Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son los señores Francisco Eguiguren y Alexis Sepúlveda , respectivamente.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 78ª de la presente legislatura, en martes 29 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Segundo informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

-Los primeros informes de ambas comisiones se rindieron en la sesión 69ª de la presente legislatura, en martes 8 de septiembre de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, se van a rendir dos informes antes de iniciar la discusión. Sin embargo, veremos con el ministro la forma de acceder a su solicitud.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor EGUIGUREN (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, contenido en el boletín N° 13751-13, con urgencia calificada de discusión inmediata.

A la sesión que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar Larraín ; el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones Rojas ; el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señor Francisco del Río Correa , y el asesor legislativo del Ministerio de Hacienda señor José Riquelme González .

Tal como lo señala el informe que ustedes tienen en su poder, el proyecto fue rechazado en general por la comisión, en su primer trámite constitucional y reglamentario, con fecha 3 de septiembre, lo que fue refrendado por la Sala de la Corporación en su sesión 72ª, especial, de fecha 9 del mismo mes.

Posteriormente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, su excelencia el Presidente de la República lo sometió a consideración del honorable Senado, el cual lo aprobó en general por los dos tercios de sus miembros presentes y lo devolvió a la cámara de origen para su tramitación.

En la sesión 77ª, especial, de fecha 24 del mes en curso, la Cámara de Diputados lo aprobó en general y lo remitió, en segundo trámite reglamentario, a esta comisión para su discusión particular.

Durante ella, la comisión contó con la participación de la señora María José Zaldívar Larraín , ministradel Trabajo y Previsión Social; del señor Ignacio Briones Rojas , ministro de Hacienda; del señor Francisco del Río Correa , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; del señor José Riquelme González , asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, y de la señora Bárbara Figueroa Sandoval , presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores.

En la ocasión, el señor Ignacio Briones , ministro de Hacienda, recordó que la propuesta original del Ejecutivo señala que a contar del 1 de septiembre se eleva a 322.000 pesos el ingreso mínimo mensual para los trabajadores y trabajadoras de 18 a 65 años, mientras que a contar del 1 de marzo de 2021 el monto se reajustará en el 100 por ciento de la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor (IPC), determinado e informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, siempre que dicha variación sea positiva.

Además, agregó que se eleva a 240.041 pesos el ingreso mínimo mensual para los trabajadores y trabajadoras menores de 18 y mayores de 65 años, y a 207.416 pesos el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. Al mismo tiempo, se establecen los montos de asignación familiar y maternal por carga, dependiendo del tramo de ingresos y del subsidio familiar.

Al respecto, el ministro de Hacienda comunicó que el Ejecutivo es flexible, con el fin de que el reajuste se realice en una estación intermedia en que se pueda reevaluar la realidad del mercado laboral, en lugar de plantear un reajuste de un año. Para estos efectos, propuso establecer como techo del reajuste la suma de 6.000 pesos, con la posibilidad de fijar dicha estación intermedia en abril de 2021.

En definitiva, el ministro señaló que la indicación presentada establece que el ingreso mínimo mensual de los trabajadores y trabajadoras se elevará a contar del 1 de septiembre a 326.500 pesos y que en abril de 2021 el Presidente enviará un proyecto que proponga un nuevo reajuste que comenzaría a regir en mayo del mismo año.

El señor Briones hizo presente que el salario mínimo no lo paga el Estado, sino los empleadores. Asimismo, que tres de cada cuatro trabajadores que están en torno al mínimo están concentrados en las pymes, las que viven un momento muy complejo, particularmente en sectores como el comercio, hotelería y turismo, donde se desempeña gran parte de los trabajadores, constatándose así la realidad de la peor crisis económica y del empleo en los últimos cuarenta años.

Las diputadas señoras Natalia Castillo , Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans , y los diputados señores Tucapel Jiménez , Amaro Labra , Gastón Saavedra y Gabriel Silber discreparon de la propuesta del Ejecutivo y plantearon como contrapropuesta que si el reajuste era de 6.000 pesos, la estación para reevaluarlo fuera en enero de 2021, y que si dicha estación fuere en abril, el techo aumentara a 8.000 pesos.

Junto con lo anterior, los diputados y diputadas indicados solicitaron un subsidio para cubrir el costo de la inflación experimentada por los alimentos, para complementar el salario mínimo.

En cuanto a las pymes, propusieron subsidiar los montos necesarios para cubrir lo que realmente algunas empresas no puedan sortear.

Al respecto, el ministro de Hacienda remarcó que el techo son 6.000 pesos, agregando que la etapa intermedia no puede ser en enero, pues es demasiado pronto para que exista alguna variación en el escenario laboral y económico del país.

Por ello, ante el planteamiento del ministro señor Ignacio Briones , los diputados y diputadas de oposición manifestaron su disconformidad, absteniéndose en la votación de las indicaciones.

Sometidas a votación las indicaciones presentadas por su excelencia el Presidente de la República, fueron rechazadas por 6 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.

Votaron a favor los señores Ramón Barros , Eduardo Durán , Francisco Eguiguren , Patricio Melero , Guillermo Ramírez y Frank Sauerbaum . Se abstuvieron las señoras Natalia Castillo , Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans , y los diputados señores Tucapel Jiménez , Amaro Labra , Gastón Saavedra y Gabriel Silber .

En virtud de ello, el texto del proyecto que se somete a la consideración de esta Sala es el que vuestras señorías tienen en el referido informe, junto con las demás menciones reglamentarias, a las que, en aras del tiempo, omitiré referirme.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis) [vía telemática].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , junto con la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar .

El proyecto, que incorpora una indicación del Ejecutivo para reemplazar parcialmente la iniciativa original, propone un reajuste del ingreso mínimo mensual, incrementándolo a 326.500 pesos a partir del 1 de septiembre de 2020.

Por su parte, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años y para los mayores de 65 años se eleva a 243.561 pesos, mientras que el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales alcanza los 210.458 pesos.

El texto detalla luego un incremento de 1,9 por ciento a los tramos y montos de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, y al subsidio familiar.

Asimismo, dispone que a más tardar en abril de 2021, el Presidente de la República enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para proponer un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, valores que comenzarían a regir desde el 1 de mayo de 2021.

El objetivo de esa fecha es disponer de mayor información acerca de las proyecciones económicas y desanclar la discusión de esta materia del ciclo político asociado a las elecciones.

En materia de financiamiento, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos ingresado con la indicación del Ejecutivo precisa que con las modificaciones propuestas se obtendría una menor recaudación de copagos en la modalidad institucional del grupo C de Fonasa, la que afectaría la recaudación de los servicios de salud.

Asimismo, se afectaría el valor del subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de la ley N° 20.255; se alteraría el valor de la asignación por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema; se modificarían los tramos para la asignación familiar y maternal y los montos correspondientes a cada tramo, y se aumentaría el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020.

En consecuencia, los reajustes considerados a contar del mes de septiembre de 2020 implicarían, por todos esos conceptos, un efecto fiscal de 11.770 millones de pesos en 2020 y de 35.309 millones de pesos en 2021.

La comisión conoció y debatió sucintamente la indicación presentada por el Ejecutivo para reponer el proyecto rechazado íntegramente por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Dado que reglamentariamente a la Comisión de Hacienda le competía pronunciarse solo sobre la indicación presentada, se efectuó una única votación de la misma, la que resultó aprobada por siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Votaron a favor la diputada señora Cid y los diputados señores Melero , Ortiz , Castro, don José Miguel ; Ramírez , Santana , Von Mühlenbrock . Votaron en contra los diputados señores Lorenzini y Núñez (Presidente). Se abstuvieron los diputados señores Boric , Monsalve y Schilling .

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar el presente proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Ramón Barros Montero .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, agradezco la gentileza de permitirme intervenir en primer lugar, dado que junto con otros diputados debemos concurrir a la comisión que estudia la procedencia de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud don Jaime Mañalich .

Señor Presidente, este es el típico proyecto en que nos vemos enfrentados a decir “sí” o “no”.

A estas alturas, si decimos “sí”, se va a reajustar el salario mínimo en 6.000 pesos, cifra exactamente igual a la que en varias oportunidades presentó a esta honorable Sala la Presidenta Bachelet durante su gobierno, y que fue aprobada.

Reitero: si decimos “sí”, hay reajuste, pero si hoy rechazamos, no va a haber reajuste para nadie. Además, no se van a reajustar las otras prestaciones que incluye este proyecto de ley, como son las asignaciones familiar y maternal, etcétera.

Si además de los 6.000 pesos agregamos la gratificación legal, el salario mínimo va a quedar en 328.000 pesos, que es lo que muchos esperaban para aprobar, como fue expresado por varios señores parlamentarios, de acuerdo con lo que yo vi durante la tramitación de este proyecto.

Decía que durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet el sueldo mínimo se reajustó varias veces en 6.000 pesos, pero ahí no teníamos 1.800.000 personas desempleadas ni había 400.000 o 500.000 personas acogidas a la ley de protección al empleo. Pero en ese entonces tampoco teníamos la ley de ingreso mínimo garantizado, que representa un apoyo a quienes reciben el salario mínimo.

Anuncio que hoy votaré a favor. Más allá de que no es la cifra que nos gustaría -por supuesto, quisiéramos más-, en la situación en que nos encontramos, de pandemia y sus efectos, decir “no” va a significar dejar sin reajuste a los trabajadores, va a significar reajuste cero. Por eso, hoy votaré favorablemente esta iniciativa.

Agradezco al ministro por haber acogido el planteamiento que hicimos los diputados Melero , Ramírez , Eguiguren , Eduardo Durán , Sauerbaum y quien les habla, en orden a retrotraer la inflación esperada a marzo para aplicarla en este reajuste de salario mínimo, y que ojalá en abril del próximo año, no en marzo, podamos revisar esta situación en función de cómo vaya evolucionando el tema del empleo y de la economía en nuestro país.

Finalmente, reitero mi gratitud por la gentileza de la Mesa.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, en el día de ayer voté a favor la idea de legislar en este proyecto. Muchos seguramente me criticaron, pero es bueno claro en qué estamos hoy. Esta intervención es para precisar el porqué de mi voto, ya que si no hacemos ese ejercicio caemos inevitablemente en la demagogia y en la falta de responsabilidad política en nuestras palabras y en nuestras acciones.

¿Cuál es la realidad? El país está viviendo una crisis en materia económica y de empleo que es inédita; todos conocen las cifras: en el último año se han perdido 1.800.000 empleos, sin contar las más de 700.000 solicitudes de suspensión de contratos laborales. En este contexto, la discusión del reajuste del monto del salario mínimo debe darse en un marco que requiere una mirada distinta. Como tres de cuatro trabajadores que ganan el salario mínimo son contratados por las pequeñas y medianas empresas, hay que considerar que si aumentamos los costos de las pymes, obviamente, habrá problemas.

Asimismo, resulta fundamental considerar que legislamos, por primera vez, sobre el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo mensual es percibido principalmente por nuestros trabajadores de las pequeñas y medianas empresas.

¿Cuál es la realidad y qué hizo el gobierno? Nos presentó un proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo, que rechazamos, porque contemplaba un reajuste real de cero por ciento. Además, se establecía un nuevo reajuste, en marzo de 2021, sobre la base del IPC acumulado de septiembre a la fecha.

Al respecto, quiero ser claro: a todos quienes estamos aquí nos importan los trabajadores; el pueblo no es monopolio del gobierno ni de nadie. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con una nueva propuesta del gobierno con un reajuste de 1,9 por ciento, lo que implica un aumento del sueldo mínimo de 6.000 pesos. Todos quisiéramos que los trabajadores accedieran a ingresos cercanos a los 400.000 pesos. ¡Claro que sí! Pero ¿cuál es el problema? Es imposible lograr ese monto a través de una ley.

¿Por qué yo voté a favor esta iniciativa? Porque, derechamente, partimos de la base de que el gobierno con este proyecto de ley asume la capacidad de entender que debe cumplir, porque se sube el salario mínimo en 6.000 pesos y hay un aumento real y efectivo sobre la base del […] 18.000 pesos […] al final subieron gradualmente el salario mínimo […]

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene problemas de conexión, diputado Ortiz . Después le restituiremos el tiempo que resta de su intervención.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, vaya mi saludo a todos los colegas parlamentarios y también al ministro de Hacienda.

Llegamos a una etapa final en materia de discusión y votación del proyecto de ley que reajusta el monto del salario mínimo. Se trata de una votación que siempre es compleja, que es difícil, porque nos corresponde fijar este salario que todos, tal como se ha dicho, quisiéramos siempre que fuera muy superior a lo que nos toca resolver.

Sin embargo, todos sabemos -como parlamentarios debemos ser responsables que el monto del salario mínimo no es inocuo respecto del efecto que tiene en el empleo, especialmente respecto de quienes poseen u ofrecen una mano de obra menos calificada, así como sobre quienes buscan trabajo por primera vez o sobre las personas de la tercera edad que trabajan. Los reajustes muy altos tienen una elasticidad inmediata sobre el empleo. Por consiguiente, si usted lo sube mucho, cae el empleo; si lo hace en forma moderada, lo mantiene.

Hoy nos toca resolver esto en el marco de una crisis económica, social, de empleo y de salud inédita en Chile, la peor desde 1982, que quedará instalada como una de las grandes crisis del siglo. Por consiguiente, me parece que no puede votarse esto de igual forma como lo hemos hecho en períodos anteriores. Creo que es importante llamar a la responsabilidad, al sentido común y a no aprovechar, en esta oportunidad por lo menos, infligir daño al gobierno, que está haciendo un esfuerzo gigantesco por tratar de impulsar la reactivación económica y el empleo del país.

Eso es lo que vimos anoche en el anuncio del presupuesto de la nación, que llega a 73.000 millones de dólares. Paradójicamente, alguien podría decir: “¿Pero cómo es posible que en tiempos de crisis tengamos un proyecto de ley de presupuestos expansivo? Aquello es la más clara expresión de que el Estado entra a reemplazar la menor actividad de los privados para reimpulsar la actividad económica y el empleo, mediante la destinación de 2.000 millones de dólares con ese objetivo.

Por otro lado, hemos conocido iniciativas de subsidio directo para ese fin, así como otras que apuntan directamente a promover el trabajo en las microempresas y pequeñas empresas del país.

Por consiguiente, quiero marcar que hoy votaremos el proyecto de salario mínimo en un escenario distinto del que lo votamos hace quince días. Se podrá criticar al gobierno -siempre hay interés en hacerlo-, pero se deberá reconocer, con objetividad, que este es un gobierno que no se ha quedado de brazos cruzados y que está actuando para ir en ayuda de la gran cantidad de chilenos que están atravesando por dificultades.

Si nos comparamos con las demás naciones que componen la región latinoamericana, nos podremos dar cuenta de que Chile tiene hoy el segundo salario mínimo más alto de toda la región, inmediatamente después del de Costa Rica y muy cercano al de Uruguay. ¡Para qué decir cómo nos encontramos en comparación con el salario mínimo de Venezuela! Para quienes tengan curiosidad, el salario mínimo en Venezuela es de 2,3 dólares: 2.000 pesos al mes. ¡Imagínense!

Chile está en el segundo lugar, lo que demuestra, una vez más, la importancia de nuestra responsabilidad fiscal, de la seriedad económica que ha caracterizado a nuestro país en el último tiempo. La comunidad mundial nos ha apoyado y nos ha prestado dinero debido a la forma responsable en que hemos actuado en materia económica, y no solo ahora, sino en las últimas décadas, en los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría y en los de Chile Vamos. En todos ellos hemos tenido siempre el sentido común de saber que los recursos con que contamos son de todos los chilenos y que deben ser bien administrados, con el objeto de ir en su apoyo.

No dejemos solas a las pequeñas y medianas empresas en una hora tan álgida y difícil como es la que hoy atraviesan. Ayer, el dirigente Sandoval , como los representantes de Conapyme, de Propyme y de la pequeña, mediana y microempresa, la semana pasada, han ido a golpear las puertas de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, con el objeto de pedirnos: “Señores diputados, por favor, en esta oportunidad aprueben el salario mínimo”.

Necesitamos un reajuste moderado dentro de la realidad en que vivimos. No es esta la oportunidad de pasar la cuenta, sino de unirnos en el desafío mayor que tenemos, que es generar más empleos. Creo que la mayoría de los chilenos, más que reajustes muy altos, quieren tener un trabajo y una remuneración, y ese es el desafío mayor en el presente.

Los invito a actuar con ecuanimidad, con sentido común, con una mirada de país, sabiendo que en abril próximo podremos ver el tema nuevamente, ojalá con mejores condiciones económicas y de salud que nos permitan otorgar un reajuste más alto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, quiero hablarle a la gente, porque los parlamentarios sabemos cómo se ha tramitado este proyecto.

Esta iniciativa ingresó a esta Cámara; no le gustó a la oposición. Se insistió en el proyecto, y volvió acá. Al respecto, llamo a los diputados a cerrar hoy este tema. Siempre nos quejamos de que este tema se cierra en el Senado. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo aquí, en la Cámara de Diputados. Por eso, llamo a la Sala a votar favorablemente la iniciativa.

¿Qué hacemos nosotros aquí? Solo colocamos el guarismo, señores; solo colocamos el porcentaje de aumento. Nosotros no pagamos; el Estado, tampoco. Estos 6.000 pesos de incremento no los paga el gobierno -¡no, señores!-; los pagan las pymes.

Tres de cuatro trabajadores que ganan el sueldo mínimo trabajan en las pymes. Y estos se concentran en los grupos más afectados por la crisis: el comercio, que recién está abriendo, por el desconfinamiento paso a paso; el turismo, que se encuentra muy alicaído; la construcción, que recién comienza a levantarse. ¡Ellos están pagando el sueldo mínimo!

Hay 1.800.000 chilenos sin trabajo; o sea, no tienen sueldo mínimo. Siguen recibiendo ayuda del Estado: el IFE, el bono clase media, el beneficio a los trabajadores a honorarios, el bono covid, y también –lo hicimos en esta Cámara el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP. ¿Han tenido ayuda? Sí, pero necesitamos que haya mucho empleo y emprendimientos, y eso será con el presupuesto 2021, que crece en 9,5 por ciento, focalizado en la recuperación de los empleos.

Por lo tanto, nosotros no pagamos, y el Estado tampoco; pero sí puede incentivar muy bien. Algunos dirán que 6.000 pesos es muy poco. Pero existe un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Fíjense que de los setecientos mil trabajadores solo trescientos mil han accedido a ese beneficio. ¿Por qué falta el resto? Esta ayuda del Estado -hasta 45.000 pesos llega directo al bolsillo del trabajador, con un aumento no solo a 326.500 pesos, sino a 365.000 o a 370.000 pesos líquidos.

Entonces, ¿dónde debemos poner el acento? ¿En este guarismo, que lo pagan las pymes, que están muy alicaídas? Hay 1.800.000 chilenos que están sin empleo; 800.000 que percibían el subsidio de cesantía -la cifra ha bajado-, y un millón que ya no busca trabajo, que está en su casa.

¿Dónde tenemos que poner el acento? En el ingreso mínimo garantizado; en que postulen al beneficio para que puedan tener esos 45.000 pesos más y salir adelante.

Pero no nos perdamos, señores; tampoco lo hagamos en el presupuesto.

Por último, llamo a los colegas a aprobar este reajuste al ingreso mínimo mensual, que para algunos es poco, pero por lo menos es algo…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, intentaré exponer la posición del Partido Socialista respecto a este proyecto tan relevante: el que reajusta el monto del ingreso mínimo.

Es cierto que Chile tiene una enorme e injusta brecha salarial y que el planteamiento de fondo que se le ha hecho al gobierno es mirar la discusión en la perspectiva de lograr un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza.

Por eso, desde el principio planteamos al gobierno la necesidad de reponer la mesa tripartita. Esta no es solo una tarea del gobierno o de las pequeñas y medianas empresas, sino también de los grandes grupos económicos de Chile, que se han retirado de una mesa que era histórica en el país: trabajadores, empresarios y gobierno buscando generar paz social a través de la justicia. Y la justicia se hace con salarios dignos.

Dicho eso, la pregunta es si esta propuesta que hace el gobierno es buena o mala. Los socialistas creemos que es mala, y quiero explicar a los chilenos por qué.

El diputado Mellado dijo que tres de cuatro trabajadores que reciben el salario mínimo trabajan en las pymes. Ese fue el principal argumento, la condición económica de las pymes, para que el gobierno dijera que no podía acceder a un reajuste de más de 6.000 pesos.

Pero ¿qué hace con esto el gobierno? Efectivamente, las pymes tendrán que pagar un salario 6.000 pesos más alto por cada trabajador; por tanto, aquí hay un costo para esas empresas.

¿Qué gana el trabajador con el reajuste que propone el gobierno? El trabajador seguirá recibiendo 300.000 pesos líquidos. O sea, el trabajador que recibe el salario mínimo no verá una mejora en los ingresos líquidos que percibe para sostener a su familia. ¿Por qué? Porque mientras el salario mínimo sube 6.000 pesos, el subsidio al ingreso mínimo garantizado que entrega el gobierno bajará de cerca de 34.000 a 29.000 pesos.

Entonces, habrá un costo para las pymes; el trabajador mantendrá el mismo nivel de ingresos líquidos, no experimentará una mejora, y el único que se verá beneficiado -el ministro de Hacienda no lo reconoce en su intervención-, es el Estado, es el gobierno del Presidente Piñera, que se ahorrará cerca de 1.500 millones a 1.600 millones de pesos por mes. Por consiguiente, reitero que este aumento al salario mínimo no lo percibirán los trabajadores. Este salario mínimo implica un ahorro para el gobierno en un momento en que el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo para mejorar y proteger las condiciones de vida de los chilenos.

Por eso, hemos planteado al gobierno que es indispensable aumentar la cobertura del subsidio para alcanzar el ingreso mínimo garantizado, pero, sobre todo, subir el techo actual, de 384.000 a 390.000 pesos, para que los trabajadores puedan ver efectivamente un aumento en el salario.

Lo que estamos discutiendo hoy día no aumentará el ingreso líquido de los trabajadores que ganan el salario mínimo, sino que le ahorrará al gobierno del Presidente Piñera cerca de 1.500 millones a 1.600 millones de pesos mensuales. Eso debe ser corregido, y ese es el fundamento principal por el cual creemos que este proyecto debe ser mejorado.

Por ello, buscaremos rechazar el artículo 1, que establece el guarismo de reajuste.

Los trabajadores merecen salarios dignos, y el gobierno no está haciendo el esfuerzo necesario para ello. Por eso, vamos a buscar…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz , quien, por problemas de conexión, no pudo terminar su discurso.

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, para finalizar mi intervención quiero explicar por qué ayer voté a favor el aumento de 6.000 pesos. Lo hice porque, objetivamente, el hecho de rechazarla hoy significará rebajar el actual salario mínimo al negar a cada trabajador siquiera el reajuste por inflación.

Los 6.000 pesos equivalen a un incremento de 1,9 por ciento. Eso incide directamente en la asignación familiar y maternal que perciben millones de chilenas y chilenos.

Por eso, responsablemente voté a favor, porque no veo que el gobierno vaya a cambiar de opinión.

Esperamos […] tiene que cumplir su palabra el ministro Briones con todos los trabajadores, y en función de lo que sea mejor para ellos.

He dicho.

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, al igual que han hecho otros parlamentarios, más que a la Cámara de Diputados, le hablaré a los trabajadores chilenos, pero con la verdad, no con la demagogia que suelen utilizar los diputados de la derecha, los diputados de gobierno, y algunos diputados de la oposición, que se autodenominan hombres de Estado.

Siempre, pero siempre, el que se aprieta el cinturón, el que sufre las consecuencias de las crisis económicas y sociales, y hoy las de esta pandemia, es el trabajador.

¿De dónde nació la supuesta preocupación por las pymes de quienes me antecedieron en el uso de la palabra? Su preocupación no son las pymes, sino las grandes empresas, las grandes transnacionales, los grandes capitales mundiales que tienen intereses en nuestro país.

Nuestra gente necesita sueldos dignos; no vamos a superar esta crisis con sueldos de hambre.

¿Por qué no se han tomado medidas de fondo por parte del Estado, del gobierno? ¿Por qué, por ejemplo, no se ha dado curso al proyecto de impuesto adicional a los superricos?

¿Por qué, por ejemplo, no se hace un diferencial tributario y se disminuye el IVA a los más pobres, que es el impuesto más regresivo que existe en Chile y en el resto del mundo, ya que afecta precisamente a ese sector de la población que algunos hoy dicen defender? Hay países que ya han adoptado ese camino, como Alemania y el propio Estados Unidos, en algunos lugares del imperio.

Quienes decimos ser consecuentes con los trabajadores no estamos en contra de las pymes, porque los dueños de las pymes también son trabajadores, y trabajan a la par con los empleados que contratan, lo que no ocurre en las grandes empresas.

Por consiguiente, señor Presidente, llamo a rechazar este proyecto y a que el ministro de Hacienda tenga un poco de sensibilidad social.

Hoy nuestro país tiene problemas económicos, hay ollas comunes en todas partes…

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA (vía telemática).-

Señor Presidente, aquí se ha dicho que tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica, cuando lo cierto es que Panamá nos supera por lejos, ya que tiene un salario mínimo de 744 dólares. Comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Chile debe ocupar el tercer lugar en esa estadística.

Pero, además, hay que asociar el ingreso mínimo al poder adquisitivo que tiene y ver a qué distancia está de la línea de superación de la pobreza.

Hoy, frente a estos 6.000 pesos mensuales que se proponen como reajuste, que significan 200 pesos diarios, uno debe preguntarse si con eso la familia de quienes perciben el ingreso mínimo, que son 900.000 chilenos, puede cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. La respuesta, evidentemente, es no.

Por lo tanto, el desafío es construir un acuerdo de carácter tripartito, que los socialistas hemos planteado en todos los términos, en el que participen los empresarios, el gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y todos los que quieran participar en nombre de los trabajadores, para construir un ingreso mínimo mensual garantizado, pero que cubra esa expectativa.

Construir ese acuerdo significa establecer en Chile un salario que supere la línea de la pobreza, lo que equivale, en términos líquidos, a 450.000 pesos mensuales para un grupo familiar de cuatro personas. De esa forma, daremos una respuesta concreta a la pregunta que acabo de plantear -si lo que se propone como reajuste al ingreso mínimo alcanza para llegar a ese umbral-, cuya respuesta, como ya expresé, es no.

Por lo tanto, ese es el camino al que llamo para que este Parlamento contribuya a superar esta difícil discusión, que siempre nos enfrenta.

Hoy se ha dicho que estamos viviendo lo mismo que se vivió en el gobierno de la Presidenta Bachelet . Me parece extraño, pues ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, conforme a la óptica de algunos que han intervenido en este debate, debemos seguir hablando de las empresas, de las empresas y de las empresas. Pero, entonces, ¿cuándo nos preocuparemos y enfocaremos nuestro quehacer político en las personas, en aquellos que siguen aportando con su sacrificio y su dolor, que deben vivir con canastas familiares mucho más restringidas, que siguen yendo a comer a ollas comunes, como mencionó el diputado Alinco ? ¿En qué momento esos parlamentarios empezarán a hablar desde esa óptica? ¿Cuándo se harán cargo de que hay 900.000 chilenos a los que no les alcanza para vivir con lo que reciben?

Con esta iniciativa se propone que el salario líquido sea de apenas 261.000 pesos mensuales, que es lo que llegará al bolsillo del chileno, con lo cual no se puede vivir y no se resuelve esa ecuación que hemos planteado, porque no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

En consecuencia, la tarea es tratar de concretar -espero que me escuche el señor ministro, por su intermedio, señor Presidente esta mesa tripartita, para establecer un ingreso mínimo mensual garantizado que supere la línea de la pobreza y permita que quienes lo perciban puedan vivir una vida digna.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, debo expresar que valoro el diálogo que tuvimos con el ministro. Creo que es la primera vez que hemos podido sostener un debate un poco más constructivo. Aún no hemos llegado a acuerdo, pero por lo menos ya podemos reconocer eso.

En segundo lugar, debo aclarar que votamos abstención porque creemos que, lamentablemente, el ministro no ha entendido cómo abordar este tema, que no solo tiene que ver con el salario mínimo, sino también, como planteó el diputado Monsalve , con estudiar -como lo he dicho mil veces en esta Sala integralmente esta materia, lo que involucra abordar varios proyectos de ley.

Debemos estudiar qué pasa con el ingreso mínimo garantizado, cuya cobertura debemos ampliar, y cómo este aumento del salario mínimo incide y se liga con ese ingreso mínimo garantizado.

Por otra parte, si se analiza qué está pasando con la retención del empleo y con la creación de nuevos puestos de trabajo, debemos hacerlo junto con esta nueva alternativa, que nos parece muy interesante.

Cuando uno advierte que tres de cada cuatro trabajadores pertenecen a una pequeña o mediana empresa, la pregunta que hay que hacerse es por qué no establecemos un subsidio diferenciado que permita incorporar este delta, de modo que la disculpa del gobierno no pueda ser que no podemos subir el salario mínimo porque estaríamos perjudicando a las pymes. Si el centro de la atención del gobierno son las pymes, incorporemos ese subsidio y focalicémoslo en ese tipo de empresas, para ayudarlas a mantener los actuales puestos de trabajo y a crear otros nuevos.

Hay que focalizar; es lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Ahí está el diputado Miguel Mellado , quien lo ha planteado respecto del Fogape.

Para dar una disculpa y justificar el bajo nivel del salario mínimo se valen de las pymes, pero para ser proactivos y encontrar soluciones para ellas, desaparece ese factor.

Mi preocupación es que le hemos dicho al gobierno en todos los tonos que nos sentemos a una mesa en la que, inteligente y creativamente, y con disposición de entender qué le está pasando al país, analicemos todos los instrumentos que tenemos y cómo los coordinamos. No se trata de subir el salario mínimo y bajar el ingreso mínimo garantizado, porque, en ese caso, el que gana en el neteo es el Estado, pues se ahorra recursos.

Incorporamos otro factor sustancial, por lo menos para varios de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que es cómo crear un bono para alimentos. Hoy la inflación en el precio de los alimentos es mucho mayor que lo que se ofrece como reajuste del salario mínimo. En lugar de repartir canastas familiares, cuyo costo promedio es de 30.000 pesos, mejor entreguemos directamente un bono a las familias para que ellas decidan qué alimentos comprar. Esa es una inyección a la vena de la economía familiar.

Hemos perdido una oportunidad para dialogar y encontrar una respuesta criteriosa, rápida y efectiva para el país. Considero que aún tenemos tiempo para dialogar y ser inteligentes en la respuesta que queremos dar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, ¡qué agradable intervenir en esta Sala con tan pocos parlamentarios de izquierda presentes físicamente! ¡Es un agrado! ¡Ojalá fuera así siempre, pero lamentablemente es solo una ilusión!

Entrando en materia, este es un problema que se repite todos los años: primero, la discusión del monto del salario mínimo, y, luego, el reajuste de las remuneraciones del sector público. A pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía no hemos encontrado un mecanismo que reajuste de forma automática el salario mínimo. Es algo que deberíamos haber solucionado hace mucho tiempo y no tener esta discusión todos los santos años, en las que siempre la izquierda le echa la culpa al gobierno, salvo cuando ellos son gobierno, porque ahí nosotros le echamos la culpa al gobierno de ellos. Siempre nos echamos la culpa unos a otros, señalando que el gobierno no quiere subir el monto del salario mínimo o no quiere reajustar las remuneraciones del sector público. La gran diferencia entre uno y otro reajuste es que uno lo paga el Estado de Chile y el otro no.

El reajuste a las remuneraciones del sector público efectivamente lo paga el Estado de Chile, pero no paga el salario mínimo, que es lo que estamos discutiendo hoy día.

Se insiste en llamar al gobierno a que suba el monto del salario mínimo, en circunstancias de que el gobierno no paga a sus trabajadores el salario mínimo. Ya lo han dicho varios parlamentarios: quienes pagan el salario mínimo son las pymes, las pequeñas empresas, no las medianas ni las grandes empresas, ni los conglomerados nacionales o internacionales, como dijo un diputado en su intervención. Lo pagan los más pequeñitos, que son por lejos los que se han visto más afectados, no solo por los efectos de la pandemia, sino por la delincuencia que se generó a partir del 18 de octubre en adelante. ¡Donde pudieron saquearon al comercio chico!

Esas pequeñas empresas o negocios son los que contratan y pagan normalmente el sueldo mínimo. Por eso, cuando al gobierno se le insiste en que suba el sueldo mínimo, este tiene que sopesar la situación que están viviendo los pequeños empresarios, la que es muy mala, tremendamente mala y dramática. Muchas pequeñas empresas han quebrado y seguramente muchas más van a quebrar, y en la medida en que sigamos subiendo el monto del salario mínimo, más empresas van a tener dificultades para funcionar.

Lamentablemente, aunque todos quisiéramos que los trabajadores ganaran más plata por su trabajo, sin lugar a dudas no sacamos nada con subir el monto del sueldo mínimo si al final ese trabajador será despedido en lugar de ser recontratado. Entonces, hay que poner en la balanza esa situación, porque no sacamos nada con seguir subiendo y subiendo el sueldo mínimo.

Ahora bien, el gobierno está entregando un subsidio, llamado ingreso mínimo garantizado, que tiene un plazo de vencimiento, porque no es para siempre, a diferencia del salario mínimo, que se reajusta año a año, por lo que el monto actual se reajustará el año siguiente, y, en la medida en que se pueda, se seguirá reajustando para que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a un sueldo más alto.

Hoy día la situación indica que en Chile hay tres millones de cesantes, ¡tres millones de cesantes! ¡Nunca antes Chile había tenido tantos trabajadores cesantes, ni siquiera en la crisis de l982!

En consecuencia, hay que actuar con responsabilidad. No soy parlamentario de gobierno -pertenezco al Partido Republicano, que es oposición al gobierno-, pero en este tema somos responsables. Por lo tanto, anuncio que mi bancada votará a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, este trámite ya tiene su historia. Como se sabe, lo que estamos discutiendo ahora es la indicación del Ejecutivo que mejora su propuesta inicial de 1.500 a 6.000 pesos, es decir, aumenta en 4.500 pesos y acorta el período comprometido para el envío de un proyecto de ley para un nuevo reajuste al monto del sueldo mínimo, desde agosto del próximo año a abril del próximo año.

Se dijo que tenemos el segundo salario mínimo más alto de América Latina, lo que es cierto; pero eso no es nada excepcional si consideramos que también tenemos uno de los más altos ingresos per cápita de América Latina, bastante por encima del de Costa Rica, que tiene el salario mínimo más alto de América Latina, pese a tener significativamente menor per cápita que Chile.

El diputado y colega de mi bancada Pablo Lorenzini no respaldó la indicación por carecer del compromiso específico de reajuste para abril. Distinto sería, como lo hicimos en el ejercicio precedente, si fijáramos un itinerario más largo de incremento, pero definido previamente, no un compromiso sin cifras.

Adicionalmente, tampoco voy a concurrir a aprobar por la falta de compromiso concreto de parte del Ministerio de Hacienda respecto del esfuerzo necesario para extender masivamente la cobertura del ingreso mínimo garantizado, que hoy día beneficia apenas a la cuarta parte del universo potencial contemplado en la ley.

Una última reflexión. Tenemos que desacoplar el reajuste de las asignaciones familiar y maternal del reajuste al salario mínimo, para subirlas significativamente, porque son un buen subsidio al ingreso familiar y se convierten en algo relevante, ya que pueden mover la aguja que marca la tasa de natalidad. ¿Cuántos países han establecido una diferenciación entre la asignación maternal del primer hijo y la del segundo y del tercero? Si nosotros continuamos acoplando el incremento de la asignación familiar, tan necesaria para estimular la tasa de natalidad, al salario mínimo significa que no hacemos nada.

Tenemos muchos subsidios desfocalizados. Debiéramos incrementar de manera significativa este subsidio, que va a la vena de las familias. Dejo esa reflexión al ministro de Hacienda.

Voy a hacer lo mismo que sugirió el diputado Monsalve : abstenerme en el artículo 1, sobre el guarismo, para seguir conversando y ver si logramos por lo menos un compromiso más claro respecto de lo que hará el gobierno en abril próximo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, el gobierno está en medio de una compleja negociación en materia de reajuste del salario mínimo, producto de la debilidad de la economía nacional a raíz de la crisis sanitaria.

Hay que valorar lo que ha hecho el gobierno. Las cosas se pueden mirar positiva o negativamente -¡viva la libertad!-, pero cuando un gobierno parte proponiendo un 0,4 por ciento nominal, cerca de 1.500 pesos, y después de haber conversado con todos los sectores termina en 6.000 pesos de reajuste, que corresponde a 1,9 por ciento, la verdad es que ese esfuerzo no se puede desmerecer, y se debe sumar a todo lo que se ha hecho hasta hoy día.

Tenemos una tasa de desocupación nacional cercana al 13 por ciento, 5,3 puntos porcentuales sobre lo que ocurría hace doce meses. La situación de las pymes es realmente precaria. Las pymes no están quebrando, sino que están desapareciendo.

Por lo tanto, sinceramente, hoy lo que cabe es apoyar al gobierno, que, además, ha dicho que volverá a revisar la materia en abril del próximo año. Todos queremos que esa revisión se efectúe en el marco de una situación económica muy distinta para las pymes y para las empresas, porque son ellas las que pagan este reajuste. Esperamos que, de acuerdo a la proyección del crecimiento de la economía, el guarismo sea mucho mayor que el que estamos aprobando. Ojalá que la situación también permita avanzar hacia una negociación de pantalones largos, en la que el ingreso mínimo sea capaz de generar más empleos.

Señor Presidente, deberíamos tener una negociación bianual que permita entregar niveles de certeza a los empresarios, para que puedan planificar sus necesidades de contratación de trabajadores y, al mismo tiempo, las personas puedan conocer el nivel de salarios que percibirán producto de su esfuerzo y de su trabajo.

Asimismo, deberíamos ser capaces de desacoplar la negociación del ingreso mínimo de la contingencia política e ideológica. Eso le da seriedad a la negociación. Se trata de un tema que no es menor para las familias de Chile, sobre todo para las que están atravesando momentos tan complejos.

Por lo tanto, hay que aprobar este proyecto. Renovación Nacional va a apoyar esta propuesta, a pesar de que sabemos que en abril vamos a proponer al país un…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Eguiguren .

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA (vía telemática).-

Señor Presidente, tuvimos una conversación con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo en la que propusimos elevar el monto del ingreso mínimo. Sin embargo, se han dado argumentos que son antiguos, como que subir el ingreso mínimo dificulta la empleabilidad, en circunstancias de que lo que estamos haciendo es proteger a los trabajadores y trabajadoras. De allí nace la necesidad de fijar un salario mínimo, porque este no lo paga el Estado, sino quienes contratan.

Sin embargo, aquí hay una asimetría grande entre las empresas y los trabajadores. Por años esa asimetría ha ido debilitando la capacidad negociadora de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, hay que fijar un ingreso mínimo, y la inteligencia nos indica que debiera ser de 400.000 pesos. Entiendo que estamos en crisis, pero existe una diferencia de 78.000 pesos entre el ingreso que se paga hoy y los 400.000 pesos que se podrían pagar. Sería inteligente, bueno y sano aplicar ese cambio, porque la diferencia –repito es grande. 6.000 pesos es una cifra mínima respecto de los 78.000 pesos que acabo de señalar.

Si al ministro del Hacienda le gustan los números, ahí tiene cifras. Repito que el reajuste es mínimo en relación con las aspiraciones de la inteligencia política, que ha fijado en 400.000 la cifra para superar definitivamente el índice de pobreza. Por eso el reajuste es mezquino.

Señor Presidente, vamos a pedir votación separada para rechazar el guarismo.

Nosotros propusimos una cantidad de 8.000 pesos, aceptando que se cambie en abril del próximo año. Eso hay que hacerlo a través de una ley corta, en que esto se defina rápidamente. Algunos queríamos que el cambio operara en enero, para desacoplar el ingreso mínimo de la discusión política. Me parece que no hay ningún problema en eso. Sin embargo, sí es necesario decir que hay muchos que le tienen miedo a la discusión política cuando se trata de dinero. La política tiene que ser reivindicada como la capacidad de discutir temas importantes que tengan que ver con la vida de las personas.

Señor Presidente, por las personas que no van a recibir plata significativa en esta vuelta, pediremos votación separada para pronunciarnos favorablemente sobre algunas materias y rechazar otras.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, creo que hay hechos en esta discusión que son indesmentibles. Estamos, sin duda, frente a una situación económica crítica. No está en buen pie la economía como para pensar en un reajuste grandioso del ingreso mínimo, pero también es un hecho que el poder adquisitivo de las familias y de los trabajadores se ha deteriorado. Es un hecho, también, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, que la inflación es prácticamente de 0 por ciento, pero si uno descompone la inflación entre sus distintos ingredientes, nos vamos a encontrar con que lo relacionado con alimentación tuvo un alza de 2,9 por ciento, que equivaldría a unos 9.000 pesos. Y 6.000 pesos no es igual a 9.000 pesos.

Señor Presidente, sabemos que hoy no se puede pedir un esfuerzo extraordinario, pero sí se puede pedir a este gobierno un esfuerzo de voluntad. Desde un principio, este gobierno se caracterizó por llamar a acuerdos nacionales, pero no conozco ninguno que haya cristalizado en algo. Ahora podríamos suscribir un acuerdo nacional con los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, con el sistema político, para proponer que en dos o tres años el salario mínimo sea igual al ingreso mínimo necesario para superar la línea de la pobreza, es decir, 456.000 pesos. No lo pedimos ahora, pero, ¿por qué no fijarnos una meta? ¿Por qué el país en su conjunto no se propone llegar a esa nivelación?

Siempre que se discute el ingreso mínimo los ingredientes de la sopa son inflación, crecimiento y productividad, pero esta vez, como se lo hemos dicho al señor ministro de Hacienda, hay otro ingrediente: la insatisfacción de la sociedad chilena con el modo en que está viviendo y cómo se reparte la riqueza. Se reclama redistribución de la riqueza.

Señor Presidente, ese ingrediente debe estar presente en la discusión del ingreso mínimo. De otro modo, las cosas continuarán como están. No podemos dar el reajuste que queremos por las razones conocidas, pero, ¿por qué no ponemos un horizonte, una meta? ¿No podemos dar una esperanza y decir que sí entendimos lo que dijo la ciudadanía el 18 de octubre? Sí podemos hacerlo; es una cuestión de voluntad, y es lo que pedimos que manifieste el gobierno a través del ministro de Hacienda.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, en 1910, Luis Emilio Recabarren dio una conferencia en la ciudad de Rengo, en donde señaló que la pobreza impide todo progreso. 110 años después esas palabras siguen rugiendo verdades.

Hace unos días el diputado René Manuel García protagonizó un impasse, muy común en estos días, cuando su micrófono quedó encendido durante la sesión de la Comisión de Vivienda y le escuchamos decir: “Estoy hasta el…”. No voy a continuar la oración.

Si bien es algo que a muchos les puede pasar en estos días, creo que los diputados y diputadas estamos muy lejos de poder compararnos con las personas que realmente están hasta el nivel que dice el diputado.

Este año la pandemia ha generado una crisis enorme, una crisis económica para las familias más pobres y de ingresos medios desprotegidas. ¿Y qué hizo el gobierno? Permitió el no pago de los salarios y compensó parte de esto con cargo a los seguros de cesantía individuales. Incluso cuando el hambre y la deuda arreciaban en los sectores más pobres del país, intentó evitar a toda costa, por todos los medios, el retiro anticipado del 10 por ciento de las AFP, como lo sigue haciendo con el segundo retiro.

¿Qué está detrás de esa lógica? La ideología neoliberal que los caracteriza no solo es una fe ciega y medio romántica en la iniciativa privada, como un paraíso de prosperidad para los más ricos. El neoliberalismo reproduce pobreza, precariza trabajos y condiciones laborales. Una parte fundamental del éxito que durante cuarenta años han predicado solo ha llegado a Sanhattan y, en general, a los sectores más privilegiados de nuestro país. La mayoría de los chilenos y chilenas sobrevive con remuneraciones indignas, endeudándose para comprar los insumos básicos y las prestaciones que debiesen ser derechos fundamentales resguardados.

Hoy, más de 2 millones de compatriotas están desempleados, y esa suele ser una excusa para evitar aumentos del salario mínimo, pensando, supuestamente, en las pequeñas y medianas empresas; sumado a la pandemia, el gobierno nuevamente tiene excusas para dejar a los trabajadores y trabajadoras del país a la cola.

Realmente, es una vergüenza que el gobierno utilice esas excusas, porque lo único que evidencian es la absoluta negligencia en el manejo de la crisis y el total abandono en que tienen no solo a los trabajadores, sino también a las pymes, negocios familiares que hoy deben competir con grandes empresas que se han visto, incluso, mucho más beneficiadas con medidas de este gobierno, mientras que las pymes han quedado entregadas a su suerte y, con ellas, miles de trabajadores, porque en general la única opción es el endeudamiento.

Aunque sigue provocando indignación, a esta altura ya no sorprende que en cada peso adicional que se aumenta periódicamente en leyes, como esta, se repita como un mantra el peligro para la generación de empleos, como si en Chile no pudieran crearse trabajos con sueldos dignos.

¡Curioso éxito económico del neoliberalismo del que tanto se jactan!

Necesitamos que este gobierno innove en esta materia y se abra a otras alternativas, como las que hemos propuesto al ministro Ignacio Briones , quien todavía no nos quiere conceder la reunión que hace más de dos meses le solicitamos. Me refiero a un impuesto a las grandes fortunas de nuestro país, una política de recaudación fiscal que cargue a quienes más tienen y que no se han visto afectados en esta crisis.

¿Para qué? Justamente, para que el Estado cuente con los recursos suficientes y necesarios que permitan aumentar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en condiciones dignas y apoyar a las microempresas y las pequeñas empresas con subsidios directos para ellas, para que puedan realmente generar empleos de calidad y con jornadas dignas.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raul Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, este proyecto lo hemos discutido en varias oportunidades en la Cámara de Diputados.

Lamento mucho la propuesta original, porque fue muy insuficiente y muy por debajo de las expectativas de todos nosotros, pero especialmente de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables del país, que son los cientos de miles que reciben un salario mínimo.

En forma bastante sorprendente e, incluso, indolente, el gobierno nos presentó en una primera oportunidad un reajuste real cero, de 1.500 pesos, pero después una serie de negociaciones y de presiones políticas y sociales de este Congreso y también de la ciudadanía, pero particularmente presiones legislativas que nosotros realizamos consecuentemente con nuestras votaciones de rechazo, han llevado al gobierno a moverse un poco y a aumentar de 1.500 pesos a 6.000 pesos el guarismo de reajuste del salario mínimo.

Lamentablemente, y valorando aquel movimiento, el esfuerzo que ha hecho el gobierno para, al menos, abrir el diálogo y permitir un aumento en este sentido, creemos que dicho monto sigue siendo tremendamente miserable e insuficiente y sigue estando muy lejos de las expectativas respecto de lo que hoy requieren los trabajadores de nuestro país, sobre todo considerando el momento especial y excepcional que estamos viviendo en el marco de la pandemia por covid-19, la cual ha tenido efectos económicos y sociales muy relevantes en la economía familiar, sobre todo de los sectores medios y los sectores más vulnerables del país. Justamente, en este último caso están los trabajadores que se esfuerzan mes a mes para recibir un salario.

Nosotros creemos que nuestro país puede hacer un esfuerzo adicional si efectivamente hay un gobierno que esté disponible a poner las prioridades y las lucas sobre la mesa para avanzar en esa dirección.

Ayer vimos al Presidente Piñera hacer los anuncios respecto de lo que va a ser la discusión de la ley de presupuestos del próximo año, con mucho énfasis en la reactivación económica y el empleo, lo que nos parece bien. Pero ¿dónde están los recursos allí, por ejemplo, para mejorar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras? Porque tenemos que asegurar empleo y trabajo, pero no a secas, sino con un apellido, que es dignidad. ¡Empleo y trabajo digno! Empleo y trabajo en condiciones salariales de dignidad para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, considerando las circunstancias macroeconómicas que estamos viviendo.

Todo indica que se podía hacer un esfuerzo mayor en esta materia. Por ejemplo, se podía mejorar el ingreso mínimo garantizado, que ha dejado bastante que desear desde el punto de vista de la cobertura, pues ha dejado a mucha gente afuera; que se pueden aumentar los apoyos estatales por esa vía y que también se pueden focalizar mucho más y de mejor manera los subsidios para las pymes, para que no tengan que cargar con los aumentos, ya que han tenido consecuencias bastantes importantes por esta crisis, sino que, más bien, reciban una mano importante de parte del Estado.

Aquí se podía avanzar en las dos direcciones, y lo dijimos desde un comienzo. Por eso, lamento que el gobierno haya tomado la decisión política -porque eso es: una decisión política de no avanzar de manera mucho más contundente en esta materia para apoyar a los trabajadores de nuestro país.

Así, hoy nosotros debemos ser consecuentes con lo que hemos hecho y, por lo tanto, vamos a seguir la tramitación, las negociaciones y repetiremos la votación que se realizó, particularmente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y también, por gran parte de los diputados de oposición, en la Comisión de Hacienda, en orden a buscar un rechazo o, en subsidio, una abstención, para dar una señal de que se puede hacer un esfuerzo mayor en beneficio de los trabajadores.

Por último, también nos parece relevante que se plantee la posibilidad de una renegociación durante los primeros meses del próximo año, pero no nos parece que el gobierno esté retrasando dicha renegociación para abril, en condiciones de que es muy probable que se requiera una discusión mucho antes, dentro del primer trimestre, ya sea en enero, febrero o marzo, evaluando las condiciones económicas que podamos tener en esos meses, en ese primer trimestre.

Por lo tanto, tenemos serias diferencias y serios reparos con este proyecto, y así lo hemos hecho ver en las comisiones que he mencionado. Por lo tanto, vamos a actuar en consecuencia.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de subvenciones, en el contexto de la pandemia por covid-19.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión del proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengas dos o más Comités y cinco minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Sergio Bobadilla y Gastón von Mühlenbrock , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 69ª de la presente legislatura, en martes 8 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 76ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Sergio Bobadilla , rinde el informe de la Comisión de Educación la diputada Camila Vallejo .

Tiene la palabra, su señoría.

La señorita VALLEJO (doña Camila ) (de pie).-

Señor Presidente, en reemplazo del diputado Sergio Bobadilla , vengo en informar a la honorable Cámara sobre el proyecto de ley que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de subvenciones, esto en el contexto de la pandemia por covid-19 (boletín N° 13768-04).

Idea matriz o fundamental del proyecto

Esta iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos de excepción que permitan determinar legalmente el factor “asistencia” para la aplicación de la fórmula de pago de las subvenciones educacionales, en el contexto de la pandemia por covid-19, estableciendo los casos para su procedencia, el trimestre modelo a aplicar como factor asistencia para la fórmula de cálculo, reliquidación y aplicación de mecanismos excepcionales en materia de asistencia de la ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Público Correspondiente al Año 2020.

Fundamentos

Según se expresa en el mensaje, es de conocimiento público que la pandemia provocada por el brote del virus denominado coronavirus-2, del síndrome respiratorio agudo grave, que produce la enfermedad de la covid-19, enfrentó a los sistemas educacionales del mundo a situaciones y desafíos sin precedentes.

En nuestro país, tal como en 194 países del mundo, las clases presenciales se suspendieron en todos los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Así, en Chile, desde el 16 de marzo alumnos, familias, docentes, equipos directivos y la comunidad educativa en general, junto con el Ministerio de Educación, han debido adaptarse a un nuevo contexto de aprendizaje, enseñanza y estudio remoto, con muchas dificultades, hay que decirlo.

Por lo señalado, desde el inicio del año escolar 2020, la asistencia de los alumnos a los establecimientos educacionales fue baja, y, en algunos casos, inexistente. De este modo, es plausible que la situación descrita se mantenga hasta que las condiciones sanitarias permitan devolver a los estudiantes la posibilidad de asistir a sus respectivos establecimientos educacionales, y al sistema educativo funcionar con normalidad en su conjunto.

Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de los principios de seguridad, gradualidad, voluntariedad y flexibilidad para la reanudación de clases presenciales que pretende el Ministerio de Educación, de conformidad a la resolución exenta N° 591 del Ministerio de Salud, del 23 de julio de 2020, que dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y dispone plan “Paso a Paso”, la Seremi de Educación respectiva podrá levantar individualmente la medida de suspensión por establecimientos, niveles o cursos. Para ello, el Ministerio de Salud informará previamente la factibilidad sanitaria y entregará al Ministerio de Educación la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por dicha cartera de Estado, con el objeto de asegurar las condiciones sanitarias de los establecimientos. Asimismo, la secretaría regional ministerial de Salud correspondiente supervisará el cumplimiento de dicha normativa.

En este contexto, conforme a las condiciones sanitarias de los territorios respectivos, a la voluntad de los sostenedores –no de la comunidad educativa en general-, algunos establecimientos educacionales han podido concretar el retorno a clases presenciales. No obstante, para llevarlo a cabo han debido cumplir estrictas medidas sanitarias para evitar los contagios y mantener la distancia social.

La ley de subvenciones establece como regla general que, para calcular el monto a percibir por subvención educacional, se multiplica el valor de la Unidad de Subvención Educacional por la asistencia media promedio registrada por curso en los tres meses precedentes al pago. Atendido el contexto sanitario y las flexibilidades que ha sido imperativo otorgar al sistema educativo, el factor “asistencia” aplicable en la descrita fórmula de cálculo se ha visto afectado por una situación de caso fortuito o fuerza mayor sin precedentes en el sistema educativo, por lo cual desde el inicio del año escolar 2020 han debido aplicarse los mecanismos excepcionales que la ley prevé para estos casos.

No obstante, la extensión de la pandemia requiere establecer nuevos mecanismos de excepción que permitan determinar legalmente el factor “asistencia” para la aplicación de la fórmula de pago de las subvenciones educacionales, como otras normas especiales para abordar la problemática planteada.

Tramitación en la Comisión de Educación

Durante la tramitación del proyecto, entre los diputados y diputadas hubo visiones contrapuestas respecto de esta iniciativa.

Quienes estuvieron a favor del proyecto, argumentaron que es indispensable que los establecimientos que han vuelto a clases presenciales puedan contar con este mecanismo de cálculo para el pago de la subvención educacional preferencial (SEP), toda vez que en este contexto no es posible aplicar la norma excepcional del artículo 13 de la ley de subvenciones (cálculo de la asistencia media del mes anterior).

Asimismo, señalaron que el proyecto soluciona el problema de los establecimientos con modalidad de internado, estableciendo un sistema de cálculo que les permite seguir percibiendo la subvención.

Por su parte, quienes sostuvieron una postura contraria -me incluyo-, la fundamentaron en que el proyecto establece una discriminación arbitraria respecto de los establecimientos que no han vuelto ni volverán a clases presenciales durante el año 2020, los que continuarán percibiendo una subvención menor que aquellos que retornen, generando un incentivo económico al retorno a las clases presenciales.

En tal sentido, durante la tramitación en particular se presentaron indicaciones parlamentarias para modificar el mecanismo de pago de la subvención, de manera de considerar la matrícula del establecimiento en lugar de la asistencia promedio que consideraba el mensaje, tanto para los establecimientos educacionales que hubiesen retornado a clases presenciales como para aquellos impedidos de hacerlo debido a las condiciones sanitarias o porque voluntariamente han decidido no hacerlo.

Del mismo modo, se aprobó una enmienda para establecer que en el caso de los establecimientos educacionales que tengan derecho a percibir la subvención por servicio de internado, se considerará para el cálculo de la subvención la matrícula de estudiantes del año 2020 que tenga el establecimiento educacional.

Además, se determinó que para los establecimientos educacionales que a causa de la pandemia por covid-19 estuvieron imposibilitados de iniciar el año escolar 2020, que mantengan las cotizaciones previsionales del personal del establecimiento y no estén percibiendo ingresos por subvenciones, se considerará para el cálculo de la subvención la matrícula de estudiantes del año 2020 que tenga el establecimiento educacional, es decir, subvención por matrícula.

Finalmente, se aprobó una indicación para establecer que la subvención fiscal mensual será reliquidada al mes siguiente de la entrada en vigencia de esta ley en proyecto, debiendo compensarse a los establecimientos educacionales, según corresponda.

Todas estas indicaciones fueron declaradas admisibles y aprobadas por mayoría de votos.

Constancias reglamentarias

Normas de quorum especial

El proyecto de ley no contiene normas de carácter orgánico-constitucional o de quorum calificado.

Normas que requieren trámite de Hacienda

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

Aprobación general del proyecto de ley

El proyecto se aprobó en general por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Sergio Bobadilla , Juan Fuenzalida , Hugo Rey , Leonidas Romero , Gustavo Sanhueza y Mario Venegas . Se abstuvieron las diputadas Cristina Girardi , Camila Rojas y Camila Vallejo , y los diputados Rodrigo González y Juan Santana .

Reserva de constitucionalidad

La diputada Cristina Girardi hizo reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de ley, por vulnerar el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, que garantiza la igualdad ante la ley, al establecer una discriminación arbitraria respecto de los establecimientos educacionales que no retornen a clases presenciales.

El ministro de Educación y el diputado Hugo Rey hicieron reserva de constitucionalidad respecto de las indicaciones aprobadas por la comisión, por vulnerar el artículo 65, inciso tercero, de la Carta Fundamental, que establece la iniciativa exclusiva del Presidente de la República respecto de la administración financiera del Estado.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique , que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educaciones del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, ley de subvenciones, en el contexto de la pandemia por covid-19.

Concurrió en representación del Ejecutivo, a presentar el proyecto, el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa .

La idea fundamental de la iniciativa consiste en establecer mecanismos de excepción que permitan determinar legalmente el factor asistencia para la aplicación de la fórmula de pago de las subvenciones educacionales en el contexto de la pandemia por covid-19, para lo cual amplía las facultades sobre esta materia establecidas en la ley de presupuestos del sector público.

En particular, el proyecto consta de un artículo único que modifica la referida ley de presupuestos del presente año, específicamente en la glosa 03, programa 20, capítulo 01, partida 09 Ministerio de Educación en el siguiente sentido:

1. Extiende la facultad otorgada al Ministerio de Educación para no considerar la asistencia promedio por curso registrada en el cálculo de la subvención mensual de los establecimientos educacionales que hayan experimentado una baja considerable, motivada por factores climáticos, epidemiológicos o desastres naturales, dado que la referida glosa 03 permite considerar hasta un máximo de quince días de asistencia. La presente modificación extiende esa excepción por todo el período de vigencia de la alerta sanitaria.

2. Dispone que los establecimientos educacionales que hubiesen retornado a clases presenciales a partir del 1 de julio, así como aquellos establecimientos con subvención por servicio de internado, considerarán como asistencia media mensual el mayor valor entre la asistencia media efectiva y el promedio de las asistencias medias declaradas durante marzo, abril y mayo de 2019.

3. Establece que similar tratamiento tendrán los establecimientos educacionales que no hubieren iniciado el año escolar por causa de la pandemia de la covid-19, que mantengan al día las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y no estén percibiendo subvenciones.

La subvención fiscal mensual será reliquidada en el mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley en proyecto, y en ningún caso podrá significar duplicación de subvenciones.

En materia de impacto fiscal, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que el monto total vigente para los once tipos de subvenciones consideradas en esta iniciativa asciende a 5.485 millones de pesos.

Sin embargo, dado que el gasto originado por esta iniciativa ya se encuentra previsto en la partida Ministerio de Educación de la Ley de Presupuestos de 2020, su aplicación no irrogará un mayor gasto fiscal.

El Ejecutivo presentó en la Comisión de Hacienda una indicación que repone en su totalidad el proyecto originalmente presentado y modificado por la Comisión de Educación.

Tras el debate de los integrantes de la comisión y la formulación de diversas consultas y preocupaciones a la autoridad ministerial, se puso en votación la indicación del Ejecutivo, la que fue aprobada por 6 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Votaron a favor la diputada señora Cid y los diputados señores Melero , Castro, don José Miguel ; Ramírez , Santana y Von Mühlenbrock ; votó en contra el diputado señor Winter , y se abstuvieron los diputados señores Ortiz , Schilling y Núñez (Presidente).

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos señalados.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, el señor ministro reconoció -lo cual agradezco que fui portador de la preocupación de un sector de los afectados por esta situación, el de los establecimientos que cuentan con internados.

En la Región de La Araucanía, que represento, el número de tales establecimientos es muy significativo, pero también existen en muchas otras regiones del país, de manera que estamos agradecidos de la respuesta del Ejecutivo en esta materia.

Quiero abordar este tema desde los acuerdos con el Ejecutivo. Creemos en la necesidad de normar sobre medidas excepcionales destinadas a abordar esta realidad que ha representado la pandemia.

Estamos absolutamente de acuerdo en que era necesario abordar en particular la singularidad que representa la situación de las escuelas que tienen internados -más bien, son escuelas con internados-, y que la situación excepcional que estamos viviendo como producto de la pandemia es un motivo de fuerza mayor externo, no imputable ni atribuible a la responsabilidad del sistema escolar o de los establecimientos en particular, de manera que, en general, estamos de acuerdo con la idea de legislar, y por eso votamos a favor.

Quiero explicar de dónde surgen nuestras diferencias o desacuerdos con el Ejecutivo. Básicamente, existe una vieja y antigua diferencia, que yo suscribo, y que se ha dado no solo con este gobierno, sino también con los anteriores, para ser honesto. Se trata de definir si el mecanismo de pago por asistencia promedio de los alumnos es el más adecuado, o si debiera existir un mecanismo como el de asistencia por matrícula, que garantiza que haya ingresos más fijos, y no variables, como ocurre actualmente.

Eso se vio en el marco de la discusión de este proyecto; incluso, se presentó una indicación en esa materia.

La principal diferencia que se observa con el Ejecutivo en esta materia, y que se expresó en las votaciones y en las indicaciones que se hicieron al proyecto, tiene que ver con las distintas fórmulas de cálculo que existen en los casos de colegios que han retornado a clases, que, como ustedes saben, es una política que han impulsado el gobierno, el ministerio y en particular el señor ministro -legítimamente, a nuestro entender-, pero tenemos cuestionamientos serios respecto de las condiciones de seguridad para hacer efectivo ese retorno a clases.

Ocurre que los establecimientos que han retornado a clases tienen un sistema de cálculo más favorable que aquellos que no lo han hecho. Entonces, eso se transforma en una política de estímulo indirecto al retorno a clases.

¿Por qué ocurre esto? Porque aquellos van a calcular el mayor valor de la asistencia efectiva que hayan tenido durante este año con el retorno, que siempre es parcial, y/o el promedio de los meses de marzo, abril y mayo de 2019.

En cambio, los que no retornan deberán considerar la asistencia efectiva, que fue muy baja en marzo -con los alumnos que alcanzaron a ir-, y el promedio de todo el año 2019.

Por eso, notamos una discriminación en contra de aquellos que no han regresado a clases por razones fundadas; no porque no lo quieran, sino por razones fundadas.

En el caso de los internados tenemos una diferencia, consistente en que desde enero y febrero estaban recibiendo solo el 20 por ciento de la subvención, que, por lo demás, es muy baja, y la ley, la solución -que, en todo caso, es mejor que lo que tenían-, parte entregándoles una subvención calculada en los mismos términos anteriores, pero a partir del 1 de julio, por lo que en marzo, abril, mayo y junio no recibieron este beneficio. Y los costos de mantención de aquellos, especialmente en recursos humanos, esto es, los funcionarios que allí laboran, son de alrededor de 60 o 70 por ciento. Por lo tanto, ellos tienen un déficit económico importante.

Esas son las razones que nos llevaron a tener diferencias. Y esas diferencias se transformaron en indicaciones que modificaron el proyecto, el cual se rechazó en la Comisión de Hacienda, devolviendo a su estado original la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Por último, no puedo dejar de mencionar que, sin duda, este es un avance, pero insuficiente, debido a los aspectos que intenté explicar de la manera más concreta posible.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas Valderrama .

La señorita ROJAS (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las diputadas, a los diputados y a los representantes del Ejecutivo, específicamente al ministro Raúl Figueroa .

En términos generales, estoy bastante de acuerdo con lo que mencionó el diputado Venegas ; sin embargo, haré algunas precisiones que me parecen relevantes.

En primer lugar, existe la necesidad de normar respecto de qué ocurrirá con los establecimientos que volverán a clases presenciales. Esto se justifica principalmente porque aquellos que no han tenido clases presenciales han recibido la subvención de acuerdo con los días en que los alumnos asistieron en marzo. No obstante, los establecimientos que vuelvan a clases presenciales, pese al retorno, tendrían que recibir solo la subvención que corresponde a la asistencia de los niños y niñas. Es decir, en el contexto de la pandemia por covid-19, como probablemente la asistencia baje, dichos establecimientos se verán en una situación compleja, razón por la cual se requiere normar.

Al respecto, estoy de acuerdo con aquello, esto es, con que los colegios que retornen a clases requieren que se haga una diferencia respecto de la subvención que recibirán, en el contexto de la pandemia por covid.

Ahora, ¿con qué no estoy de acuerdo? Con que se genere una distinción entre los establecimientos que vuelven a clases presenciales y aquellos que no.

Entonces, diputados de oposición propusimos en su minuto algunas indicaciones en la comisión, que estamos reponiendo, precisamente para salvar esta situación. Por consiguiente, invito a los diputados y a las diputadas presentes a votar favorablemente esas indicaciones y, en definitiva, a no hacernos cómplices de la distinción que se quiere generar.

Escuché atentamente al ministro Figueroa , quien dijo que existe un mayor gasto en los establecimientos en operación. Pero lo cierto es que la consideración que se está teniendo con ellos es precisamente porque es altamente probable que no tengan tanta asistencia. Entonces, uno podría entrar a detallar que quizás no es tanto el gasto que tendrán tales establecimientos, ya que recibirán menos niños y niñas, o bien justificar que aquellos que no están con clases presenciales, pero que implementaron el sistema de educación a distancia, que deberían ser todos, sí han debido incurrir en gastos, como la compra de computadores, la entrega de acceso a internet. De hecho, estas son situaciones que nos expusieron en la Comisión de Educación representantes de los establecimientos que no han vuelto a clases presenciales. A esto se suma que los establecimientos que no retornen a clases presenciales no lo harán por gusto, sino debido a la crisis sanitaria en que nos encontramos.

Por lo tanto, en esa línea, no tiene sentido la distinción que se genera entre los establecimientos que no vuelven a clases presenciales por razones estrictamente sanitarias y aquellos que retornan a esa modalidad.

El gobierno está intentando salvar una situación -nosotros estamos de acuerdo en eso-, cual es que, como habrá menos asistencia, se debe hacer un cambio a la ley vigente y entregar una subvención mayor a la que habría que entregar según lo que ella señala; eso está bien con respecto a los establecimientos que vuelvan a clases presenciales. ¿Pero qué pasará con los que no lo hagan? Seguirán recibiendo la subvención por matrícula, de acuerdo con los días que los alumnos asistieron en marzo, y no tendrán la posibilidad de optar a una mejor subvención, que podría considerar para su cálculo los mismos meses de 2019, como ocurrirá con los establecimientos que retornen a las clases presenciales.

Sé que se trata de una discusión bastante enredada. Por supuesto, apelo a que los colegas hayan revisado el proyecto, puesto que a lo que estamos apuntando con los diputados y las diputadas de oposición es a que la referida distinción no es necesaria; por lo mismo, presentamos indicaciones que van en la línea de salvar la situación.

Finalmente, quiero mencionar una cuestión que hace sentido respecto de la compleja situación en que se encuentra todo el sistema educativo a raíz de la pandemia.

La situación está ocurriendo en la educación inicial, en que se están cerrando jardines infantiles. De hecho, esta mañana me reuní con algunas sostenedoras, quienes me plantearon esa preocupación. Asimismo, está sucediendo en la educación escolar, en que sostenedores tanto de colegios particulares pagados como de particulares subvencionados están preocupados, porque los apoderados no han podido pagar las mensualidades. Y lo mismo ocurre respecto de la educación superior.

Entonces, a raíz de este debate, quiero señalar que el tipo de financiamiento por asistencia, que el financiamiento a la demanda es el que hace agua, lo que queda en completa evidencia debido a la pandemia. Y quiero ser todavía más franca, esclareciendo que estas ideas del derecho de los padres a elegir el establecimiento de sus hijos y la libertad de enseñanza, entendida como la libertad de vender y comprar educación, no son más que una ilusión. Eso que se ha vendido durante todos estos años es una ilusión, y queda completamente comprobado con la crisis que estamos viviendo. Porque el gobierno les dice a los sostenedores que no los puede ayudar realmente y que, de alguna manera, se las arreglen solos. A su vez, los sostenedores les dicen a las familias que tampoco los pueden mantener sin pago.

Por lo tanto, ese chiste se cuenta solo. Y lo lamentable es que se trata de un chiste completamente cruel para las familias y para los mismos establecimientos.

Entonces, en ese sentido, quise poner en evidencia la situación que se está viviendo en el sistema educacional. El financiamiento a la demanda no da más, y, por consiguiente, hay que hacer un cambio en ese aspecto. Y si bien tengo claro que este no es el proyecto que lo hará, me parece del todo responsable poner el asunto sobre la mesa, porque aquí hay un problema de fondo.

En cuanto a la discusión particular, insisto en que no puede ser que con la forma de pago que se propone se haga una distinción del todo innecesaria entre los establecimientos que vuelven a clases presenciales y los que no.

Por último, nuevamente, invito a los diputados y a las diputadas a apoyar las indicaciones que hemos renovado con el fin de evitar que se haga la referida distinción entre los establecimientos, que, además, es lo que nos solicitó la gran mayoría de quienes expusieron en la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla Muñoz .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, todos estamos muy conscientes de que la normativa legal se tiene que ir adaptando a los tiempos que estamos viviendo producto de la pandemia. Y este proyecto, sin duda, tiene ese objetivo: adaptarnos a los tiempos que vivimos, particularmente en materia educacional.

En tal sentido, a raíz de algunas intervenciones que ha habido en esta Sala y de muchas otras que hubo durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Educación, da la impresión de que se quiere dejar puesta la idea de que el Ministerio de Educación está forzando -algunos han ido más allá u obligando el retorno a clases presenciales.

Quiero decir, una vez más -el ministerio lo ha reiterado en muchas oportunidades-, que para que se produzca el retorno a clases presenciales se tienen que dar algunas condiciones desde el punto de vista sanitario; de lo contrario, este retorno no se producirá.

En ese sentido, el ministerio ha establecido tres condiciones básicas: la primera es que debe ser seguro, la segunda, que debe ser gradual, y la tercera es que debe ser total y absolutamente voluntario. No se está obligando absolutamente a nadie a enviar a los niños a clases presenciales cuando lo determine la autoridad educacional; el objetivo es que la comunidad escolar trabaje estos conceptos, como el hecho de garantizar que haya condiciones sanitarias que permitan que los alumnos puedan retornar a clases en forma segura.

Por otro lado, estamos claros también acerca de que, desde el punto de vista de la infraestructura, muchos colegios no podrán acoger al ciento por ciento de los alumnos de una sola vez. Por eso se dice que debe ser gradual.

El tercer concepto que ha puesto el Ministerio de Educación en esta materia es el de la voluntariedad, lo que en muchas intervenciones de parlamentarios se ha tratado de desconocer o poner en duda, tanto en la Comisión de Educación como acá, en la Sala, en el sentido de que aseguran que el ministerio estaría presionando y obligando a volver a clases. Lo cierto es que será la comunidad escolar, de manera conjunta, la que voluntariamente decidirá cuándo retornarán a clases los alumnos, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Pero, más que la comunidad, hay que destacar que serán los padres y apoderados quienes decidirán si el alumno vuelve a clases.

Quise establecer estas tres condiciones para que quede claro que el ministerio no está presionando ni obligando a volver a clases presenciales, algo que el ministro ha señalado en forma reiterada en la comisión y también en la Sala.

Respecto de este proyecto en particular, valoro que sea a través de esta iniciativa que se entregue una herramienta al Ministerio de Educación para pagar la subvención por asistencia a aquellos colegios que voluntariamente hayan decidido volver a clases. No es más que eso.

Acá se ha pretendido, de una u otra forma, tratar de dejar la imagen de que esta iniciativa discrimina y genera más problemas que los que pretende resolver.

Al respecto, digo que no es así; solo estamos entregando una herramienta al Ministerio de Educación para que haga el cálculo del pago de la subvención a través de la asistencia a aquellos establecimientos que vayan pidiendo, gradualmente, volver a las clases presenciales. No es más que eso.

Por lo tanto, considero que debiéramos dar un trámite rápido a esta iniciativa, no dilatar más su despacho, como se ha pretendido en la Comisión de Educación a través de indicaciones claramente inconstitucionales, dado que hay diputados de esa comisión que se están atribuyendo facultades que no tenemos como parlamentarios.

Lamento que esa práctica se dé no solo en la Comisión de Educación, sino prácticamente en todas, y que, haciendo uso de una mayoría circunstancial, se aprueben indicaciones que son claramente inconstitucionales, porque no tenemos facultades para presentar indicaciones que incidan en el gasto.

Por ello, destaco que se haya hecho reserva de constitucionalidad respecto de las indicaciones que se aprobaron en la Comisión de Educación por esas mayorías circunstanciales, porque eso no contribuye a que demos una rápida tramitación a proyectos como este, que se requieren con urgencia, para que contemos con herramientas eficaces para pagar la subvención a todos aquellos establecimientos que han decidido voluntariamente -lo reitero retornar a clases presenciales.

En lo personal, me quedaré con el informe de la Comisión de Hacienda, que ha vuelto a la idea original del proyecto, más que con el emitido por la Comisión de Educación.

Por todo lo expuesto, invito y convoco a la Sala a aprobar el proyecto en los términos propuesto por la Comisión de Hacienda, porque, insisto, ha quedado claramente establecido que es el más adecuado para superar esta situación, lo que no ocurre con el texto aprobado por la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, según mi modo de ver esto, el gobierno presentó un proyecto de ley francamente perverso.

En mi opinión, hay un problema objetivo para que los colegios retornen a clases presenciales, más allá de que no comparto la obsesión del gobierno por forzar ese retorno en lo que queda de 2020, que es bastante poco.

En todo caso, considero que es una decisión relativamente voluntaria, porque si bien sabemos que los sostenedores pueden mandar instructivos en el sentido de retomar las clases presenciales y que los padres y madres pueden decidir si envían o no a sus hijos a clases, el resto de la comunidad educativa simplemente debe obedecer, no tiene esa opción.

Además, en los hechos, se trataría de una decisión voluntaria para los padres y apoderados en cuanto pueden decidir si envían o no a sus hijos a clases; pero para el resto de la comunidad educativa no existe posibilidad de elegir: simplemente debe obedecer lo que mande el sostenedor, por lo cual se verá obligada a volver.

Los establecimientos que retornen a clases presenciales tendrán un problema en la base de cálculo de la entrega de la subvención, porque la ley que la regula establece el monto a pagar, en estos casos excepcionales, cuando se producen inasistencias, en función de la media de asistencia promedio del mes anterior, por lo cual los establecimientos que estaban sin clases no tienen cómo realizar ese cálculo, sobre todo si es muy probable que baje la asistencia a clases presenciales, porque no estarán todos los niños. Así las cosas, es evidente que se producirá una discriminación.

Efectivamente, la manera como la ley regula las subvenciones produce una discriminación para quienes retornan a clases presenciales, pero el problema está en que para solucionar esa discriminación el gobierno presenta una fórmula de cálculo para pagar la subvención que beneficia a quienes retornan a clases presenciales respecto de los que mantengan clases a distancia por distintas razones, como que no haya condiciones sanitarias o simplemente porque no quieran volver a ese régimen de clases, a fin de cuidar a su comunidad, a los niños y niñas y a sus familias.

Entonces, el problema surge de eso, porque el mismo gobierno, a través del representante del Departamento de Subvenciones, en su presentación en PowerPoint, mostró que la base de cálculo para entregar las subvenciones a los colegios que retornen a clases presenciales corresponde al cálculo de tres meses de 2019, lo que da un promedio de entrega de subvención por niño mayor a la subvención de marzo de 2020 -el último mes de asistencia efectiva-, que están recibiendo los colegios que mantienen sus clases a distancia.

Entonces, podrán ser 2.000 pesos o 4.000 pesos de diferencia en la subvención por cada niño; pero en un colegio de 2.000 alumnos, 4.000 pesos por alumno suman ocho millones de pesos más para el colegio. En suma, hay un incentivo económico claro y evidente para que las escuelas retornen a clases presenciales.

De esa forma, alejamos aún más la decisión del retorno a clases presenciales de los criterios sanitarios y termina primando un criterio de carácter económico, lo que es absolutamente perverso, porque transforma a los niños y niñas en una especie de moneda de canje y supedita el mejor pago de las subvenciones a la asistencia de los escolares a clases presenciales, no a distancia. Es decir, prima un incentivo económico para conseguir el retorno a clases presenciales. Ese es el problema central del proyecto.

Por otro lado, nadie dice que no haya que solucionar la entrega de subvención a los establecimientos que vuelvan a clases, pero lo que debemos evitar y no podemos permitir es que se genere esta discriminación arbitraria que actúa como un incentivo económico al retorno a clases presenciales, en desmedro de los establecimientos que no adopten dicha opción.

Eso trae a colación otro debate -bien lo señalaron la colega Camila Rojas y el diputado Mario Venegas -, un debate histórico que ni siquiera pudimos zanjar en nuestro gobierno, que antecedió al actual, pero que siempre hemos defendido como una materia en la que hay que avanzar. Me refiero a la lógica de financiamiento que se aplica en la educación, problema que tampoco se afronta en el contexto de la pandemia. No puede ser que los colegios se financien y sustenten el pago de las remuneraciones, las cotizaciones previsionales y los gastos de mantenimiento, como la luz y el agua, con la asistencia media de los estudiantes. Esa lógica es irracional, pues los costos de un proyecto educativo no son variables, sino permanentes, y además van creciendo. A ello se suma que en los sectores más vulnerables es donde más inasistencias se producen, ya sea por enfermedades u otras razones.

Por lo tanto, lo que la mayoría de los expositores señaló en la comisión, y en lo que nosotros hemos insistido, es que el pago de la subvención tiene que ser por matrícula, y así nos ahorramos todos los problemas. En última instancia, que se aplique el mismo criterio para todos, pero no criterios favorables para los que vuelven a clases en desmedro de los que mantienen sus clases a distancia.

Entonces, hago un llamado a legislar en esta materia, pero considerando la propuesta que hemos puesto sobre la mesa, con el fin de evitar discriminación arbitraria y avanzar realmente hacia un sistema de financiamiento racional, basado en la matrícula, que se haga cargo de los costos reales, con el fin de mantener la diversidad de proyectos educativos que tenemos en nuestro país.

Asimismo, hago un llamado al gobierno a abrirse al diálogo, porque siempre denuncia a la izquierda de ideológica, pero al final es como ver al rey que se mira al espejo y se pregunta quién es el más bonito. La resistencia a legislar en esta materia es netamente ideológica, no racional. Por lo tanto, reitero mi llamado al Ejecutivo a no ser tan empecinado, a no ser tan obtuso, tan cuadrado, y a abrirse un poquito más a un diálogo como el que se ha dado en la comisión y que han planteado los expositores. Sin lugar a dudas, se podría resolver no solamente el problema de origen, sino evitar el problema que se estaría creando con el proyecto del ministro de Educación, que produce una discriminación arbitraria.

En razón de lo expuesto, llamamos a aprobar lo propuesto por la Comisión de Educación y así avanzar en mejores condiciones para todos los establecimientos educacionales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero Sáez .

El señor ROMERO [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero felicitar al ministro de Educación, señor Raúl Figueroa , por la excelente labor que está realizando y por la paciencia que ha demostrado con este proyecto, porque ha soportado muchas mentiras, como por ejemplo que se diga que se está obligando a los alumnos a regresar a clases presenciales y que las cosas se están haciendo mal. De verdad, felicito al señor Figueroa y lo insto a que siga demostrando esa paciencia.

Como integrante de la Comisión de Educación he visto y he escuchado una gran cantidad de cosas. Recién escuché a una colega decir que este es un tema perverso, que aquí hay cómplices. ¿Cómplices de qué? Agregó que es un tema aberrante. Me pregunto por qué.

La verdad es que estamos frente a un tema ideológico, sin duda muy parecido a lo que pasa con la educación sexual integral (ESI), materia sobre el que se tiene una visión sesgada.

El ministro de Educación jamás ha dicho que es obligación volver a clases; lo que ha dicho es que de forma voluntaria, segura, los sostenedores, los padres y apoderados y los alumnos evaluarán en qué condiciones regresar a clases.

No he escuchado a ninguno de los invitados que hemos tenido en la comisión decir que quieren volver a clases. El Colegio de Profesores ha dicho que no quiere volver a clases en ninguna comuna del país; opinión similar es la de las agrupaciones de asistentes de la educación.

Ayer, en la comisión recibimos a una institución de cuya existencia antes no estaba informado: la Federación de Trabajadores de la Educación. Realizaron un largo discurso, hablaron de todo, pero nada relacionado con lo que estábamos discutiendo, que era el presente proyecto de ley. En definitiva, dejaron claro que no quieren volver a clases.

Es más, es tan preocupante lo que ocurre que incluso dijeron que no están seguros de si se podrá volver a clases en marzo del próximo año. Ya están planteando el tema, y, con ello, atemorizando a los padres y apoderados respecto de la posibilidad de no volver a clases.

Por desgracia, no he escuchado a ningún sostenedor de un colegio particular plantear la posibilidad de abrir los colegios. Hay comunas donde los padres y apoderados quieren que sus hijos vuelvan a clases; necesitan que estos vuelvan a clases. Tenemos el caso de los liceos bicentenario, donde hay un compromiso real de los alumnos de salir adelante con sus estudios, para ser alguien mejor el día de mañana, para vivir en mejores condiciones que las de sus padres. Hay comunas muy pobres, con mucha cesantía, donde los alumnos no tenían la posibilidad de postular a las universidades con buenos puntajes y con buena base académica. Por eso, para ellos es importante asistir a los liceos bicentenario.

Un caso específico que conozco es el del liceo bicentenario de Coronel, que fue un ejemplo en los últimos años, pues le ganó en todas las pruebas a colegios en los que se paga una mensualidad que alcanza a los 500.000 pesos. Esos alumnos concurren a clases con el compromiso único de estudiar, de sacar a sus familias adelante y de ser hombres y mujeres de bien. Ellos quieren volver a clases, pero los sostenedores no lo permiten.

Estas son las razones por las que hago un llamado a apoyar a quienes quieren volver a clases de manera presencial.

Aunque soy miembro de la Comisión de Educación, voy a votar en contra su propuesta. Agradezco y valoro lo que hizo la Comisión de Hacienda, que está preocupada realmente de sacar adelante a nuestros niños.

Aquí no hay una intención perversa de castigar a los colegios que no van a retomar las clases en forma presencial. Aquí se está privilegiando y se está haciendo un aporte. En la comisión hubo diputados de oposición que preguntaron cómo se va a financiar la sanitización permanente de los colegios, sus elementos de seguridad y de salud. ¡Se financia con recursos! ¡No sigamos buscando argumentos para que los niños no vuelvan a clases! ¡Por favor! Incluso están pidiendo que se termine el año escolar. Se dice que todos los niños tienen que pasar de curso. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Si estamos realmente preocupados de dar una buena educación a nuestros niños y el gobierno está poniendo el dinero para pagar los sueldos de los profesores y de los asistentes de la educación, propongo que en marzo del próximo año, Dios mediante, todos vuelvan a clases y retomen el curso de este año, es decir, demos por perdido este año escolar.

¡Obviamente, ustedes no van a querer esto! ¡Hay que se populistas y decirles a los padres lo que ellos quieren escuchar! ¡Seamos consecuentes!

Esa es mi opinión, no es la del Ministerio de Educación, aunque creo que sería lo más lógico. Repito: demos por perdido este año escolar, porque no todos los niños tienen computador ni conectividad. Es más, los profesores han dicho que están molestos porque con sus propios recursos tuvieron que comprar computadores y pagar por la conectividad. Para que no sigan gastando en eso, vuelvan a clases. ¡Mire qué fácil!

Por favor, hago un llamado a dar un corte final a esto. Apoyemos la propuesta de la Comisión de Hacienda, porque ese es el camino correcto. En la Comisión de Educación se ha politizado mucho este tema; no estamos pensando realmente en que nuestros niños sean hombres y mujeres de bien el día de mañana, sino que queremos sacar dividendos políticos al poner trabas al Ejecutivo y, particularmente, a un ministerio que ha hecho bien su trabajo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva Carvajal .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de ley que pretende modificar una base de cálculo so pretexto de los gastos mayores que puede originar un establecimiento educacional y un sostenedor en función de la pandemia. Sin embargo, lo que subyace a esto es la orientación, la propensión, la presión que realiza el Ministerio de Educación en orden a que los establecimientos educacionales vuelvan a clases a estas alturas del año.

Creo que ningún apoderado o sostenedor quiere volver a clases; lo que quieren es seguridad y tranquilidad para sus hijos, para sus educandos. Mientras las condiciones sanitarias no sean acordes a tal circunstancia, es total y absolutamente inviable que los alumnos vuelvan a clases. Así lo han sostenido alcaldes de todo Chile, el Colegio de Profesores y los apoderados. Parece que el único que no entiende, que insiste en lo mismo, que cada vez que tiene oportunidad de hablar, reitera y presiona para que los alumnos vuelvan a clases es el ministro de Educación.

Ningún padre que quiera proteger la integridad de sus hijos va a permitir que ellos vuelvan a clases. Por eso, promover incentivos económicos y el aumento de la subvención escolar de los sostenedores para la vuelta a clases es algo sumamente inviable.

Los niños y las niñas de Chile no pueden ser conejillos de Indias para detectar si esta pandemia sigue, se acrecienta o decrece. Por eso, hay que escuchar a los apoderados, al Colegio de Profesores, a los asistentes de la educación, a los alcaldes, que han reiterado de manera total y absoluta su rechazo a la vuelta a clases. Y esto es transversal, no ideológico.

Los alumnos no pueden volver a clases si las condiciones sanitarias no lo permiten. Ningún padre o madre va a poner en riesgo la salud de sus niños, y menos prestarse para un experimento con estos incentivos económicos.

Abordaré otro tema al que ya se han referido algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra y que constituye el fondo del problema: me refiero a las subvenciones.

Los sostenedores, sobre la base de gastos fijos -remuneraciones, arriendo, etcétera-, financian durante todo el año su actividad con ingresos variables provenientes de la asistencia de los educandos. Eso no corresponde. De una vez por todas, los ingresos de los sostenedores de establecimientos educacionales, principalmente los municipales, deben ser fijos, a fin de solventar los gastos de igual naturaleza que deben soportar durante todo el año.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi Lavín , hasta por tres minutos y dieciséis segundos.

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, el tema de fondo ha sido discutido en forma permanente y responde a la pregunta de por qué la educación se financia con asistencia y no con matrícula. Esa es la perversión original. Un niño no se puede enfermar o los niños pobres no pueden faltar a clases -son los que más faltan a clases debido a las condiciones de pobreza-, pero si lo hacen, el Estado castiga a aquellos establecimientos que concentran a la población más vulnerable. Eso todos lo sabemos. Evidencias sobre ese tema hay de sobra.

Hay que insistir en que la subvención no puede ser por asistencia, a pesar de que todos, sin excepción -alcaldes, sostenedores de colegios particulares subvencionados, encargados de colegios públicos, etcétera-, han reiterado durante años la perversión que hay detrás de esto.

Hoy, el Ministerio de Educación insiste en que no quiere entregar la subvención por matrícula. En la Comisión de Educación, los sostenedores de colegios particulares subvencionados señalaron, respecto de este proyecto, que si la subvención se entregaba por matrícula ellos resolverían los problemas que los aquejan; sin embargo, el Ministerio de Educación no quiere que se resuelvan sus problemas. Eso está claro.

Lo segundo que quiero plantear es que hay una discriminación. ¿Quién dice que la educación a distancia no es más cara que la presencial? Ese es el gran argumento del gobierno para abogar por el retorno a clases, en circunstancias de que tenemos a miles de niños desconectados y el Ministerio de Educación no ha invertido un solo peso para que los niños tengan conexión adecuada. En el caso de Cerro Navia, solo el 28 por ciento de los niños tiene conexión a internet y acceso a clases virtuales.

La población escolar ha sido dejada a un lado. Esto es mucho más caro, pero, sin embargo, esa educación, a la que quiere mantenerse en las condiciones que sea, hoy el Ministerio de Educación le rebaja las platas.

Entonces, ¿de qué se trata esto? De castigar a los más pobres -no solo a los que no retornan-, que son los que más problemas tienen para hacer efectivo el retorno a clases.

Por último, creo que hay un doble discurso que es vergonzoso en cuanto a la voluntariedad. ¿Cuál voluntariedad? La voluntariedad quiere decir que la decisión es facultativa e implica un respeto. Si le digo a un hijo “Si decides estudiar ingeniería, te pago toda la carrera, pero si optas por estudiar arte, respeto tu decisión, pero te pago la mitad del costo de la carrera”, eso no es respetar su decisión. Acá ocurre lo mismo, porque no se asegura que las comunidades educativas tomen la decisión que ellas quieren. Aquí hay una sanción a quien no retorna a clases. Ese es el fondo que sustenta el proyecto, y eso, al menos yo, no lo voy a aprobar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Pérez Arriagada .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos conscientes de que hay un sinnúmero de gastos que los sostenedores tienen que afrontar. Ellos se ven enfrentados a dificultades por el hecho de no poder impartir clases en forma presencial a causa de la pandemia. Que eso quede absolutamente claro. Habrá que ver cómo se resuelve y cómo se apoya a esos sostenedores.

Me llama profundamente la atención que el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, señor Briones , a quien considero un hombre inteligente, así como también la autoridad sanitaria estén planteando volver a clases. No nos olvidemos de que en marzo de este año, cuando había 75 infectados por covid-19, se suspendieron las clases a nivel nacional. Hoy tenemos varios miles de infectados a nivel nacional. De hecho, aparecen 1.600, 1.700 o 2.000 casos nuevos todos los días. Pretender la vuelta a clases en forma presencial para que haya trabajo, para que haya actividad económica, para que se crea que estamos en normalidad, en circunstancias de que se sabe perfectamente bien que esa no es la realidad, es una falta de respeto a los alumnos, profesores, padres y apoderados, personal administrativo y asistentes de la educación.

Quiero advertir que esto es jugar con la vida de la gente; esto es exponer a los niños a que sean vectores de la enfermedad; esto es poner en tránsito a mucha gente a nivel país. Ya sabemos lo que pasó en Coyhaique; ya se sabe lo que pasó en Italia, en Francia, en España, debido a la vuelta a clases. ¿Qué tienen en la cabeza nuestros ministros de Estado que insisten en esta materia?

Quiero ser claro: no podemos, por ningún motivo, reanudar las clases presenciales este año. Hay colegios que tienen interés, especialmente los particulares, en que ello ocurra. ¿Para qué? Para que se pague la mensualidad, no obstante que la misma se está pagando de todos modos por las clases que se realizan en forma telemática.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero advertir a los ministros que de tomarse la medida habrá infectados por covid-19; va a haber profesores, padres, apoderados, abuelos, asistentes de la educación que contraerán la enfermedad. Si alguno de ellos pierde la vida como consecuencia de ello, los ministros que han estado azuzando e incitando a la vuelta a clases presenciales tendrán que responder legalmente sobre tal situación. En tal caso, vamos a presentar una demanda sobre el particular. Tengo abogados de alto nivel en Santiago para ponerlos a disposición de los padres, apoderados y afectados del entorno que trabaja en la educación -¡de todos ellos!-, para demandar al Estado, porque esto es inconcebible. No se puede jugar con la vida de la gente. De manera que este ofrecimiento queda hecho a quienes se vean afectados, porque van a haber infectados y muertos si reanudamos las clases en forma presencial.

¡Asuman su responsabilidad, señores ministros! El gobierno de Chile tendrá que responder por las indemnizaciones que se van a cobrar, a través a los abogados que, sin costo, van a atender a las familias del mundo de la educación que se vean afectadas: profesores, alumnos, asistentes de la educación y padres y apoderados. Sin duda, muchos niños se van a ver afectados por esta medida irracional.

De nada nos sirve saber lo que pasa en otros lugares del mundo. ¿Por qué no aplicamos una conducta adecuada en este país? Cuidemos la vida de nuestros niños, de nuestros profesores y de todo el entorno de los estamentos estudiantiles. Pareciera que eso no importa. Primero importa dar la sensación de normalidad, aunque, lamentablemente, estemos corriendo el riesgo que ya he mencionado. Importa más la plata que tienen que recibir los colegios particulares, que sí la están recibiendo, porque están cobrando por la educación telemática.

Como han dicho otros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, es una tremenda irresponsabilidad del país, del gobierno y de los ministros que están incentivando la vuelta a clases. Vamos a estar muy atentos; vamos a estar cerca del magisterio, de los profesores, de los padres y apoderados, de los asistentes de la educación y, especialmente, de nuestros niños, en todo el país, para que no se cometan estas atrocidades.

Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, de una vez por todas, entienda que este año no puede haber clases presenciales en ningún lugar de Chile, porque ya sabemos lo que pasó en Coyhaique, porque tenemos experiencias internacionales, porque tenemos que usar la cabeza para evitar que esta pandemia siga azotando a Chile y a su gente.

¡Hasta cuándo vamos a seguir avanzando y hablando de un tema que el ministro no quiere admitir! ¡Cómo podemos tener gente de esta naturaleza a cargo de ministerios tan importantes como el Ministerio de Educación! Aquí la autoridad sanitaria tiene una tremenda responsabilidad, porque debe prohibir terminantemente la posibilidad de que haya clases en Chile durante este año.

Mientras no haya vacuna y seguridad, mientras no sepamos que la pandemia no nos va a seguir agobiando, no se pueden reanudar las clases presenciales. Para eso hay que tener un mínimo de sentido común.

Yo los llamo a recapacitar y a pensar con sensatez y respeto por la gente, por nuestros alumnos y por la vida de ellos, que está en peligro. De manera que no cometamos ese profundo error, que va a significar una marca gravísima para este gobierno, al que vamos a sancionar a través de los tribunales de justicia, para lo cual ofrezco, sin costo alguno, abogados que defiendan a quienes se vean afectados por una medida irracional e irresponsable que no podemos implementar bajo ningún punto de vista, porque significa faltar el respeto a Chile, a su gente y a nuestros niños.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, una de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno en el primer período de la pandemia fue precisamente suspender las clases.

Cuando uno conversa con los padres y apoderados por vía telemática, con de todas las medidas sanitarias que corresponden, ellos nos dicen que es absolutamente irracional volver a clases en el estado en que estamos. Más aún, cuando vemos lo que pasa en Europa y en el resto del mundo, y las complicaciones que se generan por volver a esta “normalidad” que produce una segunda ola de contagios que va y viene.

Yo me pregunto: ¿quién manda hoy en el país? La autoridad sanitaria no debería estar diciendo al Ministro de Educación: “Usted verá cómo se rigen y si vuelven o no a clases”. La autoridad sanitaria debería ser absolutamente drástica y exigente. Si los niños y niñas vuelven a clases, con todas las medidas sanitarias que se quiera y con todas las complicaciones que esto puede tener -conocemos cómo se desarrollan los niños-, van a ser vectores de la covid-19, absolutamente, y los padres y las madres no quieren eso.

Escuché decir al ministro que esto va a ser voluntario, pero presentan este proyecto en que la voluntariedad es medio extraña, porque se ofrecen recursos diferenciados o distintos si un establecimiento vuelve a clases. Encuentro que es una tremenda maldad usar el estímulo económico para que los niños vuelvan a clases, por los problemas sanitarios que se pueden generar.

Hay muchos diputados y diputadas que quieren que los estudiantes y los profesores vuelvan a clases, en circunstancias de la mayoría de ellos participan en esta sesión de manera telemática. Los diputados que quieren que los estudiantes vuelvan a clases están en sus casas.

¡Están en sus casas! Es decir, no hay problema en que los alumnos, los profesores y los asistentes de la educación vuelvan, pero los diputados que están en sus casas, que viven en Santiago, que residen a dos horas de aquí y que tienen mejores condiciones que las que tiene un profesor, un alumno, un padre o un apoderado, no vuelven presencialmente al Congreso Nacional.

Tenemos protecciones instaladas en nuestros pupitres, los dispensadores de alcohol gel y nos cambian cada dos horas las mascarillas, pero ellos no vuelven a trabajar aquí. Entonces, no seamos contradictorios en la vida. ¡O damos el ejemplo o no lo damos!

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana Castillo .

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, los últimos seis meses han sido completamente difíciles para las comunidades educativas de Chile, pues han sido desgastantes en lo físico y en lo emocional, y los meses que vienen seguirán siendo complejos. Eso lo sabemos quienes hemos hablado con representantes de organizaciones de la educación.

Hemos intentado plantear en el debate público la importancia de repensar como país la educación que queremos, las escuelas que estamos construyendo y el futuro al que estamos apuntando. Pero ninguna de estas discusiones tiene sentido si no se hace parte a quienes viven a diario la educación chilena. Hablo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y de padres, madres y apoderados, quienes además no han permanecido en silencio, sino que han hecho escuchar su palabra en cada instancia en la que han tenido oportunidad.

Y aquellas autoridades que se han sentado en la Comisión de Educación, afirmando que aquí ha existido diálogo y participación, están faltando a la verdad. Las comunidades educativas no han sido escuchadas, y con este proyecto eso queda en absoluta evidencia. Este mensaje solapadamente fuerza el retorno a clases presenciales, prescinde de un criterio epidemiológico para que los sostenedores tomen esa decisión y, al igual que en muchas otras materias, hace prevalecer los aspectos económicos.

El proyecto diferencia entre los establecimientos que hayan retornado a clases presenciales y aquellos que no, y permite a los primeros acceder a una mejor forma de cálculo de subvenciones. O sea, en lo concreto, lo que ha dicho el gobierno paseándose por cuanto matinal pudiese, asegurando la voluntariedad del retorno, es completamente falso, porque se castiga a todos los establecimientos que, por decisión propia o por razones sanitarias, no hayan retornado a clases presenciales.

Es una realidad que una subvención basada en la asistencia efectiva en el mes de marzo 2020 genera una insostenibilidad económica para los sostenedores. Resulta bastante lógico que el sistema de subvenciones que tenemos es impracticable en la situación que estamos viviendo. Así lo declaramos en la Comisión de Educación al plantear que, al menos este año, el cálculo debería hacerse basándose en la matrícula.

Este proyecto no se hace cargo de todos esos meses en que las escuelas han recibido subvenciones menores en relación con el año anterior. No establece un mecanismo de cálculo retroactivo que permita compensar a los establecimientos, aun cuando esos recursos están contemplados en la ley de presupuestos del 2020.

El régimen especial que se propone considera las asistencias declaradas por el establecimiento durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019, en conocimiento de que la matrícula de las escuelas especiales de adultos y escuelas de reingreso se estabiliza recién en el mes de abril.

Lamento que ninguna de las observaciones que se hicieron en la Comisión de Educación haya sido atendida por el ministro; lamento que en la Comisión de Hacienda se haya repuesto el texto íntegro del proyecto, sin cambiar siquiera una coma. Con esto nos siguen confirmando que no hay interés en escuchar lo que las personas dedicadas a la educación tienen que decir.

Insistimos fuerte y claro en que hay un incentivo perverso para forzar el retorno a clases presenciales, fuera de todo criterio epidemiológico.

Estamos de acuerdo en que hay que mejorar el mecanismo de cálculo de subvención, pero que sea para todos los establecimientos por igual y que avancemos en el necesario debate sobre no más váucher en la educación chilena.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo Sáinz .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al ministro de Educación y solidarizar con él, porque en verdad cuando hay campañas de desinformación, como la que estamos viendo, en que una autoridad dice una cosa, y le contestan como si hubiese dicho otra, eso podría calificarse dentro del juego político, aun cuando tiene una connotación ética deplorable; pero cuando pasamos de la desinformación a la descalificación, a la difamación o a la injuria, como hemos escuchado en varias intervenciones, eso es realmente lamentable.

Repito: yo solidarizo con el ministro de Educación y con todo su equipo, porque ellos han sido reiterativos en señalar que un eventual retorno a clases va a ser gradual, paulatino, voluntario, y jamás se hará si no existen todas las condiciones sanitarias. Que existan todas las condiciones sanitarias supone que existan los recursos, en cada establecimiento, para cumplir plenamente con los protocolos que se están trabajando, y que sea voluntario significa que aquellos padres que decidan no enviar a sus hijos a clases van a seguir recibiendo la atención a distancia, tal como está previsto y ha venido ocurriendo a lo largo de todo el país, con todas las limitaciones que sabemos que eso representa, especialmente para los sectores rurales y para los sectores más vulnerables. El ministro nunca ha dicho que vamos a volver a clases en una fecha determinada.

Esto es bien sencillo: se está hablando de un plazo funcional, no de un plazo físico, calendario. Respecto de entender o no entender eso, si nos ponemos en el terreno de los adjetivos, encuentro que hay muy mala fe en la forma como se ha argumentado y como se ha sostenido esta posición, y algunos llegan a la paranoia de atribuir intereses perversos al sistema para esta vuelta a clases.

Se ha mencionado la experiencia internacional. ¡Por favor! A todos los diputados que hablaron recién, diciendo que miráramos hacia el extranjero, les digo que miremos hacia al extranjero, miremos lo que está pasando en Europa, miremos el porcentaje de contagiosidad que tienen los niños como vectores. Francia tiene 60.000 colegios abiertos, de los cuales ha cerrado solo 22. Miren lo que pasa en España, lo que pasa en los otros países.

¡Cómo vamos a seguir con este show de que cada vez que no tenemos argumentos decimos que en todos los países del mundo pasa tal cosa y que Chile es el único país que hace tal otra! ¡Eso es mentira! ¿Las estadísticas están a la vista! Entonces, por favor, argumentemos con un mínimo de seriedad.

Se dice que este proyecto tiene incentivos perversos para la vuelta a clases. Eso es falso. Lo que hace este proyecto es adaptar un sistema que está normado para tiempos en que se puede controlar la asistencia a la realidad que tenemos hoy, para que se puedan pagar las subvenciones. Y se hace una distinción respecto de aquellos colegios que eventualmente vuelvan a clases, cuando estén las condiciones sanitarias, cuando estén todas las condiciones que ya hemos señalado reiteradamente. En esos casos, obviamente, ese establecimiento va a tener un mayor gasto, va a tener un mayor esfuerzo, y hay que cubrir ese mayor esfuerzo. Pero no hay un incentivo para que el que no vuelva a clases no pueda seguir sustentando el esfuerzo que, en materia de educación a distancia, se está haciendo a través del pago de las subvenciones, con los promedios que establece el proyecto de ley.

La Comisión de Hacienda repuso la concepción original del proyecto de ley, porque, efectivamente, tal como lo han dicho hidalgamente algunos de los diputados que han intervenido, como el colega Venegas , el proyecto de ley avanza en solucionar un problema. A lo mejor no es la solución absoluta y total que todos quisiéramos, pero debemos estar conscientes de que tenemos limitaciones presupuestarias importantes.

Por lo tanto, si este proyecto soluciona el tema de los internados, soluciona el tema de los particulares subvencionados, que hoy tienen dificultades para acceder a las subvenciones, porque estamos en un régimen de anormalidad, avancemos en esa dirección y no sigamos dilatando mediante la presentación de indicaciones totalmente inadmisibles, que van a atrasar el despacho del proyecto y que, finalmente, tampoco van a solucionar el problema de fondo, cual es la pandemia, que muy probablemente nos va a acompañar por mucho tiempo.

Hay una serie de informes muy calificados respecto del impacto negativo que están teniendo el confinamiento y la falta de clases presenciales, lo que amerita que hagamos este esfuerzo de acompañar a aquellos alumnos -también a sus familias que quieran volver a clases, cumpliendo, obviamente, con todos los requisitos y normas que ya conocemos. No sigamos entrampando una solución para tratar de darle aire a esta campaña de desinformación tremendamente perversa, porque sí es perverso poner en boca del ministro algo que no ha dicho para sustentar estos argumentos que son absolutamente…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar Auger .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto abiertamente discriminatorio: busca forzar un retorno a clases presenciales, a pesar de los riesgos y advertencias que se han efectuado abiertamente; busca establecer montos distintos de subvención, premiando el retorno a clases y perjudicando la modalidad online. Esto demuestra que nuestros niños y niñas se convierten en factor de producción en nuestro sistema de educación, todavía muy mercantilizado, lamentablemente.

Hoy no existe ninguna evidencia que justifique el retorno. Yo he escuchado comentarios respecto de otros países, pero no se menciona cuántos establecimientos, en distintos países europeos, han tenido que ser cerrados a consecuencia de los rebrotes.

Además, es una medida ampliamente resistida por padres, apoderados, profesores y distintas entidades con autoridad y experiencia en temas de esta naturaleza.

Por lo tanto, se ha desoído un tema que es crucial: volver a clases por dos meses no resolverá problemas efectivos y solo justificará el discriminatorio pago de subvenciones; solo eso.

Por consiguiente, lo que correspondería hoy, en las condiciones de incertidumbre en que nos encontramos, sería examinar sobre qué variables proyectamos el trabajo escolar del año que se nos viene, que ya está muy cerca. De manera que es crucial y fundamental concentrar ahí los esfuerzos, sin perjuicio de avanzar en los temas escolares, como los estamos trabajando hasta hoy, en forma online, que también tiene dificultades. No es perfecto, pero evidentemente implica mayor seguridad, implica mayor tranquilidad para los padres y apoderados.

Por eso, es muy importante proyectar lo que viene a continuación para dar certeza a las familias, al país, a un sistema que realmente se ocupe de las tareas esenciales que debe cumplir. La educación debiera convertirse -lo es en esencia-, especialmente en nuestro país, en el mejor multiplicador de la promoción social, vale decir, procurar la igualdad, entregar herramientas necesarias para la disminución de la desigualdad. Ese es un rol clave de la educación, un rol sustantivo. Es condición, además, incompatible con el mercado. ¡Repito: incompatible con el mercado!

Por eso, estimo que este proyecto conlleva una potencialidad de daño, y, por lo tanto, envuelve y concentra una situación peligrosa.

Por eso, anuncio que votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida Cobo .

El señor FUENZALIDA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Educación, quien está haciendo una labor extraordinaria, enfrentando esta pandemia, aunque hemos visto que aquí las críticas, las amenazas y la campaña del terror son la tónica de la discusión y no el proyecto mismo.

Primer tema: este no es un proyecto para determinar si la subvención se paga por matrícula o por asistencia.

Segundo tema: este no es un proyecto que establezca el retorno a clases, como lo han pretendido hacer ver algunos.

Tercer tema, que es importante aclarar, ya que en él radica la aprobación que se dio en la Comisión de Hacienda: la presencialidad no ha determinado el pago de las subvenciones. De hecho, en el propio informe que vimos en la Comisión de Educación, si comparamos el 2019 con el 2020, comprobaremos que este año se ha pagado una mayor cantidad de recursos en materia de subvenciones que el año anterior. Por lo tanto, aquí no hay ninguna discriminación. Solo se está buscando una fórmula para apoyar a aquellos establecimientos educacionales que voluntariamente han resuelto volver a clases, consultándoles a los apoderados y viendo las condiciones sanitarias, de manera que esas instituciones subvencionadas puedan optar por mantener la subvención a base de lo que ya existe, es decir, mantener el promedio según la educación vía telemática, o bien optar, en caso de que su situación mejore con la presencialidad, por este otro tipo de subvención. Es decir, se trata de modificar los presupuestos en materia de subvenciones.

Aquí nadie está hablando de forzar el retorno a clases ni obligando a las instituciones mediante esta subvención, que lo que busca es emparejar la cancha y precisamente evitar la discriminación a la que se podría ver sujeta una institución, de manera que sea más justo y se equipare la cancha.

No nos enredemos con este proyecto. Este no es un proyecto que quiera cambiar el fondo del asunto; lo que hace es buscar una solución ahora para los establecimientos particulares subvencionados y para los establecimientos municipales. Incluso, en la Comisión de Hacienda, cuando expusieron los propios representantes de las organizaciones municipales, valoraron este proyecto. Por eso los invito a aprobarlo.

No nos perdamos. Todos los argumentos que se han dado aquí son “retorno a clases”, “las amenazas”, “los abogados gratuitos”. Pregunto, por intermedio del señor Presidente, al diputado José Pérez : ¿va a poner abogados gratuitos también para los familiares de la gente que se pueda morir durante el proceso plebiscitario? No nos enredemos; no nos confundamos. Con este proyecto lo que se busca es emparejar la cancha, y precisamente lo que está haciendo el ministerio es eso.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Rathgeb Schifferli .

El señor RATHGEB (vía telemática).-

Señor Presidente, en su momento estaba muy de acuerdo con que no se retornara a clases, luego de conversar con profesores y apoderados.

Lamento que en esta discusión se hayan pronunciado discursos casi en el límite del insulto. Creo que hoy tenemos la educación por delante y debemos dar nosotros mismos los ejemplos cuando intervenimos en el Congreso.

Se ha señalado que se debe consultar a los profesores y a los apoderados; pero ¿les han consultado a los niños? Todos los diputados que tienen hijos, ¿les han preguntado si quieren volver a clases? En lo personal, tengo hijos que están en la enseñanza media, quienes, en verdad, quieren volver a clases, porque no entienden la materia. Quieren retornar a las aulas. Sé que hay que tomar las medidas del caso y ver las alternativas, pero conversen con sus hijos. Tampoco queremos exponer su salud ni la de su núcleo familiar. Pero -insisto-, les pido a quienes tienen hijos o nietos que conversen con ellos, porque, en realidad, muchas materias no las están entendiendo y están en un nivel de estrés muy alto. Se lo digo con la mano en el corazón, a los de oposición y a los de gobierno: busquemos la alternativa. Se lo planteo también al ministro.

Lamentablemente, la discusión ha pasado a límites inaceptables y no es un buen ejemplo tratando temas de educación.

Desde la Región de La Araucanía les pido, con mucha humildad, que busquemos una solución y alternativas para que nuestros niños no sufran el estrés y puedan sentir que están aprendiendo para su futuro.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González Torres .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, lo que este proyecto nos propone a través de la indicación sustitutiva que presentó el gobierno en la Comisión de Hacienda es que exista una subvención de mejor calidad y de mayor cantidad para los establecimientos que regresan a clases este año o que ya han regresado.

Los que no regresan a clases tendrán una subvención de segunda categoría, de segunda clase, de menor valor que la de los que han regresado.

La mayoría de los establecimientos en Chile no podrán volver a clases este año, porque no están las condiciones sanitarias. Todos queremos, ojalá, que se vuelva a clases; todos preferimos la educación presencial, que es aquella que reúne todos los requisitos para que se entregue una educación de calidad, pero hoy las condiciones sanitarias en la mayoría de los establecimientos no lo permiten.

Los prevencionistas de riesgo nos han dicho que se requiere, por lo menos, el doble de las salas para regresar a clases y guardar el distanciamiento. También la mayoría de los padres y apoderados nos han dicho que sienten temor de mandar a sus hijos a clases, porque el contagio es muy elevado, y a los niños no se los puede controlar en los establecimientos. Menos se puede evitar el contagio en los jardines infantiles, pues allí el contacto físico es fundamental entre las parvularias y los niños, ya que hay que mudarlos, hay que levantarlos y hay que atenderlos, para lo cual se requiere un contacto físico, lo que aumenta los contagios.

Los profesores y los asistentes de la educación de los establecimientos particulares subvencionados han solicitado que haya o subvención por matrícula o que la subvención no sea discriminatoria. Lo que este proyecto nos propone es una subvención discriminatoria para los establecimientos que regresan a clases este año. A la mayoría de los establecimientos esa subvención mayor les va a estar vedada, no van a tener acceso a ella; por lo tanto, la inmensa mayoría de los colegios municipales y particulares subvencionados van a recibir menor subvención con este proyecto. Queremos evitar esa discriminación.

Por eso, pido a esta Sala que rechacemos la indicación de la Comisión de Hacienda, que aprobemos las cinco indicaciones que hemos repuesto de la Comisión de Educación y que, ojalá, logremos aprobar la idea de la subvención por matricula.

Pedimos al ministro de Educación que reconsidere su propuesta. Podríamos tener acuerdos completos y consenso en este proyecto si no se aplicara ninguna discriminación en la subvención, que es lo que hemos querido hacer en la Comisión de Educación.

He dicho.