Labor Parlamentaria

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.993, con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de Enami pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas de la fundición Ventanas.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 86ª de la presente legislatura, en lunes 17 de octubre de 2022, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Minería y Energía.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, cuando el Presidente de la República anunció, con bombos y platillos en La Moneda, el cierre de la fundición Ventanas , la primera sensación fue que este era un anuncio improvisado de la noche a la mañana y que no se previó lo que iba a ocurrir en la zona, principalmente con los trabajadores y las personas que conviven constantemente con el daño medioambiental que afecta su salud y, por sobre todas las cosas, el daño social que se podría generar.

Esa improvisación carente de planificación es lo que nos dividió y generó las barricadas ese día. El gobierno no puede vivir de señales ni de simbolismos, sino que tiene que planificar, y para hacer aquello tiene que haber una conversación previa con los actores involucrados. Eso no se hizo. Sí destaco que, con el paso del tiempo o de los días, eso se fue morigerando o atenuando.

Es verdad que la fundición Ventanas emite la mayor cantidad de dióxido de azufre en la zona, pero, a pesar de su cierre temporal, los episodios de intoxicación siguieron ocurriendo.

Entonces, ¿es una señal potente el cierre de la fundición? Sí, pero se debe tener en consideración lo que va a pasar con la pequeña y la mediana minería, con los empleos dependientes de Codelco y con los empleos externos.

Esos compromisos tienen que cumplirse. Por eso es tan importante la indicación presentada por la diputada Chiara Barchiesi , porque nos va a permitir ser fiscalizadores de esos compromisos, para que no se los lleve el tiempo, pero a la vez le exigimos al gobierno que se haga cargo de lo que está ocurriendo en la zona con el cordón industrial, porque no se van a acabar. Ojalá que así sea, pero no va a ser así, porque siguen ocurriendo los episodios de contaminación.

Mientras no se regulen los compuestos orgánicos volátiles, mientras no se regule el arsénico, mientras no tengamos una norma de suelo, mientras no tengamos una norma de mar, van a seguir ocurriendo esos episodios. Entonces, tiene que haber una remediación. No puede pensarse que con esto se van a solucionar los problemas que vienen aquejando desde hace más de sesenta años a una zona que ha sido castigada con patologías y daños a la salud permanentes y, sobre todas las cosas, con un medio ambiente que sigue siendo castigado profundamente.

Por lo tanto, esta tiene que ser una de las tantas medidas que se tienen que empezar a ejecutar en la zona.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, ayer escuchaba decir a un colega que esto sería reflejo del famoso modelo neoliberal, ese concepto que le gusta usar a la izquierda. La verdad es que no sé de qué neoliberalismo estamos hablando, en circunstancias de que en esta Sala estamos resolviendo cómo arreglarle su problema a una empresa estatal, un problema que tiene a la pinta y acomodo de ella, sin mayor control respecto de lo que ocurre con sus empleados ni de lo que ocurre con pequeños y medianos mineros que tratan con ella cotidianamente.

Esto, más que de neoliberalismo, tiene cara de ser otro privilegio para los políticos, para las empresas del Estado y para quienes detentan el poder. Lo han dicho también otros colegas: al parecer, están disfrazando como problema ambiental algo que más bien podría ser un problema económico de Codelco, que ya no encontraría tan rentable mantener la fundición Ventanas . Hay muchas dudas respecto de qué es lo que motiva la decisión que se pretende tomar ahora y que tendríamos que confirmar en este Congreso.

A los miembros de esta Cámara de Diputados se nos promete que todos los problemas de orden laboral que podrían surgir con los trabajadores estarían ya resueltos, y que todos los problemas que podrían surgir con los pequeños y medianos mineros que acuden a esta fundición a tratar sus metales también estarían resueltos; sin embargo, no se nos presentan esas soluciones, no las tenemos a la vista, no sabemos absolutamente nada y no existe ninguna garantía bajada al papel, y, como bien sabemos, las palabras muchas veces se las lleva el viento.

Este caso demuestra, una vez más, que son cada vez menos las razones para tener grandes empresas estatales, esas que se encargan de negocios, que a la izquierda les encanta llamar estratégicos, esas que se encargan de funciones económicas que podrían ser desempeñadas por empresas privadas. Si vamos a tener empresas estatales que estarían tercerizando servicios hacia el extranjero, como podría ser el tema de la fundición; si tenemos empresas estatales que no son tan transparentes como quisiéramos respecto de sus obligaciones laborales o de su trato con pequeñas y medianas empresas, no entiendo por qué esta forma de desempeñarse no podría realizarla una empresa privada.

No sé por qué tenemos que tener empresas estatales a las cuales les estemos dando un cheque en blanco para que resuelvan ellas los problemas que puedan surgir con sus trabajadores por el cierre de una planta, para que resuelvan ellas los problemas que puedan surgir con los pequeños y medianos empresarios mineros, que ahora van a tener que ir a fundir a Copiapó.

Entonces, aquí no hay garantías y eso no me deja tranquilo.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto insuficiente, porque no se hace cargo con precisión de las consecuencias para la pequeña y mediana minería; técnicamente deficiente, porque no se tienen los antecedentes mínimos para conocer el impacto en las comunidades de Quintero y Puchuncaví por el plan de cierre con sus etapas, y superficial, porque no aclara cuál es la verdadera contribución de las emisiones de la fundición Ventanas en los episodios de contaminación ocurridos en la zona.

El gobierno ha pretendido transformar un asunto muy concreto y puntual, como darle a Codelco mayor flexibilidad para que cumpla sus compromisos, en un gran hecho político. La exageración desesperada del gobierno por satisfacer el activismo minoritario lo llevó a precipitarse y a anunciar el cierre de la Fundición Ventanas asociándolo a este proyecto, sin considerar los impactos sociales y económicos para Quintero y Puchuncaví . De hecho, aún no logran explicar cómo solo una de las dieciséis empresas instaladas en la zona -Codelco- provoca los episodios de contaminación, mientras que con las otras quince no ocurre nada, a pesar de que también generan emisiones.

Las verdaderas razones del gobierno para impulsar este proyecto van por otro lado. ¿Y cuáles serían estas razones? En los meses pasados, el gobierno asumió el liderazgo y vocería de la fracasada campaña del “apruebo” y fue justamente en esa época cuando lanza esta idea de cerrar la fundición Ventanas , con un anuncio rimbombante del Presidente Boric . La otra razón para deshacerse de esta fundición es económica: 150 millones de dólares mensuales.

También tenemos una nebulosa sobre este proyecto. No conocemos las actas del directorio de Codelco, que han sido solicitadas por varios de los diputados que conformamos la Comisión de Minería y Energía. ¿Qué pasa con el acta del 17 de junio de Codelco?

A eso le agregamos el segundo plano de la ministra de Minería, sin ser sexista, porque se discute el royalty y aparece el Ministerio de Hacienda; se discuten otros proyectos de minería y aparece el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En suma, hay demasiadas dudas sobre este proyecto.

Además, al Ejecutivo se le ocurre renovar una indicación que va en perjuicio de la producción de la pequeña y mediana minería. Por cierto, invito a esta Sala a rechazarla, porque el gobierno no ha entendido que hay que pensar en la gente y no en dar símbolos. Con esto, lo único que hace el gobierno es confundir más al país, que solo pide que se gobierne con claridad y responsabilidad.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señorita BARCHIESI (doña Chiara) .-

Señor Presidente, en todo este tiempo no ha quedado claro si la decisión del cierre de la fundición Ventanas la tomó exclusivamente el directorio de Codelco -de hecho, no transparentaron las actas-; si la adoptó el Ministerio de Minería, quizás con consulta al Ministerio del Medio Ambiente, o si la ministra de Minería se enteró por la prensa, como suele pasarle a parte de la izquierda frente a temas relevantes.

Planteo la inquietud porque, para tomar este tipo de decisiones, no basta con una reunión extraordinaria de directorio y a espaldas de los trabajadores.

Ha sido todo muy nebuloso, más aún cuando no se consideró el legítimo interés de los trabajadores de la fundición Ventanas por preservar su fuente laboral en armonía con la salud y el medio ambiente. Por más de cuatro años los propios trabajadores y sus dirigentes sindicales presentaron su preocupación, acompañada de proyectos serios, con respaldo, para desarrollar una industria más limpia, pero la compañía y el Estado no estuvieron disponibles para ejecutar las intervenciones necesarias.

Quiero contarle al gobierno que, incluso, si este Congreso confirma la materialización del cierre de la fundición Ventanas , más de una docena de industrias contaminantes seguirán operando en Quintero y Puchuncaví, empresas que continuarán contaminando. Por lo tanto, con esta decisión, el problema de los vecinos no se resuelve.

La mayoría de los trabajadores de Codelco Ventanas vive junto a su familia en Quintero y Puchuncaví . Por eso, junto a la necesidad de una producción limpia, desde el primer momento me ha preocupado también la situación laboral de estas personas y de sus familias.

Por eso, me parece necesario terminar con la incertidumbre laboral de los trabajadores de la división, pero dejando claro que este Congreso debe legislar también en atención a las características y emisiones de todas las empresas que operan en el polo industrial QuinteroPuchuncaví.

Nuestra principal preocupación durante la tramitación de este proyecto fue evitar que la decisión de cierre fuera por motivos reputacionales, como se señaló en algún momento, o puramente políticos, y que junto a la preocupación medioambiental se tuviera en cuenta la situación de los trabajadores directos e indirectos y la necesidad de que nuestros recursos naturales se sigan procesando en Chile y no en fundiciones en el extranjero.

Agradezco a los miembros de la Comisión de Minería y Energía, donde participé a propósito de este tema, por haber aprobado mi indicación, correspondiente al artículo segundo transitorio del proyecto, que obliga al gobierno y a Codelco a informar a este Congreso, de manera semestral, los planes de capacitación para los trabajadores de la fundición Ventanas, especialmente su destinación a nuevos puestos laborales al interior de la misma división, junto con las eventuales políticas de incentivo al retiro.

Vamos a estar muy atentos a las actuaciones del gobierno para garantizar que los compromisos asumidos en la comisión y plasmados en este proyecto se cumplan. Además, vamos a estar fiscalizando y preocupados de que las nuevas instalaciones de fundición cumplan con los estándares medioambientales que eviten que el lugar donde se emplace se convierta en una nueva zona de sacrificio.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señor Presidente, me llama la atención que muchos diputados y diputadas, pese a ser parte de la misma comisión, hoy hablan de temas que fueron aclarados por la ministra y por el subsecretario.

Todos hablan de más de catorce empresas que contaminan en el sector. Mi pregunta es qué hizo el gobierno anterior para fiscalizar a esas empresas que contaminan. ¿Qué hicieron, incluso, los mismos parlamentarios con estas empresas que dañan el medio ambiente hasta hoy?

Ayer me escribió por Instagram una vecina que ni siquiera es del distrito que represento, y me invitó justamente a fiscalizar esas empresas que contaminan. Me dijo que por años les ha escrito a muchas autoridades y nadie ha hecho nada.

Hoy nos enfocamos, lógicamente, en Codelco Ventanas, pero ¿qué pasa con las otras empresas?

Por lo tanto, manifiesto aquí mi compromiso con la señora Angélica Rodríguez , quien me escribió, para ir al lugar y conocer qué pasa con esas más de catorce empresas que hoy contaminan.

Además, hubo un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, lo cual fue, incluso, ratificado por el presidente del directorio, Máximo Pacheco . Por eso me llama mucho la atención que diputados y diputadas hablen, muchas veces, desde el desconocimiento, para la galería o para subir a redes sociales sus expresiones, pese a que esto se aclaró muchas veces en la comisión.

Debido a lo acontecido en la fundición Ventanas es que hoy debemos avanzar hacia una transición justa, resguardando que los pequeños y medianos mineros puedan seguir entregando su producción con el poder de compra de la División Ventanas.

La vida y la salud de las personas son lo primero, pero no debemos olvidar que la gente necesita trabajar. Respecto de eso, hubo un acuerdo, como lo planteé.

Además, este período debe ser de una transición justa en la que se resguarden los derechos de los trabajadores y los intereses de la comunidad, conciliando el desarrollo de la División Ventanas de manera íntegra.

Finalmente, quiero manifestar que muchos hablan también de que no se podrá fiscalizar, pero nosotros, como diputados, tenemos ese como principal rol. Entonces, no comprendo cómo muchas veces se dice que aquí uno no podrá fiscalizar lo que suceda con ese proyecto. Eso también es algo que quiero dejar sumamente claro.

Apoyaré este proyecto e iré a fiscalizar las catorce empresas, cosa que no hicieron las autoridades anteriores y que no hizo el gobierno anterior.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señor Presidente, sin duda, nos encontramos discutiendo uno de los problemas más importantes de la minería por décadas.

Hay sindicatos de supervisores, de trabajadores, de operarios rol B, de contratistas, que, desde hace años, décadas, han estado pidiendo, como primera medida para mejorar nuestra productividad y para mejorar nuestros ingresos como país primer productor de cobre en el mundo, que se mejore la capacidad de las fundiciones.

La fundición Caletones en El Teniente hace poco cumplió cien años, sin recibir muchos recursos o mucha inversión. De manera incansable se ha pedido que se invierta en fundiciones, que no regalemos más el concentrado de cobre, que estemos a la altura de ser los primeros productores de cobre en el mundo, pero, aun así, nos hemos visto entrampados en este debate.

Hoy, sin duda, es necesario el cierre de la fundición en una zona de sacrificio; pero ¿cuál es la planificación que se está haciendo para tener en consideración el medio ambiente, la productividad, el trabajo y la responsabilidad social? Eso es lo que hoy no nos queda claro.

Por supuesto, esperábamos, como Poder Legislativo, tener un plan, tener una visión y tener claridad de hacia dónde va nuestro principal recurso, porque si hoy hablamos de empresa estatal ¿tenemos toda la claridad y la certeza de que Codelco es una empresa estatal? El corporativismo ha alejado todas las decisiones, y en la que podemos incidir, como esta, no se nos dan garantías de que la capacidad de fundición se cumpla, se mantenga y, sobre todo, se aumente.

Algunos datos que deberíamos tener en consideración para tener claridad acerca de cuánto será el impacto que tendrá esta medida en los excedentes de Codelco deberían ser los mayores costos asociados por transporte de material, los planes de retiro, la reconversión y el acuerdo con los trabajadores. Hoy, la mayoría de los trabajadores de Codelco son contratistas, y no todos tienen representación. Entonces, en esta discusión nos queda un tremendo vacío.

Sin duda, necesitamos más elementos para poder asegurar que el principal recurso de nuestro país se manejará de buena manera y con estándares internacionales; pero para poder estar a la altura, insisto, nos falta mucha información.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señor Presidente, creo tremendamente positivo que se dé esta discusión, porque, según lo expuesto por varios diputados, hoy se puede ver un gran avance en materia de ir hacia ser un país más desarrollado, con industrialización y con valor agregado en sus productos, dado que, hasta hoy, solo hemos sido exportadores de materias primas.

El aumento del valor agregado permitiría la creación de empleos, lo que solucionaría un gran problema en esta materia que afecta a nuestros habitantes. Pongo el ejemplo del hierro, que, actualmente, se exporta en bruto y a un precio, por ejemplo, de un dólar la tonelada. Pero podríamos darle un punto de valor agregado sobre la base de venderlo como lingote a un precio de cinco dólares la tonelada. Podría hacerse cargo de ello, a lo mejor, una empresa privada, pero si lo hiciera el Estado, este recibiría cinco veces la tributación para el erario nacional. Ese dinero perfectamente podría servir para financiar programas sociales, que es la obligación de todo gobierno con su propia gente, pero teniendo presente que deben generarse más instancias de control y fiscalización, que es gran parte del problema actual.

Avancemos junto a los habitantes de esta nación hacia un verdadero futuro sustentable económicamente, que permita satisfacer las necesidades reales de la gente y mejorar lo que ella quiere que sea mejorado: pensiones, salud, educación, vivienda; que se entreguen soluciones reales a problemas reales.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra. Durante la fría noche del 6 de junio de este año la estación de medición Quintero reportó un peak de emisión de dióxido de azufre correspondiente a un nivel de emergencia, pues superó con creces el umbral máximo: más de cuatro veces la norma primaria de calidad de aire para dicho contaminante. Como consecuencia de ello, a lo menos cincuenta estudiantes de Quintero y veinticinco funcionarios tuvieron síntomas de intoxicación por dióxido de azufre.

Tras poco más de cuatro meses transcurridos desde dicha emergencia, aún no está claro el origen del evento en sí, pero todo apunta a que la fundición Ventanas, al generar el 60 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre, sería la responsable.

No podemos negar el impacto medioambiental que la fundición Ventanas genera en la población cercana, pero tampoco podemos negar su importancia en el empleo en las comunas del sector, razón por la cual diversos sindicatos han planteado su disconformidad con la decisión de cierre que ha tomado la autoridad.

Si bien se han hecho promesas de reconversión laboral para mitigar los efectos de esta decisión, esas promesas no forman parte del proyecto en sí, lo que dificulta su aprobación.

Asimismo, tampoco podemos negar la importancia de la fundición para la pequeña y mediana minería, la cual requiere de esta para dar valor a sus productos y así alcanzar los mercados internacionales.

La decisión de prescindir de la fundación Ventanas no puede ser a costa de la garantía en el acceso, por lo que esperamos que el Ejecutivo no reponga a futuro las normas rechazadas por la comisión técnica que tramitó esta iniciativa.

La inseguridad laboral que enfrentan los trabajadores los hace doblemente víctimas de las emisiones. Por un lado, los enferma y expone a la contaminación, tanto a ellos como a sus familias, y, por otro, el mismo Estado les condiciona su medio de subsistencia en virtud de las mismas consideraciones medioambientales.

Por ello, se me hace difícil votar a favor este proyecto, pero lo haré a la espera de que el apoyo comprometido para los trabajadores afectados se materialice de alguna forma en esta iniciativa, para que sea incluido en una discusión posterior.

No quiero que siga aumentando la cesantía, como está ocurriendo en la Región de La Araucanía y en la provincia de Malleco, a la que pertenece el distrito que represento. Debemos ser conscientes y evitar al máximo que empresas estén cerrando sus puertas, porque, evidentemente, la cesantía va en aumento.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, votaré en contra este proyecto. ¿Sabe por qué lo haré? Porque, a pesar de que en Quintero hay un cordón industrial que involucra a dieciséis industrias, nadie ha hecho una evaluación respecto de la contaminación que causa cada una; o sea, no existe un estudio serio de la situación.

Por otra parte, lo que propone la iniciativa perjudicará aproximadamente a setecientas familias que pertenecen y están arraigadas en la Región de Valparaíso, cuyos integrantes quedarán probablemente sin trabajo. Aun más, se habla de que con 54 millones de dólares el problema de contaminación podría mejorarse significativamente.

Además, Codelco habla de la reconversión de las personas que quedarían desempleadas, pero ya vimos lo que pasó con la reconversión en Lota, donde había muchos peluqueros, pero no tenían a quién cortar el pelo.

Por intermedio del señor Presidente, quiero decir al diputado Videla que las autoridades de Codelco que concurrieron a la comisión de Minería y Energía son, lamentablemente, poco creíbles, debido a la poca consistencia de su exposición, por hablar sin respaldo o porque lo que manifestaron no coincide con lo que han expuesto los sindicatos.

Finalmente, quiero señalar que lamento que en dicha instancia se haya votado en contra la indicación presentada por el diputado Lagomarsino , que tenía por objeto reponer la fundición en la Región de Valparaíso, porque las familias que trabajan hoy en Ventanas, que optaron por vivir en esta región, se merecen seguir viviendo en ella.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra.

La verdad es que después de escuchar la intervención de la ministra y de mis colegas, uno espera tener más certezas que dudas al momento de votar; sin embargo, he quedado con más dudas que certezas.

No tengo certezas de los motivos que justifican el cierre de la fundición Ventanas y creo que más que una decisión ambiental, en definitiva, se está tomando una decisión económica. No tengo certeza tampoco de qué va a ocurrir con los trabajadores. Valoro la indicación de la diputada Chiara Barchiesi que busca hacer un seguimiento del apoyo que se dará a los trabajadores y cómo se va a trabajar con ellos. No tenemos certeza de cómo se va a apoyar a los pequeños mineros ni de los aumentos de los costos de producción que significa el cierre de Ventanas.

De lo único que tenemos certeza -al menos yo la tengoes que el cierre obedece a razones más bien políticas que de otro tipo. Insisto en que se está tratando de tapar una razón económica con razones medioambientales.

Lo que uno espera es menos improvisación y más planificación; menos amateurismo y más profesionalismo, y que las cosas se hagan de una forma más dialogada y conversada. Creo que el Presidente Boric actuó impulsivamente en este tema y ahora nosotros nos vemos enfrentados a tomar una decisión de la cual no tenemos certeza, sino más bien, dudas.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte, correspondiente al boletín N° 15006-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Lorena Fries .

Antecedentes:

-Moción, sesión 27ª de la presente legislatura, en lunes 30 de mayo de 2022. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 72ª de la presente legislatura, en lunes 12 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora FRIES, doña Lorena (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte.

El proyecto se inicia en una moción de los diputados y diputadas Lorena Fries , Mercedes Bulnes , Tomás Hirsch , Jaime Naranjo , Hernán Palma , Lorena Pizarro , Patricio Rosas y Ericka Ñanco .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en la eliminación absoluta de la pena de muerte del ordenamiento jurídico nacional, mediante la modificación o supresión, según corresponda, de las normas que la contemplan en el Código de Justicia Militar.

La Comisión escuchó durante el estudio del proyecto, por los autores de la moción, a la diputada señora Lorena Fries , y a los diputados señores Tomás Hirsch y Hernán Palma . Asimismo, se escuchó al señor Juan Carlos Valdivia , jefe de la División Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional, y a la señora María Ester Torres , jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los autores y autoras de la moción señalan que Chile se encuentra dentro de los pocos países que han abolido la pena de muerte solo en relación con delitos comunes, persistiendo ésta en el Derecho Penal Militar para hechos ocurridos en tiempos de guerra. Consideran que, en un contexto mundial de clara tendencia hacia su abolición, resulta relevante legislar para eliminar por completo esta institución, a través de la modificación o supresión, según corresponda, de las normas legales del Código de Justicia Militar que aún la contemplan.

Precisan que las leyes N° 19.734 y N° 19.804 avanzaron en la abolición de la pena de muerte en Chile, eliminándola del Código Penal, de la Ley sobre Seguridad del Estado, de la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones y de algunos delitos del Código de Justicia Militar. Sin embargo, esta aún se mantiene vigente para delitos militares en tiempos de guerra, justificando su existencia en una supuesta eficacia bélica, por sobre la protección de bienes jurídicos determinados, y contradiciendo la fundamentación de la pena basada en criterios de proporcionalidad entre la pena impuesta y el bien jurídico protegido.

Estiman que, a nivel ético-político, la abolición de la pena de muerte se sustenta en entender que las personas son un fin en sí mismo, por lo que el Estado no puede valerse de ellas para buscar su conservación. Asimismo, dentro de las razones que se esgrimen para abolir la pena de muerte se contempla su carácter irreversible en caso de errores, o en casos en donde existe una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, su nulo efecto disuasivo, su uso en contextos de afectación a los estándares del debido proceso, en donde no se pueden analizar adecuadamente las circunstancias del delito o las personas acusadas antes de condenar, y su carácter discriminatorio, en la medida en que su aplicación suele recaer en mayor medida en personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos, y su uso como herramienta política.

Asimismo, consideran que la mantención de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar se traduce en un incumplimiento desde el Estado de Chile de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en relación con lo señalado en materia de protección del derecho a la vida a partir de lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3 y en relación con su artículo 5), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6), la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 4), en complemento con otros instrumentos internacionales, tales como la Observación General al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Fruto de la discusión en el seno de la comisión, esta aprobó el siguiente proyecto:

Su artículo 1° declara abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra en el Código de Justicia Militar. Por ello, el artículo 2° procede a efectuar todas las adecuaciones necesarias para eliminar dicha pena del texto del Código. A modo de ejemplo, reemplaza en el inciso segundo del artículo 216, el cual enumera las principales penas militares aplicables en conformidad al Código de Justicia Militar, la referencia a la pena de muerte por “presidio militar perpetuo calificado” como la pena más alta.

Asimismo, se modifica el inciso primero del artículo 222, el cual establece que la pena de muerte y las de presidio y reclusión perpetuas llevan consigo la de degradación, reemplazando la referencia a la pena de muerte por “presidio militar perpetuo calificado”.

Se modifica el artículo 223, que hace aplicables las penas accesorias de degradación y destitución, reemplazando la referencia a la pena militar de muerte por “presidio militar perpetuo calificado”.

Se deroga el artículo 240, el cual establece la manera como se ejecutará la pena de muerte. Se deroga el inciso segundo del artículo 241, que establece que si además el condenado a degradación debe ser fusilado, la pena se cumplirá inmediatamente después de la degradación.

Posteriormente, se reemplaza la referencia a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado en numerosos artículos del Código de Justicia Militar.

Tras haber sido aprobado este proyecto por la comisión que represento, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, como se dijo, Chile se encuentra dentro de los pocos países que han abolido la pena de muerte solo en relación con delitos comunes, persistiendo en el derecho penal militar para hechos ocurridos en tiempo de guerra, en un contexto mundial de clara tendencia a su abolición. Resulta relevante legislar para eliminar por completo esta institución a través de la modificación o supresión, según corresponda, de las normas legales del Código de Justicia Militar que aún la contemplan.

La discusión sobre la legitimidad de la pena de muerte tiene un carácter moral, no meramente jurídico, por lo que requiere de una justificación que no solo responda a las circunstancias materiales que se dan en la sociedad o las que determinadas políticas públicas pueden propiciar.

Esta discusión, necesariamente, requiere de una reflexión sobre la condición humana, la vida en sociedad, el sentido de la libertad y el rol que le cabe al Estado como promotor de determinados valores, no solo como árbitro de derechos y libertades o como un mero garante de seguridad.

El reconocimiento del valor absoluto de la protección de la vida, emanado de la dignidad inherente a todo ser humano, hace necesario concluir que no es legítimo que un tercero tenga la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de una persona bajo ninguna circunstancia, menos aún como consecuencia de una sanción penal. El proyecto sustituye esta pena por la pena más alta que contempla el Código de Justicia Militar, resguardando la debida proporcionalidad entre la gravedad de la conducta sancionada y la pena aparejada a ella.

Señor Presidente, finalmente cabe hacer presente que durante la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados se preguntó a los expertos si la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar podría ser, eventualmente, aplicada a civiles. La respuesta fue que para que se aplique a civiles una pena propia de la justicia militar, la persona debe tener la calidad de militar al momento de cometer el delito, por lo que, en realidad, no sería aplicable a civiles.

Voy a votar a favor este proyecto. Pido a los integrantes de la Cámara que hagan lo propio.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, este proyecto de ley refleja de forma muy fiel la desconexión del gobierno y de la ultraizquierda con las urgencias sociales y las verdaderas necesidades de los chilenos. Pregunto a todos los presentes cuándo fue la última vez que se aplicó esta ley. El supuesto es que en tiempos de guerra, o sea, durante la guerra del Pacífico, en caso de que se hubiera aplicado.

Hoy se nos plantea, con urgencia legislativa, derogar la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Ello me resulta incomprensible, pero sí muy conectado con hoy, 18 de octubre. O sea, existe una desconexión absoluta entre las prioridades y las urgencias sociales, y las prioridades políticas.

¿Para qué legislar con tanta urgencia? Algunos lo harán por convicciones, pero otros lo harán para congraciarse con sus tertulianos en algún café parisino o ñuñoíno, o para encontrar alguna peguita en algún organismo internacional.

La verdad es que Chile necesita, de una vez por todas, que este Congreso Nacional haga la pega; que verdaderamente discutamos los problemas que afectan a los chilenos: salud, educación, pensiones, seguridad, y no estar priorizando más proyectos ideológicos. Los gustitos ideológicos de algunos les están costando muy caro a los chilenos.

Espero que de una vez por todas discutamos en este hemiciclo temas que verdaderamente importen y no seguir con estas discusiones bizantinas, porque, al final, perdemos el tiempo y son los chilenos los perjudicados.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señor Presidente, la pena de muerte fue un tema controversial durante las década de los noventa del siglo pasado y la primera década del siglo XXI. Nuestro Código Penal la contempla ante graves hechos criminales, y, en su mérito, se practicaron distintas ejecuciones. Sin embargo, al comienzo de esas décadas se inició, también, una discusión para adecuar los estatutos penales de cada país a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Efectivamente, las declaraciones y tratados más importantes en esta materia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, reconocen como derecho esencial el derecho a la vida y a la integridad, por lo que se mandata a los Estados a respetar y proteger la vida de todas las personas.

De manera evidente, dicho mandato contrastaba con la posibilidad de que el propio Estado, como sanción, quitara la vida a una persona, generándose un proceso que sumó a Chile al conjunto de iniciativas internacionales que buscaban abolir la pena de muerte por ser una forma de abuso y deshumanización.

En 2001, finalmente, se derogó la pena de muerte en Chile. Creemos que esa adecuación legislativa debe hacerse también en el Código de Justicia Militar. Es cierto que la justicia militar es un estatuto especial ideado para ser aplicado especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en tiempos de paz y en tiempos de guerra, pero dicha excepcionalidad no puede llegar a contrariar derechos fundamentales reconocidos a nivel mundial, que son vinculantes para Chile.

En dicha línea, este proyecto prohíbe la aplicación de la pena de muerte en la justicia militar y la reemplaza por la pena de presidio militar perpetuo calificado en todos aquellos delitos incluidos en el Código de Justicia Militar que siguen contemplando la pena de muerte.

Por esos motivos y porque también soy una persona que defiende la vida en todas sus instancias, desde que se está por nacer hasta que se tiene la muerte natural, manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa, que viene a erradicar plenamente la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka) .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los presentes: a los colegas diputados y diputadas, y a los funcionarios de la Corporación.

Los diputados y las diputadas mocionantes de esta iniciativa estamos convencidos de la necesidad de abolir la pena de muerte sin distinciones, lo que hace necesario eliminarla también del Código de Justicia Militar.

En 2001, hace veintiún años, por medio de la ley N° 19.734 se abolió la pena de muerte en el caso de los delitos comunes. Los argumentos que fundamentaron dicha decisión siguen vigentes. El incremento de las penas o el establecimiento de algunas tan graves e irreversibles como la pena de muerte no se traduce en la disminución de la comisión de delitos. Ese argumento lo hemos sostenido firmemente, asumiendo los costos que ello ha significado.

Enfrentar la delincuencia significa mucho más que la mera rigurosidad de la pena. También se debe incluir la readaptación y la reinserción social. Así las cosas, se ha sostenido que la pena de muerte no repara ni beneficia a nadie, lo que nos lleva a la conclusión inevitable de que esta debe ser eliminada de nuestro sistema jurídico.

Durante la tramitación de la referida ley, que eliminó la pena de muerte, también se argumentó que, por la naturaleza de esta sanción, se desprovee al delincuente de cualquier posibilidad de readaptación. ¡Cómo olvidar el conocido caso del Chacal de Nahueltoro, quien, recluido en el penal de Chillán, mientras aguardaba el cumplimiento de su sentencia, aprendió a leer, a escribir y a fabricar guitarras!

Hay varias razones por las cuales debemos aprobar esta iniciativa. La pena de muerte en el contexto de la justicia militar es una pena que, en primer lugar, no se usa; en segundo lugar, no sirve, y, en tercer lugar, no se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos, haciéndose urgente entonces su eliminación.

A continuación, detallaré los siguientes puntos:

En primer lugar, la pena de muerte en el Código de Justicia Militar no es aplicada hace al menos cuarenta años. Sin embargo, que la norma siga existiendo implica la posibilidad real y cierta de que en cualquier momento un tribunal militar aplique esa sanción.

En segundo lugar, esta sanción no sirve para efectos de prevenir la comisión de delitos. En este sentido, un principio ineludible en la materia es que la sanción debe ser proporcional a la gravedad del delito. Solo en aquellos casos en que dicha proporcionalidad se encuentra en la ley y, a su vez, se logra imponer efectivamente en cada caso concreto se produce realmente el efecto intimidatorio que persigue el legislador y que incide en la prevención de los delitos.

Se ha comprobado que la existencia de la pena de muerte en este y en cualquier tipo de delitos no otorga mejores niveles de amparo en la prevención y represión de las conductas delictivas. Entonces, ¿cómo se explica la existencia de la norma que buscamos derogar?

Otro aspecto que resulta fundamentalmente nocivo de la existencia de la pena de muerte tiene que ver con los casos de error judicial, en tanto que, como bien sabemos, la pena de muerte es irreversible.

En tercer lugar, la existencia de la pena de muerte no se adecúa a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, comprometió a todas las naciones signatarias, incluida la nuestra, a no restablecer la pena de muerte cuando hubiera sido abolida y a no extenderla a delitos a los cuales no se aplique actualmente.

Sobre la base de lo anterior, yo le pregunto a esta honorable Sala: ¿cómo es posible que hoy, en pleno 2022, se presenten iniciativas por parte de parlamentarios para restablecer la pena de muerte en nuestro sistema para todo tipo de delitos?

Señoras y señores, hay muchas reflexiones que se abren a propósito de este proyecto de ley. Como recientemente nos dejó en claro el resultado del plebiscito constitucional, si hay algo respecto de lo cual la ciudadanía se pronunció categóricamente, incluso a veces pese a nuestras convicciones, es en relación con la existencia de justicias paralelas.

Pues bien, recordemos que estamos discutiendo la existencia de la pena de muerte en el artículo 240 del Código de Justicia Militar, precisamente, porque existe este sistema de justicia que se circunscribe solo a un segmento de la población.

¿Eso tiene sentido? ¿Acaso no se trata de que no existan diferencias entre los habitantes del país? Si Chile decidió democráticamente en 2001 no ser parte de este oprobioso porcentaje de países que aún mantiene la pena de muerte, ¿por qué el mundo militar quiere seguir con esta práctica inhumana? ¿Qué justifica a estas alturas seguir con este castigo?

Sabemos que en la práctica se trata de una pena de muy difícil aplicación, dadas las condiciones particulares para su cumplimiento, pero el punto no es ese.

La eliminación de la pena de muerte en el caso de la justicia militar es el primer paso para avanzar en una sociedad en donde la cultura de la muerte sea solo una anomalía estadística y no un principio redactado que avergüence a los legisladores.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, creo que la mayoría está por abolir de manera definitiva la pena de muerte, incluso de la justicia militar.

Pero cabe destacar que no podemos igualar una justicia con la otra, porque la pena de muerte en la justicia militar es aplicable solo en ciertos casos. O sea, hay ciertos casos de la justicia militar en que se aplica la pena de muerte. No es para cualquier delito, sino para casos en que normalmente se pone en riesgo la seguridad del Estado, de la nación y de nosotros mismos, por ejemplo, en caso de guerra. Entonces, es recontra importante tener seriedad en esta discusión.

Siento que esta iniciativa es correcta y que, por un lado, confirma los compromisos internacionales que tiene Chile respecto de respetar la vida y de prohibir que el Estado, en el fondo, mate a ciudadanos. Sin embargo, me llama mucho la atención el hecho de que estemos dispuestos a abolir la pena de muerte de una persona como condena, y, al mismo tiempo, toleremos la muerte antes del nacimiento, como ocurre con el aborto. Debemos recordar que hace poco tiempo el gobierno estaba dispuesto a apoyar un proyecto de aborto libre.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 6, ordena a los Estados abolir la pena de muerte, pero no debemos olvidar que en el punto N° 1 de dicho artículo dice lo siguiente: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”.

Entonces, a mí me parece que hay una incongruencia brutal en esta discusión. Me refiero a que la misma norma de derecho internacional que sustenta abolir la pena de muerte y que ha llevado a suscribir distintos protocolos mundiales para erradicar esta pena no es tenida en cuenta a la hora de legislar sobre el aborto y permitir que este sea libre o más amplio que las tres causales que hoy contempla nuestra legislación.

En suma, el mismo pacto tiene dos frases, y hacemos caso a una y hacemos caso omiso a la otra. Creo que debemos terminar nuestras inconsecuencias desde el mundo legislativo. Me parece que es una inconsecuencia evidente, porque nos estamos amparando en los acuerdos internacionales, pero a conveniencia: lo que me gusta lo tomo y lo que no me gusta no lo tomo y parece que no estuviera escrito.

Si bien el punto que aborda este proyecto es positivo y, por lo mismo, lo apoyo, no deja de ser cierto que abre una alternativa a considerar, cual es que tendríamos que discutir estas normas internacionales sobre el aborto también al alero de estos acuerdos internacionales, que, como señalé en un principio, también defienden la vida del que está por nacer.

Es un sueño que nuestro Estado llegue a ser tan congruente y protector que sea capaz de proteger a todas aquellas mujeres que por algún motivo se ven en la desesperación de abortar, de manera que no lo hagan, porque cuentan con redes de apoyo muy potentes.

Me parece inconsecuente que hoy estemos, por un lado, aboliendo la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, y, por otro, estemos haciendo caso omiso a lo que nos indica el mismo tratado internacional.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Manouchehri .

El señor MANOUCHEHRI.-

Señor Presidente, voy a votar en contra de la eliminación de la pena de muerte de nuestro Código de Justicia Militar.

Esta no es una urgencia legislativa, porque esta ley no se aplica desde hace más de 150 años.

Votaré en contra por dos motivos. En primer término, porque considero que en caso de guerra debe existir la posibilidad de aplicar la máxima pena en casos graves, como sedición o traición a la patria. En segundo lugar, lo votaré en contra como una señal simbólica, porque nuestro país -y lo digo con mucha responsabilidadcometió un error al eliminar la pena de muerte para crímenes graves. En nuestro país hemos tenido crímenes de psicópatas que han violado, torturado y luego asesinado a niños y niñas, y esos criminales -lo digo con total responsabilidad y conviccióndebieron ser condenados a pena de muerte.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, la abolición de la pena de muerte es uno de los aportes más significativos de una corriente política de la que soy parte: el liberalismo. Y no hablo de ese liberalismo manoseado, que se limita a una dimensión económica o reduccionista ni tampoco de ese que se reduce solo a batallas identitarias, sino de ese liberalismo que abraza la libertad en su sentido más amplio e integral, en todos los campos de la vida humana.

Y porque creo en la libertad, en la dignidad humana y en la vida, no puedo concebir un Estado democrático que castigue a sus habitantes con la muerte. Ciertamente, lo que digo no es ninguna novedad, ya que, a mediados del siglo XVIII, en un ensayo titulado De los delitos y las penas, un destacado jurista liberal sentó las bases del derecho penal moderno al establecer una idea fundamental: en la medida en que sirvan a su propósito, las penas deben ser tan humanas como sea posible, porque el objetivo de la sanción no es causar daño, sino impedir al delincuente la comisión de nuevos delitos y disuadir a los demás ciudadanos de hacerlo.

Con esta idea se dio un paso para comenzar a abandonar los castigos físicos y la muerte, como sanciones que legítimamente podía imponer el Estado, porque, por terrible que sea el crimen, el gobierno no tiene derecho a azotarte, torturarte o decapitarte.

Aquí no se trata de impedir que la justicia opere. Defiendo el Estado de derecho, y por eso creo que toda persona que comete un delito -en este caso, los militares debe rendir cuenta en juicio y ser castigada por sus actos. Eso no se discute; es más, para despejar toda duda, considero que las personas que han sido dañadas a causa de crímenes terribles, tienen el derecho a ver a los responsables cumplir una pena, pues ese es un acto reparatorio.

Y precisamente porque creo en el Estado de derecho, tengo la convicción de que el Estado no puede tener el derecho de quitar la vida, porque los derechos humanos son válidos para las mejores personas y también para las peores.

Cuando se aplica la pena de muerte, es irreversible y los errores cometidos al decretarla no se pueden remediar. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir.

En definitiva, soy contrario a la pena de muerte en todos sus supuestos, porque la considero atentatoria contra la base más esencial de la vida civilizada y democrática, y porque creo que el Estado nunca debería tener tanto poder como para quitarle la vida a las personas. En un Estado democrático, la pena más grave debe ser la privación de la libertad, con un enfoque en la inserción. Cualquiera otra pena que atente contra la integridad o vida de las personas es más propia de las tiranías y de los autoritarismos que de la democracia, que hoy, más amenazada que nunca, debemos proteger.

Con todo, esta discusión nos permite abordar otra materia, también relevante. Fui contrario a una propuesta de Constitución, rechazada por una mayoría transversal de chilenos, propuesta que, entre otras cosas, establecía diversos sistemas de justicia para distintos grupos de personas.

La reforma a los tribunales militares es una obligación largamente postergada del Estado de Chile, que ya no puede esperar más. Esta reforma es necesaria, tanto para eliminar el indebido proceso existente en ella, asegurando garantías procesales y un juicio justo, como para ofrecer acceso a una justicia imparcial a los afectados por las conductas abusivas de oficiales policiales o militares.

El actual sistema de justicia militar está obsoleto y la existencia de la pena de muerte y el secreto del sumario durante la investigación son prueba de ello.

Porque soy liberal, votaré a favor de eliminar la pena de muerte, pues creo en la vida y en la libertad; porque soy liberal, también votaré para reformar el sistema de los tribunales militares, porque creo en la justicia y en la igualdad, y derogaremos la pena muerte.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes) .-

Señor Presidente, la pena de muerte en el Código de Justicia Militar es el último resabio de este tipo de castigo que queda en nuestro sistema.

Si bien este castigo no se usa en la actualidad, fue usado profusamente en los tiempos de la dictadura militar, especialmente el año 1973, cuando tuvimos consejos de guerra más o menos formales, algunos simplemente inexistentes, que condenaron a muerte a personas.

Este tema debe ser resuelto. Reformar el Código de Justicia Militar y sacar este último resabio de la dictadura es indispensable en nuestra sociedad.

Por eso, estimo que este proyecto es fundamental y debe ser aprobado transversalmente por todos los diputados que participamos en esta legislatura.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, esta es una discusión moral y ética. Moral, porque funde sus raíces en lo que los católicos, los cristianos, creemos como una cuestión civilizatoria: los mandamientos. El segundo mandamiento “No matarás en nombre de Dios” y el quinto mandamiento “No matarás” son fundamentales, por lo menos para la cultura cristiana, y la cultura cristiana fue la que influyó en lo que se llama la “cultura cristiana occidental”, lo que es el derecho romano. Ahí es donde se funde la ética con la moral.

La moral es lo privado y la ética es lo público y, por tanto, a nosotros se nos juzga fundamentalmente, en materia legal, por nuestro comportamiento ético.

Y este es un tema que no puede tener doble lectura ni doble moral. Para algunos es fácil condenar a quienes están a favor de la pena muerte; sin embargo, los mismos están a favor en un caso y no en otro caso. Yo estoy en contra de la pena de muerte y estoy a favor del derecho a la vida. Y en eso estoy clarito. Estoy a favor de la vida del que está por nacer -¡clarito!-, como estoy en contra de la pena de muerte en todas sus formas: militar o civil.

Por eso, no solo apoyaré este proyecto, sino que traté de suscribirlo. Por eso, quiero decir a la diputada Fries que, por esas cosas de la vida, no lo pude firmar.

Pero yo llamo a la coherencia política. El diputado Manouchehri acaba de decir que está en contra de este proyecto. Saludo esa coherencia del diputado; saludo que sea claro en eso. Me gusta eso.

Asimismo, quiero llamar la atención de mis colegas y decirles que, en materia de aborto, estar a favor del aborto –clarito es estar a favor de la pena de muerte, porque estar a favor del aborto es estar a favor de la pena de muerte a un ser que no ha nacido, a una persona que ni siquiera tiene derecho a defenderse.

La pena de muerte es una cuestión no solo contracíclica, sino anticivilizatoria. La civilización nos ha permitido ir entendiéndonos e ir construyendo los llamados estados sociales, los derechos, las libertades públicas y los derechos civiles.

En ese contexto, hemos entendido que el Estado puede ordenar el comportamiento de la sociedad, pero el límite, justamente, tiene que ver con aquellas cuestiones en que creemos, por lo menos quienes tenemos cierta visión cristiana y provenimos de una concepción filosófica cristiana, que el Estado no solo no debe inmiscuirse, sino que no debe entrar. Me refiero a determinar si una persona vive o muere, dependiendo del criterio del juez o dependiendo del criterio del tribunal militar.

Efectivamente, hay delitos o acciones, sobre todo en contexto de guerra, que son gravísimas, y lo que acaba de retratar y relatar el diputado Daniel Manouchehri también es gravísimo, pero, para eso, hay condenas efectivas que deben aplicarse.

Por eso, en el marco de la presente discusión y a propósito de que siempre se habla de la dignidad humana, quiero decir que creo que, más allá del acto cometido, en este caso por un militar, finalmente, aun cuando se haya deshumanizado en su grado máximo, porque matar a una persona o atentar contra muchas personas es deshumanizarse al extremo, a este aún le queda lo que los cristianos creemos: la dignidad.

Sin embargo, insisto en que debemos ser claritos: así como estoy en contra de la pena de muerte, en mi caso, con esa misma coherencia y la que ha tenido el diputado Daniel Manouchehri , estoy en contra del aborto, porque es otra pena de muerte, ni siquiera encubierta, sino directa.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en primer lugar, situemos esta pena de muerte en el contexto que corresponde. Se trata de una pena que se aplica fundamentalmente en tiempos de guerra, es decir, si nuestra nación, probablemente, a través de este Congreso, declara el inicio de hostilidades en contra de una potencia, en ese momento, enemiga.

Bajemos dicha declaración a lo que es en la práctica: significa que nuestros soldados deberán disparar a soldados de otro país, matarlos o tomarlos prisioneros, si es posible. Nos pondremos en una situación en la cual la violencia extrema, con resultado de muerte, está legitimada por el Estado, respecto de personas que, probablemente, sean inocentes, puesto que los soldados, tanto los nuestros como los de la potencia enemiga, seguramente fueron reclutados; es decir, serán personas totalmente inocentes, y les otorgaremos a nuestros soldados no solo la facultad, sino la orden, de defender la patria, venciendo a esos soldados, aplicándoles la fuerza letal, si es posible.

Al mismo tiempo, estaremos dispuestos a decir: “Pero si usted, señor, se acrimina contra su propio país; si usted, señor, es un sedicioso; si usted, señor, traiciona a Chile; si usted, señor, vende los secretos de la defensa al enemigo o abandona su puesto de combate, no le vamos a aplicar la pena de muerte”, a pesar de que a toda nuestra tropa le habremos dicho: “Saben qué más, a los inocentes de enfrente -porque son mandadossí se la podemos aplicar, en el sentido práctico de lo que es el conflicto”.

¿Acaso no es hipocresía, en situación de guerra, eliminar la pena de muerte para aquellos que, desde nuestras propias filas, disparan por la espalda a nuestro Ejército y a nuestras Fuerzas Armadas, en circunstancias de que a aquellos que disparan de frente sí les podemos responder con fuerza letal?

¿No es una hipocresía decir que a los enemigos chilenos los trataremos mejor que a los enemigos extranjeros? Porque esa es la situación en la que se encuentra aquel a quien el Código de Justicia Militar establece que debe aplicarse la pena de muerte.

Entonces, damas y caballeros, situemos esta pena en el contexto que corresponde. Es el contexto de la violación sistemática y masiva que se da en esa situación excepcional que es la guerra: la violación sistemática y masiva de derechos humanos, legitimada, en ese momento, por este Congreso.

Por otro lado, dicha pena se aplica a culpables, no a inocentes, a aquellos que cometen los peores delitos contra la patria que uno puede imaginar y que lo hacen traicionando la confianza que el pueblo de Chile les ha otorgado al darles y ponerlos dentro de un uniforme, traicionando múltiples juramentos. ¿A esas personas las vamos a tratar mejor que al enemigo que viste otro uniforme en tiempos de guerra?

También soy partidario de la pena de muerte para otros delitos, en otras materias. Sin embargo, en esta materia específica, el Estado no tiene la moral para tratar mejor al traidor que al soldado que combate honesta y lealmente, pero viste otro uniforme. No tenemos la moral para decir a nuestros traidores que son mejores que nuestros enemigos, porque no lo son. De hecho, son peores, porque actúan sobre seguros y a nuestras espaldas.

Este Congreso deberá responder, en una situación que esperamos no se produzca nunca, por este cambio legislativo, porque va a producir efectos nefastos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señor Presidente, mientras se desarrollaba la discusión de este proyecto de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, en la Comisión de Constitución poquitos parlamentarios se preguntaron en voz alta por qué estábamos legislando sobre un asunto que no era importante, existiendo tantas otras urgencias que aquejan a la ciudadanía. Puede que tengan razón, pues no es urgente, pero sí es muy importante dar esta señal en un contexto en el que crecientemente se impone la abolición total de este tipo de penas, incluida aquella para tiempos de guerra. Lo han hecho convencidos de que la pena de muerte no contribuye a construir sociedades respetuosas de los seres humanos, de que tampoco disuade de los ilícitos que la consignan y, más aún, de que la pena de muerte no es susceptible de ser revocada en caso de error.

Los países que respetan los derechos humanos han entendido que la pena de muerte trae estigmatización y sufrimiento a los familiares de las víctimas de esta pena y que, finalmente, atenta contra la dignidad misma de los seres humanos.

También es importante abolir definitivamente la pena de muerte, porque, a pesar de que en tiempos de guerra tiene una moratoria que ya es de décadas, sigue estando la posibilidad de usarla, incluso con fines políticos. Recordemos que cientos de chilenas y chilenos fueron ejecutados por decisión de un consejo de guerra formado al fragor del golpe de Estado, durante los primeros meses de la dictadura militar. En algunos casos, se les fusiló antes de conocer la sentencia. Este proyecto también es un gesto de reparación para esas víctimas de la dictadura.

Chile es uno de los pocos países, junto con Brasil, Perú , Israel , Guatemala , El Salvador y Kazajistán , que aún contempla la pena de muerte en su legislación en tiempos de guerra. Es más, el Código de Justicia Militar vigente en Chile entiende que el estado de guerra podría existir de hecho, incluso antes de una declaración oficial de guerra, y no distingue entre guerra externa o interna.

No hay tradición militar que valga para ir contra la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, que aboga por la completa eliminación de la pena de muerte.

Chile, al mantener vigente este castigo, contraviene la gran mayoría de los convenios firmados en esta materia, en la medida en que el paso natural, después de una larga moratoria, es la abolición total, como avalan todas las resoluciones de Naciones Unidas que, desde el 2007, recomiendan moratorias, para luego abolirla.

Por último, es importante en tiempos donde la garantía de no repetición en materia de violaciones de los derechos humanos no está asegurada, en momentos donde voces exaltadas, en apariencia marginales, dentro de este mismo Congreso promueven la pena de muerte como castigo contra la delincuencia, pese a que la experiencia internacional demuestre su nulo efecto disuasivo.

Aprobar este proyecto es un mínimo civilizatorio para nuestra sociedad y para los desafíos que se presentan desde una mirada de seguridad democrática, con respeto a los derechos humanos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada de Renovación Nacional señora María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, debo corregirlo: independiente bajo el toldo no azul de Renovación Nacional.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Muy bien, no hay problema.

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Siento orgullo y gratitud por estar bajo la protección de Renovación Nacional, sobre todo en los tiempos que corren.

Junto con felicitar el proyecto que estamos tratando, así como a todos quienes han hecho uso de la palabra, quiero señalar que lo votaré a favor, porque como buena hija de un campesino español y de una campesina del golfo de Reloncaví, tengo el pragmatismo primitivo de los católicos que creen que la vida la da Dios y la quita Él.

Siempre he estado en contra de la muerte. He escuchado cosas fantásticas; el diputado Kaiser me lleva a acordarme de las clases de fenomenología con el profesor Otto Dörr , pero soy mucho más aterrizada, como buena bajita que soy. Por eso, soy partidaria de abolir también la pena de muerte para los militares.

Sin embargo, también quiero contar que nunca había escuchado tanta psicopatología disociativa como la que he escuchado en esta Cámara. Creí que nunca más me iba a volver a topar con los contenidos del instituto psiquiátrico, que en verdad se sigue llamando Casa de Orates de Nuestra Señora de los Ángeles.

Señalo lo anterior, porque luego de escuchar a la gente de izquierda, como la fantástica defensa que hizo la diputada Ñanco , que fue brillante, uno se pregunta por qué no se contagian con esta maravillosa defensa que se ha hecho por parte de ella y abolen esta cuestión horrenda del aborto libre, que es el asesinato más siniestro que se pueda conocer en el mundo.

Concuerdo plenamente con las personas que dicen que hasta los más desalmados tienen derechos humanos. Sepan ustedes que me lo decía todos los días durante la dictadura para soportar las cosas que uno tenía que escuchar y ver: hasta los desalmados tienen derechos humanos.

Muchas veces, por ahí, por las circunstancias de trabajar en el hospital, me correspondió atender a personas que habían participado -me acuerdo de unoen abusos a los derechos humanos en esa época. Entonces, yo me repetía eso: los desalmados también tienen derechos humanos.

La otra cosa que quiero decir aquí, con intención didáctica, es que uno de los peores crímenes que se han cometido en Chile es la pena de muerte del denominado “Chacal de Nahueltoro”. No sé su nombre; me disculpo con él, que está en otra dimensión, pero el “Chacal de Nahueltoro” jamás debió ser sometido a la pena de muerte.

Él tenía una psicosis, locura o discapacidad psicosocial -para estar con el tono de los tiemposcrónica, provocada por la ingesta precoz y crónica de alcohol; él debió haber sido sobreseído. Y como dijo muy bien la diputada Ñanco , además él tuvo la magia de la rehabilitación y se rehabilitó plenamente.

A quienes andan haciendo gárgaras con la rehabilitación de delincuentes y disociales, les quiero decir que hice un trabajo, atendí como a dos mil delincuentes de la Fundación Paternitas, con el eufemismo que se usaba en ese tiempo: infractores de ley con consumo problemático de alcohol y drogas. “Patos malos, asesinos, drogadictos”, ponía entre paréntesis en mi ficha clínica para no confundirme por si estaba tratando con un lord inglés.

Y, ¿saben ustedes qué porcentaje de rehabilitación tuvo este universo de delincuentes que atendí? Cuatro por ciento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA, don Francisco (Presidente accidental).-

Diputada, el “Chacal de Nahueltoro” se llamaba Jorge Valenzuela Torres .

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, en la Comisión de Constitución discutimos este proyecto de ley. Quiero valorar y agradecer a sus autores, Mercedes Bulnes , Lorena Fries , Tomás Hirsch , Jaime Naranjo , Hernán Palma , Lorena Pizarro , Patricio Rosas y Éricka Ñanco , colegas que han tenido la decisión de llevar adelante la iniciativa. Por más que algunos digan que el proyecto es innecesario, porque la pena de muerte no se aplica, creo que nunca es innecesario avanzar en materias civilizatorias para nuestra humanidad.

Este es un proyecto que indica que Chile se encuentra dentro de los pocos países en el mundo que han abolido la pena de muerte solo en relación con delitos comunes, persistiendo la pena de muerte en el derecho penal militar para hechos ocurridos en tiempos de guerra.

Esto aún se mantiene vigente para delitos militares en tiempos de guerra, justificando su existencia en una supuesta eficacia bélica, por sobre la protección de bienes jurídicos determinados y contradiciendo la fundamentación de la pena basada en criterios de proporcionalidad entre la pena impuesta y el bien jurídico protegido.

Indica, además, que el Código de Justicia Militar no responde actualmente a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y de los estándares propios de los Estados democráticos, pues la disposición objeto del presente proyecto de ley atenta contra el derecho a la vida.

A nivel ético y político, la abolición de la pena de muerte se sustenta en entender que las personas son un fin en sí mismo, por lo que el Estado no puede valerse de ellas para buscar su conservación.

Adicionalmente, el proyecto establece que la abolición de la pena capital operará también como una medida de reparación, toda vez que la pena de muerte para la comisión de delitos en tiempos de guerra fue utilizada con fines de persecución política durante la dictadura cívico-militar en Chile.

Este proyecto de ley es un mínimo civilizatorio no solo para Chile, sino para cualquier país. La pena de muerte tiene un carácter irreversible en casos donde existe una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, además de tener un nulo efecto disuasivo. ¿Por qué? Porque es irreversible.

Su existencia en nuestra legislación para la justicia castrense vulnera numerosos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Por eso, no porque en Chile esté en desuso la ley de pena de muerte vamos a dejar de abolirla como corresponde.

Cumplamos con los tratados internacionales que nosotros mismos como país y como Estado hemos llevado adelante, para que nunca más en Chile puedan utilizarse este tipo de herramientas para vulnerar derechos fundamentales, derechos humanos, con fines de persecución política -repito-, como se hizo en la dictadura cívico-militar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SHUBERT.-

Señor Presidente, estimados colegas, en esta ocasión estamos discutiendo un proyecto de suma relevancia: la eliminación de la pena de muerte que aún permanece en nuestro ordenamiento jurídico a través de la justicia militar.

¡Qué buena noticia! Un proyecto de ley que defiende el derecho inalienable a la vida, que da valor a la dignidad del ser humano; un proyecto que se da cuenta de que la muerte es un proceso irreversible, que no deja margen alguno para enmendar un eventual error judicial, y que, por lo tanto, jamás tendremos el derecho de arrebatarle la vida a ninguna persona.

Un Estado que ejecuta a seres humanos no resuelve los problemas. Por el contrario, amplifica el derramamiento de sangre en su conciencia pública.

En consecuencia, siempre defenderé la vida en esta Corporación; y no solo la vida de algunos, sino de todos nuestros compatriotas, sin importar su condición social, económica, religiosa, de salud, política o cultural. Todas las vidas merecen ser resguardadas por la legislación de nuestra república. Por eso, y sin ninguna duda, apoyaré este proyecto, iniciado en moción.

Dicho lo anterior, quiero pedir que el mismo criterio que fundamenta el presente proyecto de ley, que señala que las personas son un fin en sí mismo, sea aplicado también para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Quiénes? Los niños que están por nacer, porque, como lo afirma el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo cuarto, inciso primero, ellos también tienen el derecho a ser protegidos por la ley.

Es por esto que el aborto es un crimen que atenta contra lo más profundo de la dignidad humana. Ni nosotros ni nadie tiene el derecho de tomar arbitrariamente la vida de un ser humano. Por ello, pido coherencia a esta Corporación: o defendemos la vida siempre o somos arbitrarios en nuestros criterios para determinar quién merecería vivir y quién no.

¿Por qué no respetar a los millones de seres humanos que tanto bien podrían hacer por el mundo de los adultos si tan solo los dejáramos vivir? ¿Acaso no podría decirse que una inyección letal, o la decapitación, o quemar viva a una persona podría llamarse también interrupción de la vida?

Cuando se provoca el aborto de un ser humano, este es sentenciado a una pena de muerte. También se quema, descuartiza o mutila al niño por nacer para poder abortarlo.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Diputado, le pido que, por favor, se refiera al texto del proyecto que estamos discutiendo.

Gracias.

El señor SCHUBERT.-

Sí. Termino enseguida.

Pero peor aún, señor Presidente, ya que sin haber tenido la posibilidad de desarrollar su vida humana y sin haber cometido crimen alguno, al inocente que está por nacer se le condena al paredón en el vientre.

Muchos de los que promueven políticas de aborto libre se autodenominan progresistas, se ufanan de ser defensores de las libertades y del respeto a la diversidad, pero no son capaces de respetar un derecho humano fundamental, cual es el derecho a la vida.

Y aquí termino, porque la sociedad civil…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Diputado, lo llamo al orden. Le señalé que tiene que referirse al texto del proyecto de ley.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor SCHUBERT.-

Sí. Termino, señor Presidente.

La sociedad civil luchó por cincuenta años en Estados Unidos para lograr anular la sentencia que permitía también quitar vidas…

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Sus señorías, les pido, por favor, guardar silencio.

La Mesa se ha pronunciado al respecto. Aquí no se trata de establecer con gritos alguna condición distinta.

Puede continuar, diputado.

El señor SCHUBERT.-

Gracias.

La sociedad civil luchó en Estados Unidos por cincuenta años para lograr anular una sentencia de muerte.

Aquí también nosotros, hasta que sea necesario, vamos a seguir levantando nuestra voz para defender la vida siempre.

Por eso, apoyaré este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señor Presidente, primero que todo, es una cosa cómica cómo la derecha habla cuestionando algo que recién defendía haciendo gárgaras: el derecho a la vida. O sea, es una cosa impresionante.

Perdón -por su intermedio, Presidente-, el diputado Araya dice: “Preocupémonos de cosas importantes y no de gustitos ideológicos”. ¡Qué es más ideológico que optar por relativizar el derecho a la vida en la Cámara de Diputadas y Diputados de nuestro país!

Las diputadas Ossandón y Cordero , y el diputado Schubert -por su intermedio, Presidente hablan sobre el aborto equiparándolo con la abolición de la pena de muerte en la justicia militar. O sea, realmente les gusta más el feto hasta que nace gay, hasta que nace pobre, hasta que nace mujer y, ahora, hasta que nace militar. Ahí ya no les gusta tanto el derecho a la vida.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Diputada, le pido que se refiera, en las mismas condiciones, al tenor del proyecto.

-Manifestaciones en la Sala.

-Aplausos.

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Todos los días en este Congreso se pone en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes. Por un sistema desigual y violento que los sectores de enfrente legitiman, todos los días se está matando a personas, a gente inocente.

Y ahora cuestionan…

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Diputada, la llamo al orden. Le reitero que, por favor, se refiera al texto del proyecto.

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Bueno, lo voy a decir muy brevemente.

Me parece insólito que cuestionen que se vaya a abolir la pena de muerte en la justicia militar. O sea, definitivamente, no les gusta ni siquiera que vivan los militares. Es una cosa impresionante.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en la Sala.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, en primer lugar, estamos frente a un proyecto que vivió una travesía milagrosa, porque fue presentado en mayo de este año y después de tres meses lo estamos discutiendo en Sala. Esto, en el corto tiempo que llevo como diputado, no me había tocado.

¿Qué pasó? Que el gobierno le puso suma urgencia a este proyecto, pese a que existen más de cuarenta proyectos de ley de seguridad pública que están durmiendo el sueño de los justos en este Congreso. ¿Esas son las prioridades de este gobierno?

No digo que esta materia no sea importante. Estoy de acuerdo en abolir la pena de muerte, sobre todo como se hizo en Chile para delitos cometidos por civiles. Tengo mis dudas en materia de delitos militares.

Pero me voy a centrar en otro tema.

Recién se hablaba de que en este tema había una comicidad de este lado de la Cámara. Otra diputada mencionó que este proyecto para abolir la pena de muerte humanizaba a una sociedad y la hacía más civil, más civilizatoria; y tiene razón.

Curiosamente, quienes dijeron eso van a Cuba, donde existe la pena de muerte para el delito de traición a la patria para civiles. ¡Eso sí que es cómico! Van a rendirle pleitesía a esa dictadura comunista, donde se aplica la pena de muerte para un delito como es el de traición a la patria para civiles. Eso, para mí, refleja el mayor acto humorístico de esta Cámara.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, la pena de muerte es la máxima expresión de deshumanización de las personas. El hecho de que un Estado decida la eliminación de una vida es simplemente incomprensible en el siglo XXI, sean las circunstancias que sean, ya que esto no se puede relativizar, no importando la razón que se quiera esgrimir.

Las conductas más graves y más reprochables que se pueden cometer deben ser sancionadas, y puede ser con las penas más duras, privando la libertad de movilización de una persona, pero jamás quitando la vida.

Los humanistas creemos que, a diferencia de otras especies, el ser humano es intención, es reflexión, es proyecto, es acción, es proceso, es historia, es cambio, es aprendizaje; en suma, es evolución.

Para el humanismo, la no violencia activa es uno de nuestros principios fundamentales, y la lucha contra toda forma de violencia es una de nuestras causas más preciadas. Es por eso que por años nos movilizamos por el fin de la pena de muerte en Chile. Lo logramos como sociedad, pero todavía queda un resabio prehistórico en la justicia militar.

La pena de muerte, además de ineficiente, es inmoral, porque niega lo esencial del ser humano al suprimir la posibilidad de su consciente transformación.

Si lo vemos en términos procesales de la evolución de un ser humano, el hecho de que el Estado elimine una vida impide irremisiblemente todas sus posibilidades de reivindicación futura, tanto personales como sociales; por ende, es creer que el sentenciado es incapaz de transformar su comportamiento y que siempre reincidirá en actos delictivos.

Por otro lado, si lo vemos en términos estrictamente de derecho, la pena de muerte tampoco tiene una justificación jurídica, dada su probada ineficacia como mecanismo de control social, lo que la convierte en una venganza.

Además, si se tiene en consideración que quitar la vida a otro ser humano es un acto irreparable, se debe también tomar en cuenta que la pena de muerte no considera el siguiente hecho esencial: el sistema judicial puede cometer y comete errores. Esta sanción máxima, al ser irreversible, impide la rectificación del error.

Repitamos que todos estos argumentos son secundarios frente a lo dicho al comienzo: la pena de muerte es la máxima expresión de deshumanización de las personas; la pena de muerte es inmoral, porque niega lo esencial del ser humano al suprimir la posibilidad de su consciente transformación.

Es por ello que hoy, en un día muy especial para nuestro país, cuando lamentablemente debemos recordar la muerte de decenas de jóvenes asesinados, celebramos que se elimine el último supuesto normativo de pena de muerte de nuestro sistema jurídico.

Llamo a votar a favor de este proyecto, ojalá por unanimidad, para que la pena capital, la pena de muerte, sea solo un triste recuerdo y no una realidad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera.

El señor DE LA CARRERA.-

Señor Presidente, este es otro proyecto binarie, confuso, mediante el cual la izquierda pide derogar la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, pero no tiene ningún problema en apoyar el asesinato de fetos, de guaguas no nacidas que están en el vientre de una mujer.

Es también binarie, confuso, ya que en todos los países en que la extrema izquierda apoya el comunismo se mata a diario a civiles inocentes.

Me parece extraño que este gobierno le haya puesto suma urgencia a este proyecto, cuando en Chile tenemos otras prioridades. Hace más de 100 años que no participamos en una guerra y hace más de 40 años que no tenemos peligro de guerra.

Es una ley totalmente en desuso, pero para el gobierno es una prioridad y por tanto califica el proyecto con suma urgencia. En consecuencia, es mucho más importante que temas como las pensiones, la educación, la salud, la desigualdad, la inmigración ilegal, el narcotráfico y la situación de los adultos mayores. Todos esos temas son postergados porque al gobierno le interesaba ponerle suma urgencia a la derogación de la pena de muerte en la justicia militar.

Siempre he sido una persona que ha estado a favor de la vida, pero no puede ser aceptable que quienes están enfrente en este hemiciclo, que a ratos están con la muerte y a ratos con la vida, nos quieran confundir con otro proyecto binarie.

Los chilenos necesitan que el Presidente Boric gobierne para que solucione los problemas reales de la gente. Me siento avergonzado de estar en un hemiciclo en que se trata con suma urgencia un proyecto que no le cambiará la vida a ninguna de las personas que hoy están sufriendo con la inflación, con el desempleo, con la marginalidad y con los abusos, como, por ejemplo, el plan Buen Vivir del gobierno.

¿Qué les decimos a los chilenos? Que, en el caso del plan Buen Vivir del gobierno, el 75 por ciento de esos recursos se destinan al buen vivir de los amigos del Presidente de la República.

¡El 75 por ciento de los recursos que se asignaron al plan Buen Vivir se van en sueldos para los amigos del Presidente!

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Diputado, le solicito que se refiera al tenor del proyecto.

El señor DE LA CARRERA.-

Por lo tanto, refiriéndome a esta iniciativa, encuentro el colmo que estemos tratando un proyecto absolutamente fuera de foco, fuera de tiempo, mientras postergamos la solución de las necesidades de todos los chilenos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, como diputado del Partido Humanista quiero decir que la pena de muerte está en retroceso a nivel mundial, y existen suficientes argumentos para no validarla.

En primer lugar, no subsana el crimen cometido contra las personas que fueron violentadas. En segundo lugar, convierte en asesino a quien lo ejecuta y valida socialmente la comisión de un crimen. Vale la pena mencionar que quienes se pronuncian en contra del aborto, en el caso de mujeres que han sido violentadas sexualmente, paradojalmente, han validado crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ni siquiera para quienes han cometido esos crímenes hemos deseado la pena de muerte. Esas personas gozan del penal de Punta Peuco.

Es curioso que gente que se dice cristiana -fe que no necesariamente tengo que confesar predique el quinto mandamiento, “no matarás”, y sin embargo, avala que alguien mate a otro ser humano.

Tal como lo mencionó la diputada Cordero , efectivamente, en muchos casos hay sicopatologías de fondo, que no son leídas debidamente a la hora de imponer la condena. En Chile, es muy recordado el caso de Jorge Valenzuela Torres, conocido como Chacal de Nahueltoro, quien finalmente fue ejecutado, tras años de rehabilitación.

Además, hay que considerar que se trata de una pena irreversible, porque una vez que se ejecuta no se puede revertir, aunque se determine que el Estado se equivocó.

En algunos países existen contradicciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay Estados en que la pena de muerte no está permitida y otros en los que sí lo está. Así, año tras año, hay cientos de personas que esperan en el pasadizo de la muerte.

Se comete todo tipo de brutalidades, como la electrocución en la silla eléctrica. A los primeros ejecutados, con los experimentos de Thomas Alva Edison , les salía humo de la cabeza y aún así no morían.

El cumplimiento de esta pena hace que las personas que la ejecutan se sientan culpables. En Chile, uno de los fusileros llevaba su arma solo cargada con salvas, de modo que a todos les quedaba la duda de que quizás no mataron a esa persona.

En ocasiones, cuando el ejecutado no moría de inmediato, el oficial que dirigía el pelotón de fusilamiento debía ejecutarlo con un tiro en la nuca. Muchas veces se incluía en la ejecución de la pena a un pobre sacerdote, quien debía hacerse cómplice del hecho y bendecir a las personas que ejecutaban y al ejecutado.

Tal como dije hace un momento, es curiosa la contradicción entre sancionar el aborto de una mujer violentada sexualmente, validar delitos de lesa humanidad y estar a favor de la ejecución de la pena de muerte.

Hace un tiempo, una diputada de la república me puso en un ajustado problema, cuando dijo que estaba a favor de la pena de muerte en aquellos casos en los que niños habían sido asesinados. Lo voy a decir de una vez por todas: ella se decía humanista, pero de humanista no tiene nada.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, la iniciativa que nos convoca, se mire por donde se mire, parte de una contradicción que nace desde la ideología de la mayoría de los integrantes de la Comisión que la abordó.

Es contradictorio que se preocupen por eliminar la pena de muerte del Código de Justicia Militar en el marco de un eventual conflicto bélico externo, caso altísimamente improbable, que hoy se encuentra solo en el ámbito de la ficción.

La contradicción queda expuesta cuando, al mismo tiempo, patrocinan y respaldan la pena de muerte para esos seres indefensos que están por nacer.

Es igualmente contradictorio que los mismos que piden eliminar la pena de muerte, solo aplicable en el fuero militar, en caso de una guerra externa inimaginable, al mismo tiempo, respalden, defiendan o apoyen, directa o solapadamente, a grupos que siembran el terror y la muerte en La Araucanía. Es supercontradictorio que ninguno de ellos se haya manifestado alguna vez para condenar, sin tibiezas, el asesinato de carabineros a manos de la delincuencia, del narcotráfico o del terrorismo, y que tampoco hayan apoyado a las víctimas de esos flagelos.

Hemos sido elegidos representantes de nuestros distritos para atender urgencias, mejorar la calidad de vida, generar tranquilidad, pero ¿qué hacemos? Imaginar una posible guerra y destinar horas y horas de trabajo para cambiar una ley militar.

Los chilenos víctimas de la delincuencia no imaginan que pueden ser víctimas; ¡son víctimas! Las familias que ven caer a sus hijos en manos de narcotraficantes tampoco lo imaginan, y quienes viven aterrorizados en La Araucanía no imaginan haber perdido familiares quemados vivos o perder todo por atentados terroristas.

La vida es mucho más que cualquier ideología. Yo defiendo la vida, y por eso voto a favor. Reitero: la vida es vida, y no existen las vidas a medias, ni vidas más importantes que otras.

Defender la vida depende también de que este gobierno gobierne, y que nosotros -los parlamentariostrabajemos de sol a sol en el Congreso Nacional en temas relevantes, en temas que afectan la calidad de vida de los chilenos, para entregarles la certeza de que la vida volverá a ser normal, y eso va mucho más allá que cualquiera ideología.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, estaba en serias dudas sobre si intervenir o no en la discusión de este proyecto.

Recuerdo que cuando se eliminó la pena de muerte de la legislación común, quien habla estudiaba en la Universidad de Concepción. De hecho, formaba parte de un grupo que, justamente, pretendía abolir la pena de muerte en la legislación chilena, lo que finalmente se concretó. Solo quedó pendiente en este tipo de situaciones. El argumento que se señalaba para no abolirla era que siempre debía estar presente, para que el delincuente, la persona infractora, supiera que sobre su actuar pendía el riesgo de perder la vida producto de su acción. Desde esa época que no existe la pena de muerte en nuestra legislación, salvo en lo relativo a la materia en debate.

En aquella época el nivel de delincuencia en nuestro país aumentó en forma insospechada. Ese era el argumento que se esgrimía para establecer la pena de muerte, a pesar de que se debía cumplir una rigurosa tramitación para que finalmente se impusiera. De hecho, en Chile la imposición de la pena de muerte ha sido bastante excepcional, a pesar de que los casos en que se ha aplicado son bastante atroces.

Por ello, cuando se discute sobre este tipo de cosas, uno siente una responsabilidad tremenda, primero, porque uno defiende la vida en toda su expresión, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural, pero también hay que ver el contexto en que ocurre este tipo de situaciones.

Reitero que tenía serias dudas sobre intervenir en esta discusión, pero quería expresar lo que en algún momento pensé sobre la pena de muerte. Pensaba que no había que establecerla, pero las consecuencias que fue generando su no existencia ha hecho que la delincuencia haya aumentado en Chile.

Todos saben que yo vivo en la Región de La Araucanía, donde el nivel de delincuencia ha llegado a límites insospechados hace diez, quince o veinte años. Lo que ocurre hoy en nuestro país puede seguir avanzando. Por lo tanto, cuando se discute este tipo de cosas y se elimina la posibilidad de que se establezca, quizá muy excepcionalmente, la pena de muerte, queda abierta la posibilidad de que el delincuente sepa que, por muy graves que sean los actos que cometa, nunca le será aplicada la pena capital.

Todavía no tengo bien definido cómo votaré esta materia, pero quería contar mi experiencia. Reitero que estuve siempre en contra de la pena de muerte y trabajé para que ella se aboliera, al menos en lo que a la legislación común se refiere; sin embargo, hoy tengo serias dudas respecto de este asunto. Me preocupa el efecto de lo que sucede a diario sobre la sana convivencia en nuestro país y la vida que deben desarrollar nuestros ciudadanos en todas sus actividades normales. Hoy, cualquiera puede matar a una persona, a su familia y destruir todo lo que tiene. Quien comete esos delitos sabe que nunca le van a aplicar la pena de muerte; a lo mucho será sentenciado a cadena perpetua. Finalmente, será el Estado y todos los chilenos los que debamos solventarle su estadía, su comida y su cama. Puede que todo ello se encuentre en malas condiciones, pero nunca esa persona correrá el riesgo de perder la vida.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, se está haciendo costumbre ver cómo aumenta la comisión de diversos delitos de alta connotación social.

Se ha hablado mucho en esta Sala, no solo en esta sesión y respecto de este proyecto de ley, sino que en otras oportunidades y en relación con otras iniciativas, sobre la necesidad de avanzar en un acuerdo para mejorar la situación de seguridad en nuestras calles, colegios, micros y trayectos.

Uno se pregunta cómo este proyecto de ley, que, como bien señaló el diputado Benavente , ha sido tramitado en tiempo récord, con una urgencia que llama profundamente la atención, podría mejorar en algo la vida actual de nuestros compatriotas. Hay quienes hoy consideran que esto es un asunto prioritario. Me pregunto cómo esas personas les explicarán a sus vecinos que la abolición de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar no afectará a los que hacen encerronas en las carreteras, no afectará a los que violentan a nuestros carabineros, no afectará a quienes cometen crímenes contra las mujeres o contra los niños, no afectará a ninguno de los criminales que hoy deberíamos estar persiguiendo. Sin embargo, hemos dedicado horas para discutir la iniciativa en la comisión técnica y más de una hora en esta Sala.

Quiero decirles a los chilenos que probablemente este proyecto de ley se vaya a aprobar, pero también quiero decirles que no les va a cambiar en absolutamente nada la vida; van a seguir esperando que en algún momento alguien se apiade y empecemos a legislar proyectos que de verdad mejoren la situación de seguridad.

El diputado Gonzalo de la Carrera decía que se avergonzaba; yo también me avergüenzo de que estemos discutiendo estas cosas, que no son prioridad para los chilenos, pero que sí son prioridad política para algunos.

Desafortunadamente, hoy estamos gobernados por las prioridades de los políticos, y las urgencias sociales están en el fondo del último cajón.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señor Presidente, los que estamos acá, la gente que nos está escuchando, ¿cree que estos son los proyectos que les importan a los chilenos? Hace muchas décadas que esta legislación no se aplica. Muchos de ustedes saben que esto no es prioridad.

Por lo tanto, hago un llamado al gobierno de Chile a darle urgencia a proyectos que defiendan la vida de los chilenos víctimas del narcotráfico, el que está matando a nuestros niños y jóvenes en las calles y en las poblaciones; a proyectos que vayan en ayuda de quienes no pueden acceder a una salud digna -son miles los chilenos que se encuentran en listas de espera, muriendo en los pasillos de los centros asistenciales por no tener los recursos para salir adelante-; a proyectos que defiendan a las víctimas de la delincuencia, la que día a día mata a cientos de chilenos.

Las prioridades de los chilenos no son estas. Tuvimos un estallido social, que se celebra hoy 18 de octubre, por no saber escuchar las demandas de la gente. Parece que no hemos aprendido la lección.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares y entregarlo a la justicia ordinaria, correspondiente al boletín N° 12519-02.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Jorge Brito .

-Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 76ª de la presente legislatura, en lunes 26 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 16.

-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 87ª de la legislatura 368ª, miércoles 14 de octubre de 2020, ocasión en que se rindió el primer informe de la Defensa Nacional.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Jorge Brito , rinde el segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional el diputado Miguel Ángel Becker .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor BECKER (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Defensa Nacional, vengo en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares y entregarlo a la justicia ordinaria, iniciado en moción de los diputados Jorge Brito , Patricio Rosas , y de los entonces diputados señora Maya Fernández y señores Mario Desbordes , Francisco Eguiguren , Manuel Matta , José Pérez , Guillermo Teillier , Jaime Tohá y Matías Walker .

La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2020, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley, con todas las indicaciones cursadas durante la tramitación, fue remitido a esta comisión para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante la sesión celebrada el 6 de septiembre del presente año.

Previo a la discusión particular, la comisión escuchó las opiniones del auditor general del Ejército, general de brigada Eduardo Rosso ; del auditor general de la Armada, contraalmirante Cristián Araya ; del auditor general de la Fuerza Aérea, general de brigada aérea Francisco Costa , y del abogado del estudio jurídico Caucoto Abogados y miembro del Observatorio de Justicia Transicional, de la Universidad Diego Portales, señor Francisco Ugás Tapia .

Durante la discusión particular, vuestra comisión aprobó las siguientes indicaciones:

En primer lugar, una indicación del diputado señor Francisco Undurraga , para agregar en el artículo único un número 1, nuevo, cuyo objeto es excluir de la jurisdicción militar a los civiles que cometen delitos contra la soberanía del Estado y su seguridad exterior o interior, manteniendo dentro de la jurisdicción militar sobre estos delitos solo los militares, ya sea que contemple el Código de Justicia Militar o las leyes especiales.

En segundo lugar, se aprobó una indicación del diputado señor Francisco Undurraga , cuyo sentido es establecer que corresponderá siempre a los tribunales ordinarios con competencia en lo penal el conocimiento y juzgamiento de los delitos que no sean exclusivamente cometidos por militares, incluso respecto de otros militares, sean estos personas naturales o personas jurídicas, reparticiones o dependencias de las instituciones armadas.

En tercer lugar, se aprobó una indicación del entonces diputado señor Marcelo Schilling , cuyo contenido son adecuaciones formales como consecuencia de las indicaciones anteriormente aprobadas.

En cuarto lugar, se aprobó una indicación del diputado señor Francisco Undurraga , cuyo objeto es precisar los conceptos en torno al órgano que ejerce jurisdicción, en el sentido de que no se trata de un juzgado, sino de un tribunal.

Finalmente, se aprobó la indicación de su excelencia el Presidente de la República, cuya finalidad es precisar que las disposiciones de la presente ley en proyecto solo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, qué buen ejercicio es estar discutiendo este tema en una fecha como esta y hablar de delitos cometidos por militares.

Solicito que este debate tenga la altura que requiere, porque no estamos disponibles para escuchar en esta Cámara de Diputados insultos, indirectas, emplazamientos de odio ni diagnósticos psiquiátricos o de salud mental. Creo que nuestro Congreso merece mucho más y la gente también.

Chile, que aspira a reparar, avanzar y otorgar justicia a quienes fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, debe preguntarse si es conveniente que los militares sean procesados y juzgados en tribunales militares cuando comenten delitos comunes.

Como se ha dicho, la existencia de la justicia militar mantiene una situación de privilegio por parte de un aparato del Estado que debiera regirse por las mismas normas que toda la ciudadanía. Por ello, somos de la idea de que este privilegio deba ser suprimido. Sin embargo, sabemos que este es un proceso largo y que en el camino debemos ir adecuando nuestra legislación a la normativa internacional. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace diecisiete años, condenó a nuestro país en el caso Palamara Iribarne versus Chile. La sentencia dictada ese año -el 2005-, cuyo cumplimiento íntegro continúa pendiente, señala que Chile debería adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales en materia de derechos humanos sobre jurisdicción penal militar. La corte estimó que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar esta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo.

En este sentido, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ha verificado que nuestra legislación viola obligaciones internacionales de Estado, en cuanto carece de garantías básicas en materia de independencia, imparcialidad y debido proceso; además, por conocer causas que exceden la competencia estricta y de función que corresponden a estos tribunales militares.

Este proyecto de ley es un avance. Sin embargo, observamos con preocupación lo que ocurre en los casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridos tanto en la dictadura como en la revuelta del año 2019 -fecha que hoy estamos conmemorando-, puesto que por la aplicación del artículo 137 de la justicia militar, carabineros y militares cumplen prisión preventiva en regimientos y cuarteles, situación que es claramente una aplicación de jurisdicción penal militar en delitos cometidos en contra de personas civiles, como es el caso del Regimiento de Infantería N° 21, de Coquimbo.

Así, vemos que las familias, como en el caso de la madre de Romario Veloz, que hace más de dos años que no tiene ningún tipo de justicia al respecto, y en los casos de las personas que sufrieron, lamentablemente, violaciones a los derechos humanos, siguen sin ningún tipo de avance. El hecho de que las prisiones preventivas se realicen en esos espacios es un privilegio. Por eso, vemos con preocupación este tipo de actos.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, aceptando que existen obligaciones internacionales respecto de la aplicación de la justicia militar en Chile, no hay que olvidar una cosa: el bien jurídico protegido en el caso de los delitos que son cometidos por militares no es la propiedad e, incluso, no es la vida, sino que es la disciplina militar.

En el XXVI Congreso del Partido Comunista, realizado el 2020, se establecen una serie de normas o aproximaciones para lo que va a ser su política respecto de las Fuerzas Armadas: la infiltración, la toma de control de sus procesos educativos y la democratización de las Fuerzas Armadas, como lo han planteado.

Entre esos objetivos está el hecho de sacar de la justicia militar este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque eso va debilitando la disciplina militar y la capacidad de las Fuerzas Armadas de mantenerse en orden. No hay que olvidar cuál es el objetivo final de esto: utilizar a las Fuerzas Armadas en algún momento en el futuro para sus propios objetivos.

Damas y caballeros, aquí había dos caminos para solucionar este problema específico procesal de los delitos militares. Uno de ellos era reformar la justicia militar para que entregase las garantías mínimas de debido proceso. Ese camino no se siguió. A cambio se trasladan los delitos a la justicia civil, incluso, aquellos delitos que tienen doble connotación, es decir, disciplinario y contra la propiedad o que sean de carácter civil. ¿Por qué? Porque aquí existe una intencionalidad, que no puede quedar más clara si uno lee ese documento del XXVI Congreso del Partido Comunista: la infiltración y la toma de control de nuestras Fuerzas Armadas en el mediano o largo plazo, para sus propios objetivos.

Yo votaré en contra, porque, de lo contrario, nos podríamos encontrar con sorpresas en el futuro.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto, el auditor general de brigada, señor Eduardo Rosso , explicó que el proyecto podía generar problemas respecto de las situaciones intermedias relativas a los delitos denominados militarizados, que son aquellos que, si bien en principio son delitos comunes, afectan bienes jurídicos militares.

Además, agregó que el informe de la Corte Suprema referido al proyecto en discusión incorpora vocablos que se deben definir, considerar, analizar y estudiar, como “delitos exclusivamente militares”, “delitos objetivamente militares” y “delitos militarizados”, para poder conceptualizar e interpretar correctamente el término “delito militar”, que es precisamente la expresión utilizada para definir la competencia material de los tribunales militares.

Los términos señalados se definen y estructuran sobre la base de datos que se citan y que corresponden a trabajos del año 1974.

A su vez, el auditor general de la Armada de Chile, almirante Cristián Araya , indicó en la comisión que la ley Nº 20.477 eliminó la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles y a personas menores de edad.

Posteriormente, la mencionada ley fue modificada, a su vez, por la ley Nº 20.968, en el sentido de excluir del conocimiento de los tribunales militares también aquellos casos en los que la víctima o imputado del delito investigado sea civil.

Por lo tanto, la competencia de los tribunales militares se encuentra restringida a los delitos militares cometidos por sujetos activos que sean militares y a delitos comunes, tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales comunes, solo en los casos que sean cometidos por militares durante un estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar o con ocasión de él, o en recintos militares o policiales. Es decir, el legislador ha previsto lo que se denomina la militarización de los delitos comunes en razón del tiempo, lugar o actividad en que ellos son cometidos y siempre que el sujeto activo sea militar.

Si bien existía un problema en el proyecto, en los términos que indicaba, lo planteado por los exponentes mencionados y las indicaciones aprobadas por la comisión permiten salvaguardar los problemas planteados, por cuanto definen los delitos exclusivamente militares en razón de que lesionen únicamente bienes jurídicos militares.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

La discusión del proyecto en debate continuará en una próxima sesión ordinaria, toda vez que, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, vamos a tomar conocimiento de los proyectos de acuerdo sobre convenios internacionales.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, para regular el ejercicio de las actividades remuneradas por parte de familiares dependientes de funcionarios O funcionarias internacionales de dicho organismo internacional, suscrito en Santiago, Chile, el 11 de diciembre de 2020.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto se votará sin discusión con la sola rendición del informe.

Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Catalina del Real.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 71ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios, e Integración Latinoamericana, sesión 81ª de la presente legislatura, en martes 4 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre el gobierno de la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral para regular el ejercicio de las actividades remuneradas por parte de familiares dependientes de funcionarios-funcionarias internacionales de dicho organismo internacional”, suscrito en Santiago, República de Chile, el 11 de diciembre de 2020, el que se encuentra sometido a consideración de la honorable Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo señala que el convenio con la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral responde al alto interés de ambas partes por integrar a familiares de funcionarios-funcionarias del mencionado organismo internacional a la vida profesional en nuestro país, en su calidad de Estado receptor, ampliando de ese modo la inserción de estos en la sociedad chilena, y, con tal objetivo, establece el marco jurídico que les será aplicable.

El presente tratado consta de un preámbulo, donde las partes dan cuenta del deseo de celebrar el convenio con miras a regular las actividades de los familiares dependientes de los funcionarios-funcionarias internacionales del organismo internacional, y de los artículos, donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, los que no detallaré en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder.

Para el estudio de este proyecto, la comisión recibió, de manera presencial, a la embajadora señora Cecilia Cáceres Navarrete ; a la directora general de Asuntos Jurídicos, y al jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, señor Pedro Ortúzar Meza , ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes ratificaron los fundamentos y antecedentes contenidos en el mensaje, expresando que este convenio tiene el propósito de integrar a los familiares de los funcionarios-funcionarias del mencionado organismo internacional a la vida profesional en nuestro país, en su calidad de Estado receptor, ampliando de ese modo la inserción de estos en la sociedad chilena, y, con tal objetivo, establece el marco jurídico que les será aplicable.

Así, se establece la autorización para que los familiares dependientes de los funcionariosfuncionarias puedan ejercer una actividad remunerada en la República de Chile, sin limitaciones sobre la naturaleza del trabajo a desarrollar, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los nacionales chilenos, sin perjuicio de las restricciones que impone la ley chilena, una vez que sean autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes en esta instancia legislativa manifestaron su opinión favorable al proyecto de acuerdo en estudio, razón por la cual, sometido a votación, se aprobó por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor las diputadas señoras Hertz , doña Carmen (Presidenta); Muñoz , doña Francesca , y Ñanco , doña Ericka , y los diputados señores Bernales, don Alejandro ; De Rementería, don Tomás ; González, don Félix ; Jürgensen, don Harry ; Labbé, don Cristián ; Moreira, don Cristhian , y Undurraga, don Alberto .

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del acuerdo en trámite, la comisión decidió recomendar a la Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el informe referido.

He dicho.

-Con posterioridad, la sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y Rumanía, suscrito en Santiago, el 26 de febrero de 2021.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto se votará sin discusión con la sola rendición del informe.

Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Catalina del Real.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 71ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios, e Integración Latinoamericana, sesión 81ª de la presente legislatura, en martes 4 de octubre de 2022.Documentos de la Cuenta N° 1.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio sobre Seguridad Social entre la República de Chile y Rumanía”, suscrito en Santiago, el 26 de febrero de 2021, el que se encuentra sometido a consideración de la honorable Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo señala que en las últimas décadas, en un contexto mundial de globalización e integración comercial y financiera, se ha producido para nuestro país un importante aumento en el flujo de mercancías, servicios, así como de trabajadores que temporalmente prestan servicios de apoyo a la inversión. Añade que el crecimiento de Chile y su economía, en el contexto de una estrategia abierta, tanto en lo económico como en lo financiero y lo social, ha implicado no solo el traslado temporal de profesionales y técnicos extranjeros a prestar servicios en sus empresas filiales en Chile, sino también muchas empresas chilenas han optado por enviar a sus trabajadores más calificados a prestar servicios en el exterior, en empresas de capitales o con intereses chilenos, creando una interdependencia financiera y económica. Desde otra perspectiva, estos trabajadores ven aumentadas no solo sus capacidades profesionales, sino igualmente su experiencia personal, todo ello con la protección de la seguridad social del país que los desplaza.

Agrega que, en este contexto, se ha hecho necesaria la introducción de mecanismos de protección social que permitan avanzar en la cohesión social, tanto nacional como internacional, y donde los instrumentos internacionales de seguridad social constituyen una herramienta de alta relevancia en la concreción de tales propósitos, generando una política activa de reconocimiento de los derechos previsionales del trabajador y de la trabajadora migrante y de su familia.

Seguidamente, expresa que en la actualidad estos instrumentos internacionales se han transformado en una herramienta cada vez más utilizada por las empresas chilenas y extranjeras, así como por las comunidades chilenas en el exterior y extranjeras residentes en Chile.

Asimismo, señala que el presente convenio se enmarca en las políticas de protección social que ha impulsado el gobierno, que en el ámbito internacional se ha plasmado en una política activa de reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos previsionales de los trabajadores, cualquiera sea el historial previsional, ya sea que estos hayan desarrollado sus actividades laborales en un solo país o en dos o más Estados y no importando el lugar donde deban materializarse tales derechos.

En específico -precisa-, el convenio acordado con Rumanía tiene por objeto regular sus relaciones en el campo de la seguridad social, particularmente los sistemas de pensiones de ambos países, evitando la doble cotización previsional internacional, y, respecto de las personas que presten servicios en el territorio de ambos países, ajustándose a la regla internacional en virtud de la cual la ley del domicilio de la persona determinará la obligación de cotizar de esa persona.

El presente convenio consta de un preámbulo en el que las partes estipulan el propósito que tuvieron en consideración para suscribirlo, y 32 artículos, que constituyen su cuerpo principal, organizados en cinco títulos: Disposiciones generales, Legislación aplicable, Disposiciones especiales relativas a las distintas categorías de prestaciones, Disposiciones varias y Disposiciones transitorias y finales, respectivamente, los que no detallaré en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder.

Para el estudio de este proyecto, la comisión recibió, de manera presencial, a la embajadora señora Cecilia Cáceres Navarrete , directora general de Asuntos Jurídicos, y al señor Pedro Ortúzar Meza , jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes ratificaron los fundamentos y antecedentes contenidos en el mensaje, expresando que este convenio tiene por objeto regular entre las partes sus relaciones en el campo de la seguridad social, particularmente los sistemas de pensiones de ambos países, evitando la doble cotización previsional internacional, y respecto de las personas que presten servicios en el territorio de ambos países, ajustándose a la regla internacional en virtud de la cual la ley del domicilio de la persona determinará la obligación de cotizar de esa persona.

En cuanto al “ámbito de aplicación material”, comentó que, en el caso de nuestro país, comprende el sistema de capitalización individual y los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Previsión Social, y los sistemas de salud, para efectos del artículo 21. Y en el caso de Rumanía, comprende las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia otorgadas en el sistema público de pensiones y a la legislación de salud, también de acuerdo con lo estipulado en el artículo 21.

En lo que se refiere al “ámbito de aplicación personal”, informó que las partes convienen en que se regirán por el convenio todas las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de cualquiera o de ambas partes contratantes y las personas cuyos derechos deriven de ellas, de conformidad con la legislación correspondiente.

Por su parte, las señoras y los señores diputados presentes en esta instancia legislativa manifestaron su opinión favorable al proyecto de acuerdo en estudio, razón por la cual fue sometido a votación.

Se aprobó por 10 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Carmen Hertz (Presidenta), Francesca Muñoz y Ericka Ñanco , y los diputados señores Alejandro Bernales , Tomás de Rementería , Félix González , Harry Jürgensen , Cristián Labbé , Cristhian Moreira y Alberto Undurraga .

Finalmente, la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo, pero sus disposiciones requieren ser aprobadas con quorum calificado, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, ella determinó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del acuerdo en trámite, la comisión decidió recomendar a esta Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el informe referido.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Sultanato de Omán sobre Exención Mutua de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Especiales, de Servicio y Oficiales, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 22 de marzo de 2022, correspondiente al boletín N° 15152-10.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto de acuerdo también se votará sin discusión, con la sola rendición del informe.

Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Catalina del Real .

-Antecedentes:

-Mensaje, sesión 40ª de la presente legislatura, en lunes 4 de julio de 2022. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios, e Integración Latinoamericana, sesión 69ª de la presente legislatura, en lunes 5 de septiembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor SEPÚLVEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Sultanato de Omán sobre Exención Mutua de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Especiales, de Servicio y Oficiales, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 22 de marzo de 2022, el que se encuentra sometido a consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

Señala el mensaje, con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo, que el presente tratado, desde el punto de vista de nuestro derecho interno, constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en nuestro país, contenida en la ley N° 21.325, de 20 de abril de 2021, de Migración y Extranjería, y en el decreto supremo N° 296, de 2022, que aprueba el Reglamento de la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y encuentra su plena justificación en el deseo de ambas partes de estrechar los lazos de amistad que las unen.

El acuerdo consta de un preámbulo en el cual las partes manifiestan su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y facilitar el viaje de los nacionales titulares de los pasaportes diplomáticos, especiales, de servicio y oficiales válidos en el territorio de la otra parte, y de 13 artículos que conforman su cuerpo principal y dispositivo, en los que se despliegan las normas centrales del mismo, a las que, en aras del tiempo y por encontrarse latamente explicitadas en el informe que mis colegas tienen en su poder, no me referiré.

Para el estudio de este proyecto, la comisión recibió, de manera presencial, a la embajadora señora Cecilia Cáceres Navarrete , directora general de Asuntos Jurídicos, y al señor Pedro Ortúzar Meza , jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes ratificaron los contenidos del proyecto de acuerdo expresados en el mensaje.

Sometido a votación el proyecto en estudio, se aprobó por 9 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Sofía Cid , Carmen Hertz (Presidenta), Francesca Muñoz y Ericka Ñanco , y los diputados señores Alejandro Bernales , Tomás de Rementería , Cristián Labbé , Cristhian Moreira y Alberto Undurraga .

Finalmente, me permito hacer presente a esta Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del acuerdo en trámite, la comisión decidió recomendar a esta Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Con posterioridad, la sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos: