Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares, correspondiente a los boletines Nos 13212-07 y 13213-07.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado inscrito.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señora Joanna Pérez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 43ª de la presente legislatura, en jueves 10 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 9.

-El primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización se rindió en la sesión 37ª de la presente legislatura, en miércoles 26 de mayo de 2021.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PÉREZ (doña Joanna) [de pie].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar el proyecto de la referencia, que cumple su segundo trámite reglamentario.

Antecedentes

El proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior en el primer trámite constitucional y reglamentario constaba de un artículo con dos numerales.

El numeral 1 incorporaba las siguientes enmiendas en el artículo 15 de la Carta Fundamental: a) Sustituye en el inciso primero la palabra "voluntario" por "obligatorio" (referida al voto); b) Intercala tres incisos nuevos sobre las excepciones de la obligatoriedad del sufragio: personas mayores de 75 años, personas en situación de discapacidad o dependencia, ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero, ciudadanos extranjeros avecindados en Chile que estuvieren habilitados para sufragar, elecciones primarias convocadas en virtud de la ley orgánica constitucional que las regule; c) Establece, en el nuevo inciso cuarto, que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio.

El numeral 2, en tanto, estipula que la reforma introducida al artículo 15, sobre obligatoriedad del voto, regirá al momento de modificarse la ley orgánica constitucional respectiva.

En el segundo trámite reglamentario se presentaron varias indicaciones, todas ellas de origen parlamentario, las que fueron declaradas inadmisibles por no guardar relación directa con la idea matriz o fundamental del proyecto, con la única excepción de una indicación del diputado señor Félix González , que fue rechazada por simple mayoría (1 voto a favor y 10 en contra), que proponía rebajar de 75 a 65 años la edad límite en que el sufragio es obligatorio.

Sobre este último punto, se esgrimieron varios argumentos por parte de quienes rechazaron la indicación. Así, por ejemplo, se dijo que no hay razones para rebajar la edad, dado que es a los 75 años cuando algunas personas comienzan a tener dificultades de movilidad, por lo cual, surgiría la posibilidad de que la obligatoriedad del voto no se extienda sobre dicha edad.

También se sostuvo que la propuesta contenida en la indicación se aparta del sentido de autovalencia que predomina en las personas mayores y, por último, que lo importante es ampliar la democracia y no reducir los espacios de participación, sobre todo porque los adultos mayores tienen ganas de votar y participar.

Según lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de reforma constitucional al cual me he referido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, formar parte de cualquier sociedad implica entender que uno no vive solo y, por tanto, que tiene derechos respecto del resto, pero también deberes.

En general, eso nos debiera llevar a reflexionar en favor del voto obligatorio; no obstante, de un tiempo a esta parte, el nivel de manipulación del padrón electoral en las sucesivas elecciones debiese, al menos, llamarnos la atención. No es posible que enfrentemos cada elección con un padrón electoral distinto, dado que esta Cámara de Diputados y el Senado, con una creatividad espectacular, modifican sistemáticamente las reglas a partir de las cuales participa el electorado.

En ese sentido, quiero recordar a los colegas que en la reforma constitucional aprobada a propósito del proceso constitucional, el plebiscito de salida tendrá voto obligatorio. Por lo tanto, ahí ya impusimos un camino de salida que va a obligar a discutir esta materia a aquellos que nos subroguen en el cargo el año que viene.

En consecuencia, no veo la necesidad de seguir con esta senda de improvisaciones y precipitaciones en los procesos electorales en Chile.

Me llama además profundamente la atención esta mención que se hace respecto de que la obligatoriedad no sería propia para las personas en situación de discapacidad. Tengo la impresión de que lo que se pretende es tener una especie de condescendencia, pero que termina siendo tremendamente discriminatoria, porque la señal que se envía es que el cumplimiento de las cargas públicas no es posible hacerlo de igual manera en uno o en otro caso.

Lo conversé con el diputado Undurraga -en este momento no se encuentra-, quien me insistió en lo mismo: es una señal rara. En momentos en que lo que hemos estado tratando de empujar es que haya igualdad de condiciones y que el fin del Estado sea favorecer la participación, que se diga que la obligatoriedad no se aplica respecto de un grupo de la sociedad es bastante contradictorio. Por lo tanto, me parece que es un error y espero que se pueda votar aparte.

Lo mismo sucede respecto de las personas mayores de 75 años. Da la impresión de que la finalidad de la norma es favorecer su participación, que el Estado tenga el deber de generar las condiciones; sin embargo, de acuerdo con la redacción actual, da la impresión de que el deber del Estado es exactamente el contrario: ser como Poncio Pilato y lavarse las manos.

No me convence este texto en particular y no me convence la improvisación con la que se están trabajando materias que son de largo aliento.

Ojalá esta Cámara de Diputados tenga en consideración que una cosa que puede ser correcta, por aplicarla de manera impertinente, oportunista e improvisada, puede terminar siendo un remedio peor que la enfermedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, este proyecto ya fue aprobado, así que no sé qué se podría rechazar hoy.

Estas mociones, que fueron presentadas hace bastante tiempo, tienen mucho que ver con lo que sucedió en la elección de este domingo, ya que hubo regiones que alcanzaron apenas 12 o 13 por ciento de participación.

No se trata de hacer trajes a la medida ni nada por el estilo; basta ver que Chile Vamos, el oficialismo, alcanzó el triunfo en una sola región, así que –reitero esto no se trata de trajes a la medida, sino de cómo logramos mayor participación, que la gente se involucre realmente en los destinos de su país y que no solo el 18 o 19 por ciento de la ciudadanía tenga la responsabilidad de elegir nuestra institucionalidad, y el resto, nada.

Acá se tienen que hacer varias cosas para que la democracia se fortalezca realmente. Una de ellas es restablecer el voto obligatorio, luego tendremos que ver cómo será la inscripción en los registros electorales, pero también tenemos que evaluar cómo seremos capaces de eliminar el acarreo que se produce, por ejemplo, en las comunas rurales, donde las alcaldías se compran con plata y con votos.

También tiene que ver con cómo somos capaces de comunicar lo que está haciendo el Estado y con cómo los medios de comunicación pueden dar a conocer lo que significan los distintos cargos de elección popular, las atribuciones de un gobernador regional, un alcalde, un diputado o un senador, la incidencia que tendrán en la vida de cada una de las personas.

Por lo tanto, es muy importante que como Cámara de Diputados -más allá de algunos populistas que no están de acuerdo con estoveamos cómo somos capaces de asumir la responsabilidad de hacer de Chile un país más participativo, más integrado, en el que todos los ciudadanos importen.

En consecuencia, es importantísimo ratificar el proyecto con la misma votación que se obtuvo cuando se votó en general, y, ojalá, aun más.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, este proyecto es muy relevante y quiero recalcar que entre sus autores están las diputadas Joanna Pérez , que ha tenido una destacada participación en esta materia, y Andrea Parra , presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

Valoro que este tema se esté discutiendo en momentos en que la participación en los procesos electorales ha tenido una baja tan considerable, que se refleja en los resultados de la elección de hace un mes y en la que se produjo el domingo pasado, la segunda vuelta de gobernadores regionales, donde solo participó cerca del 20 por ciento de los electores.

Por primera vez en la historia del país, el Ejecutivo de cada región ha sido elegido directamente por los vecinos y vecinas. No obstante la importancia del hecho, hubo una baja participación, lo que, sin embargo, no deslegitima el proceso, pero sí debilita profundamente nuestra democracia.

Por ello creemos que se debe reponer el voto obligatorio como un deber cívico básico de quienes estamos en esta sociedad y que queremos conducirla en dirección al bien común. En todo caso, el voto obligatorio debe ser complementado con otras medidas, como la movilización gratuita en los días de elecciones, por cuanto no todas las personas están en las mismas condiciones para acudir a votar. En los sectores rurales de la Región de Ñuble, que represento, hay personas que simplemente no irán a votan, aunque lo quieran hacer, porque no tienen los medios económicos para llegar a los locales de votación.

En consecuencia, tenemos el desafío de modernizar todo el proceso de votación. Ojalá podamos llegar a un sistema en que las urnas se acerquen a los electores, sobre todo a los adultos mayores y a las personas en situación de discapacidad. En este proyecto, quedan excluidos de la obligación de votar los mayores de 75 años, las personas en situación de discapacidad y los chilenos que vivan en el extranjero.

En el proceso electoral que se desarrollará en noviembre, de permanecer la situación de pandemia, debiéramos considerar una excepción y no aplicar el voto obligatorio, porque podríamos exponer a la población a un alto riesgo de contagio.

Queremos que toda la ciudanía sea partícipe del destino del país. Todos somos arquitectos del destino de nuestro país y no podemos dejar que solo algunos, en circunstancias especiales, movilicen a su gente para conseguir sus objetivos políticos. Aquí todos somos responsables y este proyecto se hace cargo de ello, por lo que lo vamos a aprobar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, hace tres semanas comencé mi intervención lamentando que seis de cada diez personas se quedaran en sus casas en las elecciones de mayo. Pero este domingo el panorama fue peor: ocho de cada diez chilenos decidieron restarse de participar en la segunda vuelta de gobernadores regionales, acentuando además la brecha socioeconómica del voto.

Mientras todos sabemos que en Vitacura votó el 52 por ciento del padrón electoral, en Melipilla lo hizo solo el 15 por ciento, y en regiones distintas a la Metropolitana la situación fue peor. Por ejemplo, Sierra Gorda , en la Región de Antofagasta, tuvo un 4,85 por ciento de participación, y en mi región, la de La Araucanía, la participación alcanzó a 14 por ciento.

¡Abramos los ojos y reaccionemos ante lo que tenemos enfrente! Además, estamos en un momento cúlmine que, probablemente, marque el desarrollo social y político de todo el siglo XXI en nuestro país.

Acabamos de tener, por primera vez en la historia, las elecciones de autoridades regionales y vamos a escribir, también por primera vez, una Constitución democrática, paritaria y con participación de los pueblos originarios.

Seguimos en medio de una pandemia y hace muy poco tuvimos un estallido social que dio la vuelta al mundo y que aún no sabemos cómo va a terminar.

Lo voy a decir sin medias tintas: poco va a importar que la elección presidencial la gane Jadue , Narváez , Provoste o Lavín si la participación vuelve a ser paupérrima.

En medio de tantos movimientos a todo nivel y con un proceso constituyente en paralelo, cualquier gobierno con poca legitimidad está destinado al fracaso. Lo mismo sucederá con quienes integren el próximo Congreso Nacional.

Nadie puede sacar cuentas con esta reforma. Un escenario con este nivel de incertidumbre hace que sea imposible proyectar los efectos electorales del voto obligatorio. Lo único que podemos proyectar es que va a disminuir el sesgo de clase y el sesgo etario y que la inmensa mayoría de las y los habilitados para votar van a ser parte de las decisiones políticas en momentos estratégicos, y eso es justo lo que necesitamos.

Sabemos que esta reforma constitucional no es suficiente, y por eso en la Comisión de Gobierno Interior estamos acelerando la tramitación de dos proyectos complementarios: el que permite la desinscripción voluntaria en los registros electorales y el que establece multas, a beneficio municipal, para quienes incumplan su obligación de votar.

Considero que podemos encontrar un complemento entre sanciones e incentivos, como la libertad para desinscribirse, poniendo el acento en los incentivos, dándole cuerpo a una materialización efectiva del voto obligatorio.

En unas décadas más este Congreso será juzgado por cómo abordó decisiones como esta: si lo hicimos pensando en fortalecer la democracia o en favorecer su agonía. ¡No tengamos miedo a revertir una de las peores decisiones de la política de la última década!

Confío en que estaremos a la altura de las circunstancias y votaremos a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, esta es una discusión de largo aliento, que comenzó el mismo día en que se estableció la inscripción automática y el voto voluntario que, como se sabe, fue una condición para aprobar la incorporación de todos los mayores de 18 años al padrón electoral.

La discusión no tiene que ver con la participación del domingo pasado ni con la elección de constituyentes ni con el plebiscito; es muy anterior. De hecho, fue tema en el acuerdo de noviembre de 2019, pero hubo acuerdo solo para establecer la obligatoriedad en el plebiscito de salida.

A quienes han mencionado el tema, les quiero decir que aquí no hay un traje a la medida de nadie en particular; por el contrario, se trata justamente de que sea un traje a la medida de la democracia, de su legitimidad y de su fortalecimiento; se trata de que quienes voten sean lo más parecido posible a la población de ciudadanos mayores de 18 años, tanto en lo social como en la distribución por edades y por lugar de residencia. La idea es que todos graviten en los resultados de la misma manera, sin distorsión alguna.

Por supuesto, hay una tarea pendiente de modernización del sistema de votación, para facilitar que la gente vote en el local más cercano al lugar donde vive. Hay mucho todavía por hacer para que la gente no tenga que desplazarse kilómetros y kilómetros para votar en un lugar determinado, en circunstancias de que hay un local de votación al lado de su casa o del lugar donde trabaja.

Señor Presidente, usted sabe muy bien que gobernar ya es suficientemente complejo como para agregarle, tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo, la debilidad de ser elegido por la mitad o, incluso, menos de la mitad de la población.

No entiendo cuál podría ser el cálculo o el interés de alguien para evitar que los votantes reflejen de mejor manera el sentir del conjunto de la población. Si los votantes son solo los que se interesan en demasía por la política y los que se movilizan, los resultados nunca van a representar de verdad a la población general. La debilidad de los gobiernos elegidos por minorías es evidente en una situación en la que gobernar se hace cada vez más complejo y, por lo tanto, debemos darle fortaleza y legitimidad a quienes sean elegidos para sentarse aquí y a quienes sean elegidos para conducir el país.

Por eso, es imprescindible restablecer a la brevedad la obligatoriedad del voto, por supuesto con incentivos, no con sanciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (vía telemática).-

Señor Presidente, junto con saludar a toda la Corporación, quiero señalar que nadie está torpedeando el proyecto.

En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Gobierno Interior por el sensato y arduo trabajo para poner esta proposición a nuestra consideración. Para mí hay ciertas cosas fundamentales, y quiero decirlas y transparentarlas.

La buena intención de liberar a la población con discapacidad de asumir su responsabilidad de votar en forma obligatoria no me parece correcta, porque precisamente lo que queremos hacer como sociedad es incluir a las personas con discapacidad, no excluirlas. Además, no me parece correcta, porque desde la perspectiva de las personas que vivimos con discapacidad, nuestro anhelo más profundo es ser parte de Chile. Entiendo que podamos ser capaces de eximir de sanción a todas aquellas personas que no puedan ir a votar por su condición, pero de ahí a liberarlas de su responsabilidad de votar me parece que no es lo apropiado.

Por eso, he presentado una indicación para pedir votación separada en lo que dice relación con las personas con discapacidad. Me gustaría mucho y agradecería profundamente que todos ustedes, colegas, me apoyaran rechazando lo que se refiere a ese particular.

Adicionalmente, creo que las personas mayores de 75 años de edad hoy por hoy pueden participar. Es importante que lo hagan obligatoriamente. Podremos dejarlas sin sanción si no van a votar, pero el compromiso mayor es con la patria, con la democracia.

Repito: no veo por qué hay que eximir a personas mayores de 75 años de edad de su responsabilidad y de su obligación de votar.

También me llama poderosamente la atención que se quiera eximir de votar a los extranjeros avecindados en Chile que estén inscritos y cumplan con las condiciones para sufragar. Creo que es importante que se les obligue a votar, no que se les exima de ese deber.

Por intermedio del Presidente, informo al diputado Rocafull que hemos presentado peticiones de votación separada no para torpedear el proyecto, no para limitarlo, sino para profundizarlo, para que las personas con discapacidad estén obligadas a votar, salvo que no puedan hacerlo por imposibilidad física. Que el pariente o la persona que acompaña al discapacitado no se excuse en el hecho de que la persona mayor no tiene la obligación de sufragar para no llevarlo al local de votación.

Una persona de 75 años y más que está en condiciones de ir a votar, debe hacerlo…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Undurraga . Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, en diciembre de 2018 un grupo transversal de parlamentarios presentamos un proyecto para reducir el número de parlamentarios y reponer el voto obligatorio. Yo digo “transversal”, porque el proyecto incluía firmas de diputados de la UDI y de Renovación Nacional.

Ese proyecto tuvo una muerte prematura, y diría que la causa fue por cálculos políticos. Luego de ese proyecto se presentaron otros, como este, de autoría de la diputada Joanna Pérez , a quien agradezco la invitación a patrocinarlo. De modo que esto no puede ser calificado de improvisación.

Estoy convencida de que el voto voluntario, en un país que no tiene educación cívica y con un gobierno que presenta un evidente desinterés por discutir el cambio de sistema, nos llevó a aumentar la desigualdad en las decisiones del país y de las regiones.

Un reportaje de Ciper Chile, de 7 de enero de 2019, señalaba: “En 2009 el Congreso modificó el voto obligatorio por uno voluntario. Diez años después se constata la caída estrepitosa de la participación: menos del 50% para elecciones presidenciales y menos del 40% para las de alcaldes y concejales. Así, un presidente que obtiene más del 50% de los votos, en realidad representa menos del 30% de la ciudadanía.”.

Esta caída continuó y, a mi juicio, tuvo su punto culminante el pasado fin de semana. El balotaje de gobernadores este domingo tuvo 19,62 por ciento de participación. Entre las regiones con menor participación ciudadana se encuentra mi región, Antofagasta , con 12,21 por ciento.

Por ello, creo que la reposición del voto obligatorio es solo una vía para volver a tener mayor participación, porque, precisamente, aquellos que se manifiestan con pasión en las calles y en las redes sociales, se restan de decidir por las vías institucionales. ¿Acaso estamos esperando que otras vías no democráticas sean las que se impongan por la fuerza?

La ciudadanía tiene conciencia de esto. La encuesta Tú Influyes, de enero de 2020, nos señaló que el 74 por ciento de la población cree que se debería reponer el voto obligatorio. Quiero recordar que esa misma semana esta Sala, y con votos de izquierda, no alcanzó el quorum para volver a la obligatoriedad del sufragio. Espero que hoy alcancemos esos 93 votos y podamos terminar con un sistema que no nos hace bien como país.

Hemos tenido dos años en que las demandas sociales se tomaron las calles, voces tan fuertes que lograron derribar la Constitución Política de Pinochet con una participación significativa de casi el 51 por ciento del padrón en el plebiscito.

Votaremos a favor esta reforma constitucional, porque los radicales estamos convencidos de que es el momento para apoyar cambios de este tipo en nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, hay varios consensos bien transversales. El primero dice relación con que nuestro sistema político muestra síntomas de fatiga, de agotamiento bien prolongado. Ello no solo se vincula con lo que estamos viendo hoy, sino que esto se arrastra desde hace más de una década y se expresa con mucha fuerza en un factor que podemos medir, que podemos cuantificar, que podemos evidenciar: la baja participación electoral.

Si bien el proceso constituyente es un camino que nos va a permitir robustecer, fortalecer nuestro sistema democrático, porque vamos a ser capaces de dotarnos de instituciones y de mecanismos de participación mucho más modernos, contemporáneos, horizontales, también van a introducirse modificaciones significativas -esperamosen el régimen político que van a oxigenar nuestra democracia.

Es evidente que ese es un camino al que todavía le falta mucho por recorrer, que está recién comenzando. Después de que tengamos una nueva Constitución, la primera dictada y aprobada democráticamente en nuestra historia republicana, habrá que hacer muchos ajustes y cambios, y no solamente eso, sino también poner en marcha esas nuevas instituciones.

Las elecciones de hace un par de días nos muestran una preocupante desafección y falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes. Algunos dicen que es porque la figura de los gobiernos regionales sigue siendo lejana, desconocida. Sin embargo, me atrevería a decir que en un pueblo con la cultura cívica del nuestro, que se ha expresado con tanta fuerza desde 1988 hasta la fecha, en el proceso constituyente, particularmente en el plebiscito constituyente, no podemos pensar que lo que ha generado esta tremenda desmovilización simplemente es el desconocimiento. Hago notar que hay regiones donde los gobernadores van a asumir con apenas el 10 por ciento de la votación, en aquellas regiones donde la elección fue en segunda vuelta más empatada. Hago notar, también, que en muchas regiones ni siquiera alcanzamos el 20 por ciento de participación.

Entonces, después de haber sido un militante fervoroso de la causa del voto voluntario, hoy tenemos que avanzar en una elección distinta, porque hay que corregir uno de los elementos que nos parecen fundamentales, cual es que la gente debe participar en las decisiones, porque el voto tiene la doble dimensión de deber y de derecho. Es un derecho ejercerlo; nadie puede negarnos el derecho de elegir ni tampoco de ser elegidos. Pero también es un deber, un compromiso básico con la democracia, con los asuntos públicos y con el bien común.

Por eso, apoyaré esta reforma. Tengo dudas respecto de las exclusiones, pero me parece que el camino correcto es reponer el voto obligatorio como una contribución al fortalecimiento de la democracia, que se encuentra tan debilitada y que todos debemos ayudar a fortalecer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, hace algunos días aprobamos en general este proyecto, el cual, más que una importante modificación, es una vuelta atrás hacia una norma que existió en nuestro país hasta el año 2009: el voto obligatorio.

Soy autor de uno de los proyectos de reforma constitucional que se está discutiendo el día de hoy -son dos proyectos que se refundieron-, y lo señalo con mucha autoridad. El 2009 se aprobó la reforma constitucional que estableció, en una jornada exacerbada por el individualismo liberal, al que adscribieron los propios partidos de la Concertación, una verdadera devoción hacia el individualismo liberal que, a mi juicio, terminó disminuyendo y perjudicando la participación ciudadana y el proceso democrático chileno. Ese fue un gran error que terminó perjudicando al país en su conjunto, más que a uno u otro sector.

Se actuó con irresponsabilidad, y hay que decirlo, porque hoy, en un momento tan complejo de cambio constitucional, el país ha elegido a una convención para hacer una nueva Constitución -¡ojo!también con esas posturas de momento con las que, muchas veces, después se toman malas decisiones. ¡Aquí hay una de ellas! Por lo menos, yo mantengo la coherencia, y me alegro de que algunos reconozcan que se equivocaron en tener esas posturas, para volver atrás hacia el voto obligatorio.

El voto es muy importante. La sociedad, los países y los Estados tienen derecho a tener algunas cargas. Aquí hay una que tiene que ver con la construcción del país y con la corresponsabilidad que tenemos todos en ella.

En segundo lugar, es muy importante lo que planteó el diputado Francisco Undurraga , a quien voy a apoyar en su solicitud de votación separada, no solo porque la pide una persona que conoce muy bien el tema, sino porque le hallo razón, puesto que amplía la obligatoriedad, limita las exclusiones. Creo que va por el camino correcto. Por eso participo de su votación separada.

Creo que es hora de corregir el error que se cometió el 2009. Me alegro de que quienes lo cometieron hayan cambiado su posición, y que lo hagan con hidalguía, aprobando este importante proyecto, que va a profundizar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, los resultados del proceso electoral que vimos el fin de semana pasado dieron cuenta de la realidad que vivimos como país, dada la baja participación. En mi Región de Tarapacá votó aproximadamente el 13 por ciento del padrón electoral, que permitió elegir un gobernador regional. Entonces, la baja participación, la baja estimulación y la falta de educación cívica que tiene nuestra población son producto de políticas que no han permitido tomar conciencia de lo que significan los procesos democráticos, en donde ha abundado y ganado la apatía y el desconocimiento.

Esta semana legislativa nos correspondió estar en terreno, dando a conocer el proceso que se estaba viviendo y que se iba a efectuar el fin de semana. La mayoría de las personas desconocían el proceso y las funciones que iba a asumir el nuevo gobernador regional. Eso significa que quienes tenemos la responsabilidad política de ejercer ciertos liderazgos y ciertas conducciones en nuestro país estamos fallando. Por consiguiente, eso tiene que ser cambiado. Recurrir al voto obligatorio nos da, en parte, la posibilidad de corregir ese error.

El voto voluntario se implementó como una política que podía dar respuesta en el momento oportuno a nuestra sociedad, pero lo que ha reflejado es la falta de igualdad y la falta de participación, donde las clases pudientes son las beneficiadas con esta política. Nosotros pedimos y exigimos que nuevamente haya igualdad de condiciones. Para eso votaremos a favor del voto obligatorio.

Comparto lo que señaló el diputado Francisco Undurraga respecto de que deben darse las facilidades a las personas adultas mayores y con discapacidad, y que el gobierno debe facilitar la participación. Eso es lo que requiere nuestro país: movilizar y hacer participar a toda la población de nuestra sociedad. El proceso constituyente en sí también es importante, porque va a abrir caminos y sendas que permitirán aumentar la democratización del país; pero es un camino que hoy empezamos a recorrer.

Hoy necesitamos y pedimos que se garantice la participación, que se den todas las facilidades correspondientes y que el gobierno juegue su rol. Nosotros, desde este hemiciclo, también debemos establecer las condiciones a través de un voto que favorezca la implementación de este proyecto, para dar las facilidades de participación en el proceso a todas las personas de nuestra sociedad, a los extranjeros, a las personas adultas mayores y con discapacidad, así como también establecer las condiciones para que, en el caso de las excepciones, las personas se puedan justificar y no sean sancionadas.

En ese sentido, nosotros vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, en estos días he escuchado a las personas decir que no van a votar porque los políticos no las motivan o no las conquistan, porque no creen en los políticos.

¿Y si la pregunta fuera al revés: las personas creen en sí mismas y que con su voto pueden cambiar las cosas? Me parece que no. Quiero ver esto como una oportunidad, porque si hay algo que me ha quedado claro con la pandemia es que estamos viendo la necesidad de volver a ser una sociedad, de dejar de ser individuos aislados para mancomunar con el otro, de construir normas y relaciones que nos permitan cooperar entre nosotros, de depender unos de otros. Soy un convencido de que la interconexión es lo que nos permite generar esa cohesión social.

Hoy, esta futura ley busca obligar a participar y a votar por quienes no tienen un fin pedestre, es decir, por las personas que van a gobernar. Claramente, esta futura ley es una inversión en capital social; ese capital es el que nos permite ser un país más sano, inteligente, seguro, capaz y próspero. Porque cuando una sociedad es próspera, genera participación política y ya no depende de la motivación de un político o de un partido político, sino que son los ciudadanos los que se autoconvencen y se motivan a participar, porque empiezan a creer que ellos mismos, como creadores de la comunidad, son actores del cambio, así como también se involucran en movimientos sociales y en movimientos políticos, y exigen responsabilidad de los políticos.

La gobernanza democrática en una sociedad, al igual que su economía, es sobre la base de normas, pero también de participación política en el debate político. Si no involucramos y no generamos participación, todo se cae. Por lo mismo, con esta futura ley, que establece el voto obligatorio, hoy estamos dando el primer paso para volver a construir una sociedad y hacer nuestra democracia más justa y más estable.

Por eso, voy a votar a favor el proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que hoy Chile vive una profunda crisis de su democracia, que se expresa en el abismo gigantesco de desconfianza que siente la inmensa mayoría de los chilenos respecto de todas las instituciones públicas, partiendo por los partidos políticos y este Congreso, y de las viejas y nuevas autoridades.

La altísima abstención electoral y el desafecto ciudadano, por más que algunos no quieran verlo, son una montaña de desconfianza que solo se asomó en las elecciones del fin de semana. En algunas regiones votó solo el 13 por ciento de los ciudadanos.

Es casi imposible salir de la agonía de nuestra democracia sin tomar medidas extraordinarias y adicionales. Por eso, llevamos tiempo impulsando y generando iniciativas para regenerar nuestra democracia, para rehabilitarla, para reconstruirla después del daño que le causaron la corrupción y las malas prácticas de algunos. El voto obligatorio que hoy discutimos en este proyecto va en ese camino y significa ampliar la democracia e impulsar la participación ciudadana cuando más se necesita. Creo que es fundamental mejorar la calidad de nuestra democracia.

Por esa razón, vamos a aprobar este proyecto de ley que reinstala el voto obligatorio, fundamental para reconstruir y regenerar nuestra alicaída democracia.

También es urgente hacer otras cosas: acercar la democracia a los barrios y a las personas, porque una democracia realmente legítima es la que llega a todas las personas y territorios. La democracia se debe vivir desde la infancia con un plan de formación cívica impartido a nuestros niños, niñas y adolescentes desde los jardines infantiles y escuelas. Pero lamentablemente aprobamos un proyecto de ley, en 2016, que crea un plan de fortalecimiento cívico que aún no se implementa.

Acercar la democracia a las personas también significa tener locales de votación en el propio barrio donde la gente hace su vida, donde comparte con sus vecinos y vive la comunidad. Por ello, seguiremos exigiendo al Servicio Electoral nuevos locales de votación en zonas densamente pobladas, pero también en sectores rurales, donde nunca han llegado las urnas en elecciones, lo que obliga a los ciudadanos a recorrer grandes distancias y a pagar altos costos en locomoción para poder sufragar.

Ya lo hicimos con los vecinos de Lo Herrera, en San Bernardo, y en Alto Jahuel y Valdivia de Paine ; hoy lo vamos a hacer con vecinos de Rinconada de Nos, en San Bernardo; El Recurso, Maipo y Viluco , en Buin; Aculeo y Chada , en Paine; Bollenar y Codigua en Melipilla. Deben tener locales de votación cercanos a la gente.

Por eso, llegó la hora de acercar la democracia a las personas y a los barrios mediante la formación cívica, el acercamiento de las urnas a los electores y la reposición del voto obligatorio, que nunca debió haber sido eliminado de nuestra democracia. Esperamos fortalecerla, profundizarla y salir adelante.

Vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, quise intervenir en la discusión de este proyecto principalmente porque creo que es un debate difícil, ya que tiene complejidad declarar el voto obligatorio. Por lo tanto, estoy en contra de los análisis simplistas que se hacen sobre esta votación.

En ese sentido, pienso que es cierto que la obligatoriedad del voto no se hace cargo en ningún caso de las razones más profundas de la abstención electoral y de la crisis de representación e institucional que vivimos en Chile, que se extiende más allá de nuestras fronteras. Efectivamente, ese problema es muy profundo.

Cuando he preguntado a más personas qué creen sobre el voto obligatorio, lo cierto es que la mayoría dice que sí; pero también apuntan a otras cuestiones que son importantes, algunas muy concretas, como que el local quede más cerca, que el período para cambiarse de domicilio electoral debería ser más extenso y difundirse más, que haya transporte gratuito, que haya educación cívica. O sea, se menciona una serie de otras cuestiones que son relevantes. Y -¡cómo no! también se menciona la necesidad de que los representantes electos sean efectivamente representativos de los intereses mayoritarios.

Entonces, hay más factores. Es evidente que hay más factores y que la obligatoriedad no soluciona -como dije al principio el problema de la abstención electoral que tenemos y tampoco la crisis de representación. Sin embargo, también es cierto que la obligatoriedad del voto es un factor que puede corregir el sesgo de clase. Hay que decirlo: el voto voluntario hizo que disminuyera la participación de los ciudadanos, pero también generó que quienes viven en comunas más ricas votaran más que quienes viven en comunas más pobres. Eso se puede ver en todas las elecciones desde que el voto es voluntario. O sea, generó sesgo de clase.

Creo que el voto obligatorio puede corregir ese sesgo de clase que se ha generado en las elecciones. ¿Por qué es importante corregirlo? Para salvaguardar el principio de igualdad política, evitando que la participación desigual que hoy tenemos genere todavía más distorsiones en la toma de decisiones, específicamente en el comportamiento de los representantes electos, porque quienes somos elegidos terminamos representando a quienes votan y no a la población en total, y esa es una distorsión del sistema democrático que el voto voluntario ha profundizado.

Por eso, asumiendo que esta es una discusión compleja y teniendo que decidir entre tres posibilidades: votar a favor, en contra o abstención, yo apoyaré el voto obligatorio.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, lo saludo a usted y a la Mesa, al señor Secretario, a nuestros colegas que se encuentran en distintos puntos del país y a nuestros colegas que se encuentran en el hemiciclo.

Sin lugar a dudas, uno de los factores o errores cometidos por la clase política fue el del 14 de diciembre de 2011, cuando esta Cámara aprobó el proyecto sobre inscripción automática que posteriormente se convirtió en la ley N° 20.568. Primero se pensó que la inscripción automática era la panacea, porque con ella todo el mundo iba a ir a votar; pero junto con ello se estableció el voto voluntario.

Hoy la clase política chilena tiene la posibilidad de reivindicarse con nuestro pueblo. Tuvimos la capacidad de votar un proyecto que muchos sabíamos que iba a ser nefasto para el país y especialmente para los sectores intermedios de nuestra sociedad.

El voto voluntario vino a generar verdaderos ejércitos de los sectores extremos de nuestro país: la extrema izquierda y la extrema derecha, que tienen su clientelismo asegurado para llevar a efecto este proceso que ha sido nefasto y que se pudo ver el domingo recién pasado.

Quiero compartir especialmente con mis colegas que son nuevos, que no estuvieron el 14 de diciembre de 2011, que en la votación de ese proyecto hubo 106 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Reitero: 106 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Si bien siempre es conveniente llevar el reparo del pasado y dar a nuestro país y a los miles de chilenos la posibilidad de que puedan sufragar, también es importante que entiendan que cuando hay responsabilidades se tienen que cumplir por el bien de la patria. El país no resiste este sistema. Por eso, hago un llamado fraternal a todos aquellos colegas que en ese momento por error u omisión votaron a favor -yo me abstuvea reponer el voto obligatorio para todos los chilenos, para el bien del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [vía telemática].-

Señor Presidente, como dijo el diputado Jaime Mulet , estamos discutiendo dos proyectos que tienen que ver con restablecer el voto obligatorio. Uno corresponde al boletín N° 13212-07, que ingresó el 23 de enero de 2020, de la Federación Regionalista, el cual ha tenido historia y demora en la propia Cámara de Diputados. Este proyecto lo aprobó la Comisión de Gobierno Interior la primera semana de marzo de 2020, y el 17 de marzo del mismo año se dio cuenta de él en la Sala. La Federación Regionalista insistió el 2 de diciembre, hicimos llegar una carta de solicitud a usted, señor Presidente, y finalmente la Mesa tuvo a bien colocar en tabla y en debate este importante proyecto, hoy refundido.

Quiero graficar aquello, porque nos parece que a veces somos nosotros, esta llamada clase política o poderes políticos -pónganle el calificativo que sea-, que hacemos demasiado lentos estos procesos, por los cálculos políticos que están a flor a piel.

A más de algún parlamentario he escuchado decir en los medios de comunicación que es partidario del voto obligatorio, no obstante que en la Sala ha dicho que esta vez votará en contra este proyecto de reforma constitucional. Entonces, esas son las cuestiones que a un sector, no a toda la ciudadanía, provocan desconfianza. Ese es un pequeñísimo botón de muestra, en razón de los dichos de los colegas parlamentarios.

Sin duda, se trata de animar y de buscar formas para provocar mayor participación ciudadana, pero no hay ninguna herramienta que dé cuenta de toda esa gran participación que siempre manifestamos, que podría ayudarnos. Es cierto que cuando busquemos mejorar cuestiones más de fondo habrá que realizar cambios estructurales en términos culturales y educacionales, como el fortalecimiento de los programas de formación ciudadana, tan necesarios hoy, al igual que asignaturas como Historia y Filosofía.

Hay que provocar los cambios en nuestra educación, que todavía no han llegado, como una educación más democratizadora y participativa, ya que, por ejemplo, las clases de los profesores aún son demasiado expositivas. Se trata de un conjunto de aspectos que permitirán provocar un compromiso con el deber ser del futuro ciudadano. Este instrumento ayudará e invitará a tener compromisos colectivos y miradas de país, porque hay un buen porcentaje de ciudadanos que no se acercan a votar, probablemente debido a muchas de las situaciones que han manifestado mis colegas, pero también por un grado de desidia y de falta de compromiso.

En consecuencia, votaremos a favor este proyecto, porque estamos convencidos de que es necesario. No obstante, quiero reiterar que como Federación Regionalista Verde Social ya habíamos puesto en debate uno de los proyectos que están en consideración.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, al igual que en la votación anterior, voy a respaldar este proyecto, pero creo que no debemos culpar o poner el foco en la baja participación de este fin de semana. En la Región de Los Lagos, que yo represento, solo votó el 13 por ciento del padrón electoral. Hay muchos otros factores que tienen responsabilidad en la baja participación.

Evidentemente, nosotros debemos ser los primeros en hacer la autocrítica, y ver qué están haciendo nuestros partidos políticos y quienes representamos a los territorios, porque no estamos convocando a la ciudadanía a votar, y no votar es una señal, es una opción política de la ciudadanía de tirarnos las orejas respecto de lo que estamos haciendo, para que reflexionemos y busquemos mejoras.

El proyecto de reforma constitucional en debate repone el voto obligatorio, discusión que hoy mayoritariamente está instalado. Recuerdo que el año pasado o antepasado, cuando discutimos este tema, muchos se abstuvieron o votaron en contra. Luego de la elección de alcaldes y constituyentes, cambiaron de opinión, y me alegro de ello, y hoy probablemente se va a votar a favor.

Sin embargo, también debemos facilitar la vida a los vecinos, y no solo obligarlos. Entonces, para que el proyecto sea integral, debemos realizar muchas otras acciones, como, por ejemplo, integrar la educación cívica y el tema del transporte. Tengo vecinos en comunas alejadas, como las de la provincia de Palena o de Chiloé, a los que les cuesta movilizarse y, por eso, si vamos a aprobar el voto obligatorio, deben tener transporte gratuito para garantizar su participación.

Otra cosa que también hemos dicho es que se vote en el local más cercano. Hay vecinos de Puerto Montt a los que mandan de un lado a otro a votar, lo que, evidentemente, desincentiva la participación.

Debo decir también que me parece que en el proyecto quedaron algunas cosas raras -por llamarlo de alguna manerarespecto de algunos puntos. Se busca la obligatoriedad del voto, pero también hablamos de las excepciones, de quienes no votarían, y se menciona, por ejemplo, a las personas en situación de discapacidad o de dependencia.

Creo que ese es un acto discriminatorio y, por eso, debemos buscar un mecanismo para que esas personas puedan votar a través de otros medios como, por ejemplo, a través de un código postal o de medios electrónicos, porque no pueden quedar con una sensación de exclusión.

El Partido Liberal, junto a Nuevo Trato, presentó un proyecto que busca la inscripción automática y la desinscripción voluntaria. Esa también es una alternativa, un camino correcto, ya que la ciudadanía puede decidir, y está en su derecho, si quiere o no quiere votar en determinada elección y, por eso, debiera poder desinscribirse voluntariamente. Ojalá también se avance en esa dirección.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, quiero hacer una confesión personal, en términos de que siempre he tratado de ser un demócrata creyente y practicante y, por lo tanto, un férreo y fiel defensor de las libertades de las personas. No obstante -no es que haya cambiado de opinión o de postura-, creo que la democracia bien vale un esfuerzo para mantener la legitimidad de las autoridades electas, la legitimidad de los procesos democráticos, en términos de la representatividad que estas autoridades deben tener frente a la ciudadanía, para poder pararse con soltura, con solvencia, con contundencia, frente a la propia comunidad que los elige.

En este contexto, debo decir que los últimos procesos electorales nos indican que, por alguna razón, que habrá que estudiar y revisar para generar cambios de conducta en nosotros mismos, los políticos y las instituciones políticas, la ciudadanía ha ido abandonando la participación. Prueba de ello es este apenas poquito más de 19 por ciento de la población que participó en la segunda vuelta, en 13 elecciones, las más importantes de los territorios regionales, lo que nunca había ocurrido, y ese es un llamado de atención.

Eso significa, entonces, que, independientemente de la condición de pandemia, hoy sencillamente tenemos un desapego al proceso electoral.

Por eso, no se debe pensar -aunque alguien pudiera hacerloque es quitar libertades a la ciudadanía, sino que más bien es buscar el fortalecimiento de un acto muy simple y muy ciudadano, que necesita ser cuidado, resguardado: la elección popular.

Por esa razón, estoy a favor del voto obligatorio, a fin de, más allá de imponer, hacer ver a la ciudadanía que hoy se desilusiona del ejercicio político, por distintas razones, lo importante que es su opinión, expresada en una hojita de papel, con una raya hecha por su lápiz. Así de simple.

El voto obligatorio va a permitir mantener la democracia plenamente vigente y a las autoridades que elijamos con la representatividad necesaria.

Por esa razón, les pido que apoyemos, en este primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que restablece el voto obligatorio.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la segunda vuelta nos mostró la cara más trágica de la participación electoral de los últimos cien años. Un promedio de 19,6 por ciento de participación, y en regiones como la de Los Lagos y Tarapacá, no superó el 12 y 13 por ciento, respectivamente. Es decir, vamos a tener gobernadores por los que más del 90 por ciento de las personas no votó. No me pueden decir que aquello no es una muestra del creciente debilitamiento de nuestras instituciones y quienes la representan, y, por consiguiente, una falta de legitimidad de las mismas.

Hoy los buenos o malos políticos los están eligiendo las personas que no están asistiendo a votar, y eso es incomprensible en una democracia representativa, que ha cobijado a nuestra república desde sus inicios.

No hay país en el mundo que haya disminuido tanto su participación electoral con el cambio de voto obligatorio a voluntario. ¡No existe! Claramente, la desafección a la clase política, en general, nos sitúa en esta posición, y hay quienes dirán que obligar a las personas a votar es vulnerar dicha libertad individual, demostrar su desagravio al sistema político vigente.

Sin duda, hay una afectación a la libertad individual, como la hay en muchos ámbitos cuando de normas se trata, pero esta es de menor entidad cuando están en juego libertades mucho más importantes que resguardan el conjunto de nuestro sistema democrático, y se ponen en entredicho cuando empieza a perder su legitimidad por quienes están llamados a legitimarla y protegerla mediante la participación.

La alta abstención genera desafección y fragilidad de nuestra vida democrática. No puede ser que la participación electoral no esté reflejando el sentir de la mayoría de los chilenos y las chilenas, y que una minoría esté tomando decisiones por la mayoría de nuestro país.

Debemos disminuir las brechas en materia de desigualdad social mediante la inclusión de incentivos para facilitar el acceso al voto. Por eso es tan importante acercar los locales de votación al domicilio de los electores y proporcionar transporte público gratuito. Hoy, dada la baja participación, existe un incentivo claro: hablar a ciertos nichos con discursos orientados a posturas más extremas para efectos de visibilizarse y poder movilizar. El hecho de que existan autoridades elegidas con un bajo porcentaje de participación hace que aumenten los incentivos para hablar a aquellos nichos con posturas que quizás no representen el sentir de la mayoría.

Pensar que las personas iban a ir a votar voluntariamente era una ingenuidad que hoy podemos revertir poniendo los incentivos suficientes y recobrando el deber de participar y no seguir debilitando nuestro sistema democrático.

Quiero hacer un especial reconocimiento a los diputados que en ese momento votaron en contra del voto voluntario: la diputada Sepúlveda , el diputado Mulet y los entonces diputados Jorge Burgos , Gonzalo Duarte , Gonzalo Arenas , Eduardo Saffirio , entre otros…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, después del desastre en materia de participación del día de ayer uno tiende a preguntarse qué está sucediendo hoy con el cuidado de la institucionalidad democrática en nuestro país. Y, efectivamente, uno de los temas es la característica de la voluntariedad-obligatoriedad del sufragio.

No quiero repetir lo que señalé en la primera intervención, cuando partimos con la discusión respecto de la importancia de cuidar la democracia y la importancia de la participación dentro de estos procesos, y planteamos cómo la baja participación establece verdaderas oligarquías que se hacen cargo del poder y que no representan a un porcentaje alto de la población, sino muchas veces a grupos de interés determinados.

Este proyecto en particular, si bien es un avance, toda vez que establece la obligatoriedad del voto, es absolutamente insuficiente, ¡absolutamente insuficiente! De qué sirve consagrar la obligatoriedad si no existe ningún incentivo o sanción -no digo cuál de los dos se deba aplicarpara generar la efectiva obligatoriedad. ¿Qué va a suceder si declaramos, simplemente, que el voto es obligatorio? ¿Qué dice la ley si no ejerzo esa característica de obligatoriedad? Este proyecto no dice nada, ¡nada!

Señor Presidente, en segundo lugar -ahí debo hacerme parte del llamado que hace el diputado Undurraga -, creo que es inaceptable que se establezca una excepción para las personas en situación de discapacidad o dependencia, permitiendo que su votación sea voluntaria.

¿Qué tipo de trato estamos dando a las personas con discapacidad o dependencia? Estamos diciendo: “¿Saben qué? Ustedes no son iguales a todos los chilenos”. Esa mención es absolutamente injusta, ¡injusta!

Por último, creo que cuando establecemos que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio, también es absolutamente insuficiente. Debemos tener mejor educación cívica desde la edad más temprana, debemos acercar los colegios escrutadores a los domicilios de la población, debemos entregar transporte gratuito para todos los chilenos. En Chile, para que lo sepan las personas que viven en Santiago, existen zonas extremas, y sus habitantes, para llegar a la capital regional, demoran mucho tiempo y gastan muchos recursos. Hoy día no existen posibilidades para enfrentar esto.

Vamos a votar a favor este proyecto, pero creo que es necesario llevar adelante otros procesos mucho más importantes para lograr tener un voto real.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, quiero agradecer que el diputado Longton haya recordado la historia de lo ocurrido, cuando, lamentablemente, muchos diputados se manifestaron a favor del voto voluntario, con premisas superdifíciles de entender y que había que proyectar en el tiempo.

En ese minuto yo voté en contra, precisamente porque creía que no se daban las condiciones, pero además por un concepto que concentró la gran discusión que hubo en esta Sala: que esto era un deber. Entonces, se planteó la disyuntiva permanente de si el voto era un deber o un derecho. Al respecto, nosotros creíamos que la construcción de esta sociedad, si bien se adquirió como un derecho, se fue transformando en un deber, precisamente para consolidar la democracia.

Frente a eso, nosotros veíamos que no existían las condiciones para que las personas pudieran ir a votar con tranquilidad y con certeza. Se planteó la posibilidad de acercar los locales de votación, como muchos diputados expresaron en esta Sala; que la locomoción fuera gratuita; que pudiéramos incorporar el voto a distancia, el voto por correo. En suma, existían muchas alternativas, y, sin duda, una estructural, que tiene que ver con la posibilidad de educar en aspectos tales como educación cívica, derechos y la importancia de ejercer la votación. Ante esa situación, solo cinco diputados votamos en contra con absoluta convicción, entre ellos, el diputado Jaime Mulet , hoy de la Federación Regionalista Verde Social.

Entonces, nuestra preocupación es que las condiciones que pedíamos en ese minuto tampoco están disponibles hoy.

Me alegro de que podamos volver al voto obligatorio. Creo que la mayoría de las personas hoy lo están pidiendo. Pero, al mismo tiempo, me complica que no tengamos la posibilidad de que aquellas personas que por a, be o ce motivos no quieran ir a votar se puedan desinscribir. Creo que para ellas puede ser un derecho el desinscribirse. De alguna manera, lo vimos en terreno en el minuto de las elecciones, cuando nos decían: “Bueno, dennos una salida a aquellos que no queremos votar”.

Creo que hoy este es un deber que debemos volver a consolidar, más allá de lo que pasó el fin de semana pasado. No podemos legislar a base de eso, sino que debemos concentrarnos en qué hacemos con el voto, que para nosotros debe ser obligatorio, un deber, para ir consolidando y construyendo una democracia que hoy día se encuentra en un estado de fragilidad, lo que debe preocuparnos a todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, la baja participación electoral que vimos el domingo pasado, que se había dado muchas otras veces, salvo para el plebiscito, es un síntoma, no una causa en sí misma, de algo mucho más grave: que existe desafección por el proceso democrático.

Que hoy estemos pensando en restituir el voto obligatorio luego de haber transitado hacia el voto voluntario es un fracaso, es un fracaso de nuestro sistema democrático.

Las personas debieran sentir el derecho y, a su vez, el deber de querer elegir a sus autoridades. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una democracia frágil, una democracia que se reduce a ir a votar cada cuatro años y que tiene pocos mecanismos de participación efectiva para que la ciudadanía incida realmente en las políticas públicas y territoriales que afectan su vida diaria.

Por eso, a mí no me pone contenta restituir el voto obligatorio. Creo que es algo que tenemos que hacer para intentar enmendar en algo la profunda crisis que se ha producido en nuestra democracia; pero si no acompañamos una medida como esta, que tiene un carácter coercitivo hacia la población, con medidas afirmativas que permitan a la gente sentirse parte de la discusión democrática, probablemente mucha gente va a elegir pagar la multa.

Lo que debemos hacer aquí es una reforma profunda, terminar con la democracia representativa para pasar a una democracia más participativa, en la que la ciudadanía tenga una mayor incidencia. La gente lo dice cuando andamos en las calles: “Oiga, ustedes aparecen solo para pedir el voto”. Ello ocurre porque no hay mecanismos reales de participación de la ciudadanía.

Señor Presidente, el proyecto tiene que seguir avanzando, pero mediante una discusión mucho más profunda que la relacionada con el voto obligatorio o con el voto voluntario; tenemos que ver cómo fortalecemos la democracia, cómo hacemos que las personas puedan manifestar su posición política y que eso tenga un efecto, porque hoy no ir a votar también es marcar una posición política.

Por eso las bancadas del Nuevo Trato y del Partido Liberal hemos presentado una propuesta alternativa, para que exista inscripción automática y voto obligatorio, pero que también permita la posibilidad de desinscribirse, con el objeto de que las personas puedan manifestar su descontento con el sistema político.

El proyecto ha tenido apoyo. De hecho, la diputada Andrea Parra , Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, presentó una iniciativa en el mismo sentido; esperamos que se discutan conjuntamente.

Debemos dejar de legislar a la rápida y de manera reactiva, para pensar en cómo fortalecer realmente nuestra democracia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, efectivamente, soy autora de la iniciativa que buscaba restablecer el voto obligatorio. Al respecto, tratamos de generar un apoyo transversal en el Congreso Nacional y en el gobierno. No tuvimos el respaldo del gobierno y nos faltaron los votos para aprobarla en el Congreso.

La discutimos en el momento en que se produjo el estallido social, sin tener en consideración cálculos políticos, sino para restablecer la democracia, para hacer partícipes a las personas en la toma de decisiones de las autoridades elegidas y para dar mayor legitimidad a los procesos que Chile requiere.

Llegó la pandemia y se realizaron votaciones. Llevamos casi diez años con el voto voluntario, pero no podemos seguir con este nivel de participación, porque en la última elección el número de votantes fue inferior al 20 por ciento.

Sin duda, eso habla de un agotamiento, pero también de que nosotros no hemos tenido la fuerza para exigir al Ministerio de Educación que implemente la ley N° 20.911, que dispone el establecimiento de un Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

Asimismo, queremos iniciar un trabajo para restablecer y dar un espacio importante a una mejor democracia, pero eso requiere también el apoyo del Estado para, por ejemplo, acercar los lugares de votación a los domicilios de los ciudadanos, conceder efectivamente los feriados irrenunciables a los trabajadores y a las trabajadoras, disponer de transporte gratuito para los votantes, etcétera.

Podemos apoyar muchas medidas desde la institucionalidad, pero los partidos políticos, los movimientos sociales y los independientes, que hoy buscan espacios de participación, también deben apoyar el proyecto. Queremos que la ciudadanía se involucre, ya que en la actualidad tenemos una elitización del voto, pues los sectores más vulnerables no están votando.

Agradezco que el proyecto que hoy votaremos haya sido firmado por Carmen Hertz , representante del Partido Comunista; por queridos amigos de Unidad Constituyente y también por colegas del oficialismo, como nuestra amiga Ximena Ossandón . Es decir, la iniciativa tiene un gran apoyo, sin cálculos políticos. El que hace ese tipo de cálculos no entiende que Chile necesita reforzar su democracia, porque tenemos que dar legitimidad a los elegidos para cargos públicos, con el fin de que tengamos una mejor política pública, una mejor legislación; pero, por sobre todo, ciudadanas y ciudadanos empoderados.

Al igual que mi bancada, aprobaré esta iniciativa. Llamo a mis colegas…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, nuestra democracia es incompleta, por lo que el proceso constituyente ha sido movilizado en gran parte por ese déficit democrático. No obstante, pese a la necesidad de cambios de la ciudadanía, la participación electoral va a la baja, como lo demostró el reciente proceso de elecciones.

En el análisis del desarrollo de los procesos electorales chilenos durante la transición, hemos observado que a mayor nivel socioeconómico, existe más participación.

Esto se puede explicar por varias razones.

En primer lugar, gran parte de la población se ha sentido abandonada por la institucionalidad, abandono del Estado. Desde ahí percibe que los resultados de las elecciones son irrelevantes para su vida, lo que se ve ratificado por una democracia de baja intensidad, que se reduce finalmente al ejercicio del voto en el proceso electoral, la que es incapaz de introducir cambios significativos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Esta democracia débil promovió una distancia y una separación cada vez mayor entre los partidos políticos y la ciudadanía. Así, los primeros comenzaron a dirigir sus campañas y programas hacia los sectores que sabían que era más probable que terminaran concurriendo con su voto en la elección.

Por otra parte, el voto voluntario alimentó relaciones clientelares entre políticos y electores, dado que el estímulo movilizador para participar en esos procesos es la obtención de beneficios durante las campañas políticas.

Sin duda, no basta con establecer la obligación de votar, como lo han señalado varios diputados y diputadas, sino que se deben generar medidas que promuevan la participación y la educación ciudadana desde el Estado, que hagan ver la importancia del ejercicio del voto y del contenido que involucra cada proceso eleccionario.

Junto con políticas de promoción ciudadana, se debe resguardar que el voto sea ejercido en igualdad de condiciones y evaluar medidas de apoyo, como transporte gratuito en horarios de votación, mayor fiscalización a prácticas indebidas, como acarreos en sectores alejados; que el Servel haga revisión y ajustes respecto de la distribución de los locales de votación, según georreferenciación del padrón, y que se dispongan nuevos locales de votación en comunas rurales y periféricas.

Si queremos una democracia que comience a ser manifestación real de la soberanía popular, un primer paso es incluir todas las expresiones. De alguna manera, el voto obligatorio viene a equiparar esta cancha.

Profundizar la democracia es un camino largo, por cierto. Ya lo hemos aprendido en estos años de transición. Pero reconocer que la participación política es un derecho también es un primer paso.

Del mismo modo, tenemos que avanzar para reconocer que la participación política es un deber, pero que para ello debemos generar políticas de promoción ciudadana, con el objeto de que la ciudadanía sea la primera que crea en esta convicción.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, este tema nos convoca, sobre todo después de las últimas elecciones.

Al respecto, considero que no hay que tener miedo a la democracia. Esta discusión siempre se ha dado en el Congreso Nacional desde la mirada de qué conviene a cada bancada o a cada partido político: “si nos conviene, aprobemos el voto obligatorio; si nos conviene, establezcamos el voto voluntario”. Entonces, la discusión no gira en lo que realmente necesita la comunidad, que es fortalecer la democracia.

A la democracia no hay que tenerle miedo ni hacer cálculos sobre ella, sino que debemos abrirla.

En ese sentido, más allá de la discusión, porque se ha dicho todo, quiero apuntar a quienes aún se mantienen en contra de esta modificación.

Sin duda, hay que cambiar algunas cosas, como la movilización gratuita el día de elecciones y, ojalá, permitir que la gente vote en el local más cercano a su domicilio. En mi distrito, por ejemplo, me toca ver que las personas deben desplazarse a diferentes puntos de la ciudad, lo que tiene un costo. La tecnología nos permite perfectamente votar en el local más cercano a nuestro domicilio. Ojalá podamos avanzar, como lo ha hecho todo el país, sobre todo después de la pandemia, en la utilización de los medios digitales, en este caso para votar. En la actualidad se pueden hacer transacciones bancarias y gran cantidad de trámites con la Clave Única, por lo que también se podría votar a distancia.

Es una discusión mayor, pero no debemos hacer cálculos con el establecimiento del voto obligatorio.

Por eso, digo a la UDI popular -que ya se olvidó de ser popular-, que piensa que, como tiene gente más disciplinada para votar, le irá mejor con el voto voluntario, que después de la elección de gobernadores y de todas las últimas elecciones se debe replantear seriamente si les va mejor con el voto voluntario, porque, sin duda, no es así.

Por lo tanto, si queremos mejorar la política, debemos abrir los caminos a la democracia y para eso se requiere la mayor cantidad de participación posible, lo cual, lamentablemente, el voto voluntario no lo permite.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza Dueñas .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, siguiendo la lógica de lo planteado por el diputado Bianchi , que me antecedió en el uso de la palabra, como los resultados no han sido buenos en las últimas elecciones, lo mejor para nuestro partido sería cambiar el sistema. Sin embargo, no podemos legislar pensando en los intereses particulares de cada partido. Eso no lo podemos hacer, como tampoco podemos legislar respecto de algo tan importante ad portas de una elección. Siempre he pensado que este tipo de modificaciones no puede aplicarse en la elección que viene, sino que siempre debe ser aplicada a posteriori, porque, de lo contrario, se legisla con la calculadora en la mano.

Indudablemente, no existe ningún estudio que diga que la obligatoriedad del voto va a motivar una mayor participación. Es más, este es un proyecto mentiroso y cuando se dice que los políticos mienten es por este tipo de proyectos. Aquí se está mintiendo, porque se dice que es obligatorio votar, pero no se aplica sanción. ¿Qué es lo obligatorio? ¡Nada!

Entonces, seamos transparentes y digámosles a los chilenos y a las chilenas que aquí se está dando un título, un eslogan, como regularmente se hace, pero, en el fondo, el proyecto no establece ninguna sanción, por lo que, al no haber incentivo, continúa siendo voluntario.

¿No será más bien que quienes están hablando de obligatoriedad están pensando en los intereses económicos de sus partidos? Cuando va más gente a votar, los partidos políticos reciben más recursos, pero eso no se dice en ninguna parte. ¡Esa es la letra chica! La letra chica es no decir a los chilenos que en la medida que más voten, los partidos que tengan más votos van a tener más recursos. Entonces, seamos transparentes.

No estoy de acuerdo con legislar ad portas de una elección para cambiar el carácter del voto. Cada uno sacará sus propias cuentas, pero esto es lo que tenemos hoy y, por eso, voy a rechazar este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez Arriagada .

El señor PÉREZ, don José (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto es muy importante y lo comprobamos cada vez que enfrentamos una elección, pues lo encontramos más necesario, puesto que ha ido disminuyendo la cantidad de personas de las distintas regiones del país que participan en las elecciones, siempre muy importantes para la ciudadanía.

Si bien es cierto los chilenos y chilenas tienen entre sus derechos el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a vivir en un ambiente libre de contaminación, también deben cumplir con algunos deberes, como participar en las elecciones de sus autoridades: concejales, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores regionales, etcétera. Pero también el gobierno tiene algunas obligaciones importantes que cumplir, como, por ejemplo, informar en qué consisten las distintas elecciones.

En la última elección de gobernadores mucha gente no tenía idea qué cargo se elegía pues el gobierno no tuvo la capacidad de informar, a través de los medios de comunicación, en qué consistía una elección tan importante para cada una de las regiones del país. La elección de los gobernadores regionales era de una gran trascendencia, pero cuando la gente era entrevistada en televisión sobre quiénes eran los candidatos y en qué consistía la elección, se notaba que no había conocimiento de ello.

Por eso, hay una falla tanto del gobierno como del Ministerio de Educación, que se arrastra desde hace muchos años, porque no se ha restablecido una asignatura tan importante como es la educación cívica, que sirve para que la gente conozca en qué consiste la política y las elecciones, así como cuáles son las funciones de las distintas autoridades que se eligen por votación popular, etcétera.

El voto obligatorio es una necesidad y debe ser una obligación para todos, sin excepción, salvo para las personas que por razones de salud se encuentran impedidas de ir a votar, quienes dejarán constancia del motivo de ese impedimento en Carabineros. Reitero: votar debe ser obligatorio para todos, sin excepción de ninguna naturaleza. De esa manera, la gente va a participar en las elecciones democráticas y podrá elegir a sus autoridades como corresponde. Debemos evitar que se elijan autoridades con un porcentaje de votación bajísimo, porque no es representativo y es lamentable que esté aconteciendo así en el último tiempo.

Por lo tanto, los radicales vamos a respaldar con entusiasmo toda iniciativa que diga relación con restablecer el voto obligatorio.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente ya hemos tenido la experiencia tanto del voto obligatorio como del voluntario y podemos evaluar si ha sido bueno o no. A mi parecer, el voto voluntario no lo ha sido. El resultado de una votación siempre debe reflejar lo que la mayoría de la gente quiere y no lo que desea un pequeño grupo o solo lo que piensan aquellas personas que se movilizan por una causa que las motiva y les llama la atención. Y eso no está pasando con el voto voluntario.

Lo que me parece más complejo es que hoy tenemos a muchas autoridades que no representan al electorado, porque han sido elegidos por unos pocos, lo que provoca que, en el fondo, esas autoridades sean consideradas poco legítimas e, incluso, son objeto de mofa por parte de la gente. Aquí, en el Congreso Nacional también hemos vivido esta situación muy fuertemente. Además, esto representa un peligro que puede ser muy perverso: que las autoridades electas con poca votación comiencen a trabajar solo para pequeños nichos de votantes, porque saben que esos nichos son los que pueden movilizar o acarrear el día de las elecciones. El voto voluntario hace que una gran mayoría de personas quede fuera del proceso eleccionario por decisión propia. Si queremos una democracia legítima y robusta, pienso que se debe votar de forma obligatoria.

Vivimos en una sociedad en que parece que lo único que existe son los derechos, pero se echan de menos los deberes, el cumplir con una obligación. Entonces, cada uno tiene su forma y su pensamiento sobre qué modelo de sociedad quiere construir, pero para eso debemos ir a votar por las autoridades que creemos que podrán desarrollar lo que pensamos.

Respecto de la discapacidad o la dependencia, que es un tema que se ha ido planteando durante la discusión, creo que sí se pueden hacer cambios. No me parece que sea una discriminación, porque lo que aborda el proyecto es un cambio constitucional y, por el contrario, me parece que puede ser considerada hasta una delicadeza. No creo que los mayores de 75 años se sientan discriminados.

Por otro lado, siento que hay que diferenciar entre la discapacidad y la dependencia, y me parece que es empático el que hayan pensado en ello, dado que hay una infinidad de situaciones que podrían producirse. Lo extraño sería que fuese obligatorio, pero con un trato especial en la ley orgánica constitucional.

Ahora bien, ojalá que esto no se lea como un arreglín de los políticos porque los partidos -posiblementevan a recibir más dinero. La inversión vale la pena si el objetivo es tener una buena democracia, una democracia robusta. No olvidemos que debemos ser capaces de convocar a más y más personas con nuestras ideas y proyectos. Aquel es un desafío respecto del cual no hemos abdicado.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra Chandía .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, el objetivo principal de quienes integramos este poder del Estado es el continuo esfuerzo por fortalecer, por robustecer la democracia como sistema político.

Tal vez la elección más trascendente para quienes somos de regiones, en estos 200 años de república, es, justamente, la elección de los gobernadores regionales, porque los ciudadanos entregan y transfieren representación a las regiones teniendo en vista el centro político. Pero, ¿qué ocurrió? Hubo una validación escasa, menor, porque la participación de los ciudadanos fue poca.

Además, constatamos que entre 2012 y 2019 -seis elecciones de por mediovotó aproximadamente el 29 por ciento de quienes están inscritos. Asimismo, el 40 por ciento de quienes están inscritos han votado una sola vez en estas elecciones.

Por otra parte, se constató que existen sesgos económicos y sociales. Por ejemplo, en Vitacura votó el 69 por ciento, y en La Pintana, el 30 por ciento.

Por lo anterior, es necesario adoptar medidas. Con todo, no se trata solo del proyecto para restablecer el voto obligatorio, que, por cierto, voy a votar a favor, como también lo hará mi bancada, sino que además debe implementarse nuevamente la educación cívica, la que constituye un elemento principal y fundador de la conformación de criterios y de la conciencia social, en aras de una mejor democracia y de los elementos que la componen, entre ellos el derecho a elegir, el derecho al voto. De este modo, tendremos una participación masiva y la validación que se requiere cuando se eligen ciudadanos y ciudadanas para representarnos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los consejos regionales, en los concejos, en las alcaldías, ahora en las gobernaciones regionales y, por cierto, en la Presidencia de la República.

De ahí que sea tremendamente importante entender que se requieren muchos elementos que son consustanciales al fortalecimiento de la democracia: me refiero a la educación, a la participación, a los incentivos, a los mecanismos de transporte, en fin, todo lo que signifique robustecer la democracia para que la validación social implique, en consecuencia, el mejoramiento de esta y, por tanto, el ejercicio de la representación, a partir de la participación masiva de los habitantes de nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero Sáez .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, independientemente de quién sea el autor o los autores del presente proyecto, el que permitirá restablecer el voto obligatorio, quiero recordar que desde que asumí como diputado, hace más de tres años, he planteado con fuerza que hay que volver a establecer el voto obligatorio, bajar de 155 a 120 los diputados y disminuir la dieta parlamentaria. Lo dije ayer y lo repito hoy. Hay un dicho popular muy cierto que señala que después de la guerra todos son generales, pero quien habla planteó estos temas con antelación.

Voy a votar a favor el proyecto, porque creo que es necesaria la inscripción automática, es necesario el voto obligatorio, con sanción, porque, de lo contrario, no tiene sentido. Además, los adultos mayores de 75 años de edad deben tener la posibilidad de elegir si quieren o no votar, sin que sean sancionados económicamente. Digo económicamente, porque los seres humanos somos especiales: si nos duele el bolsillo reaccionamos, pero si nos duele nuestra conciencia o nuestro corazón, a veces no reaccionamos.

Algunos han planteado implementar el voto obligatorio, pero no para las próximas elecciones, no para las que nos afectarán a nosotros, las de fin de año, porque hay sectores a los que les va a convenir el voto voluntario, así como a otros les convendrá el obligatorio.

Señor Presidente, no podemos andar permanentemente con una calculadora en la mano. Como Parlamento debemos reaccionar y adoptar medidas que, aunque a veces parezcan impopulares, son necesarias.

En las elecciones de alcaldes, concejales y convencionales constituyentes, y en la primera vuelta, tenemos autoridades electas con 60 por ciento de los votos del 40 por ciento de las personas que fueron a votar. Lo más dramático de la elección del domingo pasado fue que hay regiones en las que fue a votar el 13 por ciento o el 15 por ciento de los electores. Por lo tanto, tenemos autoridades regionales electas con el 50 por ciento o 60 por ciento de los votos del 13 por ciento de quienes fueron a votar, es decir, con una cantidad ínfima de sufragios.

Creo que es necesario respetar los derechos, pero también atender las obligaciones que emanan de nuestros deberes, y el deber principal de los mayores de 18 años de edad es ir a votar por la persona que creemos que lo hará bien.

El discurso que uno escucha normalmente es que los políticos están desprestigiados, que son todos corruptos, flojos y ladrones. Bueno, que la gente vaya a votar y no elija corruptos, ladrones ni flojos, pero que vaya a votar.

Por eso, señor Presidente, una vez más, como lo he hecho un par de veces en esta Sala, votaré a favor del voto obligatorio.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, vamos a ratificar nuestro voto a favor de la iniciativa, en el marco del segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y en votación particular.

En una sociedad de derechos y deberes, queremos restablecer la obligatoriedad del voto. No obstante, estamos de acuerdo con exceptuar de dicha obligación a ciertos grupos de personas, como los electores mayores de 75 años de edad, las personas en situación de discapacidad o dependencia y los ciudadanos extranjeros avecindados en Chile que estuvieren habilitados para sufragar. Además, es positivo que el sufragio en elecciones primarias sea siempre de carácter voluntario.

Resulta fundamental aprobar el presente proyecto con celeridad.

Quiero valorar el trabajo de la diputada Joanna Pérez , de nuestra bancada, y de todos los diputados y todas las diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

Espero que todos los diputados y las diputadas de Chile Vamos, a diferencia de lo que ocurrió en la votación pasada, se pronuncien a favor del proyecto.

Es sabido que en comunas donde el voto es voluntario las personas de mayores ingresos votan en mayor proporción que las de menores ingresos, lo cual distorsiona la representatividad y la democracia.

Obviamente, fue un error haber implementado la reforma que habilitó el sufragio voluntario. De ello debemos aprender.

Como siempre he dicho, el voto obligatorio o el voluntario no son fines en sí mismos, sino que medios para que exista mayor participación. En la práctica, se constató que el voto voluntario con inscripción automática no posibilitó una mayor participación electoral, sino que, por el contrario, la disminuyó.

Hoy, los adultos mayores están votando menos; los habitantes de localidades rurales, que son los que más requieren soluciones respecto del agua potable y el alcantarillado, también tienen dificultades para sufragar, más ahora que no se ha querido aprobar la medida para que el transporte sea gratuito en todas las elecciones.

Por eso, como Democracia Cristiana y tal como señaló la diputada Joanna Pérez , vamos a votar a favor de restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Como usted sabe, señor Presidente, creemos en una sociedad de derechos, pero también de deberes.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, se critica mucho el hecho de que nuevamente estemos debatiendo acerca de si el voto debe ser voluntario u obligatorio.

En esta Sala, el 26 de mayo, la aprobación de este proyecto de reforma constitucional fue casi unánime, con solo 16 rechazos. Creo que esta votación bien puede tener fundamentos de peso ante la opinión pública.

Las últimas elecciones y la escasa participación electoral nos han evidenciado que los pasados argumentos de que el voto voluntario aumentaría la participación electoral no tuvieron asidero en la práctica.

Sin ir más lejos, el domingo pasado tuvimos una evidencia más de la poca participación electoral a la que nos lleva el voto voluntario, ya que se alcanzó menos del 20 por ciento de participación electoral de quienes están legalmente habilitados para votar.

Si miramos el horizonte comparado, la participación electoral es siempre mayor en países en que el voto es obligatorio. Es mayor porque los ciudadanos se ven compelidos a votar por temor a la posible sanción, pero también porque el simbolismo que involucra que el voto sea obligatorio es entendido por los individuos como un deber que les identifica y distingue como ciudadanos.

La discusión tradicional respecto de que el voto obligatorio afecta la libertad de los ciudadanos puede perfectamente derribarse si recordamos que continuamente la mayoría de los sectores políticos reclaman la participación ciudadana en el quehacer público, razón por la cual no se entiende que se critique el hecho de que el voto sea obligatorio y se mire como un derecho y deber que otorga a los ciudadanos una de las atribuciones más importantes en materia de derechos, que es elegir a sus gobernantes.

Por otro lado, a mi juicio, lo más importante es que existe un bien jurídico mayor que proteger, dando una justificación preponderante al voto obligatorio. Ese bien jurídico superior a proteger es la legitimación democrática del gobierno.

El voto voluntario nos ha llevado a tener gobiernos locales, regionales y nacionales en los que ha habido poca participación electoral, derivando en que unos pocos definen quiénes serán las autoridades que gobiernen a todos y, a su vez, en un atentado a la democracia.

Por lo anterior, apoyo el texto del proyecto aprobado en el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, claramente, hay cuestiones heredadas de la dictadura militar que han permanecido por largos años. Una de ellas ha sido la falta de respeto por el derecho a la vida.

Esa cultura de la muerte que se estableció en la dictadura explica de algún modo, como una herencia que tenemos aún, la manera en que hoy actúan las bandas delictuales, sin ningún respeto al derecho a la vida. Esas son herencias que quedan y que cuesta mucho erradicar.

Lo mismo ocurre con la participación en los procesos electorales. Durante mucho tiempo tantas descalificaciones a los políticos, cosa que se ha mantenido incluso hasta hoy, claramente han afectado la participación de las personas en los procesos electorales.

Pero hay otra cosa que no es menor: el modelo neoliberal que ha subsistido en nuestro país durante tanto tiempo, más que generar, educar y formar ciudadanos, al final ha terminado formando consumidores. Estamos en una lucha permanente entre formar ciudadanos o individuos que siguen la opción de ser consumidores, no ciudadanos. Por cierto, eso debilita la democracia, el sistema democrático y la participación. Si bien es cierto, algunos señalan que establecer el voto obligatorio en los procesos electorales coarta la libertad de las personas, muy por el contrario, creo que fortalece la democracia, porque hay libertad para tener derechos. Sin embargo, pareciera ser que para tomar decisiones la libertad se coarta y la gente no quiere hacer uso de ella. Por eso, me parece fundamental avanzar en todo lo que sea necesario.

Vemos cómo de lunes a viernes parte importante de las personas se manifiesta a través de protestas y movilizaciones. Sin embargo, el sábado y el domingo, particularmente cuando hay procesos electorales, parece que los dedican a quedarse en la casa, o bien a ser consumidoras y acudir a los malls.

Creo que es bueno enviar el mandato claro a los ciudadanos chilenos -porque eso son: ciudadanos chilenosde que tienen deberes u obligaciones, así como también tienen derechos.

Por eso, con mucho entusiasmo, vamos a apoyar el voto obligatorio tal como viene desde la Comisión de Gobierno Interior.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, he escuchado atentamente los discursos de los diputados. Les pido que lean el proyecto que salió de la comisión, porque la gente está cansada de que digamos medias verdades, como, por ejemplo, que por el proyecto que estamos discutiendo se va a cambiar de voto voluntario a voto obligatorio. Pero nadie dice que mediante una disposición transitoria se establece que la reforma introducida al artículo 15 sobre obligatoriedad del voto regirá solo al momento de modificarse la ley orgánica constitucional respectiva, lo cual no votaremos hoy, porque está en la Comisión de Constitución, en donde todavía no se ha votado. ¿Qué va a decir esa futura ley? No tenemos idea.

Por lo tanto, vamos a colocar un rótulo en la Constitución que va a decir: “Voto obligatorio”. Pero ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir? No las conocemos, porque no las vamos a votar hoy.

La gente está cansada de eso. Por eso no va a votar por las distintas personas, debido a que no se le dice la verdad, sino medias verdades. En 2013, con voto voluntario, votaron cinco millones ochocientas mil personas, y recientemente, el 15 y 16 de mayo, considerando que eran días feriados establecidos por el Congreso y que estábamos en pandemia, votaron siete millones y medio de personas. Los adultos mayores no votaron ahora porque estamos en pandemia. Ellos son los que más participan, pero se cuidan.

Los dos millones y medio de votantes de la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales se deben a que la gente aún no sabía para qué servía el gobernador regional. Eso ha pasado: no se indica para qué sirve. Además, los gobernadores están sin atribuciones, con atribuciones prácticamente de cartón, porque hay dos proyectos de ley que están durmiendo en este Congreso acerca de la descentralización de los gobiernos regionales.

Entonces, digamos las verdades como corresponden: la gente se va a levantar a votar porque le gusta la persona que propusieron los partidos políticos o los independientes, porque realmente la cautiva.

¿Por qué me van a obligar a ir a votar en segunda vuelta por alguien que no conozco y no quiero? ¿Por qué me van a obligar y me van sancionar, más encima, si ni siquiera me dan locomoción gratuita para ir a votar? Estoy hablando de lo que ocurre en regiones, porque en Santiago sí la dan.

Pido a los diputados que no le mintamos a la gente, que digamos la verdad de frente. Esta iniciativa no será para establecer el voto obligatorio, porque tiene que aprobarse la ley orgánica constitucional respectiva para que sea operativa.

Voy a rechazar este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán Salinas .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, en las últimas elecciones votó el 50 por ciento del padrón electoral; en las municipales, alrededor del 35 por ciento, y el fin de semana pasado solo votó el 19 por ciento.

Cuando se cambió al voto voluntario se fundamentó que fue por el desprestigio de la política y el deseo de cautivar a la gente nuevamente. Pero eso es un error. Algunos hablan de la libertad como un bien supremo, y por eso defienden el voto voluntario; pero junto con ello hay otros valores igualmente importantes, como son la cooperatividad, la solidaridad y la colaboración. Vivir y participar responsablemente en comunidad -el ser sociales un valor tan importante como el derecho a la libertad plena. Creo en la libertad, pero comprometida con el servicio a la comunidad como parte del bien común.

El voto obligatorio, entonces, no niega la libertad de la gente, porque, por un lado, el derecho, y, por el otro, la obligación de comprometerse con la comunidad son parte del compromiso vital de cualquier ser humano. Y la libertad se ejerce precisamente a través de la participación activa, para saber el tipo de sociedad que queremos.

También debemos relacionar el voto obligatorio con la educación. Desde niños hay que favorecer y promover la enseñanza de lo ventajoso que es vivir en una sociedad democrática, transparente y participativa. Sin embargo, se han eliminado del plan curricular los cursos de formación ciudadana y, hoy en día, la materia de historia es un electivo más, lamentablemente.

De acuerdo con la literatura internacional, el voto obligatorio reduce la influencia del dinero en la política, porque disminuye las opciones de acarreo. El voto voluntario lo incentiva.

Según estudios de la OEA, el voto voluntario tiende a crear nuevas desigualdades porque los que más participan en una sociedad tienden a ser aquellos de mayores ingresos y con mayores niveles de educación, lo que vuelve a crear otra segregación más contra la gente de menores recursos.

Cuando el voto es obligatorio, la gente tiende a informarse mucho más sobre lo que hacen los políticos, pues al tener que ir a la urna, deben encontrar al representante que hace mejor las cosas o que se identifica más con lo que quiere para el país. Así tendremos ciudadanos más informados.

Y a mayor participación, menor es la posibilidad de crisis. Mientras mayor es la participación electoral, bajan los niveles de conflicto social, porque la gente también tiende a hacerse responsable de lo que votó y también entiende que la condición de un país tiene que ver con la elección que todos hicieron de sus representantes.

Por eso, voto a favor el proyecto de voto obligatorio, con multas e incentivos; no un voto obligatorio que, al final, sea letra muerta.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fidel Espinoza Sandoval .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, en esta discusión debiésemos señalar, en primer lugar, que, si de procesos electorales se trata, tenemos que sentirnos orgullosos como chilenos de algunas cosas. El trabajo del Servel y los miles de apoderados que trabajaron en las últimas elecciones realizadas en nuestro país han demostrado que, en ese sentido, nuestra nación debe sentirse orgullosa. Este domingo a las 19:30 horas sabíamos con exactitud quiénes habían triunfado en las elecciones de gobernadores regionales. Ello, independientemente de que reconocemos que la baja participación fue la tónica en este proceso.

Nuestro país vive un complejo trance histórico, cuyas particularidades nos presentan desafíos muy importantes para el futuro. Creo que dentro de esos desafíos está volver a implementar el voto obligatorio en nuestro país, porque nuestros ciudadanos, así como tienen derechos, también tienen deberes, y uno de los deberes debe ser elegir a sus autoridades. Muchos de ellos critican a través de las redes sociales, pero ni siquiera van a votar. Lo importante es que la gente participe, que premie -como dijo un diputadoal que lo hace bien, y que castigue a quien considera que lo ha hecho mal como parlamentario, como alcalde, como concejal, como consejero regional o como gobernador regional.

Esa es la importancia de volver a tener el voto obligatorio: que nuestras autoridades tengan una gran legitimidad ante la ciudadanía. Por eso, Chile va a tener voto obligatorio.

Fui de los que votó a favor del voto voluntario, y me arrepiento. Es importante volver al voto obligatorio, a fin de tener un Chile más democrático y más fuerte.

Estoy a favor de aquellos que han planteado que los adultos mayores de 75 años de edad tengan la voluntariedad de elegir si pueden o no participar en los procesos eleccionarios.

Sin lugar a dudas, el proyecto va a fortalecer nuestra democracia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans Araya .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, una de las cosas más complejas del sueño neoliberal es que desmantela a la política de uno de sus componentes más esenciales, que es servir como herramienta útil a las mayorías del país. El individualismo extremo, el considerar como naturales las desigualdades profundas que tiene nuestra sociedad y la sumisión de la democracia a las normas del mercado tienen evidentes consecuencias para el funcionamiento institucional. Incluso, cuando efectivamente se quiere empezar a tomar medidas que sirvan a esas mayorías, se hace mucho más difícil, porque se construyó y se defendió un tipo de sociedad en que lo que manda es el poder del dinero y no la democracia.

Pese a ello y pese al enorme esfuerzo de instalación de esa ideología, la gente siguió preocupándose de lo común. No por nada, mientras en el país se reducía la participación electoral, se levantaron movilizaciones estudiantiles gigantescas, masivas marchas feministas y por No+AFP, iniciativas sociales y ecologistas y, por supuesto, un estallido social de enormes proporciones.

Esa idea de una política sin sociedad es una distopía porque no funciona, y lo único que produce es desigualdad, malestar y, paradójicamente para sus defensores, amplios niveles de movilización popular.

En ello, por supuesto, quienes han reducido el ejercicio de la política a un acto de consumo y a un asunto meramente procedimental, tendrán que asumir su responsabilidad. Lo mismo ocurre con quienes han defendido esa ridícula idea de que todo consenso es bueno y de que todo conflicto es malo, con la consecuencia de producir un temor al debate y, con ello, un deterioro del funcionamiento democrático. Al menos para mí, garantizar voces plurales, profundizar la incidencia ciudadana y combatir la desigual participación electoral se trata de la defensa de principios democráticos e igualitarios, que parece razonable asumir y expandir.

Estoy a favor de esta iniciativa, pero me parece necesario señalar que no hay atajos ni soluciones mágicos al problema de la participación. Esto, en ningún caso, debe ser entendido como una liberación de lo que debiese ser uno de los componentes centrales de la política, que es la organización, que es educar, persuadir y convencer, con hechos e ideas, a sectores importantes de la población de que se puede construir una sociedad mucho mejor que aquella en la que vivimos hoy y que el camino para lograrlo es organizarse y luchar para que esas convicciones e intereses se hagan realidad.

A su vez, me parece razonable asumir que, a mayor responsabilidad ciudadana, se debe otorgar mayor capacidad de incidencia. Ese también es el espíritu del proceso constituyente y debiese ser un estímulo para múltiples reformas adicionales que aumenten la participación y la incidencia de la ciudadanía en las definiciones más importantes del país.

Bertolt Brecht decía: “Frente a los irreflexivos que nunca dudan, están los reflexivos que nunca actúan”. Hoy, más que nunca, discutamos, dudemos y también actuemos…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, los hechos hablan mejor que las palabras y que mil discursos. Lo anterior se puede constatar en la abstención histórica que se registró durante la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, situación que lleva a replantearnos el tema que hoy discutimos.

No se legisla en un vacío cultural, sino en función de un cierto contexto histórico, temporal, espacial y cultural. Chile no estaba preparado, y nuestra población no estaba preparada para una ley como la que estableció el voto voluntario. Debemos asumir que nos equivocamos, porque es sabio enmendar, y eso es lo que podemos hacer hoy.

Calificaría la abstención como una suerte de cáncer que destruye la institucionalidad y la democracia, que deslegitima a las autoridades que resultan electas con esa baja participación. Imagínese a gobernadores regionales electos con 13 o 14 por ciento de participación en algunas regiones.

¿Qué podemos hacer? Como profesor, como educador, creo que debemos potenciar -esa debería ser una responsabilidad del Estadola educación para la ciudadanía, que es el gran déficit en nuestra población; recomponer el tejido social, reencantar a la ciudadanía, darle más participación a través de distintos mecanismos que le permita ejercer una participación real en los procesos democráticos y de decisión, que vayan más allá de las simples votaciones.

Distinguidos colegas -les hablo con mucho respeto-, creo que también debemos hacer de esto una oportunidad para replantearnos el ejercicio de nuestro rol parlamentario y las actuaciones de cada uno de nosotros en dicho contexto, así como hacer una autocrítica acerca de la medida en que nuestro propio discurso ha mellado la legitimidad y el prestigio de este poder del Estado, que es el Congreso Nacional.

Recuerden que el lenguaje crea realidades, y cuando el que empleamos nosotros mismos es descalificatorio, falto de fundamentos y lleno de eslóganes, como aquel de que “no son treinta pesos, sino treinta años”, que no resiste un análisis mínimamente serio, así como tantos otros eslóganes que escuchamos por estos días, ciertamente que contribuimos a ese proceso.

Por eso, creo que también debemos cuestionarnos sobre esa materia y hacer algo al respecto. Esto es un imperativo del próximo tiempo, especialmente para aquellos que van a continuar en este…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva Carvajal .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, siempre se dice: “No importa quién gane, si igual hay que ir a trabajar; son siempre los mismos”. Bueno, este gobierno nos ha demostrado que no da lo mismo quién gobierne y que la participación de la ciudadanía es fundamental en nuestra democracia.

Por eso estoy a favor, y como bancada también vamos a apoyar esta modificación constitucional que restituye el voto obligatorio, en primer lugar, porque debe existir un correlato entre los derechos de los ciudadanos que queremos que se garanticen de manera cierta y real en la nueva Constitución Política, pero también los deberes de los ciudadanos.

Más que una obligación, participar es un deber necesario, porque los problemas de crisis de legitimidad que tienen todas las instituciones -partiendo por el Parlamento, por las diputadas y por los diputados se resuelven necesariamente con participación y con legitimación. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.

Queremos que el voto sea obligatorio -esa es una labor que tendrá la Convención Constitucional-, pero que no sirva solo para elegir a las autoridades en una democracia representativa que, insisto, está en crisis, sino que también permita desarrollar una participación más directa de la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa: más plebiscitos, más cabildos, más participación de la ciudadanía.

Las últimas elecciones dieron cuenta clara de que, de cada diez electores potenciales, solo dos fueron a votar. Por eso necesitamos -y apoyaremosel voto obligatorio como un deber de la ciudadanía en la generación de sus autoridades, así como una participación y un rol más activo en esta democracia, que está en crisis. Insisto: los problemas de la democracia se solucionan con más democracia.

Esto tiene una bajada, porque no solo se requiere una reforma constitucional, sino que también se debe modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios para dar mayores posibilidades en términos de voto anticipado, padrón electrónico, transporte gratuito y posibilidad de elegir el lugar de votación.

Se necesitan varias herramientas para incentivar a la gente a votar, ya que muchas personas que viven en nuestras provincias deben desplazarse grandes distancias y gastar mucho dinero para ir a votar, y generalmente son las personas más humildes.

Por eso, esta reforma constitucional debe ser apoyada por varios elementos: transporte gratuito -insisto-, normas o formas que permitan incentivar la votación y clases de educación cívica, que cada día son más necesarias.

Por eso, votaremos a favor de este proyecto que restablece el voto obligatorio, porque todo derecho tiene un correlato en un deber, que en democracia es participar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma Álamos .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, desde la UDI defenderemos la libertad de las personas para decidir si van a votar o no.

Quienes dicen que los problemas de la democracia se resuelven obligando a la gente a votar están profundamente equivocados, y quienes dicen que vamos a volver al sistema anterior no solo están equivocados, sino que no dicen la verdad.

El sistema que se pretende instaurar por medio de esta reforma constitucional no es como el de antes. El sistema anterior era de inscripción voluntaria y voto obligatorio. En cambio, lo que quieren instaurar ahora es inscripción obligatoria y voto obligatorio. ¿Y por qué lo quieren hacer así? Porque creen que les conviene, porque están haciendo el cálculo para la elección de noviembre, porque saben, y todos sabemos, que será el proceso constitucional ya en marcha el que definirá si el voto será voluntario u obligatorio.

Lo que están haciendo es un cálculo mezquino para sacar cuentas pensando en las elecciones de noviembre y diciembre. Le doy dos datos: primero, en 1988, votó el 90 por ciento del padrón electoral; en 1999, lo hizo el 73 por ciento, y en 2009, el 57 por ciento, pero en tales casos se trató de personas que habían decidido inscribirse en el registro electoral. En consecuencia, la real participación del 2009 fue de 41 por ciento. ¿Por qué? Porque 4,5 millones de personas no estaban inscritas.

En 2009, con voto obligatorio, participó el 41 por ciento del padrón electoral; en la elección de hace un mes votó prácticamente el 43 por ciento, y en la elección de la Convención Constitucional votó prácticamente el 50 por ciento; es decir, votó más gente que con el procedimiento anterior. ¿Y por qué? Porque en esos momentos la gente se había dado cuenta de que su voto importaba e influía.

Quienes insisten en creer que lograrán mejorar la democracia obligando a la gente a votar están profundamente equivocados. Cuando desde el Partido Socialista nos dicen que el problema es que existen consumidores y no ciudadanos, como dijo el diputado Jaime Naranjo , cometen el profundo error de menospreciar a las personas.

Eso no permitirá que, aun cuando se haya instaurado nuevamente el voto obligatorio, la gente vaya a votar, porque, además, este es un voto obligatorio mentiroso, ya que, en primer lugar, no se establece sanción alguna para quien no vaya a votar. Por lo tanto, no habrá forma de obligar a que la gente lo haga. En segundo lugar, al no existir una sanción, sabemos que no pasará nada. Por lo tanto, lo único obligatorio es el título.

Desde la UDI defendemos la libertad de elegir, porque la democracia se mejora con mejores ideas y mejores candidatos, y no obligando.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, solo para que quede en la historia fidedigna de la ley, para que no se cometan errores tan grandes, hago presente que el diputado Coloma señaló que en 1999 había participado el 48 por ciento de los ciudadanos inscritos, y resulta que votaron 7.178.000 personas de un padrón de 8.300.000.

En consecuencia, para que quede en la historia fidedigna de la ley, los errores no pueden admitirse cuando son tan flagrantes.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Señor diputado, es una buena acotación, pero no es punto de Reglamento.

Tiene la palabra, diputado Coloma .

Que su intervención sea sobre un punto de Reglamento, su señoría, para no iniciar un diálogo entre colegas.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Intervengo solo porque pienso que el diputado Auth debe haber estado desconcentrado.

Lo que dije fue que en 2009 participó un 57,6 por ciento de la gente, pero del padrón inscrito. Hubo cuatro millones y medio de personas no inscritas.

Si uno ve los potenciales electores versus los reales, puede concluir que la participación real fue de 41 por ciento.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez Urrutia .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, en la Región de Antofagasta, en la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales hubo una participación del 12,21 por ciento. Al respecto quiero destacar dos comunas que, lamentablemente, tuvieron muy bajo porcentaje de participación: Sierra Gorda, con el 4,85 por ciento, y María Elena , con el 6,6 por ciento. Calama tuvo 10 por ciento; Antofagasta , la capital regional, 13 por ciento.

¿Qué quiero decir con ello? Que esta no es una cuestión antojadiza ni de cálculos políticos sobre a quién le beneficia más o menos, o de principios -aquí alguien habló hasta de los principios-, sino de respeto y de fortalecimiento de la democracia, y, por supuesto, de asegurar que las autoridades elegidas democráticamente cuenten con un apoyo mayoritario de la ciudadanía.

Mientras el voto voluntario conduce a una democracia pasiva, basada en una ciudadanía de baja intensidad, el voto obligatorio conduce a una democracia activa, basada en una ciudadanía de alta intensidad. Y esto para mí es más consistente con una república, con una concepción de república de la democracia basada en el ejercicio de los derechos y de los deberes. Porque hay que decirlo también: lamentablemente, somos más exigentes y conscientes de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero se nos olvidan cuáles son nuestros deberes, y por supuesto que el deber de elegir a nuestras autoridades, y no solo el derecho de elegirlas, tenemos que resguardarlo. Si ese resguardo tiene que hacerse por ley, así debe ser.

Asimismo, antes de estas elecciones -no me refiero solo a la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales, sino también a la de los constituyentes, de los alcaldes, de los concejales, de los gobernadores en primera vuelta-, junto con un grupo transversal de parlamentarios presentamos un proyecto de ley para que el voto fuera obligatorio, pensando en las próximas elecciones de noviembre. Lo hicimos meses antes -lo quiero recordarporque no estamos haciendo un cálculo a propósito de lo que efectivamente pasó en estas elecciones, sino con la conciencia de que también es nuestra responsabilidad modificar la ley, si es necesario, con tal de que exista -insistouna participación mayoritaria de la ciudadanía y, por tanto, el voto obligatorio.

En consecuencia, mi voto será a favor de este proyecto. Y, por supuesto, llamo a los demás parlamentarios a que actuemos de esta forma para fortalecer la democracia y la representación de las autoridades elegidas democráticamente.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren Correa .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, el domingo recién pasado presenciamos una de las elecciones menos participativas que hemos tenido en los últimos 30 años. A nivel nacional, participó el 19 por ciento del padrón; en mi Región de Coquimbo, solo lo hizo el 17 por ciento. Eso no le hace bien a la democracia representativa.

Este no es un tema menor, sino de principios. Más allá de a quién le favorezca o a quién no, este es un tema de principios. El voto obligatorio es un deber. Como ciudadanos, como personas que hemos nacido en una comunidad política, estamos comprometidos a trabajar por el bien común. El mínimo de colaboración para que ese bien común se logre y se fortalezca es la participación en las urnas al momento de elegir.

Esto no es un tema menor: la participación electoral constituye un deber, no solo un derecho. Creo que acá debemos ser bien claros, porque se ha dicho que esta es una reforma tramposa,

que no tiene multa. Esta es una reforma constitucional; lo demás se verá en una ley orgánica. ¡No confundamos las cosas! La gente no tiene por qué ser confundida gratuitamente.

Cuando hablamos del voto obligatorio, nos referimos a un voto que haga que las personas se comprometan, al igual como hay que comprometerse con los impuestos, con la construcción del país. En un mundo cada día más individualista, los derechos parecen ser más importantes que los deberes. Pero para ejercer un derecho antes hay que cumplir con el deber: debemos ir a votar, aun cuando anulemos el voto. Hagamos la revolución, pero en las urnas. Ahí manifestémonos, anulando el voto, si quieren. Esa es una expresión de la voluntad, de la opinión, porque así estamos señalando que no nos gusta nadie. Pero lo que no puede ocurrir es que establezcamos normas que hagan que la gente se desinterese, se desafecte del devenir de Chile, que le dé lo mismo y no tenga una opinión concreta que entregar para ver cómo construimos un mejor país.

Tenemos que aprobar el voto obligatorio. Le hará bien a la salud de nuestra democracia y de nuestro país. Necesitamos que la gente participe para que de ese 19 por ciento de participación pasemos a tener sobre el 50 por ciento. Así gana el país y ganamos todos los chilenos.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke Carvallo .

El señor CRUZ-COKE (vía telemática).-

Señor Presidente, acá se ha discutido mucho este Congreso ha tenido posiciones muy diversas sobre la materia respecto de pasar del voto voluntario al voto obligatorio. Yo creo, sin duda, que el compromiso democrático implica, por supuesto, derechos, pero también deberes.

La participación que ha habido en las elecciones últimamente ha sido bajísima, incluso cuando es alta, incluso con el 51 por ciento alcanzado en el plebiscito. Pero hoy estamos hablando de elecciones que tienen 12 u 11 por ciento de participación en algunas regiones, lo que claramente pone en boca de quienes buscan precisamente hacer tambalear las instituciones la idea de que no existen autoridades legítimas. Por ende, pienso que las potestades, el fortalecimiento de la democracia también implican cierto compromiso de los ciudadanos con el voto.

Creo en el voto obligatorio; creo que se cometió un error muy grande al eliminarlo, y creo además que convoca no solo a aquellos que son capaces de movilizar a sus huestes, pues, efectivamente, la política debe tener una oferta lo suficientemente atractiva para permitir movilizar al electorado. Sin embargo, también debemos permitir que aquellas personas puedan votar, y ojalá puedan hacerlo de la manera más masiva posible, convocando también a aquellos que no son tan politizados, a esos miles de moderados que se han pronunciado permanentemente en contra o a favor de las mismas autoridades que se eligen.

En una sociedad en la que siempre se cree que deben existir solo derechos -o algunos nos quieren hacer creer eso últimamente-, al menos yo abogo por la fuerza de la idea de que la libertad debe tener también como contracara la responsabilidad de las personas.

Yo me formé en una familia, en un hogar en que mi padre, académico, hizo un manual de educación cívica, ramo que lamentablemente terminó y fue reemplazado por otras cosas que parecían más importantes en ese momento. Hoy nos damos cuenta de que la formación cívica en historia y humanidades implica también formación ciudadana, lo que es importante.

No obstante, me parece que el proyecto adolece de ciertos defectos, como el hecho de que tengamos que modificar la ley orgánica constitucional y que a los mayores de 75 años de edad los estemos tratando como interdictos. Considero que podemos buscar maneras de mejorar la ley orgánica para que la participación sea lo más universal posible.

Además, deben establecerse sanciones, porque esto no puede transformarse en letra muerta.

Votaré a favor el proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de las movilizaciones sociales.

Para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado inscritos.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es el señor Boris Barrera .

Antecedentes:

-Moción, sesión 91ª de la legislatura 368ª, en martes 27 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 36ª de la presente legislatura, en martes 25 de mayo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BARRERA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción de las diputadas Camila Vallejo , Natalia Castillo , Carmen Hertz , Pamela Jiles , Carolina Marzán , Emilia Nuyado y Marisela Santibáñez , y de los diputados Gabriel Boric , Tucapel Jiménez y Matías Walker .

La idea matriz o fundamental de la iniciativa es proponer una regulación especial para quienes fueron víctimas de lesiones o mutilaciones, así como por la muerte de familiares en el contexto de las movilizaciones sociales durante el denominado “estallido social”, con la finalidad de que las víctimas accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito.

Asimismo, disminuye el estándar probatorio para que las víctimas puedan acceder a una justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los manifestantes o de las personas que se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales, debiendo solo acreditar la existencia y cuantía del daño y el hecho de que este se ocasionó bajo las circunstancias señaladas.

Fundamentos de la moción

Refiere la moción que los eventos acaecidos en nuestro país a contar del 18 de octubre de 2019 dejaron al descubierto un sistema político y judicial que, no obstante haber transcurrido treinta años desde la vuelta a la democracia, sigue funcionando bajo las mismas lógicas instauradas en la dictadura militar bajo la cual estuvo sometido nuestro país entre los años 1973 y 1990.

En efecto, sin perjuicio de que nuestra Constitución Política de la República, instaurada en el régimen militar, garantiza a todas las personas, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la libertad de expresión y el derecho a reunirse sin permiso previo, el saldo de personas lesionadas con traumas oculares y de fallecidos en contextos de protesta social, a contar del 18 de octubre de 2019, es prueba irrefutable de que los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental solo fueron una declaración de principios para los miles de personas que vieron vulnerados sus derechos.

Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como un gran número de organizaciones sociales de derechos humanos cuentan con un extenso registro de testimonios y casos de personas víctimas de vulneraciones a dichos derechos, tales como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Piquete Jurídico de la Universidad de Chile, Corporación Humanas, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, entre otras.

De acuerdo con cifras del Colegio Médico, al 6 de noviembre de 2019 se habían contabilizado 180 pacientes con secuelas oculares graves, producidas durante los diecinueve días del estallido social, mientras que el conflicto palestino-israelí tiene un registro de 154 casos en seis años. A un mes del comienzo de las protestas, al menos 11.054 personas habían requerido atención de urgencia o habían sido hospitalizadas por lesiones acontecidas durante las protestas, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizaba más de 220 personas con trauma ocular.

Finalmente, un estudio recientemente publicado en una prestigiosa revista científica internacional por un grupo de médicos de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador da a conocer que 259 casos de trauma ocular grave fueron atendidos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del 2019, y destaca que en la revisión de la literatura internacional no existe ningún otro país que registre cifras de esa magnitud de daños oculares provocadas por armas menos letales.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley contiene cuatro artículos, que se resumen como sigue:

El artículo 1 establece el objetivo principal del proyecto, referido a consagrar un procedimiento especial en materia de responsabilidad del Estado frente a violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social.

El artículo 2 incluye definiciones necesarias para la aplicación de esta nueva ley.

El artículo 3 señala que, para efectos de determinar la responsabilidad del Estado en el contexto del estallido social, no se necesita acreditar la falta de servicio.

El artículo 4 establece las normas procesales aplicables a esta legislación.

Discusión del proyecto de ley

En la discusión del proyecto de ley, la comisión escuchó y contó con la colaboración del abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Carlos Margotta ; de la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, señora Francisca Pesse ; de la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren ; del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez ; de la señora Valeria Pérez , hermana de Óscar Pérez , víctima de violencia policial; del abogado de Derechos Humanos señor Francisco Ugas ; del representante de la Organización de Víctimas de Tarapacá, señor Juan Francisco Alarcón , y del presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales .

Tras escuchar y debatir sus argumentaciones, la comisión decidió aprobar por mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas Carmen Hertz y Emilia Nuyado , y los diputados Miguel Crispi , Tucapel Jiménez , Raúl Saldívar y Mario Venegas . Votaron en contra los diputados Nino Baltolu y Cristóbal Urruticoechea . No hubo abstenciones.

En tanto, de la discusión particular de la iniciativa puedo comentar que se le insertaron importantes modificaciones, que se resumen como sigue:

1.Se amplía el tipo de lesiones de que pueden haber sido víctimas los sujetos pasivos del proyecto a lesiones psíquicas, tortura, apremios ilegítimos, vejación injusta y violencia sexual en el contexto de las movilizaciones sociales denominadas “estallido social”.

2.Se precisa que las lesiones hayan sido provocadas por agentes del Estado, entendiendo por tales a las Fuerzas Especiales o a su sucesora, la unidad de Control del Orden Público de Carabineros de Chile, o cualquier funcionario de Carabineros, así como del Ejército o de la Armada de Chile, agentes de la Policía de Investigaciones de Chile y/o cualquier otro agente del Estado.

3.Se aclara que la indemnización es de carácter compensatorio, civil y debe ser proporcional a la gravedad de la violación. Se añade que no es reparatoria integral, pues no quedan comprendidos los criterios de verdad y justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

4.Se precisan alguna definiciones, como “estallido social”, el que se habría iniciado el 7 de octubre de 2019, y “víctimas”, que serían no solo los sujetos pasivos de las lesiones, sino también los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

También se crea una presunción simplemente legal en el sentido de que son víctimas aquellas personas que han denunciado o dejado constancia de daños en alguna de las instituciones u organismos que la misma iniciativa detalla y enumera.

5.En cuanto a los requisitos para establecer la responsabilidad del Estado, se aclara que el daño moral no debe ser probado, sino que se presume, correspondiendo al tribunal determinar su cuantía.

6.En cuanto al procedimiento aplicable, se determina un procedimiento especial autónomo, breve y concentrado. Si bien el proyecto original planteaba la aplicación del procedimiento sumario, en la discusión parlamentaria surgen las disposiciones actualmente aprobadas por la comisión. Tiene relevancia lo anterior, pues no se aplicarán subsidiariamente las reglas del procedimiento sumario, sino las del procedimiento ordinario.

7.Se agrega un artículo 5, nuevo, que establece que las personas que pretendan acogerse a las disposiciones de esta iniciativa, contarán con privilegio de pobreza.

8.Se agrega un artículo 6, nuevo, que dispone que las acciones que emanan de esta iniciativa serán imprescriptibles.

9.Por último, se incorpora una disposición transitoria, que dispone que las personas que hayan iniciado las acciones civiles de reparación antes de la entrada en vigencia de este proyecto, podrán solicitar el cambio de procedimiento con el objeto de que se les apliquen las disposiciones procedimentales de esta iniciativa.

Por estas razones, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios viene en proponer a este honorable hemiciclo la aprobación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy el Parlamento tiene la posibilidad de cumplir una obligación moral con la sociedad. Tenemos el deber de aprobar este proyecto de ley, que crea un procedimiento especial para permitir hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado con todas y todos los compatriotas que han sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto del denominado estallido social.

El punto de partida es reconocer que desde el 18 de octubre de 2019, lamentablemente, ha reaparecido el horror en este país: abusos, atropellos y vejámenes policiales y militares, sin control ni medida; conductas humanas de una crueldad extrema desatadas contra civiles, muchos de ellos indefensos.

Lamentablemente, se repite el doloroso pasado reciente y Chile vuelve a ser apuntado con el dedo como un país en el que agentes del Estado agreden, mutilan y cometen aberraciones sexuales, todas violaciones a los derechos humanos de carácter grave, masivo y reiterado en el tiempo, según lo acreditan varios organismos internacionales de derechos humanos.

Todas estas violaciones tienen un común denominador: las víctimas son mujeres y hombres que ejercían el derecho constitucional a la protesta social, que reclamaban cosas tan simples como por qué llevar una vida de subsistencia; son trabajadores que luchan por derechos sociales básicos, como, por ejemplo, tener una vida y una vejez dignas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó en su momento que presentó 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos durante ese período, que consideran a 3.203 personas como víctimas de toda clase de vulneraciones y atropellos. Entre ellas destacan, lamentablemente, las víctimas de trauma ocular, heridas por balines y perdigones disparados por policías directamente a los ojos. Son cuatrocientos sesenta y dos jóvenes, treinta de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular.

Son miles las víctimas que esperan que la justicia chilena se pronuncie y castigue a los responsables de estas vulneraciones. Aún resuena en mi memoria el reclamo de justicia de Fabiola Campillay, vecina de San Bernardo y madre de dos hijos, a quien, cuando se dirigía a su trabajo, se le cruzó un policía que decidió condenarla a la ceguera total por simple crueldad, para intimidar al resto. Justicia también pide Mario Acuña , vecino de Buin, quien, después de una salvaje golpiza policial, quedó postrado en cama con daño cerebral, comunicándose solo por gestos. Justicia también reclama la familia del joven Ariel Moreno , de 24 años, quien fue muerto en extrañas circunstancias por un proyectil frente a la comisaría de Carabineros de Padre Hurtado.

El trasfondo de este proyecto de ley son todos los rostros de las víctimas, personas que han visto destruidos sus proyectos de vida y cuyas familias no podrán enfrentar el futuro como lo tenían proyectado; ya no será posible que cumplan sus planes, por lo que sienten impotencia al verse impedidos de ver crecer a sus hijos o de procurarles una vida mejor.

Es inevitable e ineludible entender que se necesita justicia para reparar estas miles de heridas abiertas por la brutalidad policial y militar. Chile tiene una deuda moral con estas víctimas y no se puede hacer el leso.

Naturalmente, como Estado, no podemos afirmar que son casos aislados o hablar de responsabilidades individuales de agentes policiales. El Estado y las autoridades de este gobierno tuvieron información sobre el alcance de las lesiones desde el mismo 22 de octubre y no tomaron medidas para impedir el uso, por ejemplo, de armas menos letales que tanto daño causaron.

La responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en relación con estos miles de víctimas es ineludible e inevitable.

Por eso, se debe aprobar este proyecto de ley, que crea un procedimiento judicial rápido, concentrado y expedito para que las víctimas persigan a los responsables. Además, la iniciativa regula los problemas probatorios, tomando como base la responsabilidad objetiva del Estado.

Tal como ayer demandamos verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, hoy reclamamos lo mismo para las víctimas del estallido social, con la convicción de que es la única manera de sanar las heridas abiertas en cientos de familias.

Por Fabiola Campillay, por Mario Acuña, de Buin ; por Ariel Moreno , de Padre Hurtado , y por cientos de otras familias dañadas por la violencia policial, aprobaré…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, a propósito del deber que mencionó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, creo que el Congreso tiene el deber de hacer su trabajo bien, y eso significa no usar recursos legales para hacer panfletos publicitarios.

Me atrevería a decir que este proyecto debe ser de los menos rigurosos que he conocido desde que soy diputado, básicamente, porque no solo no se respeta la presunción de inocencia, sino además porque establece una responsabilidad a priori sin ningún tipo de procedimiento que garantice la bilateralidad de la audiencia.

¿Qué habría pasado con la denuncia que algunos hicieron respecto de que había un verdadero centro de torturas en la estación Baquedano? ¿Qué habría pasado con el carabinero que condenaron públicamente por el incidente que ocurrió en el río Mapocho hace un par de meses? ¿Qué habría pasado con tantos carabineros que han tenido que ejercer la fuerza para repeler la violencia, ello en defensa de personas inocentes de nuestro país?

Puedo entender esos comentarios de alguien que no entiende cómo funciona la legislación, pero el diputado Leonardo Soto es abogado. ¡Cómo puede decir que se han interpuesto querellas si sabe perfectamente que eso no es para nada distinto que abrir un proceso penal, y no significa dar por constituida la responsabilidad! ¡Un poquito más de rigurosidad a la hora de hacer comentarios!

Este es un proyecto de ley que parte atribuyendo responsabilidad a aquellos que cometen una acción en el marco del estallido social. O sea, incorpora el concepto “estallido social”, que bien podrá estar en una página del diario Las Últimas Noticias, pero no en un texto legal, e intenta definirlo en el artículo 2, pero sin ningún tipo de precisión jurídica. En el fondo, se le atribuye responsabilidad a una persona sin ningún tipo de precisión respecto de cuál es la conducta que se le va a sancionar.

Luego, en el mismo artículo 2, se define como víctima a “toda persona que, individual o colectivamente, hubiere sufrido...”. ¿Alguien me puede explicar cómo una persona puede sufrir daño colectivamente? En otras palabras, estamos estableciendo la responsabilidad civil respecto de las colectividades. ¡Esta sí es una innovación jurídica que nos va a permitir figurar en todo el mundo!

Más adelante, en el mismo artículo se habla de “acciones u omisiones de agentes del Estado”. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde se extiende la responsabilidad por una omisión?

¿Significa que cualquier situación que se haya suscitado en el evento de una manifestación social hará responsable civilmente a alguna persona?

Después, en el mismo artículo -¡esto ya es lo último!se señala: “sin perjuicio que dichas personas hubieren estado o no participando de tales movilizaciones,…”. Es decir, se entiende respecto de cualquier persona que lo pudiera pedir.

No contentos con eso, se establece como requisito para establecer la condición de víctima el que se haya hecho una denuncia ante una serie de instituciones que aparecen allí señaladas, como Londres 38 y el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, entre otros. En el fondo, el solo hecho de que alguien hubiera presentado una denuncia ante estas organizaciones da por sentada la responsabilidad de que alguien cometió una acción punitiva.

Nuevamente solicito un poquito más de seriedad.

Como si todo esto fuese poco, se excluye como víctimas a aquellas personas que hubieren sufrido daños en el ejercicio de sus funciones si pertenecen a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ejército y la Armada.

O sea, si a alguien le quedaba alguna duda de que básicamente se busca incriminar a un sector de la sociedad, esta se acaba con este proyecto. Aquí, básicamente, de una manera inaudita, hay una discriminación arbitraria respecto de las personas que forman parte de esas instituciones.

En virtud del artículo 3 se establece, nada más y nada menos, la presunción de derecho del daño moral, lo cual es abiertamente contrario a cualquier principio del derecho penal. Se presume de derecho la falta de servicio. O sea, señor Presidente, usted nunca va a poder probar que la acción que produjo daño se inscribió en el marco del ejercicio de funciones.

Mediante el artículo 4 se crea un procedimiento especial distinto del procedimiento sumario que propusimos algunos, el que no tiene ningún tipo de garantía de bilateralidad. Si la persona no asiste en la primera instancia, se da por contestada la demanda.

Francamente lo que se busca, dicho en castellano, es establecer una incriminación abierta a través de un proyecto que no respeta los principios mínimos del derecho y, desde ahí, generar una responsabilidad sin defensa alguna.

Agrego, señor Presidente, que el párrafo v) del número 4º del artículo 4 incorpora un nuevo medio de prueba, que el diputado Andrés Longton , a quien le gusta el derecho procesal, apreciará: la opinión. ¡El nuevo medio de prueba es la opinión! ¡Se puede citar a alguien para que dé su opinión en un juicio y con ello quedará constituido un medio de prueba! Esto lo hicimos ver en la comisión. Pedimos un poquito de sensatez, porque existe algo llamado derecho procesal que hay que respetar; sin embargo, no tuvieron ningún interés en respetarlo.

Para terminar, el artículo 5 establece privilegio de pobreza, que, tal como se presenta, es no entender lo que significa. Para colmo, mediante el artículo 6, se fija la imprescriptibilidad de la acción, haciéndola equiparable al delito de lesa humanidad.

En castellano, señor Presidente, si este Congreso Nacional tiene un mínimo de responsabilidad jurídica, solo un mínimo, no puede aprobar un proyecto tan poco serio como este, tan mal elaborado. Si bien podemos empatizar con el fondo, la iniciativa simplemente es una vergüenza jurídica.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, creo que el diputado Diego Schalper enfoca mal el espíritu del proyecto. Acá estamos preocupados de las víctimas. Nadie se levantó, un día cualquiera, ciego o con trauma ocular. Acá hay víctimas reales y este proyecto quiere hacer justicia para ellos.

Este mes participé en el foro organizado por la Organización de Estados Americanos y por los miembros de Parlamentarios para la Acción Global (PGA) -soy integrante de su junta directiva-, donde trabajamos temas de derechos humanos. Tuve la oportunidad de informar a ese organismo -estaba presente una fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y fundamentales de cada persona, sobre todo por lo que están viviendo varios países de la región, y también sobre la importancia de cooperar con la Corte Penal Internacional, ya que necesita de la ayuda de los países para funcionar. Hablamos de lo que, lamentablemente, ocurrió en Chile y de lo que sucede en Colombia.

Este proyecto de ley es producto del trabajo del equipo de la diputada Camila Vallejo con diversos abogados y agrupaciones de víctimas, y es muy importante para avanzar en la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos desde octubre de 2019, en el contexto del estallido social. Agradezco a la diputada Camila Vallejo por darme la oportunidad de firmar y ser coautor de este proyecto, porque creo que es uno de los de mayor justicia que nos ha tocado discutir en el último tiempo.

El Estado no solo tiene la responsabilidad de entregar verdad y justicia, sino también de reparar a las víctimas y evitar la impunidad y la revictimización.

Este proyecto fue modificado y perfeccionado a través de una indicación sustitutiva. A modo de ejemplo, en el artículo 1, la indicación que se presentó amplía el tipo penal, ya que antes solo se contemplaba a las víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes. Ahora se incluye la tortura, los apremios ilegítimos, la vejación injusta y la violencia sexual. Por su parte, el artículo 6 establece la imprescriptibilidad de las acciones. Como estos, hay otros avances que exhibe el proyecto.

Lamento que el gobierno y algunos colegas de derecha, del oficialismo, hayan hecho reserva de constitucionalidad respecto de un proyecto que es de entera y absoluta justicia. Los organismos del Estado encargados de investigar y de juzgar, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en relación con estos procesos.

Existe un informe elaborado por la fiscalía, con datos actualizados al 28 de enero de 2021, en que se indica que se abrieron 8.581 causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total, quedaron activadas 6.568 causas, pero 3.500 causas -es decir, el 46 por ciento ya fueron cerradas sin formalizaciones. En la mayoría no existe ningún avance. El informe también indica que solo una causa se cerró con sentencia condenatoria de cinco años de libertad vigilada.

Celebro, también, señor Presidente, la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos y el fortalecimiento de programas para víctimas de trauma ocular en manifestaciones, junto con el aumento de recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, tal como se informó en la última cuenta pública del Presidente de la República. Sin lugar a dudas, son medidas muy necesarias que, lamentablemente, vienen muy atrasadas, pero que de todas maneras son bienvenidas.

Como Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, hemos recibido a víctimas de trauma ocular y a sus familiares, quienes nos han expresado que el Programa Integral de Reparación Ocular no funciona correctamente y que muchos de ellos han vivido episodios de revictimización, algo muy lamentable que no podemos tolerar en democracia. Debemos impedir que esto vuelva a ocurrir.

En una sesión de la comisión les informé a las víctimas de trauma ocular sobre la existencia de este proyecto. Pese a que no abarca una reparación integral, va en el camino correcto al establecer un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Hoy, como representantes del pueblo, respetuosos de la democracia y de los derechos humanos, es nuestro deber aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, Matías Orellana tiene 27 años, es porteño y profesor de educación física. El 1 de enero de 2020, en el contexto de las protestas del estallido social, fue agredido por un funcionario de Carabineros de Chile, quien le disparó una lacrimógena desde la intendencia, la que impactó de manera directa en su rostro, causándole una fractura expuesta de cráneo y la pérdida de su ojo derecho. ¿Qué ha pasado con su causa? Sigue en tribunales. Después de ese 1 de enero, la PDI llevó a cabo una investigación y se identificó al carabinero que había disparado -aparece registrado en un video-, pero todavía no se le toma declaración.

El caso de Matías es uno entre muchísimos otros. Son más de 2.800 las querellas que ha presentado el INDH con relación a situaciones similares.

Este proyecto no se hace responsable de querellas criminales, pero se hace cargo de la responsabilidad del Estado de Chile, el que está obligado a alcanzar la verdad, empujar la justicia, obtener reparaciones para las víctimas y garantizar la no repetición de estas situaciones. ¿Cómo lo hace? Generando modificaciones legales. Si esto nos preocupa, debemos generar modificaciones en los tribunales de justicia para que frente a una demanda civil de una víctima haya un juicio abreviado. ¿Por qué un juicio abreviado y saltarse la fila? Porque en materia de derechos humanos, la responsabilidad del Estado es distinta, ya que a través de Carabineros de Chile, apretó el gatillo que generó lesiones a esta persona; fue Carabineros de Chile, como representante y agente del Estado, el que violó los derechos humanos de esta persona y, por tanto, se justifica tener un juicio de características distintas.

La opinión de la Corte Suprema es muy distinta a la del diputado Diego Schalper . El diputado Schalper y la oposición frenaron la tramitación de este proyecto diciendo que la Corte Suprema tenía que pronunciarse antes de votarse. Bueno, lo vamos a votar ahora. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Que este proyecto de ley se ajusta perfectamente a los estándares de derechos humanos que el mismo Estado chileno ha firmado en materia de derechos humanos, y leeré lo que señala en las conclusiones, por si el diputado Diego Schalper no lo leyó, que dice: “En relación a las materias respecto de las que se solicita informe, se debe señalar que las disposiciones del proyecto se encuentran conforme a los principios generales que inspiran los procedimientos judiciales, por lo que solamente es posible formular los comentarios que en cada caso se han realizado”. Esos son comentarios propios de la Corte Suprema, pero en ningún caso señalan que estarían cometiendo una aberración o que son ignorantes quienes redactaron este proyecto de ley. Por favor, eso son puros argumentos falaces para impedir que en este país obtengamos justicia y terminemos con la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos en el estallido social.

Respecto de otro proyecto relacionado con el indulto general, se ha discutido si eso generaría mayor o menor paz social. Hay una mirada que supone que la redacción de una nueva Constitución, una nueva Carta Fundamental, sellaría todas las deudas, y eso no es cierto. Ese texto no va a gozar de legitimidad si no nos hacemos cargo como Estado -no solo el gobierno; aquí también hay responsabilidad de esta Cámara de Diputados y diputadas de la reparación de todos los casos de violencia policial que se ejerció durante el estallido social.

Porque ahora todos estamos de acuerdo en que tengamos una Convención Constitucional. Colegas, eso no se logró con cartas a El Mercurio; eso se logró con una presión fuertísima en las calles. Efectivamente, sabemos que en algunos casos fue injustificada, pero no podemos privarnos y cegar la mirada respecto de que esa herida tiene que cerrarse. Así como el proyecto del indulto, este proyecto viene a hacerse cargo de una parte pequeñita, que es la reparación pecuniaria o monetaria que puede hacer el Estado de Chile a aquellas personas que fueron mutiladas, que perdieron la visión, que fueron atropelladas en sus derechos fundamentales y que, hasta el día de hoy, no tienen ninguna respuesta del Estado de Chile.

No le echemos la culpa al empedrado ni a los tribunales ni al gobierno. Hoy podemos votar a favor este proyecto y hacernos cargo de nuestra pega.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, bien dijo el diputado Diego Schalper , respecto de los errores jurídicos de este proyecto, pues dice que se presume de derecho la falta de servicio y que se pretende reparar el daño personal o colectivo.

Cuando uno lee el titular de este proyecto, tiende a estar feliz y de acuerdo, porque dice: “¡Vamos a ir a indemnizar y a reparar! O sea, vamos a dar un cheque a las víctimas del estallido social”. Yo pensé de inmediato en Juan Carlos, que vive cerca de la plaza Italia, que tiene dos niños y que no pudo dormir durante dos años, y también en María Eugenia , que tenía una fuente de soda cerca de la plaza Italia, que no pudo funcionar en dos años, que quebró y que tuvo que despedir a sus tres trabajadores.

Pero no es así: los cheques no son para ellos; los cheques son solo para un grupo de los que se sienten afectados, de los que se sienten atacados por el Estado. Por supuesto, se excluye a los miembros de las fuerzas policiales. O sea, en este proyecto que pretende reconocer que hubo daño del Estado y reparar a las víctimas, todos los campeones y campeonas del feminismo de esta Sala dejan fuera a dos carabineras, a las que les prendieron fuego en el pelo. ¡No! Ellas no merecen reparación; a ellas no les toca cheque.

Doy un solo ejemplo: el altercado cerca del puente Pío Nono , donde un joven ataca un carro policial con un fierro y, luego, arranca, cae por la baranda y, por supuesto, sufre daño físico. Los periodistas hablaban de homicidio frustrado. Se revisaron las imágenes y se estableció que no hubo empujón del carabinero. Pero ¿qué decidió la justicia? Cinco meses preso y a la cárcel el carabinero, y libre el joven; un peligro para la sociedad es el carabinero y libre el joven. Por supuesto, a ese joven le tocaría cheque con este proyecto.

El carabinero no ha hecho nada en su tiempo libre, porque está preso y no puede salir de la cárcel. ¿Qué ha hecho el joven en su tiempo libre? Atacar el memorial de un senador asesinado que no puede defenderse. Según la justicia, el peligro para la sociedad es el carabinero.

No le toca cheque al carabinero, que quedó cesante a los 22 años. Sí le toca cheque a ese joven que cayó por el puente Pío Nono .

Ahora, quiero recordarles a los chilenos lo que pasó cuando los políticos se pusieron a hacer listas de a quién le correspondía cheque y a quién no; recordarles a los chilenos el caso de los falsos exonerados. ¿O ya se olvidaron de que 54 parlamentarios tuvieron que enfrentar la justicia, porque emitían certificados falsos, para ver a quién le toca cheque y a quién no le toca?

Ahí está Isabel Allende , senadora todavía, que emitía certificados. Ahí está Jaime Naranjo , entonces senador y hoy diputado sentado en esta Sala, que emitía certificados para ver a quién le tocaba cheque. Juan Pablo Letelier , Alejandro Navarro , por supuesto; Fidel Espinoza , el infaltable Guido Girardi , Adriana Muñoz y Alejandra Sepúlveda también emitían certificados para ver a quién le tocaba cheque.

Reparaciones no para las víctimas que viven en los sectores afectados, no para los que perdieron su fuente laboral, no para los que perdieron la posibilidad de trasladarse en las 37 estaciones de metro quemadas. ¡No! Cheque para algunos, para los que pongo en la lista.

Así que, señores diputados, avísenles de inmediato a sus secretarias, que estaban emitiendo esos certificados falsos para ver a quién le tocaba cheque, que hoy la bancada de la UDI va a votar en contra de este proyecto, porque está preocupada también de las víctimas que tuvieron que convivir con la violencia, de las víctimas que perdieron su fuente laboral y de las víctimas que no pudieron viajar en metro y vieron entorpecido su caminar por la ciudad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, pediría sacar todo el discurso del diputado Alessandri , pero ese es un tema más político. Sin embargo, sí pido sacar el punto donde dice que las secretarias ya estaban redactando los certificados para que las víctimas de derechos humanos vayan a buscar sus cheques.

¿No le da vergüenza, diputado Alessandri ?

Señor Presidente, por favor, pido que se retire esa parte del acta o, de lo contrario, que el diputado Alessandri vaya a la Comisión de Ética a explicarla.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, solo pido que nos envíe el discurso del diputado Alessandri . Porque lo que ocurrió es que todos esos certificados se entregaron a pequeños agricultores de la reforma agraria. Además, hubo un juicio en que todos salimos exculpados de eso.

Lo digo para que quede absolutamente claro que lo que se entregó fue precisamente para gente humilde que sufrió el abuso en el régimen militar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

No sabía que habían salido “exculpados”, “mil disculpas”.

Fueron procesados y un juez los declaró “inocentes”.

Señor Presidente, 54 parlamentarios emitieron certificados mañosos. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por favor, evitemos el diálogo interno en la Cámara.

Estamos avanzando en un proyecto de ley.

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, después del denominado estallido social, se volvieron a cometer las violaciones a los derechos humanos que pensamos que nunca más iban a ocurrir en Chile. En un compromiso transversal, político y social, se señaló que en Chile nunca más, y no fue nunca más. Se volvieron a cometer violaciones a los derechos humanos graves y sistemáticas por los agentes del Estado: lesiones físicas y psíquicas, mutilaciones, torturas, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual. Todo eso ocurrió en el contexto de las movilizaciones sociales. Me refiero a las mismas cosas en que aparecen los defensores de los derechos humanos que solamente se preocupan cuando ocurren fuera de su país, y no en la propia patria.

Este proyecto, que yo agradezco que se me haya invitado a patrocinar, es muy simple: agiliza el acceso a la justicia de las víctimas de derechos humanos. Por lo tanto, no establece indemnizaciones y no elige, como dijo irresponsablemente el diputado Jorge Alessandri , a quién le corresponde y a quién no, sino que simplifica para las víctimas el acceso a un procedimiento civil que les permita obtener del Estado, si así un juez lo determina, una indemnización.

Este proyecto además no obsta para que otros procedimientos se puedan dar por una vía paralela, como los procedimientos penales, los administrativos o, incluso, los que se puedan dar dentro de la justicia militar.

Esto es poquito, pero es lo que podemos hacer: conseguir que el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de nuestro país sea más expedito, que tengamos juicios más rápidos y más eficientes, en los que existan las presunciones y las víctimas no tengan que pasar por un largo proceso de revictimización para demostrar que son víctimas. ¡Víctimas como Fabiola Campillay , quien, yendo a trabajar, recibió una lacrimógena en la cara! ¿Es necesario que ella pase por un juicio para demostrar que es víctima de violación a los derechos humanos por agentes del Estado? ¿Parece razonable que ella y otras víctimas tengan que demostrar que, además de un daño físico, emocional y en sus proyectos de vida, se generó un daño económico absolutamente evidente?

Hasta ahora, el Estado no ha tenido una política de reparación, ni siquiera una política de no repetición.

Lo que estamos buscando, a través de nuestras facultades, es facilitar el trámite. Esto no lo va a resolver un diputado ni un órgano administrativo, sino un juez de la república que tendrá todos los antecedentes a la vista para señalar si concurre o no concurre indemnización y en qué monto.

Es importante destacar que en este proyecto se le da una connotación a las víctimas del estallido social: se establecen presunciones respecto de quiénes pueden ser considerados víctimas y se invierte la carga probatoria, a fin de que los juicios sean mucho más expeditos. Además, se acortan los plazos: una vez que se presenta la demanda, el tribunal tendrá cinco días para citar a audiencia, en la que se recibirán todas las pruebas y se tomará una decisión mediante la valoración de los distintos elementos.

Si no les gusta tanto el proyecto o creen que tiene problemas procedimentales o técnicos, bueno, colaboren. ¡O ayuden o no entorpezcan! Pero no nos impidan avanzar en reparación y justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, ¿han sido adecuadas, oportunas, idóneas y efectivas las medidas adoptadas por el Estado de Chile frente a una movilización legítima que hoy nos permite sentir orgullo de que se va a elaborar una nueva Constitución Política? No hay ninguna duda de que en ese procedimiento las Fuerzas Armadas y especialmente Carabineros de Chile sobrepasaron todos los excesos, dejando a cientos de jóvenes heridos.

Lo que más llama la atención -también llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que había una política planificada para disparar a los ojos. Se dejó ciegos a jóvenes por manifestar que no estaban contentos en un país con tremendas diferencias. Ellos son los que pagaron las consecuencias de vivir en un país que se divide entre aquellos que tienen más, que son más egoístas, y la pobreza de millones.

Entonces, ¿el Estado ha efectuado un proceso real de reparación, coordinación y diálogo?

¿El Estado ha realizado el requerido reconocimiento de responsabilidad por exceder lo permitido en la legítima defensa y sobre todo respecto de la proporcionalidad? No es lo mismo un joven estudiante o una vecina, que un carabinero o un militar armado, porque los primeros están en una posición absolutamente inferior. En derecho, por cierto, es claro que la proporcionalidad afecta al más débil. Lamentablemente, por el momento la respuesta parece ser negativa.

Hay miles de víctimas encerradas, detenidas, a las que no se les ha hecho un juicio justo y rápido. Por ello, llamo a la generosidad que tiene que haber dentro de la derecha democrática, para que apoyen este proyecto, porque estamos hablando de personas, de seres humanos que están detenidos y que tienen a una familia detrás.

Los autores de este proyecto no pretenden que a aquellos que cometieron delitos graves, previamente comprobados, se les tenga como a un guante blanco. Estamos hablando de jóvenes que tenían el derecho y la obligación, como ha sucedido a lo largo de la historia, de llevar a cabo una manifestación y una protesta por las desigualdades, que hoy nuestro país podrá remediar en la futura asamblea constituyente.

Quiero compartir con ustedes que en relación con las medidas concretas que pueden contribuir a la reparación de los daños, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la reparación toma diversas formas, tales como medidas de restitución, si es posible; satisfacción, rehabilitación e indemnización. Además, deben cesar las violaciones y otorgarse garantías de no repetición. Pero lo más importante es que el gobierno y sus ministros velen para que aquellos subalternos que cometieron una falta, de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas e incluso civiles, paguen por las consecuencias que hoy tienen a miles de familias sufriendo.

Me quiero dirigir al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , para pedir por el bien del país. Él tiene la facultad, conferida por la Constitución Política de la República, de llevar a efecto más que un perdonazo. Él puede generar que esto se agilice, para lo cual tiene la facultad de indultar a esos miles de jóvenes que, por el solo hecho de protestar, se encuentran privados de libertad. Presidente Piñera , por el bien del país, haga un gesto por esos miles de jóvenes, porque son ellos los que están generando estos grandes cambios en nuestro país.

Vaya un homenaje a todos aquellos que han sufrido y que en este momento esperan de este proyecto y del Presidente de la República un gesto que concilie a nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, quiero agradecer por el apoyo a este proyecto a las compañeras Carmen Hertz , Marisela Santibáñez ; a las diputadas Natalia Castillo , Pamela Jiles , Carolina Marzán , Emilia Nuyado , y a los diputados Gabriel Boric , Tucapel Jiménez y Matías Walker . También quiero agradecer a todos los que están detrás de este trabajo, como mi bancada, a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile, al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y a tantas víctimas y familiares de víctimas que participaron en la redacción y creación de este proyecto de ley.

Hace un tiempo Ciper Chile publicó un reportaje, porque se dedicaron a visitar a muchas de las víctimas de violencia del Estado en el contexto de la revuelta popular del 18 de octubre, en que relata la realidad de lo que sucedió de manera muy cruenta, porque la situación fue dramática. En ese reportaje se habla de un trabajador postrado que debe ser alimentado por la tráquea y que solo se puede comunicar parpadeando; de una adolescente que tuvo que ser sometida a una operación para reponer sus huesos del cráneo; de un joven al que le debieron reconstruir el rostro con una placa de titanio; de padres que exigen justicia para su hijo muerto por infantes de marina, y de hijos que cargan con el duelo de un padre asesinado a golpes.

Esa es una parte de la realidad que sufren y que padecen cientos y miles de compatriotas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Hay que recordar que la revuelta popular no solo se trata de manifestaciones, disturbios para algunos, de negociaciones o del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. La revuelta popular trajo consigo el retorno de las violaciones a los derechos humanos de manera generalizada en nuestro país, cuestión que no se había visto desde la dictadura hasta la fecha.

Esas familias, esas personas, todavía no tienen acceso a justicia, reparación y garantía de no repetición.

Es una vergüenza internacional que este gobierno y este Congreso Nacional todavía no estén a la altura de esa exigencia internacional, porque nadie puede negar que se hayan violado los derechos humanos en nuestro país, nadie puede negar que hay familias destruidas producto de esas violaciones a los derechos humanos.

¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está la justicia? De todas las querellas y denuncias, solo un caso ha podido tener una respuesta en el sistema judicial con una condena establecida; el resto todavía espera. Eso solo si hablamos del acceso a la justicia. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que comentaban en los relatos, que están conectadas a respiradores, que han tenido que pasar por operaciones tremendas, muchas de ellas costeando los tratamientos de salud, que son carísimos en nuestro país y más todavía en pandemia? No hay respuesta del Estado.

¿Qué hemos hecho nosotros? No quedarnos de brazos cruzados. Quisimos presentar este proyecto, trabajado con las agrupaciones, incluso con familiares, con expertos, revisado, además, por la Corte Suprema, que respalda esta iniciativa. No es noticia en los medios de comunicación, como lo fue el indulto general. Lo lamento. Pero la Corte Suprema respalda esta iniciativa.

Lo que hacemos es avanzar en un mínimo de reparación pecuniaria. No lo designamos a dedo; lo único que queremos es que puedan tener un acceso más expedito a ese procesamiento judicial para conseguir algo de reparación, no solo para las víctimas de trauma ocular, para toda víctima de lesiones, de torturas, de apremios ilegítimos, de abuso sexual por parte de agentes del Estado, y también respecto de las muertes, porque sí, también se asesinó, también se hicieron desaparecer vidas en nuestro país, y los familiares de esas personas no tienen todavía acceso a la justicia ni menos una reparación. Y no es solamente la pérdida física: el impacto psicológico de perder a un familiar, a un hijo, a una hija, a un padre es tremendo, es de por vida.

Por lo tanto, decimos que se requiere una reparación integral. Lo que propone este proyecto no considera la reparación integral que requieren las víctimas, pero es un avance necesario, de manera que esperamos que sea aprobado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, para partir quiero indicar que dentro de mi ejercicio parlamentario el tema de los derechos humanos era de bastante desconocimiento para mí, porque había estado preocupado de otras áreas. La verdad, ha sido todo un desafío el ser parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en este período.

Debo reconocer que he aprendido mucho, que he entendido muchas cosas que el común de la gente no entiende cuando nos enfrentamos a lo que debemos entender por violación a los derechos humanos, a partir de la copiosa legislación internacional y la legislación nacional.

Quiero señalar una cita que está en el informe, pero la quiero recordar. El filósofo Séneca señala: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

La verdad es que muchas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, producto de los fenómenos que hemos vivido en el último tiempo, no son solo de octubre de 2019. Quiero decirles que recientemente los tribunales en mi zona, en el distrito que represento, en la comuna de Collipulli, han procesado a militares por torturas a jóvenes que fueron detenidos en el marco del toque de queda. Estoy hablando de unos meses atrás, del año pasado.

Por más que uno desconozca, es un tema vigente; es difícil no sensibilizar con los testimonios de la gente que hemos escuchado en el contexto de la comisión.

¿Qué he observado de diputados en la propia comisión? Desconocimiento sobre lo que se debe entender por violaciones a los derechos humanos; no saben, no entienden. El diputado Tucapel Jiménez permanentemente ha tenido que estar explicando, especialmente a diputados oficialistas, que lo que están planteando es ignorancia. Así de claro.

Existe una falta de empatía. Escuchar algunos discursos acá resulta conmovedor. Cómo no entender que hay gente que perdió su vista, que hay gente que ha sido violada, abusada. Ahí están los testimonios. No han recibido lo esencial al proceso que es justicia, reparación y garantías de no repetición, como reiteradamente nos han señalado como principio fundante.

Argumentos falaces: comparar a las víctimas de derechos humanos con la señora que debió cerrar su negocio, como señaló el diputado Alessandri , es de una falacia absoluta; no tiene ninguna relación. Lamento la situación de esa familia y de esa señora en particular, pero eso no es una violación a los derechos humanos.

Por otro lado, preguntarse por los derechos de los funcionarios víctimas de la violencia, que los hay, tanto en Carabineros como en otras instituciones, tampoco corresponde a los principios del derecho internacional. Y repiten majaderamente los mismos argumentos que no se sostienen.

No son los parlamentarios quienes harán las listas, como decía, haciendo una caricatura inaceptable, un diputado al que uno le pediría un poquito más de seriedad. Lo que está diciendo este proyecto es que sean los tribunales los que agilicen, que jueces de la república determinen si hubo o no víctimas y, consecuentemente, establezcan las respectivas reparaciones.

El distinguido diputado Diego Schalper , quien se pasea por los canales de televisión como un gran abogado, con estudios en el extranjero, sostenía que se trata de una aberración jurídica. Pero resulta que la Corte Suprema dice que él está equivocado, que este proyecto cumple con todos los estándares.

He aprendido mucho. Mi partido, la Democracia Cristiana, siempre ha estado comprometido con la defensa irrestricta de los derechos humanos, incluso de aquellos que pensaban distinto a nosotros en algún momento de nuestra historia. Ahí está la historia para señalar indesmentiblemente lo que afirmo.

Esto es lo que me hace votar a favor este proyecto, y los invito a hacer lo mismo…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA (vía telemática).-

Señor Presidente, la verdad es que a partir del debate de este proyecto se pueden sacar por lo menos dos conclusiones: por una parte, que es un proyecto mal elaborado, tal como lo ha explicado profundamente el diputado Diego Schalper , y, por otra, que es una iniciativa incompleta.

No tengo ningún problema en que exista reparación, verdad y justicia para aquellas personas que tuvieron traumas físicos durante el estallido social; no tengo ningún problema en que exista un proceso judicial que acelere esas causas. Sin embargo, en este proyecto no se puede dejar de lado a aquellas personas que fueron víctimas de una violencia irracional desde el 18 de octubre en adelante. No voy a permitir que sea de esa forma. Estuvimos con el diputado Alessandri y el diputado Cruz-Coke , y no vimos a ningún diputado de oposición en esos momentos difíciles, porque probablemente los sacaban rápido de esos lugares. Estuvimos ahí con los vecinos que sufrieron la violencia desde el 18 de octubre en adelante. Verónica, Carmen y José son personas a las que les destruyeron sus vidas, personas que dejaron de estudiar, personas que perdieron sus trabajos, personas a las cuales les destrozaron sus emprendimientos de toda una vida.

Esas personas, esas víctimas de la zona cero, de la violencia del estallido social también tienen derecho a reparación, verdad y justicia. A esos chilenos que estuvieron encerrados durante mucho tiempo por la violencia irracional en nuestro país y que además tuvieron que estar confinados durante toda la pandemia, el Estado también les debe reparación, verdad y justicia. Y no descansaré hasta que esos vecinos reciban esa reparación.

En la zona cero de la Región Metropolitana, en la plaza Italia, se perdieron ocho mil puestos de trabajo, miles de emprendimientos. Y les puedo asegurar que hasta el día de hoy hay miles de vecinos de la zona cero que no pueden dormir porque tienen estrés postraumático, igual como sucede cuando alguien va a una guerra. Lo que vivieron esas personas durante mucho tiempo es inhumano, y el Estado también tiene que hacerse cargo de aquello.

Por eso, presenté una indicación a este proyecto para mejorarlo, porque está incompleto, porque los vecinos de las zonas cero de todo el país también merecen reparación, verdad y justicia, no solo los de la zona cero de la Región Metropolitana, de la plaza Italia, sino también aquellos que sufrieron la violencia en Antofagasta, en Concepción, en Puerto Montt.

En todas partes de Chile hay víctimas de la violencia que necesitan reparación, porque el Estado no estuvo ahí, en ese momento, para defenderlos de los violentos que quisieron destruir la democracia en nuestro país durante mucho tiempo.

Reitero: no voy a permitir que este proyecto salga así de este Congreso, incompleto como está, porque esas personas tienen el derecho a la reparación.

La verdad es que para que haya reconciliación en nuestro país necesitamos gestos de todos los sectores. Yo no tengo problema en que haya reparación, verdad y justicia para aquellas personas con mutilaciones oculares, para quienes fueron atacados físicamente, y ojalá que se aceleren esos procesos, pero no puedo permitir que las víctimas de la violencia de algunos que quisieron destruir la democracia en nuestro país no reciban reparación. Ellos también merecen la presencia del Estado, para que se les repare en todo lo que han perdido.

Conocí casos como el de una señora que vive en Doctor Ramón Corvalán con Carabineros de Chile, cuya hija estudiaba arquitectura. Lo que pasó fue que esa hija perdió el año académico, su carrera, la oportunidad de ser profesional por culpa de unos violentos. ¿Esa persona necesita reparación? ¡Obvio que necesita reparación! ¡Y es un derecho!

Al respecto, pido a la Comisión de Derechos Humanos que también invite a las víctimas de la violencia de la zona cero de nuestro país para que expliquen qué les pasó. Yo lo vi por mí mismo, y creo que ellos tienen el derecho a ser escuchados, así como lo han sido otras personas en Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, desde el estallido social de 2019 en adelante hemos tenido que presenciar y vivir situaciones que pensamos que no volverían a ocurrir en nuestro país.

La memoria histórica de lo vivido durante la dictadura nos había llevado como sociedad al “nunca más”. Nunca más un gobierno atacaría a los suyos, nunca más se violarían los derechos humanos.

Lamentablemente, en este gobierno, y estando en democracia, nos hemos debido enfrentar a crímenes horrorosos que lastiman, ofenden y dañan de manera profunda nuestra convivencia social y democrática.

Los derechos humanos son inherentes a todos nosotros y cualquier vulneración de estos debe ser enmendada por los Estados, generando procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Y es aquí donde estamos estancados: el Estado, el gobierno no ha sido capaz de responder a las observaciones y recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos; pero lo más lamentable es que tampoco ha habido respuesta al llamado de las víctimas, las que un día salieron de sus casas y terminaron mutiladas, torturadas y sin sus ojos, sin que su vida nunca más fuera la misma.

Nuestra sociedad necesita verdad. Cada una de las víctimas busca justicia. Ellas merecen saber quiénes cometieron estas violaciones a sus derechos humanos, de manera tal de restituir en parte la dignidad de quienes fueron vilmente torturados y mutilados. Nuestra sociedad necesita que se haga justicia, porque es la única manera de evitar que estos hechos se repitan.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero referirme a los dichos emitidos por el diputado Schalper , e invitarlo a la comisión investigadora de los actos del gobierno y de las policías, en que hemos escuchado testimonios como el de Fabiola Campillay, de Francisca Mendoza , de Óscar Pérez , de los familiares de Mario Acuña ; hemos escuchado testimonios de cómo sus vidas han sido truncadas, testimonios de una entereza jamás vista.

Y en el caso de los dichos del diputado Alessandri , en realidad prefiero no contestarle, porque entiendo que está muy dolido por la pérdida de Santiago: todavía no se recupera.

En una democracia debemos ser capaces de enfrentar estos hechos. Si no se pudieron evitar, necesitamos reparar el daño causado por un gobierno que, frente a los cambios políticos y sociales, contestó con represión.

No me pidan que como diputada haga oídos sordos frente a la angustia e impotencia de las víctimas; no seré cómplice silenciosa de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido tantas y tantos.

Todas las víctimas hablaron a través de sus propias voces, de su experiencia, de su dolor, y como país no podemos evitar responder ante eso. Por eso votaré a favor de este proyecto, porque se requiere justicia y reparación ahora.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos para cada diputado inscrito. Rinde el segundo informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación el dipu-

tado Sebastián Álvarez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 43ª de la presente legislatura, en jueves 10 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 10.

-El primer informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación se rindió en la sesión 40ª de la presente legislatura, en martes 1 de junio de 2021.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto reglamentario, tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel).-

Señor Presidente, dada la importancia que tiene este proyecto y en atención a que solo quedan cinco minutos para que se cumpla el tiempo del Orden del Día, le pido que no lo tratemos en esta sesión, en especial porque hay diez diputados inscritos para participar en el debate. Podríamos tratarlo en la próxima sesión.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputado José Miguel Castro , los acuerdos de los Comités, que están en su pupitre digital, establecen que si este proyecto se empieza a discutir en la sesión de hoy, pasará a la sesión de mañana en caso de que no alcancen a intervenir todos los diputados inscritos, y es lo que vamos a hacer.

Hoy solo se va a rendir el informe e iniciaremos la discusión en la sesión de mañana. Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ÁLVAREZ, don Sebastián (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, paso a informar el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, la contaminación, la usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas, iniciado en moción de las diputadas Daniella Cicardini , Cristina Girardi , Carolina Marzán y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados Sebastián Álvarez , José Miguel Castro , Diego Ibáñez , Daniel Núñez y René Saffirio , que cumple su primer trámite constitucional y segundo reglamentario.

La Comisión, en su primer trámite reglamentario, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia, por mayoría de votos. La Sala, en su sesión 40ª, celebrada el 1 de junio de 2021, lo aprobó en general y lo remitió a la comisión para su discusión particular, dado que durante la discusión en general se presentaron seis indicaciones en la Sala, las que fueron tramitadas conforme a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento.

Cabe recordar que el proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados consta de dos artículos permanentes por los cuales se modifica el Código Penal y la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, para tipificar diversas conductas relacionadas con la extracción, contaminación, daño, usurpación o apropiación de aguas terrestres, superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, estableciendo diversas sanciones para quienes, sin título legitimo, incurran en estas conductas.

Idea matriz o fundamental del proyecto

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley consiste en establecer sanciones acordes a los daños que generen las personas que afectan las aguas del país, toda vez que el recurso hídrico es la condición necesaria para la vida.

Consecuentemente, cualquier afectación es un atentado directo contra la vida de la población, en especial respecto de quienes habitan zonas en las que la sequía y los problemas de la institucionalidad han generado una afectación directa al derecho de acceso al agua.

Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones durante la discusión y votación del segundo informe en la comisión

Se encuentran en esta situación los números 1, 2 y 3 y los artículos 489 quinquies, 489 septies y 489 octies, contenidos en el número 4, todos del artículo 1 del proyecto, y el artículo 2, los cuales deben entenderse reglamentariamente aprobados, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.

Discusión y votación de las indicaciones

1.Se presentaron cuatro indicaciones que tenían por objeto rebajar las penas dispuestas en los artículos 489 bis, 489 ter, 489 quáter y 489 sexies.

Al respecto, el diputado Diego Ibáñez comentó que es importante relevar el debate que se tuvo con el Ministerio Público por más de un mes, tiempo durante el cual se dejó en claro que las penas que se incorporaron en el proyecto original eran bastante amplias, por lo que se procedió a rebajarlas en un grado.

A mayor abundamiento, recordó que la propia Fiscalía estuvo de acuerdo con la escala de penalidades que se aplicaría a estos tipos penales, en función del trabajo de análisis ya realizado por la comisión.

Por su parte, el diputado Fernando Meza afirmó que se debe defender el uso de las aguas para todos quienes viven en Chile y que para ello es necesario recurrir a la aplicación de penas altas, tal como se acordó en un principio.

Las indicaciones fueron rechazadas por mayoría de votos.

2.Se presentó una indicación para agregar un inciso final al artículo 489 nonies, del siguiente tenor: “Podrán deducir querella la Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado o las municipalidades.”.

Los diputados y diputadas de la comisión manifestaron estar de acuerdo con la indicación, toda vez que es favorable expandir los sujetos que van a ser titulares de la acción penal, aprobándose por la unanimidad de los miembros presentes.

3.Por último, se presentó una indicación para incorporar un artículo 489 decies, nuevo, con el objeto de que las multas pagadas en virtud de un procedimiento administrativo sancionador aplicado por la Superintendencia del Medio Ambiente se imputarán a las penas de multa que sean aplicadas de conformidad con este título, cuando se trate de los mismos hechos.

Al respecto, se sostuvo que la mayoría de las multas por problemas derivados de manejo de las fuentes de agua son aplicadas por la Dirección General de Aguas y no por la Superintendencia del Medio Ambiente, puntualizando que son dos órganos que dependen de ministerios diferentes.

Además, se hizo presente que no todo daño ambiental significa una afectación a los cuerpos de agua, opinando que es muy forzado señalar que sobre la base de los mismos hechos va a existir una misma razón de multa.

Sometida a votación la indicación fue rechazada por mayoría.

Artículos modificados

En síntesis, solo se aprobó una de las indicaciones presentadas en la Sala, al número 4 del artículo primero, para incorporar el siguiente inciso final en el artículo 489 nonies:

“Podrán deducir querella la Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado o las Municipalidades.”.

El resto del proyecto se mantuvo en los mismos términos en que fue aprobado en el primer trámite reglamentario.

En virtud de lo expuesto, la comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado el tiempo del Orden del Día.

En consecuencia, la discusión de este proyecto continuará en la sesión ordinaria del próximo martes.