Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Frank Sauerbaum .

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cuatro minutos a cada bancada y, una vez terminada la discusión, se votará inmediatamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 13ª de la presente legislatura, en martes 14 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 24.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SAUERBAUM (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar el proyecto de ley, en segundo tramite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica, contenido en el boletín N° 13401-13, con urgencia calificada de discusión inmediata.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora María José Zaldívar Larraín , ministradel Trabajo y Previsión Social; el señor Fernando Arab Verdugo , subsecretario del Trabajo, y el señor Francisco del Río Correa , asesor legislativo de esa secretaría de Estado.

El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestra consideración apunta, según lo declara el mensaje que lo inicia, a introducir algunas precisiones a la ley N° 21.227, recientemente publicada, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, con la finalidad de mejorar la aplicación e implementación práctica de dicha ley.

En concreto, el artículo único del proyecto aprobado por el honorable Senado introduce una serie de modificaciones a la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica.

Por el número 1) de su artículo único, incorpora a las trabajadoras de casa particular a las normas que contemplan la aplicación retroactiva de la ley N° 21.227, en lo que atañe a la suspensión de la jornada de trabajo por un acto o declaración de autoridad.

Por su número 2) introduce modificaciones al artículo 3 de la ley N° 21.227, que contempla los efectos de la declaración de autoridad respecto de los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo.

La letra a) del número 2) dispone que las cotizaciones obligatorias establecidas en los artículos 17, 29 y 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se calcularán sobre el 50 por ciento de las remuneraciones del trabajador.

La letra b) de este número elimina el inciso final del artículo 3 de la ley N° 21.227, para permitir la combinación entre las figuras de suspensión y reducción de la jornada.

Por el número 3) se reemplaza el inciso final del artículo 4 de la ley N° 21.227, para establecer que, en el caso de los trabajadores de casa particular que accedieran a la suspensión de jornada, el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3 de la ley N° 21.227, incluyendo además la cotización a que se refiere el literal a) del inciso quinto del artículo 163 del Código del Trabajo, y se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28 de dicha ley.

El número 4) reemplaza el inciso final del artículo 5 de la ley N° 21.227, para establecer que el pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción y que, con todo, las partes podrán acordar que los efectos se ejecuten en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

El número 5) reemplaza el inciso segundo del artículo 10, para precisar que el pacto producirá sus efectos al día siguiente de su suscripción y que las partes podrán acordar que los efectos se ejecuten en una fecha posterior, la que no podrá exceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

El número 6) agrega, en el inciso cuarto del artículo 11 de la ley N° 21.227, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior a un mes, se pagará de forma proporcional.”.

El número 7) reemplaza, en el inciso cuarto del artículo 12 de la ley N° 21.227, la frase “del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración” por la siguiente: “de la fecha en que comiencen a regir los efectos”.

El número 8) agrega, en el inciso primero del artículo 27 de la ley N° 21.227, a continuación de la palabra “artículos”, la expresión “2,”.

El artículo transitorio del proyecto establece que sus disposiciones entrarán en vigencia al momento de su publicación. Sin embargo, respecto de las modificaciones incorporadas por el literal a) del número 2) y por el número 3) del artículo único, dispone que estas regirán desde la fecha en que entró en vigencia la ley N° 21.227, sin perjuicio de las cotizaciones que, en virtud de las normas originales de la ley Nº 21.227, se hubieren pagado con anterioridad a la publicación de la presente ley.

El proyecto fue aprobado en general por nueve votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Votaron a favor las diputadas Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans , y los diputados Eduardo Durán -en reemplazo del señor Alejandro Santana -, Francisco Eguiguren , Patricio Melero , Gustavo Sanhueza -en reemplazo del señor Guillermo Ramírez -, Frank Sauerbaum , Raúl Soto -en reemplazo del señor Tucapel Jiménez y Gabriel Silber . Se abstuvieron la señora Karol Cariola y el señor Gastón Saavedra .

Durante la discusión particular se rechazaron las modificaciones del Senado contenidas en las letras a) y b) del número 2) del artículo único.

La primera de ellas proponía sustituir, en el inciso tercero del artículo 3 de la ley N° 21.227, la expresión “, las que” por el siguiente texto, precedido de un punto seguido: “Respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, la comisión destinada al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29 y la destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, todas del decreto ley N° 3.500, de 1980, estas”.

La segunda, referida a la letra b) del número 2 del artículo 3, proponía eliminar el inciso final de este.

Ambas propuestas fueron rechazadas por cinco votos a favor y seis en contra.

El resto del articulado propuesto por el honorable Senado fue aprobado por nueve votos favor, ninguno en contra y una abstención.

Por último, me permito hacer presente a esta Sala que la comisión no calificó como orgánico constitucional ningún precepto contenido en el proyecto aprobado; no obstante, estimó que su artículo único, con excepción del número 7) y el artículo transitorio, deben ser aprobados con quorum calificado, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, según lo dispuesto en el número 18° del artículo 19 de la Constitución Política, en relación con lo establecido en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Como consecuencia de ello, la comisión propone a esta Sala aprobar el texto del proyecto que se contiene en el certificado que sus señorías tienen en su poder.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, en el momento que vive el país, se requiere tomar decisiones distintas, se requiere -a veces osadía para incorporar en derechos y en justicia a aquellos trabajadores y trabajadoras que no están protegidos por los sistemas que el país se ha dado, a mi entender, en términos bastante precarios.

Por tanto, que se incorpore la posibilidad de que las trabajadoras de casa particular puedan acceder al seguro de desempleo es un avance, es un reconocimiento a la contribución significativa de estas trabajadoras de casa particular a la economía nacional. No hay duda de aquello.

Además, el trabajo de casa particular, culturalmente, en nuestro país y sociedad, está infravalorado, pero lo realizan mujeres que también tienen familia y que, por ende, también tienen dificultades para enfrentar estos momentos, en que la pandemia afecta a todos los hogares del país.

En consecuencia, debemos considerarlas a ellas, pero no solo a las mujeres con nacionalidad y origen chileno, sino también a muchas migrantes que están en una situación compleja, por lo que requieren ser incorporadas al goce de estos beneficios.

Ellas tienen al cuidado familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad, por lo cual creo que no solo debemos valorar ese trabajo, de una vez por todas, como algo necesario para el bienestar de las familias, sino permitir que las familias de aquellas mujeres que realizan este trabajo puedan acceder a un estado de bienestar que les garantice un buen pasar y tranquilidad durante los efectos de esta catástrofe.

En días pasados, conversé con la presidenta de Fesintracap, la señora María Cotal , quien me mencionó que en el país, según datos de ellas, hay 75.000 personas que trabajan en este rubro con contrato. La pregunta que cabe hacerse es qué pasa con las 230.000 que no tienen contrato y que prestan estos mismos servicios en el país.

Por lo tanto, estimada ministra y subsecretario del Trabajo, les planteo esta situación, porque seguramente tendremos que discutir cómo podrán acceder a los beneficios aquellas mujeres que prestan estos servicios en el país y que no están consideradas dentro del segundo plan fiscal, el que viene para los trabajadores del sector informal de la economía. Deberemos incluir ahí a esas 230.000 mujeres.

Además, el país ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, que habla del trabajo decente, que habla de la igualdad de derechos para todos. Ese convenio no hace exclusiones, pero nosotros sí las hemos hecho por mucho tiempo.

Por lo tanto, llamo a aprobar este proyecto de ley, para que se agregue a esas 75.000 mujeres que, según el Sintracap, tienen contrato, y así podamos incorporarlas a los beneficios sociales en el próximo plan fiscal. Hay 230.000 mujeres que no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, no gozan de ningún grado de seguridad social para enfrentar esta crisis originada por la pandemia del covid-19.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, este proyecto modifica y aclara ciertas disposiciones de la ley N° 21.227, de protección del empleo, recientemente publicada.

La iniciativa establece una serie de medidas con la finalidad de modificar o aclarar disposiciones:

1. Se agrega que, en caso de las trabajadoras de casa particular, la ley también sea retroactiva, tal como sucede en el caso de los trabajadores dependientes. En la ley aprobada eso no quedaba claro.

2. Se establece que mientras dure la suspensión, el empleador deberá pagar el ciento por ciento de las cotizaciones de seguro, excepto el de accidente del trabajo y de salud, y el cincuenta por ciento de cotizaciones previsionales. La ley aprobada establecía el pago del cincuenta por ciento de todas las cotizaciones obligatorias.

3. Se clarifica que en una misma empresa pueden existir trabajadores suspendidos y otros a quienes se les rebaje la jornada hasta en un cincuenta por ciento.

4. El empleador debe pagar todas las cotizaciones de las empleadas de casa particular. En la ley aprobada se excluían las cotizaciones previsionales.

5. Se establece que los acuerdos de las partes para suspender la relación no podrán surtir efecto en una fecha posterior al primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo.

6. Por último, clarificar que en caso de que el complemento no comprenda una mensualidad completa, se pagará de manera proporcional.

Tal como se señaló en el debate de la ya aprobada ley N° 21.227, esta normativa es de suma importancia, ya que permite a los trabajadores conservar sus fuentes laborales y continuar recibiendo ingresos a pesar de no poder trabajar, y a las empresas, evitar, en muchos casos, la quiebra y, en consecuencia, evitar también el tener que despedir a sus trabajadores.

Sin embargo, la iniciativa que logró ser destrabada en la Comisión Mixta quedó con algunos cabos sueltos que era necesario atar. En algunos casos se cometieron errores en la redacción de algunos artículos, y en otros, simplemente, se prefirió dejar expreso lo que la ley ya contempla para evitar dobles interpretaciones.

Es de mucha importancia que se reconozca explícitamente el hecho de que en una misma empresa pueda haber trabajadores sujetos a la suspensión de su relación laboral y otros trabajadores a quienes se les reduzca la jornada hasta en un cincuenta por ciento. Ello es muy relevante para aquellas empresas que puedan continuar con su operación -no están sometidas al acto de la autoridad de prohibición absoluta de funcionamiento-, pero que requieren realizar ajustes para sobrellevar la baja en las ventas de los próximos meses.

Además, hay ciertas funciones que se pueden seguir realizando y otras que, lamentablemente, son imposibles de realizar en los tiempos actuales. Lógicamente, esta situación, al no quedar sometida al acto de autoridad, requiere de acuerdo con el o los trabajadores.

En el caso de las cotizaciones para seguridad social era sumamente necesario que se hiciera por el ciento por ciento del salario y no por el cincuenta por ciento, como quedó en la ley; ello, porque por el tiempo en que dure la suspensión será el empleador el que se hará cargo de esta prestación, no el trabajador, como ocurre en tiempos normales. Las cotizaciones previsionales y de salud se cargan al salario bruto.

Así, de mantenerse la cotización por el cincuenta por ciento, se estaría generando un ahorro a la empresa con el dinero que debiera estar destinado a las cotizaciones de los trabajadores…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, no participé en la discusión del proyecto que posteriormente se convirtió en la ley N° 21.227, la que, entre otras cosas, en la práctica tiene dificultades de implementación.

Más allá de eso, entiendo que este proyecto de ley busca corregir un hecho que pudimos constatar en la discusión, que dice relación con que se había planteado, a mi juicio erróneamente, que el empleador, junto con la declaración de la suspensión del contrato de trabajo -no de la jornada-, podía pagar las cotizaciones previsionales dividiendo por dos la base imponible.

El objetivo es corregir esa situación. Creo que, en ese sentido, lo que obró la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados es lo correcto; es decir, sin perjuicio de la suspensión del contrato de trabajo, la obligación del empleador es enterar el ciento por ciento de las cotizaciones, teniendo como base la renta imponible del contrato preexistente a la citada suspensión del contrato de trabajo.

Hasta ahí está todo muy claro y estamos todos de acuerdo; pero tengo una duda con el hecho de que este proyecto -quizás el problema está en la ley matriz hace referencia a distintos conceptos para establecer qué tipo de empresas son las que pueden acogerse a esto.

En la ley matriz se habla de los empleadores exceptuados, de faenas, de actividades y de servicios, en cambio en el proyecto en discusión se habla solo de empleadores. No sé si hay tiempo para corregir aquello, pero debió haber habido concordancia entre lo que se señalaba en la ley N° 21.227 y lo que se establece ahora, de modo tal que no se produzca confusión.

Un ejemplo: en una actividad que es esencial, y que por tanto sigue funcionando, hay ciertas funciones que no son esenciales, que pueden ser objeto de suspensión o de un pacto de jornada.

Me da la impresión de que aquí se ha producido un vacío por la falta de concordancia entre lo dispuesto en el proyecto de ley y lo expresado en la ley N° 21.227, que quiero precisar.

En segundo lugar, al suprimir lo aprobado por el Senado en relación con el articulo N° 3, se establece que la obligación del empleador, ante la suspensión del contrato de trabajo, en materia de obligaciones previsionales, subsiste de manera íntegra; es decir, el empleador deberá enterar las cotizaciones de seguridad social, tanto en materia previsional como en materia de salud y otras que procedan de acuerdo a la ley, y lo hará sobre la base de la renta imponible original, no sobre la base del cálculo del 50 por ciento.

Eso es lo que se busca que quede claro en el texto. Entiendo que ese es el espíritu de la norma original del Ejecutivo y, por eso, la Comisión de Trabajo suprimió lo aprobado por el Senado, que no lo dejaba meridianamente claro.

Por eso, en esta sesión sería bueno escuchar al representante del Ejecutivo para que señale si es ese el sentido original del proyecto. Si es así, me parece correcto que se mantenga la redacción original presentada por el Ejecutivo.

Reitero, una vez más, que me parece que hay falta de concordancia entre los términos empleados en la ley N° 21.227 y en esta iniciativa, en relación con conceptos como actividad, faena, empresa, empleador, etcétera, lo que puede generar complicaciones posteriores.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, nos encontramos discutiendo las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la ley, después del compromiso que asumió la ministra del Trabajo en esta Sala. El objetivo de la iniciativa en estudio es modificar el texto aprobado hace algunas semanas, con el fin de entregar a los trabajadores la posibilidad de llegar a un acuerdo con su empleador para suspender las condiciones de empleo y, con ello, proteger la fuente de trabajo y el empleo.

Tal como lo decía el diputado Díaz , las modificaciones planteadas por el Ejecutivo van en la línea correcta, al menos, en el ámbito de establecer que el cálculo para el pago de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras, de responsabilidad del empleador, sea realizado sobre la base del ciento por ciento del salario, no sobre el 50 por ciento, como quedó inicialmente a partir de una indicación que se incorporó en el Senado. Lo que hicimos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social fue eliminar la modificación del Senado para volver al proyecto original, de modo de calcular las cotizaciones a partir del ciento por ciento del salario. Ese punto nos parece importante.

Ahora bien, nos quedaron dudas sobre la eliminación del inciso final del artículo 3 de la ley N° 21.227, pues ello abre una nueva ventana para que aquellos empleadores que son excluidos de los efectos del acto o declaración de autoridad no se acojan, durante la duración del evento, a las prestaciones de esa ley. Esa situación nos preocupa.

Por eso, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social también nos opusimos a la eliminación de ese inciso final.

Creemos que es fundamental que quede claro que la posibilidad de suspensión temporal del pago del salario, pero no de la vinculación laboral, apunta precisamente a aquellas empresas que se encuentran inmersas en una situación de emergencia, a fin de que se puedan acoger a la justificación de que existe una razón de autoridad para generar ese acuerdo con los trabajadores y trabajadoras.

Señor Presidente, aclarados esos puntos que me parecen importantes en relación con el proyecto de ley, no puedo dejar de señalar que, en términos generales, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social nuestro voto fue de abstención. Ello obedeció a que creíamos -aún tenemos esa convicción y así lo señalamos durante la tramitación del proyecto que dio origen a la ley N° 21.227que la salida que entregó el gobierno para que los trabajadores tengan que utilizar sus propios fondos del seguro de cesantía no nos parece justa. Desde nuestra bancada creemos firmemente -así lo hemos conversado con los trabajadores y trabajadoras que lo que debe ser utilizado en primera instancia es el fondo solidario.

Lamentamos que el gobierno, a pesar del llamado que se hizo en forma transversal, no tomara las medidas para rectificar el proyecto, de manera que las empresas dieran prioridad a los procesos colectivos de acuerdo y no negocien de manera individual.

Señor Presidente, esos escollos debieron ser reparados. Como ello no fue así, los trabajadores y trabajadoras siguen teniendo bajo su responsabilidad el costo de pagar esta crisis, cuestión que no nos parece adecuada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, primero quiero saludar a la ministra María José Zaldívar y al subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab , quien además es hijo ilustre de la ciudad de Ovalle, parte de nuestra querida Región de Coquimbo.

Señor Presidente, a mi juicio, este proyecto ya está bien abordado y bien informado. Lo que me interesa es rescatar el alma del proyecto que estamos discutiendo. ¿Qué hay en el alma del gobierno del Presidente Piñera en relación con el proyecto de ley de protección del empleo, los paquetes económicos y la iniciativa vinculada con el trabajo a distancia, por mencionar algunas medidas? La protección del trabajo y el empleo de millones de trabajadores de Chile. Si no caminamos en esa dirección, la cesantía va a alcanzar números históricamente malos, esto es, entre 7,8 y 19 o 20 por ciento.

Por eso el gobierno está tan preocupado de proteger el empleo y el trabajo, como también de dar toda la ayuda a las microempresas, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas. Por eso es necesario valorar y apoyar transversalmente proyectos de esta naturaleza. Hoy se verá si como Parlamento estamos dando el ancho, si estamos verdaderamente preocupados de lo importante.

Más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias ideológicas, hoy lo importante es estar unidos y estar de acuerdo en que de esta pandemia vamos a salir todos juntos. Ello debe reflejarse en la votación, pues estos proyectos requieren de apoyo transversal.

Por eso, llamo a la oposición a apoyar el proyecto en forma poderosa, porque en verdad este es un mensaje para las trabajadoras y los trabajadores. Ciertamente, queremos decirles que sabemos que lo están pasando mal; sabemos que hoy tienen inestabilidad laboral, lo que no es recomendable para nadie, y que sabemos que necesitan certeza de que no van a perder su empleo. Esta es una demostración de esa certeza.

Queremos que las trabajadoras y los trabajadores sepan que, en este momento tan difícil que están viviendo, a pesar de su dolor y de su angustia, no están solos; queremos decirles a las pymes, a las mipymes, a los negocios que están detrás de las cajas de los supermercados; a los negocios que están en las calles, cerrados, sin poder vender, que el Congreso Nacional, en estos momentos de aflicción y de dolor, se está cuadrando con ellos y está apoyando todas aquellas iniciativas que puedan otorgarles respaldo, respiro, aire y oxígeno para pasar este temporal desagradable que significa esta pandemia de coronavirus. La idea es que cuando esto termine puedan seguir adelante con éxito.

Este proyecto es importante para las trabajadoras y los trabajadores de Chile, por lo que necesitamos un apoyo rotundo de todos en esta Sala. Queremos decir a las pymes y a las mipymes que nunca las vamos a dejar solas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, sin duda esta es una iniciativa importante que debemos sacar adelante con proactividad y con sentido de urgencia, porque viene a hacer un ajuste a la ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo.

Quiero destacar que aquí, de alguna manera, se honra la palabra empeñada, pues existía el compromiso de defender aquella norma que permitía salvaguardar los derechos de los trabajadores en caso de aplicar la suspensión del contrato individual de trabajo, conservando la responsabilidad del empleador de enterar el ciento por ciento de las cotizaciones.

Asimismo, se hace justicia respecto de las trabajadoras de casa particular. Hacía falta que una norma salvaguardara, desde el punto de vista laboral, sus condiciones de trabajo. Muchas de ellas se encuentran muy precarizadas, como lo ha hecho ver Sintracap, el sindicato mayoritario que las agrupa.

Las trabajadoras de casa particular desarrollan una labor que muchas veces se paga por día. Muchas de ellas no cuentan con contrato de trabajo. Esta norma también les dará protección.

Debemos construir desde el Estado un verdadero escudo social, pues las normas sanitarias deben ir acompañadas de protección desde el punto de vista económico.

Muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no han tenido indicadores positivos en materia de salud. Ello se debe a que no han entendido la simultaneidad que debe existir entre las restricciones sanitarias y las salvaguardias económicas. Por ejemplo, países como Ecuador adelantaron la cuarentena, no obstante que no se habían tomado medidas de protección económica. Como la mayor parte de la gente debe hacerse un ingreso, las personas terminaban violando la cuarentena para trabajar, con los nefastos impactos que ello generó en la población, incluida la muerte de muchas personas.

En nuestro país queremos hacer la diferencia. Hay que señalar que grandes naciones han adoptado medidas como la que discutimos, vía transferencia directa, es decir, ni siquiera con cargo a los fondos de los trabajadores. Nos hubiese gustado una solución distinta. Estamos apostando a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), porque queremos hacer una diferencia respecto de lo obrado por el Senado. Esa cámara quiere insistir en que las cotizaciones previsionales deben calcularse sobre el 50 por ciento de la remuneración que sirve de base de cálculo. Nosotros creemos que ya con la norma en la cual el trabajador, con cargo a su seguro de cesantía, asume el pago de sus ingresos, debe poner en el empleador, al menos, la responsabilidad -que, a nuestro juicio, es el punto desde donde se debe partir-, de manera que, manteniendo la relación laboral, pague los derechos laborales del trabajador en lo que se refiere a las cotizaciones.

En un estado de excepción constitucional, las personas no están suspendidas de sus derechos, y generar normas en las que se interpreten y relativicen los derechos previsionales, incluso, atenta contra las normas de un estado de catástrofe.

Nunca un estado de catástrofe puede relativizar los derechos fundamentales de las personas. Por eso, queremos insistir en que, salvaguardando la remuneración, los derechos de salud y previsión también deben salvaguardarse por una ley, a menos que el Estado establezca un mecanismo de financiamiento distinto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, el Ejecutivo, al menos, en el texto que envió inicialmente, cumplió con lo que se había comprometido, cual es que las cotizaciones fueran el ciento por ciento. Sin embargo, sin ninguna explicación muy clara ni contundente, el Senado volvió a rebajarlas al 50 por ciento.

Creo que es importante señalar que, dado que va a existir un mecanismo para suspender los contratos y para que se siga aplicando el seguro de desempleo, que también va a existir la posibilidad de que haya reducciones de jornadas para que, en el fondo, se puedan adecuar a los contextos de un estado de catástrofe y pandemia, y que hoy muy probablemente o mañana se termine publicando una ley que permite dar garantías estatales para que las empresas puedan acceder a liquidez, no hay ninguna razón para que los únicos perjudicados sean los trabajadores y trabajadoras, a través de sus cotizaciones, en 50 por ciento.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir a la ministra y al subsecretario que entiendo que hay un argumento que dice que las pequeñas y medianas empresas podrían tener problemas de liquidez. Pero en este caso estamos discutiendo al mismo tiempo, de manera paralela, la posibilidad de que esas empresas puedan tener liquidez. ¿Y para qué serán esos recursos si no es para cumplir con sus obligaciones de cotizaciones, tanto de salud, de las distintas leyes de seguridad social, como también de las previsionales?

Entonces, si no estamos entregando garantías de créditos para que las empresas puedan cumplir, en primer lugar, con sus trabajadores, ¿para qué estamos discutiéndolas?

Por lo tanto, pido al Ejecutivo que reponga la indicación ahora para ahorrarnos un trámite, porque sería más fácil que la repusieran ahora, como venía originalmente en el proyecto. Si eso ocurriera, inmediatamente se podría despachar el proyecto para el tercer trámite constitucional, pero nos fuerzan a tener que rechazar las modificaciones del Senado y que eso después tenga que eventualmente llevarnos a una comisión mixta. Pero espero que, con la celeridad con que esto puede ocurrir, ojalá en estos minutos que quedan, el Ejecutivo pueda reponer su idea original, con la que ingresó el proyecto de ley.

Si se pudiese votar el proyecto de ley tal como ingresó, nosotros podríamos aprobar el ciento por ciento y no tener que rebajar esta cotización a los trabajadores y trabajadoras de sus futuras pensiones, sobre todo cuando estamos dando facilidades a las empresas para que puedan tener liquidez.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje y mociones refundidas, que prorroga el mandato de las directivas u órganos de administración de las asociaciones, fundaciones, organizaciones y comunidades que indica, hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con motivo de la pandemia por covid-19.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cuatro minutos por bancada.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Marcos Ilabaca .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 13379-06, sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Boletín N° 13380-06, sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de 2020. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Boletín N° 13390-06, sesión 10ª de la presente legislatura, en martes 7 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Boletín N° 13395-06, sesión 10ª de la presente legislatura, en martes 7 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Boletín N° 13405-06, sesión 10ª de la presente legislatura, en martes 7 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 15.

Mensaje:

-Boletín N° 13415-06, sesión 11ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , sesión 13ª de la presente legislatura, en martes 14 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 28.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , paso a referirme al proyecto de ley aprobado por la comisión, y cuyos antecedentes son el mensaje y las mociones, refundidos, que se detallan en el informe respectivo, incluyendo a sus autores.

La idea matriz es prorrogar el mandato de los órganos de administración y dirección de las juntas de vecinos, organizaciones sociales, sindicatos, etcétera, regidos por las leyes que se especifican, cuando aquel expira durante un estado de excepción constitucional, facultando para celebrar la elección respectiva dentro de determinado plazo.

El proyecto es de quorum simple.

La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Marcela Hernando , Karin Luck y Joanna Pérez (Presidenta); y los diputados señores Marcos Ilabaca (en reemplazo de la diputada señora Daniella Cicardini) , Andrés Longton y Pedro Velásquez .

Antecedentes y contenido del proyecto

Por razones de síntesis, dado el gran número de textos refundidos -cinco mociones y un mensaje-, me referiré únicamente a los antecedentes y contenido del proyecto de ley que sirvió de base para el debate en el seno de la Comisión, y que se encuentra en el boletín N° 13779-06, cuyos autores son las diputadas señoras Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Joanna Pérez y Catalina Pérez , y los diputados señores Fidel Espinoza , Marcos Ilabaca , Luis Rocafull y Raúl Saldívar .

La propagación a nivel mundial de la enfermedad conocida como covid-19, incluido, naturalmente, Chile, y que ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia, ha afectado seriamente el funcionamiento de las entidades comunitarias, sindicatos, etcétera, pues, dada la gravedad de la situación sanitaria, se ha debido decretar el estado de catástrofe por calamidad pública.

Dentro de este cuadro general, se han dispuesto medidas como el toque de queda, zonas de aislamiento sanitario, cordones y aduanas sanitarias y cuarentenas en distintos lugares del país.

Hay que tener presente que los directorios u órganos de administración de muchas organizaciones comunitarias y sindicales concluyen sus mandatos durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe y alerta sanitaria sin que puedan llevar a cabo el proceso democrático de renovación periódica de sus directivas debido a la imposibilidad de realizar asambleas, por las restricciones en materia de reuniones.

De este modo, van a caducar los mandatos de los actuales directorios u órganos de administración y dirección, por la expiración del plazo respectivo, sin que se puedan elegir nuevos directorios o administradores. Se producirá, pues, una situación anómala, privando a estas entidades de la posibilidad de participar en los procesos de postulación a beneficios estatales y fondos concursables de diversa índole, ya que no podrán actuar válidamente en el mundo jurídico.

Dados estos antecedentes, es necesario prorrogar el mandato de los actuales directorios y órganos de administración que culmina durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe hasta el término de este último.

La medida beneficia a todas las organizaciones a que se refiere la ley N° 20.500, es decir, las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil; las organizaciones comunitarias funcionales; juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la ley N° 19.418, así como también las personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales que determine el reglamento, las organizaciones sindicales y las directivas de comunidades agrícolas.

Durante la discusión particular se presentó una indicación sustitutiva de los proyectos refundidos, aprobada por unanimidad, que recoge en gran medida el contenido de aquellos, particularmente el del citado boletín N° 13779-06, sin perjuicio de incorporar algunos elementos significativos que consagra el proyecto presentado por el Ejecutivo, y que pasan a detallarse.

En efecto, junto con establecerse un amplio espectro de organizaciones que pueden acogerse al proyecto de ley, como juntas de vecinos, asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, sindicatos y, en general, las demás personas jurídicas sin fines de lucro que se rigen por leyes especiales, se precisan las condiciones bajo las cuales opera la prórroga del mandato de los dirigentes de organizaciones, a saber: haber cumplido el período para el cual fueron elegidos los dirigentes durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado el 18 de marzo de 2020, en el tiempo en que este fuere prorrogado, si es el caso, o bien en los tres meses anteriores a su declaración.

Se agrega que los dirigentes continuarán en sus cargos hasta tres meses después de que el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, o su prórroga, haya finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente.

Finalmente, se señala que tal prórroga no tendrá aplicación en aquellos casos en que las organizaciones mencionadas ya hubieren electo nuevos dirigentes y no exista ningún proceso impugnatorio pendiente.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al que me he referido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, el concejal de Osorno señor Emeterio Carrillo y una serie de dirigentes de mi región y distrito, entre ellos el presidente de los adultos mayores de Osorno, me pidieron ser parte en la confección de un proyecto de ley que fuera en la línea de lo planteado por el diputado Marcos Ilabaca , en el sentido de prorrogar las personalidades jurídicas de aquellas organizaciones sociales, juntas de vecinos y organizaciones sociales, funcionales y territoriales cuyos directorios expiren durante el marco de la situación grave que estamos viviendo como país.

Por eso, valoro enormemente el trabajo que desarrolló la comisión que encabeza Joanna Pérez , su presidenta, puesto que en poco tiempo logramos aprobar esta iniciativa, que va a ser un alivio importante para todas aquellas organizaciones sociales de adultos mayores, juntas vecinales, clubes deportivos, sindicatos, etcétera, para que puedan, hasta 90 días después de terminado el estado de catástrofe, regularizar la situación de sus personalidades jurídicas, porque eso les permitirá ocuparse de sus actividades propias, como son la postulación de iniciativas y proyectos respecto de los cuales se podrían ver imposibilitados de acceder a recursos del Estado si se encuentran vencidas sus personalidades jurídicas.

Por lo tanto, como parlamentario de la Región de Los Lagos, me siento muy orgulloso de haber sido autor de uno de los proyectos que sirvió de base para esta iniciativa que, estoy seguro, será aprobada de manera unánime en este Congreso, puesto que va a beneficiar a miles de organizaciones sociales de nuestro país, cuyas personalidades jurídicas están a punto de expirar o ya han expirado.

Por cierto, la bancada de mi partido votará a favor esta iniciativa tan importante.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, como autora de uno de los proyectos que se refundió con muchos otros, celebro que se le haya dado urgencia a una inquietud ciudadana que nace desde lo más profundo de los barrios y desde la riqueza misma de las organizaciones sociales y funcionales.

Hace unas semanas, se comunicó conmigo Leticia Olavarría , presidenta de la junta de vecinos Barrio Norte de Villa Alemana, quien me advirtió sobre la necesidad de solucionar los problemas que enfrentarían las diversas organizaciones que estaban ad portas de elecciones para cambios de directiva.

La emergencia es una constante obligación de pensar en todos aquellos aspectos que requieren de iniciativas legales para tranquilidad de la ciudadanía, y esta es, claramente, una de tantas, que busca garantizar que los diversos procesos eleccionarios de asociaciones de personas se realicen en condiciones de seguridad y sanitarias pertinentes una vez superada la situación que estamos viviendo. De manera que es necesario aprobar este proyecto, para que se extiendan los mandatos.

Lo anterior no busca, en modo alguno, socavar las democracias locales, sino, por el contrario, protegerlas y establecer garantías ante la pandemia que estamos viviendo, pues la instrucción más inmediata el día de hoy es mantener la distancia social para interrumpir la cadena de contagios y evitar la propagación del virus. Celebrar una elección bajo estas condiciones va en la dirección contraria y supone un peligro y un riesgo para los chilenos y chilenas.

Por ello, es necesario y urgente que se apruebe este proyecto, que establece la prórroga del mandato de las directivas u órganos de administración de las asociaciones, fundaciones, organizaciones y comunidades que indica, hasta el cese del estado de excepción constitucional.

Por supuesto, nuestra bancada, la del PPD, va a apoyar esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por algo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con la tramitación de los proyectos de ley que ingresan al Congreso.

Ayer, en la Comisión de Gobierno Interior del Senado se aprobó un proyecto, me gustaría decir “en similares condiciones”, pero que era mucho más restringido que este. Lo que me preocupa es la falta de comunicación que hay respecto de los proyectos que se están aprobando en la Cámara en relación con los que se están aprobando en el Senado. Nosotros aprobamos este proyecto la semana pasada y lo hicimos en términos mucho más amplios que el que se aprobó en el Senado, que se restringía a la ley N° 19.418 solo respecto de las juntas de vecinos y uniones comunales. Nosotros lo ampliamos a todas las agrupaciones y organizaciones sociales, porque este problema afecta a todas las organizaciones sin fines de lucro.

El proyecto es muy simple desde el punto de vista de cómo se van a realizar las elecciones. Lo que proponemos es que para acceder a la prórroga se requerirá que el mandato de las directivas de las organizaciones que fueron afectadas en el inicio de esta pandemia se cumpla durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, o que se haya cumplido en los tres meses anteriores a su declaración, porque las asambleas tienen que postularse o tienen que definir su convocatoria con tres meses de anticipación. Dicho mandato continuará hasta tres meses después de que el estado de excepción constitucional de catástrofe haya finalizado. Es lógico.

Ahora, para todas aquellas organizaciones que hayan podido realizar la elección de nuevos dirigentes durante el período de estado de catástrofe no tendrá aplicación la referida prórroga; lo pueden hacer. Es decir, estamos dando la libertad.

¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Que las personas no se reúnan, que las personas no se convoquen, principalmente para poder combatir la extensión de esta pandemia, que se propaga más rápidamente cuando se agrupa un número importante de personas.

La realidad es que muchas organizaciones sociales están viéndose perjudicadas fundamentalmente por la convocatoria a proyectos y a postulación de fondos. Los comités de vivienda, respecto de las escrituras, no podrían recibir sus viviendas si no se prorroga el mandato de los directorios.

Nosotros tratamos de extender esta norma lo máximo posible. Muchos se acercaron para pedir que se incorporaran indicaciones a otros numerales y respecto de otras agrupaciones. A ellos les digo que la letra f) del artículo único del proyecto dispone: “Las demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales”. Es decir, las considera a todas. Porque si las enumeramos, lo más probable es que corramos el riesgo de dejar alguna fuera. Por eso, precavimos esa situación, gracias a una propuesta del diputado Ilabaca , quien sugirió un texto de manera similar a lo dispuesto en la ley N° 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y, además, incorporamos la letra f) que he señalado, que es fundamental. Por eso, a todo aquel diputado que pretenda incorporar, por ejemplo, a clubes deportivos, le decimos que también están incorporados en virtud de esa letra.

Quiero hacer el punto respecto de las organizaciones de usuarios de agua, regidas por el Código de Aguas. Allí no se establece que son organizaciones sin fines de lucro, pero lo son en la práctica. Entonces, a la misma razón, la misma disposición. Lo hago presente por si acaso el día de mañana hubiera una suerte de interpretación que vaya en sentido contrario.

Sin perjuicio de que se trata de agrupaciones y organizaciones de distinta naturaleza jurídica, en este caso la finalidad del proyecto es clara, es objetiva, es imparcial y es uniforme, cual es que se postergue la elección de sus directivas para que, en definitiva, las agrupaciones sigan funcionando normalmente y puedan realizar sus elecciones con normalidad una vez transcurrida esta pandemia. La idea es proteger de la mejor manera posible la salud de todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, quiero agradecer la iniciativa del diputado Fidel Espinoza , quien generosamente nombró a concejales de la Democracia Cristiana, quienes han pedido avanzar en este proyecto, al igual que a muchas organizaciones sociales, que representamos todos los diputados y diputadas de manera transversal, que finalmente presentaron las otras mociones.

Aprovecho de saludar y de reconocer a la Comisión de Gobierno Interior, a cada diputado y diputada, por la agilidad y la buena disposición para aprobar rápidamente los proyectos y no dilatarlos más. También quiero reconocer al concejal Eduardo Velásquez , quien también me pidió aquello; a los trabajadores de Codelco, con quienes pude tener una reunión por medio digital, y, por cierto, también a los de la ANEF. Hablo de trabajadores que se unieron para la elaboración de estos proyectos, a los que se sumó el que presentó el gobierno.

Finalmente, unificamos todos los proyectos y logramos despachar de la comisión este texto lo más amplio posible, que incluye a organizaciones sociales, a sindicatos de trabajadores -sabemos el peligro que implica renovar las directivas de los sindicatos, pues deben concurrir presencialmente muchas personas a ello-, a cooperativas agrícolas, a clubes deportivos, a asociaciones de funcionarios y funcionarias.

En verdad valoro el trabajo que hemos hecho. Obviamente, no hemos sentido el peso del gobierno en obstaculizarlo, porque creo que el proyecto no implica recursos, sino gestión.

Espero que esta iniciativa sea bien llevada en el Senado. Es necesario agilizar su tramitación, porque cada día que nos demoramos, más perjudicamos a las organizaciones sociales, que hacen mucho hoy, especialmente en época de pandemia.

Como bancada daremos todo nuestro apoyo para dar celeridad al despacho de este proyecto, cuyo alcance quedó amplio para todas las organizaciones. Pido a la Sala que también lo apruebe.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, en representación del Comité del Partido Radical y como miembro de la Comisión de Gobierno Interior, quiero señalar que es muy satisfactorio cuando de forma transversal se logran acuerdos que tienen como objetivo situaciones superiores, como la de dar soluciones a diversas organizaciones de la sociedad civil, que tienen una gran importancia para las comunidades locales del país. Es de destacar que dichas organizaciones cumplen funciones muy variadas. Las juntas de vecinos, por ejemplo, son organizaciones comunitarias cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por derechos de los vecinos, y colaborar con las autoridades del Estado y municipalidades. Otras organizaciones, como los centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles y deportivas, grupos corales, cooperativas, etcétera, representan y promueven valores específicos de la comunidad vecinal. Puede afirmarse que la comunidad, cuando se organiza, constituye el nivel de gobernanza más cercano a la vida cotidiana de la población.

A este nivel de asociatividad de la llamada sociedad civil hay que agregar aquellas organizaciones que forman los trabajadores para representar sus intereses en el mundo del trabajo y las empresas. Los sindicatos, federaciones, confederaciones constituyen un entramado vital en el ámbito laboral y económico del país, toda vez que aportan no solamente la perspectiva de las reivindicaciones laborales específicas, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la democracia.

En esa misma perspectiva, la constitución de comunidades agrícolas de diversa índole, de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro contribuye a tejer una red que permite enriquecer la vida social de un país.

Queremos señalar a nuestros dirigentes sociales que el proyecto tiene como objetivo final que sus respectivos mandatos continúen, sin perjuicio de que haya terminado su período o de que este concluya en los próximos meses. Quienes fuimos alcaldes sabemos que siempre en una comunidad hay un grupo que dice: “¡No, y por qué no hacemos las elecciones!”. El objetivo del proyecto es evitar que las organizaciones, que son tan importantes, tengan que reunirse, de modo de evitar que sus integrantes se contagien, lo que sería peor.

Hacemos un llamado -imagino que todos los parlamentarios a que las diversas organizaciones sociales que hemos nombrado puedan crear redes de apoyo a través de grupos de WhatsApp, como los sindicatos, las juntas de vecinos y los clubes deportivos, con el objeto de que puedan estar comunicadas para saber cómo se encuentran quienes las integran y para estar al tanto, entre otras cosas, de si hay algún adulto mayor que está padeciendo algunas complicaciones o que se encuentre solo. De hecho, hay varios ejemplos de familias que están pidiendo colaboración en materia de alimentos a través de esos grupos, lo que permite generar una cadena de solidaridad.

Por lo tanto, hay formas que se pueden utilizar para que las organizaciones sociales puedan seguir ayudando sin necesidad de reunirse, sino a través de las redes sociales, mediante la utilización de aplicaciones tecnológicas como Facebook, entre otras.

Por ello, invito a las distintas comunidades, instituciones y fundaciones que hemos mencionado a organizarse vía redes sociales, pues de esa forma podrán estar pendientes de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo y de las distintas personas que forman parte de las comunidades que integran.

En consecuencia, llamo a todos a votar a favor este proyecto, ya que tiene por finalidad el establecimiento de una política que nos permita disminuir el número de enfermos y brindar tranquilidad a la comunidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Amaro Labra Sepúlveda .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, en términos generales, este proyecto surge de la preocupación de distintas organizaciones sociales, sindicales y gremiales ante la posible pérdida de vigencia producto de las complejidades del funcionamiento de las entidades públicas involucradas en la tramitación de los actos administrativos relacionados con la renovación de la vigencia de las directivas de esas organizaciones con ocasión de la catástrofe que ha generado el covid-19, preocupación que fue recogida en parte por el mensaje que dio inicio a esta iniciativa.

Sin embargo, el proyecto no incluía a las organizaciones sindicales y gremiales, las cuales son regidas por otros cuerpos normativos, ni tampoco se hacía cargo de dificultades que las organizaciones tuvieron durante los meses anteriores, a consecuencia del estallido social.

En ese contexto, mediante los reparos realizados por la ANEF y otras organizaciones, el proyecto incorporó las indicaciones presentadas por parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , las cuales tenían por objeto resolver la preocupación de esas organizaciones. Eso permitió que los integrantes de dicha instancia lo aprobaran por unanimidad la semana pasada.

Por lo tanto, desde la bancada del Partido Comunista queremos señalar la urgencia de que este proyecto se vote y se apruebe sin más demora.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Marcos Ilabaca Cerda .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que los chilenos y chilenas lo están pasando muy mal por una pandemia que ataca sin distinción de edad, clase social, y de cómo las organizaciones sociales, como siempre, se han puesto en la delantera para ir en ayuda de sus diferentes comunidades.

Es ese contexto, cabe señalar que la alcaldesa de Paillaco, señora Ramona Reyes ; el alcalde de Panguipulli, señor Rodrigo Valdivia ; el alcalde de Máfil, señor Claudio Sepúlveda ; el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, señor Roberto Paredes , y el presidente del Cosoc del MOP de Los Ríos, señor Fabián Carrasco , me plantearon su preocupación debido a que los directorios de muchas organizaciones sociales se encontraban en el período del cese de su vigencia. Por esa razón, junto con el diputado Fidel Espinoza presentamos un proyecto de ley para buscar una solución a ese problema.

Por su parte, el gobierno también presentó una iniciativa al respecto. En ese sentido, debo reconocer el gran trabajo efectuado por la Comisión de Gobierno Interior, que la semana pasada, en forma absolutamente expedita, atendida la urgencia del problema, accedió a fusionar los proyectos. Gracias a ello, hoy estamos en condiciones de entregar una solución a las diferentes organizaciones sociales: vecinales, juntas de vecinos, grupos de adulto mayor, clubes deportivos, sindicatos, federaciones, APR, asociaciones y comunidades indígenas. Lo que propone este proyecto es una solución mucho más amplia.

En definitiva, el mensaje para las distintas organizaciones sociales y cuerpos intermedios de nuestro país es que el Congreso se ha preocupado de contribuir con un granito de arena para alivianar la carga del duro momento que vive Chile.

Por lo tanto, en nombre de la bancada del Partido Socialista, anuncio que apoyaremos con mucha alegría y fuerza un proyecto de ley que beneficiará a nuestras diferentes organizaciones comunitarias.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, creo que con este proyecto estamos reconociendo la importancia que tienen las organizaciones sociales de nuestro país, en especial en el contexto de una crisis sanitaria.

Las distintas organizaciones sociales, tanto comunitarias como juntas de vecinos, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, APR y comunidades indígenas, entre otras, han sido y seguirán siendo muy importantes para enfrentar esta crisis, por cuanto son capaces de aglutinar a la comunidad y de extender los beneficios que entrega el Estado a los distintos usuarios. Lo que propone esta iniciativa constituye un reconocimiento a la tremenda labor que hacen los dirigentes de estas organizaciones, que, sin duda, son el motor de la sociedad, en términos de organizaciones comunitarias y de base.

El proyecto es muy pertinente. En efecto, nos han llamado muchas organizaciones sociales para consultarnos qué ocurriría con la vigencia del mandato de las directivas u órganos de administración de las asociaciones, fundaciones, organizaciones y comunidades, debido a las dificultades que tenían en estos momentos para reunirse con el objeto de llevar a cabo los respectivos procesos eleccionarios. Además, nos plantearon su inquietud respecto de la forma en que podían seguir postulando a distintos proyectos, de qué manera podían seguir desarrollándose y cómo podían utilizar las distintas herramientas entregadas por el Estado en el marco de la pandemia que está afectando al país.

Quiero agradecer la preocupación que me hicieron llegar los concejales Félix Bugueño , José Luis Reyes , María Elizabeth Abarca , Gabriel Palma y Francisco Reyes , quienes nos preguntaron qué está pasando con esa situación.

Es muy importante que el Congreso Nacional apruebe y despache este proyecto lo antes posible, ojalá sin mayores modificaciones, porque eso significaría enviar la iniciativa nuevamente a comisión, lo que retrasaría su tramitación.

Quiero señalar que votaremos a favor este proyecto, porque dice relación con la conexión que tenemos los diputados y diputadas con nuestros propios distritos, con lo que está pasando con las organizaciones sociales, además de constituir un reconocimiento a la importancia de la labor que llevan a cabo en el quehacer y en la vida cotidiana de las personas.

Por lo tanto, como Federación Regionalista Verde Social votaremos, sin duda, a favor esta iniciativa, fruto de una moción.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag Villalobos .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, deseo valorar este proyecto, de autoría del diputado Fidel Espinoza . La iniciativa fue analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , instancia que ha sido muy activa en esta época de pandemia, por ejemplo, al agilizar la tramitación de la iniciativa que proponía el establecimiento de la prórroga de la vigencia del permiso de circulación.

En este caso, el proyecto en discusión plantea la prórroga de la elección de los dirigentes de las juntas de vecinos y organizaciones sociales hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe; de lo contrario se produciría una situación anómala, ya que el problema sanitario que afecta al país impide realizar las elecciones en este periodo, de manera que las organizaciones quedarían acéfalas, sin la posibilidad de postular a beneficios sociales y a tantos otros beneficios estatales.

Valoramos esta iniciativa, puesto que incluye a todas las organizaciones sociales y permite, una vez que cese el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se abra un plazo de 90 días para elegir la nueva directiva, de manera que las organizaciones sociales no queden acéfalas y se pueda dar continuidad al valioso trabajo que realizan.

Finalmente, debo mencionar a los comités de agua potable y de los comités agrícolas, que son tan relevantes, por lo que no pueden quedar acéfalos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Osvaldo Urrutia Soto .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, como se ha dicho, este es un proyecto transversal apoyado por parlamentarios de distintos partidos.

Es una iniciativa que, obviamente, no tiene color político, es de sentido común y es el resultado de la pandemia que estamos viviendo. Se trata de la fusión de seis mociones de parlamentarios de diversas bancadas, pero hay que reconocer que ha sido complementada y mejorada por el Ejecutivo, a través de indicaciones que han permitido ampliar el número de organizaciones sociales beneficiadas.

Así, el Ejecutivo presentó tres importantes modificaciones.

La primera de esas modificaciones tiene que ver con que algunas mociones se limitaban al registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro que lleva el Registro Civil, lo que dejaba fuera a muchas de las organizaciones reguladas por la ley N° 19.418, ante lo cual el Ejecutivo decidió ampliar el número y tipo de organizaciones civiles beneficiadas con esta medida, lo que ha sido incorporado en este proyecto de ley en debate.

Por otra parte, dado que algunas mociones mantenían la vigencia de la directiva al término del estado de excepción constitucional, el Ejecutivo decidió ampliar ese plazo a lo menos a tres meses, por la logística que implica llevar a cabo un proceso eleccionario.

En tercer lugar, algunas de las mociones hacían referencia únicamente al decreto supremo N° 104, de marzo de 2020, sin considerar que, si así lo amerita el desarrollo de la pandemia, el estado de excepción constitucional podría prorrogarse, lo que sería declarado en virtud de un nuevo decreto.

En cuanto al contenido del proyecto, propone modificar la ley que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, como centros de madre, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, comités de agua potable rural, en fin, que se encuentren o no inscritas en el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro que lleva el Registro Civil, incorporando un artículo segundo transitorio en dicha normativa. Esto es muy relevante, ya que se estima que más de 40.000 organizaciones podrían verse afectadas por el vencimiento de sus directorios, con las consecuencias que eso tiene, porque sabemos la importante labor que llevan a cabo estas organizaciones comunitarias en los diferentes barrios y sectores donde trabajan.

Creo que este proyecto es un reconocimiento a la importancia que tienen las organizaciones comunitarias ya mencionadas, a sus dirigentes, que laboran 24/7, sin horario, sin fines de lucro, preocupados de trabajar por sus comunidades. En muchas comunas hay cientos y a veces miles de organizaciones comunitarias que funcionan día a día, como clubes deportivos, que realizan una labor permanente en beneficio de sus vecinos.

En nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, con mucho entusiasmo anuncio el voto a favor de esta iniciativa. Ojalá así lo haga también la mayoría de los presentes.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Rodrigo González Torres .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, como han señalado muchos de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, la bancada del Partido por la Democracia va a aprobar con mucho entusiasmo este proyecto de ley, porque facilita una labor que considero fundamental para el desarrollo de las comunidades en el país.

La red de organizaciones comunitarias que existe en Chile es muy fuerte, muy potente. Se trata de instituciones que siempre tienen ánimo de participar y colaborar en el cumplimiento de las funciones del Estado, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los socios que las integran.

Por eso, sería una situación poco recomendable poner obstáculos para que puedan continuar ejerciendo su labor, por lo que esta iniciativa propone mantener su personalidad jurídica y prorrogar la vigencia de sus directivas durante este período de pandemia, en el caso de que puedan vencer durante la crisis sanitaria.

Por tanto, es de la mayor importancia aprobar ojalá por unanimidad este proyecto, porque las organizaciones vecinales, deportivas, de mujeres, de adultos mayores tienen gran dificultad para realizar asambleas y coordinarse, más aún cuando no cuentan con medios telemáticos u otros que les permitan desarrollar sus actividades.

Con el fin de que sigan cumpliendo esa labor, siempre muy abnegada, muy sacrificada y a veces muy poco reconocida de los dirigentes sociales, vecinales, deportivos y de distintas comunidades, como corporaciones, organismos sin fines de lucro, asociaciones y todo tipo de organización que cumpla una función de servicio a la comunidad, como dije, la iniciativa propone prorrogar la vigencia de su directiva durante este período, para que no pierdan su personalidad jurídica, y luego renovar su directiva mediante la elección correspondiente.

Por eso, con mucho gusto vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En tercer lugar, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales se rindió en la sesión 4ª de la presente legislatura, en miércoles 18 de marzo de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada uno de los diputados y diputadas inscritos.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera de la Fuente.

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el proyecto de ley en debate, que fue objeto de una larga discusión en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, tiene una importancia notable para gran parte de nuestra población.

Los loteos irregulares son subdivisiones de terrenos que no cuentan con el permiso provisorio o definitivo de la municipalidad respectiva. Estos terrenos no cuentan con condiciones básicas e imprescindibles para la vida en comunidad, como calles y accesos a espacios públicos, ni con conexión a las redes de servicios básicos, como alcantarillado, agua potable, etcétera.

Su origen está en la subdivisión de terrenos, generalmente rurales, que no cumplen con la normativa necesaria para que se apruebe su subdivisión.

Muchas de nuestras ciudades se han conformado de esta manera, a partir de estas subdivisiones que, con el paso de los años, han logrado formalizarse y equiparse con los servicios básicos que toda vivienda requiere, en un proceso no exento de problemas y carencias. Es una realidad presente en muchas comunas de nuestro país y que se inserta dentro del fenómeno de precariedad de la vivienda en Latinoamérica.

Como Estado, debemos tener mecanismos legales y administrativos que permitan regularizar estos emplazamientos y asegurar a sus habitantes los servicios básicos, compatibilizándolos con la respectiva política de ordenamiento territorial.

Este proyecto busca establecer una serie de adecuaciones a la normativa de regularización de este tipo de loteos, facilitando el acceso a los beneficios que contempla el procedimiento abreviado, además de establecer un nuevo plazo de vigencia de la misma ley.

A través de esta nueva normativa, se busca instaurar una política pública que permita la regularización de loteos irregulares que cumplan con los requisitos exigidos por la ley. El cumplimiento de este requisito no tiene otro objetivo más que asegurar a las personas, habitantes de dichos terrenos, que cuenten con todas las instalaciones y servicios indispensables para su diario vivir y que, a su vez, su comunidad pueda insertarse dentro del territorio en el cual se emplaza con mayor facilidad. Vale decir, esto se traduce en el cumplimiento de la normativa en relación con la vivienda y, a su vez, con la urbanización del conjunto.

El déficit de viviendas en nuestro país es una realidad que debe ser enfrentada de diversas maneras por el Estado, ya sea entregando viviendas, subsidiando su adquisición y también estableciendo requisitos que permitan regularizar las viviendas existentes, que ya son una solución habitacional para muchas familias, pero que se han emplazado y construido sin cumplir lo establecido en la ley.

Nuestra responsabilidad es continuar legislando en pos de compatibilizar el deseo de una vivienda propia y garantizar las condiciones básicas para cada una de dichas viviendas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia Soto .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, la ley N° 20.234, que hoy buscamos perfeccionar, fue una norma bien inspirada -qué duda cabe de ello-, pero poco efectiva, porque después de más de doce años de vigencia, miles de familias siguen viviendo todavía en asentamientos irregulares, carentes de urbanización y de servicios básicos de primera necesidad como el agua potable, el alcantarillado, la electricidad y la pavimentación de calles y veredas, con todo lo que eso implica para su calidad de vida.

A pesar de los doce años de vigencia de esta ley, más del 70 por ciento de los asentamientos irregulares que hay en el país no han podido ser regularizados y las familias que ahí habitan seguirán viviendo en precarias condiciones, a menos que nosotros mejoremos y perfeccionemos este cuerpo legal. Es por ello que este proyecto de ley que hoy debatimos mejora, avanza y perfecciona la ley N° 20.234. Proyecto que, como bien decía la diputada Olivera, discutimos durante largo tiempo -creo que fueron más de seis meses en la Comisión de Vivienda.

Lamentablemente, en nuestro país existen asentamientos irregulares que tienen más de 30 años de existencia, loteos irregulares que permanecen en esa condición desde la década de 1960 e, incluso, antes. Es decir, esas miles de familias han vivido por más de 60 años en esta precaria condición. Entonces, debemos preguntarnos: ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? La verdad es que no hay una respuesta única, pero sí existen diversas razones y explicaciones para ello.

Primero, el Estado ha sido ineficaz y ha cometido reiterados errores en la legislación urbana y habitacional. Segundo, se han aplicado equivocadamente algunas normas legales por los ministerios correspondientes, como la aplicación del decreto ley N° 2.833 o el decreto ley N° 2.695, que tenían como propósito sanear el título de la propiedad, y se hicieron loteos, se abrieron calles y se determinaron áreas verdes. Sin embargo, esos loteos o asentamientos irregulares todavía no han podido ser recepcionados por no cumplir con la normativa.

El resultado de ello es que ha habido superposición de leyes y normas urbanísticas sobre un mismo territorio, lo que hace imposible, muy difícil, engorrosa y cara la recepción por parte de las direcciones de obras municipales. Además, la burocracia establecida en la ley N° 16.741 eterniza la recepción de los loteos irregulares.

Por ello, en este proyecto se ha introducido una serie de modificaciones a la ley vigente, ampliando, además, su plazo de vigencia y cobertura, ampliando a todo tipo de asentamientos irregulares y extendiendo la fecha desde la cual se encuentran materializados esos asentamientos. Es así como se establece que se entenderán como asentamientos irregulares no solo los loteos irregulares contemplados en la ley N° 16.741, sino también aquellos campamentos bajo estrategia de erradicación por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y asentamientos irregulares que se constituyeron a través del decreto ley N° 2.833 o el decreto ley N° 2.695. También a los loteos regulares bajo la ley N° 16.282 -más conocida como la ley de sismos o la ley N° 18.138, que facultó a las municipalidades para desarrollar programas de construcción de viviendas e infraestructura sanitaria, todo financiado por el Estado, a través de los programas de mejoramiento de barrios, conocidos como PMB, con muy malos resultados, pues la mayoría de ellos aún no tiene recepción, a pesar de haber transcurrido más de 20 años de iniciada su construcción.

Se considerará a todos los asentamientos materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre del año 2018. Esa es otra importante modificación.

El proyecto establece, con mayor claridad y precisión, quiénes y cuáles asentamientos irregulares pueden acogerse a los beneficios de esta ley, considerando no solo casos en el área urbana, de extensión urbana y en tierra indígena. También considera alternativas para aquellos asentamientos emplazados en áreas de riesgos y les permite postular a fondos públicos para la elaboración de estudios, diseño y ejecución de obras de mitigación que permitirán superar el riesgo y obtener recepción por parte de las direcciones de obras municipales.

Asimismo, permite que, en el caso de que se superpongan diferentes normativas, el Minvu pueda dirimir sobre su aplicación en el territorio, con el objeto de dar solución a las discrepancias existentes entre la ocupación territorial, la geometría de los planos aprobados, los títulos de dominio y la topografía del lugar.

En fin, creo que es muy importante aprobar este proyecto, porque beneficiará a miles de familias a lo largo de todo nuestro territorio nacional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González Torres .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, el 12 de abril del 2007, junto con el entonces diputado Eugenio Tuma , presentamos por primera vez el proyecto que finalmente se transformó en la ley N° 20.234, que permite regularizar los loteos irregulares.

Esa ley cobró vida el 5 enero de 2008 -es decir, hace doce años y tuvo, además del mejoramiento que estamos impulsando en este proyecto, una segunda renovación. Sin embargo, como muy bien se ha dicho, esta ley tuvo dificultades para su aplicación, debido a la existencia de un conjunto muy diverso y muy heterogéneo de cuerpos legales que se topaban entre sí, que competían entre sí, que chocaban en sus objetivos y que no permitieron, con toda la amplitud, la agilidad, la flexibilidad necesarias, que los miles de asentamientos irregulares que existen en Chile pudieran ser regularizados.

Quiero recordar que la Quinta Región alberga los más importantes campamentos de Chile. Las ciudades de Valparaíso y de Viña del Mar son algunas de las ciudades con más asentamientos irregulares, con más loteos irregulares y con más campamentos del país. Por eso es que el perfeccionamiento de la ley era una necesidad absoluta y por eso también la Cámara de Diputados prorrogó la vigencia de la ley N° 20.234 por cinco años, pero sin introducir ninguna modificación que permitiera mejorar la forma de regularización.

Así las cosas, después de una discusión muy amplia, como lo señaló muy bien el diputado Osvaldo Urrutia en su intervención, en la Comisión de Vivienda se fusionaron varios proyectos que se sintetizan en esta iniciativa que hoy discutimos y que contiene importantes perfeccionamientos.

En primer lugar, la ley se prorroga por un plazo de diez años y amplía su aplicación a los asentamientos que se encuentren materializados antes del 31 de diciembre de 2018, por lo que cubre un período de tiempo mucho mayor que la ley actual, permitiendo que muchos asentamientos irregulares que no habían podido hacerlo, puedan hoy incorporarse a los beneficios de esta ley.

Además, otorga facilidades especiales para que todo tipo de situaciones irregulares puedan ser incorporadas, incluidos el ámbito rural, las tierras indígenas y otros sectores que pudieran ser regularizados y que van a poder someterse al régimen de esta ley.

Especialmente, se facilita que las direcciones de Obras puedan actuar con rapidez y agilidad. Muchas de las responsabilidades que tenían los directores de Obras hoy ya no existen, lo que permite que operen con mayor agilidad.

Una de las dificultades importantes en la regularización de terrenos es que quienes se hacen cargo de esa tarea muchas veces carecen de las capacidades técnicas y de los recursos para confeccionar planos de loteo. Por eso es importante contar con el apoyo del Estado, especialmente de las instituciones dependientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se invoca y se señala lo importante que resulta la coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con otras instancias del Estado. Además, se dispone un trabajo de coordinación y articulación entre las distintas leyes para que las regularizaciones puedan tener lugar.

El proyecto aportará a que en un período de diez años logremos terminar con los loteos irregulares y a que muchos pobladores y muchas pobladoras se beneficien de ese resultado, por lo que esperamos que concite la mayor aprobación en la Cámara de Diputados.

Desde luego, la bancada del Partido por la Democracia apoyará el proyecto con mucho entusiasmo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza Sandoval .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, en esta materia, la discusión en nuestro país y en el mundo se centra en cómo somos capaces de construir ciudades y comunidades sostenibles. De hecho, Chile es uno de los 195 países que firmó los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se sostiene que más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se cree que en 2050 esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas. Por lo tanto, lo primero que debemos tener claro, en el marco de la discusión del proyecto, es que no es posible un desarrollo sostenible si no somos capaces de transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.

Nuestro país no está al margen; tiene muchos barrios marginales, a pesar de que tenemos una buena política habitacional de la que debemos estar orgullosos. De hecho, somos el único país de Latinoamérica y de los pocos del mundo en los que con ahorrar un par de unidades de fomento, la gente puede tener su casa y no quedarle debiendo un solo peso al Estado.

Sin embargo y a pesar de los avances, también tenemos barrios marginales que se están convirtiendo en una característica significativa de nuestra vida urbana. Debemos recordar cómo era Chile en los años 90 y cuántos millones de chilenos vivían en campamentos y asentamientos. Desde la década de los noventa en adelante hemos logrado transformar Chile en un país donde hay más posibilidades de acceso a viviendas dignas, pero, como he dicho, persisten determinados problemas, entre ellos los loteos irregulares y los asentamientos marginales. Es tarea del Estado hacer frente a tal situación.

Me siento muy orgulloso de ser uno de los autores de este proyecto de ley junto con diputados de distintas bancadas, como el colega Calisto , la colega Carvajal , el diputado Rodrigo González , la diputada Hernando y los diputados Jarpa , Cosme Mellado , Alejandro Santana y Alexis Sepúlveda , entre otros. Estoy orgulloso, porque este proyecto busca mayor seguridad y responsabilidad de nuestro Estado en la tarea de construir ciudades que garanticen un acceso a viviendas más seguras y erradicar uno de los grandes problemas que persiste en Chile: los asentamientos marginales o loteos irregulares.

La normativa, que fue aprobada en 2015 y expiró este año, extiende su vigencia, gracias a este proyecto, por cinco años. Además, como señalaron diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, entrega herramientas que permitirán perfeccionar la ley N° 20.234, regularizar loteos de manera más eficaz y transformar positivamente ciudades que hoy se encuentran hiper degradadas. Se trata de comunidades en las que muchas familias viven en condiciones infrahumanas, sin servicios básicos fundamentales. La idea es transformarlas en ciudades amigables, respetuosas del medio ambiente, con áreas verdes más eficientes y con avances en materia energética y de reciclaje de residuos. El objetivo central es el que perseguimos todos quienes formamos parte de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales: mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Creemos que este proyecto será un aporte importante para los gobiernos que vengan. Si las herramientas que proporciona se utilizan de buena manera, avanzaremos, como dijo muy bien el diputado Rodrigo González , en ir terminando con uno de los problemas que más queremos erradicar: los asentamientos o loteos irregulares, donde tantas familias viven en condiciones infrahumanas.

Esta es una ley en proyecto que le va a hacer bien a Chile y a millones de compatriotas. Por eso, estamos muy contentos de que hoy se apruebe, ojalá con amplia mayoría.

Por cierto, la bancada del Partido Socialista, que me apoyó desde el primer minuto que presenté uno de los proyectos que se refunden, votará favorablemente la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia de covid-19, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios sobre la base de la existencia de mora en el pago de los usuarios finales

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada previamente inscrito.

Antecedentes:

-El segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo se rindió en la sesión 13ª de la presente legislatura, en martes 14 de abril de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muy bien. Pido a los jefes de Comités que asistan a la reunión.

Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la realidad es que estamos entrando en una fase en que muchas familias están con la soga al cuello en cuanto a los gastos que deben enfrentar y a la posibilidad real de poder cumplirlos, debiendo privilegiar siempre la salud de sus familias, con todos los sacrificios que ello implica.

Lo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia es que las familias se vean expuestas a la extrema situación de que, ante la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas de sus integrantes, intenten salir a generar recursos y, de esa forma, expongan la vida de sus cercanos y la de muchas personas más.

Debemos evitar esa situación por todos los medios; es ahí donde la solidaridad tiene que esparcirse y contagiarse con más fuerza que este virus, de modo de combatirlo con la incontrarrestable y ya probada fuerza de la unidad.

Veo con esperanza los acuerdos a los que el gobierno ha llegado con algunas empresas, pero también veo con preocupación la situación de nuestra clase media, la cual, muchas veces, es invisibilizada y termina estando en un punto intermedio entre los que reciben ayuda de forma directa y los que no la reciben. Esa posición ingrata los hace estar en un riesgo permanente, con el temor de volver a una vulnerabilidad, de la que les costó mucho salir. Esa sensación de angustia se acrecienta cuando, con impotencia, ven que además -no de manera poco frecuentes e les posterga a un segundo plano, con la indecorosa mochila de la ya repulsiva letra chica, que los sume en una carrera por tratar de demostrar, ante elementos poco claros y uniformes, si son merecedores de aquel beneficio, como un ruego de clemencia que repercute como un eco permanente en nuestra sociedad. Es decir, sumado a lo anterior, tenemos la arbitrariedad de aquellos que deben definir si hay suficiente mérito para ser acreedor de su supuesta bondad.

Aquello produce una impotencia que contagia. No es un favor o una paleteada la que piden millones de chilenos; es una obligación moral ir en auxilio de quienes más lo necesitan. La solidaridad no debe ser exclusivamente de algunos. Aquí todo el que tiene la situación económica para pagar los servicios básicos tiene el deber de hacerlo, ya que con ello está dando una mano a quien no puede pagar.

Los servicios tienen que seguir ofreciéndose. Aquí hay pequeñas empresas que generan muchos empleos, que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir si los que, pudiendo pagar, optan por no hacerlo.

Esto va dirigido a aquellos que pretenden avanzar sin mayores consideraciones. Con ese afán, que si bien es tentador, por el aplauso inicial y la palmadita en la espalda, pueden terminar profundizando el problema, y ahí los aplausos se convertirán en gestos de agravio ante la irresponsabilidad cometida.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, sabemos cuándo comenzó el coronavirus, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, desde el punto de vista sanitario y del impacto económico.

Se ha dicho mucho -yo lo comparto que de esta pandemia tenemos que salir todos juntos: Estado, empresas, comercio minorista, particulares –todos tenemos que salir vivos de esta pandemia o, al menos, con la capacidad de recuperarnos.

Lo que estamos viviendo es algo muy complejo desde el punto de vista humano, del que se ha hablado ampliamente en esta Sala, y también por la incertidumbre, los miedos y todo lo que está rondando hoy a las familias chilenas.

Creo que no nos tenemos que apurar. Este proyecto tiene un loable objetivo, pero no nos apuremos. Veamos en perspectiva todo lo que el gobierno está haciendo en relación con el tema que se trata, en profundidad, en esta moción.

Por ejemplo, me gusta la propuesta de que no se corte el suministro de los servicios básicos, en especial lo que dice relación con las telecomunicaciones, específicamente el internet y la luz, porque siento que de esa forma estaremos ayudando directamente a la clase media que hoy está usando el internet para trabajar y también para seguir educando a sus hijos.

También me gusta -presenté una indicación que se considere a los pequeños contribuyentes, a los trabajadores independientes y a los trabajadores informales, y que la ayuda se concentre no solo en el 40 por ciento más vulnerable, porque existen muchas personas que no caben dentro de esta categoría.

Pero también hay errores, de los que se ha hablado ampliamente en esta Sala, sobre todo en el tema de las cooperativas. Ese es un error que hay que corregir; no se puede dejar fuera a las personas que pagan los servicios a las cooperativas, porque, al final, no van a poder recibir estos beneficios.

Ahora, no estoy de acuerdo con el tema de la gratuidad; yo estoy a favor del prorrateo, que era el origen de este proyecto. Pienso que la gratuidad y esos discursos fogosos que uno de repente escucha van por una línea que puede ser un búmeran en un futuro cercano.

Viví en una época en que había necesidades, porque no había algunas cosas. Entiendo que para muchos jóvenes es muy difícil imaginarlo, pero efectivamente cuando la industria muere, las cosas se acaban.

La economía no puede morir; la economía, a lo más, puede estar en un coma inducido para después poder resucitarla, con el debido tratamiento. A mí me parece que es irresponsable entablar guerras entre familias, trabajadores, empresas y pymes. ¡Ojo!, que lo que hoy es pan mañana será menos pan, y puede ser que el pan se termine acabando.

Se requiere responsabilidad y una tregua ideológica. Chile tiene que levantarse después de esta pandemia.

Siento que el espíritu es el correcto, que está lleno de buenas intenciones; pero solo con buenas intenciones no se puede construir nada concreto. Hay que poner el corazón y también la cabeza, porque lo que viene de ahora en adelante en Chile, no solo en términos sanitarios, sino también económicos, va a ser brutal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, en realidad este es un proyecto que debió haber impulsado el Ejecutivo. Lamentablemente, el Congreso terminó incorporándolo, porque es necesario para aquellas familias que hoy no cuentan con los recursos para pagar los servicios básicos.

Hay personas que no tienen recursos para pagar el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica, tampoco el sistema de internet. Debo señalar que también en la ruralidad, en el sector que represento, donde mayoritariamente hay comunidades de pueblos indígenas, todavía hay una brecha muy grande, porque no tienen acceso a internet. En esos lugares hay muchos jóvenes que se han inscrito en diversos institutos y universidades, y que no han podido conectarse, porque, lamentablemente, no cuentan con el sistema adecuado.

Así como se discutió aquí, en la Cámara de Diputados, la situación de aquellas personas que no tenían la posibilidad de generar facturas electrónicas, hoy en la ruralidad nos encontramos con muchos estudiantes que no tienen ninguna posibilidad de acceder al sistema de estudios, a raíz de que no cuentan con la posibilidad de conectarse digitalmente.

Estoy hablando de esa realidad dura que ha quedado marginada, en donde muchas personas están a la espera de que se siga financiando la entrega de agua a las comunidades a través de camiones aljibe. También me refiero a la realidad de muchas personas que pagan la luz a través de las cooperativas y que no van a tener la posibilidad de una rebaja ni de que se les suspenda el pago.

Por lo tanto, estoy hablando de esa difícil realidad de aquellas familias que están aisladas y que también se han visto afectadas, porque muchas empresas forestales han causado daño, acabando con el agua y destruyendo la conexión, que se hace a través de los caminos y puentes.

Siento que este es un proyecto del que el Ejecutivo debió haberse hecho cargo. Los beneficiarios no deberían estar sujetos a que solo se suspendan los pagos, porque, posteriormente, tendrán que asumirlos una vez que termine la crisis sanitaria. No estoy de acuerdo con ello.

Por lo tanto, siento que es necesario que el Parlamento y cada uno de los diputados y diputadas impulsemos la idea de que el Ejecutivo se debe hacer cargo de esta responsabilidad que tiene para con las familias más vulnerables y todas aquellas que hoy no tienen la posibilidad de pagar los servicios debido a la falta de presupuesto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, hoy estamos en una situación de catástrofe. Por eso es necesario hacerse cargo del pago de los servicios básicos, entendiendo por ello el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, el gas de cañería y las telecomunicaciones por internet, que hoy son un servicio fundamental.

Esta discusión se entrampó porque el Ejecutivo llegó a un acuerdo voluntario con las empresas, pero que beneficia a un número mucho más acotado que aquel que incluye este proyecto, que es más amplio. Este proyecto permite posponer el pago de los servicios básicos y prorratearlo hasta en doce cuotas, para aquellas familias que no los puedan pagar.

En la Democracia Cristiana hemos respaldado este proyecto a través de la diputada Joanna Pérez , presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. Creemos que esta situación sí va a afectar a miles de familias que hoy no están en condiciones de pagar los servicios básicos y, por lo tanto, esta posibilidad de posponer el pago mediante un prorrateo les permitirá un cierto alivio.

También es cierto lo que se ha dicho acá, en el sentido de que muchas familias no van a estar en condiciones de prorratear ese pago, por lo cual tendremos que buscarles algún mecanismo de ayuda directa. El día de mañana se empezará a pagar el bono covid-19, que, como manifestamos durante la discusión, será insuficiente para todas las necesidades que tienen las familias chilenas. Tendremos que buscar un mecanismo. Habíamos pensado en otorgar un subsidio directo para los servicios básicos o bien, como se ha propuesto, la gratuidad para el 40 por ciento más vulnerable, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, puesto que habrá familias que no estarán en condiciones de pagar sus cuentas.

En ese sentido, quiero valorar la actitud de las cooperativas eléctricas, que sí han estado dispuestas a dar ese beneficio. Sin embargo, la piedra de tope han sido las empresas generadoras, las cuales, habiendo tenido grandes utilidades en el pasado, no han querido ceder ni un ápice, en circunstancias que las cooperativas o distribuidoras pueden perfectamente dar un beneficio, pero igualmente las generadoras les pasarán la factura a fin de mes. También valoro que en el proyecto se haya incluido, a petición de muchos parlamentarios, que las generadoras estén obligadas a posponer el cobro.

Esta iniciativa constituye un avance, pero tendremos que volver a revisarla, porque es insuficiente. Insisto en que debemos ponernos en el lugar de las personas que están sufriendo. Aquí hay empresas que han ganado cuantiosos recursos y es el momento de que le devuelvan la mano al país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, al escuchar entre ayer y hoy a algunos colegas de la oposición, se me viene a la memoria la época de la Unidad Popular, cuando se quería que todo fuera gratis, es decir, que lo pagara “Moya”.

Algunos quieren gratuidad por todos los servicios durante seis meses, pero la verdad es que al final del día todos los chilenos deberemos pagar.

Hoy estamos discutiendo un proyecto que permitirá prorratear la deuda de los consumos básicos.

Ayer también oí, con mucha atención, que algunos colegas decían que Piñera tenía que amarrarse bien los pantalones y ser solidario. La reflexión que me hago -y voy a decir algo que quizá sonará un poco tragicómico es que ojalá nunca hubiésemos tenido esta pandemia en el país. Pero llegó a nivel mundial y a nuestro país, y, gracias a Dios, hoy tenemos un gobierno serio y responsable. Quizás qué habría pasado si hubiese estado la Presidenta Bachelet . ¿Se acuerdan ustedes del terremoto y del tsunami o no? “No hay tsunami”. ¡Más de 500 muertos! A lo mejor, estaríamos en peores condiciones. Pero hoy se está trabajando de manera seria y responsable.

Quiero pedir a los colegas de la oposición que no seamos populistas. El Partido Comunista pretendía, y pretende, que todo sea gratis para el 40, 50 o 60 por ciento. En la vida, colegas, ustedes saben, al igual que yo, que nada es gratis; al final del día, se debe pagar.

Yo quiero felicitar y agradecer al diputado Pedro Velásquez , que intervino ayer, porque fue el único de oposición que dijo que era un tema inconstitucional, que había que pagar y que no era sano.

Por lo tanto, en verdad hay que reconocer que hay parlamentarios de oposición que tienen las cosas claras y que quieren seguir trabajando.

Presidente, quiero decir, en forma muy responsable, que hoy tenemos que trabajar todos los parlamentarios.

Me alegra que se haya presentado este proyecto de ley.

Lamento que los APR, por ejemplo, de la isla Santa María , que pertenece a Coronel, no hayan tenido apoyo, o muy poco, ni del gobierno central ni del comunal. Están muy preocupados por el tema. Debemos encontrar los mecanismos para ver cómo podemos apoyar a aquellos vecinos.

Pero, por favor, por el aplauso fácil y con populismo, no pidan acá que sea todo gratis, porque hay chilenos, hay ciudadanos, que podemos y debemos pagar dentro del plazo establecido. A quienes no puedan pagar hoy, se les prorrateará para que paguen mañana. Pero yo no voy a engañar, ni espero que me aplaudan ni espero que me pifien por decir la verdad: No todo es gratis; al final, lo pagamos todos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, la verdad es que no iba a intervenir en el debate, pero quiero decir lo siguiente.

Las crisis ponen a prueba a sus dirigentes, en todas partes del mundo, y este proyecto no es la excepción. Creo que todos empatizamos con el drama que hoy viven miles de chilenos que no pueden pagar sus costos de luz, sus costos de agua, sus costos de gas, en fin. Esos miles de chilenos probablemente están mejor que en 1990, pero tal vez todavía tienen muchas precariedades. Y digo 1990, porque he escuchado a algunos referirse al problema como si este se hubiera suscitado ayer, como que no tuviéramos nada que ver, como que fuera imposible decir que estamos mejor que en 1990, que hoy hay gente que tiene capacidad para tener alcantarillado y que antes no la tenía; que hoy hay gente que tiene acceso a la luz y que antes no lo tenía, y que eso ha sido obra de distintas personas, de diversas posturas políticas. ¡Pero no! Hoy nos ponemos en la vereda opuesta de la superioridad moral y tratamos de emplazar, como si todo fuera culpa de una persona en particular.

Presidente, las crisis ponen a prueba a sus dirigentes, ponen a prueba la altura moral, ponen a prueba la capacidad de ser oposición responsable, porque, al final, hay un virus que es más peligroso que el coronavirus, que es el virus de la irresponsabilidad política, que es el virus de jugar con las expectativas de la gente, que es el virus de no decir las cosas de frente y la verdad, porque la verdad es que quienes nos están escuchando saben que las cosas cuestan, y que no es tan fácil ir por la vida diciendo que todo se puede y estirar el elástico en cada uno de los proyectos para anotarse, probablemente, algún titular en algún programa de televisión de turno.

Entonces, lo que quiero decir es que en las crisis afloran dos extremos muy lamentables:

El primero, es la indolencia, y, efectivamente, qué mal hacen los indolentes, porque algunos pocos indolentes terminan por teñir a muchos que tratan de hacer esfuerzos.

Y el otro problema de las crisis son los irresponsables, aquellos que juegan con las expectativas, aquellos que siempre avivan un poco más la cueca, para ver si se anotan un porotito.

Yo considero que acá debemos mostrar responsabilidad, de una buena vez. Muchos están esperando mucho de nosotros: claridad, decirles la firme. Se están haciendo esfuerzos fiscales importantes, y el que no lo reconozca, simplemente no ve la realidad, como los proyectos como este, más allá del tema en particular.

En la Región de O´Higgins, este diputado y otros ya habíamos hablado con las empresas de energía eléctrica y con las empresas de agua potable. Antes de que el gobierno llegara a acuerdos, nosotros ya habíamos llegado a acuerdos con las empresas de la región, porque hay algunos a los que les encanta agrandar los problemas. Bueno, la pega nuestra es solucionarlos; no agrandarlos ¡Solucionarlos! Y para eso, menos faramalla, menos show y más solucionática.

Yo creo que eso es lo que esperan los chilenos en estos momentos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar al ministro y al subsecretario y decirles: gracias, gracias, porque el gobierno se adelantó.

Nosotros, junto con los diputados Andrés Longton y Frank Sauerbaum , presentamos un proyecto mediante el cual proponíamos al Ejecutivo que hiciera uso de sus buenos oficios para hablar con las empresas y postergar el pago de las cuentas de los servicios básicos domiciliarios, fundamentalmente para las familias de clase media y el 40 por ciento más vulnerable. Lo denominamos como un “caballo chileno”, porque era un buen proyecto.

Pero hoy estamos hablando de un rinoceronte con ocho cabezas: este proyecto es malo. Ministro, espero que hagan el esfuerzo para que el acuerdo logrado con las empresas de los diferentes sectores amplíe su cobertura y llegue a la clase media, a la gente que más necesita, que no es solamente el cuarenta por ciento más vulnerable.

¿Por qué es malo este proyecto?

Primero, porque rompe un principio básico, cual es el principio tarifario. Aquí no puede haber imposición; esto tiene que ser voluntario. Si disponemos que todo sea obligatorio, también tendremos que obligar a las empresas a traspasar los costos a las tarifas. Sé que este proyecto contiene una indicación que señala que no se traspasarán a las tarifas, pero eso no es constitucional, señores. Podemos poner lo que queramos en una indicación, pero eso no es constitucional. De lo contrario, las empresas no van a invertir. Van a decir: “Mejor me voy. Si me cambian las reglas del juego, me voy”.

Estamos destruyendo la industria; estamos destruyendo la gallina de los huevos de oro. Les quiero decir que este proyecto no es bueno y, desgraciadamente, debemos votarlo en contra.

Nos alegramos de que el gobierno haya iniciado, por su cuenta, por su voluntad, conversaciones con empresas de distintos servicios básicos para lograr lo mismo y mejor. Lo único que le falta, ministro, es ampliar la cobertura a la clase media. Pero, de verdad, creo que hay que mejorar lo que ya tenemos, que es el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con las industrias del sector, y decirles a quienes pueden pagar: “¡paguen!”, porque esto es para quienes están realmente muy complicados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba Alvarado .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que tiene un fin loable que todos entendemos, quizás esconde muchas cosas que no vemos.

Algo que nos han dicho durante toda la vida a los chilenos es que lo gratis se paga en algún momento de la vida, y que, por lo tanto, lo gratis no existe en nuestra sociedad. Este proyecto de ley, que –repito tiene muy buenas intenciones, obvia muchas cosas y deja de lado, por ejemplo, que en los servicios básicos existe algo que se llama cadena de pagos. Si yo no pago arriba en la cadena, a alguien no le voy a pagar abajo. Y cuando no pago arriba, lo que hago simplemente es quebrar a quienes no podrán recibir sus pagos, entre los que hay un mundo de emprendedores, de pequeños empresarios, que serán los afectados por este proyecto de ley. Ellos son quienes van a quebrar, ellos son quienes van a pagar finalmente la cuenta, porque –repito en esta sociedad no hay nada gratis.

Un primer ministro de Inglaterra dijo que era mucho mejor tener personas útiles que personas importantes. En el marco de esta crisis por el coronavirus hago un llamado a que quienes estamos en esta Sala seamos mucho más útiles que importantes. No por avanzar en un proyecto de ley que suene popular ni por salir en una página de un diario vamos a ser más útiles; finalmente lo que vamos a hacer es enredar los problemas.

Quiero que la oposición entienda que el gobierno ya ha avanzado en muchísimos beneficios para los más vulnerables, y estuvo dispuesto para avanzar en más beneficios para la clase media, porque desde la bancada de Renovación Nacional se lo pedimos, porque desde la bancada de Renovación Nacional queremos ser útiles, no importantes. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno.

Este es un proyecto que finalmente se destruyó, que perdió su foco, que si se lee en su totalidad resulta completamente inentendible y que tiene vicios de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, al menos de este diputado no va a estar el voto a favor para este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke Carvallo .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, siento un gran placer en saludarlo en su condición de Vicepresidente de esta Corporación. Le deseo mucho éxito en la conducción futura de esta Mesa, así como a los diputados Paulsen y Rodrigo González . No había tenido ocasión de saludarlo presidiendo la testera, de modo que aprovecho de hacerlo ahora. Saludo también, por su intermedio, al ministro y al subsecretario.

Este proyecto de ley busca establecer que las empresas que prestan servicios de primera necesidad, como los sanitarios, de distribución eléctrica, de gas y de telecomunicaciones, no puedan suspender el suministro de esos servicios a sus clientes por no pago durante el periodo en que rija el actual estado de excepción constitucional.

Actualmente, existe una batería de proyectos que ha impulsado el gobierno, o de los cuales el gobierno se ha hecho parte, que buscan generar alivio a aquellas obligaciones que mes a mes deben cumplir todos los chilenos, que llegan indefectiblemente durante los primeros días de cada mes y que no perdonan, sobre todo a la clase media y a los grupos más vulnerables.

Los servicios básicos son eso: servicios indispensables para la subsistencia. Me alegro de que se estén agregando otros servicios, que podrían considerarse de segunda generación, como el internet, porque eso da cuenta de lo que ha logrado este país a lo largo del tiempo: mejorar sus capacidades y su nivel de vida, e incorporar herramientas como el internet, que en la actualidad se ha transformado en indispensable, precisamente porque como país requerimos avanzar en el teletrabajo y en la educación a distancia y online. Y debemos focalizar ese esfuerzo en quienes más lo necesitan.

Sabemos de las restricciones presupuestarias y de los esfuerzos que ha hecho el gobierno precisamente para tratar de salvar esta crisis, no quiero decir hipotecando, pero al menos haciendo una inversión muy grande en términos del porcentaje del PIB que se va a destinar de aquí a dos o tres años ante esta pandemia. También sabemos de los esfuerzos que se están haciendo en materia social.

Por ende, no se comprendería que un beneficio respecto de los servicios básicos se extienda a quienes pueden pagarlos, más allá de los problemas de constitucionalidad que efectivamente tiene esta iniciativa, problemas que este Congreso Nacional se ha destacado en presentar.

Creo que es relevante el esfuerzo que ha hecho el gobierno por llegar a un acuerdo con las empresas prestadoras de servicios de distribución eléctrica, sanitarios y de telecomunicaciones, que ha permitido que se posterguen los pagos de servicios básicos, se reprogramen las deudas y se pueda acceder a un plan solidario de telecomunicaciones.

Creo que no podemos seguir haciendo proyectos malos, proyectos parche ni menos proyectos que sean inadmisibles e inconstitucionales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que busca extender el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional por calamidad pública.

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada, más una hora que se repartirá en forma proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Gastón Saavedra .

Antecedentes: Mociones:

-Boletín N° 13364-13, sesión 8ª de la presente legislatura, en viernes 27 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 22.

-Boletín N° 13376-13, sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 15.

-Boletín N° 13384-13, sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 23.

-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SAAVEDRA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que busca extender el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional por calamidad pública.

El proyecto se inició en moción de las diputadas Jenny Álvarez , Marcela Hernando , Claudia Mix , Ximena Ossandón , Joanna Pérez , Catalina Pérez y Camila Vallejo , y de los diputados Marcelo Díaz , Patricio Rosas y Víctor Torres , contenido en el boletín N° 13364-13; en moción de las diputadas Claudia Mix , Maite Orsini , Camila Rojas y Gael Yeomans , contenido en el boletín N° 13376-13, y en moción de las diputadas Francesca Muñoz , Paulina Núñez , Ximena Ossandón y Marcela Sabat , y del diputado Hugo Rey , contenido en el boletín N° 13384-13, y se encuentra sin urgencia.

A las sesiones que la comisión destinó al estudio de las referidas iniciativas legales asistieron los señores Pedro Pizarro Cañas , subsecretario de Previsión Social; Felipe Muñoz Aranda , subsecretario (s) del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; Francisco del Río Correa , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y la señora Carolina Contreras Berríos , jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Las mociones fueron aprobadas en general por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El texto aprobado por la comisión a partir de la fusión de las tres iniciativas legales mencionadas fue objeto de una indicación sustitutiva que tiene por objeto modificar el Código del Trabajo con el objeto de extender la duración de los permisos prey posnatal parental y del fuero maternal durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado por calamidad pública.

Los fundamentos de dichas mociones refundidas se encuentran latamente explicados en el informe que sus señorías tienen en su poder, por lo cual, en aras del tiempo, omitiré referirme a ellos.

La iniciativa consta de dos artículos permanentes. Mediante el primero, se introducen modificaciones a los artículos 195, 197 bis, 199 y 201 del Código del Trabajo Por el segundo se consagra un efecto retroactivo de la ley a partir de la fecha de declaración del estado de excepción constitucional por calamidad pública.

En efecto, por el número 1 de su artículo 1, se agrega un nuevo inciso final al artículo 195 del Código del Trabajo, que extiende el permiso prenatal a diez semanas durante el estado de excepción constitucional por catástrofe.

Por el número 2 del artículo 1, se agrega un nuevo inciso final al artículo 197 bis del Código del Trabajo, para extender, en las mismas condiciones, el permiso posnatal parental que termine durante la vigencia de dicho estado de excepción constitucional, hasta el término de este. Misma extensión se otorga a la trabajadora que haya iniciado su posnatal dentro del período de dicha declaración y que culmine dentro de este.

El número 3 del artículo 1 extiende el permiso de aquellas trabajadoras que se encuentren haciendo uso del permiso por enfermedad grave de un niño menor de un año, hasta el término de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

Por su número 4, se extiende el fuero maternal de aquellas trabajadoras que hayan retornado de su posnatal a sus labores de trabajo, hasta el momento en que se levante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

Dicha indicación fue aprobada en la comisión por 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Finalmente, la comisión introdujo un artículo 2, nuevo, que establece que los efectos de esta ley en proyecto comenzarán a regir desde la fecha de declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, es decir, desde el 18 de marzo de 2020.

Esta indicación fue aprobada en la comisión por 7 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

Asimismo, me permito hacer presente que en el proyecto aprobado por la comisión no existen normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales, pero sus disposiciones deben ser aprobadas por quorum calificado, en atención a que ellas regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto por el número 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, debo señalar que durante la discusión general, particularmente durante la discusión de las indicaciones introducidas en su texto, se hizo, por parte de algunos señores diputados, cuestión de admisibilidad, lo que fue rechazado por la comisión.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del texto del proyecto que se contiene en el informe que sus señorías tienen en su poder.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada M.a Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, este es un proyecto que atiende necesidades naturales, pero humanitarias, y que refrenda una serie de tratados que Chile ha suscrito respecto de los derechos que tienen los menores y los niños.

Se dice que este proyecto tiene como objetivo muchas cosas favorables. En materia parental, establece la extensión del posnatal, tanto para trabajadores como para trabajadoras; amplía el fuero maternal, extiende el permiso a las trabajadoras que tengan un permiso por enfermedad grave del niño menor de un año.

Es retroactivo, pues en el artículo 2 se establece que también serán aplicables a los permisos y fueros que hubieran vencido en el período comprendido entre la declaración de estado de catástrofe por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, y la entrada en vigencia de la ley.

Por tanto, este proyecto asume que la prioridad está en la salud de madres y padres en el contexto de esta pandemia, y básicamente respecto de la protección de los menores de edad.

La iniciativa, sin duda, resguarda la integridad y la vida de los recién nacidos. ¿Existe en el mundo algo más importante que la vida?

No debemos mirar este proyecto, como se insinuó en algún momento, de manera mezquina. Tomé parte en la discusión en la Comisión de Trabajo, a propósito de la inasistencia de nuestro colega Tucapel Jiménez , quien también ha estado detrás de esta y muchas otras iniciativas, y tengo claro lo que significa esta mirada respecto de esta situación catastrófica, en que las mujeres tienen la necesidad y la posibilidad, en un país que tiene la voluntad de resguardar los derechos de los menores, de extender el permiso posnatal, habiéndose cumplido el plazo en medio de la pandemia.

Me parece –insisto muy mezquino mirar esto solo desde un punto de vista netamente económico. Aquí hay un doble discurso, cuando en realidad lo que necesitamos es no atender aquellas prerrogativas del Ministerio de Hacienda solo respecto de medidas económicas. Estamos hablando de resguardar la vida en este contexto. Hoy no se permite esta extensión y se obliga a las madres a volver a sus trabajos, quienes muchas veces no tienen con quién dejar a sus hijos. Habitualmente, son los abuelos quienes se hacen cargo de los niños, pero hoy los adultos mayores son nuestra primera prioridad y no pueden hacerse cargo de los niños. En la mayoría de los casos -hay que decirlo-, las mujeres enfrentan solas este tipo de situaciones, sobre todo ahora, en el contexto de esta pandemia.

Me parece de toda lógica que, más allá de las implicancias económicas, seamos capaces, como país y como parlamento, de extender de manera legítima y humanitaria el posnatal, atendida la situación de nuestros niños…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Daniel Verdessi .

El señor VERDESSI.-

Señor Presidente, la idea matriz o fundamental de este proyecto es extender el posnatal parental y el fuero maternal en períodos de calamidad pública declarada, a través del estado de excepción constitucional de catástrofe. Esta idea está expresada en los dos artículos permanentes que se han mencionado.

El proyecto pretende garantizar un período posnatal durante el tiempo que dure la pandemia, impidiendo que las madres y los padres se vean impelidos a volver a sus obligaciones laborales. ¿Por qué es importante esto? Porque los trabajadores no solo necesitan resguardar su fuente laboral, sino también su salud y la de sus hijos recién nacidos. Así los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en esta situación podrán efectivamente quedarse en sus casas y evitar la propagación del virus del covid-19.

Este proyecto apunta a que tanto las madres como los padres puedan estar en este período con el recién nacido. Al respecto, hay que recordar lo que dicen los comités de lactancia materna, que recomiendan la mantención y protección de la lactancia materna durante la pandemia del covid-19, por ser una de las intervenciones más efectivas en salud y que hay que apoyar más que nunca en tiempos de catástrofe.

Hay investigaciones sobre si la infección del coronavirus puede ser transmitida por la madre al feto durante el embarazo, pero en realidad no hay muchos datos ni pruebas que demuestren mayor riesgo de enfermedades graves que el resto de la población, pero debido a las transformaciones que experimenta el cuerpo y su sistema inmunitario, sabemos que las mujeres embarazadas pueden verse gravemente afectadas por algunas infecciones respiratorias. Por eso, debemos evitar las infecciones respiratorias, generar mayor protección e informar al personal médico para que sean atendidas de forma rápida y oportuna.

La Organización Mundial de la Salud está revisando y actualizando continuamente la información y las orientaciones que entrega a medida que dispone de más datos.

Todas las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que han sido contagiadas por covid-19, tienen derecho a recibir atención de alta calidad y a no ser discriminadas antes, durante y después del parto. Esto incluye la atención prenatal, neonatal, posnatal, intraparto y mental.

Hay una cosa que es muy importante señalar y es que es posible que una mujer contagiada con covid-19 pueda alimentar a su bebé con su propia leche, tomando las correspondientes precauciones. No sabemos todavía si una mujer embarazada puede transmitir el virus a su feto durante el embarazo o durante el parto. Por ahora eso no se ha probado.

La necesidad de proteger a la madre se debe a que el destino del feto depende de su madre, por lo que evidentemente las condiciones de hacinamiento del transporte público exponen a la madre a un riesgo mayor. Por eso, este proyecto debe ser aprobado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat Fernández .

La señora SABAT (doña Marcela).-

Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo, originado en mociones refundidas, de una de las cuales soy autora, se hace cargo de una realidad que viven miles de mujeres a lo largo del país, miles de mujeres angustiadas porque deben concurrir a su lugar de trabajo y no tienen una sala cuna donde dejar a sus hijos, ni tampoco cuentan con la alternativa de tener familiares cercanos o de confianza para dejarles a sus hijos en medio de esta crisis que obliga a permanecer en cuarentena.

Esta iniciativa tiene su origen en tres proyectos, y la idea es extender el posnatal y el fuero maternal, para proteger las fuentes de trabajo de todas esas mujeres que, de no aprobarse este proyecto, deberían salir a trabajar, con la incertidumbre que ello genera.

Además, durante la tramitación de este proyecto, nos encontramos con otro grupo de madres que tenía la misma angustia: las mujeres embarazadas, que forman parte del grupo de riesgo. Tanto es así que, incluso, hay un instructivo de la Presidencia de la República que establece que las mujeres embarazadas que laboran en la administración pública deben trabajar telemáticamente desde sus hogares. Hoy debe garantizarse eso en la administración pública.

Asimismo, otro grupo de madres se nos acercó y nos planteó que cuando están con licencias por enfermedad grave de sus hijos menores de un año viven la misma angustia.

Cabe señalar que este proyecto surge por el estado de catástrofe en el que nos encontramos. Por eso, buscamos extender el posnatal y el fuero maternal por el tiempo que dure este estado de catástrofe.

Entendemos que es un proyecto que efectivamente puede irrogar gasto fiscal. Por eso, la conversación que hemos tenido con el gobierno ha sido para encontrar puntos de acuerdo, porque el Estado debe entregar una respuesta a esas madres.

Más de 23.000 madres hoy se encuentran angustiadas, muchas de las cuales son jefas de hogar que no tienen a una persona que las acompañe, que no tienen una red de apoyo que las ayude a garantizar el cuidado de sus hijos.

Le hemos pedido al gobierno y hemos enviado un oficio a la Contraría General de la República; también hemos enviado una solicitud a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie respecto de los alimentos que los niños estarían recibiendo hoy en las salas cuna.

La idea es que se haga entrega de dichos alimentos tal como ocurre en la Junaeb y en los establecimientos educacionales. Esas madres también pueden perder sus trabajos, por lo que necesitan esos recursos.

Además, hemos solicitado al gobierno que implemente alguna medida en relación con las madres y padres que trabajan en el área de la salud, para entender qué salida hay para ellos. Lo digo porque ellos pueden tener la opción de elegir si quieren quedarse en la seguridad de sus hogares o estar en la primera línea que se necesita en salud. Debería abrirse la posibilidad de otorgarles algún bono o alguna ayuda a sus cuidadores para que se trasladen en transporte seguro y no estén en riesgo de contagio.

Estamos pidiendo una respuesta del Estado para miles de mujeres que actualmente no tienen una red de apoyo para el cuidado de sus hijos. Entendemos que los recursos fiscales, hoy más que nunca, son escasos. Por eso, hemos pedido al gobierno que busque alternativas en caso de que no pueda financiar en su totalidad este proyecto.

Esto es una muestra de cómo necesitamos insertar perspectivas de género en las políticas públicas, más aún cuando estamos en crisis. Si bien se han adoptado medidas para financiar la suspensión laboral con un porcentaje con cargo al fondo de cesantía, hay miles de mujeres vulnerables que necesitan seguir trabajando y que no cuentan con alternativas logísticas. Por ejemplo, no cuentan con salas cuna, ni con familiares directos que puedan cuidar a sus hijos, ni con recursos para pagar un cuidador.

Insisto: como el proyecto podía irrogar gasto fiscal, lo que buscamos desde un principio fue una alternativa. Si una madre trabaja y, al mismo tiempo, tiene que hacerse cargo de las labores domésticas y estar con sus hijos, una buena alternativa era, en razón de la naturaleza del servicio que presta, que se acogiera al teletrabajo. Los empleadores deberían tener la obligación de otorgar esa facilidad a las madres a las que se les acaba el posnatal o estuvieran embarazadas durante el estado de catástrofe. Tampoco tuvimos respuesta del gobierno al respecto.

Espero que prontamente la Dirección del Trabajo responda a nuestra solicitud, para que resuelva algún tipo de dictamen que dé facilidades a las madres que hoy necesitan de una respuesta en forma desesperada. Si bien hay muchas mujeres que pueden teletrabajar y tienen los recursos para contar con una cuidadora, la gran mayoría no tiene esas facilidades. Me refiero a madres que están angustiadas porque no saben con quién van a dejar a sus hijos de cinco meses y medio de edad y que deben concurrir al trabajo porque tienen un empleador que, en el marco de esta crisis, lamentablemente, no tiene criterio y las obliga a seguir yendo al lugar de trabajo.

Es importante y urgente que el Estado entregue una respuesta a esas mujeres. Anuncio que votaré favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas Valderrama .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, suscribí uno de estos proyectos refundidos de la iniciativa que hoy se pone en discusión. Se trata de un proyecto que considero bastante importante para aquellas mujeres que requieren extender su posnatal en condiciones de estado de catástrofe por calamidad pública, como sucede con ocasión de esta emergencia sanitaria.

La semana pasada debatimos sobre el indulto, ocasión en la que establecimos una causal especial para madres de niños menores de dos años o embarazadas que hubiesen cometido un delito menos grave. Esas mujeres tendrán la posibilidad de cumplir su condena en un lugar distinto de la cárcel.

Hoy, hablamos de aquellas mujeres y familias que han recibido un nuevo integrante y que requieren de protección y de garantías, porque ante la ausencia de salas cuna -se encuentran suspendidas ante la ausencia de redes de apoyo lo que se necesita es que padres y madres estén presentes. Estamos hablando de bebés de seis meses. ¿Con quiénes van a quedar esos bebés si el Congreso y el gobierno no atienden esta situación?

Acá hay un asunto que tiene que ver con la vida, que es fundamental. Tenemos que ser sostén y apoyo de las familias que se ven sobrecargadas a raíz de la pandemia. Hay que aliviar, por ejemplo, el bolsillo, pero también adoptar medidas como estas que permitan que las familias se puedan quedar, con garantías, en el hogar y cuiden a sus bebés.

Tal como la semana pasada era relevante dar un indulto, hoy es fundamental que protejamos a niños y niñas.

Por lo tanto, anuncio que voy a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia Soto .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, esta iniciativa, que tiene por objeto extender el fuero paternal y los permisos prenatal y posnatal, dada la emergencia sanitaria causada por el covid-19, es contraria a nuestra Ley Fundamental, por tratar materias cuya iniciativa legislativa es de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, ya que irrogan gasto fiscal e inciden en materia de seguridad social.

En este caso particular, los permisos de maternidad prenatal, posnatal y posnatal parental se pagan con cargo al fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía, el cual se financia exclusivamente con aportes fiscales que se fijan en la Ley de Presupuestos. En consecuencia, aumentar la extensión de los permisos supone un aumento de los recursos del fondo, los que serán financiados únicamente por el Estado.

Por lo tanto, la iniciativa vulnera varios artículos de la Constitución, los que no voy a mencionar.

No es que se podría afectar el presupuesto, como se ha mencionado, sino que efectivamente se afecta. Por votación mayoritaria de diez diputados de la Comisión de Hacienda, recientemente ello ha sido confirmado a través de un certificado hecho llegar a la Mesa de la Cámara.

Tenemos otras soluciones que son bastante más ingeniosas y que hemos votado aquí. Por ejemplo, la ley Nº 21.220, sobre trabajo a distancia y teletrabajo. Dependiendo del tipo de servicio o empleo, esta norma permite prestar servicios de forma remota, sin necesidad de ir al lugar de trabajo, resguardando todos los derechos del trabajador.

Por su parte, la ley Nº 21.227, sobre protección del empleo y acceso al seguro de cesantía, garantiza que las trabajadoras que se encuentren actualmente en prenatal o posnatal continúen recibiendo sus remuneraciones y no puedan ser despedidas, ya que tienen fuero maternal.

Ahora bien, antes del prenatal o finalizado el posnatal, se puede pactar la suspensión de la relación laboral, lo cual no impide que la trabajadora tenga derecho a licencia médica.

Asimismo, mientras no comience su permiso de maternidad, podrá acceder a las prestaciones del seguro de cesantía, acceso que se suspenderá con el inicio de las licencias correspondientes y si se reanudara una vez terminadas las mismas. De esta forma, la trabajadora estará percibiendo constantemente ingresos y no estará acudiendo a su lugar de trabajo ni prestando servicios al empleador.

También existe el deber de cuidado que los empleadores deben a sus trabajadores, tal como se consagra en el Libro II del Código del Trabajo. El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. En ese deber caen todas las trabajadoras embarazadas. Existe abundante material de la Dirección del Trabajo al respecto, específico para el coronavirus. Así, por ejemplo, el trabajador puede abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con sus labores implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud.

La no adopción por parte del empleador de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para prevenir el contagio de la covid-19 en el lugar de trabajo podría considerarse dentro de las situaciones de riesgo grave e inminente. Para eso hay un dictamen reciente, el Nº 1.239, de fecha 19 de marzo, que expresamente se refiere a esta materia.

Por otra parte, en otro dictamen, el Nº 1.116, de 6 de marzo de 2020, se ha instaurado un protocolo que contiene las medidas que deben implementar las empresas frente a la covid-19. En ese sentido, específicamente respecto de trabajadoras embarazadas se ha establecido que pueden ausentarse del trabajo por motivos del coronavirus, justificando su ausencia con la respectiva licencia médica.

Reitero: dictamen N° 1.116, de 6 de marzo de 2020.

También existen otras medidas posibles sobre las cuales podríamos explorar y trabajar, como por ejemplo celebrar pactos de horarios diferidos de ingreso y de salida de trabajadores, conceder feriados colectivos, acordar con trabajadores la anticipación del feriado legal, pactar turnos, medidas para evitar aglomeraciones, limitar la atención de público, entre muchas otras medidas en las que podríamos avanzar, sin necesidad de atentar contra las facultades exclusivas que tiene el Presidente de la República.

Finalmente, quiero establecer algunos puntos que es imprescindible comentar:

Primero, el proyecto supone modificaciones permanentes al Código del Trabajo, por lo que podrían ser un desincentivo en el futuro a la contratación de mujeres después de terminada la actual crisis, en circunstancias de que esta crisis es esencialmente transitoria.

Segundo, no existe claridad respecto del tiempo de duración del estado de catástrofe, el cual inicialmente es de noventa días, pero puede extenderse en caso de ser necesario. Aún no hay certeza respecto de la evolución de la pandemia, por lo que sujetar la extensión de estos beneficios hasta el levantamiento del estado de catástrofe supone incrementar los gastos por un período más o menos indeterminado, lo que no permite cuantificar adecuadamente los gastos, y olvida que, asimismo, existen otras necesidades que deben cubrirse durante este período.

Dado que hay instrumentos disponibles en la actualidad para cubrir el problema que quieren abordar estas mociones, y más allá de la evidente inadmisibilidad, no hace sentido la propuesta de estos proyectos de ley. Asimismo, tampoco es posible determinar con exactitud el universo de beneficiarios -nadie lo ha podido determinar todavía; hay solo estimaciones-, toda vez que al no existir un plazo cierto y acotado de la duración de la medida, nuevas personas podrían ingresar de forma permanente a la extensión, lo que evidentemente supone un consumo mayor de los recursos y, por ende, un rápido desfinanciamiento del fondo que hoy existe.

Por último, podría considerarse como una medida discriminatoria para otros sectores de la población, que también requieren ayuda en estos momentos de crisis y estos recursos, como por ejemplo los pescadores, los artesanos, los vendedores ambulantes y, en general, todas las personas que no tienen contrato de trabajo, que son trabajadoras informales.

Por eso, considero que no es un buen proyecto y que, además, es evidente que cercena las facultades que tiene el Presidente de la República. Vuelvo a insistir: de acuerdo con el informe emitido por la Comisión de Hacienda, firmado por la mayoría de los diputados, este proyecto irroga gasto fiscal, el cual se ha estimado, en un principio, en cerca de 48 millones de dólares, pero fácilmente esa cifra podría llegar a más del doble, porque es una cifra muy estimativa, groseramente estimada y que no considera todos los casos contemplados en el proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, múltiples han sido las consecuencias inesperadas que está teniendo esta pandemia; cómo podría no ser así, cuando nunca habíamos estado enfrentados a algo así.

Hemos tenido que reaccionar rápido y hacernos cargo de todas las situaciones que han ido surgiendo, porque no podemos equivocarnos. La prioridad ante esta pandemia es la vida de todas las personas, vida que deberíamos poder desarrollar en condiciones dignas y con nuestros derechos resguardados.

Lamentablemente, en Chile esto no es así para todos los ciudadanos. Sabemos que como país estamos al debe en la protección de los derechos de los trabajadores, en materia de seguridad social, en la distribución de los ingresos y en la inconmensurable desigualdad.

Por eso, este proyecto, que viene a extender la vigencia del posnatal por el tiempo que dure el estado de catástrofe decretado por la pandemia, tiene su fundamento en la justicia social. Es labor del Estado resguardar la salud pública de los ciudadanos del país y los derechos de los trabajadores. Dentro de este resguardo se enmarcan las medidas adoptadas de cierre de fronteras, cuarentenas y cierre de colegios, jardines infantiles y salas cuna.

Por lo mismo, no podemos pretender que aquellos trabajadores que se encuentran gozando de su permiso posnatal parental se vean conminados a volver a trabajar durante este estado de catástrofe y de pandemia, cuando ello, indefectiblemente, implica que su salud corre un riesgo importante y, en consecuencia, la salud de su familia.

Muchas son las realidades que han quedado aún más expuestas por el coronavirus en nuestro país, entre ellas que las jornadas laborales no son compatibles con la crianza y educación de nuestros hijos. Asimismo, el cierre de salas cuna, jardines infantiles y colegios deja de manifiesto que son miles los chilenos que no tienen red de apoyo ni tampoco los recursos para proveerse de aquel servicio. Es más, aun cuando quisieran gozar de algún tipo de ayuda en ese sentido, sería absolutamente inviable, porque el distanciamiento social y la cuarentena son el modo en que hoy estamos viviendo, y todos sabemos lo que implica.

Esta es una crisis de salud gravísima que está poniendo a prueba, en todo el mundo, los sistemas de salud y las leyes que protegen a los ciudadanos.

Por lo mismo, voy a aprobar este proyecto, que solo viene a dar alivio a los miles de madres y padres que se encuentran ejerciendo su derecho, para que puedan seguir ejerciéndolo, al mismo tiempo, en un ambiente digno y de tranquilidad, como debe ser.

He dicho.

El señor UNDURRAGA.-

(Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, cuento con poco tiempo, así que voy a ser muy telegráfico.

Soy autor, junto con otros diputados y diputadas, de una de las mociones refundidas, y quiero decir, primero -en su momento lo discutiremos-, que este proyecto es perfecta y totalmente admisible, y segundo, que es un proyecto estricta y totalmente necesario.

Como señaló la diputada Marcela Sabat , quien es autora de otro proyecto, hay muchas mamás que hoy cuentan con permiso posnatal, que no tienen alternativa para dejar a sus hijos, porque no hay salas cuna, ya que están cerradas, o porque los habituales respaldos que tienen son sus padres o abuelos, que hoy están aislados socialmente, confinados expresamente para poder protegerlos. Incluso, me han escrito muchas trabajadoras de la salud que están próximas al término de su posnatal, que tienen que ir a trabajar, y, por lo tanto, son personas de riesgo que viven con adultos mayores.

Las alternativas que propone el diputado Osvaldo Urrutia parecen razonables, pero, en la práctica, no ocurren, y lo que tenemos es a cientos de mamás, a lo largo de todo Chile, angustiadas por la posibilidad de que se termine el posnatal y por el hecho de que pueden terminar contagiando no solo a sus hijos, sino también a personas de riesgo que viven con ellas.

¡Esa es la realidad de muchas mujeres de Chile! Es la realidad de una mayoría de mujeres de Chile, que no tienen posibilidades de teletrabajar y de disponer de otras redes de apoyo. A veces, son madres solteras que hoy no tienen alternativa: o llevan a sus hijos al trabajo cuando se les termine el posnatal o simplemente tienen que renunciar.

Entonces, esta propuesta, que permite extender el prenatal y el posnatal, y el fuero, como lo acordamos en la indicación sustitutiva, es un acto de humanidad y de sensibilidad frente a una realidad que está ocurriendo y para la cual no existe ninguna herramienta en la legislación vigente.

El diputado Osvaldo Urrutia hablaba de las licencias médicas. Bueno, hoy salió en un reportaje que apenas una de cada tres es aprobada por las isapres. Tenemos un bajo nivel de aprobación de las licencias médicas por parte de las isapres.

Ese no es el camino. El camino es una regla general que las proteja. A mi juicio, lo que acordamos y aprobamos en la Comisión de Trabajo tiene esa finalidad: proteger por la vía de extender el prenatal, el posnatal y el fuero maternal. Espero que haya humanidad en esta Sala para aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, este proyecto parte de un principio simple y claro: frente a la incertidumbre, frente al riesgo de salud que corren las familias de nuestro país y nuestros compatriotas, estamos eligiendo la seguridad, la protección y el respaldo del Estado para todas y todos los ciudadanos que lo requieran.

En la vida hay momentos en los que tenemos que elegir, y los parlamentarios, acá, tenemos que escoger con quién vamos a estar y por qué.

Nosotras creemos que tenemos que estar con la mayoría de este país, optar por la vida por sobre las ganancias de unos pocos. Tenemos que elegir escuchar. El principio que elegimos es, simplemente, poner la humanidad y la vida por delante, en vez de cualquier otro interés.

Este principio sencillo es lo que nos motivó a presentar este proyecto de ley. Esa motivación fue, incluso, más allá cuando nos dimos cuenta de cuál era la realidad que estaban viviendo padres y madres que a diario veían cómo vencía el plazo de su posnatal y ponían en riesgo su vida y la salud de sus hijos e hijas. Estamos hablando de recién nacidos de siete meses.

Entonces, en verdad, esto es simplemente instalar un criterio de justicia, porque no es justo que las familias tengan que elegir entre proteger la salud o privilegiar el trabajo.

Estas son las historias que hoy están llenando las redes sociales de quienes presentamos esta moción parlamentaria. Eso también demuestra una urgencia, porque hoy esa realidad de poner en peligro su vida, su salud, también está haciendo crisis en sus familias. A esta preocupación, a esta realidad, la política debe responder con soluciones; deben ponerse de acuerdo los actores de la política y hacerse cargo.

Yo lamento que hasta este momento no hayamos encontrado un punto de acuerdo con el gobierno; lamentablemente, el gobierno no se está haciendo cargo, porque esto no se está cubriendo mediante el seguro de cesantía. Madres y padres están quedando fuera. Por eso necesitamos aprobar el proyecto de ley.

Yo insto a que lleguemos a un punto de acuerdo, de manera que aprobemos la iniciativa y avancemos para dar garantías y seguridad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, no soy autora de ninguno de los tres proyectos, pero me tocó discutirlos en la Comisión de Trabajo.

Agradezco a los parlamentarios y parlamentarias que, de manera transversal, han llevado adelante esta propuesta y logrado ponerla en discusión. Me refiero a la diputada Marcela Sabat , de Renovación Nacional; al diputado Marcelo Díaz y a las diputadas Maite Orsini y Gael Yeomans , que son autoras e impulsoras de este proyecto de ley.

Es importantísimo lo que aquí se está planteando. Estamos frente a una pandemia que nos ha traído consecuencias de distinto tipo. Así lo hemos analizado en discusiones anteriores de iniciativas parlamentarias que han propendido a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, muchos de los cuales hoy, además de estar atemorizados por las condiciones sanitarias, tienen miedo por lo que podrían llegar a significar las soluciones desde el punto de vista económico.

Si las madres trabajadoras se ven enfrentadas a elegir entre su trabajo y la seguridad de sus hijos, evidentemente van a optar por la seguridad de sus hijos. Es una situación compleja para madres y también para padres -hay hombres que se hacen cargo del cuidado de sus hijos durante sus primeros meses de vida-, por cuanto se les está obligando a tomar una decisión: volver a trabajar o cuidar la vida del niño o niña que está a su cargo. Me parece que no es justo.

Me parece que la idea que plantea este proyecto de ley, de extender el permiso posnatal parental y el fuero maternal, y resguardar el espacio laboral de los trabajadores, especialmente el de las mujeres trabajadoras, en pro del resguardo de la salud de sus hijos, pone en el centro de la discusión un elemento que debemos considerar, cual es que Chile ha firmado tratados internacionales para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Los niños recién nacidos, los niños de seis meses de vida y los infantes en general están a cargo de un adulto precisamente porque no son autovalentes, porque requieren de su madre o de su padre, por ejemplo, para alimentarse; necesitan de su padre o madre para sobrellevar cotidianamente su realidad.

Si dejamos a esos menores sin resguardo, sin el cuidado que necesitan, porque sus padres no tienen alternativas para protegerlos o dejarlos a cargo de alguien sin ponerlos en riesgo, estaremos cometiendo un acto de irresponsabilidad. Hoy, a esas familias no se les ha dado ninguna solución. Recordemos que los jardines infantiles y las salas cuna están cerrados; tampoco pueden dejarlos a cargo de una persona para que los cuide en su casa, porque el riesgo que enfrentarían sería mayor.

Desde el gobierno se nos dijo que este proyecto de ley requería de una inyección de recursos para el pago de las licencias médicas, lo cual implica, evidentemente, un esfuerzo de parte del Estado para resolver esa situación,

Quiero insistir en un punto, tal como señalaron mis colegas: eso no impide que el proyecto de ley pueda ser debidamente tramitado en este espacio, porque no estamos inventando una garantía, sino ampliando la cobertura de un derecho que ya existe, para lo cual el Estado va a tener que redistribuir algunos recursos.

Insisto: es un derecho que ya existe, que estamos extendiendo en pro de la seguridad de los niños y niñas, en pro de su resguardo, pero especialmente -como mencionó la diputada Yeomans , autora de una de las mocionesporque debemos poner la vida por sobre cualquier otra razón o por sobre cualquier argumento relacionado con el resguardo de la economía.

Cuando el Presidente de Argentina, Alberto Fernández , después de conversar con epidemiólogos y con economistas, tomó la decisión de establecer una cuarentena total en su país, fue precisamente porque, ante la disyuntiva de la vida o la economía, optó por la vida, optó por la salud de las personas. Al respecto, quiero destacar una frase: la vida de las personas no se recupera cuando se pierde; la economía, sí. Este es un elemento fundamental a considerar ante todas las medidas que se tengan que tomar de aquí en adelante en función de la protección de los ciudadanos y ciudadanas, y para qué decir -lo repetiré, porque no me canso de decirlo de los niños y niñas, particularmente de aquellos que son absolutamente dependientes del cuidado que les puedan dar sus padres o madres.

Por eso este proyecto de ley tiene tanto sentido; por eso creo que es justo que avance en su tramitación, y por eso tengo la convicción de que lo que hicieron mis colegas al presentarlo, en tres iniciativas transversales, resulta tan importante para complementar las medidas que está tomando el Ejecutivo, que a mí me parece que todavía son insuficientes, porque siguen privilegiando, en cierta medida, la economía por sobre la condición de vida de las personas.

Creo que hoy, con este proyecto de ley, vamos a dar un paso más, poniendo en el centro el interés superior de los niños y niñas y el resguardo de madres y padres que no van a dejar a sus hijos y tampoco van a poner en riesgo su fuente laboral.

Con gusto, anuncio mi voto a favor y espero que la Sala de la Cámara de Diputados se sume, para que este proyecto avance en su tramitación y entregue las garantías que requieren las personas antes señaladas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, para extender el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional, por calamidad pública.

Sin embargo, el diputado Marcelo Díaz ha solicitado la recalificación del quorum del proyecto de ley, por considerar que se trata de normas propias de ley simple o común y no de quorum calificado, como lo calificó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz , hasta por dos minutos, para fundamentar su petición.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social no hubo un debate respecto de la calificación de las normas, por lo cual aquello que versa en el informe no es fruto de la reflexión ni de la decisión de los diputados y las diputadas. Eso desde el punto de vista formal.

Desde el punto de vista sustantivo, lo que aquí se busca modificar es el Título II del Código del Trabajo, denominado “De la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar”.

Hay muchos precedentes al respecto, pero solo me referiré a una moción parlamentaria del 31 de julio de 2003, de la entonces diputada Cubillos y de los entonces diputados Escalona , Norambuena , Longueira , Barros y Dittborn , que buscaba establecer un permiso parental en el Código del Trabajo. En esa discusión no hubo una calificación de quorum calificado o de ley orgánica constitucional a ningún artículo.

El Ejecutivo de la época, a través de su ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari , también argumentó sobre el costo presupuestario de la medida. Con todo, esta moción parlamentaria fue aprobada por unanimidad, tanto en la comisión técnica como en la Sala.

Debo reiterar que en ese entonces no hubo una calificación de quorum calificado o de ley orgánica constitucional a norma alguna, y se trataba de una modificación al mismo título que se está tratando de modificar en los boletines refundidos que votaremos a continuación.

En consecuencia, dado que la modificación de calificación de quorum la puede realizar la Sala, solicito que se vote que el proyecto en discusión trata materias de ley simple o común, tal como se estableció en otras ocasiones respecto de proyectos que hoy son leyes de la república vigentes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, aquí no vinimos a votar mociones presentadas por cualquiera de nosotros, sino a votar una indicación sustitutiva. Por lo tanto, pido a la Mesa que se pronuncie sobre su admisibilidad, considerando que el secretario de la comisión técnica respectiva la declaró inadmisible.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, ese es otro punto. Ofrecí la palabra para que se refieran a la calificación de quorum calificado del proyecto en comento.

Para defender la calificación de quorum hecha por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social determinó que esta iniciativa contenía materias de quorum calificado. Por consiguiente, la Mesa bien hizo en respaldar lo obrado por dicha comisión, porque todas las leyes que tienen que ver con seguridad social, como las que dicen relación con la extensión del pre y posnatal, son de quorum calificado.

No empecemos a tratar de obtener los votos para aprobar un proyecto de ley por la vía de modificar los quorum establecidos, porque es lo mismo que cuando jugamos con las inadmisibilidades de ciertos proyectos.

No conozco precedente de un proyecto de ley de seguridad social que haya sido aprobado con un quorum inferior. Lo calificó así la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, lo testificó el secretario de dicha comisión y así lo establece el informe, por lo cual no hay razón para cambiarlo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

A petición del diputado Patricio Melero , en virtud de las facultades contenidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Mesa ha resuelto declarar inadmisible la indicación sustitutiva de las diputadas señoras Carvajal , Sabat , Sepúlveda y Yeomans , y de los diputados señores Díaz , Labra y Silber , aprobadas por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en primer lugar, por afectar la administración financiera y presupuestaria del Estado, en relación con el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, y en segundo lugar, por tratarse de una modificación que incide en normas sobre seguridad social en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, número 6°, de la Constitución Política de la República, ambas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Para defender la admisibilidad, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en efecto, el subsidio derivado del permiso posnatal parental se financia con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, incluso en el caso de los subsidios correspondientes a los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

El Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía es financiado con fondos públicos, los que son asignados por la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva, y son administrados por la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perder de vista estos elementos, las mociones presentadas, ya declaradas admisibles por esta Sala y por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que buscan extender el permiso posnatal, así como la indicación aprobada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que la Mesa ha resuelto declarar inadmisible, no alteran en absoluto el régimen de administración de dichos fondos ni aumentan su presupuesto, el que, por cierto, constituye un límite para el ejercicio de su ejecución de acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2020.

En este sentido, lo que se propone es la utilización de los fondos ya disponibles, conforme a las reglas ya prefijadas para cumplir la función de subvencionar el período establecido en este proyecto para extender el prenatal y el posnatal ante la emergencia de la covid-19 sin recurrir a fondos adicionales.

Siendo así, la presente moción no se encuadraría en lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República, que señala las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por cuanto no interviene en la administración financiera ni presupuestaria del Estado.

De implicar un mayor costo, en el improbable caso de que el fondo no alcance a cubrir los subsidios que corresponden, según lo que obliga la ley, la decisión de ingresar más dinero, efectivamente, corresponde al Ejecutivo, a través de las facultades que le son propias, lo cual sería más bien “un posible efecto colateral de la ley”, efecto que reconocen y aceptan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y autores relacionados, por ejemplo, uno del instituto Libertad y Desarrollo, como es el profesor Sebastián Soto .

El Tribunal Constitucional ha dispuesto de dos criterios para decidir qué materias son parte de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En primer lugar, si el objeto central de la indicación está comprendido dentro de las materias de iniciativa exclusiva, y en segundo lugar, si el posible aumento del gasto público es o no un efecto de la medida. Cito al Tribunal Constitucional: “si constituye únicamente un efecto colateral” la indicación o moción será admisible.

El Tribunal Constitucional reconoce que puede haber mociones o indicaciones que puedan generar gastos al erario público, pero eso no se sigue en su declaración de inadmisibilidad como un hecho inmediato. Lo que indica es que los parlamentarios tienen atribuciones para presentar indicaciones o mociones que eventualmente puedan generar gastos solo si ello es un efecto colateral de la moción o indicación parlamentaria.

En este sentido, constituiría un efecto colateral de aquellas consecuencias indirectas que no están destinadas a aumentar el gasto público, pero que eventualmente podrían afectarlo por su aplicación.

Bajo esta premisa es posible afirmar que nos encontramos de manera evidente ante los supuestos señalados por el Tribunal Constitucional en tanto no es la moción ni la indicación propiamente tal la que implica, eventualmente, un mayor costo para el presupuesto del fisco. Si bien, por un lado, sería una incertidumbre, contrasta con el objetivo y lo cierto que dispone la Ley de Presupuestos del Sector Público, que ya señala el monto que será utilizado por el Estado para ese fondo, lo que no se modifica en lo absoluto por las mociones ni por la indicación, por lo que sería equívoco sostener que estas mociones implican per se un mayor gasto fiscal.

Entonces, teniendo una limitación que por ley establece que el gasto fiscal destinado al fondo es aquel previsto en el presupuesto, la aprobación de la moción no implica la aplicación de más recursos, y considerando lo consignado en la doctrina, así como en resoluciones del propio Tribunal Constitucional, sostenemos la plena admisibilidad tanto de las mociones como de la indicación sustitutiva aprobada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Cámara.

Por lo tanto, pedimos que así sea declarada por el pleno de esta Corporación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para sostener la inadmisibilidad de la indicación, tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que extender el gasto del prenatal y del posnatal por más semanas irroga gastos. Creo que ello no admite ninguna discusión. Tanto es así que, por mandato de los Comités, la Comisión de Hacienda se abocó hoy a pronunciarse y votar si esto ocasionaba gasto y si incidía en la administración financiera del Estado. Ningún señor diputado o diputada de la Comisión de Hacienda votó en contra de aquello. Diez señores diputados dijeron que implicaba gastos y dos se abstuvieron, pero ninguno se pronunció por el rechazo.

Todos los mocionantes, en el seno mismo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, coincidieron en que a pesar de que esto era una forma de buscar una negociación o un acuerdo con el gobierno, sin duda irrogaba gasto. Es evidente que el gasto es explícito y no colateral, como aquí se ha querido insinuar. Es un gasto directo.

El informe de la Superintendencia de Seguridad Social y el memorándum de la Dirección de Presupuestos, ingresados oficialmente en la Comisión de Trabajo y luego en la de Hacienda, señalan que esto podría ocasionar un gasto que podría empinarse a una cifra en torno a los 39.000 millones de pesos.

No quiero ni por un minuto entrar al fondo de este proyecto, ni a su mérito. Considero que sería interesante hacerlo, pero no sigamos legislando de espaldas a las normas que la supremacía constitucional nos obliga a cumplir en el ejercicio de la ley. Esto no es a gusto del consumidor, como se diría, sino a gusto del legislador, del constitucionalista, que estableció normas claras y explícitas sobre los límites que tiene nuestro actuar, sobre qué podemos indicar, sobre qué podemos legislar y qué materia es de potestad exclusiva y excluyente del Presidente de la República.

No hay duda alguna de que tanto esta indicación como el proyecto son totalmente inadmisibles, porque van en contra de los preceptos establecidos en el número 5° del artículo 65 de la Carta Fundamental, que establece que las normas de seguridad social son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El número 4° del mismo artículo también se explaya en cuanto a fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumento, préstamo o beneficio.

De manera tal que habiendo explícita manifestación, por parte de todos los diputados de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, de que esto implica gasto; existiendo informes de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Dirección de Presupuestos y habiendo norma constitucional clarísima evidente, no oblicua ni colateral -extender significa gastar más, y ese es un argumento, a mi juicio, irrebatible-, es evidente que estamos invadiendo un campo que no es propio de la potestad de esta Cámara.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape) y flexibiliza temporalmente sus requisitos.

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se destinarán tres minutos por bancada, más una hora distribuida de manera proporcional.

Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Pablo Lorenzini .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LORENZINI (de pie).-

Señor Presidente, después de una larga sesión de más de cinco horas y media, en la que participaron todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, así como el ministro de Hacienda y el subsecretario de dicha cartera, además del presidente del Banco del Estado y del gerente de Planificación y Control de Gestión de esa entidad financiera, se llegó a un entendimiento en relación con este proyecto tan esperado por el país, por las pequeñas empresas y las pymes.

La idea fundamental del proyecto es promover, facilitar y ampliar el acceso a liquidez para los agentes económicos que lo necesiten, con especial énfasis en aquellos afectados por la crisis derivada de la pandemia sanitaria de la covid-19, mediante la flexibilización de los requisitos exigidos para el uso del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape) hasta el 30 de abril de 2021, y la autorización para aumentar el capital de ese fondo por hasta 3.000 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que permitirá que el crédito pueda fluir en forma expedita en los próximos meses, cuestión fundamental para superar esta crisis en forma exitosa.

La iniciativa apunta a evitar que el shock transitorio de la covid-19 se transforme en un problema económico permanente que destruya empresas y empleos.

Asimismo, pretende inyectar liquidez a las empresas a través de garantías estatales que aseguren que el crédito bancario fluya y sea utilizado únicamente como capital de trabajo.

Declara también entre sus objetivos permitir la participación masiva y oportuna de los bancos a través de la acción coordinada y focalizada del Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero, para asegurar que los créditos sean otorgados de manera estandarizada y en condiciones preferentes de tasas de interés y plazos. Para ello, aumenta el tamaño de las empresas elegibles e incrementa el financiamiento y la cobertura máxima actualmente vigente en el Fogape, lo que se lleva a cabo mediante tasas de financiamiento históricamente bajas.

Precisa que los financiamientos que garantice el fondo, cuando sean otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile, deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda del equivalente a la tasa de política monetaria, adicionando hasta un 3 por ciento. En la actualidad ello equivaldría a una tasa máxima de 3,5 por ciento. En esto, eso sí, es necesario considerar los efectos de la inflación.

Se suma a lo anterior la ampliación transitoria hasta el 30 de abril de 2021 del acceso al Fogape y de las condiciones de garantía de financiamiento que otorga, disponiendo diversos beneficios según el tamaño de la empresa, además de aumentar el límite de acceso, permitiendo incorporar a empresas con ventas anuales superiores a 100.000 unidades de fomento y que no excedan de un 1 millón de unidades de fomento.

Son muchos los beneficios por tipo de empresa. Está claro que los señores parlamentarios deberán conocer el proyecto, ya que cientos de miles de empresas pequeñas y medianas les van a preguntar por sus alcances. Son temas financieros y económicos que no todos dominan, por lo que es bueno tomar nota y mentalizarnos en algunos aspectos.

Para la pequeña empresa se aumenta el monto máximo de financiamiento de 5.000 a 6.250 UF, y el porcentaje máximo de cobertura crece de 80 a 85 por ciento.

Para la empresa mediana se eleva el monto máximo de financiamiento de 15.000 a 25.000 UF y el porcentaje máximo de cobertura aumenta de 50 a 80 por ciento.

Para las empresas con ventas netas anuales de entre 100.000 y 600.000 UF, el monto máximo de financiamiento será de 150.000 UF y el porcentaje máximo de cobertura llegará a 70 por ciento.

Y para las empresas más grandes, con ventas mayores a 600.000 UF, el monto máximo de financiamiento será de 250.000 UF y el porcentaje máximo de cobertura llegará al 60 por ciento.

Por otra parte, se faculta al Ministerio de Hacienda, por un plazo de sesenta meses, a expedir los decretos para establecer los requisitos y condiciones para las bases de licitación y regular el funcionamiento del Fogape.

Dadas las inquietudes formuladas durante el debate,…

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Al parecer, los colegas no tienen mucho interés. Pido al ministro que, por lo menos, tome nota de lo que aquí estoy informando, que es el trabajo que hicimos en la Comisión de Hacienda, dada la importancia de la iniciativa.

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Y ahora entraremos en las situaciones que estuvimos viendo durante el debate, que es necesario conocer al momento de votar este proyecto.

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Entiendo que son temas que, a lo mejor, a muchos no les interesan, pero cuando vayan a terreno -por lo menos, los que se preocupan verán que sí interesan a mucha gente.

¿Qué logramos? A través de indicaciones presentadas por quien habla, por los diputados Giorgio Jackson , Manuel Monsalve y Daniel Núñez , y por casi todos los diputados de la comisión, logramos mejorar la iniciativa, porque hoy es un proyecto en teoría, pero en la práctica va a ser…

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Perdón por la interrupción, diputado Lorenzini . Solicito a la Sala que mantenga silencio. Se está informando un proyecto muy relevante, así que agradecería que elimináramos las conversaciones bilaterales y nos dedicáramos a escuchar.

Por último, según el protocolo, la capacidad máxima de la Sala es de 50 parlamentarios. Por consiguiente, los que tengan interés en conversar, pueden salir.

Recupera la palabra el diputado informante.

El señor LORENZINI (de pie).-

Señor Presidente, justamente iba a decir que uno de los temas que se discutió mucho con el ministro es el aporte de la Cámara de Diputados, con una reducción del 50 por ciento de sus gastos y de sus rentas.

Por lo tanto, este es un tema que los colegas también van a poder debatir. Veo que ahora se produjo el silencio.

Aquí, lo mejor fue lograr el compromiso del ministro de Hacienda, que quedó plasmado en la comisión, para resolver muchas dudas que a algunos puedan surgir en el próximo debate.

Todo esto se va a traducir y aterrizar en un reglamento, que va a estar listo en las próximas semanas, y como acordamos con el ministro de Hacienda -está escrito en el acta de la comisión-, él va a concurrir a la Comisión de Hacienda y vamos a trabajar en conjunto en este reglamento, para hacer algunas adecuaciones que no se han hecho en el proyecto, a fin de permitir su tramitación con rapidez, porque la gente, las empresas y las pymes están necesitando estos aportes.

Si retrasamos el envío del proyecto, como la próxima semana es distrital, va a pasar para mayo; entonces, el compromiso es que muchas de las indicaciones, que fueron bien recibidas por el señor ministro, puedan ser incorporadas o mejoradas en el reglamento.

Una de ellas ya está clara y es que, al menos, el 45 por ciento de estos créditos van a ser destinados a aquellas empresas más pequeñas; o sea, no queda abierta la posibilidad de que puedan ser destinados a las empresas más grandes.

Otro de los temas que se vio es que el crédito para capital de trabajo no puede ser utilizado para financiar otro tipo de cosas, como, por ejemplo, pagar sueldos, ejecutivos, bonos, etcétera, porque insisto en que es para capital de trabajo.

También, se estableció que el período de gracia será de seis meses. Se vieron otras situaciones que no estaban consideradas, como, por ejemplo, la legislación vigente. Vamos a adecuar en el reglamento que la banca -porque para las empresas está establecida que mal use estos recursos, o si se producen malos manejos de parte de los funcionarios, tendrá una penalización adecuada. En este tema está el compromiso y vamos a seguir trabajando con la idea de avanzar.

Quedaron varios temas pendientes, pero con el compromiso del ministro de aceptarlos.

En el debate estuvieron presentes los diputados Pepe Auth (en reemplazo del diputado José Miguel Ortiz) , Giorgio Jackson , Patricio Melero , Miguel Mellado (en reemplazo de la diputada Sofía Cid) , Manuel Monsalve , Daniel Núñez (presidente), Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling (reemplazado por el diputado Leonardo Soto en la segunda parte de la sesión), Alexis Sepúlveda , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, Pablo Lorenzini .

El proyecto se aprobó en general y las indicaciones quedaron registradas: algunas se votaron y otras fueron retiradas, sobre la base del compromiso del Ejecutivo.

Por lo tanto, este es un avance, toda vez que seguiremos viendo el proyecto, para ingresar todas o parte de las indicaciones, o para mejorarlo a través del reglamento, a fin de no detener su proceso de tramitación.

Por último, al final fue rechazada la indicación que rebaja el sueldo de los parlamentarios, pero esperamos que en el debate aquí en la Sala la puedan reponer.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, la magnitud de la crisis que vive el país a consecuencia de esta pandemia ha generado efectos en la economía y en las personas.

En ese sentido, el gobierno presentó un primer proyecto, por cerca de 11.750 millones de dólares. Entiendo que mañana se empieza a pagar el bono de 50.000 pesos por carga familiar.

Hoy estamos discutiendo algo que muchos hemos solicitado, que es apoyar a la clase media, a la pequeña y mediana empresas, y el día de mañana también a los trabajadores independientes.

Nosotros somos un país donde la columna vertebral del empleo es la clase media, las pymes, que están fuertemente afectadas por la crisis. Por eso, valoramos que se vayan a destinar cerca de 3.000 millones de dólares para el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios.

Señor ministro, aquí hacemos un acto de fe y esperamos que este reglamento efectivamente focalice tales recursos en la microempresas y pequeñas empresas, que los necesitan, y no vayan a parar a las grandes y medianas empresas, como ocurrió en la crisis de 1982-1983, cuando gran parte de los recursos fue a parar a las medianas y grandes empresas, que, en definitiva, salieron muy bien paradas de la crisis.

Nosotros esperamos no tener muy comprometida la infraestructura productiva una vez que termine la pandemia, y que esas empresas puedan ser receptoras de los recursos. Pero para eso se necesita que el reglamento no sea tan rígido ni exigente, pues, si ponemos muchos requisitos, van a ser muy pocas las empresas beneficiadas, unas por estar en mora y otras en Dicom.

Por lo tanto, la magnitud de esta crisis nos obliga a focalizar esos recursos en la mayor cantidad de empresas posible, de manera que no quiebren, que contraten o mantengan a sus trabajadores, que no generen despidos masivos, y así conservar nuestra infraestructura productiva una vez que hayamos salido de esta pandemia.

Nosotros, con el diputado Lorenzini , vamos a respaldar la iniciativa, en el entendido de que el reglamento va a focalizar adecuadamente los recursos. Ojalá que la tasa de interés real sea cero, que es lo que hemos solicitado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, durante el día de hoy hemos estado debatiendo, con la urgencia requerida, este proyecto, que aumenta el capital del Fogape, con el objeto de llegar con recursos a miles de empresas y, en consecuencia, favorecer a millones de trabajadores que hoy están en riesgo. Al respecto, si uno revisa los datos de la última semana, los despidos inminentes tienen una connotación exponencial.

El diputado Lorenzini hizo una exposición detallada de lo que se debatió y del compromiso que tomó el Ejecutivo con respecto a distintas indicaciones que serán materia de reglamento y de otras que serán materia de estudio. Por eso, en la Comisión de Hacienda se aprobó el proyecto que viene del Senado.

Las indicaciones, las dudas, las observaciones, como la focalización y la garantía de que desde el 45 por ciento de los 3.000 millones va a estar focalizado en quienes más lo necesitan, es un compromiso y es parte de lo que va a estar estipulado en el reglamento.

Hubo distintas visiones sobre cómo focalizar la evaluación de quienes van a postular a estos créditos. En verdad, la urgencia existente y la obligación del Congreso Nacional de aprobar a la brevedad la iniciativa para que se convierta en ley hicieron que llegáramos a este acuerdo, a este consenso mayoritario al interior de la Comisión de Hacienda.

Señor Presidente, transmito el hecho de que hubo un diálogo extenso, un acuerdo en la Comisión de Hacienda y un compromiso por parte del ministro de Hacienda, porque vemos que existe la intención de reponer algunas indicaciones. Su reposición aquí, en la Sala, significaría romper el diálogo, el trabajo, el compromiso y la confianza que se generó entre los parlamentarios y el Ejecutivo. Deseo aclarar que no quedó duda alguna de que esto va a avanzar, y que para todos aquellos que queden fuera de esta potencial cobertura existirán instrumentos que hoy el gobierno está estudiando.

Lo señalo, porque es importante, fundamental dar una señal a quienes siempre intentan poner piedras en el camino a las iniciativas, a quienes intentan entorpecer lo que tiene connotación de urgencia, a quienes intentan trabar la pelota y, a pesar de la urgencia, hacen caso omiso. Es importante sugerir a todos los diputados, especialmente a aquellos que no participaron en la sesión de la Comisión de Hacienda, a aquellos que firmaron las indicaciones para reponerlas, que voten favorablemente el proyecto que viene de la Comisión de Hacienda, que respalda lo obrado en el Senado.

Hoy se ha dado un debate como nunca, con la urgencia y consideración que requiere Chile, dados el riesgo de quiebra de empresas, la cesantía galopante y el aumento de los contagiados, hecho que día a día vamos conociendo.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la Sala que no tenemos espacio para el obstruccionismo; no tenemos ese espacio, después de tan largo debate, que se hizo con respeto, con altura de miras y con compromiso para sacar adelante esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto Mardones .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, en verdad, como bancada PPD, estamos total y absolutamente disponibles para ir en apoyo y ayuda, sobre todo, de los microempresarios y pequeños empresarios, de emprendedores y pequeños comercios que también requieren ayuda en tiempos de crisis.

Quiero partir mis palabras señalando que esto del Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape) no es algo que estemos discutiendo de manera novedosa en la Cámara de Diputados. Por el contrario, debo recordarles que, en el marco del estallido social, ya aprobamos y realizamos una capitalización a este mismo fondo, si mi memoria no falla, por 500 millones de dólares, justamente para ir en ayuda de las pymes.

En aquel momento se amplió el tope, si mal no recuerdo, desde empresas con 100.000 UF de ventas anuales a empresas con hasta 350.000 UF de ventas anuales.

Le preguntaba recién al ministro de Hacienda si existe alguna rendición o alguna información sobre cómo esos recursos efectivamente se han traducido en créditos que vayan en beneficio directo de los pequeños empresarios de nuestro país, y no hay ninguna información sobre la mesa a ese respecto. Sería importante conocer la información de cómo se ha ejecutado esa capitalización, de modo de proceder sobre la base de datos firmes.

En segundo lugar, creo que es necesario transparentar lo que se está haciendo. El Fogape ya murió; el Fogape ya no existe; ya no es un fondo de garantía para pequeños empresarios, y no podemos seguir estirando el chicle. Ahora ampliamos el tope: de empresas con ventas anuales de 350.000 UF a empresas con ventas anuales de hasta un millón de UF. Estamos hablando de que este fondo de garantía, que fue creado para las microempresas y pequeñas empresas, abarcará, con una garantía estatal, con recursos fiscales de todos los chilenos, al 99,8 por ciento de las empresas de este país. Estamos hablando de empresas grandes, de empresas muy grandes.

Por lo tanto, debemos transparentar y regular bien esa situación. Cambiemos el nombre al fondo, por favor, y analicemos bien los requisitos de acceso a él; pero dejemos de enviar proyectos parche para estirar y estirar el chicle para llegar a empresas que no eran parte del objetivo de esa política pública.

Dicho eso, me parece importante el avance que se hizo de 3.000 millones de dólares de capitalización para el fondo en los momentos que vivimos: una crisis sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad por coronavirus, que se está transformando rápidamente también en una crisis económica, en una crisis laboral y, eventualmente, en una crisis social. Sin duda alguna, los pequeños empresarios requieren liquidez, requieren acceso crediticio y requieren apoyo para sobrellevar esta crisis, para aguantar el impacto económico del momento que estamos viviendo y para poder seguir adelante.

Para eso estamos disponibles, pero tiene que haber claridad. No es posible que los compromisos se hagan a través de reglamentos y que no seamos capaces de llegar a un acuerdo para incorporarlos en la misma iniciativa. Creo que eso debió haber quedado establecido en el proyecto de ley. Valoro el compromiso expreso del ministro, pero no me parece bien que se esté regulando algo que es materia de ley a través de un reglamento.

Me parece importante que también se hayan establecido los topes de las tasas, lo que se va a traducir en las regulaciones de los bancos al momento en que los empresarios accedan a los créditos. Es muy importante, porque esto es materia de regulación, y no podemos dejar al total arbitrio y discrecionalidad de la banca privada los requisitos con los cuales las pymes fundamentalmente van a poder acceder a este crédito.

Estos 3.000 millones de dólares se van a traducir en 24.000 millones de dólares en créditos para empresarios, para el sector privado. Es una cifra superior al 10 por ciento del PIB. Sin duda alguna que es una inyección importante de liquidez a nuestra economía, pero también es importante que se focalice en quienes más requieren el apoyo del Estado.

Por eso me parece que va en la dirección correcta asegurar el 45 por ciento a lo menos de esos 24.000 millones de dólares en aquellas empresas que más lo requieren, que son las que tienen hasta 100.000 UF de ventas anuales, que son el objetivo, el corazón y el sentido original del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Creo que hay que recuperar ese espíritu y transparentar las políticas públicas. De lo contrario, al fondo simplemente pongámosle como nombre “Fondo de Garantía Estatal para Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas”, y transparentemos la situación.

También es necesario que el gobierno se ponga los pantalones largos para dejar de tirar para la cola el problema que están sufriendo millones y millones de chilenos. Me refiero a los trabajadores informales, a los independientes, a los que se desempeñan a honorarios, a los por cuenta propia, que todavía están en una absoluta incertidumbre respecto de la situación que van a pasar durante el tiempo de la crisis. No hay ningún anuncio concreto más allá de 2.000 millones de dólares, porque todavía el gobierno no se pone de acuerdo en cómo ocuparlos y en cómo hacerlos llegar a las familias chilenas.

Tenemos que avanzar en transferencias directas desde el Estado, que se traduzcan en rentas e ingresos para las familias chilenas de clase media y de sectores vulnerables por el tiempo que dure la crisis.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, a propósito de este proyecto y de otros que hemos discutido en el marco de la crisis sanitaria, hay un sector del oficialismo que nos interpela permanentemente para que -según ese sector “dejemos una actitud obstruccionista de lado”. Sin embargo, fue producto justamente de la actitud no obstruccionista, de buscar mejorar proyectos como este, que, por ejemplo, logramos, gracias a la discusión en el Parlamento, que la cobertura del bono covid-19 -con el cual no estábamos de acuerdo como política pública, pero entendíamos que era necesario implementarlo ya que el Ejecutivo era el que tenía la facultad para presentarlo como proyecto se ampliara a cerca de 600.000 personas.

Lo mismo ocurrió con el proyecto de protección al empleo. Por ejemplo, para los sueldos menores a 500.000 pesos brutos se consiguió, gracias a lo que la derecha denomina obstruccionismo, pero que nosotros estimamos que es un deber esencial de la labor parlamentaria, que es mejorar el proyecto, en un diálogo franco y respetuoso con el ministro de Hacienda, quien siempre ha tenido disposición para discutir estos temas, que se mantuviera la tasa de retorno del seguro de cesantía en 70 por ciento por tres meses. No es lo que a nosotros nos hubiese gustado. Nosotros hubiésemos hecho otra política pública seguramente si fuéramos gobierno, pero no lo somos.

En ese sentido, nuestro rol es mejorar las propuestas del gobierno, y lo hacemos -muy honestamente lo digo con ánimo de colaboración. Porque en materias como esta, en que estamos frente a una crisis no nacional, no producto de un error puntual, sino mundial, fruto de un efecto externo no voluntario, yo deseo honestamente que al gobierno le vaya bien, y lo digo sin ningún tapujo: quiero que al gobierno le vaya bien tanto en el manejo de la crisis sanitaria como en la contención de la recesión económica que significa esa crisis. Vamos a tener muchas diferencias, pero hay un ánimo que es el que tiene que primar, de colaboración para lograr acuerdos que nos permitan avanzar como país.

En ese sentido, hemos planteado en particular ciertos puntos en el debate, que me parece importante recalcar, que hemos presentado nuevamente mediante indicaciones a propósito del debate sobre el Fogape.

En primer lugar, el problema del multirrut. Recordemos que estamos discutiendo que se van a otorgar créditos con una tasa de interés real cercana al 0 por ciento; o sea, con una tasa de interés nominal vinculada a la UF que llegará a empresas que tienen ventas anuales de hasta un millón de UF. Por su parte, las microempresas y pequeñas y medianas empresas son aquellas que tienen ventas anuales de hasta 100.000 UF. ¿Qué pasa entre esas 100.000 UF de venta anual y ese millón de UF de venta anual, que es lo que obtienen las grandes empresas? Que las grandes empresas tienen una matriz, pero en muchos casos a su vez se subdividen en diferentes RUT, lo cual, aunque genera tremendas dificultades en términos de que debilita la posibilidad de acción sindical, es un problema que en materia tributaria ha sido regulado. Por ello, con el objetivo de que no se acapare parte de los recursos, lo que nosotros nos preguntamos es por qué no incluir la misma regulación que existe en materia tributaria respecto del multirrut en la norma sobre el Fogape. Esa es una de las indicaciones que hemos presentado, justamente para que no se produzca un acaparamiento de los recursos a través de pequeñas empresas que en el fondo son un disfraz o la mitad de una sombra de empresas grandes, que les quitan oportunidades a pequeñas empresas que las necesitan de manera urgente.

En segundo lugar, no más despidos. Cuando el Estado otorga beneficios y facilidades lo hace esperando también una contraprestación de quien los recibe. ¿Qué hemos planteado desde el Frente Amplio y algunos sectores de la oposición? Que las empresas que accedan a este tipo de beneficios mantengan su planilla por lo menos al 90 por ciento de lo que estaba antes de la crisis. Porque si no, lo que estamos diciendo es que tomen créditos a tasa cero y hagan lo que quieran con sus empleos. Pero el objetivo no es defender las empresas como si fueran un ente abstracto; el objetivo de estas políticas públicas es defender el empleo, y el empleo es familia, es calidad de vida. Por lo tanto, es importante asociarlo también al despido, tal como lo han hecho otros países, y prohibir los despidos a las empresas que accedan a beneficios estatales, en particular a las grandes.

En tercer lugar, los criterios de asignación deben quedar expresos en la ley. El ministro se ha comprometido a que en el reglamento quedará explicitado que el 45 por ciento de los montos totales de los créditos que serán otorgados se destinará a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué no se establece eso en la ley? Lo señalo puesto que no termina de quedar clara esa flexibilidad que se requiere, porque no basta con contar con la supuesta buena voluntad de la banca. Son aspectos que debemos regular; para eso estamos mandatados. Esa materia forma parte de otra de las indicaciones que hemos repuesto para la discusión.

Afortunadamente, como bien dijo el ministro respecto de la utilización de los fondos que provengan de este crédito, la misma norma Fogape establece la prohibición del retiro de esos fondos, con el objeto de que sean utilizados estrictamente para el pago de sueldos, de los arriendos o de los costos hundidos de cada empresa, lo cual forma parte de las preocupaciones que teníamos en un comienzo, pero que nos parece que está correctamente abordado en la norma anterior.

Quiero terminar mi intervención haciendo referencia a una carta que me enviaron hoy pequeños emprendedores magallánicos, en la que señalan que gran parte de ellos no ha podido optar a créditos bancarios ni a capitales con aporte del Estado para sus emprendimientos, situación que los ha llevado a tener que adquirir créditos con casas comerciales. Desgraciadamente, como dichos créditos no provienen de la banca, se han visto en la imposibilidad de acogerse a las propuestas de refinanciamiento, congelamiento o postergación de los mismos.

Es un punto importante a tener en cuenta el disponer de información respecto de la situación de los créditos que no han sido contraídos con la banca formal. De manera que solicito al ministro que ojalá se considere ese punto en particular para el caso de las empresas regionales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero Abaroa .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, hay demasiados chilenos y chilenas esperando que aprobemos este proyecto, que tiene por objeto efectuar una inyección directa a la liquidez de miles de pequeñas y medianas empresas -según sus ventas-, que podrán contar con la garantía del Estado para contraer empréstitos con la banca, la cual, en forma unánime, se ha sumado también a apoyar esta iniciativa de ley. Este esfuerzo -digámoslo una vez más es posible de ser llevado a cabo como consecuencia de la responsabilidad fiscal de muchos gobiernos. Dicho esfuerzo nos permite enfrentar esta pandemia mejor que otras naciones, especialmente de la región latinoamericana.

Son 3.000 millones de dólares que se suman a 2.000 millones de dólares más. En los próximos días, el gobierno anunciará medidas concretas para ir en ayuda del sector informal y de los que emiten boletas de honorarios, lo que se suma a los 12.000 millones de dólares de la semana antepasada, en la dirección de fortalecer nuestro sistema sanitario, de evitar el desempleo y entregar toda la ayuda que la ciudadanía necesita, mediante transferencias directas o indirectas, con la finalidad de paliar de mejor forma la crisis ocasionada por esta pandemia.

Honorable Cámara, en 15 días hemos aprobado proyectos por 17.000 millones de dólares. Eso significa que se van a movilizar, más que aportar -tal como el señor ministro lo aclaró-, recursos fiscales por más de 17.000 millones de dólares, de modo que estamos en el umbral del 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, esfuerzo que es inédito en la historia de Chile.

Quiero que valoremos la capacidad que tenemos como país. El colega Pepe Auth recordaba, con buen sentido -como lo suele hacer en muchas de sus opiniones-, que Chile está mejor preparado que otras naciones, porque tiene una red de operación para llegar con la ayuda a la gente, no solo desde el punto de vista de nuestro servicio de salud, sino que también a través del Fogape, del Sercotec o de tantos otros organismos y mecanismos de financiamiento, de ayuda, como también a través de la banca, para nuestros pequeños, medianos y más grandes productores. Ello hace que Chile tenga una estructura público-privada robusta para enfrentar de buena forma esta crisis.

Al respecto, se debe tener en cuenta que esto lo hacemos con la proyección dramática que conocimos hace dos días, que ya nos dice que el decrecimiento o el crecimiento negativo de Chile para este año va a estar en torno al -4,5 por ciento. Les recuerdo que cada punto menos que crece la economía equivale a aproximadamente 700 millones de dólares menos que percibe el Estado. Con todo, nuestro país tiene la capacidad de levantarse para enfrentar esta crisis.

No nos avergoncemos de ello ni nos acomplejemos. Por eso, quiero felicitar la capacidad ejecutiva de nuestro gobierno y del Presidente de la República para llevar adelante estas medidas. El diputado Boric dijo con elocuencia que lo único que quiere es que al gobierno le vaya bien, y eso es algo que está en la atmósfera de lo que han generado los acuerdos para que estas iniciativas se transformen en ley, con el objeto de que podamos llegar prontamente a quienes tanto esperan las medidas de ayuda que se proponen.

El proyecto promoverá, facilitará y ampliará el acceso a la liquidez. Es interesante la forma como Chile enfrenta los problemas económicos que se van a generar producto de esta pandemia, porque se adelanta al poscovid-19, enfermedad que nos va a seguir acompañando no por meses, sino probablemente por años. Por eso, tenemos que estar preparados para enfrentar no solo la pandemia en este minuto, sino también para lo que vendrá, que sin duda será muy complejo.

Digo que esa forma es interesante porque apunta no solo a los salarios y al cuidado del empleo o de los puestos de trabajo, sino que además cuida a los que tienen la capacidad de generar trabajo. No es solamente una transferencia directa -como la otra ley lo hace a los que no tienen trabajo o a los que lo van perdiendo, ya que permite que los que generan empleo cuenten con los elementos crediticios y las garantías del Estado para que puedan hacerlo.

Por eso, en la bancada de la UDI hemos señalado, tal como lo expresó el diputado Guillermo Ramírez en la comisión, que la iniciativa para enfrentar este proceso es innovadora.

También quiero destacar la importancia de que muchos pequeños y medianos empresarios puedan tener a su disposición un crédito al cero por ciento real, que sin esta ley les costaría probablemente tres o cuatro veces más. En estos días alguien dio las cifras de lo que significa eso versus el crédito sin el subsidio o la garantía del Estado. En algún minuto hubo cierta incertidumbre respecto de si la banca privada se iba a sumar, pero se sumó de inmediato, y se sumaron todos. El Presidente Piñera, en una entrevista de televisión, dijo que no fue fácil, y por eso hay que valorarlo. No fue fácil, pero lo consiguió. Logró que toda la banca solidarizara con las demandas de créditos que van a tener los chilenos. Ese va a ser el instrumento que no solo el Banco Estado, sino todos los otros, tendrán que poner a disposición para apoyar a esas empresas.

Finalmente, destaco la preocupación que hubo en la comisión respecto de la posibilidad de que se desnaturalizara o se desviara el esfuerzo que este país debe hacer a través de este proyecto en beneficio de los pequeños y medianos empresarios. Esto fue un aporte muy concreto, y el señor ministro lo acaba de hacer explícito…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado, pero le puedo conceder más tiempo para que termine su intervención.

El señor MELERO.-

El diputado Miguel Crispi no quiere que siga hablando, pero esta vez no le voy a dar en el gusto. Voy a continuar.

Termino diciendo que el gobierno recogió todas las inquietudes de los diputados y diputadas y se comprometió a incorporar en el reglamento la focalización de los esfuerzos en las pymes, para asegurar que a lo menos el 45 por ciento de los recursos se destinen precisamente a apoyar a las empresas con ventas inferiores a las 100.000 unidades de fomento. Eso quedó comprometido, explícito y, por consiguiente, es exigible el compromiso del señor ministro en orden a comparecer ante la Comisión de Hacienda todos los meses, con la finalidad de que podamos conocer, supervisar y analizar cómo evoluciona esta regulación.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, se ha dicho mucho que la pandemia por coronavirus es tal vez la amenaza sanitaria más grande del último siglo. En Europa la han comparado, incluso, con los efectos que produjo la Segunda Guerra Mundial.

En ese escenario, no cabe duda en cuanto a que la prioridad es proteger la salud y la vida de los chilenos; sin embargo, no podemos dejar de advertir que esta pandemia está produciendo consecuencias gravísimas en materia económica y laboral.

Existen miles de chilenos que están sufriendo, que tienen incertidumbre y angustia, que no tienen la certeza de contar con los ingresos suficientes para mantener a sus familias. Por ello, debemos preguntarnos en este debate si las decisiones que estamos tomando son las correctas para proteger a las personas, a los chilenos que esperan que los poderes del Estado tomen las decisiones financieras y económicas que los protejan en un momento extraordinariamente difícil.

En ese contexto, lo primero respecto de lo cual quiero llamar la atención del señor ministro, desde la bancada del Partido Socialista, es sobre el desequilibrio entre los 17.000 millones de dólares que implican los dos paquetes de medidas económicas, pues si uno se detiene a mirar cuánto está dedicado a las personas, encontrará que hay 2.000 millones de dólares que se usan en el proyecto de protección al empleo, pero que se usan al final, después de las cuentas individuales, después del fondo solidario, por lo que incluso es posible que no se usen; 170 millones del bono covid-19 y 2.000 millones de dólares que se han anunciado ahora para proteger a los trabajadores informales.

Por lo tanto, la primera petición que los socialistas le hacemos al gobierno es que ponga más énfasis en las personas. Por ello, en la Comisión de Hacienda pedimos específicamente al señor ministro que los 2.000 millones de dólares que se han anunciado para proteger a los trabajadores informales se transformen en un proyecto de ley de manera inmediata, urgente, para, en lo posible, estructurar una renta básica que permita proteger los ingresos de aquellos que hoy no están protegidos, ni por la ley de protección al empleo ni por este proyecto de ley del Fogape.

En segundo lugar, insistimos en la necesidad de proteger a los que no están bancarizados, a los que no tienen relación con la banca y no van a acceder a los distintos créditos que se ofrecen a través de este fondo de garantía. Para eso hay que usar las instituciones del Estado, hay que usar el Indap para proteger a los pequeños agricultores, hay que usar el Fondo de Administración Pesquera para proteger a los pescadores artesanales, hay que usar la Corfo, el Sercotec y el Fosis para los que no están bancarizados. Eso es indispensable para dar una cobertura global a las chilenas y a los chilenos que hoy requieren apoyo del Estado.

Al término de este debate, me gustaría escuchar un compromiso más expreso del ministro de Hacienda respecto de estos temas que no están en este proyecto de ley.

Esta iniciativa es, sin duda, una apuesta correcta, una apuesta estratégica. Proteger la estructura productiva del país, en un año en que la economía chilena se contraerá, de acuerdo a lo que ha pronosticado el Banco Mundial, en 4,5 puntos, es una apuesta estratégica para recuperar la economía y el trabajo de los chilenos que lo necesitan.

Por eso, he estado disponible para respaldar el proyecto en la Comisión de Hacienda, pero también hemos pedido al señor ministro que resuelva inquietudes, quien se ha comprometido a solucionarlas en el reglamento, para que queden debidamente expresadas en los términos de referencia de la licitación.

Si esto es para mantener el capital de trabajo y la liquidez, debe garantizarse que ese será el uso de los recursos que está aprobando el Parlamento, por cuanto no pueden usarse para distribuir utilidades y tampoco para pagar créditos pendientes, sino que debe usarse para pagar a los proveedores, a los trabajadores, para mantener viva a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, que Chile requerirá para dar empleo.

El ministro se ha comprometido a que esto va a estar presente en el reglamento, lo cual nos parece un compromiso valioso; sin embargo, hay una segunda inquietud que los socialistas queremos plantearle al ministro de Hacienda sobre los 24.000 millones de dólares que van a entregarse en créditos, que son para empresas que tienen ventas hasta por un millón de unidades de fomento. El ministro, para proteger que no se concentren en un segmento de empresas, adquirió el compromiso de que el 45 por ciento se focalice en las empresas con ventas inferiores a 100.000 unidades de fomento; por lo tanto, los socialistas le queremos pedir un compromiso adicional: nos preocupan las empresas con ventas inferiores a 25.000 unidades de fomento.

Por ello, queremos que se exprese un compromiso en cuanto a que se tenga la garantía de que el mismo porcentaje de venta que ellas tienen -no tengo el dato preciso, pero voy a colocar el ejemplo del 20 por ciento irá a las empresas con ventas inferiores a 25.000 unidades de fomento.

Por lo tanto, espero que el ministro adquiera ese compromiso en esta Sala, para despejar esa duda y saber que los recursos se distribuirán equitativamente a todas las empresas que los necesiten, a fin de que las pequeñas no queden desprotegidas o como el vagón de cola.

Finalmente, creo que tener seguridad social ha adquirido más valor, por lo que espero que sea un aprendizaje para todas las instituciones del Estado. En un país hay que tener seguridad social y el Estado debe tener facultades para proteger a sus ciudadanos, y esta crisis nos ha demostrado que necesitamos un Estado más fuerte para protegerlos.

Por tanto, voy a respaldar este proyecto de ley.

Solo espero, por su intermedio, Presidente, que el ministro pueda refrendar un compromiso expreso con las empresas cuyas ventas son menores a 25.000 unidades de fomento.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, me habría gustado hablar de temas relativos al proyecto, como, por ejemplo, sobre cómo hemos ido avanzando en la posibilidad de generar liquidez a fin de que las pymes puedan producir capital de trabajo y empleo, conversar acerca de las necesidades de extender estos créditos a instituciones no bancarizadas y de otros temas del proyecto en general, pero, lamentablemente, es imposible no referirse a algunas cosas que aquí se han señalado.

Señor Presidente, en algunos se advierte una obsesión por legislarlo todo, pero las democracias modernas generan marcos legislativos y operan a través de espacios normativos de menor rango para darle más flexibilidad a la legislación.

Escucho al diputado Soto insistir en que esto debe quedar por ley, pero esa es una lógica jurídica muy anticuada. Por ello, valoro muchísimo que la Comisión de Hacienda haya logrado un acuerdo para que las cosas se procesen a través de reglamentos de ejecución, que es lo que hacen las democracias modernas.

Por tanto, valoro que en la comisión -así me lo han contado se hayan logrado acuerdos, se hayan adoptado compromisos y alcanzado el apoyo mayoritario. Sin embargo, aquí se insiste con las indicaciones. Si le quieren poner piedras al proyecto, ¡díganlo de una vez! Si quieren dilatar la aprobación de este proyecto, ¡díganlo de una vez! Si no quieren que el proyecto salga aprobado y quieren seguir enredando la pelota, ¡díganlo de una vez! Pero ¿por qué este afán de actuar siempre solapadamente? A puertas cerradas colaboran, pero aquí, de cara a la ciudadanía, no lo hacen. ¡Ya está bueno! Estamos en un momento clave para el país, un momento de demasiada angustia para demostrar tanta mezquindad.

Acá se ha pretendido plantear una especie de oposición entre la economía y la seguridad social, entre los empleadores y los trabajadores. Déjenme decirles que eso se acabó hace más de cincuenta años.

Hoy la pandemia corre por dos caminos y debemos trabajar en los dos. Por lo tanto, cuando escucho a algunos diputados que parecieran no valorar la importancia de que las empresas sigan generando empleos, abastecimiento, bienes y servicios, no sé si se quedaron pegados en los años sesenta. Francamente, pretender que todo quede obligado por ley es una lógica que las democracias modernas no están siguiendo.

Me encantaría que el ministro contara la experiencia australiana, donde se convocó a las entidades a través de acuerdos nacionales y se generaron incentivos, que es lo que el gobierno ha intentado hacer con este proyecto.

Acá no se trata de que no creamos en la intención de algunos de querer mejorar el proyecto o pensemos que son obstruccionistas, no, pero esta discusión ya se dio en la comisión. Entonces, ¿cuál es el afán de insistir y poner permanentemente piedras en el camino para complicar la iniciativa?

La gente necesita respuestas ahora; no compliquemos innecesariamente este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, quiero transmitir mi estado de ánimo a raíz de esta discusión.

La verdad es que estoy bastante insatisfecho, tal vez frustrado, porque siento que, a diferencia de lo que ocurrió con el llamado paquete económico N° 1, hoy no estamos logrando que este proyecto llegue a quienes más lo necesitan.

Acá se nos ha dicho que hay premura, que debemos despachar esta iniciativa muy rápido, con urgencia. Sí, pero quiero recordarles a todos que ese fue el argumento que nos dieron para que aprobáramos lo mismo que votó el Senado respecto del bono. Algunos diputados han señalado lo importante que fue que en esa ocasión rechazáramos ciertos puntos, aunque el trámite legislativo fuera más lento, con el fin de ampliar el número de beneficiarios.

¿Cuál es la paradoja? Que mientras presionaban a la Cámara de Diputados para que aprobara rápido la entrega del bono covid-19, ¿saben cuándo se empezó a entregar dicho bono? ¡Recién hoy! ¡Catorce días se demoró el gobierno en entregar el bono! Y nosotros ni siquiera pudimos tener tiempo de discutir ese proyecto para que beneficiara a 700.000 familias más. Es absolutamente contradictorio lo que estamos haciendo.

El Senado tardó tres días en discutir el proyecto que ahora debatimos. Partió el lunes y terminó el miércoles, y a nosotros nos obligan a votarlo en un día, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, porque, supuestamente, no podemos tomar más tiempo, ya que es irresponsable hacerlo.

¡Lo único irresponsable es votar un proyecto de ley donde todo queda entregado a un reglamento! Esa es una tremenda irresponsabilidad de un legislador, y yo por lo menos no amparo esa actitud.

Ahora, no todo es malo; hay cosas que uno reconoce en el proyecto de ley. Es cierto que el esfuerzo económico que se hace es significativo. Fogape tiene hoy día 150 millones de dólares y va a pasar a tener 3.000 millones de dólares. Eso es algo que no podemos negar. Pero hay un problema que le hemos señalado insistentemente al ministro de Hacienda, respecto del mecanismo que se ocupará, ya que la entidad que entregará el crédito no es Fogape, sino un banco, y los bancos siempre buscan obtener la máxima rentabilidad posible. En este caso hay un conjunto de clientes que para los bancos son extremadamente riesgosos, por lo que esos clientes no van a recibir el crédito bancario, ya que el banco toma esa decisión.

Según palabras del senador Montes , estamos hablando de 400.000 microempresas y pequeñas empresas que quedarán fuera del beneficio, porque son sujetos de crédito muy riesgosos.

Recuerdo una frase del Ejecutivo, que, ante una crisis inédita como la actual, nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial, nos dice: se requiere una solución extraordinaria. Estoy de acuerdo: tomemos soluciones extraordinarias, por ejemplo, saltémonos a los bancos. ¿Por qué el Estado no puede entregar directamente créditos blandos a las pequeñas empresas? ¿Por qué el Estado no puede entregar un subsidio? ¿Alguien va a decir “¡esa es una locura!”? Sí, es una locura tan grande que el gobierno lo hizo después del 18 de octubre del año pasado, con el plan “Reactívate con Sercotec”, que entrega a pequeñas empresas un subsidio de hasta 8 millones de pesos, no reembolsable. ¡Y ahora no se puede hacer! ¿Por qué no podemos entregar, a través de un crédito blando, 8 millones de pesos a una microempresa para que pueda salir de la crisis? ¿Qué lo impide legalmente? ¡Nada! Lo que pasa es que no hay voluntad política, porque no se apuesta a que esas empresas sobrevivan, se las quiere dejar morir. Esa es la verdad.

En la discusión que tuvimos el ministro dijo que es posible tomar cosas así. ¡Pero claro que es posible, si tenemos toda la institucionalidad para hacerlo! Pero no hubo ningún compromiso concreto.

Quiero denunciar que este proyecto de ley excluye a 400.000 microempresas y pequeñas empresas, que son el primer tramo de las pequeñas empresas. Me parece que es absolutamente negligente que ni el Congreso Nacional ni el gobierno sean capaces de señalar cómo vamos a apoyar a esa gente, que es la más frágil, la más vulnerable del mundo empresarial.

Hay dos temas que acá no se han transparentado del todo. Uno es que el actual proyecto del Fogape establece un límite, no en el reglamento, sino en la ley. El Fogape sabe que cuando un banco entrega un crédito con garantía estatal, tiende a concentrarse en las empresas más grandes. Y como lo sabe, la ley puso un límite: el 50 por ciento del monto tiene que ir a pequeñas empresas que vendan menos de 25.000 UF al año. Esa disposición se eliminó en este proyecto de ley y ahora nos dicen que debemos estar contentos, porque se va a resolver entregando el crédito a empresas que tienen un tope de ventas de 100.000 UF al año. Pero entre 25.000 UF y 100.000 UF de venta anual hay una distancia muy grande, por lo que este crédito va a quedar circunscrito a las medianas empresas, y las pequeñas empresas van a quedar desvalidas, desamparadas.

Desde ese punto de vista, no resuelve nada lo que se ha señalado respecto del gran avance de este tope, que el 45 por ciento de los créditos va a ser entregado a empresas que tienen ventas de hasta 100.000 UF anuales.

El segundo tema relevante, que ya ha sido señalado en la Sala, dice relación con que debe haber normas que combatan el hecho de que estos dineros sean mal utilizados o apropiados de forma indebida, que una empresa quiebre e igualmente los obtenga, que se usen para distribuir utilidades. Son temas que me parecen muy relevantes.

Quiero señalar que el movimiento Convergencia Nacional de Pymes y Cooperativas nos hizo llegar una serie de indicaciones -tal vez a otros diputados y diputadas también les llegó esa carta-, ninguna de las cuales están contenidas en este proyecto de ley; ninguna quedó incorporada. Algunas sí están en el famoso y dichoso reglamento.

Este es un instrumento interesante, pero, lamentablemente, no están dadas las garantías…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , quien nos acompaña en esta sesión. Además, saludo el esfuerzo que ha hecho el gobierno para tratar de entregar herramientas de solución a la actual crisis.

Debemos convertir una crisis de esta magnitud en una oportunidad para aprender, para proponer y, sobre todo, para resolver con altura de miras.

En ese sentido, quiero rescatar la actitud que ha tenido el gobierno. Quiero felicitar, reconocer y agradecer en la persona del ministro de Hacienda esa actitud, ese esfuerzo por actuar con realismo y no con idealismo. Si bien todos queremos un mundo ideal, debemos actuar acorde a nuestras capacidades, y eso se logra actuando con responsabilidad.

Esta no es la primera ni es la única herramienta que el gobierno se compromete a entregar a los pequeños y medianos emprendedores de este país, a aquellas personas que dan sustento no solo al trabajo, a la fuerza laboral, sino también a la economía de nuestro país.

Señor Presidente, no quiero perder la oportunidad de pedir al gobierno que se contacte directamente con los beneficiarios. Por su intermedio, le digo al ministro de Hacienda que se debe hacer un esfuerzo importante para informarles sobre este derecho, de modo que todos sepan que tienen la posibilidad de acceder a esta herramienta.

En segundo lugar, se debe entregar claridad respecto de las condiciones que rigen esta materia. Somos conscientes de que las condiciones son extraordinarias y favorables, pero también deben saberlo nuestros emprendedores y pequeños y medianos empresarios.

Señor Presidente, por su intermedio, también quiero pedir al gobierno especial capacidad de fiscalización a los bancos que van a entregar estos beneficios. Se lo dije al ministro antes de empezar este debate: hay ciertos ejecutivos de bancos que están anunciando, sin que ello se hubiese discutido en el Congreso Nacional, que, por ejemplo, existen empresas agrícolas que no son beneficiarias. Eso no es así. Todas las pequeñas y medianas empresas tienen la capacidad de acceder al beneficio que otorga el gobierno. Por ello, pido al ministro fiscalizar con especial énfasis a quienes van a distribuir esta herramienta.

También quiero pedir a los empresarios, a los beneficiarios, a los pequeños y medianos empresarios que actúen con responsabilidad. Si van a pedir una línea de crédito, soliciten el monto que necesitan para proteger el trabajo y lo mejor que saben hacer: la creación de emprendimiento.

Por último, pido al Parlamento una actitud constructiva, una actitud moderna. Insisto: las crisis son oportunidades, y la principal oportunidad que tenemos es cambiar nuestra actitud.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, una tiene sentimientos encontrados con este proyecto presentado por el Ejecutivo, pues tenía la sensación de que iba a funcionar cuando se hicieron los anuncios. Además, se presenta como un instrumento muy importante de apoyo para la pequeña y mediana empresa, acompañado de otras medidas positivas. Por ejemplo, existe autorización para aumentar el capital del Fogape por hasta 3.000 millones de dólares, crédito que tiene que fluir rápidamente.

Para nosotros ello es muy importante, dadas las complicaciones de capital y de trabajo que tienen las empresas. La idea es que eso se utilice solo en capital de trabajo, que la tasa de interés sea absolutamente preferencial y, además -ello es muy atingente en relación con lo que están viviendo hoy las empresas-, que se establezcan seis meses de gracia para el primer pago, lo que también es muy importante.

Una tiene que analizar -nunca me había pasado en todos los años en que he sido parlamentaria si debe entregar un cheque en blanco al Ejecutivo, sobre todo si la medida descansa en un reglamento.

Me van a disculpar los que creen que debemos ser más modernos con la legislación, pero lo que está ocurriendo es una crisis de confianza entre lo que el Ejecutivo quiere realizar y lo informado por la Comisión de Hacienda. Que no nos vengan a decir que esto va a quedar radicado en un reglamento, que luego va a pasar a Contraloría y por todas las instancias que corresponden, para que finalmente el Parlamento revise si el resultado gusta o no gusta a la Comisión de Hacienda. Todos sabemos que allí no se puede alterar absolutamente nada.

Señor Presidente, a mí no me gusta entregar cheques en blanco. ¡No me gusta! Creo que no le hace bien al Parlamento. No estoy dispuesta a entregarle un cheque en blanco al gobierno. Me hubiera gustado que se entregara un instrumento a los pequeños y medianos empresarios, y uno distinto, por ejemplo un Fogape II o lo que fuera, a los grandes empresarios. Debimos haber hecho una distinción, porque en un solo marco, en un solo presupuesto, en una sola bolsa, ¿quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a hacer de intermediarios? ¡Los bancos! ¿Quiénes son los que con este instrumento se van a llevar la tajada más grande?

¡Que nos respondan eso! ¿Dónde va a quedar nuestra capacidad de fiscalizar?

Mi preocupación es que quienes van a aprobar el proyecto entiendan -quizás son mayoría que si no son capaces de fiscalizar esto la ley será letra muerta desde el punto de vista de lo que queremos hacer.

Señor Presidente, lamento que el gobierno no entienda lo que está pasando. El Ejecutivo tiene una estructura y piensa en el gran empresariado y en cómo generar nuevos empleos. Para que ello ocurra, le vamos a dar un cheque en blanco. Sin embargo, las pymes, que generan la mayor cantidad de empleo, pero donde existen las mayores complicaciones -la gente nos reclama esa situación vía Facebook, Twitter y otras redes sociales-, nos están diciendo que esto no sirve, porque va a estar intermediado por la banca. ¿Dónde están los otros instrumentos de fomento productivo que podríamos incorporar?

Hace un rato conversaba con el diputado Iván Flores y nos preguntábamos dónde están las medidas para los pequeños agricultores y para la gente del mundo rural que tiene interés en contar con estos recursos. ¡Jamás van a ser capaces de obtener el Fogape! ¿Dónde podríamos haber inyectado recursos? En Sercotec, en el Indap, que es la institucionalidad que tenemos para ayudar a los pequeños y medianos empresarios.

Señor Presidente, tenemos un cheque en blanco para el gobierno. ¡Un cheque en blanco! Vamos a entregar ese cheque en blanco a los mismos que este gobierno ha ayudado desde siempre, para que las cosas funcionen según su estilo y conforme a lo que creen que efectivamente va a dar resultado para el país.

Lo lamento, pero tenía esperanzas de que las cosas se podían hacer de otra forma. Por eso, no puedo votar favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señor Presidente, quiero destacar este proyecto de ley, porque es importantísimo no solamente para las pymes, sino también para asegurar la continuidad de muchos trabajadores que hoy prestan sus servicios en distintas empresas. Aquí no estoy hablando de las grandes empresas, sino de las empresas proveedoras que trabajan en la minería, en la pesca, en la agricultura, etcétera.

Lo que quiero pedir en el poco tiempo que tengo para referirme a este tema es que el gobierno haga un esfuerzo por fiscalizar que los bancos hagan la pega. Y cuando digo que hagan la pega me refiero a que hagan un esfuerzo por descentralizar la evaluación de los créditos. Estas son medidas que se deben entregar ahora, no en seis meses más.

Aplaudo que se haya optado por una técnica legislativa de no generar un transantiago a través de una ley, sino de permitir, a través de reglamentos que dicte el Ministerio de Hacienda, una movilidad y una adaptabilidad para superar esta crisis de salud y esta crisis económica. Es ahí donde pido que se fiscalice la descentralización que deben aplicar los bancos. Así como el gobierno está haciendo un esfuerzo por generar líneas de créditos especiales, ojalá los bancos estén a la altura de las circunstancias y descentralicen sus procesos.

Señor Presidente, por su intermedio pido al señor ministro que nos preocupemos por nuestros proveedores, sobre todo por los de regiones. Me han llamado muchos agricultores y proveedores de la minería para señalarme su preocupación debido a que muchos ejecutivos ya les están cerrando la puerta. Creo que no es la forma de hacer las cosas.

Por último, agradezco que se haya incluido en este proyecto de ley algo que nos plantearon muchos emprendedores y empresarios: el tema del Dicom. El hecho de que a las empresas con ventas de hasta 25.000 UF no se cuenten sus morosidades a partir del 1 de octubre del año pasado, ni desde el 1 de marzo de este año en el caso de aquellas que tienen ventas de más de 25.000 UF, es una tremenda noticia, pues permitirá a nuestras pymes ese respiro que tanto necesitan hoy.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy Chile enfrenta dos grandes crisis: la crisis sanitaria, en que la contención de la propagación de la pandemia es fundamental, pero también hay una crisis que ya está expresada en la sociedad chilena, producto de la baja en la actividad económica y las normas de confinamiento y distanciamiento que han provocado que todas las empresas han tenido que reducir o paralizar sus trabajos y faenas.

Sin duda, lo anterior ha producido un impacto gravísimo que puede terminar en una quiebra o en una declaración de insolvencia, en el cierre de muchas empresas y en un aumento explosivo, no solo de los enfermos de covid-19, sino también de la cesantía. Esa es una amenaza real.

Hoy los chilenos, los trabajadores particularmente, se enfrentan a dos grandes miedos: el miedo al contagio de covid-19 y el miedo a quedar cesantes y sin ingresos.

En esta época de crisis, quien debe salir al rescate no puede ser otra entidad que el Estado de Chile y particularmente el gobierno. El gobierno debe enfrentar la crisis, con todos los recursos disponibles, actuales y futuros, y dar tranquilidad a todos los chilenos, sin excepción, respecto de que vamos a poder enfrentar económicamente esta pandemia mundial. Por lo tanto, debemos garantizarles los ingresos.

Por eso, nosotros hemos aprobado los proyectos que buscan sustentar los ingresos de las personas que tienen contratos de trabajo formales y también de aquellos que van a ser beneficiarios con el bono covid-19.

Sin duda, el primer reclamo que hay que hacer en este punto es que todavía hay millones de chilenos y chilenas que no tienen en perspectiva que el Estado les pueda proporcionar un ingreso, una ayuda o un alivio que les permita sustentar a sus familias y sus vidas mientras enfrentan esta pandemia. Ahí está el reparo respecto de los trabajadores informales y los trabajadores independientes, los que, hasta ahora, no están considerados en ningún paquete de ayuda.

Hoy vemos un proyecto que busca resolver los problemas de liquidez que enfrentan las empresas, las cuales también deben ser ayudadas de alguna manera, y esta iniciativa busca entregar una garantía del Estado para que puedan endeudarse con los bancos. Como parte de esa garantía, se entregan 3.000 millones de dólares por parte del Estado, para que las empresas puedan recibir los créditos que les den liquidez para poder enfrentar estos tiempos de cierre o suspensión de faenas.

En general, nosotros vamos a respaldar este proyecto; sin embargo, tenemos muchos reparos respecto de la manera en que se lleva a cabo, toda vez que prácticamente se entrega a los bancos la decisión de a quiénes, cómo y cuándo se entrega esta ayuda a las empresas, y creemos que en esta crisis el Estado debe ser mucho más fuerte.

En este punto hago una mención a algunos parlamentarios de derecha que cuestionan que estas materias se regulen por ley. La regulación que hay es bastante insuficiente, pero no deben olvidar que ahora no está rigiendo el mercado. Ustedes, que son defensores del libre mercado, hoy están callados, porque es el Estado el que está salvando a las empresas, a los trabajadores y al país.

Por lo tanto, hay que tener un poquito más de respeto al hecho de que el Estado resuelva los problemas que la empresa privada…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, parto mi intervención felicitando al Presidente Sebastián Piñera y al ministro de Hacienda, porque han manejado muy bien la crisis epidemiológica y también, con ingenio, la crisis económica.

Fíjese el espectro de lo hecho, porque aquí se ha ido, por estancos, solucionando los problemas económicos de distintas áreas, con el bono covid-19 y el ingreso mínimo garantizado, que son cosas reales que se están viendo, así como también con la ley de protección al empleo, a la que se está empezando a postular, y todo lo que significa lo que estamos viendo ahora con esos 5.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones de dólares van a ir a los trabajadores informales.

Hay una mesa de trabajo importante y esperamos que este fin de semana determine cómo se entregarán esos 2.000 millones de dólares. Esa mesa estará integrada por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel , y por expertos, es decir, por personas que saben lo que significa ser un trabajador informal.

Y también está este proyecto. Sin embargo, ministro -por su intermedio, señor Presidente usted sabe que todavía falta -lo dijo la ministra del Trabajo y Previsión Social la gente que boletea, pero van a buscar la posibilidad de ayudarlos pronto. Ese es un compromiso que se cumplirá, porque el gobierno cumple sus compromisos. Ahora, no como algunos colegas quisieran, pero los cumple.

Aquí hay un tema importante relacionado con los 5.000 millones de dólares. Desde 1990, el Fogape nunca había tenido 3.000 millones de dólares.

Lo que ocurre es que los bancos postulan a los 150 millones de dólares de ese fondo y se los dan a sus clientes que están medios fregados: los renegociaban, los empaquetaban de nuevo y los ponían paraditos.

Ahora no será así, pues esos fondos serán para que los pequeños empresarios puedan seguir subsistiendo. Porque esos empresarios no tienen empleados para despedirlos. De hecho, esos empresarios son trabajadores más en sus empresas, y quieren que las empresas funcionen, pero hoy están parados y necesitan caja para pagar arriendo, el ahora ciento por ciento de las imposiciones, el teléfono, la luz, y también para desinfectar sus locales comerciales. ¡Para eso necesitan caja!

¿Les vamos a dar esa caja? ¡Claro que se las vamos a dar! ¿De qué manera se la vamos a dar? Ellos no quieren que les regalen la plata, porque generan recursos cuando están bien, sino que les den una tasa de interés cómo nunca se había visto, porque 0,5 por ciento, que es la tasa de política monetaria, más 3 por ciento da casi 0,30 mensual. Nunca se había visto una tasa de esa magnitud para las pymes. ¡Nunca!

Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, le pido que ese sea el techo de la tasa nominal -si la tasa real es cero, mejor todavía-, y que los plazos se cumplan para la banca, que sean 24 a 48 meses reales de flujo de caja, porque esto será flujo de caja nuevo. Cabe considerar que los beneficiaros serán clientes cautivos de los bancos y, por tanto, estos les darán los créditos. Ahora, en el caso de las pymes, ojalá que los bancos les den estos créditos con rapidez, accediendo a través de teléfono o correo electrónico, porque los necesitan.

Yo creo que hay que dejar atrás los fantasmas de que las cosas siempre son malas; hay que buscar las cosas buenas.

Los pymes están esperando, con prontitud, esos recursos, que son un salvataje para que las empresas sigan funcionando, de las cuales viven ellos y sus empleados.

¡Démosle rápido esa posibilidad a las pymes, para que puedan seguir subsistiendo en Chile!

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, este proyecto, junto con el sobre seguro de desempleo, es de todas maneras lo más importante que hemos votado en los últimos meses, porque trata de evitar que una crisis coyuntural se transforme en una crisis permanente, en la medida en que más empresas quiebren y más crezca el desempleo.

El proyecto contempla una inyección de 3.000 millones de dólares a la vena para evitar o intentar reducir al mínimo la posibilidad de que la crisis coyuntural devenga en una crisis duradera.

¿De qué se trata? Se trata de abrir una línea de crédito con garantía estatal que entregue préstamos hasta por un monto equivalente a tres veces las ventas totales del mes de una empresa. Para ello, se introducen modificaciones al Fogape, primero, en materia de las garantías: las pymes pasan a tener el 85 por ciento del recurso garantizado; las pequeñas y las microempresas, el 80; las medianas, el 70, y las más grandes, el 60 por ciento; segundo, se amplía el beneficio de las empresas, desde el tope que tenían, de 100.000 UF, hasta 1 millón de UF de ventas anuales.

No es la hora de distinguir según tamaño de empresa, porque tenemos que pensar en la cantidad y en la proporción de trabajadores, ya que justamente estamos pensando en la preservación del trabajo, y por eso es razonable ampliar el criterio de exclusión hacia las empresas medianas y grandes, que dan más del 27 por ciento del empleo en Chile.

Teníamos muchas preocupaciones en el trámite parlamentario. Primero, la tasa de interés, y eso fue resuelto de buena manera en el Senado; segundo, que los recursos vayan exclusivamente al capital de trabajo y no a pagar créditos ni repartir utilidades, y eso ha quedado expresamente señalado. Hay un compromiso de introducirlo en el reglamento -les recuerdo que son parte de las leyes; no es distinto a estas-, y el compromiso explícito del ministro vale como palabra, quien, por lo demás, va a visitar la comisión antes de enviar el reglamento a la Contraloría y también después de hacerlo.

La tercera preocupación que teníamos era respecto de las sanciones penales establecidas en la ley general del Fogape, la vigente, para quien utilice los recursos con fines distintos de los que se plantean acá.

En cuarto lugar, teníamos una preocupación sobre la proporción de los recursos entregados al mundo de las pymes, y ha quedado establecido que el reglamento señalará que, a lo menos, el 45 por ciento de los recursos se destinará a los préstamos a las pymes. Eso significa que son seis y hasta diez veces más los recursos que hoy están destinados al mundo de las pymes.

Cuando se establece la dicotomía de quién es el beneficiario, resulta que todos son beneficiarios: la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, con el límite, por supuesto, de las supergrandes, que por lo demás concentran una buena parte de la economía, y ese es uno de nuestros problemas principales.

Nosotros tuvimos una reunión muy interesante con el administrador y representante legal del Fogape designado por el BancoEstado. El BancoEstado tiene una nómina de más de 245.000 microempresarios que podrían acceder directamente a ese crédito, y es una gran oportunidad para que recupere el liderazgo perdido en el mundo de la pequeña empresa. Tiene el liderazgo en el mundo de la microempresa, pero lo perdió absolutamente en el mundo de la pequeña empresa, de manera que esta es la oportunidad para que lo recupere.

Yo le quiero decir, ministro, que usted sabe lo que queda pendiente, y si usted trae el proyecto mañana, pasado o la próxima semana, todos vamos a estar dispuestos a trabajar durante la semana distrital para tramitar un proyecto que vaya en beneficio del mundo independiente e informal, porque son decenas de miles de familias que están dañadas, de manera severa, por los efectos económicos y en la vida cotidiana que ha provocado la pandemia.

Por lo tanto, tengo sentido de urgencia, el mismo sentido de urgencia que tuvo el Senado, que, por 42 votos a favor y una sola abstención, aprobó este proyecto, que es claramente de interés nacional.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, la verdad es que el gobierno ha decidido, a través de un mecanismo llamado Fogape , introducir liquidez a las empresas en estos tiempos en que es difícil tenerla. En este contexto, el gobierno ocupa un instrumento que tradicionalmente había sido utilizado para las pequeñas y microempresas, que después se expandió a las medianas empresas, para beneficiar ahora a las grandes empresas, no hasta el último tramo de las grandes empresas, pero sí a los tres primeros tramos, en las cuales el mecanismo parece simple, aunque no tanto en la práctica, como han manifestado algunos miembros de las organizaciones de pymes, quienes han dicho que es posible que los bancos no respondan a esta expectativa. Pero el Estado pone recursos para garantizar los créditos en distintos porcentajes, según el tamaño.

Luego, los bancos eligen, en función del riesgo, a qué empresas otorgarán el crédito en las condiciones que el gobierno establezca, lo cual implica que algunas obtendrán esos créditos para sustentar su liquidez y que otras empresas que no lo conseguirán. Creemos que es importante -así lo discutimos que quede claro que algunas lo van a obtener y que otras no, para que a aquellas que no lo consigan el gobierno tenga una respuesta clara sobre cómo se va a hacer cargo de las familias cuyo sustento son los ingresos de esas pymes que, probablemente, van a quebrar. No podemos mirar al techo sobre este punto, y es importante mencionarlo.

Aun así, parece una manera fácil de inyectar recursos y solucionar el problema de buena parte de las pymes, y es cierto, pero hay que hacerse cargo de las que van a quedar fuera del beneficio, y respecto de ellas todavía estamos esperando cuál será la respuesta. Pero al menos habrá un conjunto importante de pymes que tendrán una solución con este instrumento.

Sin embargo, y aunque a algunos les moleste o les irrite que queramos cumplir nuestro rol de colegisladores, hemos presentado algunas indicaciones. Algunas se quisieron retirar, para acelerar el trámite, pero hay otras que, creemos, son importantes.

Voy a mencionar cuáles son las tres indicaciones que hemos presentado para insistir en la Sala.

La primera es muy modesta, pero creemos que es la más importante, y se refiere a que las empresas que vayan a optar por esta garantía estatal y que tengan más de 100.000 UF anuales en ventas deben firmar un compromiso, una declaración jurada, de que no van a tener despidos por más del 10 por ciento de la planta de trabajadores que tenían a febrero. Es decir, si ya cuentan con el fondo del seguro de cesantía para suspender la vigencia de los contratos y continúe el pago a los trabajadores con una disminución de su salario y de sus tasas de reemplazo; si ya cuentan con el fondo de seguro solidario, y si van a cambiar las jornadas laborales, para hacerlas más flexibles, también con cargo al seguro de cesantía, a lo que se suma ahora la protección por parte del fisco para que tengan liquidez, lo mínimo es que, en razón de la función social que tienen las empresas respecto de sus trabajadoras y trabajadores, se comprometan a mantener el 90 por ciento de su planilla al mes de febrero.

En segundo lugar, queremos que las grandes empresas no abusen del multirrut. Algo tan simple, algo que nosotros legislamos en esta Cámara en materia tributaria, que sea aplicable al Fogape, que tiene un vacío en materia de entidades relacionadas.

Y en tercer lugar, que se enumeren las materias que tienen que estar en el reglamento. Hay personas que creen que no es necesario, pero hay otros que creemos que es importante que, en un proyecto que entrega 3.000 millones de dólares a las entidades bancarias, para que otorguen créditos a las pymes, algo quede enumerado para que el Ejecutivo se comprometa en ese sentido.

Si me permiten, haré un comentario más político.

Nos han reclamado por obstruccionistas, a pesar de que hemos mejorado los dos proyectos que han salido de acá: el bono covid-19, que se amplió en 670.000 beneficiarios, y la norma para la protección del empleo, en la cual incluimos mayor protección y mayor cobertura en materia de montos.

También, nos reclamaron por la celeridad. El 30 de marzo se promulgó la ley que establece el bono covid-19, pero este aún no se entrega; recién se empieza a entregar este viernes. Por consiguiente, han pasado más de dos semanas, pero nos alegaban que por cada día que se dilataba su tramitación había gente que se quedaba sin recursos. Sin embargo, desde el Ejecutivo no han sido capaces de desplegar la entrega de un bono.

En diez horas hemos estado legislando y tramitando un proyecto que tiene 3.000 millones de dólares de costo. ¡En diez horas! Y lo que estamos planteando es que si hoy mejoramos el proyecto con estas tres indicaciones, puede ser que se demore quince horas más, y que mañana el Senado, que ya tiene precitado al pleno para analizar estas indicaciones, si se llegan a aprobar aquí, lo despache.

¿Qué vamos a decir a la gente si después la despiden de las empresas que tienen los créditos? ¿Qué vamos a decir si las grandes empresas se dividen en multirrut? ¿Diremos que no lo aprobamos porque no teníamos quince o veinte horas para hacerlo? ¿Esa será la respuesta del Congreso? Me resisto a eso, y por eso…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros Ward y Briones , presentes en la Sala.

En este minuto, gran parte de las pymes deben estar viendo lo que sucede en este hemiciclo. Si no me equivoco, todas ellas deben estar preocupadas de lo que está ocurriendo.

¿Saben por qué? Porque de la suerte de este proyecto y de la inmediatez con que lo tramitemos depende la vida de cerca de 250.000 pymes en el país. Eso no solo por el apoyo que está dando el gobierno a quienes dan cerca del 70 por ciento del empleo, sino también por la ayuda que les está brindando el gobierno para mantener una economía que se verá muy resentida en los próximos meses.

Hay tanta confianza en esto que la verdad es que me sorprendo de las intervenciones, por ejemplo de la diputada Sepúlveda . Me gustaría que ella mostrara los mensajes de las pymes que desprecian este proyecto. Yo le podría mostrar todos los que tengo de la Conapyme, de las multigremiales y de las cámaras de comercio, que lo único que quieren es que lo aprobemos.

Existe tanta confianza en que transversalmente vamos a sacar adelante esta iniciativa que, por ejemplo, el Banco del Estado ya está fortaleciendo su departamento de microempresa y pequeña empresa, que, como bien señaló el diputado Auth , atiende a 240.000 mipymes; incluso, este banco se está proyectando más allá, porque quiere llegar a 400.000 empresas. Eso es lo que hoy está ocurriendo con este proyecto.

Esta iniciativa permitirá al fisco capitalizar 3.000 millones de dólares para que los bancos otorguen créditos para capital de trabajo por hasta 24.000 millones, lo que no es poco, pues equivale al 10 por ciento del PIB.

Por otro lado, se ampliará el techo de ventas anuales para acceder a créditos a través del fondo, desde 350.000 UF a 1 millón de UF. ¿Cuándo había ocurrido eso con las pymes? Nunca. Este es un hecho inédito de un gobierno que se la está jugando por las pymes.

Por lo tanto, molesta cuando uno escucha argumentos tan torcidos y de tan poca buena fe, en el sentido de que en el proyecto hay letra chica o de que no se quiere apoyar realmente a las pymes del país.

Este proyecto permitirá cubrir al 99,8 por ciento de las empresas, y al 84 por ciento del empleo formal. La tasa será de 0,5 por ciento, que es la tasa de política monetaria, más un 3 por ciento de la inflación estimada.

Hice el ejercicio de tomar un crédito Fogape de hoy y otro crédito Fogape con las medidas dispuestas en este proyecto. El ahorro que se genera con este último es de aproximadamente 4 millones en tres años.

Hago un llamado a la banca para que sea parte de la solución. Hasta hoy, los microempresarios y los pequeños y medianos empresarios con los que he conversado en mi región, y los representantes de las cámaras de comercio y los microempresarios en general que han solicitado renegociar su crédito o deuda han recibido un portazo en la cara, especialmente del Banco del Estado. Ahora, con esta ayuda del gobierno del Presidente Piñera, invito a los bancos, especialmente al Banco del Estado, a extremar las medidas de atención y servicio, y a colocar los 24.000 millones rápidamente y sin burocracia, entendiendo que un mes puede hacer la diferencia entre estar vivo o morir.

Por último, quiero hacer tres consideraciones.

En primer lugar, agradezco al gobierno del Presidente Piñera y al ministro por este gran proyecto.

En segundo lugar, pido al ministro que no se olvide de los emprendedores y de los microempresarios y pequeños y medianos empresarios que están realmente complicados con el Dicom. Ojalá que la indicación para que el Dicom no les influya para obtener los créditos sea real y cierta. Ya se hizo un esfuerzo enorme a partir de octubre, tras el estallido social, en favor de la gente que estaba en Dicom. Hoy existen algunos rezagados que están en esa situación desde antes de octubre. Ojalá que ellos también sepan que tienen todas las posibilidades de obtener este crédito.

En tercer lugar, pido al ministro que escriba con letra grande “los no bancarizados”, que son el 80 por ciento de los emprendedores y mipymes del país. Es urgente el proyecto del Fogain, que permitirá articular 2.000 millones de dólares a través de las cajas de compensación, de las cooperativas de créditos o de instituciones como la Fundación Banigualdad, e incluso a través del Indap para la pequeña agricultura familiar campesina. Ellos necesitan esta ayuda urgente. Ojalá que el próximo proyecto de esta naturaleza que estemos discutiendo sea para favorecer a los pequeños empresarios que no están bancarizados y que necesitan urgentemente una mano, una ayuda del gobierno.

He dicho.