Labor Parlamentaria

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto de las bancadas.

Las bancadas deben hacer llegar a la Mesa los nombres de los diputados y diputadas que van a intervenir respecto de este proyecto de ley.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 36ª de la presente legislatura, en jueves 2 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS (vía telemática).-

Señor Presidente, los changos o camanchangos, denominación aimara dada a los indígenas de la costa, adoptada por los españoles, son una etnia de pescadores nómades que habitaron el litoral del sur del Perú hasta las zonas costeras de Valparaíso. Se dedicaban a la extracción de moluscos, a la casería de peces y lobos marinos, además de guanacos, en menor medida, cuando permanecían en tierra.

Su particular forma de vida llamó la atención de los europeos que llegaron al territorio, por distintos aspectos. El primero de ellos fue lo primitivo de su cultura, pues bebían la sangre del animal cuando les faltaba el agua dulce. El segundo fue cómo ocupaban al lobo marino, ya que aprovechaban al animal en su totalidad: el cuero del animal era ocupado para la creación de balsas, viviendas, vestimenta; su carne, para la alimentación; los órganos y esqueleto, para la confección de herramientas, recipientes y cordonería.

Otro aspecto de los changos fue su forma de ser nómade.

Respecto de su organización social, se puede decir que los changos se agrupaban en familias pequeñas con asentamientos dispersos, y reconocían como su territorio un sector de la costa que contara con agua dulce para beber.

En cuanto a sus creencias religiosas, fueron bastante escasas, pero contaban con el culto de los muertos, debido a que enterraban a sus difuntos junto a herramientas y otros objetos personales.

Desde 1879 en adelante, el pueblo chango fue incorporado a la nación chilena. Aunque recibió cada vez más la atención de viajeros, naturalistas, arqueólogos y antropólogos, su condición de fragilidad y marginalidad social no se vio reflejada en la atención del Estado. Por el contrario, su invisibilidad fue haciéndose aún más completa, hasta ser considerado un pueblo extinto.

Es nuestro deber darle reconocimiento y dignidad al pueblo chango. Lamentablemente, hoy no existen descendientes reconocidos que puedan hacer perdurar su cultura, debido al profundo mestizaje y abandono en los últimos siglos. No obstante, algunas de sus prácticas pueden verse reflejadas en los pescadores, algueros y orilleros que dan vida a la zona costera del norte de nuestro país.

Incluso, en el censo de 2017, 4.727 personas se adscribieron como pertenecientes al pueblo chango. Por ende, es innegable la necesidad de considerarlos una etnia indígena de nuestro país. ¡En buena hora que ello ocurra!

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, felicito a los autores de estas dos iniciativas, que han sido refundidas y cuyo proyecto estamos tratando en tercer trámite constitucional, la mayoría de quienes ya no están en la Cámara de Diputados, porque se transformaron en senadores o porque no fueron electos, lo que da cuenta de lo tortuoso que resulta tramitar proyectos relacionados con temas culturales e históricos.

Para mí, la tramitación de esta iniciativa es tremendamente importante, porque en la Región de Antofagasta los changos fueron habitantes habituales y deambularon por toda la costa de la región. Especialmente en Taltal, se mantiene un museo donde es posible encontrar balsas, rescate que se ha hecho con mucho esfuerzo, porque al no estar reconocidos, al no contar con recursos ni poder acceder a una serie de proyectos, no ha sido posible hacer un mejor rescate. Por lo tanto, este proyecto de ley viene a reivindicar y a reparar la discriminación producida en contra de este pueblo.

Asimismo, es tremendamente injusto que todavía no se reconozcan otros pueblos y etnias de nuestro país. Hasta ahora, solamente nueve han sido las etnias reconocidas en la ley N° 19.253, la ley indígena.

Al incluir una más, no estamos haciendo una reparación completa de una serie de personas cuyas comunidades se extienden por el territorio de nuestro país, sobre todo del norte, donde hay presencia de otros grupos indígenas, por lo que sería importante que también tuvieran derecho a acceder a los beneficios que establece la ley indígena.

En ese contexto, junto con informar que votaremos a favor este proyecto, quiero enviar un cariñoso saludo a toda la Región de Antofagasta, a quienes son descendientes de changos, y a Taltal, en especial a su alcalde y al concejo, que se han mantenido muy informados y pendientes de la tramitación de esta iniciativa.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Así se hará, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, el sábado pasado se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha que busca atraer la atención hacia la historia y luchas que dan las mujeres de los pueblos indígenas por reivindicar y defender su cultura, sus costumbre ancestrales, su cosmovisión, su territorio, ante el paso incesante del extractivismo, del robo del agua, del abandono estatal y también del olvido.

A tres días de esta conmemoración, me alegra que tengamos la oportunidad en el Congreso Nacional de mitigar, por lo menos legislativamente, la gran injusticia que se ha cometido en contra el pueblo chango, un pueblo indígena que ha habitado desde hace por lo menos 200.000 años las costas de nuestro país, desde la Región de Antofagasta hasta la Región de Valparaíso.

A lo largo de estos milenios, las comunidades forjaron un modo de vida y un conjunto de instrumentos, prácticas y saberes relacionados con las particularidades del territorio costero, la vía del mar y la pesca, como una forma de vida.

Desde que llegamos al Congreso Nacional, hace dos años, he visto de cerca cómo las comunidades del pueblo chango en mi región han luchado por visibilizar la necesidad de un reconocimiento legal, pero también cómo han dado la pelea, especialmente en Paposo y Taltal , por mantener viva la cultura, tradiciones, los saberes de su pueblo, no solo para proteger su supervivencia, sino también para traspasarlos a sus hijos e hijas y darlos a conocer a la comunidad, como el tesoro vivo que es.

Todo eso ha sido hecho en contra de la brutal desidia del Estado, que no solamente abandona e ignora la destrucción de su territorio, sino que ha dilatado por lo menos diez años su reconocimiento legal, impidiendo con ello la aplicación de la ley indígena a su respecto y excluyéndolos de los debates públicos relacionados con el trato, la relación e interrelación entre Chile y las naciones originarias.

Sin embargo, el pueblo chango está más presente y vivo que nunca. En todo caso, no tienen para qué fiarse de mí en cuanto a lo que señalo; vean cómo ha avanzado esta ley, vean en el último censo de 2017 cuántas personas se autorreconocen como integrantes del pueblo chango, lean la carta del Consejo Nacional del Pueblo Chango, una organización que reúne a otras 33 agrupaciones más pequeñas, en las que se interpela a las diputadas y los diputados de esta Cámara y demanda, de una vez por todas, su reconocimiento legal.

Aprobemos este proyecto para que no tengan que pasar otros diez años para que, al fin, logremos empezar a curar esta herida. Pero seamos claros también: este es un primer paso.

Sabemos que el reconocimiento puede quedarse en la ley, porque sin un nuevo trato hacia todas las primeras naciones, este reconocimiento es puramente formal. Para que no solamente sea formal, es necesario hoy el reconocimiento efectivo de sus derechos en su territorio, la posibilidad de autodeterminación y, sobre todas las cosas, necesitan hablar con su propia voz, mediante la participación en el órgano constitucional que redacte la nueva Constitución .

Quedan cuarenta y siete días para el plebiscito y aún no contamos con escaños reservados para los pueblos originarios. Sé que hay muchos que se van a excusar diciendo que primero se debe hacer una consulta indígena, pero me parece que eso es solo con el propósito de dilatar el procedimiento. No quiero actuar de mala fe, pero es simplemente la constatación de lo que ocurre en los territorios.

En nuestras comunas del norte no se paraliza la industria minera, aunque la mitad de los contagios por covid-19 provengan de esta. No hay consulta indígena cuando aprueban proyectos de inversión que destruyen el borde costero de Mejillones y eliminan de raíz formas de economía local no solo del pueblo chango, sino de toda la comunidad; tampoco la hay cuando proyectos inmobiliarios se instalan en territorios del pueblo chango, menos cuando se deciden instalar relaves.

Se ha dicho hasta el cansancio que el artículo 4 del Convenio 169 establece que las medidas especiales en favor de un pueblo “no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados”, lo cual no necesariamente debe ser mediante un plebiscito cuando existen otras maneras de manifestar su voluntad. Ya vieron desfilar agrupaciones del pueblo chango por las comisiones pidiendo reconocimiento.

Todos los diputados y diputadas deben tener en sus correos la carta del Consejo Nacional del Pueblo Chango, que les decía, incluso, que olviden la discusión sobre el artículo 26 con tal de que aprobemos el reconocimiento.

Aunque tengamos un precedente en el reconocimiento legal del pueblo tribal afrodescendiente chileno en este mismo período legislativo, sin consulta indígena, de todas formas a algunos no les va a bastar -espero equivocarme-, porque creo que, finalmente, lo que les incomoda es el empoderamiento de los territorios, de los pueblos indígenas, porque su organización puede asustar a quienes han detentado el poder por tanto tiempo; les incomoda que estén en el órgano constituyente, y preferirían que se quedaran en un museo, en un libro de historia o en un par de preguntas de la PSU.

Lo lamento, pero no puede ser así.

El pueblo chango, los camanchacos, los hombres y mujeres de la niebla, les han demostrado, contra todos los intentos de silenciarlos, que están presentes, que van a lograr que se apruebe la futura ley y que van a llegar a la constituyente, pese a que algunos de ustedes les quieran cerrar la puerta y a que el Congreso se las haya cerrado por diez años.

Al igual como hace un par de meses logramos avanzar con el pueblo selknam -espero que el Senado tramite rápidamente el respectivo proyecto para que ese pueblo también tenga reconocimiento legal-, espero que la Cámara se encuentre a la altura de este desafío y apruebe el reconocimiento en cuestión.

No le estamos haciendo ningún favor al pueblo chango, sino simplemente saldando una deuda histórica con ellos frente a la injusticia, al exterminio y al silencio que contrajo hace siglos el Estado de Chile.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, este proyecto, de artículo único, agrega al pueblo chango en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas.

El Senado incluyó como tierras indígenas aquellas ubicadas en las regiones II, III, IV y V, que pertenezcan a los beneficiarios indígenas de la ley de Reforma Agraria.

Asimismo, incorporó como tierras indígenas aquellas ocupadas históricamente por diaguitas y changos.

Además, agregó entre las aguas protegidas por la ley indígena los pozos de agua dulce ubicados en terrenos diaguitas o changos.

Por último, añadió una definición de chango. Los definió como aquellas comunidades costeras ubicadas entre las regiones II y V.

Este proyecto es relevante, por cuanto avanza en una solución mínima en torno a uno de los problemas más profundos de nuestro país, como es la relación del Estado de Chile con sus primeras naciones, ya que, como es de público conocimiento, los pueblos originarios de este país han sido exterminados, torturados, privados de su tierra e invisibilizados, careciendo de todo reconocimiento político y derecho a la autodeterminación.

Por ello, creemos que la incorporación de pueblos invisibilizados, como los pueblos chango y diaguita, en la ley indígena y la integración de sus tierras y aguas al régimen de protección de la ley, sin duda es un paso importante en el reconocimiento a estos pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos especiales. Sin embargo, ningún paso es suficiente si el país no se constituye como una nación y como un Estado, desde sus orígenes, con sus pueblos originarios o primeras naciones.

Por ello, es importante que la elaboración de una nueva Constitución cuente con escaños reservados para nuestros pueblos originarios o primeras naciones. El respectivo proyecto de reforma constitucional aún está en el Senado; por tanto, hago un llamado a tramitarlo con celeridad.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, este no es cualquier día para cientos y cientos de familias que integran un mismo pueblo, que, bajando por las costas de caleta en caleta y navegando sobre las aguas desde el extremo norte de nuestro país hacia la Región de Atacama, hacia la Región de Coquimbo, se encuentran hoy reunidos con gran ansiedad, con mucha expectativa y, obviamente, también con mucha esperanza, muy atentos a lo que va a ser esta votación. Hablo del pueblo chango, los ancestrales pescadores del mar, los constructores de balsas de cuero de lobo de mar.

Para nosotros, y en especial para mí, como autora del proyecto, es una tremenda satisfacción llegar a este punto de su tramitación. Han pasado ya casi cuatro años desde la preparación y presentación de esta iniciativa, que se elaboró hablando con historiadores, con académicos; se hizo, además, sobre la base de un trabajo territorial, por el cual estuvimos en distintas caletas conversando con comunidades changas. Porque, obviamente, la idea era poder conocer sus sueños, sus anhelos, qué esperaban; cómo era esa cultura, esa idiosincrasia, ese legado, que finalmente hoy día está más vivo que nunca.

Pero para el pueblo chango no solo se trata de estos cuatro años, sino de mucho más. Esto significa el comienzo del cumplimiento de un anhelo histórico, de un derecho y de una meta de generaciones de integrantes del pueblo chango. Para ellos la elaboración y la aprobación de esta iniciativa significa mucho más que simplemente ser agregados en el listado de pueblos reconocidos en la ley indígena: significa dignidad; significa que el Estado reconoce lo que para ellos es evidente, cual es que no son un pueblo extinto, sino un pueblo que vive, que surca las aguas y las costas de nuestro mar día a día en busca del sustento, tal y como lo hicieron siglos antes sus antepasados; significa valorar como se merece el legado común de todo un pueblo, su identidad, sus costumbres, su aporte cultural y, de manera muy especial, sus técnicas de pesca, su arte rupestre, su idiosincrasia y sus tradiciones como hombres y mujeres de mar.

El que se apruebe hoy esta iniciativa también significa para ellos rendir un merecido homenaje a sus antepasados, e incluso a integrantes recientes de comunidades changas que anhelaron este momento, pero no pudieron vivir para verlo convertido en realidad. Y aquí me refiero a don Roberto Álvarez , el último chango constructor de balsas, quien falleció en 1987, pero el cual sigue siendo recordado con cariño y orgullo por los suyos, especialmente por su familia, allá en la caleta Chañaral de Aceituno, en la comuna de Freirina, Región de Atacama.

Señor Presidente, no puedo dejar de señalar la posibilidad de concretar este anhelo como parte de un contexto más amplio de la deuda del Estado de Chile con nuestros pueblos originarios, como parte de la necesidad de establecer un nuevo trato con y hacia los pueblos indígenas.

El no reconocimiento del pueblo chango ha sido parte de las injusticias que ha caracterizado la relación histórica del Estado con las culturas ancestrales. Porque no solo se comete genocidio o se extingue un pueblo con violencia física, con cacerías, con masacres horrorosas de genocidio directo, como cuando se pretendió hacer desaparecer al pueblo Selknam, o con la violencia y la represión que se han ejercido y se siguen ejerciendo en contra el pueblo mapuche.

El olvido, la invisibilización, la indiferencia, la discriminación, el menosprecio de su cultura, el declararlos extintos por secretaría, el pretender borrarlos por secretaría son también una forma de genocidio por parte del Estado, que es lo que en algún momento ocurrió con el pueblo diaguita, lo que afortunadamente fue corregido y que ahora espero corrijamos respecto de los integrantes del pueblo chango, porque ese es un error y una forma de discriminación.

Asimismo, espero que nuestro país, nuestro Estado, corrija la forma en la que se ha relacionado por siglos con nuestras culturas ancestrales y que ese nuevo trato quede consagrado en una nueva Constitución , para lo cual es fundamental que los pueblos originarios formen parte de la convención mixta constitucional o de la convención constitucional, según corresponda. Muchos creemos que se debe avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y hacia un Chile plurinacional.

Les pido que comencemos ese camino haciendo justicia, hoy, al pueblo chango, aprobando esta iniciativa y reconociendo su aporte y algo evidente: que es un pueblo que existe, que está más vivo que nunca en las costas de nuestro país, en especial en la Región de Atacama.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, como dijo la diputada Marcela Hernando , este proyecto lleva muchos años esperando para ser aprobado.

Un paleontólogo muy famoso, llamado Michel Brunet , quien descubrió al ser humano más antiguo, en Chad, África , nos dice: Nous sommes tous des Africains, o sea, somos todos africanos.

Él nos invita a reconocer el origen de la gran familia humana y se pregunta qué hizo que los habitantes de África se trasladaran hacia estas tierras, hace cinco millones de años.

También se pregunta cómo eran, cómo vivían esas personas.

En algunos seres humanos ha habido interés por entender y conocer a nuestros antepasados, a la gran familia humana. Sin embargo, hay una parte bastante brutal del ser humano, que es su capacidad de negar a los africanos, esclavizando a los negros, a los pueblos originarios, sometidos y asesinados por nuestra cultura, por aquellos que a veces se enorgullecen de lo que ha hecho nuestra civilización, una civilización asesina, discriminatoria, ladrona. Eso es parte de la historia.

Chile se ha avergonzado de sus pueblos originarios, pero negarlos es negarnos a nosotros mismos. La gran tarea que tenemos es reconocerlos, y, en ese camino, brindar reconocimiento al pueblo chango es un primer, un pequeño, un milimétrico paso para llegar a la meta, que es pagar la enorme deuda que tenemos con esos pueblos como Estado.

Por cierto, el reconocimiento del pueblo chango no borrará todo lo que destruimos, todo lo que despojamos: cultura, tierra, identidad. Somos ladrones. El Estado de Chile es un Estado ladrón, un Estado genocida, un Estado que sigue matando y destruyendo a los pueblos indígenas, a los que no les hemos restituido aquello que les robamos, y los seguimos matando.

Casi parece hipócrita este reconocimiento al pueblo chango en un contexto tan brutal como el que todavía tenemos en la relación con nuestros pueblos originarios.

Me parece que este proyecto es un avance, un triste avance después de muchos años, porque la tarea que tenemos es enorme; es brutalmente enorme para, realmente,…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, algunos antecedentes históricos:

El término “chango” hacía referencia a toda la población que ocupaba el litoral costero desde Valparaíso al norte, incluido el sur del Perú. Este pueblo, también conocido como camanchaca o urus, estaba conformado predominantemente por pescadores.

Es probable que parte de esa sociedad costera sea continuadora de los pescadores chinchorros asentados en las cercanías de Arica. También es posible que hayan adoptado algunos elementos culturales de los pueblos agroganaderos del Norte Grande, a través de las relaciones de intercambio, muy frecuentes en aquellos períodos, mientras que en épocas un tanto más lejanas es probable que hayan estado influidos por la cultura del Imperio inca.

Aquí nos damos cuenta de esta interrelación del mundo andino con este pueblo costero, principalmente arraigado en las regiones de Antofagasta y de Atacama, que no siempre ha sido considerado pueblo originario, pueblo indígena, tal como mencionó la diputada Cristina Girardi , por lo que ha sido muy avasallado.

Represento a la Región de Antofagasta, en tanto que el diputado Mulet representa a la Región de Atacama, por lo cual las veces que, como Federación Regionalista, hemos podido instalar proyectos, hemos intentado que haya un reconocimiento verdadero para nuestros pueblos.

En ese contexto, hemos planteado permanentemente el reconocimiento de la identidad indígena en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, para que quede plasmado, por ejemplo, en la cédula de identidad. ¿Por qué no? Esperamos que pronto comience a discutirse el proyecto que así lo establece, para que ojalá pronto sea ley de la república.

Entendemos que las regiones de Antofagasta y de Atacama han vivido un avasallamiento en materia de recursos naturales, en tanto que el pueblo chango ha sufrido la postergación que se ha mencionado reiteradamente en este debate. Hoy comenzamos a ver los primeros pasos en este camino hacia el reconocimiento, avanzando hacia un Chile un tanto más pluricultural y, por qué no, hacia un Chile plurinacional.

Tenemos la expectativa de que termine esta larga espera de lo que hasta ahora ha sido…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado René Alinco en tiempo que le ha cedido la bancada del Partido Comunista.

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, agradezco a la bancada del Partido Comunista que me haya cedido estos minutos.

Simplemente quiero decir que este es un reconocimiento mínimo, por lo que espero que el proyecto se apruebe por unanimidad.

Hay muchas etnias, muchas comunidades indígenas que fueron exterminadas a través de nuestra historia, lo que no se debe solo a que a algunos no les gusta el color de nuestra piel, sino a la explotación de las riquezas de nuestro territorio, a intereses económicos.

Este proyecto de reconocimiento del pueblo chango, que es el antecesor de los pescadores artesanales de Chile, obedece a la necesidad de rescatar la cultura y preservar la existencia de un pueblo milenario.

En este contexto, cabe preguntarse qué pasa con el Convenio 169 de la OIT, como planteó una diputada, pues si bien fue ratificado hace algunos años por el Congreso Nacional, aún no se aplica en nuestro país, porque no tiene un reglamento que permita su funcionamiento.

Entonces, el desafío que tenemos como Cámara de Diputados es conseguir que se elabore ese reglamento. Nosotros ya ratificamos el convenio y nuestro reconocimiento a los pueblos indígenas, en sus diferentes aspectos, pero ese reconocimiento no tiene aplicación práctica. Lo mismo nos sucedió cuando se aprobó la ley de pesca: no se pudo aplicar en la práctica el Convenio 169 y todos los proyectos que involucran a los pueblos indígenas, porque no tiene un reglamento.

Anuncio mi voto a favor y espero que este…

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y cinco minutos al resto, más 120 minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son los señores Francisco Eguiguren y Leopoldo Pérez , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 65ª de la presente legislatura, en martes 1 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 14 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 13 de este boletín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Francisco Eguiguren , rinde el informe el diputado Frank Sauerbaum . Tiene la palabra, señor diputado.

El señor SAUERBAUM (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar ante esta Sala el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar, contenido en el boletín N° 13751-1, con urgencia calificada de discusión inmediata.

A las sesiones que la comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora ministradel Trabajo y Previsión Social, doña María José Zaldívar Larraín ; el señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones Rojas , y el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señor Francisco del Río Correa .

Asimismo, la Comisión recibió en audiencia a la señora Bárbara Figueroa Sandoval , presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores; al señor Andrés Giordano Salazar , representante de la Coordinadora de Sindicatos de Comercio Primera Línea Sindical; al señor Marco Kremerman Strajilevich , académico y director ejecutivo de Fundación Sol; al señor José Carreño Fraile , en representación de Conapyme; al señor Rodrigo Bon González , director ejecutivo de Propyme, y al señor Jorge Hermann Anguita , académico de la Universidad de Chile.

La presente iniciativa legal propone un reajuste del ingreso mínimo mensual por inflación, de forma tal de mantener el poder adquisitivo en relación al último reajuste. Esto quiere decir que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a 322.000 pesos, de acuerdo a la variación acumulada del IPC entre marzo de 2020 y hoy, que, de acuerdo a los datos disponibles, incluyendo las proyecciones de agosto de 2020, es de 0,4 por ciento.

A su vez, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad se eleva a 240.041 pesos y el ingreso mínimo mensual, para efectos no remuneracionales, a 207.416 pesos. En marzo de 2021 se reajustarán estos valores, tomando en consideración la variación del índice de precios al consumidor acumulada entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, con el objeto de asegurar la mantención de su poder adquisitivo.

Dicho patrón de reajuste también se aplicará a la asignación familiar y maternal, y al subsidio familiar, que mantendrán sus valores vigentes hasta marzo de 2021, cuando se reajustarán nuevamente, en base al IPC acumulado, con el objeto de asegurar la mantención de su poder adquisitivo.

Dispone, asimismo, que, a más tardar en el mes de agosto de 2021, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de septiembre de 2021.

Al cabo de su discusión general se evidenciaron en la Comisión dos claras posiciones. Por un lado, los señores diputados que consideraban que el ajuste propuesto por el gobierno respondía a una situación crítica y, por tanto, las circunstancias obligaban a la moderación y que, con independencia del actual reajuste, el trabajador seguiría ganando más que el salario mínimo establecido por ley, ya que existe y se encuentra en vigencia el ingreso mínimo garantizado. Además, consideraban que los esfuerzos de los actores políticos se debían enfocar en generar empleo para que las familias salgan adelante.

Por otro lado, las señoras diputadas y señores diputados hicieron presente que tienen claridad respecto de que las pymes necesitan ayuda del Estado y que, por tanto, un aumento significativo del sueldo mínimo les afectaría aún más respecto del flujo de dinero si no tienen la ayuda estatal. No obstante lo anterior, estimaron que el aumento del ingreso mínimo debe ir enfocado hacia las grandes empresas, pues aquellas tienen las espaldas económicas para aumentar los salarios de los trabajadores. Asimismo, lamentaron que el gobierno se hubiese cerrado a considerar una mejora de su propuesta. Del mismo modo, señalaron que la negociación del ajuste del salario mínimo debe estar hecha sobre la base de superar la línea de la pobreza.

Sometido el proyecto a votación, fue rechazado por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados señores Barros, don Ramón ; Durán, don Eduardo ; Eguiguren, don Francisco ; Melero, don Patricio ; Mellado, don Miguel (en reemplazo del señor Sauerbaum, don Frank) , y Ramírez, don Guillermo . En contra lo hicieron las diputadas señoras Castillo , doña Natalia ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Yeomans , doña Gael , y los diputados señores Jiménez, don Tucapel ; Labra, don Amaro ; Saavedra, don Gastón , y Torres, don Víctor (en reemplazo del señor Silber, don Gabriel) .

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se abstiene de recomendar a la Sala la aprobación del proyecto materia de este informe.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor PÉREZ (don Leopoldo) [vía telemática].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar . Se contó además con la exposición de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, señora Bárbara Figueroa .

El proyecto propone un reajuste del ingreso mínimo mensual, destinado a mantener el poder adquisitivo en relación al último reajuste, incrementándolo a 322.000 pesos a partir del 1 de septiembre de 2020, en concordancia con la variación acumulada del IPC entre marzo y agosto de 2020, que alcanzaría a 0,4 por ciento. Por su parte, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años y los mayores de 65 años y el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales tendrían un reajuste porcentual similar.

El proyecto detalla también los incrementos a la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, y al subsidio familiar, en los mismos términos porcentuales.

Tanto el ingreso mínimo como las asignaciones señaladas y el subsidio estarán vigentes hasta marzo de 2021, mes en que se reajustarían de acuerdo con el IPC acumulado.

La iniciativa dispone también que, a más tardar durante agosto de 2021, el Presidente de la República enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para proponer un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, valores que comenzarían a regir desde el 1 de septiembre de 2021.

En materia de financiamiento, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que con las modificaciones propuestas se obtendría una menor recaudación de copagos del grupo C del Fonasa. Asimismo, se afectaría el valor del subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de la Ley N° 20.255; se alteraría el valor de la asignación por fallecimiento de afiliados activos y pensionados del antiguo sistema; se modificarían los tramos para la asignación familiar y maternal y los montos correspondientes a cada tramo, y se aumentaría el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020.

En consecuencia, el reajuste considerado a contar de septiembre de 2020 implicará, por todos esos conceptos, un gasto fiscal de 3.249 millones de pesos por lo que queda del presente año y de 32.493 millones de pesos para el 2021.

El proyecto fue conocido por la Comisión de Hacienda tras el acuerdo emanado de los Comités Parlamentarios, habida consideración de que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social rechazó la idea de legislar, y, consecuentemente, determinó que no existían disposiciones presupuestarias que debieran ser tramitadas por esa comisión.

Tras un largo debate, los integrantes de la Comisión de Hacienda, centrados en las actuales condiciones de la economía nacional y en la situación que vive el empleo, y luego de la formulación de diversas propuestas e inquietudes a las autoridades presentes, decidieron despachar el proyecto de ley en la forma expresada, de modo que sea esta honorable Sala la que se pronuncie sobre el trámite a seguir en relación con la iniciativa en informe.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, para contextualizar la discusión, quiero señalar que el debate anterior del ingreso mínimo culminó con un itinerario más largo que en un año de reajuste. De hecho, el último paso de ese acuerdo se materializó en marzo pasado cuando el ingreso mínimo creció un 6,5 por ciento, pasando de 301.000 a 320.500 pesos, actualmente vigente.

Es evidente que el debate de hoy debe tomar en consideración el hecho de que entre la discusión anterior y esta despachamos una ley que fijó un ingreso mínimo garantizado, es decir, un subsidio estatal que complementa el ingreso mínimo para elevarlo a 300.000 pesos líquidos, que fue la gran discusión que tuvimos. Es decir, da lo mismo cuánto crezca el ingreso mínimo, porque ese crecimiento irá en desmedro del complemento estatal. Aunque el mismo aumente 1.500 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos o 10.000 pesos, como proponía el diputado Lorenzini , desde el punto de vista concreto del beneficio laboral, el ingreso líquido permanecerá intacto, porque el complemento estatal va a disminuir. Aquí es donde se hace ver el sinsentido que tenía aprobar un complemento fijo y no variable, para que hubiera un incentivo real para el trabajador y aumentara el ingreso mínimo.

¿Qué propone el gobierno hoy? De manera sorpresiva -las primeras señales emanadas de las conversaciones entre trabajadores y el gobierno fueron muy positivas-, el gobierno retrocede y propone 0 por ciento real y 0,4 por ciento nominal, es decir, 1.500 pesos de incremento; en marzo, nuevamente 0 por ciento real y un reajuste nominal sujeto al IPC -puede ser 0,4 por ciento o 0,5 por ciento-, y un compromiso presidencial innominado, es decir, sin cifra, vinculado al envío de un proyecto en agosto próximo con algún tipo de reajuste real.

Esta discusión es francamente irrelevante. Lo único relevante es la magnitud del subsidio estatal, porque todo lo que crezca el ingreso mínimo va a hacer a disminuir el subsidio estatal. El 21 por ciento de los trabajadores del sector privado recibe entre 0,9 por ciento y 1,1 por ciento de un ingreso mínimo, y el 80 por ciento de esa cifra se desempeña en microempresas, pequeñas y medianas empresas. Entiendo que ese sector está en dificultad. En consecuencia, es bastante irrelevante y, a mi juicio, va contracorriente, disminuir el aporte del Estado para mantener ese nivel de salario. Sería relevante si el aporte del Estado variara en función del volumen del salario mínimo.

Por lo tanto, tal como ocurrió en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, los invito a votar en contra en general, para que el gobierno reflexione y comience este trámite desde otro lugar. Ahora, si el gobierno estableciera que el complemento del ingreso mínimo garantizado se modificará junto con la variación del salario mínimo, estaríamos conversando otra cosa.

Me niego a mantener un reajuste 0 para el salario mínimo o a aumentarlo en 1.500 pesos, o más bien disminuir -digámoslo derechamente en castellano- en 1.500 pesos el aporte estatal al salario mínimo a través del ingreso mínimo garantizado. Espero que el gobierno siga trabajando sobre este último para terminar de universalizarlo, porque no todos los trabajadores que reciben el ingreso mínimo están siendo beneficiados por esa garantía estatal, que se definió como garantía universal, es decir, para todos aquellos trabajadores que reciben el ingreso mínimo.

En consecuencia, invito a mis colegas a votar en contra el proyecto en general, para partir la conversación desde otro lugar, distinto del que ha propuesto el gobierno.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy nos enfrentamos a lo mismo a que nos hemos ido enfrentando a lo largo de todos estos años: a la disyuntiva de qué hacer frente a la presentación por este gobierno -y de otros- de un ingreso mínimo bajísimo. Nuestra única herramienta es votar en contra para que los gobiernos de turno eleven el monto.

Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario bien especial, porque el reajuste, por primera vez -creo-, es cero. Antes votábamos en contra para presionar al gobierno a subir un monto, pero al final del día, al final de la discusión, estábamos obligados a votar a favor, porque no éramos nadie para dejar -aunque fuese poco- sin ese dinero a los trabajadores de Chile.

Ahora no estamos enfrentados a ese escenario, porque hoy se trata de votar en contra de cero, es decir, de nada. Por lo tanto, el escenario cambió completamente ante esta propuesta del gobierno que nadie entiende.

Por otra parte, a lo largo de los años, siempre hemos dicho -y no lo decíamos nosotros, sino que repetíamos lo que decían algunos economistas- que un reajuste digno, alto, bueno, puede mejorar y dar movilidad a la economía. Todos nos decían que no, que poco menos que no teníamos ninguna información, que los economistas más talentosos del mundo decían lo contrario. Sin embargo, el escenario cambió este año. Tenemos un hecho que demuestra esa situación: el retiro del 10 por ciento. Hasta los economistas, que estaban acostumbrados a criticar nuestra postura, salieron a decir que el retiro del 10 por ciento le dio movilidad a la economía. Ningún trabajador se va a llevar el 10 por ciento a las Islas Caimán o lo va a ahorrar; lo más probable es que lo vaya a gastar. Por tanto, le dará movilidad a la economía.

Pues bien, ¿qué le diría al gobierno? Estamos esperando que presente una nueva propuesta. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social esperamos señales de diálogo, y no se dieron. Por eso votamos en contra.

Yo le diría al gobierno que no hay nada más grave o que cree más incertidumbre que el malestar social. Ellos dicen que esto puede crear incertidumbre en el mercado, pero el malestar social es algo que ellos nunca han tomado en cuenta, y es lo más grave.

Segundo, le diría que no hay evidencia clara de que el salario mínimo afecte al desempleo. Así lo dijeron claramente en la comisión los representantes de la Fundación Sol. Hemos propuesto que se creen subsidios de contratación para las pymes.

El salario mínimo afecta a las gratificaciones. Se trata de un tema contenido en un proyecto que presenté y que en algún momento vamos a tener que discutir, porque es el punto clave para poner fin a la desigualdad en este país.

Por último, le recordaría al gobierno algo que hemos olvidado con todo lo que ha ocurrido, el estallido social y la pandemia: producto del estallido social de octubre -datos bien antiguos, hoy deben ser muchos más- hubo 1.250 empresas que, sin ninguna ley, subieron el salario mínimo a quinientos mil pesos líquidos. Esas empresas dieron una clara señal al gobierno para decir: “Nosotras no necesitamos una ley; nos vamos a poner al día con los trabajadores en esa deuda que tenemos con ellos, y subiremos el salario mínimo a quinientos mil pesos líquidos”. Eso lo hicieron sin una ley, y el gobierno no reacciona.

Esas 1.250 empresas hicieron ese aumento en noviembre o diciembre; hoy, quizá, son muchas más. Treinta mil trabajadores se vieron beneficiados con esa decisión de las empresas, y, como señalé, no fue necesaria una ley de por medio.

Por lo tanto, esos 1.500 pesos -50 pesos al día- que significa el 0,4 por ciento de reajuste realmente son indignos, y no nos queda más que votar en contra y pedir al gobierno que haga un esfuerzo mayor.

Sabemos lo que vive el país, pero están dando un reajuste del salario mínimo cero y dejando amarrado el reajuste del próximo año. Le pedimos al gobierno que haga esfuerzos mayores para dar un mejor reajuste a los trabajadores y trabajadoras de este país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy no hablamos de un grupo menor de chilenos y chilenas que tienen por ingreso el salario mínimo, sino de novecientas mil personas. No es un número menor.

La estructura salarial indica que el 70 por ciento de los trabajadores gana 455.000 pesos, es decir, un poquito más que el salario mínimo. En nueve regiones del país la desigualdad salarial también se expresa, pues el 20 por ciento de los trabajadores gana el salario mínimo en esas regiones.

Asimismo, en las regiones del Maule, de La Araucanía y de Ñuble esa cifra aumenta al 25 por ciento, y uno de cada cuatro trabajadores que están en las grandes empresas también gana el ingreso mínimo. Por lo tanto, se trata de hacer un esfuerzo mayor para equilibrar el territorio y los ingresos de las familias que están a lo largo del país, así como lo hemos hecho cuando hemos concurrido con nuestro apoyo para salvar a las empresas. También se trata de salvar a quienes viven del ingreso mínimo, a quienes viven de su trabajo.

Por eso hemos votado en contra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. No ha sido para buscar métodos obstruccionistas y, por lo tanto, impedir que el gobierno aplique una política pública de un salario justo y decente, sino para establecer un diálogo más acorde con el desafío que hoy tenemos. En plena crisis sanitaria también se requiere un ajuste salarial, no que se amplíe la brecha entre los más ricos y los más pobres del país.

Se trata de hacer un ajuste para lograr superar los guarismos que hoy nos propone el gobierno. Mil quinientos pesos es una medida inoportuna, que no resuelve los problemas de fondo que tienen las familias chilenas. Ocho pesos la hora tampoco es un aumento digno para millones de chilenos que esperan un cambio sustantivo para superar la crisis a partir de su trabajo.

Se trata de hacer un esfuerzo mayor. Invito a toda la Cámara de Diputados a hacer ver al gobierno que hoy se trata de tomar medidas justas y equilibradas, y de tomar un camino distinto, de diálogo y encuentro entre el Parlamento, los trabajadores y el gobierno, para construir un pilar distinto al que se nos presenta a través de este proyecto.

Ese pilar es la justicia social. Para eso, a pesar de la crisis que vivimos, se debe hacer un esfuerzo por nuestros compatriotas, para dotarlos de recursos que les permitan tener una vida más digna, a pesar de la crisis sanitaria que se vive.

Por lo tanto, invito a rechazar el proyecto, para abrir las puertas del diálogo y construir un camino fecundo que permita un aumento digno del salario mínimo de novecientos mil chilenos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, probablemente no hay un proyecto de ley más ingrato y difícil que el que reajusta el salario mínimo.

A quienes fueron gobierno -me refiero al socialismo, a la izquierda y a la Democracia Cristiana- les tocó defender salarios mínimos incluso muy por debajo del que está ofreciendo hoy el gobierno del Presidente Piñera. La entonces Presidenta Bachelet reajustó solamente 1,3 veces el salario mínimo, en comparación con las 2,5 veces que lo reajusta el gobierno del Presidente Piñera, y lo hace en tiempos de pandemia, de dificultad, de escasez de empleo y de bajo crecimiento económico. Es decir, Piñera es más generoso en tiempos difíciles que Bachelet en tiempos de bonanza.

Como lo reconocieron numerosos dirigentes de centroizquierda en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, ningún gobierno de la Nueva Mayoría y de la Concertación tuvo jamás la capacidad de enfrentar una mirada del salario mínimo de largo plazo y con una visión integral. Sin embargo, hoy se nos exige a nosotros en momentos en que nos encontramos enfrentando la peor crisis económica que han tenido en este siglo el país y el mundo, como es la pandemia sanitaria y social, y con la situación de un millón ochocientos mil chilenos sin empleo. Cabe señalar que tres de cada cuatro trabajadores que reciben el ingreso mínimo están en el mundo de la microempresa.

Honorable Cámara de Diputados, estas son las circunstancias en que hoy tenemos que pronunciarnos sobre qué salario mínimo podemos ofrecer a un Chile que vive una circunstancia muy especial. Además, debemos tener en consideración que esta vez, a diferencia de años anteriores, aprobamos una ley de ingreso mínimo garantizado, que, en promedio, está poniendo entre 42.000 y 45.000 pesos adicionales al salario mínimo a cerca de trescientos mil trabajadores del país.

Entonces, no minimicemos la cifra diciendo que solo son 322.000 pesos, pues estamos olvidando o borrando la ley del ingreso mínimo garantizado que aprobamos y que con recursos del Estado está subsidiando un salario mínimo que sería mucho menor de no haberse aprobado ese subsidio al ingreso mínimo, que es el ingreso mínimo garantizado.

Entonces, ¿qué reajuste de salario mínimo es prudente en el marco de una pandemia y de una crisis de empleo? Sin duda, la primera misión es mantener y crear empleos.

Primero, mantener empleos a ese aproximadamente 7 por ciento de trabajadores chilenos que reciben el ingreso mínimo y que, además, reciben el subsidio del ingreso mínimo garantizado.

Segundo, crear empleos. En la Comisión de Trabajo vimos que los dos grupos que están más afectados son los jóvenes, que tienen -muchos de ellos- bajo nivel de capacitación o buscan trabajo por primera vez, que al entrar al mundo del trabajo son sujetos del pago del salario mínimo, y las mujeres.

Reitero: los dos grupos más afectados son las mujeres jefas de hogar y los jóvenes. Por consiguiente, sobre ellos debiéramos volcarnos para que puedan ser recontratados o se les pueda ofrecer una oportunidad de trabajo.

En segundo lugar, acá veo muchos llamados a que el gobierno se sensibilice; pero ocurre que el gobierno no paga ni un solo salario mínimo. Ya sabemos que los mejores pagados de Chile son los trabajadores del sistema público, cuyos salarios están muy por encima de los del sector privado.

¿Quiénes pagan el salario mínimo? Pequeños y medianos empresarios, algunos de cuyos representantes estuvieron en la Comisión de Trabajo, específicamente de la Conapyme, la Propyme e Indupan . ¿Qué nos dijeron a los parlamentarios? “Por favor, aprueben este proyecto de ley, porque nosotros necesitamos tener un salario que sea compatible con las dificultades que hoy estamos enfrentando”.

Dicho esto, tengo la convicción de que se puede avanzar con una cifra superior a la que se está planteando hoy. ¿Cómo creo que se puede lograr? Primero, con buena disposición de la oposición, de manera que no siga insistiendo en reajustes muy por sobre los que pudieron entregar cuando gobernaron.

En segundo lugar, que el gobierno pudiera visibilizar un adelanto de la proyección de la inflación al mes de marzo. Recordemos que el proyecto establece que en marzo nos sentaremos a estudiar un nuevo reajuste, y, desde luego, el próximo año con más razón.

Entonces, ¿se puede hacer un esfuerzo hoy día? Sí. En la Comisión de Trabajó planteé que podía adelantarse la inflación proyectada de 1,2 por ciento de marzo y darla ahora. Quizás se puede hacer un esfuerzo mayor, pero dentro de la prudencia.

Por eso, honorable Cámara, les pido que mediten su voto de rechazo, porque si hoy se rechaza, el proyecto queda hasta acá y van a obligar a la insistencia. Si queremos camino de diálogo, permitamos que este proyecto de ley sea aprobado en general. Yo sé de la buena disposición del gobierno y espero que el ministro de Hacienda algo diga ahora para que en la Comisión de Trabajo, acá, en la Cámara de Diputados, podamos llegar a un acuerdo mejor que el que hoy se está planteando.

Estoy seguro de que habrá disposición para hacerlo, pero también tiene que haber una señal de la oposición. Si todos ustedes rechazan, el proyecto llegará hasta aquí, no habrá negociación posible en comisión alguna y nos dejarán solamente el camino de la insistencia, que creo que no es un buen camino, dada la pandemia y la crisis que estamos enfrentando y las señales que tenemos que dar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, una vez más estamos votando el aumento del salario mínimo, solo que esta vez no estamos votando el aumento, sino que se nos pide que aprobemos que no suba. A esto el diputado Melero le llama “generosidad”, como le acabo de escuchar. Y siempre la “generosidad” es con la excusa de que explotar a los trabajadores es para crear empleos. Este es el surrealismo mismo.

Año tras año, llegado este proyecto de ley, el gobierno busca cualquier argumento para no mejorar la situación de los trabajadores. Una vez más, el gobierno intenta que sean los trabajadores quienes paguen el costo de la crisis, que si bien en un inicio fue provocada por un virus, sobre todo ha sido generada por la ineficacia del gobierno en cómo enfrentarla.

Se nos dice que no hay recursos, pero cuando proponemos impuestos a los superricos, que podrían generar miles de millones de dólares, casi sin tocarles el patrimonio, el gobierno se escandaliza. Para ellos, tocar a los ricos es inaceptable, pero postergar a quienes menos tienen les parece de lo más normal y racional.

La pandemia que estamos viviendo y el despertar social de octubre demostraron algo que muchos sabíamos desde hace mucho tiempo: el milagro económico de Chile es un mito, es un engaño que se impuso a la ciudadanía desde la década de los 90. El único triste milagro es que lograron que seamos el país más desigual de la OCDE y el séptimo más desigual del mundo. Eso, de acuerdo al Banco Mundial.

Así que, más que milagro, aquí tenemos una tragedia, una tragedia en que el 1 por ciento más rico de Chile concentra casi el 30 por ciento de los ingresos anuales, y el 10 por ciento más rico concentra el 64 por ciento de los ingresos. Este absurdo reajuste al ingreso mínimo que propone el gobierno no incorpora ninguna mejoría en los salarios reales de las personas, ¡ninguna mejoría! Es apenas un mezquino reajuste respecto del IPC.

El ministro de Hacienda ¿esperaba que nosotros le agradeciéramos tanta “generosidad”, como ha dicho el diputado Melero ?

Mire, yo he llegado a la convicción de que este gobierno está dirigido por y al servicio de los grandes empresarios, amigos del Presidente. Por eso, no les interesa en absoluto superar las escandalosas desigualdades que hay en el país. El gobierno sube poco más de 1.000 pesos el ingreso mínimo a los trabajadores de Chile, pero en realidad ni siquiera les sube su ingreso real, porque no modifica el ingreso mínimo garantizado, que, obviamente, debiera reajustarse y moverse, tal como…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el proyecto tiene tres elementos principales.

Primero, propone un 0,4 por ciento de incremento, que corresponde al IPC acumulado desde marzo hasta agosto de este año. Por lo tanto, el salario mínimo ascendería a 322.000 pesos, es decir, 1.500 pesos más que el actual guarismo.

Un segundo punto que expone el proyecto es un aumento del salario mínimo de acuerdo al IPC, aumentado desde septiembre de este año hasta marzo de 2021. Este aumento regirá desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2021.

El tercer punto es el que fija para septiembre de 2021 el ingreso de un nuevo proyecto del Ejecutivo sobre salario mínimo. No está muy claro de qué se trata ese proyecto.

La primera consideración política, pero sobre todo humana es respecto del relato que el gobierno desarrolla para justificar y dar base a una propuesta de cero aumento del salario mínimo. Los argumentos técnicos, antiguos y repetidos, acerca de que el aumento de los salarios mínimos significa bajar la posibilidad de creación de empleos son repetidos constantemente cada vez que se habla del salario mínimo, que, como se sabe, es para proteger a los trabajadores de los abusos.

El 14 por ciento de los trabajadores de las grandes empresas ganan el salario mínimo. No existe ninguna posibilidad de que por buena voluntad se fije un salario mínimo o un salario digno para tener derecho al trabajo.

El argumento de que el salario mínimo tendría un impacto reducido en el consumo privado da cuenta de una realidad paralela que vive la elite que gobierna este país, pues un aumento de 10.000 pesos o 15.000 pesos implica abastecer con arroz y fideos a una familia por casi un mes. Se nota la nula empatía y la falta de conocimiento de la realidad que viven millones de compatriotas, hombres y mujeres.

Por lo tanto, un aumento real sí tiene un impacto, y muy importante, en la economía de una familia promedio de cuatro personas que debe sobrevivir con el salario mínimo, monto que, como sabemos, está por debajo de la línea de la pobreza. El salario mínimo es parte del problema, no la solución a la desigualdad. Un salario justo, que sea herramienta de inclusión y de mínima redistribución de ingresos, debe estar por encima de la línea de la pobreza, por lo cual no puede ser inferior a 400.000 pesos para una familia promedio de cuatro personas.

Así como están las cosas, el salario mínimo es parte estructural del problema que da origen al llamado “estallido social de octubre” -al menos, es uno de los motivos-, y, por lo mismo, será caldo de cultivo para nuevos estallidos o rebeliones sociales si no se avanza en soluciones que apunten a mejorar las condiciones de vida del pueblo.

El gobierno y el oficialismo argumentan que un aumento del salario mínimo, en medio de la crisis social y económica profundizada por la pandemia, traerá un encarecimiento de la contratación y, por ende, será un desincentivo para crear más empleo. Es decir, nos notifica que solo la precarización de las condiciones salariales es la base de la reactivación económica.

El gobierno insiste en trasladar a los hombros de los trabajadores y trabajadoras el costo económico y social de la crisis. Una vez más, el oficialismo y el Ejecutivo, como el Congreso, intentan utilizar a las pymes para avanzar en la agenda política.

El salario mínimo no ataca ni es contrario a la pequeña y mediana empresa. El salario mínimo justo permite incorporar liquidez al mercado, sobre todo en los territorios. Los empresarios pymes deben acceder a distintos beneficios del Estado, programas que sí debemos exigir para que se transfieran a las verdaderas pymes.

Ocurre algo increíble; es como si faltara mucha agua y necesitáramos agua. Hay mucho dinero en los bancos, en el BancoEstado y en los demás bancos. ¿Cómo no es posible intervenir para que esos dineros vayan a parar definitivamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no ha sido posible hacerlo? Porque en este sistema no hay voluntad de la banca para ayudar a salir de la crisis. Prefieren hacer filantropía antes que solucionar el problema, y el Estado debiera intervenir. Claramente, donde hay recursos, estos debieran ser traspasados mediante créditos a bajo costo a las empresas pequeñas y medianas, y no traspasar esta crisis a los trabajadores.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-

Señor Presidente, llevamos décadas reajustando el salario mínimo a menos de 2 por ciento, revisándolo más o menos periódicamente a través de instrumentos que, con mayor o menor exactitud, hacen que este vaya subiendo, poquito a poquito, el sueldo de las y los trabajadores. Solamente en 1990, recién iniciada la transición a la democracia, se hizo un aumento del sueldo mínimo que fue significativo.

Pero, al contrario de lo que dice el diputado Melero , nunca el sueldo mínimo se había reajustado en 0,4 por ciento nominal, lo que equivale a cero por ciento de reajuste real, solamente cubriendo el aumento del IPC, lo que se traduce en 1.500 pesos mensuales de reajuste en el sueldo mínimo. Eso es lo que hoy nos está proponiendo el Ejecutivo.

Sabemos que la situación económica es complicada, que la pandemia, que la crisis han puesto a la economía en problemas y que es muy complicado reajustar el sueldo mínimo a un mayor monto como el que nosotros quisiéramos. Pero, aun así, eso está muy lejos de la propuesta que nos ha hecho el gobierno.

Sabemos también que hay que ser conservadores, que hay que cuidar las arcas fiscales, y tienen razón; pero al mismo tiempo no podemos no escuchar a la gente, que hoy considera que este reajuste es realmente irrisorio para el pueblo de Chile, que ha tenido que sortear esta crisis con mucha mayor intensidad que otros grupos que son más privilegiados y que han tenido mucho más apoyo del Estado.

La semana pasada tuvimos esta propuesta en la Comisión de Trabajo. Se les hicieron las preguntas al ministro Briones y a la ministra del Trabajo, y esperábamos buscar un punto de encuentro que nos permitiera seguir avanzando en este reajuste. Pero la verdad es que no hubo voluntad alguna por parte del gobierno en iniciar una conversación. De hecho, en el momento en que nosotros votamos este proyecto no había ningún ministro ni ninguna ministra presente en la Comisión de Trabajo. Eso nos indica que no hay una real voluntad.

Y hoy, en la votación del reajuste del sueldo mínimo -que de reajuste lo único que tiene es el nombre, porque la propuesta del gobierno es cero por ciento real-, tendremos que elegir entre votar a favor una propuesta de reajuste igual a cero y votarla en contra. Creo que nosotros no podemos aprobar un reajuste equivalente a cero por ciento. No podemos consentir ni hacernos cómplices de este proyecto que el gobierno nos ha presentado, porque es absolutamente inmoral hacer y presentar un reajuste de estas características, en circunstancias de que para el próximo año se espera un crecimiento del país de alrededor del 3 por ciento. ¿Por qué no reajustar el sueldo mínimo, si vamos a ser conservadores, a ese monto, a esa proyección que hace el propio Banco Central y que el ministro Briones también ha hecho suya? ¿Por qué no? ¿Por qué se nos presenta este reajuste de cero por ciento, con el que nuevamente se hace que la crisis la paguen los trabajadores y las trabajadoras?

Es cierto que las pymes necesitan, pero para eso se requiere mucho más compromiso estatal. Sabemos que el Fogape no está llegando a las pequeñas y medianas empresas, porque justamente esos recursos quedaron entregados a los bancos, y son los bancos los que están discriminando a las empresas para poder postular a esos recursos.

El ministro Ignacio Briones también nos dijo que esta era la primera vez que se hacía un reajuste que conversaba con otra institución creada el año pasado, como es el ingreso mínimo garantizado. Pero el problema que tiene el ingreso mínimo garantizado es que no es universal; no todas las personas que ganan el sueldo mínimo tienen el ingreso mínimo garantizado, sino solo aquellas que cumplen con los requisitos, siendo el más complejo estar en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 90 por ciento más vulnerable de nuestro país. Si tuviéramos un ingreso mínimo garantizado universal, tal vez podría tener sentido el argumento que nos dio el ministro; pero en estas circunstancias, con un ingreso mínimo garantizado que no es para todos…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, nos enfrentamos a la discusión sobre el salario mínimo, discusión eterna en la cual buscamos elevar, aunque sea un poco, los salarios en Chile, pues, como lo señala el informe de la Casen de 2017, en nuestro país tenemos un verdadero atraso a nivel salarial y un extremadamente bajo valor del trabajo. Esto se expresa nuevamente, porque con el reajuste propuesto por el gobierno solo se incrementará en 8 pesos el valor de la hora de trabajo.

Esto, sin duda, es expresión del sistema tan desigual que impera y que es la piedra angular de la protesta social en Chile. En momentos en que se hacen los esfuerzos para retornar a la normalidad, no podemos dejar de discutir sobre la legitimidad de un salario mínimo tan bajo.

Al respecto, se ha dicho durante la discusión de este proyecto que muchos trabajadores acceden a beneficios del gobierno, tales como el ingreso mínimo garantizado u otros subsidios. Sin embargo, esto no guarda ninguna relación con el problema de fondo, que es la relación asimétrica entre capital y trabajo.

Sin duda, estamos en un contexto especial, en el cual el Estado es clave, tanto en el resguardo de la salud pública como a nivel económico, pero es insuficiente, toda vez que se mantiene la brecha salarial, especialmente en el sector privado. A esto debemos agregar el alto número de personas que, en la práctica, se encuentran sin empleo, pues han estado haciendo uso de los fondos del seguro de cesantía. Eso ha permitido que muchos trabajadores no accedan a beneficios estatales ni se vean reflejados en los índices de desempleo, los que, a pesar de esto, muestran un aumento importante en el país.

Lo anterior tiene mucha relación con las declaraciones del ministro Briones , para quien el aumento del cero por ciento no es producto de una tacañería por parte del gobierno, pues el gobierno no es quien paga los salarios, sino que son las empresas privadas y, en mayor proporción, las pymes.

En ese sentido, el ministro Briones tiene razón; sin embargo, no aborda el origen de esa realidad. Esa es la precariedad constante en que se encuentra nuestra economía, pues tras el aparente oasis que mencionó el Presidente Piñera , subyacía la desigualdad y expectativas no cumplidas del neoliberalismo de tal profundidad que dieron pie a la posibilidad de cambiar la Constitución.

Lamentablemente, las pymes concentran la mayor parte de los bajos salarios, y eso no se debe ni a la pandemia ni al llamado estallido social. Las pymes tienen gran relevancia, ya que demuestran las características de nuestra economía, una que se reinventa constantemente, en que solo una de cada cien empresas perdura más de un año. Esa es una situación complejísima que debemos resolver en nuestra condición social.

Sin embargo, lo más triste es que en Chile, muchas veces -quizá la mayoría-, el sueldo mínimo se convierte en el máximo, de acuerdo con la lógica de muchos empleadores.

Por eso, anuncio mi voto en contra del proyecto de reajuste salarial.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, en tiempos de pandemia ojalá todos pudiésemos discutir y hacer reflexiones profundas respecto de lo que pasa en nuestro país y el mundo, y cómo está generando un efecto directo en el trabajo y en el empleo.

Hoy quiero hablar desde la voz de las pymes, de las microempresas y pequeñas empresas de nuestro país. Hoy quiero hablar, por ejemplo, por la señora Millaray , que tiene un minimarket en la avenida Caupolicán y que se ha visto afectada por los cierres y la cuarentena. Ella tiene dos o tres trabajadores dependientes, ha recibido beneficios y eso le ha permitido mantenerlos en sus puestos de trabajo.

Asimismo, quiero hablar por don Ernesto Osorio , dueño de la Picá de Neto. Se trata de un bonito boliche, con onda, que tiene más de diez mesas y seis trabajadores, y que se ha visto fuertemente afectado en el último tiempo.

También quiero hablar por Elena Lefin , dueña de una pequeña distribuidora de artículos de oficina, por lo que tiene que repartir sus productos por distintos lugares de la región. Tiene un emprendimiento y está pagando un crédito por un vehículo. Ella, con mucho esfuerzo, de la misma manera, ha resguardado el puesto de sus trabajadores.

Quiero hablar por Leonardo, contratista de la construcción, que hace algunos empleos, remodelaciones, casa y locales comerciales, entre otros.

También quiero hablar por Matías Tapia , que es dueño de un hospedaje de Pucón. La industria del turismo tiene cerradas sus puertas desde marzo, por lo que hoy en día está muy afectado, no tiene caja, no tiene liquidez.

No quiero hablar por Luksic , Angelini o Saieh , porque no estoy pensando en ellos. Estoy pensando en el 52,1 por ciento de las microempresas y pequeñas empresas de nuestro país, que generan el 65 por ciento de los puestos laborales. O sea, estoy hablando por esas personas comunes y corrientes que emprenden día a día y que hoy se ven fuertemente afectadas producto de la crisis sanitaria, que trae una repercusión económica. Ellos están preocupados por sus trabajadores.

Asimismo, respecto de los porcentajes, cuando uno revisa esta realidad del país, se podría decir que sería ideal que tuviésemos, por ejemplo, una ley laboral por tipo de empresa, impuestos diferenciados por tipo de empresa, salario mínimo diferenciado por tipo de empresa, pero la realidad es que aquí estamos en un salario genérico, un salario mínimo para todos. Pienso en ese más de 53 por ciento de microempresas y 65 por ciento de trabajadores que lo que quieren es que haya pega. Lo que ellos quieren es no perder su trabajo.

También estoy pensando en todas las personas trabajadoras por cuenta propia o a honorarios, que ven cómo poco a poco se van cortando las oportunidades. Finalmente, vemos que está aflorando un mercado laboral informal gigantesco en nuestro país, porque al no haber mucha caja, aumentan los llamados a trabajar sin contrato y la gente accede, porque solo quieren trabajo. Entonces, estamos informalizando el mercado del trabajo en un tiempo difícil, que aún no sabemos cómo va a evolucionar hacia el futuro.

Entonces, pido que no mezclen los temas. Escucho mucha algarabía bonita y popular diciéndole al gobierno que haga el esfuerzo. No obstante, cuando uno emprende, el gobierno no hace ningún esfuerzo; lo hace la gente con su trabajo, con el sudor diario, con su forma de hacer las cosas. El esfuerzo no es del gobierno, sino de los emprendedores y de los trabajadores. Me pregunto: ¿cuántos de los que discuten estos temas en la Sala han generado empleo alguna vez en su vida, en su trayectoria o en su trabajo? ¿Cuántos han podido, de buena manera, crear puestos laborales? En cambio, muchas veces, aquel pyme, aquel microempresario que con mucho esfuerzo ha resguardado a sus trabajadores, ha pagado las leyes sociales y ha pagado el arriendo a fin de mes queda en cero.

Por esa gente estoy hablando, y no por los grandes empresarios, sino de los más del 53 por ciento de microempresas y pequeñas empresas del país, y en especial por las regiones de Chile, que por Dios que están sufriendo en este momento. Lo que se quiere es resguardar el trabajo.

Por lo tanto, hoy llamo al sentido común, a tener la capacidad de entender que el esfuerzo lo hacen los pequeños emprendedores y empresarios.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los parlamentarios presentes en la Sala. Asimismo, saludo a todos los profesionales y funcionarios de la Cámara y, desde aquí, porque seguramente fue bien recibido en el más allá, un recuerdo para el extraordinario funcionario de Finanzas, Waldo Silva , a quien rendimos un minuto de silencio en su memoria al comienzo de la sesión.

¿Cuál es el tema de fondo para mí? Por primera vez, me encontré con la sorpresa de que, como se rechazó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, manifestaron legítimamente que no tenía que pasar por Hacienda, porque no había nada aprobado. Estaban equivocados, porque todos los proyectos de ingreso mínimo, todos los proyectos que signifiquen financiamiento del Estado, obviamente, están obligados a pasar por Hacienda. Lo clarifico, porque eso fue a efectos de que nos traspasaran un acuerdo de los Comités, pero imponiendo al ministro de fe, al señor Secretario, que tenía que pasar.

Cabe recordar a los colegas que todo lo que implica el ingreso mínimo lo paga el sector privado, por lo que la discusión ahora es cómo influye legítimamente en las pymes. Sin embargo, se olvidan de algo. La ley N° 20.255 establece un financiamiento del Estado para todo lo que involucre los aumentos en asignación familiar, gastos en el subsidio familiar, gastos en la asignación por muerte y gastos por subsidio al trabajador joven. También involucra a los menores ingresos por copago en lo que es la recaudación del Fonasa. Eso es mucha plata.

Para este año, el 2020, si es que no se aprueba este proyecto, más de 3.000 millones de pesos quedarán en tierra de nadie, de modo que espero que lleguemos a un acuerdo real y efectivo.

¿Para qué fue buena la reunión de Hacienda de ayer? Escuchamos una muy buena exposición de la presidenta de la CUT, como también del ministro de Hacienda.

Ambos estuvieron de acuerdo en sentarse a conversar. La CUT reconoció que, por primera vez, después de muchos meses, se sentaron a dialogar para intentar buscar acuerdos en cosas concretas y específicas para los trabajadores, que tanto lo necesitan en el día de hoy.

Por lo menos ocurrió algo importante.

Quiero ser claro en que ayer, como una forma de buscar una salida a este impasse, hicimos un planteamiento.

En primer lugar, el gobierno adujo que, ante la actual crisis económica, ha propuesto cero por ciento de reajuste para el ingreso mínimo mensual, lo que, legítimamente, generó rechazo. Pero aquí hay que buscar soluciones alternativas de incremento.

En segundo lugar, la ley N° 21.218, de abril pasado, creó un subsidio de financiamiento fiscal para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. De este modo, tanto el gobierno como el Congreso asumimos que la vía de las transferencias fiscales directas es una modalidad de incremento de los ingresos de los trabajadores con menor calificación, como son los que reciben el salario mínimo.

Dicho cuerpo legal estableció un subsidio fiscal para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo con contrato de trabajo vigente que tuvieran una remuneración bruta desde 301.000 hasta 384.363 pesos. Eso les permitió tener un ingreso mínimo garantizado.

Por lo tanto, una posible solución para el caso que nos ocupa es tomar la remuneración bruta de los artículos 1 y 2 de la ley N° 21.218, esto es, 384.363 pesos, y llevarla a 415.000 pesos. Esto permitiría un aumento real y efectivo.

¿Por qué quiero ser tan claro en eso? Porque hay que buscar una salida a este problema. Lo demás significa que no tenemos la capacidad de entendernos. De lo contrario, habría que comprometer un incremento del salario mínimo para el 1 de enero de 2021.

Lo digo por lo siguiente. El mismo ministro de Hacienda planteó la semana pasada que el último trimestre de este año habría números azules y que el próximo año habrá un 3,5 por ciento de aumento de crecimiento económico. Entonces, ¿por qué siempre tienen que pagar los problemas los sectores con más bajos ingresos?

Lamentaría tener que votar en contra la idea de legislar este proyecto. Hay que buscar una salida a este problema -tiene que haber ley-; de lo contrario, tendremos dificultades en el resto de la tramitación de la iniciativa.

Por lo tanto, llamo a sentarnos a conversar. No importa que nos demoremos 24 horas más, pero hay que buscar una salida para que el reajuste no sea de cero pesos para los más bajos ingresos del país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, lamento que no hayan estado en la Comisión de Trabajo ni la ministra del Trabajo ni el ministro de Hacienda, pues nosotros esperábamos poder saber ahí cuáles eran los antecedentes que ellos manejaban, y, además, haber buscado alguna fórmula de entendimiento. Ello, porque en múltiples ocasiones la CUT manifestó la posibilidad de seguir conversando.

La propuesta del gobierno fue un incremento de 0,4 por ciento, lo que significa un aumento del ingreso mínimo mensual de 320.500 a 322.000 pesos. La gente se pregunta qué es eso. Bueno, es esto, señor Presidente: un billete de 1.000 y una moneda de 500 pesos, que tengo en mis manos.

(La diputada señora Alejandra Sepúlveda exhibe el dinero aludido en su intervención)

Entonces, el gobierno está diciendo eso. Él quiere subir 1.500 pesos no en forma diaria, sino mensual. Por lo tanto, mi problema es si aceptamos o no estos 1.500 pesos de reajuste del ingreso mínimo mensual, que corresponde al 0,4 por ciento nominal.

Aquí no hay una disyuntiva entre la pequeña y la gran empresa; creo que aquí existe un error conceptual. En esa línea, debemos tratar en serio lo relativo a la microempresa, que usted, señor Presidente, entiende muy bien.

Fíjese que todos los estudios dicen que si tuviéramos sindicatos potentes y hubiera un equilibrio -y si cuando hacemos un proyecto de reforma laboral, los diputados de derecha no recurren al Tribunal Constitucional diciendo que no puede haber sindicatos-, no estaríamos discutiendo sobre estos 1.500 pesos que tengo en mis manos. Porque cuando hay sindicatos prácticamente no existe el salario mínimo.

Entonces, el problema está en que cuando no hay recursos -entendemos las complicaciones que hoy día tenemos- pagan los trabajadores. Pero siempre hay una excusa: o la pandemia u otra cosa. Siempre hay una excusa.

¿Qué le está pasando hoy al pequeño empresario? Y hablemos en serio de esto, que no solo tiene que ver con el reajuste. ¿Ustedes saben que los pequeños empresarios solo ocupan 14 por ciento de las platas del Sence? ¡Eso es un problema!

¿Qué está pasando hoy con el Fogape? Aquí se aprobó el proyecto correspondiente, pero nosotros no lo votamos a favor.

El ministro de Hacienda, quien nos debe estar escuchando, dijo aquí: “el 43 por ciento va a ser para los pequeños empresarios”, y eso no ocurrió. Bueno, ¿cuándo vamos a corregir lo relativo al Fogape para que esos empresarios a lo menos puedan acceder a los recursos con garantía del Estado? ¿Por qué no podemos decir: “Mire, el ciento por ciento de garantía del Estado”, para que al menos puedan entrar al sistema?

Eso no se corrige; pero sí tenemos que corregir esto.

Por otra parte, ¡cuánto nos costó que se entendiera lo de la postergación del uso de la boleta electrónica a partir del 1 de septiembre! Pero ¿qué pasará después con todos aquellos pequeños empresarios que deberán incorporar la boleta electrónica? Y si no hay recursos, ¿cómo se hace?

Entonces, es muy fácil hablar solo de una arista cuando esto es multifactorial.

¿Qué pasará con algunos empresarios que pudieron acceder a recursos del Fogape y no tienen cómo pagar la primera cuota?

Suman y siguen los problemas.

Entonces, hoy solo estamos hablando sobre esto para la pequeña empresa. Pero el problema es que el gobierno les ha impuesto permanentemente muchas cosas a esos empresarios -ladrillos-, lo que ha hecho que la mochila les sea pesada.

Me pregunto, ¿qué pasó con el ingreso mínimo garantizado? ¿Adónde fue ese subsidio? Además, ¿qué pasará con el subsidio para la contratación y para la retención del empleo? ¿Qué pasó con el que se aprobó aquí, respecto del cual le dimos carta blanca al ministro de Hacienda? Él tendrá que venir a dar explicaciones al Congreso.

Entonces, la pregunta es: ¿seremos capaces de incorporar también esos recursos para la contratación y para la retención del empleo focalizando en la pequeña empresa?

Esas son las cosas que me gustaría poder debatir con el ministro. Pero entiendo que se aplica una lógica medio extraña: para el reajuste se utiliza a la pequeña empresa, pero cuando se trata de beneficios se utilizan las grandes empresas, porque son las que generan empleo, y, al parecer, el chorreo es la doctrina más importante de este gobierno.

Perdónenme que sea majadera, pero esto de los 1.500 pesos me complica la vida; porque no son 1.500 pesos diarios, sino mensuales. Frente a esa situación y, además, a la falta de capacidad del gobierno para entender lo complejo del problema que hoy está sufriendo la pequeña empresa, más toda la mochila que el Estado le incorpora permanentemente, sin ayudas concretas, se me hace difícil votar favorablemente este proyecto.

En la Comisión de Trabajo, sí, somos duras; y más mujeres que varones. ¿Por qué somos duras ahí? Porque entendemos la realidad de las familias.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, cuando los chilenos más necesitaron del Estado, este no estuvo para ellos. Y seguirá ausente al menos por el tiempo que le queda a este gobierno, que muchos esperamos sea breve, por el bien común.

Por esta razón, no nos sorprende que el ministro de Hacienda proponga congelar el salario mínimo y el ministro de Economía diga que con el actual estamos bien.

¡Qué miserable pensamiento y qué alejado de lo que le falta a la política, que es empatía! No tienen la capacidad para entender el Chile real, no el de conferencias de hoteles, no el de grupos de amigos influyentes con una copa de champagne. No les importan los casi 900.000 seres humanos que tienen que trabajar un mes entero para ganar lo que el ministro Briones gana en un día.

Cuando el ministro Lucas Palacios le dice a su país imaginario, por televisión abierta, que trescientas lucas alcanzan para vivir, lo que hace es refregarle en la cara a esa gente que está bien que él gane treinta veces más que el sueldo mínimo, y con ello genera odio y frustración.

Para este gobierno, el pueblo de Chile es un número sin corazón, sin sentimientos, sin dignidad ni alma. Se sienten con el derecho de hacer con ellos lo que la calculadora les dicta, y esta les dice que lo digno es un 0,4 por ciento de reajuste.

Hablemos del país real, ese en el que tres de cada cuatro trabajadoras deben vivir con menos de cuatrocientas lucas al mes, y que son las mismas que no reciben un solo peso de ayuda del Estado.

Hablemos de que con 320.000 pesos brutos se pasa hambre en Chile y que a nadie del poder le importa, porque ese Chile dependiente de las tarjetas de crédito les sirve. En mi distrito, un sueldo mínimo ni siquiera alcanza para un arriendo.

También necesitamos reconocer sueldos diferenciados para zonas aisladas. ¿Qué exigimos? Subir el salario mínimo no por un capricho, sino por necesidad y justicia social; eso sí, ayudando a las pymes, que hoy no pueden absorber más de lo que hacen. Y si la respuesta del ministro de turno es que existe un ingreso mínimo garantizado, le recordaremos que ese bono del Estado subsidia a las grandes empresas, una vez más, despreciando el valor del trabajo y del tiempo.

Hoy nos damos cuenta de que este gobierno prefiere pagar un bono antes que reconocer que el trabajo vale más de 320.000 pesos mensuales. Los trabajadores miran con distancia cómo la clase política define si pasan o no necesidades o cómo la CUT hace pataletas sin que absolutamente a nadie le importe.

A esas mujeres y hombres de trabajo, el gobierno les dice que valen un 0,4 por ciento de sus preocupaciones. La clase media, con la cual se llenan la boca los políticos de izquierda y de derecha, ya no existe, la fundieron.

Somos un país pobre y desigual, un país pobre de alma, en donde un ministro se siente con la libertad de decirles a los pobres que sí les alcanza, que no pidan más, que está todo bien en ese oasis imaginario llamado Chile.

Debo recordar que estos sueldos son también los que condenan a Chile a pensiones de hambre.

Ayudemos al trabajador, a las pymes, a las regiones; levantemos este país, porque nuestro país tiene derecho a vivir en paz.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, sin duda este es un momento complejo para definir un salario mínimo, considerando la situación económica no solo del país, sino también en el ámbito internacional.

En marzo de este año, el salario mínimo se incrementó a 320.500 pesos, esto es, en 6,5 por ciento nominal, y, adicionalmente, los trabajadores que ganan el salario mínimo reciben un complemento de 45.352 pesos, que van directo al bolsillo del beneficiado, sin ningún tipo de descuento, producto del salario mínimo garantizado.

Desde 1990, el crecimiento del salario mínimo en Chile ha estado alineado con el crecimiento económico, lo que se ha traducido en un aumento del salario mínimo acorde con ese resultado.

No obstante, este año el salario mínimo aumentó en 6,5 por ciento, pese a que el PIB se contraerá en torno al 5 por ciento. Por lo tanto, hemos desacoplado el aumento del salario mínimo al crecimiento del país, producto, evidentemente, de las necesidades de los trabajadores.

Hoy los receptores del salario mínimo se concentran, sin duda, en los puestos de trabajo más afectados por la pandemia, por lo que subir su costo de contratación podría ser contraproducente para la reactivación económica, como lo han dicho las propias pymes y lo reiteraron en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Aquí uno escucha discursos de diputados que, al parecer, no han conversado con quienes producen la mayor cantidad de empleos en el país. En verdad, las pymes, después de dos o tres meses de estar pagando las cotizaciones previsionales completas, el ciento por ciento, han llegado a una situación límite, por lo que ahora están pidiendo que se reduzca ese pago, ya que están recibiendo cero ingresos y están pagando el ciento por ciento de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, como la propia ley lo exige, producto del acuerdo al que llegamos en la Cámara de Diputados.

Esa es la situación de las pymes; digámoslo con toda franqueza.

Claramente, nos gustaría un salario más alto, pero la situación económica de este momento no lo permite.

Por último, me referiré a algo que conversé recién con el diputado Auth . Hoy, el Estado es el que gana, no el trabajador, ya que si se sube el monto del salario mínimo, va a bajar el monto que el Estado paga por el ingreso mínimo garantizado. Por ejemplo, si el salario mínimo sube 1.000 pesos, el Estado deja de pagar 910 pesos por cada trabajador, por lo cual el trabajador solo recibirá 90 pesos adicionales; el resto, lo absorberá la pequeña empresa.

A mayor salario mínimo relativo al PIB per cápita, sin duda será mayor la informalidad en el mercado del trabajo. Eso es lo que debemos evitar.

Por último, quiero referirme a un tema que no tiene que ver necesariamente con el salario mínimo, pero que es relevante para el país. No logro entender por qué año a año discutimos el salario mínimo sin desacoplarlo definitivamente de las asignaciones familiar y maternal, que son un incentivo al crecimiento de la natalidad en Chile, cuya caída nos tiene tremendamente complicados.

En 1990, el índice de fecundidad, de hijos por mujer, era de 2,58; en 2018 fue de 1,65, y este año fue todavía más bajo.

Por lo tanto, estamos desincentivando la posibilidad de tener más niños y más familia. Lamentablemente, estamos en una etapa distinta de la que está viviendo Europa, donde se está revirtiendo esa tendencia, gracias a la aplicación de asignaciones familiares y ayudas maternales que son mucho más contundentes para hacer crecer la natalidad, lo que, por lo demás, es geopolíticamente relevante para el desarrollo del país.

Chile está envejeciendo rápidamente, pues ha aumentado la expectativa de vida de los adultos mayores. Hoy, el promedio de edad de fallecimiento de los adultos mayores es de 83 años. El sistema de salud, las ayudas del Estado y la calidad de vida en general han mejorado en nuestro país, pero hemos abandonado la natalidad, lo que se ve claramente reflejado en nuestras calles y parques, en donde cada día hay menos niños.

Aumentar el subsidio a la natalidad y el subsidio a las asignaciones familiar y maternal, sin duda, contribuiría a pasar a una nueva etapa, a una nueva forma de ver la familia y el desarrollo del país.

Pienso que llegó la hora de separar los beneficios que se entregan a las familias para crecer, mantener a sus niños y pagar la educación, de modo que estos no tengan relación directa con el ingreso mínimo que reciben sus padres.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS [vía telemática].-

Señor Presidente, saludo al ministro Ignacio Briones y a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar , quien hoy no está presente por estar en cama, con fiebre. Le envío este especial saludo, porque me duele cuando hay parlamentarias que atacan a la ministra por no estar presente, en circunstancias de que ella se encuentra delicada de salud. Esperamos que pronto se recupere. Le envío toda la fuerza, el respaldo y el cariño que ella se merece aunque no esté presente -repito- por motivos de fuerza mayor.

Hoy estamos llamados a votar la idea de legislar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar. Lo hacemos dentro de un contexto complejo de destrucción del empleo producto de la pandemia; de retroceso de la economía -como decía el ministro Ignacio Briones - en el trimestre mayo-julio de 14,1 por ciento, con peak en mayo, y de un retroceso del 15,3 por ciento del Imacec. Sin embargo, dentro de ese contexto también hay que considerar que durante marzo se produjo el alza más importante del salario mínimo en diez años, lo que obviamente nos enorgullece, en el sentido de que ese tipo de alzas son necesarias. Ello nos produce satisfacción, aunque tenemos que bregar y luchar por más. Ello se produce en el contexto de la implementación del ingreso mínimo garantizado, un subsidio del Estado que permite complementar el ingreso mínimo, de tal suerte de que nadie reciba menos de 300.000 pesos líquidos al mes.

Hay que entender que nosotros, como parlamentarios, no tenemos atribuciones para subir o bajar ningún guarismo. Hoy no votamos el guarismo, y no tenemos atribuciones para ello.

Cada año me toca oír discursos, según sea un diputado opositor u oficialista, en orden a que todos quieren más y critican al gobierno, etcétera, sin entender que muchas veces no tenemos atribuciones. Si decimos que no y rechazamos este proyecto, no va a haber reajuste. ¿O acaso vamos a presionar al gobierno, por la vía de la insistencia, y a entrar en una negociación y en una discusión absolutamente estéril?

Ahora, a quienes dicen que esto es culpa del modelo les quiero decir una cosa: dentro de Latinoamérica, Venezuela paga 7 dólares de salario mínimo; México , 199 dólares; Brasil , 253 dólares; Perú , 278 dólares; Argentina , 282 dólares; Bolivia , 299 dólares, y Chile, 388 dólares.

Por lo tanto, no le echemos la culpa necesariamente al modelo. Obviamente, siempre es mejor ir subiendo este guarismo.

Hoy quiero decir cómo podemos construir un acuerdo. El ministro de Hacienda hace pocos segundos ha dicho que este reajuste se debe abordar con una mirada distinta producto de la pandemia y con un millón ochocientas mil personas desempleadas que van a presionar el mercado del trabajo. Pero también habló de conversar y de hacer una estación intermedia en marzo.

Junto con los diputados Guillermo Ramírez y Patricio Melero , hemos propuesto -la propuesta fue muy bien expresada por el diputado Melero - adelantar la inflación esperada. Yo valoro profundamente lo que ha dicho el ministro de Hacienda, porque nos abre la oportunidad, una vez aprobada la idea de legislar, de conversar y manifiesta la voluntad del gobierno de avanzar a un guarismo distinto al que se ha presentado en el proyecto.

Ahora, si no aprobamos la idea de legislar, toda la intención que ha manifestado el ministro de Hacienda será como agua en la playa, es decir, nada.

Me parece una responsabilidad absoluta que hoy podamos abstraernos de la legítima discusión política y ver cómo construimos un acuerdo; sin embargo, es imposible construir un acuerdo si rechazamos la idea de legislar, porque, en ese caso, con quién nos vamos a sentar a conversar.

Me parece básico acoger lo que el ministro de Hacienda ha planteado con honestidad, respecto de esa voluntad de avanzar, y aprobar la idea de legislar para discutir las condiciones y los guarismos en una instancia distinta, que seguramente va a ser la Comisión de Trabajo, y muy particularmente la Comisión de Hacienda, como ha sido históricamente en la Cámara de Diputados.

Hago un llamado al diálogo, a avanzar y a acoger las palabras del ministro de Hacienda.

Envío un saludo a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar . Espero que aprobemos, como lo hará nuestra bancada, la idea de legislar para…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor Secretario me ha informado que este proyecto está con urgencia calificada de discusión inmediata y que, en consecuencia, se va a votar en general y en particular.

Por lo tanto, no existe la hipótesis del regreso a la comisión, sino que pasará directamente al Senado. En consecuencia, las eventuales conversaciones, si se aprueba en general, tendrán lugar en el Senado, no en la Cámara de Diputados, salvo que el ministro de Hacienda quiera presentar alguna indicación, para lo cual requeriría la unanimidad de los integrantes de esta Sala. Aún no ha habido solicitud al respecto. Naturalmente, también puede cambiar la calificación de urgencia.

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, siempre que hablamos sobre el salario mínimo es necesario ampliar el espectro de argumentos que se ponen sobre la mesa.

Los elementos macroeconómicos son relevantes, y los elementos que producen efectos en el mercado laboral en relación con el reajuste del salario mínimo, por cierto, también lo son. Pero, al mismo tiempo, es necesario que también empecemos a conversar de temas tan importantes y que inciden en forma relevante en este tipo de debates, como por ejemplo cuál es el valor que asigna un país al trabajo y al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras y cuál es el costo de la vida, así como también si el salario mínimo se ajusta o no a la realidad de la vida de las personas que les impone ese costo de la vida.

Obviamente, esa segunda parte siempre se deja a un lado, y se utilizan los argumentos económicos para hacer aumentos que muchas veces son insuficientes y que no se condicen con la realidad del país.

Es cierto que hoy estamos en una situación excepcional; estamos en una crisis sanitaria que tiene efectos económicos y sociales importantes -macros y también micros-, y, por lo tanto, hay que poner especial atención y cuidado a este debate sobre el salario mínimo.

Tras ocho reuniones del gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), me parece francamente impresentable que no se haya podido mejorar la propuesta y que el ministro de Hacienda, aquí presente, nos haya presentando un proyecto inédito en democracia de reajuste real cero, que, en los hechos, significa que a los ochocientos mil trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo en Chile, el gobierno les va a reajustar solo la inflación equivalente a 1.500 pesos.

A esos trabajadores y a esas familias que también están en una situación económica precaria -la crisis no solo es macro, sino que también es de la economía familiar, por la carencia y la disminución de ingresos de los trabajadores y trabajadoras- el gobierno les ofrece aumentar el ingreso mínimo de 320.500 a 322.000 pesos. Mil quinientos pesos, un reajuste real cero, tres chauchas ha venido a poner sobre la mesa el ministro de Hacienda para los trabajadores y trabajadoras que lo están pasando muy mal debido a los efectos de esta pandemia.

Francamente, me parece que es una vergüenza y que nosotros debemos rechazar esta propuesta e invitar al gobierno a mejorarla, a presentar una nueva propuesta y a insistir, si es necesario en el Senado, para que tengamos un reajuste más digno.

Entendemos que hay preocupación respecto de la situación del desempleo y de la difícil situación que están viviendo en este país particularmente las microempresas y las pequeñas empresas. Por supuesto que a ellas queremos ayudarlas y resguardarlas. ¡Cómo no vamos a querer ayudarlas si tres de cada cuatro trabajadores que ganan el salario mínimo están en una pyme! Pero si queremos ayudarlas, la forma de hacerlo no es traspasando la responsabilidad y el costo de la crisis exclusivamente a los trabajadores y trabajadoras de este país, y a las familias vulnerables y de clase media.

El gobierno y todo el Estado se debe meter la mano en el bolsillo y poner las lucas sobre la mesa para mejorar los subsidios estatales, para apoyar económicamente a esas pymes y, de esa manera, complementar los aumentos y los ingresos que se requieren para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es falso que no se pueda aumentar más el salario mínimo, porque, al mismo tiempo, lo que se está haciendo -aquí se ha explicado muy bien- es disminuir los subsidios estatales.

Se pueden hacer las dos cosas: aumentar más y entregar un reajuste del salario digno a los trabajadores y, al mismo tiempo, poner lucas sobre la mesa para subsidiar y ayudar a los microemprendimientos y a los pequeños emprendimientos del país.

Avancemos en mayor dignidad. Francamente, esto es una vergüenza. Nosotros estamos por rechazar esta propuesta y por obligar e invitar al gobierno a mejorarla.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC (vía telemática).-

Señor Presidente, existe la mala costumbre de los gobiernos -de cualquier lado, pero ahora lo demuestra el gobierno de Piñera- de negociar con el tejo pasado, ya sea para atrás o para adelante.

Cuando uno escucha la intervención del diputado Melero , parece más bien una cachetada de payaso que un argumento en serio, pues nos dice que no rechacemos el proyecto porque sabe que después lo van a subir un poquito. ¿Pero cuánto es ese poquito?

¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Para quienes son ajenos al día a día de la mayoría de las familias chilenas, les cuento que el kilo de tomates ha tenido una variación de precio, entre marzo y septiembre, de 421 pesos a 889 pesos, en las ferias mayoristas de Santiago. En Punta Arenas, la ciudad en donde vivo y en donde hoy estoy, un tomate como el que tengo en mi mano -no sé si alcanzan a verlo-, que viene congelado y que estuvo ausente de su lugar de venta durante una semana debido al paro de los camioneros, que el gobierno legitimó y avaló, cuesta 1.600 pesos el kilo.

Hablamos de un aumento de precio de cerca del ciento por ciento, y de 50 por ciento en el caso de las ferias mayoristas en Santiago. Y ustedes están proponiendo un ajuste del salario mínimo de 0,4 por ciento, de 1.500 pesos. Con 1.500 pesos al mes, en Punta Arenas no alcanza para comprar un kilo de este tomate congelado.

Entonces, cuando legislamos respecto de estas materias, que seguramente a ninguno de los que estamos aquí debatiendo nos afectan, porque tenemos sueldos absolutamente irrisorios si los comparamos con la realidad que vive la mayoría de los chilenos, lo mínimo que debiéramos preguntarnos es cómo les afectan a las 890.000 personas que sí viven con el salario mínimo.

Nos dicen, de una manera increíble, que esto da lo mismo, porque existe la cobertura del ingreso mínimo garantizado. Pero ocurre que el ingreso mínimo garantizado no aplica para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que no cumplen con un montón de condiciones. Al respecto, hemos visto cómo la burocracia que se genera para recibir las ayudas estatales muchas veces hace que sencillamente estas no lleguen a la mayoría de la población. Lo hemos visto con el Registro Social de Hogares, lo hemos visto con el IFE, lo hemos visto con el subsidio a la clase media. Entonces, faltan pies en la calle, falta realidad.

Por lo tanto, ante esta propuesta, que, desde nuestro punto de vista, es vergonzosa, nosotros, desde el Frente Amplio, tal como está, votaremos…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, por todo el tiempo de su bancada, el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, aquí hay que ser muy franco, y nadie puede interpretar la franqueza como una actitud no correcta o de poco caballero: por intermedio del señor Presidente, quiero decirle al ministro Ignacio Briones que la propuesta que nos está haciendo hoy, de reajuste cero, es indigna, porque descarga todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando hablamos de reajuste cero, es verdad: este proyecto de ley es de reajuste cero, porque esos 1.500 pesos, se supone, van a compensar solo la pérdida de poder adquisitivo por el aumento del IPC. Sin embargo, me corrijo, ni siquiera es posible hablar de un reajuste cero. En ese sentido, tiene toda la razón el diputado Gabriel Boric , porque, aun con estos 1.500 pesos, con este 0,4 por ciento de reajuste en el IPC, hay una pérdida real de poder adquisitivo.

Yo quiero darle una cifra oficial, señor Presidente, para que veamos cómo el famoso IPC no refleja la realidad que vive la familia trabajadora en Chile.

En estos mismos meses, el precio de la canasta básica de alimentos ha crecido en un 6 por ciento. Pregúntele a cualquier trabajador común y corriente, cuando va al supermercado o a la feria a comprar, si las cosas están más baratas o más caras. Todos los productos básicos de la canasta de alimentos de una familia chilena están más caros: su precio no ha crecido en 0,4 por ciento -¡por favor!-, sino en un 6 por ciento, a lo menos, y eso es lo que hoy día se tiene que compensar.

Además, deberíamos agregar todo el gasto extraordinario que ha implicado la adquisición de una serie de artículos de aseo, como mascarillas, cloro reforzado, alcohol gel. La compra de todas esas cosas representa una carga que se suma al presupuesto de las familias chilenas.

Acá, el ministro nos dice que estemos tranquilos -se tuvo que retirar de la Sala, pero espero que me escuche-, que no nos preocupemos tanto, porque el gobierno tiene resuelto este tema a través del famoso ingreso mínimo garantizado.

Entonces, en realidad, los trabajadores no dependen del salario mínimo. Sin embargo, señor Presidente, por su intermedio quiero decirle al señor ministro que según cifras oficiales de este gobierno, entregadas por la ministra Karla Rubilar a radio Bio Bio -supongo que le vamos a creer-, en agosto se pagó un ingreso mínimo garantizado a 259.889 trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el problema? Hablamos de matemáticas básicas, elementales, que yo creo que el ministro de Hacienda también conoce, porque obviamente sabe sumar y restar. El problema es que en Chile se paga el salario mínimo a lo menos a 700.000 trabajadores.

Entonces, ¿qué pasó con los otros 450.000 trabajadores y trabajadoras? ¿Dónde quedan? Esos otros 450.000 trabajadores y trabajadoras chilenos dependen del reajuste que se apruebe ahora; no reciben ni un peso de subsidio del Estado, ni un peso del famoso ingreso mínimo garantizado. ¿Qué les va a decir la Cámara de Diputados a esos trabajadores? ¿Aplaudan, quédense contentos, porque les vamos a dar 1.500 pesos, el reajuste del IPC, en circunstancias de que los alimentos básicos han subido tres, cuatro o cinco veces más que el 0,4 por ciento? Si postulan al ingreso familiar de emergencia, quedan fuera. Hablamos de trabajadores temporeros, trabajadores de la construcción, trabajadores del comercio, trabajadores de servicios, que cuentan con contratos por cuatro meses, por seis meses, por ocho meses, y cuando entran al famoso computador, a internet, los tira para afuera porque no cumplen los requisitos, o sencillamente ocurre que no tienen acceso a internet o no conocen la información.

Por eso, señor Presidente, es tan importante que hoy la Cámara de Diputados actúe en forma coherente y rechace esta propuesta.

Ayer tuvimos la sesión de la Comisión de Hacienda. Allí, el ministro tuvo una gran oportunidad para presentar una indicación, y dado que este proyecto tenía discusión inmediata, hubiésemos estado obligados a tratarla en la comisión. De esa manera se podría haber mejorado la cifra de forma significativa, se podría haber hecho un cambio importante en esta propuesta. Pero el ministro no quiso, perdió esa opción.

Entonces, si queremos que el gobierno de verdad se siente a negociar con los trabajadores, si queremos que el gobierno de verdad negocie con la CUT, sobre la base de la propuesta que esta ha hecho, que habla de un monto de 400.000 pesos, a nosotros nos deja como único camino rechazar este proyecto de ley.

Por último, quiero repetir una cosa que aquí siempre se nos dice: “es que con esto vamos a perjudicar a las pymes”. ¿Por qué no hacemos las cosas bien, y en vez del ingreso mínimo garantizado, que no funciona, que excluye a miles de trabajadores, una vez que aprobemos un alza significativa del salario mínimo, generamos también un subsidio directo a la pyme, pero para todos los trabajadores que perciban el salario mínimo, no solamente un ingreso que va a llegar solo a quien postula y tiene acceso a la información? Eso sería una solución real.

Por lo menos un tercio de los trabajadores que reciben el salario mínimo -escuchen bien: un tercio de esos trabajadores- trabajan para grandes empresas, están contratados directamente por grandes empresas. El Jumbo y el Líder tienen trabajadores que reciben el salario mínimo. ¿Me van a decir que no pueden subir el monto de ese salario, que no pueden pagarles más? Claro que pueden hacerlo, pero no lo hacen porque están aprovechando una ley que les permite bajar significativamente el salario que cancelan.

Por eso, nosotros llamamos a rechazar este proyecto de ley, para que de esa manera el gobierno se vea obligado a sentarse a negociar con los trabajadores y a hacer una propuesta digna, decente, que no lleve todo el peso de la crisis, como se está haciendo hoy, sobre las trabajadoras y los trabajadores chilenos.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Señoras y señores diputados, hecha la consulta sobre lo que ocurriría en la eventualidad de rechazarse en general este proyecto, les informo que el gobierno tiene a su disposición el instrumento de la insistencia ante el Senado, para lo cual deberá requerir el acuerdo, pues se requiere el voto favorable de dos tercios de sus miembros presentes para reanudar el trámite legislativo.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, estoy en cuarentena preventiva; si no, estaría allá con ustedes.

He escuchado atentamente los discursos de los colegas y, en verdad, pareciera que algunos vivieran en Marte. Le echan toda la culpa al gobierno por la tremenda crisis sanitaria y por la situación excepcional que estamos viviendo. Lamento ese análisis tan pequeño que hacen algunos colegas, sobre todo los de izquierda. Algunos no saben ni siquiera cómo se emprende. Algunos han salido de la universidad y han pasado directo al Congreso y no han visto nunca cómo se hace y se levanta una empresa. El empresario, que es un empleado más, sale a trabajar para producir la plata y pagarles a sus empleados, que son sus amigos, más que sus empleados.

¿El gobierno se preocupa de aquellas personas que tienen empleo? Sí, pero también se preocupa de aquellos que no lo tienen. No olvidemos que hay 1.800.000 chilenos que están en sus casas desempleados y sin un peso. Esas personas, con ansias, con ganas, saldrían a trabajar por ese sueldo mínimo que reciben los que están trabajando. Además, hay cerca de 1.100.000 chilenos que han dejado de buscar trabajo y que están en sus casas sin ganas de salir a buscarlo, porque saben que no lo van a encontrar. También hay más de 700.000 chilenos a quienes las empresas, sobre todo las pymes, les siguen pagando sus imposiciones mes a mes. Ellos, quizás, tienen la esperanza de que volverán a trabajar, porque hoy el seguro de cesantía les ha permitido seguir recibiendo hasta el 55 por ciento de lo que ganaban.

Esto es lo que se está viviendo en el país, que es algo excepcional: una crisis económica y sanitaria, ante la cual el gobierno ha hecho su mejor y mayor esfuerzo, con un endeudamiento nunca antes visto. Fíjense que en 2022 vamos a llegar a 40 por ciento del PIB de endeudamiento. Sí, señores. Algunos se preguntarán por qué. Algunos creen que la plata nace de los árboles, que crece en sus ramas y que puede caer sin problemas; creen que el fisco puede generar la plata. ¡No, señor! Es el emprendimiento privado el que tiene que levantarse para poder hacerlo. ¡Eso hacen las pymes! Tres de cuatro personas en Chile trabajan en pymes. Hoy, lo que el gobierno ha hecho es apuntalar a esas empresas, para que el costo no sea para el empresario, sino para todos nosotros que pagamos impuestos. Por eso el ingreso mínimo garantizado ha estabilizado a esas pymes y les ha entregado poder adquisitivo. ¿A cuántas? A 300.000. Faltan 400.000. Hagamos que postulen. ¿300.000 es más que cero? Obvio. ¿Es menos que 700.000? Claro que sí. Pero es muy fácil decir que no se ha hecho nada.

Estaba mirando un video muy bueno, en el que se da cuenta de lo que ha hecho el gobierno frente a esta crisis: el bono de emergencia covid-19, el ingreso familiar de emergencia, el préstamo solidario del Estado para la clase media, la postergación del pago de dividendos de créditos hipotecarios, la Ley de Crianza Protegida, la ampliación del subsidio de cesantía, la postergación del pago del CAE, la ampliación de la depreciación instantánea de ciento por ciento para las empresas, la creación de Fondo Covid-19 de 12.000 millones de dólares, la suspensión de los pagos provisionales mensuales, la postergación del pago del IVA para las empresas, la anticipación de la devolución de impuestos a la renta de las pymes, la postergación del pago del impuesto de renta pyme, la postergación del pago de contribuciones para empresas, la reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, el pago de facturas del Estado a 30 días, los créditos Fogape , el portal Chile Compra y el Crédito Corfo.

Quiero centrarme en el Fogape, a propósito de algo que dije en la Comisión de Trabajo, cuando fui a reemplazar a mi amigo Frank Sauerbaum . Se lo dije a la presidenta de la comisión y ella se comprometió a respaldar mi petición, lo que me parece bien. Quiero pedir al ministro de Hacienda un Fogape 3.0, porque no podemos estrangular el crédito para aquellas empresas que pueden salir a trabajar. A aquellas empresas que tienen 750.000 trabajadores a quienes les siguen pagando sus imposiciones, a quienes todavía tienen como trabajadores propios, a esas empresas hay que colocarles un burrito para que salgan adelante. Y para las empresas a las que la banca no les ha entregado el Fogape, porque el crédito a 3,5 por ciento parece el Hogar de Cristo, y la banca no puede prestarles a esas empresas porque obviamente tampoco gana, porque el crédito tiene un costo mucho más alto, quiero pedir al ministro un Fogape 3.0 y que se libere la tasa de interés a tasa de mercado. Ello dará a las pymes la posibilidad de levantar su negocio nuevamente, sobre todo en el ámbito del turismo. En mi Región de La Araucanía el turismo está prácticamente muerto; falta la extremaunción que le estaban dando algunas autoridades, porque nos estaban invitando a ver el eclipse en diciembre. Yo los invito a que vayan a ver el eclipse, porque hay que levantar a las pymes de turismo. Hay algunos políticos que están diciendo: “Vayan a votar el 25”, pero a lugares cerrados. Pero tienen que ir a ver el eclipse en lugares abiertos, para que puedan levantar a las pymes de turismo de mi Región de La Araucanía.

Por eso, pido al ministro de Hacienda este Fogape, esta negociación, y que el ministro esté al frente de esa negociación; me parece muy bien. También me parece bien su discurso sobre conversar, sobre no dejar de hacerlo, porque este es un Parlamento, y usted, ministro, hace muy bien eso: parlamentar. Lograr que sea hasta marzo el ingreso mínimo garantizado me parece bien. Creo que hay que mantenerlo. La disposición a seguir conversando, que usted promueve, estimado ministro, me parece muy bien.

Quiero hacer un llamado también a los parlamentarios de oposición a que de una vez por todas bajen las barreras, para poder llegar a entendimiento y lograr que haya más trabajadores y menos desempleados, para mantener a los trabajadores que hoy están y procurar que no pierdan su poder adquisitivo, y para que de una vez por todas pensemos en el país como un todo. Estamos viviendo una crisis sanitaria que no había ocurrido en años y una crisis económica que va a ser más profunda que la de 1982. Quienes la vivimos sentimos que esta es más profunda. En ese tiempo había un crecimiento negativo de 13,1 por ciento. Hoy tenemos 14,1 por ciento de decrecimiento; por lo tanto, esta crisis es más profunda aun que la de 1982.

¿Estamos mejor que en 1982? Claro que sí, y así se ha demostrado en todo lo que leí sobre lo que ha hecho este gobierno para enfrentar la crisis. ¿Falta más? Claro que falta más. Pero si solo vemos el vaso medio vacío, como lo ve la oposición, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. La plata no crece en los árboles; hay que producirla, y quienes la producen no son los empleados públicos, sino las empresas privadas, las pequeñas empresas que se levantan para producir y para que sus trabajadores, igual que el dueño, que es un empleado más, puedan llevar sustento a sus familias, pero también pagar los impuestos que nos sirven a todos para sobrevivir.

Estimados parlamentarios, ¿estamos dispuestos a seguir conversando para llegar a acuerdo? Sí. El proyecto se va a enviar al Senado. Les pido que demos el paso para que aprobemos la idea de legislar y este proyecto continúe su tramitación en el Senado. Si aquí no se pudo llegar a acuerdo, busquémoslo en el Senado y esperemos que este proyecto vuelva en tercer trámite a la Cámara de Diputados.

Obviamente, todos queremos que el sueldo mínimo sea más alto. Pero ¿qué es lo primero? ¿Esos casi 3 millones y medio de chilenos que están sin empleo o solamente aquellos que tienen empleo y que reciben el salario mínimo? Hay que procurar que aquellos que viven con el salario mínimo no pierdan su poder adquisitivo; reitero, que no pierdan el poder adquisitivo. Pero ese 1.800.000 o ese 1.100.000 o los 700.000 que tienen la protección del empleo vuelvan a trabajar. Ese es el ideal que pretendemos. Hacia allá tenemos que mirar.

Llamo al señor ministro de Hacienda a que nos entregue la posibilidad de salir adelante y que, ojalá, podamos retomar la senda del crecimiento que el Presidente Piñera quiere para Chile y los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson Drago .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, aunque pueda sonar provocador, creo que es importante preguntar en esta Sala si a alguien le alcanzarían 322.000 pesos para vivir durante un mes y mantener a su familia, si le alcanzarían para llegar hasta la estación intermedia, por así decirlo -en palabras del ministro-, hasta marzo, todo ello, por supuesto, sin utilizar ahorros, tal como es el caso de la mayoría del país, que no dispone de ahorros, sino que tiene principalmente deudas.

La respuesta a esa pregunta retórica es obvia, porque a nadie que se encuentra en esta Sala le alcanzaría ese monto para hacer todo aquello. Del mismo modo, nadie en esta Sala estaría dispuesto a trabajar 45 horas semanales para obtener ese salario mensual, porque probablemente no les parecería suficiente. No les parecería suficiente por una razón bastante obvia, porque ese sueldo está bajo la línea de la pobreza: no se puede mantener a una familia con 322.000 pesos mensuales, porque la línea de la pobreza que el propio Estado fija es de 450.000 pesos para una familia de cuatro personas. De allí que trabajar 45 horas a la semana para llevar a la casa un ingreso mensual que es inferior al que se ha establecido como el de la línea de la pobreza debe ser una frustración muy difícil de describir para quienes viven esa realidad.

Es interesante que hayan dicho que no somos nosotros los que producimos, porque eso se dejó abierta la variable. ¿Son acaso los empleadores los que producen? ¿Es el capital el que produce o son las y los trabajadores quienes producen? La respuesta a esa interrogante es importante, porque generan una discusión interesante sobre el valor del dinero.

En todo caso, la realidad no es la que muchas personas describen al voleo, como les encanta señalar al empresariado y a quienes lo defienden en este espacio de representación: que los empresarios son los que dan trabajo. Hablan de “dar trabajo”, como si se tratara de una obra de caridad.

¡Pero no! ¡Nadie da trabajo! El trabajo se contrata, porque genera valor para una empresa, de manera que ese trabajo se requiere. Lo señalo porque el lenguaje es importante a la hora de hablar de una materia relevante como es la relación entre el trabajo y su remuneración.

Comparto ciento por ciento lo planteado por la diputada Alejandra Sepúlveda en cuanto a la necesidad de que existan sindicatos fuertes, con titularidad sindical. De allí la importancia de cambiar la Constitución, porque se declaró inconstitucional la norma que proponía el establecimiento de la negociación ramal. El gobierno anterior no se atrevió a impulsarlo, porque dijo que no estábamos preparados para avanzar en materia de negociación ramal, pero si ese tipo de negociación existiera, esta discusión sería irrelevante, porque serían los sindicatos, en cada una de sus ramas, los que dirían cuánto es lo ideal para tener un ingreso mínimo.

Es el mismo chantaje de siempre, pero en una situación de precariedad como la que estamos viviendo es aun peor, porque nos dicen: “Bueno, es mejor que ganar cero”, como si dejándolo así se fueran a crear muchísimos más empleos. Si fuera por ese argumento, entonces bajemos el sueldo mínimo a 100.000 o a 50.000 pesos. ¿Qué les parece un sueldo mínimo de 20.000 pesos? ¿Qué tal ese monto, porque es mejor que cero?

Si el argumento es que el ingreso mínimo es mejor que cero, que no recibir nada, entonces, eso argumento da para que sea hasta de 1.000 pesos y que lleguemos al absurdo, que es el que nos tiene hoy con un “reajuste” del monto del ingreso mínimo mensual de cero por ciento.

¡Ya basta! El costo de la crisis ya lo han pagado los trabajadores con su seguro de cesantía, con la disminución de salarios, con la cesantía, con los fondos de pensiones. El IPC acumulado durante este año ya alcanza el 4,5 por ciento -ha subido 3 por ciento desde marzo-, pero el gobierno nos está proponiendo un reajuste de 0,4 por ciento nominal, lo que en verdad resulta indigno.

Respecto del ingreso mínimo garantizado, que es el argumento o el as que ha sacado bajo la manga, si no se avanza hoy en reajuste, más tiempo se va a demorar en salir de este ingreso mínimo garantizado y más personas -adivinen qué- van a tener que vivir del Estado, como a mucha gente no le gusta que pase; que lo paguen los trabajadores con el IVA y que lamentablemente no sea un piso futuro para mejores negociaciones del salario mínimo.

Entonces, si queremos ayudar a las pymes, ayudémoslas. No tenemos por qué estar ayudando a las grandes empresas con un subsidio, como el del ingreso mínimo garantizado.

¿Cuál es la justificación moral para aquello? Cabe preguntarse cuál es la justificación moral para que con plata que proviene del IVA, que mayoritariamente lo pagan como impuesto indirecto los trabajadores que menos ganan en nuestro país, así como los informales y toda la gente que tiene que consumir, haya que subsidiar a las grandes empresas, a las que más ganan, a las que más reportan utilidades si es que tienen a un trabajador por el sueldo mínimo. En todo caso, no solo tienen a los suyos, a sus propios trabajadores con el sueldo mínimo, sino que a muchos trabajadores más a través de empresas subcontratistas.

Entonces no me vengan a mencionar esa estadística de que el 25 por ciento en marzo. Claro, pero con todas las pymes que han quebrado, con todos los empleos que se han perdido y con todo lo que subcontrata la gran empresa, obviamente, ese porcentaje es mayor.

Por lo tanto, llamamos a rechazar este proyecto con esta temeraria propuesta, para que el gobierno tenga que insistir en el Senado, en donde requerirá contar con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio, como castigo por presentar una propuesta como esta. En otras palabras, si presentan una propuesta como esta, entonces que sea más difícil conseguir un acuerdo para que tengan que poner más recursos para que no se les falte el respeto a las los trabajadores de nuestro país.

Por lo anterior, votamos rechazo a esta propuesta, para que en el Senado tengan que llegar con una que alcance la decencia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marcela Hernando Pérez .

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, el mensaje del Ejecutivo sobre el reajuste del sueldo mínimo este año tiene un sinsabor particular. Es el primero que tramitamos después del estallido social de octubre del año pasado y de la llegada de esta pandemia por covid-19, golpes duros para las economías familiares de nuestro país.

Los mismos economistas pitonisos que vaticinaron la destrucción de la economía chilena con el retiro del 10 por ciento del ahorro de los fondos de pensiones están ahora adelantando la catástrofe mundial que se avecina. Por ello, esta discusión no debiera darse en forma separada de los planes de reactivación.

El ejemplo del retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP es la mejor demostración de que las familias, con recursos frescos de sus bolsillos, son el principal motor de las economías locales.

Es comprensible no querer imponer una carga mayor a las pequeñas y medianas empresas al aumentar el monto del sueldo mínimo, puesto que debe ser uno de los sectores más golpeados económicamente durante esta pandemia. Sin embargo, creo que un mejor camino es el subsidio al empleo, el cual, concebido junto a un salario mínimo más alto, significaría que nos acercáramos a un sueldo mínimo que llegue efectivamente a la línea de pobreza.

Lo que quiero decir es que, mientras las élites chilenas no tengan conciencia de que sueldos por debajo de la línea de la pobreza solo perpetúan el malestar social y la inequidad, que esto es un círculo vicioso que ahonda la inequidad e indignidad en la que lamentablemente vive la mayoría de las familias chilenas, estaremos mal.

Creo que el reajuste cero que nos presenta el gobierno es como pegarle en el suelo a nuestros trabajadores, que ya han visto mermados sus ingresos por el estallido social de hace casi un año y luego con esta pandemia por coronavirus, que nuestro virtuoso Presidente, en un acto de psicomagia, pretendió desalojar de nuestro país.

Si legislamos sobre subsidios al empleo separadamente y sin considerar el aumento del salario mínimo, nada nos garantiza que esos subsidios al empleo vayan a ser utilizados en realidad. Al ir asociados, serían una inyección directa de recursos a las economías locales, tal como lo fue el retiro del 10 por ciento de las AFP.

Por todo lo expuesto y por lo expresado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, rechazamos este reajuste de cero por ciento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina Magofke .

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, da la impresión de que muchos de los que están aquí no han querido entender ni sopesar que estamos probablemente frente a la peor crisis que hemos vivido en los últimos cincuenta años.

Tenemos un país que debemos reconstruir, hay 3 millones de personas que tienen que volver a trabajar y existe el tremendo desafío de lograr que ellas tengan empleo.

Cuando se dice que el gobierno no hace un esfuerzo en esta materia, quiero señalar que si subimos el salario mínimo el esfuerzo no lo va a hacer el gobierno, sino el 70 por ciento de las personas que trabajan en microempresas, en pequeñas empresas o en medianas empresas. Son esos señores que están a la cabeza de empresas que tienen entre uno y nueve trabajadores, esos señores que dirigen empresas pequeñas, los que tendrán que pagar lo que hoy se nos ocurre.

Además, el subsidio para el salario mínimo, muy celebrado en su momento -ahora parece ser nada-, que logró que los trabajadores que perciben el ingreso mínimo accedieran a 300.000 pesos líquidos mensuales, disminuirá si se aprueba un aumento mayor.

Como señalé, en la medida en que aprobemos un aumento mayor al propuesto por el gobierno, los que pagarán serán los emprendedores; pero hay quienes sostienen aquí que es el gobierno el que no da la plata, el gobierno el del problema, cuando es al revés.

Lo que debiéramos preguntarnos -en esto hay coincidencia- es por qué, de las aproximadamente 600.000 personas que ganan el ingreso mínimo, solo 300.000, aproximadamente, han recibido el subsidio, que es de unos 45.000 pesos, y las otras 300.000 personas no lo han recibido. ¿Cuáles son las razones? ¿Han postulado? ¿Dónde está el problema para los efectos de que esas personas puedan obtener ese aporte, comprometido a través de un programa financiero?

Debemos preguntarnos cómo extender el subsidio a esas casi 300.000 personas que aún no lo reciben, cómo les llegan esos 45.000 pesos, en vez de estar discutiendo por los 1.500 pesos de reajuste del ingreso mínimo. En torno a eso deberíamos estar conversando hoy, para que esas personas puedan obtener ese aporte, que sí lo otorga el Estado, en vez de preocuparnos de aumentar el reajuste del ingreso mínimo, que obligará a las pequeñas y medianas empresas a pagarlo.

Ahora, como dije en mi discurso el año pasado, hace rato que deberíamos tener información de las grandes empresas que pagan el ingreso mínimo y sobre sus utilidades, para que, como consumidores, podamos decir: “Estos señores de las grandes empresas están pagando el sueldo mínimo. Preferiré a la otra empresa cuando tenga que comprar mis productos”.

Ojalá tuviéramos la transparencia suficiente para conocer esa información. Es tarea del Estado hacerlo posible, y creo que debiéramos establecerlo.

Por último, es muy probable que las grandes empresas, como también las pequeñas, durante un periodo, posiblemente de seis meses a un año, tengan trabajadores ganando el sueldo mínimo. Se trata, en general, de personas que solo tienen educación básica. Si miramos los números, estamos hablando de entre 25 y 26 por ciento de personas que tienen educación básica incompleta o educación media incompleta. Es decir, tenemos empresas, empresarios, emprendedores que se hacen cargo de nuestras falencias como Estado, de personas que no lograron obtener una educación de calidad.

Además, les estamos pidiendo que compitan con los chinos, porque este país está abierto para los chinos. ¡Que vengan nomás!, parece ser el lema, y no controlan absolutamente nada, porque lo importante parece ser que los consumidores compren productos baratos. Cuando se trata de nuestras empresas, en cambio, se tienen que hacer cargo de las falencias de los estudios y de las capacidades que tienen nuestros trabajadores. Y vamos pegándoles nomás, porque basta con ser empresario para ser considerado ladrón.

Entonces, la tarea que tenemos como chilenos es darnos cuenta de que debemos hacer competir a nuestros pequeños y medianos empresarios con China, que nos llena de productos, donde no hay ningún control de lo que significa respetar, desde los derechos humanos de sus trabajadores hasta sus condiciones laborales.

Espero que se entienda que esta es una conversación que está abierta y que rechazar el proyecto significa no comprender la crisis y su tamaño. Lo aprobaremos, porque entendemos el momento que está viviendo el país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, esta es una discusión clásica, porque se da en nuestro Parlamento cada vez que se discute este tema. Es clásica, además, porque normalmente se exponen los mismos argumentos. El principal es que si aumenta mucho el ingreso mínimo, disminuirían las posibilidades de contratación y se afectará a las microempresas, a las pequeñas empresas y a las medianas empresas, principalmente.

Durante los últimos años varios de los argumentos que se han dado han ido perdiendo fuerza, particularmente durante la discusión del retiro del diez por ciento desde las AFP, que logramos aprobar, lo que permitió que cerca de nueve millones de chilenos pudieran acceder a esos recursos, como una medida de carácter extremo y excepcional, dado que el gobierno no llegó a tiempo con recursos para ayudar a vastos sectores de la ciudadanía que requerían su apoyo.

Los argumentos que se dieron en esa ocasión también fueron clásicos. Algunos colegas se han referido al tema, yo me referiré a sus argumentos.

Se dijo que bajaría el dólar, que habría múltiples problemas para la macroeconomía de nuestro país; que era una inyección de recursos muy grande, del orden de 13.000 o 14.000 millones de dólares, que ingresarían directamente a consumo o ahorro a través de esos nueve millones de chilenos y chilenas, y que bajarían las acciones en la bolsa, entre otras cosas. En fin, se dieron muchos argumentos.

Una persona, el exministro Juan Andrés Fontaine , en un acto de hidalguía que le reconozco, hace algunos días dijo que, quizás, los economistas habían exagerado las consecuencias negativas que podría haber producido esa medida, que, de hecho, no se produjeron.

Creo que con el ingreso mínimo pasa más o menos lo mismo. Hay cierto temor, cierto dogma, en cuanto a que aumentar el ingreso mínimo en algunos puntos adicionales, como 10.000, 15.000 o 20.000 pesos, producirá una catástrofe. Sin embargo, me parece que no será así y que los economistas y los colegas parlamentarios que sostienen eso están absolutamente equivocados. No hay nada que lo demuestre en términos absolutos. Además, hay fórmulas para ir en ayuda de las pequeñas empresas a través del subsidio.

Considero que una vez más están cometiendo un error. Cada vez que va una ayuda directa a los sectores más modestos de nuestra ciudadanía, arde Troya, como ocurrió respecto del retiro del diez por ciento desde los fondos previsionales.

Les pido que recapaciten, en especial al ministro de Hacienda. Poner 20.000 o 30.000 pesos más en el ingreso mínimo es absolutamente necesario y no provocará un descalabro económico.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER (vía telemática).-

Señor Presidente, no iba a hablar, porque cualquiera que vea este debate podría revisar el del año pasado, el del año antepasado y, probablemente, todos los de los últimos años y se sorprendería de constatar que en todos ellos se dice lo mismo, la misma eterna dialéctica. A mí me da la sensación de que esto tiene a los chilenos un poco cansados, porque la realidad es muchísimo más compleja que eso.

Tras escuchar las exposiciones, sobre todo la del diputado Giorgio Jackson , que tiene los conocimientos suficientes porque tuvo el privilegio de estudiar una carrera universitaria -privilegio que muchos chilenos no tienen-, se hace imposible no contestar varias de las cosas que dijo.

Primero, la pregunta retórica, cargada de superioridad moral, como si él, de alguna manera, pudiera atribuirse una posición especial desde la cual hacer esa pregunta. Nadie en el Congreso quisiera que las personas tuvieran que vivir escasez económica, endeudarse y mantenerse con bajos niveles de ingreso. El punto no es ese; el punto es cómo se construye una sociedad capaz de garantizar un desarrollo progresivo en el tiempo, de manera que la mayor cantidad de chilenos posible pueda ir accediendo a esos espacios.

Los señores del Frente Amplio son campeones en criticar lo realizado en los últimos treinta años en Chile. La pregunta que deben hacerse es si ellos lo habrían hecho mejor o si habrían logrado que más gente superara la línea de la pobreza, como lo ha logrado el país durante los últimos treinta años. Sus recetas, que normalmente han traído pobreza y dificultad a los países que las han implementado, ¿habrían generado algo mejor en Chile?

Francamente, es imposible no referirse a esto cuando se insiste en la retórica de la lucha de clases, en la odiosidad, sin hacerse cargo de que construir condiciones de justicia no es algo que se logre implementar a través de un manual, de una abstracción, sino con esfuerzo y con reformas graduales.

Algunos son muy buenos para dar recetas sobre cosas que, cuando las hemos visto en acción, tratándose del Frente Amplio, han tenido resultados no muy alentadores.

El diputado Jackson dice que el que produce es el trabajador, no el capital. Sus palabras nos retrotraen, como en una película, a sesenta años, con una dialéctica entre el capital y el trabajo muy antigua y obsoleta. En el mundo del trabajo real tiene que haber colaboración entre el mundo del capital -usando la jerga del diputado Jackson - y el mundo del trabajo, porque de otra manera ambos salen perjudicados. Esta permanente lógica del conflicto y de la lucha es una cuestión que ellos alientan, porque probablemente les rentabiliza políticamente. Pero ocurre que el mundo moderno aspira al trabajo mancomunado; de hecho, hay algunas empresas que están generando participación de los trabajadores en las utilidades. Sin embargo, aquí se sigue con la misma retórica, haciendo alusión a la titularidad sindical y al fallo del Tribunal Constitucional.

Dado que han usado el argumento de que el Tribunal Constitucional bloquea los cambios, quiero explicar que la titularidad sindical y la idea de que solo el sindicato puede negociar a nombre de los trabajadores atenta contra la libertad sindical, es decir, contra la libertad que tienen las personas de adherir o no a un sindicato. Ese principio es el que resguardó el Tribunal Constitucional, que busca impedir que las mayorías coyunturales pasen por encima de los derechos de las minorías.

¡Digámoslo con claridad: la titularidad sindical implica la obligación de regirse por los destinos del sindicato! Escucho a algunos hacer gárgaras cuando se refieren a los sindicatos, pero lo hacen porque muchas veces actúan como sucursales de sus partidos políticos dentro de las empresas. El día que tengamos buenos sindicatos -los hay, y muchos-, y no dirigentes sindicales que reporten a los partidos políticos, obviamente el sindicalismo podrá avanzar, tal como lo vemos en los países modernos.

Lo del sueldo mínimo es una discusión eterna, porque es tremendamente difícil articular cómo generamos un nivel de ingreso digno para las familias. Además del sueldo hay que pensar cómo esto se articula con otras prestaciones que brinda el Estado en las distintas esferas.

Algunos integrantes del Frente Amplio no toman con suficiente atención lo que han implicado los últimos meses para las pymes. Es cosa de ver lo que sucede en el mundo agrícola, que represento; en el mundo de los servicios, en el mundo de la pequeña y mediana minería, en fin. Para la gente que construye su empresa a pulso y la saca adelante a pulso, obviamente el sueldo mínimo es un tema. De hecho, le cuento al diputado Jackson , por intermedio del señor Presidente, que hoy muchos de esos empresarios han tenido que suspender la relación laboral con sus trabajadores, porque hasta pagar sus cotizaciones previsionales constituye un tremendo esfuerzo. ¡Eso es lo que está ocurriendo en el Chile profundo!

Cuando aquí nos dicen, con toda una perorata, que hay que subir el sueldo mínimo, se olvidan de que al final del día los que pagan el sueldo mínimo son pequeños empresarios, dueños de locales de barrio o pequeños agricultores familiares -mis colegas de las regiones rurales los conocen muy bien- que deben sacar a pulso sus compañías.

Ojalá en estas materias dejáramos de lado una verborrea retórica y fuéramos capaces de ir al fondo. Debemos buscar las condiciones para generar beneficios del Estado que permitan a las personas ir creciendo en sus niveles de dignidad, pero entendiendo que estamos viviendo una crisis económica y laboral que los chilenos van a sentir.

Con el diputado Jackson tenemos en común que nunca hemos vivido un Chile en una crisis económica real, con tres millones de desempleados. Entonces, ¡un poquito más de humildad! Tenemos el enorme desafío de enfrentar una crisis financiera que será tremendamente dura para los hogares chilenos. Por eso, tratemos de poner la pelota contra el piso, busquemos acuerdos en esta materia y no insistamos en la lucha y en la conflictividad, pues lo único que generan es una efervescencia que no resuelve las urgencias de muchos hogares chilenos que intentan encontrar las condiciones que les permitan salir adelante en momentos en que nuestro país está viviendo una crisis económica muy profunda, que va a impactar a muchos hogares en Chile.

Quise intervenir para hacer un contrapunto, porque siento que muchos argumentos se dan por sentados y da la sensación de que aquí hay algunos que están del lado de los trabajadores y otros del lado de las empresas, en circunstancias de que el problema es mucho más complejo que eso.

Hay algunos a quienes les encanta explotar esa veta, porque les renta políticamente; pero los chilenos saben perfectamente que el trabajo no cae desde los árboles y que no se los darán los burócratas de algunos partidos de izquierda. Estamos hablando de personas que sacan adelante a sus familias a pulso y de pequeños y medianos empresarios que sacan adelante sus empresas a pulso, quienes, en definitiva, son los que sacan adelante a nuestras regiones, a nuestro país y logran nuestro desarrollo. Así han sido los últimos treinta años del país, aunque algunos los quieran borrar con una hoja en blanco.

En lo único en que coincido con el diputado Jackson es en la cantidad de veces que usó la palabra “rechazo”.

En esta materia en particular es muy importante que no sigamos con los borrones y cuenta nueva, porque nada ayudan a nuestro diálogo institucional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, el ministro de Economía, Fomento y Turismo dijo que se podía llegar sin problemas a fin de mes con trescientos veinte mil pesos. Esas palabras me recordaron varias cosas, como cuando la reforma de pensiones que presentó el gobierno en su momento aumentaba dos mil seiscientos pesos la pensión básica solidaria o cuando se aumentó el precio del ticket del metro, y mandaron a la gente a levantarse más temprano. ¿Qué pasa hoy en La Moneda? ¿Sabrán que hubo un 18 de octubre? ¿Sabrán que hay desigualdad? ¿Sabrán que las personas hacen ollas solidarias?

Mi teoría es que en La Moneda deben tener una especie de espejito mágico, y cada vez que el Presidente va en la mañana a trabajar, le pregunta: “espejito, espejito, ¿quién es el mejor Presidente?”, a lo que el espejito contesta: “Usted, mi rey”. El problema es que siempre responde lo mismo. También le pregunta: “espejito, espejito, ¿quién hace el mejor bono covid?”, a lo que el espejito responde: “usted, mi rey”. “Espejito, espejito, ¿quién da los mejores empleos?”, a lo que el espejito responde: “usted, mi rey”. El problema es que el espejito es un yes man. Ahora el Presidente le preguntó: “espejito, espejito, ¿cuánto subo el sueldo mínimo?”, a lo que el espejito contestó: “En mil quinientos pesos”. “¡Perfecto! ¿Dónde firmo?”, preguntó el Presidente a sus ministros.

El problema no son los políticos que hoy están en La Moneda, sino ese “espejito”, que tiene una tergiversación neoliberal, porque no es una ventana para ver la realidad, sino un espejo para verse a ellos mismos y para ver al país superbién.

Si uno preguntara al espejito para qué nos alcanzan los mil quinientos pesos, este respondería que alcanzan para una mascarilla o para cinco Chocman al mes.

¡Seamos honestos: si pudieran bajar el sueldo mínimo, lo harían! ¡Así crearían cien mil empleos! La lógica de la reactivación económica a costa del derecho de los trabajadores es la regla general por la que este Presidente tiene uno de los peores niveles de aprobación de la historia.

Para reactivar la economía en la etapa pospandemia quieren disminuir el valor del trabajo, y lo que falte asumirlo con bonos pagados con el IVA que todos pagamos, por ejemplo, al comprar pan. Si el sueldo mínimo aumenta mil quinientos pesos, baja mil quinientos pesos el ingreso mínimo garantizado. Ahí está la trampa, al querer restringir el gasto social, porque así habría crecimiento económico y chorrearía el beneficio para el resto de la sociedad. ¡Esa es la trampa! Y usan a las pymes para sus objetivos tramposos.

Frente a eso les decimos que cambien ese espejito por una ventana y vean la realidad. Vamos a rechazar esto y esperaremos una propuesta más digna.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, me habría encantado que estuviera presente en la Sala el ministro de Hacienda, porque lo hubiera invitado a que se reuniera con trabajadores que ganan el salario mínimo, o temporeros, para que les explicara, con las mismas palabras con que nos explicó a nosotros, por qué no reajustará el salario mínimo.

De verdad estamos frente a un gobierno que no entiende todavía que no deben ser los trabajadores ni la gente más vulnerable del país los que deben pagar esta crisis.

Fíjese que el ministro olvidó comentar en la Sala que el gobierno pretende subsidiar a las grandes empresas para la contratación de mano de obra. Se habla de una cifra cercana a los 200.000 pesos. Es decir, los grandes empresarios de este país podrán contratar personas con plata del Estado. ¿Cómo? Todos los chilenos vamos a poner 200.000 pesos, y si a esos trabajadores se los contrata por el salario mínimo, los empresarios solo pagarán la diferencia. Decir aquello resulta tan escandaloso que el ministro de Hacienda ha preferido quedarse callado. Este fin de semana los empresarios ya le dijeron al gobierno, a través de los medios de prensa, que está demorando mucho en establecer este subsidio para que ellos, supuestamente, inicien el proceso de contratación de mano de obra.

Que yo recuerde -también lo deben recordar aquellos que son parlamentarios desde hace años-, esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que no se reajustará el salario mínimo. ¡Primera vez! Nunca antes había ocurrido esto, ni siquiera frente a otras crisis tan complejas como esta.

Una vez más, este gobierno no quiere entender, pese a que el camino es muy simple: así cómo existen subsidios para que los grandes empresarios contraten mano de obra, ¿por qué el gobierno no puede subsidiar el ingreso mínimo? ¿Por qué el gobierno, en lugar de solo subsidiar a los grandes empresarios, no subsidia el salario mínimo para que las pymes, cómo aquí han dicho los campeones que las defienden -nosotros las defendemos a todas-, no tengan que pagar el costo?

Creo que no les haríamos daño a las pymes si el Estado subsidiara con 100.000 pesos el salario mínimo. Las pymes seguirían pagando el mismo salario mínimo a los trabajadores, que son muchos más que los 890.000 que se mencionan, porque no se considera a los temporeros. Hay muchas regiones en este país donde el salario mínimo es el salario máximo.

Lo que le estamos diciendo a esos trabajadores es que seguirán ganando el salario mínimo por mucho tiempo más, lo que parece del todo injusto. Es tremendamente injusto que una vez más sean los trabajadores, que una vez más sea la gente más vulnerable de este país la que deba pagar el costo de la crisis, mientras los grandes empresarios, los que tiene más, reciben dinero para seguir ganando plata a costa del abuso y atropello a la dignidad de los trabajadores de nuestra patria.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ) [vía telemática].-

Señor Presidente, es indudable que esta propuesta de aumentar en 1.500 pesos el salario mínimo es una bofetada en la cara a la gente que, tras meses de espera, aún no ve un respaldo real. Ello, indiscutiblemente, es una provocación, porque 1.500 pesos no alcanzan para nada, ni siquiera para comprar mascarillas.

Ante esa razonable crítica ciudadana a un aumento del monto del salario mínimo indefendible, el gobierno ha tratado de generar una respuesta improvisada, diciendo que no hay que preocuparse, porque esto será complementado con el ingreso mínimo garantizado, uno de los tantos apoyos, bonos y ayudas que se han lanzado con nombres rimbombantes, pero que deja una larga fila de olvidados y ciudadanos pateando piedras.

La focalización, los requisitos mal planteados y las trabas burocráticas para acceder a los beneficios provocan que las ayudas estén haciendo agua. Un solo ejemplo: sobre la misma solución que entrega el gobierno frente al minúsculo aumento del salario mínimo, el subsidio al ingreso mínimo garantizado no llegó a cubrir a 260.000 personas de las 688.000 pronosticadas en enero. Hoy, existe gente que requiere apoyo, reúne los requisitos, pero aun así se está quedando sin respaldo. Esa no puede ser una respuesta real, ministro.

Por otra parte, señalan como excusa para no aumentar el salario mínimo la situación compleja que están viviendo las pymes, las mismas que nos dijeron en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que el problema que tienen se origina, nuevamente, en el hecho de que las ayudas económicas comprometidas llegan tarde, mal y nunca.

Recordemos, además, que hay diputados que hacen gárgaras con la protección a las pymes, usándolas como la excusa perfecta para impulsar los proyectos del gobierno. Sin embargo, a la hora de los “quiubos”, esos proyectos terminan apoyando a las grandes empresas.

Recordemos lo que pasó con la ley de protección al empleo, ocasión en que se insistió en incorporar a las grandes empresas. El Gobierno no cedió y terminamos con reparticiones millonarias de utilidades en Cencosud, mientras sus trabajadores tenían sus sueldos disminuidos a la mitad. Si realmente les interesaran las pymes, no las usarían como excusa y les entregarían los apoyos que requieren y siguen esperando.

No tengo dudas acerca de que la única medida que ha servido para apoyar realmente a la gente ha sido el retiro del 10 por ciento, medida que tuvo al gobierno en contra.

Por todas esas razones y a sabiendas de que el gobierno ni siquiera se dignó a asistir a la Comisión de Trabajo y Seguridad social el día de la votación, porque, al parecer, no le interesa tanto el salario mínimo de los trabajadores, decidimos rechazar el proyecto en la Comisión. Hoy, también somos claros en expresar que rechazaremos la iniciativa, porque esta propuesta es indigna, y el gobierno, a pesar de ello, no presenta una alternativa decente.

Hay un camino diferente: escuchar a la gente común y entender, como lo hacen millones de chilenos, a diferencia del ministro de Economía, que con 320.000 pesos simplemente no alcanza para vivir.

Habría sido bueno para la ciudadanía saber que los tiempos mejores se traducirían en un reajuste de cero por ciento. De haber sido así, las cosas serían bastante diferentes.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos quienes están presentes en la Sala y a aquellos que, al igual que yo, participan de modo remoto.

Hemos tenido años difíciles en que el salario mínimo se ha reajustado en términos reales prácticamente en cero. Es cosa de revisar la historia desde 2009 en adelante. Encontramos años como el 2016, ocasión en que el reajuste real del salario mínimo fue de 0,8 por ciento, lo que implica que no necesariamente los reajustes están asociados a una coalición política o a quien gobierna.

En esta ocasión hay algo distinto, especial, extraordinario, que nunca antes habíamos vivido: la condición extrema derivada de la crisis provocada por la covid-19, situación que ha afectado de manera dramática nuestra economía y el empleo en nuestro país.

Una de las materias a las que no se ha referido la oposición, en su preocupación por la gente que está quedando desempleada, es la relacionada al tipo y tamaño de las empresas que concentran la mayor cantidad de personas que han debido ser desafectadas de sus empleos. Al revisar aquello nos encontramos, como pasa siempre, que los primeros en ser afectados son aquellos que trabajan en las pequeñas y medianas empresas, no en las grandes empresas. Y son las grandes empresas las que, en términos del volumen o número de trabajadores que ganan el salario mínimo, resultarán menos afectadas, de acuerdo con el debate que desarrollamos hoy.

Por lo tanto, esto se concentra, de manera muy importante, en las mipymes, una industria que ha sido golpeada duramente por el desempleo, producto de esta pandemia. ¿Y en dónde se han concentrado los beneficios y ayudas del Estado? En las mipymes y en la gente más modesta de nuestro país.

Desde hace ocho o diez años hemos venido proponiendo que este debate no sea político. Esa propuesta no ha volado, porque hay muchos teóricos políticos que dicen que esta es una oportunidad para hacer política, para recaudar votos, para generar complicidad electoral, y por eso algunos dicen que todo es insuficiente. Pero hay otros que hemos planteado que es importante que este debate no se dé políticamente, sino técnicamente; o sea, que condiciones como la productividad, el crecimiento, la expansión, etcétera, sean las variables que vayan determinando los tramos de reajuste del salario mínimo. De esa manera entraremos a un debate objetivo de lo que estamos viviendo como país y no caeremos en una discusión de este tipo, pues no se entiende que, en una situación tan difícil y extrema como la que hoy vivimos, el debate no se focalice principalmente en la protección del empleo.

La protección del empleo significa ayudar a esos pequeños y medianos empleadores, que son los que concentran prácticamente el 95 por ciento de los trabajadores que ganan el salario mínimo, así como también no poner en riesgo a los que hoy mantienen su trabajo.

Un reajuste nominal igual a 0,4 por ciento es un reajuste que se ha dado en el pasado -o muy parecido- sin esta crisis, y muchas personas de la oposición, que en ese minuto eran parlamentarios de gobierno, votaron a favor sin ningún problema.

He escuchado a varios que votaron a favor -revisamos sus votaciones de ese período-, que no tuvieron ningún problema en hacerlo y dijeron que entendían que las condiciones económicas no daban mérito para seguir proyectando. En algún minuto también se habló de lo que significaba la instalación de reajustes bianuales, etcétera.

Hoy existe una propuesta -que a mí me parece bien- para que este reajuste sea hasta marzo próximo, que no sea anualizado, y que en marzo, de acuerdo con las condiciones que esté viviendo nuestra economía, volvamos a debatir el reajuste del salario mínimo.

Todos queremos que el reajuste del salario mínimo sea significativo. No olvidemos que hoy existe una ley que establece el ingreso mínimo garantizado, que, le guste o no a la oposición, ha permitido que en Chile nadie gane menos de 300.000 pesos líquidos. Esa es una realidad; esa fue una situación en la que nos convocaron a votar a favor -la mayoría lo hizo así- y que hace que, indistintamente de cuál sea el salario mínimo, la gente va a tener un monto de salario mínimo garantizado. En ese minuto hablamos de que ese subsidio va a ir disminuyendo en el tiempo, ya que si va mejorando el salario mínimo, ese subsidio del Estado será menos importante.

Por lo tanto, convoco a actuar con responsabilidad. Sé que este debate, en que se pide algo distinto de lo que propone el gobierno, se da todos los años. Por eso es bueno llevar este debate a un componente técnico más que político o populista, y hacer un compromiso, que, a mi juicio, es importante, cual es que en marzo nuevamente seamos convocados y nos volvamos a juntar para discutir un reajuste. Espero que en ese entonces las condiciones de carácter económico y de proyección de nuestro país estén bastante mejor, y que podamos seguir avanzando, que es el propósito de todos nosotros, para que en Chile la gente tenga mejores ingresos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve Benavides .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, para abrir el debate, primero debo señalar que el proyecto de reajuste del salario mínimo presentado por el gobierno no puede ser aprobado por la oposición en las condiciones en que ha sido presentado.

El desafío que tiene el país en materia de desigualdad es disminuir la brecha salarial. ¿Y qué alternativa hay en Chile para disminuirla? La negociación colectiva, que en nuestro país, en la práctica, casi no existe, y el fortalecimiento de los sindicatos. La derecha fue al Tribunal Constitucional para echar abajo la titularidad sindical y, por lo tanto, hoy tenemos a los trabajadores chilenos en una condición precarizada. Ese fue uno de los motivos por los cuales los chilenos y chilenas salieron a la calle, en el marco del estallido social, para reclamar por los bajos salarios.

El 70 por ciento de los chilenos tiene salarios líquidos inferiores a los 450.000 pesos; el 50 por ciento de los trabajadores chilenos tiene salarios bajo 400.000 pesos, y 650.000 trabajadores chilenos hoy ganan el salario mínimo; o sea, los trabajadores chilenos viven bajo la línea de la pobreza, en la completa precariedad y endeudados. La pregunta que corresponde hacerse es: ¿Es posible cambiar esto en Chile? Este es uno de los temas más profundos de la sociedad chilena; esperamos que se avance a garantizar derechos de negociación colectiva.

¿Qué hacemos hoy con el salario mínimo, aparte de rechazar la propuesta del gobierno? Buscar mejorar la propuesta, y en este punto hago una invitación al gobierno a buscar acuerdos para mejorarla.

¿Y en qué puntos se puede mejorar la propuesta? En primer lugar, el diputado Daniel Núñez , presidente de la Comisión de Hacienda, ha hecho ver un punto que es relevante: este Parlamento aprobó el ingreso mínimo garantizado para entregar un subsidio que mejorara el salario mínimo. 650.000 chilenos tienen salario mínimo.

¿A cuántos llega el ingreso mínimo garantizado, el subsidio que aprobamos? A no más allá de 300.000 trabajadores. Hay 350.000 trabajadores que, a pesar de que este Parlamento tuvo la voluntad política de mejorarles sus ingresos, ello no ha ocurrido, y esa es responsabilidad del gobierno.

En el marco de este debate, el gobierno debe asumir un compromiso explícito con el Parlamento para hacer un esfuerzo para que este subsidio llegue a los 650.000 trabajadores que ganan el salario mínimo, porque eso implica un aumento de entre 20 y 30 por ciento de su salario, que, a pesar de que hay una ley, no lo están recibiendo. Por lo tanto, debe haber un compromiso aquí, en esta Sala, de parte del gobierno para resolver este problema.

En segundo lugar, si la mayoría de los trabajadores con salario mínimo trabajan en la pequeña y mediana empresa, y no es posible cargar a la pequeña y mediana empresa el costo del aumento del salario durante esta crisis sanitaria y económica, entonces lo que hay que hacer es desacoplar el salario mínimo del ingreso mínimo garantizado, para que los aumentos de salario mínimo no impliquen una disminución de subsidio y los trabajadores puedan ver una mejora en sus salarios.

En tercer lugar, tiene que haber un compromiso de mediano y largo plazo del gobierno, porque esta es una tarea del país -no de la oposición-: que los trabajadores tengan un salario por sobre la línea de la pobreza.

El gobierno tiene que hacerse cargo de esas demandas; aun en la condiciones económicas que vive Chile, debe tener una mirada de largo plazo que permita garantizar salarios que den dignidad a los trabajadores chilenos, y tiene que plantear un mecanismo para alcanzarlo, en el contexto de la actual crisis, pero esta situación en el mediano y largo plazo se va a resolver. Por lo tanto, en una parte, el Estado se hará cargo de esta carga, y en otra, lo harán los privados. Pero una tarea conjunta del país es llevar el salario por sobre la línea de la pobreza, y eso debe estar reflejado hoy en la discusión del salario mínimo.

Los socialistas le pedimos al gobierno que se siente a conversar para alcanzar un acuerdo respecto de un tema tan relevante para el país y para los trabajadores. La propuesta de hoy no es viable políticamente, y la oposición la va a rechazar. Por lo tanto, es el momento de que el gobierno ponga un alto, se siente a conversar y busque resolver un salario con mejores condiciones para los trabajadores chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber Romo .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, honorable Sala, si tuviéramos que abstraernos respecto de la situación del salario mínimo y hacer una suerte de mirada de más largo plazo respecto de lo que ocurre en nuestro país, diría que estamos frente a lo que los historiadores han señalado como una verdadera tragedia griega: todos saben lo que va a ocurrir y, sin embargo, nadie hace algo distinto para que ello no ocurra.

Estamos ante un diálogo prácticamente de sordos entre gobierno y oposición, por lo que, ad portas de una votación sustantiva respecto del salario mínimo de los trabajadores, con un impacto sustantivo en las familias chilenas y sobre todo en los más vulnerables, prácticamente no tenemos ningún escenario de acercamiento.

Hemos señalado que el método de discusión del salario mínimo no da para más. Si estuviésemos en un debate desde el punto de vista constituyente, escenario que nos encontramos ad portas de materializar, me gustaría proponer un sistema similar al holandés. La idea es contar con un diálogo económico social que sea vinculante para las autoridades, para el Ejecutivo y, obviamente, para los trabajadores, y que podamos confluir en una mesa en la cual, con criterio país, se puedan acordar variables de crecimiento, de desarrollo, de sustentabilidad, de manera que los trabajadores se sientan copartícipes del esfuerzo colectivo que hace la nación completa.

Acá hemos señalado dos temas sustantivos como salida. Primero -lo hemos dicho hasta el cansancio-, se dictó la ley N° 21.218, que Crea un Subsidio para Alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado. Acá sentimos que, en tiempos de pandemia, las transferencias desde las arcas fiscales para incrementar el monto del ingreso mínimo allí donde el sector privado no puede acometer un esfuerzo importante, hace la diferencia para alcanzar un acuerdo.

Como país, ¿cuánto estamos dispuestos a dar para apalancar, desde el punto de vista fiscal, el crecimiento de los salarios de las familias más vulnerables, allí donde hoy el sector privado no está en condiciones de ofrecer un incremento a sus trabajadores? Pero no existe un mayor esfuerzo por parte del Ejecutivo en esta línea. Obviamente, ahí vemos cierto sesgo o miopía de quien conduce el Estado, de quien gobierna. Nosotros, como oposición, estamos disponibles para alcanzar un acuerdo, pero debe haber altura de miras y una mirada de largo plazo respecto del tema.

Segundo, el propio ministro Briones -por intermedio del señor Presidente-, presente aquí en la Sala, ha señalado que este trimestre, o hacia el final de este trimestre, podemos tener números azules en la economía. Hoy es titular de los distintos medios de comunicación.

En agosto tuvimos un sustantivo crecimiento en materia de compra de viviendas o departamentos en nuestro país.

Tercer indicador: la mayor recuperación del precio del cobre en los últimos meses, cosa que también impacta en el sueldo de Chile. En consecuencia, aquí tenemos más recursos para transferencias.

En fin, nadie quiere ser populista; nadie quiere imponer hoy, en estas condiciones, un crecimiento exponencial del salario mínimo, pero sí hemos señalado que si hay mayor desarrollo, si hay aceleración, recuperación de la economía, los trabajadores deben ser copartícipes de ese desarrollo, de ese crecimiento de la economía. La idea es que sean socios desde el punto de vista del crecimiento del país, lo que hoy no ocurre. Existe una sensación de que la economía puede recuperarse, pero los trabajadores nuevamente quedarán postergados en este debate.

Nosotros, desde la oposición, acabamos de tener una reunión, a nuestro juicio importante, con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa , quien también ha tenido un liderazgo importante respecto del tema del salario mínimo. A los trabajadores les preocupa no solo este indicador, sino también que Chile se recupere y que de esta crisis económica salgamos todos. Pero cuando decimos “todos y todas” significa “todos”, no solamente el sector empresarial.

En consecuencia, vamos a solicitar, y esperamos que el Ejecutivo haga lo propio, no votar a rajatabla este proyecto hoy.

Hay una ventana política de oportunidad, de conversar y de llegar a un acuerdo. Aquí tiene que existir una sensación de unidad. Lo planteo a propósito de que algunos me han dicho: “Diputado, es que estamos todos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco”. Desde el punto de vista nacional, esa construcción de que todos estamos en el mismo barco, en las buenas y en las malas, se refleja también en el debate del salario mínimo. En ese sentido, a mi juicio es posible llegar a un acuerdo aquí y ahora con el gobierno. No podemos dilatar más su concreción, porque existe sentido de urgencia.

Finalmente, anuncio que si hay una ventana de oportunidad para dialogar, por supuesto la Democracia Cristiana va a estar disponible para aquello, porque más que nunca hay que acercar las orillas si queremos construir un puente de diálogo en circunstancias tan aciagas como las que vive el país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que extiende la esfera de protección que otorga la ley N° 20.205, al personal de las Fuerzas Armadas, regido por el decreto con fuerza de ley (G) N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, frente a la denuncia por faltas a la probidad y otros delitos, y consagra un procedimiento para ello.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto. Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Jorge Brito .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 59ª de la presente legislatura, en jueves 13 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 3.

-El primer informe de la Comisión de Defensa Nacional se rindió en la sesión 34ª de la presente legislatura, en martes 23 de junio de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BRITO (vía telemática).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Defensa Nacional vengo a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que extiende la esfera de protección que otorga la ley N° 20.205, al personal de las Fuerzas Armadas, regido por el decreto con fuerza de ley (G) N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, frente a las denuncias por faltas a la probidad y otros delitos, y consagra un procedimiento especial para ello.

Este proyecto de ley tiene por objeto extender la esfera de protección que hoy otorga la ley N° 20.205, al personal de las Fuerzas Armadas, y dar así cumplimiento a la normativa internacional, ratificada por nuestro país, sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, satisfaciendo, al fin, la desprotección y abuso actual al que se ven enfrentados los organismos castrenses frente al incumplimiento del deber u obligación del resguardo y promoción de la probidad del Estado y al ejercicio del juramento empeñado, materializado en la denuncia por falta a la probidad y otros delitos.

Asimismo, para ello se establece un proceso de denuncia, siguiendo la cadena de mando, y se dispone, además, la obligación de todo integrante de las Fuerzas Armadas de denunciar las infracciones al principio de la probidad administrativa; de disponer el funcionamiento de un sistema de recepción y tratamiento de las denuncias que, sin romper la cadena de mando, ofrezca las garantías procedimentales y materiales al denunciante y las responsabilidades también frente a posibles denuncias falsas o infundadas.

La Cámara de Diputadas y Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el 23 de junio de 2020, aprobó en general este proyecto de ley.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley, con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a la Comisión de Defensa para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante la sesión celebrada el 11 de agosto del presente año.

El diputado señor Leonardo Soto formuló una indicación para incorporar en el artículo 210-B, contenido en el número 3 del artículo único del proyecto, un inciso final que consagra el derecho de opción del funcionario de las Fuerzas Armadas para presentar también las denuncias sobre estas materias ante la Contraloría General de la República, conforme a las reglas generales. El autor de la indicación explicó que ella es absolutamente compatible con el proyecto despachado por la Comisión de Defensa Nacional, que establece un estatuto de protección para el denunciante de casos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, subsanando, sin embargo, una dificultad que consistiría en que se puede estimar que el nuevo estatuto antes mencionado sería el único mecanismo o vía para denunciar la corrupción. Por este motivo, se propone agregar en el artículo 210-B un nuevo inciso final que señale que el funcionario siempre tendrá el derecho de presentar estas denuncias por corrupción ante la Contraloría General de la República, conforme a las reglas generales.

Ello fue compartido tanto por el Ejecutivo como por los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, y por quienes ingresamos este proyecto de ley.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Guillermo Teillier del Valle.

El señor TEILLIER (vía telemática).-

Señor Presidente, recordemos que esta iniciativa legal tiene su origen en la situación de hostigamiento de la que ha sido objeto el excapitán Rafael Harvey , por atreverse a denunciar actos de corrupción al interior del Ejército en contra de oficiales superiores, por el cobro indebido de implementación militar a soldados conscriptos de escasos recursos.

A consecuencia de aquel acto fue perseguido, mal evaluado por superiores, acusado de sedición y dado de baja de la institución, perdiendo derechos como oficial de Ejército, lo que constituye un acto de coerción y, en el mejor de los casos, un desincentivo para que personal en servicio realice denuncias por conductas ímprobas o constitutivas de delito al interior de las filas de las Fuerzas Armadas.

Esta futura ley busca legitimar y estructurar los mecanismos bajo los cuales los funcionarios de las Fuerzas Armadas pueden revelar irregularidades en las instituciones castrenses, garantizando su protección contra eventuales represalias y, al mismo tiempo, animándolos a cumplir con su deber de forma eficiente y transparente.

Estamos legislando para proteger a los funcionarios de las Fuerzas Armadas en su actuar transparente ante los actos reñidos con la función pública, el fraude y la mala gestión. Nos ponemos a tono con las normativas internacionales vigentes, incluyendo la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Falta avanzar más en transparencia y acceso a la información de las personas, para ejercer un control democrático de las instituciones estatales y, en este caso, de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, estamos de acuerdo con la indicación presentada por el diputado Leonardo Soto , que impide que la Contraloría General de la República se excuse de recibir la denuncia porque el ordenamiento jurídico no contempla un catálogo de medidas específicas destinadas a dar protección a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, por estar sujetos a lo dispuesto en el reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas. Esto fue rebatido por un fallo de la Corte Suprema, y ahora, con esta indicación, se viene a corregir definitivamente en este proyecto de ley.

La bancada del Partido Comunista de Chile votará a favor esta iniciativa, toda vez que constituye un avance en el otorgamiento de garantías para el denunciante de actos que contravienen el principio de probidad al interior de las Fuerzas Armadas. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley viene por segunda vez a la Sala, producto de una indicación que presentamos en la sesión en que se discutió en general, que mejora lo ya aprobado.

El contexto en que se dio este debate es la corrupción en el aparato público, en la administración pública, y cómo combatimos la corrupción y las mafias que se van instalando en los servicios públicos, particularmente en las Fuerzas Armadas. Una herramienta fundamental para desbaratar estas redes internas es la denuncia de corrupción que surja de funcionarios y de trabajadores desde el interior de la institución.

El fenómeno de la corrupción es muy complejo, es solapado y oculto. Evidentemente, la opacidad con que funcionan particularmente las Fuerzas Armadas opera como incentivo o espacio que facilita su desarrollo. Por eso, establecer un estatuto de protección al denunciante de irregularidades o corrupción en las Fuerzas Armadas es fundamental para enfrentar ese fenómeno. ¿Qué significa esto? Que se establezca un estatuto que ampare o proteja a trabajadores, funcionarios o particulares de cualquier tipo de represalias que pudieran sufrir al interponer una denuncia de corrupción al interior de su institución.

El repertorio con que en el pasado hemos visto que los superiores jerárquicos atacan al denunciante de corrupción es gigantesco. Uno de los casos que tuvo mayor notoriedad pública fue el del excapitán Rafael Harvey . Él denunció irregularidades al interior de su institución y fue perseguido por su cadena de mando durante cinco años. No solo fue apartado y estigmatizado, sino también suspendido de sus funciones. Después se presentó una querella en su contra, los servicios de inteligencia intervinieron su teléfono, fue detenido, fue encarcelado y hasta fue condenado por el delito de sedición, en primera instancia; en segunda instancia se demostró que estas actividades que ejercía su mando perseguían amedrentarlo, castigarlo y adoptar represalias por haber tenido la entereza moral de haber puesto en conocimiento de sus superiores hechos que revestían caracteres de corrupción.

Este proyecto busca recoger esa experiencia y proteger al denunciante, entre otras cosas garantizando la reserva de su identidad. De esta manera, al no conocerse el nombre del denunciante, se lo protege precisamente de ese tipo de represalias. Se establece un canal de denuncia interno, bien regulado, que va subiendo en jerarquía en las Fuerzas Armadas. Cada uno de los que reciban las denuncias tiene la obligación de mantener el anonimato de la persona que hace la denuncia, como medida de protección.

Presentamos una indicación para mejorar la iniciativa, porque consideramos que había un error al considerar que hubiese un único canal de denuncia de corrupción, sin alternativas, y que estuviese radicado en el alto mando de la institución. Es decir, se le pedía al denunciante de corrupción que confiara en el alto mando de las Fuerzas Armadas, que, como sabemos, ha estado conviviendo con la corrupción durante décadas y que hoy incluso tiene a los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo formalizados y esperando un juicio por corrupción. Esto deja entrever que hay incentivos negativos que podrían operar en contra de ese estatuto de corrupción, cuando el alto mando también tiene compromiso con las irregularidades. Es verdaderamente suicida pedir a alguien que haga una denuncia ante un alto mando o ante la cadena de mando, si también podría estar comprometido en irregularidades o en delitos. Estamos hablando de gente que está armada. Hay precedentes de funcionarios denunciantes de corrupción, como fue el caso, en la Famae, del coronel Gerardo Huber , quien fue asesinado, sin que hayan sido dilucidados los antecedentes de su caso.

Presentamos una indicación para generar una alternativa: que las denuncias se hagan ante un organismo externo e independiente a las Fuerzas Armadas, que es la Contraloría General de la República, que sí tiene la vocación de exigir el cumplimiento de estas normas y proteger adecuadamente a los denunciantes de corrupción. Esta alternativa está contemplada en este proyecto de ley, y dará mucha tranquilidad para poder cumplir con el objetivo de enfrentar la corrupción y erradicarla completamente de las Fuerzas Armadas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo Sáinz .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, las Fuerzas Armadas, al igual que casi todos los organismos del Estado, han tenido situaciones de corrupción que ameritan mejorar las normas y las medidas para prevenir y sancionar drásticamente esos hechos.

No es efectivo que este proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, de una de las cuales soy coautor, que esté inspirado por un caso en particular, sino que está inspirado en la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de un mecanismo efectivo para canalizar las denuncias de actos o conductas contrarias al principio de probidad administrativa.

Esta iniciativa establece cuál es el marco de estas denuncias, dispone el deber de denunciar y crea mecanismos para que aquellos que detecten, sean testigos o conozcan hechos de esta naturaleza puedan realizar la denuncia en forma segura, entregándola a lo que este proyecto denomina mando receptor. Cuando el mando receptor, que es el escalón superior, esté presuntamente involucrado en los hechos objeto de la denuncia, esta deberá ser realizada al mando inmediatamente superior, estableciéndose de inmediato un mecanismo para tal efecto: el director del personal de la institución respectiva tendrá que velar por que se entreguen todas las garantías para realizar las investigaciones sin que exista ningún tipo de medida de apremio en contra del denunciante.

También esta iniciativa dispone como una falta grave a la disciplina el efectuar denuncias falsas o que no tengan los fundamentos adecuados, con lo que se equilibran de manera adecuada todos los elementos complejos que reviste en un sistema jerarquizado el poder realizar y canalizar este tipo de denuncias, acciones en las que, reitero, es necesario dar esas garantías para que, de la misma forma como queremos erradicar la corrupción de todas las instituciones públicas, también podamos erradicarla de nuestras Fuerzas Armadas.

En relación con esta iniciativa, que ha concitado apoyo transversal, quiero recordar que para refundir estos proyectos de ley y avanzar en su tramitación se creó una mesa de trabajo en la cual participamos algunos integrantes de la Comisión de Defensa Nacional y los auditores de las Fuerzas Armadas, y se construyó un mecanismo, que hoy cuenta con el respaldo de todo el espectro político, para contar con un sistema de denuncias respecto de los hechos que atenten contra la probidad administrativa en las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, votaremos a favor esta iniciativa, que esperamos sea una contribución, entre muchas otras, para perseguir, sancionar y erradicar el cáncer de la corrupción de todas las instituciones del Estado y, por supuesto, también al interior de las Fuerzas Armadas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tomás Hirsch Goldschmidt .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, en Chile las instituciones armadas no responden a la imagen incorruptible que han proyectado por décadas. Los robos que se han cometido en los casos denominados “Pacogate” y “Milicogate” demuestran que la corrupción ha sido una práctica común en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. A eso hay que sumar los famosos círculos de silencio que impunemente operan hasta hoy respecto de los casos de detenidos desaparecidos y de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El caso del capitán Harvey es solo la punta del iceberg de un conjunto de irregularidades que se cometen en las instituciones armadas y de las cuales casi no se habla. Él fue valiente al denunciar y, por lo mismo, ha sido perseguido sistemáticamente.

¿Qué ha hecho el general Mario Rozas para investigar el escandaloso comportamiento de Carabineros de Chile durante el paro de camioneros? Nada. ¿Qué ha hecho esa institución policial para investigar y sancionar las acusaciones internas realizadas por carabineras sobre situaciones de acoso sexual, acoso laboral y violencia intrafamiliar? No podemos saberlo, porque esas situaciones se tratan en sumarios internos o, a lo sumo, en procesos en la justicia militar, los que no son abordados desde el punto de vista penal.

¿Hasta cuándo toleraremos que existan situaciones como las que menciona el periodista Juan Pablo González en el reportaje sobre el círculo de amigos de Carabineros, autodenominados “alguaciles”? ¿Cómo puede ser que ese círculo esté liderado por personas como Marcos Tello Salinas , exgeneral subdirector, quien salió de Carabineros por su responsabilidad en el “Pacogate” y que ahora participa de los alguaciles, nombrado por el propio general Rozas ? Me refiero a alguien que fue subdirector de la institución.

Asimismo, ¿cómo es posible que ese círculo esté integrado por empresarios que prestan servicios a las empresas forestales en la Región de La Araucanía o que le brindan apoyo al exoficial Claudio Crespo , acusado por su responsabilidad en los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica ?

De irregularidades así está lleno tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas, pero cuando alguien las ha denunciado es esa persona quien termina siendo acosado y perseguido. Hay que terminar con ese tipo de prácticas.

Por eso apoyaré la modificación legal que este proyecto propone, porque será una contribución importante para acabar con los círculos de protección y de silencio frente a situaciones de vulneraciones a los derechos humanos o de delitos que transgreden la probidad dentro de las instituciones armadas.

Es el momento de tener policías y militares totalmente enfocados en la protección de las personas, y no de intereses oscuros ligados al poder y al dinero, como ha sucedido tantas veces hasta ahora.

Con un homenaje al capitán Harvey, anuncio que apoyaré este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Brito Hasbún .

El señor BRITO (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero agradecer el apoyo transversal que ha recibido este proyecto de ley, pero como todas y todos imaginarán, los proyectos que alcanzan ese apoyo tienen algún incentivo. Me gustaría contarles cuál fue el incentivo que tuvimos que generar acá, porque para algunos no es suficiente incentivo el luchar contra la corrupción.

Este proyecto de ley lo presentamos a raíz de la propuesta del capitán Rafael Harvey como denunciante en un caso de corrupción en octubre del 2018. Logramos ponerlo en tabla en la Comisión de Defensa Nacional para tramitarlo recién en agosto del 2019.

El 6 de agosto, el 13 de agosto, el 20 de agosto y el 10 septiembre, parlamentarios como el diputado Osvaldo Urrutia y el diputado Luis Pardo , que intervino hace poco, se opusieron a este proyecto, pero de pronto cambiaron de parecer. ¿Por qué? Porque el 25 de septiembre presentaron un proyecto igual al que habíamos presentado hace dos años, el 2018, para proteger a los denunciantes.

Entiendo que las legítimas motivaciones que tienen contra la corrupción quizá no les permitían apoyar nuestro proyecto, como lo hizo el diputado Soto , a quien agradecemos, sino más bien presentar otro proyecto de ley y demorar el trámite.

¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si preguntamos quién está de acuerdo con la corrupción, solo los corruptos podrían estarlo, pero lo cierto es que muchos de nuestros actos, que pueden ser inmaduros, irresponsables o que pueden buscar figurar y no aportar, retrasan la adopción de las medidas que se necesitan para hacer frente a la corrupción.

Podemos tener diferencias en materia de pensiones, de salud y de educación, pero no podemos tener diferencias respecto de la importancia de cuidar a los uniformados y uniformadas que están dispuestos, incluso, a arriesgar su vida por cumplir con un deber, pero que cuando denuncian un robo, un abuso o un acto irregular han tenido que desvincularse de lo que esas personas más apreciaban, de su trabajo, de su servicio a Chile y de estar disponibles 24/7 para ayudar a la comunidad ante los desastres naturales u otras tragedias que pueden ocurrir.

Por lo tanto, dado que este proyecto ya cuenta con apoyo transversal, pido igual apoyo para que la Comisión de Seguridad Ciudadana tramite exactamente el mismo proyecto, pero para proteger a los carabineros y carabineras denunciantes, porque ellos hoy no tienen un canal de denuncia, no tienen…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal Ambiado .

La señora CARVAJAL (doña M.ª Loreto).-

Señor Presidente, la verdad es que quiero hacerme eco de lo que acaba de señalar el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, autor principal de este proyecto, que nace a propósito de un caso emblemático: el del capitán Harvey.

Decir otra cosa es desconocer la realidad de 2018, que fue cuando se generó este proyecto, que busca que haya de verdadera autocrítica al interior de las instituciones en las que se descubren casos de corrupción, desfalcos, desvíos de rec6ursos, atentados a la probidad, atentados a la decencia pública, y que haya canales apropiados para que quienes con valentía se dan a la tarea de investigar lo que ocurre dentro de esas instituciones puedan denunciarlo cuando corresponda.

Lo dijeron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, cuando mencionaron los casos “Milicogate” y “Pacogate”, que han ido exponiendo a la luz pública a estas personas que se sienten en un estándar superior por el hecho de estar sobreprotegidos por una institucionalidad que no se abre a los estándares que corresponde a toda autoridad pública, incluidas las de las Fuerzas Armadas.

Soy coautora de una de las iniciativas que dieron origen a este proyecto, pero quiero valorar la valentía que tuvo en su momento el entonces diputado Jaime Bellolio , hoy ministro, quien también se sumó a este proyecto, así como al resto de los mocionantes que formamos parte de la bancada de Defensa o de la Comisión de Defensa Nacional, la mayoría diputados de oposición, y eso hay que decirlo.

Tal cual se mencionó, posteriormente se presentó un proyecto que buscaba darles una connotada protección a los denunciantes, y con ello se mejoró en general. A lo mencionado debemos sumar una indicación del diputado Leonardo Soto , mediante la cual se establece la opción de presentar denuncias sobre estas materias a la Contraloría General de la República, conforme a las normas generales, algo que, sin duda, perfecciona aún más el proyecto.

Ya es tiempo de que los estándares de probidad sean atribuibles a todas las autoridades y que se puedan perseguir las responsabilidades de ellas.

Hoy, una vez más, lamentablemente, la institucionalidad es puesta a prueba, en razón de la muerte de una carabinera a manos de, al aparecer, por los antecedentes que se conocen, un subteniente de la misma institución. Según se ha señalado, previo al homicidio se había hecho una denuncia por violación, pero ello solo generó una suspensión para el eventual perpetrador. Hoy, Norma, la carabinera, está muerta, pero creo que proyectos como el que estamos debatiendo van en el sentido correcto, que es hacer justicia, independiente del cargo y de la institución.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, intervengo en el debate de este proyecto de ley para manifestar mi disposición y la de nuestra bancada a apoyar y aprobar esta iniciativa, que extiende al personal de las Fuerzas Armadas la esfera de protección que otorga la ley N° 20.205.

Hay historia, hay un caso que ha sido muy significativo, del que han dado cuenta las señoras y los señores parlamentarios durante el debate.

Este proyecto tiene que ver con la dignidad y con el derecho. La dignidad de una persona que está en una institución, que debe ser respetada siempre, y el derecho a denunciar cuando se detectan situaciones irregulares.

Todos conocemos historias en este ámbito, por lo que me referiré a una situación similar que está pasando en otra institución, porque me parece que tras ello encontraremos la misma razón de fondo.

Antes de hacerlo, reitero mi apoyo a este proyecto de ley y anuncio que lo votaremos a favor, como debe ser, porque es un avance significativo.

Sucede que las instituciones antiguas, como las Fuerzas Armadas, con un Ejército que tiene casi tantos años como los que tiene Chile como país independiente, dado que nació casi al mismo tiempo que nuestra república, tienen una continuidad y, de alguna manera, son como compartimientos estancos, con una dinámica propia, una cultura propia, que hacen que muchas veces se produzcan situaciones de abuso como las que gatillaron este proyecto de ley. Es como si no las sujetara o controlara el gobierno; tienen una especie de autogobierno.

Es una situación muy compleja, porque son instituciones que tienen muchos años de vida, incluso más que el propio país como república independiente.

Una situación parecida ocurre en Codelco, que es a lo que me quiero referir en estos últimos segundos.

En Codelco hay trabajadores que han hecho denuncias por corrupción, por situaciones gravísimas que afectan a la empresa y el patrimonio del Estado. Lo vivimos en la división Salvador , de mi Región de Atacama, con denuncias que hicieron los trabajadores por situaciones irregulares que han costado decenas y decenas de millones de dólares a la empresa y al país. Bueno, resulta que luego esos trabajadores han sido perseguidos, excluidos de la empresa. Persiguen o despiden a los trabajadores que hacen denuncias de este tipo.

Por ello, he presentado una moción que busca que los funcionarios que formen parte de empresas del Estado puedan tener la protección que otorga la ley que estamos haciendo aplicable al personal de las Fuerzas Armadas, para que puedan defender esas empresas…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: