Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Gustavo Sanhueza .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 49ª de la presente legislatura, en jueves 24 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Certificado de la Comisión de Salud, sesión 57ª de la presente legislatura, en jueves 8 de julio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SANHUEZA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar acerca del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas (boletín N° 14336-11).

El Presidente de la República hizo presente la urgencia en carácter de discusión inmediata con fecha 6 de julio de 2021, razón por la cual la comisión se abocó a su conocimiento ese mismo día y emitió un certificado que da cuenta de lo aprobado.

La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la normativa del Código Sanitario con la finalidad de facilitar el cobro de las multas impuestas en virtud de sumarios sanitarios, para dotar a la Tesorería General de la República de las herramientas que le permitan cobrar las multas asociadas a dichas infracciones.

El mensaje señala en sus fundamentos que de acuerdo a la normativa actual, que es la que se pretende modificar con este proyecto de ley, para el pago de las multas cursadas por la autoridad sanitaria se debe iniciar un proceso judicial ejecutivo a cargo del Consejo de Defensa del Estado, cuyo cobro tiene algunos inconvenientes, como los siguientes:

Es el Consejo de Defensa del Estado el que interviene en la protección judicial de los intereses del Estado, lo que impide que pueda ser asistido por el Ministerio de Salud o por las secretarías regionales ministeriales, al ser órganos centralizados.

No se contempla la intervención de la Tesorería General de la República ni en relación con cobranzas ni con gestiones de retención de multas impagas de los montos correspondientes a devolución de impuestos.

No se considera el pago en cuotas o la posibilidad de descuentos. No se contempla específicamente la facultad de transigir.

No se consideran formas de pago distintas a la consignación en el tribunal.

El proyecto de ley, para hacer más efectivo el cobro de las multas, propone las siguientes modificaciones:

Elimina el actual inciso segundo del artículo 174 del Código Sanitario, que otorga mérito ejecutivo a la resolución sancionatoria de un sumario administrativo. Pero como contrapartida, le entrega la facultad de gestionar el cobro a la Tesorería General de la República en virtud de un artículo 174 bis, mediante el cual se explicita que esta tendrá sus facultades habituales para el cobro de las multas, entre ellas, la de retener impuestos a quienes aparezcan como morosos en el cumplimiento de sus obligaciones sanitarias. Además, establece que las multas impagas generarán reajustes e intereses.

Reemplaza, asimismo, el artículo 179 del Código Sanitario, que dispone que las multas van a beneficio de la autoridad sanitaria, estableciéndose, en cambio, que las multas serán de beneficio fiscal, según la aplicación de la regla general.

El artículo transitorio, además de fijar la vigencia de la ley en proyecto, hace aplicables estas nuevas disposiciones a aquellas multas que se hayan cobrado con anterioridad a la publicación de ella, que registren saldos insolutos y cuya demanda ejecutiva aún no haya sido notificada.

Votación en general

El proyecto se aprobó por mayoría de votos: 7 a favor y 1 abstención.

Votaron a favor los diputados Andrés Celis , Miguel Crispi , Sergio Gahona , Ximena Ossandón , Patricio Rosas , Víctor Torres y quien informa.

Se abstuvo el diputado Ricardo Celis Araya , en reemplazo de la diputada Andrea Parra .

Votaciones en particular

El artículo único, numerales 1) y 2), y el artículo transitorio fueron aprobados por unanimidad: 8 votos a favor.

El artículo único, numeral 3), fue aprobado por mayoría de votos: 5 a favor y 3 abstenciones.

El texto del proyecto, cuya idea de legislar se recomienda aprobar, no tuvo modificaciones en este trámite reglamentario ni fue objeto de indicaciones, y no contempla normas de quorum especial.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los parlamentarios que se encuentran en la Sala y a aquellos que nos acompañan vía telemática.

Este proyecto facilita el cobro de las multas aplicadas por infracciones al Código Sanitario. Quizás muchos pueden pensar que esto solo tiene que ver con una modificación para hacer más moderno y más expedito el proceso de cobro de multas a las personas que infringen la normativa sanitaria, lo que en la pandemia que estamos viviendo ha generado miles de sumarios; pero no: también facilita, por ser título ejecutivo -es muy importante que así sea-, que se cobren las multas a las empresas que contaminan y que son objeto de sumarios sanitarios por las Seremis de Salud.

Hasta hoy las empresas que han provocado daños ambientales y daños a la salud de las personas, por ejemplo, al contaminar cursos de agua, gracias a sus muchos departamentos de abogados y a vericuetos judiciales, han evitado el cobro de las multas, pero ahora será más fácil hacer ejecutivas dichas multas por esta vía. Nosotros esperamos que los delitos ambientales se paguen con cárcel.

El proyecto constituye un avance para que las personas puedan estar seguras de que se está protegiendo cada vez más y con mejores instrumentos la indemnidad del medio ambiente. Cabe mencionar que la alimentación, el medio ambiente y las condicionantes sociales son los factores más importantes en la salud de las personas y corresponden a cerca del 40 por ciento de su determinación de salud. Por eso es tan importante que se endurezcan las penas, se aumenten las multas y se haga más fácil el cobro de estos producto de los sumarios que cursan las respectivas Seremis de Salud.

Al respecto, hemos visto en televisión muchas denuncias sobre la contaminación de ríos, por ejemplo, en el sector de Chuyaca, en el río Damas, en Osorno; en el río San Pedro , en Valdivia, tiempo atrás. Hemos sabido de contaminación por purines, en que se han realizado sumarios y todo ha quedado en nada.

Por eso, apoyaré este proyecto desde esta perspectiva y no solo respecto de las personas que infringen la ley, durante la pandemia, con las fiestas clandestinas en distintos lugares, lo que por cierto constituye un gran riesgo para la salud.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, a partir de las 15:30 horas de hoy se realizará una sesión en la que el ministro de Salud, Enrique Paris , deberá responder una serie de preguntas.

Al respecto, el proyecto de ley en discusión entrega una visión clara de que una de las razones por las cuales las medidas sanitarias para evitar el contagio del covid-19 no tuvieron el efecto deseado es, precisamente, el hecho de que nuestros ciudadanos no respetaron esas medidas. Prueba de ello es que al día de hoy existen más de 290.000 sumarios sanitarios por infracción a las medidas decretadas por la autoridad sanitaria.

Esta realidad nos muestra claramente que si no hay una normativa o una regulación robusta, que haga que los infractores sientan el peso y las consecuencias de su infracción, las medidas no se cumplen y se infringen reiteradamente, con las graves consecuencias para la salud pública que hemos tenido que lamentar.

Los procedimientos ejecutivos, a través de la justicia ordinaria, son lentos y engorrosos, y se sabe que si el ejecutado no cumple, hay que embargar bienes u otros activos, lo que complica aún más la situación.

Dar competencia a la Tesorería General de la República para que pueda cobrar esas multas a partir de retenciones tributarias a los infractores, me parece una medida justa y expedita para compeler el pago de las multas, lo que, sin duda, llevará a que los ciudadanos acaten y cumplan las medidas sanitarias impuestas en beneficio de la salud de todos.

Además, considerando lo debilitadas que están las finanzas fiscales, me parece apropiado que los ingresos que provengan del pago de esas multas vayan a las arcas fiscales generales, en lugar de ir en beneficio de la autoridad sanitaria.

Apoyo esta iniciativa y la votaré favorablemente, porque me parece justa y precisa para resolver un tema que está pendiente y que hasta ahora no ha tenido solución.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, las personas que hemos tramitado temas sanitarios conocemos la cantidad de dificultades que existen para llevar adelante un proceso sanitario.

El sumario sanitario es un procedimiento especial, regulado en el Código Sanitario, procedimiento de carácter netamente administrativo. Recuerdo que el consejo que dábamos a nuestros clientes condenados a pagar tras un sumario sanitario era “no pague, porque no le va a pasar nada”.

Esa es una pequeña muestra de las dificultades que tiene este procedimiento.

Hoy, dado el aumento de los sumarios sanitarios producto de las infracciones a la normativa relacionada con el covid-19, se calcula que la carga laboral para los funcionarios de la autoridad sanitaria, de los departamentos jurídicos de las respectivas Seremis , aumentó en 290.000 casos a nivel nacional. Si esos funcionarios ya estaban sobrecargados ahora están absolutamente colapsados.

¿Es un avance trasladar el cobro ejecutivo de las sentencias sanitarias a la Tesorería General de la República? Claramente, es un tremendo avance, porque si hoy se pidiera el informe a la autoridad sanitaria respecto de los sumarios no pagados nos daríamos cuenta de que esto es un desastre.

Hubiéramos deseado que esta modificación al Código Sanitario respecto de los sumarios sanitarios hubiera sido más profunda, pero es un avance. Por lo tanto, aprobaré esta iniciativa, que busca traspasar, a través de este procedimiento administrativo, el derecho al cobro desde el Consejo de Defensa del Estado, que no lo está haciendo, a la Tesorería General de la República.

Espero que efectivamente esto implique que las personas que cometen este tipo de infracción sepan que va a existir una sanción, porque hoy quedan impunes.

También es necesario hacerse cargo de otras normativas que hemos aprobado en la Cámara de Diputados, pero que han sido absolutamente ineficaces. Al respecto, hice presente mis aprensiones cuando se modificó el artículo 192 del Código Penal, en orden a que esa era una ley penal en blanco y no iba a servir de nada. La mayoría de los parlamentarios dijo que iba a funcionar; lamentablemente, no fue así y el Tribunal Constitucional me dio la razón. En aquella oportunidad, el Ejecutivo promulgó inmediatamente la ley. Hoy tenemos una normativa que busca sancionar las infracciones a las normas sanitarias, que, lamentablemente, no tiene consecuencias.

Invito a que el Ministerio de Salud haga una reforma más integral al Código Sanitario y a las normas que buscan sancionar drásticamente las infracciones sanitarias.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, el propósito del proyecto es modificar el Código Sanitario para facilitar el cobro de las multas impuestas en virtud de sumarios sanitarios, tan frecuentes en estos tiempos de pandemia, y dotar a la Tesorería General de la República de la facultad para cobrar las multas que se apliquen por transgresiones a las medidas de protección por el covid-19. Se trata de una facultad que hoy está radicada en el Consejo de Defensa del Estado, el que se ha visto ampliamente superado por la enorme cantidad de sumarios sanitarios que se han cursado durante esta pandemia.

Hay una discusión de fondo, de la cual no se hace en este proyecto, a raíz de los numerosos requerimientos de inconstitucionalidad acogidos por tribunales, por la forma de aplicar el artículo 318 del Código Penal, norma que ha sido considerada constitucionalmente defectuosa, porque sanciona el potencial peligro de la conducta sin que exista, en realidad, un peligro inmediato.

Hay muchos casos de personas que no estando contagiadas han transgredido las normas sanitarias, pero, en la práctica, no tienen la potencialidad de generar contagios.

De acuerdo con las disposiciones actuales, para cobrar estas multas hay un largo camino que se inicia con un proceso judicial ejecutivo, a cargo del Consejo de Defensa del Estado, proceso que tiene varios inconvenientes. El Consejo de Defensa del Estado es el único organismo que puede defender los intereses del Estado. La Tesorería General de la República no puede retener, de los dineros correspondientes a la devolución de impuestos, el monto de las multas impagas ni ofrecer otras modalidades de pago acordes a la capacidad de las personas multadas.

Para resolver estas limitaciones, se dan mayores facultades a la Tesorería General de la República, entre ellas la retención de impuestos a los morosos y la adición de reajustes e intereses al monto original de las multas. Junto con cambiar la destinación de las multas a favor de la autoridad sanitaria para que sean de beneficio fiscal, como establece esta ley, en el artículo transitorio se hace aplicable la normativa a las multas dispuestas con anterioridad a su publicación, siempre que la demanda ejecutiva no haya sido notificada.

Vamos a respaldar este proyecto, pues simplifica la normativa que hace efectivos los cobros de las multas sanitarias, cuyo pago debe ser perseguido por el Consejo de Defensa del Estado. Esa facultad pasa ahora a la Tesorería General de la República, haciéndola mucho más eficaz y eficiente.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, como señalaron los diputados Ilabaca y Sabag , este proyecto modifica el Código Sanitario a fin de hacer frente a la dificultad que hoy existe para hacer efectivo el cobro de multas en virtud de sanciones determinadas por la autoridad sanitaria.

En pandemia hemos tenido una serie de dificultades, no solo para fiscalizar, sino también para hacer efectivas las medidas que se toman a fin de administrar de mejor manera una pandemia que nos sigue golpeando. De pronto las cifras bajan, parece que estamos bien, pero luego vuelven a subir, como consecuencia de la irresponsabilidad de las personas.

En ese contexto, la actividad fiscalizadora debe ser manejada con cuidado y prudencia. La semana pasada estuve en Corral tratando de representar a un grupo importante de pequeños comerciantes que han sido castigados duramente. En general, la comuna ha mostrado un buen comportamiento sanitario, pero en lo que concierne a las libertades personales, hay gente que circula a cualquier hora, sin ningún control, por lo que el comercio es fiscalizado con dureza. Así las cosas, en este tipo de fiscalizaciones no solo hay que ser justos y claros, sino, además, ejecutivos.

Hoy, cuando se cursa un sumario sanitario, se debe iniciar un proceso judicial ejecutivo a cargo del Consejo de Defensa del Estado, quien aplica las normas del Código de Procedimiento Civil. Aquí surgen una serie de defectos: no se contempla específicamente la facultad de transigir, no se considera el pago en cuotas o la posibilidad de descuentos, no se consideran formas de pago distintas a la consignación en el tribunal y, por lo tanto, las multas son incobrables.

En ese escenario, las normas contenidas en el proyecto intentan ser aplicables. Quienes infrinjan flagrantemente las normas que protegen a la ciudadanía deben entender que tendrán que cumplirlas ya sea motu proprio, por comprensión y responsabilidad, ya sea por la vía de las disposiciones contenidas en el proyecto.

Llamo al buen criterio, a que se comprenda la desesperación de muchos pequeños comerciantes en distintas partes del territorio nacional, así como lo importante que resulta aplicar las normas con claridad y justicia.

Anuncio que aprobaré el proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUBERBAUM.-

Señor Presidente, la idea matriz del proyecto es modificar el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas. En esta pandemia se requiere un conjunto de medidas administrativas y, consecuentemente, de acciones de control para darles cumplimiento.

En relación con la alerta sanitaria decretada en enero de 2020, así como con el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado en marzo de 2020, prorrogado y aún vigente, se instruyeron un conjunto de actuaciones administrativas, medidas de ordenamiento público y de resguardo sanitario. En general, se regularon muchos aspectos de la vida ordinaria de las personas, empresas y actividades con el objeto de que se desarrollaran de una manera menos riesgosa desde el punto de vista sanitario.

El principal mecanismo de fiscalización, control y sanción para el cumplimiento de estas medidas corresponden al que ejercen las autoridades sanitarias, principalmente cada Secretaría Regional Ministerial de Salud del país y su personal, los que pueden adoptar múltiples medidas coetáneas con una eventual vulneración de medidas sanitarias: prohibición de funcionamiento de recintos, aislamiento de personas contagiadas, clausura de recintos, entre otros. De esa manera, se desencadena la sanción administrativa de multa, la que se tramita y aplica de conformidad al llamado sumario sanitario previsto en el Libro X del Código Sanitario.

El sumario sanitario y la eventual multa es la principal medida de sanción administrativa de carácter sanitario. Su aplicación se masificó en el contexto de la pandemia, pues se sancionó cualquier incumplimiento de medida que tuviera respaldo administrativo, desde reuniones sociales por incumplimiento de aforo hasta funcionamiento de comercio y actividades no permitidas, no uso de elementos de protección, entre otros.

Lo anterior provocó que el número de multas cursadas creciera de manera exponencial. Sin embargo, distintos informes señalan que el número de multas pagadas es muy bajo.

Para resolver lo anterior, este proyecto busca modificar el mecanismo de cobro de multas, el que en la actualidad debe llevarse a cabo mediante procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones, lo que exige intervención del fisco a través de sus representantes y un juicio de mayor complejidad.

El proyecto fue presentado por el gobierno y se hace cargo de una situación imprevista que surgió a medida que se profundizó la pandemia y las acciones sanitarias en su contexto. En la comisión fue aprobado en general por mayoría casi total de votos, mientras que en particular las votaciones concitaron simple mayoría.

Vamos a votar a favor la iniciativa para resolver este problema que aqueja a cientos de chilenos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado inscrito para hacer uso de la palabra.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el diputado Boris Barrera .

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 55ª de la presente legislatura, en martes 6 de julio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-El primer informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios se rindió en la sesión 44ª de la presente legislatura, en martes 15 de junio de 2021.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BARRERA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, vengo en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales, iniciado en moción de las diputadas Camila Vallejo , Natalia Castillo , Carmen Hertz , Pamela Jiles , Carolina Marzán , Emilia Nuyado , Marisela Santibáñez y de los diputados Gabriel Boric , Tucapel Jiménez y Matías Walker .

La idea matriz o fundamental de la iniciativa es proponer una regulación especial para todas aquellas personas que fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de muerte de familiares en contexto de movilizaciones sociales en el denominado “estallido social”, con la finalidad de lograr que las víctimas accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito.

Es importante recordar, brevemente, que la moción alude a los eventos acaecidos en nuestro país a partir del 18 de octubre de 2019, los que dejaron al descubierto un sistema político y judicial que, a pesar de haber transcurrido 30 años desde la vuelta a la democracia, sigue funcionando bajo las mismas lógicas instauradas en la dictadura militar.

En efecto, sin perjuicio de que en nuestra Constitución Política se garantiza a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, a la libertad de expresión y a reunirse sin permiso previo, el saldo de personas lesionadas con traumas oculares y de fallecidos en contexto de protesta social, a contar del 18 de octubre de 2019, es prueba irrefutable de que los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental solo fueron una declaración de principios para los miles de personas que los vieron vulnerados.

Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como un gran número de organizaciones sociales cuentan con un extenso registro de testimonios y casos de personas víctimas de vulneraciones a dichos derechos, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Piquete Jurídico de la Universidad de Chile, la Corporación Humanas, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, entre otras.

De acuerdo con cifras del Colegio Médico, al 6 de noviembre de 2019, se habían contabilizado 180 pacientes con secuelas oculares graves, producto de las manifestaciones dentro de los 19 días desde el inicio del estallido social, mientras que el conflicto palestino-israelí tiene un registro de 154 en seis años. A un mes del comienzo de las protestas, al menos 11.054 personas habían requerido atención de urgencia o habían sido hospitalizadas por lesiones acontecidas durante las protestas, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizaba más de 220 personas con trauma ocular.

Finalmente, un estudio recientemente publicado en una prestigiosa revista científica internacional por un grupo de médicos de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador da a conocer la ocurrencia de 259 casos de trauma ocular grave que fueron atendidos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del 2019, destacando que en la revisión de la literatura internacional no existe ningún otro país que registre cifras de esa magnitud de daños oculares provocadas por armas menos letales.

En lo que respecta al debate y a la votación de esta iniciativa legal, puedo comentar que esta fue aprobada en general y en particular por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y que, con fecha 15 de junio de 2021, también fue aprobada en general por esta honorable Sala. En dicha oportunidad, además, se presentaron indicaciones de los diputados Sergio Bobadilla , Emilia Nuyado , Leopoldo Pérez y Sebastián Torrealba , lo que provocó que el proyecto de ley fuera devuelto a la comisión técnica para emitir un segundo informe, según dispone el artículo 130 del Reglamento de esta Cámara.

Todas las indicaciones antes referidas fueron declaradas inadmisibles por la comisión, sobre la base de los siguientes argumentos:

1Se estimó que la indicación del diputado Leopoldo Pérez era inadmisible por tratarse de una indicación sustitutiva de todo el texto de la iniciativa. Se sostuvo que tal enmienda de la totalidad debió haberse planteado en la discusión general del proyecto y no en esta etapa de la tramitación legislativa, además de apartarse de las ideas matrices y del texto ya aprobado por la comisión.

2La indicación de la diputada Emilia Nuyado fue retirada por su autora y la indicación del diputado Sebastián Torrealba , así como también las indicaciones del diputado Sergio Bobadilla fueron todas declaradas inadmisibles en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 274 del Reglamento de la Corporación, por no tener una relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Por estas razones, vuestra Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios viene en proponer la aprobación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Masferrer .

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, en esta oportunidad me dirijo a esta Sala para hacer un llamado, con total claridad, a rechazar este proyecto, no solo por la negativa señal que se da a miles de personas que sufrieron el vandalismo y la destrucción de sus empleos y fuentes de trabajo, a las cuales este proyecto deja en completo desmedro, sino también porque, más allá de las consideraciones de fondo, es un mal proyecto de ley en sus aspectos técnicos y procesales.

Para ser claro, cabe señalar que avanzar en un proyecto de ley que establece y dispone un procedimiento especial que está plagado de conceptos difusos, a partir del cual se debe tener por acreditada la responsabilidad y la indemnización, es una muy mala política pública.

Solo por dar un ejemplo, vemos que no se cumple con los estándares mínimos de certeza jurídica cuando se propone incluir en la ley una definición de estadillo social, la cual es claramente deficiente. Una definición por esencia delimita, pero este no es el caso. Aquí se dice cuándo se inicia el contexto que se debe tener en consideración, pero no se dice cuándo termina. ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, ¿cómo delimita? ¿Qué situaciones incluye y cuáles no se deben tener en consideración en los tribunales? Son muchas las preguntas que este proyecto deja sin responder.

En el mismo sentido de la falta de certeza jurídica, sorprende cuando el proyecto de ley dispone que el daño moral no deberá ser probado. Sí, reitero: el daño moral no deberá ser probado. Una base fundamental del derecho, específicamente en el esquema de responsabilidad extracontractual de nuestra institucionalidad, es la necesidad de que se acredite el daño, lo que es relevante para establecer la responsabilidad extracontractual.

Puede haber diferencias entre un régimen de responsabilidad subjetiva, donde es necesario y fundamental acreditar la culpabilidad, y un régimen de responsabilidad objetiva, donde se prescinde de dicha acreditación, pero ¿no acreditar el daño? En ese caso, ¿quién podría decir qué es lo que se va a indemnizar y de dónde nace la responsabilidad?

En verdad, pareciera que estamos ante un proyecto que más bien busca la entrega de algún tipo de bono a un determinado grupo de personas que cumplen con determinados requisitos. Lo peor es que se va a pagar con el dinero de las verdaderas víctimas que perdieron sus empleos y fuentes de trabajo, que son las que pagan impuestos.

En resumen, es necesario hacer un llamado a la responsabilidad que nos asiste a cada uno de nosotros como parlamentarios a la hora de legislar y rechazar este proyecto. Es un mal proyecto de ley para nuestro país, porque sienta malos precedentes. No es posible abstraerse de las consecuencias de lo que legislamos.

Por eso y por miles de víctimas de la violencia, cuyo daño no será nunca reparado, votaré en contra el proyecto en discusión.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, este es un proyecto muy relevante, pero su debate fácilmente se tuerce en función de ciertas cosas normalistas y legales, en circunstancias de que esta es una discusión totalmente política.

Cuando la Convención Constitucional inició su funcionamiento y, con el voto de la mayoría, nos señaló la responsabilidad de trabajar en el tema de los presos políticos, generó una urticaria desmedida en los sectores más conservadores y en la derecha del país.

Tenemos una responsabilidad, porque lo que está pasando habla de un Estado que, además de violar los derechos humanos de las personas, de dañarlas y mutilarlas, no es capaz de reconocer su propia responsabilidad en reparar y evitar la revictimización.

Por eso, este proyecto es muy relevante, porque hace lo mínimo que debemos hacer los legisladores y legisladoras como representantes. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no debemos decidir aquello que tienen que zanjar los tribunales de justicia -¡por supuesto que no!-, pero sí debemos generar un procedimiento que reconozca que esas atrocidades no son crímenes comunes y que, por consiguiente, corresponde que tengan un tratamiento distinto por parte de los tribunales de justicia; que se reconozca que aquellos casos tienen que avanzar con mayor celeridad, porque, de lo contrario, el Estado nuevamente recae en la revictimización de las víctimas.

Nos encontramos con todo tipo de defensas y explicaciones en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Se dijo que había que escuchar a los tribunales. La Corte Suprema fue bastante clara cuando dijo que este proyecto se ajustaba perfectamente a derecho, que celebraba que esta Corporación incorporara una óptica de derechos humanos en su legislación en relación con este tipo de procedimientos.

En la Comisión de Derechos Humanos estamos viendo el tema de los traumas oculares, y las mismas víctimas nos dicen: “¿Cómo es posible que después de lo que nos pasó no haya un cambio del Estado?”. Lo único que cambia es el perfeccionamiento de las policías, su fortalecimiento, las estrategias, aquí y allá; pero ¿qué pasa con las víctimas? La Convención Constitucional está intentando resolver este problema políticamente, y nosotros tenemos las herramientas legislativas para también generar soluciones donde, al parecer, la clase política solo ha encontrado excusas.

Por tanto, llamo a votar a todos los sectores, principalmente a la derecha, a la que pido que abandone ese nicho conservador que aún tiene en su corazón.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Señorita diputada, existe un procedimiento normado para que cuando corresponda citar a un diputado y este no se encuentre presente, simplemente sea borrado de la lista.

Tiene la palabra uno de los autores del proyecto, el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, efectivamente suscribí este proyecto con total convicción, proyecto que aprobó en la Comisión de Derechos Humanos el diputado Mario Venegas , quien nos acompaña el día de hoy, y que es de plena justicia.

Veo una confusión conceptual en algunas intervenciones en la Cámara de Diputados, particularmente de quienes confunden el concepto de víctimas de violaciones de derechos humanos, que siempre son cometidas por agentes del Estado, respecto de las víctimas de delitos que también pueden haber ocurrido en el marco del estallido social y que, por supuesto, deben ser compensadas debidamente.

Este proyecto atiende a un concepto particular que es fundamental, cual es la responsabilidad del Estado cuando los agentes del Estado, en nombre del Estado de Chile, generan violaciones a los derechos humanos, las que producen un daño civil que debe ser reparado. Y eso es independiente de las responsabilidades penales individuales o institucionales de las personas jurídicas o de las personas naturales que hayan cometido ese daño.

Me parece que este es un proyecto ponderado que busca indemnizar civilmente, debidamente, a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, víctimas que, por ejemplo, padecieron daño ocular. ¿Quién le puede restituir su visión a una persona que ha perdido sus ojos, que ha perdido parte de su anatomía, que ha sufrido mutilaciones o abusos sexuales por parte de agentes de Estado? Para qué decir el caso de los familiares de personas que resultaron asesinadas producto de la acción de agentes del Estado. Eso debe tener una reparación.

No puedo entender cómo puede haber divergencia respecto de un proyecto que establece un principio tan básico, consagrado en todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que la Corte Suprema informó favorablemente a la Cámara de Diputados.

Por las razones expuestas, vamos a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, hemos venido esperando varias semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados que este proyecto pueda ser tramitado y votado. Quiero agradecer a la diputada Camila Vallejo , que es la principal impulsora y autora de este proyecto de ley, y a todos y todas quienes lo firmaron para hacer posible algo que nos parece tan fundamental y necesario: una ley que haga efectiva la responsabilidad civil del Estado de Chile en relación con las personas que han sido víctimas de lesiones, mutilaciones oculares o muerte durante lo que conocemos como la revuelta popular o que algunos llaman “estallido social”.

Durante muchos años hemos escuchado en nuestro país la repetida y profunda frase “para que nunca más en Chile”. Incluso, uno de mis compañeros de bancada la ha cantado en uno de los grupos populares más importantes que ha tenido este país. Esa frase hace referencia a que nunca más en Chile se iban a violar los derechos humanos, a que nunca más en Chile íbamos a tener personas asesinadas por protestar, a que nunca más en Chile se iba a matar a aquellos que pensaran distinto, a que nunca más en Chile se iba a encarcelar por pensar diferente. Sin embargo, lamentablemente, lo que ha ocurrido bajo una situación absolutamente irregular, fuera del Estado de derecho, es la más absoluta impunidad ante los hechos que en Chile han venido ocurriendo por años. Es lamentable que en nuestro país haya habido personas que se han esforzado por que lo que impere sea la injusticia y la impunidad. Que no exista justicia plena en muchas de las cosas que han ocurrido en Chile es responsabilidad de sectores políticos que han bloqueado de manera permanente que se haga justicia y que termine la impunidad.

Hemos tenido que vivir durante cuatro años bajo el peor gobierno de la historia, bajo el presiente que decidió la represión antes que el diálogo, que decidió y prefirió la guerra antes que el diálogo, que prefirió la muerte, que prefirió no escuchar al pueblo, que prefirió esconderse ante la posibilidad histórica de generar cambios. Si no hubiese sido por el pueblo de Chile, que llevó adelante un proceso constituyente, que llevó adelante un proceso de transformación estructural, nuestro país hoy estaría en una situación terrible.

Creo que lo que estamos viviendo, de no tener justicia para las víctimas que vivieron las consecuencias, las mutilaciones, las lesiones y la muerte en el marco de lo que fue la revuelta popular, es seguir incentivando un país de impunidad.

Por ello, me parece que este proyecto de ley es tan necesario, es tan justo y es tan urgente. Mientras haya presos políticos en Chile, la democracia jamás será plena; mientras haya personas que perdieron sus ojos, como Fabiola Campillai , la justicia no será plena.

Por eso, hago un llamado a apoyar y a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, un informe elaborado por la Fiscalía -como lo dije en mi primer discurso-, con datos actualizados al 28 de enero de este año, indica que se abrieron 8.581 causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568, pero el 46 por ciento de ellas, vale decir 3.050 casusas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. El informe indicaba que solo una causa se cerró con sentencia condenatoria de cinco años de libertad vigilada.

Esta es la segunda vez que este proyecto está para ser votado en la Sala. La primera vez volvió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para un segundo informe por haberse ingresado indicaciones en la Sala.

Cabe recordar que esta iniciativa de ley tiene por objeto establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad civil del Estado respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, torturas, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual y muerte en el contexto de las movilizaciones sociales en el denominado “estallido social”.

Espero de corazón, por los cientos de víctimas y sus familias, que este proyecto avance prontamente, porque si no hay justicia hay impunidad, y es deber de nosotros fomentar y resguardar el respeto por los derechos humanos, sin impedir o afectar procesos de justicia y reparación tal como este proyecto establece.

En la comisión se presentaron varias indicaciones que estaban enfocadas en las personas que habían sido afectadas por delitos comunes, como las que viven en lugares cercanos o inmediatos a donde ocurrieron los delitos, como saqueos, entre otros.

Querer mezclar y confundir a la ciudadanía entre delitos gravísimos -repito: delitos gravísimos y violaciones de derechos humanos, me parece y da cuenta de que existe una falta grave de conocimiento de lo que son realmente los derechos humanos, ya que esos saqueos o esos delitos no fueron realizados por agentes del Estado, a diferencia de las mutilaciones oculares perpetradas justamente por agentes del Estado.

Mis colegas del oficialismo deben presentar un proyecto aparte para reparar a las personas afectadas por esos delitos graves, pero como esta iniciativa se circunscribe a crímenes de lesa humanidad, no corresponde incluirlas en esta moción.

Una vez más quiero dar las gracias a la diputada Camila Vallejo por invitarme a patrocinar su proyecto. Con la participación de diversos abogados y agrupaciones fue posible su concreción.

Como he dicho reiteradamente, el Estado tiene la responsabilidad de reparar integralmente y evitar la impunidad y revictimización de las víctimas.

Finalmente, quiero señalar que como representantes de la ciudadanía y respetuosos de la democracia y de los derechos fundamentales, nuestro deber es aprobar este proyecto humano. De allí que pido al gobierno y a los diputados de derecha que recapaciten respecto de hacer reserva de constitucionalidad, ya que aquello afectaría la tramitación de esta iniciativa y el avance en la reparación de todas las víctimas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas votaremos a favor este proyecto de ley, que pretende establecer un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto las cientos de víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales que ocurrieron en el país a partir de octubre de 2019.

Con mucha claridad quiero decir que los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social y nuestro partido hemos acompañado desde el principio las movilizaciones. Sin duda, fue y sigue siendo un proceso de cambios profundos en el país, que pasó por encima de todos los partidos políticos; hay que decirlo. Desde el inicio tomamos la decisión de acompañar, de no ser un obstáculo a este proceso de cambios que se gatilló con mucha fuerza por las razones que todos, de una u otra manera, hemos expresado en otras oportunidades.

Este proyecto de ley va por el camino correcto. Por ello, la Federación Regionalista Verde Social no estará ajena a su aprobación, ya que es relevante.

Sin el proceso de movilizaciones sociales ocurridas en el país no habría hoy Convención Constitucional; sin ese proceso no habría voluntad de cambio; sin ese proceso no se habría movido el tablero político como se ha movido y se ha remecido durante los últimos dieciocho meses en el país.

Para las personas que de alguna manera han estado en la primera línea de las protestas, en particular para las víctimas de la represión y de las violaciones a los derechos humanos, confirmadas por múltiples organismos internacionales, así como por cierto también en nuestro propio país, se debe buscar un procedimiento ágil en materia de reparación, no esperar el cambio constitucional, una nueva Constitución. Hay que hacerlo de inmediato.

Por eso este camino legal busca hacer efectiva la responsabilidad del Estado, como corresponde frente a un acto de violación de los derechos humanos, porque está el Estado detrás del hechor. Ese es el camino correcto para apurar, para buscar una vía rápida de compensación mínima. Estamos hablando de una compensación material mínima frente al agravio ocurrido con la muerte, con la lesión, con la pérdida de la visión u otra situación tan grave, tan desastrosa, tan injusta.

En consecuencia, debido a que este proyecto apunta en el camino correcto, los representantes de la Federación Regionalista Verde Social lo votaremos a favor, para ser consecuentes, una vez más, con el trabajo que venimos haciendo durante los últimos años.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, desde el 18 de octubre en adelante hemos vivido como país algo que pensamos que nunca se iba a repetir. Dijimos “nunca más”, y, sin embargo, en Chile se volvieron a violar los derechos humanos de miles de personas. Cientos de mutilados no han tenido justicia.

Ahora, hay muchas cosas que no podemos hacer. Como Congreso Nacional no podemos entregar la debida reparación -eso corresponde al Ejecutivo-; lo mínimo que podemos hacer es mejorar las reglas para que el acceso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a la justicia sea mucho más expedito, mucho más rápido.

Se nos ha dicho, por ejemplo, que este proyecto modificaría las reglas y establecería un traje a la medida para las víctimas de derechos humanos sin tener en consideración la connotación político-social que implica que estos casos no tengan justicia y su debida reparación.

No es solamente un problema jurídico de un caso sin resolver en la oficina de un fiscal. Esto genera un problema social adicional: mientras no haya justicia, mientras no haya reparación, no habrá paz. La justica es un mínimo civilizatorio en una democracia. El respeto irrestricto de los derechos humanos es también un mínimo civilizatorio en una democracia como la nuestra, una democracia que es frágil, que debemos cuidar. Además, estamos en un proceso de resurgimiento de nuestras reglas en este espacio que es la Convención Constitucional.

Por eso, creo que este es uno de los proyectos más emblemáticos de este momento. Agradezco a su autora, Camila Vallejo , por haberme convidado a patrocinarlo. Tengo la convicción de que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son personas que hoy debieran estar primero en la fila para obtener justicia en un sistema que ya es lento, que ya es engorroso, que ya es complejo.

Espero que ojalá esta iniciativa sea aprobada por unanimidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, junto con saludarlo a usted y a mis colegas, deseo expresar que este es, nuevamente, un delirio del sinsentido.

Ahora resulta que a través de esta iniciativa vamos a dar un premio, un bono, un incentivo económico, a quienes se han refocilado con la destrucción de barrios del país. Un subsidio a la destrucción de lugares públicos, de lugares privados, de pequeño comercio; un subsidio a la quema, al saqueo. Un bono a la impunidad, un premio a quienes destruyen, dejando fuera a las verdaderas víctimas de esto.

Quiero preguntar a los autores del proyecto si han ido a conversar con las personas del distrito que represento, las que viven en la llamada “zona cero”, alrededor de la plaza Italia, en el eje Alameda, al sur de Providencia, en Parque Bustamante, Lastarria , Bellas Artes . Me gustaría saber si les han preguntado cuál es su opinión acerca de este proyecto a personas que prácticamente no pueden salir de sus casas sin que sus vidas se hayan visto alteradas de manera increíble durante los últimos dos años por los saqueos diarios de casi el ciento por ciento del pequeño comercio que los abastece. Se trata de personas cuya salud física y mental también se ha visto dañada.

Estoy hablando de personas que se encuentran impedidas de moverse, de adultos mayores que ni siquiera pueden salir a caminar en su barrio, que tienen los ascensores malos por falta de reparación. Son personas que están aterradas. En otras palabras, este proyecto no considera a los vecinos de la “zona cero”, al que parece importarles un comino.

El estallido de violencia de 2019 y sus posteriores protestas semanales no ha dejado de impactar en esta zona y en el resto de las “zonas cero” del país.

¿Queremos hablar de víctimas? Pues bien, hablemos de víctimas. Hay cerca de trescientos locales comerciales del barrio Lastarria , de Bellas Artes, de la “zona cero”, que son de pequeños emprendedores. Hablamos de tiendas musicales, restoranes, cafeterías, bancos, farmacias, hoteles, que fueron destruidos, saqueados. No están considerados en este proyecto.

El 73 por ciento de los comercios durante el principio de este año se mantuvo cerrado; se trata de 209 establecimientos. El 15 por ciento de las empresas pequeñas de ese sector cerraron o tuvieron que suspender actividades; aún no se inicia siquiera la recuperación económica.

¡Hablemos de víctimas! Gabriela Orellana , de sesenta años de edad, propietaria de un inmueble en esa zona. El 24 de noviembre de 2019, sacó a pasear a su perro, pero no alcanzó a volver a su departamento, porque tuvo que correr entre bombas molotov y acelerantes de fuego. Se pegó en la cabeza: TEC cerrado, convulsiones, UCI tres días. ¿Quién responde por ella? Es solamente a la justicia a quien corresponde determinar responsabilidades y aplicar reparaciones, no a comisiones especiales…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, quiero partir diciendo que es ridículo y hasta vergonzoso hablar de presos políticos o presos de la revuelta por parte de algunos medios de comunicación, diputados y senadores. Se trata de delincuentes imputados y condenados por un poder autónomo, de hordas delincuenciales que destruyeron todo a su paso, quebraron pymes, aterrorizaron a niños, a adultos mayores; golpearon a mujeres e intentaron asesinar, traicionando a millones de chilenos, siempre apoyados por un poder político.

La militancia callejera del feminismo, los delincuentes y el poder político que los cobija dieron una puñalada por la espalda a Chile, a millones de chilenos. Y diré cuantas veces sea necesario que lo único que se merecen es la cárcel, porque además no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni mucho menos la intención de pedir perdón a esos miles de inocentes que fueron violentados física, moral y económicamente, a esos mismos chilenos inocentes que, en la Comisión de Derechos Humanos, los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio se negaron a ayudar, a apoyar y a tenderles una mano.

La historia se cuenta completa: desde el día uno, los días siguientes y hasta lo que pasa hoy día, porque hoy sigue pasando. Si el Partido Comunista y el Frente Amplio quieren seguir implementando, cueste lo que cueste, su memoria totalitaria, viviendo en una burbuja ideológica y política, les quiero decir que están profundamente equivocados: es hora de empezar a reconstruir todo lo que ustedes destruyeron moral, económica e ideológicamente hablando.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, el pasado 1 de julio nos enteramos de una vergonzosa y repudiable noticia: la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió tan solo una pena de 540 días de reclusión en su grado mínimo y la suspensión por dos años de la licencia de conducir a Carlos Martínez Ocares , el asesino de Jorge Mora Herrera , el Neco, el hincha colocolino que fue arrollado por un camión policial a las afueras del Estadio Monumental.

Sí, la institución encargada de investigar los hechos constitutivos de delito en nuestro país solicitó una pena irrisoria para el responsable de uno de los 54 asesinatos ocurridos en el contexto de la revuelta social, de acuerdo a las cifras que maneja la Agrupación de Familiares y Amigos de Asesinados en el Estallido.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado. Desde el 18 de octubre hemos sido testigos de cómo el actuar del Poder Judicial ha sido, por decir lo menos, deficiente y de cómo los ejecutores materiales de los más 50 asesinatos, en su gran mayoría, no han sido condenados. Así también ha sucedido con la mayoría de los responsables de los 3.838 heridos y de las más de 460 personas que resultaron con lesiones oculares. De hecho, de acuerdo con un reportaje de Ciper publicado en marzo de este año, la Fiscalía había cerrado sin formalizados el 46 por ciento de las causas por violaciones a los derechos humanos.

Tal como se señala en este proyecto, los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre dejaron al descubierto un sistema político y judicial que, a pesar de haber transcurrido 30 años desde la vuelta a la democracia, sigue manejándose y funcionando bajo las mismas lógicas instauradas en la dictadura militar bajo la cual estuvo sometido nuestro país.

Ante la falta de justicia y la impunidad que han tenido los violadores de derechos humanos en Chile, considero pertinente y necesario aprobar esta iniciativa, que propone un procedimiento especial para indemnizar a todas las personas que fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como también por la muerte de familiares durante el estallido social.

Tras el retorno a la democracia, pensábamos que nunca más viviríamos una violación sistemática a los derechos humanos. No podemos olvidar que el Estado de Chile sigue sin dar solución a la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar de Pinochet. No podemos permitir que esto también ocurra con las víctimas de los atropellos a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Piñera.

Por eso, aprobaremos este proyecto, buscando un mínimo gesto de reparación, y seguiremos trabajando para lograr justicia y el fin de la impunidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, por fin llegamos a discutir el segundo informe de este proyecto dilatado por Chile Vamos durante la última sesión, con más de diez parlamentarios hablando lo mismo una y otra vez, como si este momento no fuera a llegar nunca. Esa lamentable señal de poca empatía es la que ve la gente que sigue estas iniciativas, y son las gotas que van sumando la indignación de nuestro pueblo, que finalmente derivan en descontento y protestas.

Y después dicen: “No lo vimos venir”.

Bueno, el momento llegó, y este proyecto, idéntico al que tuvimos hace una semana, no contará con el apoyo ni la comprensión del oficialismo. Nos dirán que los vecinos de la plaza Dignidad -así lo han señalado también tienen derechos humanos, y con eso se excusarán. Al menos, ellos así lo creen.

Por lo tanto, al oficialismo y a los parlamentarios y parlamentarias de derecha les diré algo con mucha claridad: no se asusten, ustedes también tienen derechos humanos. Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad, no solo de la izquierda, y aunque no lo crean, es así. No se asusten, porque tener derechos humanos no los convierte en personas de izquierda, sino en seres humanos, porque siempre dicen en tono de reclamo que los derechos humanos parecen ser solo de la izquierda, ya que nunca les toca a los carabineros ni mucho menos a ellos.

Más allá de la ignorancia reiterada que muestra dicha afirmación, hay una razón por la que sucede eso, y es porque nunca la violencia estatal en Chile se ha ejercido contra la derecha: no saben lo que es protestar por no tener casa y que les respondan a palos, con aguas contaminadas y gases venenosos. En nuestro país, el Estado no reprime a la derecha, y cuando se juzga a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos, exigen respeto por sus derechos, y lo logran.

Sin embargo, cuando sucede al revés, eso no es así. Y cuando los afectados por la represión piden reparación, se les niega, reprochando que cometieron actos violentos e ilegales. Entonces, no solo los reprimen, sino que además niegan la justicia y la reparación. Eso pasa porque el Estado chileno es clasista, defiende a una clase social, y además es antipopular. Todas las leyes que persiguen y justifican la represión tienen, indefectiblemente, una motivación política: defender el orden vigente, criminalizar la protesta social y política.

Por eso, nunca les pasa a ellos. No tienen idea sobre el significado de ir al exilio; cuando salen del país es para ir de vacaciones. No tienen idea de lo que significa tortura; cuando reciben la corriente en sus cuerpos es probablemente porque no saben cambiar un enchufe; cuando sus seres queridos pierden la vida, probablemente es por razones naturales, pero nunca porque los militares los acribillaron en la esquina de su casa por pedir pan y trabajo, como fue el caso que conocí la semana pasada de Iván Aqueveque Antileo , de Cerro Navia. Claro, en sus casas sobra el pan, y son dueños de empresas.

Por eso, vamos a aprobar este proyecto. Espero que, al menos por empatía, esta Cámara también lo haga.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, los derechos humanos deberían ser un patrimonio universal de todas las fuerzas políticas y democráticas. lamentablemente, escuchamos discursos de diputados de Chile Vamos que parecen ignorar o no reconocer, algunos intencionalmente y otros simplemente por ignorancia, el valor fundamental de los derechos humanos, los cuales tienen su origen en las ideas liberales de la Ilustración, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y también en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, documento feminista olvidado, redactado en el marco de la Revolución francesa y en paralelo a la Declaración que hoy se conoce universalmente.

Aquellos son los orígenes del respeto irrestricto al otro, independientemente de sus ideas políticas, de su religión o de su raza. No obstante las diferencias que existen entre los seres humanos, hay valores fundamentales que limitan el ejercicio del poder. Por eso, la definición más clara de violación a los derechos humanos es cuando el Estado, a través de sus agentes, viola derechos fundamentales, como sucedió en Chile durante la dictadura y también durante el estallido social, después del 18 de octubre de 2019, en el que agentes del Estado violaron derechos humanos fundamentales.

Por ello, hoy existen más de 5.500 investigaciones en curso y esperamos que no ocurra lo que sucedió en el pasado y se establezca justicia. En tanto, nuestro deber como Congreso Nacional es otorgar reparación a quienes terminaron siendo víctimas del abuso policial y estatal por protestar, muchos de ellos pacíficamente.

Lamentablemente, el gobierno no entendió que el ejercicio del poder tiene un límite y, por tanto, la manera en que se ejerció la represión no fue legítima. Tampoco fue legítima la declaración de guerra que hizo el Presidente de la República en contra de una mayoría que exigía cambios y que un agente del Estado le mutile los ojos a los jóvenes que estaban protestando.

Votaremos a favor del proyecto, para que exista reparación y también para que el gobierno, el Estado de Chile, se comprometa a no repetir esos hechos, lo cual constituye otro de los compromisos a los que nos obligan los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Espero que la derecha, de una vez por todas, después de todos los errores históricos que ha cometido, entienda que los derechos humanos son un patrimonio universal y que debemos abrazarlos todas y todos, en cualquiera circunstancia histórica, porque no hay justificación para violar los derechos humanos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”.

Señor Presidente, ahora entiendo, dado su discurso de odio, por qué perdió Daniel Jadue , el candidato presidencial del diputado Boris Barrera , pues, claramente, el pueblo no quiere aquello.

Señor Presidente, por su intermedio, le pregunto al diputado Barrera si aquella persona que perdió su trabajo, que no tiene la libertad de laborar, porque el Estado no le otorgó la seguridad para evitar que delincuentes que lanzaban bombas molotov quemaran su local, no fue vulnerada en sus derechos humanos. ¿Esa persona no tiene derecho a que el Estado repare el daño moral sufrido por el incendio de su local?

El diputado Boris Barrera se equivoca una vez más. Los derechos humanos son universales.

Ahora bien, si un agente del Estado lesiona a una persona, por cierto, debe haber reparación. Asimismo, si una persona era propietaria de un restaurante y las medidas de seguridad no pudieron evitar que fuese quemado, lo que trajo como consecuencia que perdiese su fuente laboral, porque el Estado no llegó a tiempo a defenderlo, también debe ser objeto de reparación, también tiene que recibir justicia.

Eso es lo que usted, diputado Barrera -por su intermedio, señor Presidente-, no puede ver, porque siempre está sembrando un discurso de odio, de poca tolerancia.

Diputado Barrera, entienda que Chile cambió, que Chile habló, y se requiere reparación y justicia para todos por igual, sin discriminación, sin sembrar el odio ni la violencia, como usted y el Partido Comunista suelen hacerlo.

Por cierto, siempre voy a apoyar los proyectos que no vayan en contra del principio de igualdad ante la ley, lo cual significa que todos y todas tienen el legítimo derecho a ser reparados; sin embargo, lo único que hace este proyecto de ley es sembrar dudas y no creer en el Estado de derecho.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia ) [vía telemática].-

Señor Presidente, qué complejo ha sido en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios discutir un proyecto tan importante, que busca que el Estado asuma la responsabilidad por las víctimas. Lamentablemente, las miradas diversas nos impiden avanzar en reparación, en justicia y en que no se repita lo sucedido en Chile.

Hasta hoy, la dictadura no ha reparado el daño causado a todas aquellas personas, familiares y sobrevivientes, que fueron torturadas y que exigen justicia, reparación y garantías de no repetición de esos hechos. Su situación es equivalente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, algo que, lamentablemente, los parlamentarios de Chile Vamos no logran entender; sus miradas materialistas solo les permiten ver las pérdidas materiales y no las pérdidas humanas, las mutilaciones, las torturas, las afectaciones y las pérdidas oculares que sufrieron las personas.

En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios recibimos muchos testimonios, pero, no obstante aquello, aún no se logra entender la importancia del proyecto. Por ejemplo, recibimos a la madre de Romario Veloz Cortez y a sus abogadas, quienes nos relataron cómo fue asesinado. También escuchamos lo sucedido con Rolando Robledo , Gustavo Gatica y Fabiola Campillai . Todavía no obtiene justicia Maicol Yagual ni existe reparación o una política de apoyo a las víctimas, como lo ha señalado la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.

No hay esa sensibilidad en los diputados y las diputadas de derecha. No logro entender qué es lo que quieren ni por qué no han establecido la responsabilidad de este gobierno de presentar iniciativas para mejorar las condiciones económicas de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esa es responsabilidad de su gobierno y no lo ha hecho.

Por lo tanto, invito a todos los diputados y diputadas a apoyar con convicción este proyecto tan necesario para la reparación de las víctimas. Es importante sumarse a la aprobación de esta iniciativa.

Ha sido difícil en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios tramitar el proyecto y evacuar un segundo informe. Hoy, la invitación es a avanzar en verdad, en justicia, en reparación y en garantías de no repetición. Por lo tanto, hay que hacerse responsable.

En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios hemos tenido la participación y también el análisis…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, honorable diputada. Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley refleja una vez más la irresponsabilidad de quienes quieren incentivar la violencia o validarla, en circunstancias de que en el país existen mecanismos jurídicos para reparar a las víctimas de cualquier tipo de violación de los derechos humanos o de falta de servicio por parte del Estado.

Catorce mil microempresas y pequeñas empresas sufrieron los efectos de la violencia, sin mencionar el gran arco de violencia y daños que se produjeron durante esas manifestaciones, las que no fueron provocadas por quienes marcharon pacíficamente, ni tampoco por las fuerzas de orden y policiales, sino por hordas organizadas y dirigidas para causar ese efecto.

Una diputada que me antecedió en el uso de la palabra se quejaba amargamente porque la sentencia que recibió el carabinero por el atropello de un manifestante en el Club Hípico era baja. Ella califica eso como un acto de violación de los derechos humanos, de asesinato, pero no menciona el hecho de que una horda de manifestantes estaba apedreando un camión que transportaba ganado. En ese caso no les importan los animales; son animalistas solo cuando les conviene. El manifestante fue atropellado en circunstancias de que cometía una ilegalidad, pues atacaba a pedradas ese camión en el contexto de una batalla campal. ¿A ese tipo de personas quieren darle indemnización? Ello se encuentra en amplia y completa contradicción con la igualdad ante la ley respecto de los miles de chilenos que fueron objeto de violencia, especialmente pequeños comerciantes, pequeños emprendedores, que durante el mal denominado estallido no tuvieron la oportunidad de salir a ganarse la vida, porque las calles estaban tomadas por los violentistas y manifestantes.

Aquí no se trata del valor de los derechos humanos en su sentido universal, al cual todos adherimos, sino de no hacer discriminaciones odiosas y premiar a quienes salieron a causar violencia, versus aquellos que fueron objeto de la violencia, que –reitero no provino ni de las fuerzas policiales ni de los manifestantes pacíficos, sino de quienes se organizaron para provocar ese resultado. Distinto es el caso de personas que fueron objeto de una violación, de un ilícito por parte de la fuerza policial, las que tienen todo el derecho -para eso está el Estado de derecho de recibir las reparaciones que correspondan.

Este proyecto de ley va en la línea de validar aquello que es impresentable en una democracia, que es el uso de la violencia como una forma de acción política.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, he escuchado con atención las distintas intervenciones. Les quiero decir a los colegas del Partido Comunista y de oposición que voy a votar en contra este proyecto.

Escuché con atención al diputado Boris Barrera , y, la verdad, el discurso apasionado ya no convence a nadie; son dueños de la verdad. El diputado Vlado Mirosevic dijo que un funcionario público le quitó los ojos a un manifestante. ¡Le quitó los ojos! La verdad es que para mí eso es nuevo. Quiero decirlo con toda responsabilidad.

Se habla del atropello de los derechos humanos durante el gobierno militar, pero no se dice nada de los atropellos de los derechos humanos en el gobierno de la Unidad Popular, de los 1.000 días y 1.000 noches terribles que vivimos los chilenos. ¡No se dice absolutamente nada! No se dice nada de los 14.000 y tantos comerciantes, microempresarios y pequeños empresarios que perdieron el trabajo que mantenían con tanto esfuerzo. Dejaron a millones de chilenos cesantes.

Se habla del estallido social. Comparto que hubo un estallido social, que era necesario poner en el tapete muchas deficiencias e ilegalidades que se estaban cometiendo, pero no se dice nada del estallido delincuencial. Eso sí que fue grave, pues se mutiló a mucha gente.

Cuando aparecen compañeros de ustedes con hondas, tirando piedras o tirando bolitas, ¡claro, ellos no perjudicaron a nadie! El diputado Vlado Mirosevic señala que a un ciudadano que estaba protestando le quitaron los ojos, le dañaron los ojos. Bueno, ¿y qué pasa con mis derechos humanos? ¿Qué pasa con los derechos humanos de las personas que trabajaban en mi oficina parlamentaria, la que fue quemada en Coronel cuando ocurrió el estallido delincuencial? Nadie se preocupa de aquello. ¡No solo un sector de los chilenos tiene derechos humanos! Creo que eso es grave.

Tenemos que ser honestos, transparentes, decir la verdad. No estoy de acuerdo en reparar económicamente a los que salieron a destruir el país, por lo que voy a votar en contra el proyecto, así tenga que sufrir las penas del infierno por parte de los colegas del Partido Comunista. Espero que nadie me venga a increpar hoy por decir lo que siento y lo que pienso.

Mi derecho humano es expresar lo que siento, decir que lamento lo que está pasando. Lamento cuando hablan del gobierno de la dictadura. Para mí fue un gobierno militar que nos recuperó la democracia, que puso al país de pie, que logró que los chilenos nos sintiéramos orgullosos de ser chilenos. Hoy queremos destruir la bandera, eliminar el himno nacional, queremos eliminar todo lo que nos representa.

Lamento lo que está pasando. Por eso, orgulloso, voy a votar en contra este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen) [vía telemática].-

Señor Presidente, aprobar este proyecto se erige como un imperativo de justicia y una expresión de la responsabilidad que tenemos las y los diputados de la república de hacer algo tan elemental como agilizar un procedimiento para que el Estado cumpla una de las obligaciones que le surgen con quienes fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales por agentes del Estado, es decir, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad, que es un concepto que desarrolla la comunidad internacional desde hace más de setenta años para proteger la condición humana, de lo cual, en este hemiciclo, para vergüenza nacional, hay quienes todavía no se enteran.

Hablo de obligaciones, pues la obligación de reparación integral del Estado surge junto con la de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos y, además, garantizar su no repetición. Aún más, dentro de la gran obligación de reparación integral, este proyecto busca solo agilizar la reparación pecuniaria, que cubre solo el aspecto compensatorio de la obligación del Estado.

En rigor, la obligación de reparación del Estado no es cualquier reparación. De acuerdo a los estándares internacionales, comprende aspectos tan importantes como la restitución in integrum. Evidentemente, para quienes fueron mutilados en sus ojos, no será posible la restitución, la rehabilitación y la garantía de no repetición.

Si analizamos la información recibida en las comisiones permanentes e investigadoras de esta Cámara, se hace evidente que el incumplimiento por parte del Estado es casi total. Hablamos de víctimas que por el hecho de ejercer su legítimo derecho a la protesta social fueron mutiladas y cegadas, como Fabiola Campillai y Gustavo Gatica ; hablamos de más de 450 personas que perdieron uno de sus ojos; de quienes quedaron postrados de por vida, como Mario Acuña ; de quienes fueron aplastados, como Óscar Pérez ; de quienes fueron torturados o simplemente asesinados, como Álex Núñez , Romario Veloz , Manuel Rebolledo , Kevin Gómez , José Uribe, Abel Acuña , Ariel Moreno , Jorge Mora y tantos más.

Cómo no aprobar este proyecto si hay un dato objetivo a tener en cuenta: el Consejo de Defensa del Estado respondió a una demanda de 22 víctimas de trauma ocular, negándose a la indemnización no solo sobre la base de criterios civilistas comunes, ignorando todo el derecho internacional relativo a los derechos humanos, sino, además, respaldando el actuar de Carabineros, señalando, además, que no habría ilicitud en sus acciones. Ello es particularmente peligroso, porque el pronunciamiento proviene del Consejo de Defensa del Estado.

Para mayor gravedad, esto…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, no me voy a referir a la aberración jurídica que está contenida en este proyecto de ley, porque ha sido latamente discutida, no solo en la comisión técnica, sino también en la Sala, en su primer trámite reglamentario; pero sí me voy a referir a una parte de la realidad que obvia un sector de este Congreso.

Una parte de la realidad de la denominada “zona cero” de la Región Metropolitana es que, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, el 30 por ciento de los comercios murió, siete mil puestos de trabajo se perdieron y miles de personas hoy están con traumas psicológicos permanentes fruto de la acción de los violentos.

Por lo tanto, lo único que puedo decir de este proyecto es que resulta absolutamente incompleto e injusto. Es incompleto, porque, evidentemente, hay personas a las que la acción de las policías causó un efecto, por lo que deben ser reparadas. Pero las personas afectadas por los siete mil puestos de trabajo perdidos, esos comerciantes y esas familias también deben ser recompensados. En este punto, quiero nombrar a algunas de ellas: Carmen León , Verónica Romero , Andrés Salvatierra , José Monsalves , Álvaro Jadue y tantos otros más. Todas las personas con las que hemos estado en la zona cero piden clemencia. Ellas dicen: “¡Basta de violencia!”. A esas personas nadie las mira.

La Comisión de Derechos Humanos hizo su pega incompleta, porque no citó a esa instancia a aquellas personas cuyos derechos humanos fueron violados por grupos organizados de violentos que les cagaron la vida. ¡Esa es la realidad! Insisto en que este proyecto es absolutamente incompleto e injusto.

Como dijimos en una sesión especial hace unas semanas, si de verdad queremos sanar el alma de este país y terminar con la lógica de los buenos y los malos, debemos hacer proyectos que otorguen verdad y justicia para todos, y que no dejen a nadie a un lado. Este es un proyecto que deja a un lado a miles de personas, no solo de la zona cero de la Región Metropolitana, sino de todas las zonas cero de nuestro país.

Por eso, dado que la oposición se negó siquiera a recibir y a escuchar a esas personas, así como también a discutir nuestras indicaciones, vamos a rechazar este proyecto, porque es injusto.

Esas personas cuyos derechos humanos fueron violados también requieren reparación, verdad y justicia, como aquellos…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, hace algunas semanas, como bancada del Frente Amplio, nos reunimos nuevamente con familiares de jóvenes que han sido detenidos en el marco de la protesta social. La situación es realmente dramática: jóvenes que permanecen en prisión preventiva, sin ninguna prueba suficiente, alejados de su familia. Asimismo, en el caso de quienes han recibido condenas por delitos graves, la acreditación de las pruebas también es dudosa si se revisa el detalle caso a caso.

Hoy discutimos un proyecto que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de las movilizaciones.

Al respecto, los derechos humanos deben ser garantizados y protegidos por el Estado, algo que se ha relativizado en esta discusión en la Sala. Cuando en esos hechos hay agentes del Estado involucrados, como carabineros, constituyen violaciones a los derechos humanos. No puede haber matices en esta materia. Además, hay pactos internacionales suscritos por Chile que obligan a actuar decididamente.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras el estallido social, Carabineros hizo un uso de la fuerza completamente desproporcionado, en contra de sus propios protocolos. De eso no hay duda. Hay organismos internacionales que también informan sobre aquello.

El balance tras el estallido social es trágico: cientos de víctimas de tortura sexual, cientos de personas con trauma ocular, miles de heridos por la acción de agentes del Estado y personas que perdieron la vida. Esa es una evidencia irrefutable. Eso no debió suceder.

Tenemos que hacer algo como país, no solo para otorgar reparación a las víctimas, sino también para que nunca más se repitan esas graves violaciones a los derechos humanos.

Aunque algunos no lo comprendan, el derecho a la manifestación sí existe y es parte de los derechos civiles y políticos.

Las víctimas de la revuelta social son víctimas reales que deben sobrevivir a diario con su nueva vida. Mario Acuña , de la comuna de Buin, quedó prácticamente postrado después de una brutal golpiza de carabineros. Con medios propios, su familia tuvo que adaptar una habitación para poder brindarle una vida digna dentro de las condiciones en que está. El Estado no ha estado presente.

Fabiola Campillai , de San Bernardo, víctima de trauma ocular, ha debido enfrentar la pérdida total de la vista y los daños psicológicos.

Por Fabiola Campillai y miles de víctimas, apoyaré este y todos los proyectos que contribuyan a buscar la verdad, la justicia y la reparación en mi país.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, honorable Cámara de Diputados, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para hacer reserva de constitucionalidad en contra del proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de las víctimas de las movilizaciones sociales, porque este infringe abiertamente las garantías reconocidas en nuestra Constitución, específicamente el artículo 19, número 3°, en relación con la noción del debido proceso, en primer lugar, porque la Constitución vigente establece en esa disposición el debido proceso, cuando señala que toda sentencia debe basarse en procesos e investigaciones que deben ser racionales y justos. Y esto es de la esencia: deben ser racionales y justos. Por ende, se nos impone a los legisladores un estándar que no es posible desconocer, y que en este proyecto no se cumple en ninguna medida.

Desde luego, es imposible que una norma como la que se está discutiendo declare, por ejemplo, que una víctima -de más está decir que puede ser considerada en forma individual o colectiva; pero ¿cómo se sufren daños como los descritos, torturas o apremios ilegítimos, de manera colectiva?–, para obtener una reparación, se le considera la presunción de ser la ofendida del delito. Se presume por la sola denuncia en instituciones que ni siquiera son las acreditadas por nuestra institucionalidad procesal vigente. Eso genera niveles de incertidumbre jurídica que la Constitución prohíbe expresamente.

Presume, además, la calidad de víctima y, peor aún, en flagrante vulneración de nuestra Carta Fundamental, da por probado el daño moral y la falta de servicio del Estado.

Más todavía, las definiciones que deberían delimitar y objetivar quiénes pueden acceder a este procedimiento y quiénes no pueden hacerlo no son solo arbitrarias, porque dejan fuera a grupos de personas en las mismas situaciones solo por el hecho de pertenecer a instituciones como las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, sino que son absolutamente tenues y grises: la definición de “estallido social”, con una fecha de inicio y sin una fecha de término, es una ambigüedad improcedente.

Por otro lado, en este proyecto de ley se impide la bilateralidad de la audiencia, principio base del debido proceso, cual es permitir igualdad de oportunidades de defensa, igualdad de oportunidad de escuchar y ser oído, todo lo cual es desconocido en este proyecto, al menos, en tres partes.

Primero, porque dispone que la audiencia en la cual se rindan pruebas, y a partir de la cual se dan cinco días al tribunal para que falle sobre el fondo, tendrá lugar sea que esté o no el demandado, lo que se traduce en una imposibilidad de defenderse. Más aún, impide la posibilidad de contrainterrogatorio, vulnerando lo que se conoce como “igualdad de armas” en el proceso.

Por último, dispone una apelación que solo se tramitará “en cuenta”, es decir, la corte conoce de una materia sin previo anuncio a las partes acerca del día y hora en que se efectuará, que estas no tienen derecho a escuchar la relación que haga de la causa el relator ante los jueces del tribunal que resuelve, y que tampoco tienen derecho a hacer alegaciones verbales, lo que, sumado a las condiciones anteriormente dichas, constituye claramente un diseño que, por tener tanta premura, vulnera la racionabilidad y justicia del proceso.

Finalmente, estamos en presencia de un proyecto que es jurídicamente improcedente, inconstitucional, irracional y que no tiene el mínimo estándar para asegurar lo que los parlamentarios quieren asegurar, que es el derecho a la reparación, que el gobierno comparte.

Por eso, Presidente, con mucho respeto, este proyecto de ley infringe abiertamente garantías fundamentales que están recogidas en nuestra actual Constitución, que sigue vigente mientras no se sancione un nuevo texto.

Hago esta reserva bajo la absoluta convicción de que la protección de los derechos humanos requiere de procesos justos y claros, no de procesos bien intencionados pero mal diseñados, que atropellan garantías constitucionales.

Este proyecto no cumple con el estándar del artículo 19, número 3º, porque no establece las bases para un procedimiento racional y justo en base al cual debe dictarse una sentencia.

Por eso, hacemos la respectiva reserva de constitucionalidad.

He dicho.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, nuestra democracia tiene muchísimas e históricas deudas en derechos humanos.

Hace solo dos semanas, lamentamos, con mucho dolor, la partida de Luisa Toledo , quien dejó esta tierra sin obtener verdad ni justicia frente a los infames asesinatos de sus hijos en dictadura. Y a pesar de que muchos vociferan el eslogan “Nunca más en Chile”, bastó el salto de un torniquete para que el Estado y sus agentes desataran nuevamente la más dura represión contra su propio pueblo.

Las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico son elocuentes. Entre octubre de 2019 y octubre de 2020 hubo 3.838 personas heridas -que no es lo mismo que te saqueen un local-; 460 personas con traumas y lesiones oculares graves -¡les sacaron los ojos!, así se dice literalmente-; dos personas terminaron con ceguera total, y todo ello sin contar los 34 fallecidos en el contexto del levantamiento popular de octubre. En muchos de ellos hubo directa participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Detrás de esas cifras existen personas y familias que están viviendo en carne propia las consecuencias de la violación de sus derechos fundamentales por parte del Estado. A más de un año y medio del inicio del estallido social, la gran mayoría de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos siguen sin obtener justicia ni reparación, mientras sus infames victimarios están en completa impunidad.

La situación de Fabiola Campillai es dramática. He podido estar en su casa; es una mujer trabajadora, sanbernardina, que perdió sus ojos, su olfato y su gusto tras el brutal y criminal ataque del capitán de Carabineros Patricio Maturana.

Más de un año y medio ha pasado desde esos hechos, pero los tribunales -para que usted sepa, señor Presidentesiguen dilatando la obtención de justicia, pues la Fiscalía ha solicitado ampliar el plazo de investigación y la defensa ha pedido reevaluar el arresto domiciliario del único imputado. Lo que va a pasar es que aquel que le arrebató los ojos a Fabiola Campillai no va a estar ni un día en la cárcel.

¿En qué está el juicio contra el teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo , que cegó a Gustavo Gatica ? ¿En qué está el juicio contra los funcionarios de Carabineros que le propinaron una brutal golpiza a Mario Acuña en la comuna de Buin, que lo dejó con muerte cerebral? ¿En qué está el juicio contra los funcionarios de la Armada, infantes de marina, que atropellaron y provocaron la muerte de Manuel Rebolledo, el joven de Talcahuano? ¿Y en qué está el juicio por atropello y muerte de un querido hermano colocolino, Jorge Mora , “El Neco”?

Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el levantamiento popular merecen que el Estado se haga cargo. Esa es nuestra urgencia: que en nuestro país se haga justicia y se demuestre en los hechos que ningún ciudadano está por sobre la ley.

Por todo lo señalado, invito a todos en este hemiciclo a aprobar este proyecto de ley, por Gustavo Gatica , por Fabiola Campillai , por todos aquellos que aún buscan justicia, y especialmente por “El Neco”.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, he visto proyectos malos en este Parlamento, pero este es pésimo.

La verdad es que quieren hacer aparecer como víctimas a los vándalos, a aquellos que prácticamente destruyeron el país, mientras que a las víctimas reales, a aquellos que perdieron su trabajo, a quienes perdieron locales comerciales y empresas que eran atractivas en ciertos sectores de las “zonas cero” en todo el país, no los tratan como víctimas. Ellos están cerrados, quebrados y no se podrán levantar producto de esos vándalos a los que ahora, además de que quieren liberarlos de polvo y paja -dicen que son como 500, pero son 25 los que quedan en prisión preventiva-, quieren, como siempre lo quiere la izquierda, sacar plata del Estado para que vivan de arriba.

La verdad es que esas víctimas no son tales, porque, en primer lugar, debe haber un juzgamiento por parte de las cortes antes de decir que el estallido social trajo esas víctimas. Y les pongo una fecha: 7 de octubre -por poner una fecha-, pero esto tampoco tiene fecha de término. O sea, si se aprueba este proyecto de ley, por ejemplo, y en un año más una persona provoca un estallido social, también va a ser víctima, de acuerdo con este proyecto. Pero dejan fuera a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, a la Policía de Investigaciones, al Ejército, etcétera. ¿Por qué? ¿No son víctimas también?

¿Y qué pasa con las víctimas de mi Región de La Araucanía? Ellas sí que son víctimas, las víctimas de la violencia en La Araucanía, que nunca han sido resarcidas absolutamente en nada.

¿Qué pasa con Seferino González , quien, por un disparo de los terroristas de la CAM de hace unos días, todavía se debate entre la vida y la muerte? ¿O van a poner como víctima a Pablo Marchant , quien andaba con un fusil M-16, y también lo van a indemnizar? ¡Por favor!

¿Qué pasa con las víctimas de Carabineros en la Región de La Araucanía, con los agricultores y con sus trabajadores? Ayer le tomaron su predio al agricultor Rolando Reinike , a quien le incendiaron gran parte de sus cosas, lo amenazaron, le robaron cuatro tractores, dos rastras, etcétera, y a vista y paciencia; estaban ahí, en los galpones, y se los llevaban.

Ellos son las víctimas: los camioneros y sus choferes; ellos son víctimas: los contratistas forestales y sus trabajadores; de todas maneras son víctimas, y por eso espero que no se apruebe este proyecto y se resarza a las víctimas de la violencia en La Araucanía.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, si tuviera que referirme a las palabras que expresó recién en este hemiciclo el diputado Miguel Mellado , me quedaría corta al tratar de calificar lo que acaba de decir.

Cuestionar que las víctimas sean tales me parece absolutamente aberrante. Es como tratar de esconder la responsabilidad que tienen los violadores de derechos humanos en nuestro país. Me parece aberrante. De hecho, solicito que se saque del acta ese tipo de referencias.

Chile tiene una herida que aún no ha cicatrizado. Las violaciones de derechos humanos que se vivieron en nuestro país a fines de 2019 en el contexto de la movilización social rememoraron el pasado dictatorial que marcó a la generación de nuestros padres y de nuestras madres. Esa es la historia de nuestro país, una historia en la que los derechos cuestan y cuestan caro.

Contar con el actual proceso constituyente, que en estos últimos días nos ha llenado de esperanza, les costó la vista a cientos de ciudadanas y ciudadanos, la tranquilidad de sus seres queridos, la seguridad de poder manifestarse y de ejercer su derecho después de vivir una violencia tan traumatizante como aquella de la cual fueron objeto. Hay lesiones que quedarán en sus cuerpos y también hubo quienes perdieron la vida, como el caso de Manuel Rebolledo , con cuya familia la bancada del Frente Amplio nos acabamos de reunir, porque necesitan apoyo y justicia, y no el respaldo que, lamentablemente, ha recibido el infante de Marina, el asesino de Manuel Rebolledo , que desgraciadamente aún no paga, porque está libre, a pesar de lo aberrante de su accionar.

También ha costado la libertad de quienes se encuentran en prisión preventiva por más de un año, porque las autoridades utilizaron mañosamente la Ley de Seguridad del Interior del Estado en sus casos, con la cual se han valido para aplicar medidas cautelares tan gravosas como la prisión preventiva. Si esos delitos comunes hubiesen ocurrido en otros contextos y no se les hubiera aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, no habrían cumplido prisión preventiva.

Precisamente hoy, se cumplen doce días de la toma de la Oficina del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde organizaciones sociales también están reclamando y exigiendo justicia, verdad y reparación para las víctimas de este mal manejado gobierno.

Refundar un país requiere justicia; refundar un país requiere enfrentar la verdad y la responsabilidad detrás de los hechos tan graves como los que se vivieron en nuestro país.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto que es absolutamente trascendental para que en este país la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos consideren que hay justicia y que ella vale la pena, se ejerce y se cumple en Chile.

Si no hay reparación y no se hace efectiva la responsabilidad civil del Estado en relación con personas que han sufrido daños tan graves como los oculares o como la injusta y arbitraria prisión preventiva durante meses y meses, con el sufrimiento que eso significa para ellos y para sus familias, la verdad es que podemos decir que en Chile no hay justicia.

Lo que estamos pidiendo y lo que debemos votar responsablemente las diputadas y los diputados es si queremos o no y si tenemos voluntad o no de hacer justicia con quienes han ejercido derechos humanos fundamentales, como es el de movilizarse, el de protestar y el de ejercer el sagrado derecho a reunión que existe en todas las democracias. Sin ese derecho a la expresión y a la reunión, no hay democracia.

Los que lo han ejercido han sido detenidos y a muchos de ellos sin que se les haya podido probar cargo alguno. No estamos hablando de aquellos a quienes se les puede imputar un delito, donde la policía y los organismos de investigación debieran haber sido capaces de comprobarlos. Estamos hablando de quienes se manifestaron, ejercieron sus derechos, fueron reprimidos y detenidos y llevan casi un año en prisión preventiva sin derecho a justicia.

Por eso, podemos decir con mucha claridad que no hay reparación posible para quienes han perdido uno o sus dos ojos, para que tengan la esperanza y la posibilidad de vivir dignamente como seres humanos.

Por eso, como bancada del Partido por la Democracia, vamos a apoyar este proyecto, que en verdad merece ser apoyado, ojalá por la inmensa mayoría de las y los diputados, para que haya justicia en Chile y reparación para quienes han sido ofendidos, y cuyos derechos…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, pienso que con este proyecto nos hemos perdido una tremenda oportunidad.

En un principio, lo voté en general, esperando que se acogieran algunas indicaciones, pero lamentablemente eso no ocurrió. Y hoy el proyecto ya es definitivo y vulnera la igualdad ante la ley, porque crea un procedimiento especial para que quienes sufrieron lesiones, mutilaciones o muerte de familiares en el contexto del estallido social puedan demandar la indemnización al Estado de manera veloz, ya que “veloz” es la palabra que se utiliza.

Entonces, unos, con reglas generales, los que están hoy en estos procesos largos, y otros podrán demandar al Estado en forma exprés y con un proceso que, para mi gusto, tiene algunas falencias.

El proyecto crea discriminaciones arbitrarias -nadie puede decir lo contrario-, no solo respecto de la población en general, sino también entre las mismas personas que fueron afectadas por el estallido social. Muchos fueron afectados.

El proyecto excluye expresamente como posibles víctimas a todas esas personas que estaban cumpliendo sus funciones y que también son seres humanos: carabineros, policías de Investigaciones, miembros del Ejército y de la Armada de Chile. Me parece que esta es una discriminación arbitraria y por ello nos perdimos una tremenda oportunidad.

Además, excluyeron -el diputado Torrealba presentó una indicación en ese sentido a todas aquellas personas que fueron víctimas, como los locatarios que perdieron todo su trabajo en estas manifestaciones, y los vecinos de la “zona cero”.

Este proyecto de ley se enfoca, lamentable y exclusivamente, en los casos de manifestaciones sociales ocurridas durante el estallido social y para un grupo de personas específicas, respecto de las cuales se busca aplicar un procedimiento diferenciado.

Me parece que nos debemos preguntar cuál es el criterio para definir el período denominado como “estallido social” y qué corresponde, en derecho, para hacer una diferencia mediante ley respecto a las personas que pudieron haber sufrido vulneración de sus derechos humanos en situaciones similares, pero durante períodos anteriores o posteriores a esa fecha.

La diputada Emilia Nuyado lo dijo clarito: no se ha reparado aún a los que sufrieron atropellos a los derechos humanos durante la época de Pinochet.

Es más, ¿qué pasa con los atropellos en La Araucanía, a alguna persona o familiar que sufrió algún atropello en sus derechos humanos en otra circunstancia? ¿Dónde queda el caso de don Ceferino González , que hoy se debate entre la vida y la muerte?

Al ver que el proyecto sigue siendo egoísta y no los acoge a todos y a todas, no lo puedo aprobar. La velocidad debe ser para todos y todas en cualquier caso cuando los derechos humanos hayan sido vulnerados.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, en derechos humanos hay solo un estándar: estos son inviolables en todos los países, en todos los gobiernos y en todos los momentos.

Esto lo escuchamos una y otra vez, por años, de la coalición de gobierno. Y es irónico, porque es ese gobierno justamente por el que estamos hoy discutiendo otra vez el tema de no repetición, de condena a la violaciones a los derechos humanos y de un proyecto de ley que busca reparar a las víctimas de la violencia que el Estado ejerció sobre los pueblos de Chile durante el estallido social.

La verdad es que todo es muy irónico en esta discusión. Llevamos años, quizás décadas, en que la derecha nos exige a quienes estamos de este lado a que mostremos nuestras credenciales republicanas y que condenemos las violaciones a los derechos humanos en múltiples países para certificarnos como demócratas. Es irónico, porque pareciera que sobre nosotros y nosotras carga el peso de la historia, como si las familias de detenidos y detenidas desaparecidos fueran de derecha, como si la dictadura asesina aquí, en Chile, hubiera sido una dictadura de izquierda y como si esa dictadura hubiese declarado a Renovación Nacional y a la UDI como partidos ilegales.

Todo es irónico, porque probablemente el único lugar en que la derecha no nos ha pedido que condenemos las violaciones a los derechos humanos es aquí, en Chile. Mientras ese hijo o esa hija no volvía a la casa, mientras los padres sufrían de angustia, mientras los perdigones se disparaban a la cara de las personas, mientras había un actuar criminal de funcionarios de las policías, mientras había denuncias y denuncias sobre tortura, sobre violencia sexual y salían múltiples informes de organismos internacionales alertando acerca de la situación chilena, la derecha no nos exigió que condenáramos las violaciones a los derechos humanos que ellos condenan con tanta vehemencia en países como Cuba o Venezuela.

¿Sabe qué, Presidente? Yo tampoco voy a exigir eso a la derecha. No voy a señalar con el dedo, ni voy a pedir votaciones, ni le voy a cargar a nadie más cuentas que las que ya carga. Quienes votamos a favor no lo hacemos para mostrar credenciales democráticas a nadie, sino por un compromiso que nuestro país adquirió consigo mismo hace muchos años: “Nunca más en Chile”. Y quienes creemos en ese compromiso lo hacemos porque somos parte de él más allá de nuestros colores políticos, pero no más allá de nuestras convicciones.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, creo que ningún diputado o diputada presente tendrá duda de cómo voy a votar.

Una vez más, votaré en contra de este tipo de iniciativas, porque estamos frente a un proyecto de ley que pretende consagrar una indemnización para quienes hayan participado en destrozos, vandalismos y atentados contra la propiedad pública y privada; indemnizar a quienes han condenado a miles de pymes a la quiebra y a la cesantía de sus trabajadores; entregar una indemnización a quienes han tratado de erosionar el Estado de derecho. Con estos proyectos, la izquierda consagra una arquitectura de la impunidad con derecho a viático. Por eso votaré en contra esta iniciativa.

Digamos las cosas por su nombre: se nos presenta este proyecto ¿para entregar beneficios a quiénes? Se nos dice que son presos políticos. Me pregunto, ¿serán presos políticos o delincuentes? Se nos dice que son presos políticos. Y yo me pregunto, ¿serán presos políticos o terroristas? ¡Por supuesto que son delincuentes y terroristas a quienes pretenden entregar una indemnización con cargo a todos los chilenos! Por eso no estoy de acuerdo con este proyecto. Y no me sorprendería que en el transcurso de los próximos días el Partido Comunista o el Frente Amplio pretendiera entregar una medalla al delincuente o al terrorista destacado del mes. ¡Para eso yo no estoy de acuerdo!

Echo de menos que en todos los discursos y en este proyecto se ignore a las víctimas de estos terroristas. Me pregunto, ¿han mencionado, por ejemplo, a la familia del suboficial Cristián Cifuentes , asesinado por terroristas en mayo de 2020; a la del cabo Eugenio Nain , asesinado en octubre de 2020; a la del sargento primero Francisco Benavides , en enero de 2021; a la del subinspector de la PDI Luis Morales, en mayo de 2021? ¿Acaso esas familias no tienen derecho a recibir una reparación? Son ignoradas, porque aquí se privilegia al terrorista y al delincuente y no se entrega ningún beneficio ni una palabra de reconocimiento a las víctimas de estos terroristas y delincuentes, a quienes ahora pretenden entregar una indemnización con cargo al erario nacional.

Por eso votaré en contra este proyecto, y así también lo hará mi bancada.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, en Chile ha habido cuatro misiones internacionales, que fueron muy claras en determinar que, en el marco del llamado “estallido social”, acá se desarrolló una política de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, Carabineros y los militares.

Las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos son categóricas: hubo 36 muertos, 450 personas tuvieron daño ocular, de las cuales 26 sufrieron estallido del globo ocular y 9 perdieron parcial o totalmente la vista; 1.615 personas fueron víctimas de disparos; 1.334 personas, de golpizas; 302 personas sufrieron desnudamientos; 91 personas, tocaciones; 7 personas, violaciones.

La verdad es que ha sido una situación brutal la que se ha vivido.

Sin embargo, a pesar de la gravedad y la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos, la gran mayoría de los responsables no ha recibido condena alguna. No puede ser que la Fiscalía haya cerrado casi el 50 por ciento de los casos sin ninguna formalización y que en varios de estos los fiscales ni siquiera se tomaran el tiempo de entrevistarse con las víctimas.

No es tolerable que el gobierno continúe argumentando que las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados en dependencias públicas, con armamento perteneciente a las instituciones del Estado, sean de carácter individual. ¡Es argumento es impresentable y vergonzoso!

No puede ser que el general director de Carabineros no haya tenido siquiera la decencia de pedir perdón a Fabiola Campillai , una mujer que perdió la vista por la acción directa -¡directa!de carabineros.

No es aceptable que el Consejo de Defensa del Estado proteja los intereses económicos del Estado chileno argumentando la legalidad y legitimidad del accionar de Carabineros, que dio lugar a hechos gravísimos. ¿Qué institución es esa que privilegia la defensa de la plata por sobre la de los derechos humanos?

Yo acuso en este espacio la actuación de un gobierno y de instituciones que han negado, relativizado, ocultado y exculpado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el llamado “estallido social”. Son cómplices pasivos, como dijo el Presidente Piñera . Y ni tan pasivos, sino más bien cómplices a secas, partiendo por él mismo.

Por todo lo anterior, es necesario y urgente dar celeridad a los procesos, dar apoyo a quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos, disminuir la situación de dureza…

La indicación del diputado Bobadilla es para reemplazar el inciso segundo del número 2 del artículo 2, por el siguiente:

“También se considerará víctima, a aquellas personas que hubieren sufrido daños en el ejercicio de sus funciones, que sean miembros de las fuerzas armadas y fuerzas de orden y seguridad; y quienes han sido amedrentados, violentados, o privados del uso y goce de sus bienes, especialmente en la región de La Araucanía.”.

La indicación del diputado señor Bobadilla es para reemplazar el inciso tercero del número 2 del artículo 2, por el siguiente:

“Se excluyen como víctimas, a aquellas personas que hubieren sido condenadas por la comisión de delitos, cometidos dentro del contexto de estallido social que define esta ley, por cuanto las manifestaciones violentas no se encuentran amparadas por el legítimo derecho a la protesta social.”.

La indicación sometida a la reconsideración de la Sala por el diputado señor Bobadilla es del siguiente tenor: “Para reemplazar el número 3, del artículo 2, por el siguiente:

“Movilizaciones sociales en el estallido social: Cualquier hecho consistente en concentraciones masivas de personas con fines de protesta social o de actos de manifestación ciudadana de cualquier tipo, que se hubieren desarrollado en forma pacífica, aun con la presencia de fuerzas especiales o su sucesora, la Unidad de Control de Orden Público de Carabineros o cualquier funcionario de dicha institución, así como del Ejército, Armada o agentes de la Policía de Investigaciones de Chile y/o cualquier otro agente del Estado.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha solicitado reconsiderar la declaración de inadmisibilidad de la siguiente indicación del diputado señor Bobadilla , de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para suprimir en el inciso primero del artículo 3 la siguiente expresión: “El daño moral no debe ser probado y se presume, correspondiendo al tribunal determinar su cuantía.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En consecuencia, se confirma la declaración de inadmisibilidad de la indicación.

Se ha solicitado reconsiderar la declaración de inadmisibilidad de la siguiente indicación del diputado señor Bobadilla , de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para reemplazar el inciso segundo del artículo 3 por el siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, se hará necesario acreditar la concurrencia de la falta de servicio por parte del Estado de Chile.”.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad de la siguiente indicación del diputado señor Bobadilla , de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación es para sustituir el artículo 6 por el siguiente: “6. Prescripción. Las acciones que emanan de esta ley serán prescriptibles conforme a las reglas generales.”.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Finalmente, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 57ª de la presente legislatura, en jueves 8 de julio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, hablar de descentralización no solo tiene que ver con grandes políticas públicas, sino también con pequeños detalles, que para los territorios y quienes los habitamos marcan una gran diferencia en cuanto a calidad de vida y desarrollo.

Proyectos como el que hoy se encuentra en discusión atienden con certeza dos de las más complejas realidades con las cuales los habitantes de las zonas extremas hemos tenido que convivir por décadas: la falta de conectividad y el aislamiento.

Para quienes residen en la capital, la historia puede carecer de trama, porque cuando requieren la atención de un médico especialista piden su hora y asisten el día que corresponde, y, eventualmente, incluso pueden comenzar su tratamiento de forma inmediata, sin considerar otros factores. Sin embargo, gran porcentaje de la población que vive en Magallanes, Aysén , Chiloé , Arica o en la Región de Tarapacá carece de las mismas oportunidades, ya sea por la falta de especialistas médicos en las comunas o provincias, o por los elevados costos y las dificultades que implica el desplazarse desde esos territorios hacia las ciudades con mayor desarrollo. Lo mismo sucede con los viajes de compras, de vacaciones o de turismo.

Así las cosas, la imposibilidad de predecir qué sucederá mañana, ya sea por las condiciones climáticas de zonas como Aysén o Magallanes , por factores familiares o económicos, o incluso por complicaciones laborales, es el fundamento clave para respaldar la posibilidad de endoso de los billetes aéreos.

Este proyecto pondrá término a las interrogantes de miles de personas que alguna vez se quedaron con un pasaje aéreo comprado, sin poder usarlo, como ha ocurrido ahora último, por ejemplo, por la pandemia.

El proyecto modifica el Código Aeronáutico y determina que el pasajero tendrá derecho a transferir libremente y sin costo alguno el billete o pasaje aéreo emitido a su orden a cualquier persona natural.

El transportador, por su parte, deberá proveer al pasajero, todos los días del año, las veinticuatro horas del día, de canales o de servicios de comunicación de acceso gratuito y permanente, que le permitan efectuar y registrar el endoso de los pasajes. De esa forma, estamos generando un avance significativo en beneficio de los consumidores, y, lo más importante, sin desproteger el low cost o vuelos de tarifa económica en las aerolíneas.

Asimismo, los mecanismos propuestos van a favorecer a quienes residimos en zonas extremas, generando oportunidades de compra segura e inteligente de pasajes, eliminando el temor de pagar altas tarifas y de estar sentenciados a perder ese dinero si no podemos volar en la fecha prevista.

La misión de esta congresista magallánica siempre ha sido velar por la equidad en el desarrollo de nuestro país, poniendo siempre por delante a las zonas de rezago, a las zonas extremas y a los territorios apartados en general.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, la idea de este proyecto era solucionar algunos problemas que tenemos las personas que vivimos en las regiones extremas y los que enfrenta el ciudadano común ante las compañías aéreas.

El objetivo era corregir las asimetrías que enfrentamos como usuarios o como consumidores en nuestros derechos, pues quedamos indefensos ante las decisiones de las compañías aéreas; pero parece que el lobby que estas hicieron dio resultados en el Senado. Si bien será posible endosar el pasaje hasta 24 horas antes del vuelo -no hasta 48 horas antes-, este es el único aspecto positivo que propuso el Senado; lo restante solo son barreras y beneficios aparentes que en la materialidad no lo son.

Conocido es el abuso de poder que cometen las aerolíneas contra los usuarios. Actualmente, ellas tienen la potestad absoluta para disponer de los términos en que se realizará la devolución, que contempla solo las tasas e impuestos.

La idea original era que los usuarios pudiéramos endosar y transferir de forma gratuita el pasaje aéreo o hacer devolución de este con derecho al reembolso total. Si bien eso se cumple, se colocan una serie de requisitos de plazo y limitaciones que no hacen de este proyecto un beneficio efectivo.

El uso del transporte aéreo es vital para mi Región de Tarapacá. El aeropuerto Diego Aracena traslada a cerca de 1.400.000 personas al año, y no son pocas las ocasiones en las que tenemos problemas para utilizar los tickets aéreos, ya sea por emergencias o imprevistos.

El proyecto tiene una serie de limitantes establecidas en el Senado. Por ejemplo, respecto de aquellos vuelos que tengan plazo igual o superior a 180 días a partir de la fecha de la compra del pasaje, solamente tendremos la posibilidad de retractarnos dentro de los siete días posteriores a la celebración del contrato. Lo que era largo, ahora queda corto, porque, lamentablemente, el proyecto mantiene una ventaja respecto de los plazos de devolución para las aerolíneas, quedando fuera la devolución de aquellos pasajes que se compren dentro de los seis días antes de la salida del vuelo. Además, solo se limita a autorizar dos endosos al año, a razón de uno por semestre, lo que le quita todo el sentido de beneficio que tenía el proyecto.

Por lo tanto, continúa sin considerar el sentido de urgencia o de fuerza mayor, pues una persona que sufra un accidente no podrá hacer efectivo el cambio o reemplazo de los tickets. Una vez más, se legisla en apariencia a favor de la gente, pero se mantiene la asimetría en favor de las grandes compañías aéreas. El Senado no duda en establecer, además, sanciones de multa y de presidio para las personas que incumplan la norma.

En consecuencia, el proyecto no cumple el objetivo original de traer justicia, igualdad y equidad a los consumidores frente a las compañías aéreas, por lo que debe ser enviado a comisión mixta para tratar de subsanar el peso y el poder que las aerolíneas ganaron en el Senado.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, quiero felicitar este importante proyecto, que surge de variadas iniciativas de parlamentarios de diversas bancadas.

En mi caso, presenté una moción junto con otros diputados para permitir el endoso de pasajes, que es un derecho de los pasajeros.

Durante mucho tiempo hemos visto el abuso por parte de las líneas aéreas. Hemos visto que los pasajeros pierden su pasaje debido a que se les presentó un problema de salud o problemas propios de la vida cotidiana, y, lamentablemente, no existe la posibilidad de ceder ese pasaje a un tercero. Hoy, el pasaje que las personas no pueden devolver, la línea aérea lo vende de nuevo a otra persona, por lo que gana el doble.

Lo que estamos haciendo con este proyecto es devolverle en propiedad el derecho de su ticket, de su boleto aéreo, a la persona que pagó por él. Ahora, si por alguna razón, motivo o circunstancia no puede hacer uso de su boleto, podrá cederlo a un tercero. Eso es algo absolutamente lógico, entendiendo que la persona ya pagó por ese boleto o ticket aéreo.

Espero que hoy se apruebe este proyecto, que está en su último trámite, para que sea un derecho garantizado por ley.

También espero que en el Congreso Nacional podamos resolver y regular la sobreventa de los pasajes aéreos. Existe mucho abuso de parte de las líneas aéreas. Se trata de un abuso que sufrimos especialmente quienes somos de zonas extremas, quienes vivimos en las regiones más aisladas del país y usamos el avión no para viajar de vacaciones, ni por lujo o por comodidad, sino por necesidad, porque es el único medio de transporte que tenemos para desplazarnos hacia el centro del país, ya sea para hacernos un examen médico, realizarnos una intervención quirúrgica o para estudiar, ya que en nuestras regiones tenemos poca oferta universitaria. El avión nos resulta indispensable para trasladarnos.

En ese contexto, hemos visto el abuso permanente de las líneas aéreas. Por eso presentamos este proyecto, que va a ser aprobado por la Cámara de Diputados, que, una vez que se convierta en ley, hará justicia respecto de un derecho que, por supuesto, tenemos todos los consumidores.

Quiero destacar algunas modificaciones que ha hecho el Senado, que, sin duda, han mejorado esta iniciativa y van a garantizar un derecho que es importante para los pasajeros.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, escuché con atención la intervención de los colegas, particularmente al diputado Calisto , pero quiero hacer presente una discrepancia.

Efectivamente, la iniciativa reúne una serie de mociones de un conjunto de diputados, quienes, a instancias del colega Alinco , presentamos proyectos de ley buscando hacer efectivo el endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero, como consecuencia de las experiencias vividas en las regiones más alejadas del país y que tienen mayores problemas de comunicación, incluso terrestre, como sucede con Aysén, Magallanes , Atacama , Antofagasta , Arica o Tarapacá .

Buscamos la manera de endosar el pasaje, de modo de evitar los abusos que cometen las compañías aéreas con las personas cuando estas, por razones imprevistas, no pueden viajar. En ese caso las personas pierden su pasaje y la compañía lo vende nuevamente.

En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones nos explicaron una serie de situaciones, complejidades y lógicas que hay detrás de estas prácticas en un modelo determinado de venta donde, incluso, como todos saben, se puede sobrevender un vuelo. En el fondo, se trata de cuestiones de orden excepcional a las reglas generales del derecho de compraventa, pero que van en beneficio fundamentalmente de las compañías aéreas, lo cual nos preocupa.

El proyecto avanzó en la Comisión de Obras Públicas y esta Sala lo aprobó. Sin embargo, en el Senado, si bien se mantuvieron algunos aspectos fundamentales, se introdujeron ciertas restricciones que limitan lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, queremos recomendar que el proyecto vaya a comisión mixta para mejorarlo, porque el Senado -perdonen el término lo trasquiló, con lo cual disminuyeron los beneficios en favor de los consumidores.

Si bien no voy a juzgar, creo que para los consumidores el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados era mejor. Por lo tanto, lo lógico es que vaya a comisión mixta para que se discuta entre diputados y senadores.

En consecuencia, propongo votar en contra las modificaciones, porque creo que podemos mejorarla en beneficio de los consumidores.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, la política aerocomercial chilena es de cielos abiertos; se basa en los principios del libre acceso al mercado, servicios internacionales, apertura bajo el principio de reciprocidad y servicios domésticos, libertad de precios, mínima intervención de la autoridad en la regulación comercial y liberalización de la propiedad y el control de las aerolíneas. Así, los itinerarios, las tarifas, las rutas y otros aspectos vinculados no son fijados por la autoridad aeronáutica, existiendo un sistema especial de protección de los derechos del pasajero aéreo, el que hasta antes del presente proyecto de ley resultaba totalmente incompleto.

Hay materias en que, derechamente, la normativa guardaba silencio, por ejemplo, en lo relativo al endoso del pasaje aéreo. La normativa vigente no regulaba la materia, pero tampoco prohibía esa acción. La regulación apunta al necesario equilibrio en el sistema de derechos y deberes de proveedores y consumidores. La parte más débil o expuesta en este tipo de contrataciones son los pasajeros, muchos de los cuales viven en zonas extremas, como los de la Región de Tarapacá.

La iniciativa busca conciliar normas en materia de derecho de información de pasajeros, de cancelación de vuelos, de reforzamiento de la obligación de la restitución de tasas, de cargas o derechos aeronáuticos, en el sentido de que ya no sea necesario el requerimiento del pasajero para que se realice la devolución. De hecho, dispone un plazo de diez días para efectuar dicha operación a través del mismo medio que se utilizó para pagar el ticket aéreo.

Se reconoce el derecho del pasajero de solicitar la modificación o la devolución del monto pagado si este último prueba, a través de un certificado médico, que efectivamente estuvo impedido de volar. Además, se regula el en doso del billete de acuerdo con ciertas condiciones.

Si bien el proyecto puede ser considerado no óptimo, claramente es un paso muy importante para los habitantes de regiones extremas, donde el transporte aéreo es el elemento básico de conectividad para realizar comercio, desarrollar el turismo y, en muchas ocasiones, para efectuar traslados por razones de salud.

Por lo tanto, el proyecto va en la línea correcta, ya que va a mejorar los derechos y los beneficios de los pasajeros, entre los que nos encontramos muchos de zonas extremas que nos vemos obligados a transportarnos por ese medio a otros lugares del país, razón por la cual reitero aprobaré la iniciativa.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, este proyecto fusiona cinco mociones. Los patrocinantes de una de ellas son la diputada Alejandra Sepúlveda y los diputados Mulet , Velásquez y quien habla, todos parlamentarios de provincia, como se dice a veces en forma despectiva; de regiones extremas y aisladas, como la Región de Aysén.

Cuando comenzamos a discutir estos proyectos y se fusionaron, la única intención era favorecer a los chilenos y chilenas que vivimos en zonas extremas y que hemos sido víctimas por muchos años de la voracidad de las empresas aéreas.

Como consecuencia de la tramitación de este proyecto, la comisión técnica invitó a representantes de distintos sectores, entre ellos de líneas áreas y trabajadores de estas. Se produjo un debate y la Comisión de Obras Públicas aprobó el proyecto. Si bien es cierto no recogió todo lo que queríamos, llegó a una buena solución. Sin embargo, ahora, al tratar de entender las modificaciones que introdujo el Senado, nos dimos cuenta de que a este proyecto, como decimos en la construcción, le cortaron la cola. ¡Así de simple! Lo que discutimos por meses para favorecer a la gente, hoy lo vemos totalmente reducido, porque el Senado introdujo modificaciones al proyecto que no favorecen a los usuarios, sino que a la gran industria del transporte aéreo.

Por lo anterior, pido rechazar el proyecto, para que, de esa forma, vaya a comisión mixta. Si se aprueba como está, con las modificaciones del Senado, va a ser letra muerta.

Repito, pido a los diputados y diputadas presentes en la Sala y a los que se encuentran trabajando vía telemática que rechacen el proyecto, a fin de que vaya a comisión mixta, para que la esencia o el espíritu del proyecto, cual es favorecer a la gente, se cumpla.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Aprovecho de saludar al diputado Gabriel Boric -nobleza obliga-, por ser el primer diputado elegido en primarias como candidato a la Presidencia de la República.

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, hace muchos años se intentó legislar en estos temas, y fue bien difícil, porque había una fuerte ofensiva.

Creo que el espíritu del proyecto original es bueno y que los cambios que introdujo el Senado no son buenos, porque desnaturalizan la esencia del proyecto mismo.

En el caso de Chile, la industria aérea es oligopólica, es decir, el consumidor o cliente no se enfrenta a reglas justas, porque enfrente tiene a un actor demasiado grande y dominante como para ejercer sus derechos ciudadanos, sus derechos de consumidor.

Este proyecto intentó nivelar la cancha, teniendo presente muchas cosas, como la variable seguridad del transporte aéreo y la sustentabilidad económica de esta industria, que evidentemente son importantes, pero tampoco está a la altura de lo que nos merecemos los chilenos y chilenas. Todavía ocurre que para ir al norte, desde la Región de Antofagasta, hay que venir a Santiago, y viceversa. Es decir, para conectar territorialmente a Chile todo pasa por el centro del país, y aún a precios muy elevados.

En ese sentido, hay varias cosas. Por ejemplo, hace algunos años aprobamos en un proyecto la necesidad de que -no sé si lo sabían o no, pero lo digo en esta Sala un pasajero, aun cuando no viaje y pierda el pasaje, tenga derecho a la devolución de las tasas. Durante muchos años ni siquiera se devolvían las tasas aéreas. Las tasas aéreas y los impuestos están considerados como un pago que hay que hacer cuando se usa la pista. Si el avión no despega y el pasajero no lo usó, eso no debería ocurrir.

Durante muchos años eso fue parte del patrimonio y de las ganancias de las líneas aéreas, y probablemente siga siéndolo en muchos lugares y en muchos casos, cuando en realidad era una parte del precio del pasaje que a todo evento debía, en el caso de no realizarse el vuelo, por cualquiera que sea la causa, devolverse al consumidor o consumidora.

Por eso, creo que los cambios que ha introducido el Senado a este proyecto no lo mejoran y que, por el contrario, lo desnaturalizan. Comparto lo que han dicho en esta Sala diputados y diputadas de las regiones más extremas, como el autor del proyecto, el diputado Karim Bianchi , el diputado René Alinco y otros, y también aquellos que tienen uno, dos o tres vuelos al día y que, en consecuencia, cuando compran un pasaje, compran el azar climático, el azar técnico y el azar de las decisiones de una compañía aérea, para saber si viaja o no viaja, y con qué derechos.

En consecuencia, creo que hay que rechazar las modificaciones del Senado para que el proyecto vaya a comisión mixta.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, concuerdo con la mayoría de los argumentos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, respecto de la importancia y la simpleza de algo que reafirma el concepto de derecho de propiedad. Creo que este proyecto justamente hace eso. ¿Por qué importa quién vaya sentado en la silla del avión, cuando debe importar el servicio que se está prestando?

En el tema aeronáutico hay varias cosas que hemos identificado, que, de una u otra manera, eran modificables y que debían entrar a regular la situación a la cual muchos pasajeros sobre todo quienes vivimos en zonas extremas se ven sometidos en momentos difíciles, tanto laborales y de estudio, como también en el caso de fallecimiento de algún familiar. Me refiero a ciertas cosas que hoy los dejan en condiciones muy desfavorables.

Pero aún más desfavorable es el mamarracho en que se transformó este proyecto, que se entrampó en el Senado. Tenía un espíritu muy simple que partió siendo un endoso de pasaje. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con un trabajo que hicimos quienes la conformamos, terminamos incorporando el derecho a retracto, pero esto varió muchísimo y va a hacer que, en la práctica, para el usuario finalmente sea algo que revista poca importancia, y no es lo que queremos. Por eso, insisto -he mandado una minuta a las colegas y los colegas en rechazar estas modificaciones, para iniciar una comisión mixta que mejore lo que ha hecho el Senado.

En cuanto al endoso, se modifica la naturaleza jurídica del acto y de un endoso pasa a ser una cesión de derechos. Esto implica un consentimiento de ambas partes. Es necesario notificar al cesionario para que tenga validez dicho acto. Esto es importante, ya que obliga al pasajero a realizar un nuevo acto jurídico, del cual pueden valerse las aerolíneas para objetar la transferencia.

Además, se reduce la cantidad de endosos permitidos por la aerolínea que habíamos establecido en la Cámara de Diputados. Ahí hay otra diferencia.

Se establece que la cesión de derechos sea gratuita, lo que no es lo mismo que el endoso sea gratuito para quien compró un pasaje, sino que obliga a quien compró un pasaje a que no pueda venderlo ni siquiera por un valor inferior al originalmente pactado. Por tanto, esa es otra de las diferencias que tenemos que mejorar.

En cuanto al retracto, su regulación termina siendo limitada en exceso, rebuscada y, en la práctica, inaplicable. Se establece que solo podrán ejercer el derecho a retracto quienes compren un pasaje hasta siete días antes de la programación del vuelo, y solo después de las 48 horas de haberlo comprado.

Se establece como excepción que, para quienes compren un pasaje seis meses antes de la fecha de la programación del vuelo, el plazo de retracto podrá ser de siete días. Además, se complejiza la devolución del pasaje. Las modificaciones del Senado obligan a que el monto pagado…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde votar la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad de la moción de los diputados señores Jorge Sabag , Miguel Ángel Calisto, Iván Flores , Cosme Mellado , José Pérez , Frank Sauerbaum , Daniel Verdessi , Matías Walker , y de las diputadas Joanna Pérez y Alejandra Sepúlveda , que “interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.354, declarando de forma expresa a los pequeños productores agrícolas como rubro especialmente afectado por la pandemia provocada por el Covid-19”, por cuanto incide en la administración financiera del Estado, determinación cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

Para impugnar la postura de la Mesa, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley interpretativo, que pretende una interpretación auténtica de la ley N° 21.354, que otorga bono de alivio para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresas afectadas por la crisis generada por la pandemia de la covid-19. Es decir, en ningún caso se crea una nueva norma legal que diga relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Simplemente trata acerca de un pronunciamiento del sentido de la norma, que es propio del actuar legislativo.

Esta moción interpretativa contiene una declaración acerca del sentido y alcance del artículo 11 de la referida ley, que consagra un régimen especial respecto de ciertos rubros que, como sabemos, han sido especialmente afectados por la pandemia.

El artículo 11 fue incorporado durante la tramitación de la ley, con el objeto de otorgar expresamente un bono pyme a aquellos rubros especiales afectados por la pandemia, omitiendo únicamente el cumplimiento de ciertos requisitos que establece la propia norma en su artículo 1, letras a) y b).

Las razones de esto son permitir dar aplicación a la propia ley, apoyando y poniéndose en los zapatos de aquellas pymes, sin que les sean aplicables todos los requisitos, considerando las condiciones de su funcionamiento y las características de la actividad económica. No se trata de rubros limitados, sino de aquellos que la propia legislación ha entregado definir al Ministerio de Hacienda vía decreto.

Quiero ser claro: esta iniciativa no consiste en crear un nuevo bono de cargo fiscal. Este beneficio se ha originado desde la dictación de la ley. Lo que se busca mediante este proyecto de ley interpretativo es efectuar una declaración acerca del estado de la ley, de su voluntad. ¿No es la voluntad del legislador generar una condición especial a un determinado rubro, considerando sus condiciones de funcionamiento y las características de dichas actividades económicas?

Por lo mismo, este proyecto busca declarar de forma expresa que no se omita a uno de los rubros más afectados por la crisis que originó la covid-19: la agricultura, esto es, los pequeños hortaliceros, los viñateros, ese pequeño productor agrícola acogido a la renta presunta o a la contabilidad simplificada, cumpliendo con el mismo espíritu de la norma vigente, que establece en su artículo 1 que podrán optar al bono aquellos que hayan informado inicio de actividades en primera categoría al 31 de marzo de 2020, cosa que cumplen los agricultores, sin aplicar otros requisitos ni beneficios que los que expresamente ha consagrado la propia ley N° 21.354, que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresas.

Por lo expuesto, resulta imprescindible avanzar en la interpretación de la ley en comento conforme a su alcance, y responder de esta manera a la problemática que actualmente viven miles de agricultores que han sido fuertemente golpeados por la pandemia y que por una omisión no han sido incluidos expresamente en el artículo 11, inciso tercero, que señala: “Se considerarán como rubros especialmente afectados aquellos que se dedican a gastronomía, eventos, cultura, turismo y servicios de turismo, belleza y peluquerías, gimnasios, transportes escolares, jardines infantiles, ventas y mercados en ferias, entre otros servicios.”. La agricultura está en el espíritu de la ley.

Con este proyecto de ley interpretativo no creamos un nuevo bono, sino que simplemente explicitamos que los pequeños agricultores también estén incluidos.

He dicho.