Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión de la modificación incorporada por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato (boletín No 12809-07).

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico.

Antecedentes:

-La modificación del senado comenzó a ser tratada en la sesión 5ª y luego en la 7ª, ambas de la presente legislatura, en miércoles 23 de marzo de 2022 y martes 5 de abril de 2022, respectivamente.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, este proyecto se hace cargo de una realidad muy frecuente en nuestro país: la de arrendatarios inescrupulosos que incumplen sus contratos, perjudicando a quienes, con legítimo derecho, les dan el inmueble en arriendo.

Muchas veces las personas buscan obtener un beneficio de su propiedad, pero, al final, por culpa de estos inescrupulosos incumplidores, resultan perjudicadas, toda vez que deben esperar dos o tres años para obtener la restitución de su propiedad, y, una vez que la obtienen, se encuentran con que está llena de desperfectos y con rentas impagas.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero responder al diputado Leonardo Soto , quien ayer en la discusión de este proyecto manifestó que era partidario de que fuera vetado para que el Presidente de la República solo lo hiciera extensivo a las personas naturales. Quiero decirle al diputado Soto , por su intermedio, señor Presidente, que esa es una discriminación arbitraria que nace no de la razón, sino de un prejuicio. Todas las personas en Chile, naturales o jurídicas, merecen que su derecho de propiedad sea respetado y fortalecido.

Al mismo tiempo, este proyecto también castiga a los arrendatarios inescrupulosos, pero con el veto que pretende el diputado Soto , estaríamos relativizando a ciertos arrendatarios inescrupulosos. Es decir, ¿una conducta inescrupulosa no lo es tanto dependiendo de quién sea el propietario del inmueble? No podemos relativizar a quienes incumplen los contratos. En Chile debe cumplirse la autonomía de la voluntad.

Incluso, puedo dar un ejemplo muy recurrente que ha aparecido en muchos noticiarios: los proyectos inmobiliarios con subsidio en los que aún no se otorga la escritura pública de compraventa, no obstante que la familia tiene el certificado de subsidio en sus manos listo para que le entreguen su casa que les costó tanto tiempo obtener, siguen siendo de una persona jurídica. Por lo mismo, hemos visto en las noticias cómo, muchas veces, esas casas han sido tomadas y las familias tienen que esperar.

Con la genial ocurrencia del diputado Leonardo Soto , este proyecto no serviría de nada en esos casos, porque estaría beneficiando a una persona jurídica…

Tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señora Presidenta, este proyecto es uno de los más sentidos por miles de familias que se han visto afectadas por una justicia que tarda más de dos o tres años en resolver sus diferencias respecto de la devolución de sus inmuebles por no pago de rentas. Sin duda, un juicio que se demora más de dos o tres años finalmente es una tremenda injusticia para miles de familias.

Hemos sido testigos del llanto y de la angustia de cientos de adultos mayores que generan un aumento de sus rentas producto de la tenencia de inmuebles, que finalmente se transforman en un dolor de cabeza.

Por tanto, me parece que este proyecto de ley soluciona en gran parte un problema jurídico o judicial de procedimiento que acerca la justicia a estas familias.

No podemos dejar de mencionar que este es un procedimiento solamente monitorio por no pago de rentas, que genera, al mismo tiempo, una medida precautoria de restitución inmediata, pero solo en el caso de la destrucción o la inutilización de la cosa arrendada.

Sin duda, este proyecto tiene algunas fortalezas: establece un procedimiento monitorio, plazos más acotados, una apelación que se otorga en el solo efecto devolutivo, exige un solo requerimiento de pago, y establece, por primera vez, la obligación de los notarios de verificar los títulos para autorizar la tenencia sobre la cosa arrendada, lo que me parece un gran acierto.

Sin embargo, quedan algunas cosas pendientes, como, por ejemplo, la situación del pago de los servicios básicos, de manera que sea el propio arrendatario el deudor final de ese tipo de servicios. Otra cosa que también queda pendiente es el fortalecimiento del delito de usurpación violenta y no violenta, por cuanto muchas familias se ven afectadas por la entrada a sus casas sin mediar un contrato de arriendo o un pago de renta. Lamentablemente, este proyecto de ley no soluciona ese tipo de situaciones en particular. Por tanto, es necesario fortalecer el delito de usurpación.

También se requiere fortalecer el acceso a la justicia, ya que los gastos de dicho acceso siguen siendo elevados: costos de honorarios, notificaciones, lanzamiento, etcétera.

Pero, sin lugar a dudas, expreso mi beneplácito por la bondad que tiene acortar los plazos por juicios por no pago de renta, lo que, sin duda, se traduce en un tremendo beneficio para cientos de familias.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Alejandro Pino .

El señor PINO.-

Señora Presidenta, colegas diputados y diputadas, encuentro bastante positivo este proyecto.

Quiero compartir con ustedes algunos comentarios de personas que se ven afectadas por la situación que aborda esta iniciativa:

“Arrendatarios rebeldes y okupas con propiedades dejan millonarias deudas en arriendos y en consumos básicos, y viviendas destruidas, mientras los propietarios, con pocos recursos, terminamos viviendo como allegados.

Por favor, aprueben y mejoren el proyecto de ley para poder tener una vida digna.”. Eso es lo que planteó la señora María Isabel , de Estación Central.

“¿Cómo es posible que delincuentes se tomen una casa, queden libres, dejándolas destruidas, con deudas millonarias en agua, luz, y, más encima, te amenazan cuando vas a buscar lo que es tuyo?”. Eso fue lo que nos señaló la señora Mercedes , de Quinta Normal.

“Estamos de llegados en la casa de nuestros familiares. Por favor, si gusta, usted puede contactarme y ver mi realidad. No somos ninguna empresa ni mucho menos una inmobiliaria”. Esas fueron las palabras de la señora María Ester .

Los señalados son solo tres ejemplos de miles de personas que, con tristeza, están viendo hoy afectados tanto su patrimonio como su vida a causa de personas inescrupulosas que se han tomado sus propiedades para uso propio. Lamentablemente, durante años se ha permitido que el sistema haya postergado a esas familias.

La realidad en Chile es que esto debe mejorar, y esperemos que este proyecto se transforme en ley para hacerlo. Queremos que esta futura legislación pueda otorgar la transparencia y la rapidez que se necesita para tomar las mejores decisiones en favor de las familias chilenas.

Las personas que se toman propiedades, las casas que pertenecen a otros, son, a mi modo de ver, delincuentes que se aprovechan del sistema, con la finalidad de violentar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de nuestro país.

En consecuencia, estoy completamente de acuerdo en apoyar las modificaciones del Senado a este proyecto, en especial pensando en la señora María Ester , en la señora Mercedes y en cada uno de los chilenos y chilenas que tanto necesitan volver a recuperar lo que es de ellos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, “Fuimos treinta veces a reclamar y no pasó nada”. A Eva y a su marido, Daniel , hace más de tres años que no les pagan el arriendo de una casa que arriendan en la comuna de Cartagena, y no reciben pago alguno por concepto de arriendo. Por eso, este proyecto les permitirá solucionar ese problema.

Quiero dar a conocer el relato de otra persona afectada por una situación similar: “Desde el día uno que mi mamá falleció, la mujer dejó de pagar el arriendo, agua y luz, y hay una deuda enorme. Fuimos treinta veces a reclamar, pero no sacamos nada. Hasta el momento le deben, por lo menos, 5.000.000 de pesos en arriendo, más de 1.000.000 de pesos por la cuenta de luz y otros 200.000 pesos por agua, cifras que se han ido acumulando al pasar los años.”.

Según la Corte Suprema son más de 15.000 los juicios que se presentan cada año, y solo uno de cada cuatro logra finalizar el proceso por completo.

Así las cosas, este proyecto establece un procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento, y contempla, además, hipótesis concretas de lanzamiento del inmueble del arrendatario demandado, en la medida que se cumplan las disposiciones legales.

Estimo que se trata de una propuesta positiva, ya que refuerza la situación del dueño o arrendador cuando se encuentra en una situación delicada y además injusta.

Es innegable que actualmente la figura del dueño y del arrendador de un inmueble está en desmedro ante arrendatarios u ocupantes que incumplen el pago de sus obligaciones, que no dispensan al inmueble el debido cuidado y que, alguna de las veces, actúan incluso como verdaderos delincuentes, al aprovecharse y abusar de una vivienda en la que viven adultos o personas mayores.

Por lo tanto, comparto plenamente el texto propuesto, toda vez que es un hecho cierto y que no tiene dudas, que las herramientas que el derecho chileno ha puesto a disposición de los arrendadores son absolutamente insuficientes, principalmente por la lentitud con que en la práctica operan hoy.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señorita Presidenta, si hay algo que indigna a la ciudadanía es cuando hay arrendatarios que no dudan en utilizar todas las artimañas legales para no pagar una vivienda. Lo peor es cuando la destruyen, cuando dejan deudas de gastos comunes, de cuentas de luz, agua y gas, y se van y dejan en la indefensión a las personas que tienen legítimamente una casa para arrendar, y que, lamentablemente, no lo pueden hacer por estos inescrupulosos que se demoran muchas veces meses o años en desalojarla.

Por eso valoramos esta iniciativa, y desde la bancada de la UDI vamos a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado en forma unánime, pues se trata de un proyecto que busca dos cosas. En primer lugar, agilizar la forma o la demanda para pagar los cánones de arriendo de las casas, respecto de lo cual se da un plazo de diez días; diez días para pagar las deudas por arrendamiento.

En segundo término, quizás lo más importante, tiene por objeto agilizar la expulsión del arrendatario cuando la vivienda, la casa o el departamento está siendo inutilizado total o parcialmente, cuando no tiene los cuidados necesarios. ¿Para qué? Para decir a los arrendatarios que no pagan, a los arrendatarios que destruyen, a los que utilizan, a los que se aprovechan, que se les acabó la posibilidad de seguir abusando del sistema.

Valoramos profundamente este proyecto de ley, puesto que busca hacer justicia a miles de personas que quizás viven de las rentas de arriendo, que están jubiladas o próximas a hacerlo, y que gracias al fruto de su esfuerzo se han comprado una casa o un departamento para poder vivir de su arriendo, pero que se ven en una situación que les impide cobrar el arriendo o que se demoran meses o años en poder hacerlo. Por lo tanto, se trata de un tremendo proyecto.

Sin embargo, tal como lo señaló el diputado Benavente , no puedo dejar pasar la solicitud que planteó el diputado Leonardo Soto , en el sentido de que esto sea solo para personas naturales, no para personas jurídicas.

Al respecto, pongo un ejemplo: un conjunto habitacional cuyo comité de vivienda lleva años trabajando y esperando por la entrega de sus inmuebles puede verse enfrentado a la situación de la toma de sus viviendas. Señalo ese ejemplo porque en ese caso, con el planteamiento del diputado Leonardo Soto , las viviendas nunca podrán ser desalojadas, y las personas que lucharon durante años para poder tener su casa no podrán hacer uso de ella, porque está tomada.

Por eso, hago un llamado a aprobar las enmiendas del Senado y a despachar este proyecto, que tanta falta hace para proteger a las personas honestas de los arrendatarios inescrupulosos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana korua. Por su intermedio, quiero comentar a los colegas distintas historias que he escuchado a lo largo del distrito Nº 7, al que represento, que abarca desde Concón hasta Santo Domingo .

Me voy a referir principalmente a familias de Cartagena, quienes, debido al incremento de la delincuencia producto de la llegada de la droga, así como a la falta de fuerza pública en estas comunas, me han manifestado, desde que empecé la campaña electoral, que ellos se han tenido que organizar entre vecinos para saber quiénes son los arrendatarios que no pagan y quiénes son los que se toman las viviendas o que hacen negocios ilícitos con aquellos adultos mayores que hoy, lamentablemente, están solos en la vida, porque sus hijos se han tenido que ir de las comunas en que viven, porque no tienen acceso ni a educación ni a trabajo.

Me quiero detener principalmente en las comunas de Cartagena y de Santo Domingo, en donde esas familias, el adulto mayor, invirtió, hermoseó el jardín y su casa, e invirtió un par de ahorros para poner en arriendo su propiedad y así viajar o salir fuera de esa comuna para ir con sus hijos, porque ya están en una edad avanzada. En muchos casos, ese arriendo les permite enfrentar los costos para vivir, por ejemplo, para el pago de sus medicamentos, o simplemente lo utilizan como una especie de pensión para enfrentar una edad más adulta o para heredar a sus hijos, después de que fallezcan, esa propiedad que con tanto esfuerzo y durante tantos años han pagado.

Quiero ponerme en el lugar de aquellas personas, ya que gracias a este proyecto van a tener la oportunidad de realizar los trámites correspondientes -quizás por su edad avanzada esos adultos mayores no podrán hacerlo, pero sí sus hijos en contra de toda la gente que está usurpando sus bienes inmuebles. Porque no solo hablo de gastos comunes y cuentas de luz y de agua impagos, sino de que muchas veces la misma propiedad queda deteriorada, independiente de lo que haya sucedido, y los arrendatarios continúan sin pagar por años y años. Encuentro que esa situación es de lo más injusta.

Por lo tanto, llamo a mis colegas a votar a favor esta iniciativa.

Asimismo, envío un mensaje de apoyo a quienes tienen este tipo de problemas, no solo a los habitantes del distrito Nº 7 y las comunas que lo componen, sino a los de todo el país.

Iorana.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer presente lo siguiente: la convivencia humana se basa en el cumplimiento de la palabra, y de la mano del cumplimiento de la palabra nacieron los contratos. Es decir, el cumplimiento de los contratos es fundamental para que pueda funcionar una sociedad. Cuando personas dejan de cumplir contratos, generan necesariamente un daño a aquella persona con la cual lo cerraron. Y en esto es absolutamente irrelevante si quien cerró el contrato es una inmobiliaria o una persona natural.

Respecto del aumento de los arriendos en Chile, señalo que ello es producto de las políticas que han sido toleradas por este Congreso. La política de inmigración masiva le metió dos millones de personas a este país en el curso de ocho años, y en ese período no se pudieron construir ni las viviendas ni las infraestructuras necesarias para mantener la estructura de precios, que depende de la oferta y la demanda. Hicieron explotar la demanda, y la oferta no les interesó. Ahora quieren que se vete el proyecto respecto de las inmobiliarias.

En tal sentido, planteo lo siguiente. En este momento, las inmobiliarias son las que disponen del capital requerido para seguir construyendo viviendas. Si queremos más viviendas, no podemos tratar a las inmobiliarias de manera distinta, especialmente después de que con los retiros hemos arruinado el mercado hipotecario para que la gente pueda construirse su pequeña casa propia.

Para qué hablar de la discriminación arbitraria que significa, entonces, tratar de manera distinta a una inmobiliaria respecto de una persona normal y corriente, y la intervención en cuanto a la protección que damos a los contratos, que son cerrados libremente entre las partes. Por supuesto, no debemos olvidar que muchas de las inmobiliarias tienen capital de trabajadores extranjeros; es decir, estaríamos dañando a personas de pocos recursos que no se encuentran en nuestro país, pero dependen de aquellos para su jubilación. Me parece que eso sería algo bastante impresentable.

Por último, voy a respaldar este proyecto, aunque me parece que no va lo suficientemente lejos en materia de protección del derecho de propiedad, para garantizar a aquellas personas que viven del arriendo de sus pequeñas propiedades, que ahora podrán recuperar en caso de enfrentarse a gente con poca moral en cuanto al pago.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto es muy sentido, puesto que hemos visto por las redes sociales que se demanda su tramitación a raíz de lo que muchas veces sufren los arrendadores ante lo inescrupulosas que llegan a ser algunas personas con las viviendas que arriendan.

En lo fundamental, el proyecto plantea la medida precautoria de restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. También dispone un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas adeudadas de forma más simple y expedita. No olvidemos que también el Congreso aprobó el proyecto de ley anticortes de servicios básicos, que sin duda genera un conflicto en esta situación, porque provoca deudas importantes al respecto. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de esa situación.

Asimismo, el proyecto facilita la notificación de la demanda y la resolución que sobre esta recaiga; simplifica los requerimientos de pago al deudor, disponiendo que estos se tendrán por formulados por el solo ministerio de la ley, el primero, junto con la notificación de la demanda, y el segundo, transcurridos cinco días desde su verificación.

Asimismo, existirá una presunción de renta en contratos no escritos; la posibilidad de poner término al procedimiento.

Por último, se hacen aplicables las normas del procedimiento monitorio a las acciones de comodato precario que persigan la restitución del inmueble y la acción de precario.

Por lo tanto, apoyaremos este proyecto. Valoramos que los entonces diputados Gonzalo Fuenzalida y Matías Walker , junto con otros colegas, lo presentaran.

Sabemos que algunos temas quedarán inconclusos y que el Senado también hizo algunas modificaciones, pero, sin duda, el proyecto viene a aportar en la solución a la problemática mayor que los afectados sufren a diario y respecto de la cual no encuentran una justicia acorde ni a tiempo en la materia.

Con este sistema de lenta restitución, y ante los abusos de los arrendatarios, se genera impotencia y frustración en el arrendador al ver que transcurren doce meses o más para que se ejecute el lanzamiento del arrendatario con auxilio de la fuerza pública. Debido a eso, el arrendador termina sin poder gozar de su legítimo derecho a la propiedad, algo que hoy día es tan necesario instalar y reafirmar, lo que en numerosas oportunidades ocasiona un problema en las viviendas, que en muchos casos son la fuente de ingresos de personas adultas mayores y otras, e incluso la respectiva renta contribuye como un complemento a sus pensiones.

Por eso, anuncio que, como bancada, vamos a acompañar este proyecto, y esperamos que se mejore.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, desde ya, anuncio mi voto favorable al proyecto, que beneficiará a los arrendadores no solo en cuanto a los contratos de arrendamiento en lo relativo a la restitución anticipada, sino también a las acciones de precario y a las de comodato.

A nuestro juicio, el proyecto va en la línea adecuada y correcta, porque protege el derecho de propiedad.

Muchas personas inescrupulosas se toman las propiedades -ello, en el caso de los juicios de precario sin ningún título, por mera tolerancia o muchas veces por ignorancia de los dueños, y luego se niegan a restituirlas. De esa manera, desde el momento en que se establece en la normativa propuesta un juicio breve, sumario, monitorio, obviamente se fortalece el derecho de propiedad, que es lo adecuado y correcto en esta instancia.

Pero no debemos olvidar que para muchas personas adultas mayores el esfuerzo de toda una vida se traduce muchas veces en adquirir una segunda vivienda, la cual destinan al arriendo para poder incrementar sus ingresos ante los escuálidos montos de sus pensiones. Asimismo, que en numerosas oportunidades esos adultos mayores ven frustrado este esfuerzo de años por adquirir una segunda vivienda ante personas que, de manera inescrupulosa, no pagan los arriendos, dejan cuentas millonarias de luz, de agua y muchas veces destruyen las propiedades antes de ser lanzadas, luego de juicios interminables.

Al respecto, señalo que en el ejercicio de la profesión de abogado muchas veces me tocó tramitar este tipo de causas y creo que son demasiado engorrosas.

¡Bienvenida la nueva legislación que va a fortalecer el derecho de propiedad y a restituir de manera más rápida y pronta los bienes, las viviendas, a sus legítimos dueños!

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, solo quiero decir que ha sido muy frustrante y doloroso escuchar los testimonios de personas que llevan meses, e incluso años, cargando con la impotencia y el daño causados por un arrendatario que sencillamente dejó de pagar la renta y además se niega a devolver el inmueble ocupado. Pongámonos en los zapatos de las y los afectados en conflictos por no pago de rentas de arrendamiento y pensemos que en ocasiones el sustento de esas personas depende de ese arriendo, como ha sido el caso de adultos mayores que se mudan y arriendan su casa de toda la vida para complementar el bajo ingreso de su pensión.

Imagínense la frustración e impotencia de que pasen y pasen las semanas, incluso los meses, sin poder recuperar la casa en que vivieron casi toda la vida y, a la vez, llegar a duras penas a fin mes.

Por esa razón, me parece lamentable que para esta situación, que es evidentemente injusta por donde se le mire, las herramientas legales disponibles sean insuficientes, generando la demora en el proceso y la desesperación de las víctimas.

Espero honestamente que esta modificación, que considero una modernización necesaria y oportuna, sea un alivio para muchas familias que han cargado con el dolor por la sinvergüenzura de la mora. Siempre que sea por la tranquilidad y por la justicia de las familias, votaré a favor sin titubear.

Aprobemos este proyecto para no dejar en el desamparo a quienes hoy están en la desesperación.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, como decía recién el colega Henry Leal , son muchos los adultos mayores que, mientras trabajaron, compraron con esfuerzo una segunda vivienda para, al momento de jubilar, obtener una renta por esa casa o departamento que les permitiera sobrevivir de mejor manera.

¿Qué pasa con la legislación actual? Se premia el no pago de los arriendos; así, concretar el lanzamiento de una persona que no paga el arriendo demora años y si el arrendatario tiene un buen abogado, tardará muchísimo más tiempo en que se le devuelva la propiedad a su dueño.

Este proyecto surge de una moción de los entonces diputados Paulina Nuñez y Matías Walker , hoy senadores, y del entonces diputado Gonzalo Fuenzalida , y es una respuesta a la difícil situación que viven aquellas personas que son dueñas de una propiedad y se ven enfrentadas a complejas dificultades para lograr su restitución ante arrendatarios que incumplen el pago del arriendo y que, incluso, destruyen sus viviendas.

Esta iniciativa, que modifica la ley No 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, y el Código de Procedimiento Civil, tiene por objeto incorporar medidas que permitan la restitución rápida -ese es el punto de la propiedad que permanece en manos de arrendatarios que incumplan o afectan el bien raíz. Del mismo modo, contempla mecanismos procesales para hacer efectiva la indemnización y el cobro de las obligaciones incumplidas.

Se incorpora una nueva medida, llamada lanzamiento provisorio. Este es el punto principal del proyecto. Así, el juez, a solicitud del demandante, que es el dueño del bien raíz, puede instruir que se expulse, que se realice el lanzamiento del arrendatario demandado, si se cumplen los requisitos de seriedad y suficiencia de la demanda. Esta actuación puede ocurrir tras la primera audiencia citada en el juicio, sin tener que esperar hasta la dictación de la sentencia.

Este proyecto, que ya fue aprobado en el Senado y, si se aprueba hoy, se convertirá en ley, es muy importante para muchos adultos mayores que tendrán la restitución de su casa o el pago de las rentas adeudadas y no van a tener que esperar tanto tiempo para que les devuelvan su propiedad, porque el demandante podrá solicitar el lanzamiento del arrendatario, lo que el juez podrá decretar en la primera audiencia.

Por lo tanto, es importante que el proyecto se apruebe hoy, con celeridad, para que sobre todo los adultos mayores recuperen sus viviendas o reciban el pago de las rentas adeudadas.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, respecto de este proyecto cabe establecer dos elementos base.

Primero, el arrendamiento de predios o de bienes inmuebles está perfectamente aceptado; es una actividad lícita que desarrollan tanto personas naturales como empresas, que permite dinamizar la economía, fomentar la construcción de viviendas y aporta varios factores favorables al desarrollo de nuestra economía.

Segundo, este proyecto de ley, que fue aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados y del que hoy discutimos una modificación propuesta por el Senado, que dice relación, única y exclusivamente, con la presunción del monto de la renta, se aplica, como su nombre lo indica, a un contrato consensual, que es el contrato de arrendamiento.

Al ser una actividad lícita y al establecer un procedimiento judicial monitorio, que resguarda el debido proceso para las partes, es un proyecto de ley favorable, porque cuando se celebra un contrato de arrendamiento, se fija el precio del arriendo y la cosa arrendada, pero cuando una de las partes incumple, como se ha dado en muchas ocasiones, obviamente, el más perjudicado es el arrendador.

Hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, pero también personas más jóvenes, entendiendo que los montos de las pensiones actuales no son los más apropiados o los más adecuados para vivir con tranquilidad, destinan parte de sus recursos o de sus ahorros a la compra de bienes inmuebles, con el fin de arrendarlos y así generar una renta durante su vejez.

Lo que hace este proyecto de ley es garantizar el acceso a la justicia. No hay ninguna resolución, salvo la prejudicial precautoria, que también se puede incubar dentro del desarrollo del proceso, que resguarde la pretensión del demandante, donde le entrega una facultad extraordinaria, conforme al artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, a aquellos arrendatarios que han destruido la cosa arrendada. Eso asegura la pretensión dentro de un proceso judicial.

En segundo término, lo que hace este proyecto es acelerar un proceso judicial, a través de un procedimiento monitorio. Aquí no hay ninguna arbitrariedad, sino que las partes disponen de un procedimiento más ágil para poder hacer efectivas sus pretensiones frente a la justicia.

Este proyecto, que fue aprobado por una gran mayoría en su primer trámite constitucional, viene a resolver la problemática de acceso a la justicia que tienen muchas chilenas y muchos chilenos.

Es cierto lo que se ha dicho de las empresas inmobiliarias; pero también es cierto que son miles de personas las que arriendan sus inmuebles, miles los adultos mayores que se van a vivir con sus familias, pues para tener una renta o un ingreso mensual que les permita vivir dan en arrendamiento su propiedad.

Votaré favorablemente este proyecto, porque me parece que se hace cargo de una realidad, que es necesario, pues protege y tutela una actividad económica lícita y establece un procedimiento judicial que acerca la justicia a aquellos arrendadores que no han podido disponer de sus inmuebles.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, este proyecto viene a resolver un problema que ha sido invisibilizado por años. Me refiero a la práctica habitual que tienen ciertas personas de no cumplir con sus obligaciones de pago, o bien simplemente de ocupar viviendas ajenas, sin tener derecho a hacerlo.

Este proyecto, al acelerar una tramitación que actualmente toma como mínimo siete meses y que puede extenderse por años, por una parte, otorga una cuota de justicia a personas que poseen una vivienda y que la han dado en arriendo como complemento de sus pensiones y, por otra parte, constituye una luz de esperanza en un país que cada vez tiene menos respeto por la propiedad privada.

A diferencia de otras personas, creo en el respeto irrestricto a la propiedad, ya que no solo es uno de los derechos fundamentales más básicos que existen, sino que también es esencial para mantener la sana convivencia y la paz social en toda democracia.

Por eso, manifiesto mi total y completo apoyo al proyecto de ley.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, sin duda, el Congreso Nacional estaba en deuda con muchas chilenas y muchos chilenos, con muchos adultos mayores que han invertido en un bien raíz para arrendarlo y así poder complementar su jubilación después de años de trabajo y esfuerzo. Esas mismas personas arriendan de buena fe esos bienes, pero nos enfrentamos a arrendatarios inescrupulosos que, claramente, abusan de adultos mayores y, en general, de personas que han puesto sus sueños en su bien.

Por lo tanto, me parece que esta propuesta de ley, que hoy ya está en tercer trámite, viene de alguna manera a solucionar ese problema, porque dispone de un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas adeudadas. Asimismo, permite la notificación de la demanda, es decir, una vez que el arrendatario es notificado por el no pago del arriendo, tendrá 10 días para pagar. Si no paga, evidentemente, se entiende como sentencia la demanda. Eso quiere decir que perfectamente en 25 días un arrendatario inescrupuloso podría estar fuera de la propiedad que está mal usando, generando un grave daño, un perjuicio al dueño de la vivienda.

También se contempla en este proyecto la presunción de renta en contratos no escritos, la posibilidad de poner término al procedimiento y, por supuesto, algo que es muy importante, la posibilidad de que se haga una restitución anticipada -tal cual como señalaba y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

Eso me parece que está bien para la señora o el adulto mayor que invirtió en el bien y que lo usa como un complemento de su pensión, pero también debo anticiparme a una preocupación que nos genera este proyecto, porque esta iniciativa también beneficiaría a las inmobiliarias, y no es lo mismo un adulto mayor que una inmobiliaria.

También me preocupa cómo opera este proyecto respecto de las tomas de terrenos. Es claro que se prioriza el derecho de propiedad, pero podríamos generar un problema social más complejo. Creo que ahí faltó mayor precisión en el proyecto; sin embargo, lo vamos a aprobar, para que…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo viene a dar solución a una tremenda problemática nacional a la que se ven sometidas y sometidos, respectivamente, las dueñas y los dueños de inmuebles bajo arrendamiento frente a arrendatarios que, aprovechándose de la buena voluntad de los dueños de casa y de departamentos, incumplen con el pago de sus rentas o hacen mal uso de estos, dañándolos o, lisa y llanamente, destruyéndolos. Incluso -peor aún-, esos propietarios deben enfrentar a okupas que se toman este tipo de inmuebles.

Ya es por todos sabido, gracias a los medios de prensa o por los comentarios que a diario hacen los vecinos, cómo en este último tiempo se ha acrecentado este tipo de casos y cómo se han visto perjudicados tanto adultos mayores, que muchas veces complementan sus ingresos con los arrendamientos debido a sus bajas pensiones, como familias que han invertido lo que tienen en una segunda vivienda, para mejorar su futuro. Ellos se han visto atrapados en juicios extensos, con tremendos gastos en abogados y pagos para salvar sus viviendas.

En este sentido, no debemos olvidar que, según las cifras entregadas por la Corte Suprema, cerca de 60.000 familias se ven directamente dañadas en su bolsillo y que existen más de 15.000 juicios por arrendamientos, de los cuales solo una pequeña parte tiene término. Tenemos que pensar en que esos juicios, por lo bajo, duran un año, lo que, por supuesto, trae aparejados problemas. Por ello, es importante entender que esos números tienen rostro humano y que, de no aprobarse este proyecto, dejaremos indefensos a miles de chilenas y chilenos que han depositado su confianza en nosotros.

Finalmente, me parece correcto decir que, para tener un verdadero Estado de derecho, tenemos que respetar el derecho de propiedad, tenemos que respetar los acuerdos que contraen las personas entre ellas y tenemos que respetar los derechos que nacen de dichos tratos. De lo contrario, va a ser muy difícil que se dé la confianza entre personas y nuestras instituciones.

Por todo lo anterior, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, hoy se cierra un ciclo de un proceso de discusión que partió hace bastante tiempo, sobre la base de un proyecto que nos presentó el entonces diputado Gonzalo Fuenzalida .

Este es un tema que, recurrentemente, en cada uno de los territorios que representamos, los habitantes nos plantean a diario. Hay numerosas familias que se han visto perjudicadas como consecuencia de arrendatarios inescrupulosos que no devuelven terrenos, viviendas, no pagan el arriendo, o destruyen las propiedades. También hay dilación en recuperar esos terrenos.

En la Región de Los Ríos así ocurre. De hecho, en la ciudad de Valdivia ello se da. Me toca recorrer permanentemente la zona y escucho los testimonios de muchas familias que con mucho esfuerzo han levantado una cabaña o han arreglado una casa, con el objeto de tener mayores ingresos. No obstante, ven cómo su esfuerzo de años se ve absolutamente perdido producto de estos inescrupulosos.

Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es necesario establecer un procedimiento mucho más rápido en orden a dar término a los contratos de arriendo, cuestión que, además, se ha extendido al tema de los juicios de precario y los juicios de comodato precario.

Al igual como lo han señalado otros parlamentarios, tengo algunas aprensiones, en particular respecto a que con esto se les entrega un beneficio a empresas inmobiliarias que se dedican exclusivamente a arrendar, con grandes grupos de abogados que las defienden, y donde muchas veces se obliga a los arrendatarios a firmar contratos de adhesión. Establecer este tipo de normativa para estas organizaciones puede llegar a ser peligroso e injusto, porque arrendatarios que de buena fe cumplen sus contratos podrían verse afectados, atendidas las normas de adhesión que han suscrito. Con todo, no es una materia a discutir, pues la misma ya fue debatida y aprobada por este Congreso.

El Senado ha remplazado el inciso segundo del artículo 20 propuesto por la Cámara, que es la materia que hoy nos convoca, que dice relación con la presunción de renta cuando no existe contrato escrito. Creo que la modificación introducida por el Senado es absolutamente correcta y necesaria.

Esperamos que este proyecto efectivamente vea hoy la luz y que, en definitiva, sirva para los cientos de chilenos que actualmente la están pasando mal, tratando de recuperar viviendas que han sido literalmente tomadas por inescrupulosos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración ataca un problema frecuente y es esperado por muchos chilenos y chilenas, especialmente en nuestra región, pues apunta a la restitución de inmuebles por arrendatarios problemáticos, estableciendo un procedimiento nuevo, expedito y ejecutivo, que permite la inmediata restitución del bien inmueble y facilita los procedimientos que rigen en la actual legislación.

En la actualidad, recuperar el inmueble de malos e inescrupulosos arrendatarios implica un procedimiento largo y engorroso que perjudica particularmente al arrendador, al propietario del bien, en su empeño de ejercer de manera efectiva su derecho de dominio o propiedad sobre el inmueble.

En más de una oportunidad hemos visto los perjuicios patrimoniales que afectan al arrendador, ya que no puede cobrar el valor del arriendo y, cuando al fin puede recuperar su inmueble, este está en pésimas condiciones, ya sea por falta de cuidado o por daños importantes, que le significan invertir nuevamente recursos de su bolsillo para realizar reparaciones y poner nuevamente en arriendo el bien inmueble.

Particularmente, esto afecta a muchas familias de nuestra región y de todo Chile, sobre todo a adultos mayores que buscan tener un ingreso alternativo para complementar sus pensiones y tener mes a mes un vivir algo más holgado.

Uno de los elementos más destacables de esta iniciativa es la creación de un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas de arrendamiento, con el fin de encontrar una solución definitiva a los problemas que significan al arrendador el hecho de tener que someterse a un procedimiento civil que, en la mayoría de los casos, llega a durar ocho meses, lo que significa un cansancio emocional y físico para el arrendador.

A su vez, una vez que se ha presentado la demanda y se han acreditado los daños del inmueble producidos por el arrendatario, se ordena la restitución anticipada del inmueble, y si el juez lo estima conveniente, podrá exigir que se rinda caución con el fin de resarcir los eventuales perjuicios que podría sufrir el arrendatario que no resulte condenado a la restitución en la sentencia.

Este es un proyecto que va en la línea correcta y que viene a simplificar un procedimiento que, como mencioné hace pocos instantes, en la actualidad resulta engorroso, cansador y desalentador, y que afecta la calidad de vida de muchos chilenos.

Anuncio mi voto a favor del proyecto.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, en forma muy breve, hablando como dueña de casa española, quiero decir que me alegro muchísimo de que se esté tratando este proyecto de ley, y hago votos para que masivamente lo votemos a favor, porque restituye un derecho que considero prácticamente natural, que es el derecho de propiedad.

La otra cosa es que esta iniciativa borra ese buenismo de matinal que se ha instalado en Chile de dar garantías a los delincuentes y a los victimarios, por sobre las garantías y derechos de las víctimas.

Se sienta un precedente de sentido común que hace tanto bien en un país que está tan confundido con el buenismo y la hipertrofia de los derechos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, este es un proyecto muy importante para los vecinos y vecinas de la Región de Los Lagos. Este es un tema que conversamos constantemente en los distintos espacios que me toca visitar, porque este problema se ha transformado en un dolor de cabeza para cientos de familias.

Aquí una colega citó un dato muy importante: 15.000 juicios por arrendamiento. Ese dato habla de que tenemos un problema que debemos abordar y que la Cámara de Diputadas y Diputados ha incluido en su proceso legislativo, así como también de que hoy evidentemente debemos aprobar este proyecto.

Se trata de adultos mayores y también de familias de clase media que apuestan a tener una segunda vivienda para tener un ingreso. Algunos compran una segunda vivienda pensando en un arriendo para complementar las pensiones de miseria que van a obtener cuando sean adultos mayores, pero cuando necesitan que esas personas que arriendan se vayan, se encuentran con malos arrendatarios que no devuelven el inmueble o lo regresan en malas condiciones, por lo que sienten que la ley no protege a quienes son dueños de los bienes.

Entonces, este proyecto justamente va en esa dirección. No podemos seguir permitiendo que los vecinos y vecinas sientan que arrendar su casa, su departamento u otro tipo de inmueble sea para ellos algo doloroso y frustrante. Tenemos que protegerlos. Por ese motivo, llamo a esta Sala a votar a favor este proyecto, para proteger a los dueños de los bienes que se entregan en arriendo y evitar que los inescrupulosos se aprovechen muchas veces de personas de escasos recursos para adueñarse de algo que no es de ellos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este proyecto, que en la pasada legislatura nos correspondió tramitar a un grupo de parlamentarios de distintos colores políticos, encabezado por el entonces diputado Gonzalo Fuenzalida , viene a revalorizar un derecho que hoy en nuestra sociedad pareciera relativizarse por algunos: el derecho de propiedad.

Con esfuerzo y sacrificio, muchas familias logran comprar una propiedad para tener un ingreso extra. Como bien dijo un diputado, los adultos mayores complementan de ese modo pensiones que hoy son bajísimas. Sin embargo, debido a arrendatarios inescrupulosos que abusan de su confianza, aquellos terminan perdiendo un derecho que debería ser garantizado de manera efectiva.

Con este proyecto estamos haciendo algo muy importante, toda vez que vamos a permitir que las personas recuperen su propiedad en el plazo máximo de un mes, es decir, que se pueda desalojar a gente que, producto de dilaciones o excepciones que presentan en tribunales, obligan a los propietarios a enfrentar un juicio que a veces se alarga por años. Eso implica un gasto excesivo en abogados, un importante daño emocional para las familias y, sobre todo, una precariedad de nuestro sistema judicial respecto de poner el valor sobre lo que corresponde. Me refiero al derecho de las personas a que su propiedad sea protegida como corresponde.

Estamos instaurando un procedimiento monitorio, lo que es muy importante, porque dicho procedimiento existe en materia penal, pero no en materia civil. En ese sentido, esto es una novedad.

Cuando no se pague la renta, cuando no se paguen los gastos comunes o cuando no se paguen los servicios básicos, en cualquiera de esos casos el arrendador va a poder acudir al tribunal para efectos de que, en un plazo de diez días, dicho tribunal, sin necesidad de sentencia de término, pueda emitir la orden de desalojo de los arrendatarios. Solo en el caso de que la contraparte inicie un juicio declarativo se tendrá un juicio un poco más largo.

Son más de sesenta mil las demandas al año por término de contrato de arrendamiento. Lamentablemente, nuestro sistema judicial no da abasto para tramitarlas y, con ello, se está desprotegiendo y dejando a un lado el sacrificio de muchas familias chilenas que tienen que vivir con ese dolor y esa precariedad día a día.

Este es un proyecto que le va a cambiar la cara al procedimiento en esta materia y que tiene un sentido social importante para efectos de tener una solución efectiva en este tema.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, conocida como “ley Antonia” (boletín N° 13688-25).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada inscritos para hacer uso de la palabra a través de su pupitre electrónico.

Diputada informante de las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Mujeres y Equidad de Género es la señorita Maite Orsini .

Antecedentes:

-Modificaciones del senado, sesión 1ª de la presente legislatura, en martes 15 de marzo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 13.

-Informe de las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Mujeres y Equidad de Género, sesión 6ª de la presente legislatura, en lunes 4 de abril de 2022. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita ORSINI , doña Maite (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Mujeres y Equidad de Género informan, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Maite Orsini y Gael Yeomans ; de las entonces diputadas señoras Paulina Núñez y Marcela Sabat , y de los entonces diputados señores Marcelo Díaz y Gonzalo Fuenzalida , que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, sin urgencia (boletín N° 13688-25).

Los Comités Parlamentarios, el 18 de marzo recién pasado, acordaron remitir las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en debate a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Mujeres y Equidad de Género, para que, unidas y en una sesión, se pronunciaran al respecto.

Constancias previas

Conforme al referido acuerdo y según lo preceptuado en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, corresponde a esta comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.

Me referiré someramente a los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional:

En su artículo 1º el Senado introduce diversas modificaciones al Código Penal.

Así, en su número 1 suprime los cambios realizados por la Cámara de Diputados al artículo 69.

En relación con el alcance de esta enmienda, cabe señalar que se eliminan las modificaciones propuestas por esta Cámara al artículo 69 del Código Penal, puesto que esta materia se vincula con el número 4) del artículo 1° del texto aprobado en primer trámite constitucional, que incorpora un artículo 369 bis A al Código Penal, estableciendo que, para la determinación de la cuantía de la pena, en los términos dispuestos en el artículo 69, el tribunal tendrá en especial consideración la afectación psíquica o mental de la víctima para la calificación de la extensión del mal producido por el delito.

Números 2, 3 y 4

Han pasado a ser números 1, 2 y 3, respectivamente, sin enmiendas.

El Senado añade un nuevo número 4, al incorporar el artículo 372 ter, que es del tenor que sigue:

“Artículo 372 Ter.- En los delitos contemplados en los artículos 141, inciso final; 142, inciso final; 150 A; 150 D; 361; 362; 363; 365 bis; 366; 366 bis; 366 quáter; 366 quinquies; 367; 367 ter; 372 bis; 411 quáter; cuando se cometa con fines de explotación sexual, y 433, número 1, en relación con la violación, el juez podrá en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento, y aun antes de la formalización, a petición de parte, o de oficio por razones fundadas, disponer las medidas de protección de la víctima y su familia que estime convenientes, tales como la sujeción del imputado a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al tribunal; la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional de la víctima; la prohibición de aproximarse a la víctima o a su familia, la prohibición de tomar contacto con la víctima o con su familia, y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con la víctima.”

El alcance de esta modificación efectuada por el Senado surge a partir del artículo 109 bis que el proyecto incorpora al Código Procesal Penal en su primer trámite constitucional, especialmente en relación con la facultad consistente en prohibir a los imputados, acusados o condenados todo acercamiento físico y contacto, incluso virtual o telemático, con las víctimas.

Por ello y para efectos de una debida concordancia entre las normas procesales contenidas en el Código Procesal Penal y en el Código Penal -como es el caso del artículo 372 ter-, se propone su incorporación al Código Penal, pudiendo ser ejercida en cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de la formalización.

El Senado agrega un nuevo número 5, con ocasión de reemplazar el inciso segundo del artículo 393, por el siguiente:

“Con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado el que indujere a otro a que se suicide, si se produce la muerte.”.

El sentido de esta enmienda es que el rango de penas propuesto resulte acorde con la normativa contenida en el Código Penal, de modo que quedaría ubicada en un tramo superior al auxilio al suicidio e inferior a otros delitos contra la vida, como el homicidio, y el tramo inferior de la pena permitiría la aplicación de salidas alternativas.

Respecto del grado máximo, no existiría una afectación de la proporcionalidad de las penas ni del sistema de penas contenido en el Código Penal y resultaría concordante con la legislación comparada en materia de delitos que afectan el mismo bien jurídico.

El Senado, en el número 6, reemplaza en el inciso segundo del artículo 411 quáter, la frase “en su grado medio”, por la siguiente: “en sus grados medio a máximo”.

El alcance de la enmienda es modificar la pena aplicable a las distintas conductas contenidas en el inciso segundo del artículo 411 quáter del Código Penal en que las víctimas son menores de edad. En efecto, bajo la regulación actualmente vigente, se sanciona con la pena de reclusión mayor en su grado medio una serie de conductas que presentan una muy distinta gravedad y que, en consecuencia, requieren un tratamiento penal acorde a la entidad de la afectación de determinados bienes jurídicos, cual es reclusión mayor en sus grados medio a máximo.

En su artículo 2, el Senado introduce modificaciones al Código Procesal Penal. Así, el Senado, en el número 1, sustituye el inciso segundo del artículo 109.

El alcance de la modificación propuesta por el Senado mejora sustancialmente los derechos de las víctimas y, en particular, se impide su revictimización y se permite avanzar en la especialización del personal encargado de la práctica de diligencias de investigación y en el juzgamiento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

El Senado, en el número 2), reemplaza el encabezamiento del inciso primero del artículo 109 bis, por el siguiente:

“Artículo 109 bis.- Medidas de protección especiales para víctimas de delitos de violencia sexual. En los delitos contemplados en el Código Penal, en los artículos 141, inciso final; 142, inciso final; 150 A; 150 D; 361; 362; 363; 365 bis; 366, incisos primero y segundo; 366 bis; 366 quáter; 366 quinquies; 367; 367 ter; 372 bis; 411 quáter, cuando se cometa con fines de explotación sexual, y 433, número 1, en relación con la violación, el juez de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, deberá adoptar una o más de las siguientes medidas para proteger la identidad, intimidad, integridad física, sexual y psíquica de la o las víctimas:”.

Ha suprimido la letra a), pasando las letras b), c), d), e) y f) a ser las letras a), b), c), d) y e), respectivamente, sin enmiendas.

El sentido de esta enmienda del Senado deriva del artículo 109 bis que el proyecto incorpora al Código Procesal Penal, particularmente en relación con la facultad consistente en prohibir a los imputados, acusados o condenados todo acercamiento físico y contacto, inclusive virtual o telemático, con la o las víctimas. Y, para efectos de una debida concordancia entre las normas procesales contenidas en el Código Procesal Penal y en el Código Penal -como es el caso del artículo 372 ter-, se propone su incorporación al Código Penal, pudiendo ser ejercida en cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de la formalización.

El Senado, en su número 3), agrega el siguiente número, nuevo, incorporando un artículo 109 ter:

“Artículo 109 ter.- Deber de prevención de la victimización secundaria. Las personas e instituciones que intervienen en el proceso penal, en sus etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tienen el deber de prevenir la victimización secundaria, esto es, evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal.

Anualmente Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial realizarán planes de formación y perfeccionamiento que aborden la prevención de la victimización secundaria y la perspectiva de género en el proceso penal y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género.”.

El alcance de esta propuesta añadida por el Senado es consagrar el deber de prevención de la victimización secundaria, es decir las personas e instituciones que intervienen en el proceso penal deben evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su interacción en el proceso penal y se añade que anualmente Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial realizarán planes de formación y perfeccionamiento que aborden la prevención de la victimización secundaria y la perspectiva de género en el proceso penal y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género.

El Senado, en su número 4), modifica el inciso segundo del artículo 149:

i. Sustitúyese el número “365 bis”, por los siguientes: “363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis”.

ii. Intercálase, a continuación de la expresión “391,”, lo siguiente: “411 quáter,”.”.

El sentido de esta enmienda del Senado es fortalecer la persecución penal al permitir la apelación verbal de la resolución que ordenare, negare o revocare la prisión preventiva de imputados, respecto de los delitos que se incorporan, como los abusos sexuales con contacto y estupro.

El Senado, en su número 5), incorpora el artículo 191 ter, nuevo:

“Artículo 191 ter.- Anticipación de prueba con el fin de evitar la victimización secundaria. El fiscal podrá solicitar al juez de garantía que se reciba la declaración anticipada de aquellas víctimas de alguno de los delitos contemplados en el Código Penal, en los artículos 141 inciso final; 150 A; 150 D; 361; 365 bis; 366 incisos primero y segundo; 372 bis; 411 quáter, cuando se cometa con fines de explotación sexual, y 433, número 1, cuando se cometa violación, con el fin de evitar victimización secundaria.

En los casos previstos en el inciso precedente, el juez deberá citar a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir al juicio oral, quienes tendrán todas las facultades previstas para su participación en la audiencia del juicio oral.

Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.”.

El sentido de esta modificación propuesta por el Senado es permitir como prueba la declaración anticipada de la víctima de una serie de delitos de connotación sexual y así evitar la victimización secundaria.

Mediante el número 6) el Senado incorpora reemplazar, en el inciso segundo del artículo 280, la frase “la situación señalada en el artículo 191 bis”, por la siguiente: “las situaciones señaladas en los artículos 191 bis y 191 ter”.

Es una modificación formal de concordancia.

A través de su número 7), el Senado modifica el artículo 308:

a) Intercala, en el inciso primero, a continuación de la expresión “y calificados,”, la frase “o para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los testigos con ocasión de su interacción en un juicio oral,”.

b) Sustituye, en el inciso tercero, la frase “aquel en que la solicitud se fundamente en la existencia de”, por la siguiente: “, especialmente cuando existan”.

El sentido de esta enmienda del Senado se da en razón de que en los hechos existen dificultades acerca del alcance de la facultad que puede ejercer el juez para disponer medidas especiales en favor de los testigos, a raíz de la expresión caso grave y calificado que contiene el inciso final del artículo 308 del Código Procesal Penal.

Con ocasión de ello, se propuso establecer que el tribunal, en casos graves y calificados, o para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los testigos con ocasión de su interacción en un juicio oral, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, las que podrán consistir, entre otras, en las medidas que contiene el inciso primero del artículo 308 del Código Procesal Penal.

El Senado, por su número 8), modifica el artículo 330:

a) Agrega el siguiente inciso segundo nuevo:

“En relación a la víctima, no se podrán realizar interrogaciones ni contrainterrogatorios que humillen, causen sufrimiento, intimiden o lesionen su dignidad.”.

b) Intercala en el inciso tercero, que pasa a ser inciso cuarto, a continuación de la palabra “coaccionar”, la expresión “o a acosar”.

El alcance de la enmienda propuesta por el Senado está relacionado con evitar la victimización secundaria que podría darse en un procedimiento adversarial cuando uno de los factores que inciden en esa victimización consiste en los interrogatorios durante el juicio oral, por lo que se establece que no se podrán realizar interrogaciones ni contrainterrogatorios que humillen, causen sufrimiento, intimiden o lesionen la dignidad de la víctima.

El Senado, en su número 9), agrega en el artículo 331 la siguiente letra f), nueva:

“f) Cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, los que serán valorados por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra.”.

El sentido de esta modificación del Senado es permitir establecer que podrá reproducirse o darse lectura a los registros en que constaren anteriores declaraciones de testigos, peritos o imputados, cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, las que serán valoradas por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal (valoración de la prueba), teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra.

Artículo 6

Por este artículo 6, el Senado modifica la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y reemplaza en el artículo 1 la frase “los guarismos 366, 366 bis,”, por lo siguiente: “los guarismos 363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo, 366 bis,”, y sustitúyese la expresión “y 391” por “, 391 y 411 quáter”.”.

El alcance de esta enmienda es agregar diversos delitos de connotación sexual y de explotación sexual, cuyos autores consumados no podrán acceder a la facultad establecida en el inciso primero del artículo 1 (sustitución de penas a las restrictivas o privativas de libertad) ni la del artículo 33 de la ley N° 18.216 (régimen de libertad vigilada intensiva).

Artículo 7

Por este artículo 7, el Senado, en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, sustituye en el inciso tercero del artículo 3 la locución “el guarismo “366””, por la siguiente: “los guarismos “363, 365 bis, 366 incisos primero y segundo,””.

El alcance de esa modificación propuesta por el Senado es hacer más gravoso a los condenados por los delitos de connotación sexual o de explotación sexual que se incorporan el optar a la libertad condicional, esto es una vez que hubieren cumplido dos tercios de la pena.

Para concluir, estas comisiones unidas adoptan los siguientes acuerdos y recomendaciones: acuerdan recomendar aprobar por unanimidad la totalidad de las enmiendas propuestas por el Senado. No obstante lo anterior, acuerdan asimismo por asentimiento unánime solicitar a la Sala que tenga a bien votar separadamente las siguientes enmiendas:

1. El N° 1) del artículo 1º, referido a la supresión del artículo 69 del Código Penal.

2. El N° 5) del artículo 1º, que reemplaza el inciso segundo del artículo 393 del Código Penal, y

3. El N° 8) del artículo 2º, que introduce modificaciones en el artículo 330 del Código Procesal Penal.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Gracias, diputada, y le ofrezco disculpas. Al respecto le hemos representado al Secretario de la comisión respectiva la necesidad de que los informes sean relatos sucintos de lo ha sucedido en la tramitación del proyecto y el informe completo.

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, durante mi trabajo legislativo, una de mis grandes preocupaciones ha sido el problema social que hay detrás de las agresiones sexuales, especialmente cuando se vulneran los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Lo he manifestado en una serie de proyectos de ley, además de vincularme con personas que han sido víctimas. Es un dolor gigantesco que como país debemos cargar y reparar a la brevedad.

Por cierto, debemos mejorar nuestra legislación desde la óptica de la reparación, la indemnidad y el derecho al acceso a la justicia. Por eso, propusimos extender la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando la víctima fuese mayor de edad, como también excluir del beneficio de la libertad condicional a los agresores sexuales.

Este proyecto va en ese sentido: mejorar nuestro sistema procesal penal en vista del resguardo de la víctima durante el proceso. Destaco el aumento del plazo de prescripción de la acción penal en el caso del delito de abuso sexual, el cual se aumenta hasta los diez años, tratándose de víctimas mayores de edad, en el entendido de que ellas generalmente requieren de un tiempo, muchas veces años, para denunciar los hechos teniendo claridad de lo sucedido y cuando han desaparecido las amenazas se sufrir represalias por denunciar.

Esa propuesta en particular recoge lo que desde años hemos propuesto, como el derecho al tiempo, que no es más que aquella especial consideración que debe tener todo sistema de justicia respecto de las víctimas de delitos sexuales y su imposibilidad de denunciar los hechos inmediatamente después de acontecidos.

Además, creo muy importante la restricción de la atenuante de reparación del mal causado en este tipo de delitos, particularmente porque, de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de estos delitos, es difícil imaginar acciones que puedan tener concretamente el efecto de reparar el daño causado.

Finalmente, tal como lo propusimos en su oportunidad, se restringirá la aplicación de beneficios para condenados, tales como la sustitución de penas y la libertad condicional. Esto representa un avance para quienes consideramos que los derechos de las víctimas deben ser escuchados y respetados, incluso en la aplicación de penas para los victimarios, en el entendido de que la entrega de un beneficio como la libertad condicional puede poner en peligro a las víctimas y sus familias.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, respecto del proyecto, tengo una larga experiencia, porque tuve la oportunidad de defender a una de las víctimas del denominado caso Antonia. Conozco el dolor que provocó, y por eso un grupo de diputados, transversalmente, apoyó esta iniciativa.

Creo que, en general, el proyecto con las modificaciones que introdujo el Senado ha quedado bastante perfeccionado, por lo cual estimo que prácticamente todas las modificaciones debieran ser aprobadas.

Sin embargo, la supresión del artículo 69, en la forma que se propone en la indicación del Senado, tiene una grave consecuencia, porque los delitos de connotación sexual afectan a las personas y a sus familias, incluso a sus descendientes, por muchísimo tiempo, y el juez debe estar en condiciones de apreciar, en la determinación de la pena, la extensión y gravedad del daño, que deberá determinarse, por cierto, mediante las reglas habituales en los procedimientos penales, donde deberán rendirse las pruebas semejantes, pero el juez debe estar en condiciones de recorrer y estimar la conducta especialmente agravada en los casos en que el delito de connotación sexual haya provocado un daño mucho mayor.

Lamento que la extensión del tiempo para intervenir no sea suficiente, porque la modificación del Senado respecto del artículo 393, si bien a mi juicio es muy interesante, tiene la desventaja de que no señala expresamente en qué casos debe entenderse la inducción al suicidio.

En este sentido, quiero recordar lo que propone como ley modelo Naciones Unidas en estos casos en que el suicidio fuere precedido por cualquier forma de violencia de género del actor contra la víctima, sea este uno de los casos que se pueda calificar como inducción al suicidio o que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.

El suicidio femicida tiene una extrema gravedad, de modo que agregar la inducción al suicidio como hipótesis de un nuevo delito es indispensable en nuestro procedimiento. Por lo tanto, esta diputada va a votar en contra esas dos indicaciones…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, qué materia más importante de legislar es esta, que va en resguardo de la dignidad e indemnidad de quienes han sufrido un trauma tan severo como es ser víctima de delitos de tal gravedad.

El proyecto modifica diversas disposiciones del Código Penal que se traducen en un estatuto de garantías en favor de las víctimas de delitos sexuales en el contexto de un procedimiento penal. A su vez, se aumenta el plazo de prescripción de la acción penal para los casos de abusos sexuales de cinco a diez años, dado el tiempo que la mayoría de las veces demora la víctima en asimilar y aceptar el hecho ocurrido y tomar la difícil decisión de denunciarlo.

Sumado a lo anterior y en pos de avanzar hacia una vida sin violencia, el proyecto instaría al juez de la causa a prohibir preguntas que lesionen o afecten la dignidad de la víctima, con el fin de otorgarle un trato digno que resguarde su vida, integridad física e indemnidad sexual.

Durante su tramitación en el Senado se incluyó el incremento de penas en caso de que exista inducción al suicidio por parte del atacante. Esta debe ser una de las modificaciones más relevantes que introduce este proyecto, ya que pone de manifiesto su razón de ser, la cual fue respaldada por la unanimidad de la Cámara Alta.

Espero que hoy tengamos el mismo apoyo para dar una respuesta enfática a la lamentable y dolorosa muerte de la joven Antonia Barra , en 2019, una de las tantas mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y que han cometido suicidio a causa de este.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, es tremendamente angustiante haber tenido que lamentar la pérdida de la vida de una joven como Antonia para por fin dar pasos más certeros y definidos en la constante pelea de conseguir justicia para las víctimas de abuso sexual.

Evitar la revictimización es un elemento clave y relevante contenido en este proyecto de ley, considerando los grandes dolores e injusticias que han padecido tantas mujeres y sus familias.

Asimismo, aumentar el plazo de prescripción de delitos sexuales a través de la modificación de los artículos 365 y 366 del Código Penal es otra acertada disposición que evitará que las acciones penales se extingan antes de que la víctima se sienta preparada para comenzar un proceso judicial, considerando que el daño psicológico provocado por los abusadores sexuales produce en la mayoría de los casos una denuncia tardía.

Valorables también son las normas que evitan e impiden preguntas que humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima.

Por último, y como una de las disposiciones claves y eje central de este proyecto, destaco la figura de incitación al suicidio, hecho que deberá considerar el tribunal a cargo del proceso al momento de decidir la pena, aumentándola de tres años y un día a cinco años, y de cinco años y un día a diez años.

En cuanto al alcance de las enmiendas introducidas por el Senado, estoy convencido de que estas vienen a reforzar los importantes principios que motivaron la redacción de la iniciativa en comento.

Concuerdo con la idea propuesta en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en cuanto a perfeccionar las disposiciones que configuran la incitación al suicidio y otras llevándolas a comisión mixta.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, la verdad es que cuando uno lee este proyecto de ley, parece muy bueno, con sus detalles. En él se aumentan las penas para personas que cometen delitos de grave connotación sexual, se mejoran los controles por parte de los tribunales a la persona investigada y la protección para las víctimas, como son la vigilancia al imputado o investigado, la prohibición de visitas al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo o de estudio, a su familia; protecciones especiales a las víctimas tendientes a resguardar sus datos personales, intimidad, honra, integridad.

Asimismo, la iniciativa contiene derechos especiales para las víctimas, como el acceso a la asistencia y representación judicial, a no ser enjuiciada o estigmatizada, a una investigación diligente, a una respuesta oportuna de nuestras instituciones y mucho más.

Me pregunto, entonces, ¿por qué las víctimas de tantos otros delitos no reciben esta protección por parte de la normativa penal y las instituciones de justicia de nuestro país? Esa desigualdad es brutal. Nuestra legislación penal amerita hoy una reforma integral, que ya no puede seguir esperando. Tenemos un sistema penal que defiende más a los delincuentes que a las víctimas, y eso no puede continuar así.

Es un acto de tremenda justicia que hoy discutamos un proyecto de ley que mejora la protección para las víctimas de delitos sexuales. Pero les pido, por favor, que no nos olvidemos de las víctimas de muchos otros delitos que hoy quedan en la impunidad total.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, una de las principales obligaciones de un país, de un Estado es garantizar a sus ciudadanos una vida libre de violencia.

Lamentablemente, muchas veces nos encontramos con situaciones en que chilenos son víctimas de hechos de violencia, y lo que es más grave aún, de violencia sexual. En consecuencia, surge otra obligación del Estado, que es uno de los derechos humanos más importantes: el derecho a la justicia.

Entonces, surge la siguiente pregunta. Este acceso a la justicia en delitos tan delicados, como aquellos de índole sexual, ¿cumple con el objetivo de proteger realmente a la víctima? Hasta ahora esa respuesta claramente es no, existiendo muchas veces una mala o inadecuada atención a la víctima, lo que se denomina “victimización secundaria”.

Este proyecto, en definitiva, se hace cargo de perfeccionar la atención para que las víctimas reciban un trato adecuado y digno, una investigación que resguarde los derechos humanos de estas, su vida, su integridad física y sexual, y principalmente su libertad personal.

Como diputados, tenemos el compromiso más absoluto por una vida sin violencia. Condenamos profundamente la violencia sexual y creemos en la obligación de un Estado eficiente y efectivo en la atención a las víctimas a través de un adecuado acceso a la justicia.

El centro de la acción penal debe estar en la víctima y no en el victimario. Por eso, creemos que este proyecto va en la línea correcta, en el sentido de eliminar esa victimización secundaria, proteger a la víctima y condenar, de una vez por todas, de forma eficiente a autores de delitos tan graves como son los de violencia sexual.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, este proyecto tiene como objetivo central proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales.

Para ello, se modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales, estableciendo garantías para que tales víctimas reciban un trato adecuado y digno, una investigación que incorpore la perspectiva de género y de derechos humanos, y se resguarden debidamente su vida, integridad física, indemnidad sexual y libertad personal. Asimismo, se aumenta el marco de las penas aplicables al delito de inducción al suicidio si se produce la muerte de aquellas.

Estimo que se trata de una iniciativa valorable y positiva, pues constituye una forma de adecuar nuestro ordenamiento jurídico al cumplimiento de las obligaciones que nuestro país ha contraído en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por él.

Es un hecho cierto que Chile está al debe en materia de protección y resguardo de los derechos de las mujeres. Se ha avanzado, pero aún queda mucho mucho por hacer. En este sentido, es positivo que a través del proyecto en discusión se busque contribuir en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de la modificación de diversos cuerpos legales que regulan la materia.

De esa manera, resulta valorable que mediante esta propuesta de ley se busque proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales, brindándoles apoyo estatal para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad en la investigación y el proceso penal, y, en definitiva, garantizando su derecho a una vida siempre libre de toda violencia.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, 7 de febrero de 2017: Antonia Garros , 23 años. Durante una violenta agresión por parte de su pareja y después de una larga relación de maltrato y abuso, y en presencia de personal de Carabineros, fue víctima de un suicidio femicida. 13 de octubre de 2019: Antonia Barra, 21 años. Luego de ser violada, acosada y degradada por su agresor, fue víctima de un suicidio femicida. 28 de junio de 2020: Anaís Godoy , 16 años. A pesar de su valentía al denunciar al agresor que la hostigó y la amenazó, Fiscalía archivó su caso, lo que gatilló en ella una profunda depresión que terminó en un suicidio femicida.

A todas ellas les fallamos: les falló la justicia, les falló la institucionalidad, les falló el Estado; les fallamos con una legislación insuficiente, que no tipifica el suicidio femicida, que no resguarda sus derechos como víctimas ni les entrega las garantías necesarias para denunciar.

A ellas, y a muchas otras, les fallamos. Hablamos de mujeres adultas, ancianas, jóvenes, niñas, llenas de miedo: miedo a denunciar, miedo a su violador, miedo a ser juzgadas, cuestionadas o rechazadas por la sociedad o por la propia justicia.

Sus familias, también víctimas de violencia machista y de un sistema patriarcal que abandonó a sus hijas, han alzado la voz por ellas, por su memoria, por justicia. En particular, quiero saludar a Alejandro, padre de Antonia Barra, con quien hemos trabajado codo a codo en este proyecto de ley, y recordar que son las familias las que impulsaron este acto de memoria, de justicia y de reivindicación.

El Estado tiene el deber constitucional de proteger y garantizar los derechos de las víctimas, sobre todo de delitos tan atroces como estos. Pero aquí también les hemos fallado, pues las víctimas temen denunciar y quedar desprotegidas ante sus agresores. Ellas son sometidas a un proceso sin perspectiva de género, humillante, doloroso, revictimizante, en el que son cuestionadas y culpadas. Sus casos son convertidos en circos mediáticos. Tanto ellas como sus relatos son cuestionados públicamente; son juzgadas: se juzga su estilo de vida, su forma de vestir, su forma de vivir; son obligadas a declarar una y otra vez, recordando los horrores que vivieron. Todo esto, además, dentro de un plazo de prescripción insuficiente y sabiendo lo difícil que resulta probar en juicio una agresión sexual.

Este proyecto viene a saldar esta deuda. Sabemos que no va a terminar con las violaciones, que no va a poner fin a la cultura patriarcal, pero es un paso necesario y que va en el sentido correcto. Gracias a este proyecto, que será ley de la república, el proceso penal dejará de ser un circo de exposición mediática y revictimización, para tomar el rol que corresponde: un espacio de protección en que la víctima…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señora MUSANTE (doña Camila).-

Señor Presidente, el proyecto en discusión es fruto de una moción que ingresó en 2020, cuya motivación está en el repudiable hecho del acoso, abuso, violación y revictimización sexual, tal como sucedió en el caso de Antonia Barra. Tristemente, la tramitación del proyecto ha tardado tanto como el mismo proceso que persigue la justicia para ella.

Mientras tanto, siguen ocurriendo casos similares y la suerte legislativa continúa dejando en la indefensión a las víctimas de estos delitos y en la impunidad absoluta a sus autores.

La importancia de esta ley en proyecto es muchísima, partiendo por la urgencia de calificar la violencia sexual como violencia de género, con el fin de otorgar a las víctimas de delitos sexuales una protección específica.

No obstante lo anterior, es imperativa también la tipificación del suicidio femicida. Lo digo, porque en este preciso momento en que pronuncio estas palabras hay personas, sobre todo mujeres y disidencias sexuales y de género que están siendo llevadas al límite por terceras personas; derechamente, están llevándolas a acabar con su vida.

Justamente por ello, y por la importancia de una correcta tipicidad en las normas penales, esperamos que su redacción se mejore lo más posible.

Ni el Estado, ni sus instituciones ni la sociedad en su conjunto pueden dejar de conmoverse o quedar indiferentes ante esta realidad. Debemos avanzar hacia la construcción de un marco jurídico que habilite la prevención, la identificación del agresor y la reparación a la víctima.

La principal característica del suicidio femicida, a lo que pretende apuntar el presente proyecto, es que las mujeres deciden poner fin a sus días debido a distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas, viendo la muerte como la única salida.

El rol del Estado cuidador es hacerse cargo del bienestar físico y psíquico de las personas; un Estado que entiende que cuando una persona se quita la vida no podemos permanecer indiferentes, sino que es necesario prevenir, identificar a los responsables y, por cierto, reparar.

Por eso, se hace necesario avanzar rápidamente en el diseño y ejecución de planes de formación y perfeccionamiento para la prevención de la victimización secundaria, la realización de una investigación diligente, intersectorial y con perspectiva de derechos humanos, la integración de la perspectiva de género en el proceso penal y la implementación de protocolos de protección especial a las víctimas, garantizando que esos casos sean tratados con perspectiva de género, es decir, apreciando el contexto de violencia sistémica y el desequilibrio en las relaciones de poder entre géneros en los que se enmarcan. De lo contrario, se seguirá obstruyendo el derecho de las mujeres a acceder a la justicia.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señor Presidente, quiero saludar y agradecer el informe y el trabajo de la diputada Orsini , así como la exposición de las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, y valorar tremendamente el trabajo que ha hecho y seguirá haciendo la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, de la cual tengo el honor de ser parte.

Este proyecto nace del dolor y de la conmoción que generó en la sociedad chilena el caso de Antonia Barra, joven que se quitó la vida tras sufrir una violación, agresiones sexuales y psicológicas. Como feministas, vimos con impotencia cómo el proceso judicial y los tribunales no daban el ancho para reconocer la violencia machista contra Antonia , tan similar a otros casos que reportan los medios de comunicación y a otros tantos que quedan en el silencio.

Voy a aprobar esta iniciativa, porque es parte de nuestro compromiso con los movimientos feministas y su objetivo de eliminar cualquier tipo de violencia de género y de discriminación. También lo haré porque urge incorporar en la justicia chilena la perspectiva de género, lo cual implica reconocer y corregir la desigualdad estructural en la que nos encontramos mujeres y diversidades sexuales en una cultura y sociedad patriarcal.

Las sanciones y el enfoque punitivo no bastan, por cierto, pero son herramientas necesarias para proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y terminar con la impunidad, que es una lamentable costumbre en nuestro país.

Este proyecto, además de referirse a la inducción al suicidio con resultado de muerte o suicidio femicida, modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes, estableciendo garantías para que exista un trato digno, que evite la revictimización y garantice una investigación respetuosa, donde se resguarde la integridad de la persona denunciante. Fundamentalmente, nos estamos poniendo al día en cuestiones básicas de derechos humanos.

Sin embargo, votaré en contra de dos modificaciones del Senado en los artículos en que se ha solicitado votación separada, pues creo que el reconocimiento del delito de suicidio femicida es esencial. Por eso, debe ser incorporado en comisión mixta, para que contemple todos los tipos de violencia patriarcal, sea física, sexual, simbólica o económica, que afectan la salud mental de las mujeres, principalmente, pero también de diversidades sexuales y de género, por ejemplo, en el caso de suicidios de niños y jóvenes LGTBIQ+ ante la discriminación sufrida en su entorno escolar o familiar.

Al respecto, existe evidencia, puesto que según la Encuesta T, de OTD Chile, el 56 por ciento de las personas trans ha intentado suicidarse, y de este grupo el 83 por ciento lo ha intentado antes de los 16 años de edad.

Espero que en el Congreso Nacional también avance el proyecto de ley denominado “José Matías”.

Debemos velar por que esta ley en proyecto, en caso de aprobarse, sea una herramienta concreta para las víctimas y para sus familias, y no se convierta solo en un saludo a la bandera.

Por ello, me remito a lo planteado por la diputada Bulnes , abogada de la familia de Antonia, y por la diputada Fríes , en las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Mujeres, donde revisamos las modificaciones del Senado, de forma que deben…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, para mí las penas que establece este proyecto de ley debiesen ser mucho mayores, porque el daño con el que tiene que convivir la persona que ha sufrido un delito sexual, tanto directa como indirectamente, lo acompañará toda la vida.

De todas maneras, manifiesto mi apoyo a la iniciativa, porque al menos es un paso en la dirección correcta.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, quiero felicitar y saludar a todas las parlamentarias y a todos los parlamentarios que con su trabajo han permitido llegar a este punto.

Se trata de un arduo trabajo realizado durante años para poder visibilizar el sentir de las víctimas, para que todos los estamentos de la sociedad entiendan qué pasa cuando una mujer es abusada, es dañada, es vejada, es agredida permanentemente, incluso por años; cuando es perseguida, es invisibilizada y no tiene una red donde poder denunciar o esa red donde se denuncia es totalmente insuficiente. Muchas veces hemos visto cómo las órdenes de alejamiento, finalmente, terminan en femicidios, y también hemos visto en muchas ocasiones cómo las mujeres prefieren no denunciar, porque no hay salida para ellas. Es algo que se debe corregir y se debe terminar.

Por eso, entrego un gran saludo a todas las mujeres que han estado tratando de enfrentar ese dolor, esa vejación y ese sistema general de abuso permanente y sistemático, con el objeto de traducirlo para que la justicia, finalmente, tenga ojos para acoger esas demandas, ya que para uno lo que parece tan evidente para la justicia no lo es.

Por eso, no dejemos nunca de preguntarnos de dónde viene la violencia hacia la mujer, de dónde viene esa agresión y de dónde viene ese ver a la mujer como un ser inferior, un ser de dominación, un ser que debe estar supeditado a otro. Es algo que la legislación todavía no contempla y muchos estamentos tampoco lo establecen.

Esa es la razón por la cual debemos seguir trabajando para que la mujer sea libre en todos los ámbitos de la vida, para que sea plena en derechos, para que pueda decidir sobre sus condiciones de vida, sobre su cuerpo y sobre las condiciones en que ella quiera vivir. En eso debemos avanzar. Por eso, no nos dejemos nunca de preguntar de dónde viene la violencia patriarcal y la violencia machista.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, para muchas de nosotras es muy importante intervenir en este proyecto de ley. Llevamos la mascarilla que hace referencia a la justicia que hemos demandado por Antonia Barra . Y es importante hacer mención de esto, porque hace algún tiempo, con algunas compañeras y amigas de lucha feministas, nos preguntábamos por qué en Chile hay tantas leyes que llevan nombres. Y es porque, lamentablemente, tienen que ocurrir casos brutales, dolorosos, terribles, para tener que llevar adelante modificaciones legales que se hagan cargo de realidades que por años las mujeres hemos venido viviendo.

La violencia de género está extendida al ámbito sexual, físico, psicológico, simbólico, político e institucional. Se expresa de distintas maneras, y somos nosotras quienes la vivimos. Hemos tenido que establecer leyes para lograr sancionar y reconocer aquella violencia que por años no ha sido reconocida. Por eso, abogamos con tanta fuerza para que el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea, de una vez por todas, ley de la república. Por eso valoramos que nuestro gobierno le haya puesto urgencia, para que el proyecto sea ley.

Pero hay casos respecto de los cuales también debemos hacernos cargo, porque existen vacíos legales. Por ejemplo, el caso de Amira Belén Godoy ha quedado en absoluta impunidad. Ella era una joven de 15 años que se suicidó tras haber sido acosada y haber sufrido violencia permanente, dejando evidencias de las razones del suicidio. Por otra parte, Antonia Barra se suicidó como consecuencia de una violación que, en principio, todo Chile vio como quedaba impune.

Son muchos los casos de violación que quedan en la impunidad en Chile. Por eso, esperamos que el proyecto que establece que una relación sexual sin consentimiento es violación sea aprobada en el Senado.

Hemos intentado avanzar en medidas, pero todavía no son suficientes. Creo que el valor fundamental de este proyecto no recae solo en las medidas de protección en general, sino también en el reconocimiento del suicidio femicida como una tipificación legal.

Por eso, como lo que despachó el Senado es insuficiente, vamos a rechazar las modificaciones planteadas, para que el proyecto vaya a comisión mixta. El suicidio femicida debe quedar explícitamente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo han planteado la Convención de Belém do Pará y otras instancias internacionales. En Chile hay suicidio femicida y no debe seguir quedando en la impunidad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que promueve, resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes, correspondiente al boletín N° 14577-34.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado inscrito para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es la señora Érika Olivera .

Antecedentes:

-Moción, sesión 78 de la legislatura 369ª, en jueves 9 de septiembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 125ª de la legislatura 369ª, en miércoles 19 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora OLIVERA (doña Érika) [de pie].-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados:

Me corresponde rendir el informe del proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas Karol Cariola Oliva , Daniella Cicardini Milla , Carolina Marzán Pinto , Maite Orsini Pascal , Marisela Santibáñez Novoa , Claudia Mix Jiménez y quien habla, Érika Olivera de la Fuente, y de las exdiputadas Maya Fernández Allende , Natalia Castillo Muñoz y Marcela Hernando Pérez , que promueve, resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes, en primer trámite constitucional y reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

Idea matriz del proyecto

La idea matriz del proyecto de ley consiste en realizar un reconocimiento expreso a los derechos de las personas menstruantes y al deber del Estado, en orden a promover, resguardar y facilitar su ejercicio, con una mirada integral del tema de la dignidad menstrual y propuestas de políticas públicas que abarquen los ámbitos económico, social, cultural y sanitario.

Antecedentes

En cuanto a sus antecedentes y fundamentos, se señala que el necesario reconocimiento, garantía y protección que nuestra legislación debería dar a los derechos menstruales, representaría un avance relevante en torno a la equidad de género, permitiendo así enfrentar de mejor manera una discriminación injustificada e invisibilizada, sufrida por un porcentaje importante de nuestra población.

Se hace presente que para la adecuada gestión del fenómeno fisiológico de la menstruación, se requiere de la satisfacción de necesidades particulares, tales como el acceso a agua limpia, a instalaciones sanitarias adecuadas, acceso a elementos de gestión menstrual, ya sea toallas sanitarias, tampones, copas, etcétera; un lugar para eliminación de desechos y, especialmente, educar a la población con conocimientos científicos sobre la temática.

Se agrega que la impostergable satisfacción de estas necesidades implica un desembolso económico importante, con lo que la menstruación se constituye como un hecho basal para la existencia de impuestos sexistas, que añaden un valor agregado a determinados elementos de necesidad básica para las personas menstruantes, tales como las toallas higiénicas, los tampones y las copas menstruales.

Se explica que el IVA descrito en la legislación chilena, que grava todos los bienes y servicios, salvo aquellos que la ley expresamente exonera de su pago, no toma en consideración el hecho mencionado y se constituye, entonces, como una expresión más de la escasa perspectiva de género que tiene nuestra legislación en general.

Se plantea que las discriminaciones basales y omisiones regulatorias son arbitrarias e injustas y que se constituyen, a su vez, como un cúmulo de impedimentos para alcanzar adecuados niveles de igualdad material que permitan el más pleno desarrollo de todas las personas.

Se destaca la importancia de que los productos de gestión menstrual sean, en primer término, reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, lo que no se plasma en el texto del Código Sanitario, y, a la vez, realmente asequibles, desde el punto de vista económico, a todas las personas menstruantes. Un acceso a bajo costo a esa clase de insumos, privilegiando también que estos sean producidos con altos estándares de calidad, garantizará, sin lugar a dudas, mejores estándares sanitarios.

Estructura

Respecto de su estructura, el proyecto consta de cuatro artículos permanentes, mediante los cuales, a grandes rasgos, se abordan los siguientes temas.

El artículo 1 establece el reconocimiento del Estado a los derechos asociados a la menstruación, que denomina derechos menstruales, y explicita las acciones que se deben realizar para su adecuado ejercicio.

El artículo 2 consigna un catálogo de derechos y garantías relacionados con el fenómeno de la menstruación.

El artículo 3 modifica el Código Sanitario, con el objeto de incorporar en su texto los productos de gestión menstrual, sentando las bases regulatorias para su producción y distribución segura al interior de nuestro país, en el entendido de que constituyen bienes de primera necesidad insustituibles.

El artículo 4, mediante la técnica legislativa de la interpretación auténtica, establece el sentido y alcance del literal a) del artículo 70 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nos 18.933 y 18.469, de manera tal que los productos de gestión menstrual también estén incluidos dentro de aquellos elementos e insumos que se requieran para el ejercicio de las acciones de salud.

En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca que, en el marco de la discusión general, se contó con la participación de representantes del Proyecto Política Fiscal Feminista, de la Fundación Friedrich Ebert, de autoridades del Sernac y de representantes de las organizaciones Dignidad Menstrual Renca, La Mancha de Chile y Mundo Apoya Mujer.

Durante el debate se estimó necesario realizar algunas modificaciones al texto del proyecto, básicamente en el sentido de reconocer de manera explícita, por una parte, el derecho a una gestión menstrual libre y digna, y, por otra, el deber del Estado de apoyar, favorecer y promover las diversas políticas públicas que se generen para su adecuado ejercicio, explicitando una serie de obligaciones que debe cumplir en la materia.

Finalmente, se hace presente que el proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, por unanimidad.

He dicho.

El señor ARROYO.-

Señora Presidenta, agradezco la posibilidad de intervenir en la discusión de este proyecto de ley que fue iniciado en moción y que promueve, resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes.

De manera preliminar, es posible destacar que la iniciativa contiene algunos aspectos positivos, tales como la facilitación del acceso a productos de gestión menstrual, como lo acaban de establecer; el establecimiento de medidas tendientes a asegurar la calidad de dichos productos, entre otros elementos. Todo eso me parece muy bien.

Sin embargo, tanto en su título como en su articulado, el proyecto de ley se refiere a la población beneficiaria como personas menstruantes o personas con capacidad para menstruar.

Siento que lo anterior invisibiliza a las mujeres, quienes son las titulares de lo que la iniciativa denomina como derechos menstruales, ignorando que ellas son quienes viven todos los aspectos vinculados a la menstruación al omitir mencionarlas como tales.

En la misma línea, cabe señalar que omitir una referencia a la mujer también es un acto contradictorio con los fundamentos de esta iniciativa, puesto que esta, en su fundamentación, hace referencia a distintas ideas vinculadas con el reconocimiento de los derechos de la mujer. Por ejemplo, la iniciativa se sitúa como un avance en equidad de género. Según el artículo 1°, inciso tercero, de la ley N° 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, este concepto “comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser tales,…”.

Por lo anterior, queda muy claro que es importante tener presente que, para avanzar en la protección integral de las mujeres en relación con la menstruación, resulta fundamental su reconocimiento explícito en el proyecto de ley.

Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley, para que se pueda corregir este error, el cual quiero pensar que, de alguna manera, es involuntario.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señora Presidente, en primer lugar, estoy impactado por la redacción del proyecto, no solo por lo que parcialmente es su contenido, porque todos podemos estar de acuerdo en que la situación especial que viven las mujeres que sufren la menstruación una vez al mes es algo que hay que tener en consideración en toda nuestra vida social, para permitirles y abrirles todo tipo de oportunidades tanto en la vida laboral como en el resto de las actividades propias de personas libres.

Ahora, eliminar la palabra “mujer” del proyecto y poner en su lugar “personas menstruantes” me parece que es algo extraño, por decir lo menos. ¿Por qué esta invisibilización de la mujer? ¿Por qué sacar la palabra “mujer” del debate político? O sea, honestamente, si no es un tema ideológico, no sé qué es aquello ¿Cuál es la ayuda práctica que tiene el hecho de sacar la palabra “mujer” de un proyecto de ley si no es porque se quiere invisibilizar a la mujer?

Otro punto que me parece relevante en esta materia es preguntarnos hasta dónde el Estado, que no construye viviendas, que no está solucionando los problemas de criminalidad, que no está resolviendo una serie de problemas muy graves para las mujeres, tiene que dedicarse a estas minucias que van a costar burocráticamente mucha plata, que no va a ir a esos destinos que sí pueden ayudar más a las mujeres. A mí ese punto me complica.

Lo otro es la intención de tratar de modificar el pensamiento desde el Estado, con fines buenos o malos. No pongo en duda que la intención es maravillosa, pero cuando se dice que se quiere tratar de eliminar estereotipos, chistes o lo que sea respecto de esta situación, uno se pregunta si el Estado no está pasándose un poquitito de la raya respecto del ciudadano. El Estado no es el educador de los ciudadanos adultos, es su servidor. Eso es algo que nosotros, de una vez por todas, debiésemos comprender en esta Cámara: nosotros servimos al pueblo; no somos sus educadores ni sus padres.

La libertad de expresión y la libertad de pensamiento son uno de los elementos fundamentales de toda democracia y de toda sociedad libre. Cuando el Estado se empieza a arrogar a sí mismo la misión de construir el pensamiento de acuerdo con una visión ideológica imperante, entonces nos acercamos cada vez más hacia tipos de regímenes que creíamos superados y en el basurero de la historia.

Respecto del proyecto en sí, lo único que va a generar es burocracia. La mayoría de las cosas que se establecen aquí como una obligación para el Estado ya están cubiertas por otros organismos del Estado. Si queremos mejorar esta situación, probablemente lo que tenemos que hacer es fiscalizar a las organizaciones del Estado que están encargadas de entregar agua limpia y de muchas otras cosas, como, por ejemplo, que los productos sean sustentables, reciclables, etcétera. Es decir, fiscalizar a esas organizaciones para que hagan bien la pega.

Pero crear nuevas misiones específicas me parece que solamente genera costo. Ese costo se paga con menos colegios, con menos salas cuna, con menos casas habitación, con menos seguridad, todas cosas que -creo yo son prioritarias para las mujeres de este país o para “las personas menstruantes”.

En lo personal, probablemente no tengo ningún derecho a hablar sobre este tema, porque no es un tema que me atañe directamente como pagador de impuestos y como persona que quiere seguir ejerciendo su libertad de expresión; pero no se puede dejar pasar este tipo de proyectos que son pura ideología, que son políticas de simbolismo, simbolismo que tiene cero efecto práctico para mejorar la situación de las mujeres de este país. Repito: de las mujeres, porque solo las mujeres pueden menstruar.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, entiendo que las personas son entes susceptibles de derechos y obligaciones.

Dicho eso, hace más de un año nos reunimos con diversos grupos de mujeres, líderes dentro de sus ámbitos de desarrollo, que tenían como objetivo principal visibilizar un problema que durante la pandemia se manifestó con crudeza: la escasez de artículos o productos para las personas menstruantes. Lo anterior, dado el poco stock de productos en algunos casos y, en otros, dada la imposibilidad económica de acceder a ellos en momentos en que Chile vivía fuertes restricciones a la movilidad y, por ende, al desarrollo de las fuentes de ingreso de millones de personas. En ese contexto, incluso se pidió al gobierno de la época que adoptara medidas para que en las cajas de ayuda con alimentos y otros enseres se incluyeran artículos para personas menstruantes.

La vida fértil de una mujer promedio se extiende por alrededor de cuatro décadas; un tiempo importante en la vida de cualquier persona. A pesar de que es una situación biológica inevitable para la mitad de la población mundial, no se contemplan los productos de higiene menstrual como productos de primera necesidad. En ese sentido, las diferencias con los hombres, quienes no necesitan de estos artículos, resultan abismantes.

A diferencia de los hombres, las mujeres pasamos una vez al mes por un proceso biológico: la menstruación. Para hacer frente a este proceso, necesitamos toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, ropa interior especial, etcétera. Las opciones son variadas; sin embargo, el acceso a estos artículos no es universal, y en muchos casos ni siquiera son considerados una necesidad básica.

Sin duda, necesitamos avanzar con un sentido de universalidad hacia mejorar las formas de acceso a este tipo de productos y aumentar su calidad. En virtud de ello, se presentó una iniciativa popular de norma sobre la materia para que sea incluida en la eventual nueva Constitución.

Menstruar es un hecho que vivimos habitualmente la gran mayoría de las mujeres. Se estima que somos 1.800 millones de personas menstruantes alrededor del mundo, por lo cual se ha tomado conciencia de que esta situación requiere de políticas públicas especiales para abordarla, particularmente respecto de aquellas personas que, dada su situación socioeconómica, no pueden acceder a productos de calidad, y cuya privación no solo conlleva problemas de higiene, sino también un dolor en lo profundo de su dignidad.

Teniendo en consideración que el gasto anual de una persona en productos menstruales en nuestro país es de alrededor de 48.000 pesos, este proyecto es un importante avance, que constata una realidad no abordada del todo, a fin de que a mediano plazo se generen políticas públicas orientadas a la entrega directa de estos productos a quienes no tienen los recursos para adquirirlos en el comercio, velando siempre por la buena calidad de estos.

Antes de terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las organizaciones que han levantado esta problemática, porque esto no nace de un tema ideológico ni de la ideología de las parlamentarias que hemos estado comprometidas con este tema de la pobreza menstrual, sino que nace de las organizaciones que vemos en terreno, que hemos conocido a lo largo de estos años, que son quienes finalmente levantan los lamentables diagnósticos que dan cuenta de que hay mujeres en nuestro país que ni siquiera pueden adquirir estos productos o acceder al agua, que son factores esenciales para tener una higiene adecuada.

Por último, quiero señalar que no se está invisibilizando a la mujer. Lo que hace el proyecto es considerar a todas las personas, sean mujeres, personas transgénero u otras. Como parlamentarios, tenemos que entenderlo, porque son personas que viven dentro de nuestra sociedad y merecen el mismo respeto que merecemos todos y todas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Muchas gracias, señora Presidenta. ¡Presidenta! ¡Presidenta!

Quiero ofrecer disculpas a las mujeres. Qué triste es que recién estemos conversando este tema, lo que demuestra que, lamentablemente, en términos históricos, quienes han construido las leyes, las instituciones han sido mayoritariamente hombres. Sin embargo, no debemos olvidar que más de la mitad de la población está compuesta de mujeres o de personas que tienen menstruación, proceso fisiológico que genera no solo complicaciones de salud y problemas de movilidad en los días más complejos, por ejemplo, sino también dificultades relacionadas con el tema económico.

Recién escuchaba una intervención y me daba cuenta de la poca empatía que se tiene con la gente sencilla, con la gente humilde, que muchas veces ni siquiera tiene los elementos necesarios para acceder a los denominados productos de gestión menstrual.

Entonces, ¡cuán importante es que también estén involucrados los colegios! ¡Cómo tenemos que avanzar en la perspectiva de que ojalá en los colegios exista información respecto de este tema! ¡Que se incluya dentro de las canastas familiares! ¡Y que exista de verdad un respeto a esa tremenda cantidad de personas que tiene que estar sosteniendo esta situación tan compleja durante tantos días!

En otros países ya se está avanzando en relación con los días de descanso. En España, por ejemplo, se están distribuyendo horas de descanso al mes, para que las personas menstruantes puedan tener una situación de mayor facilidad, para que puedan tener una vida mejor.

Creo que este proyecto de ley es absolutamente necesario, porque tiene que ver con la dignidad de las personas, valor fundamental en el que tenemos que avanzar mucho más.

Hace casi dos años, mucha gente salió a las calles a reclamar por algo tan fundamental como es la dignidad, más que por cuestiones de carácter económico. Por ello, debemos hablar de la dignidad de las personas que menstrúan, no solo de las mujeres, pues estamos hablando de los fundamentos y de los derechos básicos y fundamentales de los seres humanos. Si no partimos por el respeto, por la inclusión, por tolerar las distintas formas, estamos en una sociedad totalmente errada. Además, debemos tener presente que la incidencia económica que tienen los gastos por concepto de insumos de higiene menstrual en las familias más vulnerables es tremendamente fuerte.

Por supuesto, votaré a favor este proyecto de ley, y espero que en el futuro se siga legislando en este sentido, porque todavía estamos muy atrasados respecto de la problemática fundamental.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señora Presidenta, antes de referirme al proyecto de ley en discusión, haré una referencia simplemente educativa en cuanto a nuestro lenguaje, nuestro idioma castellano.

Acabo de referirme a usted como presidenta, con la letra “a”; sin embargo, es bueno dejar claras las reglas que rigen nuestro idioma.

En el idioma castellano existe la herramienta lingüística del participio activo, que es un instrumento que permite construir sustantivos a partir del verbo. En el verbo presidir, el participio activo es presidente, y ese participio activo tiene una característica: no tiene género. Por tanto, se utiliza el mismo para hombre y para mujer. Por ejemplo, en el verbo cantar hablamos de el cantante y la cantante, no hablamos de la cantanta, y en el verbo estudiar no hablamos de el estudiante y la estudianta, sino de el estudiante y la estudiante. En nuestro caso, lo correcto, estrictamente desde un sentido purista, sería decir la presidente, siguiendo las reglas del idioma castellano; sin embargo, atendiendo a que ya está bastante interiorizado, yo utilizo y voy a seguir utilizando la forma “Presidenta”, aunque reitero que esto no es lo que mandan las normas que rigen nuestro idioma.

Refiriéndome directamente al proyecto en comento, quiero hacer mías las palabras del diputado de mi bancada del Partido de la Gente, Roberto Arroyo : efectivamente, me parece un proyecto importante y tremendamente necesario.

Es necesario entregar dignidad a las mujeres que tienen cada mes la problemática biológica que trae consigo el proceso de menstruación, que todos conocemos. Sin embargo, hay un problema que ya se ha mencionado varias veces en esta Sala y que tiene un nombre: se llama deconstructivismo sociocultural. Es algo que a la izquierda neomarxista le encanta, atendido que después de la caída de la Unión Soviética perdieron su sujeto histórico tradicional, que era el trabajador, el obrero, y por ello buscaron otros sujetos históricos y lo encontraron en las minorías sexuales.

Desgraciadamente, cuando el marxismo se apodera de las luchas, las echa a perder. Todas las luchas son importantes, como las feministas y las indígenas, pero cuando el marxismo aparece y las parasita, hasta ahí no más llegan las luchas. Y lo que hace este deconstructivismo es instalar en el proyecto de ley una invisibilización de la mujer, que es la persona que en un 99 por ciento va a menstruar.

Muchas veces he escuchado que los hombres también menstrúan, pero esos hombres tienen un apellido: se llaman hombres trans, no hombres cis, porque yo soy hombre cis y en mis 43 años de vida no he menstruado jamás y no lo haré nunca.

Cuando nos refiramos a que los hombres menstrúan, pongámosle apellido: hombre trans, transgénero o transexual si ha realizado su tránsito completo y a través de la cirugía ha cambiado sus genitales; pero no hagamos una falacia, una construcción forzada para deconstruir la sociedad, planteando que es casi casualidad que las mujeres menstrúen, porque a mí me parece que lo más importante es destacar el rol que tiene la mujer en este proyecto de ley.

Por eso, y solo por eso, por un tema de forma y porque no estoy de acuerdo con el deconstructivismo sociocultural de la izquierda neomarxista, me veo en la obligación de votar en contra este proyecto. Ojalá que eso se corrija en la comisión correspondiente a través de una indicación.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señora Presidenta, quiero partir mi intervención diciéndoles a los diputados Kaiser y Rivas , que intervinieron anteriormente, que, aunque no les guste, no solamente las mujeres menstrúan; los hombres trans menstrúan y existen, aunque no les guste; las personas no binarias existen, aunque no les guste, y menstrúan.

Y quiero decirle, por su intermedio, señora Presidenta, al diputado Kaiser que se lave la boca antes de repetir en este hemiciclo que las feministas detrás de este proyecto de ley queremos invisibilizar a las mujeres de Chile.

(Aplausos)

La menstruación, como fenómeno fisiológico, requiere ser atendida obligatoriamente, pues fuerza a un grupo de la población a invertir una parte importante de sus recursos mensuales en sobrellevar ese proceso mediante la compra de toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, etcétera. Este gasto no es optativo y hace que la vida de las personas con capacidad de menstruar sea significativamente más cara.

La desigualdad en los ingresos entre los hombres y las mujeres se agrava con esta carga. En Chile los hombres ganan un 27 por ciento más que las mujeres por realizar exactamente los mismos trabajos, y eso sin considerar la dependencia económica, porque también sabemos que en Chile, y luego de la pandemia, más del 60 por ciento de las mujeres no recibe remuneración por sus trabajos. Las mujeres somos más pobres que los hombres por el solo hecho de haber nacido mujeres, y esta carga extra nos hace aún más pobres.

El estigma alrededor de la menstruación afecta en la forma en que se diseñan los espacios públicos. Las niñas adolescentes, mujeres, personas trans o no binarias carecen de esos espacios durante sus periodos menstruales. Estudios en la materia demuestran que la falta de infraestructura sanitaria adecuada y sin espacios de privacidad son causantes de ausentismo escolar, de la disminución en la capacidad de concentración y en el interés en la participación en clases, por preocupaciones como, por ejemplo, el riesgo de mancharse, sin mencionar también el desconocimiento, los miedos, los tabúes con que las jóvenes menstruantes se forman en torno a este fenómeno.

Es necesario que cuenten con conocimientos veraces, con el apoyo y los recursos para manejar de forma adecuada la menstruación, sin afectar su autoestima, su confianza, ni limitar tampoco su desarrollo integral.

Este proyecto viene a constituirse como una fórmula concreta de igualdad material positiva entre todas las personas, reconoce los derechos menstruantes de manera explícita, establece un catálogo de derechos y garantías y de deberes del Estado en torno a ello, regulando los productos menstruales y nombrándolos debidamente con formulas de producción y distribución segura y de calidad, considerando no solo el aspecto social y sanitario de la menstruación, sino también el económico.

La menstruación digna no puede ser un privilegio, sino que debe ser un derecho para todas las personas menstruantes.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señora Presidenta -o Presidente, para quedar bien con la galucha-, voy a contar una anécdota: corrían los años ochenta del siglo pasado y en un pasillo de un psiquiátrico, que ahora se llama Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak , traían a una paciente a hacerse un examen a mi servicio, pues yo hacía los electroencefalogramas. De repente la miro y le estaba corriendo la menstruación por las piernas. Estaba acompañada por dos mujeres. Y yo, que tengo mal carácter, me paré y les dije: ¿Y ustedes no se dan cuenta de este horror?

Cuento corto: ella se llamaba Carmen , nombre de origen árabe que significa “jardín de flores”. Yo le prometí a Carmen ese día, tratando de ponerle la camisa para recogerle la menstruación, que iba a hacer algo por ella. Y así lo hice: hablé con el director del hospital, don Luis Gomberoff Jodorkovsky -a quien hago un homenaje-, quien aceptó inmediatamente incorporar en los gastos del hospital, de los sectores de mujeres, la compra de toallas higiénicas.

(Aplausos)

También aplaudo a Lucho Gomberoff , quien me ayudó. Así la Carmen pudo tener la dignidad que ella necesitaba, porque era sumamente pobre.

Ustedes saben que los médicos psiquiatras que trabajamos en hospitales públicos nos encontramos con dos tragedias cotidianas y habituales en Chile: la pobreza y la enfermedad mental, tan abandonada y anonimizada. Este es un homenaje a la Carmen, al “jardín de flores”.

No me gusta, me incomoda que se diga “personas menstruantes”; lo acepto, porque son los signos de los tiempos, pero debería decirse mujeres menstruantes.

Con respecto a la menstruación de las personas que transitan a la transexualidad, aprovecho de hacerle un homenaje al doctor Mac Millan , que durante la dictadura nos ayudaba a los médicos del psiquiátrico a hacer los procesos quirúrgicos correspondientes, con mucho susto y con mucha discreción. Ellos se las arreglan para ayudar a las pacientes que han hecho el tránsito por el tema de la menstruación.

Además, quiero decir que la menstruación no es una enfermedad; es un fenómeno fisiológico. Tan fisiológico es que cuando una mujer padece anorexia cae en lo que se llama amenorrea, es decir, deja de menstruar, y ahí se produce una enfermedad. La amenorrea es provocada por la flacura y el trastorno hipofisario. Hay medicamentos psiquiátricos, como los tranquilizantes mayores y algunos antidepresivos que producen amenorrea, de modo que la menstruación no es un fenómeno sobrenatural ni extraordinario.

Por lo tanto, creo que el valor que tiene este proyecto de ley, más allá de las palabras y todos los adornos que queramos poner, es dar accesibilidad a las personas, porque hay gente muy pobre en Chile. Alguien dijo que éramos el milagro económico de América Latina, pero eso es mentira, pues sigue habiendo mucha pobreza y la persona prefiere comer antes que comprar toallitas higiénicas.

Por lo tanto, apoyaré este proyecto, sacándole todos los adjetivos y yendo al meollo del asunto, que es dar dignidad a las mujeres.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señora Presidenta, comenzaré mi intervención aludiendo a un tema que se ha tocado en algunas ocasiones y que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es un lenguaje vivo, que se transforma. Por ende, la RAE ha hecho muchas inclusiones a solicitud del lenguaje que se ha modificado.

Esta discusión, que hoy está marcada por la hegemonía de las clases, el patriarcado y por la forma en que las mujeres se han abierto camino y visibilizado su rol en la sociedad, tiene que ver con eso.

Agradezco también que haya una mujer presidenta en este hemiciclo, porque hay muy pocas presidentas y, hasta hace un tiempo, diputadas. Por eso, esta discusión me parece muy pertinente.

Hago un llamado a los colegas diputados y diputadas a que consideremos que el lenguaje es algo vivo que se modifica y la RAE también hace sus modificaciones en cuanto a lo que los ciudadanos viven y, además, porque se trata de la Real Academia Española. Podríamos tener una real academia de la lengua latinoamericana. ¿Por qué no? Ese fue un paréntesis.

Por otro lado, me quería referir al tema de las personas menstruantes. Un diputado dice: “¿qué valor simbólico tendría esto?”, como que eso no tuviera un valor que impacta en la vida de las mujeres y niñas. ¿Cuán distinto es que en un colegio se considere y esté disponible para cuando las niñas menstrúan? Situación que no me tocó en mi vida escolar, porque uno casi se avergonzaba de los períodos de menstruación, por distintos mitos.

Hoy, cuando relevamos el valor de la mujer, relevamos la capacidad de dar vida, que se la da la naturaleza, más sabia que todos nosotros; por ende, la mujer, dadora de vida, relevándola a este sitial imprescindible en la sociedad, por supuesto que valoro que estemos conversando hoy sobre esta materia, sin perjuicio de que a lo mejor lo hacemos tardíamente, como ocurre en el caso de muchos otros proyectos, porque la sociedad avanza mucho más rápido de lo que lo hace la legislación y los Estados.

Asimismo, es muy importante que se considere el trabajo de las compañeras y los compañeros que han participado en la tramitación de esta iniciativa, ya que se trata de un proyecto que tiene un simbolismo muy importante y trascendente, en términos de la visión de respeto que debe haber hacia las mujeres, que son dadoras de vidas, así como hacia sus ciclos vitales, que nos permiten permanecer en esta sociedad generando lo más importante: la vida.

Por supuesto que hay que avanzar en que las condiciones de vida de las mujeres, de los hombres y de los niños sean dignas -por supuesto que sí-, pero cuando empezamos a considerar estos detalles simbólicos, claramente se comienza a irradiar y generar una sinergia de una mirada distinta de sociedad. Por eso, valoro mucho este proyecto, y agradezco a quienes han trabajado en él.

He dicho.