Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Miguel Mellado .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 3ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justica y Reglamento, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MELLADO (don Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, en primer lugar, dado que no formo parte de la Comisión de Constitución, sino que normalmente reemplazo a mis compañeros de Renovación Nacional, agradezco a esa instancia haberme otorgado el honor de informar sobre este proyecto de ley, que es la llamada “ley Juan Barrios”.

Por lo tanto, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio.

El proyecto se inicia por moción de los senadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma , Alejandro García-Huidobro y Jorge Pizarro , y por mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio.

Durante el estudio del proyecto, la comisión recibió al subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli ; al jefe de asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Juan Ignacio Gómez ; al académico penalista señor Jean Pierre Matus y al abogado y académico señor Enrique Aldunate .

En relación con la propuesta del Senado -el proyecto-, la comisión estimó necesario proceder a establecer con mayor claridad la conducta punible y sus circunstancias, en particular lo relativo a precisar mejor el objeto incendiado. Por ello, se sustituyó el proyecto del Senado por las siguientes modificaciones al Código Penal:

Se agrega un nuevo inciso final al artículo 268 sexies, precisando en mejor forma aquellos casos en que, con violencia o intimidación, se retuviere o tomare el control de automóviles de dos o más plazas o de camiones en la vía pública, impidiendo la libre circulación. En tal caso, los culpables serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio de las penas que correspondan por los otros delitos cometidos con ocasión del hecho.

Se sustituyó el inciso primero del artículo 474 por otro en el cual se establece lo siguiente: “El que incendiare edificio, aeronave, buque, plataforma naval, automóviles de dos o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que hubiere personas en su interior, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.”.

Se suprimió el inciso tercero del artículo 474, el cual aplicaba las penas en el grado inferior de ellas si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro.

Se sustituyó el artículo 475 por otro que expresa: “Cuando ejecutare el incendio en edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de dos o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que hubiesen personas en su interior y su presencia allí se pudiese prever, se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado mínimo.”.

Asimismo, se modificó el artículo 476, sobre incendio en lugar no habitado, sustituyendo la pena de “presidio mayor en cualquiera de sus grados” por “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo”.

También se reemplazó su numeral 2º, que comprendía dentro de poblado el incendio de cualquier edificio o lugar aun cuando no estuviere destinado ordinariamente a la habitación, por otro que define mejor las circunstancias y los lugares en que este incendio puede ocurrir. Así, se señala: “2º Al que dentro de poblado ejecutare el incendio en edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de dos o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, cuando no hubiere personas en su interior o su presencia no se pudiese prever.”.

Habiendo sido aprobado este proyecto por la comisión que represento, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, nadie duda de la gravedad de los ataques incendiarios contra vehículos motorizados, más aún con personas en su interior. En verdad, escenas como el asesinato de Juan Barrios son inhumanas. Creo que es lo más bajo a que puede llegar una civilización, por lo que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para desterrarlo.

Equiparar los tipos penales para aumentar las penas en este tipo de delitos de incendio es un elemento positivo; pero, seamos claros, pues ello solo sirve cuando hay detenidos, cuando hay investigaciones eficaces y cuando hay sentencias, algo que hoy no está ocurriendo. La paradoja es que si este proyecto de ley estuviera vigente, no tendría ninguna utilidad en el caso de Juan Barrios, pues, a más de un año de su muerte, aún no hay ni detenidos ni, menos, culpables.

Tras su aprobación en el Senado, el ministro del Interior y Seguridad Pública subrogante, Baldo Prokurica , dijo que el gobierno cumple con el sector de los camioneros. Una cuña completamente falaz, porque aquí el gobierno no cumplió con nadie: ni con los camioneros, ni con las demás víctimas ni menos con la Región de La Araucanía. Si de verdad estuvieran buscando soluciones para los afectados, deberíamos estar discutiendo una iniciativa de ley integral de reparación a las víctimas de la violencia rural, junto con medidas que propicien el diálogo entre todos los sectores y, además, el desarrollo de una región que sigue siendo la más pobre de Chile.

Sabemos que la situación es compleja desde hace ya mucho tiempo, pero, con toda sinceridad, debo señalar que este gobierno es lo peor que le pudo pasar a la Araucanía. Nunca me imaginé un escenario de abandono tan absoluto y un tratamiento tan liviano para la magnitud histórica del conflicto, el cual requiere una mirada amplia del Estado.

El sistema completo está caído, las instituciones no están funcionando. Hace dos semanas, seis camiones fueron incendiados en un servicentro en la comuna de Victoria. Un camionero resultó baleado y tres trabajadores terminaron con lesiones en el lugar. Ese hecho ocurrió en plena zona urbana, en una comuna supuestamente prioritaria en materia de seguridad, pero, además, en cuarentena y con toque de queda. Nadie entiende qué hacían unos delincuentes en ese lugar a medianoche sin ser repelidos.

¿Qué hizo el gobierno? Condenar la violencia y, por supuesto, llamar a que todos la condenemos. Bueno, yo condeno la violencia un millón de veces si es que quieren; no tengo problema con eso. Sin embargo, esto no se soluciona con puras condenas verbales. Necesitamos prevención y condenas reales. Para eso, primero, necesitamos una policía que haga su pega. Eso es responsabilidad directa del ministro del Interior y Seguridad Pública. ¡Cumplan con su deber de una vez por todas!

El ataque a Juan Barrios también ocurrió en Victoria. Ha pasado un año y se repiten hechos similares. Claramente, creo que el foco está mal puesto. Si no hacemos algo distinto, la historia se seguirá repitiendo. Pido al gobierno que deje de echarle la responsabilidad al Congreso, al aire, al narcotráfico, a lo que sea, y que haga su pega. ¡Hagan su pega!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, el descontrol de la violencia, acrecentada el 18 de octubre, permitió y permite que hordas delincuenciales arrasen con todo lo que se les cruza por el camino. Templos, iglesias, buses, metrotrenes, camiones y un sinfín de edificaciones sucumben ante el descontrol desenfrenado de quienes hoy celebran su crimen contra la prosperidad y el futuro de los trabajadores, los que en su mayoría fueron olvidados por la CUT y sus aliados políticos. Nunca la Central Unitaria de Trabajadores dirigió una sola palabra de aliento o de apoyo a los obreros que a partir de esa fecha perdieron todo. Nunca la CUT y sus aliados políticos han mostrado un poco de caridad hacia los transportistas que sufrieron y siguen sufriendo la pérdida de su fuente laboral.

Cada uno de estos ataques nunca fue ni será objeto de una indagación en la justicia social. Por el contrario, todo lo que hoy se trate de justificar a través de la búsqueda de la justicia o de la sociedad estará articulado, manipulado y extraordinariamente manoseado por una ideología que ha buscado unir cualquier demanda, por pequeña e intrascendente que esta sea, demandas que por sí solas carecen de una fuerza hegemónica, pero la izquierda logró articular un discurso haciendo de todas esas demandas una y equivalentes frente a enemigos en común: la fe, la historia y la familia.

No más farsas sobre el llamado estallido social, su supuesto legado, su falsa herencia y mezquina enseñanza. Hablemos de manera franca sobre lo que ese día ocurrió y también de lo que sigue pasando, sus trágicas consecuencias y lo que sus autores y precursores están dispuestos a hacer.

Ustedes, parte de la oposición, y parte de los medios que han permitido que el terror llegara tan lejos, ¿entienden lo que han provocado?

Para protegernos como ciudadanos, para proteger nuestra integridad, nuestra libertad y nuestra democracia, estamos obligados a resguardarnos con una ley que nos defienda de aquellos que con total impunidad siembran la miseria. No es posible que las quemas dominen las calles cada vez que a los delincuentes se les antoja. No es posible que los templos que hoy alumbran sean solo los que arden por el fuego. No puede ser que los transportistas teman por su vida y por su fuente laboral.

¿No entiende parte de la izquierda y algunos medios de prensa que callar o distorsionar la realidad de los hechos solo ha partido la sociedad, ha roto a Chile y ha dividido a las familias? Tal vez sí lo saben y es lo que está dentro de su programa.

Ojalá se hubiese incluido dentro de este proyecto de ley perseguir penalmente a quienes por acción u omisión instigan a las turbas que se sienten con el derecho a destruir, quemar y aterrorizar a todo un país. Así, hubiésemos podido exigirles a todos aquellos que han sido cómplices de la violencia que también asumieran responsabilidades penales. Quizás, algunos de ellos están aquí y quizás sean los mismos que hoy voten en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, este proyecto modifica el delito de incendio en las distintas hipótesis posibles, pero no modifica su penalidad.

El origen del proyecto se remonta a la muerte del camionero Juan Barrios , quien fue víctima de un atentado terrorista en su camión y resultó muerto algunos días después, luego de una dolorosa agonía.

El 2020 fue un año particularmente violento en la denominada macrozona sur. En las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los lagos se registraron 228 denuncias de delitos relacionados con el conflicto indígena, las que se comparan con las 305 registradas durante el 2019 y las 849 durante el período 2018-2020, así como con otras tantas que se registraron en períodos anteriores.

Por ello, Presidente, por su intermedio, quiero solicitar a la diputada Parra que haga una mínima autocrítica sobre su gestión durante el período en que ejerció el cargo de gobernadora provincial, en virtud del cual tuvo que dirigir a las Fuerzas de Orden y Seguridad, porque en ese tiempo también hubo muchos atentados en la macrozona sur.

Las comunas donde se concentraron la mayor cantidad de denuncias durante el 2020 fueron las siguientes: Cañete, con 30; Collipulli , con 23; Contulmo , con 14; Victoria, con 12, y Ercilla , con 10. Las cifras anteriores representan un cambio significativo respecto de años anteriores.

No obstante, si solo se consideran los delitos de mayor gravedad, con resultado de muerte y los atentados incendiarios en la macrozona sur, hubo 172 denuncias en 2020, las cuales, comparadas con las 121 registradas en 2019, representan un aumento del 42 por ciento dentro de esa categoría. Destaca la Región del Biobío, ya que las denuncias se incrementaron de 34, en el 2019, a 64, en el 2020, lo que representa un aumento del 88 por ciento, incluyendo los casos de cinco personas que durante el 2020 resultaron fallecidas por actos de violencia asociadas al conflicto, lo que sin duda se convirtió en su aspecto más lamentable.

Además de la muerte de Juan Barrios, se han lamentado otras muertes, como la del joven Moisés Orellana , del trabajador agrícola Pedro Cabrera , del agricultor Pedro Burgos y del carabinero Eugenio Nain , pérdidas que afectan en forma irreparable a sus respectivas familias.

Sumado a lo anterior, el alto nivel de destrucción de maquinarias, equipos e instalaciones ha afectado gravemente a los trabajadores y a sus empleos. Esas agresiones constituyen limitaciones graves a sus derechos más básicos, como la libertad de trabajo y de desplazamiento, además de afectar gravemente el empleo y la capacidad de las personas de generar el sustento para sus familias.

Es por ello que en este proyecto se incluye a cualquier tipo de vehículo motorizado u otro semejante, con el objeto de sancionar a quienes ataquen las maquinarias que facilitan los trabajos.

Detrás de todas las acciones delictivas está el denominado conflicto mapuche, que ha sido azuzado por organizaciones al interior de la macrozona sur. Dicho conflicto ha sido una invención de sectores políticos interesados, que han visto en ello una oportunidad de colonización ideológica y de división nacional.

Desde hace siglos que en Chile hay plena integración racial, territorial y cultural, en virtud de la que debemos respetar a los que piensan distinto. La necesidad de los pueblos originarios muchas veces es distinta de las meras cuestiones culturales. Los altos grados de pobreza y el acceso a los servicios fundamentales para alcanzar mayor bienestar son las primeras necesidades de la población indígena, que vive presa de los grupos violentistas. Por eso deben separarse de la violencia en la Araucanía.

Consideramos que este proyecto confirma la voluntad…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, aprobamos en general y en particular esta iniciativa, denominada “ley Juan Barrios”, en recuerdo de un transportista que fue asesinado cobardemente cuando se destruyó el camión en que viajaba.

En el Congreso Nacional no es frecuente recordar a los autores de las mociones. En este caso, el proyecto en discusión fue iniciado en mensaje, pero también en una moción de autoría del senador Jorge Pizarro , representante de la Región de Coquimbo.

La idea matriz del texto legislativo es asegurar la aplicación del delito de incendio y contar con una interpretación unívoca, así como adecuar los tipos penales en discusión a las necesidades actuales a través de una modificación al Código Penal.

La muerte del chofer de camiones Juan Barrios , en la comuna de Victoria, luego de que su vehículo fuese objeto de un ataque incendiario, motivó a los autores de este proyecto y al Ejecutivo a perfeccionar los tipos penales del delito de incendios, contemplados en los artículos 474, 475 y 447 del Código Penal.

La iniciativa fue aprobada en general en el Senado y contó con el voto afirmativo del senador Francisco Huenchumilla . Además, en su discusión en particular se amplificó la figura respecto de actos incendiarios cometidos contra “vehículos de transporte público de pasajeros”, modificándose como objeto material del delito a todo vehículo motorizado, y se permitió la sanción contra cualquier vehículo de transporte o bien semejante que haya sido incendiado, por lo que aquí la amplificación de la tipificación recae sobre la palabra “semejante”.

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aprobamos una indicación, presentada por quien les habla, que tuvo como base las propuestas de los señores Jean Pierre Matus , destacado profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, y Jaime Couso , destacado profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. Se enriqueció la redacción en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y se agregó el siguiente texto: “Los que con violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de automóviles de dos o más plazas o de camiones en la vía pública, impidiendo la libre circulación, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio de las penas que correspondan por los otros delitos cometidos con ocasión del hecho, aplicándose las mismas disposiciones que para determinar la pena se señalan en los incisos anteriores.”.

En otras palabras, se modificó la imposición de la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados por presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, con el objeto de mantener la proporcionalidad y la escala de penas establecida en el Código Penal, ya que, por ejemplo, un robo con intimidación no puede tener una sanción mayor que una violación.

De allí la importancia del aporte de los profesores Matus y Couso para perfeccionar el tipo penal del proyecto que venía del Senado, pues se sigue manteniendo y respetando la escala de penas que establece nuestro Código Penal respecto de los bienes jurídicos protegidos. Hay que destacar que, como bienes jurídicos, no solo estamos protegiendo la vida de una persona, el derecho de propiedad, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica o el derecho al trabajo, sino también la libertad de las personas.

Por ello, se sanciona ocupando un tipo penal que, en su momento, incorporamos en la ley de violencia en los estadios, hoy denominada ley de derechos y deberes del fútbol.

La sanción para quien retuviere o tomare con violencia o intimidación el control de automóviles determinados podría aplicarse, por ejemplo, a un bus de la locomoción colectiva o, como en este caso, a un camión, a un medio de transporte privado. La comisión de este delito en particular, sin perjuicio de otros que se puedan cometer con ocasión del hecho, puede provocar lesiones o la muerte.

Aquí también estamos protegiendo el bien jurídico de la libertad, porque lo que tiene lugar con la retención en este caso es el secuestro de quien está trabajando en un vehículo de carga.

Creo que el proyecto quedó bien; se perfeccionó el texto que venía del Senado. Tenemos penas efectivas, pero, al mismo tiempo, son muy proporcionadas, de acuerdo a la escala de penas y sanciones que establece nuestro Código Penal. Así fue incorporado, con aportes de muy buenos profesores de Derecho Penal.

Asimismo, fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución.

A veces se conmina -ya no está aquí el ministro del Interior-, se llama a los diputados a aprobar los proyectos relacionados con la seguridad pública. Al respecto, hay que decir que siempre lo hemos hecho, pero además cumpliendo nuestra obligación, que es perfeccionar las iniciativas, no ser un buzón del Ejecutivo, como algunos pretenden.

Por eso, llamo a esta honorable Sala a aprobar en general y en particular este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la Mesa, a los ministros y a los colegas presentes.

En los últimos años, los ataques incendiarios a vehículos motorizados con o sin personas al interior han aumentado, poniendo en riesgo la vida de ellas, su seguridad física y psicológica. Eso vulnera también la propiedad ajena y genera enormes perjuicios económicos.

Acabamos de ver la semana pasada la quema de un bus en la Región Metropolitana, y son constantes las noticias respecto de vehículos interceptados que terminan quemados, en ocasiones con personas en su interior. La verdad es que por más que se repiten de manera recurrente cada cierto tiempo, estos hechos aún no dejan de causar estupor en la ciudadanía.

Los ataques en cuestión han tenido diversas modalidades, y así lo vimos en la Comisión de Constitución, en que este proyecto fue votado favorablemente.

Primero, la interceptación de vehículos motorizados con pasajeros es una de las más utilizadas. Consiste en la interceptación realizada en carreteras y caminos a vehículos motorizados con personas en su interior que son obligadas a bajarse, luego de lo cual se prende fuego a aquellos para terminar incendiándolos total o parcialmente.

Luego, la quema de vehículos con o sin personas en su interior en muchas ocasiones se realiza a vehículos estacionados. Se incendian vehículos motorizados para sustraer madera o los productos que transportan. En numerosas oportunidades ello también tiene como objetivo la sustracción, el robo de madera a camiones del rubro forestal, lo que también estamos tratando en la comisión.

La muerte de Juan Barrios provocó un giro en la materia. Casi un mes después del ataque incendiario que sufrió el camión en que se encontraba el 9 de febrero de 2020, Juan Barrios falleció producto de las atroces quemaduras que aquello le causó.

Como se aprecia, y como lo pudimos discutir en la comisión, este tipo de ataques implica una afectación y puesta en peligro de la vida y la integridad psíquica de personas, daños a la propiedad y peligros para la seguridad colectiva de la sociedad.

Se debatió largamente qué hacía y qué no hacía este proyecto, porque se trató el punto respecto de si las figuras calificadas en el Código Penal eran suficientes para permitir llevar adelante los mecanismos probatorios y los juicios posteriores.

¿Qué hace este proyecto? No aumenta las penas que ya están incorporadas en el Código Penal, sino que adecúa y actualiza la redacción de las normas sobre el delito de incendio, incorporando a su objeto nuevos bienes, instalaciones o lugares que, en virtud de la tecnología y el paso del tiempo, se han ido desarrollando. Esto se hizo para evitar que situaciones igualmente graves a las contempladas en el código queden excluidas de dicho delito y para que puedan sancionarse con las mismas penas.

Se actualizan y se perfeccionan los tipos penales contenidos en los artículos 474, 475 y 476, incorporando a automóviles de dos o más plazas, camiones, aeronaves, buques, plataformas navales; instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento de combustibles, de distribución de energía eléctrica; instalaciones portuarias, aeronáuticas o ferroviarias. Todos estos ejemplos se tomaron del catálogo existente de lugares o instalaciones contemplados en el artículo 14 D de la ley sobre Control de Armas.

Se incorpora también el concepto de “otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante”, de modo de evitar futuras interpretaciones restrictivas respecto a la aplicación de tales artículos, para que no se interprete como un catálogo taxativo de bienes, lugares e instalaciones.

Se modifica el artículo que actualmente sanciona a quien mediante violencia o intimidación retenga o tome control de un vehículo de transporte público de pasajeros, introduciendo un nuevo inciso final que lo hace aplicable también a los automóviles de dos o más plazas y a los camiones.

La sanción que impone este artículo se aplica sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos cometidos con ocasión de la retención o toma de control del vehículo. Sin embargo, si los hechos constituyen algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a la pena señalada para ellos.

El proyecto, y es importante señalarlo de esta manera, fue trabajado principalmente por el profesor Jean Pierre Matus , y contó con la participación de Jaime Couso y María Elena Santibáñez ; se recibió al Ministerio Público, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Todos coincidieron en que la normativa actual que regula el delito de incendio se encuentra, lamentablemente, desactualizada a raíz de la época de redacción del Código Penal, y existe absoluto acuerdo en cuanto a que ella debe ser modificada.

Este proyecto no pretende, bajo ningún punto de vista, como alguien señaló, estigmatizar a comunidades de pueblos originarios. Ello me parece de una injusticia brutal; está absolutamente fuera de la idea matriz de la iniciativa, esto es, perfeccionar las disposiciones del Código Penal referidas el delito de incendio.

Por tanto, anuncio que votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, primero quiero saludar a Sandra, viuda de don Juan Barrios, quien sé que en este momento está siguiendo la sesión.

Juan Barrios fue padre, esposo, hijo y un mártir de los camioneros de Chile.

¿Por qué digo “mártir” de los camioneros de Chile? Porque los camioneros de Chile han sido los más perjudicados por la violencia que ha habido en la macrozona sur. Me refiero a los camioneros que trabajan a través de la ruta 5 Sur y a aquellos que laboran en el sector forestal. Porque lo que pasa en la macrozona sur, estimados parlamentarios, es casi un far west, y quiero fundamentar lo que señalo.

Ayer, en Púa, dos camiones quemados; hoy, a la una de la madrugada, tres maquinarias forestales quemadas en Rucahue, en la localidad de Allipen, comuna de Freire, donde se encontraron panfletos de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que se adjudicó el atentado.

El líder de la CAM, Héctor Llaitul , nunca ha sido llamado a declarar a ninguna fiscalía, ¡nunca! Este gobierno presentó en septiembre de 2019 una querella contra quienes resulten responsables, incluida la CAM, pero extrañamente nunca, ningún fiscal ha llamado a declarar al líder de dicha organización.

Sin embargo, los incendios que ha habido en la macrozona sur y la figura de Juan Barrios como mártir de los camioneros abrieron un camino de justicia para los mismos camioneros, los contratistas forestales y los agricultores, los cuales tienen maquinarias con trabajadores en su interior gran parte del día, e incluso en la noche, cuando se realizan largas labores de cosecha. Para poder apurarse en la cosecha ellos prácticamente viven arriba de sus maquinarias.

Eso es lo que este proyecto, llamado “ley Juan Barrios”, está poniendo en valor. Busca llevar a justicia a quienes viven arriba de sus camiones, que duermen en ellos, algunos de los cuales experimentan situaciones similares a la ocurrida al camionero fallecido en el atentado que hubo en la ciudad de Victoria, en un servicentro. Él se encontraba durmiendo en su vehículo para poder salir a las seis de la mañana a cargar combustible.

Estos terroristas no solo no trepidaron en atacar el servicentro, sino también a la gente inocente que vivía al lado. El camionero estaba en su casa, porque para él eso es su camión mientras duerme.

Estimados parlamentarios, esto no debe suceder nunca más. Lamento las declaraciones del coordinador de la macrozona sur, quien dijo en un medio de comunicación que tienen identificados a los grupos radicales. Si los tienen identificados, ¡tómenlos presos, llévenlos a los tribunales y terminen con esta lacra de terroristas en la Araucanía, que no trepidan en incendiar y asesinar a gente de trabajo, gente que está produciendo para el país!

Lamento eso. No basta con repudiar, con seguir trabajando, como dijo la gobernadora hoy. ¡No basta! La situación empeora cada días más en las regiones de la macrozona sur. No lo digo, como plantean algunos, para estigmatizar a las comunidades. Existen más de 3.000 comunidades desde Biobío hacia el sur. Así que, ¡perdónenme!, pero lo cierto es que no son las comunidades. Lo que hay aquí son grupos terroristas que atacan a la gente de trabajo que pasa por la ruta 5 Sur, específicamente por la Araucanía y la provincia de Arauco. Las víctimas se desempeñan en los sectores forestal, agrícola. Reitero que se trata de gente de trabajo que está produciendo para ellos y para sus familias.

Hay que terminar con eso, estimado Presidente y estimados parlamentarios. También hay que terminar -con esto finalizo con los atentados contra carabineros en servicio. No es posible que algunos quieran quemar sus vehículos o los retenes donde trabajan. En algunos lugares de la Araucanía -también en Santiago han intentado quemar vivos a carabineros mientras estaban cumpliendo sus funciones.

Vamos a renovar indicaciones que fueron rechazadas en la comisión. Espero que muchos parlamentarios las suscriban y las aprueben, para que también sea un delito calificado el atentar contra los vehículos y los retenes de Carabineros, en especial cuando haya funcionarios en su interior.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo valorar esta iniciativa, la cual, por cierto, votaré a favor, y con mucho entusiasmo, porque todo lo que hagamos para erradicar la violencia y el accionar de esos terroristas en nuestro país, ¡bienvenido sea!

No obstante, señor Presidente, quiero hacer una reflexión frente al llamado que hizo la diputada Parra para que el gobierno haga la pega. Le diría a la diputada Parra que también nosotros debemos hacer una autocrítica.

¡Cuánto tiempo nos hemos demorado en despachar una iniciativa como esta! ¡Hagamos la pega, pero hagámosla oportunamente y no dilatemos la tramitación de proyectos de esta naturaleza, que tienen como objetivo dotarnos, como sociedad, de las herramientas necesarias para erradicar la violencia de nuestro país!

Por eso, acojo el llamado que nos hace la diputada Parra : ¡hagamos la pega! Pero no solo el gobierno, sino también nosotros, aquí, en esta Sala, legislemos oportunamente.

Por orto lado, señor Presidente, no vamos a erradicar la violencia, como dicen algunos, si no llamamos las cosas por su nombre. Lo digo, porque hay algunos que, tratando de bajar el perfil a lo que ocurre en la Araucanía y en la provincia de Arauco, dicen que se trata de violencia rural o que solo se trata de violencia, pero no dicen las cosas por su nombre. Algunos señalan que esto es solo robo de madera, por lo cual rechazan un proyecto que pretende sancionar drásticamente las actividades ilícitas que cometen algunos terroristas en la provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía.

Cuando digo que llamemos las cosas por su nombre, quiero decir que no sigamos con el cuento de que es violencia rural o de que solo es robo de madera. Señor Presidente, ¡esto es terrorismo! Es más, diría que esto es narcoterrorismo, tal como ha quedado demostrado tras la detención de algunos connotados miembros de la CAM, quienes tenían en su poder toneladas de drogas.

También me llama la atención que nada se diga en este hemiciclo respecto de la detención de un funcionario del Poder Judicial al que encontraron prácticamente armas de guerra y drogas en su casa. Eso pasó casi inadvertido.

Señor Presidente, llamemos las cosas por su nombre. En la medida en que lo hagamos de esa forma, podremos aplicar las medidas que correspondan.

¡Mano dura contra los narcoterroristas! ¡Legislemos oportunamente para dotar al Estado de las herramientas necesarias para recuperar la paz y la tranquilidad en la provincia de Arauco y en la Araucanía!

Si seguimos llamando “violencia rural” a estas cosas, como hacen algunos, no vamos a dar la solución que miles de ciudadanos esperan de parte del Estado.

¡Las cosas por su nombre! ¡Mano firme! ¡Mano dura contra los terroristas! ¡Mano dura contra los narcoterroristas que operan en la provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía!

Por eso, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, y lo hago con mucho entusiasmo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, claramente, nuestro Código Penal, que data de 1874, es bastante arcaico en muchas materias delictuales, por lo que es imperioso realizar las modificaciones que correspondan para actualizarlo.

Sabemos que en el sur de Chile los delitos de incendio están aumentando día a día; sabemos que el Código Penal no contempla los medios de transporte actuales dentro de las figuras penales de los artículos 474 y siguientes, relativos al delito de incendio, y que las menciones referentes a tren de ferrocarril y buques, edificios y otros, se han vuelto anacrónicas, al no incorporar los medios de transporte actuales.

En los últimos tiempos se han verificado una centena de ataques incendiarios a vehículos motorizados, que se cometen interceptándolos previamente en la vía pública y haciendo descender a los pasajeros para luego incendiar lo que poseían.

Lamentablemente, esa figura no está sancionada con una pena significativa que sea persuasiva como para no cometer dicho delito, por lo que incorporar una circunstancia que califique este tipo específico es urgente.

Es muy lamentable que haya tenido que suceder lo de Juan Barrios para que nos preocupemos de perfeccionar un delito que por años ha quedado sin actualizarse y sin contemplar los diferentes elementos sociales que se vienen dando en la práctica desde hace un tiempo importante.

Hoy en día estamos viendo conductas despreciables, conductas que nunca antes habíamos visto en nuestro país.

Los sucesos incendiarios que se han evidenciado en el sur no son solo uno más, por lo que creo que es hora de modernizar nuestro Código Penal y contemplar estas conductas especiales, dado que van en aumento día a día.

Apoyo el texto del proyecto emanado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB (vía telemática).-

Señor Presidente, hasta el momento las intervenciones realizadas han analizado detalladamente el proyecto, pero, en mi caso, quisiera ahondar en algo muy importante y que se ha omitido hasta ahora. Esta normativa reconoce el trabajo de los transportistas y, en ese sentido, quiero recordar a don Juan Barrios, que en paz descanse. Saludo a su familia y hago un especial reconocimiento al trabajo que él realizaba, porque, cuando pernoctaba en su camión y fue atacado, no transportaba madera, troncos u otro material, sino que transportaba trigo, es decir, alimento destinado al consumo de todos los chilenos. Por ello, hago un especial reconocimiento a todos aquellos transportistas que, día a día, a lo largo del país, llevan los alimentos, que son indispensables para el funcionamiento de nuestra patria.

Hoy en las distintas intervenciones se ha manifestado el apoyo a esta normativa, y por eso espero que sea apoyada unánimemente por la Cámara, porque aquí va a quedar demostrado quiénes son los parlamentarios que están a favor de aquellos que producen en nuestro país, de quienes transportan alimentos y otros materiales indispensables para que nuestro país funcione. Reitero que espero que exista un apoyo unánime a esta normativa.

Ayer en la tarde, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en una comunidad indígena, personal de Vialidad que estaba reparando un puente que sirve de acceso a esa comunidad fue atacado a balazos y el conductor de uno de los camiones fue herido, aunque no gravemente.

Esa situación demuestra que este tipo de hechos afecta finalmente a todo tipo de personas, pero especialmente a las personas más carenciadas y a quienes están más aisladas. Las comunidades indígenas necesitan tranquilidad, paz, para que les lleguen los beneficios, por lo que, a través de esta iniciativa, que aumenta las penas y considera figuras que no estaban en nuestra legislación, que es muy antigua, esperamos que aquellos que atentan contra los transportistas y las personas, en general, generando intranquilidad en nuestro país, dejen de realizar este tipo de acciones al ver que las penas aumentan y se contemplan otras figuras en nuestro ordenamiento jurídico.

Desde ya manifiesto mi voto favorable y me hago eco de todos los discursos realizados anteriormente. Hago un llamado a todos los sectores políticos para que condenen la violencia y se sumen a un trabajo para lograr la tranquilidad y la paz que Chile necesita y que construimos entre todos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero hacerme cargo de algunas de las afirmaciones que se han hecho en esta sesión, porque me parecen insólitas.

Primero, he escuchado decir que hay conductas que quedan impunes. Discúlpenme pero el Código Penal y los tribunales generalmente han sido bastante rigurosos en la aplicación de penas a un delito tan grave como es el delito de incendio, y casi nunca queda impune.

Lo que sucede es que muchas veces los procesos investigativos no llegan a buen término y generalmente no se logra determinar quiénes fueron los responsables del incendio. Pero eso no es culpa del Código Penal, sino de los procesos investigativos que se llevan adelante.

Quiero hacerme cargo de otras afirmaciones, porque me toca presidir la Comisión de Constitución. El diputado Bobadilla dijo: “Apuren la tramitación de los proyectos de ley.

Este proyecto ha dormido mucho tiempo”. Le quiero informar al diputado Bobadilla , porque parece que no lo sabe, que este proyecto entró con discusión inmediata y fue lo primero que reconoció el ministro al iniciar su intervención, es decir, que en la Comisión de Constitución le dimos una tramitación inmediata, y por eso hoy se está discutiendo en la Sala. Entonces, digamos las cosas como son y seamos justos en las afirmaciones que se hacen.

Además, pareciera que el diputado Bobadilla no leyó que este proyecto no trata sobre el delito de robo de madera, porque habló todo el rato respecto del robo de madera, sino que actualiza la figura del delito de incendio.

Además, casi todas las intervenciones de los diputados de derecha centran el proceso de discusión del actual proyecto en la situación de la Araucanía y en las acciones terroristas, de acuerdo a su propio criterio, pero lo cierto es que el proyecto, que llega del Senado en segundo trámite constitucional, en ningún caso trata este tipo de cuestiones. Entre los argumentos que fundamentan el proyecto hay una mención a la gravedad de los hechos y al atentado al sistema democrático, pero lo cierto es que lo que hicimos nosotros fue, a través de una indicación -quiero reconocer a los profesores de derecho constitucional que nos estuvieron acompañando en el proceso de discusión legislativa-, transformar casi toda la figura penal del delito de incendio. Y fue tal el nivel de transformación que, incluso, hay algunas penas porque pareciera que algunas de las personas que intervinieron no leyeron el proyecto que rebajamos y ampliamos las figuras penales, en particular, el delito de incendio en lugar habitado.

Lo que siempre he dicho es que debemos ser rigurosos con lo que señalamos y no plantear meros discursos dirigidos a la galería, con un nivel de populismo penal que no se condice con el objetivo ni con el texto del proyecto.

Después de haber escuchado algunas intervenciones, me pregunto qué proyecto examinaron los colegas, porque, claramente, no vieron que la iniciativa establece delitos contra el orden público y que ampliamos las penas consignadas en el artículo 268 sexies a los que con violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de automóviles de dos o más plazas o de camiones en la vía pública, impidiendo la libre circulación. Además, actualizamos las hipótesis respecto del delito de incendio en lugar no habitado.

Por lo tanto, insisto en que debemos adecuar el debate a lo que efectivamente estamos discutiendo.

Cuando hablamos de derecho penal, es decir, por definición, de un sistema de ideas que propone contener el ejercicio del poder punitivo del Estado y de cómo ese poder punitivo va a generar cambios conductuales, lo cierto es que la teoría penal no orienta solamente la aplicación de esas penas, porque el ejercicio de la actividad penal, o el ejercicio del poder punitivo del Estado, tiene una serie de dimensiones. En otras palabras, esto actúa a través de un sistema integrado, por lo que, lamentablemente, no sacamos nada con generar modificaciones y mejorías a los textos legales si no somos capaces de entender que el sistema procesal penal responde a un sistema mucho más amplio y que la pena nunca va a ser una herramienta para el cambio de conducta. La aplicación de la pena no desincentiva la generación de un cambio de conducta. Una muestra es lo que sucede hoy. El hecho de que aumentemos o establezcamos nuevas figuras delictuales no va a disuadir al delincuente. Eso es tan falso como absurdo. Si la pena evita la comisión de delitos -lo he escuchado en varias intervenciones-, entonces cómo se explica que el sucesivo aumento de penas no impida el alza de delitos.

Hoy, al escuchar ciertas intervenciones, me sorprendí por el nivel de desconocimiento de lo que estamos discutiendo, en particular respecto de lo que el derecho penal desarrolla a este respecto.

En relación con las indicaciones presentadas por el diputado Walker , me parece que están bien conceptuadas, en particular respecto del mejoramiento y adecuación a los tiempos actuales de un texto que fue generado en el siglo XIX.

Como dije en un comienzo, se amplían determinadas figuras, porque, claramente, en los tiempos en que fue dictado el Código Penal, no existían vehículos motorizados, como camiones, etcétera. Tampoco existían vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de dos plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, almacenamiento o transporte de combustibles, distribución y generación de energía eléctrica, etcétera. Me parece que esos conceptos que agregamos son absolutamente adecuados, así como la adecuación de algunas penas. Por eso aprobé en particular las indicaciones presentadas para mejorar el proyecto.

El delito de incendio no solo se comete en la Araucanía. Eso es un error y no corresponde. Hoy, adecuamos el delito de incendio a una figura nacional, porque las leyes tienen carácter genérico y aplicación nacional; no obedecen a casos particulares. Si hay parlamentarios que creen que todo lo malo en Chile ocurre en la Araucanía o en la macrozona sur están absolutamente equivocados. Eso solo demuestra lo ciegos que están ante la situación real de nuestro país, en particular respecto de lo que ocurre en la Araucanía.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA (vía telemática).-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad respecto de las dos indicaciones aprobadas en el proyecto que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, toda vez que existe claramente un descriterio respecto del principio de proporcionalidad, lo que transgrede el artículo 19, número 3º, de la Constitución, puesto que no se podría aplicar el debido proceso. Claramente, existe una desproporción respecto de la aplicabilidad de las penas en nuestra legislación.

Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad respecto de las dos indicaciones. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, se dejará constancia de su reserva de constitucionalidad en el acta.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado, recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos a las que tengan un comité.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 23ª de la presente legislatura, en jueves 22 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, en primer lugar, este proyecto, que data de 2018, tiene como objeto principal establecer una nueva legislación, con la finalidad de crear un Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), administrado por Carabineros de Chile, con la idea de promover el uso de tecnologías. Como parlamentarios, sabemos que eso es importante para la persecución del delito.

La idea es que las unidades policiales puedan compartir información sobre casos delictuales, las buenas prácticas asociadas a la resolución de ellos y, en definitiva, prevenir su comisión, procurando una metodología de trabajo que reduzca los índices de delincuencia de manera dinámica y, también, multidisciplinaria.

Este nuevo sistema, administrado por Carabineros de Chile, institución que, anualmente, tendrá que rendir cuenta sobre sus resultados en audiencia pública ante el Consejo Comunal de Seguridad Pública, contempla, además, una plataforma de información estadística que facilitará el análisis criminal y la focalización operativa y preventiva de los delitos que determina el reglamento.

A mi juicio, es una herramienta importante para nuestras policías, particularmente para Carabineros, a fin de fortalecer su rol preventivo. En ese sentido, quiero validar y hacer un llamado al Congreso y al gobierno, a propósito del uso de las nuevas tecnologías que aborda el proyecto, a fin de tramitar otras iniciativas que hemos presentado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista han planteado la necesidad de que nuestras policías usen cámaras corporales en todos los procedimientos policiales, herramienta fundamental para obtener evidencia que pueda ser presentada ante el Ministerio Público cuando se cometan delitos.

También debemos avanzar rápidamente en el proyecto de modernización de las policías, hoy radicado en una comisión mixta. También hago un llamado al gobierno para que prontamente presente el proyecto de formación y carrera policial.

Asimismo, pido al gobierno que acelere el envío del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Generalmente, cuando se suscitan hechos de violencia, nuevamente aparece ese tema sobre la mesa. Es importante abordar en serio esa materia, para validar nuestras policías y la democracia, y así entregar tranquilidad y seguridad a nuestra población.

Por último, quiero saludar a Carabineros de Chile en el 94° aniversario de su fundación, en especial a aquellos funcionarios que cumplen labores en Aysén.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .- Señor Presidente, lo que esperamos cuando discutimos un proyecto de ley es cambiar las cosas, para que algo en este mundo sea distinto, y que eso, que es distinto, sirva para mejorar las vidas de las personas, hacerlas más fáciles, más justas, más seguras. Discutimos entre nosotros y nosotras, damos argumentos, vamos a los medios de comunicación, damos entrevistas, todo ello para intentar convencer al otro de que hay una manera de perfeccionar los proyectos, de avanzar un poquito más en la dirección que creemos correcta, porque pensamos que se puede hacer una diferencia.

Sin embargo, nada de eso pasa hoy. Hoy discutimos un proyecto que no va a cambiar en nada las cosas, no porque sea un buen o mal proyecto, sino porque lo que discutimos ya existe. El sistema STOP existe, y se usa. Invito a las personas que siguen esta discusión en sus casas o a quienes están presentes en la Sala a que ingresen a la dirección de internet stop.carabineros.cl y lo vean por ustedes mismos.

Señor Presidente, si STOP ya existe, ¿por qué estamos discutiendo este proyecto de ley? La razón es terrible, pero muy sencilla. La razón por la que estamos discutiendo un proyecto de ley sobre una política pública que ya existe, que ya está implementada, y que es una ley que en nada va a cambiar la política pública, es porque las políticas de seguridad ciudadana son hace ya un buen tiempo un triste espectáculo.

Lo que importa no es el contenido de la propuesta, sino si esta es atractiva, si prende o si da de qué hablar en los matinales. De lo contrario, ¿cómo se explica la propuesta de ampliar el control preventivo de identidad a menores de dieciocho años? ¿Cómo se explica la votación de la gran mayoría de los presentes en esta Sala a favor de una política pública totalmente inútil que, además, de paso, vulnera los derechos de los niños y niñas solo con el objeto de hacer de la seguridad ciudadana un show para la tele?

Hay varias ideas espectaculares e inútiles como esas. ¡Cómo olvidar el proyecto de ley narcofunerales, que castigaba más intensamente el uso de fuegos artificiales! Ese es un verdadero caso de pirotecnia legislativa. Asimismo, tenemos prohibido olvidar la triste foto del Presidente Piñera con el comando Jungla , que unos meses después mató a Camilo Catrillanca .

En medio de toda esa espectacularidad, de toda esa verdadera mentalidad televisiva, está el programa STOP, un proyecto que no necesita ser ley para funcionar, una propuesta que no cambia en nada lo que nos importa en relación con Carabineros de Chile.

Tampoco olvidemos que seguimos discutiendo proyectos sobre las policías sin haber definido un rumbo claro para la institución de Carabineros. ¡Hasta cuándo nos vamos a hacer los tontos con eso! ¡Hasta cuándo tiene sentido seguir poniendo parches a un problema mayúsculo que requiere de una intervención profunda!

Diputados y diputadas, sin esta intervención nada importante va a cambiar. Este proyecto es reflejo de lo mismo: una ley para que todo siga igual.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, si estamos sentados aquí -cada uno con un mayor o un menor porcentaje de votación en su elecciónes porque representamos a nuestra ciudadanía. Algunos son -es legítimo maximalistas y quieren cambiarlo todo, como si Chile hubiese nacido el 2020. ¡No! Los cambios tienen que ser profundos y desarrollados de muy buena manera. Las políticas públicas bien implementadas sirven y apoyan.

Yo no vengo a perder el tiempo al Congreso Nacional. Creo que el proyecto de ley que se aprobó el 12 de diciembre de 2018 en esta Sala, con 127 votos a favor y solo 7 votos en contra, refleja una muy buena política pública.

Es cierto que Carabineros requiere una refundación y una reestructuración profunda, pero siempre resulta ser un aliciente la crítica a la institución, aunque está bien hacerla.

También en este Congreso Nacional hay gente que ha cometido delitos, gente que es buena y gente que es mala. Por cierto, ello ocurre también en una institución de 60.000 mujeres y hombres.

Debemos ser supercríticos, pero también objetivos. Este Sistema Táctico de Operación Policial, si bien es una herramienta tecnológica, ayuda y avanza en transparentar la acción policial en materia de prevención del delito, que es una deuda pendiente de todas las instancias de persecución criminal.

Muchas veces la labor de Carabineros se focaliza, única y exclusivamente, en el control del orden público, pero en todas y cada una de las comunas de nuestro país, cuando hay un hecho que reviste carácter de delito, la gente llama o se dirige justamente a Carabineros, y eso hay que valorarlo. Hay carabineros que realizan muy bien su función. Eso hay que apoyarlo e ir mejorándolo.

El Sistema Táctico de Operación Policial avanza en transparentar la gestión táctica policial orientada a la prevención del delito. Antes no se sabía al respecto. ¿Es una buena política pública? ¡Sí! Esa política pública debe mantenerse en el tiempo. Por eso, considero que es propicio y adecuado implementarla a través de este proyecto de ley, que esperamos aprobar el día de hoy.

Además, este sistema no solo involucra o vincula a las instituciones propias de persecución criminal, como son el Ministerio Público y Carabineros de Chile, sino que también incorpora algo muy importante: los gobiernos locales o municipios, porque muchas veces el trabajo de los alcaldes y de los consejos comunales de seguridad pública está supeditado a la buena o mala voluntad o relación que tenga el comisario de turno con el alcalde, con la autoridad edilicia.

A través de este proyecto de ley se obliga a que Carabineros se coordine adecuadamente con los gobiernos locales o los municipios. ¿Promueve la participación en la coordinación de todas estas instancias? Sí, así como también de las organizaciones civiles que, de igual manera, pueden participar en este sistema táctico, circunstancia que anteriormente estaba vedada para las organizaciones de la sociedad civil.

Además, genera algo importante, que si bien es cierto es incipiente, significa un avance: el accountability. En efecto, Carabineros estará obligado a entregar en audiencia pública al consejo comunal de seguridad pública información sobre los cambios que ha implementado y la manera en que está focalizando el delito, sobre todo aquellos que tienen mayor connotación social.

Además, el Senado -es la única modificación que realizó obliga a la institución a establecer las medidas para mitigar los eventuales incumplimientos de los compromisos existentes o por qué siguen escalando los delitos en distintas áreas.

Es cierto que el proyecto no soluciona la problemática de seguridad, pero definitivamente es un avance. Por eso, lo vamos a aprobar. ¿Por qué? Porque en la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, que está integrada de manera transversal, se señaló que ciertamente debemos trabajar en la creación de un ministerio de seguridad pública que se preocupe exclusivamente de esta materia.

No es dable suponer que quien es el ministro político, el jefe de gabinete, también esté preocupado de la seguridad. Si queremos establecer políticas públicas estables en el tiempo en materia de seguridad, claramente la creación de un ministerio de seguridad pública es fundamental.

Sin embargo, no podemos destruir todo lo que se ha construido; no podemos partir el mundo desde cero, sino que tenemos que ser muy críticos para corregir las cosas que se han hecho mal y, a partir de esa base, construir algo que es fundamental. Muchos olvidan que un derecho humano también es vivir tranquilos y con seguridad pública. Eso tenemos que reivindicarlo, promoviendo, trabajando y criticando, pero aunando esfuerzos en algo que debe ser sumamente transversal, que es la seguridad pública para todos los vecinos y vecinas de nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, en su intervención el diputado Raúl Leiva dijo que hay diputados que han cometido delitos. Creo que es una acusación bastante grave. Si efectivamente él tiene antecedentes de diputados que han cometido delitos, pido que los haga llegar a la Mesa. De lo contrario, pido que, por favor, eso quede fuera del acta.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero contestar a la diputada Maite Orsini .

Muchas veces se trata de aislar y de diseccionar cada una de las palabras de los discursos que realizamos para generar una polémica. Lo que yo planteé es que en una institución que está compuesta por hombres y mujeres hay personas que hacen bien o mal su labor, al igual que ocurre en el Congreso Nacional.

Existen parlamentarios, como, por ejemplo, el diputado Pedro Velásquez , quien tiene una condena por fraude a la municipalidad, que está condenado y forma parte de este Congreso Nacional. Existen diputados que hoy están cuestionados por acoso sexual, que tienen procesos judiciales eventuales. Lo que yo quise decir -diputada Maite Orsini , si usted quiere rectifico; no tengo ningún problema es que esta institución -el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados también está compuesta por hombres y mujeres, y que no todos son impúdicos o santos, sino que, como en toda institución, tienen sus problemas.

Ahora, si me preguntan puntualmente si hay una condena, respondo que sí tenemos un diputado que ha sido condenado por fraude al fisco, por sentencia ejecutoriada, y que está sentado en esta Sala, lo cual no comparto.

Para terminar, cabe decir que muchas veces lo que se pretende es generar una polémica, un tuit o una aparición más en un canal de televisión. Yo aquí vengo a hacer mi pega, a trabajar y a representar a mis vecinos y vecinas. Obtuve cuarenta y cinco mil votos cuando fui elegido. Con los diputados del distrito que represento, que son de diferentes sectores, trabajamos juntos. Por cierto, nos criticamos, pero venimos a hacer la pega. Creo que un poco más de eso es lo que se necesita en nuestro Congreso Nacional y también en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, aprovecho de saludar a una institución muy especial para nuestro país, que hoy está de aniversario: Carabineros de Chile.

En muchas profesiones juramos cuando recibimos nuestros títulos, pero son pocos los que juran rendir la vida si fuese necesario, y dentro de ellos están más de 60.000 hombres y mujeres, de Arica a Punta Arenas, que juran rendir la vida por su país: los carabineros. Vaya para ellos un gran abrazo, especialmente en estos tiempos difíciles que vive nuestro país, pues han sido especialmente importantes en sostener la república, tarea que también debiera ser de nosotros los representantes.

Más allá del nombre que uno le pueda asignar -si STAD, si STOP o si Pacic-, estamos pensando en un sistema de gestión de información delictual que las policías puedan generar para el despliegue operativo de sus recursos, con recursos limitados y con la información correcta para tomar mejores decisiones.

Dicho sistema de gestión buscó fortalecerse con la creación del Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), basado en otro sistema creado en Nueva York. Al menos inicialmente tuvo éxito en su implementación en Chile. Luego de esta reforma, que se implementó en todas las regiones de nuestro país, se intentó utilizar un moderno modelo de prevención del delito, esto es, que la policía uniformada llegara antes y previniera el hecho.

En marzo de 2018 se constituyó una mesa de trabajo para el rediseño del sistema, integrada por miembros de Carabineros de Chile y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría del Interior. En esta instancia se recogieron los aspectos más valiosos del STAD, del Pacic, del programa de gobierno actual y de las recomendaciones que nos llegaban desde el exterior, se elaboró un modelo de gestión por resultados -lo dijo el diputado Leivay se evaluó la incorporación de nueva información en el análisis.

Luego del estallido social de octubre de 2019 y de los fuertes hechos de violencia que vivió nuestro país en los meses posteriores, se dio cuenta con más fuerza de la necesidad de modernizar mucho más los sistemas preventivos y de mejorar sustancialmente los mecanismos de coordinación de la información entre todas las instituciones que se encargan de la seguridad pública.

Por lo anterior, este proyecto busca continuar perfeccionando por ley la implementación de un sistema que persigue ser mucho más exitoso en la reducción del delito. El proyecto busca mejorar una metodología que pretende reducir los índices de la delincuencia y que se centra en los siguientes puntos: información precisa y oportuna, sin la cual es imposible actuar; despliegue policial focalizado y coordinado; implementación de tácticas policiales más efectivas -con menos personal, pero más efectivas-, y evaluación y seguimiento del despliegue policial y de las tácticas dispuestas, para que el poder político, la ciudadanía y la prensa puedan exigir a las instituciones policiales lo que en el hemisferio norte llaman accountability.

El programa STOP focalizará los recursos para el trabajo de la policía local con una plataforma virtual. Se podrán dar a conocer los delitos que están ocurriendo cada vez que estos sean denunciados. Por eso, el mensaje a nuestros vecinos siempre debería ser “denuncie, denuncie, denuncie”, porque un hecho que no se denuncia no existe en las estadísticas, y cuando se toma la decisión de ampliar una comisaría en una determinada comuna o de dotarla de más personal, se evalúan las denuncias. Por lo tanto, si los vecinos no han denunciado, se va a pensar que el sector donde ellos viven no tiene las incidencias necesarias para requerir mayor recurso y mayor intervención policial.

El índice de victimización se viene manteniendo sobre el 23 por ciento desde 2013; en la Región Metropolitana es de 27 por ciento. El 82 por ciento de las personas cree que la delincuencia aumentó en nuestro país desde 2019. Durante 2019, la victimización fue producida principalmente por hurtos, robos con violencia, robos por sorpresa, robos con fuerza.

En resumen, estamos ante un proyecto que hay que apoyar porque con mejor información y mejor coordinación los recursos podrán ser utilizados de mejor manera, respetando a los contribuyentes, que entregan al Estado esos recursos, y combatiendo el delito con fuerza y mucha decisión.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo) [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy estamos en una situación que nos debe convocar. Miles o millones de chilenos han sido víctimas de la delincuencia de distintas formas, mediante distintos delitos: de abuso sexual, de homicidio, de robo con intimidación, de robo con violencia en sus hogares, en sus vehículos, etcétera.

La pregunta es: ¿quién se hace responsable? ¿A quién le corresponde hacer frente a esa situación? ¿A los ciudadanos? ¿Se tienen que armar y defenderse cada uno, o le corresponde al Estado? ¿No es el Estado el que debe velar por el bien común? Para el bien común en una comunidad de la que todos somos parte y en la que todos contribuimos, queremos que nos garanticen, para vivir en paz, obviamente orden, seguridad y una calidad de vida que no se vea afectada por la delincuencia. ¿Y el Estado cómo lo hace? A través de las policías, que tienen protocolos, formas de actuación e, incluso, la posibilidad de hacer uso de la fuerza, porque tienen el monopolio para ello.

En este debate la diputada Orsini dijo que “esto ya no es necesario, porque se hace en los hechos”, pero creo que justamente el problema es que esto no puede quedar al arbitrio o a la voluntad del gobierno de turno o de las policías. Bien dijo el diputado Alessandri que en el primer gobierno del Presidente Piñera se trató de implementar el sistema de manera voluntaria con el STAD. Luego vino el gobierno de la Presidenta Bachelet , que cambió todo y creó otro sistema llamado Pacic . Seguramente van a venir otros gobiernos que van a ir cambiando finalmente las siglas; pero el fin es uno solo: que a las policías -hoy es el día de Carabineros también se les exijan resultados por parte de los ciudadanos. No basta con que patrullen o con que nos presenten estadísticas de reducción o de aumento de determinados delitos. La labor debe ser constante, mensual. Para ello también deben estar involucrados la comunidad, el alcalde, las organizaciones y la Fiscalía en una mesa, porque finalmente enfrentar el delito es una necesidad del día a día. Los delitos cambian, las bandas cambian, las dinámicas cambian. Aparecen nuevos delitos: aparecen los motochorros, que hace un año no existían, y aparecen las encerronas, que antes eran portonazos. Así van mutando los delitos.

¿Por qué es necesario que el sistema se establezca por ley? Para que sea una obligación para las policías rendir cuenta, para que sea una obligación para las policías comprometerse con la comunidad a poner el foco en determinados delitos y en ciertos lugares, y para que sea obligatorio para las autoridades civiles involucrarse con las policías en esta dinámica y saber lo que está ocurriendo por parte de la Fiscalía y las policías. Por eso es importante que se establezca por ley, de modo que no venga un gobierno y le cambie la sigla y los parámetros al sistema porque de esa manera, políticamente, podría obtener algún rédito. ¡No! Tiene que haber una ley. Por eso hemos defendido este proyecto, que lleva años en el Parlamento. Como bien dijo el diputado Leiva , lo aprobamos en 2018, y estamos en 2021. Todo este tiempo su tramitación se ha demorado por una sola cosa: tener un procedimiento -finalmente el proyecto llega a su último trámitepara que las policías estén obligadas a hacer constante y mensualmente una rendición de cuentas o accountability, como se dice en inglés.

Asimismo, se establece un compromiso con las autoridades locales. Cuántas veces los alcaldes se quejan diciendo “yo no estoy a cargo de la seguridad, porque la ley no me lo mandata”. Es verdad, ¿pero finalmente los vecinos a quién le cobran? Al alcalde. Si el alcalde por ley puede integrarse en el STOP, si las organizaciones por ley pueden involucrarse, si la Fiscalía por ley debe estar presente, si la PDI por ley debe estar presente, es otra cosa. Se conformará una mesa obligatoria que debe provocar resultados. ¿Para quién? Para los ciudadanos, para esas víctimas que llaman por teléfono y buscan al Estado en un momento en que lo necesitan y en que buscan seguridad. Ahí debe estar el Estado. Y nosotros como legisladores debemos crear esa mesa obligatoria de trabajo para que las víctimas sientan seguridad. Ojalá haya que sufrir menos delitos, pero creo que la única forma de lograrlo es con un trabajo obligatorio de todas las instituciones que están ligadas, desde el mundo de la justicia hasta el de la prevención y el control del delito.

Llamo a aprobar este proyecto de una vez por todas, para que tengamos una ley que permita realizar una buena gestión local en materia de seguridad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Cooperativas para extender transitoriamente el plazo dentro del cual deben celebrarse las juntas generales de socios.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y tres minutos para las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Giorgio Jackson .

Antecedentes:

-Moción, sesión 30ª de la legislatura 368ª, en martes 16 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 19.

En reemplazo del diputado señor Giorgio Jackson , rinde el informe el diputado señor Boris Barrera .

El señor BARRERA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en moción de los diputados Gonzalo Fuenzalida , Giorgio Jackson , Harry Jürgensen y de las diputadas señoras Karol Cariola , Daniella Cicardini , Ximena Ossandón , Camila Vallejo y Gael Yeomans , que modifica la Ley General de Cooperativas para extender transitoriamente el plazo dentro del cual deben celebrarse las juntas generales de socios, con urgencia calificada de suma, contenido en el boletín N° 13576-03.

Durante el análisis de esta iniciativa, la comisión contó con la concurrencia y la colaboración del jefe de la División de Asociatividad de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Eduardo Andrés Gárate , y de la abogada asesora del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señora Ximena Contreras .

Ideas matrices o fundamentales del proyecto

Otorgar transitoriamente a las cooperativas la flexibilidad de celebrar y convocar a las juntas generales de socios.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay normas con ese carácter.

Normas que requieren trámite de Hacienda

No hay.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada Sofía Cid y los diputados Boris Barrera , Alejandro Bernales , Giorgio Jackson , Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Jaime Naranjo y Rolando Rentería .

Artículos rechazados

No hay.

Indicaciones rechazadas

No hubo.

Relación descriptiva del proyecto

La moción consta de un artículo único, que agrega un nuevo artículo 12 transitorio al decreto con fuerza de ley Nº 5, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la ley General de Cooperativas, que autoriza a que las cooperativas que no hubieren dado cumplimiento a la obligación de celebrar juntas generales de socios en los términos del literal f), inciso segundo, del artículo 6°, durante 2020, podrán realizarlas hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa parlamentaria en estudio modifica el citado decreto con fuerza de ley N° 5, referido a le Ley General de Cooperativas, mediante la incorporación de un artículo 12 transitorio, de acuerdo con lo reseñado en el acápite anterior.

Discusión y votación del proyecto

El artículo único de la iniciativa fue objeto de una indicación sustitutiva formulada por la diputada Sofía Cid y por los diputados Boris Barrera , Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Jaime Naranjo , Rolando Rentería y Alexis Sepúlveda , para agregar un artículo 13 transitorio que mejora sustancialmente la moción, en orden a ampliar el plazo que les otorga a las cooperativas para cumplir con la obligación legal de celebrar juntas generales de socios, hasta los 90 días posteriores al término del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado el 18 de marzo de 2020, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus respectivas prórrogas, instancia en la que deberán ser tratadas, por lo menos, las materias referidas al examen de la situación de la cooperativa y de los informes de la Junta de Vigilancia y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de las cooperativas y lo concerniente a la distribución de los excedentes o remanentes de cada ejercicio, cuando corresponda, para los ejercicios que se encuentren pendientes de pronunciamiento por parte de la respectiva junta general.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que extiende transitoriamente el plazo en el cual deben realizarse las juntas de socios de las cooperativas, es adecuado a la situación de emergencia que está viviendo el país.

Por ello, no sólo votaré favorablemente, sino que quiero agregar que es un reconocimiento y un homenaje al mérito, al esfuerzo y al aporte que hacen las cooperativas al desarrollo de Chile.

El movimiento cooperativo ha demostrado capacidad y disciplina, desarrollo técnico y tecnológico; ha ido mejorando sus capacidades de gestión y ha mostrado que hace una contribución muy sustantiva al progreso del país en condiciones de solidaridad, de justicia, de mejores remuneraciones y de desarrollo sustentable. Fortalece la solidaridad, la equidad, valores que son fundamentales en esta sociedad en la cual el rendimiento económico y los valores de consumo son los que predominan.

Hoy, el movimiento cooperativo se encuentra en proceso de desarrollo, crecimiento y de contribución a nuestro país en los diferentes ámbitos como cooperativas de ahorro y crédito: de trabajo, de vivienda, tecnológicas, agrícolas y de aprovisionamiento de agua y electricidad en los sectores rurales. Es un pilar sólido de desarrollo sostenible y sustentable y la muestra de que es posible producir y construir en la sociedad en un ambiente de colaboración y de solidaridad, en organizaciones que en forma horizontal toman sus decisiones, distribuyen sus excedentes entre sus socios y desarrollan los valores de una sociedad democrática.

Por todo ello, es muy merecido el que se le dé esta facultad transitoria de poder realizar, hasta los 90 días posteriores al levantamiento de los estados de emergencia, las juntas generales de socios. Ello les permitiría la aplicación de los artículos a los cuales están obligados y que exigen, entre sus funciones, el examen de la situación de la cooperativa, los informes de las juntas de vigilancia, de auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria y balance. Igualmente, permitiría la distribución de los excedentes y remanentes de cada ejercicio, como obligaciones de la primera junta general de socios, todo ello a los tres meses de concluido el estado de emergencia.

Por ello, este proyecto será un instrumento valioso para permitir que las cooperativas sigan realizando su labor de bien común a nivel nacional y en las regiones y comunas de Chile.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Anexo VI al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente: Responsabilidad emanada de emergencias ambientales, adoptado como anexo a la Medida 1, de 2005, en la XXVIII reunión consultiva del Tratado Antártico, en Estocolmo, Suecia , el 17 de junio de 2005.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada bancada.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Pablo Vidal .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 137ª de la legislatura 368ª, en martes 2 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 20 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Pablo Vidal , rinde el informe el señor Issa Kort .

El señor KORT (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante, en reemplazo del diputado Pablo Vidal , de la Comision de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante esta Sala el proyecto de acuerdo que aprueba el Anexo VI al Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente: Responsabilidad emanada de emergencias ambientales, adoptado como anexo a la medida 1, de 2005, en la XXVIII reunión consultiva del Tratado Antártico, en Estocolmo, Suecia , el 17 de junio de 2005, el que se encuentra sometido a consideración de esta honorable Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 15°, y 54, numeral 1), de la Constitución Política de la República.

Expresa el mensaje, con el cual su excelencia el Presidente de la República inicia la tramitación de este proyecto de acuerdo, que el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, Protocolo de Madrid, entró en vigencia internacional el 14 de enero de 1998, fue ratificado por nuestro país en 1995, se promulgó mediante decreto supremo N° 396, de 3 de abril de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se publicó en el Diario Oficial el 18 de febrero de 1998.

Este protocolo es uno de los instrumentos que forman parte del sistema del Tratado Antártico, así como lo es la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, de 1972, y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, de 1980, de las cuales Chile también es Estado parte.

Agrega que el Tratado Antártico ha permitido la adopción de medidas destinadas a la conservación de la fauna y flora antárticas, así como a la preservación del medio ambiente en general, la lucha contra la eliminación de desechos y la regulación del impacto de las actividades del hombre en el medioambiente antártico.

A su vez, el Protocolo de Madrid vino a completar y desarrollar las disposiciones del Tratado Antártico para la protección del medio ambiente antártico, de una manera comprensiva y global, abarcando los ecosistemas dependientes y asociados.

Añade que el Anexo VI constituye un desarrollo de los artículos 15 y 16 del Protocolo de Madrid que se refieren, respectivamente, a las acciones de respuesta en casos de emergencia y a la responsabilidad. Su objetivo principal es el establecimiento de obligaciones para que los operadores antárticos adopten medidas preventivas, planes de emergencia y acciones de respuesta ante emergencias ambientales, así como mecanismos para determinar la responsabilidad que emergerá por la falta de adopción de tales acciones.

Asimismo, hace presente que el nuevo Anexo VI implica que Chile asume, y deberá hacerlo efectivo en la práctica, a través de todos los organismos competentes, un nivel más alto de exigencias, tanto en las actividades que realice en la Antártica como operador estatal, como respecto de operadores no estatales sujetos a sus normas, incluyendo aquellos que se sujetan ya sea a un procedimiento de autorización o a un proceso regulatorio equivalente. Esto se aplicará a las actividades turísticas, incluidos los buques de turismo, aunque no desembarquen en la Antártica.

El Anexo VI fue adoptado por consenso, con la participación de Chile, como anexo a la medida 1, de 2005, en la XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

El anexo consta de un preámbulo, en que se hace referencia a la importancia de prevenir, reducir al mínimo y contener el impacto de las emergencias ambientales. Asimismo, se recuerda la necesidad de que las actividades que se realizan en la zona del tratado antártico sean planificadas, otorgando prioridad a la investigación científica y a la preservación del valor de dicho lugar. También se destaca el compromiso de las partes de regular la responsabilidad derivada de daños provocados por actividades que se desarrollan en la zona indicada y la obligación de disponer de una acción que permita dar respuesta rápida y efectiva en casos de emergencia ambiental.

Además, contiene trece artículos, en los cuales se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, que, en síntesis, se refieren a su alcance, definiciones, medidas preventivas, planes de contingencia, acción de respuesta, responsabilidad, acciones, exenciones de responsabilidad, límites de la responsabilidad, responsabilidad del Estado, seguro y otras garantías financieras, el fondo y enmienda o modificación, a los cuales, en aras del tiempo, no me referiré por encontrarse latamente explicitados en el informe que los colegas tienen en su poder.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia, de manera telemática, del señor Andrés Allamand Zavala , ministro de Relaciones Exteriores, junto con los señores Franco Devillaine , director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; Rodrigo Waghorn , director de la Dirección de Antártica de la Cancillería, y Francisco Devia , director de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sometido a votación general y particular, el proyecto de acuerdo en informe se aprobó por 11 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Calisto, don Miguel Ángel ; Fuentes, don Tomás ; Jarpa, don Carlos Abel ; Mirosevic, don Vlado ; Moreira, don Cristhian ; Naranjo, don Jaime ; Schalper, don Diego ; Undurraga, don Francisco ; Vidal, don Pablo , y quien informa, Issa Kort .

Finalmente, me permito hacer presente a esta Sala que, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.

Asimismo, ella determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores decidió recomendar a esta honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el respectivo informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix) [vía telemática].-

Señor Presidente, la Antártida o Antártica es un continente, asunto que se enseña mal en los colegios, algo que quiero hacer notar.

A nosotros se nos educó en un contexto de bastante nacionalismo -nacionalismo aquí, en Argentina y también en Reino Unido-, y se nos dijo que ese era un territorio como la Región Metropolitana o como la Región de Magallanes, que además se llama “de Magallanes y de la Antártica Chilena”. En materia de educación se plantea como si nosotros tuviéramos una soberanía reconocida por el resto de los países.

Chile hizo una reclamación de soberanía territorial sobre la Antártida, pero Argentina y el Reino unido también efectuaron sus respectivas reclamaciones.

Esa educación con resabio nacionalista no nos hace ver la importancia que tiene dicho continente para el mundo, cuya administración actualmente es internacional.

Por eso estamos discutiendo hoy este anexo al protocolo hecho en función de un tratado. No suscribiríamos un tratado de administración por la Región Metropolitana, ¿no?, ya que ahí nuestra soberanía es reconocida por todo el mundo.

¿Por qué esto es importante? Porque en lugar de enseñar lo que se enseña hoy en los colegios, con ese resabio nacionalista, se debe explicar que el planeta depende también de lo que le pase a la Antártida.

Lo que le ocurra a ese continente en términos de su descongelamiento afecta, sin ninguna duda, la salinidad de las aguas y, por tanto, la cadena trófica, así como también la altura del nivel del mar, razón por la cual muchos lugares en el mundo quedarían bajo el agua, o derechamente quedarán bajo el agua, pues ya hay predicciones al respecto, precisamente por el derretimiento de los hielos. De igual modo, el cambio en las corrientes marinas es un factor que produciría alteraciones en el clima.

Por eso es importante que aprobemos este proyecto de acuerdo y que se haga pedagogía en la materia, esto es, que el Estado, el Ministerio de Educación, se encargue de enseñar a nuestros niños y niñas -ojalá junto con los gobiernos argentino y británico, dado que los tres países hemos hecho reclamaciones sobre el mismo territorio respecto de la situación real de la Antártida y por qué es importante protegerla. Por ejemplo, en el mar de Ross se ubica la reserva marina más grande del mundo.

Por tales razones, es del todo necesario aprobar el Anexo VI, que se refiere a cómo deberán enfrentarse las emergencias ambientales y, además, describe con mucha precisión las responsabilidades que tendrán los países miembros o las organizaciones que realizan actividades en la Antártida.

Por último, qué bueno -espero que se mantenga en el futuro que en ese territorio no se realicen actividades económicas, porque si fuera una región, como de Magallanes o como la Región Metropolitana o la del Biobío, tendríamos ahí a los Luksic, a los Angelini, a los Matte, y habrían destrozado la Antártida. Sin embargo, como la administración de la Antártida es internacional y se prohíbe realizar en ella actividades económicas, ya sean petroleras, o mineras, o de cualquiera índole, dicho territorio se encuentra preservado, por lo que aún tenemos la esperanza de poder enfrentar de mejor manera la crisis climática.

Asimismo, qué bueno que ahí no se hicieran en su momento pruebas nucleares, que también se planificaron. ¡Imaginen si se hubieran realizado ese tipo de pruebas en la Antártida o que se hubiese tratado de un territorio en disputa, como lo fueron las islas Malvinas! Recordemos que respecto de esa zona, que llamamos “Antártica Chilena”, hay reclamaciones hechas por Argentina y el Reino Unido, que se enfrentaron también en las Malvinas.

Por las razones expuestas, es importante que todas las personas se eduquen en Chile en función, no del resabio nacionalista, sino de la necesidad planetaria de considerar a la Antártida como un patrimonio de la humanidad que se debe preservar, porque de eso depende también la subsistencia de la civilización. Estamos enfrentados a una crisis climática, y por eso es importante preservar la Antártida.

Por último, anuncio que votaré a favor el proyecto de acuerdo, y llamo a todas y todos a hacer lo mismo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, agradezco al diputado Félix González por plantear la necesidad de hacer pedagogía y de aclarar la importancia del territorio antártico y la poca relevancia que tienen las peleas absurdas sobre territorialidad, nacionalismos y chovinismos precarios y mediocres a la hora de ver la importancia planetaria que posee el continente.

Agradezco que el colega haya planteado el tema, porque si bien el acuerdo se relaciona con la administración de responsabilidades compartidas, con entender la importancia planetaria que tiene el continente antártico, en que efectivamente se plantean los problemas de las emergencias ambientales, del daño ambiental, de las responsabilidades frente a ello y de los operadores, esto requiere que Chile y el resto de los países que ocupan ese territorio se miren a sí mismos. Me van a perdonar por lo que diré, pero lo que ocurre hoy en la Antártida no se debe a lo que ocurre localmente, sino que es consecuencia de un fenómeno planetario en el que los mismos países que se supone estamos preocupados de cuidar ese territorio lo estamos afectando. El deshielo, el derretimiento de la Antártida no se debe solo a la acción local, sino a la acción planetaria. En ese sentido, Chile y los demás países tienen un rol muy relevante que cumplir.

Hemos sido testigos de que en las diferentes reuniones de la COP no se ha avanzado mucho respecto de los cambios que queremos generar a nivel planetario. Cada país trata de que sea otro el que haga el esfuerzo, en vez de que hagamos el esfuerzo entre todos. Tal es así, que en los encuentros de la COP no hemos avanzado prácticamente nada en relación con la disminución de la temperatura a nivel global.

En ese sentido, Chile también tiene una responsabilidad, que dice relación con modificar su institucionalidad ambiental. Por ejemplo, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no es propiamente un sistema de evaluación ambiental, sino uno de aprobación de proyectos productivos en pro del santo y sagrado desarrollo económico. ¡Reventemos el planeta!

El SEIA y toda la institucionalidad ambiental chilena deben cuestionarse respecto de este tratado. Por ejemplo, es sumamente preocupante lo que pasó con Dominga y el Primer Tribunal Ambiental, que volvió a fojas cero la decisión, por lo cual hoy se deberá volver a analizar si dicho proyecto sigue adelante.

Proyectos como el mencionado, así como muchos otros que se aprueban a través de la institucionalidad ambiental vigente, son los que dañan el medio ambiente, los que provocan el cambio climático, los que generan el calentamiento global y el derretimiento de la Antártida, y parece que somos incapaces de hacer esa asociación.

Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para plantear la importancia de la coherencia. La responsabilidad que estamos asumiendo tiene que ver con la coherencia que debemos tener en nuestro actuar ambiental en todo el país, no solo respecto de la Antártida.

Hago un llamado a que modifiquemos con fuerza. Cada vez que debemos modificar una norma ambiental y generar posibilidades para que de verdad cuidemos el medio ambiente, nos encontramos con un Congreso Nacional que no logra avanzar, que se opone a los cambios, que dice: “¡No, no, el desarrollo económico es muy importante, no podemos hacer eso!”.

Dejemos la hipocresía de lado. Si vamos a proteger la Antártida, empecemos por cambiar nuestra institucionalidad y hagamos las cosas en forma seria, responsable, verdadera y profunda, no con maquillajes, no con hipocresía.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente -suena lindo: protección del medio ambiente fue ratificado por Chile en 1995 y entró en vigencia internacional en 1998.

El mencionado protocolo es un instrumento que forma parte del Sistema del Tratado Antártico, que opera como un marco normativo que ha permitido la preservación y protección de la flora y fauna de la Antártica, y ha regulado el tratamiento e eliminación de desechos.

Un elemento importante de dicho protocolo es que regula las acciones de respuesta, la responsabilidad ante emergencias y establece el deber de los operadores y las operadoras antárticos de establecer planes de prevención, emergencia y respuesta ante crisis ambientales.

El artículo 1 establece el ámbito de aplicación del protocolo, que son “las emergencias ambientales en la zona del Tratado Antártico relacionadas con los programas de investigación científica, el turismo y las demás actividades gubernamentales y no gubernamentales.”.

El artículo 2 contiene las definiciones para la aplicación correcta del protocolo.

Los artículos 3, 4 y 5 definen las medidas preventivas, los planes de contingencia y las acciones de respuesta que debe adoptar el Estado parte y el operador.

El artículo 6 hace responsables a los operadores que no hayan llevado a cabo las acciones anteriormente señaladas, de manera que, ante una emergencia ambiental, deberán pagar los costos en que se incurrió para la realización de las acciones necesarias para hacer frente a la emergencia respectiva.

El artículo 7 define las acciones que se pueden iniciar en contra de un operador no estatal y establece que el titular de la acción es el Estado parte en cuyo territorio se concentren las actividades de dicho operador.

Los artículos 8, 9 y 10 señalan las hipótesis de exención de responsabilidad, límites a la responsabilidad y la responsabilidad estatal.

Los artículos 11, 12 y 13 regulan los seguros comprometidos, la creación de un fondo con aportes voluntarios de las partes y la forma de modificación del protocolo.

La aprobación del protocolo está pendiente desde 2005. Es por ello que el Estado de Chile, al igual que ocurre con el sistema de emergencias, no cuenta con un marco normativo y un sistema de prevención y planificación de la actuación ante emergencias en la Antártica.

De haber estado aprobado el protocolo por nuestro país, habríamos estado obligados a adoptar acciones que hubiesen prevenido y evitado la introducción del covid-19 en la Antártica a través de una base chilena. Se trataba del único continente que, hasta el 23 de diciembre de 2020, se encontraba libre de coronavirus.

Proponemos aprobar el protocolo, ya que nuestro país debe contar con planes para prevenir y hacer frente a las emergencias ambientales en la Antártida.

No puedo estar más de acuerdo con el diputado Félix González y la diputada Cristina Girardi respecto de la pedagogía y de la responsabilidad que tenemos en la Cámara en términos de seguir aprobando proyectos de ley e insistiendo en la defensa y la protección del medio ambiente, sin los cinismos a los que se refirió la diputada Girardi .

Si hubiéramos tenido la decisión de proteger el medio ambiente, el gobierno de Chile habría aprobado, firmado y seríamos parte del Acuerdo de Escazú, el cual es necesario para proteger realmente el medio ambiente, a las comunidades y todo lo que necesitamos proteger.

Estamos por aprobar el protocolo, porque es un avance, pero necesitamos más pedagogía, más entendimiento de lo que significan el medio ambiente y su protección.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, si bien es cierto debemos tener un compromiso planetario por la recuperación ambiental de muchos lugares del planeta, el cambio climático está afectando con mayor dureza a los glaciares y al territorio Antártico tal vez porque son los territorios más susceptibles a los efectos del cambio climático y a las condiciones que se empiezan a generar dentro de su delicado sistema de biodiversidad, con efectos devastadores para esta reserva de agua dulce, que es la reserva del planeta.

En la Antártica, los cambios son muy acelerados en comparación con lo que ocurre en el resto de nuestro planeta azul, razón por la cual, independientemente de que preferiríamos una propuesta mucho más amplia, mucho más profunda y mucho más integral, debemos considerar esto, sin ninguna duda, como un avance en cuanto a empezar a establecer restricciones. En ese sentido, lo que sugiere el proyecto es modificar el Protocolo Antártico sobre Protección del Medio Ambiente en lo relativo a la responsabilidad emanada de las emergencias ambientales.

El objetivo principal del proyecto en debate es el establecimiento de obligaciones para que los operadores antárticos adopten medidas preventivas, planes de emergencia y acciones de respuesta ante la emergencia ambiental, y, además, la determinación de responsabilidades en caso de que dichas obligaciones no se cumplan, con sanciones tanto para los operadores estatales como para los no estatales.

Lo descrito debe aplicarse, sin ninguna duda, a todos quienes tengan acceso a este riquísimo, pero a la vez tan delicado territorio de nuestro planeta. Hoy estamos al filo de que se hunda junto con nosotros si no logramos estabilizarlo. Eso también incluye, por supuesto, la actividad turística, aun cuando ni siquiera se desembarque en el territorio Antártico.

Son estas las medidas que debemos ir tomando, no solo en el territorio Antártico, sino a lo largo y ancho de nuestro mar presencial y de nuestro mar territorial, así como en las zonas del país que hoy sufren emergencia hídrica.

Es un buen proyecto y espero que lo aprobemos para ponerlo en práctica cuanto antes.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, me sumo a las palabras manifestadas por los distintos colegas. Este es un buen proyecto, que tiene injerencia no solo en las relaciones exteriores de nuestro país o en materia de defensa nacional, sino, principalmente, en el compromiso de Chile con el medio ambiente.

En ese sentido, apunta a beneficios y efectos positivos, porque busca la protección y conservación de especies animales y vegetales del continente blanco. Principalmente, este proyecto, que complementa la política chilena sobre el Tratado Antártico, obliga a los operadores antárticos, estatales o no estatales, a adoptar medidas preventivas y planes de emergencia, específicamente acciones ante emergencias ambientales. También ayuda a determinar responsabilidades por la falta de adopción de ciertas acciones.

Este acuerdo eleva las exigencias del Estado de Chile, pero también de todos los Estados que tienen injerencia en el continente antártico.

Este proyecto ya ha sido suscrito y ratificado por los Congresos de 17 Estados. Hoy, nosotros tenemos la responsabilidad de dar una señal contundente, como lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores, de aprobarlo de manera unánime.

¿Por qué es importante aprobar este proyecto? Porque viene a cambiar y a corregir una actitud. A partir de ahora se asume una acción preventiva y no reactiva. Queremos evitar que sigan sucediendo hechos perjudiciales para el medio ambiente, por lo que hay planes de contingencia y respuestas eficaces y oportunas.

Reconozco y destaco la participación del canciller Andrés Allamand en la Comisión de Relaciones Exteriores al momento de aprobar este tratado. Asimismo, vale la pena recordar y destacar la labor del entonces canciller Teodoro Ribera cuando se constituyó el Estatuto Chileno Antártico. Si aprobamos este acuerdo, pasará a formar parte de ese Estatuto.

¿Qué buscó el Estatuto Chileno Antártico? En la mirada del excanciller Teodoro Ribera , lo que se buscó fue compilar todas las normas que tienen relación con la Antártica. En ese sentido, este tratado es fundamental para el futuro.

Chile tiene un compromiso, una visión y una misión, junto con una responsabilidad histórica y, sobre todo, de futuro con la Antártica. Si respaldamos de manera unánime este acuerdo, reafirmaremos ese compromiso y esa vocación de Chile.

He dicho.