Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, para exigirles a estos renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señorita Karin Luck .

Antecedentes:

-Moción, sesión 107ª de la legislatura 367ª, en martes 19 de noviembre de 2019.

Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 18ª de la presente legislatura, en martes 5 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita LUCK, doña Karin (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar el proyecto que modifica la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, para exigirles a estos renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en una moción de la diputada señora Paulina Núñez y de los diputados señores Pepe Auth , Juan Luis Castro, Iván Flores , Tucapel Jiménez , Issa Kort , Javier Macaya , Vlado Mirosevic , José Pérez y Francisco Undurraga .

La idea matriz del proyecto es erradicar el uso de la violencia en cualquier forma de acción política, para así contribuir a la promoción de la paz, la concordia y el debate democrático en la sociedad chilena.

La comisión rechazó el proyecto en general por simple mayoría. Votaron a favor de la idea de legislar los diputados Bernardo Berger , Andrés Longton , Karin Luck , Andrés Molina y Renzo Trisotti , en tanto que lo hicieron en contra los diputados y las diputadas Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Andrea Parra , Catalina Pérez , Joanna Pérez y Pedro Velásquez .

Desde el 18 de octubre de 2019, el país ha sido testigo de un brote de violencia que no se registraba desde hace por lo menos treinta años. Este fenómeno no se condice con la tradición de la que Chile ha venido haciendo gala durante buena parte de su historia reciente y que ha propiciado el más profundo desarrollo de nuestro pueblo en la historia patria, en el marco de una amplia democracia y de respeto a los derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política.

La violencia de los últimos meses representa claramente el fracaso de todo el espectro político, que no ha apreciado el inconmensurable valor del diálogo y la paz social, que ha generado cambios formidables en nuestra fisonomía social, lo que queda demostrado con el hecho de que cerca de 8 millones de chilenos han dejado de ser pobres. Este cambio es un logro extraordinario, visto con admiración por el mundo, ya que ha sido catalogado por muchos como el mayor esfuerzo de promoción social que el mundo occidental conociera durante el siglo XX.

A la luz de lo anterior, es imperioso proteger este patrimonio inmaterial, comenzando por el propio espectro político, que es un actor fundamental para que reine en Chile la paz y el progreso.

Por consiguiente, hay que promover la templanza, la concordia y la moderación en el discurso político, para fundar un Chile donde los acuerdos deben ser la forma de avanzar en las transformaciones que todavía demanda nuestro país y su historia.

Agregan los autores del proyecto que la democracia forma parte esencial de nosotros, al punto que el artículo 4° de la Constitución Política proclama que Chile es una república democrática. Sin ella, nuestra institucionalidad queda trunca o fenece. Por tal motivo, si queremos profundizar nuestro sistema democrático, hay que mejorar las instituciones vinculadas con la democracia y una de ellas son los partidos políticos.

Estas entidades constituyen nexos o puentes naturales entre las demandas y legítimas aspiraciones ciudadanas y la autoridad pública. Como tales, asumen una gran responsabilidad en el debate político y, por ello, los partidos políticos son los llamados a fomentar las ideas y directrices de la acción social propias de una nación libre, como es Chile.

El proyecto de ley consta de un solo artículo que, en síntesis, modifica la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en dos aspectos.

En primer lugar, se agrega un inciso en el artículo 1, que declara que los partidos políticos deberán renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política, cumpliendo con el respeto a los principios básicos del régimen democrático y constitucional.

La segunda reforma incide en el artículo 5 de la ley citada, que enuncia las menciones que ha de contener la escritura pública de constitución de un partido político, entre ellas: “d) Declaración de principios del partido, la que deberá expresar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.”.

A este respecto, el proyecto propone agregar una frase según la cual dicha declaración ha de incluir la condena al uso, propugnación o incitación a la violencia, en cualquiera de sus formas, como método de acción política.

Tal como se indicó, la comisión rechazó por simple mayoría la idea de legislar.

El voto mayoritario sostuvo, en síntesis, que el proyecto de ley es ineficaz, puesto que la Constitución ya regula la atribución del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional un partido político por la hipótesis que regula la iniciativa legal en referencia. Además, en la ley de partidos políticos se entrega el conocimiento de estas materias a un ministro del Tricel, estableciendo sanciones como la amonestación, multa, suspensión, etcétera.

Por último, sobre los partidos políticos pesa la obligación de cumplir con una serie de requisitos para constituirse como tales, los que otorgan plena seguridad en cuanto a que el objetivo que persiguen estas colectividades es el bienestar social y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el voto de minoría afirmó que exigir a los partidos políticos, en la declaración de principios, que se condene el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, no es redundante, independientemente de que, en opinión de algunos, se pueda generar un eventual conflicto respecto de la atribución que en esta materia tiene el Tribunal Constitucional.

Sobre este punto y al tenor de lo expuesto por el Servel ante la comisión, la conducta o hipótesis que regula la Constitución Política es distinta a la que aborda la moción.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, no condenar la violencia, no renunciar a su uso e incitación y promoverla como método de acción política es incompatible con llamarse un partido político democrático.

La democracia no es otra cosa que el compromiso de quienes aspiran llegar al poder y resolver sus conflictos mediante un sistema pacífico, un sistema en que será coronado quien triunfa en las urnas, un sistema en que el perdedor reconocerá su derrota y buscará, en una futura elección, destronarlo; un sistema en el que quien gana respeta al perdedor y el perdedor se siente protegido, porque existen normas que lo amparan.

Teniendo eso muy claro, los firmantes de este proyecto, diputados de todas las tendencias y partidos: la UDI, Renovación Nacional, Evópoli , Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Socialista, PPD, Partido Liberal, aunque se restara después, propusimos dejar de manifiesto este compromiso, sin espacio a dudas.

Que los partidos políticos deban incluir en su constitución y en sus reglamentos internos el compromiso con la paz y la negación a la violencia como manera de desenvolverse no es meramente simbólico; es asegurarse de que, cuando ocurran actos de esta índole, existan mecanismos de sanción y se permita fiscalizar el cumplimiento de estos principios básicos.

No podemos pretender construir una comunidad política sana si andamos a medias tintas con la condena a la violencia, más aún si estamos dispuestos a avalarla cuando nos conviene. Eso se llama renunciar a la democracia, se llama alejarse de la civilidad; es volver al estado primitivo donde triunfa el más fuerte y el débil puede ser pisoteado.

Por eso, llamo a mis colegas diputados a que aprueben este proyecto, a que promuevan estos cambios en sus propios partidos y a que eleven la altura de la discusión política respetuosa, tolerante y pacífica.

¡No a las funas! ¡No al matonaje! ¡No a la violencia! Chile necesita más diálogo, más compromiso, más unidad. Chile quiere paz.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN (vía telemática).-

Señor Presidente, es muy interesante que se nos presente una idea de regulación, a nivel de partidos políticos, de no incitación a la violencia, dada toda la polémica que tuvimos respecto de la incitación al odio. Aparecieron cartas en los diarios, la ONU, instancias internacionales y solo faltó que la FIFA saliera a despotricar contra el proyecto de no incitación al odio, el cual trabajamos en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

Me tocó estar en dicha instancia en reemplazo de la diputada Pamela Jiles , con la diputada Carmen Hertz , y se trabajó con la diputada Emilia Nuyado ese proyecto sobre la incitación al odio, que terminó públicamente vetado por, supuestamente, ir contra la libertad de expresión. Yo creo que ese fue un error.

En este caso, ahora estamos viendo que se propone regular la materia en sede de los partidos políticos, como si los partidos políticos no fueran constituidos por personas, como si no fueran personas las que fueran a incitar a la violencia o al odio dentro del partido político.

Es realmente un absurdo y me parece que, además, abre un debate muy interesante sobre qué significa ser liberal y quiénes son los verdaderos liberales en el Congreso Nacional.

Señor Presidente, tengo la duda de si acaso los diputados que promueven este proyecto comprenden bien lo que está en juego, porque lo que está en juego es por qué aparece la violencia en la sociedad chilena. La violencia aparece en nuestra sociedad porque surge un discurso polarizante, un discurso que, además, viene acompañado de estéticas que son violentas, agresivas. Así, por ejemplo, hay colegas que se permiten colocar detrás suyo el retrato de un exdictador que dejó tres mil personas desaparecidas y treinta mil torturadas y vejadas en sus derechos humanos; lamentablemente, hay parlamentarios que se permiten funar a mi estimado colega y querido amigo el diputado Tohá , por su voto de abstención en la acusación constitucional contra Jaime Mañalich .

Me parece que esas conductas, por ejemplo, en contra de mi estimado colega Tohá , que fue embajador en Cuba, ministro de Salvador Allende y que obtuvo los máximos reconocimientos en su carrera, son inaceptables. No puede ser que haya compañeros y compañeras de la izquierda que se sientan con la potestad de apuntarlo con el dedo.

Pero esas conductas las ejercen personas, las ejercen parlamentarios, no los partidos políticos. Entonces, ¿por qué no regulamos el negacionismo y la incitación al odio, si también son ejercidos por personas y, en el fondo, son resultados que ocurren en la sociedad, que incitan a la violencia y al odio?

Este clima de enfrentamiento -coincido con el colega que me antecedió en el uso de la palabraes real, es efectivo, y debemos cambiarlo; de otro modo, a la Convención Constitucional le será muy difícil lograr una buena Constitución, porque para alcanzar los famosos dos tercios, que ya es una regla establecida y hay que respetarla, aunque a algunos no nos guste tanto, quienes sean votos clave van a ser objeto de funas o de persecuciones, y eso no puede ocurrir en una democracia.

No quiero esa democracia para Chile; quiero una democracia en que las personas que integren el Parlamento y la Convención Constitucional se sientan libres para hacer lo que estimen conveniente, basadas en sus argumentos. En la Convención Constitucional no puede existir un clima de funas, de contrafunas ni de violencia, sea de un lado o de otro. No queremos en ella a nacionalistas que no quieren que participen los mapuches, ni a aquellos otros que quieren, por ejemplo, terminar con el Banco Central. No puede haber un clima de enfrentamiento ni de violencia en las ideas básicas de la sociedad, y eso es lo que hoy está en juego.

Por eso, el llamado a toda la clase política -partiendo por míes a cambiar el tono, a mejorar el clima y a seguir trabajando democráticamente para parar las funas, las contrafunas y este clima beligerante. A aquellos que funan, que son agresivos, hay que enfrentarlos con claridad, porque detrás de ellos se esconden personas cobardes, que, cuando son enfrentadas por el Estado de derecho, lamentablemente no están a la altura de sus propias amenazas; esa es la verdad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, resulta sorprendente que en la Comisión de Gobierno Interior la oposición en su totalidad haya rechazado un proyecto que proscribe la violencia, que exige a los partidos políticos renunciar al uso de la violencia, incorporando esa prohibición en sus estatutos y dentro de las finalidades que debería tener cualquier partido democrático que quiera encauzar la política mediante métodos legítimos para su validación.

Lo que resulta más sorprendente aún es que este proyecto fue suscrito por una mayoría de diputados de oposición. En efecto, fue firmado por seis diputados de oposición y por cuatro diputados del oficialismo.

Por lo tanto, su votación en la comisión creo que tiene directa relación con los hechos que está viviendo el país en los últimos meses, en el sentido de que pareciera ser que cierto tipo de violencia merece una condena más categórica y más tajante que otra, con lo cual se genera cierta ambigüedad o un rechazo parcelado o aislado de la violencia.

Todos los partidos políticos deben rechazar de manera transversal y categórica cualquier tipo de violencia, por lo que la incorporación de esta materia en sus estatutos es un principio básico que debería tener toda democracia.

Ahora bien, el argumento de que esto ya está establecido en la Constitución, a través de una acción del Tribunal Constitucional, es errado, porque lo que establece la Constitución es que esa herramienta se usa en contra de todo aquel que haga un llamado a la violencia, la propugne o incite a ella como método de acción política. En cambio, el proyecto es muy claro, pues lo que hace es establecer en los estatutos de los partidos ese rechazo a la violencia.

Es algo formal, por cierto, pero tiene suma relevancia, porque puede ser sancionado por el Tricel, con sanciones distintas a las que podría establecer eventualmente el Tribunal Constitucional, que es la disolución de un partido político.

No tengamos miedo a las redes sociales ni tengamos miedo a ciertos grupos de interés. Los partidos políticos deben dar el ejemplo y encauzar el debate democrático, el cual se debe basar siempre en el rechazo de la violencia, venga de donde venga, aunque algunos sientan que ciertos grupos violentistas son afines a sus tendencias políticas.

No se trata de valentía, más bien se trata de defender lo que es justo para la ciudadanía completa, para el bien común del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, el diputado Issa Kort me invitó a firmar, junto con los colegas Tucapel Jiménez , Vlado Mirosevic, Iván Flores, Juan Luis Castro , Francisco Undurraga , Javier Macaya y Paulina Núñez , un proyecto que es simple y prístino. Se trata de que, así como les hacemos a los partidos políticos un conjunto de exigencias de adecuación a la democracia -entre otras, una que fue bastante resistida en el Congreso, que es la elección democrática de sus autoridades-, simplemente se añade la exigencia de descartar de plano la violencia como método de acción y se sanciona o castiga la incitación a ella para conseguir logros políticos.

Francamente, me golpeó el rechazo en general de la iniciativa en la comisión. La iniciativa podría ser perfectamente perfeccionada en su redacción, por ejemplo, si no hay una definición precisa de lo que significa la violencia. Algunos, incluso, hicieron alusión a prohibiciones del pasado, como las de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o del mentado artículo 24 de la Constitución, que excluía ideas. Me imagino que nadie en este hemiciclo va a defender la violencia como una idea que puede ser promovida en democracia.

Yo, por supuesto, voy a votar a favor en general la iniciativa. Me parece un avance y creo que sería una señal extraordinariamente positiva que la unanimidad de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional diera una señal de compromiso con la solución pacífica e institucionalizada de los problemas de Chile.

Independientemente de la profundidad de los problemas y de la profundidad de las alternativas de solución que se propongan, todos debiéramos descartar de plano la violencia, y, por supuesto, no veo razón para negarse a que ese descarte de la violencia esté presente en los estatutos de los partidos políticos democráticos de Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, este proyecto, como decía recién mi colega Pepe Auth , no busca nada más y nada menos que promover la moderación del discurso político. Eso es lo que establece el proyecto. No obstante, creo que es un proyecto aun más simple, porque lo único que hace es que los partidos políticos de nuestro país, en sus estatutos, establezcan un compromiso total con la paz.

El 18 de octubre del año pasado se iniciaron manifestaciones legítimas en nuestro país, pero también se inició una violencia absolutamente ilegítima e irracional, y durante mucho tiempo, lamentablemente, muchos miraron para el lado, muchos escondieron la cabeza y fueron incapaces de condenar la violencia. No obstante, a medida que se fue acercando el proceso plebiscitario que se llevó a cabo el fin de semana pasado, se comenzaron a escuchar las condenas, las que, evidentemente, tenían un fin electoral. Sin embargo, vimos pocas acciones reales en contra de los violentos.

Es crucial que, en el momento que está viviendo Chile, sea la paz la que caracterice a la sociedad chilena. Son los partidos políticos los que, a través de nuestra acción política, deben hacer todo lo posible para que la paz reine en nuestro país. No puede ser que, en política, algunos se sientan con el derecho de recibir en el Congreso y de aplaudir como héroes a aquellos que les destruyeron la vida a muchas personas en la denominada “zona cero” de nuestro país. Eso no puede volver a ocurrir en Chile.

El compromiso con la paz debe ser adoptado por todos los partidos políticos, en nombre de muchas personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos, pero también de muchos otros que han sufrido la destrucción de su vida por parte de violentistas. Ese es el compromiso que deben adoptar todos los partidos políticos. Si queremos tener un proceso constituyente ejemplar a nivel mundial, la paz es lo que debe reinar en nuestro país. No podemos aceptar que ningún violentista fune a otros por pensar distinto.

El proyecto es muy sencillo y requiere de un esfuerzo muy pequeño por parte de todos los partidos políticos. Ese esfuerzo, que no es nada más que una frase dentro de sus estatutos, implica que nos comprometamos de manera concreta en favor de la paz en nuestro país y en aislar a los violentistas que quieren destruir la democracia chilena.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, no deja de llamarme la atención el sentido que ha tomado la discusión del proyecto. Seré honesta: fui una de las personas que lo rechazó, porque, claramente, es un proyecto ineficaz. Es la Constitución la que regula las atribuciones del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional un partido político que promueva la violencia. Además, al leer el texto, uno se da cuenta de que el proyecto no contempla sanciones. No es efectivo que establezca sanciones, y deja muchos conceptos abiertos a la discrecionalidad.

Lo que hace el proyecto -algunos de sus autores son muy bien intencionados; otros, un poco ingenuos es seguir construyendo el punto político que ha estado repitiendo la derecha durante largo tiempo, esa cantaleta que nos repite una y otra vez de que quien no condena la violencia es parte de ella.

Efectivamente, el proyecto es simple; su simpleza proviene de la idea de que, con el solo hecho de descartar la violencia en sí misma, vamos a tener la solución a nuestros problemas. Precisamente por esa razón es que lo rechazo, porque creo que lo único que estamos haciendo es entrar en el juego y en el punto político que siempre hace la derecha, tratando de culpar a determinados actores políticos de la violencia que ocurre en el país, negándose a mirar la realidad.

Me parece que no hay que caer en la ingenuidad, no hay que caer en el mismo juego. Hay algunas personas de nuestro sector que constantemente avalan los proyectos del gobierno, y hay otros, insisto, muy bien intencionados, como el colega Tucapel Jiménez , quien tiene una vocación contra la violencia, como lo ha demostrado siempre. Sin embargo, creo que tenemos que ser cuidadosos respecto de lo que legislamos, porque no tiene sentido generar proyectos de ley que, finalmente, son inútiles, ineficaces, que no contemplan sanciones y que dejan conceptos abiertos.

Por último, luego de escuchar el discurso del parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, queda claro que el proyecto tiene un objetivo político y no uno real que consista en permitir que el mundo político pueda abordar los temas de la tolerancia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karin Luck .

La señora LUCK (doña Karin).-

Señor Presidente, el fin del proyecto es erradicar el uso, propugnación o incitación de la violencia en cualquier forma de acción política, de modo de contribuir a la paz en el contexto de cualquier debate y proceso democrático que ocurra en nuestra sociedad.

Lamentablemente, para algunos el mensaje de paz y no violencia no es categórico y, simplemente, se transforma en un eslogan tímido o, incluso, algunos enmudecen ante las graves faltas a la democracia que implica la falta de reflexión y debate de ideas. Por el contrario, avalan la violencia, ya sea de manera directa, invitando al Congreso a personas involucradas en desmanes, entremedio de vítores y aplausos, o simplemente omitiendo la condena de hechos vandálicos y agresiones de lado y lado, contribuyendo, así, a una peligrosa normalización de expresiones que no pueden tener cabida en una sociedad democrática y pluralista.

Es inentendible que haya sido rechazado en general un proyecto que busca plasmar en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos un principio que debe ser transversalmente apoyado, cual es aquel que establece que estos deberán renunciar y condenar expresamente el uso, propugnación o incitación de la violencia, en cualquiera de sus formas, como método de acción política, cumpliendo con el respeto de los principios básicos del régimen democrático constitucional. Es decir, cerraron en la cara las puertas a su debate democrático.

No hay argumento válido para no hacerse cargo de algo tan elemental como es propiciar el diálogo, dejando en claro que no hay contexto que justifique la violencia y que esta debe ser condenada por todos y cada uno de los actores políticos, sociales y culturales de nuestra sociedad, sobre todo por parte de quienes representamos a nuestros compatriotas.

El llamado a repudiar la violencia debe partir desde las bases, desde donde nace la democracia, que es en los partidos políticos, y abarcar todos los rincones de Chile. Hemos vivido difíciles y duros momentos. Miles de personas se han manifestado pacíficamente, pero existen otros miles que lo han hecho de manera violenta, destruyendo parte de nuestro patrimonio material y atentando contra la democracia, la libertad y el diálogo.

Debemos dejar claro que los cambios para alcanzar un mejor país deben darse por la vía del entendimiento y del diálogo, escuchando lo que nos tiene que decir la gente. Cerrarse a iniciar un debate de esta relevancia es cerrarse al diálogo respetuoso y al entendimiento, que es la forma de hacer política que esperan los chilenos.

Abramos los ojos; nos dijeron fuerte y claro que dejemos las peleas y que demos soluciones a los problemas. Por eso, voto a favor de la paz, la tolerancia y el respeto, y de que todos los chilenos puedan expresarse pacíficamente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, estamos discutiendo el proyecto de ley impulsado, de manera transversal, por el diputado Issa Kort y por otros colegas, iniciativa que, a través de una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, dispone la erradicación de la violencia como método de acción política de los partidos en formación y de los partidos existentes.

El proyecto tiene, probablemente, un fin noble, fin que siempre hemos promovido desde la Democracia Cristiana y que se debe seguir promoviendo, porque la vida en paz es un elemento absolutamente determinante en toda la vida democrática. Sin embargo, en la Comisión de Gobierno Interior, que presido, el proyecto fue rechazado en su idea de legislar, por lo que no se pudo discutir el fondo del articulado.

Sabemos que la violencia, como medio de acción de la política, es algo que debemos acabar de raíz por todos los medios, aun cuando ya existe norma expresa al respecto. De hecho, la Constitución Política sanciona esa conducta.

La Comisión de Gobierno analizó los antecedentes, y, como bien dijo la diputada Parra , el contenido del proyecto ya está consagrado en la Carta Fundamental. Por lo tanto, llevar la materia a rango legal puede, incluso, complicar la idea de legislar, porque la propia Constitución establece que son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política.

Este precepto pone en manos del Tribunal Constitucional el conocimiento y aplicación de dicha norma constitucional, estableciendo como acción de ultima ratio proteger algo tan valioso como la democracia, como la democracia que vimos el domingo, en que se expresó la ciudadanía. Nosotros debemos honrar aquella democracia.

Yo me pregunto: ¿debemos establecer mecanismos más explícitos de protección de la democracia, eliminando toda acción o propugnación de violencia de las acciones que puedan emprender los partidos políticos? Creo que sí; se hace absolutamente necesario el análisis minucioso de las normas en su conjunto y de diferentes hechos de violencia ocurridos en nuestra sociedad.

Las opiniones del Servicio Electoral permitieron establecer un cambio en los criterios que se fijaron en una primera instancia, cuando se votó este proyecto en la comisión.

Si bien es cierto que la actual Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que estos “deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes”, se hace necesario fijar atribuciones en el Servicio Electoral, para que sancione la violencia, tanto de los propios partidos como de los actores que se desarrollan en ellos.

Por ello, me extraña que este proyecto haya llegado hoy a esta Sala. Es una moción parlamentaria que llega después de un plebiscito. No olvidemos que la Comisión de Gobierno Interior despachó este proyecto en mayo -se presentó en pleno estallido social y, reitero, se despachó en mayo-, y resulta que llegamos aquí después del plebiscito y nos encontramos con este proyecto en tabla. Quiero recordar a los parlamentarios oficialistas que ellos rechazaron otro proyecto que tenía que ver con incitación al odio y al negacionismo, y que solo enviaron un proyecto muy desmantelado.

A la luz de esos antecedentes y de la urgencia que le dieron personas del oficialismo a este proyecto, creo que es necesario incorporar esos elementos.

Por eso, algunos parlamentarios van a incorporar las respectivas indicaciones, para que sea abordado todo tipo de violencia. Siempre debemos rechazar la violencia, venga de donde venga. Los partidos políticos deben cuidar y honrar la democracia.

Por lo tanto, si vamos a analizar la violencia, analicémosla de verdad, y no sin normas y sin ningún tipo de infracciones. Trabajemos, seamos sinceros y no utilicemos las cámaras en un momento preciso en que Chile necesita responsabilidad política. Solo para las cámaras presentamos un proyecto cuando ya estaba consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución Política, en nuestros órganos.

Por lo tanto, seamos serios. Estamos disponibles -lo hemos conversado con algunos diputados de la Comisión de Gobierno Interior-, pero hoy no podemos hacerles el juego a muchos que quieren dañar esta propia institución, que nosotros debemos ser capaces de dignificar. No por ocupar algunos espacios frente a las cámaras vamos a seguir perjudicando nuestra democracia y la seriedad de las instituciones.

Por lo tanto, que el proyecto venga de nuevo a la Comisión de Gobierno Interior. Vamos a legislar de manera seria, si quieren, pero todos hagámoslo de manera transparente: la derecha, la izquierda y el centro.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, me parece muy extraña esta discusión. Escucho hablar de la paz, de la democracia y de la violencia, y la explicación es extrañísima, porque creo sinceramente que el desarrollo de la política es la continuación de la paz, no la continuación de la guerra.

Si pensamos en que algunos hacen que la guerra sea la práctica común de la violencia, es extraño escuchar aquí discursos que, increíblemente, criminalizan expresiones que manifiestan una rebeldía necesaria y confunden lo que es rebelde. Por ejemplo, el salto sobre los torniquetes en el metro de Santiago. ¡De eso hablamos! El estallido social del 18 de octubre partió con el salto sobre los torniquetes del metro. Eso no lo podemos olvidar. Los protagonistas fueron jóvenes que se la jugaron rebeldemente contra un sistema que consideran que es opresor. Eso lo tiene claro una gran cantidad de personas. Ahí hay violencia del Estado.

Hay un detalle que me importa mucho, pero que se menciona poco. ¿Por qué se produjo esa gran manifestación del 25 de octubre? Porque existe una causa profunda: fue la respuesta de jóvenes que deberían tener derecho a voto. Fueron estudiantes secundarios, de dieciséis años, quienes hicieron que el 18 de octubre tuviera el significado que tuvo.

Entonces, cuando algunos se quedan solamente en la destrucción que se produjo después -todavía no está claro quiénes la produjeron-, es difícil pensar en condenar la violencia tan categóricamente, porque estamos jugando un juego peligrosísimo, como decir que la violencia del Estado está bien.

La violencia estatal es la que produce la violación de los derechos humanos; son agentes del Estado quienes violan los derechos humanos, y eso es violentísimo.

Por ejemplo, si se quiere que la nueva Constitución que ahora están proponiendo que escribamos, por mandato de ese 78 por ciento que votó por la opción “Apruebo”, diga que debemos procurar la felicidad de nuestro pueblo y que todo debe conducir a eso, es violento que minorías nos impongan y nos marquen violentamente lo que debemos creer y construir, y de antemano nos digan que no podemos hacer nada distinto de lo que ellos dicen que se puede hacer. Eso es violencia.

Yo estoy sentado aquí representando a un partido que en esta Corporación tiene historia de construir y de trabajar hasta lo imposible por la felicidad de su pueblo. Eso lo ha hecho concretamente el Partido Comunista, y me siento…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de su intervención, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, voy a partir diciendo una frase que siempre se nos pide que digamos, y que la hemos dicho permanentemente: “Yo condeno categóricamente toda forma de violencia, en cualquiera de sus formas”. A diferencia de algunos que sostienen y apoyan este proyecto, creo que no hay contexto ni justificación posible para la violencia, en ninguna de sus dimensiones.

He sido diputado durante once años, en distintos períodos, y recuerdo aquí a muchos que defendían y defienden todavía la violencia del tirano, la violencia de la dictadura.

Este proyecto es un error. Creo en la buena disposición o buena voluntad de algunos de sus firmantes, pero esta iniciativa es un error y un simplismo, porque lo que hace es centrar el debate respecto del 18 de octubre. Eso es lo que nos han planteado aquí el diputado Sebastián Torrealba , a propósito de su fundamentación, y la diputada Karin Luck . No es un debate respecto de la violencia.

La sociedad chilena está llena de violencia, la sociedad contemporánea y el mundo entero están llenos de violencia, de microviolencia y de macroviolencia.

Todos los días legislamos aquí, en distintas comisiones, respecto de mecanismos para erradicar la violencia. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos importantes por erradicar distintas formas de violencia.

Este país se demoró siglos en ratificar el segundo protocolo de la Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw), que erradica todas las formas de violencia contra la mujer. Creo que sería bueno -qué duda cabeque debatamos y dediquemos tiempo de verdad a una discusión de fondo sobre las causas de la violencia en la sociedad chilena, en un contexto, insisto, en que en el mundo -no sé si vieron las imágenes de Italia hace un par de días, a propósito de las nuevas restricciones por el rebrote de la covidhubo manifestaciones masivas en Italia, marchas en Buenos Aires y en algunas ciudades de España, a propósito del tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Porque cuando las sociedades no son capaces de ofrecer certidumbres a sus ciudadanos y ciudadanas, eso genera miedo, y el miedo también es fuente de violencia.

Tiene razón el diputado Labra cuando dice que si nos esforzáramos más -eso es lo que nos dijeron el domingo las chilenas y los chilenos en las urnas, de manera tan contundentepor hacer de este un país un lugar donde valga la pena vivir, donde uno no espere de golpe convertirse en multimillonario, pero, al menos, tenga la tranquilidad y la certeza de que los bienes públicos más básicos y esenciales van a ser asequibles para todos y para cada uno de nosotros y nosotras, evidentemente, disminuirían los niveles de violencia en la sociedad.

Respecto del contenido específico de este proyecto, efectivamente este asunto está regulado. Así que no creo que el propósito de este proyecto sea llenar un vacío normativo, porque el proyecto es muy simple: es incorporar a los estatutos una referencia a la condena a la violencia como acción política; no a la violencia general, sino como acción política, sin sanciones, sin nada. ¡Como si eso fuera a cambiar el curso de las cosas!

Y vuelvo a decirlo: toda la fundamentación gira en torno al 18 de octubre. Claro que hubo violencia el 18 de octubre y los días posteriores -qué duda cabe-; lo vimos todos y todas a lo largo del país. Pero esa es la consecuencia, no es la causa; es la consecuencia de la violencia acumulada contra la inmensa mayoría de los chilenos durante mucho tiempo.

¿Justifica eso la destrucción de bienes públicos? ¡No, no lo justifica! Vuelvo al punto de inicio de mi intervención: condeno la violencia, y creo que nadie debiese pensar que hay fundamento y contexto para la violencia.

Pero creo que este proyecto es un uso torcido de la facultad de legislar, porque el resultado no va a ser que vamos a salir de acá más convencidos respecto de la necesidad de discutir de fondo sobre cómo erradicar las distintas violencias que hay en la sociedad chilena; no es eso lo que va a resultar de este debate que vamos a realizar hoy. Esta no es una invitación a un debate de fondo sobre la violencia en la sociedad chilena. Este es un proyecto revestido de buenismo, que busca usar la violencia para construir maniqueamente una distinción entre buenos y malos, entre los que condenan la violencia y los que son tibios en la condena de la violencia. Y ese es el saldo que va a dejar un proyecto que, supuestamente, busca que todos reafirmemos nuestro compromiso con los valores democráticos y la no violencia. Si es así, claramente es un proyecto que violenta el debate que estamos teniendo. Y lo violenta porque no es una discusión de fondo, sino que -vuelvo a reiterares un proyecto revestido de buenismo que establece una interpretación maniquea de la posición de unos y de otros.

Para concluir, les pregunto a los autores si creen que el saldo de esto va a ser un compromiso efectivo para erradicar las formas de violencia de todo tipo que hay en la sociedad o si simplemente es un punto político menor para decir: “Ellos votaron a favor, nosotros votamos en contra”.

Es un proyecto inútil, pero además es una provocación, a mi juicio, violenta.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto que, a pesar de que algunos lo consideran inútil, es muy necesario para, de alguna manera, transparentar la posición que cada uno usa y expresa en la situación que estamos viviendo en el país, no solo el último año, sino desde hace un buen tiempo.

Este proyecto establece: “Los partidos políticos deberán renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación de la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política, cumpliendo con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional.”.

Se incorpora como mención en la escritura pública de constitución de un partido político que la declaración de principios del partido debe expresar su “condena al uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas…”.

Hemos escuchado distintas intervenciones, pero lamentablemente varias de ellas no hacen una distinción, sino que más bien usan una careta para justificar posiciones, discursos y acciones como las que hemos visto en el último tiempo. Más que explicaciones vagas sin sentido, la realidad no se condice con algunos de esos discursos e intervenciones. No escuché a nadie hablar en contra del ataque a personal de Carabineros, mujeres y hombres; no escuché a nadie hablar en contra del ataque y las quemas de iglesias católicas y evangélicas en el último tiempo.

No maquillemos el discurso. Sintonicemos con los chilenos que sí quieren cuidar la democracia, con los chilenos que sí quieren cambios para mejorar sus condiciones de vida, con los chilenos que también queremos respeto entre todos y deseamos tener un país sin violencia, haciendo todo lo posible por la paz.

Algunos quieren que la vida siga igual; o sea, quieren más ataques a la policía, más violencia verbal, más destrucción de la propiedad privada, más destrucción del empleo en Chile, más daño a la infraestructura y a los espacios públicos. Para qué seguir mencionando más ejemplos.

Contribuyamos todos y demos la posibilidad de aislar a los violentistas. Esta es una instancia en la que nosotros nos autodisciplinamos y obligamos a los partidos políticos a tener un discurso coherente con lo que queremos y también coherente con lo que muchas veces se expresa en esta Sala.

Mi votación es a favor de este proyecto, porque debemos hacer todo, pero todo lo posible por aislar la violencia, venga de donde venga.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, creo que cerca del 99 por ciento de los parlamentarios que estamos en esta Sala vamos a condenar fuertemente la violencia en cualquier forma de acción política y vamos a tratar de contribuir a la promoción de la paz, la concordia y el debate democrático de la sociedad chilena.

Me extraña la última intervención, en la que el diputado dijo que nunca ha escuchado que se condene la violencia respecto de la quema de iglesias, cuestión que condenamos absolutamente, o que se condene el ataque a mujeres carabineros, que también condenamos expresamente; pero olvida condenar también el lanzamiento de un niño de 16 años en el puente Pío Nono, porque no he escuchado nada de aquellos diputados respecto de ese acto de violencia. Tampoco he escuchado decir algo aunque hoy, en el 2020, todavía hay un diputado detenido desaparecido; no he escuchado nada respecto a eso, porque también es violencia.

Invitaría a los autores de este proyecto a leer una gran columna de opinión que trata sobre la ambigua relación que tenemos con la violencia política, escrito por la profesora Yanira Zúñiga Añasco , en la que aborda de manera ejemplar el concepto de violencia, la violencia política, y establece cómo hoy la violencia ha ido modificando su campo de acción. Hoy todos vemos que se ha ido logrando reducir cierto nivel de violencia, pero más bien estamos reduciendo la teatralidad de esa violencia, la ostentación de la violencia. Este es un país extremadamente violento, con una violencia que ataca los soportes y el sustento de la sociedad diaria.

Fue violento ver ayer cuando, después de una discusión rica respecto del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, salió el ministro de la Segpres a decir; “este gobierno no va a aceptar esta discusión y los vamos a mandar al Tribunal Constitucional”. Eso violentó a miles de chilenos ayer. Pero para algunos esa violencia no existe.

¿Por qué rechazamos un proyecto de estas características, en circunstancias de que condenamos siempre la violencia? Porque hoy la Carta Fundamental, en su artículo 19, número 15°, lo señala expresamente.

Dicho precepto debe ser complementado con lo que dispone el artículo 93 de la Constitución Política, donde se establecen las atribuciones del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales los partidos que propugnen la violencia política como método de acción, lo que además se tiene que complementar con lo que preceptúa el artículo 1, inciso tercero, de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, disposición que señala lo siguiente: “Los partidos políticos deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.”, lo cual, a su vez, debe complementarse con lo consagrado en el artículo 56, número 7, de la dicha ley orgánica constitucional.

En suma, esta materia ya está resuelta por nuestra legislación, de manera que lo único que hoy buscan algunos es poner sobre la mesa una discusión para tratar de ganar algo de lo que perdieron el domingo pasado.

¡Háganse cargo de la violencia sistémica que existe en nuestro país! ¡Háganse cargo de la violencia que sufren a diario las poblaciones, los jóvenes, las dueñas de casa, los obreros y los pensionados en nuestro país! Me gustaría escuchar que esa violencia fuera atacada con tanta fuerza por ustedes.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Catalina Pérez .

La señora PÉREZ (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, nos encontramos aún en medio de una pandemia que arrastra tras de sí 18.000 muertos, millones de cesantes y cientos de miles de familias precarizadas, al punto de que vamos a tener que aprobar un segundo retiro de fondos de pensiones.

Al respecto, cabe que nos preguntemos cuáles son las preocupaciones de este gobierno y de los parlamentarios oficialistas y a qué tipo de iniciativas el Ejecutivo hace presente la urgencia.

Hay cuatro proyectos que tienen por objeto saltarse el límite a la reelección, lo que ya aprobamos dos veces en el breve lapso de seis meses en la Cámara. La iniciativa que hoy estamos debatiendo propone modificar la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, con la finalidad de que estos condenen expresamente la violencia. Esas son las preocupaciones de este gobierno y de los diputados oficialistas. No les preocupa la salud de las personas o si estas disponen de recursos para parar la olla. No les preocupa si la policía sigue asesinando y reprimiendo. Lo que les preocupa es que los partidos políticos condenemos expresamente la violencia, a pesar de que lo hemos hecho todos, una y otra vez, en este hemiciclo, en la prensa, en las redes sociales y en todas partes. Eso me parece muy violento; no sé si a ustedes también.

Por si fuera poco -no me voy a extender en esto, porque ya lo han señalado otras diputadas y lo acaba de mencionar el diputado Marcos Ilabaca -, esta materia ya está regulada en la Constitución Política y en las leyes, tal como lo planteó la mayoría de las diputadas que integran la Comisión de Gobierno Interior, instancia en la que rechazamos la idea de legislar. En resumen, este es un proyecto innecesario, un mero gustito del oficialismo, lo que queda patente en que fue presentado a tramitación legislativa el 7 de noviembre de 2019, en pleno estallido social. En mayo de este año lo rechazamos en la Comisión de Gobierno Interior, pero lo tuvieron cinco meses en el congelador, hasta que fuera propicio y necesario hacer resurgir nuevamente el tema de la violencia. Parece que les dolió el resultado del domingo.

Me gustaría recordar la pregunta que planteó la diputada Cicardini en la Comisión de Gobierno Interior, quien pidió que le explicaran qué partidos no habían condenado la violencia, para que se hiciera meritoria la presentación y la tramitación de un proyecto como este, consulta que nadie supo responder.

Tengo un ejemplo sobre alguien que no ha condenado la violencia y que, además, la ha justificado: el senador Iván Moreira , de la UDI, quien ha calificado de muy normal las amenazas de violencia y muerte recibidas por la fiscal Ximena Chong por su labor de persecución penal en contra de un carabinero, porque decía que cuando uno provoca políticamente se expone a ese tipo de amenazas.

¿Van a expulsar al senador Iván Moreira de la UDI? Le exijo a la UDI que condene la violencia del senador Iván Moreira , que condene la violencia de un modelo que deja que su gente se muera en los hospitales sin recibir atención mientras ustedes se atienden en clínicas privadas. Le exijo a la UDI que condene la violencia de envejecer en Chile y de caer bajo la línea de la pobreza. Condenemos esa violencia.

Quiero reiterar que Revolución Democrática condena todo tipo de violencia. Condenamos la violencia represiva de la policía en contra de los manifestantes; condenamos la violencia que ejerce este gobierno al presentar una querella cuando arrojan una moto de Carabineros al río, pero no cuando un carabinero tira a un adolescente al río; condenamos la violencia que supone para la gente que perdió todos sus ingresos en la pandemia la rebaja del 96 por ciento en la sanción impuesta a Ponce Lerou ; condenamos, además, que el Servicio de Impuestos Internos haya aceptado a favor de Penta una rebaja de impuesto de 1.400 millones de pesos por concepto de gastos en abogados; condenamos la violencia en la calle, los saqueos, la quema de edificios, y también las infiltraciones y los montajes de la policía.

Entiendo la mezquindad de este gobierno, que busca cubrirse las espaldas en la sistemática violación de derechos humanos que ha existido, al señalar que la violencia está en otro lugar. Pero acá estamos legislando, y cuando se presenta este tipo de proyectos se niega la política, porque se niega el debate de fondo. ¿Alguien piensa que porque yo condene la violencia o porque otros lo hagan esta va a terminar? La violencia es sistémica, es el reflejo de algo. Hagámonos cargo de ese algo que ha causado la crisis de representación política que hoy se observa en Chile.

No voy ni vamos a aceptar que los defensores de la dictadura militar, que los que tienen el pronunciamiento militar todavía en sus estatutos, que los que tienen a un concejal saqueando, que los que fabricaron escudos en sus sedes para los fanáticos del rechazo, que los que no han dicho ni una palabra por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado nos vengan a exigir a nosotros credenciales democráticas.

En consecuencia, por supuesto que vamos a rechazar este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, por su intermedio, tengo la respuesta para la diputada que acaba de intervenir: ellos no han condenado la violencia. Jamás lo han hecho, ni publica ni privadamente. Además, quiero aprovechar de decirle que no han venido a democratizar la política; la han vulgarizado.

Por lo tanto, no nos vengan a dar lecciones respecto de la defensa del orden constitucional y de democracia. He sido amenazado de muerte por los mismos que ustedes defienden. Dejen de llevarnos a los odios del pasado. ¿Condenaron con tanta fuerza los ataques recientes, en forma tácita, que recibieron tanto el Presidente de la República como sus ministros? ¡Nunca!

¿Qué pasó con el relato del diputado independiente que intervino en este debate, quien se refirió a la reunión secreta de dos diputados con el prófugo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ? Nunca se pronunció. ¿Qué pasó con los dichos, con las expresiones certeras de una parlamentaria de su exbancada, que avaló la lucha armada? Jamás se pronunció. ¿Qué pasa con las graves publicaciones de incitación a la violencia en las distintas plataformas?

Les recuerdo a los diputados que en este hemiciclo estamos solo a metros de distancia de separación, de modo que lo mismo que publican en las plataformas podríamos tratarlo y debatirlo aquí, cara a cara. Creo que es lo más prudente.

Por último, quiero señalar que a primera vista la adveración a la violencia estaría en el centro del proyecto político moderno, violencia que recientemente se ha multiplicado en vez de decrecer. Lo planteo, porque este proyecto viene a ayudarnos a enfrentar la violencia, que, lamentablemente, se ha desparramado en la historia de nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, compartimos la preocupación sobre la violencia, porque, sin duda, nuestro país atraviesa momentos difíciles. Pero la proposición para enfrentarla contenida en este proyecto debe ser calificada de frívola, de oportunista e inútil, porque en lugar de plantear soluciones sistémicas, que apunten a la raíz del problema, propone hacerlo a través de una modificación en los estatutos de los partidos políticos.

¿Alguien puede creer que la violencia existente se va a solucionar por esa modificación estatutaria? ¿Esta propuesta le hará sentido a alguno de los miles de víctimas de la violencia en contra de sus bienes y que han sido objeto de agresiones y de mutilaciones? ¿Le hace sentido a alguien? Obviamente que no, porque, además, las leyes ya sancionan esto. Estas propuestas más bien parecen ser simples voladores de luces que no cambian absolutamente nada en realidad.

¿Cuál es la posición de los socialistas? Que no quepa ninguna duda de que los socialistas, desde el día uno, hemos expresado nuestro más categórico rechazo a todo tipo de violencia, venga de donde venga.

Junto con respaldar el derecho a una movilización ciudadana pacífica -la ley y nuestra historia establecen nuestra vocación permanente por la democracia y por la paz-, creemos que la paz es consecuencia de la justicia social. Por eso, siempre hemos propuesto y luchado por transformaciones, pero de manera no violenta.

No solo eso, cuando hablamos de violencia también tenemos una diferencia de fondo con el oficialismo, porque para nosotros todas las violencias son condenables, pero no todo tipo de violencia, que se entienda bien, tiene igual entidad y significación. A diferencia de este gobierno y de la derecha chilena, pero al igual que el mundo civilizado y el derecho internacional, tenemos la convicción de que la peor violencia, la más grave, la que deja las heridas más profundas y difíciles de cicatrizar en una sociedad, son las violaciones a los derechos humanos.

Creemos que llegó el momento de enfrentar todas las violencias, pero hacerlo de verdad, lo que, sin duda, con proyectos de ley como este definitivamente no se hace.

Si hablamos de erradicar la violencia en nuestro país, no hay señal más potente que los ejemplos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica , quienes, a pesar de haber sido víctimas de la peor violencia que existe, violencia que este proyecto de ley omite, el pasado domingo dieron a sus victimarios y a todo el país una lección de humanidad, una lección moral, una lección de compromiso con la democracia: concurrieron a sus respectivos locales de votación y votaron en el plebiscito en una condición física que jamás pensaron que tendrían, menos a manos de agentes policiales y de un gobierno que debía protegerlos.

La señal que ellos dieron por la democracia es esperanzadora, y al gobierno no le ha interesado nada.

Por eso, si queremos hacer un debate sincero, de verdad sobre todas las violencias, la justicia también debe estar presente, ser protagonista; debe existir diálogo. Y ello no con proyectos vacíos, frívolos y confusos como este, que son utilizados como un arma arrojadiza de la derecha, que no tiene manera de resolver esto, hacia la oposición; que solo distraen y no dan respuesta, especialmente a Fabiola Campillay , a Gustavo Gatica ; a Mario Acuña , de Buin, y a miles de chilenos y chilenas víctimas anónimas de la violencia, que ni siquiera han sido visitadas por este gobierno.

Hoy es fundamental, cuando la ciudadanía ya decidió de manera tan categórica avanzar por la paz y la democracia, seguir este camino, porque es el único que permitirá superar todos los tipos de violencia que han sufrido los chilenos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, quiero partir agradeciendo a quienes aceptaron la invitación a reflexionar institucionalmente sobre el uso de la violencia.

Aquí no partimos negando la violencia ni creyendo que ella surgió el 18 de octubre, sino desde una reflexión: es literalmente inaceptable que se siga usando o que se aumente el uso de la violencia, que es tan sistémica, como muchos ya lo plantearon en sus discursos.

Como autor principal de este proyecto de ley, me siento absolutamente violentado por la arrogancia de muchos de los opositores que acá han planteado juicios de valor, que ni siquiera son prejuicios, sino condenas de valor por querer construir un debate, por querer construir legítimamente una instancia de reflexión en este Parlamento.

No he buscado ni buscaré aparecer en cámaras, como lo planteó la diputada Joanna Pérez , Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. No lo he hecho -no es mi estiloni lo haré.

Me violentan esos juicios por el solo hecho de pedir que los partidos políticos, que son financiados por el Estado -eso quizás es tan violento como lo que dicen ustedes-, tengan la obligación coercitiva de condenar enérgica, tácita y expresamente el uso de la violencia.

Por eso, agradezco a quienes estuvieron dispuestos a firmar este proyecto de ley: a la diputada Paulina Núñez , y a los diputados Pepe Auth , Juan Luis Castro, Iván Flores , Tucapel Jiménez , Javier Macaya , José Pérez y Francisco Undurraga .

Lo que busca esta iniciativa trasversal es generar un debate a partir de una situación cruenta, terrible que se vivió a partir del 18 de octubre pasado. Y, efectivamente, comparto con muchos de ustedes que aquella es el reflejo de una profunda crisis política, social, económica que enfrenta nuestro país. Pero no por eso debíamos dejar de reaccionar.

Eso es lo que busca este proyecto: hacernos reaccionar sobre cómo cuidamos la democracia, cómo protegemos, cómo actualizamos, cómo sentimos que entregamos una herramienta al propio Estado para evitar que se siga haciendo uso de la violencia.

La democracia es por lejos el principal valor que tenemos como sociedad. Por eso debemos cuidarla, pero con tolerancia, con transacción, con respeto, con consecuencia.

Al votar en contra en general este proyecto lo que se hizo fue decir que aquí no había nada que conversar al respecto. Si el proyecto era perfectible, como lo es, habría esperado alguna indicación; alguna instancia de negociación, de debate.

Invito a los colegas a preguntar a los que estuvieron presentes en la comisión cuando me tocó ir a plantear este proyecto si se puso en pauta de prensa ese día, si fui con fotógrafos a defenderlo. ¡No, señores! Fui a conversar, a dialogar como un par, como un diputado más, que no se cree dueño de la verdad, que no siente que tenga la verdad definitiva ni menos que este proyecto sea la solución a todos los problemas de Chile. No es así. Lo que no se busca acá es precisamente actuar con violencia intelectual, con violencia ideológica o con violencia de superioridad.

La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos ha sido actualizada constantemente. La principal modificación que se hizo en el último tiempo fue justamente que se financiaran a través de recursos públicos. Insisto en ese aspecto. ¿Y saben cuál fue uno de los elementos que se pusieron al actualizar dicha ley para que todos los partidos políticos en sus declaraciones de principios lo hicieran expresamente? Que debían condenar las violaciones a los derechos humanos; es más, debían propiciar el respeto y la defensa a los derechos humanos. Si no lo hacían, se les dejaba de entregar financiamiento a través del Servel. Como el método coercitivo era claro, todos los partidos políticos lo hicieron.

Por lo tanto, el rol coercitivo de esta modificación legal no tiene que ver con la Constitución. De lo contrario, habríamos hecho un proyecto de reforma constitucional. Con esta iniciativa se busca entregar una herramienta más al Servicio Electoral, que es un organismo autónomo, para que pueda evaluar el comportamiento de los partidos políticos y sus líderes.

Considero que la violencia que hemos visto en el último tiempo es inaceptable, traumática. Por tal razón, quiero solidarizar con las víctimas de la violencia.

Algunos me condenan por no haber nombrado los casos que ellos conocen. Pues bien, nombraré algunos casos que conocemos todos acá.

Condeno enérgicamente los actos de violencia y las amenazas que sufrieron, por ejemplo, el diputado Gabriel Boric , la excandidata presidencial Beatriz Sánchez , la familia del senador Álvaro Elizalde ; el senador Juan Antonio Coloma , en su oficina parlamentaria; el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue . Hoy también hemos sabido de las amenazas que recibió en su contra el director general de la PDI, señor Héctor Espinosa . ¡Claro que las condeno! ¡Enérgicamente! Y espero que todos los partidos políticos chilenos lo hagan expresamente.

¿Cómo lo hacemos? Pongámonos de acuerdo; construyamos un debate juntos; no sigamos incentivando un debate en blanco y en negro, que todo lo que hacemos nosotros es malo y que todo lo que hacen ustedes es bueno. No, señores. Este proyecto de ley no es una triquiñuela, no es una estrategia del oficialismo, sino una idea personal, particular, una reacción y una reflexión que buscó la firma transversal para generar un debate.

¿Qué recibo acá, en la Sala, de parte de los diputados opositores? Condenas y más condenas, juicios y más juicios. ¿Esa es la forma que tienen ustedes de enfrentar la violencia? Creo que cometemos un grave error.

Termino mis palabras haciendo un enérgico llamado a la reflexión y a la reacción. Si algunos parlamentarios aquí quieren presentar indicaciones para que el proyecto vuelva a la comisión, ¡bienvenidas sean! Si algunos quieren hacer algún cambio en su votación, se lo agradeceré. Pero parto respetando la libertad: los que quieren votar a favor, que voten a favor. Voten en conciencia. De mi parte no recibirán ninguna acusación a través de las redes sociales. Si quieren votar en contra, háganlo. Voten como estimen conveniente. Pero no podemos permitir que el Congreso Nacional no actúe, no reflexione, no debata y no reaccione legislativamente ante situaciones que estamos viviendo: saqueos, quemas de iglesias, amenazas a todas las personas.

Por eso, rechazo la condena.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para aplicar normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Marcos Ilabaca .

Antecedentes:

-Moción, sesión 64ª de la legislatura 367ª, en martes 20 de agosto de 2019. Documentos de la Cuenta N° 38.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 74ª de la presente legislatura, en martes 22 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 29.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada Claudia Mix y de los diputados Jaime Mulet , René Alinco , Jorge Brito , Marcos Ilabaca y Pablo Vidal , que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.

Constancias reglamentarias previas

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en incorporar al trabajo que realizan los funcionarios del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro de la normativa que rige los vehículos de emergencia, para hacer uso de las excepciones que resguardan a estos, tales como el uso de dispositivos sonoros, sirenas, balizas y derechos preferentes de paso.

Asimismo, se incluyen modificaciones en lo relativo a la exigencia de licencia especial para conducir los vehículos de dicho servicio y a las condiciones técnicas de los vehículos utilizados para la realización de dicha labor, relativas al exceso de peso de los vehículos y a la excepción de las normas de emisiones, muy similares a las de los vehículos utilizados por los cuerpos de bomberos de Chile.

El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado, ni precisa trámite en la Comisión de Hacienda.

La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada Jenny Álvarez y los diputados René Alinco, Juan Antonio Coloma, Alejandro Santana, René Manuel García , Félix González , Marcos Ilabaca , Jaime Mulet , Leopoldo Pérez y Jorge Sabag .

Se explicó que, con el crecimiento de los viajes aéreos en el país, los aeropuertos se han convertido en verdaderas ciudadelas en las cuales las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento.

Se agregó que los bomberos de aeropuertos son funcionarios públicos pertenecientes a la Dirección General de Aeronáutica Civil que tienen como función principal el rescate de personas y la extinción de incendios en los accidentes de aviación que ocurren en el aeropuerto o en sus inmediaciones. Además, fiscalizan, en control preventivo, la seguridad aeroterrestre (vigilancias de los puntos críticos de riesgo, como el carguío de combustibles de aviones de pasajeros).

Cuando son requeridos, también participan en grandes emergencias y catástrofes en cualquier parte del país. Para ello se valen de los conocimientos obtenidos por su título de nivel superior y de vehículos de grandes dimensiones, especialmente diseñados para llevar el equipamiento y el agua necesarios y sortear los obstáculos que pudiesen encontrar en su camino para cubrir las emergencias.

Hoy estos funcionarios de la Administración del Estado no se encuentran suficientemente resguardados por las normas de tránsito, en el evento de tener que salir del aeropuerto con sus carros bomba en caso de accidente de aviación u otra emergencia que esté dentro del ámbito de sus responsabilidades, por lo que se requiere un reconocimiento legal explícito para efectos de facilitar su tarea y que no sufran sanciones en el cumplimiento de su labor institucional.

Asimismo, se manifestó que, actualmente, los vehículos institucionales de los bomberos de aeropuerto, por la especificidad de la labor que realizan, son de mayor peso que los que están autorizados a transitar por las distintas vías del país, por lo que constantemente se encuentran expuestos a que les cursen infracciones y multas relacionadas con el peso y las emisiones de los vehículos, circunstancias que les son ajenas a los funcionarios.

Por otra parte, se aclaró que la calidad de vehículo de emergencia les permitirá realizar su labor de manera más eficiente, toda vez que podrán acudir más rápido a los requerimientos que se produzcan fueran de los recintos aeroportuarios, ya que fuera de ellos no cuentan con habilitación legal para desplazarse de manera preferente a los vehículos comunes.

Considerando lo anterior, los integrantes de la comisión se manifestaron contestes en cuanto a incorporar el trabajo que realizan los funcionarios del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro la normativa que rige los vehículos de emergencia, para que puedan utilizar las excepciones que los resguardan, como el uso de dispositivos sonoros, sirenas, balizas y del derecho preferente de paso.

Asimismo, los diputados se manifestaron de acuerdo para incluir modificaciones en lo que se refiere a la exigencia de contar con licencia especial para conducir ese tipo de vehículos -clase Fy respecto de sus condiciones técnicas, que guardan relación con sus dimensiones, peso y normas de emisiones, que deben ser muy similares a las de los vehículos utilizados por los cuerpos de bomberos de Chile.

No obstante, quedó claramente establecido que ambas instituciones no son equivalentes, toda vez que la expresión “Bomberos de Chile” o solo “Bomberos” se entiende referida a los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos, creado a partir del 30 de junio de 1851, al que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 20.564, que establece la ley marco de los Bomberos de Chile, el cual, junto con definir la institución y sus integrantes, que no poseen el carácter de funcionarios públicos, agrega que su labor en el combate de incendios y en otras emergencias es voluntaria y no remunerada.

Por último, el artículo único del proyecto, que plantea asimilar -del modo en que quedó planteadoa los funcionarios del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dentro de la normativa que rige al personal de los cuerpos de bomberos de Chile, fue objeto de una indicación, aprobada por unanimidad, suscrita por el diputado Jaime Mulet , para suprimir la frase “para el rescate de personas y/o extinción de incendios”, las dos veces que aparece, ya que podía entenderse e interpretarse como un mandato legal para intervenir libremente en toda clase de emergencias ocurridas fuera de los recintos aeroportuarios, sin la necesaria autorización de la superioridad del servicio y la previa, además de necesaria, coordinación con la Onemi y bomberos de la comuna en donde ocurra la emergencia.

Votaron a favor la diputada Jenny Álvarez y los diputados René Alinco, Juan Antonio Coloma , Alejandro Santana, René Manuel García , Félix González , Jaime Mulet , Leopoldo Pérez , Jorge Sabag y quien habla, Marcos Ilabaca .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, el proyecto trata una materia que me parece de suyo relevante, no solo para las instituciones que realizan rescates ante emergencias, catástrofes, accidentes, etcétera, sino también porque tiene que ver con lo que ocurre, en la práctica, en regiones.

La modificación legal que estamos debatiendo busca aplicar la normativa que rige para Bomberos de Chile al uso de los vehículos de emergencia de instituciones distintas a las de los cuerpos de bomberos, que también trabajan en la atención de emergencias derivadas de accidentes de diverso tipo y catástrofes naturales. La idea es que dichos vehículos tenga las mismas prerrogativas para la circulación y seguridad del personal que tienen los de Bomberos de Chile cuando circulan por lugares públicos, como el uso de balizas, derecho preferente de paso y dispositivos sonoros, lo que hoy no les está permitido, por ejemplo, a los vehículos que utilizan los bomberos que se desempeñan en los aeropuertos, no obstante que si bien tienen como misión principal ocuparse de la atención de cualquier siniestro que ocurra al interior del recinto aeroportuario, no pocas veces deben salir de estos recintos por accidentes aéreos que se producen fueran del polígono que se ha establecido para el aeropuerto.

Señor Presidente, no solo estamos hablando de los bomberos que trabajan en los aeropuertos, sino también de otra gente que, muchas veces con una voluntad increíble, dado el compromiso y el riesgo que conlleva su actividad, resuelven problemas que son de interés de la comunidad.

Me refiero, por ejemplo, a los bomberos del Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso. Mi colega, el diputado Víctor Torres , tiempo atrás propuso un proyecto para normalizar una actividad que lleva décadas al servicio de los rescates marítimos en la Región de Valparaíso. Por mi parte, he propuesto que se incorpore a los buzos rescatistas de comunidad de Mehuín, en la comuna de Mariquina, que han participado en un centenar de rescates, incluidos los de cadáveres que ninguna otra institución pudo encontrar, incluso utilizando robots submarinos. Ellos los han encontrado utilizando sus artes precarias y, muchas veces, han solicitado el apoyo de particulares para llenar los estanques de bencina de sus vehículos. ¡Ni qué decir de sus propias medidas de seguridad o del apoyo que los sistemas de emergencia proveen hacia bomberos!

¡Y esta gente lo hace voluntariamente, sin recibir un peso y colocando en riesgo su vida! Muchas veces ni siquiera han tenido recursos para financiar la compra de sus equipos o para cumplir su labor. Ellos no solo necesitan, sino que merecen un tratamiento especial para concurrir con libertad y seguridad a los lugares donde se les requiere y ellos pueden participar.

Entrego otro ejemplo: cuando se produjo el tsunami en la Región del Biobío los buzos rescatistas de Mehuín estuvieron más de un mes trabajando en forma gratuita, con sus escasísimos recursos que como pescadores habían logrado obtener. Lo que hicieron entonces forma parte de una historia de colaboración de hombres y mujeres que colaboraron con otros hombres y mujeres que estaban viviendo una situación crítica.

Por lo expuesto, considero que debe aprobarse esta modificación a la Ley de Tránsito, a fin de permitir que estos funcionarios de emergencia, distintos a los integrantes de los cuerpos de bomberos, cuenten con las herramientas necesarias para realizar su labor.

Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento a todas esas mujeres y a esos hombres que en nuestro país realizan este trabajo, en circunstancias de que muchas veces nosotros no somos capaces de ayudar a otros ciudadanos que se encuentran en una situación crítica o en riesgo de vida. Esas personas sí lo hacen, por lo que debemos darles todas las herramientas y todas las facilidades que requieran.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez Lahsen .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto de ley bastante simple, pero de tremenda importancia, porque es una modificación a la Ley de Tránsito, la Nº 18.290, que permite al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que trabaja en el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios dentro de los recintos aeroportuarios obtenga la certificación necesaria para atender emergencias fuera de los recintos aeroportuarios, tal como explicó muy bien el diputado informante.

Así, este personal, que pasan a ser funcionarios del Estado, en situaciones de desastres provocadas ya sea por las aeronaves o por incendios en los perímetros de los aeropuertos, podría ser un complemento a la labor que realizan instituciones como Bomberos de Chile u otra.

Es importante dejar muy claro que esta regularización del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil en trabajos extramuros de los aeropuertos no va a competir ni va a reemplazar la labor de Bomberos de Chile. Es más, durante la discusión en la comisión se invitó a la Junta Nacional de Bomberos de Chile para que diera su opinión respecto del proyecto y ellos aportaron, incluso, algunos elementos para la redacción del proyecto, a fin de evitar confusiones.

El personal que se está capacitando permanentemente al interior de los aeropuertos va a tener no solo la documentación -los permisos para conducir-, sino también la autorización para atender fuera del perímetro o polígono, como se denomina a los aeropuertos, ante la ocurrencia de accidentes de su competencia y servir de complemento para atender otro tipo de accidentes que pudieran producirse en los alrededores de los aeropuertos.

Por lo tanto, tal como lo hicimos en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en que este proyecto prácticamente lo aprobamos por la unanimidad de sus miembros, invito a la Sala a que también lo apruebe. Es un proyecto simple, pero de tremenda importancia para quienes trabajan en el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Por último, hago un reconocimiento a Bomberos de Chile, porque también participaron en la discusión de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática y hasta por cuatro minutos, el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, esta es una moción que presentamos varios parlamentarios, entre ellos la diputada Claudia Mix y el diputado René Alinco , Presidente de la Comisión de Obras Públicas, tras una reunión con los trabajadores del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes de forma muy organizada nos hicieron llegar una propuesta que nos pareció muy relevante y con argumentos atendibles.

Ellos están en una situación de desventaja y, a veces, de ilegalidad, desde el punto de vista administrativo. Los vehículos que utilizan son de emergencias y son especiales para cumplir labores de salvamento y extinción de incendios y se encuentran ubicados en los aeropuertos para atender las emergencias que les son propias, tal como lo hemos visto cuando nos toca viajar en avión.

Estos vehículos normalmente son de dimensiones más grandes que los vehículos tradicionales y tienen un peso mayor en sus ejes. Son conducidos por trabajadores del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y prestan sus servicios en los recintos aeroportuarios, pero también en lugares que están más allá del recinto propiamente tal. Muchas veces, deben salir del recinto y entrar a carreteras y caminos, por ejemplo, para auxiliar a un avión u otra nave que tiene problemas en las afueras del aeropuerto o también para prestar colaboración -ha ocurridoen el combate de incendios que, si bien le corresponde apagar a bomberos, se registran en las cercanías de los aeropuertos. Estos vehículos especiales han colaborado en numerosas oportunidades cuando son llamados por Carabineros.

Entonces, este proyecto busca adecuar la norma para regularizar una situación anormal. En primer lugar, corresponde darles el carácter de vehículos de emergencia, tal como los de Bomberos de Chile o de las fuerzas policiales, y poder usar sirenas para avanzar sin problemas tal como cualquier vehículo de emergencia, según lo establece la Ley de Tránsito, en su artículo 2, número 47.

En segundo lugar, a los conductores del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil se les otorga la licencia especial clase F, consignada en el artículo 12 de la Ley de Tránsito, que reciben también los conductores de los vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y Bomberos de Chile.

Asimismo, estos vehículos tienen que liberarse de las normas respecto de su peso y anchura, para que puedan circular libremente cuando van a atender sus emergencias. Por último, hay modificaciones respecto de los niveles de emisiones de gases, similares a los de bomberos, para circular libremente y sin transgredir ninguna norma.

Los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil hacen un gran trabajo preventivo, pues están allí cada vez que aterriza una nave en nuestro país y requieren de estas modificaciones a la Ley del Tránsito para mejorar su labor. Ellos las propusieron y un grupo de diputados las acogimos.

Por eso, sería muy importante que, tal como sucedió en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, la Sala también apruebe el proyecto, ojalá por unanimidad. ¡Se lo merecen!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cuando grupos de trabajadores del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil se acercaron a conversar conmigo para plantearme la problemática que vivían, me nació inmediatamente ayudarlos y apoyarlos, para facilitar el desarrollo de su trabajo, que, sin duda, es espectacular.

Lo primero que quiero dejar sentado es que el proyecto no busca homologar el trabajo de ese grupo de profesionales, que está a cargo de la seguridad, el salvamento y la extinción de incendios al interior de aeropuertos, con el trabajo que desarrolla Bomberos de Chile. Es más, gracias a la solicitud y propuesta del superintendente de uno de los cuerpos de Bomberos de Chile, dejamos claramente establecido en este proyecto de ley las diferencias entre unos y otros.

Lo cierto es que hoy tenemos una tremenda institucionalidad y una infraestructura instalada que no estamos aprovechando ciento por ciento como país. Cuando los encargados de la seguridad, salvamento y extinción de incendios de un aeropuerto tienen que desarrollar acciones fuera de esos recintos, muchas veces a los choferes les sacan partes, porque sus vehículos tienen un pesaje diferente o porque no cumplen con las condiciones de tránsito en las calles de Chile.

El potencial de esos funcionarios para ayudar en desastres e incendios fuera del recinto del aeropuerto es sumamente importante; sin embargo, cuando intentan hacerlo -repitoles cursan infracciones y los choferes terminan siendo sancionados por los juzgados de policía local. Ese tipo de acciones, que a uno le podrían parecer extrañas e inconcebibles, ocurren todos los días.

El proyecto de ley en debate es bastante simple, pues modifica la Ley de Tránsito para incorporar al grupo de funcionarios a cargo del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios en la misma categoría que el Cuerpo de Bomberos en lo que se refiere, por ejemplo, a licencias especiales de conducir, tonelaje de vehículos y utilización de bocinas y alarmas para ser identificados.

Quiero hacer un reconocimiento al trabajo que ese grupo de profesionales está desarrollando en cada uno de los aeropuertos de nuestro país.

También quiero señalar que en ningún caso el proyecto de ley intenta reemplazar la gran labor que los bomberos de nuestro país desarrollan de manera totalmente gratuita, sino que lo que se persigue es complementar el trabajo que realizan.

Felicitaciones a todos los mocionantes del proyecto; felicitaciones a los funcionarios del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil por poner el tema sobre la mesa, pedir igualdad de trato y permitir la utilización de su infraestructura en beneficio de la ciudadanía en general.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Pablo Prieto .

Antecedentes:

-Moción, sesión 103ª de la legislatura 366ª, en martes 20 de noviembre de 2018.

Documentos de la Cuenta N° 19.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 151ª de la legislatura 367ª, en martes 3 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 25.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor PRIETO (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputados y diputadas:

Me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de la Corporación, iniciado en moción de los diputados señores Pablo Prieto Lorca , Karim Bianchi Retamales , Andrés Celis Montt , Juan Fuenzalida Cobo , Cristhian Moreira Barros , Jaime Mulet Martínez , Rolando Rentería Moller y Enrique van Rysselberghe , y de las diputadas señoras Érika Olivera de la Fuente y Marisela Santibáñez Novoa , que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales.

La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, consiste en establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones que la integra, impidiendo, así, que se produzcan situaciones de faltas de control por parte de los asociados en relación con sus dirigentes.

En cuanto a los antecedentes y fundamentos, los autores del proyecto manifiestan que la Federación de Fútbol de Chile, con más de ciento veinte años de existencia, es la segunda organización de este tipo más antigua de América y una de las diez más antiguas del mundo.

Las circunstancias sobre las cuales se practica el fútbol a lo largo de su desarrollo han variado radicalmente, no solo en cuanto a su masificación, sino a su vocación de industria, donde enormes cantidades de recursos circulan con ocasión de la realización de este deporte, cada día más profesionalizado.

Si bien es cierto que el fútbol es por esencia un espectáculo de carácter privado y vinculado a la competencia entre clubes de fútbol de carácter privado, su orientación y vocación social son innegables, lo que ha hecho patente la necesidad de profesionalizarlo en todos sus niveles e instancias.

Por lo anterior, resulta imperioso actualizar sus estructuras dirigenciales y, más que eso, incrementar sus estándares de probidad y transparencia en materia de gobierno corporativo, habida cuenta de la implicancia que esta actividad tiene en la ciudadanía y en la gestión de recursos, incluso públicos.

Con ese objeto, el presente proyecto de ley establece, por una parte, la incompatibilidad entre los cargos de presidente de las asociaciones que conforman la Federación de Fútbol de Chile con la de presidente de la misma institución, y, por otra, inhabilidades para optar a cargos directivos a los que hayan sido condenados por delitos contra la probidad, o por prácticas antisindicales, o por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores.

En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso a la Comisión de Deportes el 20 de noviembre de 2018, destinándose cinco sesiones para su análisis y despacho.

Su discusión general se inicia en la sesión 54a, celebrada en 23 de julio de 2019, con la exposición de la entonces ministra del Deporte, señora Pauline Kantor Pupkin , y del abogado y profesor de Derecho Constitucional, señor Jaime Bassa Mercado .

En la sesión 55a, celebrada en 6 de agosto de 2019, se escuchó la opinión del abogado experto en Derecho Constitucional, señor Arturo Fermandois , y de representantes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

En la sesión 58a, celebrada en 3 de septiembre de 2019, se escuchó la opinión del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, señor Justo Álvarez Gil , y del asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Pedro Guerra .

La primera parte de la sesión 59a estuvo destinada a escuchar las observaciones del asesor legislativo del Ministerio del Deporte señor Matías Rivadeneira . Luego, se procedió a votar el proyecto en general, aprobándose por unanimidad la idea de legislar.

En la misma sesión, el diputado Pablo Prieto , autor del proyecto, presentó dos indicaciones con el objeto de salvar las observaciones efectuadas por el gobierno e invitados durante la discusión general del mismo. Una buscaba resguardar el principio de igualdad, ampliándose el ámbito de incompatibilidad a todas las federaciones deportivas, y la otra, garantizar el derecho de asociación, restringiéndose aquellas incompatibilidades solo al cargo de presidente.

Se procedió a la votación particular del proyecto conjuntamente con las indicaciones mencionadas, y se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.

Finalmente, en la sesión 71ª, de fecha 21 de enero de 2020, se aprobó por unanimidad reabrir debate y votación del proyecto para incorporar dos indicaciones al mismo. En dicha sesión, quien habla, el diputado Pablo Prieto , autor de las mismas, explicó que su formulación viene a asegurar la aplicación práctica del presente proyecto de ley, que busca establecer las incompatibilidades entre los cargos de dirigente de las asociaciones que conforman la Federación de Fútbol de Chile con el de presidente de la misma institución y, junto con lo anterior, propone como requisito para optar a cargos directivos de las federaciones no encontrarse condenado -el postulante por prácticas antisindicales, acoso sexual o por delitos que atenten contra la probidad.

Ambas indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes, despachándose el presente proyecto de ley.

En consecuencia, el texto propuesto por esta comisión, que se recomienda aprobar a la Sala de esta honorable Cámara, consta de un artículo único que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, de tres literales que modifican los artículos 40 F, 40 G y 40 T del citado cuerpo legal, según se expresa.

El proyecto de ley establece:

“Artículo único.- Modifícase la ley N° 19.712, del Deporte, de la siguiente manera:

1. Incorpórase en su artículo 40 F el siguiente inciso final nuevo:

“Tratándose de una Federación Deportiva Nacional, el cargo de presidente de cualquiera de éstas será incompatible con el cargo de presidente del directorio de cualquiera de las asociaciones que las conforman.”.

2. Agrégase en su artículo 40 G la siguiente letra f):

“f) Los que hayan sido condenados por delitos contra la probidad o por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores.”.

3. Sustitúyese en su artículo 40 T su punto final por una coma y agrégase, en seguida, la siguiente frase: “salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 40 F y la letra f) del artículo 40 G.”.”

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, hoy por hoy, el deporte es mucho más que una actividad física competitiva que se desarrolla en una cancha, en una pista o en un gimnasio. El deporte es una actividad educativa, recreacional y económica que mueve millones de dólares al año en Chile y en todo el mundo.

Si bien es una actividad generalmente de carácter privado, lo cierto es que tiene una notoria importancia pública, porque utiliza bienes públicos fiscales o municipales para su desarrollo.

Lamentablemente, para todos son conocidos los casos de irregularidades, malversación e, incluso, corrupción en los que se han visto involucrados dirigentes de organizaciones deportivas. Hablo no solo del reconocido caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que actualmente tiene a un exdirigente como testigo protegido en Miami por el caso de una red de corrupción internacional, sino también de lo ocurrido en otras federaciones deportivas, en otras disciplinas, lo que incluso ha impedido o dificultado la asistencia de sus deportistas a competencias internacionales.

De la mano de la profesionalización de los dirigentes y de las autoridades del deporte, y del crecimiento de la actividad, especialmente en sus aspectos e implicancias económicas, hoy debemos avanzar hacia la transparencia y control de la actividad, pues precisamente en aquellos aspectos que se encuentran al margen de una adecuada regulación se pueden generar ilegalidades, irregularidades y abusos.

Debemos avanzar desde una institucionalidad deportiva precaria o amateur, que para algunos puede parecer romántica, pero que para los estándares actuales es insuficiente e, incluso, ineficiente para lograr los objetivos deportivos, hacia la profesionalización de los cargos deportivos con personas con la capacidad, conocimiento y probidad para desempeñar tan importantes cargos.

Por ello, valoro este proyecto de ley, que presentó el diputado Pablo Prieto , a quien agradezco invitarme a firmarlo, porque precisamente se hace cargo de una situación ambigua que potencialmente puede provocar graves conflictos de intereses dentro de la institucionalidad deportiva.

Este proyecto busca proteger la institución de la federación de lo que pueden implicar los intereses de una asociación cuando el presidente de esta última también se desempeña como presidente de la federación. Entonces, se busca reafirmar la independencia de la federación deportiva, su autonomía, sus fines propios, su funcionamiento y su patrimonio.

Por último, debo mencionar que en este proyecto se incorpora una nueva causal de inhabilidad para ser director de una federación deportiva nacional consistente en el hecho de que la persona determinada haya sido condenada por delitos contra la probidad o por prácticas antisindicales en vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, en el entendido de que esta inclusión refuerza el propósito de que los dirigentes dedicados a encabezar los rumbos de deportes deben ser personas de trayectoria intachable y profesional, que vengan al deporte a aportar y servir con rectitud, y no a aprovecharse de manera ilegítima de él, como lo hemos visto en muchas oportunidades.

Espero que la inclusión de estas nuevas normas nos permita evitar a corto plazo posibles casos de irregularidades en el deporte y, a la vez, que el profesionalismo de sus dirigentes se concrete en mejores oportunidades y recursos para los deportistas que día a día se esfuerzan para representar a nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, el 2018, junto con un grupo de grandes parlamentarios, presentamos este proyecto de ley que hoy está en discusión.

Esta iniciativa constituye un gran avance y un paso importante en cuanto a la probidad y a la transparencia, ya que establece un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea, a la vez, uno de los representantes de las asociaciones que la integran, impidiendo que así se produzcan situaciones de falta de control por parte de las asociaciones y sus dirigentes.

Como bien sabemos todos los aquí presentes, el fútbol es pasión de multitudes. Su federación, con más de ciento veinte años de existencia, es la segunda organización de este tipo más antigua de América y la décima más antigua del mundo.

El fútbol es el espectáculo con mayor interés del público, haciéndolo merecedor de la categoría de deporte nacional. En efecto, cada año somos más de un millón y medio los asistentes al fútbol profesional, siendo, por lejos, la actividad que congrega la mayor asistencia de personas, de manera que nos encontramos en presencia de un ámbito de gran interés.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), ente rector del fútbol profesional, lamentablemente ha proyectado una mala imagen, ya que han existido motivos para vincular su actuación o la de sus dirigentes con actos de fraude o corrupción conocidos por todos los aquí presentes, debiendo, incluso, algunos de ellos responder por sus actos ante la justicia. Eso evidencia su falta de idoneidad moral y, lisa y llanamente, la corrupción de sus integrantes.

Por ello, en este orden de ideas, no resulta admisible que la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) se encuentre sometida a la dirección de la ANFP, como un órgano único carente de toda transparencia, de publicidad en sus actos y de otros controles jurídicos y administrativos, pretendiendo con ello que existan espacios en los cuales puedan cometerse actos reñidos con la ley.

Por eso, con mucha alegría, votaremos a favor este proyecto e invitamos a todos los presentes a hacer lo mismo.

Ojalá que la indicación presentada por varios diputados, incluyendo al autor, el diputado Pablo Prieto , gran deportista y exfutbolista de este país, a quien aprovecho de felicitar, sea aprobada por unanimidad, de manera que el proyecto sea despachado directamente y no tenga que volver a la comisión para su discusión.

Doy las gracias por hacerme parte de este proyecto y por invitarnos a hacer más transparente la pasión de multitudes: el fútbol.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un muy buen proyecto de ley, que elaboró y nos invitó a suscribir el diputado Pablo Prieto , quien, además, practicó el deporte como profesional.

Creemos que es muy importante que se establezca la inhabilidad que dispone la iniciativa. Lo discutimos en la Comisión de Deportes a propósito de los conflictos de intereses que se producen muchas veces entre la Federación y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y cada uno de los clubes. Regularmente se dan conflictos de intereses dentro del fútbol.

Esa situación quedó muy clara cuando en 2018, con Pablo Prieto y otros parlamentarios y parlamentarias trabajamos en una comisión investigadora, a propósito de los escándalos y problemas que se habían producido en el fútbol profesional y de la manera en que habían actuado los órganos del Estado respecto del caso Jadue y lo que siguió más adelante, que fue muy grave. Uno de los problemas que siempre vimos en ese ámbito fueron precisamente los conflictos de intereses que se producen en el fútbol y la poca voluntad de los propios dirigentes del fútbol para hacer cambios importantes en esa materia.

Por eso es relevante establecer las incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol y las inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales. El propósito es evitar el conflicto de intereses.

Ha habido pasajes muy oscuros en el fútbol profesional chileno. El más emblemático de todos fue el caso Jadue.

Claramente, se trata de un órgano que regula el deporte a nivel nacional, pero que tiene una serie de aspectos que no están suficientemente resguardados para la fe pública. Mueven millones y millones de dólares en el deporte y están constituidos como una simple corporación. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es una corporación que prácticamente no tiene supervisión; solo la supervigila, en algunos aspectos, el Ministerio de Justicia, con una debilidad enorme, ya que este ministerio no es un órgano encargado de hacer una fiscalización más profunda a una industria que es la del fútbol profesional, que es lo que, en definitiva, mueve la ANFP.

De manera que falta buscar -lo hemos dicho una y otra vez y no hemos logrado los consensos políticos mayoritarios para ello, aunque lo he intentado más de una vez a través de proyectos de leyla manera de que haya mayor control sobre la industria del fútbol; ojalá que exista un control mucho más efectivo por la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, que hoy solo controla algunos aspectos menores -hay que mandarle balances y otras cosas, pero controla aspectos menores; han servido, pero son menores-. Además, es una institución que tampoco puede aplicar las sanciones cuando esas normas se transgreden, como quedó en evidencia en la comisión investigadora y también en la Comisión de Deportes cuando se discutió el proyecto de ley respectivo.

Por lo tanto, faltan mayores grados de fiscalización en una actividad tan relevante, que mueve cientos de millones de dólares año a año, como es la industria del fútbol profesional.

Esta moción, que modifica la Ley del Deporte para establecer la incompatibilidad entre el cargo de director de la Federación de Fútbol y el cargo de director de las federaciones deportivas nacionales, busca tener dirigentes que no tengan esa ligazón directa con un determinado club y exista una administración más responsable, con menor conflicto de intereses. Creo que eso es lo relevante.

Hay que cuidar este deporte. Lo financian millones y millones de chilenos que están suscritos a los distintos canales de televisión, particularmente al Canal del Fútbol, y los que van a los estadios, pero la verdad es que hay una administración muy opaca. Este proyecto plantea un punto importante para evitar esa opacidad e ir avanzando.

Con la fotografía del equipo de fútbol de Colo-Colo que ganó la Copa Libertadores, como fondo de pantalla detrás, les pido a los señores diputados…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el gran deportista y exjugador de fútbol profesional, volante de equipos como Cobreloa, Rangers , Universidad de Chile y Everton, diputado Pablo Prieto Lorca .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, para comenzar esta intervención, deseo afirmar que lo hago, además de como legislador y representante de la Región del Maule, como exdeportista profesional -como lo ha señalado el señor Presidentey como diputado preocupado cabalmente de las políticas públicas en el deporte.

Con lo anterior busco dar fe de algo claro: este proyecto, del cual soy uno de los autores, junto a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, como las diputadas Marisela Santibáñez y Érika Olivera , y el diputado Jaime Mulet , es muy sencillo. Es un cambio legal simple que pareciera no generar mayor controversia y que va a significar una trasformación importante en la gestión y dirección de nuestras asociaciones deportivas a toda escala, sin distinguir la clase de deporte del que se trate. Por lo mismo, con la experiencia que he podido adquirir en virtud de mi dedicación al deporte desde una u otra área, puedo afirmar que así será.

Nuestra actual legislación deportiva presenta, desde su origen, una falencia importante, cual es que permite, sin mayor inconveniente, detentar los cargos de director de un club deportivo, de una asociación deportiva y, finalmente, de una federación deportiva. En la actualidad, que esto sea posible es totalmente verosímil.

Así como en el mundo empresarial, en la gestión pública y en la política se tiende a crear estatutos y normas que impiden los conflictos de intereses y las relaciones cruzadas entre instancias de decisión y, en general, a reforzar la trasparencia y la probidad en la dirección de las organizaciones, ello no está presente ciento por ciento en nuestra gestión deportiva, lo que representa un problema que se debe resolver.

No es posible, por ejemplo, que una federación que decide sobre aspectos patrimoniales y de gestión de las asociaciones que lo conforman sea dirigida por una misma persona, al igual que en el caso de los clubes. Actualmente, el presidente de la ANFP es presidente de la Federación de Fútbol, y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur es vicepresidente de la Federación de Fútbol. O sea, la componen siete directores: cuatro de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y tres de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur.

Lo que busca este proyecto es justamente que la federación esté integrada por personas completamente al margen de las entidades que actualmente se encuentran en ella. La idea es que pueda participar ojalá una dirigenta o una presidenta de una federación de fútbol femenino, de modo que el fútbol femenino tenga una instancia real de participación. También es importante que el fútbol de las series de inferiores tenga un representante dentro del directorio.

La reforma legal que aquí discutimos apunta justamente a resolver este asunto y a establecer incompatibilidades e inhabilidades claras.

Se busca que el cargo -ya se ha dichode presidente de una federación deportiva sea incompatible con el cargo de director de una asociación deportiva que la integra.

Hoy he presentado una importante indicación para pulir un último e importante detalle de esta iniciativa, cual es que dicha incompatibilidad debe abarcar también a los presidentes de directorios de los clubes deportivos que conforman una federación o asociación, de manera tal que los conflictos de intereses y de decisión estén totalmente erradicados. Me refiero, por ejemplo, a que el presidente de Blanco y Negro no pueda ser presidente de la federación.

Asimismo, el proyecto señala que el cargo de presidente de una federación no puede ser desarrollado por quien haya sido condenado, mediante sentencia judicial firme, por prácticas antisindicales o contrarias a los derechos de los trabajadores. Con ello, además, se avanza en materia de protección de los derechos laborales, ya que no es posible que nuestras federaciones o asociaciones deportivas sean dirigidas por quienes han mostrado, previamente, un desprecio por los derechos en el mundo del trabajo. Cabe recordar que el deporte no incluye solo a los deportistas y a los jugadores profesionales, a quienes solemos conocer por sus logros y vida pública, sino que también implica, como trasfondo, una cadena muy extensa de trabajadores: colaboradores, entrenadores y proveedores, quienes finalmente, como personas y familia -como también es mi caso-, dedican su vida a algo tan sano y positivo como la práctica deportiva.

Como todos sabemos, durante los últimos años, junto con la década dorada de nuestro fútbol nacional, con la obtención de dos torneos de Copa América y la clasificación a dos mundiales de fútbol de manera consecutiva, en 2010 y 2014, lamentablemente, al mismo tiempo también se han vivido oscuros escándalos de corrupción a nivel internacional. Por lo mismo, debemos lograr estándares de gestión de nuestras organizaciones deportivas que impidan, en forma tajante, que estos hechos vuelvan a repetirse, de manera que no se manche el esfuerzo individual o colectivo de nuestros deportistas por los hechos personales y malintencionados de algunos que prefieren obrar con corrupción.

Por lo dicho, manifiesto mi decisión de continuar impulsando esta iniciativa, para lo cual solicito a mis colegas diputadas y diputados que la voten a favor, ojalá por unanimidad, junto con la indicación que presenté.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al autor de este proyecto, el diputado Pablo Prieto .

Quién mejor que él para impulsar esta iniciativa, que fue un gran capitán de Rangers de Talca, que ha sido un gran jugador de fútbol y que integró el equipo de Cobreloa. Debido a su trayectoria, conoce el mundo del fútbol, así como los vicios que muchas veces existen y los conflictos de intereses.

Por eso, como exintegrante de la Comisión de Deportes y Recreación, instancia que, con mucha pena, no pude seguir integrando, debido a que se producía un tope de horario con la Comisión de Constitución, quiero valorar este esfuerzo. Asimismo, valoro el aporte de la diputada Marisela Santibáñez y del diputado Jaime Mulet , así como de todos los diputados y diputadas que son miembros de la Comisión de Deportes, los que, de una u otra manera, tuvieron injerencia en este proyecto, que busca establecer la incompatibilidad del cargo de director de la Federación de Fútbol de Chile, y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales.

Partamos por decir lo más importante. Es fundamental que la Federación de Fútbol de Chile tenga un presidente distinto al de la ANFP. Desde hace mucho tiempo que tanto la FIFA como la Conmebol han recomendado a nuestro país que pueda existir una diversificación de competencias, entre otras cosas porque la Federación de Fútbol de Chile, como ustedes saben, incluye a la ANFA, al futbol amateur, que integra a más de un millón de deportistas inscritos.

Lo sabe muy bien el Prosecretario de la Cámara, hoy en calidad de Secretario subrogante, señor Luis Rojas , que fue un gran jugador de fútbol amateur en las canchas de La Pampilla, en Coquimbo.

¿Qué nos dice el fútbol amateur? Que los recursos que genera la selección de fútbol de Chile no llegan a la Federación de Fútbol de Chile, sino a la ANFP. Estamos hablando de cuantiosos recursos, con los que se podría fortalecer la división de menores.

¿Por qué no ha aparecido una generación de relevo dentro del fútbol chileno? Lo dijo en forma muy honesta el gran capitán de la selección chilena, Alexis Sánchez , después del último empate de nuestra selección ante Colombia, en el último minuto: porque los clubes integrantes de la ANFP se han dedicado a repartir los excedentes del Canal del Fútbol, que, por supuesto, no son equitativos.

A Harold Mayne-Nicholls le costó la presidencia de la ANFP atreverse a decir que los excedentes del fútbol se repartieran de manera igualitaria entre todos los clubes, o sea, equiparar la cancha.

Sin embargo, los dueños de los grandes clubes, lamentablemente con la intervención de La Moneda, en ese momento le hicieron un golpe a Harold Mayne-Nicholls y terminamos con el señor Segovia , primero, y el señor Jadue , después, en la presidencia de la ANFP. La historia es conocida; no la vamos a repetir.

Por eso -lo conversé con la diputada Marisela Santibáñez , una gran hincha del fútbol y de Colo-Colo-, es fundamental nunca más tener un Sergio Jadue de presidente de la Federación de Fútbol de Chile, y para eso es necesario aprobar este proyecto.

Asimismo, espero que en el Senado se pueda avanzar en el proyecto que ya esta Cámara despachó en 2018, que busca terminar con los conflictos de intereses en el fútbol; que establece que los hinchas, que los socios, puedan ser propietarios de los clubes, tal como sucede en Alemania, donde clubes como el Bayern Munich y el Bayer Leverkusen les pertenecen a los socios, no a los mecenas.

¿Cuál es el mejor ejemplo de gestión deportiva, administrativa e institucional en los últimos años del fútbol de Chile? La Universidad Católica, el bicampeón del fútbol chileno. Eso no es casualidad. Dejando la camiseta de lado, ¿qué distingue a Universidad Católica de la administración de Blanco y Negro, y de Azul Azul? Que no depende de un mecenas, que el poder está atomizado en directores que no tienen el control accionario y hay un gerente deportivo, en el caso de Universidad Católica el gran José María Buljubasich , que tiene un proyecto deportivo. Hay un directorio que finalmente responde a ese objetivo y se formó, además, una comisión de hinchas, que es lo mismo que estamos proponiendo en este proyecto.

Por eso, hacemos un llamado a la Comisión de Constitución del Senado, para que no solamente saquen el acuerdo para que podamos tener a los representantes de los pueblos originarios en la convención constitucional, proyecto que esta Cámara despachó en diciembre del año pasado, hace diez meses; que no solamente puedan sacar la reforma a los notarios, iniciativa que la Cámara de Diputados despachó también a principios de año, sino que, de una vez por todas, pongan en tabla el proyecto que establece que los socios puedan ser dueños de sus clubes hasta en el 50 por ciento, que los socios elijan representantes en los directorios de los clubes.

Ese proyecto fue aprobado en la Camara de Diputados en junio de 2018, cuando empezó el mundial de Rusia. A pesar de todo el lobby en contra de muchos dirigentes del fútbol, lo aprobamos, y ese proyecto establece el término de los conflictos de intereses, con el objeto de que nunca más tengamos a un dirigente que a través sus hijos y de su señora sea dueño de varios clubes al mismo tiempo, y que se terminen las relaciones con las empresas de factoring, que le prestan dinero a los clubes a tasas altísimas. Cuando los clubes no pueden pagar esas acreencias, ¿adivinen qué hacen? Capitalizan esas acreencias y los dueños de los factoring terminan siendo dueños de los clubes del fútbol. Eso ustedes lo saben.

Entonces, es muy importante aprobar este proyecto, puesto que permite dar un paso más para poner fin a los conflictos de intereses, para que nunca más un presidente de una federación de fútbol pueda ser, al mismo tiempo, director de federaciones deportivas nacionales, y que podamos terminar con los conflictos de intereses.

Se requiere aprobar esta iniciativa para que podamos avanzar hacia un fútbol que les pertenezca a sus hinchas, a los jóvenes, a las divisiones inferiores, y que no esté centrado solo en los repartos de los excedentes de los derechos de televisión.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Finalmente, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y tres al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 91ª de la presente legislatura, en martes 27 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión la proposición de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, la Comisión Mixta conoció la controversia entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación de este proyecto de ley, que reajusta el monto del salario mínimo. Se dirimió la diferencia en favor de lo que propuso el Senado, esto es, que habrá un reajuste de 6.000 pesos. Además, se instalará una nueva conversación en abril para, con datos más frescos de la realidad, tomar nuevas decisiones al respecto.

Creo que la evidencia de la necesidad de reajustar el salario mínimo habla por sí sola. Para establecer un alza tan mezquina, se arguye que el índice de precios al consumidor está en cero y, por tanto, no se ha deteriorado el poder adquisitivo, lo cual llevaría a pensar que con lo que se gana actualmente como salario mínimo las personas podrán seguir subsistiendo en las mismas condiciones en que lo hacen hoy día. El problema es que no se pone atención al hecho de que, desagregado el componente alimentación del IPC, este ha subido alrededor de 3 por ciento, 2,9 por ciento para ser más exacto, y los 6.000 pesos no dan cuenta de esa alza del 2,9. Todos sabemos que las personas que ganan el salario mínimo gastan la mayor parte de sus ingresos precisamente en alimentación.

Pero, junto con estos datos de la realidad, es un hecho que la economía no se encuentra en buen pie y que las empresas están sufriendo, sobre todo las pequeñas y las medianas, pues tienen muchas restricciones para ensayar un reajuste salarial mayor.

Por eso, la bancada socialista propuso al ministro Briones , dado que en el presente no podemos resolver el problema, que el gobierno tome la iniciativa -ello, ya que desde que se instaló impulsó la creación de todo tipo de comisiones para acuerdos nacionalespara impulsar ahora un gran acuerdo nacional de verdad, en que se sienten los trabajadores, los empresarios, el sistema político y el propio gobierno con el fin de ponernos una meta. Esa meta, a mi juicio, debiera ser hacer coincidir en tres o cuatro años el salario mínimo con la línea de pobreza determinada por el Estado de Chile, no por el olfato de tal o cual, sino los 456.000 pesos establecidos de acuerdo con los procedimientos que maneja el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es la cifra oficial.

Ahora bien, a pesar de que esto le fue dicho al gobierno en las respectivas comisiones, en las correspondientes salas, de nuevo en las comisiones, solo al final de la votación en la Comisión Mixta, el ministro Briones , en representación del gobierno, dio a entender que se podía pensar hacer lo que acabo de proponer.

Aquí se crea una situación muy perversa, porque parlamentarios aparecen defendiendo intereses en nombre de los empresarios: “no se les puede cargar tanto la mano”, mientras que otros defienden los intereses de los trabajadores, en circunstancias de que este es un asunto que concierne de manera principal y fundamental a los trabajadores y los empresarios; por lo tanto, entre ellos debe darse la conversación y no a través de pretendidos representantes. Es insano que sean terceros quienes resuelvan un debate que debe estar afincado en lo empírico, en la evidencia, y no en lo ideológico.

Ojalá que sea cierto que el gobierno, a través del ministro Briones , ha escuchado estos razonamientos e instale esa conversación a partir de abril, que es la fecha comprometida para volver a revisar el reajuste del salario mínimo.

Dan ganas de votar en contra por lo mezquino del reajuste; pero hacer esa manifestación de disgusto con la propuesta de salario mínimo tan esmirriada conducirá a que simplemente no haya reajuste. Por lo tanto, lo responsable es que, dado que no existe voluntad para actuar en otra dirección, se apruebe lo resuelto por la Comisión Mixta, aunque haya sido con mi voto en contra. No obstante ello, yo, al menos, ahora votaré a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado don José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, profesionales y funcionarios de la Cámara de Diputados -sin ellos no sería posible que este Poder Legislativo no falle nunca-, diputadas y diputados, una vez más nos encontramos con una situación muy sui géneris: el proyecto de reajuste al ingreso mínimo lo estamos viendo por tercera vez en la Sala.

Me criticaron mucho cuando en la Comisión de Hacienda señalé -el Senado aprobó por dos tercios la insistencia del Presidente de la República; de lo contrario, no habría proyectoque consideraba que, en vez de 1.500, había que aprobar 6.000. Yo era partidario -ello, dependiendo de la cosa económicade un aumento más grande: 400.000 pesos de inmediato para comenzar, más todavía por la ley que Crea un Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado.

Pero la situación no es así; la realidad es diferente. Se rechazó todo en la Cámara de Diputados. También se rechazó la proposición que hizo la Comisión de Trabajo en ese instante, que en vez de […] planteé que esto se reevaluara en enero del próximo año para lograr un ingreso mínimo definitivo. Sin embargo, ello no fue posible; no hubo los votos necesarios.

En la Comisión Mixta no le cambiaron absolutamente nada al proyecto, sino que quedó tal como salió de la Cámara de Diputados. Yo vi y analicé el acta de la Comisión Mixta. Al final, los senadores aprobaron esto, pues, de lo contrario, no habrá ley de reajuste del monto del ingreso mínimo. Es decir, al no haber ley, ni siquiera estarán los 1.500 pesos. Entonces, estamos en una situación muy complicada.

El Ejecutivo no quiso aumentar en 6.000 pesos, y menos en 8.000 pesos, como lo planteó la Comisión de Trabajo de esta Cámara, en función de todo lo que significa la cosa económica en el país, las proyecciones a nivel mundial y lo que puede ser la economía chilena el 2021. Por eso, estamos en la siguiente situación: si no se aprueban los 6.000 pesos, habrá cero pesos; y no hay ley.

Lo bueno, sí, es que, luego de la insistencia, aprobamos lo relativo a las asignaciones familiar y maternal y otros beneficios. Por tal razón, un informe financiero habla de más de 3.000 millones de pesos para el resto del año. Y para 2021, deberemos ver en el proyecto de ley de presupuestos un ingreso de más de 30.000 millones para que esto se cumpla.

Estamos entre la espada y la pared. A todos nos habría gustado aumentar el monto del ingreso mínimo, más aún porque estudios serios plantean que el año pasado la inmensa mayoría de los chilenos ganó menos de 400.000 pesos.

Por eso, yo, al menos, apoyaré lo que viene de la Comisión Mixta, con el compromiso en cuanto a que en abril del próximo año este tema social se analizará nuevamente, en función del crecimiento económico y la situación sanitaria que está azotando a todo el mundo.

He dicho.

-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a una interrupción en la transmisión telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, francamente, me parece que el ministro Briones no ha entendido nada. Mientras el 50 por ciento de los trabajadores chilenos obtiene menos de 400.000 pesos mensuales, el ministro de Hacienda hace oídos sordos de lo que los chilenos y chilenas esperan y necesitan.

Está claro que el gobierno no acusa recibo de lo que pasó el domingo pasado. El ministro actúa como si el domingo hubiese ganado el Rechazo, el mantener esta Constitución y este modelo económico, político y social, con un desprecio total a las demandas ciudadanas, a las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores.

Rechazan aumentar el ingreso mínimo, no dan ninguna ayuda real a las familias, amenazan con ir al Tribunal Constitucional para impedir que se concrete el retiro de fondos que están secuestrados por las AFP, y los bonos que entregó el gobierno, llenos de letra chica, burocracia y dificultades.

¿Qué pretende el gobierno? ¿Qué pretende el ministro? ¿Que la gente coma aire? ¿De qué se trata este jueguito? Este proyecto lo hemos rechazado varias veces por inmoral, por indigno, por impresentable. ¿De qué se trata este gallito? ¿Nos quieren ganar por cansancio, como mal menor? Acá algunos han dicho que hay que aprobarlo, porque si no lo hacemos, no habrá nada.

Yo digo que hay que dar una señal clara: es inaceptable lo que pretende el gobierno. Que presente otro proyecto, algo distinto, pero este proyecto es inaceptable.

Anoche supimos que el Servicio de Impuestos Internos, que depende del Ministerio de Hacienda, y, por lo tanto, del ministro Briones , le rebajó 1.400 millones de pesos al Grupo Penta, el mismo que defraudó al fisco y que fue acusado de soborno, lavado de dinero y cohecho. Y hace un par de semanas, la Corte Suprema rebajó de 62 a 3 millones de dólares la multa a Julio Ponce Lerou , el dueño de SQM, que fue un regalo de su suegro, el dictador. Estafó en 130 millones de dólares y paga 3 millones. Con esos recursos se podría mejorar enormemente el sueldo mínimo de cientos de miles de trabajadores.

¿Hasta cuándo esta desigualdad de trato? ¿Cómo es posible que el Estado rebaje miles de millones de pesos a un grupo económico poderoso, cuyos responsables fueron sancionados con clases de ética?

Mientras eso ocurre, el mismo Estado no es capaz de subir los salarios de los trabajadores y les ofrece apenas 6.000 pesos. Después, el gobierno reclama contra la violencia en las calles. ¿Acaso no es violencia económica y violencia política establecer un salario mínimo absolutamente miserable e indigno?

Señor Presidente, después de todo lo vivido, después de todo lo que hemos pasado como país, después del abrumador resultado a favor del Apruebo el domingo, que no es solo por una nueva Constitución, sino que, tal como lo he dicho, es por un cambio profundo, estructural, en las condiciones económicas, políticas y sociales, por construir un país con más equidad, con mayores derechos, con menos abusos; después de todo eso, el gobierno, a través de su ministro de Hacienda, ofrece a los trabajadores y trabajadoras un reajuste absolutamente inaceptable.

Voy a ser muy claro respecto de este proyecto: no lo voy a aceptar; no voy a aprobar un reajuste que no se corresponde con las necesidades de los trabajadores chilenos. Por eso lo voy a rechazar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, este es uno de los proyectos que más hemos debatido en la Sala. Lo que hay que hacer hoy es apoyar lo decidido por la Comisión Mixta, que, entiendo, solo necesitó algunos minutos para tomar esta decisión.

No pido que lo aprobemos porque sea la mejor de las propuestas, sino porque las personas están sufriendo y están en ascuas por la indecisión del Congreso, que ha sido incapaz de llegar a acuerdos y de lograr puntos de encuentro con el Ejecutivo.

Hoy, lo razonable, lo sensato es poner a las personas en el centro y pensar en las familias que están esperando que este tema se zanje, llegando a un acuerdo y aprobando la propuesta de la Comisión Mixta.

Obviamente, el reajuste del salario mínimo que se ha propuesto no permitirá que quienes lo reciban puedan solventar todos sus gastos; sin embargo, quiero que pensemos en algunas situaciones concretas.

Primero, que este aumento, a diferencia de lo que se ha dicho, permitirá aumentar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores, ya que entre marzo y agosto la inflación fue de solo 0,4 por ciento.

Segundo, el gobierno se ha comprometido a revisar nuevamente esta propuesta de salario mínimo en abril de 2021 y a que, según cuál sea la situación en que se encuentre el país en ese momento, analizará cómo mejorar más la propuesta de hoy, que es bastante conservadora, pero no por molestar o por falta de voluntad, sino porque, objetivamente, el país está en una situación muy compleja.

Cuánto quisiéramos nosotros ayudar de mejor manera a las trabajadoras y los trabajadores de la Región de Coquimbo, por ser una zona tan golpeada. Tenemos 16 por ciento de cesantía, y eso significa 16 por ciento de familias que están pasándolo muy mal. Pero no podemos proponer, seria y responsablemente, algo que sea aún más dañino para el país.

Reitero que el gobierno se ha comprometido a revisar esta propuesta en abril del próximo año y que ahí se aumente el salario mínimo conforme a la realidad que estemos viviendo en ese momento, que, sin duda, será muy distinta y mejor a la que estamos sufriendo hoy.

En virtud de eso y considerando la propuesta gubernamental, creo que debemos aprobar la propuesta de la Comisión Mixta y darles esa señal a las familias chilenas.

Sin perjuicio de aquello, además debemos preocuparnos de plantear soluciones a largo plazo para el tema del salario mínimo, pues año a año se ve contaminado por una discusión más política e ideológica que informado por un debate técnico.

¿Por qué no ser más innovadores? No sé si creativos, porque es una solución que viene dando vuelta hace harto tiempo, pero por lo menos podríamos atrevernos a proponer un sistema plurianual de reajuste del salario mínimo, con revisión semestral, de acuerdo con el crecimiento del país.

¿Por qué no hacer algo distinto que permita dar certezas a las trabajadoras y trabajadores de Chile y a los medianos y pequeños emprendedores? Que sepan que en tanto transcurran ciertos meses, verán un reajuste automático, dependiendo del crecimiento del producto del país.

Tenemos que ser capaces de avanzar en ese sentido y, además, contribuir a que tomemos medidas que permitan a las chilenas y los chilenos tener un trabajo más estable, porque eso es lo que quiere la gente: estabilidad laboral, estabilidad para trabajar. Esa es la política social más importante que tiene un país: pleno empleo en su territorio, y en Chile hoy eso no ocurre.

Por lo expuesto, les pido a todos que lleguemos a acuerdos para que la flexibilidad laboral no sea un capricho ni una quimera, sino una realidad; para que los adultos mayores que así lo quieran, y estén en condiciones de trabajar, puedan hacerlo; para que los jóvenes puedan compatibilizar los estudios con el trabajo, y para que las mujeres tengan mayores facilidades que les permitan compatibilizar su rol de madres con el trabajo, algo que a muchas de ellas no se les permite. Debemos avanzar para que la mujer se integre al mundo laboral y se la considere como corresponde.

La adaptabilidad es clave para el futuro laboral de las chilenas y de los chilenos, y ojalá que después de esta discusión tan apasionada que hemos tenido durante semanas nos demos el tiempo para analizar, más allá del tema concreto del reajuste al salario mínimo, qué cambios profundos debemos hacer para zanjar este tema que, año a año, preocupa tanto a trabajadoras y trabajadores. Ojalá ellos supieran de antemano en cuánto aumentará el salario mínimo cada año, en la medida en que el país crezca, y también lo sepan las microempresas y pequeñas empresas, que aumentarán el monto del salario mínimo, en la misma medida en que ellas aumenten su rentabilidad y sus utilidades. Queremos que las chilenas y los chilenos puedan gozar de estabilidad laboral, una de las cosas más importantes a las que aspira una persona en la vida; tengan la certeza de un trabajo estable, que les permita desarrollarse y proyectarse a futuro, junto a sus familias.

Es necesario un ingreso mínimo digno, pero también estabilidad laboral, para que los trabajadores no sufran problemas cuando el país enfrente situaciones complejas.

Votaremos a favor de la propuesta de la Comisión Mixta, y espero que hoy el Congreso Nacional dé una señal a esas chilenas y a esos chilenos que durante meses han esperado este aumento, que si bien es menor, es muy necesario para ellos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, saludo al ministro de Hacienda y a todas las autoridades presentes.

En primer lugar, recuerdo, una vez más, que el salario mínimo no lo paga el gobierno, el Estado ni los parlamentarios, sino fundamentalmente lo pagan los pequeños y muy pequeños empresarios, quienes hoy viven una situación muy compleja en el contexto de la pandemia que nos afecta.

Por eso, los máximos representantes de la Conapyme fueron muy elocuentes y claros al pedirnos, tanto en la Comisión de Trabajo como en la de Hacienda, que aprobáramos este aumento del salario mínimo, ya que el monto les parece prudente y acorde a la situación que estamos viviendo. ¿Es insuficiente? ¡Siempre es insuficiente! Todos querríamos que los reajustes fuesen mayores, de acuerdo al crecimiento del país y a la inflación proyectada, para que los trabajadores no solo mantuvieran su capacidad adquisitiva, sino que tuviesen un mejoramiento real.

En segundo lugar, quiero recordar que este reajuste se suma al que se otorgó en el mes de marzo, cuando subió el salario mínimo de 301.000 a 320.000 pesos, y el que hoy discutimos es una etapa intermedia, en que se reajusta en 6.000 pesos, pues en marzo del próximo año el Congreso Nacional discutirá un nuevo reajuste. Es importante tener presente que, sumando los reajustes que han recibido los trabajadores en el último año, se han más que duplicado los reajustes que entregó el gobierno socialista de la Presidenta Michelle Bachelet , que corresponde a la mitad de lo que está entregando el gobierno de centroderecha del Presidente Piñera a los trabajadores de Chile, y en el contexto de una pandemia, a diferencia de lo sucedido con la Presidenta Bachelet , que otorgó reajustes miserables en tiempos de bonanza económica.

Señalo todo esto para que los críticos a este reajuste -he escuchado decir que el ministro de Hacienda no entiende o no escucha, y que no entendemos lo que sucedió el domingopiensen en lo mezquinos que fueron en sus reajustes al salario mínimo en tiempos de bonanza económica. Así terminarán sus críticas y tendrán una visión más objetiva.

También debemos recordar que a este reajuste hay que sumarle un conjunto de acciones y de transferencias directas del Estado que han beneficiado a los sectores más pobres y afectados del país.

Al día de hoy, 1.663.000 chilenos -léase bien la cifraya han cobrado el bono clase media de 500.000 pesos, aunque hay que investigar a aproximadamente 400.000 personas que, al parecer, estafaron al fisco al cobrar de forma indebida este bono, materia que deberán resolver los tribunales de justicia. En ese sentido, me parece muy bien el anuncio que hizo hoy la Corte Suprema en cuanto a sancionar a los funcionarios del Poder Judicial que pudieran haber incurrido en esa acción.

Pero no nos hemos quedado solo en eso. Además, 50.000 trabajadores chilenos han sido contratados o recontratados gracias al subsidio al empleo aprobado por el Congreso Nacional e impulsado por el gobierno del Presidente Piñera. Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al diputado Hirsch que esos 50.000 trabajadores no tendrían empleo ni ingresos de no mediar la acción del Estado de Chile.

También destaco el ingreso familiar de emergencia 2.0, que ha beneficiado a cientos de miles de chilenos y que se ha prolongado más en el tiempo.

Entonces, esta monserga, esta crítica vacía hecha al aire, esta consigna de que el gobierno y los ministros no escuchan, no solo tienen que dejar de hacerla, sino que, si la emiten, pues fundaméntenla, porque las cifras que he señalado y las acciones que el Estado ha emprendido son hechos reales e irrefutables. Hay un compromiso social, con visión y sentido de país, que busca reimpulsar la economía, recuperar el crecimiento económico y ayudar a los trabajadores que están pasando por serios problemas. Eso es, y seguirá siendo, una realidad.

Por consiguiente, vamos a apoyar este reajuste, porque hay que tener una mirada de futuro. Comparto muchas de las opiniones que se han vertido en la Sala, pero entiendo que en marzo vamos a tener una visión más definitiva y de más largo plazo en materia de salario mínimo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Trabajo hemos analizado muchas veces los instrumentos que el Estado ha puesto a disposición de la ciudadanía durante esta pandemia, y si tuviera que hacer un análisis de lo que ha ocurrido, diría que todo siempre es a medias, siempre es relativo, siempre hay una complicación que no permite que lo teórico que nos plantean en la Comisión se lleve a la práctica.

El gobierno debe entender -lo voy a repetir una y mil veces que el Fogape debe llegar con rapidez y con urgencia a los pequeños empresarios; pero el gobierno no lo entiende. Tampoco ha entendido el concepto de focalización que le hemos planteado durante todo este tiempo. Como bien dijo el diputado Melero en su intervención, la pequeña y mediana empresa nos ha pedido permanentemente que no se aumente el monto del salario mínimo, pero también nos ha pedido que se focalicen los recursos, algo que este gobierno no ha entendido nunca. Hoy, la mayoría de los instrumentos, como el Fogape y el ingreso mínimo garantizado, se han ido también a las grandes empresas, porque ahí no hacen diferenciación entre un trabajador y otro, pero sí lo hacen cuando corresponde discutir el salario mínimo; ahí sí están primero las pequeñas y medianas empresas; ahí sí existe el problema.

Entonces, utilizan un argumento para una cosa y un argumento para otra y, finalmente, los que pierden son los trabajadores y trabajadoras de Chile.

Me preocupa que no entendamos el sentido de bien común y lo que está pasando en el país. La idea era ponerse de acuerdo en los 6.000 pesos para las empresas más grandes y en un subsidio focalizado para las pymes que hubiera permitido incorporar un aumento del salario mínimo. Sin embargo, no entienden y no han querido entender nunca. Ahí están las conclusiones: un nuevo proyecto de retiro de 10 por ciento de fondos de las AFP y los resultados del plebiscito.

Mi pregunta es cuándo van a ser capaces de escuchar a sus propios diputados y diputadas, a los parlamentarios que le dan sustento a este gobierno. Sin embargo, ni siquiera a ellos los escuchan.

Señor Presidente, una parte importante de los diputados y diputadas nos vamos a abstener, porque creemos que el gobierno, de una vez por todas, debe sentarse a la mesa para discutir técnica y socialmente los factores económicos que inciden en el proyecto. Estamos absolutamente dispuestos a colocar nuestros mejores argumentos técnicos, profesionales, pero también sociales y de cohesión social, cuestión tan importante en este minuto. ¡Estamos dispuestos a hacerlo! Sin embargo, vemos un gobierno que cierra las puertas, que no quiere escuchar, que no es capaz de tener sensibilidad por lo que está pasando. Parece que el gobierno estuviera viviendo en Vitacura, en Lo Barnechea, donde se vive la vida feliz y donde está el 1 por ciento de los más ricos de este país. ¡Pero ese no es Chile, como se comprobó el domingo!

Por consiguiente, esperamos que este gobierno escuche, porque así cómo está gobernando -le queda poquito-, puede hacer grandes embarradas en este país.

Repito que algunos nos vamos a abstener respecto de esta propuesta de reajuste, porque hay un gobierno que no escucha, que es sordo y que no quiere entender absolutamente nada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, es llamativo que pese a las manifestaciones, movilizaciones y al resultado histórico del 25 de octubre, el gobierno y gran parte de su sector político sigan leyendo el país en claves anteriores a esos procesos. Siguen sin entender que la rabia acumulada por décadas entre la gente que vive de su trabajo, con bajos salarios y en la precariedad laboral se encuentra en la base del descontento.

Pues bien, el gobierno ha insistido y, por lo demás, ha logrado imponer en la Comisión Mixta su proyecto de ley sobre aumento del salario mínimo. No consideró la opinión mayoritaria de esta Cámara de Diputados, con la presión y el chantaje de no aumentar ningún peso real el ingreso mínimo si no se aceptaba lo votado en el Senado en el trámite insistido. Ha sacado adelante un monto indigno que no alcanza ni para 6 kilos de pan al mes.

Las condiciones que nos han llevado a rechazar la propuesta del Ejecutivo no han variado. Si bien el gobierno terminó aceptando aumentar los montos originales de 1.500 a 6.000 pesos, esto no es un avance real, ni mucho menos incidirá en mejorar la calidad de vida de las familias que deben sobrevivir con el ingreso mínimo. El aumento de 6.000 pesos no resuelve la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y las trabajadoras que perciben el salario mínimo. Lo cierto es que el IPC de los alimentos ha tenido un crecimiento muy superior al índice general, estimándose en un 6,8 por ciento, muy por encima del 1,9 que ofrece el gobierno.

Estamos discutiendo una cifra que ni siquiera alcanza a cubrir la necesidad de alimentación afectada por la inflación acumulada. El gobierno no se hace cargo de esa realidad e insiste en un discurso político ideológico, que es el mismo que ha llevado a nuestro país a la explosión social y política de octubre del año pasado.

Diputados y diputadas de oposición plantearon crear un bono que cubra la pérdida del poder adquisitivo, que se calcula en 6,8 por ciento. De esa manera, se complementaría el exiguo aumento del salario mínimo con un bono de trasferencia directa desde el Estado a las familias que lo reciben. Si ello no se aceptaba, se propuso un aumento de 8.000 pesos, hasta el mes de abril próximo, cuestión que el gobierno también rechazó.

Hacemos referencia a esos elementos porque creemos que existe espacio para una solución que vaya en ayuda de las personas más vulnerables. La propuesta de un bono compensatorio al IPC de alimentos, hasta abril del próximo año, ayudaría a descomprimir la situación de cientos de miles de familias.

Por nuestra parte, exigimos conocer información desagregada respecto de la cantidad de pymes que han podido acceder a recursos del Fogape, desagregada en relación a las pymes de verdad, las que supuestamente este gobierno quiere proteger con este aumento miserable de 6.000 pesos. No es un dato menor y, sin duda, impacta en este debate.

También queremos conocer plazos concretos respecto de modificaciones del ingreso mínimo garantizado, que permitan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras percibir el salario mínimo para complementar sus ingresos. Hablamos de condiciones y montos. Esto debe ser aclarado en esta sesión.

Sinceramente, siento que ha quedado muy claro que debemos cambiar todo el sistema que se sustenta en el Parlamento. Eso es lo que nos está exigiendo el resultado del 25 de octubre. Ese resultado nos está diciendo que debemos cambiar las condiciones actuales y la Constitución Política que tenemos. Eso debe ser permeado inmediatamente.

Sé que las cifras pueden ser leídas de una u otra manera, pero debemos intentar leerlas en forma correcta, no con la objetividad que asegura tener el diputado Melero u otros. Las cifras se pueden leer de diferentes maneras, pero hay que leerlas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, llegamos al final de este trámite, que ha sido extremadamente largo, con idas y venidas. Fue necesario un veto, porque esta Cámara de Diputados dio una señal inequívoca al rechazar en general el proyecto. La iniciativa revivió gracias a los dos tercios que obtuvo en el Senado, luego volvió a la Cámara de Diputados, donde fue rechazada en particular y, finalmente, fue a Comisión Mixta. Ahora, como se dice, tenemos la pistola en el pecho, pues si lo rechazamos nuevamente queda vigente el salario mínimo anterior, por lo que estamos obligados a darle paso a un aumento muy escuálido del salario mínimo de 1.500 a 6.000 pesos, pero se sigue sin mover la aguja en lo más mínimo.

Quiero poner atención y reclamarle al gobierno por la poca apertura que tuvo respecto de echarle mano, de manera seria, al ingreso mínimo garantizado, porque hay dos problemas. Primero, aquellos que están cubiertos por ese subsidio, es decir, los que logran aumentar sus ingresos hasta 300.000 pesos líquidos, van a quedar exactamente en el mismo lugar, porque el aumento de 6.000 pesos del salario mínimo conllevará una disminución de 6.000 pesos del subsidio entregado por el Estado.

El segundo problema es la cobertura, pero el ministerio no se ha abierto a iniciativas que permitan multiplicarla. A pesar de que la ley, que se aprobó prácticamente por unanimidad en esta Cámara de Diputados, apunta a cubrir al conjunto de los trabajadores que perciben el salario mínimo, e, incluso, un poco más, solo uno de cada cuatro trabajadores y, en el mejor de los casos, uno de cada tres trabajadores con salario mínimo es beneficiario del complemento estatal.

Por lo tanto, la tarea mayor, sobre todo en condiciones de dificultad de la economía, como ocurre hoy, es desarrollar iniciativas que apunten a cubrir al conjunto de los trabajadores con salario mínimo con el subsidio estatal garantizado.

Pongo el énfasis en eso, porque no depende de las pymes, no afecta a las pymes, no depende de la economía. Finalmente, es la decisión de usar los recursos de manera eficiente y de hacer cumplir las leyes. Lo digo, porque el informe financiero del ingreso mínimo garantizado indica que está planificado para casi un millón de trabajadores con salario mínimo, y no alcanza a cubrir a doscientos cincuenta mil.

En consecuencia, exijo que el gobierno desarrolle iniciativas y cambios legales, si se quiere, para que el ingreso mínimo garantizado tenga la cobertura que tanto el gobierno como el Congreso Nacional quisieron que tuviera.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, como dijo mi colega Pepe Auth , hemos llegado a esta última instancia como todos los años, pero con la tranquilidad -lo conversamos con mis colegas de la Comisión de Trabajode haber hecho todo lo posible para subir el monto.

Hicimos todos los esfuerzos. Como relató el diputado Pepe Auth , esta iniciativa fue a comisión mixta, volvió, tuvo vetos, y dijimos de todas las maneras y formas posibles que este reajuste era miserable, y sigue siendo miserable: eran cincuenta pesos diarios, y lo que hicimos hoy fue subirlo a doscientos pesos diarios.

Pero llegado este momento, yo, por lo menos, tengo la tranquilidad de haber hecho todos los esfuerzos necesarios para subir el monto. Propusimos todas las soluciones posibles al gobierno; le pedimos que hiciera un reajuste real, bueno, digno, con subsidio a las pymes, pero no nos escuchó. Le pedimos subirlo de aquí a diciembre y adelantar la discusión a enero, pero tampoco nos escuchó.

Tampoco tuve respuesta -le pregunté varias veces al ministro respecto de qué le decimos a quienes hoy nos dicen que, después del estallido social, más de tres mil empresas -este dato es de diciembre-, sin ninguna ley -por favor, escuchen esto: ¡sin ninguna ley!subieron el sueldo mínimo a quinientos mil pesos. O sea, nos dicen que todo lo que veníamos diciendo durante años no estaba tan equivocado. Hoy día hay empresas en Chile que pueden pagar quinientos mil pesos de sueldo mínimo, que pueden pagar un sueldo acorde con las utilidades que tienen esas empresas.

Siempre dijimos que había que ayudar a las pymes. Por supuesto -eso lo tenemos claro-, el subsidio tiene que ir a las pequeñas empresas, pero hagamos un buen reajuste, un reajuste digno.

Nunca tuve respuesta respecto de esa cantidad de empresas -hoy deben ser muchas más que se han ajustado, que se han dado cuenta y que han tenido la sensibilidad social de pagar realmente un sueldo digno de quinientos mil pesos líquidos.

Siempre dijimos que las empresas podían hacerlo. Por lo tanto, no entiendo la constante negativa del gobierno a entregar un buen reajuste, que realmente mejore la capacidad monetaria de los trabajadores.

Durante años, en todas las discusiones, no solamente este ministro de Hacienda, sino también nuestros ministros de Hacienda, nos decían lo mismo: que estábamos equivocados.

Hemos dicho que con un reajuste digno, un reajuste real, un reajuste bueno, se va a activar la economía nacional, y hoy lo reiteramos, porque tenemos un ejemplo: el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP es el mejor ejemplo para demostrar que se activó la economía nacional. Por eso, todos -hasta los economistas que siempre se negaban salieron a aplaudir ese retiro de fondos.

Por lo tanto, no es tan loco decir que un buen reajuste, un reajuste alto, va a activar la economía nacional y le va a dar movimiento.

Lamento mucho que hayamos llegado a esta instancia sin haber sensibilizado al gobierno, para haber entregado un reajuste superior, porque, como dije, estamos hablando de subir de cincuenta a doscientos pesos al día.

A pesar de todo lo que he dicho, yo voy a votar a favor el proyecto, porque siento que no tengo ningún derecho para no hacerlo; no me puedo negar a entregar esa posibilidad, porque sé que hay personas y trabajadores que necesitan esos 6.000 pesos y tengo la tranquilidad de haber hecho todos los esfuerzos necesarios para haber subido ese monto. En esta última instancia, no nos queda más que aprobar este proyecto para dar a esos trabajadores la posibilidad de que reciban esos 6.000 pesos.

Entiendo que los colegas que se van a abstener lo harán para dar una señal política. Pero este proyecto se va a aprobar, porque en el Congreso Nacional no tienen el derecho de privar a los trabajadores de este reajuste de 6.000 pesos, aunque sea muy poco.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad del proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Marcela Hernando , Joanna Pérez , Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans , y de los diputados señores Karim Bianchi , Tucapel Jiménez , Cosme Mellado , José Pérez , Alexis Sepúlveda y Gabriel Silber , que modifica el Código del Trabajo para establecer que la indemnización por años de servicios se cancele a los familiares de trabajadores fallecidos en accidentes del trabajo o de trayecto.

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, en primer lugar, debo señalar que el título asignado al proyecto por la Secretaría en la Cuenta de hoy no es el más adecuado. Lo digo, porque no es efectivo que se refiera solo a los trabajadores fallecidos por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, sino que es para los trabajadores fallecidos en cualquier circunstancia.

Así, el título más justo sería: “Modifica el Código del Trabajo para establecer que la indemnización por años de servicio se cancele a los familiares de trabajadores fallecidos en cualquier circunstancia”.

Según lo contemplado en el informe de inadmisibilidad, este proyecto colisiona con las facultades del artículo 65, numeral 4°, de la Constitución Política de la República, las que son exclusivas del Presidente de la República. Me corresponde defender su admisibilidad, toda vez que este proyecto no atenta contra la Constitución Política de la República y mucho menos contra las facultades exclusivas del Presidente de la República.

En primer lugar, quiero relevar que la indemnización por años de servicio es un derecho de los trabajadores que se encuentra debidamente normado. No obstante, existe un vacío respecto de aquellos trabajadores que dejan de trabajar por fallecimiento, que obviamente no la perciben en razón de su ausencia.

Este proyecto consiste en hacer aplicable y trasmisible el pago de la indemnización por años de servicio bajo el mismo cálculo y requisitos si el trabajador o la trabajadora fallece en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de robustecer el apoyo a los familiares en caso de muerte del trabajador.

Se trataría de una indemnización que va directa a los familiares y supone un escenario en el cual el trabajador no está presente. Así, no altera las formas de cálculo ni los montos. Por lo tanto, no atenta contra las facultades exclusivas del Presidente de la República.

Debo destacar que este proyecto traspasa un derecho y no un beneficio, ya que la indemnización por años de servicio es un derecho adquirido. Aquí no hay ningún beneficio tácito y reiterado, sino un derecho que actualmente solo opera ante determinados supuestos, y solo con el trabajador, cuestión que hoy pretendemos ampliar.

La indemnización constituye una seguridad para los trabajadores y trabajadoras, tomando en consideración, principalmente, que son la parte más débil en la relación contractual. Si estos mueren en el ejercicio de sus funciones, es un deber moral permitir el traspaso de la indemnización, independientemente de los otros mecanismos existentes.

No obstante los argumentos anteriores, es necesario hacer presente que las partes podrían, de mutuo acuerdo, en virtud de los principios de la contratación, como la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, establecer un acuerdo en esta línea, sin atentar en ningún momento contra la Constitución.

A mayor abundamiento, se debe mencionar que el Código del Trabajo contempla acuerdos indemnizatorios a todo evento en su artículo 164, teniendo en consideración ciertos requisitos, por lo que nuevamente se evidencia que este proyecto es admisible.

Lamentablemente, observamos este mecanismo de indemnización a todo evento solamente en las grandes empresas y en contratos o convenios colectivos, pero no en pequeñas y medianas empresas.

Reitero que este proyecto no atenta contra ninguna disposición constitucional ni modifica, en lo más mínimo, la indemnización por años de servicio en su cálculo, por lo que hago un llamado a la aprobación de su admisibilidad y a que se tramite para que pueda ser perfeccionado tanto en su técnica legislativa como en su objeto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para sostener la inadmisibilidad y la opinión de la Mesa, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, primero, quiero destacar que la finalidad del proyecto es muy loable y es muy noble, porque permitiría que los familiares heredaran la indemnización por años de servicio que el trabajador fallecido, principalmente por accidente del trabajo o de trayecto, pudiera recibir.

Sin perjuicio de ello, se trata claramente de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en atención a lo establecido en el artículo 65, número 4°, de la Constitución Política. El proyecto cambia la naturaleza jurídica de la indemnización, porque establece una indemnización y cambia el sentido de la misma, porque la transforma en heredable. Por lo tanto, la forma de determinación de este beneficio económico, como lo establece claramente el artículo 65, número 4°, es facultad exclusiva del Presidente de la República, porque dejaría de ser una indemnización por años de servicio, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código del Trabajo, y se convertiría en un beneficio económico heredable. En consecuencia, cambiarían las condiciones previamente establecidas en la ley, y la indemnización tendría una finalidad y una naturaleza obviamente distintas. Ello coincide plenamente con lo establecido en el artículo 65, número 4°, que dispone que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para determinar el beneficio económico para fijar las remuneraciones, en este caso, del sector privado.

El proyecto busca algo que, además, es muy necesario, porque los familiares del trabajador fallecido quedan desprovistos absolutamente de cualquier tipo de ingreso cuando ocurre esa desgracia; pero claramente lo que se propone es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por las razones anteriormente expuestas, creo que queda claro que el proyecto coincide con las materias dispuestas en el artículo 65, número 4°, pues altera la naturaleza propia de la indemnización por años de servicio y la convierte en un beneficio heredable, lo que altera la forma de determinación del mismo.

He dicho.