Labor Parlamentaria

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Tributario obligando a bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos, correspondiente al boletín N° 14111-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra, a través del pupitre electrónico.

Antecedentes:

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 14ª de la presente legislatura, en martes 19 de abril de 2022, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, ayer hice reserva de constitucionalidad sobre este proyecto, porque -lo quiero comentar a los parlamentarios que no lo han leído lo que hace es establecer que las entidades financieras deberán proporcionar al Servicio de Impuestos Internos información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicios de custodia, como, por ejemplo, todo lo que ustedes tengan.

Estas entidades financieras deberán reportar información sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista, vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giro diferido y cuentas de ahorro a plazo para la educación superior reguladas por el Banco Central de Chile.

Además, se entienden incluidas las cuentas de las cuentas de custodia reguladas en la ley N° 18.876, que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores. También deberá reportarse información respecto de los contratos de seguro con cuenta de inversión o ahorro, o valor de rescate, o que garanticen un capital al término de un plazo, además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales. ¡Esto es un reality!

Estimados parlamentarios, a cualquiera que tenga cuenta corriente la entidad financiera respectiva deberá enviar la información al Servicio de Impuestos Internos, quien la tendrá durante un año, aunque se investigue o no a la persona.

Nosotros presentamos una indicación, que se rechazó, que señalaba que si el Servicio de Impuestos Internos no sancionaba o investigaba, tenía que borrar la información. Pero no será así; la información continuará un año ahí -todo se filtra en este país con los movimientos completos.

Además, elaboramos una indicación -la renovamos que señala que antes de que la información sea enviada al Servicio de Impuestos Internos la persona tiene derecho de reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero e indicar que no quieren que aquella se envíe. Si ello ocurre, dicho tribunal tendrá que solventarlo sí o sí.

Este proyecto se originó en una moción de senadores para buscar a personas que pueden estar depositando platas mal habidas en cuentas corrientes. Está bien, pero no puede ser que todos los chilenos, como en un reality, estén siendo enviados a Servicio de Impuestos Internos, donde se tengan los datos de todos sus movimientos financieros, ya que en estos momentos eso solo se puede hacer por la vía judicial.

Así, vamos a rechazar este proyecto.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, hoy estamos discutiendo un proyecto que creemos que va en la línea correcta, y, desde ya, anunciamos que lo aprobaremos.

La iniciativa hace dos cosas: uno, remplaza obligaciones de información por los contribuyentes respecto de inversiones en Chile y en el extranjero, y también respecto de sus instrumentos asimilables, y dos, establece obligaciones de información a entidades financieras sobre determinados productos e instrumentos, en la medida en que la suma del saldo efectuado sea igual o superior a 1.500 UF, que en el fondo son aproximadamente cuarenta y ocho millones de pesos.

Me referiré específicamente a la segunda parte.

¿Cuál es la idea de fondo del proyecto? El fondo del proyecto es un tema que será muy relevante este año, así que es importante empezar a hablar de estos conceptos. Es el combate contra la evasión y la elusión tributaria. La idea del proyecto es dar mejores herramientas de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos.

Mencionaré solo un dato respecto a las estimaciones de evasión y elusión tributaria en Chile, hecho por Jorratt en 2020, y que fue incluido en un informe que elaboró la Biblioteca del Congreso para la tramitación de este proyecto.

Respecto al impuesto a la renta de primera categoría, podría haber una evasión y elusión tributaria que bordee el 50 por ciento y que en 2018 representó en torno al 4,5 por ciento del producto interno bruto. Repito: ¡una evasión y elusión tributaria que bordea el 50 por ciento y que en 2018 representó un 4,5 por ciento del PIB!

Además, la idea del proyecto no es novedosa. En el mismo documento se señala que en 2010 solo 6 de 33 países analizados por la OCDE necesitaban una orden judicial para requerir información. Y de entre esos países, adivinen quién estaba: Chile.

Necesitamos una mayor y mejor recaudación para los proyectos del país, específicamente para la consagración efectiva de los derechos sociales, una demanda particularmente sentida y que hoy día ha avanzado a paso firme en la Convención Constitucional, lo que celebramos.

Esta consagración de derechos es una de las bases que nos permitirán generar una verdadera paz social basada en la justicia.

Este es un primer paso en favor del nuevo pacto tributario que necesita Chile, por lo que espero que esta Cámara apruebe el proyecto de ley por unanimidad.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Este refrán suele entenderse en el sentido de que las malas acciones a menudo se llevan a cabo con buenas intenciones, o bien que las buenas intenciones, cuando se ponen en práctica, pueden tener consecuencias no deseadas.

A eso último es a lo que me quiero referir. Nadie quiere o al menos nadie fuera de la extrema izquierda busca conscientemente implementar un Estado todopoderoso que asfixie la libertad de las personas, pero todos, eventualmente, gobiernan, incluida la así llamada extrema derecha, que, por cierto, muy pronto gobernará este país. ¡Ojo con fortalecer demasiado el Estado que le van a dejar! ¡Ojo con ese infierno al que no les gustaría ir, pero cuyo camino pueden estar pavimentando!

Hoy estamos frente a un proyecto de ley que nace bien, pero que en su desarrollo va develando aspectos que lo hacen muy peligroso desde el punto de vista de los derechos de las personas.

Durante las exposiciones que realizamos en la Comisión de Hacienda, todos los diputados coincidimos en el alto índice de elusión y evasión de tributaria que existe actualmente en el país, lo que es fundamental combatir para que esos recursos lleguen al fisco. En definitiva, coincidimos en que es justo que se cobren y paguen los impuestos que se adeudan por ley, ni más ni menos.

Compartimos el espíritu del proyecto, en cuanto busca mejorar las herramientas con las que cuenta el Servicio de Impuestos Internos para acceder a la información de los contribuyentes, pero vemos con enorme preocupación que, finalmente, bajo una buena intención, se daña irremediablemente la privacidad de las personas.

El secreto bancario es una garantía fundamental de las personas respecto de sus movimientos bancarios. El derecho a la privacidad es un tema complejo y muy de moda. A todos nos irrita y reclamamos cuando recibimos una llamada de un operador telefónico al que le queremos preguntar cómo diablos se consiguió mi número, y, de hecho, muchas veces preguntamos cómo se consiguió nuestro número.

Imagínense si quien nos llama es el Servicio de Impuestos Internos para verificar una inversión, la venta de una propiedad, una herencia, un seguro de vida, un ingreso totalmente legítimo, pero que para dicho Servicio sería sospechoso.

Siguiendo con esta historia, uno podría preguntarle: “Usted ¿por qué tiene el número de mi celular?”. Y él responderá: “Tengo derecho a hacerle todas estas preguntas”. Y la llamada no terminaría ahí, porque el burócrata tiene todas las facultades para pedirle que le explique por qué aparece ese dinero en su cuenta. Uno no tendría por qué explicar ni decirle a nadie que falleció un familiar o cualquier otra cosa.

El Gran Hermano puede volverse demasiado poderoso y no nos vamos a dar cuenta hasta cuando tratemos de enfrentarlo, y ahí será demasiado tarde. Ahí recién seremos conscientes del error que cometimos dándole tanto poder.

Este proyecto de ley tiene miles de formas de ser abusado, y lo peor de todo es que la falta de contrapeso podría hacer que, incluso, puesto en buenas manos, resulte en la corrupción de ello.

Anuncio mi rechazo a esta iniciativa porque vulnera garantías constitucionales. Asimismo, anuncio reserva de constitucionalidad a este proyecto, en particular a las normas que introducen los numerales 1 y 2, porque violan la vida privada, artículo 19, números 4°, 5° y 3°…

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Terminó el tiempo de su intervención, señor diputado. Saludo y doy la bienvenida a la ministra subrogante de Hacienda, señora Claudia Sanhueza . Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, este proyecto va en el sentido correcto para disminuir la evasión y la elusión. Ambas han producido y producen efectos nocivos, afectando a los más necesitados, al verse disminuida la capacidad del Estado de ejecutar políticas públicas, y también afectan la capacidad de competir en igualdad de condiciones a los distintos agentes económicos, toda vez que algunos de ellos cumplen sus obligaciones tributarias versus otros que no los cumplen.

Este proyecto va también en la línea de ir acercándonos a los estándares de la OCDE, a los estándares de países que admiramos en otros aspectos, y que, sin embargo, cuando se conversan temas como este, muchas veces algunos en esta Sala no están de acuerdo. La verdad es que si queremos admirar a los países de la OCDE tenemos que hacerlo en todos los aspectos, incluso en materia tributaria.

Algunos ejemplos de los incumplimientos tributarios que van a poder ser pesquisados con estas nuevas atribuciones: ingresos no declarados, solicitudes de deducciones injustificadas, depósitos y/o préstamos por operaciones ficticias, origen no justificado de fondos, pagos de sobornos o pagos sospechosos, descubrir quién ejerce el control de una persona jurídica o establecer conexiones entre contribuyentes que aparentemente no las tienen, cobros de deudas fiscales, entre otros. Por lo tanto, es un proyecto positivo para disminuir la evasión y la elusión, pero también para la igualdad de condiciones de los agentes económicos.

Hay otro aspecto que se menciona menos, pero que es tremendamente importante en cada uno de nuestros distritos. Me refiero al combate del narcotráfico, para lo cual no solo se requiere perseguir la droga, sino también perseguir el dinero. Este instrumento también permite el combate del narcotráfico.

En consecuencia, porque disminuye la evasión, porque genera condiciones justas en el desempeño de los mercados y porque es un nuevo instrumento para el combate del narcotráfico, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, a propósito de este proyecto de ley, que pretende darle información inmediata al Servicio de Impuestos Internos cada vez que una cuenta corriente llegue a un saldo de 1.500 UF, quiero recordar lo que está pasando en la Convención Constitucional, a pesar de los pesos y contrapesos. Por eso es tan importante que en un país existan pesos y contrapesos.

Al director del Servicio de Impuestos Internos lo nombra el Presidente de la República, un nombramiento que, muchas veces, es técnico, pero también es político. Una herramienta como esta, si es mal utilizada, podría usarse para molestar, dejar en evidencia o llevar a la palestra pública a un líder gremial, a un líder político o a un empresario afín a otro sector político. Eso es algo que hemos visto en muchos países cercanos a nuestro querido Chile.

Estamos todos de acuerdo en que el acceso a la información es importante para la autoridad tributaria, para que cumpla con su mandato legal, en especial para combatir la evasión y la elusión de impuestos, pero tenemos experiencia sobre este tema. Los parlamentarios solemos creer que legislando se resuelven los problemas. Ejemplo de ello es que en nuestro Chile cada vez que se hace un depósito en efectivo de más de cierto monto, el banco está obligado a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En la legislatura anterior me tocó fiscalizar a la UAF como parlamentario. La UAF tiene capacidad, personal y computadores para revisar menos del 5 por ciento de los informes que le llegan desde los bancos. Por lo tanto, no fue necesaria ni suficiente la ley, porque la UAF no tiene la capacidad suficiente para revisar todos los casos.

A propósito de lo que decía el diputado Alberto Undurraga , ¿qué han hecho otros países de la OCDE? No solamente hay que fijarse en la apertura de una cuenta que al abrirse inmediatamente llega a cierto saldo, sino que hay que fijarse en el promedio del saldo. Si una persona con un promedio de saldo de un millón de pesos por varios años salta de repente a tener un promedio de cuarenta millones de pesos, puede ser una información relevante a estudiar, pero siempre que sea con una orden judicial, siempre que se cuente con la autorización de un fiscal, siempre con bilateralidad de la audiencia, nunca directamente por un servicio liderado por alguien que ha sido nombrado allí por el Presidente de la República de turno.

Hoy serán unos los perseguidos, mañana serán otros. Démosle mayores herramientas al Estado para evitar la evasión y la elusión, pero no entremos en la privacidad de la vida de las personas y no permitamos una persecución que no corresponde.

He dicho.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley establece la obligación a bancos e instituciones financieras de entregar información al Servicio de Impuestos Internos respecto a los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior.

Señor Presidente, por su intermedio le aclaro al diputado Alessandri que no es de cada movimiento en la cuenta, sino del año anterior. ¿Y de qué montos hablamos? Cuando los saldos o la suma de los abonos registren un monto superior a 1.500 UF, que al día de hoy son 47.932.800 pesos.

Entonces, no es tampoco como dijo el diputado Mellado , en el sentido de que cada movimiento, incluso de la CuentaRUT, va a tener que ser informado al Servicio de Impuestos Internos. Para quienes no lo saben, la CuentaRUT permite un saldo máximo de tres millones de pesos y un límite mensual de abonos de dos millones de pesos.

Entonces, esto se encuentra en perfecta línea con las recomendaciones que la OCDE ha hecho respecto de esta materia, para prevenir y combatir la elusión y la evasión, pero, sobre todo, el financiamiento al crimen internacional. Muchas veces, acá se habla con fuerza de avanzar en seguridad, de recuperar barrios, pero cuando vamos al origen de donde se financian las capacidades que le quitan el sueño a muchas familias en nuestro país, encontramos que está, justamente, en el lavado de dinero y en la acumulación de activos con dineros provenientes de actividades ilícitas.

Este proyecto, además, establece la obligatoriedad de informar sobre ahorros e inversiones en paraísos fiscales. Parece que eso a algunos los exalta en demasía, porque hay importantes figuras nacionales que han postulado a La Moneda, que estuvieron en La Moneda, y que han ocultado intereses económicos en paraísos fiscales, al mismo tiempo que se ponen un traje de patriotas y hablan de soberanía. Es en eso que este proyecto planea avanzar.

El estándar de la OCDE, para algunos, como para el diputado del Partido Republicano que recientemente habló, vulnera garantías constitucionales. ¡Imagínense que el Servicio de Impuestos Internos tenga que revisar una cuenta, un año vencido, cuando hubo un abono de casi cincuenta millones de pesos! ¡Sería la dictadura del Servicio de Impuestos Internos!

¡Cuánto temor le tienen al Servicio de Impuestos Internos!

Necesitamos avanzar para quitarle el financiamiento al crimen organizado…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señorita Presidenta, esta moción ordena a las instituciones financieras que entreguen información personal al Servicio de Impuestos Internos sin el conocimiento de los contribuyentes y sin que exista una orden judicial de por medio, lo cual atenta gravemente contra el derecho a la privacidad y el debido proceso, ya que no existe un juez de por medio que vele por la protección de las garantías constitucionales de las personas. El proyecto pretende obtener información financiera, lo cual podría generar una total y absoluta indefensión.

El Tribunal Constitucional ha indicado que la privacidad integra los derechos personalísimos de cada individuo, los cuales emanan de la dignidad personal y son parte de la vida íntima. Por ello, merecen ser protegidos y reconocidos por la ley, los actos de la autoridad y las conductas de particulares.

En el mismo sentido, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile ha señalado, durante la discusión, que el proyecto contraviene una serie de principios y normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico respecto de la entrega de información sujeta a secreto o reserva bancaria. Así, se pasan a llevar los derechos constitucionales relacionados con el debido proceso, la vida privada y una serie de normas establecidas en el Código Tributario.

A modo de ejemplo, el artículo 8 bis, número 4°, letra a), indica que las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización, deben indicar con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. A su vez, el artículo 61 resguarda el secreto bancario y el secreto profesional.

Creo que de existir un acto de evasión, elusión o la sospecha de aquello, se debe contar con la capacidad de obtener una autorización judicial para obtener información privada. Espero que con las indicaciones que se presentarán el día hoy se mejore el proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, como legisladores no nos podemos negar a admitir lo indispensable que resulta contar con una legislación que impida la evasión tributaria y la reducción maliciosa de los ingresos por parte de los contribuyentes. Claro está, también, que debemos trabajar para dotar al servicio de la mayor cantidad de herramientas legales para que pueda ejercer su rol fiscalizador de la mejor forma posible y dentro de un marco jurídico que le permita hacerlo en forma expedita. Sin embargo, me preocupa sobremanera el hecho de que con esta moción nos enfrentemos a dos escenarios incompatibles: por un lado, la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, y, por otro, el derecho y garantía constitucional a la privacidad financiera y al secreto bancario.

Un argumento que se incluyó en los antecedentes de esta moción fue la situación económica excepcional provocada por la pandemia y el estallido social, dos situaciones que provocaron, en parte, la crisis financiera que hoy se vive en nuestro país, situación que, evidentemente, refuerza la necesidad de evitar la evasión tributaria para recaudar mayores impuestos y reactivar la economía. Sin embargo, no me parece que debamos legislar sobre una reforma permanente, como esta, a consecuencia de situaciones excepcionales.

Creo que, por mucho que se necesite un marco jurídico más robusto en materia de responsabilidad tributaria por parte de los contribuyentes, no podemos vulnerar los derechos y garantías constitucionales vigentes y debemos tener mucho cuidado con las atribuciones que se entreguen al Estado.

Por lo tanto, me parece esencial realizar un mayor análisis de las disposiciones contenidas en esta moción y recibir las opiniones de expertos tributarios para que fundamenten la real necesidad y pertinencia de este proyecto desde el ámbito de las actuales atribuciones del servicio, así como también para que puedan dar su opinión en el ámbito del resguardo de las garantías constitucionales respectivas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, dado que me incliné hoy por citar a George Orwell , continuaré en la misma tónica.

“Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo.”.

El problema, damas y caballeros, no es que se informe sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras únicamente a partir de un cierto monto, sino que se viola el principio de que el Estado no tiene derecho a meterse en la vida privada de la gente sin una orden judicial; que los derechos de los individuos están por sobre las necesidades del Estado, no al revés; que nosotros somos representantes del pueblo y no sus patriarcas, sus señores o sus zares, y que, finalmente, es problema del Servicio de Impuestos Internos, de las fiscalías, etcétera, identificar casos sospechosos, presentarlos ante un juez y conseguir una orden judicial que permita acceder, ya sea a un teléfono, a una vivienda o a la cuenta de una persona.

Es mucho más fácil -nosotros lo sabemos eliminar el principio de la privacidad, colocando un alto monto inicial, que podrá ser modificado fácilmente a posteriori. Así, entonces, el Estado podrá controlar todas las transacciones que se realicen en las cuentas de los ciudadanos. Esos niveles de información no deben estar jamás en manos del Estado. El Estado no debe ser capaz de controlar así a sus ciudadanos; el Estado debe mantenerse fuera de los dormitorios, fuera de las billeteras, fuera de las mentes de las personas, porque no es su lugar, no es para eso que fuimos creados como organización humana.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, llama la atención cómo los sectores de derecha siempre asocian la libertad a que no les toquen sus recursos financieros o no se investigue sobre sus recursos financieros. Mientras en una sociedad exista ese tipo de libertad, bienvenida sea la democracia y la libertad.

Aquí en reiteradas ocasiones hemos escuchado intervenir a distintos parlamentarios y parlamentarias -y hacen largos discursos sobre cómo combatir la delincuencia y el crimen organizado, y acusan a muchas autoridades de que son débiles para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Habría que ser muy ingenuo para no pensar que hoy el crimen organizado maneja importantes recursos financieros, porque necesita esos recursos para pagarle a su personal, al ejército paralelo de que dispone. Por tanto, si nuestro país quiere combatir la delincuencia y el crimen organizado, es fundamental ver dónde está la plata y cómo esa plata va pasando de un lugar a otro.

Por eso me parece que este proyecto tiene una real relevancia no solamente para investigar el crimen organizado y el lavado de dinero, sino principalmente para luchar contra la delincuencia que existe en nuestro país y el financiamiento que se les hace a esos grupos, precisamente, por no tener acceso a los dineros, por no tener acceso a la información de cómo acumulan esos recursos monetarios en sus cuentas corrientes.

De tal manera que yo pido coherencia y que no solamente estemos preocupados de que nuestra libertad va a ser coartada. ¡El que nada hace nada teme!

Uno debe estar dispuesto a abrir sus cuentas corrientes, debe estar abierto a que ingresen a ellas sin ninguna dificultad, siempre y cuando los recursos que están en esas cuentas hayan sido ganados derecha y legítimamente.

Quienes tienen miedo o se asustan de que puedan ingresar a sus cuentas corrientes son aquellos que probablemente no podrán el día de mañana justificar por qué están esos dineros en sus cuentas corrientes.

Justamente, esta futura ley es para que cada ciudadano chileno justifique, si han aumentado mucho sus ingresos, de dónde salió ese dinero, y el día de mañana no sean cómplices del crimen organizado y de la inseguridad que existe en este país.

Por eso, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque estamos a favor de la lucha contra la delincuencia.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señora Presidenta, creo que esta normativa es bien intencionada, pero, finalmente, en la aplicación de las normas surgen las dificultades.

Hay actividades que uno desarrolla habitualmente, como, por ejemplo, una comida, y alguien tiene que hacerse responsable de contratarla. ¿Qué se hace normalmente? La persona responsable dice: “Transfiéranme a mi cuenta y yo me encargo de ver el menú y de todos los detalles”. Finalmente, la cuenta se va abultando por razones de comodidad y de facilidad, de manera que después cada uno no tenga que estar haciendo otras gestiones, pasando dinero en efectivo, etcétera.

Para eso se manejan las cuentas. ¿Acaso vamos a volver a que la gente tenga que andar con su plata en los bolsillos para que nadie la fiscalice? ¿Vamos a tener que andar con otros documentos a efectos de que nadie coloque bajo sospecha lo que estamos haciendo?

¡Cuidado con este tipo de normativas! Sé que pueden estar muy bien intencionadas, pero hay que tener cuidado respecto de la aplicabilidad y las incomodidades que puede generar, particularmente en una economía que hoy está muy sensible por lo que pueda ocurrir. Este tipo de norma puede ralentizar todo lo que significa la activación económica, la generación de trabajo y la generación de riqueza, que hoy lamentablemente se ha ido perdiendo. A lo mejor, la iniciativa no está destinada a perjudicar a personas que cuentan con pocos recursos, pero finalmente puede generar una dificultad.

Por lo tanto, ojo con este tipo de normativa, porque en la aplicación de la norma está la dificultad. Eso puede generar varios problemas que no están considerados y que -creo yo no están en el espíritu de la norma. Al final, sabiendo cómo funcionan las instituciones en nuestro país, se pueden generar serios problemas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, a mi juicio, este proyecto va en la dirección correcta. No solamente se ajusta a los parámetros internacionales sobre probidad tributaria, especialmente en los países que más admiramos, sino que va a combatir la elusión y la evasión tributaria.

Además, ayuda a controlar el lavado de dinero y los carteles de la droga. Más aún, la probidad tributaria no puede quedar solo en la esfera privada y librada a los estándares morales más altos o más bajos de las personas naturales o jurídicas.

Todos aspiramos a participar en los beneficios que asegura el Estado, pero la participación en las cargas públicas, especialmente el pago de tributos, no agrada a muchas personas.

Nos agradan los derechos, pero no así las obligaciones. La obligación de informar que establecerá esta futura ley, sin duda, colaborará a la transparencia financiera que necesita nuestro país, que reclama con urgencia nuestra patria.

No olvidemos que se trata de una herramienta fiscalizadora que solo sancionará elusión y evasión, ingresos sin respaldo suficiente y actividades sospechosas, y no impedirá la justificación por parte de las personas de los movimientos contables en sus cuentas.

Quien nada tiene que ocultar nada puede temer de una norma como la que discutimos. Sin duda, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señora Presidenta, la saludo a usted y a la subsecretaria.

La verdad que esta es la semana de las volteretas, de las vueltas de chaqueta, porque he escuchado a varios parlamentarios que estaban en el período anterior hablar de que esta sería una excelente forma de combatir el crimen organizado. Pero les recuerdo a ustedes que votaron en contra de esa norma cuando la presentó el entonces ministro del Interior señor Rodrigo Delgado .

Hablan de que hay que perseguir a los delincuentes, pero cuando se presenta una norma que busca justamente ponerle freno a la delincuencia, votan en contra, porque todavía creen que las causas de la delincuencia están en otras cosas.

Quiero recordarle al diputado Jorge Brito que en Chile funciona un Estado de derecho, en el cual, lo quiera o no, existe separación de poderes. Por lo tanto, un ente administrativo no puede atribuirse funciones que le corresponden al Poder Judicial.

A mayor abundamiento, señor Brito , eso se llama democracia, porque es justamente la forma que tenemos para convivir en esta sociedad. Por lo tanto, si alguien quiere intervenir en una cuenta corriente, requiere una sentencia o una resolución judicial.

Aquí el Estado no puede tener la atribución absoluta para definir a quién revisa y a quién no, para definir a quién busca y a quién no.

El que nada hace, efectivamente, nada teme, pero tampoco se le puede privar de su derecho a la libertad a quien nada hace. El Estado, a través de esta norma, quiere intervenir en todo ámbito.

Para que el Estado de derecho funcione tienen que funcionar las distintas instituciones. No olvidemos lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 60, cuando un Presidente, a través del fiscal nacional, intervino varias cuentas, y con eso amedrentó a mucha gente para que, en el fondo, no le hicieran una oposición tan cruda.

Por lo tanto, esta es un arma de doble filo; es una norma objetiva que depende de un elemento subjetivo, que es el funcionario que va a definir a quién revisa y a quién no, a quién se lo hace público y a quién no.

Por lo tanto, esta es una intervención directa en la libertad de las personas, y en democracia la libertad es lo más importante.

Así que, como bancada, votaremos en contra.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidente, me llama la atención el debate que se ha generado en torno al proyecto. Tengo la sensación de que a algunos se les olvida que lo que estamos haciendo acá es un trabajo. No es un título nobiliario el que nos entregaron. Afortunadamente, en Chile ya no hay nobleza, por lo menos hereditaria. De haberla, yo no podría haber estado aquí, por ejemplo.

Por lo tanto, no podemos tomarnos atribuciones que tenían los reyes, los condes o los duques hace trescientos o cuatrocientos años, como entrometerse en la vida privada de las personas, de entrometerse en todo aquello que era íntimo.

Señora Presidenta, comparto lo que señalaba el diputado Naranjo, quien, lamentablemente, no está en este momento en la Sala. Qué bueno el compromiso de combatir el narcotráfico y la delincuencia, pero eso, en ningún momento, puede ser excusa para entrometerse en los bolsillos de las personas.

Nosotros, los republicanos, hemos dicho hasta el cansancio que somos partidarios de entregar estas herramientas, pero a las instituciones que corresponden: a la fiscalía, bajo la revisión de un tercero imparcial; que sea un juez de la República quien determine si corresponde o no entrometerse en las cuentas bancarias de una persona. Si es un delincuente, un terrorista o un narcotraficante, existirán los argumentos y las pruebas para entrometerse en sus cuentas; de lo contrario, estaríamos vulnerando el principio de inocencia. Y en eso, como hemiciclo, no podemos caer.

El llamado es a recoger ese compromiso -que espontáneamente nace en algunas personas que hasta hace un tiempo parecía que no lo tenían por combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, convirtiéndolo en leyes que puedan ser aplicadas y no en una intromisión innecesaria, injusta e irracional en la vida privada de las personas.

Quizás el estar encerrados tanto tiempo en este edificio nos aleje un poco de la realidad. No somos reyes, condes, duques o marqueses, sino ciudadanos comunes y corrientes que tenemos un trabajo especial que realizar en el Estado y que dura solo cuatro años. Los ciudadanos decidirán, en cuatro años más, si seguimos o no, pero no nos creamos aquello que no somos y respetemos los derechos de las personas: el primero, la presunción de inocencia, y el segundo, el respeto por su privacidad.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señora Presidenta, creo que este es un proyecto bien inspirado, porque tiene un objetivo noble: combatir la elusión y la evasión tributaria y perseguir los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de los ciudadanos y contribuyentes. Ese es el espíritu, y nadie podría estar en contra de eso.

El tema es que este proyecto, a mi juicio, tiene graves falencias de orden constitucional.

En primer lugar, en el Código Tributario se crea la obligación legal de las instituciones financieras de informar al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos que superen las 1.500 UF, en cualquier momento del año. Incluso, puede ser una sola vez.

A mi juicio, este proyecto adolece de graves falencias. En primer lugar, hay una grave afectación a la privacidad de las personas, toda vez que se afecta el derecho a la privacidad, al secreto bancario, y hay una afectación grave al principio del debido proceso, porque se afecta la bilateralidad de la audiencia, ya que no hay derecho a oponerse o a rebatir esta medida, lo que atentaría contra la actual Constitución. Por eso, señora Presidenta, creo que no es un buen proyecto.

El acceso a la información es importante para que la autoridad cumpla con su mandato legal, en especial para combatir la evasión y elusión de impuestos, como señalé; sin embargo, para lograr dicho objetivo, no se puede prescindir de los resguardos que nuestro ordenamiento jurídico entrega a sus ciudadanos, principalmente en el contexto del acceso a la información bancaria, sujeto a secreto o reserva, y que se relaciona con el derecho a la vida privada y el debido proceso.

Es cierto que hay determinadas informaciones que son muy relevantes para el Servicio de Impuestos Internos, como también es cierto que para obtener esa información el proceso puede ser engorroso y difícil, pero lo importante es que, si existe un acto de evasión de impuestos o la sospecha de aquello, se cuente con la capacidad de levantar el secreto bancario a través de una autorización, idealmente judicial o de un tercero imparcial, situación que en este proyecto no se da.

Ante eso, estimo que este proyecto adolece de graves vicios de constitucionalidad y, desde ya, hago reserva de constitucionalidad, señora Presidenta.

Desde ya anuncio mi voto en contra.

He dicho.

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señora Presidenta, el proyecto en debate es muy importante para todos los chilenos y chilenas. Es particularmente importante para la inmensa mayoría que utiliza los servicios públicos para resolver sus problemas cotidianos, para los que se atienden en la salud pública o en la educación pública, y que reciben servicios que no están a la altura de lo que se merecen. Para mejorar todos los servicios públicos, es fundamental que podamos cobrar impuestos a los que más ganan, que los que más ganan hagan su contribución para que, en comunidad, todos vivamos mejor.

Para eso, este proyecto obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras que parecieran sospechosas de lavado de activos al Servicio de Impuestos Internos. Esta norma quiere romper con el secreto bancario respecto de operaciones que son objetiva y naturalmente sospechosas de participar en actividades ilícitas.

Hemos tenido un debate que nos diferencia, particularmente al progresismo, del Partido Republicano. Los de enfrente, en esta Sala, levantan airadas voces para defender el secreto bancario, argumentando que es casi un derecho humano, que las personas tienen el derecho de privacidad sobre los movimientos de sus cuentas. Es increíble verlos cómo se apartan de todo lo que se hace en el mundo. En el mundo, esto es normal. Hasta en los países más liberales se permite que el Servicio de Impuestos Internos y las organizaciones contra el lavado de activos tengan derecho a ver las cuentas y los movimientos sospechosos de los contribuyentes.

Se dice que se afectaría la libertad de las personas si se tienen que informar saldos de cuentas corrientes inusuales o sospechosos. Ellos están defendiendo la libertad de evadir impuestos; están defendiendo la libertad de eludir los impuestos y no pagar lo que les corresponde; están defendiendo la libertad que tienen los narcotraficantes, que tienen utilidades gigantescas y que las incorporan al sistema bancario, ocultándolas bajo el secreto bancario.

Todo Chile está empeñado en reducir el avance del narcotráfico. Por eso, votar en contra de este proyecto es favorecer el ocultamiento que hace este negocio a través de todo el sistema financiero. Lo mismo ocurre con las organizaciones criminales. La trazabilidad de las grandes riquezas que obtienen las lleva al sistema bancario, y hay que detectarlas.

Por eso, si queremos una patria de verdad, es fundamental construir una patria en la que todos sepan lo que está ocurriendo, de manera que podamos combatir lacras como el narcotráfico, la evasión de impuestos y las organizaciones criminales.

La patria -se lo digo a los diputados del Partido Republicano no es la banderita que se ponen en la solapa, sino trabajar para la inmensa mayoría de la gente, y este proyecto va en beneficio de todos.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, no sé si se retiró de la Sala el diputado Leonardo Soto , pero quiero señalar lo siguiente: cuando uno tramita un proyecto de ley de la relevancia del que estamos tratando, lo mínimo que corresponde es leerlo. Si él quiere, podemos enviar al diputado el resumen que tenemos de cada uno de los proyectos de ley. Lo señalo, porque lo que dijo el diputado Soto en su intervención no tiene nada que ver con el proyecto que estamos discutiendo. Mezcló, quizás, lo que escuchó con lo que cree o con lo que le gustaría.

Lo mínimo que debe hacer un parlamentario serio es que cuando discutamos un proyecto de la relevancia del que ahora tratamos, lo lea y lo entienda. Lamentablemente, el diputado Soto , al parecer, ni lo leyó ni lo entendió.

He dicho.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, la verdad es que tenía preparada otra intervención respecto del proyecto, pero no puedo dejar pasar los comentarios de dos representantes del Partido Socialista: el diputado Leonardo Soto y el diputado Jaime Naranjo .

Mientras escuchaba al diputado Soto , cuando hablaba y rasgaba vestiduras respecto del combate frontal al narcotráfico y a los delitos relacionados con drogas, se me ocurrió simplemente googlear. En Google escribí: “Relación del narcotráfico con partidos políticos”.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Señor diputado, refiérase al proyecto, por favor. Su bancada acaba de reclamar por lo mismo. Les pido que nos concentremos en el debate.

El señor OJEDA.-

Sí, voy hacia allá, señora Presidenta.

Lo primero que encontré en Ciper fue: “Los narcos buscan alinearse con alcaldes porque necesitan patentes comerciales”. Y aparecen descritas las denuncias y nexos entre el Partido Socialista y narcotraficantes.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Señor diputado, le pido, por favor, que se refiera al debate.

El señor OJEDA.-

Voy hacia allá, señora Presidenta. Esperé que hiciera lo mismo con los representantes del Partido Socialista, así que también tengo derecho. Y voy hacia allá, hacia el proyecto.

¡Con qué moral son capaces de interpretar o de intentar inducir que nosotros estamos en contra de un proyecto que coarta las libertades, de que se conozca públicamente qué hay en nuestras cuentas personales! Eso no se lo permito a ningún parlamentario, menos al Partido Socialista. Ningún diputado de ese partido está presente para escuchar, porque no les interesa.

En segundo término, quiero decir algo bastante coloquial: vamos a mirar qué tienen en las cuentas los chilenos. ¿Mañana vamos a mirar qué tienen en la bandeja de entrada de Instagram o de Facebook? Si la explicación es que el objetivo es evitar el tráfico, pues bien, a través de Facebook y de Instagram también hay negociaciones no solo respecto de tráfico de drogas, sino también de otros delitos.

Por ello, pido a los diputados que están enfrente que seamos serios respecto de los argumentos que se entregan para defender un proyecto de ley que a todas luces atenta contra la libertad de las personas, de la privacidad de cada uno de nosotros. Seamos serios. Y pido que sean más respetuosos, porque, en lo personal, lo que jamás voy a permitir es que alguien venga a intentar levantar algún falso testimonio o a dejar en duda la honorabilidad personal y la que tenemos como bancada de republicanos.

He dicho.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señora Presidenta, continuando en la misma línea de mi colega Mauricio Ojeda , escuché con atención las exposiciones de los diputados Naranjo y Leonardo Soto , por su intermedio, señora Presidenta -a quienes, al parecer, esta sesión ya no les resulta de interés-, cuando acusaron de potencial delincuente a cualquiera que esté en contra de este proyecto de ley, en resguardo, obviamente, de la privacidad de todos los chilenos honestos.

Por eso, me gustaría afirmar aquí mismo -como un ejercicio intelectual nada más que el señor Naranjo y el señor Soto cometieron un delito gravísimo. No tengo absolutamente ninguna prueba de ello, pero son ellos quienes tienen que demostrar lo contrario. No resulta razonable, me imagino, para ninguno de ustedes.

El principio de inocencia es una cuestión básica en toda democracia, y me gustaría que la izquierda, a la que le encanta el principio de inocencia cuando hay que defender a los terroristas en la Araucanía o cuando hay que defender a los soñadores de plaza Italia, lo aplicara también en todos los demás aspectos de nuestra convivencia humana.

Otro principio básico de la democracia es que existan controles al ejercicio del poder del Estado. En el caso particular de este proyecto de ley, un ejercicio mínimo, un mínimo, es que exista una autorización judicial.

El diputado Soto hacía referencia a que en todos los países democráticos existe este tipo de leyes. ¡Por supuesto que existen! Pero se condicionan a una autorización judicial. Es un mínimo, y que no exista siquiera ese mínimo nos convierte en cualquier cosa menos en una democracia.

Por ello, quiero pedir que elevemos un poco el estándar de los proyectos de ley, que respetemos esos principios mínimos democráticos recogidos en nuestra Constitución, que espero que continúen recogidos en la supuesta Constitución que dicen que se está redactando en la Convención, porque sin eso no tenemos democracia.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señorita Presidenta, una canción que muchos escuchamos cuando éramos muy chicos decía: “Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a…”. Hasta ahí se las dejo, porque la canción del grupo musical mexicano Molotov no continúa de forma muy honrosa.

Lamentablemente, hemos visto en innumerables ocasiones cómo el Servicio de Impuestos Internos, en muchísimas oportunidades, no actúa con el estándar que uno esperaría. Resulta incomprensible que algunos en esta Cámara permanentemente quieran darle más y más atribuciones al Estado para fisgonear en la vida privada de las personas.

Ante esto, una pregunta general: ¿cuántos de ustedes están dispuestos ahora, en estos momentos, a mostrar sus cuentas corrientes? Por simplemente no hacerlo, no debe caer sombra alguna de duda de ningún tipo.

Me alegra ver levantadas las manos de los diputados de la bancada de enfrente; no veo las manos de todos. Ojalá esas mismas manos permanezcan arriba cuando les haga la pregunta en otro proyecto de ley referente a la ley de drogas: ¿cuántos están dispuestos a hacerse el test de drogas? Ahí no son tantas manos, parece.

Por simplemente no querer mostrar sus cuentas, no debe caer sombra de dudas de ningún tipo, porque simplemente es su derecho a no hacerlo.

Por su intermedio, señorita Presidenta, pregunto a los diputados Leonardo Soto y Naranjo si están dispuestos en este momento a hacerlo, porque el estándar que les pedimos a los parlamentarios debe ser siempre más alto que el estándar que pedimos al resto de los chilenos, porque quieren meterse en la billetera y en la privacidad del resto de los chilenos o que lo haga un burócrata en total anonimato.

No entiendo que la izquierda rasgue vestiduras porque un carabinero pueda pedir el carné para identificar a alguien, pero no tiene problema para facultar a un burócrata que, en total anonimato, se meta a revisar los bolsillos de cualquiera sin razón alguna.

Espero que cuando presentemos el proyecto de ley que estamos trabajando en esta bancada, para quitarles los bienes a los narcotraficantes y a sus parientes cercanos que no puedan demostrar el origen de esas platas, tengan la misma firmeza y las mismas convicciones para respaldar un proyecto de esa naturaleza.

Seamos serios, respetemos la privacidad y evitemos que el Estado se convierta en un Gran Hermano.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señorita Presidenta, primero, resalto la buena noticia de que por fin bancadas de la ex oposición, actual oficialismo, estén dispuestas a endurecer las normas contra el tráfico de drogas. Espero que también lo quieran hacer en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el robo de madera y contra los distintos delitos que a la gente hoy día le preocupan. Seguridad ciudadana, eso de lo que ustedes muchas veces han renegado. Bienvenido que hoy día por fin se atrevan a manifestar que están dispuestos a empezar a dar la pelea. Ojalá así sea.

El proyecto de ley es el clásico proyecto que está bien orientado, pero está mal desarrollado. Todos queremos luchar contra la evasión tributaria; todos queremos luchar contra la elusión tributaria; todos queremos dar la pelea por que la gente que tenga que pagar algo lo pague. Bienvenida sea esa discusión. Pero lo que están haciendo en este proyecto es algo completamente distinto. Es decirle al Servicio de Impuestos internos -no olvidar que la persona representante del Servicio de Impuestos Internos corresponde a un cargo político que puede tener acceso a todas las cuentas bancarias que quiera. Le estamos diciendo: “¿Sabe qué más? A toda la gente, desde Impuestos Internos, van a poder revisarle las cuentas”.

Si en verdad quieren luchar contra el narcotráfico, démosle más atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero; si de verdad quieren luchar contra la corrupción, démosle más atribuciones a la Fiscalía; si de verdad quieren dar la pelea para enfrentar el delito, démosle más garras a una Fiscalía que hoy día, lamentablemente, actúa muchas veces con temor, desidia y lentitud. Si de verdad queremos enfrentar el crimen organizado y darle a la gente más seguridad ciudadana, empoderemos a nuestros carabineros; no hagan cada vez lo posible por debilitarlos.

Este es el clásico proyecto donde se dice una cosa, pero se hace otra. ¿Cuál es a mi juicio la verdadera intención que tiene este proyecto de ley? Convertir al Estado en una especie de Gran Hermano, donde una persona que ejerce un cargo político se pueda meter en las cuentas corrientes de todos los ciudadanos, para, a partir de ahí, inmiscuirse en la privacidad de las personas, quizá inicialmente con una buena intención, pero no me cabe duda de que al día siguiente con otra.

Si hay alguna duda, los tribunales van a dar las órdenes para levantar el secreto bancario, y que bueno que así sea; pero lo que está detrás es ir por una forma de avanzar en un poder absoluto. Por el contrario, desde la UDI vamos a defender la privacidad y dignidad de las personas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señorita Presidenta, la verdad es que considero que esta iniciativa legal atenta claramente contra garantías constitucionales elementales, como es el derecho a la privacidad, incluso también el debido proceso.

Veo también como algo peligroso esta atribución leonina que el proyecto entrega al Servicio de Impuestos Internos, puesto que, como este no requiere autorización judicial para su actuar, promueve en el fondo un actuar discrecional de la Administración del Estado.

Se ha hecho alusión a que este proyecto ayudaría al combate al narcotráfico, y la realidad es que dentro de la razonabilidad pienso que mucho más ayudaría si las autoridades presentes en esta Sala, todas con facultades fiscalizadoras, estuviésemos dispuestos a hacernos testeos para identificar el consumo de drogas, de sustancias ilícitas, porque claramente al hacerlo somos susceptibles a ser extorsionados por el crimen organizado y, fundamentalmente, por el narcotráfico.

Por lo tanto, considero que este proyecto, en lo principal, atenta contra las libertades constitucionales, y, en lo secundario, no cumple los objetivos que han expresado los diputados que lo están defendiendo.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señorita Presidenta, sabemos que, lamentablemente, en Chile el narcotráfico ha ido penetrando cada vez con más fuerza en la vida nacional.

También sabemos que en Chile se evaden impuestos, se eluden impuestos y se utilizan paraísos fiscales para estos fines, partiendo por el ex-Presidente de la República Sebastián Piñera , quien, mientras en entrevistas abogaba por el cierre de estos paraísos, mantenía suculentos fondos junto con su familia en las diferentes islas.

En Chile hay formas oscuras de financiamiento del crimen organizado, por lo que debemos hacer todo lo necesario para detener esas prácticas tan nocivas para el país. Negarse a hacerlo es francamente sospechoso.

Llama la atención -quizás debo decir que ya no llama la atención el terror de la derecha, representante del poder económico, a que se haga algo tan simple, tan normal, tan necesario como es que el Servicio de Impuestos Internos pueda tener información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras que permita controlar prácticas ilegales que producen un daño irreparable a las familias que tanto dicen defender.

Este proyecto establece la obligación a los bancos e instituciones financieras de entregar información a ese servicio respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año calendario inmediatamente anterior, en la medida en que dichos saldos o sumas de abonos registren un movimiento diario, semanal o mensual que sea igual o superior a 1.500 UF, o sea, casi 48 millones de pesos.

¿Tanto terror tienen a entregar esa información? ¿A qué le temen tanto? ¿Por qué cuando se trata de los bolsillos o de las cuentas de los poderosos se asustan tanto? Porque -seamos claros a diferencia de lo que dice el diputado Coloma , esto no abre cualquier cuenta, sino aquellas que han tenido sumas o ahorros superiores a 50 millones de pesos en un día, semana o mes.

Los artículos de esta iniciativa se encuentran en línea con las recomendaciones de la OCDE y permitirán al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar de mejor manera el cumplimiento tributario de los contribuyentes, en especial en materia de impuestos personales y de impuesto a la herencia.

El deber de informar por parte de los bancos e instituciones financieras tiene como contrapeso el deber de reserva del Servicio de Impuestos Internos, y eso permite el resguardo de la información.

¿A qué le temen tanto? Hablan de transparencia, pero cuando se propone algo que ni siquiera es transparencia, sino solo otorgar una facultad al Servicio de Impuestos Internos para que pueda evitar el financiamiento de prácticas ilegales, como el narcotráfico, ponen el grito en el cielo.

¿A qué le temen tanto? ¿Por qué cuando se trata de los bolsillos y las cuentas de los poderosos se asustan tanto? Porque -seamos claroslo que busca este proyecto es mejorar la situación en el país.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señora Presidenta, efectivamente, hay que buscar herramientas para perseguir el delito. El problema es que esas herramientas deben ser sabiamente utilizadas para no vulnerar otros derechos, porque aquí hablamos de transparencia, de evasión, pero también tenemos que considerar el secreto y la privacidad. Todos esos aspectos están en juego.

Es efectivo que no todos nos comportamos de acuerdo a la norma, pero ¿vamos a coartar la libertad y la privacidad por esa razón? Esa es la pregunta.

Aquí estamos hablando de una gran cantidad de información que sería entregada al Servicio de Impuestos Internos. ¿Tiene siquiera la capacidad de procesar esa información?

Luego, ¿confiaremos en el manejo que el gobierno de turno pueda hacer de esa información? Es más, no olvidemos que se encuentra en tramitación el proyecto de nueva Constitución, que no exhibe precisamente buenos balances ni garantiza siempre ciertos derechos. Por eso, debemos considerar lo que pueda eventualmente ocurrir en la ejecución de la normativa propuesta.

Se dijo: “el que nada hace, nada teme”, y eso es efectivo; es una muy buena frase. Entonces, propongamos un proyecto de ley que, por ejemplo, obligue a las compañías de telefonía a enviar al gobierno de turno todas nuestras comunicaciones privadas, nuestros mensajes y llamadas para que la autoridad vea si tal vez en ellas hay algún delito. ¿Les parece eso razonable? ¿Por qué aquello no es razonable y no estaríamos dispuestos a aceptarlo? Estamos bajo un Estado de derecho. En el ejercicio de mi profesión he visto cómo el Servicio de Impuestos Internos muchas veces complica actuaciones totalmente legítimas, revisándolas con tres años de posterioridad, lo que hace que los contribuyentes deban entregar información que a veces no logran encontrar, con una persecución que no resulta fácil. Y eso que la herramienta propuesta aún no existe.

El Estado no debe invadir nuestra privacidad, pero sí lo puede hacer en casos justificados. Precisamente para eso está la intervención de un juez. No me gusta un Estado persecutor que abarque todas las esferas de nuestra privacidad. Eso es un Estado totalitario.

Efectivamente, el derecho a la privacidad no es un derecho absoluto, sino que tiene excepciones. Pero la transparencia también tiene límites. ¿Cuál es la garantía en un Estado democrático y de derecho? La garantía la da la exigencia de intervención de un juez, como ocurre con la normativa ya existente.

Por esa razón, rechazaré este proyecto.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los colegas.

Este tipo de discusiones se pueden tener con una intencionalidad política o mirando esto como lo que es.

La pregunta sobre si es razonable entregar a una entidad administrativa que tiene una dependencia política del gobierno de turno una herramienta para poder, bajo su criterio y discrecionalidad, inmiscuirse en las cuentas y la información bancaria privada de una persona, es una pregunta que no tiene carisma político, sino un carisma entre técnico y, obviamente, de estructura administrativa.

¿Qué duda cabe de que la evasión, el crimen organizado, el narcotráfico son graves? Evidentemente, todos queremos que se empleen todas las herramientas de que se dispone para perseguir esos delitos y prácticas contrarios al Estado de derecho. Pero eso no nos puede llevar al error de creer que el fin justifica los medios. Y aquí estamos disponiendo un medio para una entidad que -digámoslo de una vez acá no goza de autonomía como ocurre en otros países.

Aquí se traen a colación la OCDE, el derecho europeo, experiencias internacionales; pero lo que no se dice es que allá las agencias de carácter tributario no dependen del gobierno de turno, no tienen dependencia del Ministerio de Hacienda. Lo que sucede acá es que, en los hechos, eso sí es así, y, por lo tanto, alguien podría tener el legítimo temor de que el día de mañana esa agencia, motivada por presiones políticas, tenga una herramienta de persecución respecto de los detractores del gobierno, sean ellos de izquierda o de derecha. No podemos tener una agencia que no es independiente con una herramienta que permita una cosa como esa.

¿Quién declara que una persona es sospechosa? En un Estado de derecho, ¿lo declara una entidad administrativa o una entidad jurídica independiente, autónoma? Evidentemente, lo declara una entidad autónoma. Lamentablemente, para estos efectos la entidad tributaria en Chile no es autónoma, no goza de la autonomía necesaria para tener imparcialidad en ese juicio.

Por último, si algo recuerdo del actual ministro Jackson cuando fue diputado es que era muy insistente en velar por la privacidad de los datos personales; recuerdo que esa era una de sus improntas. Y miren las vueltas de la vida: aquí está en juego la privacidad de los datos personales.

¿Tiene una entidad administrativa no autónoma la facultad para inmiscuirse en los datos personales de una persona? No.

Por lo tanto, si bien valoro la intención y la buena fe que quizás tienen algunos, me parece que la herramienta que se aquí propone no tiene la imparcialidad necesaria, atenta contra la autonomía y, más grave que eso, no respeta el derecho fundamental que todos tenemos a la privacidad bancaria.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señora Presidenta, llama la atención que se hable tan elocuentemente en torno a una supuesta imparcialidad, cuando este proyecto viene aprobado de manera unánime desde la Comisión de Hacienda y cuya idea matriz señala de manera explícita: “Dotar al Estado de mayores herramientas para el combate contra la elusión y evasión tributaria, para por esa vía aumentar la recaudación tributaria, como asimismo prevenir y combatir eficazmente los delitos de lavado de dinero y delitos vinculados al crimen organizado,…”.

Esta es una situación que, como señaló con claridad el diputado Tomás Hirsch , hemos venido sufriendo como sociedad en los últimos años, que ha abrumado la confianza de la ciudadanía en las instituciones, incluyendo a instituciones privadas, como el empresariado. Por lo tanto, dotar al Servicio de Impuestos Internos de mayores atribuciones, entendiendo también lo que señaló el diputado Schalper respecto a las legítimas dudas que puedan existir sobre cómo funciona hoy día el Servicio de Impuestos Internos y cuál es su real nivel de autonomía, cuestiones en las que hay que profundizar y en que hay que dotar de mayores herramientas, presupuesto y capacidad fiscalizadora, no solo al Servicio de Impuestos Internos, sino también a un montón de otros servicios públicos que, precisamente, tienen como rol principal fiscalizar y velar por el bien común.

En ese sentido, me asalta la duda de si existirá una orden judicial para indagar en los saldos de las cuentas corrientes. No considero que el proyecto atente contra la privacidad de las personas, como se ha mencionado, pues no es para todas las cuentas corrientes, sino para detectar aumentos significativos. Aclarada la duda planteada, el proyecto debería ser aprobado.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera.

El señor DE LA CARRERA.-

Señora Presidenta, a todos los que han defendido que el Estado se meta en nuestras vidas, que investigue sin la presunción de inocencia, les digo: ¡No sean hipócritas! No están buscando realmente evitar la elusión, la evasión o el lavado de dinero a través del narcotráfico; lo que quieren es más Estado, porque si estuvieran realmente apoyando los objetivos de este proyecto de ley y estuvieran tan preocupados del terrorismo, no lo defenderían a diario, como lo han hecho al tapar el narcotráfico, la violencia y el terrorismo en la zona sur del país. Le llaman violencia rural y no terrorismo.

Lo que ustedes tienen es envidia y lo que realmente quieren es castigar a los chilenos con más Estado, permitiendo que este se inmiscuya en la vida de cada uno.

¿Por qué la bancada del Frente Amplio y del Partido Comunista no presenta un proyecto para que nos escuchen todas las llamadas telefónicas? ¿Por qué definen la privacidad en un ámbito y no en otro?

A ellos que han viajado harto, a lo mejor, a cuenta de todos los chilenos, los invito a ir a Cuba, a Venezuela y a Rusia, y darse cuenta allí de cómo la vida privada de las personas se ha entregado a un Estado todopoderoso que todo lo sabe, todo lo decide y todo lo destruye. Todos los sueños y las ambiciones de las personas han quedado sepultados bajo la palabra “progresismo”.

¡Son unos hipócritas! Este proyecto viola la privacidad de las personas, este proyecto es totalitario y debiera ser rechazado.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señora Presidente, destaco la loable intención de dotar al Estado de mayores herramientas para combatir la elusión y la evasión tributaria y así aumentar la recaudación tributaria del Estado.

Del mismo modo, por cierto, comparto la necesidad de prevenir y combatir eficazmente delitos como el lavado de dinero o aquellos vinculados al crimen organizado. Sin embargo, creo que este proyecto se pierde un poco en la forma de alcanzar dichos objetivos. Aun compartiendo el fondo, tengo, a lo menos, dos inquietudes respecto de este proyecto de ley.

La primera es que esta iniciativa legal atenta contra garantías constitucionales elementales, como son el derecho a la privacidad, consignado en el artículo 19, números 4 y 5, y al debido proceso, consignado en el artículo 19, N° 3. Además, estimo que el proyecto no ha resuelto de buena manera posibles vulneraciones que podrían existir en contra del secreto bancario.

Veo como algo inadecuado las atribuciones que el proyecto entrega al Estado, puesto que el Servicio de Impuestos Internos no requiere fundar su actuación, cuestión que me parece inentendible y aberrante, pues promueve el actuar discrecional de la administración del Estado con sus administrados.

En este orden de ideas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado de manera enfática que un órgano fiscalizador debe contener pautas o parámetros, objetivos controlables que garanticen que el órgano administrativo pertinente se ha circunscrito a ellos (sentencia rol 521).

Estando de acuerdo con la intención del proyecto, tal como está me parece que entrega facultades discrecionales a los órganos y a los funcionarios que componen la administración del Estado, vulnerando, en forma evidente, los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Por último, parece que algunos no entienden que una vez que la persona paga sus impuestos puede hacer con el remanente lo que le plazca, incluso, usarlo en reemplazo de un papel sumamente necesario.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señora Presidenta, creo que este proyecto presenta una serie de inconvenientes, más allá de varios apelativos que hemos escuchado acá, algunos bastante desafortunados.

En primer lugar, presenta problemas con la existencia de una eventual vulneración a la vida privada de las personas, porque implica que se entregue información de los contribuyentes sin su consentimiento y sin ni siquiera su conocimiento.

Junto con lo anterior, cabe recordar que en la Cámara de Diputados estamos tratando un proyecto destinado a la protección a la vida privada de las personas y a sus datos personales; de tal manera que hay que buscar compatibilizar ese proyecto con el que ahora estamos discutiendo.

También creemos que hay una eventual afectación a las garantías del debido proceso, garantía constitucional, porque aquí no hay la intervención de un tercero que determine si se deben entregar o no esos datos.

Por otro lado, el proyecto tampoco distingue entre personas que tienen un buen cumplimiento tributario y aquellas que no lo tienen y que, por ende, pueden justificar investigar sus antecedentes.

Además, este proyecto también es incompatible con una norma del Código Tributario, el artículo 8 bis, N° 4. En virtud de este artículo, todas las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos deben ser fundadas en el ámbito de los hechos y del derecho. En este proyecto, esta norma no se está cumpliendo, pues el Servicio de Impuestos Internos recibe una información por el solo hecho de cumplirse un requisito. Como vimos, el Código Tributario establece que la actuación del Servicio de Impuestos Internos debe ser fundada en algún hecho, debe haber algo que determine la actuación del Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, independiente de todas las garantías constitucionales que hemos señalado que se han vulnerado, razón por la que esta bancada ha presentado reserva de constitucionalidad, es muy importante, sin duda, que la autoridad tributaria de un país pueda acceder a la información, pues ello es esencial para combatir -eso nadie lo discute la evasión y la elusión. Sin embargo, el acceso a esta información debe ser por razones fundadas y en virtud de la intervención de un tercero; debe haber una intervención judicial que justifique que el Servicio de Impuestos Internos…

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Benjamín Moreno .

El señor MORENO.-

Señora Presidenta, sobre este proyecto se han entregado bastantes argumentos, ya sea a favor o en contra, algunos de carácter muy técnico, pero, como dijo el diputado Schalper , al ministro Jackson , en su tiempo de parlamentario, le preocupaba bastante la protección de los datos personales. Ya sabemos cuáles eran las donaciones o las preocupaciones que él tenía con este asunto, y muchos señalan en diversos sectores de izquierda que les preocupa el combate contra el crimen organizado, las organizaciones terroristas y el lavado de activos. Pues bien, podríamos partir por llamar terrorismo a lo que es terrorismo; organizaciones criminales a las que son organizaciones criminales, y respaldar a nuestros policías, a nuestras Fuerzas Armadas, que luchan por desenmascarar a esos grupos criminales.

Tenemos derecho a desconfiar de un servicio al que políticamente se le cambió el director. Mágicamente, muchas causas que estaban comenzando a enlodar a ambos sectores del espectro político quedaron inconclusas en el caso Soquimich.

Esperemos que este proyecto sirva para que las personas se den cuenta de que hay un sector de este Parlamento al que le preocupa más saber qué piensan, cómo se mueven y todo aquello que concierne a las personas, usando para ello cualquier excusa.

La protección de los datos personales, que bien defendía el ministro Giorgio Jackson -lamentablemente, por las razones equivocadas-, es algo fundamental, un derecho constitucional de las personas que no podemos vulnerar.

Ojalá esto sirva para que los colegas de izquierda comiencen a llamar terrorismo al terrorismo, comiencen a respetar a las Fuerzas Armadas y a las policías, a las que persiguen constantemente, y sirva para que podamos entregarles más atribuciones en materia de fiscalización y persecución de diferentes actos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Gracias, diputado.

Recuerdo que este proyecto se lleva tramitando durante más de un año en este Parlamento. Tiene la palabra el diputado Tomás de Rementería .

El señor DE REMENTERÍA.-

Señora Presidenta, este proyecto tiene un objetivo bastante claro: combatir el blanqueo de dineros, el narcotráfico y el terrorismo. Parece que la supuesta defensa de la seguridad de esos temas llega hasta que se topa con los derechos humanos de las cuentas corrientes. Tengo entendido que las personas y no las cuentas tienen derechos.

Vemos que hay una protección indiscriminada de una información bancaria que no afecta en nada la privacidad de las personas; no afecta la protección de datos personales, sino que combate a las personas que puedan cometer delitos.

Entiendo que hay algunos que han tenido problemas con la publicación de cuentas, sobre todo en Panamá, lo que genera ciertos resquemores de que se sepa información bancaria, pero creo que en esta situación se nos entrega un instrumento claro para que las autoridades puedan combatir lo que todos queremos que termine: el crimen organizado, la asociaciones ilícitas y el narcotráfico. Podemos llenar las calles de carabineros, de policías, pero si no encontramos la ruta del dinero, no vamos a poder combatir las actuaciones ilícitas.

Este proyecto debe ser aprobado, para entregar instrumentos adecuados. Quienes estamos realmente por el fin del narcotráfico, del crimen organizado, por el fin del terrorismo, debemos aprobar la obligación de que se entregue la información bancaria de esas personas.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a la ministra subrogante de Hacienda. Además, quiero decirle que no pongamos la carreta delante de los bueyes. Démosle autonomía al Servicio de Impuestos Internos para que no dependa del ministerio, no dependa del Presidente de turno; a lo mejor, podemos hacer eso. Yo estaría encantado de hacerlo bajo esa figura.

Me inscribí para hacer uso de la palabra porque al inicio de esta discusión dos integrantes del Partido Socialista, con una tremenda liviandad -tienen un techo de vidrio bastante delgado-, dijeron o insinuaron que nosotros, los que estamos a este lado de la Sala, tenemos complicidad con el narcotráfico.

¡El Partido Socialista! Si lo dijeran integrantes de cualquier otro partido, yo me habría quedado callado, pero que lo digan integrantes del Partido Socialista: sin comentarios.

(Aplausos)

Señora Presidenta, por su intermedio le quiero comentar a la ministra y al gobierno que si necesitamos más recursos para ir en ayuda social, combatamos la corrupción de los organismos del Estado, de las empresas del Estado, de los municipios, de los ministerios, etcétera. Hagamos la pega como corresponde. Eliminemos los excesos, por ejemplo, los falsos exonerados. ¡Hagamos la pega!

Les quiero hacer una pregunta a los que estamos en la Sala: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a permitir que la Fiscalía revise nuestras cuentas bancarias?

Le quiero contar a la ministra subrogante -por su intermedio, señora Presidenta que yo autoricé a la Fiscalía a revisar mi cuenta cuando denuncié a una empresa del Estado, a ENAP, y a la incompetente presidenta del directorio en el gobierno anterior, que era la señora Loreto Silva , porque dijo que yo era un corrupto y tenía plata mal habida. Autoricé que se revisara mi cuenta, porque no tengo nada que ocultar.

Entonces, vuelvo a insistir en la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aquello? No sé si el gobierno del Presidente Gabriel Boric y usted están disponibles para dar autonomía al Servicio de Impuestos Internos, porque normalmente el hilo se corta por lo más delgado. Siempre paga los platos rotos la gente con menos capacidad, con menos conocimiento, con menos pituto, porque al final del día los pitutos se utilizan en todo orden de cosas.

He dicho.

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, pido la palabra.

La señorita MIX , doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, simplemente, antes de pasar al segundo proyecto de la tabla, nosotros queremos hacer reserva de constitucionalidad en este proyecto, fundada en el artículo 19, número 4°, que protege la vida privada de las personas, y número 24°, que protege la propiedad privada, pero que en el fondo lo que hace es proteger también los datos personales de las personas. Nos parece que eso debe resguardarse.

Por lo mismo, hacemos reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto.

He dicho.

Se ha renovado una indicación de los diputados señores Miguel Mellado y Frank Sauerbaum , para reemplazar el inciso primero del artículo 85 bis, introducido por el numeral dos del artículo único, por el siguiente, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación expresa lo siguiente: “Artículo 85 bis. Las entidades financieras señaladas en este artículo deberán proporcionar al Servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indican a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país, en tanto cuente con autorización del titular para ello. En caso de que el titular se niegue a entregar la autorización, el Servicio deberá solicitar una autorización judicial en los términos del artículo 62 bis y del literal l) de este artículo.”.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Se ha renovado una indicación de los diputados Miguel Mellado y Frank Sauerbaum para agregar un nuevo literal l) en el artículo 85 bis, introducido por el numeral 2 del artículo único, de cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación expresa: “l) Procedimiento abreviado para autorización judicial.

La autorización judicial requerida de acuerdo al primer inciso deberá seguir los requisitos establecidos en el artículo 62 bis. No obstante, el plazo que tendrá el Servicio para solicitar la autorización judicial será de diez días, contados tras la negativa del titular a entregarla, y el plazo para que el Juez Tributario y Aduanero cite a la audiencia que resuelva la solicitud de autorización será de ocho días, a contar de la fecha de la solicitud de dicha autorización judicial.

La sentencia, en caso de ser acogida la autorización judicial, deberá incluir la información específica que deberá entregar el banco al Servicio. El recurso de apelación que se interponga se tramitará tan pronto se reciban los antecedentes. El expediente de este proceso deberá ser devuelto íntegramente por el Tribunal Tributario y Aduanero al Servicio tras el cumplimiento del fallo.”.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Fernando Bórquez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Educación, sesión 13ª de la presente legislatura, en lunes 18 de abril de 2022. Documentos de la Cuenta N° 11.

-El primer informe de la Comisión de Educación se rindió en la sesión 7ª de la presente legislatura, en martes 5 de abril de 2022.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BÓRQUEZ (de pie).-

Señora Presidenta, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de la entonces senadora Carolina Goic y de los senadores José García, Ricardo Lagos , Juan Ignacio Latorre y Jaime Quintana , sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados (boletín N° 12982-04-S), en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario.

Constancias reglamentarias

1) Disposiciones que no fueron objeto de indicaciones

No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1, 3, 4 y 5 del artículo único ni los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto. Por lo tanto, estas disposiciones deben darse por aprobadas reglamentariamente.

2) Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

Los números 1, 2, 3 y 4 del artículo único han sido considerados normas de carácter orgánico constitucional por el Senado, al referirse a las materias que señala el inciso quinto del N° 11° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, calificación que la comisión comparte.

3) De los artículos suprimidos

No hubo disposiciones suprimidas.

4) De los artículos nuevos introducidos

No hubo disposiciones nuevas introducidas.

5) De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda

No hay disposiciones que se encuentren en esta situación.

6) De las modificaciones introducidas al texto aprobado por el Senado

Se modificó el número 2 del artículo único del proyecto, introduciendo la siguiente enmienda al texto propuesto por el Senado:

Ha reemplazado, en el inciso primero del número 2 del artículo único, la frase “de primero básico, que dos cupos por curso sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes asociados a discapacidad,”, por la siguiente: “del primer nivel de transición, que el 5% de los cupos sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes, con un mínimo de dos cupos por curso,”.

7) Síntesis de la discusión en la comisión

Las diputadas Alejandra Placencia y Daniela Serrano presentaron una indicación al inciso primero del número 2 del artículo único, con el fin de establecer que los cupos sean a partir del primer nivel de transición y que un 5 por ciento de los cupos sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes, con un mínimo de dos cupos por curso.

El subsecretario de Educación, señor Nicolás Cataldo , se refirió a la indicación, sosteniendo, en relación con el uso del guarismo “5 por ciento”, que considerando que la norma se refiere a establecimientos particulares pagados, al pensar en grupos cursos pequeños, el porcentaje 5 por ciento podría reducir el piso mínimo de dos estudiantes a uno. Por ello, la importancia de que el guarismo esté acompañado de un piso mínimo, en este caso “dos alumnos”. Por su parte, sostuvo que cambiar la voz “primero básico” a “primer nivel de transición” es un avance significativo.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad en la comisión. Votaron a favor las diputadas y los diputados Fernando Bórquez , Sara Concha , Eduardo Cornejo , Luis Malla , Helia Molina , Alejandra Placencia , Hugo Rey , Juan Santana , Emilia Schneider (en reemplazo de la diputada Camila Rojas) , Daniela Serrano y Stephan Schubert .

Las indicaciones de la diputada Marlene Pérez -presentadas en Sala-, no fueron puestas en votación por cuanto resultaron contradictorias con la indicación aprobada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 del Reglamento de la Corporación.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señora Presidenta, sin duda, todo lo que hagamos como sociedad, especialmente como Cámara de Diputados, para asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con algún grado de discapacidad, debiese contar siempre con nuestro apoyo y estímulo.

Esta iniciativa apunta en la dirección correcta, porque no solo pretende generar igualdad de oportunidades, sino también terminar con algunas malas prácticas, que tienen como resultado la discriminación de alumnos con algún grado de discapacidad.

En ese sentido, apoyaremos el proyecto porque creemos que genera oportunidades para corregir una serie de vicios que hoy están presentes en muchos establecimientos educacionales.

Creo oportuno destacar la obligación que establece el proyecto para los colegios particulares cuenten con planes y programas de inclusión, como también terminar con una mala práctica: la de cancelar la matrícula o suspender o expulsar a alumnos que tienen necesidades de educación especial. ¡Esto debe terminar! Y este proyecto, de manera explícita, prohíbe suspender, expulsar o negar la matrícula a niños que tengan necesidades especiales de educación.

Por ello, es importante apoyar esta iniciativa.

Asimismo, en caso de dos hermanos, que uno quede en un colegio y el otro, por tener necesidades especiales, queda fuera, porque le niegan la admisión y deben matricularlo en un colegio distinto, es, sin duda, un acto discriminatorio, al que debemos poner atajo.

Por ello, reitero nuestro apoyo a esta iniciativa, toda vez que recoge el clamor de muchos padres que sienten que sus hijos han sido discriminados en algunos establecimientos educacionales.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Félix Bugueño .

El señor BUGUEÑO.-

Señora Presidenta, una de las razones por las que accedí a asumir esta labor social como diputado fue por las personas, familias, niñas y niños de mi país, particularmente de mi distrito 16.

La niñez es la etapa más importante de la formación humana. Por eso, votaré a favor de esta moción, para que la igualdad de inclusión llegue a los estudiantes con necesidades especiales, para que se les integre sin distinción a establecimientos particulares pagados, porque con esto acortamos la brecha entre niños, niñas y jóvenes neurodivergentes. No se puede prohibir o cancelar la matrícula a niños y niñas con necesidades especiales.

Este proyecto es reflejo de la nueva sociedad que queremos construir, esa que elimina de raíz el término “discapacidad”, para dar un paso hacia el nuevo Chile, ese que integra a sus habitantes desde sus propias diferencias, enseñándonos a comprender realidades distintas, diversas, generando un país más justo, con espacio para todas y todos.

He dicho.

La señorita MIX, doña Claudia (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero hacer dos reconocimientos. El primero, a los autores de esta moción: doña Carolina Goic , exsenadora, y los senadores José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre Riveros y Jaime Quintana , quienes pusieron en el tapate un tema esencial y nuclear, no solo para las familias, para padres y apoderados de personas con discapacidad, sino por ser un eje central cuando hablamos de inclusión. La inclusión no solo se logra por la voluntad de los padres, sino que requiere de la voluntad de la sociedad.

Desde ese punto de vista, vaya también mi reconocimiento inicial para los padres de las personas con discapacidad, que luchan a diario para sacar adelante a sus hijos.

Es central que el Estado y la sociedad se hagan cargo de la diferencia, que la sociedad sea capaz no de tolerar, sino de impulsar la diferencia y la tolerancia que se genera a través de la misma, que es la que finalmente origina la convivencia que todos y cada uno de nosotros anhelamos, no solo para nuestras familias, para nuestros grupos de amigos, sino también para la sociedad entera.

Me parece correcto que, vía este proyecto, no solo se obligue a los colegios a aceptar a la persona con discapacidad, sino además a hacerse cargo de la familia, dándole cabida a la persona con discapacidad, hermano o hermana de alguien que ya está estudiando en ese colegio.

Lamento profundamente que en esta sesión, cuando se debate algo que no debiese ser ni de izquierda ni de derecha, sino de toda la ciudadanía, no esté presente el ministro de Educación. Creo que es faltarle el respeto a esta Corporación, pero, además, demuestra el poco interés que tiene por los temas de inclusión.

Efectivamente, hoy estamos legislando para los privados, toda vez que la ley de inclusión obliga a los establecimientos educacionales públicos a incorporar a las personas con discapacidad.

Por eso, hago un llamado a que esto sea aprobado y, además, de un llamado adicional a que el Estado completo…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Martínez .

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente, el Estado debe garantizar el derecho a la educación que tienen todas y cada una de las personas, para cumplir el mandato del artículo 19, N° 10, de nuestra Constitución Política de la República y, al mismo tiempo, debe velar por la no discriminación.

Sin duda alguna, los establecimientos educacionales, sean públicos o privados, no pueden incluir en sus proyectos educativos la exclusión de niños, niñas y adolescentes en virtud de una condición de discapacidad.

Son muchos los colegios que cierran sus puertas a la integración de personas con discapacidad, por lo que se hace estrictamente necesaria la dictación de una ley que garantice el acceso universal a la educación. Es indispensable seguir avanzando en políticas que logren incluir y proteger de manera efectiva a todas aquellas personas que presentan una condición distinta o especial, pues todos tienen el mismo derecho a que se les brinde la mejor calidad de educación posible.

Es nuestro deber y responsabilidad como sociedad promover la independencia y autonomía de las personas con discapacidad cognitiva, pues brindarles el mismo acceso a la educación que a cualquier otro alumno logra empoderarlos de manera tal que puedan desarrollarse plenamente en su vida joven y adulta, siendo un gran aporte a la comunidad.

Si bien existen programas que luchan duramente para lograr la inclusión de personas con discapacidad, es necesario que esto comience desde los niveles educacionales preescolar y básico, lo cual facilitará la inclusión una vez que los menores lleguen a la adultez.

Creo que la educación es la más importante de las herramientas para lograr el pleno desarrollo del ser humano, sea cual sea su condición, por lo que voy a aprobar este proyecto y todos aquellos que ayuden a eliminar las brechas a nivel educacional que excluyen día a día a las personas con discapacidad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señor Presidente, esta es una iniciativa que promueve una sociedad abierta, plural e inclusiva.

El ocultamiento de las diferencias, de la diversidad y de las necesidades especiales que hemos sufrido durante años ha producido un daño que debe ser reparado. En ese sentido va este proyecto de ley, que es extremadamente valorable, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra y como, sin duda, dirán quienes intervengan después que yo.

La intolerancia, el miedo al otro y las discriminaciones que sufren las personas con necesidades educativas especiales son lacras sociales que deben ser eliminadas y nunca toleradas, ni por acción ni por omisión.

No se trata solo del derecho a la educación; se trata de un cambio en el paradigma social de cómo tratamos a los diferentes, no solamente con necesidades educativas especiales, sino a todas las personas que son diversas. No podemos seguir escondiendo nuestros prejuicios bajo la alfombra.

El compartir de nuestros niños con sus pares distintos, sean con necesidades educativas especiales o con cualquier otra diversidad, los hará mejores personas.

Este es un proyecto que va en la dirección correcta y que, sin duda, apoyaré con el mayor entusiasmo.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, si bien la intención del proyecto es buena, en la discusión anterior pedí que fuese comparada con experiencias de países como Alemania, donde este proceso se ha llevado a cabo, donde no se ha reducido la cantidad de colegios especiales y donde dicho proceso ha provocado en los colegios normales dificultades muy relevantes para los profesores, que no están preparados para ayudar a niños con necesidades especiales.

Más allá de eso, me parece complejo este proyecto porque todos los temas técnicos se pueden ir subsanando con preparación, calificaciones, etcétera. Sin embargo, como dije, me parece complejo que en este proyecto se introduzca la demanda a los colegios particulares de enseñar un currículum determinado. Esto según el artículo 23 de la ley.

Debo recordar a los colegas que, de acuerdo con nuestra Constitución, aún vigente, “La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.”. Es decir, introducir demandas curriculares a través de esta iniciativa, sobre todo demandas curriculares amparadas en una ideología o en una visión de lo que tiene que ser la sociedad a futuro, es incompatible con la Constitución así como está escrita en este momento.

Es por ello que hago reserva de constitucionalidad respecto de la modificación propuesta al artículo 23.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Seños Presidente, voy a apoyar este proyecto que entrega inclusión escolar a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, lo que es sumamente importante para la sociedad que vivimos hoy en día.

Pero también me gustaría que se pueda establecer y que se condene a colegios particulares que ven la educación solamente como negocio y no entregan una educación digna. En Antofagasta pasó hace poco con el Colegio Chileno Norteamericano, donde dejaron a cientos de jóvenes sin matrícula; incluso, dejaron con deudas a estudiantes y a personas que estaban en dicho establecimiento.

Conozco el trabajo de familias que tienen jóvenes con capacidades diferentes. He trabajado más de cinco años con niños con síndrome de Down, con jóvenes y adolescentes. Este proyecto es importante porque dignifica a las personas que necesitan ingresar a colegios, a los que, por algún motivo, no se les permite entrar.

Espero que este proyecto avance y que también podamos entregar otros derechos a jóvenes que no los tienen, razón por la cual las familias sufren día a día.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, la educación ha sido siempre uno de los pilares de nuestra sociedad. Por ello debemos enfocar nuestros esfuerzos en mejorar las condiciones para que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida adulta.

En ese sentido, es clave avanzar en políticas públicas de inclusión y educación especial, que tengan presente las necesidades especiales de estos y que se adecuen a las mismas, de manera que se les brinde la mejor calidad de educación posible.

Se han hecho avances en establecimientos educacionales públicos, pero debemos dar un nuevo paso en orden a establecer que también los planteles particulares pagados sean parte de este proceso de integración y que se incluyan las adecuaciones necesarias en su currículo pensando en las necesidades especiales de los estudiantes.

El proyecto que se somete a nuestra consideración va en la dirección correcta, ya que tanto la inclusión en el ámbito académico, como el acceso universal a la educación son materias fundamentales no solo para nuestro ordenamiento jurídico, sino también para crecer como una sociedad justa y solidaria.

Se han presentado mejoras sustantivas al proyecto que permiten avanzar en lo que menciono. Por ejemplo, se corrige lo relativo a los cupos, que originalmente estaban contemplados desde primero básico, pero que ahora lo estarán desde la primera infancia, es decir, desde prekínder y kínder. Ello permitirá que no se originen colisiones de postulación entre estudiantes con necesidades educativas especiales y los alumnos y alumnas que venían desde los niveles de transición.

Otro aspecto clave es que el guarismo antes indicado se extenderá hasta un 5 por ciento en la medida en que la matrícula lo permita, lo que abre la posibilidad a que más estudiantes con necesidades especiales puedan ingresar a un colegio particular pagado. Este es un gran avance, pues, de darse el caso, los establecimientos particulares no quedarán limitados solamente a dos cupos ni se verán obligados a cerrarles la puerta a familias que quieren la mejor educación para sus hijos, dependiendo del proyecto educativo que ofrecen las instituciones.

Creo que está de más profundizar en los otros elementos que incluye este proyecto, como la expulsión del alumno por presentar necesidades especiales, o como cobrar arancel diferenciado, pues estamos todos de acuerdo en que dichas prácticas son inaceptables para la sociedad en la que estamos inmersos.

Es de este tipo de proyectos del que debemos sentirnos todos orgullosos, pues representan el espíritu solidario que caracteriza a millones de chilenos.

Estamos regulando una situación que permitirá tener igualdad de condiciones a estudiantes con necesidades especiales con el resto de sus pares y en que las familias no se verán en la disyuntiva de tener que buscar un establecimiento distinto y que, tal vez, no se adecua al proyecto educativo que ellos esperan para sus hijos o hijas.

Desde ya, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .

La señora GAZMURI (doña Ana María).-

Señor Presidente, colegas diputados y diputadas, coincido con las y los autores del proyecto en la idea de que el acceso a la educación de estudiantes con capacidades diferentes y necesidades especiales resulta fundamental para resguardar su pleno desarrollo, no solo en el ámbito educativo, sino a lo largo de toda su vida.

Hoy, la discapacidad se entiende como una forma de segregación y opresión, desventaja o restricción de actividad causada por la organización social. Por eso, celebro que vayamos dejando atrás el concepto de personas con discapacidad. En este caso, el Estado y los establecimientos de educación particular pagada son los que ejercen este acto de discriminación y vulneración, porque no atienden o atienden muy poco a la diversidad de las personas, lo que impide su real inclusión y su desarrollo integral.

En Chile, la discapacidad guarda relación con la forma de exclusión producida por el Estado subsidiario y su afán privatizador, que ha hecho retroceder en la función social y reguladora del Estado, principalmente en materia de derechos sociales, como la salud, la previsión o la educación, como es en este caso.

Por esta razón, tras cuarenta años de hegemonía neoliberal, resulta fundamental la tarea de la Convención Constitucional para la superación de este modelo, hecho que se evidencia en el artículo 1, recientemente aprobado, que dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Su carácter es plurinacional, intercultural y ecológico.

En ausencia de un Estado social de derecho por décadas, las instituciones de educación privada se han orientado, sin mayores trabas, por la lógica individualista de la ganancia económica. Esta forma de exclusión es perfectamente legal, pues la ley N° 20.422 dispone en su artículo 34 que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado.

No obstante, esta regulación no hace otra cosa que desligar a los colegios particulares pagados de la obligación de garantizar el acceso de personas con necesidades educativas especiales a dichas instituciones.

En la misma línea, la ley N° 20.845 establece un sistema de admisión escolar de carácter inclusivo, pero solo para los establecimientos que reciben aportes del Estado, por lo que los establecimientos de educación particular pagada no serían sujetos obligados.

Ante todo lo dicho, consideramos que el proyecto entrega verdaderamente instrumentos al Estado para exigir a los establecimientos de educación particular pagada una educación inclusiva, real y efectiva.

Por último, con el fin de superar la situación de discriminación y segregación de los establecimientos educacionales, resulta fundamental la voluntad política para seguir avanzando, por ejemplo, en fomentar el conocimiento técnico y las capacidades de educadoras y educadores. En ese sentido, es prioritario el trabajo que las universidades del Estado pueden desarrollar mediante la ley N° 21.094. Particularmente importante es la formación inicial docente, con foco en derechos humanos, ya que se requiere que las nuevas generaciones de educadores y directivos tengan las herramientas necesarias para implementar la educación inclusiva y la no discriminación en todos los niveles del sistema educativo nacional.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, sin duda, estamos frente a un buen y necesario proyecto, ya que la sociedad debe avanzar en una legislación que facilite, regule y promueva la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación particular pagados.

Este proyecto de ley viene a establecer un piso mínimo a los colegios particulares para la inclusión de nuestros niños con necesidades educativas especiales. Pero quiero ser justa: muchos colegios particulares ya cuentan con esta práctica en sus proyectos educativos y la inclusión se había constituido en una decisión sabia y con un resultado exitoso en esas comunidades.

Por eso, creo que es un buen proyecto, porque es una iniciativa que establece elementos adecuados para evitar discriminaciones injustas y odiosas. Con este proyecto, en mi concepto, no se imponen obligaciones ideológicas, ya que su objetivo es la integración desde la más temprana edad, y, como consecuencia de ello, una sociedad más justa y solidaria.

Estas son buenas iniciativas legislativas que no van contra los derechos esenciales de los padres, no atentan contra la libertad de educación ni contra el derecho preferente de los padres para la educación de nuestros hijos. Este proyecto debería ser enviado a la Convención Constitucional para que aprendan cómo se construye un país y cómo se protege a la familia cuando se mantiene unida, al permitir, por ejemplo, que hermanos, y uno de ellos con discapacidad, puedan estar en el mismo colegio, y no se les separe. Aquí hay una señal clara de que el Estado legisla, si se aprueba la iniciativa, para unir y no separar.

¡No es necesario refundar! ¡No es necesario ideologizar la educación!

Por lo tanto, voy a votar a favor el proyecto, porque creo en la integración y en una sociedad más justa.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, qué importante es hablar de inclusión, qué importante es hablar de diversidad y qué importante es hablar de una mejor sociedad.

El problema de nuestra sociedad no es que existan personas en situación de discapacidad, sino que como sociedad no estamos generando las condiciones para que estas personas se puedan desarrollar íntegramente.

Contamos con la ley N° 20.422, cuyo objeto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

Al parecer, no basta con esta norma general, ya que debemos llegar, incluso, a arreglar aspectos tan importantes como la educación de los niños para establecer que en los establecimientos de educación particular pagada existan las garantías de acceso a la educación. Y la verdad es que este es un tremendo proyecto que nos llena de orgullo, por cuanto estamos exigiendo a quienes educan en el ámbito privado que cumplan con estándares mínimos, tal como señalaba la colega diputada que me antecedió en el uso de la palabra, de cómo garantizar el acceso a la educación, sin ningún tipo de discriminación o restricción. En el mundo público existe el Programa de Integración Escolar, que, justamente, busca esto. Por eso, creo que tenemos una misión de fiscalización de la correcta implementación y aplicación de las normas y los recursos PIE en los establecimientos públicos.

Por lo tanto, sinceramente, creo que es un gran proyecto. Por eso, desde Evópoli , donde siempre hemos puesto a los niños primero, sin duda, vamos a apoyar esta iniciativa.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, siendo Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, he enfocado gran parte de mi trabajo en la gestión de demandas de familias que viven diversas condiciones de discapacidad, con el propósito de derribar barreras con las que, muchas veces, se topan para llevar una vida social armoniosa. Una de ellas es, precisamente, el acceso a la educación, derecho humano fundamental e indisoluble que el Estado tiene el deber de garantizar.

Escuchar a una madre con el dolor de no poder incorporar a sus hijas o hijos a un establecimiento escolar, a raíz de que este no considera el acceso a estudiantes con necesidades especiales o con discapacidades, es una demanda que se repite permanentemente en el territorio y, muchas veces, da cuenta de procesos de maltrato y discriminación a las madres o a los padres que se ven sometidos.

Que los colegios particulares no tengan la obligación de permitir el acceso a la matrícula de sus hijos o hijas es una realidad mezquina e inhumana, lo que no tiene sanción alguna para permitir corregir esta falta de conciencia expresada ante familias que no solo deben sortear esta vulneración a sus derechos, sino muchas otras situaciones que afectan su calidad de vida cotidianamente, porque nuestra sociedad aún no comprende en su totalidad la diversidad de la naturaleza humana, la aceptación y el respeto ante los distintos procesos que vivimos en esta experiencia vital.

Apoyo este proyecto, porque permite atender una demanda que es real, que es histórica y más común de lo que imaginamos. En ese sentido, quiero hacer un llamado en relación con sus disposiciones transitorias, que dan cuenta de que, en cuatro años, se materializará la instalación plena de esta ley una vez que sea promulgada. Me parece un tiempo excesivo, porque es casi un tercio del ciclo educativo. Por eso, creo que sería beneficioso modificar el proyecto para disminuir esta espera, en favor de las familias que han esperado lo suficiente. Es necesario que esto se corrija de una vez.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, hoy estamos aquí para votar un proyecto cuyo objeto es erradicar las discriminación que sufren niños, niñas y adolescentes a lo largo del país, solamente por tener algún tipo de discapacidad.

Vengo de una zona alejada de los grandes centros urbanos y soy consciente de que la educación es un vehículo que permite a las personas desarrollarse emocional y mentalmente para alcanzar sus sueños, sin importar el lugar geográfico de donde provengan. Por eso, creo que ese derecho no debe ser negado a ninguna persona con discapacidad. Nuestra misión es luchar en favor de las personas que, históricamente, han sido marginadas socialmente por presentar algún tipo de discapacidad física o mental.

Respecto del proyecto, creo de especial relevancia mencionar que una vez publicada la ley será necesario velar por una debida fiscalización que logre corroborar el cumplimiento de las medidas de no discriminación en los colegios particulares de todos los rincones del país, sin importar su lejana locación geográfica. Los colegios privados no podrán nunca más excluir a personas con discapacidad de su proyecto educativo, ya que esto va en contra de los compromisos adoptados por el Estado de Chile mediante la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Debemos trabajar continuamente por implementar un sistema educativo inclusivo que reconozca que todos los alumnos presentan diferencias y que en razón de ellas las estrategias educativas deben adaptarse a cada niña, niño y adolescente. Nadie está libre de presentar alguna discapacidad o de ser familiar de alguien en tal condición; por lo tanto, no podemos ignorar esta situación.

Estimados colegas, creo que la integración es una medida que nos enriquece como sociedad y logra visibilizar a personas que sufren día a día por no ser incluidas ni aceptadas. Las personas con discapacidad tienen la intención y las habilidades para ser un gran aporte en sus comunidades, por lo que debemos otorgarles las herramientas necesarias para ello.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, luego de escuchar las intervenciones de los distintos diputados sobre este proyecto de ley, quedo con la impresión de que los colegios particulares pagados tienen una cantidad impresionante de recursos. Al respecto, me gustaría decir a mis colegas que no todos los colegios particulares son como el Santiago College, el Grange, el Saint George ’s o muchos otros establecimientos educacionales de Santiago donde tienen sus hijos varios políticos, en especial de izquierda y de centroizquierda.

Este es un proyecto de ley con muy buenas intenciones; no lo pongo en duda. Pero si el Estado quiere exigir ese estándar a los colegios particulares pagados, es importante que sea él quien subsidie, quien se meta la mano en el bolsillo, más aún si les está prohibiendo subir el valor de su matrícula. La plata no crece en los árboles, y sería bueno que lo entendiéramos de una buena vez. No podemos exigir a los colegios que el costo de esto salga finalmente de los sueldos de los profesores. Ello, porque siempre se habla tanto de la importancia de que los docentes tengan buenas remuneraciones. Esta política, que sin duda es tan deseable, les anticipo altiro que terminará impactando los sueldos de los profesores, quienes no ganan cantidades millonarias.

Tampoco se aborda aquí la necesidad de entregar mayor formación a profesores y profesionales de la educación, algo indispensable para que los niños con necesidades educativas especiales tengan una buena educación. Si estas cosas no van de la mano, vamos a terminar con colegios convertidos en guarderías de niños con necesidades educativas especiales. En el fondo, aquí no se puede aplicar el mismo mecanismo educativo que a un niño sin esa condición. Tenemos que entender aquello: las dos cosas deben ir de la mano.

Por eso, voy a votar en contra este proyecto de ley, no porque sea una mala idea, sino porque se está pasando la cuenta a los profesores y comunidades sostenedoras cuando el que debería ponerse es el Estado, y porque también la ley en proyecto está incompleta, en el sentido de que no incluye una mayor capacitación a profesores y profesionales de la educación.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, la iniciativa que debemos votar hoy tiene como objeto establecer el deber de los establecimientos educacionales particulares pagados de implementar programas de educación escolar que contemplen las adecuaciones curriculares que requieren los estudiantes con necesidades educativas especiales, así como la prohibición de cobrar por dichos alumnos un arancel o matrícula superior, determinando sanciones en caso de incumplimiento.

La iniciativa, iniciada en moción, ha tenido un alto nivel de consenso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además, plantea que nuestro país ha avanzado progresivamente hacia una mayor inclusión escolar, con un enfoque particular hacia aquellos niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, lo que es concordante con los compromisos internacionales que el Estado de Chile ha ratificado sobre la materia.

Estimo que un aspecto fundamental para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad es, sin duda, el acceso a la educación. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado chileno no solo reconoce el derecho a la educación de tales personas, sino que además debe asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, no debiendo ser excluidas de la enseñanza primaria y secundaria por motivos de discapacidad. Eso es precisamente lo que estamos debatiendo hoy.

Los objetivos del proyecto se estiman deseables y su contenido permite dar mayor certeza sobre las obligaciones que tienen los establecimientos particulares pagados respecto a la inclusión y no discriminación de los estudiantes con necesidades educativas especiales. No inventemos excusas como la planteada por la bancada del Partido Republicano, que señala que este tipo de medidas que buscan inclusión se implementarán con cargo a los profesores. Eso es mentir a la gente.

Las y los socialistas votaremos a favor este proyecto, porque es un paso más en inclusión para miles de familias que sienten y viven la discriminación en el día a día.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, las personas más quietas y que por ello son distintas son las que tienen mentes más explosivas.

He querido partir parafraseando una cita de Stephen Hawking como una manera de reflexionar y preguntarme de qué forma nos podríamos explicar el universo sin una mente como la suya.

Qué duda cabe acerca del aporte que personas con capacidades distintas pueden hacer a la sociedad y al mundo. Nuestro país ha avanzado en múltiples áreas durante las últimas décadas, perfeccionando nuestro ordenamiento jurídico bajo el concepto de perspectiva de derecho. Pero no es menos cierto que son muchas otras las áreas en que como sociedad mantenemos deudas que estamos obligados a saldar para posibilitar la mayor realización posible para que todas las personas de nuestro país, sin distinción de ningún tipo, puedan integrarse.

De acuerdo a lo anterior, una de las principales herramientas del proceso de autorrealización de que puede disponer el ser humano es, indudablemente, la educación. En este ámbito, y en particular respecto de las personas con capacidades distintas, también hemos tenido avances, como la eliminación de la discriminación y el abordaje de la diversidad para la inclusión educativa. Pero también estamos al debe, y eso es lo que se está abordando hoy, con este proyecto, respecto de la educación particular pagada.

Si queremos avanzar como sociedad y alcanzar como país los umbrales de desarrollo al alero del bien común y de la igualdad de oportunidades para todas y todos, no podemos permitir la existencia de barreras que se materializan en escudos excluyentes y discriminatorios. Es importante e imprescindible que avancemos en la eliminación de las restricciones etarias para que las personas puedan acceder a la educación.

Como quizás todos sabemos, Stephen Hawking continuó estudiando y formulando teorías científicas durante toda su vida, y, sobre todo, bien avanzado. Hawking planteaba fundamentalmente que más que tratar de explicarse el universo, él intentaba, desde la discriminación de la que fue objeto, explicar a la gente cómo las personas, desde sus distintas miradas, pueden aportar a este mundo.

El proyecto en comento lucha contra la discriminación, pero también promueve la integración, la enseñanza y que los jóvenes que no tienen discapacidad también compartan y se integren con aquellos que sí tienen alguna. Y los privados tienen que hacer un esfuerzo solidario en este aporte a la comunidad.

Por eso aprobaremos esta iniciativa, porque iniciativas de este tipo son las que mejoran la democracia y nuestra comunidad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, como humanista, estoy en contra de toda forma de discriminación, sea por condición económica, social, religiosa, ideológica, etcétera.

La dimensión del problema es enorme. Solo en el distrito que represento se estima que no menos de tres mil familias están afectadas por temas relativos a la discriminación.

Los niños, las niñas y los adolescentes con necesidades educativas especiales pululan por los establecimientos escolares en busca de una cierta sensibilidad que los acoja. La historia humana está llena de ejemplos. ¡lo qué podríamos decir de Stephen Hawking! Su madre dijo que su condición de esclerosis lateral amiotrófica fue la que permitió el desarrollo de su inteligencia desbordante. ¡Lo qué podríamos decir de Helen Keller…!

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Señor Presidente, parece que el tema no fuera de interés de quienes están en la Sala.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Señoras diputadas y señores diputados, les pido que guarden silencio para poder escuchar a quien está exponiendo.

Es una mínima muestra de respeto por el colega que está interviniendo y por el proyecto de ley que se está discutiendo.

Puede continuar con el uso de la palabra, diputado Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, el propio Beethoven nunca escuchó la Novena sinfonía. Se supone que Einstein era un niño con síndrome de Asperger.

En el distrito que represento, las veinticinco escuelas especiales atienden a alrededor de tres mil familias, pero sé también del impacto social y familiar que tiene este tema en las familias de dicho territorio.

Acá hay un tema humano de fondo; hay un sesgo social y familiar. Tal vez incluir no sea el término más apropiado, porque lo que la gente reclama es visibilización, y los más invisibilizados -lo que ellos mismos han llamado la marginalidad de la marginalidad son aquellos que padecen discapacidad o tienen capacidades diferentes en el ámbito cognitivo. ¡Ni hablar de la salud mental!

Queremos avanzar hacia una sociedad inclusiva; hacia una sociedad donde no haya ningún tipo de discriminación para ningún niño, niña o adolescente.

En este país gastamos más dinero en defensa de la soberanía que en defensa de la calidad de vida de las personas; gastamos más dinero en defensa que en salud, en educación y en otras materias.

No va a ser posible avanzar en esto -por eso agradezco el silencio que ha solicitado, señor Presidente si no cambiamos nuestra sensibilidad. Como dijo Bertold Brecht : “Ahora me toca a mí, pero ya es tarde”. ¿Por qué tenemos que esperar que la realidad nos toque a nosotros para que se desarrolle la empatía?

Generalmente, en política hablamos del arraigo: del arraigo territorial, del arraigo político y del arraigo ideológico. Sin embargo, hago un llamado a buscar el verdadero arraigo: arraigarnos en el corazón del ser humano.

Finalmente, llamo a la Sala a la meditación, porque este tema afecta a todas las familias. En la discusión del proyecto anterior alguien pedía: “Que levanten la mano los que quieren que revisen sus cuentas”. Yo pediría que levanten la mano aquellos que no conocen un caso cercano de un niño, de una niña, de un adolescente o de un adulto que esté en esta condición.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SOTO, don Raúl (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, no iba a hacer uso de la palabra, pero me obligo a hacerlo para reflexionar sobre la educación en nuestro país.

A mi juicio, el Estado de Chile se desentendió absolutamente de la educación pública allá por la década del 80 del siglo pasado (años 1980 y 1981), cuando traspasó toda esta responsabilidad a los municipios, y los municipios -ya conocemos la historia tuvieron que crear las corporaciones de educación, las que hoy están desfinanciadas. Todo esto ha ido en desmedro de una verdadera educación pública, la cual anhelamos que sea plasmada en la nueva Constitución Política de nuestro país. Queremos que el texto constitucional contenga una propuesta de verdadera educación pública.

Este proyecto de ley nos invita a la integración, a ver cómo integramos a estos niños y niñas con capacidades distintas, con enormes capacidades en tantas cosas, no solo en la educación pública, sino también en la educación privada subvencionada, para que puedan tener las mismas opciones de poder educarse e integrarse de manera muy especial.

Además, quiero decir con toda claridad que aquí hubo responsables cuando se eliminó la educación pública. Los propios exministros de Educación de la época, como los señores Bitar y Lagos, se pusieron de acuerdo con muchos educadores y educadoras y los invitaron a que crearan colegios, y así se empezó a planificar un nuevo sistema que, en definitiva, nos llevó a privatizar la educación, que es un bien tan elemental y tan necesario.

Por lo tanto, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley, que lo que hace no es más que integrar a estas niñas y a estos niños con enormes capacidades distintas.

Valoro absolutamente esta iniciativa, pero reclamo una verdadera educación en nuestro país.

He dicho.