Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública (boletines Nos 13752-07 y 13651-07).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Camila Flores .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 43ª de la presente legislatura, en jueves 10 de junio de de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo de la diputada Camila Flores , rinde el informe el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley refundido que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República (boletín N° 13752-07) y en moción de los senadores señores Pedro Araya , Alfonso de Urresti , Francisco Huenchumilla y Víctor Pérez (boletín N° 13651-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar diversos cuerpos legales, mediante normas permanentes y transitorias, a efectos de enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el funcionamiento de los tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la ley N° 21.226, procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente y limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.

Durante el estudio del proyecto, la Comisión recibió, entre otros, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al subsecretario de Justicia, a la representante de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, ministra señora María Soledad Piñeiro ; al abogado y consejero del Colegio de Abogados de Chile A.G. señor Pedro Pablo Vergara ; a la abogada representante de la Asociación de Juzgados de Policía Local, señora Carola Quezada Álvarez , acompañada del señor Mirko Bonacic-Doric , encargado del área legislativa de la Asociación; al representante del defensor nacional (s), abogado del Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Nacional, señor Rubén Romero Muza ; a los académicos señora María Elena Santibáñez y señor Cristián Maturana ; al fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott , acompañado por el director (s) de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Roberto Morales , y el abogado de la misma unidad señor Hernán Libedinsky ; al presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, magistrado Mauricio Olave , y a la presidenta de la Asociación Gremial de Receptores Judiciales, señora Cristina Castro .

El mensaje señala que, a cinco meses de la dictación de la ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de acciones que indica, por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile, se evidenció que algunas de sus medidas han generado mayor eficiencia al sistema, modernizándolo con el uso de las tecnologías disponibles. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la posibilidad de celebrar audiencias remotas por videoconferencia.

Sin perjuicio de lo anterior, se observaron nuevos nudos problemáticos para el futuro próximo una vez finalizado el mencionado estado de excepción constitucional de catástrofe decretado para enfrentar la pandemia. En este sentido, consigna el mensaje, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocó a una mesa de trabajo para dar solución a la sobrecarga que generará para el Poder Judicial la reactivación de las audiencias suspendidas y las demás actuaciones procesales que no han podido llevarse a efecto en materia civil, laboral y de familia.

Asimismo, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el defensor nacional acordaron proponer a la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal la constitución de un grupo de trabajo destinado a preparar un Plan de Acciones para Enfrentar la Futura Normalidad. Al finalizar el cometido de ambos grupos de trabajo, se puso a disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un conjunto de propuestas que constituyen uno de los principales antecedentes que se tuvo en consideración para elaborar la presente iniciativa de ley.

En términos generales, este extenso proyecto procura la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente, como también limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.

En el ámbito de la justicia penal, incluye de forma expresa a los delitos de acción penal pública previa instancia particular y de hechos constitutivos de faltas como susceptibles de acuerdos reparatorios. Se busca otorgar la facultad a la víctima para que decida si el incumplimiento injustificado, grave o reiterado de las obligaciones contraídas por el imputado importa dejar sin efecto el acuerdo y continuar la vía penal, o solo exigir su cumplimiento, resolviendo así un vacío de la legislación en esta materia. Se otorga una nueva oportunidad para solicitar y decretar el procedimiento abreviado, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento y el arribo de convenciones probatorias.

Se establece la obligatoriedad de asistencia del imputado a la audiencia de preparación del juicio oral. Si en la audiencia se ventilare la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, o cualquier otra actuación en que la ley exigiere expresamente la participación del imputado, su presencia constituirá un requisito de validez de la misma.

Se otorga una ampliación permanente del plazo para la redacción del fallo, en caso de que su vencimiento coincidiere con un día domingo o festivo. Asimismo, se contempla la posibilidad de anular solo parcialmente el juicio oral o la sentencia definitiva en el recurso de nulidad.

También existe la posibilidad de suspensión condicional del procedimiento de la ley N° 20.084, desde los 6 meses con un tope de un año. Atendiendo a las diversas complejidades advertidas, con el propósito de mejorar la eficiencia del sistema judicial en materia penal, la mesa de trabajo propuso la opción del aumento, de forma transitoria y razonable, de los plazos para la realización de audiencias (de juicio simplificado, de preparación y de realización de juicio oral), la redacción de sentencias y para la interposición de recursos establecidos en el Código Procesal Penal, y en la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, para la realización de ciertas audiencias y actuaciones de los intervinientes.

En el ámbito de la justicia civil, laboral y de familia, se uniforman los plazos para la contestación de la demanda; se eliminan los testigos inhábiles y se establece la apreciación de este medio de prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica; extensión del control in limine de la demanda ejecutiva respecto de títulos ejecutivos manifiestamente prescritos; se potencia la mediación y se permite la mediación remota.

Se racionaliza la realización de audiencias en la judicatura de familia: divorcio y acciones de filiación. Informe de la Dirección del Trabajo para acreditar Unidad Económica. Aumento del ámbito de aplicación del procedimiento monitorio laboral.

En cuanto a las propuestas tendientes a limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios. En el ámbito de la justicia penal: de forma transitoria, se dispuso que puedan resolverse por escrito ciertas actuaciones consideradas de mero trámite, como reagendamiento de audiencias en que no sea requisito la presencia del imputado, y de notificación por correo electrónico del artículo 31 del Código Procesal Penal. Realización de audiencias por vía remota en el sistema procesal penal. Algunas actuaciones que pueden resolverse por un único juez del tribunal de juicio oral en lo penal.

Propuestas en el ámbito de la justicia civil, laboral y de familia: audiencias vía remota en los procedimientos civiles, de familia, laborales y especiales.

En el presente proyecto de ley se pueden distinguir tres grupos de reformas en esta materia:

1.Régimen permanente que faculta a las partes a solicitar comparecer vía remota por videoconferencia a audiencias y alegatos.

2.Régimen permanente que faculta a las cortes de apelaciones y a la Corte Suprema, en su caso, a disponer de manera excepcional la realización de ciertas audiencias y de alegatos por razones de buen servicio. En segundo lugar, se establece un régimen permanente excepcional en los términos que el proyecto dispone.

3.Régimen transitorio que impone a los tribunales la realización de audiencias vía remota por videoconferencia. Un régimen transitorio por un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley.

Patrocinio y mandato judicial por firma electrónica simple o avanzada.

Nuevas formas de notificación. La primera modificación tiene que ver con prescindir de uno de los requisitos que actualmente se exige en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil para la procedencia de la notificación sustitutiva de la personal. Se prescinde de la resolución judicial que establece la procedencia de la notificación sustitutiva de la personal.

La segunda reforma dice relación con modificar la forma de notificación de las sentencias definitivas, de las resoluciones en que se reciba la causa a prueba o en que se ordene la comparecencia personal de las partes, que, actualmente, conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, deben notificarse por cédula.

Este proyecto de ley establece que, previa solicitud de la parte interesada, estas resoluciones puedan notificarse por un medio electrónico válido.

Además, se modifica en el mismo sentido el artículo 23 de la ley Nº 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, para permitir que las sentencias definitivas, así como las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso de alguna audiencia, se notifiquen por correo electrónico.

Por último, el proyecto establece que las notificaciones de las resoluciones que efectúen nombramientos, como ocurre con los peritos y martilleros, se realizarán por correo electrónico a la casilla establecida en la nómina respectiva.

A fin de velar por la mayor eficiencia en materia de realización de los bienes embargados y de disminuir la presencia física de personas en los tribunales, se establece, en el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, la facultad del juez para disponer, por resolución fundada, el remate de los bienes raíces por vías remotas, entregándose a la Corte Suprema la regulación de la forma en que se realizarán.

En la actualidad, los documentos electrónicos se presentan al tribunal a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Los documentos que no tengan dicho formato se deben presentar materialmente en el tribunal, quedando bajo custodia.

El presente proyecto de ley modifica el artículo 6 de la ley N° 20.886, consagrando como regla general que estos documentos puedan presentarse por vía electrónica, de manera que solo en caso de objeción de la otra parte deban presentarse materialmente en el tribunal. En todo caso, se exceptúan los títulos ejecutivos.

El presente proyecto de ley introduce reformas a los artículos 2 y 11 de la ley Nº 20.886, con el objeto de potenciar la interconexión y los principios de actualización y de cooperación entre los tribunales y las instituciones públicas y privadas, además de agilizar la diligencia de oficios, exhortos y las comunicaciones en general entre ellos, a través de medios electrónicos.

Con la finalidad de evitar la presencia de los interesados en tribunales, así como también de hacer uso de los medios tecnológicos disponibles, se establece en el artículo 516 del Código Orgánico de Tribunales la posibilidad de que los pagos que deban hacer esos tribunales puedan efectuarse también por medio de transferencia electrónica desde la cuenta corriente del tribunal, entregándole a la Corte Suprema su regulación.

Habiendo sido aprobado este proyecto por la comisión que represento, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto reformar el sistema de justicia para adaptarlo a la vuelta a la normalidad, para ajustarlo al fin del estado de excepción constitucional, al término de la pandemia.

Durante el año y medio que duró el estado de excepción constitucional se establecieron varias medidas que cambiaron la forma de funcionamiento de la justicia para adaptarla a la realidad de una pandemia desatada. Así, por ejemplo, más de la mitad de los funcionarios judiciales no estaban asistiendo presencialmente a los juicios que estaban en tramitación. Hubo restricciones significativas a la movilidad de las personas, las que hicieron imposible su asistencia a audiencias presenciales. No obstante, la justicia chilena es eminentemente presencial, ya sea en audiencias preparatorias o de juicio, y la oralidad es una de las bases en la justicia moderna.

Todo eso quedó en suspenso a raíz de la pandemia. Se dictó una ley especial, la N° 21.226, que estableció un régimen de excepción que prácticamente suspendió gran parte de la justicia. Las audiencias, sobre todo en materia de menos controversia o no penales, fueron suspendidas, de manera que la justicia funcionó durante un año y medio a media máquina. Esa situación llevó a la acumulación de una enorme carga de trabajo y al retraso en su administración. Sin embargo, cuando vuelva la normalidad las audiencias judiciales deberán reanudarse como corresponde.

Muchos señalan que cuando llegue ese momento se producirá una especie de tsunami judicial producto de la reactivación de los cientos de miles de audiencias que han sido suspendidas. Por eso, si el primer día en que se reanude la normalidad judicial las partes interesadas piden que se realicen dichas audiencias, evidentemente que no hay sistema judicial que pueda soportar tal sobrecarga simultánea.

Por eso se elaboró este proyecto, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional, y que contempla modificaciones de todo tipo a todos los tribunales. Entre otras, se revisan los plazos, se revisan las audiencias y se revisa el funcionamiento de los tribunales, estableciendo que funcionarios y ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por ejemplo, puedan colaborar y reforzar el trabajo en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Además, la iniciativa permite que los receptores judiciales de la jurisdicción de San Miguel -esto es parte de mi distrito-, que abarca todo Santiago sur-poniente y oriente, puedan hacer diligencias en la jurisdicción de Santiago, todo esto con el objeto de absorber esa mayor demanda que se va a producir.

El núcleo de este proyecto de ley, que es muy extenso, tiene que ver con las audiencias presenciales en materias penal, de familia y laboral.

En el segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados se estableció que los jueces podrán autorizar el funcionamiento telemático de estas audiencias, manteniendo el régimen de excepción, pero en la normalidad.

Es una situación excepcional. Según ellos, produce mucha eficiencia en el sistema, produce efectos virtuosos en la utilización de la tecnología, va a acelerar mucho los procesos judiciales. Pero a veces no son muy conscientes de que, por ejemplo, en materia penal aumenta las posibilidades de que se comentan errores judiciales. Es muy difícil interrogar a testigos y a víctimas de forma telemática, vía Zoom; es muy difícil obtener condenas justas en juicios controversiales mediante el funcionamiento remoto. No obstante, aquí se estableció esto.

Si bien estoy de acuerdo respecto de la necesidad de modernizar nuestro sistema judicial, manifesté mis reparos debido a que en la actualidad son miles las víctimas de errores judiciales, personas que son llevadas a las cárceles, pasan largas temporadas, meses en la cárcel, y finalmente son absueltas.

Evidentemente, el funcionamiento vía remota puede producir un aumento del error judicial. El Senado lo tuvo en cuenta y estableció una norma distinta a la de la Cámara, en el sentido de que podía continuar este funcionamiento telemático en normalidad, siempre que contara con la voluntad de todos los intervinientes; si es bueno para uno, tiene que ser bueno para todos. Aquí se eligió otro camino.

No obstante aquello, votaré a favor este proyecto, porque moderniza y agiliza la justicia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, ocupamos muchas sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para sacar adelante el proyecto que hoy presentamos a la Sala.

Quiero reconocer el trabajo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, del ministerio que él encabeza y de cada una de las personas que participaron permanentemente dentro del proceso de discusión; del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, de profesores y de un sinfín de personas que estaban muy preocupadas de la situación actual de nuestra justicia.

Tenemos que poner en contexto que hoy la justicia chilena tiene una especie de suspensión producto de la pandemia. La pandemia no solamente golpeó a nuestro país en términos sanitarios, sino también generó un efecto de suspensión de los procesos judiciales; procesos judiciales que se van a retomar una vez terminado el estado de excepción constitucional. El cúmulo de causas judiciales que va a llegar a nuestros tribunales va a ser de tal magnitud que esto podría, efectivamente, hacer colapsar el sistema, echando por la borda el anhelo de justicia de más de 900.000 personas que hoy están pendientes de sus causas judiciales.

La Cámara de Diputadas y Diputados prorrogó por un plazo determinado, acotado, el sistema de excepción respecto de los juicios, pero esto va avanzando. ¿Qué va a suceder? Hoy tenemos que despachar rápidamente este proyecto a tercer trámite constitucional, ya que estamos muy apretados con los plazos, para que luego pase a la Contraloría General de la República, porque tiene toma de razón.

Por eso, quiero reconocer a la Mesa por haber puesto en discusión rápidamente este proyecto de ley, que a lo mejor para la mayor parte de los parlamentarios presentes y para los vecinos en general es algo lejano, pero va a ser un tremendo aporte a la justicia nacional. La pandemia nos demostró que se podían mejorar los procedimientos judiciales en las diferentes áreas.

La idea matriz del proyecto es modificar diversos cuerpos legales, mediante normas permanentes y transitorias, a efectos de enfrentar el impacto que tendrá la crisis sanitaria en el funcionamiento de los tribunales de justicia una vez que concluya la vigencia de la ley N° 21.226; procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia, producto de esta tremenda sobrecarga de trabajo sobreviniente. También, pensando en el tema sanitario, se limita la presencia física de las personas por tal motivo.

No voy a detallar -las informé recién- el sinfín de normas de carácter permanente o transitorio que este proyecto va a modificar en el sistema penal, en el sistema laboral, en el procedimiento civil, en el procedimiento de familia, en las reglas orgánicas, etcétera. Este va a ser uno de los más grandes avances en términos de justicia y procedimiento que va a vivir Chile en el último tiempo.

Por la importancia y urgencia de este proyecto de ley y porque la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con todas las personas que participaron, desarrollaron una labor espectacular en orden a dar celeridad y entregar una respuesta concreta a los requerimientos que hoy tienen los diferentes actores de cada uno de estos procedimientos, invito a la Sala a aprobar este proyecto de ley en todos sus términos, de acuerdo a lo informado por la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Hugo Rey .

Antecedentes:

-Observaciones del Presidente de la República por el cual formula observaciones al proyecto que "Modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral" (Boletín N° 11780-04), sesión 87ª de la presente legislatura, en miércoles 6 de octubre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 92ª de la presente legislatura, en lunes 25 de octubre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 31.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor REY (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde informar sobre las observaciones formuladas por su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral, iniciado en moción de las diputadas Cristina Girardi , Marcela Hernando , Camila Rojas y Camila Vallejo , y de los diputados Sergio Bobadilla , Rodrigo González , Manuel Monsalve , Luis Pardo , Raúl Soto y Gonzalo Winter .

Constancias reglamentarias Idea matriz o fundamental del proyecto

La iniciativa legal tiene como propósito mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la educación, estableciendo la titularidad de las horas de extensión de profesores dependientes del DAEM o de corporaciones municipales, determinando que los docentes puedan ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Cpeip durante las tres primeras semanas del mes de enero, que sus contratos deben prorrogarse por los meses de enero y febrero, siempre que el profesional de la educación tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio o corporación educacional municipal, y que tienen derecho al bono por retiro los profesionales de la educación que se acojan a la eximición de la evaluación docente, suprimiendo la renuncia irrevocable al cumplir la edad legal para jubilar.

Normas de quorum especial

No se contemplan normas orgánicas constitucionales ni de quorum calificado.

Normas que requieren trámite en la Comisión Hacienda

Las observaciones no requirieron ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Votación de las observaciones

Las observaciones fueron declaradas admisibles por el presidente de la comisión.

Se rechazaron todas ellas por mayoría de votos (5 votos a favor y 6 votos en contra).

Fundamentos

Según se expresa en el mensaje, la primera observación que se presenta propone suprimir las modificaciones que el proyecto de ley aprobado formula al artículo 41 del Estatuto Docente, que regula el feriado legal de los profesionales de la educación.

Se extiende el período de feriado legal de los docentes, otorgándoles vacaciones en el período de interrupción de las actividades académicas durante la época invernal de cada año. Sin embargo, el ordenamiento jurídico vigente otorga a los establecimientos educacionales la facultad para organizar las actividades propias del quehacer escolar, tales como los procesos de planificación y de perfeccionamiento en el año escolar, siendo los primeros fundamentales para la planificación del período lectivo siguiente a las vacaciones de invierno de los estudiantes.

Se reemplazó la parte final de este artículo para disponer que los profesionales de la educación solo podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip) durante las tres primeras semanas de enero, convocatoria que debe realizarse, a más tardar, el día 30 de noviembre del año escolar docente respectivo. Si bien el Cpeip certifica acciones formativas, resulta imposible que esta entidad certifique cada una de las acciones formativas, capacitaciones o talleres de los más de 11.000 establecimientos educacionales del país.

La segunda observación suprime la eliminación de la norma del artículo 70, que establece que los docentes calificados en tres evaluaciones consecutivas con desempeño básico o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas dejarán de pertenecer a la dotación docente.

Adicionalmente, elimina el nuevo inciso decimotercero del artículo 70, el cual modifica las reglas para acceder al bono poslaboral establecido en la ley N° 20.305 y a los bonos de incentivo al retiro, modificación que es inadmisible por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por incidir en la administración financiera del Estado y, además, por otorgar beneficios al personal de la Administración del Estado, conforme al artículo 65 de la Constitución Política de la República.

La tercera observación sustituye el numeral 4) del proyecto, para suprimir la derogación de la letra g) del artículo 72 del Estatuto Docente, que establece como causal de término de la relación laboral de los profesionales de la educación la aplicación del inciso séptimo del artículo 70.

La cuarta observación propone suprimir el artículo segundo transitorio, que permite que los profesionales de la educación evaluados el año 2015 que obtuvieron resultados competente y destacado en dicho proceso y que, como consecuencia de no evaluarse este año, no rindieron la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos, puedan elegir para su reencasillamiento el resultado con mejor desempeño del portafolio, ya sea de 2015 o 2019, en conjunto con la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos de 2019.

Tramitación en la comisión

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió la opinión del ministro de Educación, quien sostuvo que se trata de observaciones que no alteran en nada la esencia del proyecto original que fue tramitado por esta comisión, y que apuntan a aspectos que fueron incorporados en el Senado.

En síntesis, las observaciones buscan tomar medidas para resguardar la calidad de la educación, evitar que se generen discriminaciones entre los mismos profesores y resguardar los derechos que actualmente ellos tienen. Destacó que no se elimina ningún derecho; añadió que lo óptimo hubiese sido que todos estos temas se hubiesen discutido en una comisión mixta. Sin embargo, ello no fue posible, por lo que recurrieron al veto.

Respecto de la primera observación, indicó que su objetivo es suprimir la norma que instaura un feriado legal en la época de invierno. Con esto, en ningún caso se busca prohibir que se les otorgue dicho feriado a los profesores. Sin embargo, instaurarlo legalmente sin hacer ninguna distinción afecta las posibilidades de los distintos establecimientos en relación a contar con actividades de capacitación, formación y planificación, de modo que tengan la posibilidad de organizarse en atención a lo que ocurre cada año en cada establecimiento, que, por cierto, son de realidades diversas.

Además, explicó que otro aspecto que se busca suprimir es la incorporación de una norma que restringe el llamado a capacitación de los docentes durante el término del año escolar y el inicio del siguiente, solo pudiendo ser convocados para actividades de perfeccionamiento inscritas en el Registro Nacional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación (Cpeip) durante las primeras tres semanas de enero, lo cual se considera una restricción enorme a las capacidades de capacitación de los docentes, además de ser contradictorio con el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

La segunda observación dice relación con la eliminación que hace el proyecto de ley de una causal de término de la relación laboral, que señala que los docentes que durante tres evaluaciones consecutivas se mantienen en niveles básico o insuficiente incurren en una causal de término de la relación laboral. Eliminar esta causal es debilitar la importancia que debe tener un buen resultado en la evaluación docente y, a su juicio, significaría una muy mala señal respecto de la calidad de la educación.

La tercera observación tiene relación con dar coherencia a la normativa y a la redacción, ya que, tal como quedó redactado el proyecto de ley, se podría entender que es posible acceder a los bonos poslaboral y de incentivo al retiro sin haber abandonado la dotación docente, y lo razonable es tener acceso a esos derechos, pero habiendo salido de la dotación docente.

Por último, con la cuarta observación, lo que se elimina es un artículo transitorio, que genera una distorsión entre trabajadores de la educación, y que dice relación con el encasillamiento en el nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente en 2015. Los docentes tenían que asimilarse en los nuevos tramos de acuerdo con las evaluaciones que tenían. Hubo algunos profesores que se encasillaron solo con el portafolio. Sin embargo, en la actualidad, todos ellos cuentan con la evaluación docente de 2019. Explicó que la norma, en los términos planteados, privilegia a un pequeño grupo de profesores, permitiéndoles elegir su mejor resultado para efectos de revisar su encasillamiento anterior.

Entre los diputados hubo visiones contrapuestas respecto de las observaciones, aunque hubo coincidencia en cuanto a la importancia de la educación parvularia en el desarrollo de niños y niñas a temprana edad.

Quienes estuvieron a favor de las observaciones manifestaron que es una mala señal para los profesores dejar establecido que da lo mismo si son mal evaluados durante tres años, y que esa mala calificación no tiene ninguna consecuencia y pueden seguir impartiendo clases, provocando un perjuicio en la calidad de la educación de sus estudiantes.

Por otra parte, sostuvieron que el veto en ningún caso altera los derechos que tienen los docentes en relación con el bono poslaboral y de incentivo al retiro, y que lo que existe en el proyecto es una mala redacción que va a afectar el ejercicio de estos derechos.

Quienes manifestaron una postura contraria a las observaciones fundamentaron que la evaluación se trata de un proceso formativo que no necesariamente debe tener aparejada una sanción. Agregaron que la capacidad profesional de los docentes no se mide con las actuales evaluaciones y que no se puede obviar el contexto en que se han dado las últimas, por lo que resulta inapropiado establecer este tipo de sanciones. Además, una buena evaluación tiene que ver con un proceso formativo y no con uno sancionador; por lo tanto, no cumple con su objetivo, que es que los profesores mejoren, corrijan, aprendan y se desempeñen mejor.

En definitiva, la comisión rechazó, por mayoría de votos, las cuatro observaciones presentadas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las observaciones del Presidente de la República.

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas , Presidente de la Comisión de Educación.

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Educación y al resto de los ministros presentes en la Sala.

Pido a mis distinguidos colegas que presten mucha atención a la discusión del proyecto. No es menor ni es banal, es muy profunda y compleja. Quien no conoce el proyecto de ley, quien no hace las derivaciones, quien solo lee sus artículos, no va entender la profundidad de lo planteado.

Como idea fuerza inicial, quiero destacar que el derecho positivo, como es de conocimiento, se da en un contexto determinado, y esto hay que considerarlo. El tiempo, las circunstancias, el derecho consuetudinario, incluso, van cambiando, pero el derecho positivo es más claro, y está afectado por los procesos históricos, políticos y sociales que viven las naciones.

Eso es lo que ocurre con esta ley. Debo ser honesto: yo apoyé la ley de evaluación de desempeño profesional docente; apoyé y trabajé arduamente para que esta fuera una realidad, porque la consideraba un paso adelante en la profesionalización docente y en mejorar las condiciones para los profesores y las profesoras del país. Pero estamos en otro contexto. No podemos desconocer que está terminando un gobierno, un gobierno muy mal evaluado por la ciudadanía. Paralelamente, estamos en un proceso de revisión y de redacción de una nueva Constitución, que, entre otras cosas, va a replantear la gobernanza del Estado y algunos aspectos fundamentales de los derechos de los ciudadanos, un nuevo pacto social, en el que la educación, seguramente, va a tener un rol central.

Siendo ese el contexto, ¿tiene sentido, a cuatro meses del término de este gobierno, ganarse un conflicto con uno de los gremios más importantes del país, no solo en número, sino también cualitativamente?

El ministro nos ha dicho que la pandemia ha tenido resultados desastrosos en materia educacional. Eso es cierto. Los aprendizajes se han visto retrasados. Hay estudios que indican que los niños más vulnerables han dejado de aprender más del 90 por ciento de lo que debían aprender. Solo ayer me contaron, con estupor, que hay niños de segundo básico que no saben leer, que no tienen los conocimientos básicos.

Frente a ese contexto, ¿quién cree usted que debiera ser el socio más activo para poder enfrentar este tremendo desafío país, que probablemente nos va a llevar la próxima década? Los profesores y profesoras de Chile.

Por consiguiente, creo que insistir con el veto supresivo por parte del Presidente, como lo califiqué en la prensa, es un error grave. Necesitamos a los profesores del lado nuestro; necesitamos a los profesores y a las profesoras de todo Chile al lado de las políticas públicas. Este veto toca aspectos sensibles para los profesores y las profesoras, representados por el gremio, como son las consecuencias. Existe un largo enumerado de razones por las que se pierde la condición de profesor y se sale de la dotación docente. Una de las más duras es haber sido calificado durante tres evaluaciones consecutivas en desempeño básico o insatisfactorio. Simplemente, se deja de ser profesor, no hay más alternativas. Y lo que no se ha hecho es cumplir una parte del espíritu de esta ley, cuando la aprobamos, que es que hubiese un robusto proceso de formación y de acompañamiento a los profesores para que pudieran superar sus carencias, que, por cierto, las tienen. ¡Quién va a negar aquello! Pero ¿qué está haciendo el Estado para ayudarlos? El Cpeip tiene que jugar un rol importantísimo.

Entonces, en ese contexto, circunstancialmente, lo que ayer parecía racional hoy no lo parece tanto.

Lo mismo en relación con el Cpeip. No es culpa del diputado informante, señor Rey, que en el informe se señale que el Cpeip no puede registrar todas las actividades de perfeccionamiento. ¿Saben por qué lo plantearon así? Porque a veces hacen cualquier cosa con el fin de pagarle a una agencia por un pésimo perfeccionamiento y de mala calidad. Tienen razón los profesores en muchas de estas cosas; en otras, probablemente, es discutible. Pero al momento de presentar un veto supresivo, que suprime cosas que el Congreso mejoró…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités.

Me parece que la amenaza que como poder del Estado hemos recibido de parte de las aseguradoras de nuestro país, notificada a través de los medios de comunicación, es gravísima. Dicha amenaza atenta contra la democracia y contra la autonomía e independencia de un poder del Estado como es el Congreso Nacional.

No podemos tolerar ni permitir que ningún grupo de poder de este país esté intentando presionar, bajo amenazas, a un poder del Estado que tiene absoluta legitimidad constitucional y legal para legislar en favor de la ciudadanía y no en favor de determinados grupos de interés, más aún cuando esta Cámara ya se pronunció, en primera instancia, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y, en segunda instancia, en la Sala de la Cámara de Diputados, por aprobar con una amplia mayoría el segundo anticipo de las rentas vitalicias.

Hoy están intentando coartar aquella posibilidad bajo amenazas públicas, situación que amerita un análisis y una defensa institucional por parte de la Corporación que usted encabeza.

En esa línea, solicito que el tema lo abordemos en reunión de Comités, porque me parece de extrema gravedad. Si toleramos eso, el día de mañana estaremos sujetos a la posibilidad de que se nos impida legislar con libertad y autonomía y podríamos estar sometidos a presiones y amenazas de cualquier grupo de interés en nuestro país, lo que es simplemente intolerable en cualquier democracia del mundo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Así se hará, diputado.

Cito a reunión de Comités a las 12:00 horas.

Respecto del tema que se ha planteado, ni la Mesa ni la Secretaría General tienen duda alguna de que no hay responsabilidad por parte de los parlamentarios. No obstante, hemos pedido un informe externo a un abogado, con el objeto de responder en forma institucional, con el apoyo de expertos, para hacer la defensa corporativa que usted nos está solicitando. ¿Igual requiere la reunión de Comités, señor diputado?

Sí la requiere.

Entonces queda citada para las 12:00 horas.

-o-

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, he escuchado atentamente al ministro, quien, obviamente, tiene que defender las observaciones que el Presidente de la República ha planteado.

Sin embargo, creo que este proyecto fue ampliamente discutido tanto en la Comisión de Educación como en la Sala, donde se aprobó tal cual fue despachado. El Senado procedió de la misma forma.

Por ello, vamos a perseverar en el rechazo al veto. En primer lugar, lo haremos por la certeza que se tiene que dar a los profesores en materia de feriados legales. Se tiene que nivelar hacia arriba, no hacia abajo, de manera que defenderemos a los profesores y rechazaremos lo que se ha planteado al respecto.

Respecto de las tres evaluaciones negativas consecutivas de un profesor o profesora, creo que también hay que evaluar el sistema de educación que existe en el país, el cual no puede sustentarse solamente en el profesor y no en todo el sistema y cómo este ha estado fallando.

Al respecto, quiero citar un ejemplo. El servicio local de educación debutó el año pasado en la Región de Arica y Parinacota, pero a los dos meses de comenzar a funcionar fue sumariado su director. Hasta hoy, un año y medio después, está descabezado el SLE, como lo llaman en la Región de Arica y Parinacota. Eso habla de que no hay una preocupación o de que no se asume con seriedad, como corresponde, un aspecto tan importante de la educación, sobre todo en un momento de pandemia.

Por supuesto que mi compromiso está con los profesores y las profesoras de mi región. Ellos han realizado una marcha y han manifestado su rechazo total a la forma en que se presenta este veto, el cual, reitero, está relacionado con las vacaciones de los profesores. Durante toda nuestra historia los docentes han tenido vacaciones de invierno y de verano, porque el desgaste de un profesor en el aula es muy distinto al que se produce en otros trabajos, sin desmerecer, por supuesto, las actividades laborales que desarrollan otras personas.

Se requiere respeto y que se dé certeza sobre los tiempos de descanso que necesitan los profesores. Además, los cursos de capacitación deben ser avisados con anticipación, sobre todo en el verano, los que por supuesto que deben ser impartidos por instituciones acreditadas, no por estas instituciones que de repente son evaluadas por el Ministerio de Educación, sobre la base de determinados aspectos y vistos buenos que no tienen el propósito de capacitar a los profesionales.

En consecuencia, haciéndome eco de lo que el Colegio de Profesores de Arica me solicitó, rechazaré este veto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, este es un proyecto que otorga dignidad docente a las y los profesores a lo largo del país.

Esta iniciativa la presentamos junto a un grupo de diputadas y diputados en 2018. Durante ese año y el siguiente, las y los profesores estuvieron movilizados varios meses. El gobierno adquirió una serie de compromisos, pero varios de ellos no se han cumplido. Entre otros puntos, este proyecto busca dar respuestas a parte de esas situaciones.

Más allá del veto, también quiero decir y subrayar que hay partes de este proyecto que no se vetaron y que van a salir de todas maneras. Lo señalo porque me parece importante que quede claro para quienes siguen esta sesión.

En primer lugar, la disposición referida al pago del sueldo durante las vacaciones de enero y febrero, para quienes tengan contratos vigentes hasta el 1 de diciembre, no está vetada.

Lo segundo que no está vetado es que los profesores y profesoras que estén a tres años o menos de jubilar podrán ser excluidos de tener que rendir la evaluación docente.

Lo tercero dice relación con la titularidad docente de las horas de extensión de las y los profesores de las distintas administraciones de educación pública que hayan ejercido hasta julio de 2021, por tres años continuos o cuatro discontinuos, incluyendo no solo las horas de docencia de aula, sino también el conjunto de labores que realizan las y los docentes. Eso tampoco está incluido en el veto.

Algo que preocupaba a las y los profesores es lo que tiene que ver con la circular 302 del Cpeip, que quitaba la asignación de alumnos prioritarios a quienes habían suspendido la evaluación docente. Ese punto tampoco está vetado.

Por lo tanto, los puntos que acabo de mencionar serán materia de ley de todas maneras.

Ahora, ¿qué es lo que se vetó? Mi llamado es a votar en contra el veto, pero sobre todo a que podamos reponer lo que ya habíamos legislado. Para eso se requieren dos tercios de los parlamentarios participantes en la votación. Por lo tanto, hago un llamado a las y los diputados para que estén especialmente concentrados durante la votación de estas observaciones que ha presentado el Presidente.

¿Qué es lo que se elimina? Se elimina la consagración legal de las vacaciones de invierno; se elimina el que sean convocados solo hasta el 30 de noviembre las y los profesores a capacitaciones y que esas actividades de capacitaciones y perfeccionamientos estén en el registro del Cpeip; se elimina que no exista la posibilidad de perder el bono poslaboral, en caso de dejar de rendir la evaluación docente cuando quedan menos de tres años para jubilarse; se elimina -este punto es especialmente sensible e importante para las y los profesores- que los malos resultados que se pudieran obtener en la evaluación docente no constituyan causal de despido. Este punto es fundamental, pero el veto elimina que el mal rendimiento en la evaluación docente no sea considerado como causal de despido. Personalmente, defiendo que la evaluación docente debe ser un proceso formativo, pero no punitivo, como se plantea en este proyecto, con causales y sanciones como las que mencioné.

Por último, hubo un problema con el encasillamiento de los profesores que rindieron la evaluación docente entre 2015 y 2019, que también está contemplado en lo que habíamos propuesto y aprobado, que ha sido vetado.

Es fundamental entender bien lo que estamos votando, porque si bien hay puntos en los que avanzaremos sí o sí, como, por ejemplo, en la titularidad docente, hay otros que también son relevantes para cientos de miles de profesoras y profesores y que fueron vetados por el Presidente Piñera . Por eso, hago un llamado a rechazar esos vetos y a reponer lo que habíamos aprobado.

Para rechazar el veto se necesita solo una mayoría simple; sin embargo, para reponer lo que habíamos aprobado necesitamos un quorum de dos tercios. Ese es uno de los resabios de la Constitución de 1980 que nos exige de manera absurda un quorum supramayoritario para una votación de este tipo. Lograr los dos tercios es sumamente difícil, por lo que se requiere que diputadas y diputados de Chile Vamos voten a favor de la reposición.

Por lo tanto, mi llamado está centrado en ese aspecto, porque los puntos que se están vetando son importantes para las y los profesores de Chile, sobre todo en un contexto en el que se han visto sobreexigidos a raíz de la pandemia, sin considerar que su profesión ya de por sí tiene bastante sobrecarga.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, creo que este veto tiene un grave problema y se lo planteé al ministro de Educación en la comisión, y es que se trata de un veto supresivo y no de un veto aditivo. Si el Ejecutivo hubiese estado tan preocupado de que los profesores pudieran capacitarse y, además, realizar actividades de planificación, la cuestión era muy simple: agregar actividades de planificación al proyecto, pero no se hizo así; lo que se hizo fue eliminar la propuesta que la comisión y el Congreso Nacional habíamos aprobado.

Por lo tanto, si bien podemos coincidir en algunos puntos, el error del Ejecutivo fue hacer borrón, sin incluir ninguna propuesta alternativa que pudiese solucionar un tema que, a lo mejor, es necesario resolver.

Las actividades de capación planteadas se trasladan solo a las tres primeras semanas del mes de enero, básicamente para evitar que las vacaciones sean interrumpidas, porque te pueden llamar en cualquier minuto si las vacaciones quedan abiertas, y eso a ningún ser humano le gusta; al ministro tampoco le gustaría. Reitero que el tema de la planificación que mencionó el ministro se pudo haber incorporado como veto aditivo y no supresivo, pero el Ejecutivo prefirió hacer tabla rasa, y pienso que ese es el problema.

El ministro también señaló en la comisión que habría sido mejor resolver esto en una comisión mixta, pero no hubo comisión mixta y, por lo tanto, la única herramienta o alternativa que tuvo el Ministerio para resolver este problema era la presentación de un veto, que podría haber sido aditivo y no supresivo, con lo cual quizás estaríamos hablando de una realidad distinta.

Respecto de la evaluación de los profesores -tema que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo-, para que tengan resultados y un impacto real deben ser formativas. Uno no evalúa para descalificar al otro, uno no evalúa para eliminar al otro; uno evalúa para que ese otro tenga posibilidades de reparar, para crecer e iniciar un proceso de cambio y de desarrollo tanto de los alumnos como de los profesores.

Al respecto, hemos planteado proyectos para eliminar las notas, porque la nota sirve más como sanción o como premio, pero no ayuda al proceso de evaluación ni de avance del alumno, de entender por qué le están diciendo eso a través de una nota, y que el alumno tenga la posibilidad de reparar lo que ha hecho, porque frente a una nota 1, 2 o 3 el alumno simplemente es derrotado y su efecto no ayuda a que ese niño, que está en proceso de desarrollo, aprenda.

Lo mismo pasa con los profesores y con cualquier profesional evaluado. El objetivo de la evaluación es precisamente para tener la posibilidad de reparar. Obviamente, el Estado también se debe hacer cargo de sus responsabilidades, porque no hay que olvidar que gran parte de las falencias que presentan los profesores tienen que ver con un Estado que ha permitido que haya universidades rascas -repito: ¡rascas!- que no debieran existir, pero para promover el negocio de la educación superior se ha permitido que haya carreras que no sirven para nada y, lamentablemente, muchas personas egresan de esas carreras con un título. El Estado permitió esa situación y, por lo tanto, el mismo Estado debe repararla.

Hay situaciones por las que culpan a los profesores, pero creo que la responsabilidad es del Ministerio de Educación y, por tanto, el ministerio y el Estado de Chile deben reparar la situación.

Es necesario cambiar la educación, no hay que seguir con los mismos parámetros, pues la educación en Chile es mala, porque la política educacional es mala. Eso es lo que hay que cambiar y esperamos que en los próximos gobiernos sea una realidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, este veto presidencial, en primer lugar, no le quita ningún derecho adquirido a ningún profesor, no modifica el estatus sobre el que este mismo Congreso Nacional ha venido legislando en materia de estatuto docente, sino que corrige situaciones que tienen relación más con intereses corporativos que con la calidad de la educación y con la prioridad que deben tener los niños, especialmente, en este minuto.

Me voy a referir a dos aspectos, el primero de ellos es la restricción que se pretende imponer a las actividades de perfeccionamiento y planificación docente que durante las primeras tres semanas de enero se pueden realizar en los establecimientos educaciones. Actualmente, el proyecto de ley que discutimos establece que solo aquellos cursos acreditados en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip) podrán ser utilizados para este tipo de jornadas, que son fundamentales en el proceso de educación y de mejoramiento de la calidad de la educación. Es decir, hoy estamos imponiendo más burocracia, más exigencias y más dificultades al proceso de capacitación docente y de mejoramiento de la calidad de la educación.

Estoy de acuerdo con la diputada Cristina Girardi en que la educación es mala, pero es mala porque hasta ahora se ha legislado solo sobre materias que no tienen nada que ver con la calidad de la educación, sino por el contrario, la restringen y la limitan. Se ha legislado con visión ideológica y sobre materias que perjudican y dificultan el proceso de calidad de la educación, agregando cada vez más cargas burocráticas, en vez de generar confianza en nuestros profesores, sostenedores, establecimientos y comunidades educativas en cuanto a las posibilidades de un proceso de capacitación y de mejoramiento de la calidad de la educación.

En consecuencia, lo que se está haciendo es dar al Estado la tuición respecto de qué es lo que se puede y no se puede hacer en materia de perfeccionamiento docente, en circunstancias de que los proyectos educativos no solo requieren capacitar a sus docentes, sino también reflexionar y analizar cómo fue el año escolar, planificar el año que viene, y ese proceso, hasta ahora, estaba establecido en nuestro ordenamiento y permitía hacerlo en el mes de enero, con una mayor flexibilidad y capacidad de la propia comunidad educativa y de los propios docentes.

Por otra parte, ¿qué señal damos a los docentes que se esmeran y realizan sus procesos de certificación y calificación si establecemos que un profesor mal calificado durante tres evaluaciones consecutivas -es decir, durante doce años, porque las evaluaciones son cada 4 años- no puede ser separado de la función docente? Eso está muy bien como interés corporativo en beneficio de aquel profesor, pero muy mal respecto de la señal de que queremos mejorar la calidad de la educación y estimular a los buenos profesores para que permanezcan en la función docente. Este tipo de normas, por lo demás, benefician a muy pocos profesores, porque son pocos los que se encuentran en esta situación.

No creo que este tipo de señales sea compartido por la inmensa mayoría de los profesores, especialmente por aquellos que tienen vocación y que realizan su tarea con el esmero y la dedicación que he visto en mis recorridos permanentes por los establecimientos educacionales de mi distrito.

Este veto corrige esa distorsión que se pretende imponer respecto de lo que esta misma Cámara legisló en materia del proceso de evaluación docente y del estatuto docente.

En consecuencia, señor Presidente, votar a favor este veto en ningún caso es votar en contra de los profesores, sino a favor de la calidad de la educación, y no seguir legislando en función de intereses corporativos y realmente preocuparnos de la calidad de la educación, que es la principal palanca de movilidad social que pueden tener nuestros niños. Es urgente acortar las brechas educacionales existentes producto de esta pandemia, no aumentarlas con proyectos de ley como este, que, en un principio, tenía buenos propósitos y algunos elementos positivos, pero que luego se transformó en un proyecto de ley que atenta contra aquello en lo que todos debiéramos estar de acuerdo: mejorar la calidad de la educación, estimular a los buenos profesores y generar espacios para mejorar el proceso para capacitar y perfeccionar, no burocratizar ni seguir imponiendo cargas estatales a una actividad tan importante como es la educación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, es verdaderamente lamentable que el Presidente de la República haya presentado este veto a un proyecto que constituye una profunda aspiración de los docentes y del sistema educacional chileno. Lo único que ha logrado el Presidente con este veto es retrasar que los profesores puedan gozar de un beneficio que veníamos tramitando desde hace mucho tiempo: el beneficio de la titularidad docente para varias decenas de miles de profesores que lo tienen bien merecido, puesto que han estado ejerciendo sus labores en calidad de contrata durante años. En contra de la propia ley no se ha garantizado su paso a la estabilidad que ellos necesitan para desarrollar sus funciones. Un profesor sin titularidad, cada año está cuestionado y dependiente de sus sostenedores. La titularidad permitirá que los profesores hagan su trabajo mejor, sin agobios y sin estar a merced de sus sostenedores.

Por eso, les digo a los profesores que no teman, porque, a pesar del veto del Presidente de la República, la titularidad ya ha sido aprobada y este veto solo hace más lenta y engorrosa la apropiación de un derecho que tienen las profesoras y los profesores chilenos. La titularidad no está en cuestión en este proyecto, sino un conjunto de beneficios de los que también debieran gozar las profesoras y los profesores de Chile, con relación a la capacitación, con aquellos que ya están terminando su trabajo después de más de 30 o 35 años de labor, con las merecidas vacaciones de invierno y otros derechos que han defendido muy encarnizadamente los organismos representativos de la educación chilena, como el Colegio de Profesores y otras instancias que hemos apoyado en su movimiento de protesta por el uso abusivo de las facultades del Presidente de la República en un momento en que no le queda tiempo y está terminando su gobierno, el que ha llegado a niveles de ilegitimidad y de falta de reconocimiento de la sociedad que no se conoce en Chile.

Todos están esperando que este gobierno termine, tenga lugar la elección presidencial y podamos reemplazar a este gobierno, para lograr que, en calma, en paz y de modo fructífero, culmine su labor la Convención Constitucional, que le dará un nuevo estatus a la sociedad chilena, que va a construir un nuevo régimen, que va a establecer derechos ciudadanos, como el derecho a las pensiones, el derecho a la educación, el derecho a la salud y otros grandes derechos.

Por eso es tan importante, hoy día, que rechacemos el veto del Presidente de la República, e insistamos por dos tercios de los votos que el veto no tenga lugar y para lograr la aplicación completa de este proyecto en beneficio de la ciudadanía y, desde luego, que logremos asegurar que se preserven y se defiendan los derechos del Parlamento.

Este Ejecutivo, con el grado de ilegitimidad y con la falta de reconocimiento que tiene, debería al menos dejar que el Congreso desarrolle su labor como corresponde.

Por eso, llamamos a todas y a todos no solo a rechazar el veto, sino a insistir por dos tercios a favor de los derechos de los trabajadores y de los profesores, para que sean respetados.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, en la discusión del veto que ha presentado el Presidente respecto del proyecto que beneficia a los docentes, proyecto en el que hemos trabajado desde 2018 para dar dignidad a la labor docente en varias áreas, a uno le llama la atención dónde está el corazón de las políticas públicas de este gobierno, dónde está la sensibilidad y dónde está la empatía. Hemos visto que el personal de salud, al principio, eran héroes, pero ahora están siendo despedidos. Hemos visto esas dos caras de la moneda, ese juego en que no se respeta la dignidad de los trabajadores públicos, como son los docentes. Hay un desconocimiento de la labor que realizan los docentes, de las horas de preparación del trabajo, de la corrección posterior al trabajo en aula y de las propias horas en aula.

Entonces, cuando hablamos de participación y el gobierno dice que deben participar todas las personas involucradas en una determinada política pública, ¿por qué no pueden participar los docentes y los profesores en un proyecto de ley que les beneficia y les ayuda? ¿Por qué no pueden participar y tratan las demandas como granjerías del Colegio de Profesores?

¿En qué mundo vive el Presidente? Parece que no ha ido a una escuela pública desde hace muchos años; no conoce ni el trabajo que desarrolla, ni las dificultades con que deben lidiar los profesores; no conoce lo complejo que hoy día es hacer docencia con pocos recursos, con muchos alumnos y con muchas horas previas para generar las clases en el aula.

Se vetó un bono poslaboral, para que no se pierda tres años antes de la jubilación. ¿Creerá que las jubilaciones de los profesores son millonarias? ¿De qué estamos hablando?

Por eso partí diciendo que hay una falta de empatía y preguntando dónde está el corazón y la sensibilidad en las políticas públicas en la forma como las plantea el gobierno.

¿Por qué este proyecto, que viene a dar dignidad al trabajo docente y que contó con la participación del Colegio de Profesores -¡qué bueno que así haya ocurrido!-, tiene que ser vetado?

El veto supresivo que presentó el Presidente de la República debe ser rechazado. El problema es que esto es una especie de juego, porque si rechazamos el veto, para reponer todo lo que se había ganado necesitamos un quorum de dos tercios. Esa es una trampa, porque eso dilatará el proceso y, probablemente, va a generar una dilación en los beneficios que se habían ganado con este proyecto. Además, se está terminando el año y muchos profesores están viendo si su contrato sigue o no.

Por eso, insisto en que se tiene que pensar en la dignidad docente y en que en esta iniciativa participaron los interesados, porque es algo que les importa y les incumbe, y porque ellos no han tenido los beneficios que tienen otras reparticiones del Estado, y no se les valora en nuestra sociedad como a otras áreas de nuestro Estado. Ellos siempre han tenido que ganarse las cosas luchando en la calle.

Así que voy a rechazar el veto supresivo del Presidente de la República, porque no podemos permitir que se siga ahogando la expresión de las necesidades de los docentes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, como han señalado mis colegas, creo que este es un veto a la capacidad de diálogo y de generar acuerdos que ha ido desarrollando el Colegio de Profesores con el Congreso Nacional. Me parece que es un veto que nuevamente pretende aislar a la ciudadanía de la participación política y al Congreso de la ciudanía, porque lo que logramos construir con este proyecto de ley y las modificaciones que se hicieron después en este mismo Congreso Nacional fue fruto del diálogo y de la generación de acuerdos con las y los docentes de nuestro país. Pero como al Ejecutivo no le pareció, no estuvo de acuerdo, recurrió a un veto supresivo y no aditivo, porque no quiere dialogar; no quiere hacer modificaciones a lo que se ha avanzado, sino simplemente eliminar lo que se ha avanzado, es decir, eliminar lo que se ha construido con capacidad de diálogo y capacidad de acuerdo. Eso es lo complejo.

No se trata solamente del fondo de las medidas, que, sin lugar a dudas, apuntan a mayor estabilidad de los profesores y profesoras, a que sus capacitaciones sean hechas por organismos certificados por la entidad estatal competente que hemos creado para hacer esa certificación, sino que además tiene que ver con la forma de hacer política de este gobierno, que dice hacia afuera que quiere construir puentes, dialogar y generar acuerdos, pero cuando esos acuerdos y ese diálogo se logran construir por parte de este Congreso con los ciudadanos y ciudadanas, y, en este caso, con los profesores y profesoras, veta y suprime, y lo hace, además, para eliminar el quorum de lo que ya ha aprobado este Congreso. Al final, ese es el punto: si no le gustan las medidas, veta, suprime, no dialoga y eleva el quorum. ¿Para qué? Para hacer que se caigan esas modificaciones, porque sabe que en su sector oficialista, en sus parlamentarios y parlamentarias, no van a estar los votos para reponer lo que ya habíamos logrado avanzar y aprobar.

Entonces, el problema dice relación con el ejercicio democrático, que este gobierno perdió hace rato o, quizás, nunca tuvo. Nuevamente, hay una mella en nuestra democracia. Con un liderazgo presidencial que está por el suelo, el gobierno acude a estas herramientas y abusa de los vetos. Es si le hubiese dado una pataleta, y dijera: “No me gustó lo que construyeron el Congreso y la ciudadanía, entonces veto, veto y veto”. Así no se construye democracia, no se construyen puentes, no se construye un presente y un futuro mejor para nuestra educación.

Por eso, lamento mucho la insistencia del Ejecutivo con este veto. Lo lamento muchísimo, porque podemos rechazar el veto, como señaló la diputada Camila Rojas , pero no sé si estén los dos tercios para reponer lo que logramos con los profesores y las profesoras, así como tampoco sé si esté ese quorum en el Senado.

A pesar de eso, para no ser pesimista, considero que el proyecto en sí mismo, es decir, lo que hemos logrado, lo que ya se aprobó y que no está vetado o suprimido por parte del Ejecutivo, sin lugar a dudas es un importante avance en la lucha de los profesores y profesoras por una mejor educación para nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA (don Juan).-

Señor Presidente, tal como se ha dicho, la presentación de este veto presidencial demuestra la tremenda falta de compromiso del gobierno con la labor que realizan profesores y profesoras de todo nuestro país, quienes durante la pandemia han sufrido una falta de recursos inexplicable por parte del Estado chileno y un agobio laboral muchas veces denunciado por este Parlamento.

Esta iniciativa busca hacerse cargo de una serie de deficiencias consagradas en leyes vigentes y que han repercutido sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por cierto, se regula el feriado legal, para que sea efectivamente un período de descanso para las y los docentes, y así no sean llamados a cumplir actividades de forma arbitraria. También se reconoce la titularidad de las horas de extensión y la prórroga de los contratos por los meses de enero y febrero para quienes tengan contratos vigentes al 1 de diciembre.

En lo referente a las capacitaciones, el ministro basa su argumentación en que no existe un registro y solo limita a lo que imparte el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip), pero omite que está en sus propias manos crear dicho registro y fortalecer el Cpeip. Todas estas consideraciones han sido ampliamente apoyadas por expertos y por la totalidad de los gremios de profesionales y asistentes de la educación; es decir, este veto se opone a una voluntad que se encuentra generalizada en el mundo de la educación, para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores. Con ello, una vez más, queda en evidencia que aquí se gobierna de espaldas a la educación de calidad que queremos y se priorizan cuestiones economicistas por sobre la dignificación de la labor educativa.

Señor Presidente, por su intermedio le pregunto al ministro, a pocos meses de finalizar esta administración, ¿cuál ha sido el compromiso de su cartera con los profesores y los asistentes de la educación si lo único que hemos visto en la Comisión de Educación es una férrea oposición a cualquier tipo de proyecto que suponga derechos laborales y muy poca voluntad de diálogo para avanzar en materias que históricamente han aquejado a este gremio?

El diputado Luis Pardo hizo mención a que, desde la oposición, solo hemos empujado iniciativas que no tienen relación con la calidad de la educación y que, más bien, están fundadas en aspectos ideológicos.

Diputado Pardo -por su intermedio, señor Presidente-, el punto es que la calidad de la educación pública también pasa por cómo mejoramos las condiciones de trabajo de quienes se desenvuelven en un establecimiento educacional y también por tomar en serio esta discusión para no seguir presenciando un alto desinterés en las carreras de pedagogía y los altos niveles de deserción laboral de los nuevos docentes que comienzan a ejercer su labor. Esa no es una discusión ideológica; eso es, precisamente, hacerse cargo de los grandes problemas que hoy tiene la educación chilena.

Tal como lo votamos en la Comisión de Educación, el llamado que hago a mis colegas es a que escuchemos la voz de quienes sostienen la educación en Chile. No bastan los aplausos para reconocer el esfuerzo que han puesto los trabajadores y trabajadoras durante esta pandemia. Si no legislamos en favor de mejoras laborales, ¿con qué cara vamos a volver a nuestros distritos si hay parlamentarios y parlamentarias que no pueden defender en esta Sala cuestiones tan básicas como las que discutimos hoy?

Hasta la fecha, miles de docentes hacen clases sin medidas sanitarias adecuadas o valiéndose de sus propios recursos económicos para mantener las clases online. Muchos asistentes y profesores esperan sus bonos de incentivo al retiro. Muchos llevan años trabajando en establecimientos donde sus derechos no son reconocidos.

Esta situación es insostenible. Es un deber rechazar este veto y lograr avances en la dignificación de la educación chilena.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, hablamos de un veto muy concreto. No hablamos de bonos ni de condiciones; tampoco de los derechos en general de los profesores.

Primero que todo, tenemos que destacar que los profesores no van a perder los derechos adquiridos hasta el día de hoy; es muy importante saberlo.

Estamos viendo en esta Sala dos temas y, personalmente, me llama muchísimo la atención que los estemos considerando ahora, en este minuto de nuestra historia, en momentos en que, como la libertad, es el gran anhelo. El que el Estado decida lo que quiere en materia de capacitación para los profesores; que no respete el proyecto educativo particular de un colegio determinado o la decisión de padres que optaron por tal o cual proyecto educativo, porque la institución que dicta los cursos de capacitación no está acreditada en un Cpeip, me parece impresentable.

Estamos hablando de libertad, en este caso, de la libertad de los padres y de los colegios de elegir y desarrollar su proyecto educativo. Todos sabemos que no es fácil ingresar al Cpeip; va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, no entiendo por qué causa tanta controversia este punto particular del veto.

Pero lo que más me llama la atención es que no se pueda despedir a los profesores mal evaluados. Estamos hablando de evaluaciones cada cuatro años, y se requieren tres evaluaciones malas para ser despedido. Recordemos que cuando vamos al colegio estamos catorce años de estudios, de modo que estar doce años con un profesor que ha sido mal evaluado me parece incomprensible. Por eso, es de toda lógica que pueda ser despedido. Estamos hablando de doce años y de tres evaluaciones insatisfactorias consecutivas, pues se realiza una cada cuatro años. ¿Dónde se ha visto esto?

Esto es algo incomprensible, porque involucra la vida completa de un alumno: de los catorce años que está en el colegio, doce podría estar con un profesor que ha sido mal evaluado durante tres períodos consecutivos, y a pesar de todo eso no se le puede despedir. ¡Por Dios! La mayoría en esta Sala somos padres y sabemos perfectamente lo que implica tener un mal profesor. Realmente, no puedo entenderlo.

Pero, claro, todos pensarían: “Ojalá no le toque a mi hijo; ojalá le toque al del lado”, porque es mucho más importante defender al gremio que defender al niño que se está educando, y si ese niño recibe una mala educación, probablemente va a tener una vida bastante más distorsionada o no va a poder desarrollar sus potencialidades y capacidades, que es la tarea fundamental de un buen profesor.

Por favor, pensemos en los niños, pero también en aquellos profesores que hacen bien su trabajo, y que son la mayoría. Ellos son los primeros en darse cuenta cuando la colega de al lado no está haciendo bien su labor y está afectando en forma negativa la educación de un niño.

Hemos dicho que no se está respetando la dignidad de los profesores. Vuelvo a repetir: aquí no se está perdiendo ninguno de los derechos adquiridos hasta el día de hoy; pero ¿qué pasa con la dignidad de los niños, niñas y adolescentes? Creemos que nuestra primera obligación es defender a los que no están organizados, tenemos que ser la voz de esos padres y madres que necesitan que sus hijos tengan buenos profesores, porque son ellos quienes les van a definir, en parte, su calidad de vida.

Por esos educadores que hacen bien su trabajo, por esos niños que deberían recibir, al menos, una educación de buena calidad, nosotros deberíamos aprobar este veto, y con convencimiento, porque hasta el minuto no he visto a nadie defender a los principales afectados por esta mala decisión que están tomando algunos de votar en contra. Me parece que niños, niñas y adolescentes, que se juegan la vida en su proceso formativo durante catorce años, tienen el mínimo derecho de tener buenos profesores durante ese tiempo.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, estuve con profesores de las comunas de Chimbarongo, San Fernando , Graneros , de la Región de O´Higgins, quienes nos decían: “Nosotros queremos evaluación; no tenemos problema con eso. Creemos que debemos ser permanentemente evaluados”.

Sin duda, la vocación más importante de profesores y profesoras tiene que ver con entregar la mejor educación a los niños y niñas de nuestra región y de nuestro país.

¿Qué hace este veto supresivo? El veto altera una decisión de este Parlamento, donde hubo un proceso de diálogo con los profesores y, en general, con los profesionales de la educación, en el marco del cual se llegó a acuerdos, con motivación y capacidad de buscar cuáles eran las mejores instancias para el objetivo más importante: la educación de nuestros hijos e hijas.

Frente a eso, el Presidente de la República nos envía un veto y dice que va a agregar algo, pero en realidad se trata de un veto absolutamente supresivo. Entonces, además de ser una falta de respeto con la institucionalidad de los profesionales de la educación, también es una falta de respeto con nuestra propia institucionalidad cuando votamos y dijimos: “Esto es lo que pretendemos con determinada ley”.

Es muy importante que hoy se entienda que no es la forma adecuada de gobernar que el Presidente de la República esté permanentemente enviándonos vetos, sino que la única forma de gobernar inteligentemente es buscando el diálogo, los acuerdos y la capacidad de entendernos con aquellos que hacen la educación, con los que saben cómo educar a los niños y niñas, que saben cómo impartir no solo los conocimientos, sino la formación de la persona.

Ante eso, vamos a votar en contra este veto. Además, creemos que el Presidente de la República, lamentablemente, se está acostumbrando a controlar el Parlamento a través del veto y no a través de entendernos por medio del diálogo, de los acuerdos y, sobre todo, de escuchar a la ciudadanía y a las instituciones que saben de estos temas.

El perfeccionamiento y las horas que se necesitan para desarrollar posteriormente el proceso educativo en aula son medidas legítimas que están planteando permanentemente los profesionales de la educación, profesores y profesoras.

Como diputada de la Región de O´Higgins, donde hemos conversado en muchas comunas con distintos profesores en establecimientos educacionales, votaremos en contra este veto supresivo del Presidente de la República.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, como han dicho varios diputados y diputadas, estamos en esta Sala para abordar un veto supresivo a un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Congreso Nacional, que recoge las demandas que las profesoras y los profesores vienen levantando desde 2019.

Este gobierno parece no entender que mejorar las condiciones laborales de las profesoras y de los profesores no solo es un asunto de justicia con los docentes, sino que incide también en el clima de la escuela, en los aprendizajes de los alumnos y en la educación que reciben en general.

Elevar el nivel educacional de niños, niñas y adolescentes es un objetivo que todos en esta Sala seguramente compartimos. Para ello, es fundamental que las profesoras y los profesores desarrollen con tranquilidad su labor. En este plano, estamos por fortalecer una evaluación docente que sea fundamentalmente formativa y no punitiva, al contrario de lo que parece creer este gobierno, y que considere especialmente el contexto socioeconómico en que se desarrolla la labor educativa.

El contexto en pandemia ha sido aún más complejo, y no podemos desconocerlo. Los profesores han tenido que desarrollar nuevas habilidades para realizar clases a distancia, muchas veces con sus propios recursos tecnológicos, con dedicación a sus estudiantes en horas que no les corresponden laboralmente y sin ningún reconocimiento especial.

Por otra parte, muchos niños y niñas están atrasados en sus aprendizajes y necesitarán de un refuerzo adecuado.

Con mayor razón, necesitamos fortalecer condiciones laborales para que los docentes realicen su labor educativa en un contexto adverso.

Por lo mismo, no nos parece justificado este veto supresivo. Rechazamos las modificaciones del Ejecutivo, pues eliminan derechos y condiciones que se habían conquistado en el debate desarrollado en el Congreso Nacional y que constituyen demandas históricas, como la titularidad docente, las vacaciones de invierno y la eliminación de la causal de despido por evaluación docente. No hay argumentos técnicos ni económicos racionales para suprimir estos derechos que benefician, por cierto, a miles de profesores.

En esta semana hemos escuchado a profesores del distrito N° 14, de las provincias de Talagante, Melipilla y Maipo ; a representantes del Colegio Metropolitano de Profesores, y nada nos hace dudar sobre nuestra posición respecto de un veto que solo muestra falta de compromiso, de empatía y de claridad sobre lo que significa realmente la calidad de la educación, sin abordar las condiciones laborales de las y los docentes.

Rechazamos el veto del gobierno y apoyaremos la insistencia en este proyecto en los términos en que fue aprobado en el Congreso Nacional, lo que, como sabemos, requiere el apoyo de los dos tercios de los diputados y diputadas presentes.

Desde ya invitamos a rechazar las inexplicables modificaciones del Ejecutivo y a insistir en el contenido del proyecto ya legislado en el Congreso Nacional.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo para establecer el derecho a la desconexión digital de los trabajadores (boletines Nos 11110-13 y 12284-13).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se rindió en la sesión 93ª de la presente legislatura, en martes 26 de octubre de 2021.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, nosotros votaremos a favor este proyecto; durante su tramitación en la comisión también lo votamos favorablemente.

Creemos que el tiempo es vida y es escaso, al igual que el agua, que el aire, que la tierra, por lo que necesitamos normarlo en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, para que tengan más tiempo para la vida, más tiempo para descansar, más tiempo para compartir. Lo dice el artículo 1° del proyecto: “Los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital, fuera del horario establecido para la jornada de trabajo, con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, licencias médicas, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Igual derecho tendrán los trabajadores contratados bajo el régimen de subcontratación con respecto al empleador principal.”.

Consideramos que este es un avance respecto de la capacidad de los trabajadores y trabajadoras, y de las diversidades que hemos ido aprendiendo duramente, pero que es necesario reconocer.

Tenemos que insistir en la capacidad de los trabajadores y trabajadoras, porque existe, además, una asimetría muy fuerte en la capacidad negociadora respecto del tiempo después de las horas de trabajo, lo que impide decidir sobre la posibilidad de seguir viviendo en dicho tiempo una vida feliz, una vida tranquila, una vida para compartir.

Como dice la OCDE, la gran cantidad de horas que se trabaja y la tensión laboral o el estrés dañan la salud física y mental de todas, todos y “todes”. Por ello, es necesario seguir avanzando para abordar esa situación. Este proyecto avanza hacia ese lugar, como también avanza un proyecto que discutimos profundamente, como es el que establece la jornada laboral de 40 horas, que debería seguir su tramitación en el Senado de la República, porque fue dura e inteligentemente discutido en esta Cámara.

El tiempo es vida, no es oro.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, la jornada de trabajo es una conquista fundamental en la historia del movimiento obrero y de los trabajadores, toda vez que significaba interponer una barrera que limitaba el control del empleador sobre el tiempo del trabajador o trabajadora, es decir, limitando el alcance y el control sobre el trabajo que significa estar sujeto a subordinación y dependencia.

Sin embargo, hoy el trabajo ya no es una figura tradicional en la cual el obrero entraba a la fábrica, cumplía con su trabajo y al final de la jornada se retiraba. Hoy, el mundo de la tecnología ha traído un sinnúmero de beneficios en materia de comunicación y circulación de información que, en el contexto del trabajo, ha desencadenado también nuevas formas de control y seguimiento que, utilizadas por el empleador, pueden constituir, incluso, una extensión excesiva del ejercicio de la subordinación con las trabajadoras y los trabajadores.

Es habitual, por ejemplo, recibir requerimientos vía correo electrónico o vía mensajería instantánea por fuera de la jornada de trabajo, que en un contexto de sindicalización débil, como es el caso de Chile, los trabajadores, en la práctica, tienen pocas posibilidades de resistir sin temor a sufrir represalias.

Si bien en el contexto de la regulación del teletrabajo ya existe en nuestra normativa el derecho a la desconexión digital de 12 horas, es fundamental establecer un derecho a la desconexión para la generalidad del trabajo, aun respecto de aquel que no se desarrolla remotamente.

Quisiéramos aprovechar esta discusión para insistir en que avance la tramitación en el Senado del proyecto sobre jornada laboral de 40 horas, una medida necesaria que apunta en una dirección adecuada y similar al proyecto en discusión, respecto de la necesidad de resguardar la integridad de las trabajadoras y los trabajadores.

El trabajo debe ser ese espacio de desarrollo del trabajador y la fuente de ingresos que dé sustento a las necesidades materiales de la vida, pero en ningún caso puede invadir todos los espacios y aspectos de la cotidianeidad de quienes viven de su fuerza laboral. Por ello, esta es una medida fundamental para la cual, desde ya, anunciamos nuestro voto favorable.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, hace un poco más de dos años, cuando el derecho a la desconexión digital iniciaba su discusión en esta Sala, decía que las tecnologías avanzan mucho más rápido que nuestra legislación y que teníamos el deber ético de reducir esa brecha.

En estos dos años en Chile hubo una crisis política, una revuelta social, una crisis económica, de la que todavía no salimos, y una crisis sanitaria frente a la cual nuevamente estamos en una situación complicada. En esos dos años la tecnología no ha parado de desarrollarse, particularmente en el ámbito del trabajo. En estos dos años, las habilidades necesarias para trabajar, dónde trabajamos, cómo trabajamos y con quién trabajamos son condiciones que han cambiado muchísimo.

Este proyecto de ley nació porque los jefes habían entrado a los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores.

WhatsApp, Telegram , Signal , Gmail y tantas otras aplicaciones alargan silenciosamente, mensaje a mensaje, la jornada laboral de millones de trabajadores y trabajadoras en Chile y en todo el mundo.

Sin embargo, lo anterior ha cambiado desde que lo presentamos junto con el diputado Raúl Soto . Los jefes no se quedaron en los bolsillos y llegaron hasta las casas de muchos y muchas con el teletrabajo, con una legislación cuyo cumplimiento no ha sido debidamente fiscalizado, pero que, seguramente, llegó para quedarse y que también, como muchos y muchas en sus casas saben, alarga la jornada laboral de manera silenciosa, haciendo más difícil distinguir entre trabajo y descanso, y entre casa y oficina.

Además de eso, en Chile vivimos durante la pandemia una realidad, cual es que los riders, shoppers y conductores se multiplicaron por su importancia en medio de las cuarentenas. Vimos como se transformaron en un servicio esencial para muchas personas que no podían salir de sus hogares. Pero además vimos cómo alrededor del mundo cada vez más jefes se han transformado en aplicaciones o algoritmos que ordenan a cientos o a miles de trabajadores, distribuyen su trabajo, los contratan, los despiden y les asignan empleos sin que ellos y ellas sepan las razones por las que los despiden o por las que les pagan lo que les pagan. Se trata de empleos que, como hemos dicho muchas veces, no tienen contratos, por lo que los trabajadores ni siquiera tienen tiempo de descanso reconocido; incluso, muchas veces las aplicaciones penalizan este tiempo.

Este modelo ha llegado también para psicólogos, para trabajadoras de casa particular e, inclusive, el retail.

Por supuesto que las nuevas tecnologías generan nuevas soluciones y deben ser promovidas, pero también es cierto que las nuevas tecnologías generan nuevos problemas, por lo que deben ser reguladas.

Por eso, lo que quiero decir es muy sencillo: tenemos que avanzar ya, ahora, en el derecho a la desconexión digital, porque tenemos el desafío gigantesco de resolver los problemas que el trabajo afronta de cara a la cuarta revolución industrial…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, antes de referirme a lo que propone esta iniciativa: el establecimiento del derecho a la desconexión digital de los trabajadores, quiero señalar que a veces planteamos que lo digital puede ser un juego. Así partieron muchas de las aplicaciones que hoy invaden la privacidad de las personas y que terminaron siendo parte de una amenaza, que se ha traducido en varios países en iniciativas para proteger los derechos del pensamiento de las personas y sus preferencias, ya que múltiples plataformas captan lo que preferimos, “likeamos” o miramos.

La protección de los datos, que era como lo antiguo, hoy también es la neuroprotección de nuestras preferencias, de nuestros espacios de privacidad, de nuestros espacios íntimos.

Dentro de eso, el derecho a la desconexión digital tiene que ver con impedir que exista una invasión de la intimidad, del descanso y de la privacidad de los trabajadores y trabajadoras, con el objeto de hacer carne lo que significa la neuroprotección de nuestros datos personales, de nuestras preferencias, de nuestros espacios íntimos, de nuestro descanso.

En los trastornos de salud mental, que se han visto aumentados en estos años, hay un componente relacionado con la invasión de tanta tecnología en los trabajos que se realizan.

Las personas están, muchas veces, más allá del horario laboral contratado conectadas al correo, al WhatsApp y a distintas plataformas, lo que les genera ansiedad, trastornos del sueño y trastornos angustiosos y depresivos, problemas que incluso han provocado suicidios.

Por lo tanto, se trata de una materia que debe tomarse con seriedad, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando se planteaba que estas aplicaciones servían para jugar en el celular. Hoy se han trasformado en una verdadera invasión, situación que debemos regular, porque está teniendo efectos dañinos en la salud de las personas, en la salud de los trabajadores y en la forma en que estamos ejecutando el trabajo, sobre todo hoy, en que el teletrabajo se está planteando en una suerte de telepresencia, con tecnologías que aumentan la necesidad de la presencialidad de los trabajadores a distancia. No obstante, aquello implica también una tremenda invasión de sus espacios de privacidad y de descanso.

En consecuencia, obviamente que votaremos a favor este proyecto, porque aborda una materia que también es de salud pública.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, desde el comienzo de mi trabajo como parlamentario me he propuesto impulsar fuertemente la flexibilidad laboral.

Estoy seguro de que mientras mayores sean las libertades con que cuenten los trabajadores y los empleadores para determinar sus jornadas de trabajo, sus tiempos de descanso y la manera en la cual prestarán sus servicios, mayor será la productividad y mayores serán los niveles de satisfacción y de realización personal de todas y cada una de las personas.

Si algo hemos aprendido y hemos podido concluir de la acelerada trasformación digital del trabajo que produjo la pandemia es que las personas valoran poder adecuar mejor sus tiempos de trabajo a sus necesidades personales.

Así, muchos padres y madres han podido decidir libremente si en un determinado horario trabajan, si van a dejar a sus hijos al colegio, si almuerzan en familia o si realizan trámites, lo que en condiciones laborales más inflexibles no podrían realizar.

Sin embargo, con la pandemia también hemos presenciado que esa flexibilidad, a través de plataformas digitales, va aparejada de una mayor dificultad para desconectarse del trabajo.

En mi labor territorial, efectuada en las comunas de Peñalolén, Las Condes , Vitacura , Lo Barnechea y La Reina, son muchos los que me han comentado que hoy sienten que están o que deben estar las veinticuatro horas a disposición de su empleador, que les resulta difícil dejar de lado sus responsabilidades y que se sienten sobrecargados.

Pues bien, como promotor que soy de la flexibilidad y de las tecnologías, también soy defensor de la desconexión justa que se merecen los trabajadores para descansar.

En este sentido, aprobaré esta iniciativa, ya que es, además, un proyecto que no es ingenuo y ciego a la realidad y necesidades de las empresas, dado que contempla que siempre existirán situaciones urgentes o imprevistas por el empleador que requieran del trabajador.

Valoro esta iniciativa, porque dice relación con un tema que antes se llamaba de futuro, pero que hoy es totalmente de presente.

En consecuencia, porque considero que todos deben gozar de la posibilidad de descansar y porque me parece ilógico e injusto que la vida se transforme solo en trabajar, evidentemente que votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, la irrupción de las tecnologías de la comunicación y de la información rápidamente nos hicieron migrar de la vida real a la vida de la realidad virtual. Sin darnos cuenta nos fuimos convirtiendo en ciudadanía digital, y la pandemia llegó a forzarla.

Meses y meses de cuarentena fueron la escuela de un teletrabajo que cambió las dinámicas laborales: trabajadores y trabajadoras pasaron de cumplir un horario laboral presencial a prácticamente vivir para trabajar en una red digital que ha creado una crisis de libertad, que bien define Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica .

La enorme ventana de conexión permanente que ofrecen las tecnologías de la información no se cierra y ha creado un ritmo laboral incesante.

Necesitamos que este proyecto sea aprobado, porque en Chile sabemos que se vive para trabajar. No es nueva la frase, y esto ha sido un grito permanente e histórico de trabajadores y trabajadoras, no solo por los bajos sueldos, sino también por el ahogo laboral que está generando el estar permanentemente conectado a esta red que, si bien tiene muchas virtudes, atrapa y arrebata los espacios para cultivar el ser, para acariciar el corazón y el calor familiar o simplemente para vivir la libertad que sustenta a todos los derechos humanos.

Apoyo este proyecto, porque hoy las empresas y jefaturas están sobreexplotando a las personas, obligándolas a estar conectadas, incluso, hasta altas horas de la noche y, según testimonio, amenazándolas con prescindir de su trabajo si no es así, tratándolos de flojos y flojas, porque están en su casa, en la comodidad de su casa, realizando sus labores íntimas.

Apoyo este proyecto, porque lo que propone establecer impedirá la vulneración del derecho al descaso, a la vida familiar y a los necesarios tiempos de libertad.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Chile y la República del Ecuador, suscrito en Guayaquil, Ecuador , y Santiago de Chile, el 13 de agosto de 2020, correspondiente al boletín 14541-10.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son el señor Gabriel Ascencio y la señora Sofía Cid , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 70ª de la presente legislatura, en jueves 19 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 84ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de septiembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 85ª de la presente legislatura, en lunes 4 de octubre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Solicito la unanimidad de la Sala para que ingrese la subsecretaria subrogante de Relaciones Exteriores.

¿Habría acuerdo?

Acordado

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

El señor ASCENCIO (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de integración comercial entre Chile y Ecuador, suscrito en Guayaquil, Ecuador , y en Santiago de Chile, el 13 de agosto de 2020.

El mensaje con el cual el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo señala que la apertura comercial ha permitido a Chile ser uno de los países con la más extensa red de acuerdos comerciales en el mundo, la cual ha contribuido a la creación de nuevas oportunidades de negocios en prácticamente todas las regiones del mundo, fomentando la diversificación de las exportaciones, la atracción de capitales extranjeros y la internacionalización de la economía chilena.

En este contexto, el mensaje agrega que las relaciones con Latinoamérica revisten un carácter prioritario para la política exterior chilena, constituyendo un importante foco de los esfuerzos destinados a profundizar los acuerdos comerciales suscritos en la región.

Del mismo modo, señala que las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Ecuador se rigen actualmente por el acuerdo de complementación económica ACE Nº 65, suscrito el 10 de marzo de 2008, el cual nació gracias a la ampliación del acuerdo comercial original con el Ecuador (ACE N° 32), suscrito el 20 de diciembre de 1994. Ambos acuerdos fueron adoptados en el marco del tratado constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), suscrito en Montevideo, Uruguay , el 12 de agosto de 1980.

A continuación, expresa que Chile y Ecuador manifestaron su interés en profundizar el acuerdo de complementación económica ACE N° 65, con el fin de lograr un marco jurídico más claro, moderno y transparente. Lo anterior se vino a concretar el 11 de abril de 2019, a través de la suscripción de los términos de referencia, que guiaron el proceso de la negociación de este nuevo acuerdo, denominado “Acuerdo de Integración Comercial”.

El Acuerdo de Integración Comercial entre la República de Chile y la República del Ecuador consta de un preámbulo y de veinticuatro capítulos, relativos a disposiciones iniciales y definiciones generales; trato nacional y acceso a los mercados; reglas de origen; facilitación del comercio; defensa comercial; buenas prácticas regulatorias; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; comercio de servicios; comercio electrónico; telecomunicaciones; contratación pública; política de competencia; micro, pequeñas y medianas empresas; cadenas regionales y globales de valor; comercio y asuntos laborales; comercio y medio ambiente; comercio y género; cooperación económica y comercial; transparencia y anticorrupción; administración del acuerdo; solución de controversias; excepciones generales, y disposiciones finales. A su vez, el Acuerdo consta de dieciséis anexos, respecto de los cuales, en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder, omitiré su lectura.

Sobre esto, quiero subrayar el capítulo XVI, Comercio y Asuntos Laborales. Allí, las partes acuerdan medidas tales como el hacer cumplir su legislación laboral, reconociendo el derecho de las partes, según sus prioridades, para regular y establecer sus propios niveles de protección laboral.

Quiero resaltar el capítulo XVII, Comercio y Medio Ambiente. Allí las partes buscan promover que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente; fomentar altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de legislación ambiental, así como el desarrollo de las capacidades de las partes para tratar asuntos ambientales relacionados con el comercio.

También quiero resaltar el capítulo XVIII, Comercio y Género, que tiene como propósito contribuir a mejorar la capacidad, las condiciones y el acceso de las mujeres a las oportunidades creadas en el comercio.

Asimismo, destaco el capítulo XXIV, en las deposiciones finales, que contiene una cláusula de revisión general y negociaciones futuras con miras a su actualización o ampliación, así como la incorporación de nuevas disciplinas.

Para el estudio de este proyecto, la comisión recibió, de manera telemática, a la señora

Carolina Valdivia Torres , ministra de Relaciones Exteriores (s), junto con la señora María Elena Lee , jefa de la División Servicios y Economía Digital (Subrei) y el señor Franco Devillaine Gómez , director general de Asuntos Jurídicos, (Digejur), quienes ratificaron el contenido del mensaje, expresando, entre otros aspectos, que en relación con los productos que Ecuador exporta a Chile, un total de 156 productos quedarán, al momento de la puesta en vigencia del acuerdo, liberados del pago de aranceles, entre ellos, adhesivos de venta al por menor, harina de maíz, aceites combustibles destilados, artículos de prendería, entre otros. Asimismo, en un plazo de cinco años otro grupo de productos quedará exento, así como ciertas carnes bovinas, porcinas, aves, quesos y azúcar, los cuales contarán con aranceles preferenciales, dentro de ciertas cuotas.

En materia de servicios, continuó, se estableció un marco de certeza jurídica respecto del tratamiento que se les dará en Ecuador a los exportadores de servicios chilenos, asegurando el derecho a un trato no discriminatorio, por lo que cada parte brindará a los servicios y sus proveedores de la otra parte un trato no menos favorable que el que se otorga a sus proveedores nacionales, abriendo con ello múltiples posibilidades para los exportadores chilenos, que podrán ingresar a Ecuador en igualdad de condiciones que los proveedores locales.

Asimismo, este acuerdo incorpora medidas en materia de comercio electrónico, cuyo capítulo será uno de los que tendrá mayor impacto para las mipymes, pues promoverá este tipo de intercambio comercial, a través de disposiciones que buscan facilitar el comercio por esta vía y mejorar las condiciones en las que los proveedores de servicios y productos digitales chilenos operan en el mercado de Ecuador.

Adicionalmente, la señora Carolina Valdivia informó que este acuerdo incorporó un capítulo de compras públicas que promueve la participación de proveedores chilenos de bienes y servicios en licitaciones públicas en condiciones de igualdad respecto de empresas ecuatorianas, otorgando una mayor certeza jurídica a los proveedores chilenos y permitiéndoles acceder a un mercado tradicionalmente de proveedores locales.

De igual modo, el capítulo de micro, pequeñas y medianas empresas, que forma parte del nuevo acuerdo comercial entre Chile y Ecuador , tiene un enfoque que es transversal a todo el acuerdo comercial, reconociendo que las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores contribuyen significativamente al comercio, al crecimiento económico, al empleo y a la innovación, como también a un comercio más inclusivo, ya que, por ejemplo, son responsables de gran parte del empleo en Chile.

Sobre la vigencia, la señora ministra (s) manifestó que este nuevo acuerdo comercial entrará en vigor noventa días después de que ambos países notifiquen a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) que han cumplido los requisitos establecidos en sus legislaciones con este fin. En el caso de Chile, el requisito es la aprobación por parte del Congreso Nacional. Por su parte, en Ecuador el 4 de mayo del presente año la Asamblea Nacional de ese país aprobó por amplia mayoría el acuerdo de integración comercial, restando que nuestro país culmine el mismo proceso.

Terminada la presentación, las señoras y los señores diputados presentes en esta instancia legislativa manifestaron su opinión favorable al proyecto de acuerdo, razón por la cual acordaron someterlo a votación general y particular a la vez, sin mayor debate, dada la pertinencia de su contenido.

Sometido a votación, en general y en particular, el proyecto en estudio, se aprobó por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Calisto, don Miguel Ángel ; Fuentes, don Tomás ; Jarpa, don Carlos Abel ; Mirosevic, don Vlado ; Naranjo, don Jaime ; Undurraga, don Francisco , y Vidal, don Pablo .

Finalmente, hago presente a ustedes que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que sus capítulos 2 y 5 deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del acuerdo en trámite, la comisión decidió recomendar a esta Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo de la diputada Sofía Cid , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda paso a informar lo relativo a la incidencia presupuestaria del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique , que aprueba el Acuerdo de Integración Económica entre la República de Chile y la República de Ecuador, suscrito en Santiago, el 13 de agosto de 2020.

La iniciativa que convoca la atención de la Sala fue ingresada a tramitación el 18 de agosto del año en curso e informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Asistieron en representación del Ejecutivo la señora Andrea Cerda , jefa de la División de Acceso a Mercados de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y la señora Karina Cánepa , jefa de la División Sudamérica de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

La idea fundamental de la iniciativa es profundizar el Acuerdo de Complementación Económica ACE N° 65, que rige las relaciones comerciales entre las repúblicas de Chile y Ecuador desde el año 2008, con el fin de lograr un acuerdo jurídico económico más claro, moderno y transparente, mediante un nuevo acuerdo denominado Acuerdo de Integración Comercial, suscrito con fecha 13 de agosto de 2020 de manera virtual entre ambos países.

En los últimos 60 años, los envíos de Chile a América Latina se han multiplicado 241 veces y los envíos a Ecuador se han multiplicado 618 veces. Ecuador siempre ha sido un mercado importante para las pequeñas y medianas empresas chilenas. En materia de intercambio comercial, en los últimos tres años Ecuador se ha ubicado, en promedio, como el sexto socio comercial más relevante para Chile en Latinoamérica. En los últimos 18 años -es decir, desde 2003 a 2020-, el intercambio comercial entre Chile y Ecuador ha crecido un promedio anual de 9,9 por ciento, y nuestras exportaciones un 1,8 por ciento también como promedio anual.

En resumen, las exportaciones -que es un tema que le interesa al diputado Raúl Leiva - se han mantenido estables en la última década, promediando 486 millones de dólares anuales, mientras las importaciones desde Ecuador han fluctuado al ritmo de las internaciones de petróleo, producto que representó el 70 por ciento del total importado en el 2020; es decir solo un cuarto de las exportaciones de Ecuador a Chile corresponden a productos, exceptuado el petróleo. En el total global, Ecuador se ha mantenido como el segundo principal proveedor de petróleo a Chile después de Brasil.

En lo que respecta a la incidencia presupuestaria, el Capítulo 2, denominado Trato Nacional y Acceso a los Mercados, y el capítulo 5, sobre Defensa Comercial, fueron analizados por esta Comisión de Hacienda, por referirse a la medida de liberación arancelaria y al acuerdo de un mecanismo de salvaguardia bilateral al que puedan recurrir si, como resultado de la desgravación arancelaria pactada en el tratado, las importaciones de un producto proveniente desde la otra parte aumentan en condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a las ramas de producción nacional que produce una mercancía similar o directamente competidora.

Asimismo, se destaca la incorporación de nuevas concesiones arancelarias entre ambos países, la regulación de nuevas materias asociadas al comercio mutuo y la facilitación del comercio conforme a los estándares actuales.

También se incorpora un capítulo relativo a las reglas de origen, permitiendo una mejora en la certificación de origen de los bienes a transar entre los países.

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en su informe financiero, indica que los elementos operacionales e institucionales que se verían afectados tras la aprobación de este acuerdo no representan la necesidad de un mayor presupuesto para cumplir sus funciones. En consecuencia, el proyecto no irroga un mayor gasto fiscal, toda vez que lo operacional institucional será cubierto por los recursos contemplados en las partidas presupuestarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según corresponda, además de futuras leyes de presupuestos.

Por otra parte, el acuerdo contempla aspectos de liberalización comercial, estimándose que, una vez que entre en vigor, existirán nuevos bienes que no serán gravables con aranceles. La menor recaudación anual por concepto de estos bienes se estima en 41.395 dólares, equivalentes a 30 millones de pesos anuales.

En definitiva, la comisión compartió los términos del proyecto de acuerdo sometido a consideración y puesto en votación el artículo en lo que respecta a los capítulos 2 y 5 del acuerdo, fue aprobado por la unanimidad de los ocho diputados y diputadas presentes.

Por las razones señaladas, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto de acuerdo.

He dicho.