Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletines Nos 13115-06 y 13565-07).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado inscritos para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 119ª de la presente legislatura, en jueves 6 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 19.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, la probidad administrativa representa el principio más importante del derecho público, consistente en actuar honradamente en el seno de la administración, haciendo prevalecer el interés público sobre el privado. Es en ese sentido que aparece consagrado en nuestro ordenamiento, específicamente en el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al señalar que la estricta observancia al principio de probidad administrativa implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.

Lamentablemente, sabemos que este principio no siempre es respetado y que en los últimos años la opinión pública ha sido muy crítica de la corrupción y de la prevalencia del interés, del beneficio y del provecho personal de ciertos funcionarios públicos, sobre todo de quienes ostentan cargos directivos o de poder al interior de la administración. Lamentablemente, esta realidad ha provocado una gran desconfianza en la sociedad civil, acompañada con fuertes reproches frente a los cuales ya no podemos seguir indiferentes.

Este proyecto de ley refundido -soy coautor de uno de ellos viene a dar garantías de que este principio de probidad sea un imperativo que se respete al interior de cada repartición pública, dando protección a quienes denuncien cualquier hecho que lo vulnere.

Valoro las enmiendas realizadas por el Senado, que vienen a perfeccionar este proyecto al suprimir el concepto de denunciante e instar a una protección general respecto de cualquier denuncia, para lo cual restituye el medio electrónico para las notificaciones y permite la cooperación eficaz como atenuante, siempre que conduzca al esclarecimiento de los hechos.

Como coautor de este proyecto, insto a mis colegas a aprobar las modificaciones del honorable Senado, para avanzar rápidamente hacia la promulgación de esta iniciativa, ingresada en diciembre de 2019, con miras a afianzar el principio de probidad en la función pública, haciéndola extensiva a todos los órganos del Estado y servicios públicos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero relevar que este proyecto de ley, que se inició en una moción de mi autoría, junto con un mensaje del Ejecutivo, nace producto de la comisión investigadora que desarrollamos en 2019 en esta Cámara. Ella se fundó en una serie de hechos irregulares en la contratación de personal e inversiones en el Ministerio de Salud. Fue en esta instancia en la que descubrimos que funcionarios públicos tuvieron conocimiento de esos hechos irregulares, pero al no tener garantías ni incentivos suficientes no denunciaron lo que observaron.

Es por ello que decidí presentar esta moción, que luego fue fusionada con un mensaje del gobierno, para modificar el Estatuto Administrativo y promover la denuncia por funcionarios públicos acerca de los delitos y otras acciones irregulares de los que tengan conocimiento.

En su espíritu, este proyecto corrige e incentiva las conductas hacia la probidad de los funcionarios públicos. Buscamos que el Estado sea más eficiente y que se protejan los recursos que pertenecen a todas y todos los chilenos.

Como señalé, esta moción fue fusionada con un mensaje del Ejecutivo y trabajada por las comisiones unidas de Constitución y de Gobierno Interior de la honorable Cámara.

Valoro que el Ejecutivo pusiera urgencia a esta iniciativa; agradezco especialmente al ministro de Justicia. Este es un proyecto que merece ser parte de la agenda anticorrupción que es demandada por la ciudadanía.

La moción que verá la luz como ley de la república destaca por lo siguiente: crea un nuevo canal de denuncias a través de la Contraloría General de la República; garantiza el derecho del particular o servidor público denunciante a solicitar que su identidad permanezca reservada desde el momento de la presentación de la denuncia hasta el cierre de los procedimientos que se inicien con ocasión de esta; se refuerzan las medidas de protección en favor del servidor público denunciante y se establecen medidas correctivas; finalmente, existirá sanción para el funcionario público que ejerce acciones de hostigamiento en contra del denunciante o testigo.

Es tarea de todos los que nos dedicamos a la función pública velar por el buen comportamiento propio y el de los pares. En nosotros recae la responsabilidad de la eficiencia y la eficacia que nos encomienda la ciudadanía.

Todo funcionario público debe hacer honor a su cargo y tener las garantías necesarias para denunciar los hechos irregulares.

Aprovecho de saludar al ministro de Justicia y agradecerle nuevamente que haya aceptado la fusión de una moción con un mensaje.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, una de las cosas que caracteriza al servicio público en Chile, de lo cual nos enorgullecemos, es justamente que nuestros funcionarios públicos, en general, en el 99,9 por ciento, son probos, y que aun a costa de amenazas son capaces de hacer denuncias cuando algo está mal. Celebro que este proyecto, además, los proteja y les facilite hacer una denuncia cuando existan irregularidades dentro del aparato estatal.

Recuerdo el caso de la enfermera -quiero simbolizarlo que en la Clínica Las Condes denunció el abuso del señor Gil para vacunarse con una dosis cuando aún no era posible hacerlo, y que fue despedida y perseguida. Esas son las prácticas que queremos prevenir con este proyecto.

Los funcionarios públicos tienen que estar protegidos cuando denuncien actos como esos, y también nuestro sistema tiene que amparar e investigar ese tipo de acciones cuando son detectadas. Aún no sabemos nada del sumario ni de lo que pasó con aquella enfermera, pero esas situaciones no pueden repetirse. Este proyecto va en la línea correcta, pues reparará los errores que pueda haber dentro de la Administración pública, la que tiene que buscar siempre el bien común.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

En discusión las modificaciones del Senado.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 119ª de la presente legislatura, en jueves 6 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, quiero saludar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , y a todos los parlamentarios presentes en la Sala.

La protección de los más débiles, especialmente de los niños y adolescentes, es un deber del Estado y de cualquier sociedad que aspira a mayores niveles de justicia y a una verdadera búsqueda del bien común.

Sin duda, el bienestar de los menores de edad constituye una preocupación que siempre ha reunido a todos los sectores políticos, debido a que es muy importante que el Estado proteja a aquellos que más lo necesitan, en razón de su vulnerabilidad.

La violencia sexual contra menores de edad es una de las conductas más bajas que puede cometer una persona, pues daña a inocentes que recién empiezan a vivir una etapa que es fundamental para el desarrollo humano y para la plenitud que puede alcanzar una persona en la adultez.

Por ello, la libertad y la indemnidad sexual de los menores de edad es un bien jurídico que, con justa razón, amerita una protección y un tratamiento especial dentro del sistema penal, más aún si se considera que la realidad en este ámbito es preocupante.

Según cifras de la PDI, en el primer trimestre de 2021 se registran 1.686 víctimas y denunciantes por delitos sexuales, entre las que el mayor número de casos pertenecen al grupo de menores de 14 años de edad. Detrás de esas cifras encontramos historias de dolor, de sufrimiento y, muchas veces, de vergüenza.

Este proyecto en discusión es de toda justicia, pues busca que las personas condenadas por delitos de carácter sexual contra niños y adolescentes no puedan acceder a los beneficios de rebaja de pena, de manera que cumplan efectivamente su condena en la cárcel, para así evitar el riesgo de reincidencia.

Hoy tenemos la oportunidad de ponernos del lado de las víctimas, de los niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Si bien uno de los fines del sistema penal es la reinserción social, lo cierto es que la pena también apunta a la retribución que establece la sociedad por el mal causado. En virtud del principio de proporcionalidad de la pena, debe existir un equilibrio entre el daño causado por quien comete un delito y el castigo impuesto.

La buena conducta de quienes atentan contra la indemnidad sexual de un menor de edad no puede ser motivo de rebaja de pena, pues se debe considerar la gravedad de ese delito. Las consecuencias que deja en la vida de las víctimas, así como la necesidad de sancionar con mayor firmeza a quienes cobardemente dañan sexualmente a niños…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada señora Patricia Rubio .

La señora RUBIO (doña Patricia).-

Señor Presidente, hasta cuándo en este país vamos a leer titulares como: “Hombre es acusado de violar a su sobrina: estaba con arresto nocturno tras ser investigado por la violación de su hija” -la víctima era una niña de solo diez años-, o “Condenan a joven por violación y abuso sexual a menor: fue absuelto de portar pornografía infantil”, y así tantos y tantos titulares sobre casos deleznables.

Siempre he estado preocupada por el bien superior de niños, niñas y adolescentes, por lo que este proyecto de ley, que pretende no entregar más beneficios carcelarios a psicópatas infantiles -porque eso es lo que son-, contará con todo mi apoyo. ¿Cómo es posible que con unos cuantos informes una persona que ha cometido este tipo de crímenes pueda tener una rebaja de su condena? Un abusador de menores no se cura nunca, nunca se arrepentirá, y como ya hemos visto, a la primera oportunidad que tenga para volver a cometer tales atrocidades, lo hará sin ningún temor.

Se sabe que, lamentablemente, los abusadores sexuales son personas próximas al entorno más cercano de niños, niñas y adolescentes; pueden ser familiares directos o amigos del núcleo familiar, por lo que muchas veces los abusos se perpetran con el correr del tiempo, dejando huellas físicas y psicológicas casi imborrables para el resto de la vida de las víctimas. Y, por supuesto, cuando las familias se enteran, esas heridas ya no tienen más cura.

Debemos terminar con este tipo de privilegios -eso es lo que son a personas que tienen serios problemas psiquiátricos. No se puede permitir que salgan de su condena o que pasen unos cuantos años en la cárcel solo porque se portan bien. Creo que estas personas debieran estar privadas de libertad para siempre por todas las atrocidades que han cometido.

Así, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos humanos, don Hernán Larraín .

En esta legislatura hemos puesto el énfasis donde corresponde respecto a avanzar en proyectos que limiten los beneficios carcelarios o que restrinjan el acceso a la libertad condicional a quienes abusan de los más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad: los menores de edad.

Es inentendible que al día de hoy se sigan otorgando beneficios intrapenitenciarios de carácter administrativo a condenados que no tienen ningún tipo de rehabilitación, lo que incluso se constata en sus informes psicosociales; es decir, es advertido previamente.

Lo que plantea este proyecto es una cuestión muy simple, pero muy importante respecto de aquellos que no tengan informes psicosociales, que no tengan un vínculo familiar, afectivo, de apoyo fuera del recinto carcelario y aquellos que no hayan accedido a beneficios intrapenitenciarios. Eso es muy significativo, porque cuando a alguien no se le dan beneficios intrapenitenciarios es por algo, es porque los informes constatan que esa persona sigue siendo un peligro para la sociedad. Sin embargo, muchas veces dichos informes son desestimados. ¿Por qué? Porque la ley de beneficios carcelarios, la Nº 19.856, no los considera como obligatorios. Dice: “podrá tener en consideración” -¡podrá!-. ¿Y qué pasa? No los toman en cuenta.

El más claro ejemplo de lo anterior fueron las libertades condicionales otorgadas en 2016 y muchas que se han dado con posterioridad -las vemos a diario-, a vista y paciencia del sufrimiento de muchas familias que han perdido a un ser querido, porque eso provoca un dolor y un daño irreparables y destruye a familias completas. Además, ello pasa a diario, en circunstancias de que se podría evitar con pequeños grandes cambios, como los que estamos haciendo con este proyecto de ley, estableciendo que ningún condenado por un delito tan deleznable, tan brutal como es el de carácter sexual contra un menor de edad podrá acceder a un beneficio carcelario, porque esto significa dos meses de reducción de condena por año.

Asimismo, como estamos en un país que todavía tiene un Código Penal de 1874, y las penas no son acordes con el reproche social y moral, como debería ser, la ley en proyecto es muy significativa para que aquellas personas sigan privadas de libertad.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín .

Por fin estamos aprobando proyectos que buscan lograr que aquellas personas que cometen delitos graves no puedan acceder a beneficios penitenciarios.

Probablemente el caso más evidente es el que aborda la iniciativa que votaremos hoy, referido a personas que han cometido delitos contra menores de edad, como los de secuestro con violación, sustracción de menores con violación, tortura con violación, violación, estupro, abuso sexual, producción de material pornográfico, robo con violencia y violación contra víctimas menores de edad, para que simplemente no puedan acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario.

Si hay algo que nuestro país ha sufrido -hemos visto que eso sucede con miles de familias-, es la impotencia de ver que un agresor sexual sale en libertad antes de cumplir los años por los que ha sido condenado y muchas veces la familia de la víctima se vuelve a encontrar con él en las calles. Eso es lo que queremos evitar con este proyecto. Lo que buscamos con esta iniciativa es que el agresor sexual contra un menor de edad nunca más pueda acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario, que no logre salir en libertad antes de cumplir la totalidad de la pena.

Este es el tipo de proyectos que, estoy seguro, están en sintonía con la ciudadanía, que desde hace mucho tiempo nos venía pidiendo que los condenados por delitos sexuales contra menores de edad simplemente no puedan salir de la cárcel hasta que hayan cumplido completamente su pena.

Desde la bancada de la UDI apoyaremos esta iniciativa, tal como lo hicimos en la comisión, porque estamos convencidos de que este tipo de personas merecen el mayor reproche social, y para eso se propone el cumplimiento efectivo de la totalidad de su pena.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Sofía Cid .

La señora CID (doña Sofía) .-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , y al ministro secretario general de la Presidencia, señor Juan José Ossa .

Primero que nada, por supuesto anuncio mi voto a favor de este proyecto, pues pienso que hoy estamos avanzando. Creo que hoy día la ciudadanía necesita estas señales, puesto que estamos al debe en la materia.

A mediados de 2019 presenté un proyecto de ley mediante el cual se quita todo tipo de beneficios a violadores, violadores con homicidio, parricidio y femicidio condenados, no solo contra menores de edad, sino para todos los casos. Quiero pedir que avancemos en esa línea.

Tenemos casos patentes en la Región de Atacama, como el de Hugo Pastén , quien estaba condenado por violar a dos mujeres, atacarlas con un cuchillo y herirlas, el cual salió en 2017 al cumplir la mitad de su condena. Durante 2019, atentó contra la vida de Sussy, Marina y Catalina, mujeres que estaban desparecidas. A Catalina todavía no la encuentran.

Sabemos que estos tipos no tienen ningún tipo de arreglo, por lo que deben cumplir las condenas como corresponde y ojalá no salir nunca de la cárcel. En este sentido, creo que estamos al debe.

Por eso mismo, además de apoyar este proyecto, que, como bien dije, es un avance, un paso en la línea que tenemos que seguir, hago un llamado a mis colegas, sobre todo de la Comisión de Constitución, a que podamos avanzar en la iniciativa que presenté en 2019 para que aquellos condenados no tengan ningún tipo de beneficio.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros presentes en la Sala.

Me referiré en general a este proyecto, que ya hemos debatido en ocasiones anteriores y que tiene que ver con el que es, tal vez, uno de los peores crímenes que una persona puede cometer. Se trata de delitos que marcan para toda la vida a la víctima, porque la sufre una persona que recién está formando su carácter e incorporándose a la sociedad, como es un menor de edad.

Este proyecto en el fondo busca establecer un catálogo o un listado de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, excluyendo a sus autores de los beneficios señalados en la ley N° 19.856. Así, la comisión que evalúa la situación de los condenados, efectivamente, debe considerar dichos delitos e impedir a los responsables de aquellos optar a los beneficios.

Hoy día la facultad que tiene la comisión para resolver es bastante abierta, y hemos sabido, en innumerables ocasiones, de los errores que se cometen por tener responsabilidades potestativas. El proyecto busca que los procedimientos sean obligatorios y no potestades de la comisión para decidir.

Felicito al ministro de Justicia y Derechos Humanos, presente en esta Sala, porque este tipo de cosas, en definitiva, logran que la justicia brinde protección a los más vulnerables, en este caso, a los infantes y adolescentes.

Ya hemos visto en otras oportunidades cómo los adultos mayores, que son personas tremendamente vulnerables, son víctimas de abusos económicos o de otra naturaleza, entre ellos la violencia y los delitos sexuales, que, según mi opinión, son de los delitos más abominables que un adulto puede cometer en contra de un niño, de un adolescente o de un adulto mayor.

Es tal la cantidad de casos de abusos de esta naturaleza que urge legislar, otorgando a los niños un sistema de protección distinto al que hasta ahora han tenido. No voy a entrar en más detalles y solo anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , y al ministro secretario general de la Presidencia, señor Juan José Ossa .

Las modificaciones que ha hecho el Senado deben aprobarse, porque cumplen con el objetivo de ampliar la necesaria protección de niños, niñas y adolescentes en la esfera de su sexualidad, y, además, no cambian sustancialmente lo aprobado por esta Cámara.

Inevitablemente, al legislar sobre este tema, debemos tener presente lo advertido por expertos respecto de que si bien este proyecto es muy necesario, también hay otras esferas en que los niños, niñas y adolescentes pueden ser vulnerados. En efecto, sin perjuicio de que su identidad sexual es un bien jurídico primordial, hay otros, como la vida y la integridad física y psíquica, que también merecen una protección especial.

Por lo tanto, la única manera de legislar de forma seria respecto de esto es hacerlo con una perspectiva de derechos, por lo que se necesita no solo una ley de educación sexual integral -recordemos que fue vergonzosamente rechazada por esta Cámara por consideraciones que nada tienen que ver con los derechos de los niños-, sino que también es urgente legislar sobre otras materias en que pueden ser vulnerados los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, debemos hacernos cargo, de una vez por todas, de desarrollar políticas integrales y serias, que protejan a quienes deben ser sujetos de las máximas garantías por parte del Estado, sobre todo a niños de este país que han sido históricamente vulnerados en sus derechos económicos y sociales, incluidos, por supuesto, quienes pasan toda su niñez y adolescencia en residencias de la red Sename y similares. Ellos requieren una protección aún más especial, porque se encuentran completamente expuestos a ser vulnerados en la esfera de su sexualidad y en otras, lo que no se ha solucionado, puesto que, vale la pena recordar, el sistema que convierte a los niños en unidades de valor económico sigue vivo, pero con otra denominación.

Por último, para legislar responsablemente respecto de estos temas, no podemos olvidar algo muy razonable y que fue advertido en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: esto no se trata solo de penalizar conductas mediante la creación de múltiples tipos penales, sino que hay que ver otra esfera y, en ese sentido, hacernos cargo de que en Chile no existe, por ejemplo, una ley de ejecución penal, pero que es necesaria, sobre todo porque hay evidencia científica de que tendría un efecto objetivo en la reducción de delitos, junto con políticas de reinserción serias que no necesariamente implican encierro.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, solo quiero ratificar lo que ha dicho el diputado de nuestra bancada, señor Iván Flores , y señalar que nuestro compromiso no es de ahora, sino desde siempre, en términos de terminar con cualquier tipo de impunidad para los delitos de carácter sexual en contra de menores de edad.

De paso, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , quien tuvo un rol fundamental a la hora de revivir, a través de una suma urgencia, el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, donde incorporamos todo el catálogo de crímenes de carácter sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, a efectos de establecer la imprescriptibilidad de esos delitos.

Ahora estamos dando un paso adicional al pronunciarnos respecto de las modificaciones del Senado al proyecto que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad.

Probablemente, la honorable Sala recordará cuando tuvimos la oportunidad de pronunciarnos respecto de una acusación constitucional en contra de una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien había integrado una comisión de libertad condicional, en la que, lamentablemente, se les dio la libertad a personas condenadas por crímenes de carácter sexual grave y no se reparó ni siquiera en el informe psicosocial de Gendarmería.

Pues bien, de alguna manera, este proyecto viene a subsanar la discrecionalidad con que se procedía no solo en el otorgamiento de las libertades condicionales, sino también en los beneficios penitenciarios para personas condenadas por crímenes sexuales.

Así, tal como muy bien dijo el diputado Iván Flores , no es ya una facultad, sino un deber -tiene carácter imperativo el calificar la conducta del condenado y establecer si reúne los requisitos para acceder a los beneficios de esta ley, considerando el apoyo familiar y la adaptación social del condenado. Asimismo, se quita la variable política al suprimirse el abogado nombrado por la secretaría regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos respectiva, quien es reemplazado por una abogada o un abogado nombrado por el Ministerio Público. Por último, se establece el deber de la comisión de tener en consideración los informes sociales y psicológicos relativos a los condenados.

Por eso, voy a aprobar las modificaciones del Senado a este proyecto de ley.

He dicho.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, el abuso a los niños y niñas deja marcas imborrables en su historia. Cuando los abusos son de carácter sexual dejan cicatrices indelebles en el alma, que, salvo contadas veces, pueden ser superadas como adultos. Un país sano es un país que cuida, protege y defiende la infancia, procurando que el interés superior del niño, como nos señala la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, sea un principio que se cumpla y se promueva en todos los ámbitos de la sociedad.

Unicef señala que las agresiones sexuales en Chile ya eran bastante altas con anterioridad a la pandemia y que esta la ha hecho un flagelo invisible a las estadísticas. Un 9 por ciento de los niños reporta haber sufrido agresiones sexuales; de ellos, un 50 por ciento se produce en el contexto intrafamiliar: padres, abuelos, tíos. Y de estos casos, pocos llegan a denunciarse. Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, las agresiones sexuales que no se denuncian alcanzan el 70 por ciento de los casos. Sin embargo, por datos entregados por la Fiscalía en 2019, sabemos que las denuncias por delitos sexuales contra niños superaron los 32.000 casos.

Por un lado, debemos avanzar en proteger siempre a las víctimas, los niños, niñas y adolescentes, pero, por otro, perseguir y combatir de frente a sus victimarios. Estos delincuentes sexuales que, como señalé, muchas veces comparten la casa y la vida con los niños, son sus seres más queridos, sus cuidadores, sus héroes y figuras de admiración.

A todos estos depredadores sexuales debemos condenarlos y aplicarles el rigor de la ley, y, con esto, ellos deben cumplir con todas las penas sin permitirles ningún tipo de indulto o rebaja de condena. Digo esto, porque en la actualidad muchos de estos delincuentes sexuales pueden acceder a beneficios por excelente conducta al interior de las cárceles. Sin embargo, la desviación mental no es visible y, por tanto, el peligro social se pone en jaque cuando estos, fuera de la cárcel, tienen la posibilidad de reencontrarse con su víctima o con potenciales nuevas víctimas de abuso.

Es por ello que hoy votaré a favor de la ley en proyecto, que tiene por objeto incorporar en la ley N° 19.856, que Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, el catálogo de crímenes contra la libertad e indemnidad sexual que se cometen contra personas menores de edad, de manera que los beneficios contenidos en la referida ley no tendrán lugar respecto al mencionado catálogo de delitos.

Hoy votaremos que el beneficio de reducción de condena sea improcedente respecto de condenados por crímenes contra niños, como secuestro calificado, sustracción de menores, tortura con violación, apremios ilegítimos con violación, estupro, abuso sexual agravado, exposición del menor a actos de significación sexual, producción de material pornográfico, promoción de prostitución y trata de niños para la explotación sexual.

Hoy votaré a favor de esta futura ley porque nosotros como adultos somos responsables de la felicidad de las y los niños de Chile, como somos responsables también de reparar y sostener a las víctimas, siendo inclaudicables frente a sus abusadores.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que autoriza a los municipios a distribuir y comercializar gas licuado.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización se rindió en la sesión 121ª de la presente legislatura, en martes 12 de enero de 2022.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, tengo serias dudas respecto de este proyecto de ley y quiero plantearlas sin la intención de provocar una polémica.

Encuentro muy loable que se legisle para tratar de que la gente tenga acceso a productos más baratos, pero tengo dudas acerca de si el camino para lograr eso es que los municipios se conviertan en distribuidores de gas. Esto ya ocurrió de manera análoga en el tema de las farmacias populares, que pudo ser una muy buena medida en un momento dado, pero hoy muchos municipios se encuentran muy endeudados y complicados.

El que ahora los municipios ingresen a la distribución de gas para abaratar el costo para la gente hace que uno se pregunte qué seguirá después de esto. Por ejemplo, el precio del pan ha subido y seguirá subiendo, porque los precios internacionales del trigo se han incrementado y la producción chilena ha disminuido. Va a seguir subiendo el pan. ¿Qué van a hacer los municipios? ¿Acaso van a instalar panaderías? ¿Qué va a pasar en el futuro con cualquier otro tipo de alimento que suba en exceso? ¿Qué van a hacer las municipalidades? ¿Acaso les vamos a dar autorización para poner un supermercado o para instalar una bomba de bencina porque los combustibles han subido mucho de precio?

Siento que el camino no es seguir autorizando a las municipalidades para que tomen roles distintos de los que les corresponden.

Tal vez, sería bastante más lógico -estoy divagando que el gobierno, por ejemplo, aportara a los municipios recursos para que pudieran ir en ayuda y subvencionara a la gente de menos recursos, para que pueda comprar, en este caso, el gas más barato. Pero que las municipalidades se pongan como distribuidoras de gas licuado me parece que es una exageración y que, además, no es conveniente, porque las municipalidades están ingresando a un ámbito que no les corresponde, ya que, como señalé, después van a ser panaderías, bombas de bencina, supermercados, carnicerías, en fin, una pila de cosas, porque cada vez que suban los precios en forma excesiva vamos a autorizar a las municipalidades para que se instalen con esos negocios. A mí no me parece que ese sea el camino correcto.

Insisto en que el camino pasa por que el municipio pueda subvencionar económicamente a la gente de menos recursos, para que tenga acceso a comprar, en este caso, gas licuado más barato, pero no por que las municipalidades ingresen al mercado del gas como distribuidoras. No creo que ese sea el camino. Por lo tanto, yo al menos no estoy de acuerdo en que los municipios hagan este trabajo. Me parece que ese es un camino equivocado.

Imagínense el costo que significa para un municipio convertirse en distribuidor. Esos recursos deben salir de alguna parte, porque hay que contratar personal y camiones de distribución, así como también hay que tener un lugar físico para los balones de gas, etcétera.

No es un tema sencillo; no es un tema donde simplemente se diga: “Yo distribuyo”. ¡No! Para distribuir hay que armar toda una infraestructura, que tiene un costo no menor; es un enorme costo que, de alguna manera, los municipios deberán asumir como pérdida o traspasárselo a los clientes. Como señalé, el día de mañana los municipios van a poder hacer otro tipo de negocio. No me parece que ese sea el camino que corresponde.

Por lo tanto, sin lugar a dudas, queriendo que la gente pueda comprar gas más barato, sobre todo la gente de menos recursos, creo que el camino es otro, no a través de la distribución del gas por parte de los municipios, sino a través de los municipios y los subsidios.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, creo que finalmente este tipo de iniciativas o proyectos nace debido al gran abuso que han cometido las tres principales empresas que en nuestro país entregan gas a los chilenos.

Evidentemente, estamos frente a un mercado del gas que ya tocó fondo, lo que no solo lo hemos dicho los parlamentarios, sino que lo ha corroborado la Fiscalía Nacional Económica.

Hace cerca de dos años, desde la bancada de la Democracia Cristiana, presentamos una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica para que se investigara cómo estaba funcionando el mercado del gas en Chile. Luego de una intensa investigación, la Fiscalía Nacional Económica determinó que, efectivamente, este mercado del gas no estaba funcionando correctamente, que era un mercado en donde había anomalías evidentes. Si bien no se ha podido comprobar una eventual colusión de esas tres principales empresas, sí se ha corroborado que es un mercado que no está sano.

Por lo tanto, este tipo de iniciativas, que seguramente no son las ideales, de alguna manera, vienen a enfrentar el gran abuso que han cometido las grandes empresas.

Voy a apoyar este proyecto por la siguiente razón. Si hay un municipio que tiene la capacidad para vincularse a este mercado, competir con estas empresas y asegurar gas más barato para los más pobres en Chile, entonces, me parece que es una alternativa que debemos entregar.

Ahora, la solución pasa principalmente por esta Cámara de Diputados, por otros proyectos que se están tramitando y por un proyecto que el mismo gobierno ingresó y que yo valoro, porque lo pedimos durante un año completo. Finalmente, hace dos semanas, el gobierno ingresó un proyecto para regular el mercado del gas.

Es fundamental eliminar la exclusividad del uso de los cilindros. No es posible que hoy los chilenos no seamos dueños de los cilindros que supuestamente compramos. Nosotros tenemos una especie de comodato de los cilindros. Esa es la verdad. Las grandes empresas son dueñas de estos elementos. Evidentemente, nadie más puede ingresar al mercado porque no puede competir, puesto que la gran barrera son los cilindros. Por consiguiente, hay que eliminar el uso exclusivo de los cilindros.

En segundo lugar, es importante regular y generar un marco, una banda de precios como existe en el mercado eléctrico y en el mercado de las empresas sanitarias en Chile, que son empresas privadas, pero que están reguladas. Por lo tanto, no pueden cobrar lo que ellas quieran.

En Chile, hemos logrado que hoy esas tres grandes empresas distribuidoras de gas pongan el precio, en circunstancias de que se trata de un elemento de primera necesidad para todos los chilenos.

Por eso es tan importante regular, eliminar el uso exclusivo de los cilindros y garantizar una banda de precios, una regulación como existe en las empresas eléctricas en Chile, que da garantías a todos los chilenos y a este mismo Congreso Nacional. También es fundamental permitir que otros actores ingresen a la competencia.

Señor Presidente, quiero decirle a esta honorable Cámara de Diputados que la Fiscalía Nacional Económica señaló, con claridad, en su informe que las tres principales empresas deben salir de la venta directa de gas a los chilenos. Esa es una recomendación concreta que este Congreso Nacional va a tener que discutir. Espero que podamos garantizar que cientos de microempresas y de pymes participen en la venta directa de gas, para que haya mayor competencia y baje el precio.

Quizás, después de todo lo que estoy diciendo, ya no sea necesario que los municipios tengan que subsidiar el abuso de las empresas, porque también es cierto que mañana no podemos tener a los municipios, por ejemplo, vendiendo pan, puesto que, por todos los abusos que finalmente se cometen en el mercado, no se permitirá que el sistema funcione correctamente.

Voy a apoyar este proyecto, porque creo que es una manera de enfrentar el grave abuso que han cometido las empresas distribuidoras de gas en Chile.

Espero que logremos bajar el precio del gas en nuestro país, en uno de los mercados en el mundo en que el gas está más caro.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, la idea matriz del proyecto es autorizar a las municipalidades para transportar, distribuir y comercializar gas. Sin embargo, además de comprar camiones para trasportarlo -porque no creo que lo vayan a llevar en el aire-, van a tener que comprar los cilindros. ¿De dónde saldrán los recursos?

La verdad es que los municipios, en su gran mayoría, lo han hecho mal en educación y en salud, y no me cabe duda de que la mayoría también lo va a hacer mal en el tema del gas.

Pero quiero ir más allá. Escuché a nuestro colega Miguel Ángel Calisto decir que es necesario que los municipios se involucren en esto, porque la gente humilde necesita precios más acordes a sus recursos. ¿Qué duda cabe de que el gas está muy caro y hay que bajar el precio?

Pero yo me pregunto qué ocurrirá mañana con los microempresarios de las comunas de todos los distritos que representamos aquí, que iniciaron una actividad hace algún tiempo, que compraron camionetas, que contrataron personal, que tienen un espacio físico habilitado para esto, que pagan patente municipal del local comercial, que pagan patente del vehículo, que pagan sueldos, cuando los municipios a los cuales ellos les pagan todo esto, cumpliendo con la ley, van a ser su competencia.

¿Cómo va a competir la señora Juanita con un municipio que tiene personal pagado por todos los chilenos? ¿Cómo va a competir? Para hacerlo, la señora Juanita tendría que dejar de pagar la patente comercial, la patente del vehículo, los sueldos y las imposiciones de sus trabajadores. A mi juicio, es un grave error.

Repito: no cabe duda de que tenemos que legislar para ver cómo bajamos el precio del gas, y sancionar si es que hay colusión, de manera de resguardar que el precio final que llegue al consumidor sea el justo.

Ahora, ¿los municipios van a discriminar y van a vender solo a la gente que tiene ficha social, que tiene una situación económica bajísima o van a vender al ciento por ciento de los ciudadanos del país? Creo que deberían venderles a todos, pero aquí la idea está enfocada en otro tema.

Votaré en contra este proyecto, y aunque resulte impopular lo que estoy diciendo, al final del día la gente me va a dar la razón. Tuve la suerte de ser alcalde de la comuna de Coronel, y sé que tenemos una educación municipal en muy malas condiciones.

En mi calidad de integrante de la Comisión de Educación he visto cómo llegan los alcaldes a solicitar respaldo, porque están en pésimas condiciones, sobre todo los que recién asumieron, por la irresponsabilidad de los anteriores, y esto es transversal. Aquí no hay color político para señalar que unos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Esto es transversal.

Creo que es un error.

El Congreso Nacional tiene que trabajar para conseguir buenos precios, particularmente en el gas. Tenemos que trabajar para que aquellos que tienen este emprendimiento mañana puedan seguir distribuyendo. La gente que tiene este emprendimiento en las comunas no sube el valor del cilindro de gas por decisión personal, porque si lo hicieran la competencia que está al lado lo ofrecería más barato y así no tendrían clientes. Esto viene de las tres empresas grandes que distribuyen el gas.

Insisto en que los municipios van a tener que comprar camiones para el transporte, para la distribución y para la comercialización. ¿De dónde van a salir los recursos, si hoy no hay plata para mejorar la salud y la educación municipal? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Vamos a golpear la puerta nuevamente al gobierno central?

Señor Presidente, no estoy de acuerdo con que sea el gobierno, que sea Moya, o sea, todos los chilenos, los que tengamos que financiar esto. Y como no estoy de acuerdo, votaré en contra, porque además de ser un muy mal proyecto, es una muy mala idea. No es el mejor camino para entregar el beneficio a la gente más necesitada.

No cabe duda de que se requiere bajar el precio del gas para el consumo de la población -¡no cabe duda!-, pero este no es el mecanismo, no es la fórmula, no es la idea.

No podemos convertir a los municipios en competencia de su propia gente que tiene estos emprendimientos en las comunas.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, percibo una suerte de confusión respecto del objetivo de este proyecto.

Todos sabemos que tenemos un mercado del gas tremendamente concentrado, en que hay grupos económicos que participan en el mercado del gas natural y del gas licuado de petróleo. También sabemos que hay mucha diferencia en el precio del gas, según como se accede a él. Tenemos apenas dos plantas de llenado -entiendo que en Linares y en San Fernando-, lo que evidentemente encarece mucho más el valor del gas en las zonas extremas.

Además, la estructura del sistema está hecha de tal manera que tenemos empresas dedicadas a importar gas, pero también a distribuir, transportar e industrializar el gas.

Asimismo, a diferencia de otros mercados de servicios básicos, la regulación es distinta, porque mientras para ciertos servicios básicos, como la electricidad y el agua, existen bandas de precios -el Estado exige cierto valor-, para el gas no hay. En el último tiempo hemos visto que los márgenes de las empresas han aumentado sustancialmente, permitiéndoles ganar, adicionalmente, más de 181 millones de dólares anuales, sin una justificación sana respecto de estos precios.

De ahí surge la iniciativa de los alcaldes del gas a precio justo, pero no pensado para entrar en competencia con los minoristas. Me da la impresión de que hay una confusión bien profunda respecto de la intención de los alcaldes. Los alcaldes tienen claro que su rol no es entrar a batallar para bajar los precios del mercado o, sencillamente, ser un distribuidor minorista más. Además, la propia Fiscalía Nacional Económica señaló que para bajar el precio del gas había que romper esa suerte de integración que existe entre estas tres empresas, que finalmente hacen un negocio con los minoristas, haciéndolos firmar contratos de exclusividad, generando un mercado que, en definitiva, no tiene prácticamente competencia. Y esto es lo que viene presentado en el proyecto del gobierno, que va en el sentido correcto, y esperamos que, en definitiva, impacte en el precio del gas.

Pero lo que los alcaldes piden es cumplir con su rol social. Todos sabemos que, muchas veces, los alcaldes tienen que apoyar a las familias, pagándoles las cuentas de luz, las cuentas de agua y, también, del gas. Hay familias para las que el precio del gas constituye el 20 por ciento del gasto total de sus ingresos.

Los alcaldes han conversado con los distribuidores, y lo más probable es que no actúen como distribuidores de gas, pero sí probablemente como acopiadores, y esperan tener una relación virtuosa con quienes hoy son distribuidores de gas en sus comunas. Sería ilógico pensar lo contrario. Por eso, nada más alejado de lo que los alcaldes pretenden que lo que ha afirmado el diputado Leonidas Romero .

El tema es que, a diferencia de otras cuestiones, como la venta de medicamentos, que está avalada por la ley de atención primaria, la Contraloría General se pronunció respecto de la venta del gas y precisó que los municipios no están habilitados para hacer esa venta. Para tal efecto, requieren una ley habilitante, que es la función que va a cumplir este proyecto: habilitar a los municipios para que puedan vender gas. Pero vender gas no para entrar a ser un actor comercial, sino para cumplir el rol social con el cual están comprometidos con la ciudadanía.

En mi opinión, hay que dar ese espacio a los alcaldes. Me parece justo, en espera de que avancemos no solo en el proyecto de gobierno, sino en otras cuestiones, que muy bien planteó el diputado Calisto , como la portabilidad de los balones de gas, la regulación de precios, como un servicio básico, y muchas otras tareas en las cuales también –digámoslo los alcaldes han sido pioneros en términos de presentar a la luz pública estos problemas.

En consecuencia, espero que aprobemos este proyecto, que le demos la chance a los alcaldes de avanzar en esta tarea, porque ellos están comprometidos con el tema social.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, apoyaremos este proyecto, por cuanto puede significar un aporte sustantivo a todas las familias de Chile.

Todo el mundo ocupa gas, sea para bañarse, cocinar o calefaccionarse. El gas es un servicio básico fundamental para la vida humana.

Nos inquietamos frente al alza de más de 20 por ciento de su precio en algunos casos. Por lo mismo se creó una comisión investigadora, en la cual participé, y conozco las dudas que existen sobre la posible colusión en el mal denominado “mercado del gas”, con inescrupulosos que aprovechan la inelasticidad del mercado para optimizar sus ventajas.

Por lo mismo, me parecieron lamentables las declaraciones de las empresas involucradas, como Abastible y Lipigas , realizadas hace poco, alegando por las críticas que han recibido.

No dudo de que las empresas de gas sean un aporte, pero me parece correcto que sean sometidas al escrutinio público y estatal para que tengamos certeza de la calidad y tipo de servicio básico que todos y todas merecemos. Me parece correcto que el Estado asuma una responsabilidad para garantizar aquello.

Por eso, es razonable que los municipios puedan participar en esta actividad; no le veo el problema. Es más, creo que la administración central debe tener una empresa que pueda proveer de cilindros a bajo costo y crear un sistema de acceso y adquisición de cilindros para la población. Lo que no puede ocurrir es que se cierre el mercado del gas con candados, y hacernos los lesos respecto de los problemas diarios de los vecinos y las vecinas frente al elevado precio.

Este proyecto también avanza en normas de transparencia, pues contempla que, a diferencia de las empresas privadas existentes, las que se creen por municipios y asociaciones serán sometidas al control de estrictas normas públicas de transparencia y control. A su vez, un número importante de alcaldes ha propuesto crear una Asociación Nacional de Municipalidades por el Gas a Precio Justo, reuniéndose actualmente cerca de 230 municipios con la finalidad de que su participación en la comercialización permita disminuir el precio de este combustible para cerca del 80 por ciento de la población.

Es cierto que ha habido un incremento en los precios internacionales y es cierto que en un contexto de mundo globalizado nuestra economía es sensible a los cambios que se producen. Por ende, hay factores que explican un incremento de precios que, a mi modo de ver, debiera haber sido mucho menos que el alza del 20 por ciento que hubo. Sin embargo, esos cambios en el precio son claramente más sensibles cuando hay alzas a cuando hay disminuciones. La propia Fiscalía Nacional Económica señaló, en un informe conocido por todos, la insensibilidad hacia la baja que hay en los precios internacionales, pues dicha baja no se traspasó en su totalidad al cliente final. Eso se llama avaricia.

Apoyaremos este proyecto refundido. Además, hago presente que, junto con los diputados y diputadas Tomás Hirsh , Cosme Mellado , Joanna Pérez , Esteban Velásquez , Guillermo Teillier , Gael Yeomans y Alexis Sepúlveda , presentamos una iniciativa transversal y que nos une frente a los desafíos que enfrenta el país.

Invito a los parlamentarios y parlamentarias a apoyar esta gran iniciativa.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, es evidente que en Chile se constituyó una realidad, cual es que la relación entre Estado, mercado y sociedad civil estuvo completamente desequilibrada en favor del mercado, al punto de que este último penetró e hizo suyos ámbitos que en el mundo no están determinados por el mercado, sino más bien por la representación de la sociedad en el Estado, como son la educación, la salud y la previsión.

Por supuesto, creo que hay que llevar el péndulo hacia el centro, porque nos fuimos a un extremo en la valoración del mercado por sobre el Estado y la sociedad civil.

La pregunta que tenemos que hacernos en relación con este tema en particular, que no es salud, previsión ni educación, es si optamos por regular el mercado haciendo ciertas cosas. Me está mirando con atención el diputado Alessandri , que conoce muy bien a Jorge Alessandri , Presidente de Chile, quien creó una banda de precios y un control de precios para el pan, a propósito de lo que decía recientemente el diputado Ignacio Urrutia , esto es, que se trataba de un bien esencial, por lo que había que evitar que se dispararan los precios. Para ello creó Cotrisa, a fin de comprar el trigo y regular de esa manera el precio del pan.

Por lo tanto, aquí no debiera haber prejuicios ideológicos. Sin embargo, tenemos la disyuntiva de que o intervenimos el mercado fijando bandas de precios y estableciendo normas que generen e impulsen mayor competitividad u optamos por reemplazar el mercado. Lo digo con todas sus letras: soy partidario de generar un mercado competitivo, un mercado rompiendo los monopolios y la concentración, generando límites a la concentración económica, pero no soy partidario de reemplazar el mercado.

Francamente, me parece ilusorio que traslademos a los municipios la tarea de hacer lo que debiera hacer la sociedad en su conjunto, limitada, por supuesto, estableciendo bandas de precios cuando sea menester, fijando precios derechamente cuando sea obligación hacerlo, estableciendo normas para limitar la concentración, etcétera. Pero entregarle al municipio un rol de reemplazo de toda actividad no me parece. Porque como dijo alguien: “Viene el gas, luego viene otra cosa y después otra y otra…”.

Si alguien cree que todo lo tiene que hacer el Estado, está muy bien esa dirección. Yo no soy de los que creen que toda la actividad económica debe pasar por el Estado. Creo en una sociedad donde el Estado juega un rol determinante y, a veces, estratégico, anticipándose allí donde el mercado no resuelve el problema. Puede incluso crear empresas para anticipar iniciativas que no tienen rentabilidad inmediata, pero sí tienen rentabilidad estratégica y social futura.

Francamente, ¿se imaginan lo que habría sido la empresa de gas del municipio de San Ramón en período de campaña hace algunos años? No hablo de la administración actual, pues doy fe de la transformación que está viviendo ese municipio. Pero extendamos la situación; estoy hablando solo de un caso. Un alcalde en campaña de reelección, como presidente del directorio de la empresa distribuidora de gas, ¡Dios nos libre! No creo en Dios, pero igual que nos libre. Que nos libre Dios de esa situación, porque significa entregar un poder a una autoridad política que depende de los votos de las personas. Toda persona sometida al estrés -todos aquí lo saben de validar la adhesión de la gente, puede ir mucho más allá de lo previsto…

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, este proyecto es uno más de varios proyectos que buscan regular un mercado que está altamente cuestionado el día de hoy por posibles delitos económicos en materia de colusión, según se estableció en la comisión investigadora, y que ha sido altamente cuestionado por la ciudadanía por la alta concentración que existe por las tres empresas controladoras, Gasco , Abastible y Lipigas , así como por la desregulación que existe, lo que también genera, en consecuencia, el descontrol en las altas tarifas, que terminan afectando el bolsillo de los hogares y familias de nuestro país.

Este proyecto viene a viabilizar la posibilidad del proyecto de “gas a precio justo” o “gas popular”, que levantan centenares de alcaldes de nuestro país, de todos los sectores políticos: de izquierda, de derecha, de centro e independientes, con el objeto de formar una asociatividad que permita generar competencia desde el rol público, del cual, por cierto, algunos desconfían, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos bastante confianza en que las cosas se pueden hacer bien y de forma transparente.

Esa competencia puede generar y aportar en un mercado que, sin duda, lo necesita. Ello, porque no podemos seguir esperando un año más para que se investiguen los eventuales delitos, las colusiones o que esta situación se regule de una manera diferente, para generar efectos en las personas y en los precios.

En definitiva, lo que hace este proyecto es salvar el punto que fue establecido con claridad por la Contraloría General de la República: que para que esta iniciativa fuera viable se necesitaba una ley de quorum calificado, que habilitara a los municipios, de forma expresa, a realizar esta actividad económica.

Respecto de ese punto, teníamos una diferencia con la Contraloría, porque lo que en verdad quieren hacer los alcaldes no es generar lucro, no es comercializar, no es transformar el municipio en una empresa, sino hacer una intermediación social para generar un beneficio a las familias que viven en sus comunas, mediante la entrega de un servicio de primera necesidad a precio de costo, no para hacer negocios.

Entonces, nosotros dijimos: “Bueno, quizás se podría buscar un camino distinto para salvar el punto”. Pero aun así, en buena hora que en nuestro país tenemos un órgano fiscalizador como la Contraloría General de la República, a la que se debe respetar. Por eso presentamos este proyecto de ley, que es muy sencillo, pues lo único que hace es habilitar a los municipios para que puedan distribuir gas licuado en las comunas de nuestro país, ya sea de manera individual o asociativa.

Por cierto que para hacerlo, en la práctica, independientemente de esta ley habilitante, los municipios tendrán que cumplir con todos los requisitos técnicos que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en términos técnicos, de seguridad y de calidad en el servicio. Asimismo, por cierto que deberán generarse las condiciones de colaboración, a través de convenios con la ENAP, que es el organismo que, eventualmente, los proveerá de este importante recurso natural.

Quiero insistir en que este es un proyecto que se ha levantado de forma transversal, que está dando el primer paso para que pueda haber una habilitación y que se complementa de forma bastante buena con otras iniciativas, como la presentada por el gobierno, que vemos con buenos ojos, ya que lo que busca es generar mayor competencia privada y romper el vínculo que existe entre la gran empresa y los pequeños distribuidores, que es donde está, según la Fiscalía Nacional Económica, el gran problema.

Debemos avanzar en estos proyectos para permitir que haya mayor competencia pública y privada, y tenemos que dar una solución a las personas desde el punto de vista de las tarifas. Esta iniciativa es un avance muy importante en ese sentido, de modo que espero que se apruebe por amplia mayoría, tal como ocurrió en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, instancia en la que fue aprobada en general por unanimidad y por amplia mayoría en particular.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, este hemiciclo está hoy de acuerdo con el objetivo de este proyecto: queremos llevar gas licuado más barato a las viviendas de las personas. Eso ya es un avance, porque muchas veces este Parlamento no está de acuerdo con el objetivo de las iniciativas que tramita. En lo que tenemos diferencia es sobre cómo llegar a ese objetivo. Algunos dicen, y el proyecto así lo enuncia, que los municipios debieran entrar al negocio del gas.

Esto se ha intentado antes, como lo dijo el diputado Auth , quien dio ejemplos de cómo alcaldes que controlaban ciertos servicios podían verse tentados de ocuparlos electoralmente. Al respecto, quiero poner un ejemplo de mi coalición, de una persona que fue de mi partido.

Ustedes saben que la comuna de Maipú tiene agua propia, a través de Smapa, pero como esa empresa sanitaria es deficitaria, desde hace muchos años el municipio debe suplementarle recursos. En la época del alcalde Roberto Sepúlveda , quien fue de la UDI y también de Renovación Nacional, en una de las elecciones salió a condonar cuentas de agua con un bloc y un cuaderno, con los que iba puerta a puerta y preguntaba: “¿Por quién vota usted? Yo le condono la cuenta de agua”.

Hoy, en Maipú, las personas pagan cerca de un 7 por ciento menos por el precio del agua, porque Smapa les provee el agua. Esa es una buena noticia, pero ¿saben qué? En Maipú no te puedes lavar los dientes con el agua de Smapa; en Maipú no puedes cocinar con el agua de Smapa; tienes que hervirla antes; en Maipú no puedes lavar la ropa de los niños con el agua de Smapa, porque ningún alcalde ha tenido los recursos ni el profesionalismo para invertir en las cañerías, que están todas oxidadas. Por lo tanto, el agua que entrega Smapa es cara para Maipú, mala y peligrosa.

Por lo tanto, esto ya se ha intentado antes. Hoy es el gas, pero más tarde vendrá otro diputado ingenioso y dirá: “Los municipios van a tener que hacer pan”. Ya recordaba el diputado Pepe Auth ese eslogan: “Con Alessandri , el pan grande”. Pero el objetivo era distinto, porque fijaba una banda de precios. Ya vendrá otro diputado después y dirá: “Los municipios deben tener generadoras eléctricas para entregar luz gratuita, digna y de calidad”.

Muchos parlamentarios han tenido experiencia en los municipios: concejales, alcaldes, funcionarios municipales, y saben que los municipios de Chile, primero, muchas veces no tienen el dinero, y, segundo, muchas veces no tienen la capacidad de gestión. No es fácil que un municipio tenga una planta de procesamiento de gas, y aunque así fuera no va a lograr el objetivo, porque todo el dinero que se gaste será dinero que no van a tener para gastar después en aseo, en ornato, en ayudas sociales, en eficiencia.

Por lo tanto, tenemos el objetivo, que es llevar gas más barato a las casas, pero estamos errando, a nuestro juicio, en el camino. El camino es regular, y ahí está el proyecto del gobierno. El camino es separar a los grandes productores de la venta al detalle; ahí está también la propuesta del gobierno. Hay una propuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile, que crea un gran poder comprador, sale a comprar balones de gas y después reparte vales por balones de gas a las personas. ¿Se cumple el objetivo? Sí: se llega con gas gratis a la gente de escasos recursos. No se compromete a un municipio para que gaste dinero en eso de manera, quizás, ineficiente, tardía y peligrosa, si hubiese una explosión.

Por lo tanto, busquemos caminos efectivos para que haya más competencia y para que baje el precio del gas. Pero si cada vez que haya un problema con el mercado el municipio va a terminar vendiendo gas, hoy, generando electricidad, mañana, entregando celulares, cuando estos suban de precio, o haciendo pan, cuando este haya subido demasiado de precio, creo que eso sería, evidentemente, dilapidar los poquísimos recursos de los que disponen los municipios y confiar demasiado en la capacidad técnica que tienen para desarrollar sus proyectos.

Como se dice: pastelero a tus pasteles. Regulemos con mucha fuerza desde acá y solucionemos el problema de los vecinos que necesitan gas barato, seguro y de calidad.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, hay que reconocer que pocas veces tenemos en nuestras manos la opción de decidir respecto de un proyecto de ley que va a afectar la cotidianeidad de las familias trabajadoras de nuestro país.

En términos nominales, el gas en Chile ha subido 92 por ciento desde el 2010. Debido a eso, ante el llamado de vecinas y vecinos, oficiamos a la Fiscalía Nacional Económica, al igual que varios otros parlamentarios, y esta inició un estudio, en 2020, que aborda el funcionamiento de la industria del gas, en el que concluye recomendar que Gasco, Abastible y Lipigas no participen en la distribución de gas licuado, por la concentración que tienen, por el aumento en los precios.

Pero ocurre que ahora, diputados de extrema derecha que se autodefinen como “republicanos” anunciaron su voto en contra del proyecto que estamos tramitando para autorizar la venta de gas a precio justo por parte de las municipalidades y recomiendan como mejor alternativa que el gobierno entregue dinero a estas para subsidiar con sus impuestos el precio por las nubes de estas tres compañías de gas. La verdad es que esto no solo beneficiará a las familias, sino también a las industrias.

Según el estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, en 2020 el sector industrial consumió más gas que el sector residencial, un 43,4 por ciento del total. Estamos hablando de que hoy el proyecto de ley -para quienes lo han leído antes de anunciar su voto en contra plantea, en su artículo 2°, que los municipios podrán vender gas a precio justo también a estas industrias, que posiblemente son las mismas que han aumentado los costos de venta de sus productos. ¿Por qué? Porque el gas que consumen está más caro. Los que no estudiaron la iniciativa han dicho también que esto se debe al precio del mercado internacional, pero el mismo informe de la Fiscalía Nacional Económica lo desmiente. Entonces, lo dramático es que el cilindro que antes valía 16.000, 17.000, 18.000 pesos hoy está sobre los 20.000, pero ese mismo cilindro el Estado lo vende a 8.500 pesos.

Nuevamente, los alcaldes y las alcaldesas, con mucha creatividad, comprometidos con la comunidad intentaron ofrecer gas a precio justo, pero la Contraloría les dijo que no podían, y por eso se propone este cambio legal.

Este proyecto resuelve ese problema, pero además reivindica la reapropiación social de la distribución de bienes de primera necesidad en la cual el mercado o, mejor dicho, las grandes compañías han demostrado no poder brindar un buen servicio sin caer en la usura a nuestras vecinas y vecinos.

Mientras los diputados de extrema derecha ironizan con que si aprobamos esto después vendrá que los municipios incluso hagan pan, les cuento que empresas municipales de otros países se están apropiando de los servicios básicos de nuestro Chile. Así ocurrió con las empresas públicas de Medellín, Colombia, cuyas utilidades financian programas sociales en los cerros más postergados de su comuna, y hoy compraron la empresa Aguas Antofagasta . Así ocurre en Valparaíso, donde la empresa sanitaria genera 20.000 millones de pesos al año en utilidades hacia el extranjero para pagar pensiones a los profesores y profesoras de Canadá, pero entrega un mal servicio acá y cobra más de lo que cuesta por el agua para beber.

Eso habla muy bien de las empresas públicas de Medellín, de las empresas canadienses, pero habla pésimo de nosotros, que, teniendo el talento, la fuerza trabajadora, los ingenieros e ingenieras, los profesionales y técnicos de universidades de prestigio internacional, nos sometemos a las utilidades de estas transnacionales. Al igual que los esclavos defendiendo al amo, algunos defienden la usura de estas transnacionales, que tienen hasta el cuello a millones de chilenas y chilenos con el alza en el costo de los servicios básicos de gas, de agua y de electricidad y también de los alimentos.

Por lo tanto, vamos a aprobar el proyecto, por una economía que esté al servicio del desarrollo de Chile, de la vida digna de nuestras vecinas y vecinos, y del respeto y cuidado de la naturaleza.

He dicho.

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, este proyecto, que autoriza a las municipalidades para transportar, distribuir y comercializar gas licuado de petróleo a consumidores finales, viene a resolver un problema que no resolvió el mercado, porque no lo quiso hacer.

Al respecto, yo diría: ¡bienvenida la competencia! ¿Cuál es el problema? La Fiscalía Nacional Económica -no se trata de cualquier organismo; incluso, no es de oposición, sino que está comandado por una persona de confianza del Presidente de la República ha sido tremendamente clara y reflejó esa realidad que también captaron muchos alcaldes a propósito del alza desmedida del precio del gas licuado de petróleo. Y nos encontramos en una situación compleja, cual es cómo resolver, cómo introducir mayores niveles de competencia en un mercado que la propia Fiscalía Nacional Económica, los propios consumidores y los municipios, como actores que se relacionan directamente con los consumidores y la comunidad, detectaron. Creo que es muy importante tener claro eso.

La Fiscalía Nacional Económica dice que se trata de un mercado de baja intensidad, en que tres grandes actores no están compitiendo, que, en definitiva, de alguna manera, nos están estafando, que no están cumpliendo las reglas de la libre competencia en este mercado de baja intensidad en que el margen operacional durante los diez últimos años, en vez de irse apretando, en vez de tener mayores niveles de competencia, por el contrario, se ha ido agrandado. Y eso lo describe muy bien el informe del referido servicio.

¿Qué hacemos? ¿Nada? ¿Esperamos mayores niveles de regulación? ¿Seguiremos esperando diez años más? ¿Qué vamos a hacer? En este sentido, creo que la autorización que hace este proyecto de ley respecto de la prohibición que tiene el Estado y sus órganos de actuar como empresas nos da un camino para que los municipios puedan meterse al mercado del gas para transportarlo, distribuirlo, comercializarlo, en fin.

Asimismo, considero muy relevante señalar que no se trata de que el municipio le vaya a competir al distribuidor que utiliza un camión o una camioneta al efecto. No, el proyecto dice muy claramente que la distribución la puede hacer con terceros y también se puede asociar con otros municipios. No se trata de que le compita al dueño del camión o a las camionetas de distribución, sino de meter niveles de competencia a Gasco, a Lipigas a Abastible. ¿Por qué? Porque ellos no lo están haciendo, ya que están de acuerdo con un margen, que ha señalado la propia Fiscalía Nacional Económica, captando de sobreprecio cerca de 180 millones de dólares al año. Esa es la razón. Y por ahí nos embriagaban con el perrito y toda la otra publicidad, día a día, semana a semana, pero resulta que estaban aprovechándose de una situación de falta de regulación y de competencia.

Pero esto no es nuevo, porque hay algunos que lo venimos diciendo desde hace muchos años. Y no se trata de que seamos antimercado. No, al contrario; creemos en la economía de mercado y en la competencia, pero verdadera. ¿Por qué partieron las farmacias populares y la idea del alcalde Jadue , de Recoleta, quien logró abrir un espacio y crear este tipo de farmacias que han significado rebajas importantes en la compra de medicamentos a miles o, quizás, millones de chilenos y chilenas? ¿Por qué? ¡Por la colusión de las farmacias, pues, queridos diputados y diputadas! La colusión de las farmacias subió artificialmente los precios de remedios a los enfermos crónicos, a los enfermos terminales, a los enfermos de cáncer. Son tres cadenas de farmacias que controlaban que controlaban y que siguen controlando el mercado con grados de integración vertical, y no solo de concentración horizontal. Y lo mismo pasa en el mercado del gas licuado.

¿Vamos a esperar diez años más? Yo creo que no. ¡Bienvenida la competencia! ¡Bienvenidos los alcaldes que puedan y estén dispuestos a hacer esto! ¡Y bienvenida la fiscalización, para que no se aviven los alcaldes, especialmente en época de campañas! Ya habrá que hacerlo. Se ha ido sancionando y avanzando para que no ocurran actos de corrupción tampoco en el sector público.

Hay que avanzar, y por eso es importante apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, estimados colegas, tengo gran respeto por esta iniciativa, pero creo que precisamente nuestro deber, como Parlamento, es parlamentar, discutir, debatir si lo que estamos proponiendo por la vía legislativa es una adecuada solución al problema, y en mi concepto no lo es. No creo que sea una buena solución; me recuerda al chiste de don Otto, quien vendió el sofá, y no resolvió el problema.

Nuestra bancada, liderada por el diputado Calisto , hizo una presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, la que llevó a cabo una investigación y emitió un informe. ¿Y qué dice ese informe? Señala que el mercado del gas no funciona de acuerdo a las reglas del mercado. Lo que tenemos un oligopolio, pues tres grandes empresas controlan la distribución del gas que les vende ENAP.

A propósito de ese informe, el conocido dirigente Nolberto “Cachorro ” Díaz, presidente de la Federación de Sindicatos de ENAP, declaró en la comisión que desde el año 2013 ENAP redujo su participación en el mercado del gas licuado, y pasó de tener el 70 u 80 por ciento de la demanda nacional a algo más del 17 por ciento. De esa manera, se entregó este bien esencial a las reglas del mercado.

Ahora bien, creo en el mercado -enseñé sobre esa materia en su momento-, pero creo en un mercado que funcione con una adecuada competencia, y eso no está ocurriendo en este caso.

Entonces, los señores alcaldes y los distinguidos diputados y diputadas que han presentado estos proyectos lo han hecho para resolver un problema, actuación que comparto. Es abusivo que la gente, especialmente la más modesta, pague tan caro por el gas.

Pero, ¿esta es la manera de resolver adecuadamente el problema? ¿Por qué no vamos a su origen? ¿Por qué no actuamos sobre aquello que efectivamente resuelve el problema de fondo?

Si los municipios venden el gas licuado al mismo precio que se lo compran a ENAP, eventualmente, podrían venderlo más barato, como ocurrió con el caso de las farmacias populares. Sin embargo, hay un problema mayor, que mencionó el diputado Pepe Auth , y es que crecientemente estamos desviando a los municipios de sus tareas propias e inherentes, cargándoles otras actividades que no son propia de la función municipal, lo que a futuro se puede prestar para distorsiones inconvenientes.

En lo personal, quiero un municipio cada vez más eficiente. Si alguien me dice que hoy los municipios funcionan bien y cumplen con los ciudadanos, según el mandato de la ley, estaría tranquilo y podría sugerir agregarle más responsabilidades, pero hay que reconocer, aunque sea mínimamente, la enorme ineficiencia que hoy presentan los municipios.

Tengo esas aprensiones, pero –aclaro no estoy en contra de la idea de que legítimamente nuestros compatriotas paguen un precio justo por el gas. Hay una distorsión en el mercado y lo que debemos hacer es actuar sobre ella, legislar sobre esa materia, para que haya una política pública que aborde el problema en su origen, lo cual, sinceramente, no veo en este proyecto.

Hay cosas que, al parecer, no se pueden decir, pero lo diré: las farmacias populares están teniendo problemas de gestión y de financiamiento en los municipios, independiente de su popularidad y de que sean una buena respuesta a los requerimientos de la gente.

Me preocupa este tema y creo que es legítimo plantearlo en este debate. Tengo estas aprensiones, que considero razonables, lo cual no significa que vaya a votar en contra del proyecto.

Hechas estas observaciones para tranquilidad personal, me parece que es importante tenerlas en cuenta a la hora de votar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la verdad es que tuve varias dudas en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, principalmente respecto de por qué cada vez que falla el mercado o las instituciones tenemos que generar, de un segundo a otro, una reforma para alivianar ese problema, sin detenernos analizar las consecuencias y los efectos que ese cambio puede generar.

Si bien el informe de la Fiscalía Nacional Económica es contundente respecto del actuar abusivo que han tenido estas empresas al no trasladar la reducción de los costos del gas licuado a los clientes, tengo serias dudas de que la solución sea entregar el rol de Estado empresario a las municipalidades.

Señalo esto no solamente por la experiencia que muchos han relatado y por lo sucedido en el municipio de Recoleta, con el caso de las luminarias, o el caso de otros municipios absolutamente endeudados, sino porque tengo dudas acerca de la capacidad de los municipios para hacerse cargo de una tarea para la cual no fueron concebidos en su origen. No está dentro de sus facultades y atribuciones por una razón muy simple: no tienen las competencias para hacerlo. Eso es algo que claramente va a chocar de frente con la posibilidad real de que las personas paguen menos por el gas. Independientemente de cómo lo vayan a hacer los municipios, la discusión también se dio respecto del costo hundido, del gasto operacional permanente que tendrán los municipios.

¿Cómo van a recuperar ese gasto operacional? ¿Todos los municipios tienen capacidad para hacerlo? ¿Son capaces de hacerlo sin endeudarse o no seguir endeudándose si ya están endeudados? Eso repercutirá en políticas públicas y sociales para los habitantes de esas comunas. ¿Cómo va a afectar esto a aquellos minoristas que distribuyen dentro de las mismas comunas del territorio nacional?

Como bien dijo el diputado Auth , en tiempos de elecciones, ¿qué más tentador que entregar gas para captar el apoyo popular, para ganar la adhesión de los votantes? Pero se hará a costa de todos los habitantes de la comuna, a costa de seguir endeudando un municipio. Ese tipo de interrogantes me hace dudar de la efectividad de esta medida.

El gobierno ingresó un proyecto para regular el mercado del gas, para que haya más competencia, para cortar esta cadena de empresas que cumplen el rol de mayoristas y minoristas, que, en definitiva, impide que haya un control sobre los costos y con ello que las rebajas se trasladen a los clientes. Ello, obviamente, genera una menor competencia.

Soy de la idea de que el mercado debe regularse y las instituciones deben funcionar y, en este caso, funcionaron. Es preferible un Estado fuerte a un Estado grande, a un Estado que quiere hacerse cargo de todo, pero sin tener las competencias, los recursos ni las habilidades para suplir una actividad que pueden desarrollar los particulares, si está bien regulada.

Si queremos combatir los abusos de las empresas, debemos tener instituciones que funcionen, como la Fiscalía Nacional Económica, que en este caso dio la alerta, pero no podemos seguir agrandando el aparato estatal, a través de los organismos de la administración del Estado.

Esa es mi principal duda ante la solución que se da a la dificultad que viven muchos chilenos debido al alza de los precios. Quizás sería mejor tomarse unos segundos más para tramitar la reforma que ingresó el gobierno, que precisamente regula estas falencias, para que haya una mayor competencia y para que la reducción de precios pase directamente a los consumidores, antes de seguir entregando facultades de Estado empresario a los organismos de la administración del Estado. Además, tenemos fallos de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Constitucional que señalan expresamente que esta es una facultad muy muy limitada.

En este caso, ante cada situación estamos generando una solución…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, este tema ha permitido reflexionar sobre temas que van al fondo de lo que está ocurriendo en el país.

El hecho de querer autorizar a los municipios a distribuir o comercializar gas licuado tiene que ver con un sistema que tocó fondo, que no se regula, porque primero se deben esperar etapas de abuso, luego se deben crear comisiones especiales investigadoras, y, en algunos casos, nos queda la percepción de que hubo colusión.

Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica ha sido bastante clara y, diría, elegante en su informe, para indicar los cambios respecto de regulación, competencias y mayor presencia del mercado, elementos tan básicos. Lo que señala la Fiscalía Nacional Económica es una cuestión que debería estar operando: que haya competencia y que haya regulación. En este caso, tenemos tres empresas, y, efectivamente, el gobierno presentó un proyecto al que la Comisión de Minería y Energía le está dando la celeridad que corresponde.

Los procesos descentralizadores que intentamos empujar -unos más que otros y el fortalecimiento de los gobiernos regionales y comunales se deben hacer carne con este tipo de desafíos. Ayer fueron las farmacias, e, incluso, algunas unidades oftalmológicas; hoy es el gas.

Recordemos, sí, que en algún momento la educación y la salud fueron traspasadas a los municipios y que estos no han tenido recursos. Se ha querido corregir aquello. Por ejemplo, respecto de la educación, se inició un proceso de desmunicipalización, con todos los errores que se han provocado hasta ahora. Ya se instalaron los servicios locales de educación. Lo dejo como mención, porque son legislaciones que a veces se tramitan aceleradamente, producto de procesos mal llevados. Así, estas propuestas paliativas no bien discutidas también se podrían regular de mala forma.

En el fondo, esta iniciativa tiene que ver con que el mercado no solo no ha dado el ancho, sino que no ha estado presente la conducta ética tan necesaria en estos casos. Y digo “conducta ética”, porque se habla, eventualmente, de que los alcaldes habrían hecho mal uso de este instrumento. Eso se amplía a todos quienes participamos en política, y, también, en el mundo privado. La conducta ética tiene que ver con otros elementos. Si los alcaldes y, en general, el mundo de la política no actúan con la ética necesaria en relación con los servicios de educación y de salud, por supuesto que se puede abusar de aquello. Por ejemplo, los municipios estuvieron entregando celulares y tablets producto de la falta de conectividad y de instrumentos, en tiempos en que los estudiantes tuvieron que tomar clases en forma remota.

Está bien que profundicemos en este tipo de reflexiones. No es incompatible entregar facultades a los municipios en este tema y en otros que se puedan debatir, en relación con las iniciativas que ingrese el gobierno. Esto permite apreciar que la uniformidad en el Estado no da cuenta de todos los problemas y de todas las demandas que las comunidades, sobre todo las más alejadas, están planteando.

Soy partidario de fortalecer al máximo los gobiernos comunales; es necesario que no solo sean administradores del sistema, que no solo sean cercanos al gobierno y que no solo sean cercanos a equis ministerios, sino que cuenten con todas las herramientas necesarias, porque finalmente son los que están más cerca de los ciudadanos y de las comunidades, quienes ven lejana la política y las decisiones.

Si el mercado hubiese estado considerando y actuando en razón de lo que en algún momento se le mandató o lo inspiró, probablemente no habríamos tenido esta propuesta, pero eso no ocurrió.

Insisto: soy partidario y voy a respaldar esta iniciativa, entendiendo que hay situaciones complejas de las que, probablemente, no va a dar cuenta este proyecto, ni tampoco dará cuenta el gobierno.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Kuschel .

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, un señor diputado decía que las tres empresas de gas estaban estafando a la gente. Puede que haya algo de verdad en eso en ese mercado en particular, pero creo que el mayor estafador ha sido nuestro propio Congreso Nacional al generar cerca de un 30 por ciento de capacidad monetaria de pago, sin una contraparte de producción. Lo ha hecho con buena voluntad, por supuesto, pero incurriendo en un error monetario, provocando un alza masiva no solamente de precios del gas, sino de casi todos los precios. Ello está unido a una situación internacional muy parecida. Por ejemplo, en Estados Unidos de América y en países de Europa también se han creado medios de pago más allá de la producción, provocando una inflación mundial.

En el caso particular del gas la situación se agrava, porque todos los años, más o menos en la época en que aquí es verano, pero invierno en el hemisferio norte, los precios suben masivamente. Por eso, soy contrario a este proyecto.

Hay experiencias muy desafortunadas en otros países del continente, cuyos gobiernos tienen, por ejemplo, un general dedicado al mercado de los fideos, otro dedicado al mercado del azúcar, otro al de la harina, otro al del aceite, otro al del vinagre, etcétera. No es la forma; tenemos que abrir espacio a la competencia nacional o internacional. Podrían venir proveedores de gas, por ejemplo, de algún país vecino, u otros que desconocemos, para lo cual debemos facilitar y bajar las barreras de entrada a ese mercado y otros.

La causa original del alza de todos los precios, no solamente del gas, sino también del tipo de cambio, de todos los productos importados y de todos los productos sustituidores de importaciones, se debe a que acá hemos aumentado, con medidas fiscales de impacto monetario, los recursos para que la gente demande, sin que haya contraparte de producción. Ese es el problema de fondo. Tal vez podemos resolver parcialmente y por un tiempo el problema del gas, pero la medida es totalmente inapropiada. Conozco las capacidades de los municipios -en mi caso, también fui alcalde y no es la forma apropiada.

Tenemos que poner cuidado en que nuestras leyes de impacto macroeconómico general no generen inflación. Si no pasa nada más, hoy podemos esperar casi un 30 por ciento total de inflación, solamente por los medios de pago que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Congreso Nacional, en general, han aprobado hasta ahora.

En el mes de diciembre recién pasado, la inflación en Chile fue de 7,2 por ciento. Si multiplicamos esa cifra por 12, nos arroja casi un 85 por ciento de inflación. Es decir, un asalariado ya perdió un 85 por ciento de uno de sus sueldos. La gente en Chile ahora gana 11 sueldos más un 15 por ciento y no 12 sueldos, porque el resto se perdió en poder adquisitivo. Eso puede crecer hasta un 30 por ciento si no es absorbido por otros mecanismos o por otras incidencias de la economía. La economía tiene no solamente un efecto directo, como el que señalo. Hablo como economista, pensando en la ecuación que llaman cuantitativa del dinero, que es muy antigua. Ha habido discusiones al respecto, por ejemplo, entre la economía clásica y la economía keynesiana. Los clásicos dicen que esto tiene un efecto neto en los precios, y los keynesianos dicen que tiene efecto en los precios, pero también en el empleo.

En todo caso, siempre un aumento artificial de los medios de pagos es inflacionario. En eso hemos caído. No es solamente un tema del gas, sino que esto se expande a otros productos, como los alimentos, tanto en los mercados internos como externos, que afectan a los consumidores y a las familias de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, quiero saludar a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y, por cierto, a los colegas.

Desde la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, como es de costumbre, incorporamos la mirada de los municipios, que es tan importante cuando han sensibilizado con la población y con la gente más humilde. Por cierto que validamos aquello, porque también lo hemos visto en nuestros territorios y lo hemos denunciado.

Por eso, en su minuto tuvimos la defensa en materia de las cuentas de luz, que hizo mi colega Jorge Sabag , y la que llevó a efecto el diputado Miguel Ángel Calisto en materia del gas que se vende en cilindros.

La bancada de la Democracia Cristiana ha defendido a los consumidores, a las personas que lo pasan mal cuando el Estado no hace su trabajo, no fiscaliza, no regula un mercado abusivo, como hemos venido viendo. Distintas bancadas de la Cámara de Diputados y el Congreso, en general, hemos respaldado iniciativas que apuntan a regular donde se genera ese abuso.

Eso también lo vimos en la ley anticortes de servicios básicos, en la que también tratamos de incorporar el gas en cilindro, porque entendemos que hoy para muchas personas es una necesidad básica. No se puede estar abusando de las personas que hoy no pueden pagar el precio del cilindro. Ellas deben administrar sus recursos, y con estas alzas no les alcanzan. Ese es el tema.

Entonces, cuando los municipios quieren ayudar, pero la Contraloría señala que no tienen las facultades, lo que ha hecho la Comisión de Gobierno Interior, a través de las cuatro mociones refundidas en el proyecto en discusión, es posibilitar que los municipios que lo deseen, puedan distribuir y comercializar gas licuado.

Esto también ha servido para que el gobierno intervenga, aunque tardíamente, porque ha permitido los abusos y ha sido cómplice pasivo en esta materia. Al respecto, la comisión ha dicho que hay indicios de colusión y de abuso de las tres empresas.

Al entrar en esta discusión los municipios, con la fuerza que tienen en el país, por cierto que se ha contribuido para que el gobierno valorara lo que estamos trabajando desde acá e ingresara a tramitación un proyecto.

Por cierto que este gobierno no va a poder hacer ese trabajo, tarea que le corresponderá al nuevo gobierno. Espero que este se haga cargo de ella y que busquemos una solución integral desde el mercado, pero también desde el rol que hoy día pretenden asumir los municipios. ¿Por qué vamos a cercenar a los municipios de esta tarea si ellos se consideran capaces de llevar a cabo estas iniciativas? Los que no lo puedan hacer por falta de recursos, no lo harán. Sin embargo, los que quieran asociarse podrán tener una gobernanza para aquello. En eso estamos trabajando hoy día mediante estas mociones en favor de los municipios.

Quiero saludar y felicitar al alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas , quien ha trabajado esta materia y ha liderado la Asociación de Municipalidades, junto con Carolina Leitao , Gustavo Toro , Carlos Gatica y tantos otros alcaldes y alcaldesas que están detrás de estos proyectos. Lo que se busca es precisamente llevar el gas a un precio justo a las familias del país.

Si este proyecto contribuye en eso, bienvenido sea. El gobierno ingresó un proyecto, que se va a analizar en la Comisión de Economía, lo que también es bueno. Hemos visto que están funcionando las comisiones investigadoras, y eso también aporta.

Mientras estemos dedicados a los problemas de la gente, de la ciudadanía, será positivo. Si dejáramos de estar en la calle con ella, sufriendo los problemas que ella tiene, por cierto que hablaría de un Congreso alejado de los problemas de la gente.

Pese al poco tiempo que le queda a este gobierno, lo llamo a que acompañe, a que no obstaculice, para que los municipios también se hagan cargo de los temas de la gente, no solo en esta materia, sino en muchas otras. En el Senado tenemos, por ejemplo, el tema de plantas. Fortalezcamos esa descentralización local y regional en los gobiernos regionales, con los gobernadores, con lo que tenemos hoy para avanzar a un Chile más descentralizado, con menos inequidades, eliminando las inequidades territoriales básicas con las que los municipios pobres deben lidiar.

Anuncio que vamos a apoyar con toda la fuerza esta iniciativa para que se siga avanzando en regular un mercado que ha sido muy abusivo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, la posible colusión del gas es una muestra más del carácter desvirtuado de la competencia, que termina en una ciega e inhumana cadena de productividad que pasa por sobre la capacidad económica de las personas, de los usuarios y, especialmente, de quienes pertenecen a la clase media y de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en nuestro país.

Este proyecto de ley escucha el llamado de las municipalidades, que han sido sabias oyentes e interpretadoras de los movimientos sociales y manifestaciones colectivas que el país ha levantado últimamente. Las municipalidades han respondido con eficacia a estas situaciones de crisis, estructurando de manera oportuna un programa de reconstrucción social.

La crisis económica, social y sanitaria ha puesto en evidencia muchas veces el invisibilizado rol de las administraciones locales y la trascendental importancia de su labor en cuanto a la descentralización y al desarrollo económico local.

Los municipios de nuestro país son la primera puerta de entrada de la ciudadanía a la gestión pública; no obstante, las herramientas con las que hoy cuentan no les permiten la efectiva gestión de bienes y servicios para ir en respuesta a las primeras necesidades de su comuna.

Entregar la facultad legal a los municipios de nuestro país para que puedan desarrollar actividades empresariales, distribuir y comercializar gas a sus vecinas y vecinos, más allá de la justicia social que subyace en ello, en cuanto a la regulación de precios de este insumo de primera necesidad, también tiene que ver con comenzar un camino para que puedan fortalecerse como reales gobiernos locales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, para mí este es de ese tipo de proyectos que tienen una muy buena intención, que son muy populares; por eso, quienes nos referimos en contra de ellos pasamos a ser personas muy impopulares. Muchas veces nuestra gente, y a veces nosotros mismos, no somos capaces de ver las implicancias de estas iniciativas.

Claramente, el tema del gas es potente y una necesidad diaria. Por eso, es urgente darle una solución; es imposible no abordar esta materia. Tenemos que resolver el problema relacionado con un abuso, abuso que afecta diariamente a todas las familias.

En ese sentido, el Ejecutivo ha tomado cartas en este tema, y tiene muy claro que se debe regular el mercado y debe existir más competencia. Por eso, está ingresando un proyecto que aborda toda esta temática de forma integral y, a mi parecer, con bastante más responsabilidad de lo que lo está haciendo el proyecto en discusión.

Creo que es muy complejo dejar que los municipios sean actores relevantes en la distribución de gas; me parece muy complicado. Quiero ser superfranca y hablar desde mi experiencia: muy pocos municipios van a poder hacer esto. Eso, porque, después de preguntar a distintos diputados, es posible concluir que muchos municipios no tienen la infraestructura ni el presupuesto necesarios. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las farmacias populares. Me parece que eso sería algo tremendamente discriminatorio.

Tramitar un proyecto de ley que solo va a beneficiar, en teoría, a algunos municipios más grandes, con poder adquisitivo y con más capacidad, me parece una burla para los municipios donde existen más necesidades, porque tienen personas más vulnerables, pero que no van a poder acceder al beneficio establecido en el proyecto en estudio.

Se dice que el problema se origina en las grandes empresas, pero creo que este proyecto no soluciona eso. La solución debe venir desde la regulación, desde el gobierno central.

Como se mencionó aquí varias veces, incluso lo hizo el diputado Auth , aquí existen otros caminos. Hablamos de regulaciones, de bandas de precios, y nosotros no nos estamos haciendo cargo de eso en este proyecto.

Creo que tenemos que preguntarnos varias cosas. Acá se dijo que la ley en proyecto no va a afectar a los distribuidores locales; no sé cómo no los va a afectar. En efecto, si un municipio que tiene presupuesto, compra una mayor cantidad, va a vender más barato que el distribuidor, que tiene una pyme. No sé cómo se puede llegar a la conclusión contraria; realmente, me llama mucho la atención, no logro entenderlo.

También se habla del éxito de las farmacias populares. Al respecto, creo que hemos leído poco los diarios y la prensa. Hoy existen algunos ediles que enfrentan juicios por altas deudas que no han podido pagar, porque es algo muy complejo. Por lo demás, las farmacias populares tampoco tienen la vida garantizada, pues para eso se requieren recursos.

Creo que no todos los municipios se pueden dar el lujo que se dio la municipalidad de La Florida, que entregó miles de vales de gas. La mayoría de las personas estaban felices -¿por qué no estarlo?-; yo también estaría feliz si me entregaran un vale de gas. Otros estaban extrañados, porque no tenían real necesidad; pero cualquier persona lo podía requerir.

No seamos ingenuos: eso tiene un impacto político. ¡Claro que lo tiene! Es ingenuo pensar lo contrario. ¿Y por qué? Porque los demás municipios de mi distrito no contaban con tal cantidad de recursos, y solo podían focalizar la entrega de balones de gas en aquellas familias que realmente lo necesitaban.

¡Imagínense, como dijo un diputado, un alcalde en período de elecciones, siendo jefe de una empresa de gas! Después no nos quejemos, porque sabemos que estas cosas empiezan con buenas intenciones, pero terminan en un mal futuro.

Personalmente, creo que podemos estar gestando un foco de corrupción y, también, de control político. Si ya tenemos problemas con las corporaciones, ¿vamos a darnos el lujo, además, de crear empresas en los municipios?

Estimados colegas, creo que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Pensemos bien el proyecto y no nos apuremos. Tiene buenas intenciones, pero está mal orientado. En consecuencia, me focalizaría en el proyecto que presentó el Ejecutivo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, presente en la Sala.

Independientemente de las preocupaciones que los colegas han manifestado respecto del proyecto, en cuanto a que llevaría a los municipios a tener un comportamiento de empresa, el que puede estar sujeto a vaivenes e intereses políticos, lo que es cierto, por lo que las preocupaciones pueden ser legítimas, en lo personal, me preocupan mucho más el abuso, la colusión solapada y la frescura de las tres empresas distribuidoras de gas en nuestro país. Dejo de lado a Metrogas, pues está radicado solo en las principales ciudades de Chile. En la gran mayoría de Chile, el gas licuado se comercializa en balones, y por tres empresas, las que han estado abusando descaradamente de todo el mundo. Y digo de todo el mundo, porque en el sur de Chile se utiliza cada vez menos la leña como combustible para cocinar, para calentar el agua, para lavar la ropa, y cada vez se usa más el gas licuado.

Y el sobrecosto -no me refiero a las utilidades que le han cobrado a la ciudadanía, sobrepasa, solo en 2020 y parte de 2021, los 230.000 millones de pesos. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos dos años, dada esta forma de colusión solapada. Por eso, la Fiscalía Nacional Económica, ante un requerimiento que le presentamos un grupo de parlamentarios, encabezados por el diputado Calisto , terminó diciendo que efectivamente el mercado está distorsionado, no hay libre competencia y existe una integración vertical que permite que el abuso sea desde la planificación y la distribución de Chile por estas tres empresas, con nombre y apellido: Abastible , Lipigas y Gasco . Y lo hacen también en las regiones, en las provincias, en las comunas y en los barrios. No hay competencia, pues se ponen de acuerdo.

Por esa razón, el colega Raúl Soto planteó el proyecto de facultar a los municipios, a pesar de que ha habido iniciativas municipales. Una cantidad importante de municipios ha evaluado cómo abastecer de gas a precio justo a la ciudadanía, pero se han dado cuenta de que necesitan una ley que los faculte para crear este servicio “empresarial”, que les permita distribuir gas licuado y, de esa forma, generar competencia, para equilibrar un poco más el mercado, aunque no es el rol del municipio, cuestión que tenemos clara.

Por otro lado, hay otro proyecto, de los diputados Calisto , Silber , además de otros colegas de nuestra bancada y de otras, que permite abrir la competencia en el mercado del gas. No tiene que ver con los municipios. Creo que ambos proyectos tienen que seguir avanzando, tiene que haber un debate para terminar con el abuso; de lo contrario, seguiremos dejando solitos en la cancha a los señores de Gasco, de Lipigas y de Abastible, poniéndose de acuerdo y cobrando lo que quieren.

Además, cabe recordar que, si alguien quiere comprar un balón de 45 kilos, de 15 kilos o de 5 kilos, no existen en el mercado. Personalmente, lo he intentado, he preguntado a los abastecedores de gas de mi región y no hay; he llamado por teléfono a las distribuidoras, pero no hay, no venden balones. Esto es, justamente, porque se están amarrando entre ellos para evitar cualquier tipo de cambio en la falta de competencia, en el oligopolio que tienen las tres empresas, para seguir abusando de la ciudadanía.

No seamos más papistas que el papa. Tenemos un problema muy serio de abuso, al que tenemos que ponerle coto. Si tenemos que partir por los municipios, hagámoslo; después se corregirá. Mientras tanto, resolvemos la forma de intervenir el mercado del gas y asegurar la libre competencia. Todos hacemos gárgaras de que estamos en un país de libre competencia, pero la libre competencia no funciona. Tenemos concentración económica en general. Pero no solo hemos tenido colusiones abiertas y demostradas, sino que tenemos una concentración que permite que dos o tres dueños de todo, de los bancos, del retail, de las ferreterías, de todo, se pongan de acuerdo. Así de simple.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, he escuchado los argumentos de quienes se oponen al proyecto, y he comprobado que son defensores de la libre competencia. Esos son, mayoritariamente, los argumentos que se han esgrimido acá.

En el mercado del gas no hay libre competencia. Eso es lo que ha quedado demostrado. Quienes quieren atribuirle el precio del gas a la inflación, van a tener que esforzarse un poco más, porque en doce meses el precio del gas ha subido alrededor de 21 por ciento, con una inflación de 7 por ciento.

¿Cuánto ha subido el gas desde el proveedor de esas empresas?

La ENAP no ha subido 21 por ciento el valor del gas; los sueldos no han subido 21 por ciento; el precio del transporte público y las utilidades de los distribuidores minoritarios tampoco han subido. Entonces, ese argumento no resiste análisis.

El gas no es un producto suntuario, no es un producto del cual las familias puedan prescindir. Evidentemente, hay sustitutos, pues se puede cocinar con electricidad, pero la inmensa mayoría de las familias no puede, de la noche a la mañana, cambiar su cocina a gas y su calefón. Si quieren bañarse con agua tibia o caliente, necesitan comprar gas; si quieren comer papas, arroz o pastas, necesitan gas; si no lo tienen, no pueden cocinar. Es un producto esencial, vital; ni siquiera de primera necesidad, es de supervivencia, sin el cual no se puede comer.

Entonces, respecto de este producto en particular, ni siquiera el mercado debe tener el control, sino que el Estado tiene que asegurarle a todo el mundo que puede cocinar. Por eso es importante meter dentro de esta ecuación a quienes tienen la voluntad de hacerlo, que son los municipios.

En cuanto al argumento de que no todos los municipios van a poder ejecutar la iniciativa y que, en consecuencia, es mejor que no lo haga nadie, me parece absurdo.

Hay que aprobar el proyecto, meterle competencia al mercado y obligar a los privados a bajar los precios, porque en la medida en que dejen un mayor margen de utilidad, van a permitir que los municipios tengan éxito. No creo que haya más margen para seguir dilatando el proyecto.

En consecuencia, votaremos a favor, y con ello daremos un impulso a esta iniciativa de muchos alcaldes y alcaldesas que están dispuestos a garantizar a sus vecinos y vecinas que podrán tener gas a precio justo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, cuando todos conocimos la noticia de que la Fiscalía Nacional Económica nos alertó de posibles colusiones en el mercado del gas, evidentemente los que trabajamos en el sector público reaccionamos, producto de que, como decía muy bien el diputado Félix González , el gas es algo necesario para el día a día de toda la familia chilena.

No obstante, a veces uno puede reaccionar bien y otras mal. Y la reacción que hubo en el Congreso con respecto a este proyecto me parece más una reacción con carácter electoral que con la finalidad de poder regular un mercado que necesita de mayor regulación. Esto es evidente. Esta idea surgió justo para la época de elecciones, lo que hizo que salieran los innovadores a presentar un proyecto de ley para que los municipios pudieran distribuir gas. Es evidente -reitero-, es popular, genera noticia, aparece en las crónicas de los diarios y, por tanto, sube la popularidad. Desde el punto de vista político y de rentabilidad política, es absolutamente eficiente. Pero desde el punto de vista del mercado es totalmente ineficiente, porque este proyecto de ley genera externalidades negativas que no están viendo. Una de ellas, por ejemplo, es la distribución de gas en las comunas. Por ahí dijeron que esto no iba a afectar a los distribuidores de gas, lo que es simplemente una mentira del porte de un buque, porque los mata de frentón. Hay miles de familias que se dedican a este rubro y que quedarían sin ingresos.

Lo importante es que este Congreso haga lo necesario para regular un mercado que necesita más regulación. Uno podría pensar que desde los sectores de derecha dirían: “No, aquí no hay que hacer más regulación. La mano invisible del libre mercado va a regular todo perfectamente”. No es así. Este mercado requiere de mayor regulación; eso es evidente. Y el proyecto que ha presentado el gobierno apunta en ese sentido.

Ahora bien, creo que lo que hará esta iniciativa en algunos casos -porque por ahí también dicen que esto generará más competencia será generar competencia desleal. Esto ocurrirá porque, por ejemplo, podrían existir municipios como el de Recoleta, que tiene farmacia popular, pero no paga sus cuentas, y competir contra alguien que no paga sus cuentas es bastante desleal.

Entonces, hay que ser bastante más responsables con el problema, caminar por el proyecto que ha presentado el gobierno y no presentar este tipo de iniciativas que para la galería funcionan muy bien, pero para la ciudadanía al final funcionan mal, porque harán que los municipios, que están destinados a otras cosas, se dediquen a un tema sin ser expertos y sin tener las herramientas necesarias para hacerlo de buena forma.

Por último, quiero agregar que este proyecto no tiene nada de innovador. Los alcaldes son bastante más innovadores que los parlamentarios al parecer, porque la distribución de gas ya existe en comunas y se ha concretado a través de la creación de programas sociales, con glosas, con presupuestos. Ya se hace. Lo hacen las comunas de La Reina, de Parral y otras.

Por lo tanto, es evidente que este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy, que ha avanzado más de lo que uno quisiera, nace buscando una rentabilidad política del momento y no apuntando a solucionar un problema social de verdad.

En consecuencia, pido a la Cámara que rechacemos este proyecto, que nos centremos en la iniciativa del gobierno, en la que se regula el mercado del gas, y que dejemos los fuegos artificiales y el circo para otras etapas, porque la verdad es que jugar con esto me parece que no tiene mucho sentido.

Lo que sí tiene sentido es que tratemos de regular de todas formas un mercado que necesita regulación, más transparencia y más competencia. La competencia de los municipios lo que hará será generar una competencia desleal, porque los demás no van a poder pagar en algún momento, y porque, además, las municipalidades no tienen la experiencia necesaria para hacer bien este trabajo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, honorable Sala, sin duda, estamos reaccionando de manera legislativa desde el Congreso ante la negligencia y pasividad de un gobierno que, habiendo pasando meses de un informe duro y lapidario sobre el mercado del gas, que en octubre del año pasado develó que había un sobreprecio de 180 millones de dólares en un mercado tan sensible para los chilenos y las chilenas, no reaccionó. Recordemos que no hablamos de un mercado baladí; hablamos de un mecanismo que sirve para calefaccionar, para alimentarse, para cocinar, y que es de primera necesidad.

Lo anterior generó distintas iniciativas. La primera surgió desde el mundo municipal, no con un afán electoral, sino, por el contrario, como una reacción legítima frente a una arbitrariedad y flagrancia que develó la Fiscalía Nacional Económica.

Por otro lado, hubo respuestas desde el punto de vista legislativo, allí donde, tal vez, la proactividad y el impulso del gobierno se necesitaban más que nunca. Y el gobierno, prácticamente a un mes y algo de cerrar las puertas y bajar el telón, presenta un proyecto un poco para decir “cumplí”. Por eso hoy tenemos esa reacción de algunos colegas oficialistas de negarse a legislar frente a un tema que hace meses ameritaba una reacción institucional por el gobierno frente a un informe de un órgano regulador como es la Fiscalía Nacional Económica.

Queremos señalar que este no es un tema ideológico. El tema es que tendremos tanto Estado como Estado necesitemos. Y en buena hora nace esta iniciativa llevada adelante por los alcaldes frente al vacío, frente al silencio de las autoridades de gobierno que, simplemente, más que escandalizarse, no hicieron nada. Repito: nada. No vi nunca una respuesta del ministro Jobet -quien debió haber estado presente en esta sesión-. Pasaron meses sin reaccionar ante la materia y ante la indignación ciudadana. Por eso los legisladores y los alcaldes llenaron de alguna manera ese vacío.

La realidad municipal es muy diversa, no es unívoca. Son 345 los municipios en nuestro país. Por supuesto, la capilaridad territorial es muy distinta de Arica a Punta Arenas, pero lo importante es darles esta posibilidad a los alcaldes. En algunas comunas, si los municipios son competitivos, sí será efectiva esta propuesta; en otras, claramente, por la extensión desde el punto de vista geográfico, tal vez no lo será. Pero lo importante es que exista esta posibilidad. Posteriormente existirá el escrutinio de alcaldes, concejales y ciudadanos para determinar si fue finalmente la mejor alternativa, pero no cercenemos hoy esta iniciativa.

Por otro lado, cabe señalar que como bancada presentamos una indicación, que también presentamos como proyecto de ley por separado, que no hace sino recoger -he aquí lo más importante la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica. Esta que el gobierno tardó meses en presentar, nosotros la presentamos hace aproximadamente dos o tres meses, porque hace dos o tres meses que esperábamos la famosa propuesta del gobierno en la materia.

Para no generar competencias desde el punto de vista legislativo, hemos decidido, de manera colectiva, presentarla como una indicación a este proyecto, de manera que tengamos el efecto espejo que produce un agente público que regule efectivamente el mercado, como pueden ser los municipios, y acojamos derechamente la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica. Porque si nos escandalizamos con sus conclusiones respecto del sobreprecio de 181 millones de dólares, también tenemos que hacer eco respecto del resto de sus conclusiones.

Considerando lo anterior, presentamos una indicación para agregar un artículo 5, que dispone: “Establécese la prohibición total para que cualquier distribuidor mayorista de gas licuado de petróleo realice funciones de distribuidor minorista de gas licuado de petróleo. Ningún distribuidor mayorista podrá tener, por sí o mediante empresas de su mismo grupo empresarial o personas o entidades relacionadas en los términos señalados en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, participación en la propiedad de un distribuidor minorista. Para estos efectos, se entenderá por distribuidores minoristas a aquellas entidades que realicen la comercialización de gas licuado de petróleo a consumidores que utilizan este para el funcionamiento de artefactos de uso doméstico en residencias particulares o de uso comunitario, como así también aquellos consumidores que sean considerados como microempresas o pequeñas empresas de acuerdo a la ley N° 20.046. A su vez, entenderemos por distribuidor mayorista a la persona natural o jurídica que comercializa el gas licuado. Y así parafrasea, recogiendo las indicaciones de la Fiscalía, porque no solamente queremos las conclusiones, sino también las propuestas de la Fiscalía.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, la colusión de los pollos, de las farmacias y de los cerdos crea indignación, malestar y una situación de sensación de injusticia. Ahora, el gas se viene a sumar a ese tipo de indignación.

¿Es la solución lo que planteamos hoy? No lo sé. La verdad es que tengo serias dudas.

¿Por qué el día de mañana no podrían dedicarse los municipios a la distribución eléctrica, por ejemplo, cuando también pueda haber un sobreprecio de ese servicio? Tal vez podrían hacerlo, porque la energía eléctrica es bastante masiva y llega a todos los sectores, pero no todos los chilenos, a pesar de lo que se ha señalado acá, ocupan el gas como materia principal para cocinar, para calefaccionarse y para calentar el agua. En la Región de La Araucanía muchos ocupan la leña. En muchas zonas del sur la leña es el principal elemento para cocinar, para calefaccionarse y también para calentar el agua. La ocupan, incluso, en las cocinas a leña, con el famoso serpentín, sin ocupar el gas en muchas oportunidades.

No sé si serán los municipios los encargados de realizar esta corrección. Valoro claramente el entusiasmo y haber colocado el tema en discusión, pero no sé, lo reitero, si ellos tendrán la competencia y la capacidad, particularmente los municipios más pequeños, para realizar ese tipo de acciones.

Aquí, nuevamente, a través de esta iniciativa, se viene a hacer carne lo que siempre he dicho: en Chile es un pecado ser pocos y vivir lejos, porque, como son poquitos y viven tan lejos, no importa que ese municipio no lo pueda hacer, total, es tan chiquitito que no influye.

Tenemos que legislar pensando justamente en las mayorías, pero también en aquellos que están alejados y que, finalmente, son afectados tanto como otros.

El gas viene hoy principalmente del petróleo, que es uno de los elementos que aumentan el calentamiento global y permiten el cambio climático; por lo tanto, veamos la manera de desincentivar el uso del gas y de ocupar otras energías alternativas para todo lo que significa la calefacción, la elaboración de alimentos y el desarrollo en nuestra patria.

A los municipios les hemos ido restando competencias, particularmente en el ámbito educacional, porque están bastante cercanos; pero ¿cuál es la razón para entregarles hoy otras competencias, para las que no están preparados y para las que no tienen las capacidades ni los recursos?

Como país sí podemos buscar otras alternativas para evitar justamente este tipo de situaciones de sobreprecio, tal como lo han señalado otros parlamentarios respecto de este tipo de abuso. No busquemos alternativas fáciles que finalmente generarán mayores problemas y que no serán la solución para todos, por cuanto los que viven en zonas más alejadas no van a tener la solución que hoy se pretende dar.

Yo represento una zona agrícola y alejada, de manera que debo buscar una solución para los habitantes, para los ciudadanos que me permiten estar hoy en el Congreso Nacional.

Tengo serias dudas respecto a este tema. Debemos buscar una solución; para ello estamos disponibles. Sin embargo, creo que avanzar de esta manera podría significar que, el día de mañana, los municipios tendrían que involucrarse en materias que, incluso, hoy son impensadas, pero que podemos solucionar a través de otras iniciativas legales más adecuadas, no mediante este tipo de soluciones parciales o de parche.

He dicho.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, la pandemia sin duda sacó lo mejor y lo peor de los chilenos. Mientras los vecinos de las provincias de Maipo, Melipilla y Talagante durante casi dos años han intentado subsistir gracias a su propio esfuerzo y la organización comunitaria a través de los cientos de ollas comunes, por ejemplo, las ollas comunes Simy , en San Bernardo, y Doce de Febrero, en Buin, en la vereda de enfrente de la justicia y la dignidad, grandes empresarios cocinaban a fuego lento la colusión del gas.

Esta colusión del gran empresariado es un hecho comprobado. En la práctica, ha existido integración vertical y horizontal de las empresas de gas, lo que se ha traducido en que el precio del gas en 2020, según el INE, subió un 20 por ciento; es decir, en un año un balón de gas de 15 kilogramos subió 5.000 pesos.

Así lo investigó la Fiscalía Nacional Económica, que es la institución del Estado que vela por la libre competencia en el país; lo dijo la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados y lo dijeron las y los alcaldes a través de la constitución de la Asociación Nacional de Municipalidades por el Gas a Precio Justo. También lo dijimos fuerte y claro como socialistas ingresando un proyecto de ley que faculta a la Empresa Nacional del Petróleo a distribuir y comercializar gas licuado y gas natural a consumidores finales.

Si las empresas que debiesen abastecer de un servicio esencial como el gas lo hacen de manera indebida, es lógico y justo que empresas del Estado, como Enap, e instituciones territoriales, como municipios y asociaciones de municipalidades, lo hagan.

Esta es una solución desesperada ante tanta injusticia y corrupción económica. Es hacerle la pega a las empresas cuando ellas no están a la altura.

Es por ello que el objeto de este proyecto es autorizar a las municipalidades o a sus asociaciones a crear empresas de gas constituidas para tales fines para el transporte, distribución y comercialización del gas licuado de petróleo a los consumidores finales.

Los municipios o sus asociaciones podrán crear empresas para ofrecer el servicio de suministro de gas residencial, comercial o industrial a clientes o consumidores finales, mediante la distribución directa o a través de distribuidores minoristas autorizados por ley. En el caso de las asociaciones de municipalidades, podrán distribuir en todo Chile, mientras que las empresas municipales lo podrán hacer en su respectivo territorio.

Yo voto a favor de este proyecto, porque vamos a ocupar todos los mecanismos que nos entrega el Estado de derecho para decir “basta” a la colusión de unos pocos. Defiendo férreamente el derecho a la subsistencia, el derecho a la libre competencia. El derecho a vivir en una democracia plena siempre será más importante que las conductas impropias, ilegales y miserables de unos pocos, donde el negocio y el lucro desmedido no pueden estar siempre sobre las mayorías que quieren vivir en paz.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros servicios de emergencia al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al boletín N° 12867-15.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 121ª de la presente legislatura, en martes 12 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, el Senado ha modificado esta moción en un aspecto: la incorporación de un artículo transitorio, que dice: “Durante el primer año de vigencia de la presente ley, no será exigible a los conductores de los vehículos empleados por el Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el contar con la licencia especial Clase F.”.

Está muy bien. Creo que hay que apoyar esta pequeña modificación que hace el Senado para que este proyecto pase a ser ley.

En definitiva, el proyecto permite al personal del referido servicio público, que realiza labores de seguridad, salvamento y extinción de incendios fundamentalmente en los aeropuertos y aeródromos dependientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, usar sus vehículos especiales y liberarlos, al igual como ocurre con los vehículos especiales de Bomberos, del Ejército y de Gendarmería, entre otras entidades públicas, de una serie de normas de la Ley de Tránsito para que sean considerados como vehículos de emergencia, como reitero los carros de Bomberos.

Asimismo, mediante esta iniciativa, a quienes conducen esos vehículos se les exige una licencia especial, la licencia Clase F, igual como ocurre con Bomberos.

También dichos vehículos de emergencia serán liberados de la responsabilidad de reunir determinados requisitos especiales, por ejemplo, el peso, ya que a veces estos circulan con un peso mayor al normal, al igual que el carro de Bomberos. Asimismo, serán exceptuados de cumplir algunas disposiciones sobre emisión de gases, porque se trata de vehículos especiales que se usan de manera extraordinaria, pues, de lo contrario, transgredirían la ley.

La verdad es que dichos vehículos no solo realizan su trabajo en aeródromos y aeropuertos, sino que en algunas oportunidades se los lleva a sectores cercanos a ellos. Son esos grandes camiones que hay en los aeropuertos, muchas veces de color amarillo, que prestan un servicio muy importante en prevención, auxilio y extinción de incendios.

De esa manera, la modificación que hizo el Senado a este proyecto es solo que durante el primer año de vigencia de la futura ley los conductores de los referidos vehículos de emergencia no deban cumplir el requisito de la licencia de conducir Clase F, obviamente, para que en el transcurso de ese tiempo puedan obtenerla.

Por eso, como mocionante de esta iniciativa, recomiendo la aprobación de la enmienda introducida por el Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, quiero respaldar este proyecto, iniciado en una moción del diputado René Alinco , que modifica la Ley de Tránsito para aplicar las normas relativas al personal y vehículos de los cuerpos de Bomberos y otros de emergencia, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Esta iniciativa busca incorporar a los vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está restringido al interior de los recintos de los aeropuertos, dentro de la normativa especial que rige a los vehículos de emergencia en el marco de la Ley de Tránsito.

Estos vehículos, que en los aeropuertos cumplen las mismas funciones que los vehículos de Bomberos en el resto del territorio nacional, se caracterizan por ser más grandes y, por lo tanto, de difícil conducción en calles y carreteras; sin embargo, han prestado importantes servicios en tragedias particularmente grandes. Pero, por las condiciones de este tipo de vehículos, se requiere que los conductores tengan licencia de conducir Clase F y que sean reconocidos por la Ley de Tránsito en condiciones similares a los carros de Bomberos, a fin de que no se vean expuestos a dificultades para su desplazamiento y a multas, por ejemplo, por sobrepeso.

Asimismo, se incluyen modificaciones respecto a las condiciones técnicas de los vehículos utilizados para la realización de una labor que escapa de sus competencias habituales, ya que están previstos para intervenir en casos de emergencia en los aeropuertos y no fuera de esos recintos, por lo que la ayuda que puedan prestar en situaciones de catástrofe pública es particularmente relevante dada su mayor capacidad de acción.

En el país se producen suficientes desastres que pueden sobrepasar la capacidad de Bomberos, por lo que cualquier ayuda es bienvenida, más aún si se trata de personal y vehículos altamente capacitados. Pero para que aquellos puedan actuar es preciso dar las facilidades correspondientes en vez de generar problemas.

De esa manera, aprobaremos la modificación del Senado al proyecto, porque va en la dirección correcta de apoyar a la comunidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

No hay más inscritos. Cerrado el debate.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro, correspondiente al boletín N° 14486-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 123ª de la presente legislatura, en lunes 17 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 32.