Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar conjuntamente los siguientes proyectos de acuerdo: el que aprueba el Convenio entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y elusión fiscal, y su protocolo (boletín N° 14740-10); el que aprueba el Convenio entre la República de Chile y la República de la India para eliminar la doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal con relación a los impuestos sobre la renta, y su protocolo (boletín N° 14741-10), y el que aprueba el Convenio entre la República de Chile y los Emiratos Árabes Unidos para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal (boletín 14742-10).

Para la discusión de estos proyectos se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Hacienda son el señor Vlado Mirosevic y la señora Sofía Cid , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 109ª de la presente legislatura, en lunes 13 de diciembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 119ª de la presente legislatura, en lunes 10 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 25.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 123ª de la presente legislatura, en lunes 17 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 37.

-Mensaje, sesión 109ª de la presente legislatura, en lunes 13 de diciembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 119ª de la presente legislatura, en lunes 10 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 24.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 123ª de la presente legislatura, en lunes 17 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 36.

-Mensaje, sesión 109ª de la presente legislatura, en lunes 13 de diciembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 119ª de la presente legislatura, en lunes 10 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 23.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 123ª de la presente legislatura, en lunes 17 enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 35.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo del diputado Vlado Mirosevic , rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana el diputado Francisco Undurraga .

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor UNDURRAGA (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputado integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante ustedes sobre los proyectos de acuerdo que aprueban los convenios entre la República de Chile, el Reino de los Países Bajos, la República de la India y los Emiratos Árabes Unidos para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión fiscal, y sus protocolos, suscritos en Santiago de Chile, el 25 de enero de 2021, el 9 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente, los cuales se encuentran sometidos a consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República de Chile.

Señalan los mensajes con los cuales su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional estos proyectos de acuerdo, que los presentes instrumentos internacionales son similares a los ya suscritos con Argentina, Australia , Austria , Bélgica , Brasil , Canadá , Colombia , Corea , Croacia , República Popular China, Dinamarca , Ecuador , Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, India , Irlanda , Italia , Japón , Malasia , México , Noruega , Nueva Zelanda, Paraguay , Perú , Polonia , Portugal , Reino Unido, República Checa , Rusia , Sudáfrica , Suecia , Suiza , Tailandia y Uruguay, todos los cuales se basan en el modelo elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los presentes convenios contienen diferencias específicas derivadas de la necesidad de cada país de adecuarlo a su propia legislación y política impositiva.

Los convenios persiguen incentivar el desarrollo del comercio y las transacciones internacionales entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos (Estados contratantes), la República de la India y los Emiratos Árabes Unidos, y fortalecer la cooperación en materia tributaria, lo que se logra mediante los siguientes objetivos:

a.Eliminar la doble imposición internacional con relación a impuestos a la renta a la que puedan estar afectos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales entre los Estados contratantes, pero sin crear oportunidades para situaciones de nula o reducida tributación a través de evasión o elusión fiscal;

b.Asignar los respectivos derechos de imposición entre los Estados contratantes;

c.Otorgar estabilidad y certeza a dichos contribuyentes respecto de su carga tributaria total y de la interpretación y aplicación de la legislación que les afecta;

d.Establecer mecanismos que ayuden a prevenir la evasión y elusión fiscal por medio de la cooperación entre las administraciones tributarias de ambos Estados contratantes y proceder al intercambio de información entre ellas;

e.Proteger de discriminaciones tributarias a los nacionales de un Estado contratante que invierten en el otro Estado contratante o desarrollen actividades en él;

f.Establecer, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, la posibilidad de resolver las disputas tributarias que se produzcan en la aplicación de las disposiciones del convenio.

Los convenios constan de un preámbulo, treinta y dos artículos, en el caso de los Países Bajos; treinta y uno, en el caso de la República de la India, y veintinueve, en el de los Emiratos Árabes Unidos. Los dos primeros, además, cuentan con un protocolo adicional, respecto de los cuales, en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder, no me referiré.

Para el estudio de este proyecto, la comisión recibió, de manera telemática, en su sesión del 4 de enero de 2022, al señor Felipe Lopeandía Wielandt , subsecretario subrogante de Relaciones Económicas Internacionales, junto con la señora Carolina Araneda Maillet , del Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos, y a don Francisco de Sarratea Valdés , asesor de Coordinación Política Tributaria del Ministerio de Hacienda.

El señor Lopeandía informó que estos convenios y sus protocolos entrarán en vigor el último día del mes que sigue al mes en el cual hayan sido recibidas las últimas notificaciones mediante las cuales cada Estado contratante notifique al otro, por escrito, a través de vías diplomáticas, que las formalidades constitucionales requeridas en sus respectivos Estados se encuentran cumplidas.

Por otro lado, explicitó que no se ha recibido información de que los trámites en dichos países se encuentren cumplidos.

Asimismo, hizo presente que estos convenios recogen gran parte de las medidas antiabusos del modelo de Convenio OCDE 2017, el cual contiene todas las recomendaciones que surgieron en razón de las acciones 6 y 7 del Proyecto BEPS, impulsado por los países miembros de la OCDE y los países del G20, que tiene por objeto, entre otros, proponer soluciones a la utilización indiscriminada o inapropiada de los convenios para eliminar la doble imposición con el único objeto de obtener los beneficios de los mismos, o usarlos para crear posibilidades de doble no tributación.

Asimismo, recogiendo el estándar mínimo de la acción 6 del Proyecto BEPS, se incorporó un párrafo en el que se establece que la finalidad del convenio es eliminar la doble tributación, sin crear oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante la evasión o elusión tributaria.

Sometidos a votación, sin mayor debate, en general y en particular, los proyectos en estudio, se aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Maya Fernández y Francesca Muñoz , y los diputados señores Gabriel Ascencio , Miguel Ángel Calisto , Cristhian Moreira , Jaime Naranjo y Francisco Undurraga .

Finalmente, hago presente a mis colegas que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en los proyectos de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus preceptos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Hacienda.

La señora CID, doña Sofía (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que respecta a su incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, tres proyectos de acuerdo, iniciados en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, suscritos en Santiago de Chile y referidos a la misma materia, esto es, para eliminar la doble imposición con relación a los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscal y su protocolo, suscritos entre la República de Chile y el Reino de los Países Bajos, el 25 de enero de 2021; con la República de India, el 9 de marzo de 2020, y con Los Emiratos Árabes Unidos, el 31 de diciembre de 2019. La Comisión de Hacienda trató conjuntamente las tres iniciativas señaladas.

La idea fundamental de las tres iniciativas es incentivar el desarrollo del comercio y las transacciones internacionales y fortalecer su cooperación en materias tributarias entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de los Países Bajos (Estados Contratantes) mediante la eliminación de la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio, de manera de evitar crear oportunidades para situaciones de nula o reducida tributación a través de evasión o elusión fiscal.

En términos generales, los convenios de doble tributación en análisis definen la potestad tributaria respecto de un grupo de rentas incluidas en cada convenio, definiendo el derecho que tiene cada Estado contratante para someterlas a imposición, ya sea por ambos países o por solo uno de ellos. Asimismo, alivia la doble imposición otorgando derecho a crédito por los impuestos pagados en el otro Estado contratante (Emiratos Árabes, India , Países Bajos) en caso de que la potestad tributaria sea compartida.

Los tres convenios en informe recogen las medidas antiabusos del Modelo de Convenio OCDE 2017, impulsado por los países miembros y los países del G20, que tiene por objeto, entre otros, proponer soluciones a la utilización indiscriminada o inapropiada de los convenios para eliminar la doble imposición.

El informe financiero, en relación con el acuerdo de Chile-Emiratos Árabes, indica que su implementación generaría una menor recaudación anual estimada de 423.300 dólares. Respecto del acuerdo Chile-India, indica que su implementación generaría una menor recaudación anual estimada de 563.500 dólares. Asimismo, en relación con el acuerdo Chile-Países Bajos, el informe financiero indica que la implementación generaría una menor recaudación anual de 21.926.800 dólares.

Los tres informes financieros aludidos indican que no es posible determinar el potencial efecto recaudatorio que podrían generar los mayores flujos desde el país (Emiratos Árabes, India , Países Bajos) con convenio hacia Chile.

Asimismo, indican que la aprobación de cada convenio no representa un mayor gasto fiscal, dado que las obligaciones que se deriven de su aplicación serán cubiertas con los recursos que la ley de presupuestos del sector público contempla para el funcionamiento de la administración tributaria.

Si bien los informes financieros de los tres convenios precisan que se produciría una menor recaudación, se espera que el efecto final sea un mayor intercambio comercial entre Chile y los países involucrados, lo que debiera generar una mayor recaudación tributaria debido al incremento comercial aludido.

La aprobación de los acuerdos señalados tendrá un efecto positivo para nuestra economía nacional, haciéndola más dinámica, dado que se logra eliminar o disminuir las trabas impositivas que afectan a las actividades e inversiones desde o hacia los países involucrados (Emiratos Árabes Unidos, India y Países Bajos).

Lo señalado en el punto anterior permitiría un mayor flujo de capitales entre las jurisdicciones señaladas y nuestro país, lo que generará un aumento y diversificación de las actividades transfronterizas, especialmente respecto de aquellas actividades que involucran tecnologías avanzadas y asesorías técnicas de alto nivel, por la menor imposición que les afectaría. Ello facilitaría que Chile pueda constituirse en una plataforma de negocios para empresas extranjeras que quieran operar en otros países de la región.

La comisión compartió la idea matriz y objetivos comunes de los convenios celebrados y destacó en su mérito que Holanda, representante del Reino de los Países Bajos, es el segundo mayor inversionista europeo en Chile. En el caso de India y Emiratos Árabes, se trata de socios comerciales importantes de zonas emergentes.

Puestos en votación los tres proyectos de acuerdo en un solo acto, resultaron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes: Javier Hernández , Pablo Lorenzini , Cosme Mellado , Leopoldo Pérez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, Sofía Cid .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión los proyectos de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, la cooperación es un aspecto clave en las relaciones internacionales de aquellos países que poseen economías libres y sociedades que aspiran a fortalecer sus vínculos bilaterales y multilaterales en un mundo cada vez más interconectado y globalizado.

En el caso de Chile la cooperación es un principio básico de nuestra política exterior, en virtud del cual se reconoce la importancia de suscribir acuerdos con otros países, potenciar las relaciones interestatales y facilitar el intercambio comercial económico. En tal contexto, los convenios que hoy sometemos a votación vienen a fortalecer nuestras relaciones bilaterales con Países Bajos, con India y con Emiratos Árabes, estableciendo una serie de medidas que buscan evitar la doble tributación, todo ello para promover y aumentar la inversión, el desarrollo de actividades y generar mayores oportunidades desde un punto de vista comercial. En este sentido, los convenios buscan eliminar trabas de carácter tributario que finalmente desalientan la inversión, otorgando, además, las certezas necesarias a los contribuyentes respecto de su carga tributaria total y la legislación aplicable.

Asimismo, establecen mecanismos orientados a prevenir la evasión y elusión, prácticas que afectan notoriamente la recaudación fiscal. En el caso de los convenios suscritos con Países Bajos e India, los beneficios deben ser analizados teniendo a la vista que las relaciones bilaterales con dichos Estados contribuyen significativamente a la economía nacional. En efecto, un gran porcentaje de las exportaciones de Chile a Europa tienen como destino Países Bajos, siendo nuestro cuarto inversionista.

Según datos de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, en 2020, el intercambio con Países Bajos alcanzó a 1.686 millones de dólares, mientras que en 2021 el intercambio con India fue de 2.541 millones de dólares, y con Emiratos Árabes, en 2021, fue de 260 millones de dólares, posicionando principalmente a Países Bajos y a India como importantes socios comerciales de Chile.

En definitiva, los tres convenios establecen una serie de medidas destinadas a evitar la doble tributación en beneficio de los contribuyentes y la economía en general, fortaleciendo los vínculos de Chile con Países Bajos, India y Emiratos Árabes, lo que resulta coherente con uno de los principios más importantes de nuestra política exterior, es decir, la cooperación y la estrategia de inserción de Chile en el mundo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, es bueno que las reuniones se efectúen fuera de la Sala, para que los que estamos interesados en estos proyectos los podamos tratar en la forma que corresponde. Se los digo con mucha sinceridad porque ayer, en la Comisión de Hacienda de nuestra Cámara, estuvimos tratando un proyecto muy importante, con el que, de aprobarlo, vamos a ayudar con mayores ingresos para el próximo gobierno.

Por eso, les pido especialmente a los que quieren que al Presidente electo, Gabriel Boric , le vaya bien, que nos escuchemos para ayudar en lo que viene, que tiene que ver con los ingresos tributarios.

Estos proyectos de acuerdo que aprueban convenios inciden directamente en las inversiones extranjeras en nuestro país, como también los mercados extranjeros que están vigentes y que se pueden aumentar para muchos compatriotas nuestros que tienen emprendimientos y que tienen la posibilidad concreta de exportar productos a destinos que antes no se consideraban.

Digo esto porque Chile es un país muy bien conceptuado a nivel internacional, dado que es parte de toda la organización que tiene que ver con el intercambio de opiniones, de experiencia, pero también para poner término a la evasión tributaria, porque ese es el gran tema de Chile. La evasión tributaria asciende a más de 20 por ciento, lo que significa mucha plata, especialmente para los primeros seis meses del próximo gobierno.

En este instante -seguramente los colegas no lo saben-, Chile ha suscrito convenios con más de treinta países que inciden en el tema de la doble imposición en relación con los impuestos a la renta y al patrimonio, y previene todo lo que es evasión y elusión tributaria. Prácticamente incluye los 33 países de América Latina y otros que se suscribieron y están en proceso de vigencia, como Estados Unidos de América, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, y también hay un protocolo modificatorio con China y con India.

Nuestro país siempre ha tenido gente en la diplomacia que cumple con creces el cuidado de los intereses del país, lo que hay que profundizar. Por ejemplo, la discusión de estos tres proyectos de acuerdo que están en tabla tienen que ver con lo mismo, para agregarse a los otros 33 que ya están vigentes.

Así, el señor subsecretario de Relaciones Exteriores recordó que Holanda es el segundo mayor inversionista europeo en Chile y que tiene que ver con los Países Bajos. Además, ante preguntas que formularon distinguidos colegas parlamentarios, la señorita Suazo , que está representando este tema en la Cancillería, expresó que en ningún caso los inversionistas tienen derecho a elegir dónde pagar sus tributos y que ambos países, soberanamente, negocian una distribución de potestad tributaria justa y equitativa, de manera que una misma operación no resulte gravada dos veces, por el mismo impuesto, en ambos países. Es decir, a eso se quiere poner término, porque hay una lógica.

Por otra parte, indicó que estos convenios favorecen la inversión de los países respectivos, la que, de aumentar, promoverá también una mayor recaudación. Agregó, que ese es el potencial recaudatorio que señalan todos los informes financieros y que es imposible estimar en este momento.

Creo que hay que aprobar estos proyectos de acuerdo, porque van en el camino correcto de aumentar los ingresos tributarios en nuestro país con el aporte de los que más tienen.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre estos proyectos de acuerdo que se van a someter a votación.

Se trata de tres proyectos similares, tratados internacionales económicos y comerciales. Me da la impresión de que el gobierno que ya se va y la Mesa que dirige esta Cámara nos quieren hacer un gol de media cancha. Creo que la mayoría de los diputados y diputadas que conformamos esta Corporación no conocemos en plenitud los alcances que tienen estos convenios internacionales.

Quisiera recordarles que tenemos muchos tratados internacionales, pero la mayoría de estos han demostrado que no nos favorecen. Esta es una parte más, lo mismo que el TPP11, un tratado internacional que nos somete a dictámenes internacionales y para el que las leyes chilenas no tienen ningún valor.

Señor Presidente, pido a la Mesa que la votación de estos tres proyectos de acuerdo no se realice hoy, sino una vez que asuma el nuevo gobierno de Gabriel Boric, para que sea el Ejecutivo del nuevo gobierno el que analice los detalles, la letra chica de estos convenios.

Además, quiero recordarles que hoy en Estados Unidos, a través de las comunicaciones internacionales, se están ofreciendo territorios chilenos, se están ofreciendo territorios de la Patagonia chilena en venta. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de convenios internacionales.

Así como me opuse en la comisión al TPP11, creo que estos tres tratados internacionales con otros países deben ser revisados acuciosamente.

Pido la atención de los presentes para que tomemos el acuerdo de que la votación de estos tres proyectos no se realice hoy, sino que se lleve a cabo previa discusión profunda y detallada cuando asuma el nuevo gobierno que va a dirigir Gabriel Boric .

Aquí hay gato encerrado; por eso es que nos quieren meter este gol de media cancha, a última hora; como son las últimas sesiones, nadie se va a preocupar de los detalles.

Señor Presidente, creo que nuestra obligación como chilenos y chilenas, como parlamentarios que representamos a nuestro pueblo, que tenemos la obligación de defender los intereses de nuestro país, es no llevar a cabo hoy la votación, y por eso llamo a los jefes de bancada y a cada uno de los diputados y diputadas a que acordemos que la votación de estos tres proyectos de acuerdo se realice una vez que asuma el nuevo gobierno.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para exigir la práctica diaria de ejercicio al inicio de la jornada escolar en los establecimientos educacionales, correspondiente al boletín N° 12214-29.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Pablo Prieto Lorca .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 126ª de la presente legislatura, en miércoles 26 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 29.

El primer informe de la Comisión de Deportes y Recreación se rindió en la sesión 118ª de la presente legislatura, en miércoles 5 de enero de 2022.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor PRIETO (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados Sergio Bobadilla, Juan Manuel Fuenzalida , Celso Morales , Nicolás Noman , Iván Norambuena , Rolando Rentería , Osvaldo Urrutia y quien habla; la diputada María José Hoffmann y el entonces diputado Jaime Bellolio , que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para exigir la práctica diaria de ejercicio al inicio de la jornada escolar en los establecimientos educacionales, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto consiste en estimular en los menores de edad la práctica de la actividad física y los hábitos saludables a través del ejercicio diario en los establecimientos educacionales.

En cuanto a su estructura, el proyecto aprobado en forma unánime por la comisión en su primer trámite reglamentario, tanto en general como en particular, consta de un artículo único, que introduce en la ley N° 19.712, del Deporte, un artículo 5 bis, nuevo, que dispone que en los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media se deberán destinar quince minutos al inicio de la jornada escolar para la práctica de ejercicio diario y con ello fomentar los hábitos de vida saludable.

Durante su tramitación en la Sala, esta determinó remitirlo a la comisión, según lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, para que se pronuncie sobre una indicación presentada por el diputado Diego Schalper para agregar en la norma aprobada que la antedicha obligación deberá someterse a la evaluación de la capacidad económica de cada establecimiento educacional y del proyecto educativo.

En el debate, en defensa del texto original del proyecto se tuvo presente que el cumplimiento de la obligación en cuestión no genera gasto alguno para los establecimientos educacionales ni tampoco altera sus proyectos educativos, puesto que solo consiste en exigir la práctica de ejercicio durante quince minutos al inicio de la jornada escolar, sin cambio de ropa y en el mismo puesto que ocupa cada alumno en la sala.

Asimismo, se hizo notar que dicha metodología ya fue implementada de manera exitosa por la comuna de Colbún en la lucha contra el sedentarismo y la obesidad.

Finalmente, hubo consenso en que la indicación busca en la práctica dejar sin efecto lo que se aprobó por amplia mayoría en la Sala, que es la idea matriz del proyecto de ley, razón por la cual fue rechazada por unanimidad.

En consecuencia, el texto propuesto por la comisión y que se recomienda a aprobar a la Sala de esta honorable Cámara es el mismo que fue aprobado durante el primer trámite reglamentario, sin modificaciones.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, es particularmente simbólico que finalizando este período legislativo terminemos debatiendo en torno a este proyecto de ley, que apunta a estimular el comienzo de la práctica deportiva en nuestra población.

Por ello, esta iniciativa describe de manera precisa el punto exacto sobre el cual se debiese estructurar cualquier tipo de política pública relacionada con el deporte y la recreación: la infancia, la adolescencia y la educación.

Hemos dicho hasta el cansancio que invertir en deporte en la primera edad es invertir en salud y en educación. Siempre será una buena inversión destinar recursos al deporte, cuyos beneficios será posible precisar no solo en el surgimiento de un determinado número de deportistas de alto rendimiento que nos representen como país, sino en aspectos tan básicos tales como personas educadas que sepan trabajar en equipo, con tolerancia al fracaso y disciplina. Además, invertir en deporte es invertir en una población más sana, reduciendo considerablemente la incidencia de enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la depresión, ya que, por cierto, hoy es muy importante todo lo relacionado con la salud mental. En definitiva, invertir en deporte es invertir en un país más sano.

Como exatleta y aun como formadora, porque además soy entrenadora de atletas, de deportistas, conozco de cerca los beneficios de la estimulación en la práctica del deporte en los más pequeños. A la vez, conozco la experiencia de países que han visto en el sistema educativo la instancia propicia para provocar cambios en los hábitos de sus ciudadanos, generando una estructura de deporte formativo y de competición cuyos frutos se ven mucho más allá del propio ámbito educativo. Países como Estados Unidos de América tienen en la base de su sistema deportivo a las escuelas y universidades, y, desde allí, el deporte crece tanto en lo profesional como en lo olímpico. El ejemplo se repite en gran parte del mundo desarrollado.

Por ello, considero de vital importancia que este proyecto se apruebe y se implemente como ley. Vivimos en un país en que la incidencia de la obesidad infantil es mucho mayor que el promedio mundial, rondando el 23 por ciento de la población infantil.

Si bien la ley de etiquetados ha sido un buen comienzo para educar a la población, es imperioso complementar este tipo de políticas con otras que estimulen la práctica de actividad física. Destinar quince minutos al día para la práctica de la actividad física sin duda que permite aumentar lo que ya existe como un horario de clases de educación física; sin embargo, sería importante contemplar una evaluación a la ley cuando ella se implemente.

A la vez, será relevante apreciar cómo se implementa la ley en proyecto según los tipos de establecimientos educacionales y el sector socioeconómico en el cual se ubican…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, quiero apoyar esta iniciativa, que busca estimular en los menores de edad la práctica de la actividad física y los hábitos saludables a través del ejercicio diario en los establecimientos educacionales, como una forma de combatir el sedentarismo y la obesidad en niños, niñas y adolescentes.

El segundo informe mantiene el mismo texto, ya que la única indicación que se había presentado, destinada a condicionar la implementación de la norma propuesta a la capacidad financiera del establecimiento de afrontar los eventuales gastos, fue rechazada por unanimidad en la comisión por estimarse que el proyecto no origina gasto.

Es preciso tomar en cuenta que Chile es el segundo país de la OCDE con mayor índice de obesidad en la población adulta, ya que el 34,4 por ciento de la población presenta esta condición considerada como enfermedad -ello, según las cifras entregadas por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-, siendo superado solamente por Estados Unidos de América.

El propósito del proyecto no es solo estético, ya que se han calculado los gastos en la atención en salud de los pacientes chilenos con obesidad, comprobándose su incremento en relación con pacientes sin esa enfermedad. De acuerdo a los estudios, los gastos médicos adicionales por obesidad alcanzan los 450.000 millones anuales y el costo de atender a las personas con obesidad sería un 46 por ciento más alto. Este dato es coherente con las conclusiones de la cuarta Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes, que muestra que el 68 por ciento de los chilenos no práctica deporte. Además, el proyecto está basado en la evidencia científica que indica que realizar diariamente solo quince minutos de actividad física tiene importantes resultados en términos de salud y prevención de potenciales enfermedades.

Por lo tanto, creo que el proyecto en discusión va en la línea correcta de fomentar la práctica del deporte desde la edad escolar, de manera que se establezca una cultura y un hábito al respecto, con lo cual se contribuye en forma muy importante a la disminución de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la obesidad.

Ciertamente, no se trata de la única medida propuesta en esa línea: legislamos sobre el etiquetado de alimentos, promoviendo una alimentación sana. Por supuesto, queda mucho por avanzar en la materia, pero con este proyecto estamos dando un paso muy significativo para la salud de los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, dicen -eso es verdad- que estamos viviendo un proceso de cambios muy profundos en nuestro país, algunos probablemente no tan buenos -es cosa de mirar la Convención Constitucional-, y otros que efectivamente pueden ser muy simples, pero que pueden producir un cambio muy relevante en la forma de pensar, sobre todo entre quienes no somos tan jóvenes y que siempre tuvimos asociado el deporte a temas de salud, como el bajar de peso.

Este proyecto -quiero felicitar al diputado Prieto y agradecerle su invitación a formar parte de él- cambia ese paradigma y nos lleva a entender que el deporte es mucho más que solo una vida saludable. El deporte es vida, es contacto con la naturaleza, es salud, es energía, es tiempo de respeto para con nuestro propio cuerpo. Y entender eso desde el colegio me parece que es un cambio cultural positivo, relevante, que la mayoría de quienes estamos en esta Sala no tuvimos; por eso a algunos nos cuesta tanto hacer deporte.

Además, esto no fue fácil, porque para quienes creemos en la autonomía de los proyectos educativos ello podía implicar quitar horas a esa libertad que nos parece que deben tener los colegios para organizar las ocho horas de clases de libre disposición con las que cuentan, sumadas a las que les impone el Ministerio de Educación.

Muchos de los diputados presentes han presentado proyectos para incluir clases de maternidad, de emprendimiento o de religión, entre otras, y siempre ha costado avanzar, precisamente, porque eso significa quitar horas a esa autonomía educativa.

Lo que hizo el diputado Prieto tiene un doble valor, porque no solo nos puso de acuerdo, sino que buscó un camino donde no se pierda esa autonomía o libertad de los colegios respecto de sus proyectos educativos y se comience a fomentar el deporte en los niños desde muy chiquititos.

Por lo tanto, quiero agradecer al diputado Prieto y a aquellos parlamentarios que han dedicado su vida al deporte. Este proyecto, a pesar de ser muy simple, cambia un paradigma y nos hace entender el deporte, más allá de su aspecto estético y de posibilitar vernos bien, como parte de la vida, como esencial para la salud mental y para querer y amar nuestro cuerpo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, estoy muy contento por estos cuatro años en la Cámara de Diputados, porque me han permitido conocer amigos que jamás en la vida habría podido conocer. También me permitió conocer la desesperación como un ejercicio emocional interesante, al tener pocas posibilidades y ver lo difícil que es proponer proyectos de ley útiles para el pueblo.

Fue esa desesperación la que me hizo acercarme a orar, a realizar oraciones incandescentes para ateos y para creyentes, preparadas para enviárselas a la gente. Y, sí, esto ha significado para mí un ejercicio muy importante. Por eso, como profesor normalista, etapa en la que siempre hacíamos gimnasia en el patio, me toca apoyar este proyecto de ley, pensando que en esta Sala también se podrían hacer ejercicios espirituales o emocionales.

Me voy de esta Sala dejando muchos amigos, me voy muy contento. No me habría gustado seguir por cuatro años más.

Así que gracias, amigos; gracias a todos aquellos con los que he conversado, gracias por escucharme, y doy las gracias por la posibilidad de oírlos. Este ejercicio de escucharnos, aunque tengamos ideas políticas diferentes, es interesante.

Voy a apoyar este proyecto, que incorpora la práctica diaria del ejercicio físico, porque también lo hice, y recuerdo lo importante que era para asistir a la clase siguiente ya más energizado.

Estimados colegas, me seguiré despidiendo de ustedes en cada intervención que haga. Así que gracias nuevamente a los amigos que están cerca y a los amigos que están más lejos; gracias a todos, también a usted, señor Presidente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, quiero saludar y felicitar al diputado Pablo Prieto , autor de este proyecto, y a todos los mocionantes.

Obviamente voy a votar a favor este proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para exigir la práctica diaria de ejercicio al inicio de la jornada escolar. No me cabe duda de que la mayoría lo votará a favor, pero probablemente será letra muerta; lo digo responsablemente. ¿Por qué? Porque para que los alumnos realicen ejercicios diarios para combatir la obesidad y el sedentarismo deben asistir a los colegios, y hoy el Colegio de Profesores no quiere el retorno a clases.

Entonces, lamento mucho que este hermoso y gran proyecto se convierta en letra muerta, porque, insisto, hemos visto que el Colegio de Profesores, que representa a una cantidad mínima de profesores en el país, y algunos sostenedores, principalmente alcaldes de oposición al actual gobierno, que mañana pasarán a ser del sector oficialista, no quieren abrir los colegios, a pesar de que la gran mayoría de los padres, los apoderados y los propios alumnos necesitan y quieren volver a clases presenciales.

Reitero: obviamente, voy a votar a favor el proyecto, y la mayoría así lo hará, pero, lamentablemente, no será posible llevarlo a cabo si no logramos convencer al Colegio de Profesores de la necesidad de volver a clases presenciales.

Primero exigían las tres vacunas, y ya las tienen; quieren la cuarta, la van a tener; pedían que los alumnos estén vacunados, y está ocurriendo; hoy no sé qué van a seguir exigiendo, porque, repito, no quieren hacer la pega por la cual se les paga.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, y requisitos de transparencia y sanciones en caso de incumplimiento.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señora Marcela Hernando .

Antecedentes:

-Moción, sesión 101ª de la legislatura 368ª, en lunes 16 de noviembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 119ª de la presente legislatura, en lunes 10 enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 30.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora HERNANDO, doña Marcela (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización me ha encomendado informar sobre el proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción de las diputadas señoras Marcela Hernando , Andrea Parra y Joanna Pérez ; de los diputados señores Karim Bianchi, Iván Flores , Rodrigo González , Alexis Sepúlveda , Leonardo Soto y Víctor Torres , y del entonces diputado Renato Garín .

La idea matriz del proyecto es regular el uso de encuestas de opinión en materia de preferencias electorales, acortando, por una parte, el período previo a las elecciones durante el cual no se pueden difundir los resultados de dichas encuestas, y, por otra, estableciendo la obligación de avalar mediante un documento técnico el trabajo de los encuestadores, además de fijar sanciones pecuniarias y penales para los directores o ejecutivos de las empresas del rubro que no cumplan con determinadas obligaciones.

El proyecto es orgánico constitucional, según el inciso primero del artículo 18 de la Carta Fundamental, pues tiene incidencia en el sistema electoral público y en la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.

La comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señoras Marcela Hernando , Catalina Pérez y Joanna Pérez , y los diputados señores Andrés Longton , Andrés Molina , Raúl Saldívar y Renzo Trisotti . Se abstuvo la diputada señora Karin Luck .

Fundamentos de la moción

Los autores de esta moción proponen regular de mejor forma el uso de encuestas de opinión en materia de preferencias electorales.

Actualmente, la regulación de este instrumento es mínima en Chile, y se vuelve imperativo modernizar la legislación. Valida esta afirmación la circunstancia de que la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, solo aborda el tema respecto a la posibilidad de divulgar los resultados en el contexto o la cercanía de fechas electorales. Al respecto, el artículo 37 de la citada ley dice lo siguiente:

“Artículo 37.- Sólo se podrá divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, hasta el décimo quinto día anterior al de la elección o plebiscito inclusive.”

Hay que reconocer que las encuestas tienen una relevancia e impacto significativo en los asuntos de interés público, y representan un paso necesario hacia la consolidación de una democracia moderna y más transparente, donde no solo los organismos de carácter público cumplan con mejorar los indicadores de transparencia, sino también los de carácter privado.

Agregan los parlamentarios que es de suma urgencia que los procesos electorales sean lo más neutrales posible y que no se manipule la preferencia de los chilenos, que debe expresarse en forma libre y ejerciendo todos los derechos que nuestra Constitución establece.

La moción propone en la materia un nuevo estándar de transparencia, que se sustenta en los siguientes pilares estratégicos:

1.Transparencia sobre el proceso de levantamiento y calidad de las muestras estadísticas que sirven de base para la construcción de encuestas de opinión de preferencias electorales.

2.Transparencia sobre los intereses de las empresas o corporaciones que dirigen esos levantamientos, con especial énfasis en los mecanismos de financiamiento de las entidades encuestadoras.

3.La imposición de sanciones de carácter penal a los controladores, directores o ejecutivos de las empresas encuestadoras sobre preferencias electorales que manipulen las publicaciones de dichas encuestas, y la aplicación de sanciones pecuniarias (multas) en caso de incumplimiento de la obligación de transparencia activa respecto de los documentos técnicos que sirven de fundamento de los resultados de las encuestas y de las memorias anuales que deben publicar en las páginas web.

Durante la discusión particular, el proyecto original fue objeto de varias modificaciones, entre ellas las siguientes:

El nuevo artículo 37 bis de la ley N° 18.700, que establece, en síntesis, la obligación de las empresas encuestadoras de publicar en su página web una memoria anual donde debe consignarse información detallada sobre las fuentes de ingresos, la identidad de sus directores y de sus clientes, etcétera, recibió una indicación sustitutiva, de origen parlamentario, que incorpora otros antecedentes que ha de contener la aludida memoria, tales como el marco normativo aplicable a dichas empresas, su estructura orgánica y la información consolidada de personal.

Además, de conformidad con otra indicación parlamentaria, se agregó un artículo 37 quinquies en la citada ley, que señala que los medios de comunicación social solo podrán divulgar los resultados de las encuestas sobre preferencias electorales que cumplan con los requisitos que especifica el artículo 37 de la ley, es decir, con un documento técnico, de acceso público, que sirva de evidencia y sustento estadístico de los resultados que arroje la encuesta respectiva. La infracción de esa obligación trae aparejada la sanción consistente en una multa a beneficio fiscal de 40 a 100 UTM.

Finalmente, y según otra indicación parlamentaria, se modifica el artículo 2, literal b), de la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que estipula que se considerará gasto electoral el que se efectúe por concepto de encuestas sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o los partidos políticos durante la campaña electoral. La modificación aprobada a este precepto se traduce en agregar que las referidas encuestas deben cumplir con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 37 de la ley N° 18.700.

Conforme s lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, he solicitado la palabra para intervenir en la discusión de este proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer una regulación básica respecto de las encuestas de opinión pública que hacen referencia a preferencias electorales.

El proyecto en cuestión es una iniciativa de la diputada Marcela Hernando , con quien compartimos, junto a otros parlamentarios, la necesidad de que nuestra democracia tiene que fortalecerse, estableciendo una regulación clara respecto de los sondeos de opinión, las encuestas que se hacen en materia electoral, sobre todo en tiempos de campaña.

En todo el mundo, y también en Chile, ha existido abundante crítica y cuestionamiento a la manera en que algunas instituciones realizan encuestas de opinión, sobre todo en relación con cómo las difunden. En esa misma línea, hay un sesgo y una preocupación importante respecto de que las encuestas puedan ser usadas para manipular la opinión pública -así ha ocurrido antes-, generando la sensación de que un candidato o una candidata tiene prácticamente ganada la elección, y otros, en cambio, están fuera de la posibilidad de ser elegidos. Con ello se intenta influir en la decisión de los electores.

Esta herramienta, esta manera de intentar ganar elecciones, es más vieja que el hilo negro. Se hace en todo el mundo, y en Chile también se ha hecho. Sin ir más lejos, en la anterior elección presidencial, en primera vuelta, la candidata Beatriz Sánchez , del Frente Amplio, tenía todas las encuestas en contra; sin embargo, obtuvo el 20 por ciento de los votos válidamente emitidos. Estuvo a punto de pasar a segunda vuelta. Sin embargo, ninguna de las encuestas de la época le reconocía esa posibilidad. Muchas de ellas, casi todas, le daban 10 u 8 puntos menos que los que realmente obtuvo, incluso a pocas semanas de la elección. Eso no es una coincidencia: es, sin duda, una mirada de las encuestadoras que hicieron esos sondeos y los dieron a conocer, las que buscaban influir en que no fuera una candidata competitiva en dicha elección presidencial.

Estos hechos generaron debate, por lo que este Congreso tomó la decisión, ante la falta de otra regulación, de establecer una moratoria, una especie de blackout, una especie de veda de encuestas electorales. En consecuencia, se estableció por ley -fue aprobado en esta Sala-, que ninguna encuesta que marque preferencias electorales en una elección pueda ser entregada 15 días antes de la elección. Con eso se buscaba que no se influyera en la decisión de los electores de la manera en que he mencionado.

Sin duda, esta medida es razonable, prudente y busca que este tipo de actividades, como son los sondeos de opinión -son nobles y muy útiles para la sociedad si están bien hechos-, se ejerza sin el impacto negativo de intentar controlar los resultados electorales. Con todo, 15 días es mucho y, como resultado de ello, se levantó toda una campaña de las empresas encuestadoras. Hablaron de la “ley mordaza”, de que se impedía el desarrollo de una actividad legítima. Todo ese debate llegó al Congreso y fue recogido por esta moción legislativa de la diputada Marcela Hernando y de todos los que la apoyamos. Por ello -repito-, estamos discutiendo en torno de la decisión de diseñar una regulación bastante más razonable.

En la discusión de este proyecto de ley se escuchó a distintas entidades, entre ellas a la asociación mundial de encuestadoras World Association for Public Opinion Research (Wapor) y a la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AIM). Además, hablamos con la academia y con ONG democráticas de Sudamérica. De ese modo, se estableció una regulación superrazonable, que se resume en que esta veda de encuestas debe tener un plazo más prudente, que vaya en línea con lo que se establece en otros países, esto es, que solo se podrá divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales hasta el cuarto día anterior al de la elección. Esto último impide que se lleven a cabo encuestas a boca de urna, que influyen mucho en el electorado, y establece un tiempo de protección para la influencia indebida de malas empresas de este tipo.

Por otra parte, se establecen varias normas sobre transparencia. Por ejemplo, se obliga a registrar y publicar estas encuestas, estableciendo varias menciones que hoy no existen, entre ellas, la metodología que se usó, las preguntas que se hicieron, quiénes las financian, el margen de error, etcétera. Todas esas menciones transparentan enormemente esa actividad. Finalmente, también se establecen sanciones para los que utilizan indebidamente esos instrumentos.

Señor Presidente, se está dando un gran paso para fortalecer nuestra democracia y dejarla protegida de los grupos de opinión que tienen fuerza para poder influir…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, recién había llegado al Congreso en 2010 cuando me tocó discutir la iniciativa que reducía la posibilidad de publicar encuestas. Ese año esta Cámara aprobó, con mi oposición, una semana de veda de publicación de encuestas.

Por su parte, el Senado aprobó un mes de veda de publicación de encuestas, pero finalmente la Comisión Mixta convino en un plazo de dos semanas o quince días antes de la elección para la prohibición de publicación de encuestas. La verdad es que, aunque el plazo sea cien, diez o un día, la ley es perfectamente inútil en el estado actual de las comunicaciones y de las redes sociales.

Nosotros podemos rebajar el plazo de quince a cuatro días, pero le garantizo, señor Presidente -usted lo sabe muy bien-, que el mismo día de la elección usted tendrá en su WhatsApp no solo uno, sino varios resultados de encuestas.

Yo creo que las leyes se tienen que hacer para que se puedan cumplir. Por lo tanto, en lugar de fijar un límite, creo que derechamente hay que caminar hacia la disolución del límite.

La segunda pata de este proyecto la suscribo absolutamente. Por supuesto, prefiero cuatro días en vez de quince, pero creo que, aunque se fije un plazo de un día, es completamente irrisorio, porque de todas maneras el público va a tener a disposición los antecedentes el mismo día de la elección.

En cambio, me parece mucho más importante el esfuerzo que se ha hecho por establecer una regulación que obligue a las empresas encuestadoras a publicar el conjunto de los antecedentes que hablan de la consistencia del trabajo de levantamiento de los datos -quién paga, cuál es la metodología y quiénes hicieron ese trabajo en terreno- y a dar acceso a la base de datos.

Yo quiero decir que buena parte de las empresas encuestadoras -hay que reconocerlo- se han agrupado en una asociación, a la cual hoy están entregando los datos que están contemplados en esta ley.

Por supuesto, no son todas las empresas encuestadoras. Por lo tanto, tenemos que buscar que exista una regulación legal, porque esta siempre será superior a una autorregulación; sin embargo, hay que reconocer el avance en la autorregulación.

Ahora, lo que sí tenemos -aquí hay un problema serio- son medios de comunicación escritos, que no tienen la influencia de otrora, pero siguen teniendo alguna influencia, que publican encuestas piratas.

Quiero decir aquí que el decano de la prensa chilena, en la víspera del plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, con la misma relevancia que las encuestas CEP, Cadem , etcétera, y conocidas empresas como Criteria Research y otras, publicó una encuesta de una empresa argentina que daba un empate en el plebiscito del 25 de octubre y que, por supuesto, al día siguiente se fue. Hace poco hubo otra empresa -brasileña en este caso- que también ingresó entregando datos completamente distantes del conjunto de las empresas encuestadoras. Por supuesto, esa empresa entró, publicó una encuesta con mucha resonancia y al día siguiente de la elección desapareció. Por lo tanto, a ellas hay que regularlas, para que la gente pueda distinguir entre empresas de verdad y operaciones destinadas a manipular a la opinión pública.

Una reflexión final: nadie sabe para quién trabaja. La verdad es que a veces una encuesta que da por perdido a un candidato le ayuda a ganar, y otras veces una encuesta que da por amplio ganador a un candidato le ayuda a ganar.

A mí una electora democratacristiana me dijo al día siguiente de la elección: “Voté por usted, porque vi una encuesta que lo daba completamente perdido. Yo quería que usted estuviera en el Parlamento y no voté por mi candidato democratacristiano, que había publicado una encuesta donde tenía el 35 por ciento de la intención de voto”.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, por su intermedio, me dirijo a esta honorable Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales.

El año pasado, vivimos en nuestro país una serie de elecciones populares relevantes para el devenir de nuestra democracia. Es así como los gobiernos locales y regionales, las diputaciones, las senadurías y la Presidencia de la República fueron objeto de elecciones populares. Con ello fuimos testigos de diversas encuestas de opinión que salieron a la luz, algunas de ellas con aciertos, pero muchas otras con errores graves.

Esto es de suma importancia en el proceso eleccionario, ya que al momento de instalar una idea en la opinión pública sobre quienes pueden ser los potenciales candidatos a elegirse se puede inclinar a los ciudadanos hacia una u otra preferencia.

Por lo anterior, junto con un grupo de diputados, presenté un proyecto que busca legislar sobre una regulación que aumente la transparencia del sistema, pero que además determine la existencia de sanciones claras al incumplimiento.

En primer término, se disminuye la veda para la publicación de encuestas hasta el cuarto día anterior al de la elección o plebiscito inclusive.

Respecto de las instituciones y empresas de encuestas de opinión pública que traten sobre preferencias electorales, estas no podrán divulgar y publicar los resultados cuando dicha publicación no venga acompañada de la transparencia activa de un documento técnico que sirva de evidencia y sustento estadístico de los resultados arrojados por dicha encuesta.

Asimismo, los medios de comunicación social, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado, solo podrán divulgar los resultados de aquellas encuestas políticas referidas a preferencias electorales que cumplan con los requisitos establecidos anteriormente.

En cuanto a las sanciones, lo relevante es que se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a los socios controladores, directores o ejecutivos de las encuestadoras que hubieren mentido dolosamente o manipulado en las publicaciones de encuestas de opinión de preferencia electoral.

Finalmente, también es importante el establecimiento de un registro público. Este es un elemento que busca formalizar un mercado totalmente desregulado. Lo que se busca es transformar a Chile en un referente internacional en una materia de difícil regulación y que requiere innovación pública. Ese espíritu de vanguardia es el mismo que llevó a Chile a un proceso inédito de una convención constituyente democrática, paritaria y con participación de los pueblos originarios.

Por lo anterior, llamo a aprobar este importante proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, junto con saludarlo a usted y a los honorables colegas aquí presentes, primero, quiero coincidir en que la veda, el período de ceguera -por llamarlo de alguna forma- en el cual no se pueden publicar las encuestas, a estas alturas del partido, con la proliferación de redes sociales y, además, con el soterrado incumplimiento de la ley que permite transmitirlas por WhatsApp, con un mensaje que señala que se castigará su divulgación, salvo para efectos absolutamente privados, hace que en el fondo la ley sea letra muerta y no sirva.

Efectivamente, lo que termina sucediendo hoy en nuestra política es que las encuestas de opinión, dado que la tecnología avanza con más fuerza y rapidez, y que, por supuesto, las personas están bastante más conectadas de lo que solía ocurrir, van desfasadas con el tiempo de la democracia representativa, que tiene elecciones cada cuatro años, dependiendo del tipo de elección de que se trate. Por ende, hoy las encuestas -vemos que estas abundan-, que en algún momento fueron mensuales, cuando las hacía Adimark , y que luego fueron semanales, cuando las hacía Cadem , suelen también equivocarse, dependiendo del tipo de pregunta que se haga, y hoy efectivamente van dictando un poco la pauta de la política chilena.

Por tanto, si bien estoy absolutamente de acuerdo con que el período de veda debe extinguirse, porque es absurdo que exista, ya que es impracticable y no sirve para los propósitos que la misma ley pretende, sí tengo algunos problemas con el artículo 37, el cual establece, en sus distintos literales, una serie de condicionantes respecto de qué se puede publicar, de cuáles son las penas, por ejemplo, a medios de comunicación, a las mismas empresas si no son capaces de establecer o de rendir una serie de requisitos de transparencia -algo muy necesario-, pero me parece que hace falta más trabajo específico en esta materia.

Por lo tanto, pretendo pedir votación separada de estos artículos, de manera que se puedan arreglar en la comisión. Por ejemplo, en el artículo 37 quinquies se señala que, respecto de la publicación, los medios de comunicación social, cualquiera que sea el soporte o instrumento utilizado, solo podrán divulgar los resultados de aquellas encuestas políticas referidas a preferencias electorales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 37 de esta ley. Pero ¿quién va a establecer esa sanción? Se señala que esto estaría entregado a un reglamento; pero ya sabemos lo que sucede en el Congreso, y no solo en él, sino en la legislación chilena, cuando entregamos este tipo de cosas a reglamentos, que terminan no haciéndose debidamente o, finalmente, se prestan para que el ministerio de turno pase algún contrabando de cosas en las cuales el legislador puede estar desatento. Por ende, me parece que en todos los numerales del artículo 37 hay que hacer un trabajo más específico, particularmente respecto del trabajo de las encuestadoras.

Lo relacionado con la consistencia metodológica respecto de aquello que se encuesta está normado en Estados Unidos de América y en Europa, y hay estándares bastante claros para señalar qué es una encuesta bien hecha y qué no lo es. Por eso, me parece que lo que ha quedado en el texto que se nos propone es todavía insuficiente; me parece que le falta trabajo, particularmente, al artículo 37 quinquies, relativo a las publicaciones que se hagan en un medio de comunicación social, ya que se podría estar infringiendo el derecho de la ciudadanía a la información.

Por ende, me parece que hay que revisar esa materia con mayor atención, máxime en momentos en que discutimos en la Convención Constitucional y en la opinión pública todo aquello que dice relación con la libertad de prensa y de expresión. Creo que en el Congreso debemos velar por que exista y se permita a la ciudadanía y a los medios de expresión tener la mayor libertad dentro del cumplimiento de la ley. Me parece que, en ese punto, la iniciativa aún es feble.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, sin duda, las encuestas son un sondeo de opinión y juegan un papel en la realidad política de un país, pues se han posicionado como verdaderos medidores de nuestra sociedad, o, por lo menos, ese es el uso que se les ha pretendido dar o lo que se ha querido hacer de ellas.

Cabe decir que los sondeos y las encuestas intentan representar, como se denominan abierta y comúnmente, fotografías del momento, una imagen que nos da luces sobre el escenario político en el que estamos. Por lo mismo, necesitamos que dichas fotografías cumplan ciertos requisitos para que se validen a sí mismas y tengan el reconocimiento en función de su propia objetividad.

En la sociedad en que vivimos, una sociedad líquida, como señaló Zygmunt Bauman , que se encuentra en continua y permanente construcción, las imágenes tienen gran importancia. Por esto mismo, el proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización con amplio consenso, procura garantizar un mínimo de cientificidad de la información sobre encuestas que sean transmitidas en los medios de comunicación. También eleva los estándares de transparencia, pues las encuestas influyen en la opinión pública, y colabora a que estas imágenes sean confiables.

El proyecto de ley que discutimos posibilita que se difundan resultados de encuestas de opinión hasta el cuarto día antes de la elección correspondiente. Sin embargo, esto debe ir acompañado de restricciones, pues, de otra forma, significaría que en los últimos días anteriores a los comicios abundaría información diversa y con heterogénea calidad de los estudios.

En ese sentido, se busca establecer obligaciones de transparencia, es decir, que los resultados que difundan deban ir acompañados de una ficha técnica que los respalde y les entregue el sustento adecuado en función de la credibilidad de la cual debieran gozar, además de información de quiénes financian los estudios.

Sin embargo, eso no es suficiente. Se debe sancionar a los medios de comunicación que no tomen los resguardos necesarios al transmitir, en cualquiera de sus plataformas, información que no cumpla estándares mínimos. En este caso, los medios de comunicación son importantes, pues transmiten la denominada opinión pública, sea que contribuyan a formar corrientes de opinión, a fortalecer determinadas corrientes de opinión o a establecer el mejor posicionamiento de algún tipo de opinión pública, lo cual ansiamos que sea una representación lo más parecida a la realidad.

Es muy difícil saber si las encuestas tienen un papel gravitante en las elecciones. En ese sentido, no hay una postura única, razón por la cual el proyecto que discutimos tiene mucho sentido.

Estoy convencido de que las encuestas deben cumplir con elevados estándares, tanto en la forma en que se levantan y procesan los datos, como en la transparencia, lo que sirve para empoderar a la ciudadanía para que tome su decisión a conciencia, con datos concretos y objetivos, en la medida de lo posible, pero, sobre todo, con datos que tengan la posibilidad de ser creíbles porque se sustentan en bases sólidas y científicas y en estudios que les dan concreción. Por lo tanto, la idea es formar opinión y contribuir a formar certeza sobre una determinada realidad, pero sobre pilares éticos y científicos, que expliquen y justifiquen su existencia, lo que a veces suele ser necesario.

Esas son las razones que me llevaron a votar favorablemente este proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, el que hoy respaldaré en la Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en el primer año del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet , cuando el ministro del Interior y Seguridad Pública era Rodrigo Peñailillo , discutimos los proyectos que modificaban las leyes sobre partidos políticos y sobre votaciones populares y escrutinios. Recuerdo que en esa oportunidad se propusieron estos quince días de la denominada veda de encuesta. En esa ocasión dijimos que quince días era un exceso, pero cuando esta Cámara legisla con una especie de purismo -hablar mucho, pero es irreal lo que se dice-, ocurre lo que vemos ahora: que los mismos que se inmolaban por esos quince días, hoy los quieren bajar a cuatro.

Por lo tanto, presentaremos indicación para llevar ese plazo a cero. No creemos que la gente se deje llevar por encuestas, o que se pueda manipular la opinión pública porque las encuestadoras Cadem , Criteria , Adimark , CEP o la que sea, señalen determinado resultado.

Por otro lado, dentro del texto hay varios temas que es importante discutir:

Primero, el plazo. Al respecto, tal como dije, presentaremos indicación para llevar ese plazo a cero.

Segundo, dentro de los requisitos, se establecen algunos que me parecen a lo menos cuestionables, como que se deba explicitar la nómina de los supervisores, de las personas que ven las encuestas ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Es complejo, porque lo que se está haciendo con esto, de forma bastante evidente, es poner trabas a las encuestas y así buscar, probablemente, una voz “oficial”.

Tercero, con mucha preocupación escuché a los diputados Saldívar y Leonardo Soto hablar respecto de los resultados o de las consecuencias de las encuestas. El diputado Soto nos decía que esto es gravísimo, y nos recordaba que ninguna encuesta había acertado el resultado de Beatriz Sánchez. Pero si las encuestas no lo vieron venir, ¿hay que sancionar a las empresas encuestadoras? Evidentemente, no. Lo que hay acá es un tema mucho más de fondo. Las encuestas son instrumentos de análisis, pero sus resultados no sirven para tomar decisiones.

Por su parte, el diputado Saldívar nos decía, en un acto propio -me imaginaba- de la Convención Constitucional, no del Parlamento ni de la Cámara de Diputados, que ahora tenemos que sancionar a los medios de comunicación que publican encuestas que no cumplen ciertos requisitos o estándares éticos, cuando, obviamente, los estándares éticos son los que ponen los diputados de oposición, porque son excelentes para hablar de purismos, para hablar de cosas que en el papel suenan bien, pero que después en la práctica no se pueden realizar. ¡Cómo no va a ser complejo! Sé que este es de esos típicos temas que suenan bien, pero que después no se materializan, como cuando se dispone en el artículo 37 bis que el proyecto incorpora a la ley sobre votaciones populares y escrutinios que todas las empresas encuestadoras deberán publicar sus fuentes de ingresos. Si alguien encarga la encuesta, me parece bien que se diga quién la encargó; pero dicho artículo agrega que las empresas deberán transparentar todas las relaciones que tengan “con empresas, instituciones o actores públicos y privados”. O sea, si el día de mañana una determinada empresa, la que ustedes quieran, por ejemplo, Codelco , financia y pide a Adimark una encuesta, Adimark va a tener que empezar a publicar que está financiada por Codelco. En consecuencia, se podrá decir que una u otra encuesta tiene un determinado sesgo por eso.

Creo que este “buenismo” que, lamentablemente, se ha ido impregnando en el debate político hace que, muchas veces, por querer aparecer como los más transparentes de todos, terminemos en algo tan burdo como lo que ocurrió en los últimos quince días de todas las campañas: una empresa equis, conocida por todos, en todas las encuestas ponía: “Se prohíbe la difusión de esta encuesta”. Con eso salvábamos todo el trámite legal y nos baipaseábamos los quince días, porque todos sabíamos que el domingo en la noche llegaba el de uno, el martes en la mañana llegaba el de otro. Así le fuimos haciendo trampa a la ley.

Creo que lo que debemos hacer, en primer lugar, es dejar de creer que la gente es tonta y se deja llevar por los resultados. Segundo, si un medio de comunicación publica una encuesta que evidentemente fracasa en su predicción, el que pierde es el medio de comunicación, porque va perdiendo validez ante la opinión pública. Y, tercero, si realmente creemos en la gente, dejemos que se publiquen las encuestas hasta cuando se quieran publicar, porque la gente es suficientemente sabia para ir tomando su definición y no dejarse guiar porque una encuesta diga que una persona gana o pierde.

Presentaremos indicaciones para que este proyecto vuelva a ser debatido en la comisión.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, valoro esta moción, de autoría de la diputada Marcela Hernando , con quien trabajamos en muchos proyectos en la Comisión de Gobierno Interior. Valoro el trabajo que hizo como diputada y, por cierto, le deseo el mayor de los éxitos en su nueva función como ministra de Estado. También acompañaron este proyecto la diputada Andrea Parra y los diputados Karim Bianchi, Iván Flores -de mi bancada-, Víctor Torres -también de mi bancada-, Renato Garín , Rodrigo González , Alexis Sepúlveda , Leonardo Soto y quien habla.

Este proyecto, a diferencia de lo que decía quien me antecedió, creo que sí es necesario, porque hoy no puede quedar solo al mercado lo que es la transparencia y la regulación de los datos públicos, especialmente cuando tenemos muchas personas que lucran -¡sí, lucran!- con la información y lucran también con las campañas políticas. Aquí debe haber un margen regulatorio.

Nos habría gustado que el gobierno se sumara. Lo invitamos, lo convocamos. Este proyecto tuvo un tratamiento -como todos- notable en la Comisión de Gobierno Interior, con una mirada de todos los sectores, pero siempre ha estado ausente el actual gobierno. Nunca quiso mejorar muchos proyectos. Me refiero no solo a este, sino también al relativo al fondo común municipal 2 y a muchos otros que hoy siguen durmiendo en el Senado, producto de que no hay voluntad política para sacarlos adelante, como ocurre con el proyecto en materia de basura. Cuando hay voluntad se pueden mejorar los proyectos; pero cuando hay voluntad.

Vamos a votar una moción, que es lo que podemos hacer, porque no podemos entregar otras funciones a otros órganos como nos gustaría para que también hubiera una supervigilancia de un órgano público en materia de encuestas. Escuchamos distintas posiciones, pero creo que es positiva la transparencia en lo que se informa.

Hoy hemos visto muchas noticias falsas y creo que ya es tiempo de que seamos responsables en términos de regular aquello. Estamos con la libertad de expresión, sin duda; pero el hecho de que haya noticias falsas, o información para tergiversar a la población, a los ciudadanos, creo que es grave. Dicha situación debe tener una regulación y una sanción. Eso es lo que está abordando este proyecto, que también viene a hacer un aporte.

Esta norma, que se origina con posterioridad al plebiscito de 2020, busca establecer nuevos requisitos en transparencia para las empresas dedicadas a la realización de estudios de opinión, y disminuir el tiempo de prohibición para la publicación de resultados de encuestas electorales. La ley actual fija un blackout informativo de quince días antes de una elección, que disminuiría a cuatro días con la nueva propuesta, modificando en consecuencia la ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios, que en su artículo 37 establece que solo se podrán publicar encuestas hasta el décimo quinto día anterior al de la elección.

El proyecto también contempla obligaciones de transparencia activa mediante la exigencia de un documento técnico que sirva de evidencia y sustento estadístico de los resultados arrojados por dicha encuesta, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma; incorpora la obligación para las empresas encuestadoras de publicar en su página web oficial su memoria anual en la que se ponga a disposición información relevante, como las fuentes de ingresos y las relaciones que tengan con empresas o actores públicos y privados. No olvidemos que hoy el Servel financia dentro de los partidos políticos encuestas, y estas tienen que ser reales, efectivas y transparentes. También contempla la reducción del plazo establecido en la ley vigente respecto de la prohibición de divulgación de los resultados de las encuestas electorales; crea, mediante un reglamento, el registro nacional de empresas e instituciones de encuestas de opinión pública de preferencias electorales. También se contemplan sanciones penales en esta materia.

Por lo tanto, hago un llamado a la Cámara a aprobar este proyecto y a mejorarlo en los otros trámites que siguen, porque instala algo que es necesario para fortalecer la democracia: transparencia y marco regulatorio para quienes quieren lucrar con los datos y la información.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, a propósito de encuestas, recuerdo muy destacadamente que cuando me tocó entrar junto con mi querido Frente Amplio -quizás accidentalmente-, las encuestadoras, de muy mala fe, daban a Beatriz Sánchez y a nosotros un porcentaje muy bajo. Y aún con esa proyección de mala fe, nuestra Beatriz Sánchez y los diputados obtuvimos 20 por ciento, entre ellos yo, como el único viejo frenteamplista metido al medio, sentado al lado de mi querido Renato Garín y con cercanía emocional con mi querido compañero y destacado político Gonzalo Winter , al cual también le tengo mucho cariño. Las encuestadoras no hacen su oficio con buena fe; queda presente que la mayoría lo hace con muy mala fe.

Retomando mi despedida de esta Sala, tengo que reiterar que tuve muchos amigos, más de los que podría haber imaginado. Pero también -debo decir- me peleé con algunos compañeros, como, por ejemplo, con el diputado Pepe Auth . Fue un choque fuerte, pero la dinámica de las relaciones humanas me ha llevado a una reconciliación; creo que por ambos lados.

Eso me hace recordar un principio humanista que dice: no importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que sí importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando porque aquí solo operan los condicionamientos, el tipo de familia en la que te criaste, el lugar en donde naciste, y así siguiendo con todos los condicionamientos que te han tocado, sin elegir ninguno de ellos. Por eso se denominan condicionamientos.

Pero sí hay situaciones que he rechazado y seguiré rechazando. El tema de la movilidad asociada a la vacuna, algo a lo que se ha llamado “dictadura sanitaria”, también lo sigo rechazando.

Seguiré apoyando, sin cambio de conducta, el quinto retiro, pues la situación de vida sigue siendo difícil y si mi Presidente Boric rechazara este quinto retiro, tendría que, simultáneamente, mostrar algún proyecto como alternativa.

Sería un tremendo error…

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, quisiera, en forma muy breve, apoyar esta iniciativa, que tiene como objetivo regular que las empresas encuestadoras no abusen o usen mal la información, a fin de influir en distintas áreas de la vida nacional, no tan solo en el ámbito político, sino que también en el ámbito económico, en el empleo y en el trabajo.

Las empresas e, incluso, el Estado, manipulan, como algunas autoridades -lo hemos visto en el censo y en otros casos-, porque no existe una regulación que nos permita tener la certeza, la seguridad de que lo que se nos está informando es la verdad.

Por otra parte, existen grupos interesados, lógicamente, que tienen como objetivo llegar a un público determinado, a un sector determinado y -disculpe la expresión- se coluden con los medios de comunicación con la finalidad de hacer creer que lo que se está generando es la opinión verdadera.

Es increíble que se llame por teléfono a menos de 754 personas y eso se convierta en una encuesta nacional que se publica y se transmite por todos los medios de comunicación y por las redes sociales. Este proyecto de ley tiene como objetivo, justamente, regular eso.

No podemos transformarnos en un país donde -fuera de la mala educación cívica de los chilenos, por culpa de las autoridades, durante todos estos años- se les mienta a los ciudadanos, muchas veces a través de ese tipo de encuestas, que no están reguladas.

Hay parámetros internacionales, como se ha dicho, como en Europa o Estados Unidos, etcétera, que permiten que haya un mínimo de reglas para las empresas encuestadoras.

¿Quiénes las financian? ¿Quiénes están detrás de ellas?

Por lo tanto, este es un proyecto necesario, que tiene como finalidad transparentar la información a todos los chilenos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para incorporar las normas de la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación para el plebiscito constitucional.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el diputado Matías Walker .

Antecedentes:

-Moción, sesión 119ª de la presente legislatura, en lunes 10 de enero de 2022. Documentos de la Cuenta N° 35.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 123ª de la presente legislatura, en lunes 17 de enero de 2022.Documentos de la Cuenta N° 34.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor WALKER (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar a esta honorable Cámara, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar las normas de la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector o electora en la asignación del local de votación, para el plebiscito constitucional.

Dicha moción fue suscrita por los diputados y diputadas Karol Cariola , Luciano CruzCoke , Marcos Ilabaca , Pamela Jiles , René Saffirio , Leonardo Soto y quien les habla, Matías Walker .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en fortalecer el ejercicio de la soberanía en la participación electoral del próximo plebiscito nacional constitucional, de carácter obligatorio, incorporando a este las normas de la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación.

Durante el estudio de este proyecto la comisión escuchó a quien les habla, autor de la iniciativa, y al presidente del Comité Ejecutivo del Servel.

Ha sido de público conocimiento que en las recientes elecciones de segunda vuelta presidencial se vivió una participación histórica de electores, alcanzando una tasa equivalente a 55,91 por ciento dentro del territorio nacional, al sufragar 8.364.534 personas de las 14.959.956 habilitadas para hacerlo.

Lo anterior se enmarca dentro del contexto del voto voluntario e inscripción automática, en circunstancias de que la futura y siguiente elección que vivirá el país se encuentra dentro de la excepcionalidad prescrita en la reforma constitucional que da paso al denominado “plebiscito de salida”, con voto obligatorio, correspondiente al plebiscito nacional constitucional, que tendrá lugar sesenta días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo que deberá dictar el Presidente de la República, luego de comunicársele la aprobación de la propuesta de texto constitucional por parte de la Convención.

Por ello, cobra especial relevancia atender a la actual regulación del plebiscito en pos de garantizar el correcto ejercicio del derecho y deber democrático de cada uno de los habitantes del país

Así, se observa que en este último período se logró concretar una anhelada legislación mediante la dictación de la ley N° 21.385, publicada el 21 de octubre de 2021, que modificó la normativa electoral, privilegiando la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación.

Esta ley permite solucionar, sin duda, las problemáticas y complejidades que se originan para el ciudadano o ciudadana cuyo local de votación dista geográficamente de su domicilio.

En consecuencia, esta moción promueve la participación y vela por el correcto ejercicio del derecho soberano que recae en cada habitante del territorio, así como fortalece el derecho a la igualdad de condiciones para participar en la vida nacional, buscando hacer aplicables, de forma excepcional al plebiscito constitucional, estas nuevas normas ya vigentes en el país, las que, como consecuencia de la actual regulación constitucional, quedarían sin aplicación.

Lo anterior se genera en virtud del límite temporal fijado de acuerdo a las normas contenidas en el artículo 143 de la Constitución, que se remite a las reglas prescritas en los incisos cuarto a sexto del artículo 130, cuyo encabezado dispone: “A efecto de este plebiscito, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 1 de enero de 2020:”.

Es por ello que la disposición transitoria que se incorpora por este proyecto a la Carta Fundamental prescribe: “QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Sin perjuicio de las normas aplicables al plebiscito constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 143, en remisión a los incisos cuarto a sexto del artículo 130, se aplicarán excepcionalmente las normas contenidas en la ley N° 21.385.”.

Habiendo sido aprobado este proyecto por la unanimidad de los diputados y diputadas participantes en la votación, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, sin duda, el poder contar con una ley que permita votar en el local más cercano al domicilio es una necesidad urgente en nuestro país, sobre todo porque estamos ad portas de un plebiscito que, además, será obligatorio para todas las chilenas y todos los chilenos. ¿Pero cuál es uno de los inconvenientes que tenemos hoy día para tener una efectiva participación y que esta sea más masiva? Una limitante es la lejanía de los locales de votación para las personas que tienen la voluntad de ir a votar.

En mi Región de Ñuble, que represento, se da la paradoja de que hay sectores que están a cinco o diez kilómetros de una comuna que tiene local de votación, pero la gente está inscrita en la comuna principal, como es lo que ocurre en el caso de Cachapoal respecto a la comuna de San Carlos, y, obviamente, eso desincentiva la participación en los procesos eleccionarios. Ello también ocurre en Chillán: hay personas que viven en Quinchamalí, donde hay un local de votación, pero el que les corresponde a ellas se encuentra dentro de la comuna de Chillán.

Por lo tanto, este proyecto permite corregir ese problema, que se ha ido acrecentando en el tiempo.

A modo personal, puedo contar que recientemente renové mi documento de identidad en el Servicio de Registro Civil, y ahí por primera vez me consultaron si quería cambiar mi domicilio electoral. Se revisó mi domicilio electoral y este era de cuando recién cumplí los 18 años de edad. Desde ese tiempo, he cambiado muchas veces de residencia, pero no he hecho el trámite correspondiente en el Servicio Electoral, por consiguiente, ha ido quedando mi domicilio anterior.

El Servel tendrá la obligación de difundir esta realidad, porque a lo mejor muchas personas quedarán en un local de votación cercano al domicilio que aparece en el Servel y este no necesariamente corresponderá al lugar donde están viviendo.

Pero aquí se corrige un impasse que hubo, que permite finalmente que esto se pueda aplicar para el plebiscito de salida. Creo que eso es lo más relevante de este proyecto, que permitirá que efectivamente las personas tengan la posibilidad de sufragar en un local de votación lo más próximo a su domicilio. Eso evitará costos de desplazamiento y de tiempo; además, dará las facilidades que requieren nuestros adultos mayores. Por lo tanto, creo que ello debiera ayudar también a una participación más activa en los procesos electorales.

Por eso, desde ya, comprometo mi voto a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este proyecto complementará otro que aprobamos hace algún tiempo -dicha iniciativa ya es ley de la república y regirá en todas las elecciones sucesivas-, que viene a corregir un defecto que lamentablemente influía, y no en menor medida, en la alta abstención electoral.

Claramente, la desigualdad política que se genera entre una persona que vive cerca del local de votación y otra que vive a kilómetros o muy lejos de aquel influye bastante en la posibilidad de sufragar, lo que, en definitiva, acrecienta la desigualdad social y política, situación que se corrobora en los porcentajes de votación al comparar las distintas comunas de Chile.

No es casualidad que en el barrio alto de la Región Metropolitana voten porcentajes infinitamente superiores a los barrios más vulnerables. Ello pasa también acá, en la Región de Valparaíso, en mi distrito N° 6; pero en la Región Metropolitana se genera ese efecto porque es mucho más notorio.

Eso tiene, entre otros efectos, la dificultad para acceder al local de votación. El ir en un vehículo, el tomar locomoción colectiva, el que exista un costo asociado claramente influye en que la persona pueda ir a sufragar. Y no pocas veces nos encontramos con que, de personas que viven en un mismo domicilio, algunas sufragan a una cuadra y otras lo hacen a kilómetros de aquel, lo que les hace muy muy dificultoso el poder acudir. O hay gente que trabaja el día de la votación y que no puede ausentarse largas horas de su trabajo, por lo cual generalmente no concurren a sufragar.

Como señalé, este proyecto viene a corregir dicha situación.

Se va a generar un gran cambio en un comienzo; es decir, muchas personas serán cambiadas de sus locales de votación, cosa que ocurre en todas las elecciones. ¿A quién no le ha tocado encontrarse con electores a los que les cambiaron de local de votación sin saber por qué? Bueno, ahora sabrán por qué, y será por una buena noticia: sufragarán en un local de votación cercano a su domicilio.

Lamentablemente, los locales de votación han sido casi siempre los mismos desde los años 90. Se han ido creando más, es verdad, pero han sido casi los mismos, y nuestro país ha crecido muchísimo. Sin embargo, los habitantes de sectores rurales, de los lugares más alejados han quedado impedidos de poder acceder con facilidad a los locales de votación. Ni hablar de los adultos mayores y las personas con discapacidad, a quienes se les hace mucho más dificultoso el poder acudir a los locales de votación sin tener que pagar un alto costo.

Esto reducirá ese costo y el clientelismo, porque muchas veces candidatos o autoridades, sabiendo de antemano en qué lugares o sectores de la comuna se vota con mayor frecuencia, generan políticas públicas o políticas sociales para ir en ayuda de ellos, dejando absolutamente desprovistos de apoyo a quienes saben con certeza que no concurrirán a votar. Y eso es más frecuente de lo que uno quisiera. Claramente, no queremos servidores públicos como esos, pero sí gente que tome la decisión, que acuda a votar, que legitime a sus autoridades, por lo que acercar los locales de votación a las personas será una muy buena noticia, precisamente para combatir la alta abstención electoral y, en definitiva, dar una mayor legitimidad a nuestras autoridades.

Espero que este proyecto se convierta en ley de la república lo antes posible y complemente una ley que, sin ninguna duda, ayudará a tener una mucho mayor participación electoral que la actual.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Propongo a la Sala suspender la inscripción para intervenir en este debate. De esa forma, todos los que ya están inscritos podrán hablar, y, posteriormente, se procederá a votar en general el proyecto.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Entonces, se cierra la inscripción.

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, a través de este proyecto se pretende dictar una ley adecuatoria. En efecto, como las normas que rigieron el plebiscito fueron redactadas antes de que se promulgara y publicara la ley N° 21.385, el próximo plebiscito constitucional no quedó afecto a la aplicación de dicha ley. Ese es el problema que busca resolver la iniciativa en discusión, liderada por el diputado Matías Walker , y lo resuelve bien, naturalmente.

¿Qué hizo la ley N° 21.385? Esa ley eliminó la rigidez en relación con la mesa de sufragio. Ello, porque todos los electores estaban adscritos a una mesa en particular, y, claro, podía cambiar el local de votación, pero no la mesa. Si el votante se inscribió en el sistema antiguo, en la mesa en la que vota está junto con las personas que se inscribieron el día anterior y el día posterior a la fecha de inscripción del elector, pese a que puede estar viviendo en un lugar muy distante del de sus compañeros de mesa.

Al eliminar la mesa de sufragio lo que se hace es autorizar al Servel para que asigne y ordene las mesas y locales de votación de acuerdo al lugar donde viven los electores.

Con ello, el Estado podrá cumplir con la promesa de que ningún elector vote en un establecimiento que esté a más de quinientos metros de su domicilio. Basta con ordenar geográficamente los lugares de votación, según las diversas concentraciones de votantes, para que esa promesa pueda ser cumplida.

¿Por qué es tan importante? Porque si bien es cierto el voto es voluntario, en la práctica el voto es pagado, pues la gente está obligada a desplazarse y, como dicen en Estación Central, a pagar varias locomociones para ir a votar.

Cuando uno realiza un puerta a puerta -hace mucho tiempo que no lo hago, felizmente, pero muchos de los presentes lo hicieron hace poco- es posible darse cuenta de que si en un hogar hay tres o cuatro votantes, hay tres o cuatro locales distintos de votación, es decir, una familia no vota en el mismo local.

De aprobarse el proyecto en discusión, la familia podrá votar en el mismo local. Hombres y mujeres, hijas e hijos podrán concurrir juntos a votar, lo que generará varios impactos adicionales, el primero de los cuales será en el tema del transporte. Todos conocemos el lío que se produjo en el transporte por el enorme flujo de votantes en la segunda vuelta de la última elección presidencial. El diagrama de flujos, la cantidad de desplazamientos en locomoción colectiva disminuirá abruptamente si la gente puede votar en el local más cercano a su casa. En consecuencia, el votar tendrá un costo menor, y también será menor el flujo de transporte, lo que es muy importante si consideramos que en el próximo plebiscito tiene carácter obligatorio el concurrir a votar. No podemos imponer además de aquello la obligación de pagar el pasaje del bus de ida y vuelta para que toda una familia pueda ir a votar, monto que, a veces, equivale al necesario para comprar su alimento de todo un día.

Por consiguiente, esta pequeña pero importante adecuación es muy relevante para que logremos tener hacia el final del año la votación más concurrida de la historia de Chile. Es evidente que si queremos que la nueva Constitución sea la casa de todos es necesario que sea una propuesta que nos interprete a todos y que sea votada por la inmensa mayoría de las chilenas y de los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, es un honor ser el principal autor de este proyecto de reforma constitucional para permitir que en el plebiscito de salida del proyecto de nueva Constitución rija íntegramente la ley N° 21.385, que aprobamos el año pasado, cuyo objeto es privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación para el plebiscito constitucional.

La razón por la cual no era aplicable esta nueva normativa al plebiscito de salida, que, recordemos, será con voto obligatorio, fue una lucha que dimos en su momento cuando discutimos el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019, para incorporar una idea que defendimos en la mesa técnica, que consistía en que en dicha reforma se estableciera que las normas electorales que regirían ese proceso serían las vigentes al 1 de enero del 2020. En consecuencia, no se podía aplicar esta mejora en la ley electoral aprobada el año 2021.

Este proyecto de reforma constitucional, que viene a solucionar ese vacío, permitirá que en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar la propuesta que haga la Convención Constitucional, el resultado tenga total legitimidad, porque además de regir el voto obligatorio también lo hará esta nueva norma, que obliga al Servel a asignar el local de votación más cercano al domicilio del votante para evitar las bochornosas imágenes que se vieron sobre todo en la segunda vuelta de la pasada elección presidencial, con filas de personas esperando transporte público, tanto en las ciudades como en las localidades rurales. Incluso, hubo muchas personas que tuvieron que caminar kilómetros para poder ejercer su derecho a sufragar.

Como muy bien dijo el diputado Longton , no puede ser que el día de la votación el transporte público sea un factor determinante, al punto de influir en el resultado electoral. Se trata de lo que burdamente se ha calificado de manera histórica como el “acarreo”, algo en lo cual los gobiernos de turno tienen, lamentablemente, mucho poder, debido a la forma como asignan el subsidio al transporte público, lo cual es posible apreciar, por ejemplo, en las localidades rurales, pero también en las ciudades.

Quiero agradecer, por intermedio del señor Presidente, a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se sumaron a este proyecto de reforma constitucional. Me refiero a Karol Cariola , Luciano Cruz-Coke , Marcos Ilabaca , Presidente de nuestra comisión, quien, además, lo puso en tabla; Pamela Jiles , René Saffirio y Leonardo Soto . Algunos de ellos dejarán el Congreso Nacional. Por eso quise mencionarlos especialmente.

También quiero agradecer a Patricio Sainz , quien me escribió para plantearme esta inquietud, la que fue muy oportuna; agradezco a los asesores y a las asesoras de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, que nos ayudaron a dar forma a este proyecto de reforma constitucional. También quiero agradecer a la Mesa por ponerlo en votación.

Estoy seguro de que este proyecto de reforma constitucional, que es el último que me correspondió informar como diputado en estos doce años en que los electores de la Región de Coquimbo me otorgaron el honor de representarlos, quienes a partir del 11 de marzo próximo me han conferido el honor de ejercer como senador en representación de la misma región, será aprobado de manera tal que el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución tenga total legitimidad, ya sea que se apruebe o se rechace el texto que emanará de la Convención Constitucional, texto que espero represente a las grandes mayorías nacionales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, el proyecto en discusión, que votaremos en pocos minutos más, tiene que ver con el plebiscito de salida del proceso constituyente. Usted sabe muy bien que todo lo que dice relación con el diseño y creación de una nueva Constitución concluirá con el pronunciamiento del pueblo soberano, a mediados de julio, en el denominado plebiscito constitucional de salida, en el que la gente se va a pronunciar a favor o en contra de la propuesta de una nueva Constitución que emane de la Convención Constitucional.

Repito: lo que está realizando la Convención Constitucional es una propuesta que requiere que voten -la aprueben o la rechacen- todos los chilenos y chilenas en un plebiscito que se realizará a mediados de julio.

Lo que pretende este proyecto de reforma constitucional, promovido por varios parlamentarios de la Comisión de Constitución, liderado por el diputado Matías Walker , acompañado por los diputados Marcos Ilabaca , Luciano Cruz-Coke , Pamela Jiles , quien habla y varios más, es que para el plebiscito de salida la votación de todos los chilenos y chilenas privilegie la cercanía al domicilio del elector en la asignación de los locales de votación. ¿Qué significa eso? Que el Servel organice de tal manera ese plebiscito que los chilenos y chilenas voten en el local más cercano a su domicilio.

Idealmente, tenemos la idea de que puedan ir a votar al lugar más cercano a su domicilio, probablemente a las escuelas que están en los alrededores -a quinientos o setecientos metros-, y, por lo tanto, puedan hacerlo a pie, lo que permitirá un proceso más rápido, de menor costo, sin pagar locomoción. Será una medida que facilitará la participación ciudadana.

No olvidemos que este plebiscito será con voto obligatorio; será la elección más votada de los últimos tiempos, porque participará una gran parte de todos los chilenos que aparecen en los registros electorales. Son más de 11 millones de chilenos.

Por lo tanto, este tipo de medidas, que facilita la asistencia al local de votación más cercano, dará una facilidad enorme para el desarrollo de ese importante evento electoral.

Como socialistas, nos parece que esta decisión que deberá tomar el pueblo en el plebiscito de salida es fundamental para reconstruir nuestra convivencia. Aspiramos a que el proceso constituyente entregue una propuesta de nueva Constitución, que idealmente sea apoyada y aprobada por la inmensa mayoría de los chilenos en este plebiscito, idealmente más de un 80 por ciento. Si eso ocurre, sin duda sería una Constitución que uniría a todos los chilenos; sería, como se ha dicho acá, una casa de todos, de los de izquierda, pero también de los de derecha y de centro; es decir, se pondría en común, en un proceso constituyente, todo lo que une a los chilenos, lo que convocaría un enorme respaldo.

Las diferencias que tenemos, propias de la naturaleza humana -la disputabilidad, la pluralidad de miradas de la sociedad-, no se reflejarían en la Constitución, sino en los proyectos políticos convocados cada cuatro años, en las leyes que se dicten en cada proceso político que nace, que entrarían en disputa en el mismo Congreso Nacional. La Constitución estaría fuera de eso. Por eso requiere de una aprobación mayor, que incluya a los que piensan de una manera, pero también a los que piensan distinto.

Hay algunos que con una mirada chica, corta, dicen: “tenemos que hacer la Constitución nuestra, nada más”. Eso es lo que hizo la dictadura; hizo su propia Constitución. No tiene sentido cambiar una Constitución de derecha, neoliberal, por un Constitución de izquierda.

Necesitamos dar un piso compartido a la convivencia de todos los chilenos, dejando en ella todo lo que nos une y lo que no se discute, y lo que se discute debe dejarse para los procesos electorales cada cuatro años. Así de simple.

Por eso, hoy, en este plebiscito de salida, estamos dando una enorme facilidad para que participen todos los chilenos. La mitad de ellos no participa en los procesos electorales; no participó en la votación del apruebo o rechazo del proceso constituyente por la alta abstención. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de convocar a todos los chilenos a este plebiscito, al ciento por ciento, dándoles facilidades y entregándoles una nueva Constitución que sea el piso compartido para el futuro.

Esa es nuestra idea, nuestro ideal. Por eso, aprobaremos este proyecto de reforma constitucional, para facilitar la votación de todos los chilenos y para aprobar la Constitución de todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, felicito a los diputados y diputadas autores del proyecto, Matías Walker , Karol Cariola , Luciano Cruz-Coke , Marcos Ilabaca , Pamela Jiles , René Saffirio y Leonardo Soto , porque apunta a algo que debió haber sido considerado desde hace mucho tiempo: poner en práctica el artículo 1° de la Constitución, en el sentido de que el Estado asegure el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

En ese contexto, ya sabemos que en distintos procesos electorales mucha gente queda alejada de su lugar de votación, sobre todo quienes viven en localidades rurales, las que deben esperar la única micro del día, a veces en condiciones climáticas complejas, para llegar al local de votación, aun cuando sabemos que en esos lugares la mayor proporción de población, cada vez más, son adultos mayores.

En este sentido, la idea es que siendo un plebiscito de participación obligatoria que ya tiene fecha establecida muy próxima, efectivamente el local de votación al que tengamos que concurrir las y los ciudadanos de nuestro país para emitir la opinión respecto del proyecto constitucional quede lo más cerca posible del domicilio.

En ese contexto, el Servel tendrá que ver cómo hace para que efectivamente los locales de votación estén de acuerdo con las necesidades de la comunidad, y que obligatoriamente sea el local más cercano del lugar donde vive la gente.

Esta ley en proyecto no solo tiene pertinencia, sino, que además, requiere ponerse en práctica con urgencia. Estamos en el primer trámite constitucional; por lo tanto, es imprescindible que hoy las y los diputadas y diputados podamos aprobarlo para que se vaya rápidamente al Senado y tengamos esta, más que señal, respuesta práctica a lo que hoy requiere la ciudadanía en todas las elecciones de aquí en adelante. Aseguremos la opinión ciudadana respecto del proyecto de nueva Constitución, de esta casa común; aseguremos, efectivamente, la opinión mediante el voto de toda la ciudadanía de nuestro país y con todas las facilidades.

No entraré al fondo del proyecto; solo manifiesto mi voto favorable. Ojalá que esta Sala, por unanimidad, apruebe este proyecto, nacido en el seno de esta Corporación. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, esta modificación a las normas de la ley N° 21.385 nace en la Comisión de Gobierno Interior como una forma de acercar a los electores al lugar de votación, de tal forma que el Servicio Electoral tenga que llevar a cabo un proceso para modificar la actual organización para el proceso eleccionario. Lo vimos recientemente en las elecciones. Hay personas que tenemos un domicilio a 15 minutos del lugar de votación, lo que indudablemente afecta, sin lugar a dudas, lo que se requiere para el plebiscito constitucional, que es de carácter obligatorio.

Quiero felicitar a los autores de la iniciativa, en especial a su autor, el diputado Matías Walker . Ahora será responsabilidad del Servicio Electoral, mediante un proceso de georreferenciación, llevar a cabo este proceso, para lo cual también se requiere la entrega de los recursos necesarios para que este proceso se pueda ejecutar lo más pronto posible. No obstante que votar será obligatorio, ¿por qué los ciudadanos, aunque estén en una localidad distinta, podrán votar igual? Porque este proyecto hará el proceso de votación mucho más cercano. Eso va a permitir que en ese plebiscito, que tiene como objetivo entregar al país una Constitución en que todos estemos representados, todos tengamos la posibilidad de tomar una decisión en conciencia respecto de lo que es mejor para nuestro país.

Por lo tanto, con el mayor agrado, vamos a apoyar este proyecto, porque de esa manera la población va a participar. Esperamos que se entreguen los recursos al Servicio Electoral para que lleve adelante este proceso lo más pronto posible -hay varios sectores que son densos en población y no tienen lugares de votación, porque siguen los antiguos-, con el propósito de lograr en este plebiscito la participación que todos esperamos, de manera que sea legalizado y reconocido, sobre todo por la comunidad en general.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Recabo la unanimidad de la Sala para incorporar en el tiempo de votaciones dos proyectos de resolución que tienen que ver con la guerra de Ucrania y Rusia.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, ¿qué tenemos que buscar siempre en democracia? La participación. Mientras más participación exista, más legitimamos la democracia. Este proyecto avanza en ese sentido, para que, ojalá, en esta fiesta de la democracia participe la familia completa.

Se dice que votar es un derecho, pero también es un privilegio -creo yo- poder decidir. Sin embargo, el privilegio no puede ser de algunos privilegiados, porque si sumamos cuánto deben pagar algunas familias para poder trasladarse el día de las votaciones, más de alguna persona dirá: “Yo prefiero comprar un kilo de pan que pagar la movilización para ir a votar”. Es así que no toda la familia puede participar. Por lo tanto, concentrarla en un solo lugar va a facilitar las cosas.

Al respecto, conversé con el personal del Servel en Magallanes, y le pregunté qué opinaba de esto y cuál podía ser su alcance. Me dijeron que tenían un problema, porque el 80 por ciento de los locales de votación se concentran en la zona céntrica de la ciudad. Por lo tanto, tenemos un problema, porque las ciudades han crecido sin un ordenamiento territorial que incluya, por ejemplo, las escuelas y la infraestructura que permita tener locales de votación habilitados en todos los sectores de la comuna.

Por lo tanto, no solo tenemos que avanzar hacia la existencia de locales cercanos al domicilio del elector, sino también habilitar locales cercanos al domicilio del elector. Creo que ahí hay un problema en que el Servel debe trabajar, para que se habiliten, por ejemplo, juntas de vecinos o gimnasios como locales de votación, porque imagino que un problema que pasa en todas las regiones es la concentración en los locales más emblemáticos y más grandes, que están en el centro de la ciudad.

Por lo tanto, así como en pandemia la vida cambió y la forma de hacer negocios o de trabajar se hizo de otra manera -electrónica o telemáticamente-, creo que este proyecto es un primer paso hacia la habilitación de un sistema más moderno, de manera que en el futuro, por ejemplo, así como hay transacciones millonarias que se pueden hacer con seguridad a través de la red, también se pueda tener un sistema alternativo. El hecho de que podamos habilitar nuevas escuelas también me parece fundamental.

Siempre se ha hablado de votación obligatoria o voluntaria, y yo creo que hay un punto intermedio en eso. Tengo un proyecto que tiene que ver con que la votación siga siendo voluntaria, de manera que las personas a las que les da lata hacer la fila para votar igualmente vayan, no a dar una excusa, sino a informar que no van a votar, con el propósito de que en el proceso electoral se pueda economizar, puesto que se arma toda una estructura para que vote una cierta cantidad de personas que no llega a votar.

Creo que son varios los puntos en que hay que seguir trabajando. Este es el primer paso.

Voy a insistir y hacer hincapié en que no hay que solamente estructurar georreferencialmente los locales que están cercanos al domicilio, porque lamentablemente eso no se condice con la realidad. Hay personas que van a tener que seguir trasladándose largas distancias. Lo positivo es que, por ejemplo, una familia que puede votar será concentrada en un local de votación, pero los locales de votación van a seguir siendo lejanos si no se habilitan en los sectores más periurbanos, en donde se están construyendo viviendas o donde han crecido las ciudades, puesto que en esos lugares hoy no existen locales de votación.

Por lo tanto, creo que esa es una materia que se va a simplificar si el Servel lo hace de esa manera, cual es cambiando los locales de votación que hoy existen, porque insisto en que estos no están habilitados en todos los lugares.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, pedí hacer uso de la palabra para apoyar esta moción tan necesaria, sobre todo este año que tenemos un plebiscito de salida en que la ciudadanía tendrá que pronunciarse sobre la nueva Constitución.

Valoro esta iniciativa, principalmente del diputado Matías Walker , que busca fortalecer el ejercicio de la soberanía en la participación electoral en el próximo plebiscito nacional destinado a aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución, puesto que, como sabemos, el voto va a ser de carácter obligatorio y requiere una regulación sumamente precisa para facilitar la participación de alrededor de quince millones de electores.

La moción apunta a resolver el problema generado por la incompatibilidad de los plazos fijados en la actual Constitución para la realización del llamado plebiscito de salida, ya que ese evento se regulará de acuerdo con las normas vigentes hasta el 1 de enero de 2020, pero la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación, es de octubre de 2021, por lo que la reforma constitucional que se promueve apunta a permitir una excepción de carácter extraordinario.

La cantidad de potenciales electores en un plebiscito con voto obligatorio significa una alta complejidad desde el punto de vista de la organización, por lo que si se incorpora el deber del Servicio Electoral de asignar los locales de votación para cada elector de acuerdo con los datos de su residencia, se requiere despachar esta reforma con la mayor celeridad, para que pueda ser implementada y no se vea dificultado el desplazamiento de los votantes.

Sobre la base de esa consideración -si bien se conocieron otras inquietudes del Servel-, se prefirió dar celeridad a la tramitación de este proyecto para asegurar de la mejor manera la participación ciudadana, que debe ser lo más amplia posible para proporcionar la necesaria legitimidad a este proceso, que es muy trascendente y relevante para el futuro de nuestro país.

De hecho, ya se calcula que no habrá tiempo para realizar modificaciones al padrón electoral que puedan surgir de los reclamos de los votantes ni tampoco se podrá alcanzar a aclarar si proceden multas a los extranjeros que no participen en el proceso o a adoptar medidas extraordinarias en caso de que siga presente la pandemia.

De manera que vamos a respaldar este proyecto que adecúa la Constitución al proceso electoral de este año, que va a ser de carácter obligatorio, y que tiene una enorme trascendencia para facilitar que las personas que voten lo hagan en el local de votación más cercano a su domicilio para evitar mayores complicaciones.

He dicho.