Labor Parlamentaria

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda, en cumplimiento de lo acordado por la Sala del Senado en sesión del día 27 de octubre del año en curso, tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley indicado en la suma, iniciado en Mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michele Bachelet, en tercer trámite constitucional en esta Corporación, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión trató esta iniciativa asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Juan Castro y el Honorable Diputado señor Giorgio Jackson.

Asimismo, concurrieron, del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Ignacio Briones; la Coordinadora de Mercado de Capitales, señora Catherine Tornel; el Jefe de asesores y Coordinador de Finanzas Internacionales, señor Andrés Pérez; el asesor de Mercado de Capitales, señor Juan Pablo Loyola, y el Coordinador Legislativo, señor José Riquelme.

De la Comisión para el Mercado Financiero, el Presidente, señor Joaquín Cortez; el Comisionado, señor Mauricio Larraín; el Intendente de Seguros, señor Daniel García; el Intendente de Regulación de Bancos, señor Luis Figueroa; el Jefe Área Jurídica Valores y Seguros, señor José Antonio Gaspar; la Directora Jurídica Bancos (s), señora Carolina Álvarez; la Directora de Estudios, señora Nancy Silva, y la Jefa de Gabinete del Presidente, señora Gabriela Gurovich.

De COOPERA (Cooperativas de Ahorro y Créditos Asociadas), el Gerente, señor Pedro Pablo Lagos.

De BancoEstado, el Gerente General Ejecutivo, señor Juan Cooper, y el Gerente División Marketing y Clientes, señor Leopoldo Quintano.

De Felices y Forrados SpA, el Fundador, señor Gino Lorenzini.

De Cajas de Chile A.G. (Asociación de Cajas de Compensación y Asignación Familiar), el Presidente, señor Tomás Campero.

De Retail Financiero, el Vicepresidente Ejecutivo, señor Claudio Ortiz; el Gerente Área Seguros, señor Fernando Peirano, y el asesor, señor Jaime Lorenzini.

De la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., el Presidente, señor Mario Gazitúa, y el Vicepresidente Ejecutivo, señor Jorge Claude.

De Fecrecoop Chile Ltda. (Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Préstamos Solidarios), el Presidente, señor Guillermo Aqueveque, y la Gerente, señora María Angélica Muñoz.

Los Economistas, señor Rodrigo Valdés y señora Andrea Butelmann.

Del Banco Central de Chile, el Presidente, señor Mario Marcel; el Vicepresidente, señor Joaquín Vial; el Fiscal, señor Juan Pablo Araya; la Gerenta División Política Financiera, señora Solange Berstein; el Gerente Infraestructura y Regulación Financiera, señor Gabriel Aparici, y el profesional de la Gerencia de Informática, señor Fernando Coulon.

De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G., el Presidente, señor José Manuel Mena; el Gerente General, señor Luis Opazo, y el Fiscal, señor Juan Esteban Laval.

De la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME), el Presidente, señor Hector Sandoval, y el Abogado Asesor, señor Carlos Boada.

De la Asociación de Corredores de Bancaseguros A.G., la Gerente General, señora María Isabel Aranda, y el Asesor Legal, señor Antonio Villalobos.

De la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), el Presidente, señor Hernán Calderón.

La asesora del Honorable Senador García, señora Valentina Becerra.

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En sesión de 28 de octubre de 2020, la Comisión escuchó en primer término al Ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Proyecto de ley que modifica las leyes N°18.045 y 18.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados

Agenda

1. Fundamentos de la iniciativa y por qué regular el mercado financiero;

2. Indicaciones rechazadas por la Cámara de Diputadas y Diputados;

3. Modificaciones incorporadas por la Cámara, que tienen efectos indeseados.

Fundamentos de este proyecto de ley

1. Comisión Engel;

2. Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados;

3. Recomendaciones FNE;

4. Agenda Trato Justo con el Consumidor Financiero

4.1. Medidas para fortalecer la supervisión y persecución de abusos de mercado;

4.2. Aumento de las sanciones administrativas y penales por abusos de mercado;

4.3. Perfeccionamiento de herramientas preventivas en materia de abusos;

4.4. Modificaciones al mercado de seguros

¿Por qué es necesario regular el comportamiento de los agentes?

El mercado financiero presenta debilidades en materias de transparencia y es fundamental eliminarlas para mejorar su funcionamiento. Generalmente, los más afectados son los participantes menos sofisticados y protegidos del mercado.

El proyecto de ley aumenta:

- La protección a los inversionistas minoritarios.

- La transparencia en el mercado de valores.

- La fiscalización sobre entidades que ofrecen productos y servicios de inversión.

Indicaciones del Ejecutivo rechazadas por la Cámara de Diputadas y Diputados

Indicaciones del Ejecutivo rechazadas en la Cámara

Artículo 171 del DL 3.500

Regula la prestación de asesorías de inversión. Se rechazó (texto en rojo propuesto por el Ejecutivo:

“Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará como asesoría previsional toda aquella que se preste en forma remunerada o en forma habitual, aunque no sea remunerada. Una norma de carácter general de la Superintendencia, determinará los requisitos que deberá cumplir una asesoría para ser considerada como habitual.”.

• Debido a la importancia de los ahorros previsionales en el sistema financiero, es fundamental que quienes puedan causar movimientos de fondos estén regulados.

• La asesoría previsional puede tener importantes efectos nocivos, sea remunerada o no.

• La inclusión de asesorías habituales no remuneradas sigue el mismo razonamiento que la inclusión de las asesorías no personalizadas.

• Son múltiples las formas en las que podrían obtener una ganancia, además de la remuneración.

Artículo 19 ter de la Ley 18.010

Se rechazó el siguiente texto en rojo incluido como oración final al nuevo artículo 19 ter de la Ley Nº 18 010:

“Dichas comisiones no serán consideradas intereses, según se define en el artículo 2º de la presente ley”.

• La norma propuesta en rojo buscaba diferenciar los conceptos de “comisión” e “interés” para evitar cobros adicionales.

• La norma fue preparada en conjunto con la CMF.

• Para rechazar el texto en rojo se argumentó, por ejemplo, que en créditos con reajuste, todo monto pagado por sobre el capital reajustado es interés. Sin embargo ello no es correcto, ya que implicaría desconocer la existencia de comisiones (por servicios efectivamente prestados) reconocidas en nuestra legislación.

Modificaciones incorporadas por la Cámara, que tienen efectos indeseados

Cambios aprobados que tienen efectos indeseados

Artículo 36 de la Ley 18.046

Se agregó un nuevo numeral 5) al art. 36 de la Ley 18.046, que prohíbe que exautoridades o funcionarios (senadores, diputados, alcaldes, ministros, subsecretarios, embajadores, CMF, etc) asuman como directores de S.A.A. antes de 12 meses de cesados en su cargo.

• Se argumenta que dichos ex funcionarios cuentan con información obtenida en sus cargos, sin embargo, dicho argumento es aplicable para otros casos que están no incluidos en la indicación de 12 meses, como los corredores de bolsa.

• Es demasiado restrictivo y no se incluyen compensaciones por limitar el campo laboral.

• En caso de querer proceder con dicha restricción, se debiese abordar el tema de forma integral, incorporando todas las eventuales incompatibilidades aplicables a ex funcionarios públicos.

• La mayoría de los cargos no dicen relación alguna con S.A.A.

• Los funcionarios de la CMF ya cuentan con sus propias restricciones.

Artículo 3 del proyecto: Regula la prestación de asesorías de inversión.

Se suprimieron los siguientes incisos 8º y 9º.

“Sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, quienes presten asesorías de inversión de manera habitual sin estar previamente inscritos en el Registro establecido en el presente artículo o cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada.

Por su parte, sufrirán la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, los que, con el objeto de inducir a error, difundan información falsa o tendenciosa, aun cuando no persigan con ello obtener ventajas para sí o terceros.”.

• Esta norma fue aprobada por el Senado;

• Se buscaba regular y sancionar a esquemas fraudulentos, ya que hay quienes se han hecho pasar por asesores de inversión y han causado perjuicios a otros, especialmente de menor ingreso (ej. estafas piramidales o caso “AC Inversions”).

• Dañan la fe pública, y sobre todo, a personas más desprotegidas.

Artículo 173 del DL 3.500: que regula a las Entidades de Asesoría Previsional

Se suprimió el siguiente numeral 6) del art. 4 del proyecto, que fue aprobado por el Senado:

“Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia de Pensiones la constitución de una garantía, mediante boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros que al efecto autorice la Comisión para el Mercado Financiero, para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional.

La garantía a que se refiere el inciso precedente deberá constituirse por el monto que determine la Superintendencia de Pensiones, según los parámetros establecidos en una norma de carácter general que dicte para tal efecto. Sin perjuicio de lo anterior, el referido monto no podrá ser menor a 500 unidades de fomento, ni mayor a 60.000 unidades de fomento”.

Artículo 173 del DL 3.500: Regula a las Entidades de Asesoría Previsional.

Se suprimió lo aprobado por el Senado, en el numeral 6) del art. 4 del proyecto:

• El objetivo de la indicación era darle más opciones a los asesores, permitiendo que también tomen boletas de garantía y no solo pólizas de seguro (según información otorgada por la SP y por los mismos asesores, les cuesta contratar pólizas de seguros).

• Se argumentó que el límite de UF 60.000 es muy alto. Sin embargo, la legislación vigente ya contempla el monto máximo de UF 60.000.

Artículo 177 del DL 3.500

Se eliminó la letra b) del numeral 10 del art. 4 del proyecto de ley por tanto se reincorporó texto en rojo:

“las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán conjuntamente una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.”.

• No tiene sentido incorporar el texto en rojo, ya que la misma Cámara aprobó que la fiscalización de los asesores previsionales quede en manos únicamente de la SP.

Artículo 12 del DFL 251

Indicación del Ejecutivo crea un nuevo sistema de consulta de seguros, sin embargo la Comisión de Hacienda de la Cámara agregó la frase en rojo:

“Créase un sistema de consulta de seguros, digital, interconectado en tiempo real y automático…”.

• El nuevo sistema de consulta será administrado por la CMF, la cual formó parte de la propuesta contenida en el proyecto de ley. La CMF analizó la posibilidad de que fuera interconectado en tiempo real y automático, pero después determinaron que era impracticable porque, además de ser un sistema extremadamente caro y sofisticado, se requeriría que todas las compañías de seguros modificaran sus sistemas informáticos.

• La indicación es inadmisible, ya que implica gasto público.

Artículo 40 del DFL 251

Regula la licitación de seguros relacionados a créditos hipotecarios. Se agregó el siguiente párrafo al numeral 1. del inciso primero del art. 40 del DFL 251:

“La prima de los seguros que se contraten en virtud del presente artículo, serán pagados en partes iguales por la entidad crediticia y sus deudores.”.

• Se confunde la naturaleza del contrato. La indicación constituye una especie de prestación gratuita obligatoria de parte las instituciones financieras.

• Esto implica que las instituciones incrementarán sus tasas de interés para hacer frente al deterioro de la cartera de crédito y reducirán el otorgamiento de créditos a sectores más riesgosos, ya que solo entregarán créditos a los sectores más solventes y seguros.

• Esta indicación va en contra de la inclusión financiera.

Artículo 40 del DFL 251

Regula la licitación de seguros relacionados a créditos hipotecarios. Se agregó un nuevo numeral 9 al inciso primero del art. 40 del DFL 251:

“9. No podrán participar de la licitación las empresas que de conformidad al artículo 100 de la ley Nº 18.045 sobre mercado de valores, tengan la calidad de empresa relacionada con la entidad crediticia.”.

• El Ejecutivo introdujo una modificación al art. 40 del DFL 251 que regula los procesos de licitación de seguros asociados a los créditos hipotecarios, en donde se consideraron propuestas de la FNE para incentivar la competencia.

• Sin embargo, ni el Ejecutivo ni la FNE propuso prohibir la participación de entidades relacionadas.

• Al prohibir la participación de entidades relacionadas se está eliminando, a priori, un participante, por lo que se disminuye la competencia.

• Se debe tener presente que estos seguros se contratan mediante licitación pública obligatoria.

Artículo 520 bis del Código de Comercio (nuevo)

Se agregó un nuevo artículo 520 bis al Código de Comercio. Regula el “interés asegurable” en los seguros asociados a obligaciones de crédito.

• Determina que la prima de los seguros asociados se pague en partes iguales entre la entidad financiera y el deudor.

• Señala que la porción de la prima correspondiente a la comisión por licitación debe ser carga exclusiva de la entidad crediticia.

• Los seguros contratados en contravención de estas normas serán nulos y el asegurador deberá restituir las primas recibidas.

• Se reiteran los argumentos respecto al pago de la prima en partes iguales, ya incluido en art. 40 del DFL 251.

Artículo 538 bis del Código de Comercio (nuevo)

Se agregó un nuevo art. 538 bis al Código de Comercio. Regula los seguros asociados a productos o servicios financieros.

• Se elimina la posibilidad de que, con ocasión de la contratación de un crédito, se contraten seguros distintos a aquellos en los que el beneficiario es el acreedor y que digan estricta relación con los riesgos propios del endeudamiento.

• Se reitera el pago de la prima en partes iguales.

• Se amplía el retracto a aquellos seguros que tengan estricta relación con los riesgos propios del endeudamiento (no está claro qué se entiende por dicho concepto).

• El problema real radica en la transparencia e información que se le entrega al cliente, no en la simultaneidad de la contratación.

Artículo 538 ter del Código de Comercio (nuevo)

Se agregó un nuevo art. 538 ter al Código de Comercio. Prohíbe pagar incentivos económicos que incentiven a los empleados a incluir productos que no se vinculen con el riesgo asegurado.

• No se identifica a quién aplica la norma.

• No tiene relación con la materia discutida, ya que no busca que los contratantes estén lo más informados posible.

• Los incentivos mencionados son fundamentales para el desarrollo de la industria. No deben solo incentivar la venta, sino que también deben impulsar que dicha venta sea adecuada.

• Lo relevante es la trasparencia de la información y la asesoría adecuada, no la prohibición total de incentivos.

• Eliminar esto podría significar una disminución en el ingreso de trabajadores que ofrecen seguros en forma legítima y transparente.

Efectos adicionales de los cambios a los artículos 40 del DFL Nº 251 y 520 bis, 538 bis y 538 ter del Código de Comercio:

• Aumento en las Tasas de los créditos. Ejemplos para un nuevo crédito (Banco Estado):

i. Crédito Hipotecario de 2.000 UF a una tasa UF+ 1.99% anual a 20 años, el dividendo es $311.165. De este dividendo alrededor de $22.000 son las primas de seguros (desgraven e incendio). Para financiar el 50% de la prima del seguro la tasa subiría de 1,99% a 2,42% (incremento de un 22%).

ii. Crédito de Consumo de $2.000.0000 a una tasa 1,55% a 36 meses, el valor cuota con los seguros son $78.076. Los seguros son $5.200 (desgravamen y cesantía). Para financiar el 50% de la prima del seguro la tasa mensual subiría de 1,55% a 1,76% (incremento de un 14%).

• La opción de traspasar los mayores costos a los precios de los productos (tasa) no es factible en muchos casos, por cuanto las tasas estarán topadas por la Tasa Máxima Convencional (TMC).

• Desbancarización: este cambio puede generar un importante efecto de desbancarización.

• Limitación del acceso al crédito e incentivo de la informalidad, con mayores tasas de interés, y distintos mecanismos de cobranza utilizados por estas entidades no reguladas.

• Para las microempresas, impacto en el consumo y en la reactivación de la economía.

• Discriminación por mayor riesgo de los clientes.

• Para disminuir el riesgo, se acortarán los plazos de los créditos, con lo cual aumentará el dividendo y por tanto la exigencia de mayor renta para acceso al crédito, dejando fuera a segmentos de clientes más vulnerables.

• Otorgamiento de créditos sin seguros. Implica desprotección para el cliente por riesgos de: fallecimiento (deuda se traspasa a la sucesión), cesantía (con deuda y sin trabajo) e incendio (con deuda y sin casa).

• Por todas estas razones las indicaciones fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Artículo 10 de Ley Nº 18.010

Se agregó el siguiente inciso tercero al art. 10 de la Ley Nº 18.010:

“En estos casos sólo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital, en las condiciones pactadas, hasta la fecha en que se realiza el pre pago. Lo que el deudor hubiere pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa.”.

• Se modifica la forma de cálculo de interés para efectos del prepago.

• No queda claro si aplica para contratos vigentes. En dicho caso podría ser inconstitucional.

• Modificar las reglas de cálculo de interés aumentaría la tasa de interés en el mediano plazo y afectaría seriamente la estabilidad del sistema financiero.

Artículo 16 de Ley Nº 18.010

Se agrega el siguiente inciso segundo al art. 16 de la ley N 18.010:

“Con todo, en obligaciones de hasta 5.000 unidades de fomento en las que el acreedor realice profesionalmente este tipo de operaciones, salvo disposición legal en contra, el interés pactado para el caso de retardo en las obligaciones del deudor no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés solo podrá devengarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida, no podrá acumularse con los intereses remuneratorios y no podrá ser capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo. En caso de contravención se aplicará lo dispuesto por el artículo octavo, y en caso de que corresponda se podrá pedir la nulidad contemplada en el artículo 17 E de la ley Nº 19.496.”.

• La indicación no tiene sentido, ya que significaría que si la tasa del crédito es mayor al interés corriente, a las personas les convendría más pagar con retardo que a tiempo.

• Indicación desincentiva el otorgamiento de créditos por menos de 5.000 UF, son precisamente los créditos que se le otorga a las personas de menores ingresos.

Enseguida, la Comisión escuchó al Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), señor Joaquín Cortez, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Comentarios a algunas normas relativas a seguros, contenidas en el proyecto de ley boletín N° 10.162-05

Nuevas Exigencias de Transparencia y Responsabilidades de Agentes de Mercado

Antecedentes del proyecto de ley

• Durante la tramitación del proyecto de ley que establece Nuevas Exigencias de Transparencia y Responsabilidades de Agentes de Mercado se incorporaron una serie de modificaciones al artículo 40 del DFL 251 y al Código de Comercio, que se resumen en los siguientes puntos:

1. Se plantea un cofinanciamiento de la prima entre el banco o institución financiera y el deudor, respecto de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero.

2. Se limita la participación en licitaciones de seguros asociadas a créditos hipotecarios a las empresas que tengan la calidad relacionada (aseguradoras y corredoras de seguro) con la entidad crediticia.

3. Se prohíbe la suscripción de seguros junto a los contratos de crédito, que no digan estricta relación a los riesgos propios del endeudamiento, otorgando el derecho de retracto al asegurado sin distinción del tipo de cobertura.

4. Se prohíbe a los bancos e instituciones financieras pagar incentivos económicos con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito, que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado.

Consideraciones previas

• La CMF considera que parte de su mandato legal de velar por la solvencia de las entidades bajo su perímetro de supervisión y el desarrollo del mercado financiero es alertar respecto a las consecuencias que pudieran tener algunos de los cambios que incorpora el proyecto.

• La tasa de interés refleja, entre otros factores, el riesgo de la operación crediticia. A mayor riesgo mayor tasa de interés y viceversa. Con la utilización de seguros se mitigan potenciales de riesgos de no pago por la ocurrencia de algún tipo de siniestro (muerte, incendio, desempleo, etc) y, por lo tanto, baja el riesgo y consecuentemente, la tasa de interés.

• La incidencia legal de un cobro no es necesariamente lo mismo que su incidencia económica. Independiente de la distribución determinada en la ley, las instituciones financieras reflejarán en el precio (tasa de interés) los costos subyacentes de la operación de crédito (elasticidad).

• Se logra transparencia en precios, en la medida que la tasa de interés refleje adecuadamente el costo del crédito.

• Si la tasa no tiene la flexibilidad para ajustarse se pueden producir exclusiones o incrementos de las tasas que resulten subóptimos.

Comentarios al texto aprobado en la Cámara

1. Cofinanciamiento de la prima entre el banco o institución financiera y el deudor, respecto de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero.

• En los términos aprobados, la medida aplicaría a los nuevos créditos firmados con posterioridad a la vigencia de la ley y al stock de créditos vigentes en la cartera de las entidades financieras.

• Respecto del stock, importa un costo para las entidades crediticias no considerado al entregar el crédito y que no puede recuperarse. Esto es particularmente relevante para créditos hipotecarios donde la tasa de interés es fija por muchos años.

• Respecto de nuevos créditos, una parte del costo del seguro se traspasaría a la tasa de interés, encareciendo el costo del crédito.

• Lo anterior podría tener impactos adversos en la inclusión financiera formal y bancarización, sobre todo de segmentos de menores ingresos cuyo riesgo de crédito no queda cubierto por la TMC.

• Al analizar el tipo de crédito y los seguros asociados se puede observar una situación distinta en los créditos de consumo e hipotecarios.

a) Impacto en Inclusión Financiera

• Para tener una aproximación al impacto de esta medida en la inclusión financiera se consideró un aumento en la tasa de interés de los créditos igual a la mitad del costo de la prima de seguros. Utilizando el costo de un seguro tipo se obtuvo que la indicación propuesta generaría un aumento efectivo de 11,1% en el costo de los créditos hipotecarios y de 11,9% en el caso de los créditos de consumo.

• Con los supuestos anteriores, se estimó que a nivel agregado un 12,6% de las operaciones en cuotas podrían quedar restringidas dado que sobrepasarían la TMC vigente (236 mil operaciones en doce meses). En términos de montos, el ratio es de 6,3%.

• Los cálculos representan solo una parte del efecto ya que consideran créditos en cuotas de bancos pero no incluyen líneas de crédito ni tarjetas. Tampoco considera otros oferentes de crédito que alcanzaría el proyecto.

• El efecto se debiese ir mitigando en el tiempo por alzas dinámicas en la TIC al incorporar nuevas operaciones en los cálculos para la TMC, pero este eventual traspaso no es directo por lo que los efectos en exclusión se pueden mantener.

b) Impacto en Solvencia

• Si se considera que el costo de los seguros será financiado en un 50% por las entidades (y el 100% de la comisión de corretaje). Considerando solo los datos de bancos en créditos hipotecarios (incluido Coopeuch y dos filiales de leasing) los costos agregados serían los siguientes:

• Por concepto de comisiones de corretaje anualmente los bancos asumirían un costo aproximado de MMUS$ 53.

• Por concepto de primas de seguros asociados a créditos hipotecarios tanto de desgravamen e incendio, incluidas las coberturas de invalidez y sismo, respectivamente, la mitad del costo que los bancos tendrían que financiar ascendería aproximadamente a MMUS$ 201 anuales (considerando la comisión antes descrita).

• Estos costos pueden asumirse directamente como menores utilidades asociadas al stock de créditos, lo que también pueden transformarse en mayores tasas de créditos futuros. En este caso la tasa de interés no tienen un techo que limite hoy la aplicación de aumentos de tasas, aunque la dificultad inherente es que el precio de los seguros varía en cada licitación (cada 1 o 2 años).

2. Restricción a la participación en licitaciones de seguros asociadas a créditos hipotecarios a las empresas que tengan la calidad relacionada (aseguradoras y corredoras de seguro) con la entidad crediticia.

• La norma limita la competencia en las licitaciones, no observándose los beneficios que podría traer aparejada esta disposición teniendo en cuenta que:

- El esquema de licitación del art. 40 vigente considera la adjudicación al menor precio. Por otra parte, este mismo proyecto incorpora la prohibición de reemplazar al corredor incluido en la oferta (tema ya expuesto por la FNE).

Cabe precisar que desde la vigencia de la ley en 2012 los precios de los seguros de desgravamen han caído respecto de los valores de estos seguros previos a la ley.

• Como medida complementaria que permita reforzar el objetivo de clarificar las condiciones de precio de los seguros, aumentar la competencia en el proceso licitatorio y mejorar la eficiencia, podría analizase la opción de:

- Establecer en el proyecto de ley que no procede el cobro de comisión por servicios de recaudación a favor de entidades crediticias durante el proceso de licitación y posteriormente durante la vida del seguro, en cuyo caso dichos costos tendrían que ser asumidos por los oferentes de crédito. (Tema propuesto por la FNE).

3. Se prohíbe la suscripción de seguros junto a los contratos de crédito, que no digan relación a los riesgos propios del endeudamiento, otorgando el derecho de retracto sin distinción del tipo de cobertura.

• Se permite la contratación de cualquier cobertura, en la medida que sea beneficiario de la indemnización el acreedor y que diga relación a esa operación.

Propuestas específicas de la CMF

• No se define el concepto de “riesgos propios del endeudamiento”, lo que resulta necesario para determinar qué coberturas son las que no se pueden contratar.

• Se establece un derecho a retracto. Si la operación crediticia se contrata con seguros, ello está considerado en la evaluación de riesgo, sea al definir la tasa, sea para definir el otorgamiento.

• Por lo mismo, no resultaría apropiado el retracto en el caso específico de estos seguros que cubren riesgos de endeudamiento, como sí aplica completamente en cualquier otro tipo de cobertura no asociado al crédito.

• Es conveniente establecer una delimitación de cuáles serían estas coberturas, lo que podría resolverse a través de un ajuste legal que delegue en una norma de carácter general de la CMF a fin de evitar que se diseñen múltiples coberturas en que sea beneficiario el acreedor.

4. Se prohíbe a los bancos e instituciones financieras pagar incentivos económicos con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito, que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado.

• La propuesta implica un cambio relevante en la comercialización de seguros asociados a canales masivos que por su impacto, requiere un análisis mayor a riesgo de generar una traba en el desarrollo de la actividad.

• La penetración de seguros es una forma de inclusión financiera que genera grados deseables de resiliencia en la población y, por tanto, organismos internacionales relevantes como la Access to Insurance Initiative (A 2 ii) promueven su desarrollo.

Conclusiones generales

• La CMF recomienda no innovar en un cofinanciamiento de la prima entre el banco o institución financiera y el deudor, respecto de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero. Ello atendiendo que los efectos de una medida de este tipo pueden subir el costo del crédito.

• La propuesta contrasta con el positivo balance en cuanto a cobertura y reducción de precios que se derivan de la aplicación del esquema de licitación de seguros asociados a créditos hipotecarios, vigente desde 2012 a través del artículo 40.

• Sin perjuicio de lo anterior, la CMF plantea algunos ajustes adicionales que apuntan al mismo objetivo y que están alineados con propuestas de la FNE, tales como restringir cobros de los costos de recaudación por parte de entidades crediticias durante el proceso de licitación y posteriormente en la vida del seguro.

• Si se persevera en el cofinanciamiento de seguros asociados a créditos hipotecarios, es importante aclarar que la medida no debiese aplicar sobre el stock vigente de créditos hipotecarios.

• En consumo la CMF recomienda analizar este cofinanciamiento de primas de seguro con cuidado por las eventuales consecuencias en exclusión y no permitir retracto en seguros que cubren riesgos propios del endeudamiento bajo un marco normativo claro que defina la CMF a través de una NCG.

• La CMF recomienda no excluir a empresas relacionadas en licitación del artículo 40 ya que se corre el riesgo de reducir la competencia.

A continuación, la Comisión recibió a COOPERA (Cooperativas de Ahorro y Créditos Asociadas), cuyo Gerente de COOPERA, señor Pedro Pablo Lagos, efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

PRESENTACION DE COOPERA A LA COMISION DE HACIENDA DEL SENADO

Quiénes Somos:

COOPERA, es la Asociación Gremial que reúne a seis cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la CMF, con más de 1.500.000 asociados de Arica a Punta Arenas.

Cifras del Sector:

- Entre Cooperativas fiscalizadas por la CMF y por el DAES del Ministerio de Economía, que agrupan a MM1,6 de las cuales MM 1,5 pertenecen a Coopera.

Sectores que atienden las Cooperativas:

- Pequeños agricultores

- Microempresarios

- Pensionados

- Empleados sector público y privado con y sin informes comerciales.

Importancia del Sector:

- Desarrollo económico y social, ¿Cómo cumplimos ese rol?, promoviendo la inclusión financiera, al ofrecer productos y servicios de ahorro y crédito a personas y empresas que en general no tienen acceso a ellos mediante otros sistemas, como los mencionados anteriormente.

Visión de Coopera sobre el proyecto de ley:

Respecto de que los seguros asociados a operaciones de créditos serán pagados en partes iguales entre el deudor y la institución financiera, creemos importante mencionar los impactos que esto podría significar:

- Solo respecto al sector pasivo de la población, que las CAC atienden, estamos hablando de poner en riesgo de no calificar a 290.000 personas aprox. ya que dicho Riesgo, se traduce en una tasa del crédito más alta, mientras que el espíritu del sector es que el costo del crédito no termine perjudicando a sus socios.

- El incremento de costos que deberá asumir la cooperativa por concepto del pago del 50% del valor de la prima, afectará muy negativamente a muchas cooperativas, dado el efecto en la liquidez mensual que debe desembolsar para el pago del seguro, recordemos que las cooperativas sufren por no tener acceso a financiamiento los últimos años.

- Por último recalcar que en las Cooperativas los socios son dueños de la misma y no existen socios controladores como en las S.A. y por tanto el costo mayor lo terminan pagando los mismos socios.

Respecto de que los deudores asegurados puedan retractarse en un plazo de 10 días, creemos importante mencionar que:

- Hoy los seguros no tienen carácter de irrenunciable y el dar un derecho a retracto de alguna manera, se transformaría en una barrera más de entrada por riesgo, dependiendo el tipo de socio que este postulando al crédito, ya sea por edad o por tipo de industria en la que esté inmerso.

En sesión de 3 de noviembre, la Comisión escuchó al Gerente General Ejecutivo de BancoEstado, señor Juan Cooper, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Impactos del proyecto de ley que modifica el art. 40 de la Ley de Seguros y el Código de Comercio

• Para BancoEstado se facilita la inclusión financiera al contar con acceso a la protección de seguros.

– Canales de distribución propios

– Coberturas a bajo costo

– Acceso a un mayor número de clientes

• Los seguros son una herramienta de protección social a los Mipyme y consumidores.

• En el caso de que el cliente no contrate el seguro queda desprotegido frente a los riesgos de fallecimiento, cesantía, salud, incendio y terremoto.

• BancoEstado al negociar colectivamente logra condiciones más favorables para las carteras masivas.

Impactos en consumidores y Mipymes

• La modificación genera efectos perniciosos para sectores vulnerables que van a terminar fuera del sistema financiero bancario por el encarecimiento del crédito, dado que los bancos asumirán mayores costos, tanto hipotecario como de consumo, con los consiguientes riesgos de informalidad financiera (Desbancarización).

• Para los consumidores implicará desprotección por riesgos de: fallecimiento (deuda se traspasa a la sucesión), cesantía (con deuda y sin trabajo), incendio (con deuda y sin casa).

• Los seguros asociados a un crédito mitigan el riesgo de la morosidad, al disminuirlo permiten que el crédito sea más barato, de lo contrario, el riesgo será incorporado en la tasa.

• BancoEstado juega un rol importante en la reactivación económica. Las indicaciones a este proyecto implicarían un freno a este desafío.

Principales indicaciones que modifica el art. 40 Ley de Seguros y el Código de Comercio

- Pago de la prima en partes iguales entre el acreedor y deudor para seguros asociados a créditos.

- No se podrán contratar seguros protección cliente o voluntarios, junto con el crédito, ni al momento de la apertura del medio de pago.

- Prohíbe a las empresas relacionadas (corredor o compañía de seguros) participar en las licitaciones públicas de seguros hipotecarios de la entidad crediticia.

- El banco deberá pagar la comisión de intermediación en seguros hipotecarios.

- Prohíbe incentivos a trabajadores en la oferta de estos seguros.

Modificaciones al art. 40 DFL 251

Regula la licitación pública de seguros hipotecarios

Se agregó el siguiente párrafo al numeral 1: “La prima de los seguros que se contraten en virtud del presente artículo, serán pagados en partes iguales por la entidad crediticia y sus deudores.”.

• Generará desbancarización y las instituciones otorgarán créditos a segmentos de mayores ingresos.

• Implicará un aumento de las tasas de interés para hacer frente al mayor costo del crédito. Disminuirá el otorgamiento de créditos a sectores más riesgosos.

• Establece una obligación de prestación gratuita de parte de las entidades financieras, confundiéndose al beneficiario final protegido por el seguro.

Se agrega un nuevo numeral 9: “No podrán participar de la licitación las empresas que de conformidad al artículo 100 de la ley N°18.045 sobre mercado de valores, tengan la calidad de empresa relacionada con la entidad crediticia.”.

• La FNE ha instado a incentivar la participación y competencia. Este era el espíritu del proyecto de ley original, y que se busca reforzar. Esta indicación se aleja de dicha finalidad.

• Efecto discriminatorio en el mercado, pues todas las entidades deberían poder participar y ofrecer condiciones en igualdad de condiciones.

• Se debe tener presente que los seguros relacionados a los créditos hipotecarios se contratan mediante licitación pública obligatoria, por lo que con esta indicación se atentaría a la libre competencia.

• Importancia del rol de las corredoras las cuales prestan asesoría y facilitan el cobro de los siniestros, actuando como intermediarios entre el cliente y la compañía aseguradora.

Modificaciones al Código de Comercio en materia de seguros

Se agrega un nuevo artículo 520 bis que regula el “interés asegurable” en los seguros asociados a obligaciones de crédito.

• Se reiteran los argumentos respecto al pago de la prima en partes iguales para seguros asociados a créditos hipotecarios, asunto ya incluido en art. 40 del DFL 251, y señala que la comisión por “licitación” (intermediación) debe ser carga exclusiva de la entidad crediticia.

• La Banca Seguros tiene como beneficiario “final” al cliente y su familia: en caso del fallecimiento (los familiares quedan sin la deuda), en caso de incendio o terremoto (puede reconstruir o reparar la vivienda) y en caso de cesantía (pagar las cuotas de su crédito, sin quedar moroso mientras se reintegra a la vida laboral). Al no contar con estos seguros quedarían desprotegidos afectándose a los sectores más vulnerables. (Ej. Terremoto 27F: 60.720 siniestros. Monto pagado: aprox. UF 3 millones).

• Señala que la porción de la prima correspondiente a la comisión por licitación debe ser de carga exclusiva a la entidad crediticia. Lo que desincentiva el uso de la corredora de seguros, que tienen como propósito prestar servicios al cliente y ser un intermediario entre éste y la compañía de seguros.

• También impacta al segmento de microempresarios, que buscan proteger sus herramientas de trabajo (vehículos, locales, equipamiento).

Se agrega un nuevo art. 538 bis que regula los seguros asociados a productos o servicios financieros.

• Reitera el pago de la prima en partes iguales por acreedor y deudor, y dispone que, con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor.

• Principio que se debe proteger es la transparencia e información que se le entrega al cliente al momento en que se le ofrecen los seguros ya sea para proteger su vida, sus bienes particulares o aquellos para desarrollar su emprendimiento.

• No hay problema con la simultaneidad de la contratación. Lo relevante es una adecuada asesoría y entrega de información para contratar productos de manera libre y voluntaria.

• Se reitera la dificultad que se genera para los sectores masivos el acceder a los seguros en forma individual. Si hubiese acceso, se encarecerían la contratación de estos seguros a los clientes.

Se agrega un nuevo art. 538 ter que prohíbe pagar incentivos económicos que incentiven a los empleados a incluir productos que no se vinculen con el riesgo asegurado.

• No es claro a que aplicaría esta norma, dado que en el artículo 538 bis anterior, se prohíbe la venta de esos seguros.

• Lo relevante es la transparencia de la información y la asesoría adecuada, que permite la contratación voluntaria e informada de productos financieros y no la prohibición total de incentivos.

• Eliminar esto podría significar una disminución en el acceso de los seguros en forma legítima y transparente.

Ejemplo Concreto Cliente BancoEstado

i. Crédito Hipotecario de 2.000 UF a una tasa UF+1,99% anual a 20 años, el dividendo es $311.165. De este dividendo alrededor de $22.000 son las primas de seguros (desgravamen e incendio). Para financiar el 50% de la prima del seguro la tasa subiría de 1,99% a 2,42% (incremento de un 22%).

ii. Crédito de Consumo de $2.000.000 a una tasa 1,55% a 36 meses, el valor cuota con los seguros son $78.076. Los seguros son $5.200 (desgravamen y cesantía). Para financiar el 50% de la prima del seguro la tasa mensual subiría de 1,55% a 1,76% (incremento de un 14%).

Impactos Estimados

• Con los supuestos anteriores, se estimó que a nivel agregado un 12,6% de las operaciones en cuotas podrían quedar restringidas dado que sobrepasarían la TMC vigente (236 mil operaciones en doce meses).

• Los cálculos representan solo una parte del efecto ya que consideran créditos en cuotas de bancos, pero no incluyen líneas de crédito ni tarjetas. Tampoco considera otros oferentes de crédito que alcanzaría el proyecto.

Consideraciones finales

• Desbancarización

• Aumento de costos en los créditos

• Fomenta la informalidad

• Frena la reactivación económica

• Impacta la libre competencia

• Desprotección a los sectores más vulnerables

Enseguida, la Comisión escuchó al Fundador de Felices y Forrados SpA, señor Gino Lorenzini, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

GRAVES ERRORES DE FORMA:

INCONSTITUCIONALIDAD ART 69

ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE

¿IDEAS MATRICES DEL PL 10.162-05? ¿MODIFICABA DL 3.500? NO.

CONSTITUCIÓN

ERRORES DE FONDO:

INCONSTITUCIONALIDAD

1) IGUALDAD ANTE LA LEY

2) LEGITIMO DERECHO A ACTIVIDAD ECONÓMICA

3) NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

4) DERECHO DE PROPIEDAD.

INDICACIONES BOLETIN 10.162-05, IGUALDAD ANTE LA LEY Y LEGITIMO DERECHO DE EMPRENDER ACTIVIDAD ECONÓMICA.

1) Requisito de Capital para constituir una AFP que TOCA el dinero.

5.000 UF o $144.500.000.

2) Requisito para una empresa que brinda sugerencias financieras que NO TOCA EL DINERO 60.000 UF o $1.734.000.000.

3) Se afecta al CONSUMIDOR, precio FyF subiría de $2.000 mensuales a $10.000, afectando a la gente más HUMILDE.

¿Por qué el Ministro Briones, quiere imponer una barrera de entrada arbitraria que es 12 veces superior a una AFP?

INDICACIONES BOLETIN 10.162-05, NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA DEL ESTADO: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

7

1) Sin AUTOR. https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-13911_recurso_1.pdf

2) Marzo 2014 a Enero 2020 ¿por qué no se incorporó pérdida de -17% del Fondo A a Marzo 2020?

3) 495.618 (41%) se cambió 1 vez (por ley al cumplir 51 o 56 años),

En FyF hubo 67 sugerencias entre Marzo 2014 y Enero 2020.

INDICACIONES BOLETIN 10.162-05, 303.000 GANADORES ¿POR QUÉ SP NO ANALIZA A LOS 303.000 GANADORES?

INDICACIONES BOLETIN 10.162-05, ESTUDIO SUECO: MAGNUS DAHLQUIST

- Estudio objetivo CON AUTORES.

- Inversores activos ganan retornos más altos ajustados por riesgo que los inversores pasivos.

- Estudio adjunto por email a la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados.

BOLETIN 10.162-05, ¿POR QUÉ 150.000 CHILENOS PAGAN LIBREMENTE SERVICIO DE INFORMACIÓN DE F&F?

1) Mi AFP me informa que últimos 12 meses he ganado gracias a FELICES Y FORRADOS UF+7,65% en vez de UF+3,89% del FONDO A.

2) Antes de 1999, sólo Fondo C y AFP asumían pérdidas

3) Si les preocupa la ESTABILIDAD DE LOS MERCADOS ¿Por qué no se devuelve la ley a 1998 y todos al Fondo C sin pérdidas?

9 AÑOS DE HISTORIA FYF: SUBIMOS LAS PENSIONES

12

FELICES Y FORRADOS: ACLARACIONES

6. “¿Movimientos masivos de fondo desestabilizan los mercados”?

Recordar también el marco regulatorio: D.L. 3.500

6. “Movimientos masivos de fondo desestabilizan los mercados”

FIAP: Estudio 2007

SISTEMA DE PENSIONES: CONTEXTO

REFORMAS AL D.L. 3.500

FELICES Y FORRADOS: COMUNIDAD FYF MÁS DE 1 MILLÓN DE CHILENOS

La #Comunidad FyF: Ciudadanos opinantes, felices, agradecidos

- Educación y democratización de la información

- “Uso el sistema a mi favor”

- “La verdad está en mi cartola”

Confianza validada en suscriptores y fans:

- 150.000 premium + 100.000 gratuitos

- Facebook 929.000

- Twitter 88.000

- Instagram 132.000

- Youtube 188.000

INDICACIONES BOLETIN 10.162-05, 2 CAMINOS SENADO

ALTERNATIVA 1

- En reforma previsional, regresar DL 3.500 a 1998, regresamos todos al Fondo C, y se devuelve riesgo de pérdida a las AFP. (Deja de existir FyF, pero ganamos 11 millones de trabajadores).

ALTERNATIVA 2

- Se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de las modificaciones al DL 3.500 incumpliendo Art. 69 de la Constitución en PL 10.162-05.

- Que Gobierno incorpore modificaciones en la reforma previsional para regular a FyF.

- Boleta de 5.000 UF y no de 60.000 UF, porque es una discriminación ARBITRARIA que beneficia a las AFP.

A continuación, la Comisión escuchó al Presidente de Cajas de Chile A.G. (Asociación de Cajas de Compensación y Asignación Familiar), señor Tomás Campero, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Normativa de Seguros

Presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado

Contenidos

1. Resumen

2. Antecedentes Cajas de Chile

3. Crédito Social

4. Evaluación Normativa de Seguros en P.L. 10.162-05

Resumen

• Opinión favorable a fortalecer la normativa y las prácticas en el mercado de seguros.

• No obstante, la normativa de seguros propuesta en la iniciativa legal podría no ser la óptima, en particular la relativa al copago de la prima de seguros asociados a los créditos y al derecho a retracto de aquellos que cubren “riesgos propios del endeudamiento” (desgravamen y cesantía):

- Eventualmente, generaría efectos adversos en inclusión financiera: menor acceso al crédito y desincentivo a la incipiente industria de microseguros.

- En particular, podría significar menores beneficios sociales para los afiliados a Cajas de Compensación, con relación a los que actualmente reciben.

• Sugerencia de estudiar alternativas de normativa que cumplan iguales objetivos, minimizando efectos adversos: mejorar fiscalización y multas, competencia, transparencia y educación financiera, etc. Idealmente, abordar integralmente el problema, elaborando un proyecto de ley específico (al igual que lo han hecho varios países OCDE) que estimule la inclusión financiera en seguros (derechos de consumidores, acceso y educación financiera).

Síntesis Cajas de Chile

Avances Cajas de Compensación

18

Rol en Contingencia Sanitaria y Económica (Marzo a Agosto 2020)

Mayores beneficios en salud → 2 millones de prestaciones

- Aumentaron los servicios gratuitos o descuentos en telemedicina, vacunación, exámenes preventivos, farmacias, entre otros.

Atención para adultos mayores y entrega gratuita BIP! TAM

- Acompañamiento: campaña de contactos telefónicos de apoyo y orientación respecto del uso y acceso de los beneficios.

- Evitar adultos mayores asistan a sucursales: opción de apoderados y mandatos, tarjetas de prepago, pago en cuentas bancarias, etc.

- Convenio con Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para entrega gratuita a 500 mil adultos mayores de Región Metropolitana.

Facilitar 32 Centros Recreacionales como Residencias Sanitarias

- Convenio con MINSAL/SENAMA para que 32 centros recreacionales, 1635 camas, sean utilizados como residencias sanitarias durante la contingencia.

Asegurar Operación de Contingencia:

- Reorganización para asegurar entrega de prestaciones legales y beneficios sociales: privilegio de atención por canales remotos.

- 1 millones de Licencias Médicas Pagadas (incluyendo extensión post natal).

- 5 Millones de Asignaciones Familiares (incluyendo pago directo a trabajadores acogidos a Ley de Protección del Empleo).

Facilidades para la solicitud y cobro de prestaciones y beneficios

- Extensión de plazos (hasta seis meses) y suscripción remota de solicitudes, flexibilidad para entrega de antecedentes (ej. licencias médicas, bonos, reembolsos, etc.).

Reprogramación y flexibilidad para pago del Crédito Social

- Cerca de 500 mil afiliados trabajadores (25% cartera) acogidos a reprogramación, $650.000 MM de saldos insolutos de capital.

- Costo financiero asumido por Cajas, sin acceso a medidas de liquidez o garantías estatales.

Crédito Social: Datos y Características

- Las Cajas en su conjunto entregan cerca de 2, 3 millones de créditos al año a 1, 7millones de afiliados.

- Monto total de los créditos entregados asciende a cerca de USD 2.200 millones anuales y USD 3.000 millones en stock.

- Es solicitado mayoritariamente por trabajadores y pensionados con rentas inferiores a 500 mil pesos.

- El promedio de los créditos es cercano a $1 millón. Sin embargo, 800 mil créditos son por montos menores a $100 mil.

- 60% de beneficiarios del crédito social son mujeres.

- Destinos del crédito: 40% de los afiliados que accede a un crédito lo hace para solventar necesidades de salud y educación, 20% lo hace para realizar mejoras en el hogar. También los créditos sociales son utilizados para consolidar sus deudas y ordenar así su situación financiera.

El Crédito Social es parte de los beneficios que entregan las Cajas a sus afiliados, es distinto a un crédito comercial y cuenta con una regulación muy exigente (Circular 2052 de SUSESO):

- No tiene fines de lucro: todo excedente es devuelto a los propios afiliados a través de nuevos créditos o beneficios sociales.

- Es de amplio acceso: inclusive si el afiliado tiene antecedentes comerciales (60% de los beneficiarios del crédito social registran morosidad en el sistema financiero).

- No discrimina: condiciones son parejas para todos, igual tasa de interés para un mismo tramo de monto y plazo del crédito → Fundamental rol del seguro de desgravamen (obligatorio por disposición de Superintendencia de Seguridad Social) y el de Cesantía que es voluntario.

- Limita al sobreendeudamiento: el monto de las cuotas no puede superar ciertos porcentajes del ingreso (ej: máximo de 5% para afiliados con bajas pensiones).

- Disposiciones normativas para flexibilidad de pago y apoyo ante emergencias financieras:

Se permite reprogramar o diferir hasta 6 cuotas, a costo cero o mínimo.

Múltiples casos: menores ingresos, cesantía, enfermedades, auxilio en general.

Recién actualizada (Normativa SUSESO del 16 de abril 2020): se sumaron nuevos casos de suspensión del empleo y reducción jornada laboral.

Evaluación Normativa de Seguros en P.L. 10.162-05

Disposiciones que podrían generar efectos adversos o no cumplir sus objetivos:

1. La prima de seguros asociados a productos o servicios financieros se pagará por partes iguales entre deudor y entidad otorgante del crédito. Nuevo artículo 538 bis del Código de Comercio.

2. El contratante siempre tendrá la facultad de retractarse, dentro del plazo de diez días, contados desde que reciba la póliza. Nuevo artículo 538 bis del Código de Comercio.

3. No podrán celebrarse junto a los contratos de crédito, contratos de seguro que no digan estricta relación con los riesgos propios del endeudamiento. Nuevo artículo 538 bis del Código de Comercio.

4. Prohibición de pagar incentivos económicos para incentivar venta de seguros no vinculados al riesgo de las operaciones de crédito. Nuevo artículo 538 ter del Código de Comercio.

1. La prima de seguros asociados a productos o servicios financieros se pagará por partes iguales entre deudor y entidad otorgante del crédito. Nuevo artículo 538 bis del Código de Comercio.

En caso de pagar un 50% del seguro de desgravamen (obligatorio por normativa de SUSESO) y de cesantía, las Cajas de Compensación podrían dejar de entregar anualmente $34 mil millones en beneficios, equivalentes a 8,1 millones de prestaciones en los ámbitos de salud, educación, recreación, bonos pro familias, entre otros.

- Por normativa de las Cajas, el pago de los seguros a un afiliado deberá corresponder a un beneficio que se deberá descontar de su Fondo Social, disminuyendo así el monto disponible para la entrega de otros beneficios, afectando sus políticas de beneficios de mayor impacto social.

También, podrían entregar un 15% menos de créditos sociales, afectando a 170 mil personas, lo que impactaría directamente en la inclusión financiera de la población de menores recursos. Al afectar su Fondo social en aproximadamente $114 MM se limitan sus posibilidades de reinvertir en nuevos créditos sociales (las Cajas no pueden captar fondos, ni tienen acceso al Banco Central).

La opción de subir las tasas de interés para contrarrestar la merma en su Fondo social es muy limitada para las Cajas, dado su normativa de carácter social de no discriminación en el acceso al crédito.

2. El contratante siempre tendrá la facultad de retractarse, dentro del plazo de diez días, contados desde que reciba la póliza. Nuevo artículo 538 bis del Código de Comercio.

No contar con la certeza que un beneficiario del crédito social mantendrá el seguro de desgravamen (muerte e invalidez) afecta directamente la mantención de la política de tasas no discriminatorias de las Cajas (igual tasa para todos los afiliados en un mismo tramo y plazo de crédito, independiente de su riesgo) y el acceso al crédito a personas de menores ingresos o con morosidad.

- Este seguro es parte de la evaluación de riesgo y fijación de tasas actuales: permite atenuar el mayor riesgo de una cartera de 60% de deudores con morosidad en el sistema financiero y colabora a mantener tasas “redistributivas”, iguales entre afiliados.

- De hecho, por estos motivos es la propia normativa de la Superintendencia de Seguridad Social la que obliga a mantener el seguro de desgravamen y no una opción libre de las Cajas.

A su vez, también la mantención del seguro de cesantía (de libre elección) ha probado ser una herramienta socialmente eficiente, versus los costos alternativos (solventar la carga financiera de las familias ante eventos de menores ingresos, gastos de cobranza, etc.), y ha permitido mantener los niveles de liquidez que permiten ofrecer mayores posibilidades de reprogramaciones a sus afiliados.

Importante contar con una evaluación social de la medida de retracto y de copago equitativo de seguros asociados al riesgo directo del crédito (cesantía y desgravamen) versus el actual pago de 100% por parte de los deudores.

→No es claro ni hay evidencia que señale que deudores capturarán completamente el ahorro por pago del 50% de la prima (podrían aumentar y también las tasas de interés), siendo que socialmente podrían generarse efectos negativos como deterioro de la inclusión financiera, junto a otros efectos (ej. menores beneficios que podrían entregar las Cajas).

Ejemplos de costos de seguros de desgravamen y de cesantía, para un crédito de $1M a 36 meses:

- Seguro de Desgravamen: $1.900 mensuales.

- Seguro de Cesantía: $2.500 mensuales.

3. No podrán celebrarse junto a los contratos de crédito, contratos de seguro que no digan estricta relación con los riesgos propios del endeudamiento. Nuevo artículo 538 bis del Código de Comercio.

4. Prohibición de pagar incentivos económicos para incentivar venta de seguros no vinculados al riesgo de las operaciones de crédito. Nuevo artículo 538 ter del Código de Comercio.

- Las Cajas no comercializan mayormente seguros que no tengan relación directa con los riesgos del crédito social (Desgravamen y Cesantía). No obstante, si estamos interesados en avanzar en aportar a una mayor inclusión financiera a través de la masificación de los microseguros, según las mejores prácticas y experiencia de otros países, lo que ha beneficiado a la población más vulnerable.

- Chile aún tiene una industria muy incipiente de microseguros, por lo que generar prohibiciones podría no colaborar a su desarrollo.

Sugerencias:

• Si el problema han sido malas prácticas en la venta de seguros, más que prohibir o restringir su comercialización junto a los contratos de crédito, se sugiere estudiar alternativas de normativa que cumplan iguales objetivos con base a las mejores prácticas internacionales, minimizando efectos adversos y potenciando la inclusión financiera.

• Ejemplos de buenas prácticas:

Aumentar transparencia y educación financiera en la venta de los productos de seguros:

- Regular claramente las modalidades de aceptación y entendimiento por parte de los asegurados del producto que están adquiriendo.

- Establecer procesos de supervisión post venta independientes, vinculantes, que aseguren que el cliente está satisfecho y comprende el producto que suscribió.

• Estimular aún más la competencia para bajar precios y evitar primas artificiales:

- Licitaciones en créditos de corto plazo.

- Aumentar la competencia en punto de venta.

- Regular que los plazos de los contratos se ajusten a posibilidades de prepagos o tipos de créditos.

- Restringir primas únicas o costos de salida: primas debieran ser preferentemente mensuales.

• Mejorar la fiscalización y sanciones de los agentes:

- Aumentar las penas y prácticas no deseadas que conduzcan a “enchufar” seguros sin que el cliente comprenda bien sus alcances, costos y beneficios, potenciando la fiscalización de los organismos reguladores.

- Establecer obligación de mayor regulación interna de la cadena de empresas que ofertan seguros, para evitar estas prácticas. Por ejemplo, explicitar que los seguros son voluntarios en los reglamentos internos, contar con incentivos laborales si se cumple o no una venta transparente (con base a procesos de supervisión post venta independientes, asegurando que aquellos clientes que posean múltiples seguros estén conscientes de ello y comprendan los costos y beneficios).

• Regular los incentivos a la venta para las personas que participan en la cadena de promoción y suscripción de pólizas, de tal manera que no se empuje la venta de seguros no transparentes para los clientes:

- Explicitar comisiones y limitar su porcentaje dentro de la prima (se pague el seguro, no las comisiones o gastos).

• Limitar las posibilidades de que el afiliado suscriba seguros innecesarios que no le entreguen coberturas que sean necesarias para él y su familia:

- Autorizar comercialización sólo de seguros de alta siniestralidad, no artificiales, útiles para los afiliados de menores ingresos (microcréditos).

- Las siniestralidades de los productos de seguros que se vendan deben ser públicas.

- No permitir mezclar productos de seguros de menor relevancia (poca utilidad o siniestralidad) de aquellos claramente importantes para los afiliados, como son el desgravamen, desempleo, salud, incendio, terremoto etc. que ayudan a las familias a superar eventos catastróficos que sus ingresos mensuales no se los permiten.

Conclusiones:

• Opinión favorable a fortalecer la normativa y prácticas en el mercado de seguros. No obstante, la normativa de seguros propuesta en la iniciativa legal podría no ser la óptima.

• Sugerimos promover activamente una mayor penetración de microseguros en todos los segmentos, que permitan que las personas enfrenten situaciones que de no tenerlos o, no son capaces de enfrentarlas económicamente o se deben sobreendeudar para hacerlo, con productos de alta utilidad y bajo costo para los clientes.

• Todos los países desarrollados cuyas legislaciones apuntan a la inclusión financiera poseen productos de calidad y una altísima penetración de seguros en su población, muchísimo mayor que Chile, con buenas prácticas, buenos condiciones para consumidores y con escalas de volúmenes que hacen que los precios sean más baratos para los usuarios finales.

• Idealmente, abordar integralmente el problema, elaborando un proyecto de ley específico (al igual que varios países OCDE), que estimule la inclusión financiera en seguros (derechos de consumidores, acceso y educación financiera).

Enseguida, la Comisión escuchó al Vicepresidente Ejecutivo del Retail Financiero, señor Claudio Ortíz, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

OPINION: Proyecto de Ley que Establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados (Boletín 10.162-05)

1. Contexto del proyecto de ley

2. Efectos indeseados en el mercado financiero y las personas

3. Errores técnicos de algunas indicaciones

4. Comentarios específicos a las indicaciones

5. Principales conclusiones

1. Contexto del proyecto de ley

La economía chilena vive su peor crisis en casi 4 décadas.

• Triple crisis (estallido social, pandemia y crisis económica internacional)

• El Comercio está entre los sectores más afectados:

• Cierre de tiendas

• Horarios reducidos

• Comercio informal

• Tipo de cambio alto

¿Qué está en juego?

• Inclusión y acceso al mercado formal del crédito

• Desarrollo del mercado crediticio

• Crecimiento de la economía

• Efectos permanentes no deseados

- Todos los seguros que comercializa nuestra industria son de contratación voluntaria.

- Nuestro foco es el mercado de personas naturales.

- Nuestra preocupación se centra en 5 indicaciones (520bis, 538bis, 538ter, Articulo 9 nuevo, Artículo 19 ter)

2. Efectos indeseados

• Exclusión de a lo menos 630.000 personas del crédito formal regulado (10% de los clientes actuales de la industria, focalizado en segmentos más vulnerables)

• Grandes beneficiados: oferentes de créditos no regulados e informales

• Discriminación para oferentes y para consumidores

• Se promueve la desprotección de amplios segmentos (de mayor edad y empleos más precarios)

• Obstáculo al desarrollo de la Portabilidad Financiera

• Se pasan a llevar los derechos de los trabajadores:

- Contratos de trabajo

- Acuerdos sindicales

3. Errores técnicos

1. La redacción de las indicaciones del artículo 520 bis y 538 bis, que define los sectores regulados por este proyecto de ley, genera discriminación entre estos y los que aparentemente no estarían incluidos. Esto, también genera una discriminación hacia los consumidores. A ratos habla de Bancos e Instituciones Financieras -dejando afuera otros importantes sectores que prestan servicios financieros- y a ratos las indicaciones hacen mención a operaciones crediticias, que parecen abarcar todo tipo de productos y servicios financieros.

2. No clarifica si aplica al flujo futuro de nuevas operaciones o también al stock. Es importante revisar también como se haría el proceso de renovaciones del actual stock de seguros en relación a las carencias.

3. El proyecto pasa a llevar los derechos de los trabajadores, impidiendo acordar remuneraciones variables por labores propias de su trabajo, lo que además termina afectando contratos colectivos actualmente vigentes.

4. Establece que la comisión de licitación de seguros es de cargo del acreedor. Esta comisión ya está prohibida en la legislación actualmente vigente (DFL 251 artículo 40). El inciso correspondiente se refiere solo a Bancos y quienes tienen que licitar son todos los acreedores que otorgan créditos hipotecarios, incluyendo mutuarias, compañías de seguros, cooperativas.

4. Comentarios específicos a las indicaciones

Artículo 520 bis

- Considerando que los seguros son voluntarios: las entidades crediticias tendrán que revisar sus políticas de otorgamiento de crédito, lo que puede tener efectos en las tasas de interés. Dada la Tasa Máxima Convencional, esto puede generar exclusión del mercado formal del crédito. Las personas de mayor riesgo (financiero, de salud) tendrían mayores dificultades para contratar seguros.

- La indicación provocará una disminución en la cantidad de asegurados para un determinado riesgo. Las primas o precios de los seguros se podrían mover al alza ya que los riesgos se prorratean en una menor cantidad de pólizas (principio de mutualización de los riesgos, fundamento del mercado asegurador)

- En la contratación de cualquier seguro el beneficiado final siempre es el deudor o sus herederos ya que, a cambio del pago de una prima, transfiere los riesgos a una aseguradora y protege su capacidad de pago frente a hechos fortuitos.

- Las obligaciones crediticias no se extinguen ni por el fallecimiento, ni con la cesantía ni por enfermedades graves del deudor, por lo cual el propio deudor y sus familiares son los directamente beneficiados si los seguros son contratados.

- Teóricamente, los clientes podrían contratar seguros en forma directa con las compañías aseguradoras, bajo la modalidad de pólizas individuales. Sin embargo, en este caso encontrarían mayores primas o restricciones de acceso, debido a una tarificación individual versus una colectiva.

Artículo 538 bis

- Prohibirá que las personas puedan contratar otros seguros en el mismo acto de contratación del crédito y obliga a la persona a regresar, con mayores costos de transacción asociados. Resolver varias necesidades en un solo acto, genera beneficios para las personas y para las empresas. La regulación debe promover que todos los seguros sean contratados informada y voluntariamente, en documentos y contratos separados. De esta manera se garantiza la voluntariedad en la decisión de contratación (indicación del Ejecutivo).

- La indicación restringe a las personas de contratar seguros. Una de las finalidades del seguro es evitar que los beneficiarios sufran bruscas alteraciones en su nivel y calidad de vida con motivo de las eventualidades que afecten o puedan afectar sus medios de subsistencia. Para que se logre dicha finalidad, las personas necesitan contar con acceso amplio, oportuno e informado a la oferta de seguros.

- Se afecta la libertad económica. Esto es un derecho fundamental que tiene un proveedor de decidir si quiere o no comercializar más de un producto en el proceso de contratación. Las limitaciones legales a estos derechos deben tener sólidas bases y argumentos, que justifiquen aplicar una restricción.

- Esta propuesta significará menor contratación de seguros en modalidad colectiva. Esto implicará que el riesgo se distribuirá en una menor cantidad de asegurados. Esto a su vez podrá implicar un alza en la prima para el resto de los asegurados.

Artículo 538 ter.

- Esto implicará modificar contratos actuales, transgrediendo derechos adquiridos de los trabajadores en el marco de una relación laboral.

- Tanto la posibilidad de renunciar, como el derecho a retracto, sin expresión de causa alguna, corrige eventuales contrataciones erróneas o arrepentimiento posterior del asegurado. Existe regulación en este sentido, la cual podrá perfeccionarse, y además algunos actores del mercado han ido más allá de estas reglas.

- El sistema económico considera los incentivos a la venta como parte importante de su funcionamiento. Por lo tanto, esta indicación parece discriminatoria al aplicársele a un sector específico.

- Al desincentivar la promoción de seguros en las diversas instancias que señala la indicación, no se podría realizar la contratación conjunta de productos financieros que permite bajar los costos de comercialización y hacer más accesibles los seguros masivos. Esto sería un grave retroceso a la masificación de la protección de las personas, en particular en regiones o zonas aisladas.

Artículo 9 nuevo

- Es inviable la aplicación práctica de esta indicación en los créditos de consumo otorgados a través de tarjetas de crédito. Mensualmente las tasas cambian dependiendo del tipo de transacción que hace el usuario de la tarjeta de crédito. Existen tasas de interés diferenciadas para créditos en cuotas, créditos revolving y avances en efectivo.

- Los consumidores morosos tendrán claros incentivos para no pagar oportunamente. Se verán beneficiados de la aplicación de una tasa de interés inferior a la que le habría correspondido aplicar según lo establecido en el propio acuerdo logrado con el proveedor del producto financiero.

- Operacionalmente habría que generar un sistema sólo para poder identificar la tasa de interés aplicada al día de la convención. En el caso de la morosidad limitar la tasa de cobro a la tasa de interés corriente desincentivará el pago oportuno de los créditos. Es importante destacar que la tasa de interés corriente es la base de cálculo más un spread permitido por la Ley N° 20.715 (diciembre 2013) en su artículo 6º, que sumado al interés corriente establece la tasa máxima convencional.

- La tasa de mora puede llegar a ser incluso inferior a la tasa de interés que se aplique para el periodo de pago antes de caer en mora, lo que resulta claramente un desajuste normativo y económico.

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5. Principales Conclusiones

• Los efectos acumulativos, de éstas y otras disposiciones, podrían aumentar el número de personas que son empujadas al mercado informal y no regulado del crédito

• Las indicaciones analizadas tienen poca prolijidad técnica y generan múltiples efectos indeseados, mayores a los eventuales beneficios

• Estas indicaciones contravienen lo aprobado por el senado

A continuación, la Comisión escuchó al Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G, señor señor Mario Gazitúa, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Datos estadísticos de seguros a los que se refiere este proyecto

Datos estadísticos de seguros a los que se refiere este proyecto: análisis de impacto

▪ Como Asociación, hemos encargado un estudio de análisis de impacto de este marco normativo al economista y ex-Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés.

▪ Por razones de tiempo ese estudio aún no está concluido, pero del análisis preliminar se infieren conclusiones de gran interés para este debate.

▪ Por ello solicitamos a esta Comisión que evalúe la posibilidad de invitar al señor Valdés a una próxima sesión, a exponer sus conclusiones.

Código de Comercio: nuevos artículos 520 bis, 538 bis y 538 ter.

▪ La actual ley del contrato de seguro (Ley N° 20.667 de 2013) que reemplazo el Título VIII del Libro II del Código de Comercio, se originó en un proyecto ingresado el 10 de julio de 2007, con la firma de los diputados señores Jorge Burgos, Sergio Ojeda, Patricio Vallespin, Mario Venegas, Alberto Cardemil, Edmundo Eluchans, Juan Bustos, Marcelo Forni, Renán Fuentealba y Eduardo Saffirio.

▪ Cabe destacar que la nueva ley chilena del contrato de seguro, es destacada a nivel internacional.

▪ En el proceso legislativo, le correspondió un rol muy activo al profesor Osvaldo Contreras Strauch, ex vicepresidente mundial de la asociación internacional de derecho de seguros, destacado académico y autor de libros y trabajos especializados.

▪ En nuestra opinión, las tres nuevas disipaciones proyectadas no calzan con el contexto del Título VIII del Código Comercio.

▪ Por lo anterior nos permitimos recomendar y solicitar que se invite al profesor Contreras, con el fin de conocer su opinión sobre el alcance de toda reforma que se pretenda introducir al Código de Comercio y especialmente sobre la cohesión de cualquier nueva norma respecto del texto general del Título VIII del Libro II del Código de Comercio.

Código de Comercio: proyecto de nuevo art. 520 bis. Interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero. Los seguros de daños, personas o cualquier otro tipo contratados con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero otorgada por un banco o institución financiera podrán ser contratados por el deudor o por cualquiera que tenga interés en el pago final de la deuda.

▪ El artículo 547 del Código de Comercio se refiere expresamente a la concurrencia de intereses asegurable en los seguros de daños.

▪ El interés asegurable es definido como aquel que tiene “el asegurado” en la no realización del riesgo.

▪ El seguro destinado a asegurar el pago de una obligación de dinero no es un seguro de desgravamen ni un seguro de incendio y terremoto, sino que para los eventos de incumplimiento de una obligación de dinero, el Código de Comercio se refiere a los “seguros de crédito”.

▪ No se observa, por tanto, la incorporación al Código de Comercio de una disposición que al parecer no es coherente con las normas vigentes sobre el contrato de seguro o cuyo contenido ya está legislado.

Código de Comercio: proyecto de nuevo art. 520 bis. Interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero. Los seguros de daños, personas o cualquier otro tipo contratados con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero otorgada por un banco o institución financiera podrán ser contratados por el deudor o por cualquiera que tenga interés en el pago final de la deuda.

▪ Actualmente el artículo 40 del DFL 251, establece que: “Los bancos, cooperativas, agentes administradores de mutuos hipotecarios endosables, cajas de compensación de asignación familiar, y cualquier otra entidad que tenga dentro de su giro otorgar créditos hipotecarios, en adelante entidades crediticias, que en virtud de operaciones hipotecarias con personas naturales contraten seguros de desgravamen por muerte o invalidez e incendio y coberturas complementarias tales como sismo y salida de mar, por cuenta y cargo de sus clientes, …”.

▪ El proyecto señala que la prima de los seguros a que se refiere el mencionado artículo 40, serán pagados en partes iguales por la entidad crediticia y sus deudores.

▪ Cabe mencionar que el articulo 40 sólo se refiere a la contratación de un “seguro colectivo” por lo que: si el seguro colectivo se contrata “por cuenta y cargo…” es contradictorio a un pago compartido.

▪ La norma propuesta no se aplicará a los seguros individuales, generando confusión.

▪ La entidad crediticia no es el asegurado en el seguro colectivo, ni tampoco lo es en los seguros individuales.

Para mayor información, el seguro colectivo es aquel que mediante una sola póliza cubre contra los mismos riesgos a un grupo determinado o determinable de personas. (Código de Comercio).

La prima de los seguros que se contraten en virtud del presente artículo, serán pagados en partes iguales por la entidad crediticia otorgante del crédito y sus deudores. (Art. 40)

▪ Por otra parte, las compañías de seguros son grandes tenedores de mutuos hipotecarios endosables (MHE) por su carácter de inversionistas de largo plazo y por cuanto la ley así lo permite.

▪ El mutuo hipotecario endosable es un instrumento de inversión, circulable mediante endoso, pudiendo ser transferido varias veces. Así, si en el futuro el propietario del mutuo no fuera un banco o una institución financiera, no se aplicaría el pago de prima por partes iguales.

▪ El artículo 40 (DFL 251) se refiere a la licitación que realiza “el otorgante” del crédito. Por consecuencia, la proyectada obligación de pago compartido no rige una vez que el otorgante endosa el mutuo hipotecario a un tercero.

▪ En todo caso, si se decidiera perseverar con esta norma, ésta sólo debería aplicarse a los nuevos mutuos hipotecarios endosables que se emitan a contar de la vigencia de la Ley.

No podrán participar de la licitación las empresas que de conformidad al artículo 100 de la ley Nº 18.045 sobre mercado de valores, tengan la calidad de empresa relacionada con la entidad crediticia.

- Es importante tener presente que la licitación a que se refiere el artículo 40 del DFL 251 es una “licitación pública” con bases preestablecidas, regulada por la Ley y la Comisión para el Mercado Financiero.

- En Chile no existe una prohibición de realizar operaciones con partes relacionadas OPR.

- La ley Nº 18.046 y con mayor énfasis después de la modificación de la Ley 20.382 de 2009, “regula” detalladamente los procedimientos a seguir para la realización de una operación con parte relacionada (OPR). No existe prohibición. Existe regulación.

- De esta forma, el art. 44 y especialmente todo el Título XVI de la LSA se refiere en forma extensa a la forma y condiciones que deben cumplirse para que se puedan llevar a cabo las OPR.

- En la nueva norma, se deja de lado toda la estricta regulación que ya existe para las OPR y se opta por la “prohibición” de que empresas relacionadas a la entidad crediticia participen en la licitación de seguros hipotecarios a que se refiere el artículo 40 del DFL 251.

- La prohibición -nos parece- infringe el derecho a la igualdad ante la ley.

Adicionalmente, la “prohibición” no tiene su origen en alguna recomendación de la Fiscalía Nacional Económica (Informe del 13.8.19 sobre seguros hipotecarios), por lo que “la prohibición” no es una medida de protección de la libre competencia, sino que, por el contrario, podría terminar afectándola en los procesos de contratación, al prohibir la participación de una o más empresas del mercado.

- El proyecto significa que las compañías de seguros y los corredores de seguros, si son parte del mismo grupo empresarial de la entidad crediticia, son personas relacionadas al banco o a la administradora de mutuos hipotecarios en otros casos y no podrían participar en la licitación de la entidad crediticia pese a ajustarse a las bases y hacer ofertas en condiciones de mercado, ajustándose a la ley en cuanto a operaciones con partes relacionadas.

- También, como ejemplo, una entidad controlada por un hermano de un gerente de la entidad crediticia, es una persona jurídica relacionada a la entidad crediticia.

Artículo 538 ter. “Artículo 538 ter. Los bancos e instituciones financieras no podrán pagar incentivos económicos de ninguna índole, con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito, que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado o aquellos que la ley exija como obligatorios para la contratación del crédito.

Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior.”.

- No parece precedente incorporar en el Título VIII del Código de Comercio materias que guardan relación con el contrato del trabajo de trabajadores de la entidad crediticia o de otra entidad, por ende, solicitamos revisar en profundidad esta indicación.

- Tampoco se aclara qué pasa con los contratos de trabajo vigentes.

- En todo caso, sería conveniente revisar detalladamente la redacción. Por ejemplo, no se entiende el alcance de la palabra “productos” en este contexto.

¿Qué es un contrato de seguros?

El contrato de seguro es aquel mediante el cual se transfieren al asegurador uno o más riesgos a cambio del pago de una prima, quedando el asegurador obligado a indemnizar el daño que sufriere el asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas.

En la relación entre un acreedor hipotecario y el deudor hipotecario:

A. El riesgo de fallecimiento lo transfiere el asegurado.

B. El acreedor hipotecario tiene el derecho de extensión de la hipoteca conforme al artículo 2422 del Código Civil, que establece que la hipoteca se extiende a la indemnización debida por los aseguradores del bien hipotecado.

Finalmente, la Comisión escuchó al Presidente de Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Préstamos Solidarios (FECRECOOP), señor Guillermo Aqueveque, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

OBJETIVO SOCIAL

• La Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito y de Prestamos Solidarios, es una entidad gremial sin fines de lucro, creada el año 1953 bajo el amparo de la Iglesia Católica, que reúne a cooperativas de pequeño y mediano tamaño, las que durante 67 años se han dedicado a la atención de personas no bancarizadas, a través del otorgamiento de productos de ahorro y crédito, basados fundamentalmente en el modelo económico y social cooperativo que nos legaron sus fundadores.

• Nuestro ente fiscalizador es la División de Asociatividad y Economía Social de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

PERFIL DE LOS SOCIOS

• Fecrecoop agrupa a 43 cooperativas que cuentan actualmente con más de 300.000 socios, de los cuales el 40% pertenece al sector de los pensionados.

• Las cooperativas asociadas a Fecrecoop −de las cuales el 80% son de regiones− son integradas por grupos de diversa naturaleza: vendedores ambulantes, trabajadoras de casa particular (Mujercoop), trabajadores y trabajadoras independientes, dependiente de empresas privadas y de entidades fiscales, artesanos, feriantes, micro y pequeña empresa.

GESTIÓN COOPERATIVA

• Parte importante de este modelo cooperativo consiste en fomentar el ahorro y otorgar créditos a sus socios, los que difieren sustancialmente de los entregados por los bancos u otras instituciones financieras, ya que lo habitual es que los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito a sus socios tengan mejores condiciones que los otorgados por los bancos, dado que el prestatario es dueño de la propiedad de la institución y se le entrega un trato distinto, ya que en este modelo cooperativo el capital está al servicio de la persona.

IMPACTO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

• Las Cooperativas juegan un rol fundamental en la inclusión financiera que realizan y su aporte al desarrollo económico y social del país. Las cooperativas de ahorro y crédito y prestamos solidarios, pueden ser parte de la solución del problema económico político y social que enfrentaremos los próximos meses producto de la cuarentena decretada por el COVID-19, que ha inmovilizado al país conjuntamente con la crisis social, económico y ambiental vigente en el país.

IMPACTO EN EL SECTOR COOPERATIVO

• En relación al proyecto de ley en discusión es importante recalcar que en las Cooperativas los socios son dueños de la misma y no existen socios controladores como en las S.A. y por tanto el costo mayor lo terminan pagando los mismos socios, nosotros atendemos principalmente a sectores de ingresos medios y bajos, y adultos mayores, la gran mayoría no bancarizados quienes quedarían a merced de los financistas usureros que actúan al margen de la ley, colocando además en grave situación la sostenibilidad nuestro modelo cooperativo.

FUNDAMENTOS

• El conocimiento de nuestros asociados en sus respectivos territorios, la responsabilidad de los gobiernos corporativos, la obligación de salvaguardar el patrimonio de la Cooperativa, que es de todos sus asociados y la permanencia de nuestro sector por más de 70 años al servicio de las cooperativas que aportan trabajo y progreso al país, son la mejor carta de garantía para insistir en colocar parte de las fichas del Estado en este sector de economía social y solidaria y no colocar barreras que afectan a las personas más vulnerables del país, que producto de sus ahorros pueden acceder a préstamos solidarios que les permite vivir con dignidad.

SOLICITUD

Por lo tanto, solicitamos no considerar a las cooperativas con el procedimiento de cancelar el valor de los seguros en 50% ambas partes, lo que significaría aumentar la carga financiera de nuestros socios (dueño y deudor) por acceder al uso de sus ahorros, “todos los mayores costos que tenga un crédito terminan pagándolo de todas maneras los socios, ya que nuestras cooperativas no lucran.”.

La Coordinadora de Mercado de Capitales, señora Catherine Tornel, señaló que las indicaciones tienen por objetivo proteger a los afiliados con menor conocimiento para efectuar inversiones y esos son los objetivos del proyecto de ley por lo que no existe problema respecto de estar fuera de las ideas matrices en la regulación de asesores previsionales.

Las AFP deben mantener un activo del patrimonio de la sociedad, equivalente, a lo menos, a un 1% del valor del fondo administrado, y las 60.000 UF corresponden a una boleta de garantía o póliza de seguro que ya se exige a los asesores previsionales (en el caso de la boleta de garantía se permite mediante este proyecto de ley dado que los asesores han hecho presente que cuesta mucho obtener la referida póliza).

Agregó que lo que se busca es permitir el negocio pero de manera regulada y fiscalizada.

El señor Lorenzini insistió en que los objetivos aquí están fijados por las leyes 18.045 y 18.046, por lo que estas modificaciones deben hacerse en una reforma sobre pensiones que es el ámbito propio del decreto ley N° 3.500.

En sesión de 17 de noviembre, la Comisión recibió al académico, economista y ex Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Estudio realizado con Andrea Butelmann a petición de la Asociación de Aseguradoras de Chile.

Opinión sobre el boletín N° 10.162-05 en tercer trámite constitucional (Andrea Butelmann - Rodrigo Valdés)

Preparado a solicitud de la Asociación de Aseguradores de Chile (noviembre 11, 2020)

El PDL aprobado en la Cámara de Diputados incluye una serie de cambios a la forma de vender, licitar y otorgar seguros relacionados a créditos. Algunos atenúan la competencia. El más complejo es cómo se pagarán las primas, foco de este reporte.

• Para seguros en créditos hipotecarios (art. 40 DFL 251):

- Los seguros “serán pagados en partes iguales por la entidad crediticia y sus deudores”.

- No se podrá exigir que las ofertas incluyan obligatoriamente los servicios de un corredor de seguros.

- No pueden participar “los corredores de seguros que hayan asesorado a la entidad licitante.”.

- No pueden participar “entidades relacionadas”.

- Se pueden agrupar carteras pequeñas para la licitación de seguros, aún entre distintas entidades.

• Para seguros asociados a créditos (art. 520 bis, 538 bis y 538 ter, nuevos, Código de Comercio):

- En todo préstamo, el acreedor tiene un interés asegurable en el pago del crédito y “el pago de la prima será en partes iguales por el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor.”.

- No se permiten la venta de seguros no relacionados a la operación.

- Facultad de retracto para contratos a distancia, dentro del plazo de diez días desde que recibe la póliza.

- Acreedores no podrán pagar incentivos económicos con el fin de estimular la contratación de seguros.

Contar con seguros aumenta el bienestar personal. Las instituciones crediticias —al agrupar clientes—permiten un mayor aumento del bienestar, ya que consiguen mutualizar y mejores primas.

• Las personas se aseguran voluntariamente además de comprar seguros obligatorios (en hipotecarios). En seguros de vida, las primas de 2019 alcanzaron US$3.200 millones. Menos de la mitad está asociado a productos financieros.

• Los seguros individuales permiten más exclusión y segmentación que los seguros grupales. Estos logran mayor mutualización (que se comparta el riesgo entre personas diversas en cuanto a riesgo).

• El seguro hipotecario —en que se licita para toda la cartera del banco— aumenta el bienestar del consumidor con respecto a un seguro de vida que podría ser más segmentado.

• A mayor segmentación, menor competencia. En seguros voluntarios, una institución financiera tiene menor ámbito para discriminar que una compañía de seguros.

Hay otros segmentos en que también coexisten seguros contratados asociados y no asociados a créditos. Los no asociados a créditos se contratan a través de distintos canales de distribución.

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El PDL asume que el seguro tiene un valor relevante para el acreedor pero es poco importante para el deudor. Sin embargo, para el deudor, los seguros tienen un valor por encima de su prima. Para el acreedor, el valor es menor (o cero).

• El gráfico compara el precio de un seguro (escalado a 100) y el valor del seguro de clientes que tienen diferentes tolerancias al riesgo.

• La valoración se calcula para una aversión relativa (constante) y el gasto que realizan en seguros de desgravamen y cesantía, según la VII encuesta de presupuesto familiar. Supone una probabilidad del evento de 1% y que la prima es competitiva.

• Para el nivel de aversión al riesgo habitual en análisis económico (de 1 a 2), las personas valoran los seguros entre 15 y 35% más de lo que cuestan.

• Para un acreedor, en cambio, el seguro tiene valor marginal. En un hipotecario, los herederos son responsables y hay garantías. Ante un incendio o ante cesantía, el deudor es responsable.

Un ejemplo para explorar la forma del ajuste inicial de la regulación propuesta y la restricción que implica la Tasa Máxima Convencional (TMC) para ese ajuste

“Los peajes no están incluidos en los precios. Los peajes para el uso de las nuevas autopistas dentro de Santiago se miden mediante un sistema electrónico llamado TAG.

Los operadores de rent-a-car tienen diferentes sistemas de cobrar estos peajes, ya sea con un costo fijo por el periodo determinado de arriendo, un cobro diario o bien cargando el gasto total a la tarjeta de crédito del cliente.”.

• Supóngase que la regulación prohíbe cobrar por el TAG (o se permite cobrar sólo la mitad) en arriendos de autos.

• Ajuste sin otras fricciones: el precio de arriendo se ajusta en la misma magnitud.

• Importante: este efecto es independiente de cuán competitivo es el mercado; el ajuste es el mismo.

• ¿Qué sucede si la regulación no permite ajustar el precio de arriendo? (como con la TMC)

- Si se puede segmentar, habrá arriendo sólo a aquellos que usan poco el TAG.

- Si no se puede segmentar, no habrá arriendos.

El efecto del cambio propuesto respecto del pago en partes iguales cambia en función de dos dimensiones: Si se trata de seguros obligatorios o voluntarios, y si la tasa de interés del crédito está cerca o lejos de la TMC.

Un simple ejercicio empírico da cuenta de que el tope de la TMC es en la práctica muy relevante para el segmento de consumo. Esto sucede con mayor intensidad en los tramos de créditos más pequeños, pero también en tramos altos.

• El gráfico compara el espacio existente para aumentar la tasa de interés antes de topar en la TMC (en azul) y lo que pagaría un acreedor en primas con el proyecto de ley (en rojo).

• Se consideran dos clientes: uno menos riesgoso, que paga una tasa igual al promedio entre la tasa de interés corriente (TIC) y la TMC, y otro más riesgoso, que está a mitad de camino entre el primer cliente y la TMC.

• Se consideran 3 tamaños de créditos, cada uno representa un tramo de la TMC.

• La prima del seguro se calcula con cotizaciones efectivas vía www.comparaonline.cl.

• En el caso de créditos más pequeños, el espacio para aumentar la tasa sin topar en la TMC es menos de la mitad del aumento de costos para el acreedor. Para los créditos más grandes, el espacio alcanza sólo para el cliente menos riesgoso.

Un ejercicio similar para los créditos hipotecarios sugiere que el tope de la TMC tiene un efecto de excluir clientes menos intensos que para el segmento de consumo, aunque no es irrelevante.

• Al igual que en la lámina anterior, el gráfico compara el espacio para aumentar la tasa de interés antes de topar con la TMC (en azul) y lo que pagaría un acreedor en primas con el proyecto de ley (en rojo) para dos clientes tipo.

• El primer cliente paga una tasa de interés igual al promedio entre la TIC y la TMC. El segundo cliente paga una tasa a medio camino entre la del primer cliente y la TMC.

• Se consideran 2 tamaños de crédito que corresponden a tramos de la TMC.

• La prima se calcula con cotizaciones efectivas en Banco Estado e incluye los seguros hipotecarios habituales.

• En los cuatro casos las tasas pueden aumentar para acomodar el copago bancario. Con todo, un crédito de tasa que sea 80% TMC y 20% TIC no podría acomodar el pago y sería inviable.

La exclusión de clientes es persistente. Si bien aumentan las tasas de interés de las operaciones que sobreviven, las que se excluyen del sistema hacen disminuir la tasa de interés corriente (y con ello la TMC).

• Los gráficos ilustran cómo se mueve la media de una distribución una vez que se trunca la distribución.

• Antes del cambio, hay cierta tasa de interés corriente, a partir de la cual se calcula la TMC. Cuando se excluyen deudores —porque no es posible acomodar el copago del banco dada la TMC— la distribución se trunca (gráfico inferior). Con ello, la tasa de interés promedio disminuye, lo que a su vez reduce la TMC.

• Las operaciones que sobreviven aumentan la TMC, cambio que es al copago de los seguros.

• Una vez que los clientes salen del sistema, es difícil que vuelvan a entrar.

Las políticas públicas para enfrentar los eventuales problemas que inspiran los cambios incluidos en la Cámara—poder de mercado del acreedor y la posible venta agresiva de seguros—deberían ser otras.

Mercado bancario

• Argumento central: si se estima que hay poder de mercado, la solución es potenciar la competencia.

• Portabilidad. La nueva ley facilita el movimiento entre bancos, se debe monitorear su aplicación.

• Open Banking. Ministerio de Hacienda preparara proyecto para que bancos deban compartir información con competidores a petición del cliente.

• Base de datos de deuda consolidada.

• Acceso a liquidez. Se podrían ampliar mecanismos para que intermediarios no bancarios accedan a liquidez del BCCh y así competir.

• Microeconomía regulatoria. Hay restricciones que inhiben que competidores no bancarios compitan de mejor manera.

Mercado de seguros

• Argumento central: las ventas de seguros podrían funcionar mejor.

• Transparencia. Se pueden estandarizar y regular la entrega de mejor información sobre los seguros asociados a crédito (por ejemplo, en cotizaciones).

• Licitaciones. Se podría ampliar la práctica de licitar paquetes, como se hace con créditos hipotecarios de manera de favorecen el rol de la mutualización.

• Portabilidad. Se podría potenciar la portabilidad de seguros de manera de profundizar la competencia.

• Competencia. La idea de excluir corredores o compañías de las licitaciones disminuye la competencia.

La señora Butelmann acotó que el cambio propuesto resulta bastante similar a bajar la TMC, cuestión que ya se hizo y mostró efectos negativos que se acrecentarían.

El señor Ministro agregó que también se da un problema de transparencia porque se fundirán los precios de la tasa de interés con los de los seguros.

Enseguida, la Comisión escuchó al Presidente del Banco Central de Chile (BCCh), señor Mario Marcel, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Introducción

• La confianza de los inversionistas y del público es muy importante para lograr un buen funcionamiento de los mercados de capitales.

• Este proyecto, en tramitación desde 2015, busca avanzar en las siguientes dimensiones:

- Fortalecer la confianza en los mercados.

- Elevar los estándares de los agentes de mercados para favorecer el desarrollo financiero.

- Brindar mayor protección a los accionistas minoritarios y a los inversionistas.

- Clarificar las responsabilidades de los auditores externos.

- Fortalecer el rol de supervisión de la CMF.

- Facilitar comprensión sobre funcionamiento de los mercados financieros.

- La urgencia de avanzar en estas materias aumenta en el actual contexto de mayor volatilidad e incertidumbre.

- La última presentación del BCCh sobre este proyecto se hizo el 10 de junio, en sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

- A solicitud de la Comisión, dicha exposición se centró en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo para la asesoría previsional no personalizada, especialmente en los riesgos para la estabilidad financiera por los cambios masivos y frecuentes de fondos (*https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc10062020.pdf/7017cb18-5336-0940-e8ec-1e937fcf7767?t=1591879478060 ).

- Los comentarios se enfocarán en la versión actual del proyecto, en lo que se refiere a asesoría previsional no personalizada y a las indicaciones incorporadas por la Sala de la Cámara en materia de seguros.

1. Asesoría previsional no personalizada

El proyecto de ley incorpora a las entidades que realizan recomendaciones no personalizadas al perímetro regulatorio de la Superintendencia de Pensiones (SP)

• Se deberán inscribir en un Registro de la SP y acreditar conocimientos.

• Estarán reguladas las incompatibilidades y se sancionará a quienes se beneficien directa o indirectamente de las variaciones en los precios de mercados que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes.

• La SP podrá suspender a las entidades que no cumplan con las normas necesarias para el desarrollo de esas actividades, o cuando así lo requiera el interés público.

- Desde la perspectiva de regulación de conducta de mercado, el incorporar al perímetro regulatorio a asesores de inversión, sobre todo en materia previsional, parece adecuado, dados los potenciales conflictos de interés.

- Este último se origina en el hecho de conocer de antemano recomendaciones que, al ser seguidas por un número importante de personas, tendrán un efecto previsible sobre precios de mercado.

- Como en muchas materias similares, para establecer una regulación no es necesario constatar un hecho doloso, sino la sola posibilidad de que este ocurra.

Las disposiciones del proyecto aprobado por la Cámara son positivas desde una perspectiva de conducta de mercado, pero excluyeron algunas propuestas que reforzaban el rol de la SP.

• Aplicar el marco regulatorio no sólo a las asesorías previsionales remuneradas, sino que a las que se presten de modo habitual, remuneradas o no, facultándose a la SP para determinar la habitualidad a través de una norma de carácter general.

• Regulación para el otorgamiento de garantías, en base a pólizas de seguro y boletas bancarias de garantía, para las entidades de asesoría previsional respondan del cumplimiento de sus obligaciones.

• Establecer criterios para las sanciones que la SP pudiera imponer a quienes trasgredan el perímetro regulatorio, así como a quienes realicen publicidad, difusión o propaganda con declaraciones tendenciosas o que induzcan al error.

Las disposiciones del proyecto aprobado por la Cámara son positivas desde una perspectiva de conducta de mercado, pero excluyeron algunas propuestas que reforzaban el rol de la SP.

Estas modificaciones debilitan capacidad de regulación y supervisión de SP. En particular, el excluir la asesoría no remunerada da espacio a entidades que puedan ejercer esta actividad, manteniéndose un potencial conflicto de interés fuera del perímetro regulatorio.

Sin embargo, esta propuesta legislativa no resuelve los problemas de estabilidad financiera asociados a recomendaciones masivas no personalizadas

El rol amortiguador de los FP frente a shocks externos se ha debilitado. En lo más reciente se ha observado comportamientos pro-cíclicos que exacerban los movimientos de mercado

Se requiere una respuesta de política integral, que se haga cargo también de los riesgos para la estabilidad financiera que supone la asesoría previsional masiva no personalizada

• La combinación de (i) un amplio grado de elección para los afiliados; (ii) ausencia de límites a la frecuencia de cambios, y (iii) asesorías masivas no reguladas, configura un marco de extrema liberalidad en el manejo de fondos de pensiones que no se observa en ningún otro país del mundo.

• Esto ha sido recogido en un informe de la OCDE sobre la materia: “Limits and barriers to transferring investments in DC pensions and the regulation of financial advice for retirement”.

• La mera autorregulación, en un contexto de entidades fiscalizadas, como la propugnada para los mercados financieros en muchos países antes de la Crisis Financiera Global no es una solución a estos problemas. La agenda de fortalecimiento de la regulación y supervisión financiera impulsada por el G20 desde el 2009 es una muestra de ello. (G20, 2009)

2. Seguros asociados a operaciones de crédito

Modificaciones al DFL 251 y al Código de Comercio con efectos relevantes sobre el negocio de seguros asociados a operaciones de crédito.

1. Cofinanciamiento de la prima entre el banco o institución financiera y el deudor, respecto de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero.

2. Se restringe la suscripción de seguros junto a los contratos de crédito solamente para aquellos que digan estricta relación a los riesgos propios del endeudamiento, otorgando el derecho de retracto al asegurado sin distinción del tipo de cobertura.

3. Se limita la participación en licitaciones de seguros asociadas a créditos hipotecarios a las empresas que tengan la calidad relacionada (aseguradoras y corredoras de seguro) con la entidad crediticia.

Estas indicaciones buscan resolver materias más relacionadas con la protección al consumidor, pero inciden sobre la industria de seguros y el crédito a personas.

• El BCCh ha señalado la relevancia de considerar la importancia de ver los temas de manera integral cuando se trata del sistema financiero.

• Estas indicaciones se relacionan con aspectos de protección al consumidor pero pueden tener efectos en otros ámbitos.

• Podría ser pertinente analizar en el contexto de otros cambios legales en tramitación:

• BOLETÍN N° 7958-05: ESTABLECE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN BASADO EN RIESGO PARA LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS.

• BOLETÍN N° 12.409-03: ESTABLECE MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

El costo del crédito es reflejo de los costos de fondeo del oferente y de los riesgos asociados a la operación

Los acreedores evalúan integralmente el riesgo de crédito: hay costos y riesgos en otorgar crédito. Los seguros cubren riesgos no propiamente financieros: desempleo, o daños a garantías por incendio o sismo

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Así, los seguros asociados mitigan riesgos en las operaciones de crédito y permiten mejorar las condiciones de financiamiento

• En un crédito, el deudor se compromete a pagar el dinero prestado en un plazo determinado. El costo de ese crédito está en gran medida determinado por el nivel de riesgo del deudor: mayores riesgos conllevan mayores tasas de interés.

• Durante el período del crédito pueden ocurrir eventos en los que un bien otorgado en garantía sufre un daño (terremoto, incendio) o en los que el deudor ve afectada su capacidad de pago (cesantía, invalidez, muerte).

• Sin embargo, persiste la obligación de restituir el dinero recibido en préstamo. Al contar con un seguro, los deudores se resguardan frente a la ocurrencia de esos eventos.

Al disminuir riesgos a través de seguros los deudores acceden a menores tasas, evitando además que sus obligaciones deban ser asumidas por sus deudores solidarios o herederos.

Durante los últimos años se ha avanzado en transparencia, a través de requisitos para que el oferente de crédito entregue toda la información sobre seguros disponibles al deudor

• El crédito y el seguro asociado son productos complementarios, pero diferentes entre sí y que apuntan a satisfacer necesidades financieras diferentes. Por un lado, el crédito “adelanta” recursos; por otro, el seguro asociado mitiga riesgos relacionados.

• Por lo tanto, la tasa de interés del crédito refleja los costos y riesgos de la operación de crédito propiamente tal; y la prima del seguro refleja los costos y riesgos que cubre.

• Actualmente, lo acreedores deben informar transparentemente al consumidor de todos los costos asociados al crédito, especificando tasa de interés y costos de seguros asociados.

• Adicionalmente, deben informar una Carga Anual Equivalente (CAE), para informar el costo total del préstamo incluyendo intereses y primas.

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Con todo, es importante distinguir entre seguros asociados al crédito, y otros seguros que un cliente de un intermediario financiero pudiera contratar

• Como se ha señalado, es siempre de primera importancia la transparencia y claridad en la información que se entrega al deudor. La diferencia principal entre seguros asociados al crédito y otros seguros, es que los primeros afectan las condiciones financieras de la operación de financiamiento.

• Sin embargo, existe una variedad de otros seguros que agregan valor para el consumidor de servicios financieros (ante fraudes o robos en tarjetas de crédito, automotrices, etc.), pero que no afectan las condiciones financieras del crédito.

Los seguros de desempleo han sido un mitigador de riesgo efectivo en la coyuntura actual

• Los seguros de desempleo vinculados a créditos facilitan que personas puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras (en caso de desempleo o para quienes se han acogido a la Ley de Protección al Empleo).

• Lo anterior es relevante en el escenario actual, con fuerte caída en la actividad económica y aumento importante del desempleo.

Con una norma de cofinanciamiento, los acreedores traspasarán una fracción de su costo a la tasa de interés. Lo anterior puede producir exclusión financiera al interactuar con la Tasa Máxima Convencional (TMC)

A esto se suma la disposición incorporada a este proyecto de ley sobre intereses en caso de retardo en el pago del crédito, lo que también podría encarecer los créditos y limitar acceso

• En relación operaciones de crédito se incorpora también modificación que implica que en caso de retardo para créditos de hasta 5.000 UF se deba cobrar la tasa de interés corriente (TIC) lo que significa que si la tasa del crédito es mayor al TIC conviene pagar con retardo.

• Esta indicación desincentiva el otorgamiento de créditos por menos de 5.000 UF siendo estos precisamente los créditos que se le otorgan a las personas de menores ingresos.

• Tanto las medidas propuestas sobre cofinanciamiento de seguros como esta medida pueden redundar en mayores costos de financiamiento y menor acceso en circunstancias en que el crédito puede ser especialmente necesario.

Cualquier modificación no debería alterar contratos entre privados, la certeza jurídica de los mismos es fundamental para el adecuado funcionamiento del sector financiero

• Si bien se ha declarado que el cofinanciamiento del seguro aplicaría solo a los nuevos créditos, de la redacción no es claro el tratamiento para el stock existente de seguros.

• Una aplicación retroactiva implicaría devolver el 50% de las primas pagadas, lo cual tendría efectos severos sobre el balance y liquidez de los oferentes de crédito.

• Además, se forzaría un cambio a las condiciones contractuales ya existentes entre las partes.

Es fundamental para el funcionamiento de los mercados financieros, así como para la estabilidad y solvencia de las instituciones financieras, resguardar la validez y eficacia jurídica de los contratos celebrados por las partes. Esto incluye no afectar derechos patrimoniales adquiridos ni contravenir el principio de intangibilidad contractual.

Considerando el cofinanciamiento de seguros para el stock de créditos hipotecarios, el costo para el sistema alcanzaría a 0,6% del capital básico (aproximadamente US$ 166 millones).

En términos generales, un principio relevante a considerar es la libertad de las personas para contratar seguros de cobertura frente a diversos riesgos y para poner fin a dichos contratos cuando lo estime conveniente

También es importante la distinción de seguros “relacionados al crédito” en especial si son obligatorios, en lo que se refiere al derecho a retracto

• Como se indicó previamente, la tasa de interés refleja una evaluación de riesgos, y la existencia de seguros sobre las garantías es un mitigador de los mismos. Por lo tanto, en este caso no es procedente el retracto.

• Un derecho amplio de retracto, para el caso de seguros asociados al crédito, durante la vida de la operación es compleja y difícil de administrar. En general es preferible que la decisión de contratación de seguros sea voluntaria al suscribir el crédito.

• Si esto no es así, las condiciones de financiamiento podrían no beneficiarse de la cobertura del seguro, estos seguros podrían dejar de estar disponibles, los créditos se ofrecerían con tasas variables, encareciendo el costo de financiamiento y limitando acceso a crédito.

Un derecho amplio de retracto, tal como el propuesto, puede alterar ex–post la evaluación de riesgos e introducir incertidumbre sobre la efectividad de la cobertura, esto podría aumentar costo de financiamiento y limitar acceso a crédito en un momento en el cual puede ser especialmente necesario.

Las licitaciones públicas de seguros para carteras de crédito hipotecario se adjudican al oferente que presente el menor precio para el consumidor, se encuentran reguladas y han sido efectivas en reducir los costos de estos seguros

• Las licitaciones públicas de seguros de las carteras de crédito hipotecario están reguladas en el artículo 40 del DFL 251. En dicho artículo, entre otros, se establece que:

a. Los seguros serán asignados por la entidad crediticia al oferente que presente el menor precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros.

b. Los seguros deberán convenirse exclusivamente sobre la base de una prima expresada como un porcentaje del monto asegurado de cada riesgo.

c. No podrán estipularse otras comisiones o pagos a favor de la entidad crediticia asociados a la contratación o gestión de estos seguros.

• Al excluir oferentes se reducirá la competencia, potencialmente aumentando el costo final de las coberturas, y sería una práctica discriminatoria injustificada.

• Por lo demás, el deudor no está obligado a tomar el seguro resultante de la licitación. Puede optar por otro, siempre que cumpla con los estándares regulatorios y coberturas requeridas.

Conclusiones

• Los objetivos del proyecto sobre transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados son plenamente válidos y son compartidos por el BCCh.

• Estos objetivos han sido refrendados durante su tramitación legislativa. Es importante concluir cuanto antes este proceso dado el largo tiempo de tramitación de la iniciativa y su relevancia en momentos de alta volatilidad e incertidumbre en los mercados.

• En lo que se refiere a asesores previsionales, es urgente avanzar en regular a entidades que prestan este servicio, dados los potenciales conflictos de interés en la situación actual. La extrema liberalidad del sistema actual genera riesgos para los afiliados al sistema financiero y para la estabilidad financiera en general.

• Las normas sobre la materia contenidas en el proyecto reducen las facultades propuestas por el Ejecutivo para la SP, así como las garantías requeridas de los regulados. Para que la norma fuera eficaz sería necesario reponer dichas facultades.

• Aun así, quedará como tarea encontrar mecanismos que reduzcan la creciente volatilidad que los cambios masivos de fondos han introducido al sistema financiero. La experiencia indica que la autorregulación no es una solución a este problema.

• Las disposiciones sobre seguros asociados a créditos incorporadas al proyecto parecen responder más a un objetivo de protección de los consumidores que de regulación de agentes de mercado.

• Es importante calibrar el potencial efecto de estas medidas sobre el costo y acceso al crédito, así como sobre la industria bancaria y de seguros, de modo de evitar efectos no deseados.

• Una aproximación posible sería focalizarse en las normas que corresponden más claramente a conducta de agentes, por ejemplo, respecto de ventas atadas de productos financieros no relacionados al crédito, transparencia de costos y competencia en la industria.

• Por su parte, los temas potencialmente más riesgosos se refieren a la posibilidad de retracto en caso de seguros vinculados al crédito y la aplicación retroactiva de normas o que obliguen a ajustes bruscos a la industria aseguradora, dado el carácter de largo plazo de sus operaciones y la menor liquidez de sus activos.

• También es especialmente compleja la indicación referente a la aplicación de la tasa de interés corriente en caso de retardo, teniendo potenciales efectos no deseados en costo del crédito y acceso a financiamiento.

• Por último, varias de las regulaciones sobre seguros asociadas al crédito deben ser evaluadas considerando la relación entre riesgos de la operación y tasa de interés. Esta puede hacer ineficaces las disposiciones propuestas, generando costos no deseados para la inclusión financiera, especialmente en segmentos de menores ingresos.

Anexo:

Aspectos jurídicos-regulatorios adicionales

Consideraciones jurídicas respecto de las indicaciones incorporadas por la Sala de la Cámara en materia de seguros

• Desde el punto de vista del BCCh, incumbe analizar los efectos que este PdL podría conllevar respecto al funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, tanto a nivel del mercado crediticio como de seguros asociado, en especial ante la situación económica adversa derivada de la pandemia y las medidas adoptadas por la autoridad para su control.

• El adecuado desarrollo del mercado de seguros, cumple un rol fundamental en el buen funcionamiento del sistema financiero y en relación a la industria crediticia, permitiendo que las personas -a cambio de una prima- puedan transferir a una o más entidades aseguradoras, ciertos riesgos patrimoniales a que están expuestas.

• Por su parte, las entidades aseguradoras cumplen el rol de tomar a su cargo en forma masiva y habitual los riesgos asegurables, sea en procesos individuales o colectivos regulados, obligándose a indemnizar las pérdidas o daños que puedan sufrir los asegurados o sus beneficiarios al materializarse el riesgo asegurado (siniestro).

• Preservar el buen funcionamiento de este mercado, la certeza jurídica con la cual opera respecto de sus intervinientes, así como la estabilidad y solvencia de las instituciones financieras involucradas, constituyen factores relevantes que inciden en el normal funcionamiento de los pagos, y que se vincula directamente con la preservación de la estabilidad financiera.

Comentarios a disposiciones del PdL sobre la obligación de co-financiamiento en el pago de la prima de los seguros asociados a operaciones de créditos (mod. art. 40 DFL 251, 1931, y nuevos arts. 520 bis y 538 bis Código de Comercio):

• Conforme al marco legal, el asegurado es aquél a quien afecta un riesgo y que lo transfiere a un asegurador (compañía de seguros-CS) que lo toma a cambio del pago de una prima. El riesgo es la posibilidad de un evento que ocasione a ese asegurado una pérdida o necesidad avaluable, como en el caso de situaciones de cesantía involuntaria, muerte, invalidez, pérdida o daño sobre un bien dado en garantía de un crédito, etc.

• En una operación de crédito de dinero, una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención. El costo de cada mutuo se traduce en una tasa de interés, la cual toma en consideración el riesgo de crédito involucrado y sus posibles garantías asociadas.

• Así por ejemplo, si en un crédito de consumo o hipotecario las partes convienen una tasa de interés fija, ella no puede ser modificada luego en forma unilateral. En ese mismo acto –o posteriormente- una de las partes puede contratar (con una CS) uno o más seguros, transfiriendo los riesgos correspondientes, por ej. en caso de incendio o daño de su propiedad. En este caso puede ser el deudor quien contrate o el acreedor, actuando por su cuenta y cargo, dado que este último es el asegurado.

• Desde una perspectiva general, es fundamental el resguardo de la validez, y eficacia jurídica de los contratos celebrados por las partes.

• Esto incluye no afectar derechos patrimoniales adquiridos, por la vía de alterar las obligaciones de las partes en forma sobreviniente y retroactiva, contraviniendo con ello el principio de intangibilidad contractual.

• En este contexto, la preservación de la confianza y certeza del marco jurídico que rige el ofrecimiento, celebración y cumplimiento de los contratos de crédito y seguros, como instrumentos que satisfacen necesidades de largo plazo, constituye un elemento básico, que permite a los acreedores conocer y cubrir los riesgos patrimoniales que dichas prestaciones implican.

• Lo indicado, incide en el buen funcionamiento de estos mercados regulados, y en la estabilidad y solvencia de instituciones financieras. Además, resguarda el cumplimiento de las normas prudenciales aplicables al ámbito crediticio y de seguros.

• Por otra parte, en los seguros asociados a obligaciones de crédito, si bien el interés asegurable puede identificarse en el deudor y el acreedor –interés en la no ocurrencia del riesgo asegurable del deudor-, es solo en el deudor, o en sus herederos, en quien se radica el efecto pecuniario que puede representar la ocurrencia del siniestro, al dar paso al pago del seguro y con ello a la extinción de todo o parte de la obligación de dinero asegurada. En el caso del acreedor, se estará simplemente extinguiendo una obligación que ya tiene como contrapartida los fondos anteriormente entregados al deudor.

• Por ende, el deber de cofinanciar primas por riesgos ajenos, puede constituirse en una carga o gravamen legal especial que solo afectaría a un grupo de instituciones financieras que contraten ciertos seguros, por cargo y cuenta del deudor o de un grupo de estos.

• Luego, aunque el deber de co-financiamiento evite tener efectos retroactivos, acotándolo a futuras operaciones de crédito y sus seguros asociados; igualmente se debiera tener presente lo antes indicado, especialmente en cuanto esta nueva carga puede afectar la inclusión financiera, excluyendo ciertos segmentos de deudores u ocasionando eventuales incrementos en las tasas de interés de nuevos créditos, sujetos legalmente a una tasa máxima convencional (Ley N° 18.010).

• Lo señalado respecto del deber de cofinanciamiento de ciertas primas de seguros, debiera considerarse en el caso de los créditos hipotecarios cuyo otorgamiento corresponde regular al BCCh, cuando se efectúan mediante letras de crédito o por la emisión de bonos hipotecarios por empresas bancarias (art. 69 N° 1 y 5, y Título XIII de la LGB).

• En esos casos, dado que se trata de financiamientos de largo plazo, el BCCh ha dispuesto que pueden ser de cargo del deudor, entre otros, el pago de la prima del seguro de incendio del bien hipotecado, sin perjuicio que el acreedor puede contratarlo por su cuenta y riesgo. Inclusive, si el deudor ha comprometido contratarlo directamente y no lo hace, la normativa autoriza y exige al banco para que lo haga por su cuenta y cargo, debiendo reembolsarse de la prima, en forma reajustada y con intereses equivalentes a los del mutuo. Por otra parte, se permite que sean de cargo del deudor hipotecario los seguros contratados voluntariamente por este, con su consentimiento expreso, respecto de desgravamen, cesantía involuntaria, sismo y otras coberturas complementarias al seguro de incendio, como el de sismo y salida de mar, entre otros (Capítulos II.A1 y II.A.2 del CNF).

• De esta manera, de imponerse una carga especial en caso de contratación colectiva de los seguros indicados, o cuando se haga por cargo y cuenta del deudor, pudiera resultar en un tratamiento discriminatorio, que inclusive desincentive este mecanismo de contratación más eficiente que el aseguramiento individual de estos riesgos.

En relación a la indicación que prohíbe la contratación de seguros distintos a la operación crediticia misma e incorpora el derecho a retracto (nuevo art. 538 bis del Código de Comercio):

• El marco jurídico vigente establece como principio rector la posibilidad que tiene una persona de poder asegurar diferentes riesgos de distinta naturaleza, según lo estime conveniente, cumpliéndose una serie de resguardos prudenciales a su favor, como lo es la entrega de información, asesoramiento, libertad de elección, etc., todo ello además sujeto a fiscalización de la CMF sobre sus oferentes.

• Asimismo, la ley permite como principio general que el asegurado puede poner término anticipado al contrato, cuando lo estime conveniente. Por su parte, si los riesgos asegurados se extinguen o disminuyen después de celebrado el contrato, el seguro termina o la prima se ajusta en tal sentido, protegiéndolo para que se refleje el riesgo efectivamente asegurado.

• De esta forma, la indicación se aparta de los principios indicados, en cuanto a la libertad de contratación de seguros, en que se ha enfocado la regulación al fijar mayores resguardos en materia de transparencia, adecuada asesoría e información suficiente hacia los asegurados. Del mismo modo, se genera incertidumbre acerca de si ciertas coberturas complementarias serían elegibles, como en el caso de los mutuos hipotecarios regulados por el BCCh.

• En relación a la indicación que prohíbe la contratación de seguros distintos a la operación crediticia misma e incorpora el derecho a retracto (continuación)

• En cuanto al derecho al retracto, la tasa de interés en una operación de crédito es el resultado de la evaluación previa de riesgos, la cual puede ser diferente dependiendo de si se establecen seguros asociados a la misma (ej. respecto a sus garantías), por lo que un derecho amplio en este tipo de operaciones puede alterar -de forma posterior- la evaluación ya realizada de riesgos, involucrando uno mayor al que está reflejado en la tasa.

Respecto a la indicación que prohíbe la participación de entidades relacionadas en las licitaciones de seguros de créditos hipotecarios (nuevo N° 9 art. 40 DFL 251 de 1931):

• El art. 40 del DFL 251, incorporado por la Ley 20.552 (MK 4) de 2011, ya contempla un esquema de licitación pública para los seguros asociados a créditos hipotecarios, en la cual se adjudica por expresa disposición al oferente que presente el menor precio, cumpliendo los requisitos legales que aseguran una igualdad de tratamiento a los oferentes participantes.

• Asimismo, el PdL en discusión ya contempla la prohibición de sustituir al corredor incluido en la oferta, esto en base a las propuestas efectuadas en su momento por la FNE para incentivar la competencia.

• Por lo anterior, no se advierte el beneficio en disminuir el potencial número de participantes en estas licitaciones públicas, lo que podría afectar la competencia de esa industria y, en definitiva, perjudicar a los consumidores.

• Estos dos aspectos, junto con el deber de cofinanciamiento, pudieren generar incentivos para que los deudores tuvieren que contratar coberturas en forma individual, las que al referirse a pequeños riesgos asegurables, podrían ser objeto de mayores primas, que representarían al menos el mayor costo de administración individual de los seguros contratados por esta vía.

A continuación, la Comisión escuchó al Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. (ABIF), señor José Manuel Mena, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Indicaciones

Antecedentes

• El 15 de octubre, la Cámara de Diputados informó al Senado sobre la aprobación -segundo trámite- del proyecto que modifica las leyes N° 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

• La Cámara de Diputados aprobó un conjunto de indicaciones, algunas de las cuales habían sido rechazadas por la Comisión de Hacienda, pero que luego fueron renovadas en la Sala.

• En particular, nos referiremos a las indicaciones que:

- Modifican las normas comunes aplicables a los contratos de seguros contenidas en el Título VIII del Libro II del Código de Comercio (nuevos arts. 520 bis, 538 bis y 538 ter), el art. 40 de la Ley de Seguros.

- Prohíbe la participación de empresas relacionadas en las licitaciones de seguros asociados a operaciones hipotecarias.

- Modifican la ley N° 18.010 sobre cláusulas de prepago en operaciones de crédito.

Restricciones a los Seguros

La indicación al art. 520 bis y art. 538 bis del Código de Comercio establece que:

- En los seguros asociados a operaciones de crédito de dinero, los bancos e instituciones financieras tienen un interés asegurable sobre el pago de la deuda y/o los bienes dados en garantía.

- En consecuencia, la prima de los seguros asociados a productos o servicios financieros el pago de la prima será por partes iguales entre el acreedor y el deudor.

- Los seguros contratados en contravención a estas normas serán nulos y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas, pudiendo retener el importe de sus gastos, si ha actuado de buena fe.

La indicación al art. 538 bis Código de Comercio establece que:

- En los productos o servicios financieros sólo se podrán contratar seguros donde el beneficiario de la indemnización sea el acreedor y que digan estricta relación con los riesgos propios del endeudamiento.

La indicación en el art 40 de la Ley de Seguros se agregó:

- No podrán participar de la licitación (seguros asociados a operaciones hipotecarias) las empresas relacionadas con la entidad crediticia.

Ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero – cláusula de prepago

Se agrega un inciso tercero al art. 10 que regula el prepago:

- En las operaciones de crédito de dinero cuyo importe de capital no supere el equivalente a UF 5.000, solo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital, en las condiciones pactadas, hasta la fecha en que se realice el prepago. Lo que el deudor hubiere pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa.

Se agrega un inciso segundo al art. 16 que regula la tasa de interés aplicable en caso de retardo:

- La regla general consiste en que, salvo que se haya pactado un interés superior, el deudor incumplidor debe intereses corrientes desde la fecha del retardo y a las tasas que rijan durante el retardo.

- Se agrega que en las operaciones de hasta UF 5.000, el interés pactado en caso de retardo no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés solo puede devengarse sobre el capital vencido, no puede acumularse con los intereses remuneratorios y no puede capitalizarse.

Comentarios

Restricciones a los Seguros – Elimina Seguros Masivos

- Estas indicaciones se fundan en un error conceptual grave. Las indicaciones desconocen la naturaleza del contrato de seguros, donde siempre el beneficiario es el asegurado.

- Las implicancias de que estas indicaciones implicarán un retroceso de décadas en el desarrollo de productos y servicios financieros para distintos segmentos de clientes.

Término de seguros masivos

- Por ejemplo, el total de pólizas de seguros de cesantía contratados asciende a casi 5 millones, mientras que el total de pólizas de seguros de desgravamen supera los 24,6 millones

Impacto genérico en seguros

- No existe un margen para absorber el mayor costo derivado del pago del 50% de la prima

- Elimina estructuración de servicios transaccionales para sectores más vulnerables tales como los pescadores artesanales

- Leasing – la estructura de este servicio financiero requiere ser complementada con seguros, en caso contrario se atenta contra su viabilidad

Fondo Esperanza

- Mi Familia+Protegida [2017]: microseguro para accidentes personales o muerte accidental, incapacidad temporal y permanente, y gastos funerarios. Además, incluye servicio de orientación telefónica ilimitada, para temas médicos y legales, 60 mil pólizas contratadas desde el 2019 a la fecha

- Mi Negocio + Protegido [2020]: microseguro para cubrir daños materiales en emprendimientos afectados por incendios, vientos, avalanchas, inundaciones, aluviones, deslizamientos, nieve y otras situaciones similares, que afecten el normal desempeño de sus actividades.

Prohibición de contratación de seguros donde el receptor de la indemnización sea una persona distinta del acreedor.

- Contratos de seguro educacionales con ahorro.

- En definitiva, mediante las iniciativas planteadas, los hogares no dispondrán de mecanismos eficientes de mitigación de riesgos -cesantía, incendio, etc.- y, en consecuencia, la materialización de siniestros derivará en pérdidas patrimoniales de los hogares.

En este punto es importante resaltar que, además de los casos mencionados previamente, será inviable un amplio conjunto de productos -por ejemplo, seguro de salud asociado a medios de pagos, seguro de desempleo asociado a crédito y medios de pagos, leasing para Mipyme, etc.

- Los seguros afectados por este proyecto de ley, además de asociarse directamente los tipos de riesgos antes planteados, proporcionan asistencias adicionales a los usuarios, tales como apoyo legal, pequeñas reparaciones, servicios dentales, entre otras. Beneficios que se perderían frente a las iniciativas en materia de seguros. Donde, los costos que esto involucrará, nuevamente, afectarán negativamente a los clientes.

- Estas implicancias negativas, por la naturaleza de los productos involucrados, tendrán un efecto masivo en los clientes del sistema financiero.

Créditos hipotecarios

- Seguros de incendio y sismo: siniestros de incendio y sismo fueron aproximadamente 17.000 el 2019, con costos estimados en torno a $27.000 millones.

- Seguro de desgravamen (fallecimiento): los decesos cubiertos fueron 2.000 el año 2019, con costos estimados en torno a $48.000 millones.

- Seguro de cesantía: las personas que perdieron su empleo en 2019 y, que gracias a estar cubiertas por este seguro no pusieron en peligro su vivienda, fueron 25.000, con costos estimados en torno a $11.600 millones.

Créditos de consumo y otros (tarjetas de crédito, líneas de crédito, etc.)

- Seguro de incendio y sismo: siniestros de incendio y sismo fueron aproximadamente 3.505 el año 2019, con costos estimados en torno a $12.500 millones.

- Seguro de desgravamen (fallecimiento): en 2019 se produjeron cerca de 80.000 decesos de personas que contaban con este seguro, con costos estimados en torno a $85.300 millones.

- Seguro de cesantía: los clientes que perdieron sus empleos en 2019 y que contaban con este seguro fueron aproximadamente 155.000 personas, con costos estimados en torno a $50.400 millones.

En consecuencia, de aprobarse las indicaciones, los clientes deberán afrontar importantes pérdidas patrimoniales

Restricciones a los Seguros – Exclusión Financiera

- El pago de la mitad de la prima por parte del oferente importará un aumento en el costo de financiamiento, situación que dada la existencia de la Tasa Máxima Convencional (TMC), necesariamente se traducirá en la imposibilidad de ofrecer créditos a hogares cuyos perfiles de riesgos impliquen costos de financiamientos cercanos a la TMC (hogares de menos ingresos), escenario especialmente válido en los créditos de consumo.

- Para dimensionar este efecto, cabe señalar que esta medida implicará en los créditos de consumo un aumento estimado en el rango de 180 a 210 puntos base anuales, y en el caso de los créditos hipotecarios, de 40 a 45 puntos base anuales1 (Estimación basada en información de la Asociación de Corredores Bancaseguros y BancoEstado).

Dado estos efectos, y solo considerando las carteras de consumo, es posible que aproximadamente 350 mil clientes no puedan acceder al crédito formal.

Lo anterior, lo cual se sumaría a la desbancarización de los cerca de 300 mil clientes que implicó la última rebaja de la TMC (2013).

- En consecuencia, las indicaciones aprobadas solo fortalecen el endeudamiento informal de los hogares con las consecuencias adversas que esto implica ellos. Esto, tanto en términos de las mayores tasas de interés cobradas por los oferentes informales y el peligro de los mecanismos de cobranza utilizados por estos oferentes no regulados.

Restricciones a los Seguros – Implicancias Legales

- Nulidad absoluta de los contratos de seguro vigentes. La sanción de nulidad absoluta de los seguros contratados en contravención a lo dispuesto en las indicaciones provocará el término de los contratos de seguros actualmente vigentes.

- Incerteza jurídica. Los seguros contratados en contravención al art. 520 bis del Código de Comercio serán absolutamente nulos y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas, pudiendo retener el importe de sus gastos, si ha actuado de buena fe.

Dado nuestro ordenamiento jurídico – ley sobre efecto retroactivo de las leyes - esta norma solo se debe aplicar a los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada de la ley. Sin embargo, su redacción es ambigua y podría dar lugar a una aplicación retroactiva, afectando a los contratos actualmente vigentes. Si este fuese el caso, la ley sería abiertamente inconstitucional (lo que se sumaría a las consideraciones siguientes).

- Inconstitucionalidad. Las indicaciones vulneran las siguientes garantías constitucionales: (i) el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; (ii) la igual repartición de las demás cargas públicas (se perjudica al oferente en beneficio del cliente).

- Adicionalmente, el proyecto de ley prohíbe la participación en la licitación de seguros hipotecarios de empresas relacionadas. Esto claramente es un grave atentado a la libertad de emprendimiento y el desarrollo de una actividad económica e implica una discriminación para operar en un mercado competitivo con claras normativas relativas a operaciones con partes relacionadas, las cuales han operado apropiadamente a la fecha.

Indicaciones en prepago – Ambigüedad

- En las operaciones de crédito de dinero cuyo importe de capital no supere el equivalente a UF 5.000, solo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital, en las condiciones pactadas, hasta la fecha en que se realice el prepago.

Lo que el deudor hubiere pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa.

- Los aspectos planteados no son consistentes con conceptos financieros. No se entiende la aplicación.

Indicaciones en materia de prepago – Distorsión

- En las operaciones de crédito de hasta UF 5.000, el interés pactado en caso de retardo no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés solo puede devengarse sobre el capital vencido, no puede acumularse con los intereses remuneratorios y no puede capitalizarse.

- Esta indicación no reconoce el mayor riesgo relativo de los eventos en los cuales los clientes se encuentran en incumplimiento y, además, no reconoce el concepto de capitalización de intereses.

- Las implicancias de este tipo de iniciativas se trasladan a una menor remuneración de intereses a los depositantes, e implicará además un prorrateo del mayor riesgo entre clientes riesgosos y aquellos que no lo son, con las consecuencias adversas.

Interés moratorio – Distorsión

- En el art. 16 de la Ley 18.010 se establece que en el caso de retardo en el cumplimiento de una obligación de pago en obligaciones de hasta 5.000 UF, el interés no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés solo podrá devengarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida, no podrá acumularse con los intereses remuneratorios y no podrá ser capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo.

- Esta indicación implica que el interés efectivo es menor para los clientes morosos que los clientes con pagos al día.

- Esto contrasta con el mayor perfil de riesgo de un cliente en estado moroso.

Síntesis

- Las indicaciones comentadas contienen errores conceptuales importantes, generando un retraso de décadas en la provisión de servicios financieros.

- En efecto, la virtual pérdida de seguros, como mecanismo mitigador de riesgo, generará una pérdida directa a los consumidores y al país como un todo.

- Estos puntos han sido planteado por el regulador financiero (CMF), el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

- En consecuencia, dada la severidad de los efectos, es esencial una apropiada discusión de los beneficios y costos de esta iniciativa.

Enseguida, la Comisión escuchó al Presidente de CONAPYME (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa), señor Héctor Sandoval, quien manifestó su temor de que varios asociados queden desbancarizados producto de las enmiendas introducidas y dejó al Abogado Asesor, señor Carlos Boada, el efectuar una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 251, COMPAÑÍAS DE SEGUROS, SOCIEDADES ANÓNIMAS Y BOLSAS DE COMERCIO

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el DFL N° 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio:

En Chile existen 2.057.903 microemprendedores, de los cuales un 53,1% son informales y un 46,9% formales. Sexta Encuesta de Microemprendimiento. 04.05.2020

EME 6 / Año 2020

Sólo el 19,1% señaló utilizar algún tipo de préstamo o crédito bancario como medio principal de financiamiento, mientras el 8,7% de los microemprendedores mezclaron estas dos formas de financiamiento, es decir utilizaron ahorro más un préstamo o crédito.

Micronegocios solicitaron algún préstamo o crédito en los últimos 2 años: 72,5% no, y 27,5% sí lo hizo.

De este 27,5%, un gran porcentaje lo hizo por medio de la banca tradicional (49,3%), siendo los préstamos de amigos o parientes (26,5%) la segunda opción más frecuente.

Numerales 1 y 2 nuevos

Ha agregado los siguientes numerales 1 y 2, nuevos:

“1) Reemplázase el artículo 12 por el siguiente: “Artículo 12.- Créase un sistema de consulta de seguros, digital, interconectado en tiempo real y automático, de acceso remoto y gratuito, que será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero y que se regirá por las disposiciones de esta ley y la normativa que se dicte para su implementación”.

- Entregará información sobre los contratos de seguros a quienes tengan la calidad de contratante o asegurado en ellos y,

- A quien demuestre un interés legítimo en acceder a dicha información (fallecimiento/incapacidad judicialmente declarada).

Las compañías de seguros deberán mantener bases de datos actualizadas con información de las pólizas respecto de las cuales mantengan obligaciones vigentes, y deberán proporcionar a la Comisión para el Mercado Financiero la información necesaria para la operación del mencionado sistema de consulta.

La información señalada contendrá al menos la indicación de:

- las compañías aseguradoras contratantes;

- del intermediario, en caso que corresponda;

- del contratante o asegurado;

- vigencia y el tipo de seguro de que se trata, de acuerdo al código en el Depósito de Pólizas respectivo,

- prohibido informar antecedentes relacionados con la identidad del beneficiario o las condiciones establecidas para ello en el seguro. Dicha información deberá proporcionarse mientras las obligaciones de la compañía estén vigentes.

Ha agregado los siguientes numerales 1 y 2, nuevos:

“1) Reemplázase el artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12.- …

El sistema de consulta de seguros deberá permitir que, con el objeto de obtener nuevas ofertas de seguros, los contratantes o asegurados puedan otorgar su consentimiento para que la información relativa a sus contratos de seguros sea intercambiada entre las compañías de seguros.

Las compañías de seguros estarán obligadas a cumplir la solicitud del cliente, debiendo siempre respetar las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

La Comisión establecerá los requisitos y condiciones con los cuales deberán cumplir las compañías de seguro con el objeto de facilitar dicho intercambio. Asimismo, una norma de carácter general determinará la forma en la que se entregará el consentimiento expreso de los asegurados para todos los efectos legales.

Las compañías de seguros serán responsables por la veracidad e integridad de la información que proporcionen, y de su entrega oportuna. En caso de infracción, podrán ser sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.538, de 1980, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de esta ley.”.

Ha agregado los siguientes numerales 1 y 2, nuevos:

2) Modifícase el Art. 40 en el siguiente sentido:

i. Agrégase el siguiente párrafo segundo al numeral 1:

“La prima de los seguros que se contraten en virtud del presente artículo serán pagados en partes iguales por la entidad crediticia y sus deudores.”.

NO

- Restringe bancarización

- Eleva el Beta

- Lanza hacia los usureros

ii. Intercálase el siguiente numeral 2, nuevo, pasando el actual numeral 2 a ser 3, y así sucesivamente:

“2. Las referidas bases de licitación no podrán exigir que las ofertas de aseguradoras incluyan obligatoriamente los servicios de un corredor de seguros.”.

iii. Reemplázase su actual numeral 2, que ha pasado a ser 3, por el siguiente:

“3. No podrán participar en la licitación, directa o indirectamente, los corredores de seguros que hayan asesorado a la entidad crediticia licitante en dicha licitación y las compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BBB.”.

iv. Reemplázase el segundo párrafo de su actual numeral 3, que ha pasado a ser el 4, por el siguiente:

“La entidad crediticia no podrá sustituir al corredor incluido en la oferta adjudicada.”.

2) Modifícase el Art. 40 en el siguiente sentido:

v. Elimínase de su actual numeral 4, que ha pasado a ser el 5, la frase:

“, la que se expresará sólo como un porcentaje de la prima”.

vi. Agrégase después del punto final de su actual numeral 5, que ha pasado a ser el 6, la siguiente oración:

“Esta prohibición será aplicable durante la vigencia de los seguros adjudicados, de manera que en ningún caso se podrán considerar, directa o indirectamente, pagos a la entidad crediticia distintos del derecho a pagarse de su crédito con la indemnización en caso de siniestro.”.

vii. Reemplázase su actual numeral 7, que ha pasado a ser el 8, por el siguiente:

“8. Una norma de carácter general, que dictará la Comisión para el Mercado Financiero, regulará el proceso de licitación y las condiciones mínimas que contemplarán las bases de licitación.

a. Coberturas de seguros a licitar.

b. Duración de los contratos y coberturas.

c. Exigencias técnicas y patrimoniales de los corredores de seguros.

d. Información sobre la cartera a licitar que la entidad crediticia deberá entregar a los aseguradores para la realización de la oferta.

e. Criterios de segmentación de la cartera a licitar.

f. Servicios que se exigirán a las aseguradoras oferentes y a las corredoras de seguros.

g. Medidas que la entidad crediticia podrá establecer para el resguardo de su base de datos.

h. Información mínima que la entidad crediticia deberá proporcionar a la aseguradora durante la vigencia del seguro.”.

viii. Agrégase un numeral 9 del siguiente tenor:

“9. No podrán participar de la licitación las empresas que de conformidad al artículo 100 de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores, tengan la calidad de empresa relacionada con la entidad crediticia.”.

c) Reemplázase su inciso sexto por el siguiente:

“La Comisión para el Mercado Financiero establecerá, por norma de carácter general, las condiciones y coberturas mínimas que deberán contemplar los seguros asociados a los créditos hipotecarios a los que se refiere este artículo, tanto para aquellos contratados directamente por el deudor como para los contratados por la entidad crediticia por cuenta de éste. Las disposiciones de este artículo resultarán también aplicables a los seguros que se deban contratar en virtud de los contratos de arrendamiento de vivienda con promesa de compraventa, celebrados por sociedades inmobiliarias en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.281.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las entidades crediticias que cuenten con carteras de menor tamaño, podrán agrupar dichas carteras, aún entre distintas entidades, para la licitación de seguros Para tales efectos, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante norma de carácter general establecerá criterios mínimos para efectuar las señaladas agrupaciones de cartera.”.

Conclusión

Supuestos Proyecto de ley

1.- Pago de prima en partes iguales entre el acreedor y deudor para seguros asociados a créditos.

2.- Banco paga la comisión de intermediación en seguros hipotecarios.

3.- Prohíbe a las empresas relacionadas (Corredor o Compañía de seguros) participar en las licitaciones públicas de seguros hipotecarios. (Modelo de negocio/Costos de Transacción)

4.- Otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor.

5.- Nulidad absoluta de los seguros que se contraten en contravención a estas reglas.

Productos afectados:

Seguros asociados a créditos (hipotecarios, consumo, comerciales, tarjetas y líneas de crédito): el beneficiario es el banco acreedor. Impacto: pago de la prima 50/50. En hipotecarios (del art. 40) además el banco debe pagar el 100% de la comisión de intermediación.

Seguros protección cliente (voluntarios). Impacto: no se pueden vender junto con el crédito, ni al momento de la apertura del medio de pago (cta. cte., cta. rut, vista, ahorro, chequera). Sí se pueden vender seguros en otro momento pagando la prima a través de un medio de pago.

Efectos para Micro y pequeñas empresas:

1.- Nula opción de traspasar los mayores costos a los precios de los productos (Tasa).

Crédito de hasta 50 UF (MM$1,5), los costos asociados al crédito (Costos de Fondo, Costo de riesgo, Costo de Otorgamiento/ Mantención del producto y el Costo del 50% de la Prima de seguros) llegan a niveles cercano a la TMC.

Resultado:

- Desbancarización

- Incentivo a acceso a institutos informales y usureros

- Discriminación por menores ingresos de los clientes.

- Para las Micro Empresas, impacto en el consumo y en la reactivación de la economía.

2.- Otorgamiento de créditos sin seguros: fallecimiento, cesantía, incendio.

A continuación, la Comisión escuchó a la Gerente General de la Asociación de Corredores de Bancaseguros A.G., señora María Isabel Aranda, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Quiénes somos

• Corredores de Bancaseguros es una asociación gremial que reúne a la mayoría de las corredoras de seguros filiales de bancos.

• En 2019 intermediaron el 28% de las primas del mercado.

• Durante ese año, gestionaron cerca de 58.000 siniestros por MM$ 87.761.

• A junio de 2020 llevaban gestionados y pagados 26.608 siniestros.

Nuestro Propósito

• Destacar el valor de la actividad de los corredores de Bancaseguros como canal de acceso a los seguros para proteger el patrimonio y bienestar de los chilenos.

• Promover una cultura de trato justo a los clientes y libre competencia de los actores de la industria de seguros en el país, en un entorno de ética, transparencia y colaboración.

Rol del corredor bancaseguros

Banco

• Promover la oferta de seguros a los clientes actuales y potenciales.

• Informar y responder consultas de clientes.

• Canalizar la documentación para perfeccionar el seguro.

• Detectar necesidades de protección del cliente.

• Recaudar las primas de los seguros contratados por los clientes.

• Licitar los seguros hipotecarios.

Corredores Bancaseguros

• Diseña y desarrolla la oferta de seguros, de acuerdo a los perfiles de clientes del Banco.

• Cotiza y licita la oferta de seguros con las compañías de seguros (excepto para los seguros de créditos Hipotecarios).

• Entrega continua capacitación y apoyo comercial a los ejecutivos de los distintos canales del banco.

• Concreta y perfecciona la venta de seguros.

• Vela por los intereses del cliente en la venta y postventa frente a los distintos actores de la industria como compañías de seguros, liquidadores, empresas de asistencia, talleres automotrices, etc.

• En especial se encarga de:

- La correcta suscripción de riesgos.

- Dar asesoría al cliente en el proceso de liquidación de siniestros.

- Asegurar la correcta liquidación y pago de los siniestros.

- Entregar al cliente la póliza y/o certificado de cobertura de los riesgos asegurados.

- Atender y resolver consultas y reclamos

• Interacción con reguladores/supervisores.

Compañía

• Suscribir y dar cobertura a los riesgos.

• Liquidar y pagar siniestros.

• Apoyar en el desarrollo de productos.

• Administrar y dar respuesta a reclamos.

• Cumplir con la oferta de seguros al cliente.

I. Indicaciones que modifican el art. 40 del DFL 251 de impacto negativo

Prohíbe a las empresas relacionadas (corredor filial o compañía de seguros) participar en las licitaciones públicas de seguros hipotecarios de la entidad crediticia.

Nuestros comentarios:

• Esta indicación se aleja de la recomendación de FNE que ha instado a la participación y la libre competencia. No hay argumentos que sustenten prohibir que participen corredores filiales, atenta a la libre competencia y es discriminatorio.

• La participación del corredor filial de la entidad crediticia, por su conocimiento y expertice con los riesgos asegurados, permite asegurar un nivel adecuado de servicio a los clientes especialmente en caso de siniestros y sobre todo en eventos catastróficos.

No podrán participar en la licitación, directa o indirectamente, los corredores de seguros que hayan asesorado a la entidad crediticia licitante en dicha licitación.

Nuestras consideraciones:

• Se debe precisar: entendemos que la asesoría se refiere a participar en la redacción de las bases y durante el proceso mismo (ej.: responder consultas), y NO a realizar gestiones propias y que le corresponden como intermediario (ej: solicitar información de siniestros a las aseguradoras).

• Normativamente el Corredor que intermedia la póliza debe asesorar al contratante (Banco) en temas como el mencionado (información de siniestros).

I. Indicaciones que modifican el Código de Comercio de impacto negativo

Nuevo artículo 538 bis:

Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincule la contratación del seguro y que diga relación con tal operación.

Nuestras consideraciones:

• El problema no es la oportunidad de la venta, sino asegurar la correcta asesoría y transparencia en el proceso de oferta y contratación de seguros.

• En Chile la prima de seguros como % del PIB es 4,54% bastante bien respecto de países como España con 5,2%. Pero si sacamos el efecto de las rentas vitalicias, las primas de seguros 2019 representan sólo un 2,7% del PIB, lejos del 8,91% de los países OCDE.

• En Chile existen seguros de desempleo “de libre disposición”, que se ofrecen en forma colectiva bajo el modelo de Bancaseguros en bancos y otras instituciones financieras, que indemnizan al cliente y no a la entidad crediticia en caso de desempleo.

• Al cierre del año 2019 existían en Chile aproximadamente 800.000 pólizas vigentes de seguros de cesantía de libre disposición, que con esta indicación no se podrían continuar ofertando.

• En diciembre 2019 los créditos hipotecarios vigentes eran 1.490.000; de estos, aproximadamente un 8% tiene contratado seguro de cesantía. Estos seguros cubren generalmente 3 dividendos hipotecarios.

• En los tiempos que estamos viviendo, este tipo de seguros representan un gran apoyo a las familias chilenas.

• La venta de seguros en el momento de contratación del crédito permite la mutualización del riesgo y por tanto menores precios, sin exclusiones de cobertura. Si alguna compañía decide tener una oferta individual de seguros con indemnización a clientes, serán más caros y con coberturas restringidas, por los costos de comercialización y efectos de anti selección.

II. Problemas de redacción y temas que generan confusión

Nuevo artículo 520 bis:

“Los seguros de daños, personas o cualquier otro tipo contratados con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero otorgada por un banco o institución financiera podrán ser contratados por el deudor o por cualquiera”.

Comentario: aseguramiento del pago de una obligación de crédito de dinero siempre será seguro de crédito: no tiene relación con el tipo de seguros sobre el que se pretende legislar.

“Para los efectos de este artículo, se considerará que los bancos o instituciones financieras que otorguen dichos créditos tendrán un interés asegurable sobre el pago de la deuda o los bienes dados en garantía”.

Comentario: es redundante, el interés asegurable está tratado en el código de comercio y este inciso sólo repite lo que se puede deducir de las normas generales.

Nuevo artículo 520 bis:

“En todo préstamo de dinero otorgado por un banco o institución financiera se entenderá que tanto éste como el deudor tienen un interés asegurable en el pago del crédito”.

Comentario: repite lo planteado en el inciso anterior, respecto de los bancos e instituciones financieras: la existencia de interés asegurable.

“...será de cargo exclusivo del banco aquella porción de la prima que corresponda a la comisión por licitación”

Comentario: Comisión por licitación no es parte de los conceptos usados en este tipo de procesos ni en el mercado asegurador: admite diversas interpretaciones y genera confusión. Se habla sólo de Banco: ¿las otras entidades financieras no tendrán la misma obligación?

Comentario General: Introduce modificaciones al art. 40 del DFL251 (pago de prima por partes iguales) sin referirse al inicio de vigencia de la disposición como sí lo hace la modificación al propio artículo 40 que señala “sólo serán aplicables para los procesos de licitación de seguros iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”.

Se debe aclarar.

II. Problemas de redacción y temas que generan confusión

Nuevo artículo 538 bis:

“Seguros asociados a productos o servicios financieros”.

Comentario: en artículo 520 bis se habla de los “seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero”: se debería corregir redacción para que conceptos sean coherentes.

“Tampoco podrán celebrarse junto a los contratos de crédito, contratos de seguro que no digan estricta relación a los riesgos propios del endeudamiento”.

Comentario: redacción confusa: ya está establecido que no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincule la contratación del seguro y que diga relación a esa operación.

Nuevo artículo 538 ter:

“Los bancos e instituciones financieras no podrán pagar incentivos económicos de ninguna índole, con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito, que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado o aquellos que la ley exija como obligatorios para la contratación del crédito”:

Comentario: redacción confusa y contradictoria con artículo anterior: prohíbe pagar incentivos que tengan por objetivo “Incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado” pero esos productos (entendemos que son los seguros) no pueden ser ofrecidos, de acuerdo con lo establecido en 538 bis.

No tiene sentido prohibir pago de incentivos en seguros obligatorios, ya que no se pagan incentivos respecto de aquellos porque, justamente, son obligatorios.

Finalmente, la Comisión escuchó al Presidente de la CONADECUS (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios), señor Hernán Calderón, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Consideraciones previas

• El rol de Conadecus.

- Participación en la elaboración de un proyecto de ley de registro de seguros, durante la discusión de la reforma MK3 en el año 2010.

- Columnas de opinión publicadas en medios de comunicación con el fin de informar y orientar en el tema.

• Los contratos de seguros en Chile.

• La relación entre los seguros y los consumidores.

• Los Derechos de los consumidores de seguros.

• El pago de las primas de seguros.

Antecedentes para tener en consideración

• Falta de información sobre los seguros contratados, los asegurados y los beneficiarios.

• Dificultad para conocer los seguros contratados o asociados a productos crediticios.

• Desconocimiento de las coberturas, plazos y formas de hacer efectivos los seguros.

•Asunción del pago por los consumidores aun cuándo beneficia a entidades crediticias.

Opiniones sobre el proyecto

• Creación de un sistema de consulta de seguros digital [Artículo 5, modificaciones al DFL Nº251, de 1931].

- Va en la línea correcta. Establece una consulta digital, de acceso remoto y gratuita, lo que da garantía de acceso.

- Se establece que se debe mantener la base de datos actualizada por las aseguradoras.

- Es adecuado que se establezca sanción por la falta de veracidad e integridad de información.

• Sugerencias de perfeccionamiento.

- Debiera establecerse por ley un plazo máximo de actualización de la base de datos por parte de las compañías de seguro.

• Pago compartido de prima y licitaciones [Artículo 5, 2), modificación al DFL Nº251, de 1931, art. 40].

- Es una modificación adecuada ya que no solo el consumidor se ve beneficiado con la cobertura sino también la entidad crediticia.

- La prohibición de participación en la licitación por quienes aseguraron a la entidad crediticia es un buen límite para impedir conflictos de intereses.

• Seguros asociados a productos o servicios financieros [Artículo 8, 1), modificación al Código de Comercio, art. 538 bis].

- La prohibición de seguros inconexos al servicio financiero es adecuada.

- Por lo mismo, es también pertinente que la prima sea compartida.

- El derecho a retracto es un gran avance para estos servicios.

¿Cómo protegemos el consentimiento de los consumidores?

• Prepago de créditos [Artículo 9, 3) y 4); modificación a la Ley 18.010, art. 10 y 16].

- Dados los problemas de aplicación en el prepago, es beneficioso que se establezca expresamente sólo podrán cobrarse los intereses proporcionales, imputando el exceso a capital.

- La incorporación de un inciso segundo al art. 16 también es un avance, ya que impide la capitalización de intereses y diferencia a los créditos inferiores a 5.000UF.

• Sugerencias de perfeccionamiento. [Artículo 9, 4) y 5); modificación a la Ley 18.010, art.16 y 19].

- La modificación al artículo 16 podría establecer un monto mayor de UF, pero excepcionar (tal como lo hace el art. 10) a entidades institucionales o sofisticadas.

- El art. 19 TER parece ser un retroceso. Las comisiones han generado problemas en los cobros de crédito al no regularse. En este aspecto, la legislación es clara que cualquier cobro que excede al capital es interés, debiendo seguir ese límite. Así, debiera proscribirse el cobro de comisiones.

- Mediante las comisiones, existe la posibilidad que la banca y el retail financiero cobren intereses sobre los máximos legales.

Enseguida, la Comisión escuchó al académico, economista y ex Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Sobre pagar primas en partes iguales y desbancarización (Boletín N° 10.162-05)

Las premisas

• Traspaso a tasas de interés sería sólo parcial, depende de elasticidades y de la competencia.

• La TMC es endógena se ajustará en el tiempo.

• Caso Español (en la minuta).

Traspaso

• Se argumenta que se traspasaría el 100% solo si: (i) “completa inelasticidad” (ii) “Sin competencia alguna”.

• Este razonamiento está equivocado: Lo que se analiza no es un aumento de costos (como sería, por ejemplo, el caso de un impuesto), sino que un traslado de quién paga cierto costo.

• Independientemente de elasticidades y grados de competencia, se traspasa 100%.

62

TMC

España

• Se comparten costos operacionales de una operación hipotecaria (tasación, etc.)

• Más allá de la irrelavancia del efecto (se traslada a tasas), no se comparten los costos de un eventual seguro. Y menos aún, se trata de productos asociados voluntarios.

La señora Butelmann señaló que existe un cambio que se refleja en oferta y demanda, y no sólo en la oferta. Al correrse las dos curvas hacia arriba equivale a bajar la TMC una vez más.

A continuación, la Comisión escuchó al Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. (ABIF), señor José Manuel Mena, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Respuesta y aclaración de errores conceptuales contenidos en la intervención del H. Diputado Giorgio Jackson

Indicaciones en prepago – Aritmética Financiera

- Indicación. En las operaciones de crédito de dinero cuyo importe de capital no supere el equivalente a UF 5.000, solo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital, en las condiciones pactadas, hasta la fecha en que se realice el prepago. Lo que el deudor hubiere pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa.

- Los aspectos planteados no son consistentes con conceptos financieros básicos.

- Financieramente, los desarrollos de deudas en cuotas consideran un esquema de cuotas fijas con amortización de capital creciente, o amortización de capital fija con intereses decrecientes.

- No existe una fórmula matemática financiera para calcular el desarrollo de una deuda que considere un “interés justo” (monto constante en valor absoluto), tasa interés % determinada, monto de capital y plazo.

- Sin embargo, las posibles combinaciones como las propuestas por el Diputado Jackson convergen a un esquema de amortización decreciente: cuotas muy altas al inicio, con las implicancias negativas para la planificación familiar de los clientes.

Crédito y Financiamiento: Activos vs Pasivos

- Todo crédito (activo) debe ser financiado (pasivo).

- Créditos en cuotas se financian con deuda de similar estructura (cuotas fijas y plazo).

- El spread es la diferencia entre la cuota del crédito y la cuota del pasivo, es decir un pm1- pmt2=S, lo que constituye un monto constante en todo el desarrollo del crédito.

- Ello implica que al comienzo la ganancia (“S”), como porcentaje del saldo crédito, es un porcentaje inferior al que se observa al final del crédito.

- Esto muestra que no se puede mirar solo una parte de la situación: los pasivos operan con iguales normas, y cambios de criterio deben tener un espejo en los ahorrantes. 

- El criterio de cálculo propuesto por el Diputado Jackson si se aplica a los pasivos puede implicar un costo de prepago que lleva a un mayor costo de financiamiento.

- El Diputado Jackson planteó que el desarrollo de deuda con cuota fija “carece de causa legal”.

- La determinación del esquema de pago (variable versus fijo) responde a un acuerdo entre las partes, en beneficio del deudor.

- Más aún, la regulación bancaria establece que “en las tablas de desarrollo de las letras de crédito para adquisición de vivienda, el valor del cupón será siempre el mismo, excepto el último que podrá ser diferente por efecto del cálculo” (Capítulo 9-1 N° 2.3 RAN)

- La tasa de interés es fija y se aplica sobre el saldo insoluto, práctica común en Chile y en el mundo, y es simétrica con el esquema de pago de interés a los depositantes.

Indicaciones en prepago – Información Incorrecta

- Indicación. En las operaciones de crédito de hasta UF 5.000, el interés pactado en caso de retardo no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés solo puede devengarse sobre el capital vencido, no puede acumularse con los intereses remuneratorios y no puede capitalizarse.

Aclaraciones

- En caso de mora se paga únicamente el interés moratorio (no se suma al interés remuneratorio contractual).

- Los intereses moratorios sólo se calculan sobre el capital adeudado (y no sobre el capital ya pagado).

- Los intereses moratorios no pueden exceder el interés máximo convencional vigente al momento de la convención (arts. 6, 6 bis y 6 ter Ley N° 18.010; Capítulo 7-1 RAN).

- La indicación no reconoce el mayor riesgo relativo de los eventos en los cuales los clientes se encuentran en incumplimiento y, además, se basa en información incorrecta sobre la operación y regulación bancaria (ver puntos anteriores que expuso el Diputado Jackson en sesión del 1 de diciembre de 2020).

Restricciones a los Seguros – Elimina Seguros Masivos

- Estas indicaciones se fundan en un error conceptual grave. Las indicaciones desconocen la naturaleza del contrato de seguros, donde siempre el beneficiario es el asegurado –ya sea a través de un menor costo de financiamiento (menor riesgo) o compensación en caso de siniestro.

- El pago de la mitad de la prima por parte del oferente importará un aumento en el costo de financiamiento, situación que dada la existencia de la Tasa Máxima Convencional (TMC), necesariamente se traducirá en la imposibilidad de ofrecer créditos a hogares cuyos perfiles de riesgos impliquen costos de financiamientos cercanos a la TMC (hogares de menos ingresos), escenario especialmente válido en los créditos de consumo.

- Los impactos estimados en términos de exclusión financiera son:

- Comisión para el Mercado Financiero: 236 mil en 12 meses (28 de octubre)

- BancoEstado: 236 mil en 12 meses (3 de noviembre)

- Asociación de Bancos: 350 mil (17 de noviembre)

- Banco Central de Chile: No realiza estimaciones, pero ejemplifica el impacto de exclusión financiera formal (17 de noviembre)

- Esta iniciativa implicará una de los mayores impactos en desbancarización de los últimos años.

- Pago de Prima de Seguros por parte del Oferente. No es efectivo que exista en el mundo un caso como el que se pretende establecer en la legislación nacional.

- El Diputado Jackson cita la legislación española, pero ello es una gruesa equivocación, por las siguientes razones:

- La Ley 5/2019 de Crédito Inmobiliario, de marzo de 2019, estableció que el banco debiera pagar gastos de tasación, notariales, impuestos y otros asociados a la inscripción de las garantías en el registro de la propiedad.

- Es decir, el caso de España habla de gastos de inscripción de garantías, no seguros.

- El caso de España difiere además de Chile por que en dicha jurisdicción no existe Tasa Máxima Convencional.

- En consecuencia, el traspaso de costos a la tasa de interés en España no se traducirá en mayor exclusión financiera.

- En definitiva, mediante las iniciativas planteadas, los hogares no dispondrán de mecanismos eficientes de mitigación de riesgos -cesantía, incendio, etc.- y, en consecuencia, la materialización de siniestros derivará en pérdidas patrimoniales de los hogares.

- En este punto es importante resaltar que, además de los casos mencionados previamente, será inviable un amplio conjunto de productos -por ejemplo, seguro de salud asociado a medios de pagos, seguro de desempleo asociado a crédito y medios de pagos, leasing para Mipyme, etc.

- No solo afecta a bancos y compañías de seguro, sino también un amplio conjunto de instituciones, por ejemplo, Fondo Esperanza que da micro-crédito con seguros.

- Los seguros afectados por este proyecto de ley, además de asociarse directamente los tipos de riesgos antes planteados, proporcionan asistencias adicionales a los usuarios, tales como apoyo legal, pequeñas reparaciones, servicios dentales, entre otras. Beneficios que se perderían frente a las iniciativas en materia de seguros. Donde, los costos que esto involucrará, nuevamente, afectarán negativamente a los clientes.

- Estas implicancias negativas, por la naturaleza de los productos involucrados, tendrán un efecto masivo en los clientes del sistema financiero.

Enseguida, la Comisión escuchó al Vicepresidente Ejecutivo del Retail Financiero, señor Claudio Ortiz, quien efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

OPINION:

1. Contexto del proyecto de ley

2. Efectos indeseados en el mercado financiero y las personas

3. Errores técnicos de algunas indicaciones

4. Comentarios específicos a las indicaciones

1. Contexto del proyecto de ley

• Todos los seguros que comercializa nuestra industria son de contratación voluntaria.

• Nuestra preocupación se centra en 5 indicaciones (520bis, 538bis, 538ter, Articulo 9 nuevo, Artículo 19 ter)

2. Efectos indeseados

• Exclusión de a lo menos 630.000 personas del crédito formal regulado (10% de los clientes actuales de la industria, focalizado en segmentos más vulnerables)

• Grandes beneficiados: oferentes de créditos no regulados e informales

• Se genera una doble discriminación: para oferentes y para consumidores

• Se promueve la desprotección de amplios segmentos (de mayor edad y empleos más precarios)

• Obstáculo al desarrollo de la Portabilidad Financiera

3. Errores técnicos

1. La redacción de las indicaciones del artículo 520 bis y 538 bis, que define los sectores regulados por este proyecto de ley, genera discriminación entre estos y los que aparentemente no estarían incluidos. Esto, también genera una discriminación hacia los consumidores.

A ratos habla de Bancos e Instituciones Financieras -dejando afuera otros importantes sectores que prestan servicios financieros- y a ratos las indicaciones hacen mención a operaciones crediticias, que parecen abarcar todo tipo de productos y servicios financieros.

2. No clarifica si aplica al flujo futuro de nuevas operaciones o también al stock. Es importante revisar también como se haría el proceso de renovaciones del actual stock de seguros en relación a las carencias.

3. El proyecto pasa a llevar los derechos de los trabajadores, impidiendo acordar remuneraciones variables por labores propias de su trabajo, lo que además termina afectando contratos colectivos actualmente vigentes.

4. Establece que la comisión de licitación de seguros es de cargo del acreedor. Esta comisión ya está prohibida en la legislación actualmente vigente (DFL 251 artículo 40). El inciso correspondiente se refiere solo a bancos y quienes tienen que licitar son todos los acreedores que otorgan créditos hipotecarios, incluyendo mutuarias, compañías de seguros, cooperativas.

4. Comentarios específicos a las indicaciones

• Articulo 9 nuevo

• Articulo 9 nuevo, Artículo 19 ter)

Regulación de la tasa de interés de mora

Artículo 9 nuevo.

Agregar en el artículo 16 de la Ley 18.010. Con todo, en obligaciones de hasta 5.000 unidades de fomento en las que el acreedor realice profesionalmente este tipo de operaciones, salvo disposición legal en contrario, el interés pactado para el caso de retardo en las obligaciones del deudor no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés sólo podrá devengarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida, no podrá acumularse con los intereses remuneratorios y no podrá ser capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo. En caso de contravención se aplicará lo dispuesto en el artículo 8°, y en caso de que corresponda se podrá pedir la nulidad contemplada en el artículo 17 E de la ley N°19.496.

Indicación que regula las comisiones asociadas a los créditos

Elimina del primer inciso del artículo 19 ter.-

“Dichas comisiones no serán consideradas intereses, según se define en el artículo 2° de la presente ley.”.

Título I, De las Operaciones de Crédito de Dinero

“Artículo 19 ter.- La Comisión determinará, mediante norma de carácter general, los requisitos, reglas y condiciones que deberán cumplir las comisiones que se cobren respecto de las operaciones de crédito de dinero otorgadas por las entidades supervisadas por la Comisión y de aquellas sometidas a su fiscalización conforme a lo establecido en el artículo 31 de esta ley, debiendo corresponder a contraprestaciones por servicios reales y efectivamente prestados. Dichas comisiones no serán consideradas intereses, según se define en el artículo 2° de la presente ley.

Asimismo, dicha normativa deberá establecer criterios objetivos para la determinación de tales comisiones, los cuales deberán calcularse en base al costo de prestación del servicio.”.

Tasa de interés

• De acuerdo a la CMF, “la tasa de interés es un porcentaje del crédito que debe ser pagado en retribución por el préstamo de dinero recibido” y, por tanto, corresponde al precio del dinero prestado.

Comisiones

• De acuerdo a la CMF, “son los cobros necesarios para la mantención operativa del crédito en sus distintas modalidades de uso, como por ejemplo la comisión por mantención/administración y en tarjetas de crédito comisiones asociadas a operaciones como avances en efectivos y compras en el exterior. El plan de comisiones es parte integral del contrato y por tanto se entiende por conocido al momento de firmar el contrato. Si hay algún cambio estos deberán informarse por escrito al menos con dos meses de anticipación a la fecha en que se aplicará la nueva modalidad de cálculo o cambio de tarifas”.

• Los cargos por comisiones son costos efectivos en que incurre el emisor en el proceso de administración del crédito. Estos costos son distintos al precio del dinero.

En la indicación original del Ejecutivo se le mandata a la CMF definir los costos que pueden ser considerados parte de la comisión. Dado lo anterior, es importante separar explícitamente los conceptos de interés y comisiones.

Evolución de la TMC

La señora Butelmann señaló que en el trabajo entregado en una sesión anterior discutieron la materia de a quién conviene la contratación del seguro. Puso el caso de la muerte de un deudor: una casa es transmitida a sus herederos, que si pagan la deuda no tendrán ningún problema, pero -si dejan de pagar- el Banco rematará la casa y se pagará todas sus acreencias. El único riesgo que asume el banco es el de los trámites para lograr rematar, que no alcanzan la mitad del riesgo total asumido.

El señor Mena señaló que lo que se cobra hoy es el interés pactado en la operación, y así ocurre con todas las instituciones, siendo propio de matemática financiera.

El seguro es básicamente de interés de los clientes en caso de existir un siniestro. Los 4 aspectos de la industria financiera se refieren a créditos, ahorros, medios de pago y seguros, y cuando se habla de bancarización se refiere a esos 4 ámbitos.

Expresó que ha aumentado el grado de informalidad laboral y ese sí es un grave problema para todos. Agregó que deben distinguirse correctamente los costos de operación de los costos del crédito.

El señor Ortiz comentó que todos los seguros son voluntarios dentro del retail financiero -no existen los obligatorios- por lo que es muy distinto lo que ocurre con las propuestas para este sector.

Respecto de los comentarios sobre aportes para analizar lo que ocurre con la TMC, se comprometió a enviar un estudio que analiza lo que ocurre en más de 100 países, concluyendo que más de la mitad de los países no cuentan con TMC (entre ellos, Inglaterra y Brasil).

Destacó que lo que está en juego es el tamaño futuro del mercado del crédito, que ha crecido considerablemente, pero también van proliferando mafias de crédito informal, que incluso hacen publicidad en radios.

En relación al incentivo de ofrecer seguros, y más allá de lo que puede ser su aplicación, acotó que les genera una contingencia laboral por contratos actualmente vigentes de sus trabajadores.

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A continuación, siguiendo el orden del articulado del proyecto, se efectúa una relación de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, al texto aprobado en primer trámite por el Senado, así como de los acuerdos adoptados por la Comisión respecto de las referidas enmiendas.

Artículo 1°

Introduce modificaciones en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.

o o o o o

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo los siguientes numerales 4, 5, 6 y 7, nuevos:

“4) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y así sucesivamente:

“Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las entidades comprendidas en él deberán divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna todo hecho o información esencial respecto de ellas mismas y de sus negocios en el momento en que éste ocurra o llegue a su conocimiento. El directorio o administrador de cada entidad deberá implementar políticas, procedimientos, sistemas y controles con el objeto de asegurar dicha divulgación y evitar que se filtre información esencial mientras no haya ocurrido la referida divulgación.

La Comisión, mediante norma de carácter general, establecerá los requisitos y condiciones que deberán cumplir las políticas, procedimientos, sistemas y controles a que se refiere el inciso anterior.”.

b) Reemplázase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el inciso anterior” por “los incisos anteriores”.

“5) Incorpóranse en el artículo 16 los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo:

“Sin perjuicio de las políticas que adopte cada emisor, los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública, así como sus cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, no podrán efectuar, directa o indirectamente, transacciones sobre los valores emitidos por el emisor, dentro de los treinta días previos a la divulgación de los estados financieros trimestrales o anuales de este último.

Para efectos del inciso anterior, los emisores de valores de oferta pública deberán siempre publicar la fecha en que se divulgarán sus próximos estados financieros, con a lo menos treinta días de anticipación a dicha divulgación.

En caso de que se efectúen operaciones en contravención de lo dispuesto en el inciso quinto, que infringieren las prohibiciones establecidas en el Título XXI de esta ley, primarán las disposiciones de dicho Título.”.

6) Intercala en el artículo 18, entre las expresiones “en el” y “artículo 16”, la frase “inciso primero del”.

7) Modifica el artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Elimínase su inciso primero.

b) Reemplázase en su inciso segundo la expresión “Asimismo, la Superintendencia” por “La Comisión”.”.

o o o o o

Numeral 6)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el siguiente:

“6) Reemplázase el inciso segundo del artículo 44 bis, por los siguientes:

“Asimismo, las bolsas deberán establecer mecanismos de interconexión que permitan la mejor ejecución de las órdenes de los inversionistas, incluyendo aquellas que provengan de terceras bolsas. La Comisión establecerá, mediante norma de carácter general, los sistemas de negociación que deberán interconectarse de manera vinculante, así como la forma, condiciones, requisitos técnicos, de comunicación, de seguridad y cualquier otro que deban cumplir los mecanismos de interconexión, las bolsas y sus participantes, para efectos de implementar esta norma, velando siempre por el adecuado funcionamiento del mercado financiero.

La Comisión, al momento de evaluar la aprobación de las normas de las bolsas que establezcan las estructuras tarifarias de interconexión, u otras condiciones aplicables a sus participantes o a terceras bolsas, deberá propender siempre a la búsqueda de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 44, la Comisión, en caso que considere que una o más condiciones establecidas en el reglamento de una bolsa de valores sean discriminatorias o afecten la libre competencia, rechazará, mediante resolución fundada, la solicitud de aprobación de dicha reglamentación. La resolución deberá contener un plazo prudente para que la bolsa respectiva subsane las observaciones de la Comisión, el que comenzará a correr desde que la referida resolución sea notificada a la bolsa de valores. En caso que la bolsa no corrija la situación en el plazo indicado, la Comisión podrá proceder de acuerdo al Título IV del decreto ley N° 3.538, del Ministerio de Hacienda, de 1980, cuyo texto fue reemplazado por el artículo primero de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Para efectos de lo establecido en el presente inciso, la Comisión podrá requerir del informe técnico de la Fiscalía Nacional Económica, la que deberá remitir dicho informe a más tardar dentro del plazo de noventa días de solicitado por la Comisión.”.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, intercaló en el primero de los incisos propuestos, entre las frases “establecer mecanismos de interconexión” y “que permitan la mejor ejecución”, el siguiente texto: “en tiempo real, con calce vinculante y automático entre distintas bolsas de valores, de manera”.

Numeral 8)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el que sigue:

“8) Modifícase el artículo 59, del siguiente modo:

a) Reemplázase su letra d), por la que sigue:

“d) Los socios de empresas de auditoría externa que maliciosamente emitan un dictamen o entreguen antecedentes falsos sobre la situación financiera u otras materias sobre las cuales hubieren manifestado su opinión, certificación, dictamen o informe, respecto de una entidad sujeta a la fiscalización de la Comisión.

Sufrirán la misma pena quienes presten servicios en una empresa de auditoría externa y alteren, oculten o destruyan información de una entidad auditada, con el objeto de lograr un dictamen falso acerca de su situación financiera.”.

b) Modifícase su letra f), en los siguientes términos:

i) Sustitúyese la expresión “y gerentes”, por la frase

“, gerentes y ejecutivos principales”.

ii) Reemplázase la frase “las Superintendencias de Valores y Seguros o de Bancos e Instituciones Financieras en su caso”, por la expresión “la Comisión”.

c) Agrégase la siguiente letra h):

“h) Los directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales de un emisor de valores de oferta pública, de una bolsa de valores o de un intermediario de valores, que entregaren antecedentes o efectuaren declaraciones maliciosamente falsas al directorio o a los órganos de la administración de las entidades por ellos administradas, o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo de la misma, en su caso.”.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó un literal a), nuevo, del siguiente tenor:

“a) Reemplázase en el encabezado la palabra “medio” por “máximo”.”.

Numeral 9)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el siguiente:

“9) Modifícase el artículo 60, del siguiente modo:

a) Intercálase, en su letra b), a continuación de la expresión “agentes de valores”, la siguiente frase: “, empresas de auditoría externa”.

b) Efectúanse, en su letra d), las siguientes enmiendas:

i) Intercálase, a continuación de la expresión “clasificadoras”, la siguiente frase: “o en empresas de auditoría externa”.

ii) Intercálase, después de la palabra “clasificados”, la expresión “o auditados”.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“13) Modifícase el artículo 60 del siguiente modo:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Reemplázase en su encabezado la frase “cualquiera de sus grados” por “su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo”.

ii. Intercálase en su letra b), a continuación de la expresión “agentes de valores”, la siguiente frase, precedida de una coma: “empresas de auditoría externa”.

iii. Modifícase la letra d) de la siguiente forma:

1. Intercálase, a continuación de la palabra “clasificadoras” la frase “o en empresas de auditoría externa”.

2. Intercálase, después del vocablo “clasificados”, la expresión “o auditados”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Para determinar las penas establecidas respecto de los delitos previstos en las letras e), g) y h) precedentes, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 67 a 69 del Código Penal ni las reglas especiales de determinación de las penas establecidas en otras leyes y, en su lugar, aplicará lo siguiente:

1. Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes en el hecho, el tribunal podrá recorrer toda la extensión de la pena señalada por la ley al aplicarla.

2. Si concurren una o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, el tribunal impondrá la pena en su grado inferior. Si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena en su grado superior.

3. Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes, se hará su compensación racional para la aplicación de la pena, graduando el valor de unas y otras, y también considerará la extensión del mal producido por el delito.

4. El tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley, salvo que procedan las circunstancias establecidas en los artículos 51 a 54 del Código Penal.”.

o o o o o

Artículo 4°

Introduce modificaciones en el decreto ley 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

Numeral 5)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el siguiente:

“5) Modifícase su artículo 172, como se indica:

a) Reemplázase la frase “mantendrán en forma conjunta las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros”, por la siguiente: “mantendrá la Superintendencia de Pensiones”.

b) Sustitúyese la frase “dicten conjuntamente las mencionadas Superintendencias”, por la que sigue: “dicte la mencionada Superintendencia”.

c) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Dicha Superintendencia podrá establecer requisitos diferenciados para los asesores previsionales o entidades de asesoría previsional en función del tipo de asesoría previsional que presten.”.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, reemplazó el inciso segundo que propone agregar el literal c) por el siguiente:

“Dicha Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, requisitos diferenciados para los asesores previsionales o entidades de asesoría previsional en función del tipo de asesoría previsional que presten, así como la clase de destinatarios que ella contemple.”.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, aprobó la enmienda efectuada en el literal c) del numeral 5).

Numeral 10)

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el siguiente:

“10) Modifícase el artículo 177, como se indica:

a) Reemplázase la letra b) de su inciso primero, por la siguiente:

“b) En el caso que no mantengan vigente la boleta de garantía bancaria o el seguro referido en el artículo 173.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la frase “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros conjuntamente”, por la siguiente: “la Superintendencia de Pensiones,”.

c) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán conjuntamente”, por la que sigue: “la Superintendencia de Pensiones dictará”.

d) Agrégase el siguiente inciso final:

“Asimismo, la Superintendencia de Pensiones podrá suspender del Registro, mediante resolución fundada y por un plazo máximo de seis meses, renovable por una vez, a las Entidades de Asesoría Previsional o a los Asesores Previsionales en los casos en que no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades, o cuando así lo requiera el interés público.”.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, suprimió la letra b).

El señor Ministro señaló que existe un problema de forma, porque en el resto del proyecto se estableció que el regulador en esta materia es la Superintendencia de Pensiones, sin agregar a la CMF, pero acá, con la modificación efectuada por la Cámara de Diputados, se mantienen en conjunto, lo que resulta incongruente.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, rechazó la enmienda efectuada en el numeral 10).

o o o o o

En sesión de 22 de diciembre, la Comisión escuchó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuyo Comisionado, señor Mauricio Larraín, efectuó una presentación, en formato ppt, del siguiente tenor:

Protección al Denunciante

Adecuado Funcionamiento del Mercado Financiero

• Detección, investigación y sanción de Abusos de Mercado

– Uso de información privilegiada

– Manipulación de precios

– Inducir a error o equívoco al público

• Propuesta de cambio legal en línea con Agenda Anti Abusos de al CMF:

•Perfeccionar herramientas preventivas

•Ampliar perímetro de fiscalización de abusos

•Mayores sanciones, penales y administrativas

•Mejorar detección de abusos

Detectando Malas Conductas

• Abusos de Mercado, por naturaleza, son de compleja detección y persecución

– Suelen cometerse en entornos cerrados (interior de una empresa, entre amigos o familiares)

• Frente a ello, legislación provee herramientas

– Medidas intrusivas y levantamiento secreto bancario

– Colaboración compensada

– Protección al denunciante: resguardo de la identidad, prohibición de tomar acciones específicas contra el empleado, recompensas en casos que denuncia derive en sanción/multa al denunciado.

Colaboración Compensada vs. Protección al Denunciante

Colaboración Compensada

• Dirigida a los autores o partícipes de la conducta sancionada

• El objetivo es incentivar la autodenuncia por parte de partícipes de conducta

• Incentivo consiste en reducción de la sanción o pena

Protección al Denunciante

• Dirigida a terceros sin participación en la conducta sancionada

• El objetivo es eliminar desincentivos a la colaboración de terceros por represalias

• Incentivo es mantener confidencialidad de identidad y eventual compensación económica por riesgo y perjuicios por represalias

Herramienta Similar en Otros Mercados Financieros

OECD considera la protección del denunciante como medida necesaria para resguardo de fe pública. Año 2015 había detectado brechas en distintas jurisdicciones sin este tipo de protecciones, incluyendo Chile.

Recomienda considerar el establecimiento de recompensas a los denunciantes, junto con asegurarse que otras leyes, como las de violación de secreto o datos personales, no impidan la denuncia.

• Protección del Denunciante

– Es necesaria para evitar desincentivos a reportar ilícitos

• Protección identidad y represalias

– Complementa otras medidas que contribuyen a la persecución de conductas graves para el mercado

• Foco está en terceros que no participaron de la conducta

– Compensación Económica

• Puede servir de incentivo adicional y contribuir a la detección de conductas

• Incremento probable de denuncias (buena y mala fe)

– CMF deberá destinar esfuerzos adicionales a procesar las denuncias

– Riesgos están adecuadamente mitigados:

•Antecedentes aportados deberán ser de carácter sustancial, preciso, veraz.

•Antecedentes falsos será fuertemente sancionado con presidio y multa.

•Recompensa solo si la denuncia deriva en una sanción/multa al denunciado.

•No se divulga la entidad del denunciado.

•CMF puede calibrar monto de recompensa (entre 10 y 30%).

Opinión

•Si así se estimare pertinente, tener a bien aprobar proyecto de ley

– Contribuye a mercado financiero más íntegro

– Facilita detección de conductas por parte de CMF

•Complementa herramientas provistas por últimas reformas legales

– Contempla adecuada combinación de incentivos y mitigadores.

Asimismo, la Comisión tuvo a la vista los siguientes documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la materia:

1.- Legislación Europea sobre la figura del denunciante anónimo

El proyecto de ley que modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, propone modificar el decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, incorporando un título VII, nuevo, destinado a reconocer y normar la figura del denunciante anónimo bajo los siguientes lineamientos generales:

• Reconoce la posibilidad de solicitar a la Comisión para el Mercado Financiero el reconocimiento de la calidad de denunciante anónimo a quienes voluntariamente colaboren con investigaciones aportando antecedentes para la detección, constatación o acreditación de infracciones a las leyes, o de la participación del presunto infractor de dichas infracciones.

• La calidad de denunciante anónimo supone que la identidad del denunciante adquiere el carácter de secreta, aun cuando los antecedentes entregados no sean suficientes para calificar como denunciante anónimo. Ello implica el deber de terceros de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante.

• Reconoce el derecho del denunciante anónimo a recibir un porcentaje de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró.

A nivel de legislación extranjera, en 2019 la Unión Europea aprobó una directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Entre sus principales disposiciones, destacan:

• Califican como denunciantes los trabajadores del sector privado o público que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo a los funcionarios; los trabajadores no asalariados, los accionistas, directivos y miembros no ejecutivos de una empresa, los voluntarios, los practicantes, los trabajadores subcontratados, así como los ex trabajadores y los que aún no hayan comenzado También pueden acogerse los facilitadores, los terceros relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral, y las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, aquellas para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.

• Dispone que, para recibir protección, la persona que reporta tiene que haber tenido motivos razonables para creer que la información era veraz al momento de acceder a ella, y tiene que haber entregado la información a través de los canales de notificación disponibles.

• Establece el deber de velar por que la identidad del denunciante no sea revelada, sin su consentimiento expreso.

• Establece el deber de velar porque las autoridades competentes que reciban información sobre infracciones que incluya secretos comerciales no usen ni revelen dichos secretos para fines que excedan un correcto seguimiento.

• Protección al denunciante contra represalias, incluida la protección contra el despido, la degradación, cambio de puesto de trabajo, intimidación, etc. por parte del empleador. Los denunciantes no tienen ninguna responsabilidad por adquirir o acceder a la información reportada a menos que la adquisición sea en sí misma un delito penal.

Introducción

El proyecto de ley que modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados1 (Proyecto de ley que modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. En Tercer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados. Disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=10585&prmBOLETIN=10162-05 (Diciembre, 2020)), propone modificar el decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, incorporando un título VII, nuevo, destinado a reconocer y normar la figura del denunciante anónimo. A esos fines, la iniciativa reconoce la posibilidad de solicitar a la Comisión para el Mercado Financiero el reconocimiento de la calidad de denunciante anónimo a quienes voluntariamente colaboren con investigaciones aportando antecedentes “sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos por ésta para la detección, constatación o acreditación de infracciones a las leyes que sean materia de competencia de la Comisión, o de la participación del presunto infractor de dichas infracciones”.

La calidad de denunciante anónimo requiere una resolución de la Comisión en la que ésta manifieste que se cumple con las condiciones para obtenerla y su dictación supone que la identidad del denunciante tenga el carácter de secreta. Este efecto opera aun cuando los antecedentes entregados por el denunciante no sean suficientes para calificar como denunciante anónimo y, por ende, ser reconocido como tal en virtud por la Comisión.

El anonimato así establecido implica, además, el deber de toda persona que tome conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad, de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, sancionándose la infracción a este deber con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Tratándose de infractores que se desempeñen en la Comisión para el Mercado Financiero o en otro organismo público, serán sancionados, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y serán sancionados con destitución del cargo.

Finalmente, el Proyecto establece el derecho del denunciante anónimo a recibir un porcentaje de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró, cuyo monto no puede ser menor al 10% de la multa aplicada ni superior al menor valor entre el 30% de la multa aplicada o 25.000 unidades de fomento.

A solicitud de la Comisión de Hacienda del Senado, el presente documento revisa algunos aspectos de la figura del denunciante anónimo desde la perspectiva de la legislación europea, específicamente en base a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Este informe se basa en el informe BCN “Legislación extranjera sobre algunas propuestas del proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles (Boletín 13.312-03)”, elaborado por Christine Weidenslaufer, Rodrigo Bermúdez, Juan Pablo Cavada y James Wilkins.

Las traducciones son propias.

I. Legislación europea sobre la figura del denunciante reservado

De acuerdo a la Comisión Europea, los denunciantes (en inglés conocidos coloquialmente por whistleblowers) son personas que dan a conocer, en el contexto de su trabajo, irregularidades que pueden dañar el interés público, por ejemplo, daños al medio ambiente, a la salud pública, a la seguridad del consumidor o a las finanzas públicas de la UE2. (European Commission (2018:1).

Según un informe de la Comisión Europea (2017), en los últimos años habría habido un número creciente de propuestas y recomendaciones de los organismos institucionales de la Unión Europa (UE), así como legislación a nivel de los Estados miembros sobre el tema de la protección de los denunciantes (whistleblower).3 (European Commission (2017:24))

1. Nivel regional4 (En esta parte se sigue a Jenny Gesley, autora del artículo “European Union: New Directive on Whistleblower Protection Enters into Force”, publicado en el Global Legal Monitor, de la Biblioteca Jurídica del Congreso de los EE.UU., publicado el 16 de enero de 2020.)

A nivel de la UE, hasta 2019 se habían implementado medidas para proteger a los denunciantes en un número muy limitado de sectores5 (European Commission (2018:2)). Por ejemplo, a raíz de la crisis financiera (de 2008), se introdujeron en la legislación europea en el ámbito de los servicios financieros, medidas tales como los canales de denuncia interna y externa y la prohibición expresa de represalias6 (Directiva (UE) 2019/1937, considerando 7). Otro ejemplo de protección de los denunciantes también se contempla desde 2014 en materia de seguridad del transporte aéreo y marítimo, tratándose de infracciones que pueden poner en peligro vidas humanas7. (Directiva (UE) 2019/1937, considerando 9)

Sin embargo, el año pasado se aprobó la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, la Directiva).

Adicionalmente, en una Comunicación de fecha 23 de abril de 2018, la Comisión Europea recomendó a los Estados miembros establecer protecciones de denunciantes más amplias que las normas mínimas establecidas por la futura Directiva, y tomar medidas adicionales, como las destinadas a crear conciencia entre el público general sobre el rol positivo de los denunciantes.

i. Ámbito de aplicación material

El artículo 2 de la Directiva enumera las áreas de denuncia que están protegidas por ella, quedando fuera de ella las infracciones relacionadas con cuestiones de seguridad nacional y defensa (art. 3.).

Las áreas cubiertas son las infracciones al Derecho de la UE, en los siguientes ámbitos: i) contratación pública, ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, iii) seguridad de los productos y conformidad, iv) seguridad del transporte, v) protección del medio ambiente, vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, viii) salud pública, ix) protección de los consumidores, y x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

También están cubiertas las infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE y las relativas al mercado interior, incluidas aquellas en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados y en materia de impuestos a las empresas.

Los Estados miembros son libres de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a otras áreas8 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 2, párr. 2, considerando 24). La Directiva no es aplicable a las instituciones de la UE9 (Directiva (UE) 2019/1937, considerando 23.), pues las normas sobre denuncia de irregularidades cometidas en su seno están reguladas en el Estatuto de los funcionarios10 (Reglamento n° 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.) y las Directrices de 201211. (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee "Strengthening whistleblower protection at EU level". Guidelines on Whistleblowing (2012).)

Por último, si hay una ley sectorial de la UE que contenga reglas específicas sobre protección de denunciantes, tales reglas tienen prioridad12 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 3, párr. 1.). Estas leyes figuran en la parte II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937.

ii. Quién investiga las denuncias

Las investigaciones administrativas las lleva la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (European Anti-fraud Office, OLAF), mientras que la Fiscalía Europea (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) lleva a cabo las investigaciones penales, ambas entidades de la Comisión Europea.

De acuerdo al sitio web de OLAF, la denuncia de un fraude se puede hacer por tres vías13: (OLAF (2019).)

• En línea a través del Sistema de Notificación de Fraude (anónima, con transmisión segura de documentos).

• En línea a través de un formulario web (no anónimo: se requiere nombre y dirección de correo electrónico, sin posibilidad de transmitir documentos).

• Por correo a la Comisión Europea - Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en Bruselas, Bélgica.

La Fiscalía Europea, creada en 2017, está en proceso de formación actualmente, con el objetivo de entrar en funcionamiento a finales de 2020. Su sede estará en Luxemburgo14. (European Commission (s/f).)

iii. Quién puede ser calificado de “denunciante”

El artículo 4 define en forma amplia quien puede ser denunciante en los términos de la Directiva:

• Los trabajadores del sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo a los funcionarios; los trabajadores no asalariados, los accionistas, directivos y miembros no ejecutivos de una empresa, los voluntarios, los practicantes, los trabajadores subcontratados,

• Los ex trabajadores y los que aún no hayan comenzado (por la información sobre infracciones obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual).

También podrán acogerse a protección, en virtud de esta Directiva, las siguientes personas: los facilitadores; los terceros relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral (como compañeros de trabajo o familiares del denunciante), y las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, aquellas para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.

iv. Condiciones de protección de los denunciantes

El artículo 6 estipula que para recibir protección, la persona que reporta tiene que haber tenido motivos razonables para creer que la información era veraz al momento de acceder a ella, y tiene que haber entregado la información a través de los canales de notificación disponibles de acuerdo con las reglas y excepciones establecidas en la Directiva.

v. Canales de denuncia

La Directiva organiza los canales de denuncia en forma jerárquica, tanto dentro de las empresas privadas como de las instituciones públicas, y establece los procedimientos de información relevantes:

• Canales de denuncia internos: Se alienta al denunciante a dar prioridad a estos canales15 (Directiva (UE) 2019/1937, considerando 47.). Todas las empresas privadas con al menos 50 trabajadores o con una facturación anual o activos totales de más de 10 millones de euros deben establecer canales de información internos seguros y confidenciales16 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 8.). Se debe proporcionar un recibo de la denuncia dentro de siete días desde su recepción y una respuesta dentro del plazo de tres meses17 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 9.). El mecanismo de notificación puede ser operado internamente por una persona o departamento designado o puede ser subcontratado18. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 8.)

El denunciante puede omitir el canal interno si tiene motivos razonables para creer que los canales internos no funcionan correctamente19. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 7, considerando 62.)

• Canales de informes externos: El denunciante pueden informar a través de canales de informes externos si no han recibido una respuesta adecuada por parte de los canales de denuncia internos en el plazo de 3 meses, o bien usar directamente canales externos20 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 10.). Los Estados miembros deben designar autoridades competentes y establecer canales de denuncia externos independientes y autónomos que estarían obligados a dar seguimiento a los denunciantes en un plazo de tres meses21. (Directiva (UE) 2019/1937, arts. 11, 13.)

• Divulgación pública: Si el denunciante no ha recibido ninguna respuesta de los canales de denuncia internos y/o externos dentro del plazo establecido y tiene motivos razonables para creer que la infracción constituye un peligro inminente para el público, el denunciante puede divulgar la información al público y aún calificar para protección bajo la Directiva22. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 15, párrs. (A), (b).)

vi. Deber de confidencialidad de la identidad del denunciante

Los Estados miembros deben velar por que la identidad del denunciante no sea revelada, sin su consentimiento expreso23 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 16.). Excepcionalmente podrá revelarse tal identidad cuando constituya una obligación impuesta por el Derecho de la UE o nacional, en el contexto de una investigación o de un proceso judicial nacional, en particular para salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada.

En este caso, igualmente la revelación estará sujeta a salvaguardias, debiendo informarse al denunciante antes de revelar su identidad (con una explicación escrita de los motivos), salvo que ello pudiera comprometer la investigación o el procedimiento judicial.

La Directiva también procura que se vele porque las autoridades competentes que reciban información sobre infracciones que incluya secretos comerciales no usen ni revelen dichos secretos para fines que excedan un correcto seguimiento.

vii. Formas de protección contra represalias

La Directiva otorga al denunciante ciertas protecciones contra represalias, incluida la protección contra el despido, la degradación, cambio de puesto de trabajo, intimidación, etc. por parte del empleador24. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 19.)

Los denunciantes no tienen ninguna responsabilidad por adquirir o acceder a la información reportada a menos que la adquisición sea en sí misma un delito penal25. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 21, párr. 3.)

Sin embargo, la Directiva no protege al denunciante respecto de actos u omisiones no relacionadas e innecesarios para revelar una infracción. Esos actos y omisiones están sujetos a la legislación nacional o de la UE aplicable26 (Directiva (UE) 2019/1937, art. 21, párr. 4.). La Directiva garantiza que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento gratuitos sobre los procedimientos disponibles para protegerse contra cualquier acción legal emprendida en su contra y a recibir asistencia jurídica gratuita, así como apoyo financiero y psicológico durante cualquier procedimiento legal27. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 20.)

viii. Sanciones

La Directiva exige a los Estados miembros establecer sanciones para las personas físicas o jurídicas que impidan o intenten impedir las denuncias; adopten medidas de represalia contra los denunciantes; promuevan procedimientos abusivos contra estos; o que incumplan el deber de mantener la confidencialidad de su identidad28. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 23.)

Por su parte, los Estados miembros también deben establecer sanciones aplicables a los denunciantes que comuniquen o revelen públicamente información falsa a sabiendas, así como medidas para indemnizar los daños y perjuicios derivados de ello.

2. Nivel de Estados Miembros

Los Estados miembros deben transponer las directivas a su legislación nacional. La fecha límite para transponer la Directiva de Denunciantes es el 17 de diciembre de 202129. (Directiva (UE) 2019/1937, art. 26, párr. 1.)

La protección legal de los denunciantes está fragmentada en toda la UE y es desigual en todas las áreas políticas. Actualmente, solo diez países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) tienen una ley integral que protege a los denunciantes. En el resto de los países de la UE, la protección otorgada es parcial: cubre solo a los servidores públicos o solo a sectores específicos (por ejemplo, servicios financieros) o solo a tipos específicos de irregularidades (por ejemplo, corrupción)30. (European Commission (2018:2).)

La Ley de Divulgación de Interés Público del Reino Unido (UK Public Interest Disclosure Act) fue la primera ley especial para proteger a los denunciantes en Europa -data de 1998-, y durante mucho tiempo se ha considerado un modelo para otros países europeos. Actualmente, otros Estados miembros de la UE incluyen disposiciones sobre protección de denunciantes como parte de legislaciones sobre otras materias. Por ejemplo, Francia introdujo nuevas disposiciones sobre denuncias en su reciente ley anticorrupción31. (European Commission (2017:24).)

Referencias

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Reglamento n° 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Disponible en: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f301a9cf-3084-11ea-af81-01aa75ed71a1/language-es/format-xhtml (Diciembre, 2020).

2. El denunciante anónimo (“whistleblower”): elementos para del debate.

Resumen

De la literatura revisada es posible concluir la presencia de tres tipos de incentivos que motivarían a empleados a denunciar, de buena fe, a sus empleadores por conductas anticompetitivas: la protección laboral del denunciante contra represalias laborales, que puede tomar la forma de resguardo de la identidad, como prohibición legal explícita de tomar acciones específicas contra el empleado; recompensas monetarias en los casos en que la denuncia derive en una sanción/multa al denunciado; y la estimulación de sentimientos morales y de reputación social.

En general la literatura señala como efectos positivos de políticas de incentivos a la denuncia, el aumento de denuncias de buena fe, y una mejor relación costo-efectividad, comparado con esquemas basados en la búsqueda aleatoria de conductas anticompetitivas (ensayo y error), alojados en organismos estatales. En contra, se señala, principalmente un posible efecto adverso de aumento de denuncias de mala fe, y su consecuente efecto sobre los costos del organismo persecutor, que debe verificar la veracidad de la denuncia.

Asimismo, la literatura recoge las “interacciones” entre los distintos incentivos. Por ejemplo, una política de recompensa monetaria sería más efectiva en contextos de baja protección laboral contra represalias del empleador, o en contextos en donde la motivación para denunciar por sentimientos morales es baja. Asimismo se señala que políticas de resguardo de la identidad no serían propicias en los casos en que la motivación principal de la denuncia es el reconocimiento social.

La evidencia empírica revisada muestra la relevancia de las políticas de incentivo señaladas, demostrando un efecto positivo sobre el número de denuncias cuando se aplican políticas de protección laboral y de incentivos monetarios. No obstante, la literatura muestra también el efecto adverso, es decir un aumento de las denuncias de mala fe, principalmente cuando el incentivo opera a todo evento, y no solo cuando la denuncia es comprobada. Asimismo se demuestra la presencia significativa de individuos cuya motivación para denunciar es moral y/o reputacional.

I. Introducción

El proyecto de ley boletín 13.312-03, en su artículo n°1, numeral 3, crea en el marco de legislación de la defensa de la libre competencia de mercados1 (DFL 1 que fija el texto refundido y coordinado del decreto de Ley N°211, que fija normas para la defensa de la libre competencia.), la figura del denunciante anónimo, que en la literatura anglosajona se denomina “whistleblower”. El whistleblower es una figura legal creada para que empleados denuncien prácticas anti libre competencia2 (Cabe señalar que la figura del whistleblower es ampliamente utilizada en la persecución de otros delitos como el tributario.), en este caso carteles, de ejecutivos de los cuales dependen directa o indirectamente.

Su fundamento se basa en que el empleado de una empresa que forma parte de un cartel, sin participar directamente en la formación y/o implementación del mismo, está en una posición propicia para entrar en contacto con información valiosa y determinante para denunciar y probar la presencia del cartel. En este sentido, es distinta a la figura del “Traitourus Whistleblower”, que consiste en que un miembro activo del cartel es el que reporta a la autoridad competente la conducta anticompetitiva suya y del resto de las empresas participantes, pudiendo obtener como beneficio una reducción total o parcial de las penas y multas asociadas al delito3 (La figura legal en Chile se conoce como Delación Compensada) (Scmolke.K; Utikal. V, 2017).

En el caso del whistleblower, es un empleado el que denuncia el cartel sin participar activamente en él, y por lo tanto no enfrenta costos asociados a multas o penas por cometer un delito. Más bien sus costos están asociados a posibles represalias por parte del superior jerárquico denunciado, costos que pueden ir desde el despedido, hasta un serio compromiso de su carrera laboral futura, y hasta acoso y daño físico. Dado esto, las posibles represalias se traducen en barreras importantes para denunciar (Scmolke.K; Utikal. V, 2017; Butler.J. et. al 2018).

Por lo anterior el proyecto de ley propone que la autoridad competente, en este caso la Fiscalía Nacional Económica resguarde la identidad de quienes denuncien, cuando estos así lo soliciten, de tal forma que la identidad del denunciante no conste en el expediente de la causa. Por otra parte, dado que el resguardo de la identidad del denunciante reduciría las barreras para denunciar, se podría producir un efecto adverso, este es el aumento de denuncias de mala fe, basadas en evidencia falsa o fraudulenta. Por lo anterior el proyecto de ley propone penas menores en los casos en que se compruebe dicha situación.

El presente documento tiene como objetivo entregar elementos para el debate del proyecto, a partir de una revisión de la literatura reciente sobre aspectos teóricos y empíricos de la aplicación de políticas de defensa de la libre competencia, basadas en la figura del whistleblower.

II. Fundamentos del debate en torno a la figura del whistleblower

El whistleblower en el contexto de colusión de precios, cumpliría dos objetivos principales: disuadir la formación de carteles y fomentar la denuncia de “buena fe”4 (Es decir que el denunciante no es consciente de estar actuando de una manera fraudulenta con la sola intención de perjudicar a alguien, con información falsa.) de carteles en funcionamiento. Su efectividad dependerá, por una parte, de la disposición a denunciar de los empleados que manejan información sobre carteles en funcionamiento; y por otra parte, de cuan creíble es la figura para los formadores de carteles (Spagnolo.G, 2019).

Sujeto a la efectividad señalada, la figura del whistleblower se consideraría, también, una herramienta con una mejor relación costo-efectividad, comparado con un esquema en el que un organismo fiscalizador emplea a investigadores y fiscalizadores en un esquema de prueba y error (Givaty,Y, 2016), basado en fiscalizaciones aleatorias, o en modelos computacionales de predicción de actividades anticompetitivas.

Elementos que influyen sobre la decisión de denunciar

Para que el esquema de whistleblower funcione, es clave que el empleado que maneja información, esté dispuesto a hacer la denuncia. No obstante, el empleado se enfrenta a altos costos potenciales y bajos beneficios.

Desde una perspectiva económica de costo-beneficio, la denuncia por parte de un empleado de la participación de su empresa en un cartel tendría características similares a la de un bien público. Esto es que el beneficio neto que obtiene el denunciante podría ser cero o incluso negativo, mientras que el beneficio social neto sería amplio. Lo anterior debido a que el empleado podría enfrentar severos costos laborales, a partir de posibles represalias de su empleador, mientras que el beneficio podría ser simplemente “haber hecho lo correcto” (Scmolke.K; Utikal. V, 2017). Los costos a los que se expone el denunciante puede ir desde reasignaciones de responsabilidades, degradación remuneracional, despido, listas negras en la industria en la que se desempeña, e incluso acoso, y daño físico (Spagnolo.G, 2019).

Dado lo anterior los países han implementado ciertas políticas en torno a la figura del whistleblower con la finalidad de incentivar las denuncias de buena fe. Estas políticas van desde protección al denunciante, a incentivos monetarios y no monetarios a los que denuncian. A continuación se ofrece algunos elementos del debate académico en torno a las políticas señaladas.

a. Protección del denunciante

Los mecanismos de protección del denunciante van desde canales de denuncia en el que se garantiza el anonimato del denunciante, como ocurre en gran parte de los países con legislación al respecto (OCDE, 2010), a protección laboral explícita en casos de represalias del empleador.

En cuanto al anonimato del denunciante, países como Corea del Sur establecen canales de denuncia que aseguran la confidencialidad del denunciante, tales como “hotlines”, es decir líneas telefónicas abiertas que el organismo estatal persecutor ofrece, en las cuales el denunciante no debe identificarse (OCDE,2010). Asimismo en EE.UU y UK las instituciones persecutoras que reciben denuncias directas están obligadas a resguardar la identidad de las personas que denuncian, a menos que el denunciante exprese lo contrario. En el caso de UK5 (En este país está permitido hacer la denuncia dentro de la empresa (denuncia interna), al ente persecutor (denuncia regulatoria) y o a la policía o la prensa (denuncia externa)), la obligación de resguardar la confidencialidad depende de a quien se le haga la denuncia, siendo más exigentes las condiciones que se deben cumplir para asegurar la confidencialidad, cuando el canal de la denuncia es externo (prensa). Lo anterior buscaría alentar la denuncia en la empresa (denuncia interna) y ante en el ente estatal persecutor (denuncia regulatoria) (OCDE, 2010).

Por su parte, la protección laboral, en algunos países toma la forma de prohibición legal y taxativa de medidas de represalia contra el denunciante, como despidos, o discriminación remuneracional o de otro tipo, (OCDE,2010). Asimismo en países como Sudáfrica y Estados Unidos, se aliviana la carga de la prueba para el empleado en juicios por despido injustificado en el marco de denuncias por conductas anticompetitivas. Es decir es el empleador el que debe demostrar que la sanción aplicada no está en directa relación a la denuncia hecha por el empleado (OCDE, 2010).

En el documento de Wolfe. S. et al (2014) se realiza un análisis del nivel de protección que tiene la figura del wisthleblower en los cuerpos legales de 14 países pertenecientes al grupo de países pertenecientes al g206 (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y España ). Para determinar el nivel de protección se califican la presencia en los cuerpos legales de 14 atributos asociadas a buenas prácticas en el ámbito de la protección de denunciantes. El documento concluye que, en el ámbito privado, las principales fortalezas son la existencia de canales de denuncia a nivel interno y regulatorio; una amplia definición de las personas que pueden denunciar, lo que incluye a empleados contratistas, etc; y una alta presencia de medidas de protección legal en el caso que el empleador aplique medidas sancionatorias al denunciante (Wolfe.S. et al, 2014).

Por otra parte el documento concluye que las principales falencias se encuentran en la baja presencia de canales de denuncia en los que se resguarde el anonimato del denunciante y falta de regulación en los casos en que la denuncia se haga por canales públicos (prensa); y la ausencia de la obligación legal de generar una “accountablity” interna, en la empresa, para el tratamiento de denuncias de comportamientos anti competencia.

A modo de ejemplo Francia, Sudáfrica y UK serían países con una legislación explicita de protección laboral, en la que se prohíbe taxativamente, acciones en contra del denunciante. No obstante, en Francia y Sudáfrica el documento señala una baja protección legal del anonimato del denunciante. No así en USA, y en menor medida Alemania países en los cuales existirían mecanismos legales para garantizar el anonimato del denunciante (Wolfe.S et al, 2014).

b. Incentivos monetarios a la denuncia

Una política reciente para mejorar la efectividad de la figura del whistleblower es ofrecer una recompensa monetaria a los denunciantes, en los casos en que la denuncia termina con una sentencia en contra del acusado.

Desde una perspectiva económica la recompensa es una compensación por los daños laborales que podría generar la denuncia al denunciante (Spagnolo.G, 2019). Los daños laborales podrían ocurrir en casos en donde la legislación no contempla protección al trabajador, o casos en los cuales su aplicación no es efectiva dado que a los tribunales podrían desestimar la causalidad entre la denuncia y las medidas tomadas en contra del denunciante, particularmente en casos en donde sea posible probar como causa de la sanción, un mal desempeño laboral previo del denunciante (Kwok, D, 2018). Dicho lo anterior, la sensibilidad del denunciante al monto de la recompensa sería una función de la percepción del costo de denunciar, y de la probabilidad que la denuncia termine en una sanción para el denunciado (Givaty,Y, 2016)

Países que han incorporado la recompensa como un incentivo a la denuncia son Estados Unidos, Corea del Sur, UK, Hungría y Pakistán. No obstante, con excepción de Estados Unidos y Corea del Sur, en el resto de los países los montos de la recompensa son muy bajos y discrecionales, “como para tener un efecto sobre el incentivo a denunciar” (Spagnolo.G, 2019).

En el caso de EEUU existen esquemas diferenciados de recompensa en tres sectores: pago de impuestos, sector financiero, fraude contra empresas federales. La recompensa es un porcentaje de las multas que deben pagar por el delito que se sanciona. El porcentaje puede ir desde un 5% a un 30% de la multa, dependiendo del sector donde se aplique, y por lo general no tienen un monto máximo límite. Para que la recompensa aplique, el delito económico que se denuncia tiene que tener una multa mínima, que va desde el millón de dólares a los dos millones de dólares (Nyrerod.T, 2018).

En el caso de Corea del Sur la recompensa es discrecional. Según el documento del Simon Wolfe la recompensa está en torno a un 4% y un 20% de la recompensa. El monto máximo de la recompensa sería de 2,8 millones de dólares (Wolfe, S. et al, 2014).

En Europa la incorporación de esquemas de recompensa por realizar denuncias en el marco de conductas anticompetitivas en el sector privado ha sido sujeta de un amplio debate, en el cual se ha puesto en duda su efectividad, o la falta de evidencia que pruebe su efectividad, en los países que la han implementado, principalmente Estados Unidos (Bank of England, 2014).

Los que argumentan favor del esquema de recompensa, señalan que las medidas de protección laboral al denunciante son inefectivas, incluso en países con legislación que sanciona y prohíbe represalias, citando el caso de ejecutivos del Wells Farb Bank, en EE.UU, que despidió a ejecutivos que denunciaron prácticas de fraude económico, como abrir cuentas ficticias sin el consentimiento de los clientes, para cumplir con metas de ventas (Spagnolo.G 201), entre otros casos7 (Se señala también el caso de la compañía Wolskwagen, que usó dispositivos ilegales para vulnerar normas ambientales en el uso de vehículos diésel, durante 10 años, sin que nadie dentro de la empresa hiciera la denuncia, a pesar de “power points que circulaban en la empresa, con el diseño del ílicito, desde el año 2006.). A su vez en el debate se argumentan que esquemas basados en la recompensa sería una política costo-efectiva en la búsqueda de información para la detección de carteles, comparado al financiamiento de instituciones cuya función es la detección de carteles. Lo anterior debido a que la recompensa implicaría una transferencia de recursos en un momento determinado del tiempo, mientras que el financiamiento de una institución requiere del permanente financiamiento de sueldos, entre otros costos (Givati, Y, 2016)

Los que argumentan en contra de los esquemas de recompensa, señalan que la estructura de costos del organismo que recibe la denuncia8 (En el caso de Chile la Fiscalía Nacional Económica.), podría verse afectada, debido al aumento de recursos que habría que destinar para verificar la autenticidad de las denuncias recibidas, de las cuales solo un porcentaje permitiría la efectiva detección de la conducta anticompetitiva. Asociado al argumento anterior los esquemas de recompensas podrían incentivar denuncias de “mala fe”, es decir la fabricación de evidencia para beneficio personal (Wright.J, 2017). Asimismo se podrían generar conspiraciones internas en las que ejecutivos inducen conductas anticompetitivas para luego denunciarlas y cobrar la recompensa (Nyrerod.T, 2018).

c. Incentivos (desincentivos) no monetarios a la denuncia

En la literatura sobre los incentivos que tendrían los empleados a denunciar conductas anticompetitivas de sus superiores, se señalan valores personales, valores culturales y características de la personalidad de las personas, como gatillantes de procesos de denuncia.

Por una parte, valores personales asociados a la justicia, al apego a la ley, a la transparencia serían gatillantes positivos de procesos de denuncia de conductas anticompetitivas, así como también personalidades proactivas.

No obstante, valores que podrían ser considerados positivos, como la lealtad a los superiores y el compromiso con la empresa, podrían tener un efecto desincentivador, particularmente en culturas, como la asiática, en las que la lealtad y el respeto a los “superiores de mayor edad” es una conducta altamente valorada por la sociedad (Chang.Y, et al, 2017). El juicio social, tanto en la empresa, como en la opinión pública, de una conducta asociada a la traición, sería un desincentivo para la denuncia. Por otra parte una cultura en la cual la denuncia de hechos ilícitos es valorada, por sobre valores asociadas a la lealtad de superiores, sería un incentivo a la denuncia. Es decir la valoración social se transmuta de “traidor” a “héroe”.

Obviamente el juicio social es fenómeno más complejo, y no responde a un patrón único, es decir no siempre la denuncia es considerada una traición, y no siempre un acto de heroísmo. La valoración social, estaría más bien basada en el hecho que se denuncia más que en una valoración única e inequívoca de la conducta denunciatoria. En este sentido, la percepción social del daño que produce el delito económico tendría un efecto sobre la valoración social de la denuncia. Es decir si el costo social, del cartel, es considerado como severo por la opinión pública, la valoración social de la denuncia sería positiva e incentivaría la misma (Butler.J, et al, 2018).

En esta línea de ideas, algunos autores han señalado que para el denunciante podría ser un incentivo el reconocimiento social que se derivaría de la denuncia de un acto anticompetitivo que genera una percepción de alto costo social. Dado lo anterior regular las denuncias hechas vía prensa u otros canales externos, en la cual el denunciante se identifica, podría ser una política que incentiva denuncias de conductas anticompetitivas (Wolfe.S et al, 2014).

III. Algunas de investigaciones empíricas recientes.

De la literatura revisada sobre los efectos de ciertas políticas sobre el incentivo de un empleado a denunciar conductas anticompetitivas de sus empleadores, se encontraron dos tipos de evidencia, una basada en datos observados sobre la aplicación de estas políticas, principalmente en Estados Unidos; y otro basada en los resultados de experimentos basados en grupos de control y grupos de tratamiento. A continuación se presentan los resultados de algunos estudios recientes.

Principales conclusiones de la literatura revisada

El año 2018, Lydia Metchenberg (Metchtenberg.L et al, 2018) condujo un experimento para probar la hipótesis de que la protección laboral al denunciante fomenta las denuncias de buena fe de empleados en casos en que el empleador se comporta de manera fraudulenta. Para estos efectos compara las denuncias de tres grupos sometidos a tres esquemas distintos: el grupo 1 en donde la protección laboral es a todo evento, es decir independiente del resultado de la denuncia; grupo 2 en donde la protección laboral no existe; y un grupo 3 en donde la protección laboral está condicionada a que la denuncia termina siendo comprobada por el ente persecutor. En sus conclusiones reporta un efecto positivo de la protección laboral en el número de denuncias, es decir los grupos con protección (1 y 3) reportan más denuncias que el grupo sin protección (2). No obstante concluye también que la protección a todo evento podría tener un efecto adverso, es decir, conducir a denuncias falsas o sin mérito. Esto dado que observa que el grupo con protección a todo evento tiene un porcentaje significativamente mayor de denuncias falsas o sin mérito comparado con los otros 2 grupos. En la misma línea de análisis, Niklas Wallmeier (Wallmeier, 2018), concluye efectos similares a través de un diseño experimental, es decir que la protección laboral aumenta el número de denuncias, pero en la misma proporción entre verdaderas y falsas.

Por su parte Paolo Buccirossi (Buccirossi.P, et al, 2017) condujo un experimento para testear el efecto sobre el número de denuncias de mala fe de un sistema legal en donde la probabilidad de ser sancionado por levantar denuncias falsas es alta, y en un contexto de protección laboral, y de recompensa en caso que la denuncia lleve a una sanción al denunciado. Sus principales conclusiones son que un buen equilibrio entre incentivos monetarios para denunciantes “exitosos” y sanciones (monetarias) para quienes construyen denuncias con evidencia falsa es esencial para que un esquema basado en la figura del whistleblower sea exitosa.

En otro ámbito, dos estudios testean la relevancia de motivaciones para hacer denuncias basadas en sentimientos morales y motivaciones basadas en recompensas monetarias. Por una parte el estudio de Ludger Breuer (Breuer.L, 2013), mide en el marco de denuncias de empleados a empleadores por evasión de impuestos, el grado de motivación a denunciar que generan incentivos monetarios. En el marco de un diseño experimental testea el comportamiento de posibles denunciantes bajo tres políticas distintas: no existe una retribución económica a la denuncia; existe una pequeña retribución monetaria a la denuncia; existe una cuantiosa retribución a la denuncia. Con base en los datos arrojados por el experimento, concluye que el número de denuncias aumenta a medida que aumenta la retribución monetaria. No obstante observa que un número significativo de participantes en el experimento denuncia sin mediar una retribución económica, y otro porcentaje significativo que no denuncia a pesar de las altas retribuciones monetarias. Lo anterior indicaría la prevalencia de sentimientos morales (justicia, transparencia) que en ciertos individuos incentivan la denuncia, y en otros la inhiben (lealtad a superiores, sentimiento de traición). En una misma línea de análisis Jeffrey Butler (Butler.J, et al 2018) en el marco de un diseño experimental testea la relevancia de retribuciones monetarias y del “juicio de la opinión pública” como gatillantes de denuncias de conductas anticompetitivas. Su estudio concluye que en los casos en que la opinión pública percibe que la conducta anticompetitiva tiene un alto costo social, la probabilidad de denuncia aumenta, mientras que cuando la opinión pública tiene una percepción menor del costo social de la conducta anticompetitiva la probabilidad de denuncia disminuye. Lo anterior indicaría que el juicio social hacia la denuncia y en último término hacia el denunciante, mediado por la percepción del daño social del hecho denunciado, sería un motivador de denuncia. La evidencia anterior concluye el autor sugiere que, para maximizar la denuncia de irregularidades, las políticas debería ser diferenciadas por industria, identificando en función de la percepción de efectos negativos que genera en la opinión pública las conductas anticompetitivas. A su vez relativiza la política de anonimato de la denuncia, señalando que la exposición del denunciante en hechos de alta connotación social, podría inducir a beneficios reputacionales que fomentarían la denuncia. Asimismo el estudio muestra una fuerte correlación entre la probabilidad de denuncia y los incentivos monetarios, los que se refuerzan con el efecto de escrutinio social ya señalado.

Por último se reporta dos estudios basados en datos observados de políticas de incentivo monetario en Estados Unidos. Por una parte el estudio de, Dyck et al. (2010) compara la denuncia de irregularidades en el sector salud, donde las recompensas están disponibles para los empleados, con denuncias en otros sectores en los que el sistema de recompensa no existe. Los autores encontraron que en el 41% de los casos de fraude en el sector salud, son detectados por empleados, mientras que el mismo porcentaje es de solo un 14% en otros sectores. Por su parte, Call et al. (2018) estudiaron un conjunto de datos de denuncias de empleados y en el sector financiero en los EE. UU. Descubrieron que la participación de los denunciantes en acciones de aplicación de la ley está correlacionada con sanciones monetarias más altas para las empresas infractoras, mayor tiempo de cárcel para ejecutivos culpables y los procedimientos de ejecución en los que los denunciantes estuvieron involucrados comenzaron más rápido. Esto concluyen los autores, sugiere que en los casos en que la figura del whistblower fue utilizada, la información entregada sirvió para condenar, en una mayor proporción, delitos de “cuello y corbata” (Spagnolo, 2019).

Referencias

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Buccirossi P, Immordno G, and Spagnolo G. 2017. “Whistleblower Rewards, False Reports, and Corporate Fraud”, Stockholm Institute of Transition Economics Working Paper No.42, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2993776

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Wright.J (2017) BLOW THE WHISTLE! HOW BRINGING WHISTLEBLOWER REWARDS TO ANTITRUST WOULD HELP CARTEL ENFORCEMENT. ADMINISTRATIVE LAW REVIEW. Disponible en

http://www.administrativelawreview.org/wp-content/uploads/2019/09/69-3-Jonathan-Wright.pdf

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La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó el siguiente artículo 8°, nuevo:

“Artículo 8°.- Introdúcense en el Código de Comercio las siguientes modificaciones:

1. Agrégase a continuación del artículo 520, el siguiente artículo 520 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 520 bis.- Interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero. Los seguros de daños, personas o cualquier otro tipo contratados con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero otorgada por un banco o institución financiera podrán ser contratados por el deudor o por cualquiera que tenga interés en el pago final de la deuda. Para los efectos de este artículo, se considerará que los bancos o instituciones financieras que otorguen dichos créditos tendrán un interés asegurable sobre el pago de la deuda o los bienes dados en garantía.

En todo préstamo de dinero otorgado por un banco o institución financiera se entenderá que tanto éste como el deudor tienen un interés asegurable en el pago del crédito. En la contratación de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero otorgados a personas naturales o personas jurídicas de aquellas mencionadas en el inciso cuarto del artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, el pago de la prima será en partes iguales por el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor.

Sin perjuicio de lo anterior, será de cargo exclusivo del banco aquella porción de la prima que corresponda a la comisión por licitación según lo establecido en el artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda.

Los seguros contratados en contravención de estas normas serán absolutamente nulos y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas, pudiendo retener el importe de sus gastos, si ha actuado de buena fe.”.

2. Intercálase, a continuación del artículo 538, los siguientes artículos 538 bis y 538 ter:

“Artículo 538 bis. Seguros asociados a productos o servicios financieros. Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincule la contratación del seguro y que diga relación a esa operación. Tampoco podrán celebrarse junto a los contratos de crédito, contratos de seguro que no digan estricta relación a los riesgos propios del endeudamiento. Los seguros ofrecidos y contratados en infracción de esta disposición serán especialmente sancionados con la nulidad de los cobros realizados, la devolución de dichos cobros reajustados y de las comisiones de uso que pudieren haberse derivado de ellos.

En los seguros asociados a productos o servicios financieros, el pago de la prima se pagará por partes iguales entre el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor.

Para los efectos de este artículo, el contratante siempre tendrá la facultad de retractarse, dentro del plazo de diez días, contado desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado.

El derecho de retracto no podrá ser ejercido si se hubiere verificado un siniestro o en seguros en que, por su naturaleza, los efectos del contrato terminen antes del plazo para ejercer el derecho a retracto.

Artículo 538 ter. Los bancos e instituciones financieras no podrán pagar incentivos económicos de ninguna índole, con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito, que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado o aquellos que la ley exija como obligatorios para la contratación del crédito.

Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior.”.”.

El señor Ministro observó que durante el curso de la discusión se habían escuchado distintas opiniones desfavorables respecto de la disposición. Manifestó que en el pago del seguro lo que se propone es una muy mala idea, porque desbancarizará y, además, quitará transparencia en la formación del precio de la tasa de interés.

En cuanto al artículo 538 bis, apuntó que se agrega la prohibición de contratar otros seguros y se amplía la posibilidad del retracto.

En lo relativo al artículo 538 ter, señaló que también tienen reparos, porque se prohíbe la entrega de incentivos a los trabajadores de las entidades financieras. Recordó que las ventas atadas se encuentran prohibidas.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, rechazó el artículo 8°, nuevo.

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Artículo cuarto

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el siguiente:

“Artículo cuarto.- Las modificaciones contenidas en los numerales 1); 2); 3); 5); 6); 7); 8); 9); 10), y 11), y en la letra b) del numeral 12), que el artículo 4° de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980, comenzarán a regir el primer día del séptimo mes posterior a la publicación de la presente ley.

Las restantes modificaciones que dicho artículo introduce comenzarán a regir el primer día del decimotercer mes posterior a la publicación de la presente ley.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo tercero.- Las modificaciones que el artículo 4° de esta ley introduce en el decreto ley N° 3.500, de 1980, comenzarán a regir el primer día hábil del tercer mes posterior a la publicación de la presente ley.”.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, aprobó la enmienda que reemplaza este artículo.

Artículo quinto

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó como tal el siguiente:

“Artículo quinto.- Las personas o entidades que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 4° de esta ley, queden reguladas por las normas aplicables a las Entidades de Asesoría Previsional y a los Asesores Previsionales establecidas en el decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980, deberán estar inscritas en el Registro señalado en su artículo 172, a más tardar el primer día del decimotercer mes posterior a la publicación de la presente ley.”.

La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo reemplazó por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Las personas o entidades que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 4° de esta ley, queden reguladas por las normas aplicables a las Entidades de Asesoría Previsional y a los Asesores Previsionales establecidas en el decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán estar inscritas en el registro señalado en su artículo 172, a más tardar el primer día hábil del sexto mes posterior a la publicación de la presente ley.”.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, aprobó la enmienda que reemplaza este artículo.

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La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó el siguiente artículo quinto transitorio, nuevo:

“Artículo quinto.- Las modificaciones contenidas en el artículo 5°, que modifican el artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, sólo serán aplicables para los procesos de licitación de seguros iniciados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.”.

El señor Ministro explicó que se refiere a la licitación de seguros, para que no exista efecto retroactivo.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, aprobó la enmienda que introduce este artículo nuevo.

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La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó el siguiente artículo octavo transitorio, nuevo:

“Artículo octavo.- La norma de carácter general que deba emitir la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 ter de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, que se incorpora en virtud del artículo 9 de la presente ley, deberá ser dictada dentro de los doce meses siguientes a la publicación de esta ley, sin perjuicio de la fecha que se determine en la misma para su entrada en vigencia.

Las instituciones que deban modificar los contratos relativos a operaciones contempladas en el artículo 6 ter de la ley N° 18.010, que hayan sido suscritos con antelación a la entrada en vigencia de la normativa señalada en este artículo, para adecuarlos a sus disposiciones, deberán, a su costa, enviar por cualquier medio físico o tecnológico a sus clientes un anexo con el detalle de las modificaciones para su aceptación o rechazo, pudiendo en este último caso el oferente dar término al correspondiente contrato, todo ello en los plazos y condiciones que la Comisión para el Mercado Financiero establezca al efecto.”.

El señor Ministro hizo notar que, en concordancia con lo resuelto respecto del artículo 9°, nuevo, debiese rechazarse también esta disposición.

El asesor del Ministerio, señor Loyola, explicó que ambos incisos de esta disposición están relacionados.

- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, rechazó la enmienda que introduce este artículo nuevo.

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FINANCIAMIENTO

- Durante el primer trámite constitucional, los informes de vuestra Comisión de Hacienda dan cuenta de informes financieros de 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2017 y 19 de octubre de 2018.

- Con posterioridad a dichos documentos, durante el segundo trámite constitucional, los informes de la Dirección de Presupuestos de fecha 15 de mayo de 2020, y 1 de junio del mismo año, señalan, al igual que los anteriores, que el proyecto no irroga mayor gasto fiscal.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y de las resoluciones pertinentes, la Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que adoptéis los siguientes acuerdos respecto de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, al proyecto aprobado por el Senado en primer trámite:

Artículo 1°

Numerales 4, 5, 6 y 7, nuevos

Aprobar la incorporación de los nuevos numerales 4, 5, 6 y 7.

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 6)

Aprobar el texto que se intercala.

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 8)

Aprobar el literal a) que se agrega.

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 9)

Aprobar su reemplazo.

(Unanimidad 5 x 0 letra a), letra b) mayoría 4 x 1 abstención).

Numeral 14), nuevo

Aprobar su incorporación.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo 2°

Numeral 5)

Rechazar las enmiendas recaídas en este numeral.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo 3°

Rechazar la supresión de los incisos octavo y noveno.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo 4°

Numeral 4)

Rechazar el reemplazo del literal a).

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 5)

Aprobar la sustitución del inciso segundo propuesto en el literal c).

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 6)

Rechazar su supresión.

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 7)

Rechazar su reemplazo.

(Unanimidad 5 x 0).

Numeral 10)

Rechazar la eliminación del literal b).

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo 5°

Numerales 1) y 2), nuevos

Rechazar la incorporación de estos numerales.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo 7°, nuevo

Rechazar la incorporación de este artículo.

(Mayoría 4 x 1 abstención).

Artículo 8°, nuevo

Rechazar su incorporación.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo 9°, nuevo

Rechazar su incorporación.

(Unanimidad 5 x 0).

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero

Aprobar su supresión.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo segundo

Aprobar su reemplazo.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo cuarto

Aprobar su reemplazo.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo quinto

Aprobar su reemplazo.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo quinto, nuevo

Aprobar su incorporación.

(Unanimidad 5 x 0).

Artículo octavo, nuevo

Rechazar su incorporación.

(Unanimidad 5 x 0).

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A 22 de diciembre de 2020.

*El presente informe se suscribe sólo por la secretaria de la Comisión en virtud del acuerdo de Comités de 15 de abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión