Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de la pandemia de covid-19 (boletín N° 13378-04).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el debate de este proyecto se otorgarán tres minutos base por bancada, más sesenta minutos distribuidos en forma proporcional.

En consecuencia, los tiempos máximos para el uso de la palabra son aquellos que se indican a continuación:

Comité de Renovación Nacional e Independientes, 16 minutos y 56 segundos; Comité Unión Demócrata Independiente, 14 minutos y 37 segundos; Comité Socialista, 9 minutos y 35 segundos; Comité Demócrata Cristiano e Independientes, 9 minutos y 12 segundos; Comité Mixto Liberal, Comunes, Convergencia Social e Independientes, 7 minutos y 15 segundos; Comité Comunista, 6 minutos y 29 segundos; Comité Mixto Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Ecologista Verde e Independientes, 6 minutos y 6 segundos; Comité Partido por la Democracia, 6 minutos y 6 segundos; Comité Revolución Democrática e Independientes, 5 minutos y 43 segundos; Comité Radical e Independientes, 5 minutos y 43 segundos, y Comité de Evolución Política, 5 minutos y 19 segundos.

Asimismo, por acuerdo de los Comité Parlamentarios adoptado el 20 de mayo, este proyecto se discutirá y votará en general en la sesión de hoy y, de ser aprobado, se remitirá a la Comisión de Educación y a la Comisión de Hacienda, pero solo respecto del artículo transitorio, para los efectos de que se pronuncie respecto de si dicha disposición tiene incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Recuerdo a los jefes de bancada que tienen que hacer llegar a la Mesa los nombres de quienes harán uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Juan Santana .

Antecedentes:

-Moción, sesión 9ª de la presente legislatura, en martes 31 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 23ª de la presente legislatura, en martes 19 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en moción de los diputados Juan Santana , Rodrigo González , Luis Rocafull y Gonzalo Winter , y de las diputadas Maya Fernández , Camila Rojas y Camila Vallejo , que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de covid-19.

La iniciativa legal tiene por objeto que, durante el estado de catástrofe decretado por el Presidente de la República, se suspenda el cobro de aranceles y derechos básicos de matrícula por parte de las instituciones de educación superior, estatales o privadas, a los estudiantes que no accedan al sistema de gratuidad en la educación superior, consagrado en la ley N° 21.091.

Según se expresa en la moción, desde diciembre de 2019 y hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de covid-19.

Con motivo de esta pandemia, el 7 de marzo de 2020, mediante decreto N° 4, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para todo el territorio nacional producto de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus.

Añade la iniciativa que esta situación constituye una calamidad pública como las del supuesto que establece el artículo 41 de la Constitución Política de la República, por lo que se autoriza al Presidente de la República a decretar estado de catástrofe, determinando la zona del país afectada.

La magnitud de la pandemia y el rápido contagio del virus entre los habitantes de todo el país han motivado la declaración de estado de catástrofe para todo el territorio nacional, lo que ha significado adoptar un conjunto de medidas para impedir el contacto social, con el objeto de evitar la propagación del virus.

Producto de estas medidas y la suspensión de clases presenciales en las instituciones de educación superior del país, los estudiantes se han visto imposibilitados de continuar con sus estudios de manera regular y presencial, salvo en aquellas instituciones que han utilizado instrumentos tecnológicos para dictar clases y realizar evaluaciones.

Sostiene el proyecto que, sin perjuicio de lo anterior, la gravedad de la crisis ha provocado que en muchas familias los padres de los estudiantes se hayan visto imposibilitados de trabajar, lo que ha hecho mermar sus ingresos o que, en algunos casos, incluso hayan perdido su fuente laboral.

A su vez, muchos de los estudiantes que trabajan para costear su educación también se han visto imposibilitados de continuar laborando, con la consecuente falta de recursos económicos para pagar los aranceles mensuales y cumplir las demás obligaciones pecuniarias que exigen las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica.

Finalmente, la iniciativa señala que, por esta razón, resulta necesario conceder, en forma transitoria, una suspensión del cobro de aranceles y derechos básicos de matrícula a los estudiantes que no accedan al sistema de gratuidad en la educación superior, tanto a los de las instituciones estatales como a los de las privadas.

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió a rectores de diversas universidades, tanto estatales como privadas; a representantes de los académicos, a trabajadores de instituciones de educación superior y a estudiantes.

Entre los diputados hubo visiones contrapuestas respecto de esta iniciativa. Si bien hubo coincidencia en cuanto a la necesidad de apoyar a las familias que han visto disminuidos sus ingresos, para que sus hijos puedan continuar sus estudios superiores, las diferencias se centraron en la forma de hacerlo. También hubo coincidencia en que las medidas que se adopten no deberían afectar a los académicos ni a los trabajadores de las instituciones.

Quienes estuvieron a favor de la moción argumentaron que resulta indispensable prestar apoyo a las familias que no han podido pagar los aranceles, para lo cual solicitaron al Ejecutivo disponer de recursos que permitan efectuar ese apoyo sin afectar el presupuesto de las instituciones de educación superior.

Por su parte, quienes manifestaron una postura contraria, sostuvieron que el proyecto, tal como está formulado, resulta ser inadmisible e inconstitucional, solicitando al Ejecutivo proponer un mecanismo alternativo que permita salvaguardar el apoyo a los estudiantes, el presupuesto de las instituciones y a sus académicos y trabajadores.

La comisión consensuó una indicación, que aprobó por unanimidad, para sustituir el texto original de la moción, por uno que establece que las instituciones de educación superior deben elaborar, en el plazo de un mes, un plan de carácter público de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad de la formación de sus estudiantes, que quedará sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior, conforme a lo que dispone la letra f) del artículo 20 de la ley N° 21.091.

A continuación, la iniciativa define que se considerará que la situación financiera de un estudiante se ha visto menoscabada en los casos en que él o algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo y se encuentre acogido a la ley N° 19.728 o se haya suspendido su relación laboral o visto reducida su jornada en virtud de la ley N° 21.227.

Además, dispone que en caso de que se establezcan medidas de flexibilización económica, en donde se acuerde una modalidad diversa de pago o en el número de cuotas, el cambio en dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas por mora.

También se aprobó, por mayoría de votos, una indicación para establecer que las instituciones de educación superior no pueden aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera que sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas a los estudiantes de educación superior que se hayan acogido al plan establecido.

De la misma forma, se aprobó otra indicación que sanciona toda transgresión de lo dispuesto en los artículos precedentes como una infracción grave, de las enumeradas en el artículo 55 de la ley N° 21.091.

Por otra parte, se aprobaron dos indicaciones parlamentarias, cuya admisibilidad fue discutida y votada, en atención a que significarían mayor gasto fiscal.

La primera de ellas establece que el Ministerio de Educación debe abrir un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles, para el segundo semestre del año 2020, dirigido a estudiantes que no hayan postulado o accedido a estos beneficios en el periodo regular y que acrediten una disminución en sus ingresos familiares como consecuencia directa de las medidas sanitarias o de seguridad interior que hayan sido dictadas por la autoridad competente para el control de la covid-19.

La segunda dispone, en un artículo transitorio, que durante el año 2020 los estudiantes pueden solicitar la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales en relación con el avance académico semestral.

Constancias reglamentarias

1.- Normas de quorum especial

El proyecto no contempla normas de rango orgánico constitucional ni de quorum calificado.

2.- Normas que requieren trámite de Hacienda

La comisión acordó, por mayoría de votos, que el articulado del proyecto de la ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

3.- Aprobación general del proyecto de ley

Puesto en votación general, el proyecto de ley se aprobó por mayoría de votos (7 votos a favor y 4 votos en contra).

4.- Reserva de constitucionalidad

El Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad en atención a que la moción vulneraría diversos artículos de la Constitución Política de la República, de los que se deja constancia en el informe, tanto en la votación general como en la particular.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Pardo ?

Acordado.

Para iniciar la discusión de este proyecto, tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, efectivamente, este proyecto de ley generó una discusión en la comisión, básicamente por el impacto que podía tener en las instituciones de educación superior autorizar la suspensión del pago de aranceles a los estudiantes que estuvieran en situación de crisis económica. Por eso, el proyecto tuvo cambios muy importantes, por lo que no quedó aprobada la autorización para suspender el pago del arancel por medio legal, sino que quedó en manos de las instituciones de educación superior hacer un esfuerzo para asegurar la continuidad de sus estudiantes y, en el caso de que ellos no puedan pagar el arancel correspondiente, aquello no tenga consecuencias en su desarrollo académico. Por lo tanto, no los pueden expulsar y podrán rendir todas sus pruebas. Esto tiene relación más con el esfuerzo que puedan hacer las instituciones de educación superior para ir en ayuda de sus estudiantes.

Según lo planteado por el Ejecutivo, esto ya está ocurriendo. Por lo tanto, es sumamente raro que sea el propio Ejecutivo el que señale que el proyecto es inconstitucional, porque nosotros no estamos pidiendo que se suspenda el pago de los aranceles, sino que solicitamos que las instituciones vayan en ayuda de los estudiantes que se encuentran hoy día en una situación de precariedad económica, debido a que sus padres han perdido sus puestos de trabajo o ellos mismos se han visto afectados por esa situación. En consecuencia, nos parece rara esta observación de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo, ya que apoya que las instituciones generen este tipo acciones o iniciativas para apoyar a los estudiantes.

Ahora bien, esto devela un problema que tenemos en Chile: que las universidades públicas no tienen financiamiento directo y dependen del váucher. Eso lo discutimos durante la reforma a la educación superior y en esa ocasión planteé que el Estado debía financiar a sus universidades y, como consecuencia de ello, estas debían ser gratuitas para todos sus estudiantes; así no tendríamos instituciones que dependieran de si los estudiantes o sus padres tienen recursos para pagar el arancel.

Obviamente, se trata de un problema no resuelto en la reforma a la educación superior, pues a pesar de que esta se realizó durante nuestro gobierno, no se quiso avanzar en esa línea. Por tanto, es un tema que deberíamos volver a plantear, ya que es necesario que las universidades estatales cuenten con el financiamiento del Estado, porque es su obligación. No es una opción, sino que es un imperativo ético y legal que las universidades públicas sean financiadas por el Estado de Chile. Hoy no tendríamos este problema si eso se hubiera resuelto en la reforma a la educación superior.

Por otro lado, a petición de los estudiantes, quedó aprobado que ellos pueden congelar sus carreras sin costos, excepto la matrícula. Hay universidades privadas que cuando los jóvenes congelan sus estudios por un semestre o un año se les obliga a pagar el arancel de todas formas. Las universidades públicas solo cobran la matrícula.

Considero que, en el caso de que los jóvenes no puedan continuar sus estudios por un tiempo y decidan congelar su carrera, esto no implique un costo para ellos.

Abrimos un plazo adicional en el proyecto de ley, que nos parece interesante, para que el Ejecutivo amplíe o abra un nuevo plazo para acceder a la gratuidad a todos los jóvenes del 60 por ciento más pobre de la población, que debieran acceder a la gratuidad, pero que, según nos informan, alrededor del 20 por ciento de ellos no se acoge o no es beneficiado por la gratuidad, a pesar de que esos recursos están considerados en el presupuesto, porque así lo establece la ley. Insisto: el 60 por ciento más pobre debe acceder a la gratuidad y esos recursos están disponibles, por lo que no implica un gasto adicional para el Estado.

Finalmente, quiero agregar que tuvimos cero apoyo de parte del Ejecutivo para avanzar en esta materia, pues para el gobierno está todo resuelto, el país sigue funcionando como si no pasara nada y, por tanto, no existe ninguna iniciativa de su parte para ir en ayuda de los estudiantes que hoy no pueden pagar sus aranceles.

Las universidades estatales deberían ser gratuitas y financiadas por el Estado; esa es una de las conclusiones que podemos sacar de esta pandemia. Si el Estado no resolvió esta materia antes, debería ir ahora en ayuda de los estudiantes que hoy se encuentran viviendo una situación de precariedad económica.

Me parece de Perogrullo decir que los estudiantes hoy no van a poder pagar sus aranceles y debemos buscar una solución para ellos, porque esto no se resuelve con la negativa del gobierno que dice que todo está listo y que las universidades ya están trabajando en este tema y, por lo tanto, no se requiere ninguna legislación. Eso es no querer asumir y no querer ver el problema…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario Juan José Ossa ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán Salinas .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, todas las medidas que se están implementando en esta crisis sanitaria, como las cuarentenas y el distanciamiento físico -precauciones mínimas que la población debe cumplir-, sin duda, han traído efectos secundarios graves, como el cierre del comercio, la paralización de actividades productivas, el cierre de establecimientos educacionales y muchos otros. La economía se resiente, aumenta el desempleo y las pymes bajan sus cortinas. Si tenemos que bajar las tasas de contagio, debemos ser enfáticos en el autocuidado y en el cuidado de nuestros cercanos.

En esta situación, los planteles de educación superior también han debido cerrar sus puertas y las clases presenciales se han reconvertido en clases a distancia por medios tecnológicos. En otras palabras, las clases continúan desarrollándose, aunque no de la manera óptima como tradicionalmente las hemos concebido.

Lo que plantea el proyecto de ley no es la suspensión del cobro de aranceles, matrículas y otros pagos por parte de los estudiantes por la no prestación del servicio educacional, porque las clases, en la mayoría de los casos, sí se están realizando, aunque de manera remota. De lo que este proyecto se está haciendo cargo es de la difícil situación económica que está afectando a las familias por el aumento del desempleo, la falta de ingresos y la reorganización de las finanzas familiares.

Lo que se propone es que deben ser las mismas universidades las que se involucren y elaboren un plan de medidas extraordinarias para apoyar a los estudiantes con problemas para financiar sus estudios, proceso que no deberá exceder de un mes una vez publicada la ley, la que estará fiscalizada por la Superintendencia de Educación Superior.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el no pago de aranceles genera otros efectos negativos, como, por ejemplo, que los profesores y el personal administrativo en modo de teletrabajo dejarán de percibir remuneraciones, lo que generará nuevas complicaciones. Recordemos que en materia de gastos operacionales, 6 de cada 10 pesos que gastan las instituciones de educación superior van a remuneraciones. Por lo tanto, este es un tema que es necesario abordar.

Aquí se debe buscar un justo medio que involucre la participación del Estado y de las propias universidades, de tal manera de buscar una solución que no sea populista, pero que sea consciente de la realidad que viven cientos de miles de chilenos.

Lo que no podemos permitir es que no se genere debate. Por eso, votaré a favor la idea de legislar, con la esperanza de que este proyecto sea perfeccionado de la mejor manera.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria muy importante. De alguna manera, con esta iniciativa buscamos abrir debate sobre cómo ir en ayuda de muchas familias de estudiantes que lo están pasando muy mal durante esta crisis sanitaria. Esas familias se han visto fuertemente afectadas en cuanto a la económica familiar debido a los despidos de que han sido objeto los mismos estudiantes o sus padres o madres, quienes no están percibiendo ningún ingreso, o porque se les ha aplicado, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo. De ese modo, los ingresos que percibían con anterioridad a la crisis generada por la covid-19 ya no son los mismos, pues se han visto reducidos en al menos un 50 por ciento. A ello hay que agregar que esas remuneraciones probablemente ya eran bajas antes de la pandemia.

La situación es crítica, lo que nos llevó a plantear la necesidad de suspender el cobro de aranceles, sobre todo respecto de aquellos estudiantes que no tienen gratuidad.

El debate fue complejo, porque muchos plantearon, particularmente las instituciones de educación superior, pero también el Ministerio de Educación, que si por ley permitíamos el no pago de aranceles, las instituciones se iban a ir a una especie de quiebra, o iban a trasladar los costos de la pérdida de ingresos por concepto de aranceles a los trabajadores y trabajadoras de dichos planteles educativos, siempre poniendo en contraposición los intereses de los estudiantes con los de las y los trabajadores.

El Ejecutivo no dio una solución concreta en esta materia, como poner recursos para el financiamiento directo de las instituciones de educación superior. Como planteó la diputada Cristina Girardi , ese es el tema central y de fondo, porque las instituciones de educación superior sobreviven bajo la lógica de la demanda, del pago de aranceles, del váucher. Como no hubo una solución en esa línea y en atención a las propuestas que presentamos, se estableció en el proyecto que las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de emergencia que flexibilice tanto las medidas financieras de cobro como las medidas académicas, de modo de atender la diversidad de situaciones que afectan a las y los estudiantes.

Otra de las cuestiones importantes que planteamos es que no existan sanciones por incumplimiento de pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera que sea la denominación que den las instituciones a dichas obligaciones, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de esos derechos de matrícula o arancel. Es decir, más que solo suspender el pago, lo que buscamos es que no existan sanciones por no pago, ni de tipo financiero, académico o de continuidad de estudios. En esa línea, lo que intentamos hacer es proteger a las y los estudiantes en caso de que no puedan pagar el ciento por ciento del arancel o una parte de él.

Por otro lado, planteamos algo que en un momento parecía que el Ministerio de Educación presentaría, pero que finalmente no hizo: abrir un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y a los demás beneficios estudiantiles que actualmente existen para el segundo semestre de 2020. La razón es que si bien hubo un proceso de postulación, el mismo se llevó a cabo a inicios de año, cuando no todos los estudiantes estaban viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria. Después del cierre de ese proceso de postulación, muchos estudiantes y sus familias cayeron en cesantía, o se les aplicó la ley de protección al empleo, lo que hizo que disminuyeran sus ingresos, o tenían una pyme familiar y el impacto de la crisis económica lo sufrieron después del cierre del primer proceso de postulación.

Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que el Ministerio de Educación abra un nuevo proceso de postulación a las ayudas y beneficios estudiantiles, incluida la gratuidad, porque los que antes estaban en el 80 por ciento de vulnerabilidad y no postularon o no percibieron beneficios estudiantiles, hoy podrían figurar en el tramo del 60 o 40 por ciento más vulnerable. De hecho, lo más probable es que la gran mayoría de los estudiantes se encuentre en ese tramo de vulnerabilidad.

En consecuencia, creemos muy importante que con los recursos que la Ley de Presupuestos ya ha puesto a disposición de aquellos estudiantes y familias que se encuentran en el 60 y en el 40 por ciento de vulnerabilidad, se abra un nuevo proceso de postulación y se pueda ir en ayuda de las familias que están viviendo una situación complicada.

Si se analiza el problema desde el punto de vista del contrato que adquiere la institución con el estudiante al momento de matricularse, hay, incluso, incumplimientos contractuales, porque no en todos los casos los estudiantes están pudiendo cumplir con la malla curricular o con las clases, ello en razón de que no tienen buen internet, o no tienen suficientes computadores en el hogar, o deben compartir el computador con un hermano o hermana, o con el papá o la mamá que se encuentran teletrabajando, o porque no todos los ramos se pueden hacer vía telemática. Hay ramos que simplemente no caben en el formato de clase online. Desde ese punto de vista, la institución no puede seguir cobrando lo que pactó con el estudiante, porque, por razones obvias, no es capaz de entregar el servicio educativo que comprometió.

De alguna manera, el proyecto ha empujado un debate que el Ejecutivo lamentablemente no ha querido resolver. Es más, como planteó la diputada Cristina Girardi , no contamos con el apoyo del Ejecutivo en esta materia. En su momento, pensamos que el Ejecutivo iba a anunciar una reapertura de los procesos de postulación a los beneficios estudiantiles, pero no solo no hubo un pronunciamiento, sino más bien un cierre de puertas en ese sentido…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Vallejo . Les recuerdo a las bancadas de los dos comités mixtos, más los de Revolución Democrática, del Partido Radical y de Evópoli, que, hasta este minuto, no hemos recibido sus inscripciones para intervenir en la discusión de este proyecto.

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, cuando, junto con otros colegas, presentamos este proyecto de ley, lo hicimos con el ánimo de generar en la Cámara un espacio que diera solución a una problemática real que hoy afecta a miles de estudiantes y sus familias, quienes se han visto, de un momento a otro, sometidos a escenarios de mucha incertidumbre.

En su tramitación en la Comisión de Educación se hicieron presente varias posturas que, en definitiva, dejaron al descubierto muchas otras situaciones, en particular la dificultad de las instituciones de educación superior de suspender el pago de sus aranceles, no por desidia o falta de voluntad, sino por la fragilidad de nuestro sistema de financiamiento de la educación superior, que depende, en gran parte, del pago de esas cuotas.

Sin perjuicio de ello, es necesario que exista una propuesta concreta que dé tranquilidad a familias reales que hoy lo están pasando mal.

Nuestra propuesta inicial siempre estuvo orientada a que el principal garante de la protección de derechos a la educación es el Estado, el que, como tal, debe evitar que cualquier persona vea afectada la continuidad de sus estudios por motivos ajenos a su voluntad, sobre todo cuando el obstáculo es conocido por todos y afecta a la generalidad de la población.

Lamentablemente, tal como lo hemos visto en otras mociones orientadas a atender la crisis sanitaria, el gobierno ha optado por no hacerse parte de esas propuestas y, muy por el contrario, ha cuestionado su constitucionalidad.

En forma poco solidaria, el Ejecutivo ha llevado adelante proyectos que no permiten asegurar el sustento de una familia vulnerable o de clase media, que invisibilizan la labor de trabajadores y trabajadoras independientes e informales, y que permiten la suspensión de las relaciones laborales, y, en otras diversas actuaciones, ha cargado la balanza siempre a favor del empresariado. A mi juicio, no se ha hecho cargo de las consecuencias de sus acciones, que han generado empobrecimiento en la vida de las personas.

Por eso, hoy discutimos este proyecto de ley, que podría haber emanado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior y representantes de los estudiantes; pero, dado que no es el caso, es imperativo hacer ese debate a continuación.

Atendiendo al debate que sostuvimos en la Comisión de Educación, y ante la negativa del ministro de patrocinar la iniciativa, hemos realizado algunas adecuaciones que creemos darán viabilidad a nuestra propuesta.

En particular, la iniciativa establece que, de una manera obligatoria, todas las instituciones de educación superior, sean universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales, públicos o privados, deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que permitan a las y los estudiantes que hayan sufrido menoscabo socioeconómico mantener la continuidad de sus estudios, y proscribe la generación de intereses o multas, o de sanciones de tipo académico por no pago de aranceles.

Entendemos que esta medida transitoria nos lleva a solucionar un problema que atañe a cómo fortalecemos la educación superior y que conlleva un completo análisis de cómo se sigue perpetuando el mecanismo del váucher en todos los niveles del sistema educacional chileno, aun cuando sus deficiencias han sido reiteradamente probadas.

Nada aporta al debate que el subsecretario de Educación Superior rechace las propuestas del Consejo de Rectores y que se abra sin tapujos al traspaso de excedentes del fondo solidario a instituciones privadas, como lo dejó planteado en la Comisión de Educación del Senado.

Tampoco aporta al debate que el ministro Ignacio Briones se cierre a la condonación de deudas del CAE y que se muestre especialmente dócil con el rescate financiero de grandes empresas.

Nos demuestran que no conocen la realidad de los estudiantes de Chile, quienes con muchas dificultades asumen un compromiso de pago no menor -más de un sueldo mínimo en la mayoría de los casos-, y que desconocen el aporte público y social que hace la educación superior a los territorios, sobre todo en regiones donde se agotan dramáticamente las oportunidades.

Junto con el establecimiento de un plan de medidas, en este proyecto de ley hemos plasmado otra aspiración que organizaciones de estudiantes, autoridades académicas y parlamentarios hemos tenido que levantar ante la pasividad del gobierno para atender la contingencia: la apertura de un nuevo plazo de postulación a la gratuidad y a otros beneficios estudiantiles, dado que el plazo se cerró el 27 de marzo, por lo que no se alcanzó a considerar la situación sobreviniente de muchos alumnos.

Lamento profundamente que, sin previo análisis, el subsecretario…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio Avaria .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, tal como lo han dicho algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto de ley tenía un objeto inicial distinto del que ahora terminó siendo presentado en el informe. En efecto, originalmente decía que el pago de los aranceles se iba a suspender por tres meses o mientras durara la pandemia. Por suerte, los parlamentarios de oposición se dieron cuenta de que eso hacía pedazos a las instituciones públicas, particularmente de regiones, y además a aquellas instituciones que no adscriben a la gratuidad.

Por eso, hubo consenso en que había que cambiar aquello, porque, de lo contrario, el proyecto no significaba, como han dicho algunos, poner los intereses de unos sobre otros, porque simplemente era imposible que las instituciones se pudieran sostener si no tenían los ingresos para poder seguir haciendo lo que ellas bien saben hacer. Esto era especialmente relevante para las universidades con realidades más complejas.

También se ha dicho en esta misma sala que el proyecto no trae un nuevo costo para el Estado. Entonces, ¿por qué existe ese artículo 4, que dice que tiene que abrirse un nuevo proceso para becas, créditos y gratuidad? Es evidente que eso trae un nuevo costo. A raíz de eso se ha mencionado la inconstitucionalidad de ese artículo, no de la totalidad del proyecto.

Ahora bien, no es verdad que esto haya estado presupuestado desde el origen. Quiero recordar que la ahora defenestrada Nueva Mayoría fue la que sostuvo que no todos los estudiantes vulnerables podían acceder a la gratuidad, porque solamente consideraban algunas instituciones. Aún más, originalmente solo querían a instituciones del Consejo de Rectores; no querían que hubiesen otras instituciones, porque estaban discriminando a los estudiantes entre los que eran de primera y los que eran de segunda clase. Hoy vuelven a plantear lo mismo al sostener que solamente tiene que asegurarse a las universidades estatales y no a los estudiantes vulnerables de las otras universidades.

Esa diferencia es simplemente inaceptable. Hoy no puede culparse al actual gobierno de que haya un porcentaje de estudiantes que está en instituciones a las que el gobierno pasado puso restricciones para que no pudieran acceder a la gratuidad. ¿Cuáles restricciones? Años de acreditación y una serie de otras cosas que fueron parte de la política que se siguió el año pasado, respecto de la cual nosotros dijimos que estábamos en contra, porque no queríamos hacer diferencias entre los estudiantes vulnerables para que efectivamente pudieran acceder a la gratuidad, a las becas y a los créditos.

Si bien el proyecto se ha moderado -fue un trabajo que transversalmente hicimos en la Comisión de Educación-, justo al final, cuando estábamos a punto de despacharlo, pusieron ese artículo 4, que, tal como señalé, abre forzosamente un nuevo período de becas, créditos y gratuidad, lo que obviamente significa un mayor gasto; de lo contrario, no se entiende a quién se querría beneficiar. Obviamente, es un mayor gasto.

Ahora, sobre ese punto, debo decir una cosa: a mí me gusta la idea de que efectivamente el gobierno abra un nuevo período para becas, créditos y gratuidad -se lo solicitamos al Presidente de la República, al ministro de Hacienda, al ministro del Interior-, pero los parlamentarios no tenemos las atribuciones para hacerlo.

En este punto, creo que, de una vez por todas, tenemos que dejar de hacer este engaño a las personas, de suponer que tenemos ciertas atribuciones que no tenemos, porque al final lo único que eso hace es separar todavía más la política de los intereses de las personas, de sus preocupaciones y de sus urgencias. Los parlamentarios no podemos abrir un nuevo período de becas y gratuidad. Por lo tanto, si se aprobara así, podría generarse una expectativa que no es real.

Ese es el problema de seguir haciendo cosas que son inconstitucionales simplemente por el hecho de querer ganar una “caluguita” en el diario o de salir a decirlo en algún lugar. En esto tenemos que ser rigurosos. Así como fuimos rigurosos en los impactos que podía tener la suspensión de los aranceles por completo, y no queríamos que se hicieran pedazos las instituciones, particularmente las de regiones y las que no están adscritas a la gratuidad, lo mismo debe ocurrir en este caso.

Por lo tanto, hemos pedido que el proyecto vuelva a la comisión. Hoy se va a votar solamente en general. Nosotros nos vamos a abstener en general, porque algunos se quisieron dar ese gustito de poner un artículo que es completamente inadmisible, a sabiendas de que es inadmisible.

Nosotros queremos que el objetivo se logre, pero, por supuesto, no a través de saltarse las reglas y la Constitución, que es la forma democrática en la cual actualmente estamos discutiendo estos proyectos de ley.

Finalmente, aprovecho de agradecer el trabajo de Catalina Magaña, vocera de la Confech, para poner puntos sobre la discusión que parecían completamente atendibles. Una vez que se saque del proyecto ese artículo inconstitucional, lo votaremos nuevamente…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, escuché con atención lo planteado por el diputado Jaime Bellolio . En verdad, muchas veces nosotros nos vemos obligados a estar en el filo de lo que llamamos admisibilidad. Eso ocurre especialmente por la falta de voluntad que en este caso encontramos por parte de quienes representan al gobierno, a quienes les solicitamos de diversas maneras -también a los representantes de las universidades, tanto públicas como privadasabrirse a la posibilidad de considerar alguna fórmula que permita allegar recursos extraordinarios para abordar problemas, como por ejemplo flexibilizar el uso de los recursos que están en el fondo solidario. No se obtuvo; el reglamento está ahí, e, incluso, se puso más rígido, según dicen los propios rectores.

Esta discusión nos llevó, finalmente, a que nos perdiéramos en la discusión de la admisibilidad de las indicaciones, respecto de las cuales les quiero recordar que su propósito es ir en ayuda de las familias de estudiantes que se han visto afectadas como consecuencia de los efectos socioeconómicos de esta pandemia.

Entonces, se plantea, finalmente, que toda universidad debe tener un plan de medidas extraordinarias de ayuda, tanto académicas como financieras, durante el período que dure la catástrofe, especialmente radicadas en aquellos alumnos cuyas familias acrediten que tuvieron un problema de menoscabo en los ingresos familiares. No es para todos. Los que puedan pagar, deberán seguir pagando.

Asimismo, el proyecto especifica qué se entiende por una situación financiera menoscabada, y hace alusión a las leyes que mencionó el diputado informante, como la ley de protección al empleo, etcétera.

En caso de establecer programas de flexibilización en el pago para aquellos alumnos que tengan problemas, prescribe claramente que no se cobren intereses ni multas.

Además, se establece que las instituciones de educación superior tendrán un plazo de un mes desde la publicación de la ley en proyecto para la presentación de ese plan, que debe ser público y, además, difundido a través de la página web de cada institución o de cualquier otro medio idóneo.

Se establece que no se podrán aplicar sanciones por incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, como suspensión de ramo, de exámenes, pruebas, certificaciones o procesos de titulación, etcétera.

Al final de cuentas, de manera honesta debo reconocer que algunas indicaciones eran inadmisibles. Como justificación, debo señalar que quisimos instalar en el debate que el problema existe, pues hay muchachos que lo están pasando muy mal y hay familias que tienen dificultades que es necesario abordar. El problema es que aquí, a mi entender, faltó voluntad del ministerio y del Ejecutivo para haber encontrado un camino de solución concordado entre todos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que en un comienzo suspendía el pago de aranceles, fue ampliamente debatido y mejorado de manera sustancial en la Comisión de Educación. Debo reconocer y valorar que hubo capacidad para corregir muchos de los errores que presentaba este proyecto.

Desde luego, ante la situación crítica que estamos viviendo, nadie puede desconocer las dificultades que están pasando las familias y los alumnos. Por lo tanto, establecer medidas para ir en ayuda de ellos es lo que todos queremos. Sin embargo, existen márgenes de realidad.

Cuando en algunos discursos escuchamos decir, por una parte, que vamos a ir en su ayuda, que los vamos a liberar, y, por otra, que esto no va a causar efectos en las finanzas de las universidades, eso es una ilusión. En la práctica, tenemos que ver cómo conciliamos ambas necesidades y cómo, además, aplicamos normas que respondan a mundos tan distintos como las universidades estatales y las universidades privadas, que tienen alumnos bajo régimen de gratuidad, y los institutos de educación superior que no los tienen.

Actualmente, más de dos tercios de la matrícula de la educación superior tiene acceso a la gratuidad o a otra forma de ayuda, de beca o de crédito del sistema universitario.

Por lo tanto, acá debemos definir cómo ayudamos a aquellos alumnos que no tienen esos beneficios, para que puedan sobreponerse al momento difícil que vivimos y no verse menoscabados ni perjudicados por su incapacidad de pago.

Hoy, las universidades, de alguna manera, están aplicando las fórmulas que establece la iniciativa. Si bien el proyecto en estudio viene a normar aquello, en lo cual estamos avanzando de manera positiva, durante su discusión se introdujo una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República: adelantar los procesos de gratuidad y de becas, para entregar más y nuevos aportes a los alumnos, en especial a aquellos que han cambiado su condición socioeconómica y que hoy necesitan tales ayudas. No tiene sentido hacerlos esperar hasta el año siguiente.

Reitero al Ejecutivo, en especial al Presidente de la República y al ministro de Educación, la petición que hemos hecho los diputados de Renovación Nacional y de Chile Vamos, en el sentido de que acceda a hacer este esfuerzo. Entendemos que se va a materializar. Esperamos que se traduzca pronto en la noticia que esas familias y esos alumnos están esperando.

Sin embargo, como dije, esa indicación no es resorte del Poder Legislativo. No corresponde que nosotros, para forzar o instalar un tema, promovamos actos inconstitucionales y afectemos las reglas del debate por las cuales debemos regirnos.

Por eso, señor Presidente, nos vamos a abstener en esta votación, y vamos a seguir colaborando desde la Comisión de Educación para perfeccionar y tener cuanto antes un proyecto de ley que realmente ayude a las familias y a los alumnos que lo necesitan, pero no desde la ilusión y las declaraciones de buenas intenciones, sino con instrumentos que realmente puedan aplicarse, para que vayan en beneficio de quienes hoy lo están pasando mal por la pandemia.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra vía telemática, hasta por tres minutos y treinta y ocho segundos, la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, ante la actual crisis económica que vivimos producto de la pandemia de la covid-19, hay un tema que, creo, es imprescindible: que intentemos aliviar el bolsillo de la mayoría de quienes habitan en este país.

En este contexto, es evidente que muchos estudiantes y sus familias se ven agobiados ante la situación económica, lo que les dificulta el pago normal de matrículas y aranceles.

Eso, como han dicho diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, entra en tensión con la realidad financiera de las instituciones de educación superior, cuyo financiamiento depende de los aranceles. Esa tensión pone en evidencia que nuestro sistema educativo está marcado fuerte y esencialmente por las leyes del mercado, y que están relegados a un segundo plano los derechos de los estudiantes y también los de los trabajadores de las instituciones de educación superior. El derecho a la educación queda en un segundo plano, y con la pandemia eso queda nuevamente en evidencia.

Frente a la tensión que significa, por una parte, aliviar el bolsillo de los estudiantes, y por otra, no hacer entrar en crisis a las instituciones de educación superior, creemos que es necesario encontrar soluciones de corto plazo que den certezas jurídicas a las y a los estudiantes, sin generar un desequilibrio financiero en las instituciones de educación superior. Eso pretende este proyecto.

Me gustaría enfatizar cuáles son esas certezas que creemos necesarias para aquellos estudiantes y sus familias que se ven en la dificultad de pagar: que las distintas instituciones estén obligadas a aplicar medidas económicas y académicas extraordinarias para apoyar la continuidad de los estudios; que si se establece una modalidad de pago o cuota, esta no tenga intereses o multas, es decir, que no haya intereses o multas por tener dificultades para pagar; que la institución no pueda aplicar sanciones al incumplimiento del pago, y que no pueda retener certificados de egreso u otros que algunas veces retienen las instituciones porque no se ha producido el pago. Queremos que eso tampoco ocurra durante la pandemia.

Además, sumamos una cuestión muy importante, que diputados y diputadas han mencionado durante la discusión: que se extienda el periodo de postulación a la gratuidad y a los distintos beneficios para estudiantes de educación superior, asumiendo que las condiciones de muchas familias han cambiado debido a la crisis del coronavirus.

Esas son las certezas que queremos entregar: que ningún estudiante, debido a la crisis, tenga que dejar sus estudios de educación superior, ya sea en una universidad, en un instituto profesional o en un centro de formación técnica.

Si bien muchas de estas medidas han sido tomadas por diversas instituciones de educación superior, sabemos que hay algunas que no lo han hecho. Por eso, nos parece fundamental avanzar en este proyecto, de modo de asegurar y garantizar por ley que cada estudiante pueda hacer efectiva la posibilidad de tener facilidades en el pago de sus aranceles. No podemos permitir que la pandemia y sus consecuencias pongan en juego el derecho a la educación.

Y también le decimos a la derecha que no se…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la honorable Sala y a los subsecretarios que nos acompañan en esta sesión.

Evidentemente, la gravedad de la crisis ha provocado que en muchas familias los padres de los estudiantes se vean imposibilitados de trabajar, viendo mermados sus ingresos o, incluso, perdiendo su fuente laboral. En muchos casos eran los propios estudiantes los que trabajaban de manera independiente, después de clases, para lo cual boleteaban. Esperemos que pronto contemos con el proyecto que protege a los trabajadores independientes.

Con la consecuente falta de recursos económicos, muchos estudiantes no podrán pagar los aranceles de su universidad o de su centro de formación técnica. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que apoyarlos para que puedan seguir estudiando.

Sin embargo, lo que hace este proyecto es desvestir a un santo para vestir a otro. Les dice a las universidades que no podrán sancionar al estudiante que no pague su arancel, pero no les dice cómo financiar su operación. Un estudio reciente de las universidades de la Región Metropolitana dio a conocer que el 80 por ciento de sus ingresos se destina al pago de sueldos. Por lo tanto, lo que está diciendo este proyecto es: “Sí, salimos a salvar a los estudiantes para que no dejen de estudiar, pero dejamos sin trabajo a 25.000 trabajadores directos e indirectos, solo de la Región Metropolitana”. Esa cifra en el país es mucho mayor.

El objetivo de este proyecto es correcto, sus intenciones son correctas, pero recordemos que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones. Nosotros pensamos que debe ser el Estado el que abra un fondo al que aquellos alumnos con problemas económicos puedan postular, para que puedan seguir pagando sus aranceles.

Estamos de acuerdo con el objetivo final del proyecto, estamos de acuerdo con que los alumnos deben seguir estudiando, pero no estamos de acuerdo con que el remedio sea peor que la enfermedad, con que tengamos universidades quebrando y centros de formación técnica cerrando, lo que al final le cerrará la puerta al futuro de Chile, a los estudiantes.

Por lo tanto, instamos al gobierno a que estudie la posibilidad de abrir un fondo especial que vaya en ayuda de los estudiantes que tienen dificultades para pagar sus aranceles, porque han perdido su fuente de ingreso o se ha perdido la fuente de ingreso de sus padres, pero sin condenar al olvido a miles de trabajadores directos e indirectos de las universidades, porque ellos también tienen familias y muchos de ellos, a su vez, tienen hijos en la universidad.

Más allá de que el proyecto sea inconstitucional, más allá de su inadmisibilidad, yendo a los argumentos de fondo, pensamos que hay un objetivo correcto, pero el camino es tremendamente incorrecto: con una mano ayuda a los estudiantes, pero con la otra condena al desempleo y al ingreso cero a miles de familias de nuestro país.

Por lo anterior, mi bancada se abstendrá en la votación de este proyecto de ley. Esperamos que vuelva a la comisión y sea mejorado, para que se convierta en una ayuda real, que no sea desvestir a un santo para vestir a otro.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es un proyecto que presentamos un grupo de colegas, diputadas y diputados. Y quiero decir que desde el primer día estuvimos dispuestos a escuchar a los rectores para hacer todas las modificaciones necesarias.

Es importante hablar del contexto, al que se han referido mis colegas. Durante esta pandemia hemos visto que muchas madres y muchos padres han perdido su fuente laboral. Antes de la pandemia, muchos padres podían pagar el arancel universitario de sus hijos, con mucho esfuerzo -hay que decirlo-; pero producto de la pandemia, claramente, las condiciones económicas no son las mismas.

Por tanto, lo importante es ir en ayuda de las y los estudiantes de Chile.

Desgraciadamente, esta iniciativa no era una prioridad para el gobierno. A propósito de que estamos debatiendo este proyecto, se ha puesto en el tapete el derecho a la educación, y nuevamente vemos que el gobierno no tiene como una prioridad garantizar ese derecho a los estudiantes universitarios y de centros de formación técnica.

Es importante avanzar en esta línea. Si bien hay que reconocer que las universidades han tomado medidas para ir en apoyo de sus estudiantes, este apoyo no les corresponde efectuarlo solo a ellas. ¿Cuál es rol del Estado en el derecho a la educación? Queremos un Estado comprometido con los estudiantes de Chile.

Por lo tanto, tenemos que avanzar. No se trata de desfinanciar a las instituciones; todo lo contrario, y se lo dijimos a los rectores. No queremos que las instituciones se vean perjudicadas, pero sí queremos ir en apoyo de las y los estudiantes de Chile.

Se requiere que los estudiantes que no puedan pagar sus aranceles no reciban sanciones de ningún tipo, porque esta pandemia los ha afectado mucho.

Los jóvenes están estudiando a distancia a través de distintos medios, vía telemática; no corresponde que, además, estén preocupados de si van a ser sancionados porque sus familias no los pueden ayudar económicamente. Por lo tanto, vamos a apoyar este proyecto.

También hay que decir que muchas familias no postularon a la gratuidad o a beneficios estudiantiles porque su situación económica antes de la pandemia era otra. Por tanto, creo importante que el gobierno se la juegue para que aquellos estudiantes que hoy no pueden pagar por su educación tengan gratuidad.

Así que vamos a aprobar este proyecto. Creemos que es importante tocar el tema del gobierno y el derecho a la educación. Necesitamos un gobierno, y sobre todo un Estado, que se la juegue de verdad por una educación pública como corresponde.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los autores y autoras de este proyecto por poner en el centro este tema en un país que ha tenido absolutamente neoliberalizada nuestra educación. Si viviéramos un país en que la educación, en todos sus niveles, fuera un derecho y fuera financiada de manera apropiada, a través de fondos para sus instituciones, como sucede en la mayoría de los países desarrollados, no estaríamos teniendo esta discusión. Las instituciones se financian no con un váucher por cada estudiante, de manera absolutamente mercantil; se financian las instituciones: se financian sus presupuestos y sus planes de desarrollo. En ese contexto, ante una pandemia, todos los esfuerzos de una universidad habrían tenido que estar enfocados en cómo mejorar la conectividad y las posibilidades de que los estudiantes tuvieran mejor acceso, junto con profesores, profesoras y todo el cuerpo académico. Pero no es así y, lamentablemente, estamos discutiendo esto con la urgencia que nos imprime la angustia que cientos de miles de familias tienen por las consecuencias y por las represalias en términos académicos, así como por tener represalias en términos económicos, debido al mayor endeudamiento, o por tener que escoger entre comprar la comida a fin de mes, como sería el caso de una familia que haya caído abruptamente en el círculo de la pobreza, o pagar el arancel de alguno de sus integrantes que está estudiando en una institución de educación superior, a fin de no tener que sufrir las consecuencias académicas derivadas del no pago correspondiente.

Por eso, me llama la atención que se busque dilatar y poner barreras a este proyecto, porque todas y todos sabemos que su artículo 4 no tiene por finalidad crear una nueva atribución o “nuevos recursos ni nuevas becas”, sino simplemente que se actualice la situación socioeconómica de los estudiantes debido al momento histórico extraordinario que estamos viviendo a causa de la pandemia. De ese modo, si es que se cumplen ciertos requisitos, en el segundo semestre podrán tener acceso a la gratuidad, el cual se encuentra limitado hasta ahora.

El gobierno no está cumpliendo con ese derecho cuando se niega a la posibilidad de actualizar la situación socioeconómica de esos estudiantes, de manera que lo que hemos propuesto no implica la creación de un derecho nuevo ni que se gasten más recursos en favor de esos estudiantes, sino que se ocupen los mismos que debieran estar haciéndose efectivos a través de las instituciones del Estado.

En otras palabras, debido a un problema de burocracia estatal se está impidiendo a ese tipo de estudiantes acceder al derecho que hoy la legislación les reconoce, aunque no de de manera universal, tal como nos gustaría que ocurriera. No obstante, a los estudiantes que están en el 60 por ciento de mayor vulnerabilidad sí se les reconoce ese derecho, y lo que hace este proyecto es posibilitar que se haga efectivo.

En proyectos pasados nos han dicho: “Son dilatadores, porque están atrasando los proyectos, no quieren que salgan”. Desde el oficialismo nos han catalogado todo el tiempo como obstruccionistas.

Al respecto, quiero señalar que cuando hemos dilatado la tramitación de algunos proyectos es porque queremos mejorarlos, ya que consideramos que son malos, por las deficiencias que presentan. En este caso, lo que está haciendo tanto el gobierno como el oficialismo es dilatar un proyecto porque no están de acuerdo con su contenido. ¿Qué diría el oficialismo si estuviera de acuerdo con lo que plantea la iniciativa? Señalarían: “Le pedimos al Ejecutivo que lo patrocine en el segundo trámite constitucional”, tal como lo hemos hecho en el caso de muchos proyectos de ley. Pero no, la idea es dilatar y aumentar la angustia que muchas familias tienen hoy a raíz del problema económico que aqueja a la educación superior.

Por lo tanto, solicito a las señoras diputadas y a los señores diputados del oficialismo un poquito de empatía y que no dilaten más la tramitación de esta iniciativa, o bien que transparenten lo que piensan y que digan: “No estamos de acuerdo; no queremos que entreguen la plata. Y sí vamos a votar a favor de los incentivos tributarios para las empresas grandes. Ahí sí vamos a votar a favor, porque creemos que allí se tiene que ir la plata del Estado, que allí se tiene que ir la plata del fisco”. ¡Transparéntenlo ahora! ¡No tengan un doble discurso!

No digan: “Lo que pasa es que queremos hacer las cosas bien”. Porque si los diputados oficialistas quisieran hacer las cosas rápido y bien, estarían todas y todos diciendo al gobierno: “Más allá de si la oposición aprueba o no esta iniciativa, solicitamos el patrocinio del Ejecutivo”. Eso harían para tener menor incertidumbre respecto de una materia que tanto parece que les preocupa, referida a la admisibilidad, en circunstancias de que este proyecto de ley me parece absolutamente admisible, puesto que reconoce un derecho que tienen los estudiantes, al cual se ven impedidos de acceder a causa de la burocracia que se observa en el sistema de educación superior.

Entonces, vayamos al grano. Si el oficialismo quiere dilatar la espera de cientos de miles de estudiantes que hoy están buscando una respuesta frente a esta incertidumbre, háganlo. Pero digan que esta no es su prioridad; digan que esto no es lo que a ustedes los motiva, pero no traten de decir que este es un problema administrativo, porque no es así.

Hay montones de ejemplos en los cuales la forma de proceder ha sido distinta, de casos en los que han pedido al Ejecutivo que patrocine un proyecto si es que tienen alguna duda. En este caso, la iniciativa en debate no requiere de examen de constitucionalidad, porque no es una ley orgánica. Por lo tanto, perfectamente podría ser una ley sin tener ninguna revisión del Tribunal Constitucional. De ustedes depende acelerar o dilatar el proyecto.

Quienes hoy presentan indicaciones, con la única finalidad de que el proyecto vuelva comisión, para su discusión particular, no hacen otra cosa que dilatar su aprobación.

Por las razones señaladas, nuestra bancada votará a favor este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, este proyecto de ley es muy urgente para las familias, ya que la educación de los hijos y de las hijas es lo más importante para ellas. Lo que está pasando hoy con el problema de los aranceles de los alumnos que están en la educación superior es una situación muy compleja, tal como cada uno de nosotros lo ha podido constatar en nuestros respectivos distritos.

Personalmente, me ha tocado conocer a familias que se encuentran en una incertidumbre permanente, a las que de alguna forma este proyecto viene a ayudar a resolver esa situación.

Sin perjuicio de que creo que las universidades tienen toda la intención de ayudar a sus alumnos y alumnas, a través de la creación de algún plan de pago extraordinario para apoyarlos, para que no se generen multas ni intereses para aquellas familias que hoy no pueden pagar los aranceles, el objetivo de este proyecto es que las instituciones de educación superior no apliquen ninguna sanción en el caso de los alumnos que no puedan pagar los aranceles y el derecho de matrícula.

Creo que es muy importante el nuevo plazo que se establece para la postulación a la gratuidad y a otros beneficios, porque la situación socioeconómica de muchas familias cambió y debido a que hubo muchas personas no pudieron postular a tiempo.

Me ha tocado conocer casos extremos, en distintas comunas, en que estudiantes no alcanzaron a postular a una institución de educación superior debido a la repentina aparición de esta pandemia.

Lo que plantea este proyecto de ley es muy importante, de manera que junto con pedir a los diputados oficialistas que no obstaculicen su tramitación, solicito al gobierno -sé que los diputados de la Comisión de Educación han sido majaderos en ese sentidoque inyecte los recursos que sean necesarios para ir en ayuda de los profesores de las universidades, de los administrativos y de todos los funcionarios que trabajan en las universidades, que viven de un sueldo y de lo que estas recaudan.

No obstante, hoy vemos a un gobierno absolutamente ausente de esta situación; a un gobierno que se le ha pedido majaderamente que inyecte recursos en las universidades, tal como muchos pensamos que debiera ser su deber, puesto que consideramos que la educación es un derecho.

Me preocupa que los diputados de gobierno quieran dilatar este proyecto, porque no les interesa llegar a un acuerdo rápido. Sin embargo, cuando uno lee el proyecto y se detiene en cada uno de sus artículos, se da cuenta de que lo que propone es absolutamente necesario. Además, no observo que lo que propone sea inconstitucional, tal como algunos han planteado.

Espero que el Presidente de la República entienda la situación y haga un esfuerzo importante en el caso de esta iniciativa y que el ministro de Hacienda entienda que la educación es lo más importante para las familias, las que están realmente angustiadas por no tener dinero para pagar los aranceles, ya que se trata de una realidad que puede generar problemas a sus hijos.

En consecuencia, junto con anunciar que votaremos a favor esta iniciativa, quiero señalar que esperamos que el gobierno entienda, patrocine y coloque los recursos necesarios y complementarios en la educación superior.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto es relevante para nuestro país si se toma en cuenta la realidad de las regiones, tal como lo planteó la diputada Alejandra Sepúlveda .

Felicito a los autores de este proyecto, porque busca que en este estado de catástrofe se suspenda el cobro de aranceles y derechos básicos de matrícula por parte de las instituciones de educación superior a los estudiantes que no tienen acceso a la gratuidad de la misma.

Al respecto, quiero formular la siguiente pregunta: ¿por qué no garantizamos la gratuidad a ese importante número de jóvenes que hoy no la tiene? Al hacerlo, tendríamos solucionado tanto este problema como el del financiamiento de las universidades que hoy se ven afectadas por esta situación. Estamos hablando de familias esforzadas de la clase media, que tienen emprendimientos, negocios, cafeterías y que han quedado fuera de los beneficios del Estado, porque su registro social de hogares no les permite acceder a ellos.

Hoy, la clase media se ha visto enormemente empobrecida, razón por la cual es fundamental garantizar que este proyecto de ley avance en su tramitación.

Por lo tanto, pido a los parlamentarios de gobierno que ayuden a cientos de familias de clase media que hoy no pueden pagar los aranceles; de alguna manera, tenemos que darles un respiro.

Les cuento el caso de Aysén, donde la gran mayoría de las familias tiene que mandar a sus hijos a estudiar fuera de la región. Eso significa que tienen que mantener otra vivienda, otra casa. Por este motivo, muchos chicos se tuvieron que quedar en otras regiones durante esta situación de contingencia y pagar arriendo. Además de ello, tienen que seguir pagando los aranceles, mientras sus padres han perdido su empleo.

En verdad, esta es una situación catastrófica. A todo eso hay que sumarle una situación que está pasando particularmente en la Región de Aysén, donde muchos jóvenes, a pesar de cumplir los requisitos para recibir beneficios estudiantiles, han quedado fuera de las becas de Junaeb.

Entonces, además de la contingencia de salud, les sumamos más problemas a esas familias de clase media.

Pido a los parlamentarios que no tengamos miedo, que no nos neguemos a entregar beneficios a las familias de clase media, a los adultos, a las familias que viven este problema hoy, porque realmente lo están pasando muy mal.

¿Por qué siempre tenemos que afectar a los estudiantes y a sus familias? ¿Por qué no se pueden ver afectadas hoy las universidades privadas, las instituciones de educación superior que durante todos estos años han tenido tranquilidad económica? ¿Por qué tenemos que cargarles la mano a las familias?

Por todo eso, pido que apoyemos este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, hay que ser bien claros respecto de este proyecto: su objetivo es, sencillamente, ayudar a los estudiantes en un contexto que no es desconocido por todos ustedes; un contexto muy apremiante, en el que muchas familias y estudiantes han perdido sus fuentes de trabajo, de ingresos, y están en una situación de crisis máxima.

Ese apremio, junto con la carencia material, el establecimiento de sanciones académicas, la retención de títulos, el cobro de intereses excesivos, etcétera, terminarán generando un atentado a la tan cacareada pero nunca lograda meritocracia en nuestro país. Al respecto, debemos recordar majaderamente y en toda ocasión en que sea posible y necesario hacerlo, que en Chile el lugar del parto, aquel donde se nació, sigue siendo determinante para establecer el tipo de vida al que accederá una persona.

Por lo tanto, en estas circunstancias en que las familias están en dificultades, lo que terminará pasando es que los estudiantes que pertenecen a familias que están en crisis tendrán que dejar de estudiar en razón de las sanciones que se les impondrán.

Por su parte, los estudiantes que son parte de familias capaces de aguantar un poco la problemática continuarán con su carrera académica. Así, una vez más, volveremos a reproducir, magnificar y profundizar el ciclo de la desigualdad.

Por eso, se propuso algo bien sencillo en el proyecto original, idea en la que se reculó, de alguna forma, gracias al debate parlamentario: la suspensión del pago de aranceles. Luego de ello, a través del debate, avanzamos hacia fórmulas intermedias que pretenden equilibrar la distribución del peso sobre las diversas espaldas que deben sostener esta crisis. Así, se estableció un periodo de postulación a la gratuidad, un derecho que se le reconoce a los estudiantes, no de manera universal, pero que está reconocido para los estudiantes; la ley de repactación; evitar las sanciones académicas; etcétera.

Las instituciones de educación superior nos dijeron, con toda razón, que si se suspende el pago de aranceles, no podrán sostenerse y entrarán en una crisis propia, lo cual sería muy grave para toda la sociedad.

¿Sabe qué? Tenían razón, porque la sociedad chilena entera necesita que existan escuelas de medicina, escuelas de salud pública, que haya formación de técnicos y la producción de conocimientos. Eso nos lleva a la reflexión final: si toda la sociedad chilena necesita la existencia de instituciones de educación superior, ¿por qué sostuvimos durante los últimos cuarenta años la idea de que estas deben ser financiadas únicamente por las familias y por los estudiantes que acceden a ellas? Porque nuestro sistema está entregado a las leyes del mercado y, asimismo, está modelado por la forma en que se financia, que no apunta a un proyecto educativo, sino a responder con eficiencia a los marcadores del mercado, que finalmente se resumen en conseguir clientes, a quienes nosotros, ingenua o voluntaristamente quizá, aún les llamamos estudiantes.

Con respecto al artículo que se declara inconstitucional, invito a los parlamentarios del oficialismo a sincerar su posición. El debate de fondo no es si se puede presentar o no, sino si están a favor o en contra de que el Ejecutivo patrocine ese artículo. Los invito a manifestar su posición.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto, que dispone la suspensión del cobro de aranceles y matrícula en la educación superior, no debería ser objeto de una polarización ideológica respecto de cómo apearse en un tema que me parece extremadamente ciudadano y familiar, por cierto. Sé que es un debate complejo, porque los rectores de distintas casas de estudio han planteado su preocupación respecto de la interrupción de los flujos por falta de ingresos por esa vía. Sin embargo, no hay que perder el foco nunca. Las instituciones existen por una razón, y en este caso la razón de las instituciones de educación superior tiene, y debe tener siempre, como foco central el éxito, el bienestar, la permanencia y el progreso de sus estudiantes. Ese es el objeto de la universalidad de los conocimientos puestos a disposición de las nuevas generaciones.

Si bien es cierto que Chile ha venido transitando hacia un apoyo a la educación superior en términos generales, hay miles de familias que hoy, producto de una situación excepcional, requieren soluciones excepcionales. En concreto, estoy hablando de aquellas familias de clase media que no están incorporadas al sistema de gratuidad y, al mismo tiempo, están pasando por una situación crítica.

Por lo tanto, si el gobierno no ha querido subirse, primero, a resolver el crédito con aval del Estado (CAE), y segundo, a buscar una solución para que no sean gravadas estas familias por no poder pagar un arancel o una matrícula, busquemos una solución.

El proyecto tiene que ser aprobado; de hecho, votaré a favor en general, y espero que en el transcurso de la discusión particular, el gobierno, el Ministerio de Educación y todos nosotros nos sumemos a resolver el problema de los estudiantes y a apoyar a las universidades.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto que, en verdad, revestía harta complejidad, porque aquí teníamos en tensión dos cosas importantes. En primer lugar, obviamente, todo lo que tiene que ver con los estudiantes, con quienes empatizo a propósito de su situación económica y lo que esta ha significado para sus familias.

En relación con eso, trajimos a colación en la comisión el desafío de fiscalizar a distintas entidades universitarias y centros de formación técnica en la Región de O’Higgins, para ir poniéndole nombre y apellido al problema.

En segundo lugar, el desafío de las universidades, dado que, efectivamente, deben entregar una formación de excelencia y, al mismo tiempo, invertir en investigación, en extensión, en infraestructura y funcionar, todo ello con un presupuesto que es el que buenamente pueden obtener a través de los aportes fiscales y por medio de aranceles.

Entonces, esta tensión es la que se le presentó a la comisión, tensión que se podría abordar con la complejidad que significa, o bien con simplismo. Obviamente, es simplista inclinarse irreflexivamente respecto de cualquiera de las dos inquietudes o planteamientos de por medio.

Digamos las cosas como son: la oposición presentó un proyecto tremendamente inclinado, poco reflexivo, que pretendía suspender por tres meses el pago de los aranceles. Necesitamos que fueran el rector de la Universidad de Valparaíso y el rector de la Universidad de Chile, o sea, en el fondo, que fuera gente de las universidades públicas, que les hiciera ver que eso, en definitiva, a las universidades les generaba un problema grado diez.

Fue tal la expectativa que crearon con la presentación de este proyecto en redes sociales y en los distintos medios de comunicación, que dio la sensación de que durante tres meses nadie iba a tener que pagar los aranceles, lo que generó un tremendo problema. Sin embargo, tal como señaló recién el diputado Winter , después tuvieron que recular, porque se dieron cuenta de que era una tremenda irresponsabilidad que terminaría afectando a las universidades del Estado y, especialmente, a los centros de formación técnica.

Es muy importante que cuidemos las expectativas, porque debemos tener en consideración ambas posturas. No sacamos nada con desatender el reclamo de las universidades.

Por otra parte, se ha hablado mucho del derecho a la educación; pero cada vez que se sacan a colación los derechos sociales, siento que es mi obligación recordar a mis colegas que los derechos sociales siempre implican prestaciones por parte del Estado, y, salvo que uno viva en una realidad paralela, cuando se reclama por dichas prestaciones es inevitable reflexionar sobre las capacidades presupuestarias que tiene el Estado y sobre cómo se privilegia algunas prestaciones por sobre otras.

Entiendo que el diputado Jackson sea tan elocuente al referirse a la educación superior, porque mal que mal fueron miembros de Revolución Democrática las que asesoraron al entonces ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre para que se pusieran todos los huevos en la canasta de la educación superior. Ahora, es razonable preguntarse si hoy la prioridad de las urgencias sociales está en la educación superior, considerando que uno de cada dos chilenos no accede a ella. Probablemente, toda su vida ellos tendrán en su conciencia si no era mejor haber comenzado por la educación parvularia o por la educación especial. El que den por sentado que la educación superior es un derecho no resuelve el problema de su financiamiento ni de la priorización de las necesidades actuales.

Aquí se dice que no ha habido empatía, pero ¿con quién se debe empatizar primero? ¿Con el millón y medio de personas que no tienen acceso al agua potable -a quienes les pedimos todos los días que se laven las manos, pero no tienen agua-, con los ciento ochenta mil chilenos que viven en campamentos o con los muchos chilenos que viven en la marginalidad? Es muy fácil pretender empatizar con todos, pero tengo una muy mala noticia que dar: ¡No se puede hacer todo!

Ya que se hizo alusión al tema de Latam Airlines, quiero aclarar que evidentemente todos estamos en desacuerdo con que se repartan las utilidades en este momento. Nadie en su sano juicio podría sostener una cosa como esta, pero si el diputado Jackson quiere insistir en ese discurso, también debería decir que él pretende que Latam quiebre. ¿Han pensado qué significaría para Chile que eso ocurriera, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad de exportaciónde nuestro país o de los muchos trabajadores que dependen directa o indirectamente de ese medio de transporte? Cortemos este simplismo de establecer dialécticas que no existen, salvo que algunos pretendan que realmente Latam quiebre, sin considerar lo que ello significaría para un país como Chile. Si es así, díganlo, pero basta de esta perorata absurda de “las grandes empresas”, porque al menos Latam es una empresa estratégica para el desarrollo del país.

Como empatizamos con los estudiantes, estuvimos dispuestos a mejorar este proyecto, sin perjuicio de que es importante que quienes nos escuchan sepan que el 91 por ciento de las instituciones ya lo están haciendo, pues nueve de cada diez universidades ya tienen planes de flexibilización, a fin de que los estudiantes puedan financiar sus estudios.

La diputada Rojas dijo que no iban a permitir que se perjudicara a los estudiantes en sus procesos de titulación, pero vale la pena aclarar que eso ya no es así. La jurisprudencia de la Corte Suprema sistemáticamente ha establecido que no se puede privar por no pago del arancel a los estudiantes de ningún beneficio para su titulación. Entonces, no es efectivo que este proyecto va a resolver ese problema, porque ya está resuelto.

Por otra parte, tenemos un problema con el artículo 2, porque al establecer que no se van a aplicar sanciones para el caso del no pago de arancel, al quedar tan amplio y al no acotarlo exclusivamente al tiempo que dure la pandemia, deja sentada la premisa de que será indiferente si se paga o no se paga. Nuestro planteamiento ha sido siempre que a nadie se le sancione ni se le apliquen intereses por no pago, pero evidentemente se debe acotar a un plan de flexibilización específico para cada universidad, porque lo que pasa en la universidad “a” es distinto a lo que sucede en la universidad “b” o en el instituto de formación profesional “c”.

¿Cuál es el afán de pretender imponer a través de una ley general una cuestión que es mucho más compleja que eso?

Es importante que tengamos a la vista que el 60 por ciento de los gastos de las instituciones de educación superior se destina al pago de la planta docente, la cual, como bien explicó el rector Beyer en su exposición, no es modificable porque cuentan con cierto nivel de estabilidad. Alguien podría preguntar por qué no se aplica la ley de protección al empleo; la respuesta es que hacerlo no es tan simple. La falta de acceso a recursos por parte de las universidades es un tema tremendamente complicado.

Por último, como bien explicó el diputado Bellolio , en la recta final del proyecto incorporaron el artículo 4, el cual involucra un costo equivalente a un millón y medio de ingresos familiares de emergencia. ¡Un millón y medio de ingresos familiares de emergencia! Reitero el dato, porque aquí algunos creen que los recursos son ilimitados y que el Estado de Chile tiene una capacidad infinita para hacerse cargo de los problemas.

Este no es un problema de falta de voluntad. Imagino que los que han tenido la posibilidad de ser gobierno entienden que las demandas son infinitas y los recursos, limitados, y que por eso se debe tratar de llegar a un equilibrio razonable. Le hemos pedido al gobierno que adelante el periodo de postulación, pero debemos tener conciencia de que el formulario único de acreditación socioeconómica probablemente no va a reflejar lo que ha ocurrido en los últimos dos meses -como quisiera la diputada Vallejo -, porque funciona a base de doce meses; tal vez podríamos adelantar los procesos.

El punto es que no nos perdamos, porque los parlamentarios no tenemos la facultad para presentar este tipo de iniciativas. Si la tuviéramos, probablemente de muy buena fe y atendiendo a la infinitud de demandas que existen, muchos parlamentarios presentarían proyectos de ley que irroguen gastos, los que serían muy bien recibidos por la gente, pero no se podrían financiar.

¿Por qué es tan importante que los parlamentarios no tengan la capacidad de promover proyectos que irroguen gastos? Porque, en definitiva, nadie puede proponer lo que no administra. La decisión de que los parlamentarios no propongan proyectos que generen gastos no es algo que se le haya ocurrido al constituyente chileno, sino que es una cuestión que contemplan la mayoría de las democracias, porque de no ser así se podría generar un nivel de presión de distintos grupos de nuestra sociedad para que los parlamentarios presentáramos proyectos de ley con gastos, aunque después pague “Moya”.

Ese es el problema que uno observa ante el permanente empeño de proponer gastos, casi diciendo: “Bueno, que el Estado chileno se haga cargo”, como si el Estado chileno fuese una especie de pozo sin fondo.

Insistimos en pedir al gobierno lo que los parlamentarios de Chile Vamos hemos venido pidiendo desde hace tiempo, cual es que busquemos alternativas. El rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson , ayer planteó ante la opinión pública cosas interesantes, como hacer extensivo el financiamiento con garantía estatal del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) a universidades, a centros de formación técnica e institutos profesionales, o que se generen algunas vías de financiamiento de emergencia, entre otras ideas. Sin duda, debemos hacernos cargo de esta situación y empatizar con los estudiantes.

Señor Presidente, por su intermedio le aclaro al diputado Calisto que no tememos apoyar a los estudiantes, pero sí tememos a este permanente ofertón de gastos que algunos hacen de manera indiscriminada, jugando con las expectativas de la gente. Si todos los días generamos expectativas distintas y no somos capaces de actuar con altura de miras, con responsabilidad y con sentido de Estado, no nos daremos cuenta de que esta pandemia nos desafía a todos a mirar a los chilenos a la cara y decirles que vamos a hacer todo lo posible para salir adelante, pero diciéndoles la verdad, esto es, que el pozo sin fondo no existe. A esto le tengo miedo, porque el populismo es un cáncer del cual es muy difícil salir. Si aún no están convencidos, pregúntenles a los vecinos del otro lado de la cordillera.

Tenemos toda la intención de apoyar este proyecto de ley, pero como bancada nos abstendremos, porque de esa manera esperamos resolver la inconstitucionalidad del artículo 4 y otras materias que nos parecen que podrían quedar mejor reguladas. Debemos cautelar tanto el interés de los estudiantes como el de las instituciones de educación superior.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, me encantaría contestar al diputado Diego Schalper , pero lamentablemente tengo muy poco tiempo para intervenir.

Celebro que hoy estemos discutiendo este proyecto gracias a la iniciativa de los diputados Maya Fernández y Juan Santana .

Se podrá hablar de admisibilidad o de inconstitucionalidad, pero la situación sanitaria, social y económica de nuestro país obliga al Parlamento a buscar soluciones para los miles de familias chilenas.

Este tema no se debe centrar solo en el financiamiento de las universidades y, en general, de las instituciones de estudios superiores. Hay que aclarar que no son las familias chilenas las que deben hacerse cargo del financiamiento de esas instituciones. Hoy, la famosa clase media, como la llamábamos en otros tiempos, ya no existe, pues hay mucha gente que ha caído bajo la línea de la pobreza. Eran familias con buen pasar, pero, reitero, se empobrecieron. No podemos traspasar ese endeudamiento a ese grupo y dejar que las universidades decidan libremente efectuar las cobranzas con los intereses que estimen conveniente y con las formas de pago y facilidades que ellas den. En esto hay que regular; en esto el gobierno tiene que intervenir.

Espero que el proyecto dé una salida adecuada a este problema. La única manera de lograrlo es que exista un pronunciamiento del gobierno en esta materia. No es posible entregar recursos a las familias por una vía y por otra quitárselos o endeudarlas.

Por ello, es importantísimo que el gobierno escuche la propuesta, que es compartida prácticamente en forma transversal en el Parlamento, de modo que esto se resuelva lo más rápidamente posible, para dar tranquilidad a miles de familias chilenas que han enviado a sus hijos a estudiar con mucho sacrificio. Esas familias, cuando tenían buen pasar, podían hacer frente a los pagos, pero hoy las penas y los problemas económicos las agobian.

Hago un llamado al gobierno y al ministro de Educación para que planteen y propongan una solución que beneficie a esas familias chilenas.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, he escuchado al diputado Rocafull y pienso que todos estamos de acuerdo en que aquí existe una situación muy difícil que en gran medida está afectando a los padres. Se habla mucho de los estudiantes, pero son los padres los que están en dificultades.

Hay que recordar que aquí el sector que les habla a los estudiantes estaba muy en contra de dar espacio a los mismos para que accedieran a trabajos a través de un estatuto laboral para jóvenes. Quienes integran ese sector no están muy de acuerdo con que los jóvenes entren al mercado laboral por algunas horas para aprender un trabajo, porque, seguramente, muchos de quienes impulsaban esa idea no lo hicieron cuando estudiaban. Varios de los que estamos aquí sí trabajamos mientras estudiábamos, lo que no le hace mal a nadie.

Muchos padres hoy sufren porque los aqueja la incertidumbre, porque las cosas han cambiado, porque ahora están sin empleo, porque la situación de sus familias esta complicada y porque quieren cumplir con los pagos.

Quienes impulsan este proyecto no entienden que estamos hablando de instituciones intermedias que tienen que financiarse; que el 60 por ciento del financiamiento de las instituciones de educación superior se gasta en remuneraciones de docentes, personas que también tienen hogar, compromisos y que, probablemente, también están involucrados en este mismo tipo de situaciones, porque también deben pagar aranceles universitarios. Es claro que esto es una cadena, por lo que los recursos hay que utilizarlos bien y los tiempos deben priorizarse adecuadamente.

¿En qué estamos hoy? Priorizando los alimentos. Represento a una región en la cual muchas casas tienen piso de tierra y el agua potable no existe. ¿Le vamos a decir a esas familias que el Estado le debe pagar la universidad a todo el mundo? Yo pago la universidad a dos de mis hijos y durante mucho tiempo pagué la universidad a tres de ellos. Lo que ustedes buscaron con algunos proyectos es que el Estado les pagara la universidad a mis hijos, pese a que yo podía hacerlo. Me parece que eso es justamente lo que no debía pasar.

Tenemos que cuidar nuestras universidades. En la comisión técnica los rectores que acudieron a entregar su testimonio señalaron que la suspensión del pago por tres meses significaría que los planteles deberían enfrentar una situación muy difícil.

Las universidades regionales tienen una situación muy distinta. Ustedes querían que solo las universidades que forman parte del Consejo de Rectores accedieran a la gratuidad. Les daba mucha rabia que también se acogieran a ese beneficio planteles privados como la Universidad Autónoma o la Universidad Mayor, que mantienen sedes en la Araucanía. Muchos jóvenes que estudian en esas universidades se encuentran muy complicados.

Es sumamente importante que se entienda que todos estamos por resolver este problema, pero también hay que entender que los diputados no tenemos facultades para ocupar los recursos del Estado. Si fuera así, propondría eliminar el IVA al pan. Me encantaría que fuera así, pues se trata de un producto de primera necesidad; sin embargo –repito-, no tengo facultades, como tampoco ustedes, para gastar la plata del Estado. ¡Bendito que sea así!

El artículo 4 del proyecto da cuenta de recursos que es necesario disponer, lo que nos pone en una situación de inconstitucionalidad. Nosotros hemos jurado respetar la Constitución Política de la República, pero aquí hay personas a las que ello les da lo mismo. No sé por qué muchos de ellos se afanan en que se elabore una nueva Constitución si probablemente no la van a respetar. Eso es lo que pasará. Muchos colegas están dando ejemplo de que eso es lo que sucederá.

Mi voto será de abstención. Creo en el fondo del proyecto, pero es el Estado, el gobierno, el que tiene que ver cómo coloca los recursos. Además, también se debe entender que muchas universidades están haciendo un esfuerzo y no están echando a los estudiantes.

Por último, le digo al señor Jackson que él sabía muy bien que el proyecto se aprobaría en general y que volvería a comisión. Fue parte de quienes tomaron esa decisión, por lo que no debería sentir extrañeza.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado, recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, se destinarán tres minutos por bancada para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Boris Barrera .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 148ª de la legislatura 367ª, en jueves 23 de enero de 2020.Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo. Documentos de la Cuenta N° 26 de este bo letín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Boris Barrera , rinde el informe de la comisión el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ, don Pedro (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar, en tercer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, de 3 de marzo de 2020, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.

Durante la realización de este trámite, la comisión contó con la exposición del ministro de Energía subrogante, don Francisco López .

A continuación me referiré someramente a los alcances de alguna de las modificaciones introducidas por el Senado:

El Senado introduce modificaciones en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y reemplaza la letra c) de su artículo 10, que se refiere a las centrales o plantas generadoras de energía eléctrica mayores a 3 megawatts, y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento

En relación con las centrales y plantas de energía eléctrica de 3 megawatts, en la actualidad el criterio de ingreso de acuerdo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es que deberán someterse al referido SEIA las centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts, de modo que el criterio es según la capacidad de generación y no los impactos que producirá el proyecto, lo que no resulta acorde con la normativa ambiental. Así, se congestiona el SEIA al evaluar proyectos que no son de envergadura, como tampoco se favorece la generación de energías renovables y limpias.

Si bien la propuesta original buscaba que se actualizara el criterio de evaluación, reemplazando la capacidad de generación por la del impacto ambiental del proyecto, lo que es más coherente con la normativa ambiental, de conformidad con un reglamento dictado por el SEIA, ente técnico competente, en definitiva, el Senado mantuvo el umbral de 3 megawatts y amplía respecto de aquellos bajo el umbral, vía reglamento, de acuerdo al tipo de fuente e impacto.

El Senado incorporó un artículo 11 quater en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Se propone consagrar a nivel legal el procedimiento de consulta de pertenencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa forma, los interesados pueden consultar a la autoridad ambiental si deben presentar un proyecto para evaluación ambiental, de modo que puedan obtener un pronunciamiento previo y vinculante de la autoridad competente, sujeto a fiscalización por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y siempre teniendo presente el debido resguardo del medio ambiente.

La propuesta original contemplaba un nuevo inciso tercero que le daba el carácter de vinculante; sin embargo, este se retiró por parte del Ejecutivo, por lo que solo se mantiene la idea de regular la pertinencia a nivel legal, tomando lo que ya está en el reglamento.

El Senado modifica el inciso primero del artículo 25 ter de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El propósito es ajustar el plazo de caducidad de la resolución de calificación ambiental (RCA) frente a procesos administrativos o judiciales.

Actualmente, la RCA caduca cuando han transcurrido cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contados desde su notificación. Sin embargo, como consecuencia de acciones o recursos judiciales en contra de la RCA, caducan por la imposibilidad de dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad autorizada dentro del plazo de cinco años, es decir, por el simple paso del tiempo, aun cuando han sido favorablemente aprobados por la autoridad administrativa o judicial correspondiente.

El cambio introducido por el Senado tiene por objeto otorgar certeza desde cuándo se contabilizará el plazo y de que este se suspenderá hasta por un plazo máximo adicional de tres años cuando se interponen acciones o recursos en contra de la RCA, mientras dure el plazo de la suspensión que fue decretada, por ejemplo, con motivo de una orden de no innovar.

El Senado modifica el artículo 241 del Código de Minería. El cambio introducido por el Senado propone que en la oficina del Servicio Nacional de Geología y Minería se dé publicidad en línea a la información del catastro de concesiones mineras que aquel posee.

El Senado añade un artículo 45 bis en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Las modificaciones introducidas por el Senado tienen por objeto que las municipalidades, por medio del asesor urbanístico o del director de obras municipales en su defecto, puedan efectuar rectificaciones al plan regulador comunal vigente cuando ellas tengan por finalidad esclarecer, puntualizar, concordar, corregir y/o actualizar errores manifiestos de forma de dichos planes en conformidad con la normativa aplicable.

Asimismo, el Senado modifica el artículo 116 bis C propuesto del referido decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La modificación introducida por el Senado es que la Dirección de Obras Municipales esté en línea. El inconveniente es que la tramitación de los permisos urbanísticos son solo en soporte físico o papel. La sugerencia del cambio es que la tramitación de permisos urbanísticos ante la Dirección de Obras Municipales sea digital.

El Senado suprime todas las modificaciones que se hicieron al Código de Aguas.

El Senado modifica el artículo 38 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La modificación del Senado se refiere a la coordinación de los órganos o servicios de la Administración del Estado. En las zonas más extremas y aisladas existe una falta de coordinación entre instituciones y oficinas por parte del Estado, por lo que este cambio pretende permitir la celebración de convenios interadministrativos entre todos los órganos del Estado para incentivar la coordinación del Estado.

Acuerdos

De conformidad con el inciso segundo del artículo 120 del Reglamento, la comisión procedió a votar de la siguiente forma, en relación con las recomendaciones de la Sala.

1) Vota por recomendar a la Sala aprobar la totalidad de las enmiendas propuestas por el Senado, el diputado Rolando Rentería .

2) Votan por recomendar a la Sala aprobar las enmiendas propuestas por el Senado, salvo la contemplada en la letra a) del N° 1 del artículo 1, que introduce modificaciones en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y que se refiere al artículo 10 de ese cuerpo legal, la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Miguel Mellado y Enrique van Rysselberghe .

3) Votan por recomendar a la Sala rechazar la totalidad de las enmiendas propuestas por el Senado, los diputados Boris Barrera , Alejandro Bernales , Renato Garín , Cosme Mellado , Jaime Naranjo , Raúl Soto y Pedro Velásquez .

En resumidas cuentas, señor Presidente y honorables miembros de esta Corporación, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados considera que el Senado se ha extralimitado en hacer modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo, las que generan mayor cantidad de conflictos o demoras excesivas en el ámbito administrativo.

Por lo tanto, la recomendación es que la Sala rechace las enmiendas y el proyecto pase a comisión mixta.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, este proyecto se comenzó a concebir en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera . Por lo tanto, el contexto y el escenario en el que se pensó esta iniciativa son distintos a los que vivimos hoy, en que debemos resolver problemas sanitarios, sociales, económicos y, al mismo tiempo, repensar el futuro del país. En consecuencia, no es una medida fácil la que se tiene que tomar.

Se ha constatado en el tiempo, a propósito de lo que vivimos en el planeta, que la sustentabilidad va a ser incorporada con mayor intensidad en todos los análisis de proyectos; es decir, se va a considerar el rol que esta va a jugar en las decisiones de inversiones y, por lo tanto, en las decisiones económicas que tomen las naciones.

No es casualidad que el planeta esté viviendo situaciones que todos alabamos. Las fotos que han llegado desde Venecia o de animales recuperando sus espacios no es un dato menor.

La idea original de este proyecto de incentivar la inversión no está fundada en lo que pasa en el Chile de hoy. Es un verdadero caballo de Troya que permite facilitar la tramitación y concentrarla en los directores regionales, disminuyendo la participación de la ciudadanía. Hemos visto muchos proyectos de inversión que después de que se inician se ven demandados y judicializados, o afectan la calidad de vida de los habitantes.

Por lo tanto, no podemos reiterar medidas que apuntan a dar pasos atrás respecto de los avances que habíamos tenido en el país. Quienes elaboran proyectos, quienes proyectan inversiones tienen que adecuar las formas para lograr que sus inversiones crucen esto.

Por cierto que hay que resolver los problemas de la institucionalidad ambiental; nadie dice que no. Pero no podemos aprovechar esta situación que vivimos para permitir más abusos respecto del medio ambiente y su entorno.

Finalmente, respecto de lo que va a pasar con los planes reguladores, estos tienen que verse de manera distinta. Recuerden que son los planes reguladores metropolitanos los que obligan a las comunas respectivas.

Como Partido Socialista vamos a rechazar todos esos artículos, que consideramos lesivos para la sustentabilidad de un país que requiere cambiar las inversiones…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, escuché atentamente las palabras del ministro de Economía, Fomento y Turismo, así como la intervención del diputado de la bancada del Partido Socialista que me antecedió en el uso de la palabra.

Qué duda cabe que en la Democracia Cristiana entendemos la necesidad de dar un fuerte giro a la burocracia, con el objeto de evitar la dilación de trámites que se transforman en verdaderos lomos de toro o cuellos de botella que impiden viabilizar y agilizar las inversiones en el contexto de una economía que más que nunca requiere ser dinámica frente a la situación de pandemia que estamos enfrentando. Nuestra economía se encuentra ralentizada, de modo que requiere una señal más potente que nunca del Ejecutivo y del Congreso Nacional para hacer frente a ese problema.

Siempre vamos a estar disponibles para apoyar el establecimiento de medidas que permitan terminar con la burocracia, sobre todo en un Estado que debe ser compatible con las nuevas tecnologías. En ese sentido, estamos a favor del concepto de ventanilla única, medida que muchos países de la OCDE han implementado, cuyo objeto es evitar que un inversor, un privado o un ciudadano se vea obligado a tener que repetir el mismo trámite en distintos servicios públicos.

No obstante, el talón de Aquiles de este proyecto dice relación con esta suerte de fast track en términos medioambientales, que, a nuestro juicio, tiene mucho de letra chica, principalmente en lo que se refiere a la generación eléctrica, donde la sustentabilidad es un tema importante. Recordemos que nuestro país, previo al estadillo social, iba a ser sede de la COP25, de manera que no porque la necesidad en materia de inversión pública tenga cara de hereje debemos hacer más laxo nuestro sistema de revisión, desde el punto de vista ambiental.

Otro tema que consideramos que no debe ser pasado por alto dice relación con la probidad administrativa. No estamos de acuerdo en que se deba externalizar o dejar en manos de privados materias tan importantes como la inspección de las aguas o determinados trámites que deben incoarse en las direcciones de obras municipales respecto de un permiso. A nuestro juicio, aquello constituye una luz de alerta en relación con esta iniciativa, debido a que hay labores inderogables que el Ejecutivo, un municipio o un servicio público nunca debe delegar, como en materia de revisión y fiscalización de un proyecto. No conozco paradigma en el mundo donde ello termine externalizándose, como se pretende hacer en este proyecto.

Por todas estas razones, obviamente que vamos a sacar adelante esta iniciativa, pero consideramos que la Comisión Mixta es la instancia donde este proyecto…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, el proyecto, denominado de proinversión, fue criticado por nosotros en su momento, fundamentalmente porque no promueve la inversión, sino que se limita a eliminar institucionalidad pública para facilitar la acción privada, como si el Estado subsidiario no fuera suficiente. La eliminación de la poca protección pública que va quedando era y es básicamente la apuesta de inversión de este proyecto.

Creo que lo que debió hacerse fue promover el valor agregado, la creación de empleo especializado y la capacitación en nuevas áreas. Para eso, el Estado es el que debe jugar otro rol, y no lo digo yo ni tampoco los autores marxistas, sino que lo dice, además, el gobierno de Corea del Sur. En Chile, se opera con un dogmatismo a todo nivel: cualquier cosa que implica que el Estado haga algo es atacado y desechado sin siquiera discutir la idea.

Este proyecto proinversión no sugirió nada nuevo con el litio ni tampoco con el cobre o con la agroindustria, ni siquiera con las finanzas o con el sistema de compras públicas. Lo que establecía esta iniciativa era, por ejemplo, que el solicitante de un proyecto que debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental podría saltar ese trámite, propuesta que fue desechada por la Cámara, pero que fue repuesta en el Senado.

No nos parece que el modo de crear inversión se deba llevar a cabo a través de la eliminación de institucionalidad pública. Para ganar hay que invertir y hacerlo en tecnología, en conocimiento, en las personas, en los procesos y en las instituciones. La proinversión se logra invirtiendo, y no creando mecanismos para saltar la fila, pues finalmente se perjudica al medio ambiente y a las personas.

Por lo tanto, solicitaremos la votación separada de la disposición respectiva, con el objeto de que sea desechada en comisión mixta.

Llamamos al gobierno -si quiere escuchara que ingrese un proyecto de ley que en verdad promueva la inversión. Le hacemos un llamado para que en lugar de enviar iniciativas que, por ejemplo, eliminen la institucionalidad del agua, norma que afortunadamente fue completamente suprimida en el Senado, mande proyectos que inviertan en el agua.

Hace unos días, escuchábamos al ministro Moreno prometernos las penas del infierno si permitíamos que a la gente no le cortaran el agua. Recordó que el país estaba en sequía. Pero ¿quién se toma el agua? No se la toma la señora Juanita . ¡No! El agua la consume la minería. No obstante, en este proyecto no hay una sola mención para invertir en procesos que tengan por finalidad que haya más agua o que esta sea usada de modo más eficiente. Lo único que se trató de hacer fue que el trámite fuera más rápido.

Ojalá el gobierno aproveche la oportunidad pospandemia para crear políticas de inversión productiva y no solo especulativa.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, tal como lo han planteado varios de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, quiero decir, con mucha claridad, que este proyecto no promueve la inversión; lo que hace es ofrecer a los inversionistas un Sistema de Evaluación Ambiental debilitado y una Superintendencia del Medio Ambiente debilitada, con el propósito de dar garantías a las empresas en relación con las pertinencias.

En esta materia hay otros aspectos que sería largo de detallar, pero hay uno en particular al cual me quiero referir: los proyectos que tienen aprobación caducan en cinco años. No obstante, esta iniciativa pretende agregar tres años más si es que los proyectos se judicializan o tienen alguna suspensión administrativa. O sea, se pretende establecer un plazo de ocho años, pero en un plazo como ese las circunstancias cambian, los otros proyectos cambian y el lugar cambia. Por lo tanto, agregar tres años más es un tremendo error que esta Cámara de Diputados no puede cometer.

Por las razones señaladas, junto con anunciar que votaré en contra, invito a todos y a todas a hacer lo mismo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro, que está presente en la discusión, a quien ojalá veamos mucho más presente en los debates de la Comisión de Economía, instancia donde se tratan muchos proyectos importantes, tal como es el caso de la iniciativa que estamos debatiendo.

Qué duda cabe que es importante para un país promover la inversión, de manera de airear e impulsar la economía. Creo que eso es fundamental, sobre todo en un contexto de una crisis sanitaria que nos está llevando rápidamente a una crisis económica y social, lo que deberá ser discutido en su momento en el marco de los proyectos o acuerdos que se logren para reimpulsar la economía en el país.

En cuanto a este proyecto, me gustaría señalar que por lo menos para la bancada del PPD hay un principio que es claro e irrenunciable: el desarrollo del país debe ser sostenible y la inversión que se lleve a cabo debe respetar el medio ambiente. Lo reitero, se requiere que la inversión respete el medio ambiente y que sea sustentable, pero, al parecer, en este proyecto se han generado muchas dudas respecto de algunas normativas, sobre todo las que fueron introducidas por el Senado, pues dejan abierta una ventana de debilitamiento de nuestra institucionalidad medioambiental que nos parece preocupante.

Lo mismo sucede respecto del establecimiento de revisores externos a la Dirección General de Aguas, que no tienen responsabilidad administrativa, y también de algunos cambios normativos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que eventualmente pueden generar algunas dudas.

Ante todo eso, debemos ser cautos y prudentes, y tenemos que revisar esta legislación con lupa. Por lo tanto, lo aconsejable es que el proyecto sea revisado por una comisión mixta, para que se establezcan criterios indudables que garanticen un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente.

Es necesario ir quitando trabas administrativas para que los proyectos de inversión se puedan llevar adelante, pero en ningún caso eso puede ser a costa de renunciar al principio de desarrollo sostenible y del cuidado del medio ambiente.

No estamos disponibles para transar eso, por lo cual vamos a rechazar varias normas propuestas por el Senado, para que, como dije, se puedan salvar aquellos elementos en una comisión mixta.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga el mandato de los directorios de juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias, debido a la pandemia producida por la covid-19 (boletín N° 13420-06).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se otorgarán tres minutos por bancada para que sus integrantes hagan uso de la palabra.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión de Mixta. Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, este es el resultado de una Comisión Mixta que sesionó la semana pasada, en la que tratamos de resolver las discrepancias que teníamos con el Senado respecto del proyecto originalmente pactado.

No cabe duda de la importancia de las organizaciones comunitarias, en especial de las juntas de vecinos, que han estado muy presentes en el combate contra la pandemia.

Las modificaciones que se aprobaron en la Comisión Mixta fueron principalmente tres, y a ellas me referiré a continuación.

En primer lugar, se eliminaron los literales c) y d) del artículo único del proyecto, que establecían normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado y sobre las organizaciones sindicales, respectivamente, toda vez que ya tienen una ley propia, que aprobamos hace aproximadamente dos semanas y que fue publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo pasado.

Por la segunda modificación, se intercalaron literales nuevos que establecen la prórroga de la vigencia de las asociaciones gremiales regidas por el decreto ley N° 2.757, que rige a las asociaciones gremiales, y sus modificaciones posteriores; de las iglesias y organizaciones religiosas, reguladas por la ley N° 19.638; de las cooperativas, de las asociaciones de consumidores, que nos solicitó el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

También se incorporó una letra h), que comprende, como una norma residual, a las otras personas jurídicas sin fines de lucro regidas por normas especiales, con excepción -dada la tramitación especial que tiene y las normas establecidas en el Convenio 169 de la OITde todas aquellas organizaciones regidas por la ley N° 19.253, que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

El proyecto no estuvo exento de dificultades, pero se resolvieron los problemas suscitados entre una y otra Cámara y hubo un acuerdo de mayor coordinación de parte de ambas Presidentas de las comisiones, tanto de la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, del Senado, como de la de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, sobre la base del enorme trabajo que desarrollan las organizaciones comunitarias y los grupos intermedios de la sociedad, establecidos en nuestra Constitución, que lo hemos evidenciado siempre y que lo reconocemos, sobre todo durante esta pandemia, vamos a aprobar aquellas modificaciones establecidas…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, por fin llegamos al final de una comedia permanente de descoordinación y equivocaciones, tanto con el Senado como con el Ejecutivo. Esta iniciativa podríamos haberla terminado de tramitar hace tres semanas y haber tenido el mismo resultado que hoy.

Las organizaciones sociales, los cuerpos intermedios, juntas de vecinos, comités de APR, clubes deportivos, grupos de adultos mayores, etcétera, por fin tienen una solución, añorada por mucho tiempo.

Debo recordar a los señores diputados que el proyecto nace de un grupo de mociones parlamentarias que presentaron varios colegas, de manera transversal, que votamos hace dos meses. Enviamos el texto al Senado, pero, curiosamente, la Cámara Alta se olvidó de tramitarlo, pero después presentó una moción en los mismos términos y, finalmente, ese es el texto que estamos discutiendo ahora.

He señalado en varias oportunidades que esa no es la forma que corresponde para legislar, y respecto de esto, la responsabilidad es, claramente, del Ejecutivo, que le puso urgencia al proyecto de ley del Senado. Lamentablemente, la Mesa de la Cámara de Diputados no estuvo a la altura de las circunstancias para obligar al Senado a que discutiera una materia que habíamos discutido hace ya dos meses.

El Senado permanentemente posterga los proyectos de la Cámara de Diputados para presentar los propios y, en definitiva, cuando la ley se promulgue, los senadores figurarán como patrocinantes, sobreentendiéndose que serían ellos quienes estarían dando solución a un problema.

Por suerte, y sin mirar intereses pequeños, hoy se termina esta comedia de equivocaciones, y espero no volver a discutir temas una y otra vez, producto de descoordinaciones, porque finalmente los más dañados cuando se presenta este tipo de situaciones son los ciudadanos de Chile, que esperan una solución, quizás pequeña, pero supernecesaria en época de pandemia.

La bancada del Partido Socialista, que fue autora de uno de los proyectos de ley, aprobará con mucha alegría el que por fin se prorrogue el mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, en varias oportunidades hemos destacado la importancia que tiene para las organizaciones sociales resolver su situación jurídica.

Comparto las observaciones que acaba de hacer el colega que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que, efectivamente, la Sala de la Cámara aprobó un proyecto en la misma dirección del que hoy estamos discutiendo, pero tanto el gobierno como el Senado han empujado la tramitación paralela de varios proyectos similares, parcelando las soluciones para distintos tipos de organizaciones.

Es así como ya se aprobó un proyecto que resuelve los plazos de vigencia y el mandato de las organizaciones sindicales, iniciativa que tramitamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y con la cual estábamos de acuerdo por la necesidad que tienen las organizaciones sindicales de mantener su vigencia para llevar adelante las distintas acciones que les corresponden.

Siempre planteamos -así lo hicimos ver en esa oportunidadque era urgente avanzar en la propuesta de asegurar el funcionamiento de las organizaciones sociales para la postulación a proyectos, y con mayor razón en estos tiempos, cuando muchas de estas organizaciones sociales, como juntas de vecinos, organizaciones de consumidores, clubes deportivos, etcétera, están desarrollando iniciativas tremendamente importantes para satisfacer las necesidades más básicas de la comunidad, como por ejemplo la alimentación, a través del desarrollo de ollas comunes y actividades solidarias.

Por lo tanto, nos parece positivo que el informe de la Comisión Mixta permita concluir este proceso de buena manera e incorporar, en un acuerdo de ambas cámaras, a las asociaciones gremiales, a las asociaciones de consumidores y a las cooperativas, entre otras, tomando la decisión correcta de excluir de forma expresa a las personas jurídicas reguladas por la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ya que en este último caso la aplicación de alguna norma específica se debe ajustar al Convenio N°169 de la OIT y al artículo N° 126 bis de la Constitución Política, sobre territorios especiales.

Es importante destacar que no es necesario dilatar innecesariamente una solución integral para el conjunto de las organizaciones sociales, como se hizo, pero ha sido complicado a partir de la determinación que tomaron el Senado y el gobierno.

Creo que desde una perspectiva más global, lo ocurrido con estos proyectos nos demuestra los inconvenientes de contar con un Congreso bicameral, que burocratiza y retrasa definiciones tan necesarias y urgentes para las organizaciones sociales en medio de una pandemia como la que está viviendo nuestro país.

Por consiguiente, aprobaré este proyecto porque es urgente y porque valoro que se haya logrado encontrar una solución conjunta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, saludo a todos los colegas que están en la Sala y a los que están presentes de manera telemática, así como a las distintas organizaciones, como juntas de vecinos, organizaciones sociales y comités de agua potable rural, que están esperando la aprobación de este proyecto.

La iniciativa fue presentada por los diputados Fidel Espinoza y Marcos Ilabaca , quienes asistieron a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para pedir que pudiésemos abordarlo de manera urgente. Aunque tuvimos muchas dificultades en el camino, gracias a la voluntad de los integrantes de la comisión pudimos despacharlo en muy pocos días.

Agradezco a la Cámara de Diputados en general, porque creo que hemos estado involucrados en temas que son urgentes para la ciudadanía. A modo de ejemplo, en la Comisión de Gobierno Interior discutimos la situación de los permisos de circulación para este año, y sacamos un buen proyecto, que, lamentablemente, después fue modificado.

Respecto de la iniciativa que hoy discutimos, nosotros aprobamos un buen proyecto, muy completo, que después, como explicó el diputado Ilabaca , fue cambiado en el Senado mediante la utilización de muchas triquiñuelas.

En este caso tiene que primar la decisión de la Comisión Mixta, tal como sucedió en el proyecto sobre suspensión del pago de los servicios básicos. Nosotros conversamos con varios senadores y les dijimos: “Pongámonos de acuerdo; el proyecto nuestro es el más integral y el más avanzado”. Sin embargo, ellos no dieron un tratamiento total al proyecto; por lo tanto, lo que hicimos fue despachar el proyecto del Senado.

Eso demuestra que hay voluntad para avanzar, pues lo que más nos interesa es acompañar a las distintas organizaciones sociales que lo están pasando mal, porque, como no han podido renovar sus directivas dada la situación actual, no pueden acceder a ciertos beneficios, por ejemplo, en materias tan sensibles como es el agua potable rural.

Por ello, la bancada de la Democracia Cristiana apoyará con mucha fuerza las proposiciones de la Comisión Mixta –aprovecho de agradecer al diputado Flores por cederme su tiempo-, ya que todos estamos comprometidos, como lo refleja nuestra historia, en la promoción de los temas comunitarios y de las organizaciones de base, que hoy lo están pasando muy mal. ¡Ese es nuestro compromiso!

Por consiguiente, reitero que apoyaremos con mucha fuerza las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en este proyecto de ley, lo que permitirá mantener la vigencia de las distintas organizaciones. Una vez concluida la pandemia, tendrán un plazo de noventa días para reiniciar sus procesos eleccionarios.

Mi respeto y reconocimiento a las diferentes organizaciones sociales, así como también a los funcionarios municipales y públicos que aportaron a esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, en virtud del tiempo transcurrido y de las divergencias en la proposición del texto del artículo único entre la Cámara y el Senado, considero que debemos aprobar urgentemente este proyecto para dar certeza a las directivas que rigen a todas las agrupaciones de interés social y a todas las otras personas jurídicas sin fines de lucro. Me refiero, especialmente, a las organizaciones comunitarias, tanto funcionales como territoriales, incluyéndolas a todas sin excepción y dejando fuera solo a las agrupaciones indígenas, tal como lo hace el texto del proyecto propuesto por la Comisión Mixta.

Debemos recordar que estas agrupaciones se encuentran asumiendo un papel preponderante en la lucha contra la covid-19 en las distintas comunas de nuestro país, apoyando y coordinando las ayudas que se están entregando tanto desde el gobierno como también desde las mismas comunidades.

Anuncio que desde la bancada de Renovación Nacional apoyaremos el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que todos vamos a aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en este proyecto de ley.

En el curso de esta pandemia, una de las cosas que hemos comprobado en el trabajo que realizamos en nuestros respectivos distritos es cuán necesarias son las organizaciones comunitarias, pero particularmente las juntas de vecinos.

En las comunas y en cada una de las unidades vecinales la organización ha permitido a los municipios, gobernaciones o intendencias llegar de manera más directa y atender muchas veces de mejor forma las demandas de la ciudadanía, lo cual no se habría logrado sin el apoyo de las juntas de vecinos.

¡Qué importante es revalidar la personalidad jurídica de las juntas de vecinos! Dada la gravedad de la crisis no han podido hacer sus elecciones, lo cual les ha generado una serie de complicaciones.

Nos hemos retrasado en la aprobación de este proyecto, como decía alguien, pero ya está a punto de convertirse en ley.

Quiero destacar que todas las organizaciones sociales, incluidas las juntas de vecinos, en algunos momentos están siendo subutilizadas en medio de la pandemia. Quiero poner énfasis en eso, porque si hay algo que falta es llegar más directamente al poder territorial, a la gente organizada en cada una de las unidades vecinales. En cada una de las comunas hay una, dos o tres juntas de vecinos, que son los conductos para, por ejemplo, traspasar información tan relevante como la relativa al autocuidado y saber por qué no se adoptan las medidas necesarias para ello. La idea es llegar con los recursos desde el municipio hacia el territorio en cada uno de los sectores, en cada uno de los barrios de mi Región de Atacama o de la Región Metropolitana. La manera más directa de llegar es donde hay estructura, donde hay gente responsable, donde hay gente que responde a sus vecinos y responde ante la autoridad.

Repito: en algunos lugares, en algunas regiones, en algunas comunas, se están subutilizando estas organizaciones tan importantes. A mi juicio, el gobierno debería poner más atención en cómo entregar las ayudas. Por ejemplo, habría sido mejor entregar las cajas directamente a través de los municipios en colaboración con las juntas de vecinos.

Hoy estamos corrigiendo estos atrasos para que las juntas de vecinos sigan actuando, en momentos tan difíciles como estos, en la organización de ollas comunes y en otras instancias de participación.

Por las razones expuestas, anuncio que vamos a aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos.