Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que prohíbe el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible, en lugares declarados como zonas saturadas o latentes, de conformidad a la legislación ambiental.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para su discusión se otorgarán cinco minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Ricardo Celis .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 65ª de la presente legislatura, en martes 1 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 29.

-El primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se rindió en la sesión 40ª de la presente legislatura, en jueves 9 de julio de 2020.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix , quien rendirá el informe en reemplazo del diputado Ricardo Celis .

La señorita MIX, doña Claudia (de pie).-

Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que restringe el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible en bienes raíces de más alto avalúo fiscal de las comunas declaradas zonas saturadas o latentes de la referencia.

El proyecto fue iniciado en moción de los siguientes diputados y diputadas: Ricardo Celis , Sebastián Álvarez , Cristina Girardi , Amaro Labra , Javier Macaya , Carolina Marzán , Catalina Pérez y Sebastián Torrealba .

La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de 9 de julio de 2020, aprobó en general el proyecto de ley.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley, con las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta comisión para su segundo informe reglamentario.

Cabe hacer presente que a solicitud especial de los interesados, la comisión accedió a escuchar a las siguientes personas u organizaciones, quienes expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto de ley y respecto de cómo se vincula con la actividad que ellos realizan: a un representante del consejo mapuche San Pablo , a un productor y comercializador de leña de San Juan de la Costa, a un dirigente de la mesa forestal mapuche San Juan de la Costa y a la presidenta de la unión comunal de juntas de vecinos Osorno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I. Que los dos artículos de que consta el proyecto, uno permanente y uno transitorio, fueron objeto de indicaciones y fueron modificados en segundo trámite reglamentario.

Se presentaron veinticinco indicaciones, tres de las cuales fueron aprobadas y todas las demás, rechazadas.

II. Las principales modificaciones efectuadas dicen relación con lo siguiente: en el artículo permanente se agregaron dos excepciones más a las ya contempladas en el primer informe.

A saber, en el inciso segundo se agregó un párrafo final, con la finalidad de que queden exceptuadas de la prohibición que propone este proyecto, del uso de calefactores domiciliaros a leña en ciertas zonas urbanas, aquellas viviendas que pertenezcan a personas que tengan la certificación de calidad indígena, de acuerdo a la ley No 19.253 o estén en el Registro de comunidades y asociaciones indígenas de la Conadi.

Se incorpora un inciso cuarto, nuevo, para eximir también de la aplicación de esta ley en proyecto a aquellas viviendas beneficiarias del programa de Recambio de Calefactores, implementado por el Ministerio del Medio Ambiente. Ello, por cuanto se persigue otorgar coherencia a la acción del Estado, toda vez que no resulta exigible que quienes se adaptaron al proceso de recambio de calefactores deban someterse a esta nueva legislación, pues significaría, en la práctica, que el Estado los sometió a dicho recambio de calefactores certificados y ahora les informa que eso no sirvió.

El artículo transitorio, que se refiere a la gradualidad en la aplicación de esta iniciativa, tanto en el tiempo como en el monto del avalúo fiscal del inmueble al cual se aplica, fue reemplazado en el siguiente sentido: durante el primer año, contado desde la publicación de esta ley en proyecto en el Diario Oficial, la prohibición establecida en el inciso primero del artículo único regirá solo respecto de bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación cuyo avalúo fiscal sea igual o superior a 1.200 unidades tributarias mensuales (aproximadamente, 60.000.000 de pesos), calculadas al mes de enero del año en que la ley entre en vigencia. Por su parte, durante el segundo año, el valor de este avalúo fiscal será de 900 unidades tributarias mensuales (aproximadamente, 45.300.000 pesos), calculadas al mes de enero del año respectivo.

La indicación respectiva es producto de un intercambio de opiniones que se dio al interior de la comisión con relación a los montos de avalúo de los bienes raíces que accederían y al plazo de gradualidad.

Se discutió la pertinencia de alterar la cifra que definiera el valor de avalúo de las viviendas para el momento de entrada en vigencia de la ley. Asimismo, si era adecuado aumentar los años de vigencia con régimen de transitoriedad y si, de acogerse dicha propuesta, sería necesaria una variación escalonada de los valores de las viviendas o disponer un valor único a lo largo de esos mayores años iniciales.

En cuanto al aumento de la cantidad de años en régimen de transitoriedad, se manifestó que ello permitiría a las familias que hicieron inversiones para convertir sus equipos de calefacción no realizar prontamente nuevos gastos en la materia. Ello, sobre todo, teniendo presente que este proyecto se encuentra dirigido fuertemente a la zona sur del país, donde existe mayor pobreza y donde la crisis económica ha impactado enormemente, pues actividades económicas tales como el turismo están derechamente paralizadas. En tal sentido, instar por una pronta conversión solo sería posible hacia el gas o la electricidad, energías que son más caras que la leña.

Sin embargo, se cuestionó el aumento de los años para la transitoriedad de su puesta en marcha, ya que no existe una seguridad acerca de cuánto se demore la tramitación de este proyecto en el Senado que permita vislumbrar su pronta entrada en vigencia; por tanto, la misma tramitación legislativa generará períodos de adecuación.

Asimismo, y a mayor abundamiento, se tuvo presente que hace poco tiempo el gobierno anunció un programa de disminución de precios en la electricidad dirigido a zonas con alta contaminación a fin de lograr una conversión hacia el uso de energías limpias en materia de calefacción, por lo que los deciles superiores a los que se aplicará la iniciativa no debieran tener largos plazos de transitoriedad.

En definitiva, y a modo de resumen, este proyecto se aplica de la siguiente manera:

1. La regla general. Se restringe el uso de calefactores a leña en viviendas ubicados en zonas urbanas que han sido declaradas latentes o saturadas, según normas primarias de calidad del aire.

2. Se excepciona de la mencionada restricción a:

a) Los bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior al monto de exención habitacional del impuesto territorial, esto es, a fecha de hoy, 33.199.976 pesos.

b) Aquellas viviendas que pertenezcan a personas que tengan la certificación de calidad indígena, de acuerdo con la ley N° 19.253, o estén en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

c) Los contribuyentes establecidos en la letra a del artículo 1° de la ley N° 20.732, que Rebaja el Impuesto Territorial Correspondiente a Propiedades de Adultos Mayores Vulnerables Económicamente.

d) Aquellas viviendas beneficiarias del programa de recambio de calefactores implementado por el Ministerio del Medio Ambiente.

3. Gradualidad de la normativa contenida en el proyecto.

Durante el primer año de vigencia de la ley, la prohibición establecida en el inciso primero del artículo único se aplicará solo respecto de bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación cuyo avalúo fiscal sea igual o superior a 1.200 unidades tributarias mensuales, calculadas al mes de enero del año en que la ley entre en vigencia. Durante el segundo año, el valor de este avalúo fiscal será de 900 unidades tributarias mensuales, calculadas al mes de enero del año respectivo.

Por lo expuesto, insto a la Sala a aprobar la normativa propuesta por la Comisión de Medio Ambiente.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión particular el proyecto. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (vía telemática).-

Señor Presidente, luego de haber escuchado con atención a la diputada Mix, quiero decir que votaré en contra el proyecto. Me genera sentimientos encontrados. Ocurre que una familia va a poder contaminar y otra no. Esto queda a criterio de quien fiscaliza. Y el día de mañana el criterio de una persona sancionará económicamente a una familia que está “autorizada” a contaminar porque su casa tiene un avalúo menor.

Quiero contar que yo vivo y provengo de una comunidad de la minería del carbón. Hasta hace poco en nuestra zona la gente calefaccionaba sus hogares y cocinaba a carbón durante todo el día, invierno y verano, o lo hacía con zapatos viejos o ropa vieja, porque no tenía otra posibilidad.

Si queremos hacer las cosas bien, les cuento al señor Presidente y a los colegas que nos están escuchando que el 18 de diciembre del año pasado, mediante el proyecto de resolución Nº 846, pedí el envío de una iniciativa para reemplazar las estufas de combustión a leña o pellet por la instalación de intercambiadores de calor vía paneles fotovoltaicos. En este caso la mantención y la calefacción cuestan cero pesos; solo la instalación tiene un costo. En el invierno, estos paneles dan calor, y en el verano, aire helado.

Entonces, ¿por qué el gobierno, el Ministerio de Vivienda, en vez de realizar estos cambios de leña a pellet -que contaminan menos, pero contaminan-, no hace la inversión que propuse?

Yo no estoy de acuerdo con lo que se está planteando. Obviamente, estamos preocupados por el medio ambiente y todos queremos vivir en un mundo menos contaminado, pero no podemos castigar a las familias al no darles una respuesta y una solución real.

Escuché que la Comisión de Medio Ambiente invitó a varias personas para que dieran su visión sobre la materia; sin embargo, a veces uno no puede dar soluciones definitivas si no tiene las herramientas adecuadas para ello.

Hoy día es al gobierno del Presidente Piñera, y mañana, al del que sea: pido que en todas las viviendas que se construyan se instalen paneles fotovoltaicos, porque creo que es la solución para el medio ambiente y el bolsillo de la clase más carenciada.

No respaldaré que se haga diferencias entre los que tienen recursos, los que tienen menos y los que no tienen nada. Hoy, los que tienen menos y nada “pueden contaminar”, porque necesitan calefaccionar sus viviendas, cocinar, secar la ropa; o sea, tienen muchas necesidades.

Por lo tanto, insisto, aquí el camino no es hacer diferencias entre seres humanos, en el sentido de que en una ciudad unos podrán calefaccionar a leña sus hogares y otros se quedarán mirando o deberán contratar otro servicio.

Por último, ojalá que se ponga en tabla la iniciativa cuya tramitación solicitamos mediante el proyecto de resolución Nº 846, que presenté el 18 de diciembre de 2019. Espero que el Ejecutivo le dé su respaldo para que mi propuesta sea una realidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cuando se presenta un proyecto de estas características uno espera tener una discusión a fondo respecto a la eficiencia energética de nuestros hogares. Pero, lamentablemente, pareciera que para algunos parlamentarios es mucho más fácil llegar y prohibir el uso de la leña en el sur de Chile.

Prohibir el uso de la leña en esa zona significa cortar las manos a la tradición de nuestras regiones; es no entender cómo se vive en el sur; es no saber cómo se calefaccionan los hogares en Valdivia, en La Unión, en Río Bueno, en Panguipulli, en Paillaco. Por tanto, me parece que no nos estamos preocupando de un problema que es mucho más de fondo.

El nivel de contaminación ambiental de nuestro país no disminuirá si se prohíbe el uso de la leña. Esta parodia se parece al chiste de don Otto: vamos a terminar vendiendo el sillón para solucionar otro tipo de problemas, pues, en este caso, se prohibirá el uso de la leña.

¿Cuál es la invitación? A preocuparnos en serio de la eficiencia energética de nuestros hogares, de las políticas públicas que se están llevando adelante para mejorar la eficiencia energética de los hogares del sur de Chile, del tipo tecnología que empleamos en los aparatos de calefacción por combustión y de los requisitos que debe cumplir la leña.

¿Sabían los señores parlamentarios que, por ejemplo, hace un par de años el gobierno invitó al recambio de calefactores y nos dijeron que usáramos el pellet? Pero resulta que hoy no tenemos pellet. No hay abastecimiento en el sur de Chile. ¿Qué pretenden? ¿Que nos cambiemos a la energía eléctrica? ¿Quieren invitar a los valdivianos a que usen electricidad o a que utilicen gas?

La leña es un combustible renovable y es parte de la historia del sur de Chile y no es la única razón de la contaminación ambiental. Si queremos atacar la contaminación, invito a este Parlamento a discutir este problema con profundidad, de manera integral, y a que se entreguen soluciones efectivas para una ciudadanía que está absolutamente asustada por lo que está ocurriendo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, no tengo ninguna duda en cuanto a que la intención que han tenido los colegas que presentaron este proyecto es tratar de mejorar la calidad del aire y que miles de familias, en distintas regiones de Chile, puedan recuperar, y no solo asegurar, parte de la salud perdida por culpa de la altísima contaminación.

En días de invierno fríos, sin lluvia, sin viento, con alta presión, la capa de niebla y humo queda retenida a pocos metros de la superficie terrestre, que afecta especialmente a personas mayores, a niños y a embarazadas.

Esa es una realidad que nos golpea y que tiene su origen en la utilización masiva de la leña como combustible, porque a ella tienen acceso las familias más humildes, en lugar del petróleo, gas u otras fuentes de calefacción. Y qué decir del escándalo del pellet ahora, porque si bien es cierto que el pellet es una muy buena solución técnica, fue un tremendo error no haber supuesto que la transformación de equipos de calefacción, de leña tradicional a pellet, requeriría la producción industrializada de ese combustible, para generar una oferta en el mercado que hoy no existe, por lo que hay miles de familias del sur que no pueden calefaccionar sus hogares.

En este contexto, preocupa que este proyecto intente regular el uso de la leña, dado que es el combustible que utiliza la gente más humilde de nuestro país. Puede darse una falsa interpretación y que se restrinja su uso a mucha gente que no tiene otra alternativa de calefacción. Por lo tanto, creo que hay que darle una nueva vuelta a esta iniciativa.

Votaré en contra mientras no se encuentre una solución más integral para que las familias del sur no sigan sufriendo el frío que a veces cala hasta los huesos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES (vía telemática).-

Señor Presidente, primero que todo, valoro la buena intención que hay detrás de este proyecto, que pone sobre la mesa el uso de la leña y la contaminación que esta genera. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme, porque la leña es vital para las familias, casas y hogares de los habitantes de la Región de Los Lagos.

La madera forma parte de nuestra cultura: la encontramos en nuestras construcciones, en nuestras embarcaciones, en distintos escenarios, y también ha sido uno de los combustibles más importantes, no solo para calefaccionar los hogares, sino también para cocinar, para secar la ropa, para un sinfín de actividades.

Creo que el cambio cultural que se busca respecto del uso de la leña no puede provenir de la imposición por medio de leyes; debe hacerse por la vía de reforzar los programas de los distintos ministerios, como el de recambio de calefactores y otros aparatos por aquellos que permitan abandonar el uso de la leña en favor de otros combustibles, recambio que debe realizarse a través de programas.

Por ejemplo, hay muchas casas en que la calefacción se pierde porque no tienen las condiciones de aislamiento térmico adecuadas, de lo cual se desprende que, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo construya casas, debería hacerlo pensando en que esas casas sean herméticas y capaces de brindarles un buen pasar a las familias que las habitan.

En consecuencia, no estoy de acuerdo con este proyecto de ley, porque el cambio cultural tiene que hacerse a través de programas de gobierno y no de leyes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA (vía telemática).-

Señor Presidente, ¿qué tienen en común Padre las Casas, Osorno , Coyhaique , Valdivia , Temuco , Linares , Rancagua -ciudad que pertenece al distrito del que soy representante y Puerto Montt? Que están en la lista de las diez ciudades más contaminadas de Sudamérica y del mundo. En esa lista también figura Santiago , pero en el sexto lugar, después de Padre las Casas, Osorno , Coyhaique , Valdivia y Temuco, que son ciudades del sur de nuestro país en las que se hace un uso altamente intensivo de la leña.

¿Por qué hago la salvedad con Santiago? Es bien curioso cuando uno escucha los argumentos relativos al tema cultural que existe en nuestro país, particularmente en el sur, respecto del uso de la leña, porque en Santiago la leña está ciento por ciento prohibida desde hace muchos años, por tratarse de una zona saturada, donde hubo una preocupación por parte de la autoridad del momento, que tuvo que ver con la contaminación que tenía la capital de Chile.

Lamentablemente, en el resto del país, particularmente en el sur, no se han tomado las medidas para que este problema se aborde en forma seria.

Entiendo que hay involucrados temas culturales y tradiciones, pero es justamente por eso que, con el diputado Ricardo Celis , hemos propuesto un cambio paulatino, para que se vayan generando los cambios culturales, no como el que intentó promover -lo digo abiertamente, como una crítica que hicimos en su momento el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena , con la promoción del uso de pellet.

Eso partió cuando él era subsecretario del Medio Ambiente, y fue un error, porque es una fuente de contaminación menor que la leña, pero mucho mayor que otras, como la electricidad, el gas, la parafina y otras.

Me parece que defender algo bajo la premisa de un cambio cultural es una de las razones por las cuales hoy tenemos que estar legislando. Existe la necesidad de generar un cambio cultural que parte en las viviendas de la gente con más altos recursos. En mi región, por ejemplo, veo condominios con casas cuyos valores superan los 200 millones de pesos de avalúo comercial y sus habitantes tienen rumas de leña acumulada.

La constatación de que la contaminación por el uso de la leña genera un daño cercano a los 3.000 millones de dólares, solo por concepto de muertes y gestiones hospitalarias, me lleva a entender que, en términos económicos, esos recursos se podrían utilizar para programas que permitan mejorar el aislamiento térmico en las viviendas, que es absolutamente necesario, algo que va en la dirección correcta, a mi juicio, como lo que hizo el gobierno con este subsidio, que iguala o pretende generar algunas condiciones de igualdad con el uso de la electricidad.

El cambio cultural lo tenemos que generar, pero advierto que hay una discriminación grosera de las regiones con respecto a Santiago, donde esta norma existe, ya no cualificada dependiendo del avalúo de las viviendas. Nosotros quisimos partir ese cambio cultura en forma paulatina…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, en plena pandemia estamos discutiendo un proyecto de ley que, desde todo punto de vista, constituye un golpe tremendo para las familias del sur de Chile, como lo han dicho mis colegas Marcos Ilabaca y Alejandro Bernales , entre otros.

Señor Presidente, por su intermedio, le quiero decir al diputado Macaya que la leña no solo es identidad, sino que en los hogares del sur de Chile forma parte de la cotidianeidad, pues es una necesidad imperiosa usar la leña no solo para calefaccionar la casa, sino también para cocinar.

Hay pocos hogares en el sur en los que no se necesite o no se ocupe la leña, que forma parte de la vida de la gente. Por eso, este proyecto es atentatorio contra las regiones del sur de Chile.

Busquemos otras alternativas que vayan en la línea de evitar que haya contaminación, algo con lo que, por cierto, estamos de acuerdo y que valoramos. Se requiere secar la leña, pero ello aumenta los precios y muchas familias se verán afectadas porque no pueden pagar más por el metro de leña.

Si queremos ayudar de verdad, que sea el Estado el que subsidie a los productores de leña, para que puedan secarla y venderla a precio justo y los hogares del sur del país contaminen menos.

No veo que las familias de Hualaihué, de Palena, de las comunas de las provincias de Osorno, de Chiloé o de Llanquihue no puedan usar leña, aunque sea de forma paulatina, como se quiere disfrazar en este proyecto.

Este es un proyecto que atenta contra miles de familias del sur de nuestro país.

Lamento que se pretenda implementar, en plena pandemia, cuando nuestras familias están sufriendo, un proyecto de ley que va absolutamente en contraposición de lo que las familias necesitan, que es apoyo.

Aquí no hay condiciones para que las familias puedan reconvertir sus sistemas de calefacción a gas, a electricidad y menos al pellet. ¡En plena pandemia fuimos testigos de cómo hubo un desabastecimiento de pellet en el sur de Chile! Algunos especuladores comenzaron a cobrar precios exorbitantes por cada saco de pellet.

Pretender dejar a las familias chilenas del sur sin leña es simplemente un despropósito. Hago el llamado a mis colegas del norte, del centro y del sur del país, y de las diferentes bancadas, a rechazar este proyecto y aprobar las indicaciones que presentamos junto con otros parlamentarios.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto criminal. Se nota que los que lo firmaron e idearon no conocen Chile ni mucho menos la Patagonia.

Hago un llamado a todos los diputados y a todas las diputadas a rechazar este proyecto. La calefacción en la Patagonia es vida; sin calefacción la gente se muere. ¡No tenemos gas, no tenemos pellet! Ya algunos inescrupulosos están practicando el mercado negro con el pellet, pues lo están vendiendo por kilo.

Lo único que hay que hacer es rechazar este proyecto, porque es criminal y atentatorio, como dijo el diputado Espinoza , contra el pueblo y los más pobres de nuestro país.

Reitero mi llamado a que rechacemos este proyecto, porque los que lo idearon no conocen las necesidades de Chile y mucho menos las del sur.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO (vía telemática).-

Señor Presidente, cuando se presentó este proyecto y lo discutimos en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalé que evidentemente es un proyecto bien intencionado.

Puedo entender lo que han planteado los autores del proyecto en cuanto a querer eliminar particularmente el uso de los calefactores a leña, porque generan altos niveles de contaminación ambiental y, con ello, graves problemas de salud en los niños y en los adultos mayores, situación que por cierto vemos en Aysén. Lamentablemente, Coyhaique es una de las ciudades más contaminadas de Chile, de Latinoamérica y del mundo, situación que nos preocupa. Sin embargo, la solución no pasa por una medida drástica, como la que están planteando algunos parlamentarios.

Cuando leí el proyecto, pensé que era una iniciativa del gobierno, pero me llevé una sorpresa al saber que sus autores eran parlamentarios, quienes deberían tener la sensibilidad de entender la realidad del país. Esto significa que no conocen el sur de Chile, donde el 90 por ciento de las familias usan leña para calefacción. Si bien hay que avanzar hacia el recambio de calefactores, ello es un proceso paulatino, que no se puede dar de un momento para el otro; al menos durará diez años. Los mismos planes de descontaminación hablan de diez a quince años, por lo menos.

Todavía no existe una alternativa por parte del Estado para hacer el recambio de calefactores a la totalidad de los hogares ni tampoco hay abastecimiento suficiente de pellet; de hecho, en estos momentos hay extensas filas para comprar una bolsa de pellet, porque no hay. No podemos optar por la electricidad, porque en Aysén estamos pagando más del doble por el kilowatt/hora de lo que paga una familia en Las Condes. Tampoco podemos optar por el gas, pues solo los magallánicos son bendecidos con el subsidio al gas, pero nosotros no tenemos esos beneficios.

Mientras no existan alternativas por parte del Estado para cambiar la leña como el único mecanismo de calefacción, no nos pueden prohibir su uso.

Por eso, hago un llamado a la solidaridad de mis colegas de todo Chile para que por favor voten en contra este proyecto, porque en el sur de Chile, con 20 grados bajo cero, no tenemos otra alternativa de calefacción y los más pobres son los que más sufren.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, este proyecto no es mío, pero participé en su discusión en la comisión.

No iba a intervenir, pero después de escuchar a mis colegas me llama la atención porque parece que ninguno de ellos, sobre todo aquellos que han hablado en representación de la zona sur y del extremo sur, leyó las modificaciones que se le hicieron a este proyecto.

El proyecto ya no prohíbe, sino que restringe, y está destinado solo a zonas urbanas, no rurales.

Cuando hablamos de los más pobres, imagino que estamos hablando de familias que no tienen propiedades de avalúo fiscal sobre 70 millones de pesos.

Es impresionante el nivel de desconocimiento y de irresponsabilidad al intervenir sin leer las modificaciones propuestas a este proyecto. Esta iniciativa se discutió largamente, se escuchó a las comunidades y se escuchó al Servicio de Impuestos Internos. Estamos hablando de zonas urbanas, que además han sido declaradas como zonas saturadas.

Los invito a que lean el proyecto, porque no prohíbe, sino que restringe, se aplicará en zonas urbanas y no está pensado para afectar a las familias más pobres del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ, don Félix (vía telemática).-

Señor Presidente, en la misma línea de la diputada Mix, me sorprende que no hayan leído el proyecto y que contribuyan a difundir información falsa, porque este proyecto favorece a las personas con menos recursos. La gente de menores recursos hoy tiene prohibido usar leña en las zonas latentes o saturadas. Este proyecto solo afecta al 10 por ciento más rico de las zonas latentes o saturadas, y al tercer año al siguiente 10 por ciento más rico, es decir, a quienes tienen los recursos para hacer estos cambios y no los hacen.

Hubo un diputado que dijo que esto va afectar a Panguipulli y Paillaco . Diputado, Panguipulli y Paillaco no son zonas saturadas; solo se encuentra en esa condición la zona urbana de Valdivia. No afecta a comunidades mapuches; no afecta a zona rural alguna; no afecta a adultos mayores y, por supuesto, no afecta a las personas de menores recursos, las que no tienen otra alternativa que consumir leña para calefaccionarse.

A las personas que hoy se encuentran en zonas saturadas y que carecen de opciones de calefacción, la ley les prohíbe encender sus estufas, porque hay gente más rica que no quiere dejar de utilizar leña.

Sobre el pellet, la verdad es que hay gente de clase media que ha entendido esto y ha hecho un esfuerzo por utilizarlo. Esa es una de las razones de por qué hoy falta pellet. Su escasez también se debe a que el gobierno no consideró que la producción de pellet era esencial en pandemia; sin embargo, las fábricas que lo producen detuvieron su producción.

Necesitamos hacernos cargo de la contaminación en zonas latentes o saturadas, porque ello provoca un efecto perverso sobre la salud de las personas, pues aumenta la mortalidad por covid-19 y aumentan los casos de enfermedades respiratorias.

Si no obligamos al 10 por ciento más rico a cambiar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Por un punto de Reglamento, por vía telemática, tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, la verdad es que le pido, por su intermedio, un poco de respeto a la diputada Mix. Tal vez no sé leer tan bien como ella, pero comprendo perfectamente el fondo del proyecto.

Comparto la opinión del diputado Calisto . Me asombra lo que señala, pues yo también pensé que el proyecto había sido redactado en algún ministerio de la Región Metropolitana, calefaccionado con electricidad. El hecho de que la defensa de la iniciativa venga de algunos compañeros que dicen defender a los pobres deja en claro que no conocen la Patagonia.

Nadie puede descalificarnos y afirmar que no hemos leído el proyecto. Tal vez no nos interpreta; tal vez en nuestra conciencia estimamos que no defiende los intereses de nuestra gente, pero eso no justifica que nos acusen de irresponsables y de rechazar la iniciativa sin conocerla.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Gracias, diputado Alinco . La idea es no generar un debate.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, la verdad es que impresiona ver cómo algunos no son capaces de reconocer que no han leído el proyecto. Es tan simple como eso, pero nos cuestionan.

Estamos tratando de impulsar desde la oposición un proyecto de impuesto a los superricos, pero, al mismo tiempo, algunos se resisten a que esos mismos superricos cambien su sistema de calefacción. A ellos está dirigido este proyecto, no a las familias más pobres de nuestro país. No se pierdan en eso.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Gracias, diputada Mix.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, le doy las gracias por concederme estos segundos para decir, por su intermedio, a la diputada Mix, que ha faltado el respeto a todos los parlamentarios que estamos en contra del proyecto.

Es claro que hemos leído la iniciativa. Solo decimos que quienes lo impulsaron conocen las regiones del sur de Chile porque han ido a ellas a veranear, pero no conocen cómo vive su gente. Por eso quieren aprobar un proyecto de este tipo.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Gracias, diputado Espinoza .

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Miguel Angel Calisto .

El señor CALISTO (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio le pido respeto a la diputada Claudia Mix . El proyecto dice en forma textual que se prohíbe la utilización de leña, no que se restringe el uso de la misma.

Además, acá hay una situación de costo económico. La gente, para reemplazar el uso de leña, necesita dinero, y hoy la leña es el recurso más barato al que pueden acceder las personas más pobres y de clase media.

Creo que hay un desconocimiento absoluto de la situación que se vive en el sur. Por ello, reitero el llamado a rechazar el proyecto, porque ignora la realidad de esos territorios.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Gracias, diputado Calisto .

Continuando con el debate, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, es un debate interesante. El proyecto se confeccionó entre cuatro paredes, entre amigos. No solo desconoce la realidad política de las regiones, sino también su realidad socioeconómica y cultural.

La leña -hablo desde la Región de La Araucanía tiene que ver con la cultura. Los diputados de la Región de La Araucanía que patrocinan el proyecto conocen el impacto que va a producir en la región la prohibición del uso de leña. ¿Por qué tenemos que endosar a los ciudadanos el costo de los fracasos de las políticas públicas en materia de modificación de los hábitos de consumo de combustibles?

Fracasó el recambio de calefactores por los procedimientos lentos, engorrosos y arbitrarios; fracasó -ningún gobierno ha querido implementarlo el proceso de facilitar a los productores la generación, producción, distribución y comercialización de leña seca, aquella con menos de 10 por ciento de humedad, y fracasó el uso del pellet. Estamos en plena pandemia y no hay pellet en la Región de La Araucanía ni en la ciudad de Temuco.

En fin, no podemos endosar a los ciudadanos el costo del fracaso de las políticas públicas. Por ello, se debe hacer un trabajo serio, concienzudo y respetuoso de las realidades locales; debemos darnos cuenta de que no podemos establecer entre cuatro paredes prohibición tras prohibición.

No todo se resuelve por la vía de prohibir; es también nuestra responsabilidad proponer. Como exalcalde de Temuco -serví el cargo durante doce años propuse por muchos años la implementación de centros de acopio de madera seca para que fuera comercializada a la temporada siguiente o subsiguiente.

Nunca se escuchó esa propuesta. Era más fácil prohibir.

En consecuencia, no estoy disponible para aprobar un proyecto de esta naturaleza.

¿Cuáles son los más altos niveles de avalúo fiscal? No lo dice la ley. ¿Quién los va a definir? ¿Quién los va a fijar? Los niveles de ingreso de las familias de las regiones están muy por debajo del nivel de ingresos de la Región Metropolitana.

Estoy de acuerdo con el diputado René Alinco en que es necesario mostrar respeto por el resto del país y por las personas que se van a congelar a consecuencia de estas ideas absurdas cuyas pretensiones son, evidentemente, muy difíciles de prever.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Gracias, diputado Saffirio . Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, escuché a la diputada decir que los superrricos son aquellos que tienen casas cuyo avalúo es de 45.000.000 de pesos. ¿En qué mundo vive? Es para no entender.

Por un lado, si esto hubiera tenido cierto sentido, ese sentido hubiera sido el de no afectar a la clase media, porque con esto afectarán a los más vulnerables y a la clase media.

Por otro lado, se les dijo que lo hicieran en forma progresiva, que se comenzara con valores mucho más altos. El diputado Macaya habló de casas de 200.000.000 de pesos; es un valor entendible. Se presentó una indicación para que esas casas quedaran sujetas a exención en caso de que utilizaran aparatos certificados, del mismo modo como se exime a aquellos que han accedido a la política de recambio; sin embargo, no lo aceptaron.

A este proyecto de ley debería llamársele “ley Huenchumilla”, porque el señor Huenchumilla podrá quemar la leña que quiera en su casa por tener apellido mapuche o estar inscrito en la Conadi. Mi amiga Cecilia Huenchullan , doctora de la Clínica Alemana, también.

¿Van a seguir haciéndole daño a la región con ese tipo de discriminaciones? Me parece gravísimo. Aquellos que aprueben este proyecto no entienden lo grave que es para la región hacer este tipo de discriminaciones.

Además, quiero decir que cuando midan la contaminación en las distintas comunas -dicen que es la más alta del mundo-, también midan la ventilación y los tiempos en que se mantienen esos índices de contaminación. Aquí hay diferentes variables que nos se están midiendo. Es probable que muchas comunas del sur […] y, por lo tanto, puede ser mucho más grave. Pero, curiosamente, eso no es tan así, porque efectivamente en nuestro sur tenemos ventilación, y eso permite tener espacios muy cortos de contaminación; esa situación no es igual en un lugar distinto del país.

Quiero hacer un llamado, porque es gravísimo pensar que aquí vamos a resolver los problemas. Tengo entendido que la leña va a ser declarada combustible. Trabajemos para que hagamos una buena fiscalización, y pongamos los recursos. Les haría falta un viajecito a Alemania para darse cuenta de que combustibles como la leña y el pellet dan cuenta de un país desarrollado y que lo hace bien.

Por consiguiente, creo que es bueno mirar hacia afuera cuando hablamos de prohibir. En esta oportunidad coincido con el diputado René Saffirio y, curiosamente, con la gran mayoría de la oposición respecto de que este proyecto no se entiende.

Termino diciendo que voy a votar en contra un proyecto que se fue desvirtuando desde el principio. Uno podría pensar que aquellas personas que tienen casas con avalúos de doscientos o trescientos millones no deberían usar leña, pero la gran contaminación está en las cocinas a leña de las casas pequeñas, de esas casas que tienen avalúos de cuarenta millones…

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, me sorprende mucho el apoyo que tienen los diputados de la Comisión de Medio Ambiente por parte de todos los comités y de todos los partidos. Porque si ponen a distintos parlamentarios en las comisiones, justamente es porque confían en ellos y en lo que hacen.

El diputado René Saffirio dijo “se hizo entre cuatro paredes”. Sí, pero entre cuatro paredes de la Comisión de Medio Ambiente, y en dos oportunidades y él no fue. Si tanto le importaba, ¿por qué no fue a la discusión del proyecto? No fue ninguno de los parlamentarios que aquí van a votar en contra.

Dicen que son ideas absurdas. ¿Acaso son ideas absurdas las cosas en que los parlamentarios de todos los colores políticos nos ponemos de acuerdo para llegar a un fin que se dice que es cultural? Efectivamente, es un fin cultural, porque también existe la cultura de la leña en Santiago y en otras regiones. Entonces, ¿por qué no puede comenzar a existir la cultura de ir agotando este tipo de fuente de calefacción en otras regiones? ¿Por qué las regiones que representan son distintas? Hay un solo Chile que intentamos emparejar y, en el fondo, hacerlo igual para todas las regiones.

Diputado René Saffirió -por su intermedio, señor Presidente-, usted se está riendo, pero yo le digo que cuando dice “entre cuatro paredes”, se está refiriendo a la Comisión de Medio Ambiente, a la cual usted no se dignó a asistir si tanto le interesaba este proyecto.

Voy a votar a favor este proyecto y en contra algunas de las indicaciones, respecto de las cuales vamos a pedir votación separada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señor Presidente, estoy absolutamente en contra de este proyecto, porque discrimina a muchas familias de nuestro país.

Si bien la iniciativa busca restringir la prohibición del uso de leña a un determinado segmento de la población, el criterio del avalúo fiscal, en muchos casos, no se ajusta a la realidad.

Por ejemplo, ¿qué pasa con las viviendas pequeñas que se encuentran en sitios grandes, con un alto avalúo fiscal? El proyecto asume que esas familias contarían con las condiciones económicas para transitar desde la leña a un sistema de calefacción más costoso y, por lo tanto, menos contaminante. Pero la realidad es absolutamente distinta.

Represento a la provincia de Biobío y a Los Ángeles, comuna de doscientos mil habitantes, zona en que el uso de la leña es parte de la vida. También represento a la provincia de Arauco -a sus siete comunas-, donde gran parte de la vida de las personas es la calefacción y el uso de la leña; por lo tanto, no me parece prohibirlos hoy, por ley, para que ellos cambien sus sistemas de vida.

Es cierto que tenemos que buscar alternativas, pero lo que se dice aquí en relación con el uso del pellet, con un alto costo desde el punto de vista económico, no es factible para muchas ciudades y comunas en el país, donde la situación económica es difícil de enfrentar.

Por eso, la idea clave en esta materia es limpiar el aire de nuestras ciudades y proteger la salud de las personas, pero también proteger el presupuesto de cada uno de los hogares y de las familias en Chile.

Por todo lo anterior, debemos buscar otras alternativas que ayuden efectivamente a cuidar el medio ambiente, pero que no dañen el bolsillo y el bienestar de las familias en Chile.

Por eso, votaré en contra este proyecto.

He dicho.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB (vía telemática).-

Señor Presidente, había solicitado la palabra para referirme al emplazamiento que gente de la Región Metropolitana y de otras zonas del país hizo a La Araucanía y al sur de Chile respecto del uso de la leña, que es el único combustible que no aumenta el calentamiento global, a diferencia de los combustibles fósiles, como el petróleo, la parafina o el gas.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, acaba de salir la minuta de votación, pero no se entiende muy bien qué votaremos.

Por lo tanto, le pido que nos clarifique lo que votaremos, pues estoy confundido respecto de si votaremos lo que aprobó la comisión técnica o las indicaciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto de las bancadas, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Eduardo Durán .

Antecedentes:

-Moción, sesión 106ª de la legislatura 366ª, en martes 27 de noviembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 15.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 64ª de la presente Legislatura, en martes 25 de agosto 2020. Documentos de la Cuenta N° 23.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor DURÁN (don Eduardo) [de pie].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en una moción de la diputada señorita Camila Vallejo , de los diputados señores Gabriel Ascencio , Luciano Cruz-Coke , Francisco Eguiguren , Patricio Melero , Andrés Molina , Gastón Saavedra , Francisco Undurraga y Pablo Vidal , y de la entonces diputada señora Marcela Sabat , que modifica el Código del Trabajo, para exigir de las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad (boletín N° 12261-13), sin urgencia.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal, asistieron el subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo , y el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río Correa .

Asimismo, la comisión recibió en audiencia a la señora María Paz Larroulet , subdirectora nacional subrogante, junto con la señora Francisca Giménez Casellas , jefa de gabinete, ambas del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), y a los señores Matías Poblete , presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, y Pablo Constenla Sanhueza , abogado de dicha fundación.

La presente iniciativa tiene por objeto avanzar hacia una real inclusión laboral, incorporando la obligación legal, para aquellas empresas que deben mantener contratados al menos el 1 por ciento de personas con discapacidad, de:

1. Tener al menos un empleado que desarrolle funciones relacionadas con los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral;

2. Elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación de su personal que entreguen las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral, y

3. Que las actividades con ocasión del trabajo consideren normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a que se refiere la ley N° 20.422.

Los autores de la moción en informe señalan que la ley N° 21.015, de 2017, que Incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, en su artículo 3° incluyó en el Código del Trabajo la obligación de que aquellas “empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores.”.

Agregan que si bien esta ley entró en vigencia el 1 de abril de 2018, en virtud de los artículos primero y segundo transitorios de la ley N° 21.015, lo que significa que a la fecha de presentación de este proyecto de ley tiene tan solo siete meses de aplicación, resulta lógico pensar que bajo el prisma del cumplimiento de una cuota no se generará en las empresas un real espacio de integración, lo cual únicamente puede darse en virtud de un trabajo y políticas mancomunadas entre empleador, trabajadores con discapacidad y el total de los trabajadores.

A continuación, precisan que la ley N° 20.422, de 2010, que Establece las Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, en su artículo 5° conceptualiza a la persona con discapacidad como “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.

De tal forma -añaden-, con la dictación de la mencionada ley, nuestra legislación se actualizó y dejó de lado la antigua visión centrada en los déficits y minusvalías, y hace hincapié en que lo que determina si una persona presenta o no discapacidad radica en el factor relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la persona y el entorno.

El que nuestro sistema jurídico entienda así el concepto de persona con discapacidad –agregan no es una mera declaración de principios, sino que conlleva considerar que la discapacidad deja de ser un atributo exclusivo de las personas, siendo también una condición que la sociedad sufre, que le compete y, por lo mismo, es responsable de superarla.

Una traducción clara de lo anterior es la autoimposición de la obligación de diseñar las políticas públicas conforme a los criterios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, y buscar en el Estado, como fin, la plena inclusión social, tal como señalan los artículos 1° y 3° de la ley N° 20.422.

Por lo tanto, es indispensable tener presente en la labor legislativa el deber existente de propender a la eliminación de las barreras que los distintos actores de la sociedad les imponen a las personas, para que estas puedan desarrollarse de forma autónoma y activa.

Del mismo modo, manifiestan que las personas con discapacidad, en su diversidad, lejos de ser una carga, son un invalorable aporte a los procesos, al entregar nuevas visiones, sensibilidades, experiencias y vivencias.

No obstante, reconociéndose sus contribuciones, constituye un acto de discriminación que, a la hora de llevar adelante su derecho a trabajar, existan condiciones, prejuicios o barreras que lo entorpezcan, lo cual ha sido reconocido explícitamente en el inciso cuarto del artículo 2° del Código del Trabajo.

Es menester, entonces -enfatizan los autores-, que la sociedad avance en concebir la inclusión de las personas con discapacidad como algo natural, en razón de sus excelentes aptitudes como trabajadores y no como el cumplimiento de una cuota. Pero dicha naturalidad en la contratación no se puede generar si las empresas no se encuentran adaptadas física y organizativamente de forma tal que permitan una efectiva integración laboral.

Por ello -consideran los autores de la moción-, si bien la dictación de la ley N° 21.015 ha sido un importante paso que se ha dado en materia de inclusión laboral, es deficiente aspirar a que con solo medir sus índices de cumplimiento se vaya a generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas.

Para tal efecto, es necesario rodear la actual ley de una serie de políticas públicas y leyes que incentiven una participación eficiente de los trabajadores con discapacidad en el mundo laboral, y del resto de los trabajadores con las personas con discapacidad.

Por su parte, las señoras diputadas y señores diputados integrantes de la comisión concordaron plenamente con la presente iniciativa legal y con la necesidad de que nuestra legislación entregue las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión e integración laboral de las personas con discapacidad.

Sometido a votación el proyecto, fue aprobado en general por 13 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Castillo , doña Natalia ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Yeomans , doña Gael , y los diputados señores Barros, don Ramón ; Durán, don Eduardo ; Eguiguren, don Francisco ; Jiménez, don Tucapel ; Labra, don Amaro ; Melero, don Patricio ; Ramírez, don Guillermo ; Saavedra, don Gastón ; Sauerbaum, don Frank , y Silber, don Gabriel .

Durante la discusión particular, la comisión aprobó por unanimidad dos indicaciones presentadas por su excelencia el Presidente de la República que enriquecieron y precisaros sus contenidos, las que no detallaré en aras del tiempo, pero que los colegas pueden consultar en el informe que tienen en su poder.

Finalmente, me permito hacer presente que, a juicio de la comisión, no existen en el proyecto que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni de quorum calificado, como tampoco normas que deban ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, por no incidir estas en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, en los casi treinta años de experiencia en el sector privado, en que tuve el honor de pasar por diferentes labores, logré desempeñarme como gerente e, incluso, tuve la suerte de lograr, con cierto éxito, mi propia empresa, que terminaría por darle trabajo a casi quinientas personas.

En todos esos años, uno de los puntos que más me marcó fue darme cuenta de lo difícil que es generar inclusión laboral para las personas con discapacidad.

Con todas mis fuerzas, traté de que mi empresa fuera inclusiva y que este fuera uno de nuestros sellos, en que mis trabajadores y colaboradores destacaran por no generar distinción alguna entre sus pares. Honestamente, creí que bastaría con que el jefe o el dueño de la empresa -es mi caso fuera una persona con discapacidad para que mi empresa y mis trabajadores estuvieran preparados para realizar la inclusión. Pero lamentablemente no fue así.

Ante la falta de una real política de inclusión y un diseño organizacional pensado para este fin, el resultado fue más bien negativo. El problema no fue la mala voluntad de las personas que trabajaban conmigo, sino la falta de preparación de la empresa y sus colaboradores para hacer inclusión.

Finalmente, lo que comenzó como una buena intención terminó en forma negativa.

Por lo anterior, creo que las buenas intenciones en esta materia no son suficientes. Menos eficiente es que nuestra ley suponga que solo una cuota de 1 por ciento es suficiente para hacer inclusión laboral. Se necesitan profesionales debidamente capacitados, se necesita conciencia inclusiva, programas y políticas enfocadas en este fin y de una estructura de empresa que se encargue de ello.

Este proyecto de ley viene a presentar una solución para esto. Pedimos que aquellas empresas que deban cumplir con la cuota de inclusión tengan en sus departamentos de recursos humanos al menos a una persona especializada y certificada en el diseño e implementación de políticas y programas de inclusión. Esto tiene que ver con un tema de justicia.

Si como legisladores nos dotamos de una ley que imponía la contratación, no podemos desatendernos de lo que pasa con esas personas dentro de las empresas. Así que es nuestro deber ir más allá, seguir avanzando y velar por un mejor clima laboral.

Existen muchos casos exitosos y no hay que ir tan lejos para verlos. Aquí mismo, en esta Corporación, existe un programa de inclusión laboral muy positivo en virtud del cual personas con diversas situaciones de discapacidad han logrado desempeñarse en áreas como la atención a delegaciones o el diseño y confección de materia comunicacional, por dar algún tipo de ejemplo.

Empresas como Rosen, que cuenta con empleados ciegos, y otras con trabajadores con síndrome de Down para la confección de cojines de alta gama, han visto como estas personas y sus cualidades han logrado realizar este trabajo con gran efectividad.

Conozco otros casos como el de una empresa metalmecánica que logró contratar a personas sordas de una escuela cercana, que podían trabajar sin problemas con los altos ruidos que se generaban en esa industria.

En fin, hay varios casos positivos de inclusión laboral en empresas u otras organizaciones, y en todas se repite el mismo factor de preparación, capacitación, fomento de cultura inclusiva y apoyo de profesionales relacionados con el tema.

La inclusión no la puede liderar la persona que trabaja al lado de una persona con discapacidad, y no basta con agrandar un baño para que entre una silla de ruedas. La inclusión tiene que ver con aceptar al otro como un legítimo otro y con aceptar las potencialidades que pueden entregar las personas con discapacidad. No basta con cumplir una cuota.

Finalmente, agradezco a la ministradel Trabajo y Previsión Social, al subsecretario del Trabajo y al asesor legislativo señor Correa por haber impulsado la iniciativa de que sea Chile Valora quien se haga cargo de capacitar a las personas de las empresas…

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, ¡qué proyecto más importante tenemos la posibilidad de aprobar hoy! En la Comisión de Trabajo fue aprobado unánimemente.

Cabe recordar que ya existe en Chile, desde el año 2018, una ley que obliga a las empresas a que al menos el 1 por ciento de sus trabajadores sean personas con capacidades diferentes. En Chile el 20 por ciento de los mayores de 18 años tiene algún tipo de capacidad diferente -eso da a entender la importancia del proyecto que ahora discutimos-; 19.500 personas han sido contratadas bajo esta modalidad; 3.871 empresas han registrado contratos bajo esta legislación. Por tanto, la ley señalada ha sido un tremendo aporte desde el año 2018. Pero no es suficiente, pues el 64,3 por ciento son hombres y el 2,7 por ciento son extranjeros. Reitero: no es suficiente, y por eso es importante este proyecto que ha presentado nuestro amigo Francisco Undurraga .

¿Qué establece el proyecto? El proyecto propone diversas medidas que facilitan la inclusión laboral. Una, que es muy importante, es que al menos uno de los trabajadores que desempeñe funciones en el departamento de recursos humanos de la empresa tenga conocimientos y capacidades específicas para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Asimismo, dispone que se elaboren programas de capacitación para la inclusión laboral en forma anual en las empresas, que todas las medidas que se adopten al respecto se informen a la Dirección del Trabajo, y otras medidas que van a ser un complemento a la ley vigente y que irán mejorando la inclusión en el mundo del trabajo.

Pero creo que los grandes desafíos que tenemos siguen pendientes. Estos, como he dicho, son avances, pero tenemos desafíos pendientes. Y el rol del Estado, pero también de la empresa privada, es construir una sociedad inclusiva, es fomentar la independencia y autonomía de las personas, es ir terminando con esta lógica de asistencialismo que ha existido a lo largo del tiempo. Debemos generar todas las condiciones que permitan a las personas en situación de discapacidad su plena inclusión en nuestra sociedad, y así facilitar que la igualdad de oportunidades sea realmente efectiva.

Por eso creo que si bien tenemos una gran oportunidad -me imagino que este proyecto lo vamos a votar unánimemente a favor-, todavía nos quedan desafíos pendientes y debemos seguir en esa lógica; por ejemplo, mejorar los espacios públicos y las condiciones de accesibilidad.

Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho Francisco Undurraga al presentar este proyecto, que complementa el que habíamos aprobado en 2018. Es un gran proyecto, por las medidas que dispone para facilitar la inclusión laboral.

Así que esta iniciativa contará con el apoyo de nuestra bancada y me imagino que con el de toda la Sala.

Finalmente, felicito a Francisco Undurraga por este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, y espero que lo sea de la misma manera en esta Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, qué buen proyecto es el que hoy estamos debatiendo.

Creo que lo primero es agradecer al diputado Francisco Undurraga por permitirnos avanzar en algo que es tremendamente importante: mejorar como país y como sociedad. Este es un problema cultural; este es un problema que de verdad debería tocar el alma a todos, porque estamos hablando de cómo mejoramos como sociedad.

Tuve la suerte de haber participado en empresas donde este tema era parte de la cultura. Hoy decimos que existe una ley que exige que las empresas que tengan más de cien trabajadoras y trabajadores deban tener al menos el 1 por ciento de personas con algún grado de discapacidad. Pero el problema es otro; el problema es que muchas veces las empresas, aunque no todas, se contentan o cumplen con el 1 por ciento. Ese es el punto. El 1 por ciento debería ser el piso y no el techo, porque debemos entender que en la medida en que generemos más integración, más inclusión y consideremos a todas las personas, cualquiera sea su condición, vamos a ir mejorando en calidad humana y como sociedad.

Mi experiencia es que en los grupos donde he trabajado, cuando hay una persona con una capacidad diferente, no solamente mejora la integración sino también el grupo en cuanto a sus valores y a su compromiso. El grupo mejora al ver que hay personas que partieron no en el mismo nivel en que lo hizo uno, sino más atrás, pero que fueron avanzando mucho más que uno. Y así nos damos cuenta de que, muchas veces, el impedimento físico no es el fin de una persona; es el desafío de la persona. Y esa persona sale adelante y demuestra a todos que de verdad puede hacer eso y mucho más. Es impresionante ver cómo son personas que ayudan a los demás, que colaboran con los demás, que tiran para arriba al grupo.

Por eso, yo festejo este proyecto, porque nos hace ir mejorando como sociedad.

Sin duda, estos dos aspectos que aborda el proyecto son muy importantes, pero no son suficientes. En efecto, tener una persona certificada en el equipo de recursos humanos es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente que la empresa, por lo menos una vez al año, tenga que generar actividades, programas de capacitación para su personal con el objeto de entregar herramientas que hagan efectiva la inclusión laboral. Es importante, pero no es suficiente.

¿Sabe qué es suficiente? Que entendamos que no tenga que haber una ley para que se nos ocurran estas cosas. ¿Cuándo va a ser suficiente? Cuando entendamos como país, como sociedad, que todos son importantes, con sus características, con sus fortalezas, con sus debilidades. Todos son importantes para armar un gran equipo de trabajo, porque todos aportan al objetivo final.

De verdad, aplaudo este proyecto y agradezco a su gestor, el diputado Francisco Undurraga , por haberme invitado a ser coautor de este, porque tiene que hacernos sentir orgullosos de que vamos avanzando en el camino más importante de todos: hacer que nuestra sociedad sea más humana, más integradora y menos discriminadora.

Finalmente, llamo a todas las empresas, grandes y pequeñas, a que las exigencias que establece este proyecto para que adopten medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad no sean el techo, sino que sean el piso. Que este sea un buen pretexto para que todas las empresas se organicen, para que lleven a cabo mesas de conversación entre todos para determinar cómo a través de lo que dispone este proyecto se pueden sacar mejores ideas y avanzar en lograr que contemos con empresas más integradoras. Ello les permitirá mejorar mucho su producción, porque, sin duda, cuando todos son parte de un mismo objetivo, todos ganan. La sociedad entera gana cuando vemos que no hay discriminación, cuando se valora y se trata a todos con el mismo cariño.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, creo que no me alcanzarán los minutos para poder expresar lo que la razón y el corazón quieren decir cuando estamos tocando un tema de esta naturaleza, que el señor Vicepresidente de esta Corporación, a partir de su propia experiencia de vida y laboral, ha señalado.

Parto por decir, modestamente, reconociéndome profano en estos temas, porque nos falta mucho por estudiar, por conocer y por reconocer, que la inclusión en general no puede ser solamente asumida o reconocida desde la óptica de lo que, sin duda, son nobles sentimientos, pero equivocados. No puede ser que la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, física, mental o de otra naturaleza, sea vista por razones de humanidad, mucho menos desde la compasión y mucho menos por la obligación de cumplir.

La inclusión laboral de personas con discapacidad es una responsabilidad ética, de modo que quienes tal vez consideramos que no tenemos ningún grado de discapacidad debemos autoevaluarnos. Debemos autoexaminarnos como seres humanos, a fin de que entendamos que cada uno arrastra o tiene alguna dificultad que nos diferencia de los demás. A veces nos sumergimos en preocupaciones o nos autocastigamos porque no tenemos la capacidad de otros, ya sea en materia de rapidez de reacción, en la facilidad de pronunciar un discurso o de contar con la capacidad de trabajar por largas horas, como es el caso de algunas personas que uno conoce. En fin, tenemos que reconocer que las habilidades que cada uno de nosotros tenemos son distintas a las de otros.

Este proyecto apela a la responsabilidad ética de considerar a nuestro semejante como el otro yo, como la otra persona que es igual que yo, que tiene los mismos derechos que yo, que tiene los mismos valores y que debe tener las mismas oportunidades que, ¡en justicia!, pido para mí, para los propios, para mi familia. Esas mismas oportunidades las deben tener otros, independiente de cualquier circunstancia que nos diferencie.

No soy un letrado en esta materia ni mucho menos. No obstante, los años a uno le van enseñando a situarse en un plano de más humildad y de menos soberbia. Con los años aprendemos a ser más agradecidos de lo que uno ha podido recibir de la vida y de Dios, y aprendemos a tratar de ver cómo ayudar a otros.

Esta iniciativa es tremendamente desafiante, porque lo que hace es generar en las empresas -no en las personas en situación de discapacidad, que ya vienen con ganas de ser consideradas por lo que valen y pueden hacerla formación de un sistema que permita a todos no solo entender a los trabajadores con discapacidad, sino ayudarlos a sacar todo su potencial humano y productivo.

En consecuencia, tenemos la tremenda oportunidad de tener un país más justo, de verdad inclusivo, donde estas personas aporten lo que cada uno de nosotros también aporta…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-

Señor Presidente, han sido décadas en las que se ha venido trabajando para hacer un cambio de paradigma en materia de discapacidad. Puedo decir que a pesar de las complejas brechas que hemos encontrado en el camino, se ha podido avanzar en el último período. No obstante, aún faltan muchos desafíos y mucho camino por recorrer.

La entrada en vigencia de la ley N° 21.015, que incentiva la contratación de las personas con discapacidad, para que las empresas con cien o más trabajadores contraten por lo menos al uno por ciento de personas con discapacidad, fue una muestra de que podemos ir destruyendo las fronteras que la sociedad ha construido. Aún más, es de toda lógica pensar que bajo el prisma del cumplimiento de una cuota, las empresas generarán más cupos laborales, mas no un espacio real de integración y desarrollo para lograr la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Este proyecto viene justamente a subsanar esta deficiencia para lograr una verdadera inclusión laboral en las empresas.

Es por todo esto que esta iniciativa, por más simple que se pueda considerar, profundiza en una materia muy relevante de esta legislación laboral, mediante el establecimiento de la obligación de que los empleadores que tienen más de cien trabajadores cuenten por lo menos con un trabajador que tenga conocimientos específicos en materia de discapacidad, de manera que puedan fomentar la inclusión laboral.

Imaginen lo importante que es este nuevo artículo que viene no solo a implementar los espacios técnicos que se requieren con conocimientos en materia de discapacidad e inclusión, sino que también, entre otras obligaciones, van a ser los responsables de desarrollar programas que fomenten inclusión laboral efectiva de las personas con discapacidad.

Además, se tendrán que elaborar y llevar a cabo anualmente programas de capacitación del personal, con el objeto de otorgar herramientas que se traducirán en la generación de un mejor ambiente, a fin de que las personas con discapacidad puedan lograr mayor inclusión y un entorno laboral más satisfactorio.

Somos nosotros los que muchas veces producimos las barreras en las empresas debido al desconocimiento que se tiene respecto de cómo actuar para tratar a todos de igual a igual.

Estos pequeños avances solo demuestran que vamos en la dirección correcta; sin embargo, no puedo dejar de resaltar la larga espera que tuvo este proyecto para que pudiéramos discutirlo hoy en la Sala.

Por eso, también pido que implementemos con celeridad la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que será la herramienta necesaria para que podamos discutir en forma rápida y oportuna este tipo de proyectos. Ello, porque para un gran número de personas significará una nueva calidad de vida, un mejor ambiente laboral y un nuevo paso para el cambio social…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar por su intermedio a los ministros presentes en esta sesión.

Asimismo, saludo a los autores de este proyecto, quienes nos invitaron a debatirlo en la Comisión de Trabajo, y, en particular, a la diputada Gael Yeomans , quien, como Presidenta de la Comisión, lo puso en tabla. Ello nos desafió a evaluar primero la implementación de la ley de inclusión laboral. De hecho, quedó pendiente una evaluación con el Ministerio del Trabajo para ver cómo se ha aplicado realmente en las empresas y cuál ha sido el efecto que ha tenido dicho cuerpo legal.

Además, nos hemos dado cuenta de que en materia de inclusión no es que haya que capacitar a las personas con discapacidad para que puedan obtener un puesto de trabajo o desarrollar determinada función, sino que más bien hay que fortalecer los espacios empresariales, los lugares de trabajo y capacitar a las y los compañeros de trabajo de aquellas personas para realmente incluirlas en lo laboral.

Lo que hace este proyecto es incorporar dentro de las políticas de la empresa la obligación de tener a un empleado con conocimientos específicos en esta materia. Además, incorpora la realización de jornadas de capacitación para todos los trabajadores y las trabajadoras con la finalidad de incluir de manera real a las personas con discapacidad.

Ahora, quiero hacer un punto con relación a cómo nace este proyecto.

El Primer Vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga , quien, como todos lo sabemos, no es de mi lado político, es una persona con discapacidad. En este sentido, creo que es muy importante relevar que el Congreso se parezca lo más posible al país. En Chile hay muchas personas con discapacidad, y los espacios institucionales son muy reducidos para ellas. Es muy difícil que una persona con discapacidad pueda acceder a espacios de poder.

Por eso me pareció muy importante que el diputado Undurraga utilizara este espacio y que, además, generara el proyecto que estamos discutiendo, que es bastante transversal, pues tiene las firmas del Frente Amplio, del diputado Vidal , de la diputada Vallejo y de otros más.

Es muy relevante transversalizar esta materia; es algo que nos corresponde a todos. Por tal razón, desde mi diputación nos hemos sumado a esta cruzada, a este desafío de crear políticas públicas de inclusión que tengan efectos reales. Así, convocamos a una mesa de trabajo con distintas organizaciones de la discapacidad.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, el señor Arab , comprometió su participación para llevar adelante esa mesa de trabajo de manera conjunta, a fin de generar políticas públicas inclusivas que tengan un efecto real tanto en la fuerza laboral de las personas con discapacidad como también dentro de los espacios de formación de los distintos profesionales.

Por ello, agradezco esta iniciativa. Creo que en estos tiempos han sido pocas las instancias en que se ha tenido tanto consenso sobre una materia. El proyecto en comento fue tratado en la Comisión de Trabajo con un ánimo muy colaborativo: generamos indicaciones en forma conjunta.

En consecuencia, hay que valorar cuando se logra hacer política de esta manera, porque proyectos como el que nos ocupa son los que devuelven la esperanza de que sí se pueden lograr grandes consensos en algunas materias. Así que, por supuesto, lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, valoro este proyecto cuyo autor es el diputado Undurraga .

Asimismo, quiero recordar a sus señorías que antes de que se promulgara la ley N° 21.015, que establece para las empresas de más de cien trabajadores la obligación de contar con una dotación de a lo menos el 1 por ciento de personas con discapacidad, nuestra Cámara de Diputados ya había iniciado un proceso de inclusión. En su minuto, bajo la presidencia del señor Nicolás Monckeberg , se incluyó a tres personas con discapacidad en la dotación de la Corporación. Posteriormente, durante la presidencia del señor Fidel Espinoza , con quien formé parte de la Mesa, se incorporaron más personas con discapacidad en la dotación de la Cámara. De esa manera, nos anticipamos a una ley que hoy permite que las personas con discapacidad se integren a la vida laboral.

Con este proyecto también avanzamos en esa línea, porque ahora las empresas deben contar con una persona capacitada en la materia y tener programas de capacitación para sus trabajadores. Lo que hace esta iniciativa es profundizar en la inclusión social de las personas con discapacidad en nuestro país, uno de los principios rectores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008, que Chile ratificó, y que paso a paso se ha ido haciendo carne en nuestra legislación.

Por ello, esta iniciativa obliga a las empresas en cuestión a contar al menos con un empleado que desarrolle funciones relacionadas con los recursos humanos, capacitado en el desarrollo de programas de inclusión laboral.

Asimismo, plantea que todos los años se desarrollen programas de capacitación para su personal a fin de proporcionar las herramientas necesarias para fomentar una real inclusión laboral.

Por último, exige que todas las actividades que se realicen con ocasión del trabajo incorporen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

Lo anterior está muy en sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que con ella se cambió el paradigma de la discapacidad al entender que este no es un problema de las personas con discapacidad, sino del entorno, al cual hay que ir modificando. Por eso están los principios de vida independiente; de diseño universal, es decir, que las empresas deben tener un diseño universal en infraestructura en cuanto a los accesos, los baños, los espacios de trabajo, de manera que puedan acceder a ellos no solo algunas personas, sino también las personas con discapacidad, para desarrollar adecuadamente su labor.

La accesibilidad universal es un principio tremendamente importante, que ni siquiera hemos podido implementar en la Cámara de Diputados. Recordemos, por ejemplo, el último cambio de mando, cuando llegó el Presidente de Ecuador al Congreso y no pudo acceder fácilmente al edificio.

Por lo tanto, se trata de un proceso lento, pero que tiene que ir avanzando; las empresas y todas las instituciones debemos ir cambiando este paradigma, esta manera de ver la discapacidad, de modo que todos tengan acceso en igualdad de oportunidades, en este caso al trabajo, aspecto muy relevante, pues las personas con discapacidad -lo hemos visto en nuestra Corporación hacen un aporte tremendamente relevante, no solo en lo laboral, sino también en lo humano. Ellos humanizan a la empresa, a las instituciones, y eso es lo que busca este proyecto de ley.

Por último, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana respaldará esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, como bancada del Partido Comunista, valoramos muchísimo la iniciativa y el esfuerzo del Primer Vicepresidente de la Corporación por presentar este proyecto. Sin lugar a dudas, lo respaldamos con nuestra firma, pero también en la Comisión de Trabajo con el compañero diputado Amaro Labra . Creemos que es muy importante que la inclusión en el ámbito laboral, y en todos los aspectos de nuestra sociedad, sea real y se concrete.

Dimos un paso significativo -lo mencionaron mis colegas al establecer exigencias a las empresas en la contratación de trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad. Pero no basta con eso; no basta con imponer una obligación de ese tipo si en el proceso que se lleva a cabo en las empresas, en el trabajo mismo no se dan las condiciones para una real inclusión.

Esto no se trata solo de ser buenas personas, de ver cómo abrimos los espacios, cómo capacitamos, sino de entender que las empresas no solo tienen la obligación de capacitar, sino también de comprender que se dignifica la labor de un trabajador cuando se reconoce y se considera importante su función para el proceso productivo y que eso ayuda a la realización del ser humano.

Eso es lo que está detrás del proyecto de ley que estamos debatiendo, por lo cual lo considero un avance significativo.

Hay que valorar este tipo de iniciativas y agradecer la transversalidad en el apoyo que ha recibido, que incluye -y lo quiero decir con todas sus letras el respaldo del gobierno, porque son estas cosas las que nos permiten avanzar en una sociedad mucho más democrática e inclusiva.

Por eso, nuestra bancada apoyará con mucha fuerza este proyecto de ley, para incorporar el concepto de inclusión en todo el proceso productivo y la preocupación por todos los trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, en Chile hay 2.800.000 personas con algún grado de discapacidad. Es una cifra impactante, más aún cuando en reuniones de la Bancada por la Discapacidad con el ministro Paris nos han dicho que entre el 20 y el 30 por ciento de las pacientes más graves por covid-19, las que han sido entubadas, pueden verse seriamente afectadas y quedar con algún grado de discapacidad.

Esta pandemia nos ha hecho visualizar aún más a este grupo humano, pues se ha visto muy afectado por los problemas que han enfrentado para poder acceder a sus terapias, lo que se agrega a todo lo que afecta al resto de la población. En consecuencia, la pandemia los ha impactado mucho más que al resto.

Cuando a fines de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Bancada por la Discapacidad, que presido, una de las principales líneas de acción que definió este grupo político transversal fue proponer distintas iniciativas que fueran en directo beneficio de aquellos que, no obstante estar presentes, no son visibilizados, y no porque ellos no se hagan ver o escuchar, sino porque nuestra sociedad, no obstante tener visión, no los ve, o, no obstante tener audición, no los escucha.

Hace pocas semanas, tuvimos al subsecretario del Trabajo y Previsión Social en la bancada, a quien le planteamos una serie de inquietudes vinculadas a la aplicación de la ley N° 21.015, sobre cómo estaba funcionando, especialmente en estos tiempos de pandemia, y requerimos de la autoridad una serie de informes que nos permitieran aclarar las dudas que hay sobre esta materia.

Por ello, valoramos profundamente esta iniciativa, que es un paso más en esta cruzada social y una muestra más de humanidad en el trato hacia tantas personas a las que les está siendo tan difícil sobrevivir y seguir adelante durante esta pandemia.

La iniciativa en estudio, que busca establecer que al menos uno de los trabajadores que se desempeñan en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de las empresas deba contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se alinea con los planteamientos que hemos hecho los parlamentarios respecto de la puesta en marcha de la ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Toda propuesta que vaya en el sentido de mejorar o actualizar la norma vigente a los criterios de una sociedad más inclusiva y adecuarnos a tal propósito refuerza aún más la tesis original, lo que debe ser visto como un paso positivo.

Si bien como sociedad nos falta mucho por avanzar, legislar en estas materias evidencia sensibilidad por el tema. En este caso, como ya expresé, se favorecerá a cerca de tres millones de personas, por lo que espero que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de la Sala.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable y, por supuesto, espero que entre todos saquemos adelante este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA (don Juan).-

Señor Presidente, en 2017 celebramos la promulgación de la ley N° 21.015, que incentiva la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral. No obstante que es un avance, sabemos que no es suficiente para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.

Actualmente, cerca de tres millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. En el caso de la Región de Atacama, más del 20 por ciento de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad.

Hasta el momento, el Estado de Chile no ha sido el principal promotor de la inclusión social, tanto en el ámbito laboral como en otros espacios de la vida social. Han sido las organizaciones sociales las que han asumido un rol de activismo y han empujado con fuerza las demandas por más y mejor inclusión. Son esas organizaciones y dirigentes quienes han potenciado a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, como participantes de la vida social, como actores opinantes en el mundo que nos rodea, no como sujetos de caridad o como víctimas.

En la Región de Atacama, la escuela Luis Alberto Iriarte y la Coanil son un ejemplo de trabajo incansable por la inclusión laboral y el desarrollo de la autonomía. La organización Atadis , en Copiapó, para personas con discapacidad mental, ha mantenido voluntariamente sus labores terapéuticas, incluso en medio de la pandemia.

Valoramos con fuerza la labor que cumple Marcelo León , quien se ha esforzado por promover el deporte entre los niños y niñas de Maitencillo, en la comuna de Freirina, y de Jorge Oyarce , quien, con su voz política, ha denunciado las discriminaciones y precariedades de nuestra región en la comuna de Copiapó.

El derecho a participar en la vida laboral, a no sufrir ningún tipo de discriminación, va más allá del cumplimiento de la cuota del 1 por ciento que establece la ley. En esto estamos al debe, pues de los 26.000 puestos de trabajo que se anunciaron en 2018, solo 19.000 personas con discapacidad habían sido contratadas hasta antes de la pandemia.

Con esta iniciativa se obliga a las empresas a que al menos uno de sus trabajadores que se desempeña en el área de los recursos humanos cuente con conocimientos específicos en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad.

Además, deberán informar a la Dirección del Trabajo las políticas de inclusión que se promueven al interior de la empresa y llevar a cabo programas anuales de capacitación de su personal.

Solo me he referido al mundo privado, pero ¿qué pasa con el Estado? Nuestra Corporación lo ha hecho, y es importante destacarlo. Pero ¿cuáles son las cifras de cumplimiento de la ley de inclusión laboral en el resto de los organismos estatales? La tarea no es solo de los privados; el Estado debe dar el ejemplo en cuanto a concientización y dignidad, y no solo en contratación, sino también en accesibilidad universal, en financiamiento basal para políticas de inclusión y en fiscalización de la normativa.

Esta es la línea para avanzar hacia una sociedad más integradora, más amable y respetuosa de la dignidad de todas y todos los chilenos.

De ahí la importancia de no solo aprobar esta iniciativa, sino también la reforma constitucional que garantiza candidatos y candidatas con discapacidad en el proceso constituyente. Debemos proteger su participación política, para nunca más excluir a esos tres millones de personas en situación de discapacidad que viven en nuestro país.

La bancada del Partido Socialista votará a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, las buenas intenciones no son suficientes, nos dice el autor de esta iniciativa, Francisco Undurraga , a quien de inmediato quiero agradecer su capacidad para vislumbrar una necesidad efectiva para que tengamos una real inclusión de los trabajadores con alguna discapacidad.

Le agradezco al diputado Francisco Undurraga su generosidad por invitarme, junto a otros colegas, a ser parte de esta iniciativa, que, por lo demás, estoy seguro que pronto será promulgada como ley de la república, para otorgar un nuevo derecho a las personas con discapacidad y una nueva obligación a quienes los contratan.

En 2017, se publicó la ley N° 21.015, justamente para incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, mediante la cual se estableció la obligación de que el 1 por ciento de los trabajadores de empresa sean personas en situación de discapacidad.

Esa ley, a más de dos años de su implementación -debo precisar que la entrada en vigencia para las empresas de entre 100 y 199 trabajadores comenzó un año después que para las empresas con 200 o más trabajadores-, hace que hoy sean casi 4.000 las empresas que han contratado personas con discapacidad, lo que equivale a 19.506 trabajadores, 65 por ciento de ellos hombres y 35 por ciento mujeres. La gran mayoría de ellos tiene entre 25 y 59 años de edad.

Este proyecto de ley da un paso más allá respecto de la ley N° 21.015, en el entendido de que ya existe la obligación de las empresas de más de 100 trabajadores de contratar personas con discapacidad. Y la normativa que se propone busca no solo que se les contrate, sino que exista una verdadera inclusión, un seguimiento durante su desarrollo en la empresa y que se realice capacitación al personal para que la inclusión sea real.

De esta manera, considero que el proyecto es complementario a la ley que incentiva la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral, pues permitirá que las empresas no solo contraten personas discapacitadas, sino también -lo que es muy importante que se esfuercen en incluirlas.

También creo importante destacar el enorme aporte del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, especialmente en la persona del subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab , quien presentó una indicación del gobierno para que el organismo encargado de la acreditación fuese Chile Valora. El proyecto original establecía que eso lo hacía una universidad o un instituto profesional.

Las empresas no solo tendrán que elaborar sus programas de capacitación, sino también promover políticas en materia de inclusión. Las indicaciones que presentó el gobierno logran un complemento y una integralidad que, estoy seguro, va a contribuir fuertemente al objetivo de capacitar a los trabajadores en la inclusión real de las personas discapacitadas, para lo cual habrá una persona encargada de promover dicha inclusión.

Nuevamente, felicito al diputado Francisco Undurraga por abrirnos los ojos ante una necesidad urgente, por su generosidad para incluirnos a todos y por convocar al Parlamento a aprobar este proyecto, que es un paso más en beneficio de los discapacitados de Chile.

La bancada de la UDI va a apoyar con entusiasmo este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática y hasta por dos minutos, el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA [vía telemática].-

Señor Presidente, uso lentes para leer; por tanto, soy uno más de ellos. Debemos aceptar nuestra condición y asumir, tal como lo han hecho otros, la condición de discapacitados.

Hablo desde la Octava Región, en la que 345.000 ciudadanos y ciudadanas son discapacitados. Solo el 34 por ciento de ellos está trabajando en alguna empresa y del total de las empresas de la Región del Biobío, solo el 36 por ciento ha permitido que se integre un trabajador discapacitado.

Este proyecto va al corazón del problema, porque debemos generar una nueva cultura: la cultura del trabajo inclusivo, de aceptar al otro tal como es, incondicionalmente. Por eso, es importante instalar a una persona en el lugar más preponderante de la empresa, ahí donde se generan las políticas de desarrollo social y se establecen las condiciones para una convivencia amistosa y humana en el trabajo. Ahí se instalará una persona con conocimientos, pero, además, con esa vivencia que nos contó el diputado Francisco Undurraga , creador del proyecto.

Necesitamos muchos Francisco Undurraga para seguir sensibilizando a nuestra sociedad, que es excluyente, muchas veces autoritaria y segregadora, porque no incluye a quienes también necesitan ser considerados, tal como lo somos nosotros. Algunos tenemos la fortuna de requerir solo lentes o audífonos para desarrollar nuestro trabajo.

Se trata de generar una nueva cultura del trabajo, una cultura inclusiva, que termine con la segregación y permita la construcción de una sociedad más igualitaria.

La bancada del Partido Socialista apoya esta iniciativa con la convicción de que estamos generando una nueva sociedad a partir de una nueva cultura del trabajo, una cultura inclusiva, que termine con la segregación, que tanto dolor causa a millones de chilenos. Más de 2.100.000 chilenos son discapacitados y hoy se encuentran excluidos de los beneficios del trabajo. Ellos son parte de nuestra nación y debemos incluirlos, pues se trata de construir una patria más integrada, más justa y más igualitaria.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, muchas veces hemos defendido en esta Sala que si no somos capaces de generar normas que terminen con las desigualdades, no vamos a generar los cambios que queremos. El Congreso Nacional tiene la responsabilidad ética y también ciudadana de hacerlo.

Valoro enormemente este proyecto y reconozco en la persona de nuestro gran colega y Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga , al gestor de estos cambios profundos, no por nosotros ni por él, en particular, sino…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Cerrado el debate.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes que indica o comercialicen bienes destinados a su distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o situaciones de alerta sanitaria o emergencias similares.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos para el resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Gonzalo Fuenzalida .

Antecedentes:

-Moción, sesión 12ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 50ª de la presente legislatura, en martes 4 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 26.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo) [de pie].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes que indica o comercialicen bienes destinados a su distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o situaciones de alerta sanitaria o emergencias similares.

Dicha moción fue suscrita por quien habla, Gonzalo Fuenzalida , y por los diputados Hugo Gutiérrez , Paulina Núñez, Hugo Rey , Alejandro Santana , Leonardo Soto , Cristóbal Urruticoechea y Matías Walker , es decir, un amplio espectro de este hemiciclo.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer una regulación sancionatoria adecuada a quienes pretenden obtener provecho económico con motivo de una catástrofe, en las maneras que describe el proyecto.

Hoy carecemos de una respuesta penal o infraccional adecuada frente a un aumento desmedido de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, lo que se hace particularmente necesario tratándose de situaciones de emergencia o catástrofe en las cuales sujetos inescrupulosos aumentan ilegítimamente los precios de bienes fundamentales o esenciales para hacer frente a la catástrofe o necesarios incluso para resguardar la salud individual y la salud pública. En efecto, la pandemia que se ha producido en el mundo entero, a propósito del coronavirus covid-19, ha hecho a muchos Estados reformularse sus marcos normativos en relación con la alteración artificial de precios con ocasión de catástrofes.

Después del debate y análisis efectuado en el seno de la comisión, se resolvió efectuar modificaciones a la ley N° 16.282, sobre Sismos y Catástrofes, y no a la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción.

Al respecto, se efectúan enmiendas al artículo 5° de la ley N° 16.282, ya que esa disposición trata lo relativo a la especulación y acaparamiento.

1. Se establece proporcionalidad y concordancia de las penas, ya que las penas de los delitos contra la salud pública contenidas en el Código Penal son actualmente superiores a las de este cuerpo normativo aplicable a situaciones de catástrofe.

En la actualidad, el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 16.282 señala lo siguiente: “Los productores o comerciantes y funcionarios de instituciones comerciales del Estado que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su consumo ordinario alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, productos, medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles, jabón y bienes que sirvan para el alhajamiento o guarnecimiento de una morada, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías; lo mismo que cualquiera persona que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en la zona afectada, sufrirán la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.”.

La pena del artículo 5° se aumenta, dejándola igual a la del Código Penal, pasando de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a ser de grados medio a máximo.

2. Por su parte, el inciso segundo del artículo 5° establece lo siguiente:

“En la misma pena incurrirán quienes, siendo o no comerciantes, vendan los artículos a que se refiere el inciso anterior a precios superiores a los oficiales o con engaño en la calidad, peso o medida, o los que los acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado.”.

Se sustituye en ese inciso segundo la expresión “precios superiores a los oficiales” por “precios establecidos por la autoridad”, ya que no existen en la actualidad los precios oficiales, otorgando concordancia al lenguaje.

Además, se precisa que la intención de aquellos que acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado bienes de primera necesidad que establece el inciso primero de este artículo, sea con la intención de provocar un alza de precios o desabastecimiento.

3) Se incorpora un nuevo inciso cuarto, que señala:

“Idéntica pena se aplicará a quienes vendan los artículos señalados en el inciso primero a un precio ilegítima y desmesuradamente superior a aquel que poseían inmediatamente antes de la ocurrencia del sismo o catástrofe.”.

De esta manera, se consagra penalmente la adulteración de precios en el contexto de catástrofe respecto del catálogo de bienes que se encuentra señalado en el inciso primero del artículo 5°. De esta forma, se deja abierta la posibilidad de sancionar no solo en relación con los precios establecidos por la autoridad, sino también respecto de quienes vendan artículos a un precio ilegítima y desmesuradamente superior a aquel que poseían inmediatamente antes de la ocurrencia del sismo o catástrofe, es decir, cuyo aumento de precios no tenga una causa justa.

Este punto es importante en una economía de libre mercado, en situaciones excepcionales, y para el acceso de los consumidores a los bienes.

Por último, se modifica el artículo 472 del Código Penal, que sanciona el delito de usura, disponiendo que si se comete la conducta de usura con ocasión de catástrofe o calamidad pública, o aprovechándose de la circunstancia de necesidad de aquellos que se han visto afectados por esta, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo.

En definitiva, las modificaciones propuestas apuntan a fortalecer la legislación para enfrentar los estados de catástrofe, proteger la libre circulación de bienes y el acceso de los consumidores a estos.

Habiendo sido aprobado este proyecto por la comisión que represento, solicito lo propio a esta honorable Sala.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, la verdad es que uno de los desafíos políticos más importantes que tenemos por delante es integrar la economía a la vida política de nuestra sociedad. Por eso, debemos comenzar a cambiar la cultura, de modo que todos los agentes económicos comprendan que son responsables activos de la realidad política y social del país, no solo de incrementar sus ganancias.

Lo señalado parte de la base de que la economía no es una actividad que pueda desenvolverse con total y absoluta prescindencia de lo que ocurre en la sociedad, sino que debe estar, como toda actividad que tiene un impacto en la comunidad, siempre orientada al bien común.

Sin embargo, por mucho tiempo, la economía se ha desentendido del bien común de la sociedad. Se piensa que los agentes económicos solamente están llamados a buscar utilidades. Se argumenta que ellos repercuten favorablemente en la sociedad, porque producen empleo y crecimiento. Eso no está en duda. No obstante, lamentablemente, hay un sector que se niega de manera permanente a regular la economía y considera que toda ley de esta naturaleza, en sí misma, es injusta o inconstitucional. Eso debe ir cambiando.

La subsidiariedad bien entendida sugiere que el Estado asuma el deber de impulsar y asegurar que las iniciativas económicas permanezcan y apunten al servicio del bien común. La tarea política es, precisamente, para que esto se concrete y se regule a través de leyes, que es lo que estamos haciendo mediante esta iniciativa.

El proyecto en discusión es una muestra necesaria y mínima del desafío de integrar la economía a la sociedad. Es una muestra de inhumanidad aprovecharse de las situaciones de crisis para enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás. Esto es un mínimo, pues la política tiene como deber no solo impulsar lo que hemos dicho, sino también eliminar todo rastro de injusticia social en este ámbito.

Es importante que la señal sea clara. El proyecto dispone que aumentarán las sanciones penales contra quienes incrementen el precio de los bienes fundamentales en situaciones de crisis, o comercialicen los bienes destinados a su distribución gratuita. Me ha tocado ver a personas que recogen alimentos en lugares de distribución gratuita y después los salen a vender. Realmente es algo muy impresionante.

La iniciativa persigue sancionar a quienes destruyan los bienes o los eliminen del mercado con el fin de aumentar sus precios o provocar desabastecimiento.

En verdad, es impresionante que estemos hablando de esto, porque es una falta de humanidad muy brutal cuando se quiere, a toda costa, conseguir lucrar a partir de situaciones tan complejas y tremendas como las que estamos viviendo.

Señor Presidente, celebro este proyecto. Debemos construir -ojalá este sea un paso importante una sociedad que efectivamente promueva una subsidiariedad bien entendida, no como la que se ha promovido hasta ahora, que solo beneficia a ciertos sectores económicos. Debemos impulsar una solidaridad genuina, aquella que, como señaló el papa Juan Pablo II , lleve a que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, el problema del aumento de precios y de empresarios inescrupulosos frente a la necesidad de la población lo hemos conocido desde hace demasiado tiempo en Chile.

Si retrocedemos en la historia, constatamos que en la época del gobierno de la Unidad Popular fue justamente el acaparamiento, el control, el guardar los productos por parte de grandes grupos económicos, uno de los factores que incidió en lo que luego fue el golpe militar; es decir, un grupo generó una situación que hizo absolutamente insostenible la economía. Y eso se viene repitiendo en el tiempo.

Recuerdo -creo que todos lo recuerdan que en el terremoto de 2010, cuando se autorizó que pudieran venir camiones desde otros países para traer productos, hubo una empresa, un gigantesco grupo económico chileno -me refiero a Cencosud, que hoy está en todas las regiones-, que trajo una enorme cantidad de camiones diciendo que contenían mercaderías para los damnificados del terremoto, para no pagar derechos de aduana. Pero ocurrió que, finalmente, eran productos para su comercialización. Eso es hacer negocio con el drama humano, con el drama de la gente.

Eso se sigue repitiendo, pues lo acabamos de ver en estos días con los camioneros, unos matones, mafiosos e irresponsables que, con la anuencia del gobierno, no dejan pasar los productos y van generando desabastecimiento en la población, en un momento tan dramático como este de la pandemia, y el gobierno los deja hacer e, incluso más, avanza junto con ellos en ese camino que hoy ha significado un grave problema para mucha gente; esto se repite una y otra vez.

Entonces, el hecho de que durante la pandemia o durante un estado de excepción constitucional estén aumentando los precios francamente es inaceptable.

Hemos visto también los casos de colusión, que son de esta misma familia: grandes grupos económicos que se coluden entre ellos para afectar nuevamente a las familias chilenas. Los casos del papel higiénico, de los pollos, de la carne, del transporte, de las farmacias son todas situaciones en que estos grupos se aprovechan de su poder, de su control de mercado, y se coluden afectando a la ciudadanía. A lo largo del tiempo, eso afecta en cientos o miles de millones de dólares a las familias chilenas.

¿Por qué pasa esto? Porque hay un abandono por parte del gobierno, porque, en este criterio de la subsidiariedad, en este modelo económico, en esta Constitución, que afortunadamente vamos a terminar en un par de semanas más, a partir del plebiscito, el Estado deja hacer a los grupos económicos o les pone penas tan irrisorias que les sale más barato estafar, engañar, aprovecharse y luego pagar una multa.

Me parece que este proyecto de ley es bueno -es importante avanzar en esta dirección-, pero, digámoslo claramente, es absolutamente insuficiente.

Cuando se incorpora la idea de que hay que demostrar un ánimo de desabastecimiento o de generar un alza de precios en el mercado, se genera una situación que lo hace ser letra muerta, porque es virtualmente imposible demostrar que un supermercado, una empresa o un grupo que aumenta los precios en forma totalmente desproporcionada va a generar desabastecimiento en todo el mercado. Puede no generar desabastecimiento, puede no producir un alza de precios en todo el país, pero, de todas maneras, puede afectar fuertemente la economía de las familias y, por lo tanto, generarles una situación muy complicada.

Entonces, me parece que poner esa condición hace tremendamente difícil de aplicar el proyecto, sobre todo con un par de buenos abogados que tienen estos grupos económicos, y lo convierten en letra muerta.

Por lo tanto, creo que es una señal importante y que va en la dirección correcta, pero tenemos que avanzar mucho más. Debemos tener gobiernos que tomen el rol activo de defender a las familias chilenas frente a los inescrupulosos y al abuso que ha significado el poder que tienen los grandes grupos económicos.

Vamos a aprobar este proyecto, porque es un paso adelante y es un avance, pero –insisto tenemos que avanzar hacia una sociedad en la que se defienda a las familias y se ponga un verdadero atajo a estos grupos inescrupulosos que se aprovechan del drama de todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, para disipar la mayor duda del diputado Leopoldo Pérez , que me solicitó que le explicara bien de qué se trata este proyecto, quiero decirle, por su intermedio, que no es un proyecto de fijación de precios. ¿Por qué se lo digo? Porque la misma ley que modifica, la N° 16.282, ya permite fijar precios. Es más, el Presidente Piñera fijó precios en el caso de los exámenes PCR; en ese caso hubo una fijación de precios.

Por consiguiente, frente al miedo que provocó, sobre todo entre los economistas, la posibilidad de que este proyecto pudiese fijar precios, debo señalar que no fija precios. Los precios, en un estado de catástrofe, ya los puede fijar el Presidente de la República. Lo que busca este proyecto es actualizar una legislación de la década del 60 para sismos o catástrofes, porque, cuando hay un estado de excepción constitucional, personas inescrupulosas se aprovechan de la escasez y del aislamiento, y empiezan a fijar precios que son desmesurados.

¿Qué hicimos? En primer lugar, actualizamos la legislación, para que cuando se hable de precios oficiales se trate de precios fijados por la autoridad. ¿Por qué? Porque en la década del 60 -el diputado Leopoldo Pérez se debe acordar; yo no me acuerdo, porque no había nacido existía la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), que fijaba precios. La ley señalaba que cuando los precios oficiales eran fijados por la Dirinco y una persona vendía a otro precio, eso era un delito.

Hoy, como no existe la Dirinco, tenemos que cambiar la palabra “oficiales” por la frase “establecidos por la autoridad”, que fue lo que pasó recientemente, en que el Ejecutivo fijó un precio respecto de los exámenes PCR. Entonces, actualizamos la legislación.

En segundo lugar, hicimos una innovación que va acorde con nuestra economía de libre mercado, que es distinta a la economía que existía en la década del 60 -por eso existía la Dirinco y había fijación de precios-, modificación que otorga la posibilidad de hacer una denuncia cuando se pueda comprobar la ilegitimidad y el ánimo ilegítimo y desmesurado de poner un precio. ¿Por qué? Porque las reglas del mercado establecen que siempre se tiene que cautelar -aun cuando sea en estado de excepción constitucional que haya transparencia y competencia. Cuando se ve afectada esa transparencia y esa competencia, cuando el mercado no está funcionando bien, nosotros tenemos que proteger al consumidor.

Esa es nuestra labor: aun cuando estemos en estado de excepción constitucional, tenemos que proteger la libertad del consumidor para adquirir bienes a precios justos, aun cuando estos hayan aumentado por estar en estado de catástrofe.

Por eso redactamos una norma que establece que la Fiscalía, el Ministerio Público, estará a cargo de investigar y determinar si efectivamente hay una ilegitimidad. Muchos preguntaron: “Si se aumentan los costos de importación, ¿eso va a ser ilegítimo?”. Eso será legítimo. Si los precios aumentan porque aumentaron los costos de importación, habrá legitimidad en ese aumento de precios.

Será ilegítimo cuando no hayan aumentado los costos de importación o cuando el comerciante en forma desmesurada e ilegítima haya aumentado los precios. De eso nos va a proteger la norma.

Por lo tanto, vuelvo a lo que señalé al principio: este no es un proyecto de fijación de precios. Pueden estar tranquilos aquellos que pensaron que queríamos meterle mano al mercado. Esto es excepcional. Insisto en que no hay fijación de precios; solo se sanciona la especulación desmesurada en estado de catástrofe.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto surgió de una iniciativa del diputado Gonzalo Fuenzalida , y varios parlamentarios de su partido y de la oposición lo acompañamos, porque tiene mucho sentido común.

Vale la pena aclarar, tal como él lo hizo, que el proyecto no fija los precios de los artículos de primera necesidad en pandemia, que es la gran preocupación de un cierto sector de la derecha. Algunos creen que es un dogma irreductible, que nadie puede tocar el mercado, que el mercado funciona solo, que se autorregula, que los precios se fijan por la ley divina de la oferta y la demanda y que intervenir el mercado con fijación de precios es un sacrilegio. Nosotros creemos que no; creemos que lo más importante en una sociedad no es el mercado, sino su gente, proteger a las personas.

En cuanto al mercado y sus leyes sacrosantas, más bien se adopta una actitud acomodaticia, porque los mismos que defienden la ley del mercado y la libertad de precios, son los primeros en pedirle al Estado que les proporcione ingresos, créditos, fondos y alivio financiero, en fin, que los proteja para poder sobrevivir a la pandemia. Las empresas son las primeras en ponerse a la fila cuando hay problemas, y ahí sí que se olvidan de la mano invisible del mercado. No dicen: “déjennos solos”; dicen: “pásennos todo lo que puedan”, y se ponen, incluso, a la fila de la ley de protección del empleo, como vimos en el caso de Cencosud. Bueno, esas son las miserias de la vida comercial y social chilena.

El proyecto protege a los consumidores, frenando y castigando una conducta humana de algunos comerciantes y empresarios inescrupulosos, que buscan sacar provecho de la situación de necesidad por la calamidad pública y de escasez que viven los chilenos.

¿Cuántos no vieron el aumento de precios que hubo en los productos farmacéuticos, en los insumos médicos, de protección y en los productos de primera necesidad, sobre todo los primeros meses de la pandemia? Sin duda, esa conducta se llama especulación de precios y acaparamiento de bienes, con la que pretenden sacar provecho comercial de las necesidades de miles y miles de chilenos.

El proyecto toma una norma que existía desde el terremoto de 1960 y mejora su desempeño, pues castiga con sanciones penales a quienes pretendan obtener provecho económico con motivo de la crisis sanitaria, especialmente a quienes vendan productos de primera necesidad a precios ilegítima y desmesuradamente superiores a los existentes antes de la ocurrencia de este desastre.

También presentamos una indicación que castiga no a los que suben los precios de manera especulativa, sino a los que acaparan, ocultan, destruyen o eliminan bienes del mercado -artículos indispensables con la intención de conseguir que se produzca un alza de precios y desabastecimiento. En ese caso la escasez opera junto con el aumento de precios.

Son sanciones penales que permiten proteger a las personas, a los consumidores, en estos estados de necesidad.

Lamentamos, el Presidente de la República -vale la aclaración del diputado Fuenzalida -, con la declaración del estado de catástrofe, tenía a su disposición una facultad para limitar todos los precios, pues podía regular todos los precios del país; incluso, podía limitar la propiedad privada, fijando requisiciones de bienes, pero, lamentablemente, cuando trató de proteger a las personas del abuso de los bancos, de los aumentos provocados por las empresas de servicios básicos, como de la luz y del agua, simplemente conversó con ellos y les pidió -según dijo el gobierno un gesto y llegar a acuerdos, para postergar las alzas por algún tiempo. Creemos que esa no es la manera de defender y proteger a los chilenos. Nunca antes un gobierno tuvo tantas facultades para proteger y defender a los chilenos afectados por una pandemia, pero también por abusos y efectos económicos, e hizo tan poco. Eso es lo que ha motivado a algunos a aprobar el proyecto que castiga y penaliza la especulación de precios y el acaparamiento, particularmente de artículos de primera necesidad.

Espero que los punitivistas, los que siempre piden mano dura, se sumen al proyecto y castiguen con severidad esta conducta, que es deplorable en una democracia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, lo que está en discusión en la Cámara no son las buenas intenciones del diputado Fuenzalida y de los firmantes; tampoco si vamos a defender o no los dogmas a los que hace mención el diputado Soto . Estoy seguro de que todos los miembros de la Cámara estamos en la misma línea respecto del resultado que quiere provocar el proyecto: que lleguen a manos de las personas los productos de primera necesidad y a un bajo precio. Todos queremos eso. El problema es determinar cuál es el camino para lograr eso, porque no basta con las buenas intenciones. Ya sabemos que el camino al cielo está pavimentado de buenas intenciones.

El proyecto establece que se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a máximo al que venda alimento, vestuario, herramientas, material de construcción y productos farmacéuticos a un precio ilegítima y desmesuradamente superior a aquel que poseía inmediatamente antes de la ocurrencia de la catástrofe o del sismo.

Ahí veo un primer problema: cómo se va a ejecutar esto, cómo se va a llevar a la práctica, porque la expresión “ilegítima y desmesurada” es altamente difusa y compleja. Desde el punto de vista penal, la norma propuesta puede dar pie a arbitrariedades e injusticias.

Desde el punto de vista económico, si bien el proyecto busca evitar alzas de precios en bienes básicos que perjudiquen a los consumidores -y en eso estamos todos de acuerdo-, a nuestro juicio, no logrará cumplir con ese objetivo, porque es imposible para una autoridad saber con certeza los precios correctos para la mayoría de los bienes. Incluso, esto va más allá. De acuerdo con lo que dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida , si los precios de importación han subido, entonces no sería ilegítimo. Por lo tanto, el fiscal tendría que ir a investigar cada uno de los procesos de importación y de internación para revisar si han subido los costos de un determinado producto. A todas luces, es impracticable.

El movimiento de precios en la economía no es hacer ganar o hacer perder a uno o a otro, no es un sentido puramente de dinero. En una economía abierta, es un sistema de información clave para mover rápidamente los recursos hacia satisfacer una necesidad o reasignar recursos desde bienes menos valorados a bienes más valorados. Es un incentivo a producir en el momento indicado aquello que la sociedad más necesita.

Basta con ver el caso de las mascarillas. Empezando marzo, había pocas mascarillas en nuestro país, había una alta demanda, porque venía la pandemia con rapidez. ¿Qué pasó? Subió el precio de las mascarillas, y no estaba el proyecto que está en discusión hoy.

¿Qué hizo el mercado? Muchas personas que importaban otro tipo de productos a nuestro país, cambiaron de giro y empezaron a importar mascarillas. Antes de dos meses, estaba inundado el mercado de las mascarillas y, por supuesto, el precio había bajado.

Con el correr de los días, el mercado estabilizó esos precios, y aun cuando la demanda se mantuvo relativamente estable, mejoró mucho la oferta. Si en marzo hubiésemos condenado el alza en el precio de las mascarillas, probablemente no se habría motivado ni la mitad de los que terminaron importando mascarillas a nuestro país.

Para no quedar solo en la crítica, le he propuesto al Ministerio de Economía que para llegar a la solución que propone el proyecto de ley sea el propio Ministerio de Economía el encargado de publicar, fácilmente, en redes sociales, en todas las regiones, los precios promedio de los alimentos y productos de primera necesidad, para que la gente pueda contar con información transparente y verídica en el momento indicado.

En todo caso, no creemos que este tipo de regulación vaya por el camino correcto. Será muy difícil para la justicia determinar que un precio sea ilegítimo y desmesurado.

Agradezco a los diputados firmantes sus buenas intenciones, pero los llamo a enmendar el camino para que logremos que todas las personas tengan siempre acceso a productos al precio que corresponde.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Reitero a los diputados presentes, incluyendo a quien acaba de terminar su intervención, que el uso de la mascarilla es obligatorio.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER (vía telemática).-

Señor Presidente, analizamos y aprobamos este proyecto en la Comisión de Constitución, que no solo es la comisión que más sesiona en la Cámara de Diputados, sino también es aquella en que se ven todos los proyectos, independientemente de la militancia política de los diputados mocionantes. Por ello, con mucho gusto pusimos en tabla este proyecto que impulsó el diputado Gonzalo Fuenzalida , que está relacionado con la pandemia. Además, tuve el honor de ser invitado a suscribirlo. Lo aprobamos con mucha convicción y también lo mejoramos, luego de recibir aportes del fiscal nacional económico, del ex fiscal nacional económico, y del Ministerio Público.

Por su intermedio, señor Presidente, aprovecho de contestarle al diputado Jorge Alessandri , quien ha sido muy consistente, porque él se opuso a este proyecto en la comisión.

Esta iniciativa no es solo una buena intención. Creo que en su elaboración hubo un intento serio, construido con aportes del Ministerio Público y de destacados abogados penalistas que nos apoyaron para mejorarlo, como el asesor de los diputados de Renovación Nacional, Pablo Celedón , quien es un destacado penalista.

Este proyecto modifica la ley N° 16.282, que fue promovida y aprobada bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , recogiendo la experiencia del terremoto de 1960, con el objeto de establecer tipos penales específicos, que ya en aquel tiempo sancionaban el acaparamiento y la especulación de precios, en una época en que el Estado podía fijar precios. Ahora no se puede; por eso el diputado Gonzalo Fuenzalida explicó correctamente que este proyecto no busca establecer la fijación de precios, sino modificar la ley N° 16.282 y el Código Penal, con el fin de aumentar en un grado las penas contempladas para quienes se nieguen a vender o vendan productos destinados a su entrega gratuita, cuando se trate de bienes de primera necesidad enumerados en la ley.

La Comisión de Constitución ratificó que la pena en tales casos será de presidio menor en su grado medio a máximo; es decir, estamos hablando de una sanción concreta de 541 días a cinco años. Es un tipo penal que no se queda en una buena intención, sino que está específicamente determinado.

La misma pena se aplicará a quienes vendan dichos artículos a precios superiores a los establecidos por la autoridad, o con engaño respecto de su calidad, peso o medida, y a quienes acaparen, oculten o destruyan bienes con la intención de provocar alza de precios o desabastecimiento.

También se aplicará dicha pena a quienes vendan artículos a un precio ilegítimo y desmesuradamente superior a aquel que poseían antes de la ocurrencia del sismo o catástrofe. Asimismo, se modifica el Código Penal para establecer un tipo especial ante el delito de suministrar valores, préstamos y créditos a un interés que exceda el máximo que permite la ley, lo que se castigará con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

El proyecto plantea que, en caso de cometerse ese delito en un contexto de catástrofe o calamidad pública, o aprovechándose de alguna circunstancia o necesidad de quienes se hayan visto afectados por dicha catástrofe, se aumentará la pena a presidio menor en su grado máximo.

En definitiva, lo que se pretende con el proyecto es sancionar a quienes se aprovechen de un estado de catástrofe o de una situación de pandemia para obtener una ganancia ilegítima.

Una penalización similar fue establecida por la Cámara de Diputados en los casos de especulación con los medicamentos, de modo que esperamos que la Sala de la Corporación ratifique hoy de forma mayoritaria, ojalá unánime, la aprobación que recibió este proyecto de ley en la Comisión de Constitución.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, esta moción es, sin duda, muy interesante, porque dice relación con una transversalidad en cuanto a las ideas que plantea.

Durante su discusión se ha hablado de cautelar la libre competencia, de la libertad de los consumidores y de que el mercado debe actuar por sí solo y buscar fórmulas de regulación a partir de los distintos factores que hacen posible esa competencia. Sin embargo, debemos preguntarnos quién resguarda a las familias, quién resguarda a los consumidores, quién resguarda la alimentación básica de las familias, quién resguarda la canasta familiar. Por eso, en esta discusión uno advierte un lenguaje medio bipolar en términos de que, por un lado, se habla del mercado y de lo que este significa, pero, por otro, nos preguntamos qué hacemos para que las familias sean el centro de las políticas públicas y del quehacer del Congreso Nacional. Existe un sector que lo único que quiere es resguardar el mercado, pero existe otro sector en el que nos preocupan las complicaciones que hoy tienen las familias, y no solo en tiempos de pandemia. La regulación que se plantea en este proyecto de ley no solo es necesaria en tiempos de pandemia, sino también en la vida cotidiana de las personas y de las familias en Chile.

Se habla de la competencia y del sistema que existe en Chile de defensa de la libre competencia. En la Comisión de Agricultura hemos planteado millones de veces las complicaciones que implica llegar a un resultado en relación con la defensa de la libre competencia. Es absolutamente impensable que una familia o un colectivo de la ciudadanía puedan llegar a regular o a denunciar los abusos de este sistema.

Por eso, para nosotros era muy importante abordar la regulación de precios de la canasta familiar en el contexto de la pandemia que hoy estamos viviendo, con el fin de regular la alimentación de las familias en lo cotidiano, en el día a día. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué debemos mantener ese dogma de mercado y no ser capaces de dar un salto distinto, con una visión distinta? Eso es lo que hemos estado planteando permanentemente, y no solo en tiempos de pandemia. ¿Por qué no podemos regular lo que tiene que ver con esa canasta familiar que ocupan cotidianamente las personas?

Ese es el cuestionamiento que creo que vendrá a partir del cambio de la Constitución Política. Esos serán los cuestionamientos: el cambio del modelo, de cómo pensamos y de cómo transmitimos ese lenguaje hoy en día. ¿Dónde están las prioridades de las políticas públicas?

¿En cómo resguardamos el mercado o en cómo resguardamos a la familia? ¿Cómo entendemos, a partir del análisis de la canasta familiar, la creación de un salario mínimo?

Entiendo la buena voluntad que existe detrás de este proyecto de ley, que va colateralmente, por detrás, por debajo y por el lado a regular y a sancionar lo que hemos visto que se produce en tiempos de pandemia, esto es, que algunos empresarios reaccionan subiendo sus precios de manera irregular, indiscriminadamente y con inmoralidad.

Frente a eso, votaremos a favor este proyecto, pero aquí hay un sentido absolutamente distinto a las razones por las que votaremos a favor. Espero que algún día podamos discutir esa materia, aunque creo que en esta Cámara no hay posibilidad de hacerlo.

Lo haremos a partir del cambio constitucional, del cambio de modelo y de visión de lo que queremos como país. No se trata solo de la dicotomía entre mercado y familia o entre mercado y las personas, sino respecto de lo que queremos para Chile. Ese será el cambio que habrá que establecer en la Constitución.

Finalmente, quiero señalar que lo que aborda este proyecto es parte de lo que se deberá modificar del modelo actual.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, primero, quiero confirmar lo que señaló el colega Gonzalo Fuenzalida , en cuanto a que lo que estamos haciendo es reforzar una atribución existente durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.

Si bien ante esa situación el Presidente de la República tiene la facultad excepcional de fijar precios, lo que propone esta iniciativa es sancionar a quienes establezcan respecto de algunos bienes precios desmesuradamente superiores a aquellos que estos tenían en forma previa a la dictación del estado de excepción.

Sin embargo, quiero hacer una reflexión más allá de eso. Si bien me parece que este proyecto será objeto de absoluto consenso, porque está vinculado a una situación de excepción, les quiero preguntar, por intermedio del señor Presidente, si ustedes saben que respecto del pan, que sigue siendo un producto esencial, pero que lo era más aún en el pasado, hubo un gobierno que estableció una manera de controlar su precio a través del control del precio del insumo básico para su elaboración, que era y sigue siendo el trigo.

¡Adivinen qué Presidente de la República creó la Dirinco y la ECA para controlar el precio del pan! El antecesor de uno de nuestros colegas que hoy expresa sus dudas y reticencias respecto de sancionar, incluso en estado de excepción, bajo condiciones excepcionales, aquello respecto de lo que a su antecesor, Jorge Alessandri Rodríguez , Presidente de Chile desde 1958 a 1964, no le tembló la mano, con el objeto de establecer un organismo que fijara precios y que interviniera el mercado. Él lo hizo porque no tenía presente el dogma ideológico detrás de la cabeza, sino la necesidad de las personas.

Quiero saludar que el estallido de octubre y la pandemia hayan tenido el efecto positivo de desarmar dogmas que parecían esculpidos en piedra, que nos llevaron a modificar y establecer, por ejemplo, que la Cenabast pudiera comprar un conjunto amplio de fármacos y entregárselos a las farmacias a un precio fijado. ¡Perdónenme, pero no se puede seguir viviendo con dogmas! Por eso, saludo al colega Gonzalo Fuenzalida , porque lo que está haciendo es regresar a la derecha a su tradición democrática, a su tradición de enfrentar los problemas reales desde las personas, no desde los dogmas.

Por supuesto no es privativo de la derecha establecer y enfrentar la realidad desde los dogmas, pero es una necesidad del país que pongamos por delante las necesidades de las personas, no los prejuicios, por arraigados que estos sean, por importantes que sean los autores y las referencias históricas. ¡Lo que importa son las necesidades de las personas, de modo que tenemos que adaptar nuestras ideas para que las necesidades de las personas sean resueltas de manera efectiva!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana Tirachini .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, esta iniciativa, suscrita por varios parlamentarios, tiene un fin único y especial: desincentivar el abuso inescrupuloso en el que incurren algunos actores de nuestra economía en épocas tan complejas como la que estamos viviendo.

Como bien lo explicó el diputado Gonzalo Fuenzalida , este proyecto no tiene por finalidad la fijación de precios. De lo que aquí estamos hablando es que ante aumentos indiscriminados de precios, sin causa justificada, se debe sancionar a quienes incurran en dicha práctica.

Hemos escuchado algunas reflexiones en el ámbito económico, entre otras cosas sobre regulación del mercado sobre la base de la oferta y la demanda; somos partidarios de que el mercado se regule solo, en función a la oferta y la demanda.

Debido a que estamos conscientes de lo que hemos vivido durante este último tiempo, creemos que es muy necesario desincentivar, a fin de que cuando no exista causa justificada, como el aumento en el precio de los insumos, el aumento en el costo de operación o de fabricación, cuando no exista distorsión en la oferta, no se pueda incrementar el precio de los bienes de manera indiscriminada.

Por lo tanto, estamos apuntando a proteger específicamente a la familia, a los consumidores, mediante el establecimiento de las condiciones mínimas que den garantías para que ante situaciones tan complejas y tan difíciles de sacar adelante, como ha sido esta pandemia, no se agregue la carga del abuso en los precios de los bienes, problema que en nuestro país ha sido muy escaso, pero que de todas maneras debemos erradicar.

Desincentivar esa mala práctica es un buen camino, una fórmula efectiva para ayudar a las familias, iniciativa que la comunidad valora.

Por las razones señaladas, esperamos que este proyecto cuente con el apoyo mayoritario, ojalá unánime, de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, sé que la Mesa ha hecho muchos esfuerzos para que los colegas que están participando desde su casa puedan votar, pero parece que cada día aumenta más el número de parlamentarios con problemas para votar por vía telemática.

Entiendo que para la Mesa este es un problema tecnológico en algunos casos, pero solicito hacer un esfuerzo adicional, porque realmente ocupamos muchísimo tiempo en ello.

Personalmente, no he tenido ese problema en mi casa cuando he votado por vía telemática, pero quizá podría intentar resolverse el problema de los parlamentarios uno a uno, para utilizar menos tiempo en las votaciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Estoy de acuerdo con usted, diputado. Constantemente, nos estamos contactando con los diputados a través del departamento de Informática, pero comprenderá que no les puedo negar su derecho a voto. En todo caso, estamos implementando sistemas que permitan disminuir los problemas.

Por otro lado, les recuerdo a todos los diputados que están participando por vía telemática que deben refrescar la aplicación de su celular, de tal forma de votar de manera automática.