta materia, especialmente cuando nos encontramos con hechos tan delicados como los conocidos casinos de barrios constituidos principalmente por máquinas tragamonedas, casinos que se encuentran vinculados a redes de narcotráfico, lavado de activos y abuso de la ley del lobby, razón por la cual la Fiscalía Nacional los investiga actualmente.

En este contexto, el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer una nueva causal de prohibición, que limite a fiscales que han cesado en su cargo -independiente de la razón de cese-, de ejercer libremente la profesión, sino hasta transcurrido un plazo apropiado.

II. CONSIDERANDO

1. El ordenamiento establece una serie de requisitos de ingreso a la Administración del Estado en los artículos 12 del Estatuto Administrativo y 54 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Dado que impiden el ingreso a la Administración del Estado también se les conoce como “inhabilidades”. Se trata de exigencias ligadas a la aptitud profesional, a la salud, al cumplimiento de ciertos deberes cívicos y a la probidad administrativa. El artículo 5º de la Ley Nº 19.896, de 2003, exige a los jefes de servicio informar a todos quienes vayan a ingresar o laboren en él, en cualquier condición jurídica, acerca de las diversas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que establecen las leyes, como asimismo, las modificaciones legales que se le introduzcan a tal normativa

2. Lo anterior demuestra el especial interés que tiene la Administración del Estado en orden a mantener la probidad y transparencia en sus funciones. Por su parte, a la Administración no sólo le importa la situación del funcionario que se integra a los servicios públicos, sino que regula inclusive las situaciones que pueden acaecer con posterioridad al cese de las funciones, dado que ello es también un área a resguardar. Destaca en este sentido, el artículo 56 inciso tercero de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que dispone: “Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en sus funciones”.

3. Si bien, el artículo 56 de la LBGAE tiene aplicación limitada, no pudiendo extenderse a hipótesis no comprendidas en atención al principio de legalidad que rige a la función administrativa, creemos que es de capital importancia que hipótesis como la anterior puedan replicarse respecto de órganos públicos que ejercen un rol investigativo, como lo es el Ministerio Público.

4. Así, el presente proyecto de ley busca establecer la prohibición para los fiscales que hubieren cesado en sus cargos, por cualquier razón, de ejercer funciones de asesoría, defensa o mantener relación laboral con sujetos que se hubieren encontrado bajo investigación del Ministerio Público. Dicha prohibición se mantendrá por un período de seis meses contados desde la cesación en el cargo.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

Se agrega un nuevo inciso segundo dentro del artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en orden a consagrar una nueva prohibición relativa a la incompatibilidad de prestar defensa, asesoría, o mantener relación laboral con sujetos que se hubieren encontrado bajo investigación del Ministerio Público. Esta prohibición durará seis meses.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: agréguese un nuevo inciso segundo dentro del artículo 64 de la Ley N.º 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de acuerdo al siguiente texto:

“Los fiscales que por cualquier razón hayan cesado en sus cargos, no podrán ejercer actividades que impliquen una relación laboral, de asesoría, defensa u otra de análoga naturaleza, de sujetos que se hayan encontrado bajo su investigación en el Ministerio Público. Esta prohibición se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en sus funciones.”

Diputados señores Noman, Carter, Coloma, Hernández, Morales, Norambuena, Sanhueza; Urrutia, don Ignacio, y Urrutia, don Osvaldo; y de la diputada señora Troncoso

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman, Álvarez-Salamanca,, Carter, Coloma;, Fuenzalida, don Juan; Hernández, Lavín, Rentería Sanhueza y Urrutia, don Osvaldo, que Modifica la ley N°18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en materia de tipificación de las infracciones que pueden cometer las personas, entidades o empresas sujetas a su fiscalización. Boletín N° 13156-08

I. IDEAS GENERALES.

El derecho regulatorio recae sobre actividades económicas que desarrollan los particulares y que comprometen interés público, razón por la cual se regula de forma más intensa a dichos mercados. A la base de los mercados regulados se encuentran dos ideas que la subyacen, por un lado se trata simplemente de una perspectiva de análisis distinta que abarca el régimen de las actividades económicas con una idea preconcebida de dar primacía al mercado y a la libre iniciativa de los particulares, y en donde no es posible omitir la intervención del Estado a través de su aparato administrativo. Por el otro, el Derecho regulatorio gira en torno a una disciplina que es central: el Derecho de la competencia, en donde el mercado competitivo es el mejor mecanismo para asignar bienes y servicios, determinar su precio y la forma en que estos deben ser producidos [1].

La razón por la cual es necesaria la actividad regulatoria que afecta a los mercados encuentra su legitimación en el hecho de que el mercado tiene fallas. Luego, la intensidad de la regulación viene dada por un fin preciso, incrementar la eficiencia con que la economía funciona, atendido el interés público que envuelve a estas actividades [2]. Así dentro de los mercados regulados por excelencia encontramos a las compañías que prestan servicios públicos básicos, es decir, agua, luz y gas.

II. CONSIDERANDO:

1. Las compañías eléctricas, a través de un contrato de concesión con el Estado, prestan el servicio de transporte o distribución de energía, que permite abastecer a los consumidores finales. La ley General de Servicios Eléctricos regula materias que son referidas a la producción, transporte, distribución, régimen de concesiones y tarifas de la energía eléctrica y las funciones del Estado relacionadas con estas materias.

2. El órgano encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, es la Superintendencia de Electricidad y Combustible [3].

3. Así las cosas, ante el incumplimiento de las regulaciones sectoriales, la entidad fiscalizadora, dotada de poder sancionador, impone multas a las entidades fiscalizadas. Ello por cuanto el interés público que subyace a dicha actividad, exige de la empresa eléctrica, los más altos estándares de cumplimiento y gestión, toda vez que satisface una necesidad pública. De esta forma, el sistema de multas y sanciones se gradúa según el ilícito contenido, en gravísimas, graves y leves.

4. No obstante lo anterior, al revisar el sistema de multas impuesto que opera en el sector eléctrico, podemos apreciar que en la redacción de los tipos, se han incorporado elementos subjetivos que tienden a relativizar la imposición de las multas, o bien restringen su aplicación. En efecto, se considera infracción gravísima, la entrega de información falseada o bien la omisión de información, pero que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precios. Es decir, en sentido contrario, si la información omitida o falsa no afecta el mercado, la empresa en cuestión no ha de ser sancionada. Lo anterior significa que la sanción es impuesta en base a un resultado, pero no por una actuación reprochable jurídicamente.

5. Por su parte, la afectación de la generalidad de los usuarios o clientes abastecidos por el infractor de forma significativa, también es considerado infracción gravísima. Sin embargo, ¿quién determina qué significa afectación de forma significativa? Por su parte, si la afectación no cumple los criterios subjetivos de significativa, no podría aplicarse la multa por no cumplirse las exigencias del tipo.

6. En este sentido, y considerando lo anteriormente expuesto, el presente proyecto de ley busca suprimir de redacción de aquellos elementos subjetivos que quedan entregados a la discrecionalidad del órgano sancionador.

III. PROYECTO DE LEY

Artículo 1°: Modifíquese el inciso 3° numeral 2 del artículo 15 de la ley 18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles estableciendo su función y ámbito de competencia, de acuerdo al siguiente texto:

Elimínese la frase: “que pueda afectar el normal funcionamiento del mercado o los procesos de regulación de precio”

Artículo 2°: Modifíquese el inciso 3° numeral 3 del artículo 15 de la ley 18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles estableciendo su función y ámbito de competencia, de acuerdo al siguiente texto:

Elimínese la frase: “en forma significativa”

Artículo 3°: Modifíquese el inciso 3° numeral 4 del artículo 15 de la ley 18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles estableciendo su función y ámbito de competencia, de acuerdo al siguiente texto:

Elimínese la frase: “y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora.”

Diputados señores Noman, Álvarez-Salamanca, Carter, Coloma;, Fuenzalida, don Juan; Hernández, Lavín, Rentería, Sanhueza y Urrutia, don Osvaldo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Naranjo; Castro, don Juan Luis; Leiva, y Santana, don Juan; y de la diputada señora Álvarez, doña Jenny, que Establece el día 18 de octubre de cada año, como el Día Nacional de la Dignidad. Boletín N° 13158-24

Considerando,

Chile, desde hace dos meses, vive un proceso histórico de masivas movilizaciones sociales. Marchas pacíficas en las calles, han exigido profundas reformas al sistema político, económico y social, el cual ha sido calificado por la prensa como un “despertar o estallido social”.

Todo empezó un 14 de octubre por la mañana, luego de que el gobierno anunciara unos días antes, el aumento en la tarifa del metro de Santiago. Frente a esto, un grupo significativo de 80 estudiantes del Instituto Nacional, realizó una evasión en el pago del servicio de metro en la Estación de Bellas Artes y en otras 8 estaciones. Posterior a ello, veintidós estaciones fueron vulneradas el 15 de octubre, cincuenta y una estaciones al día siguiente, replicándose el 17 de octubre en noventa y dos estaciones de Metro. Sin duda, jamás se imaginaron estos jóvenes, que esta manifestación de protesta, la evasión, iba a dar pie para que otros chilenos salieran a las calles a visibilizar el descontento social acumulado por años, en todos los grupos etarios y económicos.

Lo evidenciado, fue un sentimiento de insatisfacción e injusticia que la clase política no fue capaz percibir ni canalizar a tiempo, evidenciándose lo mejor y peor de nosotros. Se supeditaron violentas jornadas de enfrentamientos iniciadas el 18 de octubre reciente, con una serie de atentados que provocaron millonarios daños a los bienes de uso público, y de los cuales todos condenamos. A la fecha, se reportan más de 2.500 eventos graves, entre saqueos, incendios y destrucción de la propiedad pública y privada con 148 estaciones de metro dañadas, 245 cuarteles policiales atacados, y la lista suma y sigue.

Lamentablemente, estos hechos de violencia, no justificados, pero fundamentados por el descontento social, sólo produjeron una respuesta violenta por parte del Gobierno, sintiéndose atacado y vulnerado. Sin entender el trasfondo del estallido social, declara Estado de Excepción Constitucional, amparándose en la grave afectación del orden público y seguridad ciudadana. A ello, se sumó un conjunto de medidas que han restringido derechos fundamentales, y que, desafortunadamente, dio lugar a una serie de acontecimientos de abuso de poder por parte de agentes del Estado. Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, son 3.461 personas las lesionadas, de las cuales 357 resultaron con daños oculares y 1986 heridas por disparos. En consecuencia, dicha institución ha iniciado a la fecha, 792 acciones judiciales, entre las que destacan 5 querellas por homicidio, 117 por violencia sexual, 617 por torturas y tratos crueles, entre otras materias.

Sin dejar de lado, deben también considerarse los 4 informes de los Organismos Internacionales que visitaron nuestro país a raíz de todo lo ya referido. Tanto la ONU, Amnistía Internacional, como Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegaron a las mismas conclusiones. Todos señalaron que, desde el 18 de octubre, en Chile se han configurado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos por uso excesivo e injustificado de la fuerza, resultando privaciones de libertad arbitrarias, torturas y malos tratos, además de violaciones sexuales y detenciones ilegales.

No cabe duda para nadie, que este ha sido el movimiento social más grande que ha tenido Chile desde el regreso a la democracia. Hemos visto como nunca antes, un sentimiento de lucha indomable, desbordado en marchas pacíficas, públicas y masivas, desarrolladas a lo largo y ancho del país, donde se han elevado con fuerza las demandas de una sociedad menos desigual que asegure, por ejemplo, una pensión digna, el acceso universal y de calidad tanto en salud como en educación, como así también la regulación tarifaria, hasta el momento abusiva, de los servicios básicos disminuyendo su privatización. En otras palabras, el pueblo ha gritado y exigido el fin del sistema neoliberal, el cual, a los ojos de todos, sólo ha privilegiado y beneficiado a un segmento menor de los chilenos, segregando y excluyendo de ello a la gran masa de compatriotas. La igualdad y dignidad es un derecho que el pueblo hoy está exigiendo y debemos dar. Nadie ha podido quedar indiferente a todo lo ocurrido pues el costo que ha tenido el haber construido una nación desigual claramente ha sido de proporciones, es una lección que no podemos no considerar ni mucho menos no aprender.

Hoy somos partes de un momento histórico, y tenemos un mandato popular claro: el pueblo está exigiendo un cambio radical de las reglas del juego que rigen a nuestra sociedad. Se estima que, en estos dos meses de movilizaciones, 4,5 millones de chilenos son los que han participado en manifestaciones y marchas públicas. Todo esto, ha obligado quizás por primera vez en treinta años, tanto a políticos como a autoridades, a modificar las agendas sociales y construir nuevas en razón de las demandas populares. Frente a tamaña manifestación de los ciudadanos, el pueblo ha sacado la voz y ha recuperado su poder. Hoy, por ejemplo, los ciudadanos activistas nos presionan a impulsar una agenda social que realice modificaciones estructurales en el sistema de pensiones como una necesidad imperiosa de modificar el mecanismo de capitalización individual, ha motivado el cuestionamiento político del ingreso mínimo remuneracional y la necesidad de elevar su monto; entre otras materias estructurales.

En fin, sin duda que este momento pasará a la historia, y por tal es meritorio de reconocimiento, no al Estado, no al Gobierno ni a las autoridades políticas o judiciales, sino que, a las personas, al ciudadano común, al que protesta, al que marcha, al que lucha, porque son ellos los que han impulsado cambios sociales a través de un estallido, descontento que sin duda nos ha obligado a hacer transformaciones que modificarán para siempre esta nación. Chile será otro si seguimos escuchándonos en igualdad de derecho.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados que suscriben, vienen en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: declárese el 18 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Dignidad

Diputados señores Naranjo; Castro, don Juan Luis; Leiva, y Santana, don Juan; y de la diputada señora Álvarez, doña Jenny

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Parra, Hernando y Pérez, doña Joanna; y del diputado señor Saffirio, que inscripciones electorales y Servicio Electoral, para incorporar un procedimiento de desinscripción voluntaria del registro electoral Boletín N° 13159-06

ANTECEDENTES

El 31 de enero del 2012, entró en vigencia la reforma constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y de su inscripción automática en los Registros Electorales. Con esta modificación se cambia expresamente el estatus del voto de obligatorio a voluntario.

Esta reforma fue de carácter constitucional por lo que se requería de un sólido acuerdo político. En ese entonces el problema era el progresivo envejecimiento del padrón electoral, producto de la baja proporción de jóvenes que se inscribían para votar. Así, como la población se incrementaba año a año, la proporción de ciudadanos que participaba de las elecciones comenzó a reducirse drásticamente.

Sin embargo, pasados diez años de ese momento y transcurridas varias elecciones, se observa una caída preocupante en la participación electoral con niveles menores al 50% para las elecciones presidenciales y menores al 40% para las elecciones de alcaldes y concejales.

Un presidente que obtiene más del 50% de los votos, en realidad está representando menos del 30% del total de la ciudadanía. Así, por ejemplo, el Presidente Sebastián Piñera, en las elecciones de 2017 fue votado por 3.7 millones de electores que representaron el 54,6% de los que concurrieron a votar, pero en la realidad aquella cifra representa solo el 26,4% del padrón electoral, generándose así una verdadera ficción en la representación [1]. La Reforma había fracasado.

De esta manera, este Congreso Nacional ha vuelto a la discusión de reponer la obligatoriedad del voto manteniendo un sistema de inscripción automático.

El argumento de la participación debe ser tenido en cuenta y considerado con mayor detalle. El aumento de la participación electoral es lo que la reforma del año 2009 buscaba incentivar ya que se pensó que el sistema de sufragio obligatorio e inscripción voluntaria había llevado a la tendencia de la disminución de la participación en las elecciones.

Así, ante ese escenario, y bajo el argumento de la participación se concluyó en ese entonces que si el voto es voluntario, la inscripción debe ser automática. Sin embargo, dicho esquema no garantiza un flujo de participación electoral como sí lo garantizaría un sistema obligatorio-automático [2].

Y precisamente este sería el esquema con el que debiésemos contar de aprobarse la reposición del voto obligatorio.

Sin embargo, estos esfuerzos deben ser complementados con otorgar la legitima posibilidad a los ciudadanos de manifestar su voluntad de no querer participar en el sistema electoral.

De esta manera, el derecho a voto, si lo comprendemos como un derecho, el elemento voluntariedad se debe reflejar en alguno de las etapas que componen la actividad electoral, es decir, el Estado igualmente debe dar la opción para ejercer esta libertad, y que para el caso de aquellos que elijan ejercerla, sea obligatorio.

Que por todo lo anterior es que se presenta el siguiente proyecto de ley

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Para modificar el párrafo 2º del Título I de la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral en el siguiente sentido:

1) Agréguese en la nomenclatura del párrafo 2º del Título I, la siguiente frase “y la desinscripción”

2) Agréguese un nuevo inciso final en el artículo 7º en el siguiente tenor:

“Asimismo, se contemplará la opción de la desinscripción voluntaria del Registro Electoral. Para ello, podrá efectuarse personalmente ante el Servicio Electoral, en las oficinas que este organismo disponga en el país, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por el Servicio Electoral, donde declarará bajo juramento su voluntad de desinscribirse del padrón electoral, como también podrá efectuarse en su sitio web, mediante ClaveÚnica del Servicio de Registro Civil e Identificación. Los ciudadanos residentes en el extranjero podrán presentar la solicitud a través del respectivo consulado"

Diputadas señoras Parra, Hernando y Pérez, doña Joanna; y del diputado señor Saffirio

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sanhueza, Coloma, Gahona, Hernández, Lavín, Morales, Noman, Sabag y Urrutia, don Osvaldo;y de la diputada señora Amar, que Modifica la ley N°20.370, General de Educación, para exigir a todo establecimiento educacional la incorporación de la educación emocional de los estudiantes, para el desarrollo de sus habilidades emocionales. Boletín N° 13160-04

I. IDEAS GENERALES

Cuando hablamos de educar las emociones, pensamos también en un camino que permite educar para la vida, ya que es la educación emocional la que pretende que los sujetos puedan tener conocimiento de sus fenómenos emocionales, conciencia emocional, capacidad de control de las mismas, el aumento de actitudes positivas y proactivas que mejoren la calidad de vida de todos quienes convivimos en una sociedad, en constante movimiento, avance y cambio.

La educación a lo largo de la historia, se ha centrado en el desarrollo cognitivo, dejando a un lado lo que refiere a los aspectos que hacen a la vida afectiva. Podemos comprender que quizás, tal situación se debe a la carencia de un marco teórico-práctico para implementar medidas acorde con el desarrollo de la dimensión socioemocional de la persona. A la vez reconocemos que es necesario buscar el desarrollo de la personalidad de todos, desde un enfoque integral, cuestión que demanda poner en valor la dimensión emocional.

Lo afectivo y lo cognitivo no son elementos disociados, enfrentados y contrapuestos de nuestra realidad humana. Por el contrario, ambos tipos de procesos se apoyan entre sí para facilitarnos la adaptación, como seres vivos protagonistas de nuestra propia cultura, de manera más eficaz a las demandas del entorno. Lo anterior toma especial relevancia si consideramos que en Chile, la prevalencia total para trastorno psiquiátrico con discapacidad psicosocial en niños y adolescentes es de 22,5%.

II. CONSIDERANDO:

1. La educación emocional ha sido definida por Daniel Goleman como "La habilidad de percibir, valorar y expresar las emociones de forma precisa, la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando éstos contribuyen al pensamiento, la habilidad de entender la emoción y el saber emocional y la habilidad de regular las emociones para fomentar el crecimiento emocional e intelectual."

2. Atender a las necesidades sociales y emocionales es de vital importancia, especialmente al interior de los establecimientos educacionales del país. Los estudiantes deben sentirse bien consigo mismos para poder aprender. Si queremos que se arriesguen intelectualmente tenemos que ayudarles a sentirse seguros en la escuela y en el hogar. Cuanto más nos dirijamos a sus necesidades emocionales, menos problemas disciplinarios tendremos.

3. El principal objetivo es prevenir aquellos problemas que conforman la realidad escolar hoy, como son: maltrato escolar, violencia escolar, embarazo adolescente, bullying, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, es decir, estos conflictos sociales en su génesis se los puede relacionar con el mal manejo o incapacidad de control de las emociones.

4. De esta forma, los programas escolares deben centrarse en cinco grupos de competencias sociales y emocionales: (i) Autoconciencia; (ii) Autogestión; (iii) Conciencia social; (iv) Habilidades de relación; (v) Toma de decisiones responsables.

Dichas habilidades deben necesariamente ser fomentadas en el entorno escolar, como una instrucción explícita que puede proporcionarse de manera sistemática en el aula, permitiendo a los niños involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje y tener el tiempo suficiente para practicar, reflexionar y reforzar sus competencias.

5. El objetivo final es que con la práctica lleguen a incorporar estas formas de tratar y manejar las emociones a su vida cotidiana, aprendiendo a reconocer y comprender los sentimientos de los otros alumnos o profesores, empatizando con las emociones de los demás compañeros de clase, regulando su propio estrés y/o malestar, optando por resolver y hacer frente a los problemas sin recurrir a la violencia. En definitiva, enseñando a los alumnos a prevenir comportamientos violentos, desajustados emocionalmente, tanto fuera como dentro del aula. En esta línea es donde creemos que la inteligencia emocional aporta los cimientos para el desarrollo de otras competencias más elaboradas.

6. En esta misma linea se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo artículo 29 dispone: “Los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos étnicos, nacionales y religiosos.

7. La educación emocional y el fomento de la inteligencia emocional, es sin duda, una valiosa ayuda para encarar con mayores posibilidades de éxito los retos a que se enfrenta el sistema educativo.

8. El alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño, de forma que el entorno escolar se configura como un espacio privilegiado de socialización emocional y el profesor/tutor se convierte en su referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El docente, lo quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un uso consciente de estas habilidades en su trabajo.

9. Por otro lado, tampoco podemos dejar toda la responsabilidad del desarrollo socio-afectivo del alumno en manos de los docentes, especialmente cuando la familia es un modelo emocional básico y conforma el primer espacio de socialización y educación emocional del niño. Por esta razón, padres y profesores deben complementarse en estas tareas y, de forma conjunta, proporcionar oportunidades para mejorar el perfil emocional del alumno. En este sentido, el presente proyecto de ley tiene por objeto introducir la obligación para los establecimientos educacionales de contar con un plan de educación emocional que alcance a todos los integrantes de la comunidad escolar y que permita desarrollar en el estudiante las habilidades emocionales.

III. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Agréguese un nuevo artículo 15 bis dentro de la ley 20.370 general de educación, de acuerdo al siguiente texto:

“Los establecimientos educacionales deberán desarrollar en sus alumnos, las competencias propias de la educación emocional, entendiendo esta como una dimensión del ser humano prioritaria a cultivarse en los espacios educativos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, los establecimientos educacionales deberán gestionar un plan de educación emocional, que alcance a toda la comunidad escolar, cuya implementación estará a cargo del departamento de orientación, y que permita el desarrollo de las habilidades emocionales en los estudiantes.”

Diputados señores Sanhueza, Coloma, Gahona, Hernández, Lavín, Morales, Noman, Sabag y Urrutia, don Osvaldo;y de la diputada señora Amar

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales, Jackson y Mirosevic, que "Concede la nacionalidad por gracia, de forma póstuma, al ciudadano estadounidense Douglas Tompkins". Boletín N° 13162-06.

Moción Parlamentaria

Diputados señores Bernales, Jackson y Mirosevic

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi Rojas y Vallejo; y de los diputados señores González, don Rodrigo; Mellado, don Cosme; Santana, don Juan, y Winter, que Modifica las leyes del ámbito de la educación que indica, en materia de evaluaciones, indicadores de calidad, estándares de aprendizaje, planes y programas de estudio, y otras materias Boletín N° 13161-04

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme los fundamentos que se reproducen a continuación vengo en presentar la siguiente moción.

CONSIDERANDOS:

A. INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones [1] [2], y numerosos testimonios y opiniones de organizaciones de la sociedad civil, que han comparecido en el marco de las audiencias públicas de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, han evidenciado que nuestro sistema escolar no está dando los resultados esperados. [3]

Tenemos un sistema educacional, que tiene el siguiente mandato legal en el artículo 3º , del D.F.L. N° 2, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1, de 2005: “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios:(…) ñ) Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber. A pesar de lo señalado anteriormente, el Estado no cumple con su obligación de entregar educación integral y asegurar la equidad, debido a que tenemos un sistema que excluye y estigmatiza, y que no contribuye a la mejora de todos los establecimientos El propio estancamiento de los resultados asociados a las evaluaciones SIMCE [4], no hace sino confirmar este fracaso.

Nuestro sistema escolar, basado en los principios de la competencia entre establecimientos y la selección de alumnos como los “aseguradores de la calidad del sistema”, en el SIMCE o pruebas estandarizadas como los “verificadores” de esta calidad, han convertido al sistema escolar chileno en una máquina de entrenamiento para obtener resultados en una carrera por demostrar que supuestamente la excelencia se alcanza cuando se consiguen los mejores puntajes.

Las consecuencias de la aplicación de esta lógica son entre otras: uno de los sistemas escolares más segregado del mundo, niños y adultos no entienden lo que leen, la reducción de los aprendizajes, la jibarización de la educación, problemas a nivel de la convivencia escolar, patologización y medicación de los estudiantes, producto de la presión puesta sobre las escuelas para mejorar el rendimiento [5].

Un claro ejemplo de esto, son los liceos bicentenario, donde un sólo establecimiento “emblemático”, selectivo, para los “mejores y superiores, los que rinden”, concentrará toda la atención, la priorización de los recursos, versus el resto, que solo obtiene lo que sobra, quienes que no pueden acceder al espacio de los “superiores”, y que quedarán en el más absoluto abandono y que son, precisamente, los establecimientos con mayor concentración de estudiantes socialmente y económicamente más desaventajados. Juan Casassus ya señalaba en el año 2010 [6] que: “Uno de los aspectos menos auspiciosos de la opción tecno/burocrática por la que han optado las autoridades chilenas, es el hecho de que se basa en el supuesto de la presión ejercida a partir de mediciones de resultados y su vinculación con los estándares van a que las profesoras y profesores enseñen mejor. Basta con ver los resultados de las políticas que han sido implementadas en Chile que se basan consciente o inconscientemente en este supuesto. Este supuesto sugiere que los profesores y alumnos podrían hacerlo mejor, pero por alguna razón, no quieren hacerlo. Consecuentemente para que los puntajes mejoren, los profesores y alumnos deben ser chantajeados o amenazados con sanciones. En el corazón de la propuesta hay una amenaza de castigo (…). La Simplificación de los procesos educativos y la abstracción de las condiciones en la cuales ello ocurre, lleva una lectura inadecuada de la realidad. Este supuesto asume que los profesores y alumnos de colegios en sectores pobres no quieren enseñar y aprender, mientras que los de los sectores afortunados si quieren enseñar y aprender (…)”.

El propio proceso participativo implementado recientemente por el MINEDUC (consulta en línea, diálogos temáticos, consejo consultivo exigido por la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública para la elaboración de la Estrategia Nacional [7]), muestra a familias y estudiantes ávidos de una formación integral, que les ofrezca aprendizajes variados, significativos, pertinentes para su vida y su contexto, y en consideración de su diversidad. Asimismo, muestra la necesidad de una docencia innovadora, creativa, que salga de los escenarios habituales que se centre en el juego y la experimentación, pero que se ve constantemente tensionada por las lógicas de estandarización y sus altas consecuencias, así como por un currículum sobrecargado, centrado en la cobertura (Caro y Aguilar, 2018), que impide a los establecimientos diversificar su oferta y hacerla pertinente a sus comunidades y territorios.

Es necesario, así, transitar desde un sistema que está generando exclusión y fracaso escolar, hacia uno centrado en las necesidades de niñas, niños y jóvenes, su trayectoria y que contemple una recuperación del sentido en los proyectos educativos de las comunidades escolares.

Para ello, se requiere poner el foco en un punto fundamental: Educación Emocional. La base del sistema no puede seguir manteniendo lógicas anacrónicas, los estudiantes han cambiado, sus familias, sus entornos y sus formas de evaluación también. El eje debe girar hacia un sistema integral, que permita a los estudiantes proyectarse en el ámbito espiritual, ético, moral, cognitivo, afectivo, artístico, físico y psíquico. La apertura hacia un mejor entendimiento solo será cuando el ser humano pueda desarrollarse en todos sus aspectos, deconstruyéndose el paradigma actual y avanzando a las formas y miradas más profundas de la educación.

B. ANTECENTES

a. Normativa nacional

1. La ley Nº 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, (en adelante Ley SAC), como señala su título, crea un sistema que orgánicamente está integrado por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Este cuerpo normativo se encarga de definir las finalidades del sistema, la estructura de los nuevos organismos, sus funciones, además de cómo deben relacionarse entre todos ellos y, cuestión no menor, introduce diversas modificaciones a la ley Nº 20.248 que establece la ley de subvención escolar preferencial, alineándola con esta normativa.

2. La ley en comento incorpora en su artículo 1º, inciso 3º, una interesante definición de lo que debemos entender por educación (reproduciendo lo que expresa la Ley General de Educación (en adelante LGE)):

“Se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.”

Esto viene a manifestar el modelo integral que debe tener todo aprendizaje; no es solamente una recopilación de datos y su repetición, sino que además ello debe ser integrado con otras habilidades y emocionalidades de los menores.

3. Sin embargo, la Ley General de Educación, como norma rectora, fija en el artículo 7, inciso tercero, lo siguiente: “La evaluación de los alumnos deberá incluir indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes.” Es decir, prioriza criterios que no permiten atender las otras dimensiones (necesidades de los alumnos) y que no pueden ser evaluadas, “medidas” mediante indicadores numéricos, y que claramente requieren procesos evaluativos diferentes a los utilizados.

4. Este inciso es una muestra evidente de la estructura de nuestro sistema, el mismo artículo no menciona evaluaciones de ningún otro tipo, obvía el sentido de la educación integral y lo subsume, a pesar de que los artículos 29 y 30 de la LGE, mencionan explícitamente que, dentro de los objetivos generales de la educación básica y media, se considera esencial el desarrollo en los ámbitos de la moral, lo espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a la edad, y desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos.

5. La ley es armónica en cuanto a la declaración de objetivos, pero se contradice brutalmente en la implementación. La realidad actual indica que la formación integral no existe en la educación pública, menos aun cuando el sistema se construye bajo el concepto de “accountability” [8] de mercado, que se traduce en la medición de resultados, vale decir, la educación se ha transformado en un cálculo aritmético.

6. Por su lado, Juan Cassasus indica: “en una escuela, el tema es otro, se trata de desarrollar la persona a partir de lo que trae, se trabaja un potencial, no una meta. Esto es algo que algunos enfoques de gestión educativa han pasado de alto, debido a la concentración de los profesores en aprobar de la mejor manera posible el SIMCE. Hay lugares donde a las escuelas se les pide establecer metas anuales, y luego son evaluadas en cuanto al logro de esas metas. Pero si aceptamos y tomamos en cuenta que una característica central de lo que es una escuela debería ser su alta conectividad con la realidad e imagen de la sociedad en la cual se encuentra, por definición, la escuela debería ser una entidad de adaptación y cambio constante. En esta perspectiva, hoy podemos definir a una escuela como una comunidad de aprendizaje. De manera más precisa, podemos decir que una escuela es un sistema de interacciones cuya finalidad es que los alumnos y alumnas aprendan las competencias requeridas para tener una vida equilibrada y prospera en su comunidad y que en consecuencia, se organiza en torno a esa finalidad, para que el proceso educativo se encuentre orientado al desarrollo de la conciencia emocional y la comprensión emocional.” [9]

b. El SIMCE un instrumento de evaluación que se ha convertido en un fin en la educación

1. El proceso educativo se concentra fundamentalmente en el logro de los estándares de aprendizaje, por ende, en la dimensión de lo cognitivo, dejando de lado las otras dimensiones. A pesar de esto, este desbalance no ha tenido como resultado, un aumento de los aprendizajes. Esto lo expone de manera muy apropiada por la Fundación Educación 2020 analizando los resultados de la prueba SIMCE de 2018 señala que: “Existe un estancamiento alarmante en los resultados de la última década en los aprendizajes, que deben ser una alerta sobre dónde poner realmente el foco de la política pública: en lo que está ocurriendo con la experiencia formativa de los y las estudiantes.” [10] Continua dicha fundación: “salvo algunos progresos más bien aislados, en una década los resultados permanecen estancados, lo que revela que los y las estudiantes no están mejorando sus aprendizajes en las salas de clases.”

2. Conforme a estudio publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) [11], en el SAC, el concepto de desempeño educativo del establecimiento está fuertemente asociado al grado en que los estudiantes alcanzan los estándares de aprendizaje fijados por el Ministerio de Educación. La medición del grado de cumplimiento de estos estándares utiliza como instrumento la prueba nacional estandarizada SIMCE. Si bien toma en cuenta otros aspectos del desempeño del establecimiento en la construcción de un índice único de desempeño, el factor que mayormente se pondera es el antes dicho. Asimismo, cabe mencionar que el indicador único de desempeño se corrige por el nivel socioeconómico de los estudiantes, controlando el impacto del contexto social sobre el desempeño. Por tanto, lo que el indicador mediría, es el “efecto de la escuela” sobre el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje.

3. Siguiendo el mismo artículo, resulta relevante reproducir, las dimensiones sobre las cuales se construye y determina la categoría de desempeño de los establecimientos, estas son cinco:

• Grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje

• Resultados de aprendizaje en pruebas censales estandarizadas.

• Progreso o valor agregado educativo.

• Grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad.

• Nivel socioeconómico de los estudiantes.

4. Es de radical importancia destacar que, cada una de las categorías que se basan en los “Últimos dos o tres resultados en Pruebas SIMCE” se sostienen sobre una interpretación de los resultados por escuela en la que se tiene como supuesto que un alza o disminución en el resultado del SIMCE refleja mejoras o retrocesos en el aprendizaje, lo que técnicamente es imposible de sostener al evaluarse cada año grupos diferentes (efecto cohorte) [12]. No es técnicamente viable afirmar con certeza que una variación de puntaje se deba a razones de aprendizaje y no, por ejemplo, a características del grupo. En este sentido, las consecuencias graves, como el cierre de las escuelas, están sostenidas sobre interpretaciones con un bajo grado de validez, lo que resulta cuestionable en términos éticos.

5. La lógica que predomina en estos instrumentos de evaluación es la selección múltiple, donde se espera que los estudiantes busquen una respuesta correcta predefinida, y donde la forma de aprendizaje que se promueve es más bien mecanicista, por automatización y ejercitación. Lo anterior, se comprueba al leer la investigación de la Pontificia Universidad Católica sobre las valoraciones que le dan los directores escolares al SIMCE: “En un caso se destaca que algunos establecimientos preparan a los niños para el test, lo que genera una mecanización o familiarización con el SIMCE que no necesariamente implica mayores aprendizajes.” [13] Esto va en contra de los principios de la educación que la propia ley declara promover, fomentando una enseñanza y aprendizaje repetitivos, individuales, basados en lógicas de relación pedagógica tradicionales (el docente enseña el contenido “correcto” y el estudiante lo aprende y aplica “correctamente”), lejos de las habilidades del siglo XXI, que apuntan a una docencia creativa, innovadora, crítica, de resolución de problemas, trabajo en equipo y de una formación integral.

6. María Teresa Florez, señala:

“Asimismo, persiste la tensión por la multiplicidad de objetivos del sistema de medición, donde conviven contradictoriamente dinámicas de presión y apoyo a las escuelas, u objetivos de control estatal con los de retroalimentación pedagógica a partir del mismo instrumento. Así, queda la interrogante respecto al cómo se transitará hacia un nuevo modelo evaluativo orientado a la mejora, y el rol que jugarán las comunidades escolares en el mismo.” [14]

Lo anteriormente descrito, se condice con un modelo de rendición de cuentas (accountability), el cual utiliza el SIMCE como una herramienta de castigo hacia las escuelas y sus comunidades educativas, generando un ambiente de política punitiva [15].

7. Como podemos ver, María Teresa Florez, nos demuestra que la prueba estandarizada presenta diversas amenazas a su validez, lo que da cuenta de una baja calidad técnica. Si bien en su elaboración se siguen los procedimientos correspondientes de chequeo de cobertura, análisis psicométrico de los ítems y comparabilidad de las pruebas en el tiempo, ello resulta absolutamente insuficiente desde un concepto actualizado de validez, que incluye aspectos como los propósitos y su cumplimiento, claridad y fundamentación teórica del constructo, interpretaciones de los diversos actores, consecuencias, entre otros. En definitiva, es una mala evaluación para exhibir el conocimiento intelectual que entrega el establecimiento educacional a sus estudiantes.

8. Así se reafirma lo que se ha venido indicando. Los Otros Indicadores de Calidad, que evalúan aspectos vinculados al desarrollo social y personal de los estudiantes, tales como la autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia, participación y formación ciudadana, y hábitos de vida saludable, no tienen la ponderación que ha dichos ámbitos le corresponde, para lograr la realidad de un estudiante integral. El escenario del sistema actual se va deformando de tal manera, que los profesores se ven sometidos a un conflicto de rol permanente, en el cual deben ir en contra de los aprendizajes que les parecen relevantes, y se ven forzados a mejorar en asignaturas específicas, despreocupando las hábiles socio-emocionales, culturales y el clima educativo, produciendo un abandono total a la preparación de los estudiantes para la vida en sociedad, por lo que no se logran preparar estudiantes integrales como se lo propone el sistema educativo chileno en el artículo primero de la ley SAC.

9. Así, el indicador que se lleva la mayor cantidad de porcentaje es la dimensión de grado de cumplimiento de estándares de aprendizaje, alcanzando el 67%, disparándose respecto de los porcentajes de las otras dimensiones.

10. Esta dimensión se mide utilizando como instrumentos las pruebas SIMCE, siendo el indicador asociado la distribución de los estudiantes en tres categorías de aprendizaje: insuficiente, elemental y adecuado. Las otras variables, a saber, resultados promedio SIMCE, progreso en los resultados SIMCE, y los otros indicadores de calidad, ponderan un 33%, en conjunto.

11. Ahora bien, si sumamos solamente los indicadores que se relacionan con la prueba SIMCE, nos encontramos con que el porcentaje total de esta prueba estandarizada para medir el grado de cumplimiento es del 76,6%, mientras que todos los otros índices de calidad suman en total un porcentaje poco relevante de 23,4%. Lo mencionado anteriormente, demuestra la preponderancia de los aspectos cognitivos recogidos prueba SIMCE en nuestro sistema educativo, en contraposición, al resto de indicadores como lo son la autoestima y motivación, clima de convivencia, participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia escolar, retención escolar, equidad de género y titulación técnico profesional.

12. Esto ha provocado que los establecimientos educacionales dirijan todos sus esfuerzos a la obtención de altos resultados en el SIMCE, copando las horas de la Jornada Escolar Completa a contenidos de las asignaturas de lenguaje y matemáticas y ajustando los modelos pedagógicos en función de la prueba, lo que ha generado un aumento de la competencia entre colegios que van en búsqueda de los mejores puntajes, pero no lo solo con el fin de recibir los incentivos estatales que correspondan sino también porque los malos resultados pueden conllevar al cierre de la institución.

Del ordenamiento o clasificación de escuelas y la desigualdad que provoca

1. Evidentemente, el establecimiento que no alcance el mínimo de desempeño será calificado como insuficiente. Aquí extrañamente sucede todo lo contrario a lo que el espíritu y principios de la Ley SAC están destinados. La Agencia de Calidad es vez de apoyar a estos colegios, reestructurarlos y auxiliarlos en la generación de nuevos mecanismos, se aleja completamente. Así el artículo 29 de la Ley SAC, señala que los establecimientos en la categoría de insuficiente deben ser apoyados hasta que el establecimiento supere su condición con una duración máxima de 4 años.

2. Dado que la ordenación de establecimientos se realiza anualmente, podría ocurrir que un establecimiento sea re-categorizado en el plazo de un año. Lo anterior propende a que el diseño de los apoyos que reciben los establecimientos en categoría insuficiente tenga una vigencia anual, lo que atenta con una visión de mediano o largo plazo necesaria para el fortalecimiento de capacidades. Esto es particularmente sensible para los establecimientos en la “frontera” de las categorías insuficiente y medio bajo, puesto que, en el periodo de un año, es difícil que pueda provocarles un cambio el régimen de visitas y apoyos al establecimiento.

3. Asimismo el plazo de tres años consecutivos en la categoría insuficiente, que gatilla una carta certificada a padres y apoderados, donde se les informa acerca de las 30 escuelas cercanas en una mejor categoría de desempeño, atentaría contra el fortalecimiento de capacidades del establecimiento, en la medida que la fuga de alumnos podría implicar una reducción sustantiva de los recursos que dispone el establecimiento, bajo el sistema de financiamiento vía voucher que opera en el Sistema Educativo chileno. Todo ello va en contra de la idea de fortalecer la educación pública.

4. Por último, el plazo de 4 años consecutivos en la categoría de desempeño insuficiente, gatilla la pérdida del reconocimiento oficial del establecimiento de no mediar mejoras significativas en el cumplimiento de los estándares de aprendizaje. Este corto periodo, no es suficiente para poner en marcha el apoyo que entrega el Mineduc mediante la implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo. Esto genera un incentivo perverso al establecimiento, pues enfoca todos sus esfuerzos para cumplir con su tarea, sin proyectarse a largo plazo. Se agrega a ello evidencia reciente de la baja valoración de los docentes hacia el sistema de aseguramiento de la calidad y el rechazo mayoritario tanto de directivos como de jefes técnicos y docentes con respecto a la medida del cierre de colegios, medida que contraviene el propósito central de la Agencia, en función de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, reduciéndose a una función sancionadora, basada en el fracaso del apoyo técnico pedagógico. [16]

5. Así las cosas, cabe mencionar que el instrumento de medición (SIMCE) es utilizado actualmente para realizar un diagnóstico de cómo se está entregando el servicio educativo por una escuela determinada, y a la vez, dicha prueba estandarizada también funciona para entregar herramientas y estrategias de apoyo. Lo anterior, se encuentra en contraposición con la amenaza que provoca el cierre de escuelas, como una característica punitiva de este sistema, es decir, si dichas directrices entregadas por el Ministerio de Educación no son optimizadas de buena manera por el establecimiento la consecuencia inevitable será el cierre del establecimiento. Obviamente, dichos apoyos y/o instrucciones de mejora no son bien recibidas por los actores de la comunidad educativa, quienes ven en esta retroalimentación un análisis sesgado que solo observa en el desempeño del establecimiento educacional a través de una prueba estandarizada que no mide otros factores relevantes. Por consiguiente, solo se evalúa el conocimiento que tienen los estudiantes de materias específicas, situando a todos los estudiantes con los mismos parámetros, por lo que con solo un factor de medición (SIMCE) no se toma en consideración la multiplicidad de circunstancias que pueden existir para los malos resultados, especialmente aquellas que tienen que ver con las condiciones contextuales.

6. Todo lo mencionado anteriormente, genera una gran desigualdad entre establecimientos públicos y privado. Según Iván Ortiz Caceres: “Los resultados académicos de los establecimientos han orientado efectivamente a muchos padres en la elección de uno para sus hijo(a)s, pero principalmente a aquellos que pueden pagar por un servicio educativo mejor. Para el numeroso contingente de padres que no pueden hacerlo, el puntaje SIMCE de los colegios tiene poco sentido ¿Cómo podría asegurarse entonces la legitimidad de este uso? Por otra parte, la información entregada por el sistema ha contribuido a crear una imagen de marca asociada a tres dependencias administrativas, en perjuicio de la educación municipal, lo que ha ocasionado la disminución constante de su matrícula. Puede decirse que éste no era un impacto esperado de la información de los logros educativos, pero es difícil no considerar este impacto como un daño, dada la centralidad de la educación pública para un país” [17].

7. En la misma línea, María Teresa Florez señala que: “Si la publicación de resultados tiende a estigmatizar a los grupos vulnerables, es poco probable que el propósito de mejorar la equidad del sistema se esté alcanzando. Pareciera más bien que el resultado es el opuesto. Ortiz agrega que otro propósito del Simce, esto es, su propósito original de formar la elección de escuelas de los padres, solo ha sido alcanzado para aquellos que pueden pagar para asistir a escuelas con mejores resultados, lo que no contribuye a la equidad del Sistema. De acuerdo con Ortiz, también ha contribuido a el debilitamiento de la imagen de las escuelas públicas al estigmatizarlas, aun cuando la investigación a mostrado que el efecto de la escuela el que influencia los resultados, sino que el capital cultural de los padres.”[18].

c. Datos y efectos Colaterales del SIMCE

1. El 10 de septiembre de 2018 la comunidad “Escuelas para la Justicia Social”, publica una encuesta a directivos, recopilando datos de investigaciones que demuestran que el SIMCE está dañando la enseñanza en Chile, el que señala: [19]

El 79,8% dice que se modifican pruebas para adecuarlas al SIMCE

El 97% de los directivos afirma que se hacen ensayos.

El 78% dice que se realizan clases de reforzamiento para el SIMCE

Y el 30,7% declara que se incrementó las horas de asignaturas medidas.

2. Los resultados sugieren que pese a existir una “declaración de alta valoración” respecto de la utilidad de esta herramienta, los directores no conocen sus objetivos y existen dificultades para identificar las habilidades que mide cada prueba. Se verifica, además, que los establecimientos emprenden numerosas acciones a partir de los resultados del test, siendo algunas de éstas de carácter pedagógico y otras con foco en preparación para el test. Respecto del conocimiento de los indicadores de la propia escuela en el test (puntaje, trayectoria, proporción de estudiantes en niveles de aprendizaje) se observan bajos niveles de conocimiento por parte de los directores. A la vez, se recogen las percepciones de directores respecto del instrumento y su utilidad para la escuela, registrando que dadas las características del test y su implementación se considera que sus resultados tienen un limitado potencial para retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela.[20]

3. Malva Villalon psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y experta en estudios, docencia e investigación en calidad de los entornos educativos y del aprendizaje inicial de la lectura en entrevista a Diario la Hora, el día 29 de marzo de 2017 [21], a propósito de los niños que padecen déficit atencional, recomienda:

“los papás deben pensar en un colegio que el foco no sea la PSU, el Simce o pruebas coeficiente dos; sino que un proyecto que ofrezca actividades extraprogramáticas variadas y atractivas”.

De lo anterior, podemos desprender que los padres deben emprender la titánica tarea de buscar un establecimiento que los acoja y donde el menor pueda desarrollarse plenamente, para que los estudiantes no se formen en colegios en donde la atención del programa sea el éxito académico a través de los sistemas de evaluación estandarizados entregados por el Estado. Esto refleja 2 cosas, en primer lugar estamos frente a un sistema que nuevamente lo único que hace es generar incentivos perversos, enfocando todos los recursos en la conquista por los primeros lugares en los ranking de SIMCE, olvidando a los alumnos que puedan tener necesidades especiales y además demuestra que el sistema tampoco es capaz de incluirlos adecuadamente dentro de la evaluación, pues si fuera lo contrario, los padres de aquellos niños no estarían buscando establecimientos que les permitan desenvolverse con tranquilidad.

4. El estrés en los escolares es otro de los principales efectos del SIMCE, además de depresión, ansiedad e incluso fobia. Los colegios, en la carrera por obtener los mejores resultados someten a sus alumnos a altas exigencias, que pueden llegar a incluso hacer clases los días sábado o eliminando todo tipo de actividad extraprogramática o recreativa propio de los planes curriculares. Sin embargo, no debemos dejar de lado, que parte de este nerviosismo es también llevado por los profesores quienes deben exigir a sus alumnos buscando mejores resultados.

5. Desde las organizaciones ciudadanas, la Campaña Alto al SIMCE, nacida en el año 2013, ha realizado una constante labor por denunciar los efectos del SIMCE en el sistema escolar. Para el año 2014, fueron invitados por el Equipo de Tarea creado por el entonces gobierno, con el fin de presentar propuestas y demandas para el sistema, donde señalaban, entre otras cosas que el SIMCE: i) empobrece el trabajo profesional docente, ii) fomenta la competencia entre escuelas y la elaboración de rankings, iii) promueve malas prácticas de evaluación, iv) genera agobio en las comunidades escolares debido a la presión por los resultados en la prueba. Estos han concluido que el principio de estandarización educativa que subyace al SIMCE tiene claramente un carácter antipedagógico. Recientemente Alto al SIMCE lideró la firma de una carta que fue firmada tanto por académicos del área de la educación, dirigentes, docentes y actores del mundo político, siendo la principal demanda las actuales tensiones que genera la ley SAC, en contraposición con los principios que se promueven para la Nueva Educación Pública. [22]

D. JORNADA ESCOLAR COMPLETA

1. El 02 de agosto de 1995, el Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ingresó a trámite legislativo el proyecto de ley que creó el régimen de jornada escolar completa diurna, buscando con esta reforma educativa que se lograran “las condiciones de infraestructura y de organización que permitan ofrecer, en un plazo máximo de 6 años, una jornada completa (mañana y parte de la tarde), en todos los establecimientos subvencionados del país”.[23]

2. En su contexto histórico, la reforma implicó un aumento significativo de los tiempos pedagógicos y las horas de permanencia de estudiantes y profesores en los establecimientos educacionales, tanto para alternar horas de materias curriculares, como para el desarrollo de actividades complementarias o extracurriculares.

3. Estos cambios requirieron una inversión considerable del Estado para financiar la necesaria construcción de la infraestructura escolar y la contratación de docentes, que el programa Jornada Escolar Completa (en adelante JEC) exigía adoptar, como parte del conjunto de medidas que garantizaran un mejor uso y aprovechamiento del mayor tiempo disponible para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4. Sin embargo, el impacto de la JEC puede ser considerado como moderado en términos de la magnitud del mejoramiento escolar, y como poco efectivo respecto de la cuantiosa inversión realizada en el sistema escolar en su conjunto –implicó, en su contexto inicial, un incremento de 30% del valor de la subvención regular-.[24]

5. En efecto, “es posible que el mayor tiempo de enseñanza de una misma disciplina no conlleve un mejoramiento del desempeño educativo en ésta, puesto que la evidencia comparada da cuenta de rendimientos decrecientes en la asignación de mayor tiempo en los procesos de enseñanza-aprendizaje”.[25] Por lo demás, una revisión de diferentes estudios relativos al tema tienden a concluir en el mismo sentido, por considerar más relevante la calidad sistémica de la enseñanza impartida que la asignación del tiempo dedicado a una asignatura en particular, tal como se analiza en el estudio de María Paz Arzola, quien concluye lo siguiente: ”Para los alumnos que tuvieron JEC durante los cuatro años posteriores al 2005, el impacto fue de alrededor de 1 punto en cada una de sus pruebas SIMCE rendidas en el año 2009, aunque este valor no resultó significativamente distinto de cero. Esto puede traducirse como que, en promedio, un alumno que ha tenido JEC no logra, gracias a este programa, responder una pregunta más de forma correcta en sus pruebas SIMCE”. [26]

6. Coherentemente, un problema en la evaluación de los efectos de la JEC en el sistema escolar se vincula con la restricción de la medición de la calidad de la enseñanza en los modelos estandarizados, lo que ha conllevado a la decisión de los establecimientos de ocupar el aumento de tiempo escolar para sumar horas de matemáticas y de lenguaje, principalmente, en detrimento de otras experiencias educativas. En el currículo chileno predominan las habilidades cognitivas (con énfasis en el pensamiento crítico y de orden superior) y son menos frecuentes las habilidades sociales interpersonales (como el trabajo en equipo y la comunicación asertiva) y claramente escasean las habilidades intrapersonales (como la curiosidad y la apreciación por la diversidad) [27].

7. De hecho, algunos de los objetivos cualitativos por los cuales fue creada la reforma de la JEC (tales como la creación de mejores condiciones para una labor docente de calidad o lograr una adecuada alternancia entre el trabajo intensivo en las aulas, los períodos de recreo y las actividades complementarias) han pasado a segundo plano, pues los colegios han utilizado preferentemente las horas adicionales en repasar materias y/o la preparación de pruebas como el Simce.

8. En octubre de 2018, la Subsecretaría de Educación contestó un oficio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, mediante la cual se solicitó información sobre el destino de las horas que conforman la Jornada Escolar Completa (JEC), especificando cuántas se dedican para refuerzo de las pruebas SIMCE, y cuántas horas se destinan a actividades de innovación pedagógica y complementarias, tales como artísticas o deportivas.

9. En dicha respuesta, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación señaló que “corresponde a cada establecimiento” definir el uso de las horas de libre disposición, “de acuerdo con sus necesidades y proyectos específicos”. Esto queda reflejado en la información recopilada por un estudio del Ministerio desarrollado en 2017, que señala la existencia de “un alto porcentaje de establecimientos que fundamenta la definición de uso de ese tiempo en el Proyecto Educativo Institucional (60%), los intereses de los estudiantes (58%), la misión del establecimiento (53%) y el espíritu de fortalecer la formación integral (50%)”. Pues bien, estas fundamentaciones no permiten determinar si las horas de libre disposición se destinan efectivamente a actividades no-curriculares, en contraste con el porcentaje de establecimientos que señala expresamente “considerar las pruebas estandarizadas (15%) o reducir la carga de tareas para la casa (6%), como fundamento para ocupar estas horas”. [28]

10. En complemento a lo expuesto anteriormente, Zulema Serrano, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile ha explicado que “el SIMCE condiciona el currículum y el trabajo pedagógico de los docentes, ya que tienden a realizar un trabajo que va muy en relación a cómo el estudiante debe rendir este tipo de pruebas”.[29] Pero la crítica general va más allá, porque tanto investigadores como profesionales de la educación coinciden en la necesidad de reflexionar sobre cómo (y para ello se requiere un diálogo entre las comunidades educativas, los expertos en ciencias de la educación y las autoridades) podemos dotar de mayor significado educativo a las horas extras que agregó la JEC, descentralizando y desvinculando la evaluación de la calidad a las mediciones estandarizadas que, en la práctica, someten a docentes y estudiantes a la presión externa de cumplir con el currículum y a la competitividad entre pares, con la finalidad de promover dinámicas que fomenten una educación integral y diversa, de acuerdo a los cambios históricos de la sociedad, junto a las relaciones actuales de la enseñanza y el aprendizaje.

11. Transcurridas más de dos décadas desde la formulación de la JEC, resulta indispensable adecuar su diseño y actualizar los objetivos educativos, considerando las diversas reformas educacionales que se han realizado en el país, al menos, desde 2009 en adelante.

12. De acuerdo a la historia de la ley, la JEC se presentó como “un paso trascendental, dentro del proceso de aseguramiento de la calidad y equidad de la educación (...) un cambio cualitativo fundamental en la educación chilena”.[30] Ahora bien, y como se expuso anteriormente, la evidencia de investigaciones sobre la implementación de la JEC es que los efectos cualitativos en la calidad de la enseñanza no han sido lo suficientemente positivos y hacen imperioso una reformulación de los principios que la inspiraron, para adecuarla a las nuevas exigencias, a los cambios institucionales y, especialmente, a nuevos paradigmas de aprendizajes, como también a las metodologías de enseñanza. Al contrario, la relación de las bases curriculares, los programas de estudios, los objetivos e indicadores con los que se “evalúa la calidad educativa” de los establecimientos fomenta el sometimiento de las escuelas a la estandarización del aprendizaje.

13. La JEC actualmente sólo termina siendo una simple extensión horaria y genera una mayor desafección con el sistema escolar. Y, por lo mismo, se requieren adecuaciones en el sistema educacional, para relacionarse y conectarse emocionalmente con el actual sujeto de aprendizaje, las que no sólo se restringen a lo meramente cognitivo. Consideramos que discutir la orientación de la Jornada Escolar Completa en Chile es imperioso para actualizar los desafíos de la educación en el siglo XXI.

E. EDUCACIÓN EMOCIONAL

1. Concebimos la educación emocional como un proceso educativo orientado al desarrollo de la conciencia y comprensión emocional. [31] Esta se presenta en dos direcciones: hacia la conciencia de la experiencia emocional que le es única a esa persona, y que, por ello, revela el núcleo de su personalidad y de su ser; y hacia la comprensión emocional que es el proceso intersubjetivo mediante el cual una persona se vincula con el campo de la experiencia emocional de otra persona. El logro de la conciencia y comprensión emocional requiere del desarrollo de las competencias de apertura, conocimiento, interpretación, vinculación, regulación, modulación y conexión, por medio de escucha de la experiencia emocional.[32]

2. Amanda Céspedes autora del libro “El estrés en los niños y los adolescentes”, es lapidaria: “En Chile reprobaríamos en educación emocional”, así lo enuncio a mediados del año 2010 en Radio Cooperativa.[33] En su libro señala que los niños actualmente se encuentran sometidos a las adversidades del entorno, incluso llegando a estar más estresados que los adultos. Cabe señalar que, los niños están en proceso de formación, por lo que aún no son capaces de asimilar recursos de resiliencia.

3. Lo anterior, es reafirmado por un estudio que comparó 24 países, evaluando distintas dificultades sociales, conductuales, cognitivas y emocionales de los infantes, en donde el 44% de los niños de Chile mostraba alguna de estas dificultades.[34]

4. En el mismo sentido declara el psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo, quien ha dedicado gran parte de su vida a revolucionar el sistema educativo chileno, señalando: “el mundo vive una crisis profunda y que la educación está al centro del problema, pero atribuyendo este estado al hecho que no tenemos una educación para la conciencia.”[35]

5. Naranjo en sus diversas presentaciones en público ha recalcado la necesidad de partir desde el amor, pareciera ser una mera cursilería, pero no es ajeno que parte del desarrollo integral de un estudiante es poder encontrarse con sí mismo y con su entorno. Por lo tanto, es imposible que un sistema de evaluación de la educación no considere en sus aspectos más fundamentales mirar, fomentar y dar un giro en lo que lo que hoy en día se entrega en nuestras aulas. También, el MINEDUC, en 2008, realizo una encuesta en relación a la experiencia emocional de los niños cuando asisten al colegio, se encuestó 225.027 estudiantes de segundo medio, la pregunta tenía relación a como se sentían al ir al colegio. Los resultados señalaban que el 40% se sentía “triste, deprimido o bajoneado” algunas veces, y el 11% señalo que siempre se sentía “triste, deprimido o bajoneado”. En un estudio realizado por Felipe Lecannelier, doctor en Sicología Infantil, en diferentes regiones del país se encontró que el 40% de los estudiantes sentía miedo al asistir al colegio. Lo interesante de la encuesta era que la causa no era el bullying escolar, sino más bien el miedo a sentirse presionados por los profesores a nivel académico. [36]

6. Ahora bien, Lecannelier, constantemente en sus presentaciones ha señalado que una genuina educación de calidad solo es alcanzable, cuando se está libre de estrés y bajo un contexto de aprendizaje seguro. Señala que: “Un proceso vital en el desarrollo infantil temprano, pero poco considerado en la educación, es el fomento de un apego sano entre educadoras y alumnos. Esta necesidad del niño de buscar cercanía, protección y seguridad en momentos de malestar es la base que organiza su desarrollo y la respuesta del adulto en esos momentos, va a determinar el nivel de seguridad que va a sentir el niño, primero con los adultos que lo cuidan, pero después con el mundo. El apego no sólo funciona como motor del desarrollo emocional e intelectual, sino que constituye además la base del desarrollo cerebral. Según cómo los adultos cuiden al niño, es que se irá esculpiendo su estructura y organización cerebral.”[37]

7. Frente a ello, es evidente la necesidad de dar un lugar privilegiado a la educación emocional en la formación de las futuras generaciones, incluyendo la instrucción docente. Sobre todo, plantear desarrollar una educación emocional desde los niveles más básicos, posibilitaría cambios significativos en las prácticas pedagógicas, permitiendo alcanzar mejores logros académicos y corregir los niveles de convivencia escolar, debido a que la educación emocional es la base de todas las otras dimensiones de aprendizajes, contenidas en la Ley, como lo son el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.

F. DERECHO COMPARADO

1. El distrito de California, en Estado Unidos, ha implementado en sus escuelas un modelo de evaluación de calidad considerando la dimensión socioemocional, cultural y de clima educativo que ponderan en su totalidad un 40% mientras que el logro del aprendizaje un 60%. La evidencia ha demostrado que mientras mejores resultados se tienen en el primer porcentaje, mejores son los resultados en los logros de aprendizaje, existiendo una correlación entre ambos factores, en cambio, mientras peores son los índices de clima educativo y comportamiento, peores son los resultados en los logros de aprendizaje (West, 2018). [38]

2. A su vez, el modelo Uruguayo, también pone énfasis en las habilidades socio-emocionales, en el desempeño de los estudiantes en lenguaje y matemáticas, en la convivencia y la participación, en oportunidades de aprendizaje, el contexto familiar y el entorno escolar. Este sistema no premia ni sanciona a los establecimientos educacionales por sus resultados, pues evalúa como un todo, alejándose de la instaurada lógica de accountability, es decir se monitorea con la finalidad de informar sobre como instalar y reformar las políticas educativas y así garantizar el acceso de los estudiantes a una educación de calidad. [39]

3. Finalmente, el modelo Danés desecha todo tipo de rol autoritario, enfocándose en las características personales de los profesores, permitiendo la cercanía entre el profesor y el estudiante. A partir de esta nueva concepción se empieza a introducir una perspectiva relacional, centrándose en la cercanía que debe existir entre el adulto y el niño como base para el desarrollo social y el aprendizaje emocional, lo que es un antecedente previo indispensable para el logro académico. Esta revolución de enfoques cambio el paradigma de los colegios de formación de docentes, tanto para preescolares como para maestros escolares y universitarios.[40]

4. Lo anterior es de gran relevancia, porque tal como el Modelo Danés, la Unión Europea en su conjunto está implementando la educación emocional como requisito previo, y un fin en sí mismo, para formar estudiantes que tengan habilidades “blandas” para desenvolverse en sociedad y tengan una inteligencia emocional dentro de la sociedad.

5. Asimismo, uno de los motivos de interés para observar el modelo Danés, es que la Agencia de Calidad de Educación se pone en contacto con los establecimientos y el municipio para iniciar un diálogo sobre los procesos que ya se efectuaron y ofrece soluciones potenciales a los problemas que son continuos. Ahora bien, si el municipio no cumple el plan de acción acordado, ahí se considera un acto ilegal, por parte del municipio, por lo que se le imponen multas y penalizaciones hasta se cumpla con el plan de acción acordado.

6. Lo anterior, nos demuestra que la legislación comparada entiende la importancia de tener un sistema educativo que forme estudiantes integrales, y no solo se preocupe del ámbito intelectual. Es menester preocuparse de la educación emocional de los estudiantes, la cual resulta necesaria como factor que propicia una mayor motivación, por parte del estudiante, hacia el aprendizaje.

G. NORMATIVA INTERNACIONAL

1. La Constitución Política de la República es clara en señalar en su artículo 5 inciso segundo: “que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, así como por los tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

2. El ordenamiento jurídico vigente, no transforma los tratados internacionales en leyes nacionales, sino que las incorpora automáticamente, en consecuencia, sus efectos deben ser cumplidos y respetados en igualdad de condiciones. Atendida la precisión anterior, existe normativa internacional importante a tener en consideración:

3. “El derecho humano a la educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” (Art. 26 Declaración Universal de los Derechos Humanos)”

4. Incluso, la Convención sobre los Derechos del Niño –en sus artículos 28 y 29- establece que la educación es un derecho que debe ser garantizado con igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna y con respeto a la dignidad de cada niño. Adicionalmente, la Convención prescribe que esta educación debe ser de calidad, desarrollando al máximo las potencialidades de cada niño, su personalidad, aptitudes y capacidades intelectuales y físicas, y preparándole para integrarse satisfactoriamente a la sociedad. Aunque en Chile el debate sobre lo que es una buena escuela se ha ido reduciendo al logro de puntajes en el SIMCE, para UNICEF una educación de calidad incluye el desarrollo de “habilidades sociales” y la “adquisición de una ciudadanía orientada a la integración social”.

5. Todo lo anteriormente mencionado, manifiesta las obligaciones a la que nuestro país se encuentra obligado, pero que sin embargo, incumple arbitrariamente, puesto que el Ministerio de Educación no está cumpliendo la ley, menos aún la normativa internacional, debido a que el sistema de aprendizaje mecanizado no permite desarrollar los objetivos generales descritos en el párrafo anterior, cuya mirada condice con la formación de un estudiante integral, que tenga un desarrollo permanente en las distintas etapas de su vida, y que, logre alcanzar un desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, para así cumplir con la finalidad de la Educación, tal como se menciona en el inciso tercero del artículo 1° de la ley Nº 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización.

IDEA MATRIZ

El objetivo de este proyecto de Ley es recuperar el sentido transformador de la educación, y provocar un verdadero desarrollo humano en las personas, apuntando al aprendizaje profundo y amplio de los estudiantes, a una pedagogía innovadora, y no solo a la obtención de resultados en pruebas estandarizadas por medio de trabajo de entrenamiento mecánico y repetitivo. Ello también implica recuperar la confianza por sobre el principio de control y la idea de accountability profesional por sobre la de mercado.

El proyecto pone el énfasis en la educación emocional para el logro de este objetivo. La educación emocional es una de las dimensiones más importantes y es la base de todos los demás aprendizajes, y así alcanzar una verdadera formación integral de los estudiantes y eliminar sanciones e incentivos perversos a los establecimientos educacionales y distinguir entre las responsabilidades según dependencia.

Para la consecución de estos objetivos es necesario equilibrar los indicadores que se evalúan y darle una mayor preponderancia a los indicadores de calidad integral de modo que satisfagan los objetivos declarados en la Ley General de Educación y en la Ley SAC.

Respecto de la modificación a la Jornada Escolar Completa, la prioridad consiste en la creación de una Estrategia Nacional para la Jornada Escolar Completa, que cumpla con principios orientadores, considerando una adecuada participación de todos los estamentos de las comunidades educativas, para que de forma descentralizada puedan evaluar sus necesidades y capacidades educativas. Así, las comunidades escolares determinen en concreto el uso de las horas de libre disposición, sin que puedan destinarse a la preparación de pruebas estandarizadas como el SIMCE. Finalmente, se propone disminuir la ponderación del SIMCE para la calificación de las escuelas, en función a incorporar una variable de calidad referida al uso de las horas de libre disposición.

Por último, los cuerpos legales que se modifican en función de esta idea matriz son la Ley N° 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, y Media y su fiscalización, La Ley que versa sobre la Jornada Escolar Completa N° 19.532 y la Ley General de Educación N° 20.370.

Sobre la base de estos antecedentes es que se propone el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N°2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005:

I. Reemplázase el inciso primero del artículo 2° por el siguiente: “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, emocional, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Será deber del Estado propender a asegurar una educación emocional en sus distintos niveles afectivos para que en los contextos formativos y procedimentales de enseñanza, construidos a partir de una docencia creativa, innovadora y autónoma, sea con una preponderancia en la dimensión emocional y afectiva, los cuales deben ser la base del sistema.”

II. Agrégase en artículo tercero unas nuevas letras o), p) y q) del siguiente tenor:

o) Principio de calidad integral: El Sistema se orientará hacia la provisión de una educación de calidad que permita a los estudiantes acceder a oportunidades de aprendizaje para un desarrollo integral, llevar adelante sus proyectos de vida y participar activamente en el desarrollo social, político, cultural y económico del país. Para ello, el Sistema promoverá el desarrollo de los estudiantes en sus distintas dimensiones, incluyendo la espiritual, ética, moral, cognitiva, afectiva, artística y el desarrollo físico, entre otras, así como las condiciones para implementar y evaluar el cumplimiento del currículum, y las necesidades y adaptaciones que la comunidad educativa convenga, en lo pertinente.

p) Principio de la educación emocional: El Sistema de Educación velará para que en los contextos formativos y procedimentales de enseñanza, construidos a partir de una docencia creativa, innovadora y autónoma sea con preponderancia de la afectividad y la emocionalidad, promoviendo el desarrollo del estudiante en las dimensiones ética, espiritual, moral, cognitiva, afectiva, artística, socioemocional y el desarrollo físico, entre otras.

q) El principio de proporcionalidad y equilibrio curricular: La oferta formativa de la JEC propenderá a que las actividades curriculares impartidas por los establecimientos, y que deban elegir los estudiantes, respondan al requisito de cobertura de las diversas áreas que supone una formación multidimensional e integral. Esto supone, por lo tanto, que cada estudiante deba optar por una gama de alternativas proporcional y equilibrada de horas de las distintas áreas ofrecidas a lo largo de los distintos niveles de enseñanza, garantizando así el foco prioritario de la formal integral en sus diversas dimensiones, propiciada por la JEC.

III. Agrégase un inciso final al artículo 31 del siguiente tenor:

“Con todo, queda prohibido el uso de las horas a las que hace referencia el inciso anterior para la preparación de pruebas censales o muestrales a las que se refiere la ley 20.529”.

IV. Agrégase el siguiente artículo 31 bis nuevo del siguiente tenor:

“Los planes y programas de estudios destinados a implementarse en las horas de libre disposición podrán incorporar mecanismos que permitan desarrollar la educación emocional a través de estos. Para estos efectos se podrá considerar con la participación de toda la Comunidad Escolar en la formación de dichos mecanismos.”

V. Agrégase el siguiente artículo 31 ter nuevo del siguiente tenor: “Se creará una Estrategia Nacional para dotar a la Jornada Escolar Completa de los elementos y mecanismos necesarios para implementar la educación emocional en las bases curriculares. Así mismo podrá considerar para su elaboración un enfoque democrático y participativo que involucre a toda la Comunidad Escolar. Cuando se cree dicha estrategia se deberá tener en consideración el aumento de horas no-lectivas docentes y promoción de la innovación pedagógica, la Diversificación de la Jornada Educativa en los establecimientos educacionales, el Fomento del trabajo y aprendizaje colaborativo, la Educación y promoción del respeto, convivencia, cultura democrática en toda la comunidad educativa, promover la participación estudiantil en la toma de decisiones respecto a la distribución de la jornada escolar, en conjunto con el cuerpo docente y directivo, promover la educación emocional dentro de las horas de libre disposición y que dichas horas de libre disposición puedan desarrollarse tanto en la jornada de la mañana como jornada de la tarde.”

VI. Reemplázase en el artículo 38, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización:

I. Modifícase el artículo 1 de la siguiente manera:

1. Intercalase en el inciso primero entre la frase: “Es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad” y la frase: “en sus distintos niveles” la siguiente palabra: “integral”.

2. Agrégase en el inciso segundo después de la frase “entendida como que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad” y antes del punto final, la siguiente palabra: “integral”.

II. Modifícase el artículo 2 de la siguiente manera:

1. Intercalase en el inciso primero entre la frase: “, para lograr la mejora continua de los aprendizajes de los alumnos,” y la frase: “fomentando las capacidades de los establecimientos y sus cuerpos directivos, la siguiente frase:” de acuerdo al principio de Educación Integral establecido en el artículo 3°, letra ñ), del Decreto con Fuerza de Ley N°2, del 2010, del Ministerio de Educación, , y al principio de Calidad Integral establecido en el artículo 5°, letra a) de la Ley N° 21.040, con el objetivo de fomentar”

2. Reemplázase el inciso segundo actual por el siguiente: “El Sistema comprenderá, entre otros escenarios, actividades e instrumentos de evaluación diversos, procesos de autoevaluación, procesos de evaluación que permitan dar cuenta de los avances y mejoras de los estudiantes en su desarrollo integral y socioemocional, entrevistas, evaluación externa, inspección, pruebas externas de carácter muestral o censal, apoyo técnico pedagógico y retroalimentación en la elaboración e implementación de planes de mejora educativa a nivel de establecimientos que permitan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades”.

3. Eliminase el inciso final.

III. Modifícase el artículo 3 de la siguiente manera:

1. Reemplázase en la letra a) la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

2. Agrégase en la letra a) el siguiente párrafo nuevo:

“Las evaluaciones de los estándares de aprendizaje se aplicarán con el fin de monitorear y verificar la adquisición de habilidades y conocimientos, mediante diversos escenarios, actividades e instrumentos de evaluación, en los procesos de mejora del desarrollo integral de educación de los estudiantes.”

1. Reemplázase en la letra c) la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

2. Agrégase en la letra c) el siguiente párrafo nuevo:

“Dichas políticas, mecanismos e instrumentos que busquen apoyar a los integrantes de la comunidad educativa deberán ser transparentes y conocidas por los actores de la comunidad educativa.”

3. Reemplázase en la letra e) la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

4. Reemplázase en la letra f) la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

5. Intercalase en la letra h) entre la frase “Evaluaciones de impacto de” y la frase “política y programas educativos” la palabra planes.

6. Agrégase en la letra h) los siguientes párrafos nuevos:

“Estas evaluaciones deberán tener en consideración los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación y el principio de calidad integral que prima en la Ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización y en el artículo 5 de la Ley N° 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, contemplando tanto la evidencia cuantitativa, como cualitativa, e incluyendo la participación de los actores de las comunidades escolares, con respecto a los aprendizajes en las dimensiones cognitiva, actitudinal, procedimental, física, artística, ciudadana y emocional que se espera de la educación.

Estas evaluaciones deberán tener en consideración la calidad de la propia política y su diseño.

Las Evaluaciones del impacto de los planes, políticas y programas educativos deberán ser periódicas, al menos una vez al año, con el fin de favorecer la responsabilidad y la toma de decisiones informada, por parte de las autoridades del sistema, en relación con las políticas que ellas han desarrollado.

Estas evaluaciones están orientadas a dar cuenta al sistema educacional acerca de las decisiones tomadas por las autoridades y sus efectos, con el fin de realizar modificaciones que resulten pertinentes si los efectos o impactos son negativos o no producen una mejora continua en la calidad integral del establecimiento educacional.“

7. Reemplázase en la letra i) la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

8. Agregase en la letra i) despues del punto final que pasa a ser punto seguido el siguiente párrafo: Los resultados de las evaluaciones de los planes, políticas y programas educativos, que tienen como propósito central evaluar el diseño y pertinencia de políticas desde su grado y tipo de efectos en la práctica, deben ser transparentes y quedar públicamente disponibles en las plataformas de los organismos que pertenecen al sistema, y además, deberán incluir compromisos de modificación o mejora de programas y políticas por parte de estos organismos, en base a sus hallazgos.

9. Reemplázase la letra j) por la siguiente: “Sistemas de rendiciones de cuenta y reconocimientos.”

IV. Reemplázase en el inciso primero del artículo 4, el punto aparte por una coma (,) y agrégase la siguiente frase: “la que siempre irá en concordancia con los principios de calidad integral de los estudiantes y de equidad del sistema educacional.”

V. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 4, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

VI. Reemplázase en el inciso primero y segundo del artículo 7, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

VII. Modifícase el artículo 8 de la siguiente manera:

1. Reemplázase en el inciso primero el punto aparte por una coma (,) y agrégase la siguiente frase: “la que siempre irá en concordancia con los principios de calidad integral de los estudiantes y de equidad del sistema educacional.”

2. Intercalase en el inciso tercero entre la frase: “y en el que se explicitaran las acciones a desarrollar y los objetivos y metas generales y anuales que se pretenden alcanzar.” y la frase: “Asimismo, el plan estipulará los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.” la frase: “Además, el Plan deberá contener políticas y programas educativos específicos pertinentes que se recomienden para la mejora continua de la calidad integral. En el mismo sentido, el Plan deberá contener una evaluación sobre el impacto de políticas y programas educativos del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en consideración a las acciones, los objetivos y metas generales y anuales que se pretenden alcanzar. De detectarse deficiencias, consecuencias negativas, o un estancamiento en la mejora continua, de acuerdo a los principios rectores que garantizan una educación de calidad integral de los establecimientos educacionales, corresponderá apreciar otras políticas y programas educativos para ser aplicados.”

3. Agregase al final del párrafo luego del punto final que pasa a ser punto seguido la siguiente frase: “El Plan de Aseguramiento de la Calidad de la educación siempre irá en concordancia con el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, los principios establecidos en el artículo 5° de la ley N° 21.040, que Crea el Sistema de Educación Pública, y los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación.”

VIII. Modifícase el artículo 10 de la siguiente manera:

1. Intercalase en el artículo 10 en el inciso primero ente la palabra: “calidad” y entre la palabra “y”, la siguiente palabra: “integral”.

2. Reemplázase en la letra a), la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

3. Agregase en la letra a) después de la frase: “por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos” y reemplazando el punto seguido por una coma, lo siguiente: “entre otros instrumentos y procedimiento de evaluación que podrán ser utilizados.”

4. Agrégase en la letra a) el siguiente párrafo: “Todo sistema de evaluación implementado considerará los principios de calidad y educación integral, así como en los contextos formativos y procedimentales, construidos a partir de la implementación de una docencia creativa, innovadora y autónoma en función de la calidad integral de la educación.”

5. Reemplázase en la letra b) el punto final por una coma (,) y agrégase la siguiente frase: considerando los principios de calidad y educación integral.

6. Reemplázase en la letra c), la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

7. Intercalase en la letra c) entre la frase “entre otras, de identificar,” y la frase “necesidades de apoyo” la frase: “considerando los contextos, territoriales, locales y particulares del o los establecimientos educacionales.””.

8. Eliminase en la letra c) la frase: “cuando corresponda”.

IX. Modifícase el artículo 11 de la siguiente manera:

1. Reemplázase en la letra a), en los párrafos primero segundo y tercero la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

2. Agrégase un nuevo inciso segundo a la letra a), pasando el actual a ser el tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor: “Todo sistema de evaluación implementado deberá basarse en los principios de calidad y educación integrales, así como los contextos formativos y procedimentales, construidos a partir de la práctica de una docencia creativa, innovadora y autónoma.

3. Intercalase en el inciso tercero de la letra a) entre la palabra “estandarizados” y la frase:”, válidos, confiables, objetivos y transparentes.” La frase: “y no estandarizados, cuantitativos y cualitativos”

4. Intercalase en el inciso tercero de la letra a) entre la palabra: “transparentes” y la frase: “En el caso de los instrumentos”, lo siguiente:

“Para garantizar que estas mediciones sean validas, confiables, objetivas y transparentes, y cumplan el propósito de orientar adecuadamente el mejoramiento de los objetivos generales de la ley, el órgano administrativo competente deberá recoger periódicamente evidencia sistemática tanto del cumplimiento de los propósitos de este sistema en función de la mejora de los aprendizajes y de la equidad del sistema, como de posibles consecuencias positivas y negativas que el sistema pudiera generar en los establecimientos, con especial énfasis en aquellas que afecten el aprendizaje y la enseñanza en relación con los principios de calidad y educación integrales, así como los contextos formativos y procedimentales, construidos a partir de la práctica de una docencia creativa, innovadora y autónoma. De detectarse consecuencias negativas y/o deficiencias, considerará recomendar medidas que mejoren la dimensión consecuencial de la validez del sistema. Todos estos procedimientos y evidencias deben ser de conocimiento público.”

5. Intercalase en el inciso tercero de la letra a) entre la palabra “censal” y la frase “a lo menos en algún curso” la frase: “o muestral”.

6. Intercalase en la letra c) entre la frase “estándares indicativos” y la frase “cuya finalidad será orientar el mejoramiento continuo de los establecimientos” la frase: “y a los otros indicadores de calidad integral”.

7. Agregase en la letra c) después del punto final que pasa a ser coma la frase: “considerando los contextos, territoriales, locales y particulares del o los establecimientos educacionales.”

8. Intercalase en la letra e) entre la frase: “establecimientos educacionales y sus sostenedores.” y la frase: “Estos informes serán de carácter público” la siguiente frase: “Las recomendaciones de carácter indicativo para mejorar el desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores deberán tomar en consideración los contextos territoriales, locales y particulares del establecimiento educacional respectivo.”

9. Intercalase en la letra f) entre la frase “la adopción de las medidas” y la frase “pertinentes derivadas de la ordenación de los establecimientos educacionales.” La frase: “de apoyo”.

10. Agrégase un párrafo final a la letra h) del siguiente tenor:

“Se prohíbe que la información señalada en los párrafos anteriores pueda ser difundida directa o indirectamente por los sostenedores con fines publicitarios.”

11. Agrégase el siguiente párrafo en la letra j) del siguiente tenor: “Para garantizar que estas mediciones sean validas, confiables, objetivas y transparentes, el órgano administrativo competente deberá recoger periódicamente evidencia sistemática tanto del cumplimiento de los propósitos de este sistema en función de la mejora de los aprendizajes y de la equidad del sistema, como de posibles consecuencias positivas y negativas que el sistema pudiera generar en los establecimientos, con especial énfasis en aquellas que afecten el aprendizaje y la enseñanza en relación con los principios de calidad y educación integrales, así como en los contextos formativos y procedimentales, construidos a partir de la práctica de una docencia creativa, innovadora y autónoma. De detectarse consecuencias negativas, deberá recomendar medidas que mejoren la dimensión consecuencial de la validez del sistema. Todos estos procedimientos y evidencias deben ser de conocimiento público.”

12. Reemplázase en la letra k), la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “los indicadores de calidad integral”.

13. Eliminase en la letra l), la palabra “estrictamente”.

X. Intercalase en el inciso segundo del artículo 12, entre la frase: “calidad de la educación” y la frase “que ofrecen.” la palabra: “integral”

XI. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 12, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XII. Reemplazase en el inciso primero del artículo 14 la palabra “debilidades” por “oportunidades de mejoramiento”

XIII. Reemplázase el punto final del inciso primero del artículo 14 por la siguiente frase: “, tomando en consideración los contextos territoriales, locales y particulares del establecimiento educacional.”.

XIV. Reemplázase el punto final del inciso segundo del artículo 15 por la siguiente frase: ““, así como a aquellos establecimientos, que no contando con la categoría de desempeño indicada anteriormente, revistan interés para mejorar el conocimiento y sistematización de los procesos y trayectorias de mejoramiento educativo.”

XV. Modificase el artículo 17 de la siguiente manera:

1. Reemplázase en el inciso primero, segundo, tercero y quinto, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

2. Intercalase en el inciso segundo entre la frase “resguardar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza” y la frase “los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación.” la siguiente frase: “, los principios establecidos en el artículo 5° de la ley N° 21.040, que Crea el Sistema de Educación Pública,”.

3. Eliminase en el inciso tercero la siguiente palabra: “censalmente”.

4. Intercalase en el inciso tercero entre la frase “en las mediciones nacionales” y “la distribución de los resultados de los alumnos en relación con los estándares de aprendizajes” lo siguiente: “las recomendaciones realizadas por la Agencia de la Calidad, según la letra c) y e) del artículo 11 y el artículo 14 de la presente ley, , los programas de apoyo, y los apoyos técnicos pedagógicos realizados por el Ministerio de Educación tendientes a mejorar los resultados de los establecimientos educacionales , según el artículo 27 de la presente ley,”

XVI. Reemplázase en el inciso primero, segundo y tercero, del artículo 18 la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XVII. Intercalase en el inciso primero del artículo 18 entre la frase “La ordenación anualmente considerará,” y la frase “el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje” la frase: “el impacto de los programas de apoyo del Ministerio de Educación”

XVIII. Reemplázase la frase final del inciso segundo del artículo 18: “Con todo, la ponderación de los estándares de aprendizaje no podrá ser inferior al 67% del total.” Por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, pasando el actual tercero a ser sexto y así sucesivamente, por el siguiente:

“La ponderación de los estándares de aprendizaje e indicadores asociados a los mismos no podrá superar el 40%, correspondiendo el otro 60% a los indicadores de calidad integral”.

La Agencia de la Calidad podrá considerar como indicadores del desempeño del establecimiento educacional entre otros aspectos de desarrollo personal y social, además de los actuales indicadores de desarrollo personal y social (IDPS) elaborados por la misma, otros indicadores que evidencien la entrega de oportunidades para el desarrollo integral del estudiante tales como: horas de libre disposición que se destinan a talleres artísticos, culturales y/o deportivos; talleres semestrales de apoyo específico a grupos de estudiantes en temáticas de desarrollo personal y social y/o otros factores; actividades artístico-culturales que desarrollen contenidos que propicien el desarrollo personal y social de los estudiantes; la estructura del plan de estudios, en términos de su equilibrio curricular; salidas a terreno con fines pedagógicos; apertura al desarrollo de proyectos de iniciativa de los estudiantes; que las horas de orientación y de consejo de cursos sean respetadas; presencia de espacios recreativos en el establecimiento educacional; proyectos en red con la comuna o con otras escuelas; redes de apoyo y protocolos para problemáticas de convivencia escolar; sistemas de monitoreo de la convivencia escolar que incluyan la voz de los estudiantes en la identificación de debilidades y búsqueda de soluciones a nivel de escuela, entre otros.

Los indicadores de convivencia contemplarán los siguientes aspectos permitiendo desagregar la información por estamentos de la comunidad educativa.

Asimismo, la Metodología que la Agencia de Calidad proponga para la Ordenación de Establecimientos, deberá cumplir con los siguientes aspectos:

1) Resguardar que potenciales cambios en la composición del alumnado no generen sesgos en los resultados;

2) Proveer evidencia de su capacidad de generar movilidad y progresión en el sistema, en concordancia con lo establecido en el artículo 10° de esta ley;

3) Asegurar que, dados los ajustes por factores contextuales de los estudiantes y de los establecimientos, los resultados efectivamente no estén correlacionados significativamente con el capital cultural y el nivel socioeconómico de los estudiantes ni de la composición de la escuela;

4) Garantizar su coherencia con el principio de equidad;

5) Tomar las medidas menos perjudiciales para la mejora de aquellas escuelas cuyo puntaje no implica una diferencia estadísticamente significativa con el puntaje de corte.”

XIX. Modifícase el artículo 20 de la siguiente manera:

1. Reemplázase en el inciso primero la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

2. Reemplázase el punto final del inciso primero por un punto seguido y agrégase la siguiente frase: “Los estudios de validez, en su dimensión de consecuencias para los establecimientos educacionales, deben ser de conocimiento público, así como las medidas que la Agencia estime convenientes para modificar las consecuencias negativas. En el mismo sentido, la Metodología de Ordenación también tendrá dicho carácter, el que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 18.”

3. Intercálase, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero, y así sucesivamente:

“Los resultados de las mediciones sólo podrán informarse en cifras agregadas de carácter nacional, regional, comunal o por agrupación de comunas, en relación con la totalidad de los establecimientos educacionales para el nivel y territorio de que se trate.”

4. Eliminase en el inciso segundo la oración final: “Además, se incluirá información sobre los establecimientos de la misma comuna y de comunas cercanas.”

XX. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 22 la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XXI. Reemplázase el punto final del inciso segundo del artículo 22 por un punto seguido y agrégase la siguiente frase: “Además, las visitas evaluativas incluirán juicios técnicos en torno a la efectividad de los mecanismos de apoyo desplegados por el sistema para mejorar continuamente la calidad integral del establecimiento educacional. Las que servirán de antecedentes para su evaluación general y adecuación cuando corresponda”.

XXII. Eliminase el inciso final del artículo 24.

XXIII. Reemplázase en el inciso primero del artículo 26 la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XXIV. Reemplázase en el inciso tercero del artículo 29 la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XXV. Reemplázase la siguiente frase del inciso tercero del artículo 29 e: “o por un plazo máximo de cuatro años. Con todo, si el establecimiento no logra ubicarse en una categoría superior, pero muestra una mejora significativa, podrá seguir sujeto a las medidas señaladas en los incisos precedentes hasta por un año más, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley.” por un punto final.”

XXVI. Eliminase en el artículo 31 la oración final: “Con el solo mérito del certificado el establecimiento educacional perderá, de pleno derecho, el reconocimiento oficial al término del respectivo año escolar.”.

XXVII. Agrégase un nuevo artículo 31 bis del siguiente tenor:

“Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no será aplicable a los establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación.”

XXVIII. Intercalase en el inciso segundo del artículo 48 entre la frase “resguardar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza” y la frase “los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370, General de Educación.” la siguiente frase: “, los principios establecidos en el artículo 5° de la ley N° 21.040, que Crea el Sistema de Educación Pública,”.

XXIX. Agrégase al final de la letra l) del artículo 49, después del punto final que pasa a ser coma, la siguiente frase: “apreciadas en su mérito”.

XXX. Reemplázase en la letra e) del artículo 76 la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XXXI. Agrégase el nuevo artículo 117 bis del siguiente tenor:

Todas las referencias que leyes, y en general la normativa legal vigente haga a los “otros indicadores de calidad”, que no hayan sido suprimidas o adecuadas por la presente ley, deberán entenderse hechas por la nueva expresión “indicadores de calidad integral”.

Se excepcionarán de lo dispuesto en el inciso precedente aquellos casos en que aparezca de manifiesto que la disposición cuya referencia prescribe adecuar resulta inaplicable el cambio de expresión “indicadores de calidad integral” atendida la naturaleza del artículo, respectivamente.

XXXII. Reemplázase en artículo segundo transitorio la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

XXXIII. Reemplázase en el artículo duodécimo transitorio la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese la Ley Nº 19.532 que crea la Jornada Escolar Completa Diurna y dicta normas para su aplicación, de la siguiente forma:

I. Agrégase una nueva letra i) del artículo 11 del siguiente tenor:

“Corroborar que el diseño de las actividades curriculares de las horas de libre disposición asociadas a la Ley General de Educación se haya realizado con la participación de la comunidad educativa, además de considerar el contexto territorial, local y particular del establecimiento respectivo, a través de formas de participación democrática y consulta directa a los diversos estamentos.”

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese la Ley Nº 19.979 que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales:

I. Agrégase en el párrafo dos una nueva letra g) al artículo 8 del siguiente tenor:

“Sobre el diseño de las actividades curriculares de las horas de libre disposición”.

II. Agrégase en el párrafo tres una nueva letra f) al artículo 8 del siguiente tenor:

“Sobre el diseño de la propuesta de actividades curriculares de las horas de libre disposición asociados a la Ley de General de Educación”.

III. Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“El Consejo Escolar podrá proponer un diseño de las actividades curriculares de las horas de libre disposición asociadas a la Ley de General de Educación”, considerando el contexto territorial, local y particular de su establecimiento educacional.”

ARTÍCULO QUINTO: Incorpórense las siguientes modificaciones a la Ley N° 20.248 que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial:

I. Reemplázase en la letra e) del artículo 7, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

II. Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 8º bis, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente del siguiente tenor:

“Las contrataciones a que se refiere el inciso anterior tendrán una duración o vigencia que diga relación con los objetivos para los cuales se contrata, teniendo como tope el mismo plazo de cuatro años fijado para el convenio respectivo.”.

III. Agrégase un inciso final al artículo 11 del siguiente tenor:

“Las reglas contenidas en el presente artículo también serán aplicables respecto de dos o más servicios locales de educación.”

I. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 18 la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

II. Reemplázase en el inciso primero del artículo 22, la frase “otros indicadores de calidad educativa” por la frase “indicadores de calidad integral”.

III. Agrégase un nuevo inciso segundo al artículo 22 del siguiente tenor:

“En todo caso la ponderación entre los estándares de aprendizaje y los demás indicadores deberá guardar la proporción establecida en el artículo 18º de la ley n° 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización.”

IV. Agrégase un inciso final al artículo 28, del siguiente tenor:

“Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación.”

Diputadas señoras Girardi Rojas y Vallejo; y de los diputados señores González, don Rodrigo; Mellado, don Cosme; Santana, don Juan, y Winter