Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que modifica las leyes Nos 21.247 y 21.260, para regular los criterios de los beneficios que otorgan sobre licencia médica preventiva parental y teletrabajo, contenido en el boletín No 14171-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgaran cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señorita Maite Orsini .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 32ªde la presente legislatura, en martes 18 de mayo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 35.

-El primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se rindió en la sesión 28ª de la presente legislatura, en martes 4 de mayo de 2021.

La señorita ORSINI , doña Maite (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas Gael Yeomans Araya , Marcela Sandoval Osorio , Alejandra Sepúlveda Orbenes y quien les habla, y de los diputados Marcelo Díaz Díaz , Tomás Hirsch Goldschmidt , Tucapel Jiménez Fuentes y Gastón Saavedra Chandía , que modifica las leyes Nos 21.247 y 21.260, para regular los criterios de los beneficios que otorgan sobre licencia médica preventiva parental y teletrabajo, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, de conformidad con los dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto consiste en extender en su aplicación temporal los beneficios otorgados mediante la dictación de las leyes Nos 21.247 y 21.260, referidas a los permisos maternales de las mujeres en el periodo de la pandemia causada por la enfermedad del coronavirus.

Luego de escuchar la opinión de expertos, de las autoridades y representantes de la sociedad civil invitados a las sesiones, procedimos a su votación en general, resultando aprobada por la unanimidad de las diputadas presentes, por 10 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. En tanto, coincidieron en la urgencia del problema que la moción regula, siendo la única propuesta de solución concreta, después de meses de incertidumbre.

Durante la discusión particular se aprobaron dos indicaciones presentadas por la diputada Gael Yeomans , que buscan explicitar la intención de incluir como beneficiarias de la presente moción a todas aquellas madres que ya utilizaron la licencia preventiva parental por los noventa días originales, para que ahora puedan usar el tiempo que resta al nuevo plazo que se confiere, es decir, sesenta días más.

Además, se elimina la exigencia de que los períodos de las licencias sean continuos, para que aquellas madres que retornaron a sus trabajos puedan ocupar la licencia por los sesenta días restantes.

La Sala de la Corporación, al conocer el informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, aprobó en general el texto propuesto por esta por unanimidad, por 131 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, presentándose una indicación por parte del Presidente de la República, lo que dio lugar a este segundo trámite reglamentario.

En sesión número 111ª, del 6 de mayo de 2021, se sometieron a una única votación las indicaciones presentadas por el Presidente de la República, las que fueron rechazadas por la unanimidad de las nueve integrantes de la comisión presentes. Fundamentalmente, fueron rechazadas por no tener carácter universal, ya que dejaban fuera del beneficio a las trabajadoras independientes y a las funcionarias públicas.

En la misma sesión, quien informa presentó una indicación para modificar en la letra b) del numeral 1) del artículo 1° el guarismo “4” por “5”, la que fue aprobada por la mayoría de las nueve diputadas presentes: seis votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

El subsecretario general de la Presidencia, señor Máximo Pavez , estimó que la indicación parlamentaria presentada incidía en materias propias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que hizo reserva de constitucionalidad respecto de ella.

En consecuencia, el texto propuesto y aprobado por esta comisión, y que se recomienda aprobar a la Sala de esta honorable Cámara de Diputados, consta de tres artículos y un artículo transitorio, que modifican la ley N° 21.247, el artículo 202 del Código del Trabajo y la ley N° 21.260, respectivamente, según se expresa en el segundo informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Reitero a todos los jefes de bancada que, con excepción de un diputado, no hay nadie más inscrito para el debate de esta iniciativa.

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, daría risa si en cada uno de estos proyectos hombres y mujeres de esta Sala intentaran incubar la ideología del feminismo. Pero, sencillamente, el feminismo no es para la risa, sino que, como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es tremendamente peligroso. Nada tiene que ver con el feminismo del Renacimiento, aquel que se preocupaba de dar un espacio a la mujer, que es el mismo espacio que todos queremos: en igualdad de condiciones, con respeto, con cariño, entendiendo que la mujer es el pilar de un hogar, el pilar de una sociedad. El feminismo que intentan implementar en esta Sala y en todo el país tiene que ver con el feminismo marxista y socialista.

Ideas feministas tuvieron la oportunidad de ser implantadas en la Unión Soviética allá por el año 1917 y, según ellas, la propiedad privada dio origen al patriarcado, su fantasma favorito.

La abolición de este régimen del patriarcado debiese haber traído la “liberación de la mujer” en los países comunistas; pero basta leer la historia o a Mijail y August Stern para entender que así no fue. Muy por el contrario, es justamente esta ideología la que destruyó y permitió que la mujer viviera su peor época.

Este proyecto no defiende roles; lo que hace es resaltar la unión perfecta que existe entre la mujer y el hombre, resguarda a cada uno de ellos y sus relaciones más próximas.

¿Por qué insisten en las luchas sexuales? Porque, desde siempre, Marx y Engels pretendieron destruir la institución de la familia, cualquiera que esta sea. Y, por supuesto, esto se agrava con el pasar del tiempo. Basta con que las mujeres y los hombres de este Congreso que defienden tanto el feminismo lean, alguna vez, libros como El segundo sexo, Un sitio para el Eros alado, o cualquier escrito de Kate Millett y no repitan como loros “patriarcado”, “machismo”, en fin.

Por supuesto que el machismo no es algo bueno, y todos deberíamos estar en contra de él; pero en el ADN masculino no está inserta la violencia.

No solo existen mujeres como las que definen algunos escritores feministas; también existen mujeres que priorizan la maternidad.

La verdadera igualdad se consigue educando y dando oportunidades, como lo hace este proyecto, en el respeto entre el hombre y la mujer, no adoctrinando en la desigualdad.

Sería bueno que, de una vez por todas, esta Cámara y este país entendieran que esta ideología marxista socialista, que tiene que ver con el neofeminismo, terminará destruyendo los pilares básicos de cualquier sociedad.

No permitamos más que proyectos como este, que buscan oportunidades, que buscan poner en igualdad al hombre, a la mujer, a la familia, sean de alguna forma destruidos por esta ideología tremendamente perversa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, la verdad es que me habría gustado que hoy día estuviéramos en otra posición frente a este proyecto, que ha tenido una larga tramitación, a pesar de que se trata de un tema bastante urgente.

Dada la continuidad de la pandemia, hay muchas mujeres que se han visto en una disyuntiva: seguir en su trabajo o cuidar a su hijo lactante, algo que es tremendamente complejo, dado que ha afectado muchísimo la empleabilidad de las mujeres. Hemos retrocedido al menos una década en la materia, y eso será muy muy difícil de recuperar, ya que hoy ya existen estudios que dicen que al menos el 90 por ciento de las mujeres que han dejado o han tenido que dejar su trabajo formal no lo recuperarán en el corto tiempo.

Pero aquí estamos hablando de maternidad, del posnatal de emergencia, que hace poco tiempo se solucionó con una licencia médica preventiva parental. Y la necesidad de la extensión de dicho beneficio nace de la continuidad de la pandemia.

Lamentablemente, no llegamos a acuerdo, aunque estuvimos a punto de lograrlo.

Quiero ser justa con el Ejecutivo, con mi gobierno. Tuvimos varias reuniones, pero por desgracia no llegamos a acuerdo en un problema que es razonable solucionar, pues de alguna forma se produce una discriminación entre las mujeres, porque hay un tope en el pago, de acuerdo con el seguro de cesantía, para las trabajadoras del servicio público versus las del mundo privado, y la idea es tratar de solucionar eso.

Como señalé, lamentablemente, no llegamos a acuerdo. Por eso, hoy vamos a votar el proyecto original, y tendrá que seguir su tramitación. Espero que esta situación se solucione en el Senado lo antes posible, porque es muy muy urgente.

Pero quiero ser justa. No se puede decir que el gobierno, a través de la subsecretaria María José Abud y de los subsecretarios Pedro Pizarro y Máximo Pavez , no concurrió a una universalidad. Tal vez no era lo que nosotros queríamos, pero llegamos a una universalidad.

En un principio estaban fuera las madres trabajadoras de los servicios públicos, desde las Fuerzas Armadas en adelante. Logramos esa universalidad, pero debemos terminar con la señalada discriminación, que implica una diferencia en el presupuesto que aún no tenemos claro a cuánto ascendería.

Ojalá que este proyecto siga adelante, que se mejore en el Senado y vuelva lo antes posible a la Cámara, porque son muchísimas las mujeres que están muy interesadas en saber qué va a pasar con esto, dado que se hallan en esa tremenda disyuntiva: dejar su trabajo o dedicarse al cuidado de sus hijos.

Como Estado, debemos hacer todos los esfuerzos para que esas mujeres no tengan que decidir eso, que puedan volver a sus trabajos o quedarse con sus niños.

Cualquiera que sea la decisión, me parece tremendamente injusto que carreras profesionales, algunas con más preparación, otras con menos capacitación, se vean truncadas a la larga por una externalidad tan potente como puede ser una pandemia.

Por eso, el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles para que las mujeres no sigan pagando el costo de esta pandemia, puedan recuperar su empleabilidad y además no salgan a trabajar con la angustia -todas las que estamos acá conocemos ese sentimiento que genera la inseguridad, el no saber que nuestros hijos, y en este caso en concreto, nuestros lactantes, no están bien cuidados y protegidos. Así que espero que esto no termine acá.

Es efectivo que este es un proyecto complejo que irroga gastos, razón por la cual el Ejecutivo se involucró en algún momento para darle su apoyo, pero aún nos falta resolver un pequeño detalle, que en realidad no es tan pequeño, porque tiene que ver con presupuesto, el cual espero que se solucione lo antes posible en el Senado.

Insisto en que esto no puede esperar, porque se necesita para ahora, pues son decisiones que se están tomando en este minuto. Son muchas las mujeres que están expectantes del resultado de este posnatal de emergencia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, qué bueno que ya estamos en la discusión particular de este proyecto, por cuanto el asunto de las licencias médicas no solo ha sido doloroso, sino también escandaloso.

¿Cómo es posible que cuando un trabajador o una trabajadora están enfermos, por la razón que sea, el trámite burocrático de su licencia médica sea tan largo, tan engorroso?

¿Cómo es posible que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez ponga en duda la firma del facultativo que, en uso de sus atribuciones, otorga una licencia médica?

Lo que ha estado ocurriendo es que no solo se da esa condición, sino que, además, el pago de la licencia médica llega al trabajador o trabajadora tres, cuatro o cinco meses después.

¿Cómo vive una persona que no está recibiendo el sueldo de su empleador si la licencia médica no pone soporte en esta condición de pandemia? ¿Cómo lo hace?

Hace unos días, los propios trabajadores de la salud, de los cuales aproximadamente un tercio ha estado con licencia médica por contagio de covid al interior de los recintos de salud, sean hospitales o establecimientos de atención primaria, se quejaron de que las mutualidades ya no solo la Compín están cuestionando y retrasando el pago de las licencias médicas.

En definitiva, lo que busca este proyecto es asegurar que el trabajador o la trabajadora tengan esa posibilidad, pero particularmente la trabajadora embarazada, con el objeto de que se le permita cumplir sus funciones a través de la modalidad de teletrabajo, dado que es una persona que está gestando, que espera a un nuevo ser y que no solo necesita mimos y cuidados, sino también alejarse de un posible contagio.

Debemos aprobar este proyecto, porque ha tenido mejoras. Llamo a la Sala a que resolvamos rápido, ya que no es posible seguir extendiendo este debate.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, lamentablemente, no hay caso.

No se entendió, no se escuchó a tiempo.

Seguimos sin comprender por qué, a pesar de que el gobierno enfrenta la peor debacle electoral en cincuenta años, no avanzamos rápidamente en este proyecto.

Creo genuinamente que la institucionalidad demuestra su podredumbre cuando, por defender un ego inútil, se es capaz de arriesgar y exponer a niñas y a niños a la posibilidad de que enfermen.

Ayer, muchas madres se manifestaron afuera de La Moneda, porque llevan meses sin respuestas. Entonces, lo mínimo es que hoy, frente a esta urgencia, se actúe rápidamente, y para eso hay que aprobar este proyecto de ley.

Si el gobierno tiene una indicación, respecto de la cual mantendremos diferencias, que la vuelva a presentar en el Senado, pero seguir con el cuestionamiento de la inconstitucionalidad, de la inadmisibilidad del proyecto de ley, sin avanzar en su contenido, es una irresponsabilidad tremenda, que le cuesta caro a las familias del país.

Me parece de una mínima decencia que el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda , esté presente en la Sala, pero, lamentablemente, no estuvo presente durante todo el resto del trámite legislativo; de hecho, fueron los subsecretarios los que generaron la conexión con las parlamentarias de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

Saludo el esfuerzo que hicieron las parlamentarias, quienes de manera unánime aprobaron constantemente el proyecto de ley para que avanzara, demostrando disposición al diálogo. Pero hoy, lamentablemente, a este proyecto de ley no se le ha puesto urgencia.

No llegamos a tiempo, pero, por ahora, tenemos la obligación de, al menos, aprobar este proyecto de ley; es lo mínimo que se puede pedir.

Se han hecho modificaciones y espero que en el Senado se apresure el paso, porque no podemos seguir poniendo en riesgo la salud de las familias de Chile, de bebés que están en la calle por la irresponsabilidad brutal y manifiesta de esta desastrosa administración.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, se levantó una demanda esencial y apremiante desde las organizaciones por el cuidado de niñas, niños y adolescentes, las que, para mantener su desarrollo multidimensional, solicitaron la extensión del posnatal de emergencia, debido a las dificultades que presenta la pandemia para conciliar los cuidados y trabajos luego del término de la vigencia de noventa días de la licencia médica preventiva parental por covid-19.

Son miles de madres y padres los que han esperado una respuesta a sus necesidades; sin embargo, para este gobierno no son relevantes ni apremiantes esas realidades, pues prefieren dilatar las discusiones y atrincherarse en su posición, obviando totalmente las necesidades expuestas desde el año pasado.

A través de la diputada Karol Cariola , dijimos, durante la tramitación del proyecto de ley sobre crianza protegida, que la ley del trabajo para las mujeres embarazadas y el subsidio no protege ni resuelve la demanda de miles de familias en torno a los cuidados de sus hijas e hijos durante la alerta sanitaria por covid-19. Al respecto, el Ejecutivo solo señala que el proyecto presenta problemas de admisibilidad, y la indicación que presentó contenía una fórmula avanzada en la ley de protección al empleo, que es insuficiente y distinta para los efectos del proyecto que estamos discutiendo en este momento.

En la Comisión de Mujeres y de Equidad de Género tuvimos la voluntad de avanzar en favor de las mujeres y de sus hijos e hijas, y buscamos llegar a un acuerdo, por lo que solicitamos eliminar el requisito de que no se consideren esenciales las labores para acceder a la suspensión del contrato de trabajo y que se aplique el monto tope de remuneración bruta de 122,6 UF en el bono establecido para todas las trabajadoras y todos los trabajadores, por considerarse discriminatorio.

Es así que el proyecto aprobado por la comisión presenta solo una modificación, que consiste en la extensión del plazo hasta 180 días, manteniendo el espíritu de resguardar la situación de madres y padres que ven como única posibilidad el contar con una nueva extensión de la licencia médica preventiva parental, al objeto de tener la opción de mantener el trabajo a distancia ante el inminente riesgo de contagios, debido a los niveles críticos que ha alcanzado la pandemia en nuestro país.

Si el año pasado se extendió la licencia de posnatal de emergencia a raíz de que continuó la pandemia, hoy amerita volverla a extender, pues hay más de setenta mil familias que no pueden seguir esperando una respuesta satisfactoria de parte de un gobierno que no cede ante esta necesidad.

Llamo a aprobar este proyecto de ley, porque es lo mínimo que se puede hacer en este momento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos tratando releva una situación sanitaria de la que hemos hablado en distintas oportunidades en relación con el cuidado de las personas y la prevención.

El hecho de que haya terminado la vigencia de la licencia preventiva parental, que el gobierno había determinado a raíz de la situación de catástrofe, nos demuestra que, desde el punto de vista sanitario, no es la decisión más adecuada, porque la alerta sanitaria continúa.

Con este proyecto se busca corregir esa situación, de manera que el posnatal de emergencia esté ligado a la alerta sanitaria por la covid, situación que se puede prolongar mucho más allá del estado de catástrofe e, incluso, más allá de este año. Ese es el objetivo principal del proyecto: que el beneficio no esté ligado solo al estado de excepción constitucional de catástrofe.

Por otro lado, también se busca facilitar, como medida preventiva, el teletrabajo en el caso de las trabajadoras que están embarazadas. Por eso, no se entiende que, a veces, se intente bloquear este tipo de proyectos o desnaturalizar su objetivo, que no es otro que la protección de la familia y de la maternidad, colocando a los niños primero en la fila, como señala el propio programa de gobierno del Presidente de la República.

Es necesario escuchar a las madres. En los últimos años ha habido muchas quejas de la ciudadanía en el sentido de que no son escuchadas sus necesidades. Al respecto, en las votaciones realizadas el pasado fin de semana tuvimos una demostración flagrante de la forma como la ciudadanía marcó distancia respecto de las políticas públicas que está implementando la actual administración.

Esta iniciativa se hace cargo de una medida preventiva, en medio de una situación sanitaria que todos los médicos sabemos que no será fácil de controlar en los próximos meses y que, probablemente, durará hasta el año que viene. Están apareciendo muchas variantes del virus; conforme aparezcan, aumentará más el riesgo para las embarazadas, los trabajadores y todas las personas que deban permanecer en lugares cerrados, en situaciones de hacinamiento, o que deban atender público. Además, por supuesto, los recién nacidos también enferman e, incluso, algunos fallecen por la covid-19. A ello debemos agregar que algunas vacunas presentan problemas para controlar las nuevas variantes del virus.

Entonces, debemos hacernos cargo preventivamente de una situación que puede afectar a la ciudadanía en el largo plazo. Este proyecto específicamente busca prevenir el daño que pueda sufrir la mujer embarazada y el fruto de la concepción.

Por ello, lo votaré favorablemente, y espero que la Sala también lo apruebe. Asimismo, espero que el Senado incorpore los artículos que hoy no están incluidos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, en verdad creo interpretar a un número no menor de parlamentarios de mi bancada, si no al ciento por ciento de ellos, al afirmar que concurriremos con nuestro voto favorable a la aprobación de esta iniciativa, porque estamos conscientes de que frente a situaciones especiales se deben aplicar medidas especiales.

Debido a que los efectos de la pandemia han dejado a muchas personas en situaciones muy complejas, debemos legislar para protegerlas. En este caso en particular, se trata de un proyecto que fortalecerá a las familias para que puedan enfrentar mejor los efectos de la pandemia.

Si decimos que los niños están primero, este proyecto apunta en esa dirección y, de igual modo, apunta a fortalecer la maternidad, algo que debe ser un objetivo prioritario en estos tiempos.

Por ello, anuncio con mucho entusiasmo mi voto favorable y, reitero, creo interpretar a un número no menor de diputados de mi bancada que también votarán favorablemente. La bancada de la UDI apoyará con mucho entusiasmo todo lo que ayude a fortalecer la familia, a fomentar la maternidad y, sobre todo, el cuidado de los niños.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra al diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a las integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género por el trabajo que transversalmente han realizado, porque, a pesar de los compromisos del gobierno y de la presentación de propuestas alternativas, finalmente todas las propuestas del gobierno han resultado insuficientes, pues no se hacen cargo del tema de fondo que es proteger a los hijos y las hijas y a sus mamás.

Por cierto, hubo disposición a buscar acuerdos para llegar a alguna fórmula que permitiera aunar voluntades entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero el gobierno se quedó corto. Por eso, resulta inexplicable que esta sea la única política para hacer frente a la pandemia, cuya vigencia no ha sido extendida.

Cuando pidieron nuestro respaldo y nuestros votos para la extensión de la vigencia del estado de catástrofe, se planteó que eso permitiría, entre otras cosas, extender la vigencia de las medidas de apoyo a los chilenos y chilenas para hacer frente a la pandemia, pero la vigencia de esta medida en particular no se ha extendido.

Al gobierno le tomó muchos meses entender que el posnatal de emergencia era una necesidad real de las familias, de las mujeres, de los niños y de las niñas. Fueron necesarios cuatro meses para llegar al posnatal de emergencia que hoy está vigente, y ahora llevamos semanas conversando con el gobierno para extender su vigencia por sesenta días más.

No se entiende que el Presidente diga que escucha a la gente, que se hace cargo de que no se está sintonizando con las necesidades de la ciudadanía, pero, al mismo tiempo, cuando se trata de tomar una medida tan concreta y simple como la que aquí se está proponiendo y que votaremos hoy, no la apoye.

Esta medida, que simplemente extiende la vigencia de una política pública que el gobierno nos concedió en materia de posnatal de emergencia, podría haber sido despachada hace dos semanas, pero el gobierno pidió más plazo para traer una propuesta.

Entonces, si el gobierno no es capaz de entender, en el tiempo que le queda, que tiene que ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema, viviremos meses muy difíciles y muy complejos, porque tendremos que seguir convenciendo al gobierno, por la vía de los votos, de que estas medidas son urgentes e indispensables para ayudar a la gente.

Votaremos a favor el proyecto tal como lo despachó la comisión, porque es lo que las mujeres y sus hijos e hijas necesitan.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra al diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, también quiero partir felicitando a la comisión por el gran trabajo que desarrolló en defensa de las mujeres y de la maternidad.

Diariamente, a todos los parlamentarios nos llaman muchas mujeres, preocupadas por la extensión de esta medida, porque sienten desprotección en uno de los períodos más duros que nos ha tocado recorrer en los últimos cien años. Ellas se sienten indefensas al verse obligadas a volver a sus lugares de trabajo, dejando en su casa a sus hijos menores de edad, lo que impone un nuevo martirio a las mujeres.

En una sociedad tan desigual y tan discriminadora, el Congreso Nacional puede dar una tremenda señal de apoyo.

Por eso, expreso mis felicitaciones por el trabajo desarrollado por la comisión. Sus integrantes fueron capaces de poner sobre la mesa y dar urgencia a un tema que hoy es prioritario.

La defensa de la maternidad no solo debe estar en los discursos, sino que debe expresarse en la acción, y hoy el Congreso Nacional y la Cámara de Diputadas y Diputados tienen la oportunidad de entregar una herramienta más en favor de la maternidad.

La bancada del Partido Socialista de Chile, con mucha alegría y con mucha fuerza, apoyará este proyecto de ley, porque estamos convencidos de que hoy las madres de nuestro país requieren mantenerse ellas y sus hijos, sobre todo en esta época de pandemia.

Anuncio desde ya que la bancada del Partido Socialista va a apoyar con mucha fuerza este proyecto de ley, el cual esperamos que sea despachado rápidamente por el Congreso Nacional y se convierta en ley de la república.

Quiero reiterar nuevamente los llamados al gobierno. Esto ya no es algo accidental. El gobierno, permanentemente, se ha restado de los procesos de discusión importantes que Chile hoy ha puesto sobre la mesa; se ha restado de avanzar en las discusiones con este Congreso Nacional, que ha estado siempre abierto al diálogo. Falta más diálogo.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al subsecretario, que acaba de salir, que necesitamos que el Ejecutivo, en estos últimos meses que le quedan de mandato, entre en sintonía con los requerimientos de Chile.

La clase política está en deuda con los chilenos. Es necesario generar sintonía fina, pero para eso necesitamos no un gobierno obstruccionista, como el que hoy tenemos, sino uno dialogante que ayude a que esos procesos avancen.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto da continuidad a una materia que, en primera instancia, debió ser examinada en una comisión mixta. Hay que recordar que cuando por primera vez se discutió la posibilidad de entregar permisos maternales durante el periodo de pandemia, el gobierno quiso enviar la iniciativa al Tribunal Constitucional. Sin embargo, finalmente primó la cordura para dar una salida a muchas madres y a muchos padres, pensando en la salud de los hijos e hijas y del que está por nacer.

El proyecto busca una salida para las madres a las que se les vence el posnatal. Si bien el Ejecutivo llegó con una propuesta, la misma fue insuficiente y no pensó que estaba generando discriminación con la indicación que presentó. Intentamos resolver el problema en forma transversal; tuvimos toda la voluntad de hacerlo, pero no se nos permitió intervenir. Como parlamentarias no podemos tolerar que el Ejecutivo nos señale las formas y el procedimiento que debemos seguir para llevar a cabo nuestra función legislativa. Eso fue lo que trató de hacer al presentar una indicación y luego retirarla. Es el todo o nada.

En momentos en que esperábamos que hubiera claridad para tomar decisiones, pensando en algo tan sensible como la maternidad, el gobierno no estuvo disponible. Pretende que hoy votemos el proyecto original, pese a que esperamos meses para que ingresara su indicación. Cuando lo hizo, discriminó a mujeres del sector privado. ¿Qué deberemos hacer? Despachar el proyecto al Senado para que allá se repare ese aspecto. Lo que busca el Ejecutivo es dividir para gobernar. No hubo voluntad, y cuando la hubo, el gobierno retiró su indicación.

Repito: quien habla y las diputadas Maite Orsini , Gael Yeomans y otras, como la diputada Ximena Ossandón , tuvimos toda la disposición para resolver las discrepancias suscitadas en el transcurso del debate, pero el Ejecutivo no quiso allanarse.

Sin duda, vamos a aprobar el proyecto, pero lamentamos estas tratativas que intentan dividir aún más al país con un tema tan sensible como la maternidad. Muchas madres están esperando estas respuestas y ven con desolación lo que pasa con la clase política, que no pone a los niños ni a la maternidad en el centro de la preocupación, sino pequeñeces.

Vamos a aprobar este proyecto de ley, y esperamos que se corrija en el Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, obviamente, llamo a que, ojalá, apoyemos este proyecto en forma unánime. El mismo, que tuvo su origen en una moción, modifica las leyes N°S 21.247 y 21.260, para regular los criterios de los beneficios que otorgan sobre licencia médica preventiva parental y teletrabajo.

Agradezco de todo corazón a los diputados y diputadas que están a favor del aborto y se muestran preocupados de que esta iniciativa avance, porque involucra a padres y a niños que tuvieron la suerte y el privilegio de nacer. ¡Me parece espectacular! ¡Estoy muy contento! Qué bueno es escuchar en esta Sala a parlamentarios y parlamentarias que hacen llamados al gobierno respecto de esta materia. No me cabe duda de que aprobaremos la iniciativa con una gran mayoría y que el Senado la ratificará.

Repito: el proyecto me alegra principalmente por aquellos niños que tuvieron la suerte de nacer, cuyos padres actuaron en forma responsable y que hoy, por la pandemia, están complicados, ya que las licencias médicas se pagan tarde, mal y nunca. Este es un tema nacional. Hay muchas familias que llevan muchos meses, incluso años, reclamando debido a que sus licencias no son pagadas a tiempo y no se les permite vivir en forma digna.

Doy gracias a Dios, porque hoy la cordura está primando respecto de este tema. Qué bueno que estemos preocupados de esta materia, porque las familias, los padres y madres necesitan de recursos para alimentar y cuidar a sus hijos y requieren que el gobierno les dé una respuesta para que puedan trabajar en forma telemática.

Para mí es una grata sorpresa que parlamentarios que privilegian la vida de la madre según ellos, la madre es dueña de su cuerpo, no del que está por nacer apoyen el proyecto.

Hoy estamos planteando un tema que es de justicia. Por eso, gustoso, voy a votar favorablemente la iniciativa.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, la crisis sanitaria y económica que ha vivido el país ha dejado al descubierto muchas injusticias y desigualdades en diversas materias. Por cierto, el problema relacionado con las madres y la labor de cuidado de sus hijos nos hace conocer más que nunca esa realidad en toda su profundidad. Probablemente, todos estos hechos que están ocurriendo y todas estas transformaciones que estamos viviendo han llegado para quedarse.

El teletrabajo y, particularmente, el hecho de que las madres puedan permanecer más tiempo con sus hijos en sus hogares es de toda justicia, por lo que es necesario llevar a cabo todas las modificaciones para que ello ocurra.

Nosotros, los socialistas, vamos a apoyar este proyecto, porque siempre hemos estado a favor de las mujeres y de su protección, pero, principalmente, a favor de los niños y niñas, que necesitan estar cerca de sus madres, particularmente durante los primeros años de vida.

Ante la realidad que estamos viviendo, cual es que muchas salas cuna y jardines infantiles están cerrados, lo que limita la posibilidad de lugares donde los niños puedan quedarse, considero que lo que debatimos puede constituir una salida clara, precisa y justa para que los padres puedan permanecer cerca de sus hijos durante sus primeros años de vida para velar por su cuidado.

Con mucha alegría y convicción felicitamos el trabajo que han desarrollado quienes han impulsado la iniciativa, como también el trabajo realizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para hacer realidad y extender este beneficio.

Si bien es cierto que se trata de una medida transitoria, debemos empezar a pensar en el Chile del mañana, en el Chile que viene, donde, probablemente, el teletrabajo y la extensión del posnatal van a permanecer por mucho tiempo como parte de nuestro sistema económico y de nuestra sociedad.

Considero que todos los pasos que estamos dando hoy también se relacionan con la construcción de un nuevo Chile, donde exista mayor protección para las mujeres, mayor cuidado para los niños, y, de esa manera, desde la familia, comenzar a construir una sociedad mucho más justa y más igualitaria.

Esta crisis sanitaria y económica ha puesto al descubierto situaciones extremas de injusticia y desigualdad, donde hay gente que, lisa y llanamente, no está ni siquiera en condiciones de enfrentar el día a día. Lamentablemente -digámoslo con claridad-, el gobierno, en vez de sintonizar con las demandas y necesidades urgentes que tienen las madres, más que ayudar, muchas veces pone obstáculos y dificultades. Uno nunca logra entender a este gobierno, porque un día dice una cosa y, en los hechos y en la práctica, termina haciendo todo lo contrario.

Sin ir más lejos, el otro día el Presidente dijo que habían escuchado a Chile y que se habían equivocado mucho. Sin embargo, al día siguiente sus parlamentarios votaron en contra el proyecto de impuesto a los superricos.

¿Quién los entiende? ¿Quién entiende este diálogo que tratamos de establecer con el gobierno para avanzar en más justicia y más igualdad, puesto que, una y otra vez, recibimos verdaderos portazos que nos impiden avanzar en esa materia?

En consecuencia, con mucha alegría, los socialistas vamos a apoyar esta iniciativa legislativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini Pascal .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, la discusión sobre el posnatal de emergencia cuenta la historia de esta pandemia. Lamentablemente, es la historia de la indolencia de este gobierno y de los niños al final de la fila.

Es triste que haya una constante negativa en contra de la organización de las madres de Chile que, tal como la pandemia, comenzó en marzo del año pasado y nos acompaña hasta el día de hoy. Esta historia continúa y debe escribirse bien.

Durante meses advertimos sobre la necesidad de extender el posnatal de emergencia, pero no estuvieron disponibles a una solución en conjunto. Tuvimos que forzarlos a dialogar con la presentación de este proyecto de ley. Recién entonces el proyecto fue abordado por el gobierno, el cual se sumó a regañadientes, tarde y mal, negándose a nuestro mecanismo y presentando dos contrapropuestas.

La primera dejaba fuera a las trabajadoras independientes y del sector público. Obviamente, dijimos que eso era inaceptable. El gobierno se tomó su tiempo solo para llegar con una propuesta aun peor, ya que ahora dejaba fuera a las mujeres que trabajan en sectores esenciales, como las profesoras, las funcionarias de la salud y toda la primera línea que ha mantenido a raya esta pandemia.

Además, insiste en la fórmula que implica que las trabajadoras paguen la crisis con sus ahorros, cargando ahora estos costos a los fondos individuales de las trabajadoras y no a los fondos solidarios. Pero todo puede ser aun peor, porque además discrimina, en el tope del subsidio, entre las trabajadoras del sector público y las del sector privado, infringiendo abiertamente el principio constitucional de la igualdad ante la ley.

Siempre estuvimos dispuestas a dialogar y a llegar a un acuerdo que solucionara el problema lo más rápido posible para las mamás de Chile. Seguimos estando disponibles para ello y para lograr dar tranquilidad a las mamás de Chile, a sus hijos y a sus familias, pero nunca voy a estar disponible para votar en contra de mis convicciones. No vamos a cuidar el bolsillo de las isapres, no vamos a permitir que las mujeres sigan pagando el costo de la crisis con sus ahorros.

No puedo votar a favor de discriminar entre trabajadoras. No está bien regatear unos pesos por la salud de los niños y sus madres. Lo que este gobierno no ha entendido es que las técnicas empresariales de negociación no están bien cuando hablamos de las mujeres de Chile y de sus niños.

Si el gobierno no quiere escuchar a las madres, si no quiere escuchar a las parlamentarias de oposición ni tampoco a las de su coalición, espero que al menos escuche lo que dijo el pueblo de Chile el domingo.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones, refundidos, que establece feriado legal el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas (boletines 13902-06, 13890-06 y 13794-06).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos a quienes tengan un solo Comité.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Bernardo Berger .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 138ª de la legislatura 368ª, en miércoles 3 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , sesión 29ª de la presente legislatura, en miércoles 5 de mayo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BERGER (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que establece feriado legal el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, en segundo trámite constitucional.

La idea matriz del proyecto es, por una parte, establecer como feriado legal el 24 de junio de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, y, por otra, derogar la ley N° 18.432, que declaró feriado legal el 29 de junio de cada año.

En el primer trámite constitucional, el honorable Senado determinó que el artículo único del proyecto es de quorum simple, calificación que compartió la Comisión de Gobierno Interior.

La comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señoras Hernando , Luck , Parra (Presidenta) y Pérez , doña Joanna , y los diputados señores Berger , Longton , Molina , Morales y Trisotti . En contra votó el diputado señor Rocafull y se abstuvieron la diputada señora Pérez , doña Catalina , y el diputado señor Saldívar .

Fundamentos del mensaje y las dos mociones refundidas

El proyecto de ley en informe tiene su origen en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República (boletín N° 13902-06), refundido con dos mociones: la primera, de los senadores señora Aravena y señores García , Huenchumilla , Kast y Quintana (boletín N° 13890-06) y, la segunda, del senador señor Chahuán (boletín N° 13794-06).

La siguiente es una síntesis de los fundamentos de cada uno de los proyectos mencionados.

El mensaje señala que con este proyecto de ley se busca avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas del país, estableciendo, a nivel nacional, el 24 de junio de cada año como feriado legal, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La referida fecha, cercana al solsticio de invierno, representa un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y la renovación de vida que coincide con el día más corto del año y, a la vez, la noche más larga del mismo. Este día especial es celebrado por los pueblos indígenas como el año nuevo, oportunidad en la que se realizan rituales y conmemoraciones propias que dan cuenta del cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, así como exponen sus tradiciones a toda la comunidad.

A su vez, los autores de la moción plasmada en el boletín N° 13890-06 señalan que una de las expresiones culturales más significativas del pueblo mapuche, que se hace extensiva al resto de los pueblos indígenas dada su conexión ancestral con la tierra, es la celebración del We Tripantu , o año nuevo mapuche, en el momento en que se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur, que representa un cambio de ciclo y renovación, conmemoración elevada a un nivel sacro. Se trata del inicio de una etapa con días cada vez más largos hasta el solsticio de verano y el renacer de la naturaleza tras el invierno, de modo que es un hecho de gran trascendencia para la humanidad, y las distintas culturas lo conmemoran como un hito de purificación de sus sociedades.

Agregan que tanta es la importancia de esta fecha que, desde el año 1998, a través del decreto supremo N° 158-1, se recuerda cada 24 de junio el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile. Considerando el avance en la comprensión de las culturas indígenas por parte del resto de la sociedad chilena, así como la urgente necesidad de avanzar en gestos que permitan una mayor integración, es el momento de situar esta celebración en el lugar que le corresponde mediante la declaración de un feriado nacional.

En otro plano, la moción deroga el feriado del 29 de junio correspondiente a la celebración de San Pedro y San Pablo. Al respecto, se argumenta que la Iglesia católica ha señalado que no se trata de una fiesta de precepto. Además, ese feriado fue suprimido durante el gobierno del Presidente Frei Montalva, con el consentimiento de las autoridades religiosas, volviendo a restablecerse a partir de 1986, en señal de gratitud al papa Juan Pablo II por el servicio prestado en la mediación por el conflicto del Beagle.

Finalmente, el autor del proyecto contenido en el boletín N° 13794-06 reitera que, a través del decreto supremo N° 158-1, de 24 de junio de 1998, se declaró el 24 de junio de cada año como el Día de los Pueblos Originarios. Diversas actividades de conmemoración se realizan entre los días 21 y 24 de junio, época en que se produce el solsticio de invierno, y que para los mapuches se llama We Tripantu, esto es, el regreso del sol. Tales festejos son de suma importancia para los pueblos aborígenes, al igual que en otras naciones, como Canadá y Nueva Zelanda, donde este día también es feriado legal, en señal de reconocimiento a esos pueblos.

Durante la discusión particular no se le incorporaron cambios al texto despachado por el honorable Senado en el primer trámite constitucional.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, voy a votar en contra este proyecto, no porque tenga algo en contra de los pueblos originarios, sino porque ya no quiero permitir más eliminación de las tradiciones de nuestro país. El feriado de San Pedro y San Pablo, además de ser un día muy importante para los católicos, cristianos y ortodoxos, es un día tremendamente importante para los pescadores de toda nuestra nación. Es un día en que celebran, conmemoran y rinden homenajes.

Sí me parece que los pueblos indígenas merecen un día, pero no tenemos por qué estar trasladando una tradición que lleva años, décadas, en nuestra nación por un nuevo feriado.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, en la Comisión de Gobierno Interior manifesté mi disconformidad con este proyecto por la forma en que se está abordando. En primer lugar, quiero dejar en claro que el feriado de San Pedro y San Pablo, establecido en razón de la pesca artesanal, ya que es la fiesta del patrono de los pescadores, se elimina. Yo no soy católico, pero respeto las tradiciones y, por lo menos en mi región, en la costa de Arica y Camarones , obviamente es una fiesta de gran importancia para los pescadores y pescadoras y para sus familias. Con ellos no se conversó nada. Solamente por secretaría se elimina ese feriado.

En segundo lugar, se elimina el feriado del 29 de junio y se crea un nuevo feriado el 24 de junio, en reconocimiento a los pueblos originarios. Considero importante relevar el protagonismo y la importancia de los pueblos originarios. Sin embargo, se desecha una cosa importante que tiene que ver con la descentralización, porque el día 24 de junio se establece en función de la historia y las tradiciones del pueblo mapuche, al cual respeto mucho, pero se olvidan de que el país está compuesto por más etnias, por más pueblos originarios. Por ejemplo, para el pueblo que yo represento, el pueblo aimara, el 24 de junio no tiene ningún vínculo con su tradición y su historia. El pueblo aimara celebra el 21 de junio el cambio de ciclo. No es, como algunos legisladores lo han llamado, “el año nuevo”. No; es el cambio de ciclo. Termina un ciclo y comienza otro. Y generalmente hay cerros sagrados en Arica y en el altiplano, en la provincia de Parinacota. Por lo tanto, no tiene ningún sentido celebrar un 24 de junio como “el Día de”, porque el pueblo mapuche no es el único originario de Chile; hay muchos más. Debido a que las regiones tienen sus particularidades, en la actualidad hay una enorme manifestación a partir de sus expresiones, de sus particularidades y de sus demandas, que son distintas a las del centro del país. Por eso, se hace necesario reconocer su cultura, que tiene que ver con el respeto a las tradiciones de cada uno de los pueblos.

En esta iniciativa no se consideró la participación ciudadana de los pescadores artesanales al eliminar su día, en circunstancias de que se trata de un mecanismo que está contemplado en nuestras leyes. Tampoco se consideró la participación activa de los pueblos originarios, más allá de que algunos de sus representantes concurrieron a exponer a la comisión.

Por las razones señaladas, votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, hoy tenemos el importante desafío de aprobar este proyecto de ley, que tiene por objeto consagrar un feriado nacional en nuestro país para todos los pueblos indígenas.

Al respecto, sin perjuicio de que es entendible la argumentación planteada por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a si la fecha exacta para el establecimiento de dicho feriado es el 21 o el 24 de junio de cada año, lo importante es que a través de este proyecto de ley estamos reconociendo la necesidad de establecer un día en el calendario nacional para que todos podamos efectuar el reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas, con la finalidad de que entendamos lo que significa en su cosmovisión el solsticio de invierno, cambio de ciclo que habla de renovación, del renacer de la naturaleza, y que se debe convertir en una fecha que debe estar consagrada como feriado legal en nuestro calendario.

Por lo tanto, lo que propone esta iniciativa constituye un paso más en la dirección de aumentar la valoración de la cultura de nuestros pueblos originarios, porque nos posibilitará conocer su cosmovisión, sus formas de vida y su organización social, lo que nos llevará a una mejor valoración de la relación del hombre con la naturaleza. De allí que considero muy importante el hito que se plantea establecer en nuestro calendario. De hecho, el pueblo mapuche, originario de la Región de La Araucanía, a la que pertenece el distrito que represento, celebra el 24 de junio de cada año el We Tripantu, tradición en que se festeja el año nuevo mapuche.

El proyecto en debate surgió a partir de una visión transversal de un grupo de senadores, la que fue recogida en el mensaje que dio inicio a esta iniciativa. Fueron distintas las mociones que apuntaban en la misma dirección, como la de la senadora Aravena y la de los senadores señores García , Huenchumilla , Kast y Quintana , lo que demuestra que hay una visión común y compartida respecto de este día.

Por eso, junto con agradecer al gobierno la presentación de este proyecto, el cual espero que aprobemos, quiero señalar que debemos seguir construyendo nuestra definición de país con el reconocimiento de características como la que aborda el feriado legal que plantea esta iniciativa. Lo señalado se relaciona también con la mayor participación de las etnias indígenas a través de los escaños reservados para los convencionales constituyentes, los que fueron establecidos en la reforma constitucional aprobada por este Congreso. Esos significados ojalá que queden también consagrados en la nueva Constitución, en cuya redacción tendrán participación directa los pueblos indígenas, a través de sus representantes. Entre todos debemos construir un Chile con mayor inclusión y menos discriminación, la cual es muy propia del siglo pasado.

En consecuencia, invito a todos a aprobar esta iniciativa, pues tiene por objeto establecer un feriado legal que reconoce el día nacional de los pueblos indígenas, solicitud que desde hace mucho venían planteando muchas organizaciones de pueblos originarios, en especial las de la Región de La Araucanía.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, quiero valorar este proyecto de ley, que establece el 24 de junio de cada año como Día Nacional de los Pueblos Indígenas; aunque sería más preciso decir pueblos originarios, porque abarca toda la diversidad de los pueblos que poblaron nuestro territorio.

Si bien el establecimiento de esa fecha como feriado legal nos parece bien, no estamos de acuerdo con que se tenga que desvestir a un santo para vestir a otro. Lo señalo, porque no nos parece bien la eliminación del feriado de San Pedro y San Pablo, día muy arraigado entre los pescadores artesanales de nuestro país, en el que celebran a su patrono, que los apoya y los asiste en las vicisitudes del mar.

Insisto: es una tradición profundamente arraigada en nuestro país, de manera que no estoy disponible para eliminar ese feriado legal. No tendría cara para concurrir a la caleta Rinconada de Taucú, en Cobquecura, donde se celebra todos los años el feriado de los pescadores, después de haber votado por la derogación de ese feriado.

Valoro y apruebo que se establezca como nuevo feriado legal el 24 de junio, con el objeto de conmemorar el día nacional de los pueblos indígenas, pero con el diputado Calisto hemos presentado una indicación para mantener como feriado el 29 de junio, que es el día en que los pescadores artesanales celebran a San Pedro y San Pablo.

Nuestros pueblos originarios merecen el reconocimiento que propone esta iniciativa, pero queremos que este proyecto vuelva a la Comisión de Gobierno Interior, a fin de que en esa instancia determinemos qué feriado legal eliminar entre los días con esa característica con los que ya cuenta nuestro calendario. No estamos de acuerdo con que se suprima como feriado legal un día que está enormemente arraigado en el alma nacional, como es el feriado del 29 de junio, correspondiente a la festividad de San Pedro y San Pablo. Chile es un país marítimo, con vocación hacia el mar, y este feriado dice relación con eso.

Votaremos a favor el proyecto que establece feriado el 24 de junio para los pueblos indígenas, pero creo que es bueno volver a analizarlo en la comisión para buscar una solución y no eliminar un feriado tan importante como es el de San Pedro y San Pablo.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, como militante de la Unión Demócrata Independiente y como ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, no me cabe más que valorar profundamente que se instaure un día feriado en conmemoración de nuestros pueblos originarios. Creo que la inmensa mayoría en la Sala está de acuerdo con esa proposición, pero eso no se debe establecer a través de la exclusión de una festividad que es muy reconocida y que tiene tanto arraigo en nuestros pescadores artesanales.

Chile es un país que en su larga extensión se encuentra completamente unido con el océano Pacífico, lo que debe verse reflejado en el respeto de nuestras tradiciones. El establecimiento de un feriado legal mediante la eliminación de otro que es muy importante no va en el camino correcto, de manera que presentamos una indicación para corregir esa situación.

Sin perjuicio de lo señalado, tenemos diferencias profundas respecto del establecimiento del 24 de junio de cada año como el día nacional de los pueblos indígenas, porque tenemos varios pueblos originarios que no son mapuches, con otras fechas que para ellos son más importantes. Para esos pueblos el 24 de junio representa solo el solsticio de invierno. Por lo tanto, debemos volver a analizar este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior para llegar a un consenso respecto de esta materia.

Recordemos que el 24 de junio calza con el We Tripantu del pueblo mapuche, pero el 21 de junio calza con el Machaq Mara de los pueblos andinos. Entonces, esta terminará siendo una fecha móvil para poder tener un día que represente a nuestros pueblos originarios.

Por eso, anuncio que rechazaré este proyecto, porque atenta contra una de las tradiciones más grandes de nuestro país, como es la festividad que celebran todos nuestros pescadores a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, también considero absolutamente necesario que legislemos y establezcamos un día para conmemorar a nuestros pueblos originarios. Ellos son parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de lo que hoy somos, y el respeto que les debemos tener obviamente debe representarse en una fecha que les permita conmemorar su día. No obstante, ello no puede ser a costa de eliminar el feriado que representa a todos nuestros pescadores. Los pescadores realizan un trabajo admirado por todo el país, saliendo muy temprano, con mucho sacrificio para volver con lo que puedan cosechar del mar.

Por tanto, desde ya, anuncio mi rechazo a esta iniciativa, aunque sé que se aprobará. Asimismo, señalo que desde nuestra bancada de la Unión Demócrata Independiente presentamos una indicación que permite respetar estas dos raíces profundas de nuestro país, como son nuestros pueblos originarios y nuestros pescadores, en la fecha que estos conmemoran, esto es, el 29 de junio.

En consecuencia, no obstante que voy a rechazar este proyecto, expreso que presentamos dicha indicación para poder corregir la situación descrita.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, votaré a favor este proyecto, porque es necesario dar señales. Pero quiero decir una cosa: esto es absolutamente insuficiente.

Luego de leer el informe, que señala que hay que reconocer a nuestros pueblos originarios y que esta una de las formas para hacerlo, debo aclarar que la proposición me parece absolutamente insuficiente. En realidad, la considero una decisión muy centralista.

Asimismo, como lo han dicho algunos parlamentarios en este hemiciclo, quiero señalar que también ha faltado tomar decisiones regionales; se ha adoptado una decisión centralista. No todos los pueblos originarios tienen el mismo sentir, no todos están de acuerdo con este mecanismo, pero finalmente decimos que una forma de reconocer a nuestros pueblos originarios fue declarar feriado este día, que es el día de los pueblos indígenas, por la vía de un decreto supremo.

Creo que eso es absolutamente insuficiente. Además, es un poco hipócrita, porque en este Congreso no hemos sido capaces de dar reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, y ahora salimos con esta decisión, que es como agüita de té, y un poco menos, respecto de hacer un reconocimiento real a nuestros pueblos originarios, a sus demandas políticas y territoriales, a lo que han estado esperando de este Congreso y de las decisiones políticas en nuestro país. Ellos esperan otras decisiones del Estado.

Votaré a favor el proyecto en general, porque por lo menos es una señal. Sin embargo, creo que debemos reconocer que esta es una forma hipócrita de reconocer a nuestros pueblos originarios, pues no hemos abordado los temas de fondo, ha habido represión en su contra y no se les han entregado oportunidades para tener un ejercicio político de verdad.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, por su intermedio aprovecho de saludar a la ministra Karla Rubilar , quien acaba de intervenir.

Este proyecto de ley, que establece feriado legal el 24 de junio de cada año, pretende hacer un reconocimiento de lo que significa parte importante de la cultura, no solo de los pueblos originarios de Chile, sino del mundo. Aquí debemos tener claridad en cuanto a que la naturaleza, el planeta tienen ciclos, y esos ciclos son energéticos; son ciclos de vibraciones, son ciclos en que la naturaleza produce, entrega y después se refugia, descansa, se limpia. Y justamente lo que ocurre con el solsticio de invierno es que después de que los árboles entregan sus hojas, refugian su savia al interior y todo se prepara para un nuevo ciclo, renace el último día del solsticio de invierno. La naturaleza recobra vida, ha descansado, se ha preparado y vuelve, generosamente, a entregarnos sus productos. Los pueblos originarios lo saben muy bien; el We Tripantu, en el caso mapuche, es eso.

Bienvenido el que intentemos hacer calzar esta circunstancia natural, pero no olvidemos que San Pedro y San Pablo no son solo dos santos que estuvieron en la última cena; son el ancla al que los pescadores y la gente de mar se aferra cuando tiene que salir a buscar el sustento. Es a ellos, a sus patronos, a quienes les pide que el mar sea generoso, que el mar les permita regresar con vida y con bien, dado que trabajan en un ambiente que es muy difícil, como el de los pescadores.

Entonces, una cosa no puede sustituir a la otra. Creo que hay que mantener las dos celebraciones, porque esto no tiene que ver solo con una cuestión religiosa…

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, el 24 de junio celebraremos el Día Nacional de los Pueblos Indígenas con un feriado, y no puedo estar más de acuerdo con ello; incluso, presenté un proyecto de la misma índole, pero que no fue apoyado por el Ejecutivo, por lo que era imposible que siguiera adelante. En todo caso, mi objetivo era poner el tema sobre la mesa.

Creo que es de toda justicia, ya que tenemos una gran deuda con nuestros pueblos originarios, así que estoy segura de que en esta Sala debe haber bastante transversalidad en cuanto a aprobarlo.

Lo que produce sorpresa es que se pretenda desvestir un santo para vestir a otro, pues estamos dejando a los pescadores y a las pecadoras sin el feriado de San Pedro y San Pablo. Recordemos que San Pedro es el protector y patrono de los hombres y las mujeres de mar, por lo cual lo celebran con una fiesta preciosa que se realiza en las caletas de todo el país y de todo el continente, en que se saca a pasear al patrono en medio de cantos y flores.

La historia de San Pedro es la historia de todos los pescadores y pescadoras de Chile, quienes buscan la intercesión del santo para lograr éxito y seguridad en su faena. Se le pide -como dijo el diputado Flores que acontezca lo extraordinario, lo milagroso, la buena pesca, la sanación, la protección al estar en este mar inmenso que recorre todo nuestro litoral.

Siento que hay aquí una huella de religiosidad profunda arraigada en nuestro pueblo, una expresión de fe en lo intangible y en el misterio.

¿Vamos a terminar con eso? A mí me parece que no corresponde. No podemos empobrecer la espiritualidad del pueblo de Chile, que nos enseña tanto.

Señores diputados, no apuraría el tranco, sino que devolvería el proyecto a comisión, para que lo sigamos discutiendo.

He presentado una indicación que protege el 24 de junio como día de los pueblos originarios, pero que elimina el 12 de octubre, día de la raza, y mantiene el feriado del día de San Pedro y San Pablo. Siento que, incluso, es un gesto positivo para los pueblos originarios el hecho de eliminar esa fecha y no la de San Pedro y San Pablo, dado que ellos mismos sufrieron, de primera mano, los efectos negativos de la colonización.

Los invito a que apoyemos transversalmente este proyecto, pero que lo devolvamos a la comisión, para que ahí demostremos el respeto a los pueblos originarios, pero también a los pescadores y pescadoras, con su gran patrono, para que ambos tengan su feriado, tan merecido.

Insisto en que no nos apuremos, conversemos este tema, pues no es necesario que despachemos de inmediato el proyecto, en especial porque esta es una lucha que se viene dando como bien dijo la ministra desde hace muchos años. No desvistamos un santo para vestir a otro.

Los pescadores y las pescadoras de Chile, las mujeres y hombres de mar, merecen mantener ese día feriado, para continuar celebrando a su patrono, que les da tanta protección. Y a nosotras, las personas de fe, nos demuestra lo que es vivir realmente al alero de la protección de la divinidad en un ambiente tan hostil y tan duro como puede llegar a ser el del mar.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, estamos ante un proyecto super importante, porque reconoce a nuestras naciones fundantes, originarias, que merecen lo que quedó establecido en la nueva Convención Constitucional, al asegurar su participación en dicha instancia, reconocimiento que debe ir acompañado con la participación activa de los pueblos originarios.

En ese contexto, a mí, como integrante de un pueblo originario, el pueblo aimara -soy Rubén Moraga Mamani -, me parece importante que se considere y se consulte la opinión de los pueblos originarios al tomar decisiones como esta; más aún cuando choca con fiestas tradicionales de nuestro país, como es la fiesta católica de San Pedro y San Pablo, que se rige y se funda con los pescadores artesanales.

Lo digo desde la experticia de la biología marina. Hace mucho tiempo estudié Oceanografía en la Universidad Católica de Valparaíso, por lo que participaba en las actividades de la caleta El Membrillo. En mi tierra también participaba en las actividades de la fiesta de San Pedro y San Pablo , porque son fiestas tradicionales.

Por lo tanto, no puede haber una confrontación cultural, no puede haber una confrontación que desvirtúe fechas que son importantes para la idiosincrasia de nuestro país y de nuestra sociedad. Debemos respetar y reconocer el acervo cultural de la pesca artesanal y preservar y hacer un reconocimiento a la cultura de los pueblos originarios, que merecen y que se debe.

Es un hecho que nuestro calendario presenta muchos feriados, que tiene una matriz cultural católica y cristiana, y que debe reconocer también a nuestros pueblos originarios. El proyecto de ley en debate pretende hacerse cargo de este problema, al declarar el 24 de junio como día nacional de los pueblo originarios, lo cual es positivo; sin embargo, estando de acuerdo con este reconocimiento y con esta forma de valorar a nuestros pueblos, la temporalidad no es la correcta, ya que los pueblos originarios tienen sus fiestas tradicionales, como la del solsticio, tal como nos recordó el diputado Iván Flores .

Entonces, en ese aspecto, debe considerarse la opinión y la cultura de nuestros pueblos originarios para decidir cuál es la fecha que los reconocerá como tales.

El mensaje del gobierno no considera un proceso de consulta definitiva, aunque sabe que implica una participación mínima en este proceso, el cual no se llevó a cabo acorde con lo que define el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, proceso que el Estado de Chile está obligado a realizar para llevar adelante iniciativas de esta índole, de las cuales los pueblos originarios deben ser partícipes activos en la toma de decisiones y ser considerados.

Por otro lado, esta situación, la supresión del feriado de San Pedro y San Pablo afecta, como dije, a una cultura tradicional propia del acervo costero de nuestras localidades de las regiones de Tarapacá, de Antofagasta, de Valparaíso, del Biobío, de los grandes centros pesqueros que tenemos en el país y de nuestros pescadores artesanales.

Por lo tanto, este proyecto de ley debe volver a su comisión de origen, para hacerle las correcciones que se requieren, esto es, buscar una fecha que respete tanto las tradiciones católica y cristiana relacionada con los pescadores artesanales, pero que también reconozca y ponga de relieve y en el escenario que corresponde a los pueblos originarios.

Por ello, creemos que este proyecto de ley debe volver a la comisión técnica, a fin de que se le hagan las correcciones pertinentes y así se represente fielmente lo que se quiere decir. El gobierno debe consultar y escuchar a los pueblos originarios, y no tomar decisiones inconsultas desde La Moneda. Las fechas deben ser consensuadas.

Estamos pidiendo más participación, más democracia directa, y los pueblos originarios son parte de este proceso.

Señor Presidente, por las razones expuestas, pedimos que este proyecto vuelva a la comisión, a fin de que sea reestudiado.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, agradezco la oportunidad de referirme a esta iniciativa, cuyo objetivo fundamental es declarar un día nacional para los pueblos originarios, cuestión con la cual estoy de acuerdo, y mi bancada, por cierto, apoya este objetivo, pero lo que no comparto es que se decrete el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en desmedro de un sector tan importante como es el de los pescadores de nuestro país.

Los pescadores tienen su patrono y tienen una sensibilidad espiritual muy arraigada, por lo que no me parece correcto que, a través de esta iniciativa, se elimine la fiesta de San Pedro y de San Pablo.

Por eso, aunque estoy de acuerdo con el objetivo de esta iniciativa, no me parece que deba lograrse en desmedro de un sector tan importante como son los pescadores de nuestro querido país.

El fervor con el que se vive la fiesta de San Pedro y de San Pablo en todas y cada una de las caletas de nuestro país es tremendamente importante y tenemos participaciones masivas en cada una de las caletas, como por ejemplo en la caleta Lo Rojas, comuna de Coronel, donde las familias de los pescadores y la ciudadanía, en general, adhieren a esta celebración.

Por lo tanto, no se debe eliminar esta celebración en beneficio de otra que, si bien es justa, no es correcta la forma en que se pretende concretar.

Por eso, votaré en contra de esta iniciativa, esperando que se corrija esta situación y se decrete otro día, sin la necesidad de eliminar la fiesta de San Pedro y San Pablo.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia ) [vía telemática].-

Señor Presidente, si bien este proyecto de ley declara feriado nacional del 24 de junio de cada año, ya en 1998 el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo declaró como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, reconociendo con ello la preexistencia de los pueblos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado en los derechos territoriales, culturales, políticos y lingüísticos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, hay una deuda histórica con todos los pueblos originarios.

Si bien este feriado es un avance, no se ha aplicado la consulta, como lo han señalado todos los diputados del oficialismo, pues el mensaje, que ingresó por el Senado, no contempla la consulta y, en ese sentido, no se consideró el planteamiento del pueblo aimara ni del pueblo mapuche, quienes no estuvieron de acuerdo con la fecha del 24 de junio, sino que, más bien, preferían el 21 de junio.

Si bien es un avance, porque se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, no se ha avanzado en la entrega de derechos a los mismos, que hoy son tan necesarios, por lo que la única esperanza que nos queda está en que quienes accedan a los diecisiete escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente puedan llevar adelante esta discusión.

No existe un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados ni en el Senado, por lo que es necesario avanzar en ello. De hecho, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios planteamos un mecanismo, pero hasta el día de hoy no ha sido votado en la Sala. Por lo tanto, no se ha escuchado a los representantes de los pueblos indígenas.

La señora ministra plantea con mucha serenidad que este es un gran avance, que también han realizado otros países. Sin embargo, en Chile se ha generado mayor violencia al no ejecutarse el presupuesto para tierras al pueblo mapuche. Además, el gobierno sigue militarizando la zona en la que el pueblo mapuche ha demandado reivindicaciones territoriales. Los pueblos indígenas requieren avanzar en sus derechos, en especial el pueblo mapuche, que lucha por la tierra que hoy día se encuentra en manos tanto de colonos como de empresas forestales.

Por lo tanto, es necesario lograr un avance en esta materia. Así lo señalaron todos quienes participaron en el trawün del 19 de junio de 2019, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta de la Cámara de Diputados. Los pueblos originarios plantearon que era urgente esclarecer la pérdida territorial y, por tanto, debe conformarse una comisión de carácter de vinculante y el Ejecutivo debería coordinar aquellas acciones.

Si bien hoy día estamos en la discusión de esta iniciativa, que debe volver a la comisión, también es necesario insistir en que los pueblos indígenas deben ser escuchados y tiene que aplicarse el Convenio 169 de la OIT.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, durante la campaña presidencial del candidato Patricio Aylwin , en 1989, se hizo un pacto con los pueblos originarios, el llamado Acuerdo de Nueva Imperial, pero no se ha cumplido mucho de él.

Luego, se promulgó la ley indígena, que tampoco se está cumpliendo a cabalidad, porque se ha pasado por sobre ella para realizar algunas compras de tierras. Asimismo, algunos temas relacionados con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios no se han dado durante estos treinta años, y comprende a todos los gobiernos.

El proyecto de ley que estamos discutiendo hoy es un vasito de agua en el mar. Es importante, pero es poquito. Es importante que el 24 de junio de cada año se celebre el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el solsticio de invierno en el hemisferio sur, por lo que representa un cambio de ciclo, la nueva salida del sol y la renovación de la vida, y que coincide con ser el día más corto del año y, a su vez, con la noche más larga.

Este día especial, según se hace presente, es celebrado por los pueblos indígenas como el año nuevo, instancia en la que se realizan rituales y conmemoraciones propias, que dan cuenta del cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo.

Así se exponen las tradiciones de las comunidades indígenas en todo Chile y en fechas diferentes se celebra de distinta manera el retorno del sol, el inicio del ciclo, entre los diversos pueblos indígenas, siendo las principales manifestaciones de ello el Machaq Mara, celebrada en el norte del país por los aimaras; el Inti Raymi , festejado por los quechuas, y el We Tripantu, que se lleva a cabo en la zona sur por el pueblo mapuche.

El decreto supremo N° 158, de 1998, del Ministerio de Planificación y Cooperación, reconoció la importancia de esa fecha y declaró Día Nacional de los Pueblos Indígenas el 24 de junio de cada año. Por eso se hace este reconocimiento y el We Tripantu, el año nuevo mapuche, se celebra todos los años y muchos parlamentarios hemos participado en esa celebración.

Quiero resaltar que no es una fecha fija, no va a ser siempre el 24 de junio, sino que va desde el 21 hasta el 27 de junio, de acuerdo a una tabla que contiene el proyecto. Reitero que, si bien no es una fecha fija, creo que hay que analizar el modo de que este feriado no afecte a un feriado católico que representa no solo a la comunidad cristiana, sino que muy fuertemente a los pescadores de todo Chile.

Vamos a aprobar este proyecto, pero va a volver a la comisión.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, el Estado chileno creció a costa de reducir a los pueblos originarios a su mínima expresión.

Algunos, como los selk’nam fueron llevados casi a la extinción y otros, como los mapuches, hasta el día de hoy son estigmatizados y tratados con desprecio en muchos lugares.

La Araucanía, en particular, siempre fue vista como un botín desde que en 1866 las tierras mapuches fueron declaradas fiscales en medio de la mal llamada “pacificación”, que terminó con el más numeroso pueblo originario del país despojado de su territorio y vejado por las armas chilenas.

El informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, de 2003, consigna que “…los mapuches se vieron expuestos a la máxima de las indefensiones (…) pasan de un estado de suficiencia económica a un estado de pobreza nunca antes habida.”. Es una descripción referida a la situación a finales del siglo XIX. Fíjense que han pasado más de 120 años y La Araucanía sigue siendo la región más pobre de Chile.

Por esa historia que emociona tanto, pues en todas las movilizaciones contemporáneas una de las banderas que más flamea es la del pueblo mapuche, y por el hecho de que el pasado fin de semana los diez pueblos originarios reconocidos por el Estado hayan elegido sus propios convencionales constituyentes para redactar una nueva Constitución, es que espero que se reconozca la plurinacionalidad y la importancia de los pueblos indígenas en este nuevo Chile.

El paso siguiente, colegas, son los escaños reservados en el Congreso Nacional. ¡Qué lindo sería que todos nos comprometiéramos en esa tarea y en hacerla realidad para la próxima elección! También hay otras cosas: hay que atreverse a saldar la deuda territorial, pero, igualmente, se necesitan gestos, por muy pequeños que sean, de toda la sociedad chilena hacia los pueblos ancestrales.

Los feriados se decretan cuando hay una fecha importante que conmemorar. En Chile tenemos dieciséis feriados, de los cuales la mitad obedece a celebraciones religiosas de la Iglesia católica. Discúlpenme: los pueblos originarios, que representan el 13 por ciento de la población, no tienen ningún festivo que los reconozca. ¿Acaso no es importante conmemorar la historia de los pueblos que conforman las raíces de lo que hoy somos? No solo es importante, sino que constituye un mínimo acto de justicia.

Este proyecto no busca reinventar la rueda, porque, desde 1998, cada 24 de junio se celebra el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile; lo que persigue es relevar esa fecha. Probablemente, lo más innovador del proyecto es que nace de una moción de todos los senadores de la Araucanía, de gobierno y de oposición, fusionada con un mensaje. Pocas veces tenemos la oportunidad de avanzar de esta manera. ¡No la desaprovechemos!

Hago un llamado a la Sala para que aquilatemos la historia y nos hagamos cargo de la pesada mochila que carga el Estado que representamos en relación con los pueblos originarios. La única forma de alivianar esa carga es con la verdad, con pasos concretos y con reconocimientos. Algo de eso es lo que estamos haciendo…

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, se propone que el We Tripantu, el solsticio de invierno, se convierta en feriado legal. Es el día más corto del año; es el cambio del ciclo de la luz. Cualquier analogía con lo que está ocurriendo en la política chilena no es más que una coincidencia. Esto se celebra, por lo demás, en buena parte del mundo. En Suecia me tocó vivir el Midsommar, el solsticio de verano, que es el día más largo del año y la principal fiesta nacional.

Esto me lleva a preguntar qué pasó con la agenda que impulsábamos con tanto brío en el período legislativo pasado. ¿Qué pasó que el gobierno le quitó urgencia a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas? ¿Qué pasó que le quitaron urgencia a la creación del Consejo de Pueblos Indígenas? ¿Qué pasó que se desaceleró el traspaso de tierras indígenas?

¿Qué pasó que no se impulsó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas?

¿Qué pasó con la discusión del carácter plurinacional del Estado de Chile? ¿Qué pasó con el reconocimiento del mapudungun como lengua oficial de nuestra patria? ¿Qué pasó con la discusión de escaños reservados? ¿Qué pasó con abordar la cuestión de los derechos a la diferencia y a la integración del pueblo mapuche en la decisión de los destinos de Chile? Francamente, este gobierno le puso un frenazo, con las consecuencias que conocemos, a un proceso que llevaba años y que había tomado impulso durante el gobierno de la Presidenta Bachelet .

Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Moraga , en el sentido de que esto debe volver a comisión y formar parte de la discusión de los propios pueblos indígenas, pues son ellos los que deben decidir cuál es su día. Tienen derecho, por supuesto, a un feriado legal, pero no solo a eso, sino también a estar sentados en el Congreso Nacional y a que el mapudungun sea reconocido como lengua oficial y no solo estudiado marginalmente en las escuelas de la Araucanía, sino en todo Chile.

¿Cuánto nos demoramos los hijos de la educación pública en aprender esa lengua? Yo estudié en el Barros Arana y no aprendí ni una sola palabra de mapudungun sino hasta que me tocó vivir seis meses en Collipulli, en donde aprendí apenas a decir mari mari pu peñi, mari mari pu lamngen.

¡Por favor! Estamos discutiendo un feriado legal, en circunstancias de que debiéramos estar debatiendo el conjunto de políticas para considerar, como es debido, a los pueblos originarios en las decisiones del destino de Chile.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación.

Para la discusión del proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Luis Pardo .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 123ª de la legislatura 368ª, en martes 29 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 32ª de la presente legislatura, en martes 18 de mayo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 32.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante.

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (boletín N° 13982-25), con urgencia calificada de suma.

Debido a las limitaciones de tiempo, omito, en esta relación, abordar asuntos tan cruciales como los antecedentes y fundamentos que han servido como base de esta iniciativa y la mención de las autoridades del Ejecutivo e invitados que participaron e intervinieron en el debate. Toda esa información, en todo caso, se encuentra en detalle a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en el informe respectivo.

Ideas matrices o fundamentales

Cabe señalar que la idea central o matriz de la iniciativa presidencial es modernizar los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establecer técnicas especiales para su investigación.

Para concretar dicho objetivo se propone, en suma:

1. Modernizar específicamente el delito de asociación ilícita.

2. Regular en forma sistemática y orgánica las técnicas especiales de investigación.

3. Extender el alcance de las técnicas especiales de investigación a todos los casos de criminalidad organizada.

4. Ampliar el ámbito de aplicación de la técnica especial de entrega vigilada.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

Contiene normas de rango de ley orgánica constitucional, por cuanto otorga nuevas atribuciones al Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política de la República, y disposiciones con rango de ley de quorum calificado, por cuanto establece el carácter reservado o secreto de determinadas resoluciones o actuaciones, de conformidad al inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, según se detalla en el informe pertinente.

No contiene normas de competencia de la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Jorge Alessandri , Pepe Auth , Marcelo Díaz , Raúl Leiva , Cristhian Moreira , Luis Pardo y Sebastián Torrealba , y la diputada Andrea Parra ; votó en contra la diputada Marisela Santibáñez y se abstuvo la diputada Maite Orsini .

No hubo artículos rechazados.

Hubo numerosas indicaciones rechazadas, según se consigna en el informe. No hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

Relación descriptiva del proyecto

Consta de tres artículos permanentes.

El artículo 1° modifica el Código Penal y sustituye el Párrafo X del Título VI del Libro Segundo del Código Penal por una completa regulación de las asociaciones delictivas y criminales.

El artículo 2° incorpora un nuevo párrafo 3 bis en el Título I del Libro II del Código Procesal Penal, con el objeto de disponer una regulación de las técnicas especiales, comprehensiva y sistémica, extensible a todos los hechos constitutivos de criminalidad organizada, por la que se pasan a regular, además de las técnicas especiales ya existentes en dicha legislación procesal, aquellas contenidas en leyes especiales, cuales son: agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas.

El artículo 3º se refiere a la aplicación de la ley penal y consagra, en general, que respecto de los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, y las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, se determinarán por la ley vigente al momento de su perpetración.

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa en estudio modifica los siguientes textos legales, conforme a las ideas matrices ya descritas: 1) el Código Penal y 2) el Código Procesal Penal.

Discusión y votación del proyecto

Discusión general

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje, y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades de gobierno y los invitados, la mayoría de las señoras diputadas y los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación general la idea de legislar, se aprobó por mayoría de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

Discusión y votación particular

Sometido a discusión y votación, el texto del mensaje fue objeto de un extenso debate, en que tanto el Ejecutivo como las señoras diputadas y los señores diputados formularon indicaciones tendientes a perfeccionarlo, aprobándose en términos generales los tres artículos con la mayoría de sus numerales, con determinados cambios que lo mejoran, robusteciendo la idea matriz de sistematizar la normativa para sancionar la delincuencia organizada y establecer técnicas especiales para su investigación.

Como señalé, por medio de diversas indicaciones, tanto del Ejecutivo como de las señoras diputadas y los señores diputados, se efectúan numerosos cambios al texto original del mensaje, a saber:

1.- Se modifica el artículo 369 ter del Código Penal, con el fin de hacer expresamente aplicables, para la investigación de los delitos indicados en dicho precepto (relacionados con la pornografía), las nuevas técnicas especiales de registro remoto de equipos informáticos y de vigilancia acústica.

2.- Se modifica el artículo 411 octies del Código Penal, con el propósito de hacer expresamente aplicables, para la investigación de los delitos indicados en dicho precepto (referido al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas), las nuevas técnicas especiales de registro remoto de equipos informáticos y de vigilancia acústica.

3.- Se modifica el inciso final del artículo 448 quáter del Código Penal, eliminando la referencia a la actual regulación sobre la materia, contenida en la ley N° 20.000, y haciendo aplicable, en dichos casos, las reglas contenidas en el nuevo Párrafo 3° bis del Código Procesal Penal, siendo coherentes con la idea de regular de forma orgánica y sistemática todas las técnicas especiales de investigación en un único cuerpo normativo.

4.- Se modifica el inciso segundo del artículo 149 del Código Procesal Penal, incorporando al catálogo de delitos la asociación delictiva o criminal (nuevos artículos 292 y 293), a efectos de no permitir la libertad del imputado si no existiere una resolución ejecutoriada que sustituyere, revocare o negare la prisión preventiva.

5.- Sustituye el artículo 226 del Código Procesal Penal, con el objeto de incorporar la nueva técnica especial sobre vigilancia acústica, para cuya aplicación se ha considerado el mismo estándar general propuesto por el mensaje para las técnicas sobre interceptación de comunicaciones y de otros medios técnicos, esto es, que se trate de un delito al que la ley le asigne una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo.

6.- Se incorpora, luego del artículo 226 del Código Procesal Penal, el siguiente párrafo nuevo: “Párrafo 3° bis.- Diligencias especiales de investigación aplicables para casos de criminalidad organizada”. En ese párrafo se pasarán a regular solo aquellas técnicas especiales de investigación aplicables a criminalidad organizada, esto es, agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas.

7.- Se modifican los supuestos de procedencia de las técnicas especiales de investigación en contexto de criminalidad organizada, estableciendo un catálogo de delitos para los supuestos de intervención en una agrupación u organización conformada por dos o más personas para cometer ilícitos. Por otra parte, mantiene la aplicación de estas técnicas especiales en los casos de intervención en una asociación delictiva o criminal, sin considerar un catálogo de “delitos fines”.

8.- Se incorpora un artículo 226 undecies, nuevo, en el cual se regula la utilización de los medios de prueba que se obtengan a partir del uso de las técnicas especiales de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y entregas vigiladas.

9.- Se modifican los artículos 226 ter, 226 quinquies y 226 sexies del mensaje, con el fin de eliminar la posibilidad de que los informantes puedan actuar como agentes encubiertos o reveladores.

10.- Se modifica el artículo 226 septendecies, que ha pasado a ser artículo 226 nondecies, sobre violación del secreto de la investigación e identidad, a partir de la cual se eleva la sanción privativa de libertad por la revelación de información, a presidio menor en su grado máximo, y se incluye la pena de inhabilitación perpetua para oficios y cargos públicos.

11.- Se modifica el artículo 226 nonies, que ha pasado a ser artículo 226 undecies, sobre extralimitación en el desempeño de las técnicas especiales de investigación, a partir de la cual se establece, como requisito de validez de la resolución que autoriza estas técnicas especiales, el señalar los límites y el objeto de las mismas, siendo declaradas nulas si no cumplen con tal exigencia.

12.- Se agrega un inciso final al artículo 226 terdecies, nuevo, sobre prohibición de revelación de información, con el objetivo de prohibir al tribunal que funde la condena únicamente en declaraciones realizadas por agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, respecto de los cuales se haya decretado la prohibición de revelación de su identidad. Con este cambio se busca elevar el estándar, de manera tal que el tribunal pueda disponer la prohibición de revelación de la información incluso para la defensa, por el peligro que aquello pudiere representar para los agentes.

13.- Se modifica el artículo 226 duodecies, que ha pasado a ser artículo 226 quaterdecies, sobre declaración anticipada, a partir de la cual se regula, junto con la declaración anticipada, la declaración en el juicio de los agentes encubiertos, reveladores e informantes.

14.- Se añade un nuevo artículo 226 semel et vicies, a partir del cual se busca hacer aplicables a los delitos terroristas las técnicas de investigación consagradas en el nuevo Párrafo

3° bis, sea que se trate de una persona, de una organización u agrupación conformada por dos o más personas, o de una asociación delictiva o criminal. El objetivo de la regla es hacer extensiva las técnicas de investigación para el caso del “lobo solitario”.

Finalmente, se introducen dos nuevos artículos al texto del mensaje:

Uno de los artículos modifica el artículo 1º de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, que prescribe que no procederán las penas señaladas como alternativas de esa ley tratándose de los autores del delito consumado del artículo 293 del Código Penal (referido a delito de asociación ilícita), salvo respecto a quienes hayan cooperado eficazmente con la investigación

El otro artículo del proyecto modifica el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, que establece que las personas condenadas por el delito del artículo 293 del Código Penal solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena, salvo quienes hubieren cooperado eficazmente con la investigación, los que podrán postular a los beneficios conforme a los requisitos generales del referido decreto ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley, que tiene por objeto modernizar los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establecer técnicas especiales de investigación, es fundamental.

La iniciativa fue fruto de un trabajo arduo y de una discusión permanente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, con una participación constante no solo del Ejecutivo, sino también de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público.

Se busca modernizar el delito de asociación ilícita, que data del Código Penal de 1874, y no solo eso, pues específicamente no se trata de modernizarlo respecto de las técnicas y de cómo funciona la delincuencia organizada hoy, en pleno siglo XXI, sino también dar una regulación sistemática y orgánica a las técnicas especiales de investigación, que están contenidas en distintos cuerpos normativos. La idea es desarrollar y contextualizar todas las técnicas especiales de investigación en un marco único.

Además, se pretende extender dichas técnicas especiales de investigación a un catálogo de delitos y, especialmente, a aquellos delitos que tienen una pena asignada de presidio menor en su grado máximo hacia arriba.

Por eso, fruto de esta discusión, lo que se busca es poder sancionar debidamente.

Hoy el crimen organizado funciona como una verdadera empresa, y las técnicas que existen en nuestra legislación están referidas fundamentalmente a la ley N° 20.000 y al tráfico de drogas.

Debemos dar una lucha frontal, concreta y directa a esas bandas organizadas, que no solo pampean en nuestras poblaciones y hacen que el narcotráfico siga creciendo. Esa lucha frontal hay que darla con una estructura y otorgando atribuciones al Ministerio Público y a las policías para que puedan desarrollar su labor.

Por eso, las técnicas especiales de investigación consagradas en la ley N° 20.000, ley de drogas, que data del 2005, hoy se amplían a otro tipo de delitos. Por eso nos parece importante que se modernice la persecución criminal.

Las técnicas para ese efecto actualmente consisten única y exclusivamente en la interceptación telefónica, solo del teléfono, en circunstancias de que existen distintos medios para comunicarse, como las redes sociales y otros, que sirven para que los delincuentes o las bandas organizadas se coordinen para perpetrar distintos tipos de delitos.

Lo que hace este proyecto es avanzar en ese sentido, de modo que no solo exista la interceptación telefónica, sino una interceptación de comunicaciones; por ejemplo, puede realizarse vigilancia acústica. Actualmente, para un catálogo importante de delitos, solo se puede interceptar telefónicamente, pero no se puede hacer una vigilancia acústica a distancia de una banda que se está organizando para perpetrar un delito. Por eso es importante utilizar estas técnicas.

Lo mismo se aplicará en lo relativo al empleo de agentes encubiertos, reveladores e informantes. También se establecen técnicas especiales de investigación para delitos como la trata de blancas o el gran contrabando.

La gente reclama y pregunta por qué no pillan a esos delincuentes. La razón es que las policías y el Ministerio Público no tienen las herramientas adecuadas para combatir a esas verdaderas empresas organizadas que cometen delitos. Por eso también se incorporan las entregas vigiladas.

Es cierto que se requiere avanzar mucho más. Se deben modificar los procesos penales con la finalidad de otorgar nuevas herramientas en la lucha contra la criminalidad para obtener un sistema procesal más eficiente, especialmente respecto de la persecución de ilícitos que tienen una estructura compleja.

También se requiere avanzar en una regulación sistemática de medidas intrusivas de carácter general. Recoger la regulación sobre vigilancia acústica de países desarrollados es fundamental, como asimismo el registro remoto de sistemas informáticos.

Lo importante es que este proyecto de ley permite entregar atribuciones, funciones y herramientas al Ministerio Público para que pueda dirigir una investigación a través de las policías y dar con esos criminales, muchas veces de cuello y corbata, que en una asociación ilícita no son los autores materiales inmediatos del crimen, pues están en otros lugares.

Hoy, por ejemplo, en la mañana veíamos por televisión -hay muchos colegas a los que les gusta ir a los matinales cómo en La Cisterna había edificios dedicados al tráfico de droga; una especie de delivery de la droga. Quienes proveen de esa droga no solo trafican droga sino que también cometen otros delitos seguramente están sentados no en un banco de una plaza vendiendo la droga, sino dirigiendo el ilícito de manera remota.

Se requieren atribuciones para poder sancionar y perseguir a esos delincuentes. Lo que nos piden los vecinos de nuestras comunas son leyes no solo más estrictas, sino que también den atribuciones a las policías, de modo que finalmente se pueda condenar a esas estructuras complejísimas, a esas verdaderas empresas, verdaderos holdings de la delincuencia. Este proyecto de ley nos permite justamente entregar eso, pero no a cualquier costo. Cada vez que se quiera aplicar una técnica especial de investigación, como la interceptación de material informático, la vigilancia acústica a distancia, la utilización de entregas vigiladas, de agentes reveladores, de informantes y de agentes encubiertos, se requerirá siempre la solicitud fundada del Ministerio Público y la autorización del juez de garantía, para poder restringir derechos y garantías y así poder perseguir esos delitos.

Estamos frente a un proyecto de ley que va a la vena, que va en concreto a luchar contra las empresas del crimen que están en nuestro país, contra esas empresas que hacen del narcotráfico no solo una fuente de lucro, sino también una fuente de corrupción en todas las instancias de nuestro Estado.

Avanzar en esta iniciativa, que tiene por objeto perseguir de manera eficiente y moderna el crimen organizado, no solo es una necesidad, sino también un deber ético de todas y todos.

Por eso, invito a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, las cifras hablan por sí solas cada año a través de las estadísticas de las policías, que nos revelan que nuestro país está inmerso en distintos grados de delincuencia y narcotráfico, lo que va cada día en aumento y genera un temor enorme en la población.

Es así que, según la PDI, desde el 2020 se ha registrado un alza en la incautación de armamento y de drogas, y en el desbaratamiento de bandas organizadas, lo que da cuenta de un gran desafío que debemos enfrentar con el máximo rigor.

Todos hemos sido testigos de los funerales narco, de disparos al aire todos los días de la semana y del uso de menores de edad para la comisión de delitos. Todas son expresiones reales de que las organizaciones delictuales van ganando espacio en nuestra sociedad, lo que genera violencia, inseguridad, pobreza, consumo de drogas, corrupción y miedo, entre tantos otros efectos perjudiciales.

Así, este mensaje, que ingresó a fines de 2020, tal como expresa su idea matriz, tiene por objeto modernizar y actualizar a los tiempos que nos rigen el delito de asociación ilícita, y otorgar una regulación sistemática, coherente y orgánica de las técnicas de investigación contempladas en la legislación vigente, a través de diversas modificaciones al Código Penal. Ello permitirá sancionar de forma diferenciada a las organizaciones delictivas propiamente tales y criminales que se concierten para llevar a cabo delitos de mayor gravedad.

En segundo lugar, la propuesta legislativa incorpora la posibilidad de que todas las ganancias provenientes de los delitos sean traspasadas al Estado. Esta medida se hace cargo del actual tratamiento del comiso de instrumentos y efectos del delito, que hoy es abordado como pena accesoria.

Asimismo, se busca que las técnicas especiales de uso de agentes encubiertos, reveladores, informantes y entregas vigiladas sean dotadas de una regulación sistemática y orgánica. En ese sentido, se otorgan diferentes medidas de protección, tales como la reserva de identidad, la protección policial, entre otras, lo que viene a dar certeza jurídica y seguridad en cuanto a la actuación de estos actores relevantes para el éxito de la investigación que se lleve a cabo.

En definitiva, se contempla una serie de medidas que son aptas para llevar adelante una investigación exitosa, así como dotar de mayores herramientas a los tribunales para que sancionen de manera efectiva a quienes infunden el miedo sin discriminación alguna, hiriendo profundamente el vivir en los barrios, en las pymes y en la ciudadanía en general.

Señor subsecretario Máximo Pavez , ¿puede prestar atención? Quiero enviar un recado al gobierno: que le dé mano dura a la delincuencia. La gente en las poblaciones está cansada de la delincuencia y del narcotráfico. Es deber del Estado velar por su protección. Están cansados de las injusticias que cada día suceden y de estar enrejados por causa de la delincuencia. Están hasta la coronilla. Piden que las autoridades, que nosotros mismos y el gobierno, actúen de mejor forma para poder enfrentar la delincuencia, que se está apoderando de nuestro país, especialmente el narcotráfico.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, este proyecto es fundamental en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra todos los delitos nuevos que se han comenzado a incorporar en el país, los que la legislación no tiene cómo enfrentar.

En la Comisión de Seguridad Ciudadana, instancia en la que discutimos esta iniciativa con mucha altura de miras, llegamos a la conclusión de que el delito se moderniza cada día a pasos agigantados, mientras que la legislación chilena pareciera ser del siglo XIX, ya que no cuenta con las herramientas para investigar y sancionar a los que se dedican al crimen organizado y al narcotráfico.

Gran parte de las medidas establecidas en este proyecto otorga facultades de investigación relacionadas con la ley N° 20.000, de drogas, con la finalidad de desbaratar el crimen organizado.

El narcotráfico es el rey del crimen organizado, a partir del cual surgen otros delitos, como el robo de autos y la venta en la calle de elementos pirateados. Finalmente, las personas que venden en la calle terminan siendo víctimas del narcotráfico y del crimen organizado. Como a sus cabecillas no se les ha podido encontrar, las cárceles se llenan de personas que son sus víctimas. Es por eso que en Chile hay tantas mujeres que están en la cárcel a raíz del delito de micro tráfico, porque los que encabezan esa forma de delito las ocupan como carne de cañón.

El proyecto en debate propone el establecimiento de herramientas que permitirán llevar a cabo investigaciones efectivas para encontrar a los peces gordos, que son a los que hay que perseguir, castigar y encarcelar.

Por eso, es importante que el Congreso, no solo mediante esta iniciativa, que sin duda deberá ser mejorada en el resto de su tramitación, sino también mediante la ley que mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, que aprobamos hace algún tiempo, entregue las herramientas necesarias para destruir el narcotráfico y para que el Congreso, el gobierno y el Estado den una batalla frontal y democrática a aquellos que están destruyendo a miles de familias en nuestro país. Esa batalla frontal y democrática debe ser dada en contra de quienes insinúan la destrucción de las instituciones, porque, si no lo hacemos, ya sabemos qué pasara, ya conocemos la experiencia de países que se han transformado en narcoestados: terminan destruidos.

No podemos tenerles miedo a los narcotraficantes ni al crimen organizado. Por eso, más allá de las especificidades que propone este proyecto, hago un llamado a aprobarlo, porque es una herramienta que ayudará a perseguir la delincuencia organizada y el narcotráfico, que están destruyendo la vida a muchos chilenos. El Congreso no debe tenerle miedo al narcotráfico, sino que tiene que perseguirlo con todas las herramientas que le da la democracia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, los grupos narcoterroristas han levantado su bandera del libertinaje y me atrevo a decir que la han instalado en la llamada macrozona sur, y es evidente que encuentran apoyo tanto en algunas instituciones como en algunos partidos políticos.

El Ejecutivo ha tratado de instalar distintos proyectos para terminar con esa forma de ejercer presión y de poner en jaque a las instituciones. Esto tiene cierta relevancia, porque es evidente que, de otra manera, les es imposible llegar al poder.

Lamentablemente, es muy probable que este proyecto, así como ha ocurrido con otros que el Ejecutivo ha ingresado a tramitación legislativa, sea rechazado una vez más por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, sobre la base de argumentos insostenibles, poco válidos, bastante mediocres y poco serios.

El gran problema que tienen ellos es que requieren y necesitan este poder delictual para desordenar al Estado y hacerlo decaer. Espero que tengan conciencia, espero que entiendan la gravedad de lo que vivimos en nuestro país a partir del 18 de octubre y la gravedad de la situación que se vive en la macrozona sur, para que, de una vez por todas, apoyen al país y no a sus intereses ideológicos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, la estrategia basada en la persecución penal del crimen organizado ha fracasado en Chile; es hora de que lo asumamos.

Llevamos años con la dinámica de hacerle la guerra a algo que está muy cómodo jugando en esa cancha, como lo demuestran las terribles balaceras sucedidas durante la pandemia y que, incluso, terminaron violentamente con la vida de niños y niñas.

Llevamos décadas de declaraciones televisivas y rimbombantes, de leyes con nombres de fantasía, como antinarcos, anticrimen organizado, antiportonazos y antifuegos artificiales que lo único que hacen es prometer resolver el problema metiendo a más personas a la cárcel. Sin embargo, ni la cárcel, ni más carabineros en las calles ni más facultades de investigación han debilitado el fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado. De hecho, como señala Lucía Dammert , el crimen organizado no ha retrocedido ni un milímetro, sino todo lo contrario.

Conforme a la Casen de 2017, más del 55 por ciento de los hogares urbanos presenciaron tráfico o consumo de drogas y más del 50 por ciento atestiguaron hechos de violencia, incluyendo balaceras. Si hacemos un zum al narcotráfico, encontraremos el informe de 2019, que pone a Chile en el tercer lugar de Latinoamérica en exportación de cocaína, después de Colombia y Brasil

Les pregunto, diputados y diputadas: ¿vamos a esperar que algo cambie haciendo más de lo mismo? ¿Por qué insistir en este guion de guerra y de cárcel, que no solo ha sido inútil, sino que además nos tiene cada día peor?

Lamentablemente, lo que ocurre aquí es que ese guion rinde: rinde en votos, rinde en redes sociales, rinde en prensa y rinde en matinales, pero ¿sabe a quién no le rinde? A las personas de Chile. Para ellas, nada cambia cuando el dealer de la esquina se va preso, porque el narco pone a otro en ese lugar.

Por eso, tengo otra pregunta importante. ¿Los diputados saben quiénes se van a la cárcel por tráfico? Se van los eslabones más débiles de la cadena, pero no los peces gordos. Por ejemplo, más de la mitad de las mujeres que están actualmente privadas de libertad están encarceladas por el delito de microtráfico, tipificado en la ley N° 20.000. ¿Saben por qué? Porque el narco busca a aquellas mujeres vulnerables que no pueden salir de sus hogares para trabajar, porque tienen que cuidar a su familia, porque no tienen redes de apoyo. ¿Qué les dicen? Les dan una alternativa para llevar el pan a su mesa y poder seguir en su casa. ¿Y a quiénes detenemos? ¡A esas mujeres! No estamos persiguiendo a quien entrega esa herramienta a esas mujeres.

Entonces, mientras sucede todo eso, el negocio sigue funcionado sin problemas, reemplazando a todas las personas que se van a la cárcel, integrando a los niños y a las niñas que quedan separados de sus madres.

Lo único que no se puede reemplazar es el dinero. Por eso es tan importante quitarle la plata al crimen organizado, quebrar la empresa, quebrar la cadena de valor que estas construyen. En eso, sin duda -hay que ser honestos-, este proyecto avanza recogiendo la propuesta que hicimos en conjunto diversos diputados para ampliar las formas en que se pueden decomisar los bienes del crimen organizado.

Sin embargo, sigo creyendo que nos falta mucho todavía. Desarmar el negocio es solamente el primer paso. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo vamos a evitar que las personas simplemente pasen a otra actividad delictual? ¿Qué vamos a hacer con todos esos eslabones más débiles de la cadena que irán a la cárcel? ¿Qué va a pasar con todos los niños que se quedarán sin su madre producto de la futura ley?

Creo que la cárcel no es la solución. De hecho, la solución fácil y populista, la que cree que la respuesta al crimen organizado está en el Código Penal es lo que nos tiene en el lugar en que hoy estamos. La política tiene que aceptar urgentemente que la mano dura siempre pero siempre llega tarde.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ofrezco la palabra al diputado Luis Pardo .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero referirme brevemente a la intervención de la diputada Maite Orsini , porque podría quedar la sensación de que este proyecto solo endurece las penas, y la verdad es que, precisamente, por lo que la misma diputada Orsini ha señalado, en el sentido de que quienes principalmente son perseguidos corresponden al último eslabón de la cadena, que el hilo se está cortando por lo más delgado, es que esta iniciativa busca perseguir a estas organizaciones que tienen angustiados a los vecinos de prácticamente todas las comunas del país en las que el narcotráfico ha penetrado.

Ahora bien, no se trata solo de narcotráfico, sino también de muchas otras formas de organización criminal. Y precisamente para que el hilo no se siga cortando por lo más delgado y podamos ir en persecución de las organizaciones que hay detrás de este fenómeno, es imperativo aprobar este proyecto de ley, cuyas normas permiten abordar mejor las distintas formas de organización criminal, introducir elementos novedosos en materia de técnicas investigativas y perseguir, en definitiva, lo que hay detrás de la punta del iceberg, que es la que estamos percibiendo a diario en las distintas formas de crímenes.

Creo que es muy importante hacer la distinción y precisamente por ello llamo a votar en forma favorable este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor René Saffirio .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 135ª de la legislatura 368ª, en jueves 21 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 32ª de la presente legislatura, en martes 18 de mayo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 31.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto que paso a informar, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se inserta dentro de los mismos conceptos vertidos por el señor ministro de Justicia en el proyecto anterior y da cuenta de la complejidad que tiene para la legislación penal ponerse al día cuando los procedimientos y mecanismos delictuales avanzan, se modifican y se adecúan a las realidades del momento y nuestras leyes tienen un alto grado de complejidad para actualizarse.

En esa misma lógica, vengo en informar, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, un proyecto de ley originado en mociones refundidas, calificado con suma urgencia, que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos.

El proyecto tiene su origen en moción de los senadores y senadoras Isabel Allende , Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza (boletín N° 11958-07), y Manuel José Ossandón y Rafael Prohens (boletín N° 11966-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto recibido desde el Senado consiste en modificar el Código Penal con el propósito de regular de mejor forma la calificación del delito respecto al mayor de edad que participa con menores de edad para cometer delitos. Esto es importante, porque no se trata de aumentar penas a menores de edad, sino de aumentar la graduación de las penas respecto de aquellos adultos que utilizan menores para ese efecto.

Durante el estudio del proyecto, la comisión recibió a los académicos Andrea Pinto , Enrique Aldunate y Héctor Hernández . Asimismo, se trabajó en conjunto con el señor Sebastián Álvarez , subsecretario de Justicia, y se recibió por escrito la opinión de la señora Patricia Muñoz , defensora de la Niñez.

El Código Penal, en su artículo 72 vigente, dispone que: “En los casos en que aparezcan responsables en un mismo delito individuos mayores de dieciocho años y menores de esa edad, se aplicará a los mayores la pena que les habría correspondido sin esta circunstancia, aumentada en un grado, si estos se hubieren prevalido de los menores en la perpetración del delito, pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez.”.

Según indica la doctrina y penalistas, esta norma ha sido prácticamente letra muerta, porque se requiere demostrar que el delincuente mayor de edad se hubiere “prevalido” -este es el verbo que usa la norma vigente del menor de edad en la perpetración del delito, esto es, que se hubiese servido del menor para su ventaja o provecho propio. Es por ello que se hizo necesario buscar una redacción más adecuada para castigar efectivamente en forma especial al delincuente adulto que comete un delito con menores, hecho que lamentablemente se hace cada día más frecuente.

Es por ello que el proyecto aprobado por la comisión consiste en un artículo único, en virtud del cual se sustituye el artículo 72 del Código Penal por una nueva norma que establece, en su inciso primero, que cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años de edad y mayores de 14, se excluirá el mínimum, o el grado mínimo de la pena señalada, según corresponda, respecto de los imputados mayores de edad que hubieren participado en el mismo.

Respecto de este inciso primero, cabe señalar que se perfecciona la propuesta del Senado en este punto, que, aun cuando es semejante a la propuesta de la comisión, esta última precisa que la exclusión del mínimum de la pena solo se dará cuando el menor tenga 18 años y sea mayor de 14. El Senado sólo hablaba de menores de 18 años de edad. He allí una diferencia sustantiva entre lo que señala el Senado y lo que propone esta honorable Cámara.

En resumen, de acuerdo con la propuesta de la comisión, basta con que el delito sea cometido con la intervención de menores de 18 y mayores de 14 para que inmediatamente al delincuente mayor de edad no se le pueda aplicar la pena mínima.

El nuevo artículo aprobado por la comisión establece una segunda hipótesis, en virtud de la cual se aumenta en un grado la pena al mayor de edad. En efecto, el inciso segundo del nuevo artículo 72 establece lo siguiente:

“Asimismo, se aumentará en un grado la pena al mayor de dieciocho años de edad cuando el crimen o simple delito sea cometido o perpetrado con la intervención de una o más personas menores de catorce años de edad.”.

Es decir, solo basta demostrar la intervención de un menor de 14 años en el delito para que se aplique al mayor de edad la pena aumentada en un grado.

Lo que buscó la comisión es una nueva redacción, diferente a la del Senado, en virtud de la cual no hubiese la enorme dificultad que plantea el artículo 72 vigente para demostrar que el delincuente mayor de edad se prevalió de un menor, y que por fin se castigue efectivamente en forma calificada al mayor de edad que cometió el delito con la intervención de menores de edad.

En este defecto probatorio también incurría el texto del Senado, que establecía que “se aumentará en un grado la pena al mayor de dieciocho años que se valga, engañe, utilice, induzca, fuerce o coaccione a un menor de dieciocho años de edad a cometer o perpetrar un crimen o simple delito, esto con independencia de la responsabilidad penal que le pudiera corresponder al menor de edad.”.

Es claro que para que se aumente la pena, conforme con la propuesta del Senado, es necesario demostrar que se ha valido, engañado, utilizado, inducido, forzado o coaccionado al menor de edad por parte del mayor de edad.

En definitiva, la propuesta de la comisión es más clara y eficiente.

Habiendo sido aprobado el proyecto en particular por la unanimidad de los integrantes de la comisión que represento, solicito a esta honorable Sala que proceda de idéntica manera.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto viene a regular la consecuencia de la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de adultos para cometer graves delitos por medio de bandas u otros procedimientos.

Nunca hay que olvidar que detrás de cada niño, niña y adolescente que comete infracciones legales, delitos o crímenes, hay un adulto que, como padre o cuidador, no lo protegió, lo vulneró en sus derechos, en su indemnidad sexual, o no lo guio, y que por acción u omisión fue empujado a una conducta criminógena. También hay adultos que derechamente los utilizan como herramientas para cometer delitos, los entrenan, los capturan y los utilizan para cometer asaltos, robos o para el narcotráfico.

Al respecto, el artículo 72 del Código Penal establece una agravante que aumenta la sanción penal y castiga con una pena mayor al adulto que utiliza a menores para cometer delitos. Sin embargo, los jueces -eso lo detectamos señalan que se encuentra en franco desuso y que no se utiliza por tener condiciones y requisitos muy difíciles de aplicar. Detectamos esa ambigüedad legal, que es muy fina respecto de esta agravante, pero que facilita que se apliquen penas leves a los adultos que usan menores de edad para cometer delitos.

Este defecto legal no tiene sentido y facilita que las bandas y las organizaciones criminales se aprovechen de la vulnerabilidad de los niños, de la pobreza y el abandono en que se encuentran, para convertirlos en verdaderos soldados para realizar asaltos y traficar drogas.

Creemos que debemos proteger fuertemente los derechos y garantías de los menores de edad, prevenir que inicien carreras delictuales y evitar el contacto criminógeno a temprana edad. El Estado debe actuar con mucha más fuerza, pero también los colegios, los municipios, todas las organizaciones relacionadas con la reforma a la justicia juvenil, así como también el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, organismo que debe actuar cuando se encienden las alarmas, cuando hay un primer abandono, una primera vulneración de derechos o una detención de menores, como lo señalan las convenciones internacionales. Por eso, consideramos que el proyecto de ley está bien inspirado y que abre la posibilidad de un debate profundo.

En resumen, la modificación propuesta al artículo 72 del Código Penal establece que cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años de edad y mayores de 14 años de edad, el juez excluirá el mínimo de la pena, según corresponda, respecto de los imputados mayores de edad que hubieren participado en el mismo. Se refiere a adultos que han participado en un delito con menores de edad, ya sea como coautores, cómplices o encubridores de los menores y cuando se trata de menores de 14 años de edad utilizados por adultos. En tal caso se aplica una pena superior en un grado.

Esta es una medida que establece una sanción más severa a los adultos, una herramienta que se entrega a la justicia adulta para evitar el abuso de menores, medida que la bancada de nuestro partido viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Por eso, suscribí en la comisión la indicación para sustituir el artículo 72 del Código Penal por el que se propone, texto que espero que la Cámara apoye.

Me gustaría destacar el aporte efectuado por varios profesores de derecho penal que compartieron la idea matriz de reparar este vacío legal y entregar herramientas a los jueces para que establezcan sanciones proporcionales severas para los adultos que se aprovechan de menores de edad para cometer crímenes y simples delitos.

Por eso, anuncio mi voto a favor de este proyecto, en defensa de los niños, niñas y adolescentes de San Bernardo, Buin y Paine .

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este proyecto reúne elementos fundamentales para cambiar la lógica de nuestro Código Penal y de nuestra legislación en materia de sanciones, procedimientos y maneras de acreditación de los tipos penales.

Primero, se elimina la discrecionalidad. Se trata de un elemento fundamental para efectos de sancionar de mejor manera a quienes utilizan a menores de edad para la comisión de crímenes o simples delitos, lo cual ha subido 50 por ciento en los últimos años, principalmente porque el mayor de edad siente que está en un mayor grado de impunidad cuando utiliza menores de edad para la comisión de delitos. ¿Por qué ocurre eso? Porque después, cuando van al tribunal, el juez mira el artículo 72 del Código Penal y dice que difícilmente se le puede aplicar la pena ahí establecida, porque no se pueden acreditar dos elementos que establece la norma: aparecer como responsables y haberse prevalido de menores de edad, lo que además debe ser apreciado en conciencia por el juez. En la práctica, esos elementos son muy difíciles de acreditar y, por lo tanto, quien comete el delito utilizando a menores de edad tiene menor pena o, en definitiva, no es sancionado.

Se eliminaron aquellos elementos que daban garantías a quien cometía un delito utilizando menores de edad en el sentido de que no iba a ser sancionado. Se estableció que solo la intervención de un menor de edad va a ser un elemento necesario y excluyente para efectos de que pueda ser sancionada la persona que lo utiliza para cometer un delito.

Pero no solo eso, porque además se elimina el mínimo de la pena. Así, quien vaya a utilizar a un menor de edad para cometer un delito sabrá inmediatamente que no se le va a aplicar el mínimo de la pena. Obviamente, eso debería ser un elemento disuasivo.

Por otro lado, los menores de catorce años son inimputables, es decir, no pueden ser sancionados penalmente. ¿Qué significa eso? Que los mayores de edad los utilizan frecuentemente para cometer delitos.

Al respecto, este proyecto establece que se va a aumentar en un grado la pena al que utilice a menores de catorce años para cometer delitos. Esto es muy importante, porque hoy es un incentivo utilizar a menores de catorce años. Como ellos no tienen sanción penal, con algún incentivo, algún beneficio económico o alguna maniobra de distinta índole, se dejan persuadir por el mayor de edad para cometer un determinado delito. Ahora quienes los utilicen en la comisión de delitos van a tener una pena mayor.

Tenemos un Código Penal con varios problemas, porque es de finales del siglo XIX -esperamos que el ministro Hernán Larraín presente el proyecto del nuevo Código Penal-. Entre esos problemas no solo está la poca proporcionalidad de las penas en atención a su reproche moral y al daño que producen, sino también la discrecionalidad que se le otorga al juez para aplicarlas. Obviamente, eso genera una sensación de incerteza jurídica muy grande en la población, porque los jueces se pueden mover entre determinados rangos de penas. Eso provoca incerteza e incertidumbre. Entonces, cuando alguien comete un delito terrible o atroz, y uno se pregunta por qué le dieron una determinada pena, la respuesta es que el juez se puede mover dentro de ciertos rangos. Eso hay que empezar a modificarlo. Ante determinada conducta, bajo determinadas circunstancias, se tiene que aplicar la pena establecida en el Código Penal, y no bajarla de cierto rango, lo cual hoy puede suceder con las atenuantes.

Lo que hace este proyecto es precisamente dar mayor eficacia en esa materia, eliminando esos rangos de discrecionalidad. Para ello, en el artículo 72 del Código Penal se elimina una oración fundamental: “pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez.”, porque depende de cada juez. Eso queda eliminado. Ahora, con solo la intervención del menor de edad, el mayor de edad, sin necesidad de determinar su responsabilidad o de que se haya prevalido del menor, es decir, de que haya tenido la posición de dominio bajo su control, podrá ser sancionado con penas mayores, toda vez que se quita el mínimo de la pena. Asimismo, se aplicará esto es lo más importante una pena mucho mayor cuando sean utilizados menores de catorce años.

Hoy, en nuestro país, la utilización de menores está siendo cada vez más habitual en todo tipo de crímenes: narcotráfico, delitos sexuales, homicidios, robos, etcétera. Por su gravedad, eso tiene que empezar a ser sancionado con la pena que merece, porque hablamos de menores de edad que necesitan una protección mayor en todos los ámbitos. Por consiguiente, también debemos protegerlos de aquellos que pretenden utilizarlos para cometer delitos graves.

Por otro lado, la imputabilidad es fundamental -está establecida desde los catorce años-, porque tampoco podemos dejar de hablar respecto del reproche que significa que menores de edad cometan delitos muchas veces no porque mayores de edad se han prevalido de ellos, sino porque se aprovechan de que nuestra legislación les establece penas mucho menores o no lo suficientemente graves en atención al delito cometido.

En consecuencia, valoro este proyecto. Espero que lo aprobemos por unanimidad y que sigamos avanzando en eliminar la discrecionalidad de nuestros jueces y en establecer penas acordes al delito cometido o al reproche moral que, en este caso, significa la utilización de menores de edad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que es deber del Estado y del Congreso Nacional cuidar, proteger y entregar herramientas a los niños para que tengan un desarrollo integral.

También es notorio el aumento de la utilización de menores en diferentes delitos. Mayores de edad utilizan a menores atendido el hecho de que generalmente salen impunes al culparlos de los delitos. Esta utilización de menores, al final del día, resulta ser una materia perversa.

Qué bueno que este Congreso esté discutiendo, en su tercer trámite constitucional, una agravante que, lamentablemente, en los hechos, tiene una serie de problemas y de deficiencias técnicas, y que, en términos jurisprudenciales, estaba siendo cada vez menos usada.

El actual artículo 72 del Código Penal busca que sancionemos efectivamente a aquellos mayores de edad que utilizan a menores para la comisión de delitos. Pero técnicamente utiliza conceptos que, como ya lo han señalado algunos parlamentarios, son bastante complejos.

¿Qué debemos entender por prevalerse de un menor de edad? Ahí cabe la primera discusión en orden a que existe un aprovechamiento que efectúa el adulto respecto del menor en la ejecución del delito. El hecho de prevalerse del menor es un elemento central dentro de la figura y la utilización de este agravante.

Por lo mismo, la técnica jurídica que utilizamos fue mucho más amplia. En ese sentido, señalamos que “Cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de dieciocho años de edad y mayores de catorce, se excluirá el mínimum o el grado mínimo de la pena señalada,…”. Es decir, lo que hoy hacemos es mejorar el texto del artículo 72 del Código Penal para que se pueda aplicar, efectivamente, esta agravante.

El segundo problema grave que tenía el artículo 72 era que el Código Penal entregaba al juez la facultad de apreciar en conciencia si aplicaba o no dicha agravante. Por lo tanto, lo que sucedía en los hechos era que tal agravante, que buscaba proteger a los menores de edad, no se utilizaba.

Por eso modificamos el texto aprobado por el Senado y lo mejoramos en términos de establecer con claridad que a aquellos delincuentes que utilizan a menores para la comisión de delitos no se les aplicará el grado mínimo de la pena señalada. Es decir, el grado de la pena que se les aplicará partirá más arriba. A usted, señor delincuente, que quiere utilizar a menores de edad para cometer delitos se le aplicará una pena superior. Pero, además, si usted utiliza a menores de 14 años, se le va a aumentar la pena en un grado. Asimismo, eliminamos la posibilidad del juez de apreciar esta agravante en conciencia.

Al igual que los diputados Andrés Longton y Leonardo Soto , invito a la Cámara de Diputados a aprobar el texto propuesto del artículo 72 del Código Penal, porque creemos que es un avance legislativo. Mejoramos el texto de dicho artículo.

También llamo al Ejecutivo a que trabajemos en el Código Penal, a que logremos sistematizar de mejor manera y de forma adecuada a los tiempos modernos un código que se requiere con urgencia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, por fin estamos discutiendo un proyecto que debió ser aprobado hace décadas, que busca sancionar duramente a quienes utilizan a menores de edad para cometer delitos graves.

En los últimos diez años, la participación de menores de edad en delitos de mayor connotación social, en los más graves, aumentó en 51 por ciento. Lo peor de todo es que estos hechos aumentan porque muchas veces las bandas de narcotraficantes utilizan a menores de edad para cometer delitos y así evitar que sean ellas las sancionadas; es decir, se aprovechan de la inimputabilidad de los menores de edad o del hecho de que si estos cometen el delito, salen antes en libertad. Esa es una realidad que todos conocemos en nuestros distritos. A todos, en las comunas que representamos, nos ha tocado conocer casos de menores de edad detenidos, que fueron utilizados por verdaderas bandas de narcotráfico para delinquir.

Este proyecto de ley incorpora tres normas que son fundamentales. La primera dispone que a aquellas personas mayores de 18 años que utilizan a menores de edad, mayores de 14 años y menores de 18 años, no se les aplicará el mínimo de la pena, lo que muchas veces era un resquicio que les permitía salir en libertad. Cuando un mayor de edad utilice a un menor de edad para la comisión de un delito no podrá salir libre prácticamente nunca. Esa es una buena noticia.

La segunda dispone que no solo no se les aplicará el mínimo de la pena, sino que se les aumentará a aquellos que utilizan a menores de 14 años para la comisión de delitos. Esta sanción va dirigida claramente a los delitos de narcotráfico, en los que generalmente los adultos utilizan a menores de edad para vender y distribuir drogas a fin de asegurar su libertad. A quien utilice a un menor de 14 años para cometer un delito se le aumentará significativamente la pena. De esta manera se empezará a sancionar duramente a quienes utilizan a niños en ese tipo de actos.

En tercer lugar, me parece relevante que por fin estemos terminando con la discrecionalidad de los jueces. ¿Cuántas veces hemos visto que personas que han sido detenidas veinte, treinta o cuarenta veces terminan en libertad gracias a la discrecionalidad del juez? Llego el momento; lo hemos dicho muchas veces y se dice muchas veces en las campañas políticas: hay que terminar con los beneficios para los reincidentes, hay que terminar con la puerta giratoria. Hacemos leyes duras, pero los jueces dejan en libertad a los delincuentes. Con este proyecto estamos avanzando en terminar con algo que, lamentablemente, se ha convertido en un hecho reiterativo, como es la discrecionalidad con que opera la justicia. Queremos que aquel que utilice a un menor de edad para cometer delitos sea sancionado más duramente; que cuando se utilice a un menor de 14 años, se aumente la pena y no existan las excusas que encontraban los jueces para dejar al delincuente en libertad. Con este proyecto de ley nos parece que por fin vamos a sancionar más duramente a los que usan a menores de edad para cometer delitos, especialmente a los menores de 14 años.

Sin perjuicio de este proyecto, pido al Ejecutivo que ponga urgencia al proyecto que, lamentablemente, está parado en el Senado, que aborda la situación no de los menores de edad que son utilizados por adultos, sino la de aquellos de entre 16 y 17 años de edad que son reincidentes, que en los hechos conocen el sistema mejor que los propios jueces y que quedan en libertad. A ellos, cuando actúen solos, hay que aumentarles la pena, para empezar a terminar con los delitos de los menores de edad cuando los comenten formando parte de bandas de menores de edad.

Vamos a terminar con la discrecionalidad que tienen los jueces para rebajar las penas cuando se utiliza a menores de edad para la comisión de delitos; vamos terminar con la manga ancha que tienen muchos grupos de narcotráfico al utilizar a menores de 14 años y, por fin, vamos a tener mayor certeza de que quien utiliza a un menor de edad lo pagará caro.

Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que pretende este proyecto. Espero que hoy no haya medias tintas y que el proyecto se apruebe por unanimidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Asociación de Economía Digital entre la República de Chile, Nueva Zelanda y la República de Singapur, suscrito el 11 de junio de 2020 (boletín No 14176-10).

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Francisco Undurraga .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 20 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor UNDURRAGA (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas colegas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Asociación de Economía Digital entre la República de Chile, Nueva Zelanda y la República de Singapur, suscrito el 11 de junio de 2020, el que se encuentra sometido a consideración de esta honorable Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, No 15, y 54, No 1, de la Constitución Política de la República.

El mensaje señala que la política de apertura comercial de Chile ha permitido incrementar los volúmenes de exportación de productos y servicios chilenos, diversificando su acceso a las principales economías del mundo. Al mismo tiempo, el libre comercio otorga a nuestros productores y consumidores la posibilidad de acceder a productos y servicios extranjeros a menor costo.

Agrega que la activa participación de Chile en el comercio exterior ha contribuido al crecimiento económico de nuestro país. Chile ha logrado crear una amplia red de 29 acuerdos comerciales con 65 economías, las que cubren cerca de 88 por ciento del producto interno bruto mundial, lo que promueve una política comercial dinámica, inclusiva y sostenible, mediante el establecimiento de un clima de seguridad y confianza para realizar negocios.

Hace presente que desde el año 2003 Chile ha desarrollado una estrategia de inserción en la región Asia Pacífico, suscribiendo acuerdos comerciales con Corea en 2003, con China en 2005, el P4 (con Brunei Darussalam , Nueva Zelanda y Singapur) en 2005, con India en 2006, con Japón en 2007, con Australia en 2008, con Malasia en 2010, con Vietnam en 2011, con Hong Kong SAR en 2012, con Tailandia en 2013, con Indonesia en 2019, además de las ampliaciones y modernizaciones de acuerdos vigentes con India en 2016 y con China en 2017.

Del mismo modo, manifiesta que para países pequeños como el nuestro, la apertura al comercio internacional es indispensable para el crecimiento y modernización de sus economías. En el caso de Chile, el aumento de los flujos del comercio y de las inversiones internacionales ha sido fuente de oportunidades para muchas empresas que en el pasado se encontraban restringidas al mercado doméstico.

Por otra parte, añade que el comercio internacional hoy enfrenta un importante proceso de actualización de sus normas. En los últimos años se ha presenciado una transformación y reconfiguración de la economía mundial, incluyendo la creciente importancia del comercio electrónico. La suscripción del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por su sigla en inglés), permitirá a nuestro país su inserción integral y efectiva en las tendencias internacionales de digitalización de la economía. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía digital abarca todas aquellas transacciones comerciales de bienes y servicios realizadas por medios digitales en las que confluye la participación de consumidores, sector privado y entes estatales. Para ello, las partes del DEPA adoptaron un marco normativo que permite a las economías miembros promover sus mercados y colaborar en el desarrollo de la economía digital.

A continuación, precisa que este acuerdo ha sido firmado por economías pequeñas, pero con gran proyección comercial en el mundo. Chile, Nueva Zelanda y Singapur encuentran denominadores comunes en la regulación de temas cruciales para la economía digital, tales como el tratamiento no discriminatorio de los productos digitales, la no localización forzada de servidores y el libre flujo transfronterizo de datos.

Considerando que las actividades digitales cada día cobran más relevancia en la vida de las personas, asevera que es esencial para Chile apoyar el crecimiento y proyección de la economía digital tanto en el mercado nacional como internacional. Se proyecta que, a nivel nacional, el comercio electrónico crecerá anualmente un 20 por ciento en promedio durante los próximos cinco años. Además, se constata que en Chile existen 15,3 millones de usuarios de internet al año 2019, lo cual equivale a una tasa de penetración de internet del 86 por ciento. El 78 por ciento de la conectividad se realiza mediante suscripciones móviles de internet.

Expresa que Nueva Zelanda, por su parte, mantiene una tasa de penetración de internet de 88 por ciento de un total de 4,77 millones de personas. La conectividad mediante suscripciones de internet móvil alcanza los 6,35 millones de personas, equivalente a una tasa de 133 por ciento y los servicios de 5G están siendo prestados para mejorar la conectividad digital. Por último, Singapur , al año 2019, registra 4,9 millones de usuarios de internet, lo cual representa una tasa de 89,6 por ciento de penetración de internet. La conectividad mediante suscripciones de internet móvil alcanza a 79,8 por ciento de la población y los servicios de 5G están siendo prestados para mejorar la conectividad digital.

Concluye señalando que el Acuerdo de Asociación de Economía Digital constituye un hito modernizador de la política comercial, toda vez que es el primer acuerdo que trata exclusivamente materias de economía digital, abordando nuevos temas, tales como ciberseguridad, fintech, inteligencia artificial, interoperabilidad y estándares abiertos, inclusión digital, política de competencia y modelos de desarrollo abiertos.

En lo referido al intercambio comercial de bienes entre Chile y Nueva Zelanda, señala el mensaje que este ha experimentado una disminución promedio anual de 5,2 por ciento desde el 2014. Lo anterior se debe a que las exportaciones chilenas han sido inferiores a las importaciones desde Nueva Zelanda, y hubo un saldo comercial deficitario de 25 millones de dólares en 2019. Durante el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2020, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 70 millones de dólares, experimentando una disminución de 20 por ciento respecto de igual período del año 2019. Las exportaciones fueron avaluadas en 23 millones de dólares y las importaciones desde Nueva Zelanda alcanzaron los 46 millones de dólares, constatando un saldo comercial deficitario de 15 millones de dólares.

Por su parte, Singapur es actualmente el cuadragésimo segundo socio comercial de Chile, alcanzando un intercambio comercial de bienes avaluado en 157 millones de dólares durante el 2019. La relación que sostiene Chile con Singapur ha experimentado un crecimiento promedio anual de 3,3 por ciento desde el año 2014. Dado que las exportaciones chilenas fueron inferiores a las importaciones desde Singapur , existió un saldo comercial deficitario de 15 millones de dólares en 2019. Durante el período entre enero y mayo de 2020, el intercambio comercial entre ambos países ascendió a 48 millones de dólares, experimentando una disminución de 34 por ciento respecto de igual período del 2019. Las exportaciones alcanzaron los 21 millones de dólares y las importaciones desde Singapur fueron equivalentes a 27 millones de dólares, constatando un saldo comercial deficitario de 5,1 millones de dólares.

Asimismo, enfatiza el mensaje que el acuerdo potenciará y facilitará el comercio en la economía digital. Ello traerá como consecuencia que se fortalezca la llamada “industria 4.0”, que incluye nuevas tecnologías tales como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En agricultura y alimentos, el uso de nuevas aplicaciones en tecnología móvil, sensores remotos o monitoreo a distancia requiere un marco regulatorio que facilite su uso y expansión. El DEPA permitirá que se desarrollen estas tecnologías en un marco regulatorio con visión de futuro que otorgue certeza a las partes.

En síntesis, este acuerdo establece un marco de cooperación que permite fomentar la innovación y la creatividad, la difusión de la información, conocimientos, tecnología, cultura y las artes, creando así mercados abiertos y competitivos. Asimismo, el DEPA fomentará el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), rubro comercial emergente, de creciente relevancia en el contexto de las exportaciones chilenas.

En materia logística, el acuerdo facilitará el comercio sin papel y el intercambio de buenas prácticas para el desarrollo de nuevas tecnologías, tales como: entregas de última milla, uso de drones y uso de medios no tradicionales para entregas como el uso de lockers. Asimismo, el DEPA promueve la creación de nuevos modelos de negocios para la logística y envíos, incluyendo normas relativas a la facilitación del desarrollo de los envíos exprés, que buscan la reducción de documentos exigidos para la internación aduanera, reducción de los tiempos de procesamiento y establecer claridad en la información sobre los pagos que deben efectuarse al momento de procesar un envío exprés. También reconoce los principios generales de la protección de datos personales propuestos por la OCDE, además de incentivar la adopción interna de los más altos estándares internacionales en esta materia.

El acuerdo también promueve la interoperabilidad entre los distintos sistemas de protección de datos, manteniendo de esta manera el compromiso de Chile de promover el libre flujo de datos. Además, el acuerdo promueve el establecimiento de programas gubernamentales de datos abiertos. Para esto se fijan marcos normativos que permiten la cooperación sobre la publicación de datos gubernamentales, incluyendo identificación del tipo de datos relevantes, desarrollo de nuevos productos y la generación de modelos de licencias abiertas para estos datos.

Por otra parte, el acuerdo hace permanente la moratoria a la aplicación de aranceles a las transmisiones electrónicas establecida en la Declaración sobre Comercio Electrónico Global de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1998. Con esto, las trasmisiones electrónicas no pagarán aranceles en frontera. No obstante, no significa que los productos o plataformas digitales estén exentos de tributos internos, pues cada país podrá aplicar los impuestos internos que su legislación disponga, de manera no discriminatoria.

Por último, este acuerdo tiene un carácter inclusivo, procurando que los beneficios de la economía digital lleguen a todas las personas. Para esto, se potencian especialmente las actividades que ayuden a llevar a más personas al comercio digital, incluyéndose herramientas tales como el intercambio de buenas prácticas y el de expertos. Asimismo, el DEPA promueve el diálogo con la sociedad civil y el sector privado, creando, por ejemplo, un diálogo digital de pymes cuyo objetivo es la promoción de los beneficios del acuerdo para las pymes de las partes.

El Acuerdo de Asociación de Economía Digital consta de un preámbulo y dieciséis módulos: Disposiciones iniciales y definiciones generales; Facilitación de los negocios y el comercio; Tratamiento de productos digitales y temas relacionados; Temas de datos; Ambiente amplio de confianza; Confianza de consumidor y empresa; Identidad digital; Tecnologías y tendencias emergentes; Innovación y la economía digital; Cooperación de pequeñas y medianas empresas; Inclusión digital; Comité conjunto y puntos de contacto; Transparencia; Solución de controversias; Excepciones, y Disposiciones finales.

Además, contiene un anexo relativo al entendimiento de las partes sobre este acuerdo, a lo que no me referiré en detalle en aras del tiempo y por encontrarse ello latamente explicado en el informe que los colegas tienen en su poder.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia, de manera telemática, del señor Rodrigo Yáñez Benítez , subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, junto con la señora María Helena Lee , jefa de la División de Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), y de los señores Sebastián Gómez y Piero Guasta , asesores de la División de Servicios y Economía Digital de dicha subsecretaría.

Asimismo, asistieron las señoras María Paz Canales, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Derechos Digitales, y Dorotea López Giral , directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, junto con el señor Felipe Muñoz Navia , y los señores Matías Aránguiz Villagrán , del Centro de Derecho y Tecnología de la Universidad Católica de Chile; Rodrigo Contreras Stange , gerente general de Gamaga, y Óscar Molina , abogado miembro del Comité Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), todos los cuales refrendaron las bondades de este acuerdo.

Finalizadas las exposiciones, los integrantes de la instancia legislativa valoraron lo realizado por el señor Rodrigo Yáñez , subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, en cuanto a incorporar de manera previa a muchas personas con los conocimientos suficientes sobre la materia para que fueran parte en la elaboración del acuerdo.

Asimismo, destacaron la importancia estratégica del instrumento, tanto para la forma de hacer comercio como para el futuro del país.

Sometido a votación general y particular el proyecto de acuerdo, se aprobó por 12 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor la diputada señora Muñoz , doña Francesca , y los diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Calisto, don Miguel Ángel ; Fuentes, don Tomás ; Jarpa, don Carlos Abel ; Kort, don Issa ; Mirosevic, don Vlado ; Moreira, don Cristhian ; Naranjo, don Jaime ; Schalper, don Diego ; Vidal, don Pablo , y quien informa, Francisco Undurraga .

Me permito hacer presente a la Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.

Asimismo, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a esta Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el respectivo informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad de la moción de los diputados señores Ricardo Celis , Juan Luis Castro , Andrés Celis , Miguel Crispi , Patricio Rosas y Víctor Torres , y de las diputadas señoras Karol Cariola y Andrea Parra , que suspende el proceso de formulación, ejecución y evaluación de metas asociadas a bonificaciones contenidas en el componente variable de las remuneraciones de las y los trabajadores del sector salud para el año 2021, con ocasión de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por covid-19.

Para sostener la admisibilidad de la moción, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, me voy a permitir decir la siguiente frase que apareció en todos los medios: “El punto central no es quién hace las leyes, sino qué hacer para solucionar los problemas de la gente”. Estas palabras no corresponden estrictamente a mi persona, sino al ministro del Tribunal Constitucional don Iván Aróstica , a raíz de la discusión del retiro del 10 por ciento.

Efectivamente, aquí hay que solucionar un tremendo problema de la gente. Y esa gente incluye, ni más ni menos, a los funcionarios de la salud pública, aquellos que están en la atención primaria, aquellos que laboran en los hospitales, en las UCI y en las UTI, quienes deben cumplir distintas metas sanitarias exigidas por el ministerio para fin de año.

Esto se ha repetido por mucho tiempo. Y a todos nos queda claro que no es posible que los funcionarios de la atención primaria en salud, ni aquellos que están en las UCI o en las UTI, ni aquellos que se encuentran en los centros de diagnóstico puedan cumplir las metas sanitarias que les exige en este momento el Ministerio de Salud, que son las mismas que por años se han establecido en cuanto a toma de PAP, mamografías; control de diabéticos, hipertensos, pacientes crónicos, etcétera.

A ninguno de nosotros nos cabe duda alguna de que es imprescindible avanzar en esas metas sanitarias. Pero no es posible hacer las dos cosas: trabajar a full en la pandemia, haciendo un tremendo esfuerzo, el cual ha sido reconocido por todos, y estar en los planes de vacunación tanto contra la covid como contra la influenza, y que además el ministerio les coloque metas sanitarias que deben cumplir de aquí a fin de año.

Entonces, lo que pretende finalmente este proyecto es que no se aplique la ley estrictamente como está, sino que se ofrezca la posibilidad de dar por cumplidas las metas, tal como ocurrió en 2010, a raíz del terremoto.

Señor Presidente, el proyecto contenido en el boletín N° 14189-11, ingresado el 20 de abril por los honorables diputados Jaime Mulet , Ximena Ossandón , Andrea Parra , Patricio Rosas , Alejandra Sepúlveda , Víctor Torres y Esteban Velásquez , trataba exactamente el mismo tema, y esta Sala lo aprobó y habilitó la suspensión de la evaluación del nivel de cumplimiento de la atención primaria de salud en la determinación de la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo.

El proyecto que presentamos lo hace extensivo a las Seremis, a los funcionarios del Ministerio de Salud, a quienes laboran en los centros hospitalarios y también en la atención primaria de salud, como reconocimiento a la tremenda labor que están haciendo.

Entonces, no es comprensible que, habiendo esta Sala declarado admisible un proyecto de la misma naturaleza para que sea visto en la comisión, finalmente, este no lo sea. Por lo tanto, solicito que esta iniciativa sea considerada admisible.

Este proyecto no modifica el presupuesto destinado al área, tampoco modifica la base de cálculo ni la forma de calcularlo, sino que, en definitiva, entrega la posibilidad de que, estando en pleno combate contra la pandemia por covid, los funcionarios de la salud, e incluso de los niveles regionales, vayan determinando cuáles son los aspectos necesarios de abordar con mayor urgencia.

Solicito a los señores diputados que voten por la admisibilidad de este proyecto, por justicia con los trabajadores de la salud, quienes, obviamente, están impedidos de hacer ambas cosas: combatir el covid y cumplir las metas sanitarias, como históricamente se ha hecho.

No es posible exigirles el mismo nivel de cumplimiento por metas históricas si estamos en una situación especial y distinta, no solo en Chile, sino en el mundo entero.

He dicho.