Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes Nos 21.247 y 21.260, para regular los criterios de los beneficios que otorgan sobre licencia médica preventiva parental y teletrabajo.

Para la discusión del proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señorita Maite Orsini .

Antecedentes:

-Moción, sesión 19ª de la presente legislatura, en jueves 15 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 27ª de la presente legislatura, en jueves 29 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita ORSINI , doña Maite (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de las diputadas señoras Gael Yeomans Araya , Marcela Sandoval Osorio y Alejandra Sepúlveda Orbenes , y de los diputados señores Marcelo Díaz Díaz , Tomás Hirsch Goldschmidt , Tucapel Jiménez Fuentes , Gastón Saavedra Chandía y de quien habla, diputada Maite Orsini Pascal .

El proyecto tiene como objeto extender el posnatal de emergencia, para lo cual modifica las leyes N° 21.247 y N° 21.260, que regulan los criterios para entregar este beneficio.

La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, consiste en extender en su aplicación temporal los beneficios de permisos maternales de las mujeres durante el periodo de la pandemia causada por la enfermedad del coronavirus.

En cuanto a sus fundamentos, las autoras y los autores de la moción recordamos que en marzo de 2020, con motivo de la expansión de la enfermedad covid-19 en nuestro país, varios diputados y diputadas presentamos transversalmente un proyecto de ley con el fin de extender los permisos maternales de las mujeres durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que fue decretado por el Presidente de la República el 18 de marzo de 2020.

Dicho proyecto buscaba garantizar un período de prey posnatal que permitiera cumplir con los requerimientos sanitarios de la pandemia, con el objetivo de que madres y padres tuvieran alternativas frente al cuidado de sus hijos que no les significaran la pérdida de su empleo, tal y como lo recomienda la Comisión Interamericana de Mujeres en el documento llamado COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos diferenciados.

De la misma manera, se buscó garantizar la lactancia materna y tomar medidas preventivas de contagio, tanto para las madres y los padres como para el niño o niña recién nacido. En efecto, el Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Chilena de Pediatría recomienda la mantención y protección de la lactancia materna en Chile durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, por ser una de las intervenciones más beneficiosas, desde el punto de vista de su costo y efectividad en salud.

Consecuentemente con lo expuesto, diversos organismos internacionales han recomendado la estricta protección de las mujeres embarazadas y de sus hijos e hijas recién nacidos en razón de esta pandemia.

Como mocionantes, sin embargo, creemos que la discusión sobre la extensión del estado de excepción ha mostrado la falta de estabilidad de diversas políticas públicas que están asociadas, precisamente, a la vigencia del estado de excepción constitucional indicado.

Las y los mocionantes recalcamos que, en una época tan compleja como la actual, la estabilidad es sinónimo de certidumbre, clave para mantener la tranquilidad ante la pandemia de coronavirus, y dicha estabilidad no puede estar asociada a una declaración de estado de excepción que puede resultar innecesaria por motivos sanitarios o bien ser usada como moneda de cambio de las ayudas que llegan a las familias en esta época.

Para remediar lo anterior, quienes presentamos este proyecto proponemos modificar la ley original para supeditar la vigencia de los mencionados derechos a la declaración de alerta sanitaria de la autoridad competente, desvinculándola así de la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Por otro lado, con el mismo objetivo, proponemos modificar la ley N° 21.260, que modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de la trabajadora embarazada, en caso de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

En cuanto a los hitos de tramitación de esta iniciativa, cabe destacar que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género escuchó la opinión experta de autoridades y representantes de la sociedad civil. Invitamos a las sesiones al señor Pedro Pizarro Cañas , subsecretario de Previsión Social; a la señora María José Abud , subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género; a la doctora Valentina Pantoja , presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico de Chile, y a la señora Andrea Iturry Yamamoto , vocera del Movimiento Postnatal de Emergencia.

La comisión procedió a efectuar la votación general del proyecto, resultando aprobado por la unanimidad de las parlamentarias presentes (diez votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención), en tanto, coincidimos en la urgencia del problema que la moción regula, siendo la única propuesta de solución concreta después de meses de incertidumbre.

Durante la discusión particular aprobamos dos indicaciones presentadas por la diputada Gael Yeomans , que buscan explicitar la intención de incluir como beneficiarias de la presente moción a todas aquellas madres que ya utilizaron la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP) por los noventa días originales del proyecto, para que puedan usar el tiempo que resta al nuevo plazo que esta ley les confiere, sesenta días adicionales. Además, se elimina la exigencia de que los periodos de las licencias médicas sean continuos para que aquellas madres que retornaron a sus trabajos puedan ocupar los sesenta días extras que esta ley les confiere.

En consecuencia, el texto aprobado y propuesto por esta comisión que se recomienda aprobar a la Sala de la honorable Cámara consta de tres artículos permanentes y de un artículo transitorio, que modifican la ley N° 21.247, el artículo 202 del Código del Trabajo y la ley N° 21.260, según se expresa en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada señora Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, comenzamos este año con un claro objetivo: lograr la extensión del posnatal de emergencia mientras dure esta crisis. Es la tranquilidad que necesitan miles de mujeres y de familias para seguir adelante en este complejo escenario.

En diciembre, junto con las diputadas Maite Orsini , Ximena Ossandón y Gael Yeomans , nos reunimos con el subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Weber , para solicitarle la extensión de esta licencia con el objetivo de resguardar la salud y el cuidado de las niñas y los niños lactantes de nuestro país mientras dure el estado de emergencia, precisamente por la incerteza del tiempo que resta de confinamiento y, en general, de la pandemia.

Es importante que en esta materia legislemos con una mirada de futuro y de permanencia. No podemos estar legislando -como nos ha pasado anteriormentecada vez que termina el tiempo de la licencia previsto legalmente y que nuevamente nos encontremos con madres o padres sufriendo el más desolador desempleo por no tener quién cuide a sus hijas e hijos a la hora de ir a trabajar.

Miles de trabajadoras y trabajadores requieren con urgencia la extensión de este beneficio para seguir cuidando de su familia en el complicado contexto de la pandemia, especialmente si consideramos que aún gran parte del país se encuentra confinado o con importantes restricciones de desplazamiento.

Según cifras de la autoridad, alrededor de 30.000 padres o madres ya no tienen la posibilidad de acceder a la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), pese a que sus hijos son menores de un año. Son 30.000 familias que requieren de esta ayuda.

Sabemos que el Ejecutivo se encuentra trabajando en la elaboración de una propuesta que permita entregar la mayor cobertura posible de este beneficio, considerando las circunstancias extraordinarias que vivimos. Agradecemos su compromiso, pero también pedimos celeridad, tal como la que tendremos para seguir tramitando este proyecto en vista de la necesidad que viven las familias.

Se trata de un estado de necesidad, porque, tal como lo ha señalado Andrea Iturry , vocera de las madres que viven esta situación, muchas madres han debido renunciar a su trabajo, a pesar de ser jefas de hogar, simplemente porque sus licencias se terminaron y no pueden dejar a sus hijos solos en casa, lo que francamente no responde al objetivo de una crianza protegida, como busca la ley, y no pone a los niños primero en la fila.

Lo importante es que existan alternativas para que las madres tengan siempre la tranquilidad de criar a sus niños pequeños sin la angustia de perder sus fuentes laborales o de no tener el sustento para mantener a su familia, considerando especialmente las cifras de desempleo nacional que recientemente se dieron a conocer, que ya superan los dos dígitos, lo que golpea con mayor dureza la participación de las mujeres en el mundo laboral.

A propósito del Día Internacional de los Trabajadores, ONU Mujeres señaló que la pandemia provocó una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres que representa un retroceso de al menos diez años.

Nosotras no podemos ser parte de ello y debemos legislar en pro de nuestras mujeres y de nuestra infancia, siendo estas primordiales para el desarrollo del país y de las futuras generaciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, para llegar a este debate, tuvimos que dar una larga lucha en la que la inmensa mayoría de los parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados nos acompañó, primero, para lograr convencer al Ejecutivo de que era necesario contar con un mecanismo de protección para la maternidad y para las mujeres que tenían hijos en edad de lactancia, lo que se tradujo en la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP). Eso significó cuatro meses de espera hasta que el gobierno se allanó a legislar. Así, finalmente contamos que este mecanismo, que otorga noventa días de licencia, que es llamado popularmente posnatal de emergencia.

Nos dimos cuenta, como toda la humanidad lo ha hecho, de que la emergencia producto de esta pandemia global, que tiene secuelas sociales y económicas muy profundas, se ha extendido y probablemente se va a extender mucho más allá de lo que imaginamos, lo que tiene consecuencias muy particulares en las mujeres, especialmente en las que se encuentran en estado de embarazo o con hijos en edad de lactancia.

Durante el verano tuve reuniones con algunas doctoras -pediatras y ginecólogas-, quienes me dijeron que, en general, las vacunas -todo tipo de vacunasno se prueban en mujeres en estado de embarazo. Por eso, se prohibió o no se permitió la vacunación de mujeres en estado de embarazo.

Recién hace un par de semanas, si no me equivoco, se permitió la vacunación en mujeres con ciertas comorbilidades, a pesar de que las sociedades vinculadas a este segmento de pacientes -por denominarlas de alguna manerahan planteado que se debiese permitir, dados los estudios que hay, la vacunación voluntaria de este grupo de pacientes. Eso plantea que son un grupo especialmente sensible y aun más especialmente necesitado de protección. En ese sentido, el denominado posnatal de emergencia es la mejor herramienta que hemos encontrado para protegerlas, porque les permite una doble protección: por una parte, la protección a la salud, pero, además, la protección a sus hijos e hijas y a su grupo familiar. A muchas mujeres que pudieron hacer uso del posnatal de emergencia ya se les vencieron los 90 días.

Desde que presentamos este proyecto; desde que la Cámara y el Senado se dispusieron a aprobar diversos proyectos de acuerdo por unanimidad para pedirle al gobierno extender el posnatal de emergencia, porque 90 días no son suficientes, buscamos prolongar ese permiso para proteger la salud de las mamás y de los papás que cuidan niños, de las mujeres embarazadas, pero también para proteger los ingresos de esas familias. Cuando las mujeres deban elegir, van a elegir, como corresponde, el cuidado de sus hijos, o también de los adultos mayores que viven con ellas.

Espero que esta vez el gobierno nos acompañe en esta conversación y se haga presente en el debate de la Cámara de Diputados. Tengo confianza en que así va a ser. Sé que ha habido conversaciones con el gobierno, y es razonable que las mismas se hagan presentes en esta discusión, para que salgamos con un acuerdo razonable que establezca la continuidad de este apoyo para todas aquellas que lo necesiten.

La idea es que el posnatal de emergencia se extienda por todo el período que corresponda para proteger debidamente a quienes lo necesiten, a hijos e hijas, a familias, a las mamás, pero también sus ingresos, que a veces son el último ingreso de familias triplemente afectadas por esta pandemia: social, económica y sanitariamente.

Espero que el gobierno se haga presente y que tengamos una extensión del posnatal de emergencia, que es lo que la gente está esperando.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, uno de los primeros proyectos que presentamos junto con el diputado Marcelo Díaz al inicio de la pandemia fue el posnatal de emergencia. ¿Por qué? Porque, finalmente, las políticas públicas en salud no han estado a la altura, o no han sido diseñadas con criterio de anticipación a la catástrofe sanitaria, a pesar de que se dijo que desde enero del año pasado se estaba trabajando en ello.

Por eso, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto relacionado con la licencia médica preventiva parental, que dura solo 90 días y que está atada al estado de catástrofe, finalmente criticamos esa medida, ya que lo correcto es que esté atada a la alerta sanitaria, porque aquella refleja la importancia, el peligro o riesgo sanitario de una pandemia. Esa medida es dispuesta por el Ministerio de Salud y no necesariamente abarca todo el país o toda una región, sino, a veces, solo una comuna. Por ello, para proteger la díada madre-hijo, es mucho más lógico, desde el punto de vista epidemiológico y médico, atar el posnatal de emergencia, o licencia médica preventiva parental, a la alerta sanitaria.

Hemos tenido embarazadas que se enferman, embarazadas que fallecen de SARS-CoV-2, recién nacidos que se han enfermado, recién nacidos que han fallecido. De eso no se habla mucho, pero son situaciones que se están dando y que tenemos que prevenir. Para ello, debemos facilitar el teletrabajo de las madres y procurar que tengan una licencia preventiva parental extendida, sobre todo durante la pandemia, la que probablemente se prolongará mucho más allá del período considerado para el estado de catástrofe. Además, es probable que la alerta sanitaria, como tarea preventiva necesaria, deba extenderse por todo este año.

Anuncio que apoyaré este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, el posnatal de emergencia es una política ampliamente solicitada por las distintas familias chilenas. En marzo de este año, se entregó una carta con más de 46.000 firmas para exigir la extensión de este posnatal por lo que dure la pandemia.

Según las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, al 15 de diciembre de 2020, 27.000 personas, con hijos menores de 1 año de edad, ya no podrían renovar la licencia de posnatal de emergencia. Esas madres, padres, hijos y muchos otros siguen a la espera de una respuesta que solucione la crítica situación que están viviendo en plena alza de contagios por coronavirus.

Según un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, el empleo de mujeres jefas de hogar con hijos menores de 5 años ha caído 27,5 por ciento durante la pandemia. Muchas mujeres han tenido que tomar la difícil decisión, que en realidad no es una decisión libre, de continuar con sus trabajos o cuidar a sus hijos y a sus hijas. La elección tomada por la mayoría de las mujeres, evidentemente, ha sido proteger a sus hijos, lo que es absolutamente entendible, pero ello no puede ser justificación para que el Estado deje de proteger y no permita que esas mujeres tengan ingresos.

El impacto de la pandemia en el trabajo de las mujeres ha sido muy significativo. Nos ha hecho retroceder diez años en lo que se refiere a incorporación de la fuerza femenina en los espacios de trabajo. En el último año, 899.000 mujeres han perdido su empleo, y el 88 por ciento de ellas salió definitivamente de la fuerza de trabajo.

Según la Superintendencia de Seguridad Social, de las 122.364 licencias solicitadas, solo 100 son para padres. Por lo tanto, la política de posnatal de emergencia favorece principalmente a mujeres, siendo una de las buenas políticas de género implementadas durante esta pandemia. Solo en la Región Metropolitana hay más de 56.000 licencias de posnatal extendidas emitidas.

Señor Presidente, en Chile aún no tenemos la posibilidad de contar con vacunas autorizadas para niños y niñas; todavía están en estudio. Se siguen haciendo pruebas en adolescentes entre 12 y 15 años, pero no en niños más pequeños.

Por eso, es importante que esta medida de posnatal de emergencia no esté sujeta al estado de catástrofe, sino vinculada a la alerta sanitaria que, justamente, en función de la salud pública, determina si esta medida se puede extender o no.

Sabemos que siguen las conversaciones sobre el plazo que tendrá esta licencia de posnatal de emergencia. Esperamos que las conversaciones sostenidas en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género puedan seguir adelante y podamos encontrar una solución, porque siguen existiendo muchas mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos. No existe una red nacional de cuidado; no existe la posibilidad de llevar a los niños a los jardines infantiles. Por eso es tan necesario que se extienda la licencia posnatal de emergencia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, esta iniciativa en el fondo mantiene la vigencia de una ley que trabajamos diputadas y diputados, senadoras y senadores. Incluso, el proyecto se debatió en una comisión mixta, porque el gobierno no quería aprobar esto, pero se vio obligado y, tardíamente, decidió sumarse con una iniciativa que se transformó, finalmente, en la licencia por posnatal, tema que en su minuto había sido impulsado por la senadora Carolina Goic . Al final, llegamos con una respuesta, pero había que darle continuidad.

Hoy nuevamente estamos acá pidiéndole al gobierno que se sensibilice. Ojo, esto no solo es respaldado por diputadas y senadoras de oposición, sino por hombres y mujeres de manera transversal, los que, desde el Congreso, pedimos al gobierno que acompañe y apoye esta medida. Sabemos que hay alguna voluntad.

Hoy estamos aquí para que el proyecto vuelva a la comisión técnica, a fin de que el gobierno ingrese sus indicaciones y podamos dar a las familias una respuesta, quizás tardía, contra el tiempo, pero una respuesta. Esta ha sido la tónica en todas las materias para dar respuesta a las familias y a quienes lo han pasado mal en esta pandemia.

La licencia médica que establece este proyecto debe otorgarse por jornada completa. Sabemos que el gobierno va a ingresar indicaciones que establecen otra cosa, y que probablemente vamos a tener que discutirlas. Pero lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley es que la licencia se extienda por un período de 30 días, el cual podrá renovarse por un máximo de cuatro veces, por el mismo plazo, en tanto se mantenga vigente la alerta sanitaria por la covid-19.

En caso de que el trabajador estuviere haciendo uso de otra licencia médica, deberá esperar al término de esta para poder hacer uso de la licencia médica preventiva parental.

Si durante el período de embarazo la autoridad competente declara alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de alerta sanitaria, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida en que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en ello.

Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.

Durante la vigencia de la alerta sanitaria declarada por la autoridad competente con ocasión de la pandemia producida por la covid-19 y el tiempo que esta fuere prorrogada, el profesional autorizado podrá emitir las licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año en forma simultánea, de manera excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado.

Las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia de la alerta sanitaria declarada por la autoridad competente con ocasión de la pandemia provocada por la covid-19 o en el tiempo que esta fuere prorrogada, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta el término de la mencionada alerta sanitaria.

Pues bien, este es el proyecto. Creemos que hoy es necesario valorar lo que se ha hecho, pero, sin duda, estamos esperando respuestas, porque, como bien saben, las mujeres necesitan muchas redes para ingresar y desarrollarse en el mundo laboral. Hoy esas redes no están: se ha terminado el servicio de salas cuna y de jardines infantiles.

Por lo tanto, muchas veces las mujeres deciden abandonar su trabajo, como ha ocurrido en el sector público, donde muchas personas han tenido que dejar su trabajo. Por ejemplo, hablo del hospital de Los Ángeles, donde el personal del servicio que trabaja en áreas de la salud no tiene las condiciones para dejar a sus propios hijos en alguna sala cuna. Por lo tanto, ha dejado su puesto de trabajo.

Hoy, la mujer ha retrocedido más de diez años en todo lo que habíamos logrado para que pudieran entrar al mundo laboral. Este proyecto solo se hace cargo de una parte.

En consecuencia, hago un llamado al gobierno y al ministro del Trabajo y Previsión Social, que fue parlamentario por tantos años, a que, de manera creativa e innovadora, nos hagamos cargo de esa realidad de las mujeres, buscando incentivos especiales, los cuales se han mencionado mucho, pero queremos ver que se concreten.

Hemos estado analizando muchas iniciativas, pero queremos ver con claridad que se puedan realizar, que sean efectivas y que, para las mujeres, no solo sean un anuncio para postular, sino que tengan un efecto dinamizador, para que puedan ingresar al mundo laboral una vez que pase esta pandemia, porque se han perdido muchos puestos de trabajo.

Valoro esta instancia y el trabajo que hicieron en su minuto las hoy senadoras Marcela Sabat , Ximena Rincón y Carolina Goic , con quienes estuvimos trabajando con mucha fuerza, así como también el diputado Marcelo Díaz y las diputadas Gael Yeomans y Maite Orsini , porque este es un trabajo que hemos hecho entre todos y todas.

Espero que el gobierno cumpla su palabra e ingrese las indicaciones, tal como lo hemos escuchado y considerado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella ) [vía telemática].-

Señor Presidente, en primer lugar, valoro el trabajo que han hecho las colegas autoras de esta iniciativa y también la labor que han desarrollado en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para agilizar la tramitación del proyecto y poner este tema en discusión.

Por cierto, también valoro la labor de las propias madres y organizaciones por el posnatal de emergencia, para empujar una y otra vez, las veces que sea necesario, este tema desde que comenzó la pandemia, porque la situación de los hijos e hijas, y de las miles de madres trabajadoras y familias que sufren la problemática que aborda este proyecto así lo amerita. Es una necesidad, una preocupación y una urgencia que demandan respuesta.

La respuesta que propone este proyecto es extender la licencia médica preventiva parental para que, posteriormente a los 30 días originales, se permita renovarla hasta por cuatro veces, lo que amplía en dos prórrogas los 90 días ya existentes, para llegar a los 150 días que plantea esta iniciativa.

Por otro lado, no la deja condicionada al estado de catástrofe, como en algún minuto quedó establecido en otras iniciativas, sino a la alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, lo que efectivamente parece lo más razonable y coherente.

Esta es una lucha que se ha venido dando reiteradamente desde hace meses, cuando le hicimos al gobierno el llamado urgente a hacerse cargo de esta dura realidad que viven muchas mujeres que terminan su posnatal y que viven y sufren la angustia y la incertidumbre de no saber con quién dejar a sus hijos e hijas, por lo que han tenido que elegir entre ir a trabajar o cuidar a sus hijos y perder definitivamente sus trabajos, como ha venido ocurriendo en los últimos meses a lo largo de nuestro país. Es decir, una vez más, las mujeres son perjudicadas por no disponer de las herramientas adecuadas.

No puedo desconocer que, después de tantos llamados, de tanto insistir en este tema desde el año pasado y del clamor de miles de madres, el gobierno finalmente ha dado algunas soluciones, lo cual esperamos que también haga hoy con la propuesta que, entiendo, señaló el subsecretario de Previsión Social y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, quienes estuvieron presentes en el debate en la Comisión de Mujeres.

Por lo anterior, muchos en la Cámara de Diputados nos preguntamos por qué el gobierno insiste en llegar hasta estas instancias para reaccionar, tal como lo ha hecho en el tema del ingreso familiar de emergencia (IFE), cuando celebró que fueran 65.000 pesos, así como en los bonos y en cada uno de los retiros de las AFP.

Imagínense que recién ahora, después de que ha corrido tanta agua bajo el puente en el tema de la pandemia, el gobierno se abrió a hablar de estos mínimos que, al parecer, incluyen una especie de renta de emergencia. ¿Recién ahora realiza algo que planteamos hace un año? Este gobierno siempre está estirando el elástico, enredándose y demorándose en la absurda discusión de lo que es constitucional, mientras allá afuera lo que está en juego y en riesgo es la salud y la vida de las personas.

La verdad es que la prioridad siempre ha sido no exponer la salud de la gente, menos en este caso que involucra a los pequeños, a los niños y niñas que, según el gobierno, siempre tenían que estar primero, pero pareciera que no era así, y también a sus madres y padres trabajadores, quienes exponen a un eventual contagio a otros integrantes de su núcleo familiar, como son los adultos mayores, y todo por privilegiar cuestiones económicas.

En verdad, siento que es un tema muy esencial y urgente. Por ello, me alegro mucho de que se haya podido avanzar en esta iniciativa.

Tuvimos que reiterar y acompañar el llamado angustioso de las trabajadoras y los padres antes de que el gobierno presentara alguna propuesta, pero, como ha ocurrido siempre con todas sus propuestas, también ha quedado corta.

Tal como ha sido necesario adecuar otras medidas a la extensión, duración y gravedad de la pandemia, desde fines de 2020 también se ha venido señalando la necesidad de adecuar esta medida de extensión del posnatal a la realidad de miles de mujeres y de muchos de sus hijos e hijas.

Al menos hasta el momento tampoco hay mucha claridad en lo que está dispuesto a avanzar el Presidente de la República, pero esta es una muy buena iniciativa, toda vez que era lo que estaban esperando muchas madres a lo largo del país.

Por cierto, con mucha convicción, vamos a apoyar este proyecto de ley y a insistir en que su tramitación avance en el Congreso Nacional.

Espero que el gobierno, al menos, dé luces y se haga parte del patrocinio de esta iniciativa. ¡Para qué perder el tiempo en ingresar otra nueva! Creo que muchas veces hemos tenido la misma tónica de perder el tiempo.

Esta es una solución real. Insisto en que es algo que esperaban muchas mujeres y sus hijos e hijas, niños pequeños, respecto de los cuales el gobierno ha dicho muchas veces que deben estar primeros en la fila, pero, lamentablemente, en los hechos concretos, nada de aquello ha estado contemplado.

Por lo tanto, con mucha convicción, anuncio que la bancada del Partido Socialista va a votar a favor el posnatal de emergencia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio también saludo a la ministra Zalaquett en el día de su cumpleaños.

De buenas intenciones lamentablemente no se alimenta una familia, no se cubren necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, no se recupera un trabajo ni menos se garantiza que las niñas y los niños de nuestro país no se contagien de coronavirus. Por esto, me parece importantísimo que estemos dando esta discusión, que se ha puesto sobre la mesa gracias a una iniciativa parlamentaria. Nuevamente ha ocurrido así.

Señalo lo anterior simplemente porque en la discusión de este proyecto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, el Ejecutivo solo manifestó valorar esta iniciativa, pero nunca se hizo parte concreta de la propuesta.

Valoro que en este momento se esté diciendo que se ingresará una indicación, que podremos analizar, pero nuevamente llega tarde, porque en las más de tres sesiones que dedicamos a la tramitación de este proyecto, el Ejecutivo podría haberse hecho parte. No es tan difícil.

Son 70.000 las familias que aún esperan una solución ante la incertidumbre de la pandemia, que nos les permite conciliar los cuidados de sus hijos e hijas y mantener, además, sus puestos de trabajo. Como manifestó la ministra Zalaquett , no es muy difícil darse cuenta de que las mujeres vivimos una situación más compleja aún. Son 899.000 las mujeres que perdieron su empleo durante esta pandemia, y, de esas, el 88 por ciento salió de la fuerza de trabajo, es decir, figuran como inactivas, no como desocupadas, ya que además no están buscando empleo. Esta situación se profundiza debido a que las mujeres dedican más horas a los cuidados, en este caso de los hijos e hijas, y a que durante la pandemia han tenido que quedarse en sus hogares porque no les queda otra alternativa.

Ya lo han dicho mis colegas: estamos retrocediendo diez años en la inserción laboral femenina a raíz de esta situación y de no tomar las medidas a tiempo en función de una verdadera protección del trabajo, que no contraponga el derecho de las madres y los padres a cuidar y proteger a sus hijos e hijas con el derecho de mantener y resguardar sus espacios de desarrollo laboral.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en el documento Covid-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos diferenciados, de 2020, indica que es importante garantizar las licencias y permisos para el cuidado, tanto para hombres como para mujeres.

Asimismo, diversos organismos internacionales han recomendado la estricta protección de las mujeres embarazadas y de sus hijas e hijos recién nacidos debido a esta pandemia.

Por eso, desde la señalada organización se levantó una demanda apremiante respecto del cuidado de niñas, niños y adolescentes, mediante la solicitud de extensión del posnatal de emergencia a causa de las dificultades que se presentan para conciliar el cuidado que ellos requieren con el trabajo que se debe efectuar luego del término de los noventa días de la licencia médica preventiva parental por covid-19.

La razón de la demanda formulada por ese organismo se debe a que tanto la ley de crianza protegida, que posibilita el teletrabajo de la mujer embarazada, como el subsidio Protege, para madres o padres trabajadores, no resuelven la totalidad de la demanda de miles de familias en torno a la necesidad de cuidar a sus hijos e hijas. Aquello lo decimos de manera persistente y reiterativa, de manera que lo que propone este proyecto no tiene por objeto la obtención solo de un beneficio más, sino la regulación de los criterios de los beneficios que se disponen en materia de licencia médica preventiva parental y de teletrabajo, lo que incide en la vida y la salud de las personas.

La iniciativa en debate tiene por objeto el establecimiento de los resguardos que requieren los niños y niñas, mediante ir en ayuda de aquellas madres que están angustiadas por no hallar una salida frente al problema de tener que volver al trabajo o renunciar a este para cuidar a sus hijos, que es lo que han debido hacer muchas madres durante este período. Esa es la realidad.

Por lo tanto, resulta vital que se considere a las madres gestantes como población de doble riesgo, con todas las medidas sanitarias que eso conlleva, y que se haga efectiva, durante el tiempo que resta de la pandemia, la extensión a ciento cincuenta días de la licencia médica preventiva parental, tanto para quienes la están utilizando como para quienes ya la utilizaron.

Esta última medida, contemplada en el proyecto en discusión, viene a resguardar la situación de madres gestantes y de padres que ven como única posibilidad para tener la opción de conservar su trabajo a distancia, ante el inminente riesgo de contagio debido a los niveles críticos que tenemos hoy en pandemia, el contar con una nueva extensión de la licencia médica preventiva parental.

Esta situación no es producto de la casualidad, como lo dijo el ministro recién, sino que ha sido producto de la negligencia y del mal manejo de este gobierno en muchos aspectos, por haber generado falsas sensaciones de seguridad, por haber extendido de manera absolutamente irrisoria los permisos de vacaciones, así como por una serie de otras situaciones que vemos que hoy tienen consecuencias en una población que está en riesgo.

En consecuencia, es vital aprobar esta iniciativa, porque es la única que da respuesta a la justa demanda de miles de mujeres. Por eso, espero que el gobierno, de una vez por todas, deje de mantenerse ausente y que con la indicación que presentó realmente se haga cargo de este problema.

No queremos volver a ver y encontrar letra chica. En ese sentido, si hay algo que tenemos que valorar en la Comisión Mujeres y Equidad de Género es que de manera transversal, desde la izquierda hasta la derecha, hemos logrado actuar de manera conjunta en función de este objetivo. No hay mujer alguna en esa comisión que no tenga conciencia de lo que esto significa para madres y padres de Chile. Hay que decirlo y reconocerlo, porque nobleza obliga.

Además, quiero señalar que en este proceso realmente el único gran ausente ha sido el gobierno, razón por la que espero que se ponga las pilas y que tramite con la máxima celeridad la indicación que presentó.

Por lo menos, esa es nuestra voluntad en la Comisión Mujeres y Equidad de Género, instancia en la que hemos dicho, en reiteradas oportunidades, que para nosotras es muy doloroso el retroceso en diez años en la inserción laboral de las mujeres, más aún cuando es producto de no haber llegado a tiempo, de que no se adoptaron las medidas necesarias y de que no se antepuso como elemento fundamental el derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho a la salud y, en este caso, el derecho a los cuidados de hijos e hijas, de niños y niñas lactantes, quienes dependen ciento por ciento del cuidado de sus padres o madres.

En consecuencia, como bancada del Partido Comunista de Chile aprobaremos este proyecto y estaremos muy disponibles para que su tramitación sea rápida, ágil y eficaz -no con letra chica-, tal como procederemos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género con la indicación presentada por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cito a reunión de los Comités a las 12:00 horas, sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, como Federación Regionalista Verde Social respaldaremos esta iniciativa, porque nos parece bien que se extienda la licencia médica preventiva parental por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Dicho permiso beneficiará a todos los lactantes y preescolares por igual, sin distinción de edad y sin importar si la madre es empleada pública o municipal.

Más allá de quién sea elempleador, nos parece que esta es una buena herramienta. Este tipo de proyectos son los que marcan verdaderamente la preocupación que el Estado debe tener por la familia, discurso que es tan recurrente en el mundo político.

Esta clase de proyectos son los que dan fondo a la iniciativa de la política, de manera que esperamos que las palabras de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, las cuales me parece que ha expresado con mucha sinceridad y que constituyen una verdadera declaración de principios, se traduzcan en una política pública respecto de esta materia.

Ha pasado demasiado tiempo y han sido miles los padres y madres que han perdido estos beneficios, de modo que da la impresión de que en el debate público se dilata la definición respecto de qué está pensando el gobierno y cómo nos apuramos en el Prlamento. En ese sentido, cuando llegue el momento en que las restricciones por motivos sanitarios disminuyan, tal como ansiamos todos, quizás pasaremos a la historia como el país que no se preocupó de quienes necesitaban ayuda inmediata.

Para marcar un verdadero quiebre respecto del problema que afecta a mujeres que deben salir a trabajar, dejando a veces sus niños al cuidado de nadie en su casa, porque la realidad es más cruda y descarnada de lo que estamos discutiendo políticamente, creemos que se debe legislar a la brevedad para solucionar esa situación. Si bien desde todos los sectores políticos hay acuerdo en ese sentido, parece que siempre prima algún criterio economicista o aparece alguna traba que dilata una vez más esta discusión.

En definitiva, esperamos que este proyecto se transforme a la brevedad en ley de la república. Con ese objetivo, como regionalistas, pero particularmente desde un punto de vista humano, estamos dispuestos a respaldar esta y otras iniciativas que estén basadas en un concepto provida y profamilia, para que a través de la política podamos concretar una legislación cuya tramitación ya se ha dilatado demasiado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señora YEOMANS (doña Gael).-

Señor Presidente, estamos ante una situación dramática. La pandemia y la irresponsabilidad para enfrentarla han generado que casi 900.000 mujeres perdieran su empleo en el último año, lo que constituye un retroceso de diez años en el mercado laboral femenino.

La ausencia de un sistema de cuidados que ponga la responsabilidad en el Estado y en el conjunto de la sociedad, no exclusivamente en los hombros de las mujeres, se paga caro, y esta pandemia subió el precio. El costo, hoy por hoy, es el trabajo remunerado de las mujeres. Ese es el precio que estamos pagando.

No parece justo que luego de años de lucha de generaciones de mujeres para lograr salir de la casa para trabajar remuneradamente, para ganar su propio dinero, muchas veces en trabajos mal pagados o poco estables, teniendo incluso que trabajar jornadas extenuantes antes de volver a la casa para seguir trabajando, ahora se las ponga ante una elección tan miserable como es la de elegir entre proteger a sus hijos e hijas o ir a trabajar.

Tal como esa situación no es aceptable, las diputadas de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados tampoco podemos aceptar que cuando hablemos del derecho de las niñas y los niños a estar con sus mamás y papás y de mayor protección al empleo de las mujeres, la respuesta sea el miedo a los despidos de las mujeres, porque eso es utilizar el trabajo de las mujeres como moneda de negociación en un chantaje.

¿Cómo la gente puede recuperar la confianza en la política si esta te dice elige entre mantener tu trabajo o poder estar con tu hijo o hija?

Para no escuchar más esa excusa, la solución es muy simple: necesitamos un posnatal obligatorio para hombres. Allí no habrá discriminación.

Ahora, estoy segura de que cuando presentemos ese proyecto, habrá otra excusa, habrá otro “pero”. Dirán que no hay plata, como lo han dicho también con ocasión de la tramitación de este proyecto de ley; pero las mismas madres organizadas, en una carta dirigida a las distintas autoridades de este Congreso Nacional y del gobierno, la que incluso fue respaldada por expertas, dijeron que tendría un costo mayor para el Estado la mantención de este nivel de incertidumbre y de desprotección, al generar costo en el tratamiento de posibles contagios, como también por las consecuencias en salud mental de esas familias. Por eso, no son tiempos de medidas improvisadas o inventos de última hora.

Insistimos con este proyecto de ley, con la extensión de la licencia posnatal de emergencia, porque es una política probada, de confianza ciudadana, ya que por tres meses las familias beneficiadas tuvieron algo de tranquilidad, y en una pandemia eso es lo que se hace.

Las cosas malas hay que dejarlas afuera. Acá, lo que menos nos debería interesar es el gallito político, cuyo único costo lo siguen pagando las mamás, los niños y las niñas que no tienen protección.

Quiero que el gobierno, el Presidente de la República, respalde la extensión del posnatal de emergencia y que esto sea un acuerdo unánime en el Congreso.

Si fue el mismo Presidente Piñera quien dijo, en 2013: “…nos dijeron que era imposible extender el posnatal de tres a seis meses, y se pudo…” -lo estoy citando textualmente“…nos dijeron que era imposible que se pudiera extender a todas, y se pudo.”. Le pregunto, Presidente, ¿y ahora por qué es imposible?

Con la experiencia que nos ha dado esta pandemia, podemos decir: Nos dijeron que era imposible tener posnatal de emergencia y extenderlo, y se pudo. Nos dijeron que era imposible incluir a todas las madres, y se pudo. ¡Entonces, avancemos!

Por último, quiero reconocer a las mujeres trabajadoras por sacarse la cresta por todo un país, por echarse al hombro a sus familias, por dejar el alma en ello. Con mucho respeto y cariño les digo: no queremos más supermujeres, sino mujeres con el derecho a ser plenas y felices.

Vamos hoy por el posnatal de emergencia; luego, por un país que cuide, por un Chile feminista.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, quiero partir con algo un poco más positivo.

Me alegro muchísimo de que el gobierno haya tomado parte en esta materia y hoy presentara indicaciones al proyecto, porque quiere decir que salvamos todos los temas de inconstitucionalidad de esta iniciativa tan importante.

Ojalá fuéramos cambiando y nos alegráramos cuando realmente hay avances y no viéramos siempre la parte negativa de las cosas.

En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género desde hace mucho tiempo que estábamos con este tema. Nos acercamos a distintas autoridades, pero hay que reconocer que, lamentablemente, en ese minuto no obtuvimos muy buenos resultados. Hubo una recepción muy amable, pero sin resultados concretos.

Ahora nos encontramos en otra situación, y hay muchas mujeres que están esperando ansiosas el resultado de este proyecto de ley, dado que se ven en la disyuntiva de quedarse cuidando a sus niños lactantes o mantener su empleo.

El proyecto original otorga una protección de 150 días, y la propuesta que viene del gobierno, de 180 días. Pero, claramente, nos falta la universalidad.

Quiero recalcar que, cuando iniciamos las conversaciones, fuimos avanzando en la materia, y no es por nada que este proyecto no habla de fases. No habla de fase 1, fase 2 o fase 3, de si eres gordo o flaco, o de lo que sea. Aquí no hay focalización, gracias a Dios. Sobre todo, agradezco al subsecretario Pedro Pizarro y también a la subsecretaria Abud , quienes, en el fondo, entendieron que en este asunto no debía haber focalización.

Lo que nos falta es continuar esta discusión, justamente para hacer más universal el beneficio. ¿Qué culpa tiene un niño de que su madre sea funcionaria pública o que pertenezca a las Fuerzas Armadas, etcétera? Tenemos que llegar a todo el universo de mujeres que en este minuto se encuentra en esta disyuntiva de cuidar a su hijo o hija o mantener su trabajo.

Por otro lado, dentro de esta conversación no ha estado ajena la realidad de que las mujeres hemos perdido una década de inserción laboral. Algunas personas creen que esto no incide, pero los que somos mayores sabemos que sí lo hace, porque independiente de quien pague la licencia médica preventiva parental, al final a la persona que contrata le interesa la productividad. Esto no se mira desde un punto de vista más antropológico, más humano; solo les interesa la productividad. Todos sabemos que muchas mujeres -tal vez algunas nos están escuchando ahora tienen claro que fueron despedidas porque optaron por la maternidad y su trabajo se vio dificultado. El hilo siempre se corta por la parte más delgada.

Entonces, es muy importante que cuando hablemos de proteger realmente el empleo, tengamos también una mirada respecto de cómo proteger el empleo de la mujer, porque hemos retrocedido una década en inserción laboral. Además, según algunos estudios, el 90 por ciento de las mujeres que dejaron sus trabajos formales no van a volver a la formalidad. ¡No lo van a hacer, y ya se sabe! Por tanto, no debemos seguir aumentando esa brecha, porque harto que nos ha costado insertarnos laboralmente.

Por lo tanto, quiero agradecer de antemano el apoyo a este proyecto, que creo que será bastante transversal, porque todos alguna vez vivimos la experiencia de estar en la disyuntiva que mencioné. Por otro lado, debemos hacer políticas públicas que realmente fortalezcan y no debiliten la inserción laboral de las mujeres.

Agradezco a las autoridades, porque nos escucharon en el último tiempo y por haber cedido a dejar de lado esta excesiva y loca focalización, que nos hace tanto daño.

Espero que la discusión de este proyecto, que continúa mañana, sea precisamente para hacer extensivos sus beneficios a todas las mujeres, esto es, que se trate de una iniciativa realmente universal, porque, insisto, un niño no tiene ninguna culpa del origen del trabajo de su madre. Ese niño necesita ser cuidado, y la mujer, a su vez, tener la tranquilidad de que su hijo está bien y no tener que dejar su trabajo formal, al que tanto le costó llegar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, en esta materia, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado respecto de lo que motivó la creación del beneficio de la licencia médica preventiva parental? ¡Nada! La pandemia sigue y se ha extendido mucho más de lo que todos supusimos, lo que ha tenido efectos importantes en las familias, particularmente en las mujeres que tienen hijos en período de lactancia y que, además, hacen las labores propias del hogar.

Entonces, a lo menos a mi entender, esto tiene tres aspectos:

Primero, el aspecto sanitario. En Temuco existe la presunción de que una lactante de un año y medio falleció producto de la covid-19. O sea, claramente está la posibilidad de que un lactante se infecte y fallezca por covid-19. Si bien la menor tenía comorbilidad, no sabemos cuántos hijos de cuántas madres lactantes o puérperas están en esa condición. Por lo tanto, ahí hay un elemento que tiene que ver con lo sanitario: la necesidad de la continuidad de la protección sanitaria e, incluso, como dijo denantes el diputado Marcelo Díaz , la necesidad de vacunar a las puérperas antes de que se vayan a sus casas. Existe evidencia sobre el particular. En Chile no lo hemos hecho, pero, en definitiva, hay que hacer algo al respecto.

Segundo aspecto. Chile tiene un historial claro acerca de políticas de protección de la madre y del niño. Sin embargo, cuando aquí se pone en duda la continuidad del posnatal producto de la pandemia por covid-19, claramente se refleja una falta de comprensión sobre la situación actual.

Y el tercer aspecto tiene que ver con lo laboral. Las mujeres son las que han perdido mayoritariamente sus puestos de trabajo y, finalmente, se encuentran en la disyuntiva de quedarse en la casa o de ir a trabajar, porque tiene un lactante en su hogar o más hijos que cuidar. Esta no es una tarea exclusiva de la mujer, ya que el padre puede cumplirla perfectamente, pero muchas mujeres están en período de lactancia y les es difícil desplazarse para amamantar a sus hijos.

Entonces, creo que lo único que queda es aprobar la extensión de la licencia médica preventiva parental por todo el tiempo que sea necesario.

Me parece bien que se cambie a alerta sanitaria en caso de pandemia o epidemia, que en este caso es por covid-19, porque el estado de excepción constitucional es un elemento más relativizado respecto a la necesidad sanitaria de cubrir con esta licencia, en la que Chile tiene tanta tradición, tanta experiencia, pero que hoy queda en una situación casi de nebulosa.

Por lo tanto, hay que votar a favor del proyecto, porque claramente es un aporte en diferentes aspectos: en lo sanitario, en lo laboral y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la protección del binomio madre-niño como un elemento central.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, aquí estamos otra vez.

Diputadas oficialistas y de oposición hicimos todo lo posible antes de llegar acá, tomamos todas las medidas necesarias, tocamos todas las puertas, intentamos mesas de trabajo, conversaciones en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, campañas por redes sociales, pero nada fue suficiente para convencer al gobierno de la necesidad de extender el posnatal.

La pandemia se alarga, la crisis sanitaria no deja de reproducirse en todos los rincones de Chile con nuevas cepas; la crisis económica sigue castigando a los más pobres y enriqueciendo a los más ricos, pero, además, sigue empujando a las mujeres de vuelta a sus casas, a cuidar a sus hijos, arriesgando sus ya precarias fuentes laborales.

Como siempre hemos dicho, cuando hay que elegir entre trabajar o cuidar a la familia en medio de esta pandemia, nadie se pierde, pero cuando uno elige cuidar a la familia sin la protección del Estado, paga las consecuencias.

A pesar de todo lo que ha ocurrido y de todo el tiempo que ha pasado, no se ha extendido el posnatal.

¿Es que acaso esta necesidad desapareció por arte de magia? ¿Acaso el virus se volvió buena persona y dejó de contagiar a las madres embarazadas? La evidencia indica que no, porque ya van cinco mujeres embarazadas que han fallecido en Chile.

¿Acaso el mercado laboral se volvió feminista y ha permitido que las trabajadoras se queden en sus casas sin amenazas ni presiones de ningún tipo? Todo parece indicar que no. Las mujeres hemos retrocedido más de una década en inserción laboral. Esto es realmente extraño, Presidente. Las razones por las que miles de madres necesitan un descanso posnatal de emergencia siguen estando vigentes. Es extraño, porque todas las otras herramientas diseñadas para responder a la pandemia han sido extendidas en varias oportunidades: el IFE, la ley de protección al empleo, incluso el retiro del 10 por ciento, usado en más de una oportunidad. Sin embargo, los miles de niños y niñas que necesitan el posnatal de emergencia siguen esperando al final de la fila, cuando les dijeron que iban a estar en primeros.

Hoy nos enteramos de que el Ejecutivo ingresó una indicación para hacerse parte de esta discusión. ¿Es mejor tarde que nunca? Por supuesto, y hay que valorar que el gobierno se sume al debate y despeje toda duda de constitucionalidad del proyecto, y también su ánimo de alcanzar un acuerdo.

Ahora, ¿es esa la propuesta que esperábamos? Lamentablemente, no. La propuesta del Ejecutivo se queda cortísima, porque supone un subsidio de solo 70 por ciento del salario; tampoco es universal, porque deja fuera a las trabajadoras del sector público y a las trabajadoras independientes. La verdad, Presidente, es que no podemos dejar fuera a nadie. Si algo nos ha enseñado el fracaso de la focalización, es que siempre se equivoca; siempre deja fuera a trabajadoras, siempre quedan mujeres sin protección.

No podemos seguir así, porque entonces habremos perdido años de políticas públicas que lograron aumentar exitosamente la cantidad de mujeres que participan del mercado formal del trabajo, que salían de sus casas para trabajar en algo distinto a lo que históricamente han sido relegadas. Esa es la gran tragedia de todo esto.

Cuando las mujeres volvemos a nuestras casas, volvemos al lugar que por miles de años los hombres eligieron para nosotras. Nuestra entrada en la vida pública, diputadas, esa por la que sus madres y abuelas pelearon, es un triunfo histórico que no está asegurado y que tiene que ser defendido.

En eso consiste el posnatal de emergencia: es una defensa de la vida, es una defensa del trabajo y es una defensa de la mujer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, claramente, es necesario un proyecto de ley como este, que extiende el posnatal de emergencia.

Es necesario extender esta licencia médica preventiva parental y no mantenerla supeditada al estado de excepción constitucional, sino a un estado de alerta sanitaria, porque ello dará tranquilidad, y bajará el nivel de complejidad de los problemas que afectan a las mujeres que se ven enfrentadas a la disyuntiva de tener que decidir entre volver a sus puestos de trabajo y cuidar a sus hijos.

Hemos retrocedido una década, diez años en inserción laboral femenina. Son 900.000 las fuentes de trabajo que las mujeres han tenido que dejar.

Esta extensión del posnatal de emergencia y esta licencia médica preventiva parental son necesarias. ¿Por qué? Porque las condiciones por las cuales se creó no han variado; todo lo contrario, la pandemia se ha agudizado.

Por eso, ampliar de dos a cuatro las extensiones que se pueden dar, de treinta días cada una, es fundamental y necesario.

Reitero que apoyaremos este proyecto de ley, porque no se puede poner a una mujer ante la disyuntiva de tener que decidir entre cuidar a sus hijos o ir a trabajar.

Necesariamente debemos ser capaces de llamar la atención para que el gobierno patrocine el proyecto y las mujeres puedan estar tranquilas en sus casas, con la seguridad de que se les permitirá seguir cuidando a sus hijos sin el temor de perder sus fuentes de trabajo.

Repito que la inserción de las mujeres en materia laboral es muy necesaria, porque durante esta crisis se han perdido 900.000 empleos de mujeres, con lo cual hemos retrocedido diez años en materia de inserción laboral femenina.

Por lo expuesto, considero fundamental extender esta licencia médica preventiva parental y vincular su permanencia a la existencia del estado de alerta sanitaria por covid-19, razón por la cual votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, si bien esta iniciativa presentó problemas de admisibilidad, por contener disposiciones que inciden en el derecho a la seguridad social, que es materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, me parece que vale la pena analizarla.

Es importante considerar que la pandemia por covid-19 aún no termina, que su duración y riesgo aún son insospechados y, por otro lado, que la lactancia materna es altamente recomendada, por ser una de las intervenciones más beneficiosas desde el punto de vista de su costo, de su efectividad y de la salud de los lactantes.

Consecuentemente con lo expuesto, diversos organismos internacionales han recomendado la estricta protección de las mujeres embarazadas y de sus hijas e hijos recién nacidos en razón de esta pandemia, por lo que nuestro país no puede quedar ajeno a esta medida de protección.

Por otra parte, me parece infructuoso utilizar horas legislativas en materias de alta importancia social que bien pueden quedar ligadas en forma automática a la declaración de estado de pandemia, evitando así tener que pasar por un nuevo trámite legislativo, después de un estado de declaración de excepción constitucional.

Por lo tanto, considero que bien vale la pena dar paso a esta iniciativa, que busca modificar tanto la ley N° 21.247 como la N° 21.260, pues en ambos casos se trata de proteger un bien jurídico esencial, como es la salud de los lactantes de nuestro país, ante pandemias tan desastrosas como la que estamos viviendo y que, al parecer, así como se ven las cosas, no será la única que nos afecte en un futuro no muy lejano.

En consecuencia, apoyo esta iniciativa, que me parece digna de analizar. 

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, hace unos meses dimos una justa, digna, urgente y transversal lucha, que hoy quiero destacar: el establecimiento, en plena pandemia, de un posnatal de emergencia para dar respuesta a las madres y los padres a quienes se les había terminado el permiso para cuidar a sus hijos e hijas. Quiero recalcar que si no hubiéramos tenido aprobada esa ley -muchas mujeres dejaron su trabajo-, más madres y padres habrían perdido sus trabajos, porque lógicamente hubiesen preferido quedarse en su casa a cuidar a sus hijos.

¿En que estamos ahora y qué busca esta nueva iniciativa de ley? Busca extender este permiso de posnatal, pero sin distingo alguno. Ojalá que no hagamos un distingo, esto es, que no interese si la madre trabaja en el sector privado o en el sector público, si es civil o pertenece a las Fuerzas Armadas. El llamado que hacemos al gobierno es que no exista ninguna focalización ni menos una discriminación en este sentido. No tengo ninguna duda de que el proyecto será ampliamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Además, queremos que sea con efecto retroactivo, porque, más allá de la demora que tenga este proyecto, lo que importa es que aquellas madres y aquellos padres cuyo posnatal de emergencia ya venció en plena pandemia, la que se ha extendido más de lo que todo el mundo pensaba, puedan seguir al cuidado de sus hijos e hijas. Buscamos que esta licencia se extienda por un período de treinta días, el cual podrá renovarse por un máximo de cuatro veces, por el mismo plazo, en tanto se mantengan las condiciones actuales, dado que estamos todavía dentro de un estado de excepción constitucional.

Espero que la indicación sustitutiva o el proyecto que presente el gobierno, se haga considerando la opinión de la Cámara. En ese sentido, el llamado que hacemos es a extender el posnatal de emergencia y que este tenga efecto retroactivo para favorecer a las madres y a los padres a quienes les venció el período del posnatal. Por supuesto, pedimos que no exista ningún tipo de distingo entre las madres, porque el lugar en que desarrollen su trabajo no puede decidir si son o no favorecidas con este proyecto de ley.

Espero que la votación de este proyecto signifique un llamado contundente al gobierno de parte de la Cámara para dar respuesta, aún en plena pandemia, a las madres y a los padres que están esperando que la vigencia del posnatal de emergencia se pueda extender para seguir cuidando a sus hijas e hijos sin el riesgo de perder su trabajo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (boletín N° 7550-06).

Para su discusión se otorgarán siete minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos a las demás.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión de Mixta, sesión 26ª de la presente legislatura, en miércoles 28 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, ya han transcurrido diez años desde que el Presidente Sebastián Piñera , a través de un mensaje presidencial, presentara esta iniciativa. No es casualidad que se realizara con posterioridad a la ocurrencia de una de las catástrofes más grandes que nos ha tocado enfrentar como país: el terremoto y posterior tsunami del 27F, marcado por el fallecimiento de más de quinientas personas y la desaparición de otras tantas.

En esa ocasión quedó al descubierto la deficiencia en el manejo, control y prevención del gobierno de la época, encabezado por la Presidenta Bachelet , y también se mostró la falta de una respuesta oportuna por parte de la Onemi y una escasa coordinación entre las autoridades competentes en la materia, lo que dejó en evidencia la fragilidad de todo el sistema.

Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, con la sola excepción de su artículo 16, que no alcanzó el quorum constitucional requerido. Se trata de una norma que define el rol del Ministerio de Defensa Nacional en las acciones de gestión de riesgo de desastre y que pretende concretar el rol de las Fuerzas Armadas no solo en la respuesta frente a las emergencias o catástrofes, sino también en toda la fase de riesgo del nuevo sistema de gestión que se ha establecido.

La nueva redacción que fue aprobada en la Comisión Mixta establece el rol fundamental que poseen las Fuerzas Armadas en la coordinación y en la ejecución de las acciones destinadas a contribuir a la política nacional para la reducción de riesgos de desastres, al Plan Nacional de Emergencia, según lo que dispone este mismo cuerpo legal en las disposiciones que ya aprobamos. A su vez, le va a corresponder elaborar los planes y los protocolos de operación respecto de la forma como van a participar coordinadamente las Fuerzas Armadas en todo el ciclo de desastre: en su fase 1, de mitigación; en la 2, de preparación o alerta; en la 3, de respuesta, y en la 4, de recuperación, que comprende también las etapas de rehabilitación y de reconstrucción. Se conceptualiza cada una de estas fases y se señalan las medidas, las actividades y las capacidades implicadas en cada una de ellas.

Lo más importante que fue objeto de esta discusión y que significó que no se aprobara ese artículo 16 en su momento dice relación con que los planes y protocolos deberán asegurar una sujeción a lo señalado en los instrumentos de gestión de riesgo de desastres y en las instrucciones que, al efecto, formule el ministro de Defensa Nacional, es decir, sujeción de las facultades civiles ejercidas por dicho ministro de Defensa Nacional al actuar de las Fuerzas Armadas.

Hoy estamos finalizando un proceso legislativo de modernización de nuestras instituciones, pues se crea un nuevo sistema de prevención y respuesta ante desastres. No solo significa el reemplazo del nombre de la Onemi por el ahora Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sino que se deja de manifiesto que el centro orgánico de esta iniciativa va en la línea de la prevención de catástrofes naturales y no en la reacción, como en tantas oportunidades pudimos evidenciar.

Cabe destacar que se ha realizado un debate serio, contundente, de larga data, que trae aparejada una serie de mejoras derivadas de la experiencia que nos dejó el terremoto y el tsunami del 27F y de todos y de cada uno de los desastres que en distintos lugares del país nos ha tocado enfrentar, muchos de ellos en la Región de Tarapacá, que me toca representar.

De aprobarse este proyecto de ley, sin duda, provocará una mayor coordinación en cada una de las etapas del sistema de riesgo de desastres.

Algunos creerán que esto quizás llega tarde, pero estamos en un país sumamente sísmico en el que cada cierto tiempo nos vemos enfrentados no solo a terremotos, a tsunamis, sino a muchas otras catástrofes. Por eso, vamos a aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, como ya sabemos, Chile es uno de los diez países más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Chile es un país que en sus más de cinco mil kilómetros de trayecto continental cierra la línea y el cordón de fuego, que nace desde esta costura planetaria, que corre desde Japón pasando por toda la Polinesia y que termina en Chile.

Chile, como sabemos, es un país de volcanes en su larga y angosta trayectoria, mostrando este violento encuentro entre dos potentes placas que crearon la cordillera de la Costa y la de los Andes. Ese choque formidable generó lo que hoy nos enorgullece en términos de paisajes, de fuentes de agua y de biodiversidad. Sin embargo, como digo, ello no es más que consecuencia del choque de parte importante de lo que alguna vez formó el planeta.

Chile es un país que cuenta con muchísimas montañas y con pluviosidad variable, lo que hoy genera una condición de dificultad por el riesgo de sequía permanente en regiones con déficit hídrico. Por otro lado, existen regiones que, desde el punto de vista pluviométrico, todavía exhiben un régimen hídrico beneficioso, a pesar de que también en esas zonas se generan desastres naturales. En suma, Chile es un país de riesgos, de desastres naturales, y, por lo tanto, la población es vulnerable.

Como ya hemos dicho, la que paga los platos rotos cuando hay desastres naturales es la gente más pobre, o los pobres de los países desiguales. La desigualdad los coloca en una condición de altísimo riesgo. En un país como el nuestro, esa desigualdad se muestra cada vez que hay un desastre natural. Los ricos reconstruyen rápidamente; los barrios ricos se arreglan rápidamente; en cambio, los barrios pobres siguen acusando los déficits de reposición de agua, de alcantarillado y, por cierto, de infraestructura pública y privada, realidad que todavía se aprecia en el norte como consecuencia de los terremotos que han sacudido la zona. En ese contexto, llama la atención que hayamos pasado doce o quince años debatiendo sobre qué institucionalidad puede dar una respuesta eficiente no solamente ante una situación de catástrofe, sino en materia de prevención. La Onemi ha estado muy lejos de dar el ancho.

¿Cómo es posible que para el 27F la secretaria de Estado de Estados Unidos le entregara como gran regalo a la entonces Presidenta de la República un teléfono satelital? ¡Como si en Chile no tuviéramos posibilidad de tener cercanía comunicacional! Creo que eso fue un bofetón a nuestras capacidades, a nuestra condición de país. ¿Cómo es posible que la Onemi, finalmente, se convierta en una bodega para guardar unas cuantas mediaguas que se reparten siempre tarde? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de adelantarnos para tener tecnología adecuada? Durante tres o cuatro años tuvimos seiscientos sismógrafos pudriéndose, echándose a perder, almacenados en alguna bodega entre la Onemi y la Universidad de Chile. ¡Más de 2.000 millones de pesos perdidos!

Por todas esas razones y otras que son muy latas de explicar, de las cuales tenemos más que pruebas -buena parte de las mismas se expresan en el sufrimiento de la ciudadanía cada vez que hay un desastre natural-, necesitamos una nueva institucionalidad. El proyecto no refleja con perfección lo que hemos planteado, pero es un avance. Por lo tanto, lo aprobaré.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, todos sabemos que el proyecto que estamos discutiendo pretende modernizar nuestra institucionalidad para hacer frente a emergencias, desastres o catástrofes, principalmente porque la Onemi evidenció problemas en el cumplimiento de sus funciones en el terremoto de 2010 al no coordinarse con autoridades de gobierno y el SHOA, ante la emergencia que representó el tsunami.

La Onemi fue creada a partir de un comité convocado para hacer frente a la emergencia derivada del terremoto ocurrido en Valdivia en 1960, y fue formalizada, posteriormente, como una oficina estatal, tal y como se conoce actualmente.

Desde 1960 hasta la fecha la envergadura de las emergencias y catástrofes ha variado en magnitud y naturaleza. El terremoto de 2010, así como los megaincendios en Valparaíso y en el sur del país, evidencian la necesidad de modernizar esa institución. A su vez, el crecimiento de las ciudades impone la necesidad de contar con un organismo que tenga capacidad operativa para desplegarse en desastres y emergencias que afectan a una población cada vez más numerosa.

Creemos que es necesario contar con un sistema de gestión de desastres y catástrofes moderno, que se adecue a la nueva clase de desastres, como megaincendios, megasequías u otros.

El proyecto tenía aspectos no resueltos, como el rol de las Fuerzas Armadas. Durante el tercer trámite constitucional tuvimos dudas respecto de la forma en que el proyecto de ley asegura la sujeción del actuar de las Fuerzas Armadas al poder civil en el contexto de desastres y catástrofes.

Dentro de todo lo que define el proyecto y en el contexto de la creación de diferentes comités con facultades específicas, esperábamos que la Comisión Mixta le introdujera mejoras, o, más bien, acotara la materia en relación con esas dudas. La Comisión Mixta modificó el artículo 16, que regula el rol de las Fuerzas Armadas en el sistema de gestión de riesgos y desastres, pues estimó que debía hacerse más explícito el control civil sobre las actuaciones de las Fuerzas Armadas en caso de desastre. Se agregó expresamente que las acciones de las Fuerzas Armadas quedaran sujetas a los planes e instrumentos de gestión de desastres elaborados por el Ministerio de Defensa Nacional. Creemos que ello constituye un avance; sin embargo, se pudo haber precisado más las hipótesis sobre las cuales se pueden solicitar despliegues y uso de equipamiento adicional en ese contexto, ya que dicha posibilidad aún queda abierta, a pesar de las modificaciones, lo cual creemos que no es conveniente bajo ningún caso.

Por lo anterior, nos abstendremos en la votación de este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Nino Baltolu .

El señor BALTOLU.-

Señor Presidente, cambiándole el nombre a las instituciones no se resuelven los problemas. Recuerdo que el 27 de febrero de 2010, cuando vino el gran terremoto, la directora de la Oficina Nacional de Emergencia no supo actuar. El problema son las personas, no las instituciones.

La directora de la Onemi de entonces indujo a error a la Presidenta de la República al decirle que no iba a haber maremoto; sin embargo, ese fenómeno fue el que causó el mayor daño. ¿Cómo la directora de un servicio no fue capaz de darse cuenta de la magnitud del desastre, en circunstancias de que la información que se tenía era que se habían destruido y volteado edificios? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que podía suceder en la costa? Como ariqueños, estamos advertidos desde hace muchos años de que cuando una persona siente un terremoto y no puede mantenerse en pie, debe salir de la zona de emergencia y retirarse de la costa. ¿Cómo la directora de la Onemi no supo tomar esa decisión?

Por eso, debemos poner atención en las personas que llegan a ocupar cargos, no en el nombre de las instituciones. Acá se cambia el nombre de la Oficina Nacional de Emergencia por el de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. ¡Bonito nombre, pero no cambia en nada la figura!

Por lo tanto, tomemos precauciones, en el sentido de elegir a las personas idóneas para ocupar cargos en ese servicio, porque tienen en sus manos la vida de la ciudadanía.

Veremos cómo será la votación hoy. A mi juicio, cambiar el nombre de una institución no solucionará el problema de fondo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y cinco minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda son la señora Paulina Núñez y el señor Gastón von Mühlenbrock , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 7ª de la presente legislatura, en jueves 25 de marzo de 2021.

Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 25ª de la presente legislatura, martes 27 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 21.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 27ª de la presente legislatura, en jueves 29 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora NÚÑEZ, doña Paulina (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto recibido desde el Senado consiste en establecer un derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores que no sean traspasados a los nuevos servicios sucesores legales del Sename en virtud de la normativa de las leyes respectivas.

Durante el estudio del proyecto, la comisión recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín ; al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, señor Sebastián Valenzuela ; a la jefa del Departamento de Reinserción Social, señora Macarena Cortés , y a los siguientes representantes de las asociaciones gremiales de funcionarios del Sename: señor Christian Araya y señora Alicia del Basto , secretario nacional y presidenta de Afuse, respectivamente; señor Roberto Belmar , dirigente de Fenatrase; señor Gonzalo Marín , presidente de Armetrase; señor Luis Cortés , presidente de Anfur, y señor Walter Arancibia , presidente de Antrase.

En relación con la propuesta del Senado, la comisión la aprobó en los mismos términos. El proyecto establece que, sin perjuicio de las causales previstas en el Estatuto Administrativo, los funcionarios del Servicio Nacional de Menores podrán cesar en el cargo por necesidades del servicio, lo que determinará su director nacional de manera fundada en razones vinculadas al proceso de reestructuración de dicha institución con motivo de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, así como también, en un futuro cercano, por la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, proyecto que se encuentra en tercer trámite constitucional en el Senado.

Para determinar la cesación en el cargo de los funcionario, se establece que el director nacional del Servicio Nacional de Menores deberá considerar la realización de evaluaciones a estos para efectos de desempeñar los cargos en las nuevas instituciones señaladas, según se defina mediante decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que deberá contener las condiciones y el procedimiento a que se someterán las referidas evaluaciones.

Para la dictación de dicho decreto se considera una instancia de participación de las asociaciones nacionales de funcionarios del Servicio Nacional de Menores, constituidas de conformidad con la ley N° 19.296. Las condiciones y el procedimiento señalado deberán garantizar la objetividad de la evaluación.

Se precisa que la evaluación del caso no se aplicará a los funcionarios que hayan sido evaluados con anterioridad, con ocasión de la modernización, reestructuración o funcionamiento de los centros de reparación especializada de administración directa (Cread) para el estabelecimiento de residencias familiares.

Con todo, respecto de tales funcionarios, el director nacional del servicio deberá comprobar que no se encuentran afectos a las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo al que sean traspasados, conforme a lo dispuesto en la ley y, en especial, a lo señalado en el artículo 56 de la ley N° 21.302, el cual establece las prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario del servicio o trabajadores de colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Se dispone que a los funcionarios que cesen en sus funciones en virtud de la causal señalada se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 52 de la ley N° 21.126.

En virtud de estas normas, los funcionarios que cesen en sus funciones por la aplicación de la causal necesidades del servicio, y el nombramiento o designación hubiere estado vigente un año o más, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 30 días de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente al Servicio Nacional de Menores.

Esta indemnización tendrá un límite máximo de 330 días de remuneración. Para tales efectos, solo se computará el tiempo servido en calidad de planta y a contrata en la mencionada institución.

La indemnización que se establece no será imponible ni tributable y se pagará al momento del cese de funciones.

Finalmente, el proyecto dispone que el mayor gasto fiscal que represente su aplicación durante su primer año presupuestario de vigencia será financiado con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos del sector público respectiva.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó este proyecto en los mismos términos que el Senado y recomienda su aprobación a la Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor VON MÜHLENBROCK (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , quien estuvo acompañado del subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela . También concurrieron a la comisión dirigentes gremiales de las diversas asociaciones de funcionarios del Sename.

La idea fundamental de la iniciativa es consignar el derecho a recibir una indemnización a los funcionarios del Servicio Nacional de Menores que por razones vinculadas al proceso de reestructuración de dicha institución no califiquen para ser traspasados a la nueva institucionalidad radicada en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó que aunque las normas que crearon los servicios especializados en cuestiones de la niñez y adolescencia dispusieron el traspaso de los funcionarios de planta y a contrata del Sename a los nuevos cargos, se incorporó también la condición de que estos trabajadores cumplieran con los perfiles de cargos exigidos para los nuevos servicios, condición que debe ser acreditada mediante un proceso de evaluación técnica.

Como norma general, para quienes no sean traspasados, el Estatuto Administrativo solo contempla una indemnización para los funcionarios de planta, con tope de seis meses, mientras que la ley de reajuste del sector público de 2018 reguló el pago de indemnizaciones para los trabajadores del Sename que se desempeñaban en los Cread, como parte del proceso de transformación de dichos centros en residencias especializadas, beneficiando a trabajadores de planta y a contrata, con un tope de once meses de remuneración.

Sin embargo, el resto de los funcionarios del Sename carece actualmente del derecho a una indemnización en el caso de no ser traspasado a los nuevos servicios, condición a la cual este proyecto de ley viene a dar respuesta por la vía de entregar la facultad al director nacional del Sename de, al cesar en el cargo a funcionarios de planta y contrata por necesidades derivadas de la reestructuración de la institucionalidad o por resultados negativos en la evaluación pertinente, entregarles una indemnización equivalente a treinta días de remuneración por cada año de servicio prestado o fracción de seis meses, con un límite máximo de 330 días de remuneraciones.

En materia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos detalla que este beneficio indemnizatorio se aplicará sobre el promedio de la remuneración mensual de los últimos doce meses anteriores al cese en el cargo, actualizada según el índice de precios al consumidor, con un límite máximo de 90 unidades de fomento del último día del mes anterior al pago.

Por este concepto y para los ejercicios 2021 al 2024, que comprende el traspaso gradual por zona geográfica, se estima que el costo total de la iniciativa alcanzará los 14.225 millones de pesos.

Finalmente, puesto en votación el artículo único de la iniciativa, fue aprobado por la unanimidad de los nueve diputados presentes. Votaron a favor la diputada Sofía Cid y los diputados Hernández , Mellado, don Cosme ; Monsalve , Pérez, don Leopoldo ; Santana, don Alejandro ; Schilling , Von Mühlenbrock y Núñez, don Daniel (Presidente). Se inhabilitó el diputado Lorenzini.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a la honorable Sala aprobar el presente proyecto de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy debemos votar en este proyecto de ley si estamos de acuerdo o no con entregar una indemnización por años de servicio a aquellos funcionarios del Sename que no van a poder continuar en el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Este debate surgió mucho después de que hace meses el Congreso Nacional resolviera, luego de una tramitación que duró varios años, las características del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Ahora estamos en la etapa en que se está produciendo el traspaso de lo antiguo a lo nuevo, tanto en bienes como en personal, con las evaluaciones que contempló el proceso en su momento de aprobación legal.

Por eso, es oportuno que nos volvamos a preocupar del respeto de los derechos laborales de los funcionarios que no van a ser traspasados a los nuevos servicios, porque no cumplen con los nuevos estándares o porque pueden optar a una jubilación. En ese sentido, es positivo que puedan acceder a una indemnización que sea justa y adecuada a la supresión de los cargos que se efectuará. Indemnizar es el camino que se ha seguido en muchas otras oportunidades cuando ha habido cambios importantes en instituciones públicas y se han suprimido cargos. Así ocurrirá en trabajos como los del Sename, para los cuales hay que reconocer que los funcionarios nunca tuvieron una real capacitación o especialización. Hoy, cierto porcentaje de esos trabajadores se tendrá que enfrentar a la cesantía con herramientas laborales muy desactualizadas o bajas pensiones de jubilación. Por eso, el Estado no los puede dejar solos y debe entregarles una indemnización que de alguna manera les haga justicia y un reconocimiento, y les permita su reinserción laboral.

Sin embargo, mantengo mi preocupación por la manera en que se está haciendo el traspaso y, sobre todo, por la evaluación a la que van a ser sometidos los funcionarios, dado que ahí se juega de verdad gran parte de lo que es la correcta instalación de este nuevo sistema de protección de la infancia vulnerada. Nuestros niños y niñas necesitan de personal especializado, necesitan de personal altamente capacitado para que en verdad se produzcan cambios significativos en sus vidas, así como para que tengan también las oportunidades que el antiguo sistema del Sename no les garantizaba a todos.

Por parte del Ejecutivo se nos aseguró en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se mantiene el 1 de octubre de este año como la fecha para la puesta en marcha del nuevo servicio, a pesar de las dificultades propias de la pandemia. Celebro que siga en marcha esta reforma, que ha traspasado varios períodos presidenciales, y que hoy tímidamente se esté comenzando a materializar.

Finalmente, hago una solicitud especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en especial a las autoridades de estos nuevos servicios, para que se respete, en forma irrestricta, el fuero de las mujeres embarazadas con prey posnatal, así como los derechos de los trabajadores que están incluidos en estos traspasos, en especial en el marco del proceso de evaluación, en el que puede haber mucha arbitrariedad y mucho abuso en el momento de materializarse el traspaso, funcionarios que por supuesto deben tener derecho a la propuesta de indemnización contenida en el proyecto que hoy procederemos a aprobar.

No se debe olvidar nunca que el proceso de cambio institucional que se está proyectando se debe hacer para los antiguos servicios del Sename, modificaciones que siempre deben ser a favor de los niños, niñas y adolescentes, pero no en contra de los funcionarios, como algunos creen. Dichos cambios deben ser a favor de los niños de la infancia vulnerada, con el objeto de ofrecerles un horizonte que por muchas décadas no se les dio.

Por las razones señaladas, votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, en los últimos años se ha instalado la necesidad de reformar la institucionalidad a cargo de la protección de los niños, niñas y adolescentes del país. Han sido cientos los casos de irregularidades, de vulneración de derechos, de abandono e incluso de comisión de delitos que han tenido como elemento común el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores.

Por eso, en la Cámara de Diputados hemos legislado para dividir las funciones de protección y de reinserción juvenil en dos servicios públicos diferentes, con el único objetivo de que la especialización y la focalización de políticas públicas de distinta naturaleza permitan brindar mejor atención a los niños, niñas y adolescentes y poner mayor énfasis en una reinserción social con más oportunidades.

En ese contexto, muchos trabajadores del actual Sename no serán traspasados a los dos nuevos servicios recién creados, los que en razón de la normativa laboral vigente deberán ser desvinculados, con todos los efectos legales que ello implica. Desde la perspectiva del derecho laboral, esos trabajadores tienen la condición de funcionarios públicos, de modo que no recibirán indemnización por años de servicio. Cuando esos trabajadores cesen sus funciones se irán sin nada, a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, de manera que lo que propone este proyecto tiene por finalidad igualar un derecho que es sumamente básico.

Es importante que los funcionarios del Sename sean indemnizados y, de esta manera, abandonen el servicio teniendo resuelta, de manera completa, su situación laboral, particularmente respecto de aquellos derechos que les asisten en relación con el término de sus funciones. Si no se les indemniza o se les indemniza mal, muy probablemente los funcionarios acudirán a la justicia para demandar que se les reintegre a sus funciones, lo cual sería contraproducente con la decisión estatal que hemos tomado de reformar completamente el Sename. El establecimiento de indemnizaciones que sean acordes a la realidad de sus años prestados al servicio nos permitirá avanzar en el nuevo sistema de protección.

Cabe hacer presente que dentro del grupo de funcionarios y funcionarias que accederán a esa indemnización hay todo tipo de trabajadores, algunos buenos trabajadores y quizás otros que no han estado a la altura; personas con todas las aptitudes y conocimientos para desempeñarse en el servicio y otros que carecen de estos. Pero no podemos ver el cese de funciones y la indemnización como un castigo a las malas gestiones realizadas por el servicio, porque dicho problema radica en algo más fundamental y permanente, que tiene que ver con la estructura, con las funciones y con los recursos del sistema.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, lo primero que quiero señalar es que en estos momentos hay cuarenta y cinco diputados en la Sala y más de cien diputados ausentes. Aunque no voy a reclamar el quorum, creo que el país debe saber que al final de la sesión habrá más de cien diputados votando sin saber lo que votan y sin darse cuenta del daño que hacen cuando emiten su sufragio sin el debido conocimiento de los proyectos que se están debatiendo.

En relación con la iniciativa en debate, me he opuesto tenazmente a este traspaso y a esta indemnización. No es razonable y no es justo, por la memoria de las víctimas del Sename, que el Estado tenga que indemnizar a los trabajadores que, por acción u omisión, han sido responsables de abusos físicos, psicológicos y sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.

Es insólito, más aún después de que en diciembre de 2018 la Policía de Investigaciones, luego de realizar un levantamiento en el ciento por ciento de los recintos del Sename, en particular en los administrados por el Estado, elaboró un informe en cuya página 240 señala lo siguiente:

“En tal caso, es posible afirmar que en el 100 % de los centros que administra el Estado a través del Servicio Nacional de Menores, se han registrado -de manera permanente y sistemática acciones que lesionan gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes dependientes de tales centros, en tanto, presentan -durante los últimos añosregistros que dan cuenta de maltrato (físico y psicológico) y abusos sexuales”. “…en el 100 % de los centros” continúa la PDI“de administración directa, esta vulneración de derechos responde a un maltrato intra-residencial,” -¡dentro de las residencias!“siendo los propios funcionarios, en su mayoría bajo la figura del Educador de Trabajo Directo (ETD), quienes han sido acusados por los residentes…”.

A estas personas se les va a trasladar a los nuevos servicios creados y a estas personas, además, el Estado les va a indemnizar, porque hay que defender los derechos de los trabajadores. ¿Alguien ha recordado siquiera los derechos de los niños, niñas y adolescentes muertos en una década? Los 1.313 niños muertos, que no son los mismos del ciento por ciento de los abusados a que hizo referencia la PDI, porque ese ciento por ciento de los abusados, en la totalidad de los recintos de administración directa que estamos premiando con una indemnización, corresponden solo a 2017. No están en el período investigado anteriormente.

¿Qué pasó con este informe que tengo en mis manos? Este informe fue guardado, fue escondido por el fiscal nacional. El fiscal a cargo de la investigación, Marcos Emilfork , tuvo que renunciar para dar una señal de molestia por los abusos a los niños por parte del Estado. Ocurrió lo mismo con el fiscal Emiliano Arias , a dos semanas de formalizar a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz por circunstancias similares.

Entonces, ¿dónde está la vocación de poner primero a los niños, si se van a seguir haciendo las mismas cosas en los nuevos servicios, porque se va a trabajar con los mismos organismos colaboradores? Pero no solo eso, sino que se va a trabajar con los mimos funcionarios que, por acción u omisión, como señala la PDI, han sido autores, cómplices o encubridores de delitos graves, de corrupción, de abuso sexual infantil, de explotación sexual infantil, de violaciones y de muertes.

¿Alguien me podrá decir que es razonable que el Estado, del cual también formamos parte, después de haber verificado esta horrorosa realidad, premie a estos “funcionarios” indemnizándolos o traspasándolos al nuevo servicio? Se echa por tierra todo lo dicho respecto de la infancia, se echa por tierra todo el trabajo que ha hecho la Cámara de Diputadas y Diputados durante una década.

Señor Presidente, estoy haciendo -se lo transmito con mucha sinceridadun enorme esfuerzo de contención, porque he sido receptor personal de muchísimos de los dramas que dieron origen a la creación de estos dos servicios. Y se han creado para nada -¡para nada!-, porque quien sigue haciendo lo mismo con los mismos no tiene otro destino que obtener los mismos resultados. ¡Eso es dramático!

A los presentes les pido que tengan cuidado con esta votación; no carguen en sus conciencias con los futuros abusos, que van a ocurrir. A los que van a votar sin haberme escuchado les digo que tendrán que asumir la misma responsabilidad, porque no la han asumido nunca.

Por último, espero que alguna vez -¡alguna vez!sea realidad aquello de que los niños van a ser la primera prioridad…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, primero quiero contextualizar este debate, porque después de haber escuchado algunos discursos pareciera que estuviéramos reformando el Sename o llevando adelante la modificación de toda la política de infancia y adolescencia, cuestión que no es así. Eso ya lo discutimos en el respectivo proyecto. El Sename termina el 1 de octubre y nace una nueva institución: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, materia que ya es ley y que entra en vigor el 1 de octubre. Esto se complementa con el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que actualmente se encuentra en discusión en el Senado -la Cámara de Diputados despachó la iniciativa a la Cámara Alta, donde se encuentra cumpliendo su tercer trámite constitucional-, y esperamos que lo apruebe pronto. Y termina de complementar esta materia el proyecto que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, que ojalá vea la luz antes del 1 de octubre, porque allí se encuentran el corazón y el alma de lo que será la nueva institucionalidad que atenderá a los menores vulnerados en sus derechos y a los transgresores de ley.

Ahora bien, esta iniciativa en particular no aborda tales materias, porque ya las definimos. Me habría encantado -lo reitero que hubiéramos zanjado primero la ley de garantías, porque necesitamos poner este corazón, esta alma en toda la política de infancia en nuestro país. Pero los tiempos parlamentarios y los tiempos del Ejecutivo han sido otros; se han preocupado de dar prioridad a otros proyectos y no a este, que me parece fundamental.

Entonces, ¿qué estamos discutiendo hoy? Que dentro de este proceso de cambio de institucionalidad no se traspasará a todos los funcionarios que actualmente trabajan en el Sename, o -pareciera que queda esa impresión no lo serán de pleno derecho. Se harán procesos de evaluación a los funcionarios, se crearán nuevos perfiles para la nueva institucionalidad, y aquellos que cumplan con los perfiles y ganen los concursos serán traspasados. Quienes no cumplan con todo lo anterior -tengan la seguridad de que así será con todos aquellos casos dramáticos que comentó el diputado Saffirio y que creo que todos conocemos no serán traspasados.

Entonces, ¿qué sucederá con esos trabajadores no traspasados? La ley establece que aquellos funcionarios de planta que cesan en sus funciones por la extinción del servicio tienen derecho a una indemnización hasta por seis meses.

Además, en la ley de reajuste del año 2018 nosotros regulamos una indemnización especial para aquellos funcionarios que se desempeñaban en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread). Y en este proceso de transformación de esas residencias especializadas, les dijimos: “¿Saben qué? Aquellos funcionarios que trabajan en los Cread, dede planta o a contrata, tienen un derecho a indemnización con un tope de hasta once meses”.

Entonces, hoy tenemos situaciones jurídicas diversas para los funcionarios del Sename: una para los trabajadores de los Cread, otra para aquellos que laboran en planta, y quedaban los funcionarios a contrata, que son la generalidad en ese servicio.

Al respecto, debo reconocer que, efectivamente, muchos de los gremios -no todosparticiparon en este proceso de discusión. Y lo que estamos haciendo hoy día es decirles: “¿Saben qué? Todos aquellos funcionarios que cesen en sus funciones tienen derecho a una indemnización”. O sea, a los trabajadores que no continúen prestando servicios, ahora en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o en las otras instituciones creadas sobre la materia, les estamos diciendo que tienen derecho a una indemnización, que será igual a la de todos los trabajadores, con un tope de once meses. ¡Eso es! ¡Así de simple!

Por esa razón, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó este proyecto por mayoría de votos, como así también lo hizo la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto, solicito a la Sala que aprobemos rápidamente esta iniciativa, que reconoce un derecho laboral a aquellos funcionarios del Sename que no serán traspasados a los nuevos servicios sucesores legales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En cuarto lugar, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán siete minutos a las bancadas que tengan dos o más comités y cinco minutos a las que tengan solo uno.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 26ª de la presente legislatura, en miércoles 28 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, el proyecto surge de una moción que presentamos junto con el diputado Ramón Galleguillos , representante de la Región de Tarapacá, y lo hicimos porque en el norte del país, especialmente en las regiones de Antofagasta y de Tarapacá, hablar de contrabando de tabaco y de estupefacientes es hablar de crimen organizado. No se trata solo de los impuestos que el país dejó de recaudar, sino de otros delitos asociados a esta actividad, como el tráfico de armas y la trata de personas.

El proyecto se encuentra en su tercer y último trámite constitucional, por lo que si hoy lo despachamos, quedará a un paso de transformarse en ley de la república, lo que, a mi juicio, es urgente y necesario.

¿Qué busca el proyecto? Establecer el aumento de penas al contrabando y mejorar las herramientas para la persecución de este delito, tanto por parte del Ministerio Público como del Servicio Nacional de Aduanas.

La iniciativa ha tenido una larga discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y contó con la intervención del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, la que aprovecho de agradecer. Hubo varias modificaciones al proyecto, como, por ejemplo, el ejercicio de la renuncia de la acción penal.

Entre las modificaciones más importantes, cabe destacar aquella que repone la facultad del Servicio Nacional de Aduanas de sancionar con multas los contrabandos de mercancías sujetas a tributación especial por montos menores, mediante el ejercicio de la renuncia de la acción penal. De esa forma, la modificación legal ayudará a desbaratar las bandas que se dedican al contrabando de cigarrillos, especialmente, en el norte del país. Asimismo, permitirá disminuir los daños a la salud que provoca la mercancía ilegal, así como la evasión tributaria que se genera por el no pago del impuesto al valor agregado (IVA), aranceles e impuestos específicos de los productos ingresados ilegalmente al país.

A nuestro juicio, lo más importante es el sinfín de delitos que lleva aparejado el contrabando y que, muchas veces, quedan postergados, porque no es ese el delito que se persigue y menos el que se logra sancionar. Por lo tanto, terminan impunes, situación que no podemos seguir aguantando.

A pesar de ser uno de los objetivos y una de las consecuencias de la modificación legal, no me referiré a los ingresos que el Estado deja de percibir, sino a la situación que hemos venido arrastrando en nuestras regiones, donde, lamentablemente, todas las semanas se comete este tipo de delitos. Reitero, con esta modificación legal, esperamos disminuir los ilícitos y entregar mayores herramientas para la persecución de estos, tanto al Ministerio Público como al Servicio Nacional de Aduanas.

Señor Presidente, por su intermedio, hago un llamado para que podamos despachar el proyecto, que lleva varios meses en tramitación, con lo cual también daremos respuesta a un problema que afecta a las regiones, particularmente a las del norte del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar, en forma conjunta, los siguientes proyectos de acuerdo: el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Colombo, el 7 de diciembre de 2017 (boletín N° 14181-10); el que aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en Colombo, Sri Lanka , el 5 de diciembre de 2017 (boletín N° 14182-10); el que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018 (boletín N° 1418310), y el que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018 (boletín N° 14184-10).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, estos proyectos de acuerdo se votarán con la rendición de un solo informe y sin debate.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Miguel Ángel Calisto .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 22 de este boletín de sesiones.

-Mensaje, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.

-Mensaje, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 20 de este boletín de sesiones.

-Mensaje, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 19 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CALISTO (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar los proyectos de acuerdo que aprueban el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Colombo, Sri Lanka , el 7 de diciembre de 2017; el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en Colombo, Sri Lanka , el 5 de diciembre de 2017; el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018, y el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018.

Señalan los mensajes que los proyectos de acuerdo en informe corresponden a acuerdos bilaterales de servicios y/o transporte aéreo, cuya celebración obedece a la política aerocomercial de Chile y que tiene como fin conseguir la mayor apertura con los demás países, en especial en lo relacionado con los derechos de tráfico, libre ingreso a los mercados, libertad tarifaria y mínima intervención de la autoridad.

Para el estudio del proyecto, la Comisión recibió, de manera telemática, al señor Rodrigo Yáñez Benítez , subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, acompañado de la señora María Helena Lee , jefa de la División de Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), y a los señores Martín Mackenna Rueda y David Dueñas Santander , secretario general y jefe del Departamento Legal de la Junta de Aeronáutica Civil, respectivamente.

En la ocasión, el señor Yáñez señaló que los acuerdos en informe dan cuenta del cumplimiento de la política aerocomercial del país, que propone una posición, en general al resto del mundo, de apertura de cielos, que incluye la construcción de libertades del aire, además de un sistema de designación de empresas aéreas que favorecen la inversión extranjera.

Asimismo, expresó que en la actualidad no existe un marco jurídico que regule el transporte aéreo entre Chile y otros Estados, y que este tipo de acuerdos viene a sentar las bases legales para el otorgamiento de derechos de carácter económico entre los Estados, y que derivan del ofrecimiento de servicio público de transporte internacional. Por lo tanto, para el desarrollo de Chile es fundamental, tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga, pues permite ampliar las redes del país, incluyendo no solamente los vuelos directos, sino también los vuelos con escala y aquellos operados con código compartido.

Dado lo anterior, el subsecretario sostuvo que estos instrumentos de política aerocomercial son fundamentales para la conectividad de chile con el resto del mundo.

Por su parte, la señora Lee , jefa de la División de Servicios y Economía Digital de la Subrei, señaló que el acuerdo con Turquía, suscrito en Colombo, el 7 de diciembre de 2017, conectaría a Chile con Estambul, uno de los principales hubs a nivel mundial. Además, permitirá la operación regular de Turkish Airlines, uno de los principales transportistas aéreos de pasajeros y de carga del mundo.

Finalmente, el acuerdo contempla los derechos de tráfico de primera libertad del aire, segunda libertad del aire, tercera libertad del aire, cuarta libertad del aire, quinta libertad del aire y sexta libertad del aire.

Respecto del acuerdo con Qatar, suscrito en Colombo, Sri Lanka , el 5 de diciembre de 2017, la señora Lee explicó que, del mismo modo, conectaría a Chile con otro de los principales hubs a nivel mundial. Además, permitirá la operación regular de Qatar Airways, uno de los principales transportistas aéreos de pasajeros y de carga del mundo. Finalmente, que el acuerdo contempla los derechos de tráfico de primera libertad del aire, segunda libertad del aire, tercera libertad del aire, cuarta libertad del aire, quinta libertad del aire, sexta libertad del aire, séptima libertad del aire, octava libertad del aire y novena libertad del aire.

En el caso de Finlandia, la señora Lee informó que este acuerdo suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018, sería el más abierto que Chile habría alcanzado con un Estado miembro de la Unión Europea, permitiendo un número ilimitado de operaciones hacia Europa, a diferencia de las restricciones al número de vuelos semanales que existen actualmente con otros países de la Unión Europea. Lo anterior podría generar las bases para acuerdos similares con otros países vecinos, incluyendo Alemania , Francia o España, o incluso para un acuerdo global con la comunidad europea.

Por último, respecto del acuerdo con la República Checa, la jefa de la División de Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, señora María Helena Lee , hizo presente que, al igual que el anterior, permitiría un número ilimitado de operaciones hacia Europa, a diferencia de las restricciones al número de vuelos semanales que existen actualmente con otros países de la Unión Europea.

Por último, hizo presente que ninguno de estos acuerdos impone limitaciones a los servicios aéreos en cuanto a rutas, frecuencias ni tipos de aeronaves, sean propias o arrendadas, que puedan prestarse para una mayor flexibilidad de operación.

En aras del tiempo y por encontrarse latamente expuesto en los informes que tienen los señores parlamentarios en sus pupitres electrónicos, no me referiré a la estructura ni al contenido de cada uno de ellos.

Estos acuerdos fueron sometidos a votación en general y en particular. Los proyectos se aprobaron por 11 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones. Votaron a favor la diputada Francesca Muñoz y los diputados Gabriel Ascencio , Miguel Ángel Calisto , Tomás Fuentes , Carlos Abel Jarpa , Issa Kort , Vlado Mirosevic , Cristhian Moreira , Jaime Naranjo , Diego Schalper y Pablo Vidal .

Por último, me permito hacer presente a la Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en los proyectos de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la honorable Cámara de Diputados aprobar dichos instrumentos, para lo cual propone adoptar los artículos únicos de cada uno de los proyectos de acuerdo, cuyos textos están contenidos en los informes que mis colegas tienen en su poder.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.