Labor Parlamentaria

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza la búsqueda activa de casos en la comunidad y el diagnóstico precoz de covid-19 en mayores de 14 años, sin el consentimiento de los padres o curadores, correspondiente al boletín Nº 15097-11.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Helia Molina .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 86ª de la presente legislatura, en lunes 17 de octubre de

2022. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Salud. Documentos de la Cuenta N° 15 de este boletín de sesiones

El señor MIROSEVIC (Presidente).-

En reemplazo de la señora Helia Molina , rendirá el informe la diputada Ana María Gazmuri .

Tiene la palabra, señora diputada.

La señora GAZMURI, doña Ana María (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara:

La Comisión de Salud viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que autoriza la búsqueda activa de casos en la comunidad y el diagnóstico precoz de covid-19 en mayores de 14 años, sin el consentimiento de los padres o curadores, iniciado en moción de los senadores Juan Luis Castro , Francisco Chahuán , Álvaro Elizalde y Javier Macaya .

La idea matriz o fundamental del proyecto es autorizar la toma de exámenes PCR en el contexto del programa de búsqueda de casos activos de covid-19 desde los 14 años de edad, sin consentimiento de padres o de quienes ostenten la patria potestad.

Resumen de los fundamentos de la moción

En la exposición de motivos de la moción original se destaca que la principal estrategia para contener la pandemia de covid-19 es, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el testeo, trazabilidad y aislamiento.

En ese sentido, Chile ha fortalecido su estrategia de testeo a través de la toma de muestras fuera de los centros de salud, de modo de permitir el diagnóstico precoz de la enfermedad, con el fin de contar con información homogénea que permita conocer la tendencia, magnitud y gravedad de esos eventos, y buscar proactivamente los casos en la comunidad.

Cabe hacer presente que en 2020 el Ministerio de Salud publicó el Manual Operativo para la Búsqueda Activa de Casos en la Comunidad y Diagnóstico Precoz de Covid-19, conocido como protocolo BAC (Búsqueda Activa de Casos). Su objetivo es aislar oportunamente los casos, de manera de cortar con la cadena de transmisión mediante el aumento de la cobertura y oportunidad de testeo mediante RT-CPR.

Actualmente, existen cuatro modalidades de implementación de la estrategia BAC, a saber, en los territorios, en las poblaciones institucionalizadas, en los puntos estratégicos y en operativos de testeo autogestionados en empresas. De los 8.108 casos diarios, 5.960 fueron detectados gracias al programa BAC a través de test PCR.

A pesar de que los contagios aún se concentran en los hombres y mujeres de entre 25 y 34 años, existe un aumento exponencial de contagios en menores de edad, el que se ha mantenido sostenido desde el último año. En efecto, el grupo etario de entre 15 y 19 años, en el caso de las mujeres, se encuentra en el octavo lugar de mayor positividad, mientras que en los hombres alcanza el sexto lugar, según la estadística oficial del Ministerio de Salud.

A ello se agrega que nuestro marco jurídico establece ciertas restricciones que impiden seguir perfeccionando el sistema de búsqueda de casos activos, en particular en lo referido al testeo de menores de edad, específicamente en mayores de 14 años, que representan un sector etario cuya positividad está en crecimiento.

Se advierte que para realizar el testeo apropiado de menores de edad es necesario contar con la autorización de sus progenitores o de quienes detenten su cuidado personal. Si bien es cierto que es derecho de todo padre o madre decidir sobre los aspectos clínicos de sus hijos, también lo es el hecho de que ello se contrapone con otros derechos fundamentales, como el de la salud del propio menor de edad y, por cierto, el derecho a la salud general de toda la nación.

Se tiene en cuenta también que la Corte de Apelaciones de Antofagasta, frente a la negativa de los padres de vacunar a un hijo menor de edad, sostuvo que “desde el punto de vista ético, se justifica la obligatoriedad por solidaridad (…), destacando el bien superior de proteger a la totalidad de la población gracias a una alta cobertura.”.

Entendiendo que es un tema controversial, el presente proyecto busca establecer por ley la permisividad de la toma de muestras y exámenes PCR solo a mayores de 14 años.

Discusión general

En representación del Ejecutivo, intervino el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien manifestó que el Ejecutivo está de acuerdo con el proyecto de ley, atendido que permite y coopera para efectuar un mayor control de contagios de covid-19, y se constituye como un elemento muy útil para preservar la salud pública en el país.

A manera de contexto, señaló que al finalizar las vacaciones de invierno se hizo un llamado al testeo preventivo de las comunidades escolares, existiendo múltiples operativos abiertos a la comunidad en las cercanías de los establecimientos escolares. Sin embargo, los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años perdían la oportunidad de testeo al no contar con el consentimiento de sus padres o tutores, pese a que existen fundamentos epidemiológicos que avalan la realización del test y, también, a que sería un instrumento necesario para garantizar el derecho a la salud.

A mayor abundamiento, se hizo presente que existen otras medidas de salud pública que permiten el acceso a servicios para este grupo de población que no obligan a contar con el consentimiento de padres o curadores, haciendo alusión al testeo de VIH y a la entrega de píldoras del día después.

Finalmente, señaló que los organismos internacionales que velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes hacen alusión a la autonomía progresiva. Asimismo, enfatizó que esta situación no revestirá problemática alguna, toda vez que los menores estarían dando expresamente su consentimiento.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir la opinión del Ejecutivo, que permitió a sus miembros formarse una idea de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría de los diputados presentes (8 votos a favor y 1 en contra).

Votaron a favor los diputados y diputadas Astudillo , Bravo , Celis , Cordero , Tello (en reemplazo de la diputada Gazmuri) ; Lilayu , Molina y Palma . Votó en contra el diputado Lagomarsino .

Estructura del proyecto

El proyecto consta de un artículo único, mediante el cual se intercala un inciso en el artículo 14 de la ley Nº 20.584, el que señala que no se requerirá autorización de los progenitores o de quien ostente el cuidado personal y/o patria potestad de mayores de 14 años cuando se trate de la toma de exámenes PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) realizados por personal de salud en cualquier establecimiento de salud autorizado o en el contexto del programa de Búsqueda de Casos Activos, que es parte de la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento del Estado, bastando para ello el consentimiento del niño, niña o adolescente.

Puesto en votación, se procedió a aprobarlo en los mismos términos propuestos por el Senado, por mayoría de los diputados presentes (8 votos a favor y 1 en contra).

Votaron a favor los diputados y diputadas Astudillo , Bravo , Celis , Cordero , Tello , Lilayu , Molina y Palma . Votó en contra el diputado Lagomarsino .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Gracias por su informe, diputada. En discusión el proyecto.

Cada diputada o diputado que haga uso de la palabra en relación con el proyecto de ley puede usar de la palabra hasta por tres minutos

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, si bien hoy la pandemia de covid-19 va en retroceso a nivel mundial, lo que ha permitido la flexibilización de medidas sanitarias en ese marco, durante los meses de invierno hubo un aumento de contagios de esa enfermedad, lo que se suma a una baja considerable en la realización de exámenes PCR.

Quiero aprovechar de mandar un saludo en este momento, porque seguramente nos está viendo, a don Fernando , mi colega de asiento, que está aquejado de esta enfermedad desde hace poco.

Esto permite afirmar que la gestión de la pandemia se vio debilitada con un número diario de casos nuevos subvalorados y con una importante reticencia a la vacunación, lo que ha generado serias complicaciones en la red asistencial.

Lo anterior, sumado a la alta circulación de virus respiratorios durante junio, julio y agosto, llevó a la adopción de medidas no deseables, como el adelanto y la extensión de las vacaciones de los colegios, frente a un eventual colapso de la red asistencial pediátrica en los meses de invierno.

La búsqueda activa de casos resulta fundamental en el manejo de la pandemia, por cuanto tiene por finalidad detectar casos muchas veces asintomáticos y realizar la correspondiente trazabilidad de los mismos. Esta información es esencial para el conocimiento de los requerimientos de la red asistencial y así prever un nuevo peak de hospitalizaciones.

La demora que tuvo la tramitación de este proyecto hace que claramente este se torne algo extemporáneo, dado que la búsqueda activa se ha tornado cada vez más acotada y han adquirido mayor relevancia otros métodos de testeo, como son los test de antígenos.

Cabe recordar que la ley N° 20.584 reconoce la facultad de los padres y los representantes legales de menores de edad para otorgar su consentimiento en materia de salud, lo que nos parece apropiado, dada la magnitud de las intervenciones que pueden hacerse y el grado de madurez de los menores.

Por ello, se debe enfatizar la importancia de que esto es una medida excepcional enfocada en una coyuntura particular, como lo es la pandemia de la covid-19, en donde se enmarca la estrategia de búsqueda activa de casos. Se trata de un procedimiento no invasivo. Siendo esta norma de carácter absolutamente excepcional, la propuesta del proyecto de ley es adecuada.

La detección temprana de la covid-19 es fundamental para detener la cadena de contagios, por lo que la exigencia del consentimiento del padre o del representante legal puede obstaculizar o retrasar la misma, y no permite ir generando una estrategia para el invierno del próximo año, donde seguramente volverán a subir los casos.

No hay que olvidar que la covid-19 todavía está presente y está circulando; los virus no desparecen de un día para otro, así que es muy importante que estemos atentos a esto.

Votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, los virus no desaparecen de un día para otro. De hecho, los virus no desaparecen en milenios, en cientos de miles de años, en millones de años; lo que hacen es mutar. De hecho, la covid-19 también ha mutado a ser un virus con menor peligro para la población en cuanto a lo que es su letalidad, como ocurre con otros virus que están en circulación.

Entonces, una vez más proponer medidas que restringen los derechos de los padres en esta materia y que mantienen activa una estructura de represión sanitaria respecto de la población, amenazándola con una enfermedad que en el resto del mundo ha sido prácticamente olvidada y manteniendo la superestructura necesaria para volver a implementar medidas de restricción a los derechos fundamentales de los ciudadanos, no solo es impresentable, sino que es perfectamente inútil.

Si vemos nuestras cifras y las comparamos con las cifras de África, donde no se utilizó la vacuna y no se aplicaron restricciones como aquellas a las cuales fuimos sometidos acá, la verdad es que nos preguntamos quién tiene el mejor sistema de salud.

Si vemos las cifras en Europa y comparamos a Suecia, que no tuvo restricciones, con Alemania e Inglaterra, que sí tuvieron restricciones -Inglaterra las ha eliminado todas, por lo demás-, nos damos cuenta de que las cifras de sobremortalidad de los países que tuvieron restricciones son muchísimo más altas que las de aquellos que no las tuvieron.

Entonces, la pregunta es: ¿por qué? ¿Cuándo vamos a analizar, de una vez por todas, si la barbarie que se hizo en este país respecto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos tuvo alguna utilidad? Porque lo que acá se hizo fue pasarle la maquinaria del Estado por encima a los derechos de los ciudadanos. En esta norma lo que se hace es reforzar la idea de que ello no solo fue necesario, sino que fue útil, y no lo fue.

Las cifras no lo muestran. De hecho, habernos concentrado únicamente en este virus, que hemos visto que tiene una letalidad mucho más baja que la que decía la OMS, está causando que tengamos cientos de miles personas en listas de espera, que están falleciendo por otras causas.

Se hizo todo mal: arruinamos nuestra economía, arruinamos la vida de la gente, la encerramos, le arruinamos su salud mental, y todo eso para tener cifras de fallecimientos peores que las que tendríamos si no hubiésemos hecho nada.

Así que voy a votar en contra este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, intervengo nada más que para complementar lo que en forma muy elocuente señaló recién mi colega señor Johannes Kaiser respecto de que no hay otra forma de calificar este proyecto de ley que como una aberración.

Tal como dijo el diputado Johannes Kaiser , es insistir en métodos que no han generado efectos que, al menos, nos digan que es algo positivo o algo suficiente para mejorar la calidad de vida de la gente.

Es más, aquí hablamos particularmente de los niños. El daño que se ha provocado a los niños con estas políticas de encierro, con estas políticas de sacarlos de las salas de clases, de sacarlos de la interacción con sus pares y de esconderlos en las casas, ha sido tremendo. Todos quienes tenemos hijos pequeños deberíamos, al menos, tener claridad respecto de eso.

Incluso, aquí damos un paso más allá de lo que es encerrar a los niños, que es decir a cada uno de los padres que no tenemos nada que opinar ni nada que decidir respecto de nuestros hijos, respecto de su salud, respecto de cómo los cuidamos, respecto del deber que tenemos por sobre el Estado -este deber lo tenemos todos los padres y todas las personas por sobre el Estadode proteger y de resguardar la integridad de nuestros hijos.

Este proyecto de ley pasa por sobre todos los principios del derecho respecto de la responsabilidad que tenemos los padres, del deber que tenemos los padres y del derecho que tenemos los padres a educar y cuidar a nuestros hijos.

Por lo mismo, voy a votar en contra esta iniciativa, porque no puede ser que transformemos en una normalidad lo que se hizo dentro del período de pandemia, que fue una violación de derechos fundamentales constante, prolongada durante meses y que nunca tuvo sustento en tribunales, a pesar de que los jueces, con una deferencia francamente inaceptable, decidieron darles manga ancha a las autoridades del gobierno que estaba en esa época y permitirles hacer lo que se les ocurriera. Eso fue francamente inaceptable.

No estoy disponible para que se continúe con estas políticas de violación de derechos fundamentales desde el Estado y de pasar por encima de los derechos y los deberes que tenemos los padres, y que esto se proyecte en leyes permanentes.

Es algo francamente inaceptable y merece todo nuestro rechazo. Por lo mismo, vamos a votar en contra.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, esta es una propuesta extraña. El texto dice: “Con todo, no se requerirá autorización de los progenitores o de quien ostente el cuidado personal y/o patria potestad de los mayores de 14 años, cuando se trate de la toma de exámenes PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), realizada por personal de salud, en cualquier establecimiento de salud autorizado o en el contexto del programa de Búsqueda de Casos Activos, que es parte de la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento del Estado, bastando para ello el consentimiento del niño, niña o adolescente.”.

Esto quiere decir que el menor podrá otorgar el consentimiento incluso en contra de la voluntad de los padres para que se le realice el testeo del PCR. La pregunta es: ¿qué ocurre si no se otorga el consentimiento por parte del menor, porque no quiere que se le realice el testeo? Los padres no podrían autorizar lo que el menor ya rechazó. Entonces, ¿esto mejora la posibilidad de la búsqueda de casos? Podría dejarnos incluso en una situación peor.

El ordenamiento jurídico debe decidir qué vamos a hacer y qué tanta capacidad van a tener los menores para actuar en el mundo del derecho. Por ejemplo, los menores pueden abortar, pueden cambiarse de sexo, no pueden votar y no pueden casarse, según la norma que discutimos ayer. Esta norma profundizaría la incoherencia legislativa respecto de la capacidad jurídica de los menores de 18 años de edad.

Por otro lado, nos puede llevar a la siguiente situación: no solo afecta la intimidad de los niños, sino que también provoca consecuencias de salud, dado que el menor podría consentir en que se le realice un procedimiento clínico que podría tener efectos en su cuerpo, por ejemplo, reacciones alérgicas u otras que el menor desconoce y que el padre, que es el responsable, no pudo impedir.

Este proyecto de ley tampoco señala cuándo se podrían realizar los exámenes o bajo qué condiciones restrictivas, en atención a condiciones epidemiológicas determinadas que justifiquen una medida como esa. Es decir, este proyecto de ley despoja a los padres de la patria potestad, que está garantizada en el artículo 19, números 10º y 26º, de la Constitución. Deja en el menor la determinación de lo que va a ocurrir con él.

Esta es una situación que nuevamente debilita el rol de los padres, quienes somos los encargados de cuidar y quienes sabemos lo que nuestros hijos pueden o no hacer.

Esta norma no se entiende, no mejora la condición y fortalece un rol del Estado, y esa participación autoritaria de un Estado respecto de los menores me parece que no es saludable para nuestra legislación ni para nuestra sociedad.

Por esa razón, votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, es cierto que lo peor de la pandemia por coronavirus ha terminado y que, pese a que hoy vivimos un nuevo aumento, aunque leve, de los casos de contagios, podemos literalmente respirar más tranquilos. Pero esta tranquilidad no debe ser simplemente contemplativa, porque la pandemia dejó múltiples lecciones para la sanidad en general, no solo desde el aspecto clínico, sino también organizativo y reactivo.

Se vio, por ejemplo, que el acercamiento de los mecanismos de detección y vacunación a las personas fue fundamental, ya que a fin de cuentas son dos acciones médicas que no resultan de una complejidad crítica. Efectivamente, es posible tomar exámenes de detección y vacunar en puntos móviles, plazas, centros comerciales o escuelas, lo que permite ampliar el número de exámenes que se practican y las vacunas que se colocan. Esta estrategia, a nivel país, mantuvo a Chile como uno de los países que más testeaba en proporción a su población, y con un procedimiento de vacunación que fue un ejemplo mundial.

Dicho esto, hoy debemos aplicarlo en los colegios. Sabemos que, lamentablemente, Chile fue uno de los países que por más tiempo cerró las escuelas para prevenir contagios, lo que tuvo los efectos por todos conocidos.

Un brote en una comunidad escolar implica aislar a muchos estudiantes, profesores, o, eventualmente, cerrar establecimientos, lo que continuará mermando la educación. Por lo mismo, esta iniciativa va en la línea correcta, ya que permite la toma de exámenes de detección del covid entre estudiantes de 14 y 18 años de edad, sin exigir consentimiento expreso de sus padres o representantes legales, lo que va plenamente de la mano con reconocer capacidad a los adolescentes.

Asimismo, esta modificación legal posee una técnica legislativa correcta, ya que al insertarse en la ley de derechos y deberes del paciente, sigue reconociendo autonomía y el derecho a ser oído al propio paciente, en este caso, el menor, lo que implica que nadie puede ser examinado contra su propia voluntad.

En consecuencia, apruebo esta iniciativa, ya que es un aporte para facilitar algo que continúa siendo importante, como es la detección temprana de casos de coronavirus en nuestra comunidad.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, varias veces he dicho en este Congreso que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Nuevamente aparece un proyecto de ley que tiene esa característica.

Una de las razones por la que nosotros vamos a defender siempre la libertad es básicamente este derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos, que también se extiende a los ámbitos que dicen relación con la seguridad que queremos para nuestros niños.

No me parece razonable, bajo ningún aspecto, que se vulnere esta norma general. La norma general es que se respete la opinión del menor, pero sujeta a la patria potestad de los padres, y los padres son aquellos que tienen el deber y el derecho de ver qué tipo de exámenes se les hace a sus hijos.

Nuestra Constitución dispone que ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, alguna autoridad puede atribuirse otras facultades que las que establecen la ley y la Constitución; por lo tanto, en esta materia mantendría ese criterio. Me parece absolutamente inaceptable que, a pretexto de circunstancias extraordinarias, como fue la pandemia, se vulnere ese derecho.

Por lo demás, se cita un fallo de la Corte de Apelaciones. Pero quiero recordar a los señores parlamentarios -o, por si no lo saben, decírseloque los fallos tienen efectos relativos y se aplican al caso concreto; no son extrapolables a todas las situaciones en particular, a diferencia de lo que se hace con la ley. La ley se aplica para todos y los fallos para un caso, y los casos se resuelven de acuerdo con los antecedentes que se entregan respecto al mismo. Por lo tanto, no puedo siempre aplicar una situación particular a la generalidad de los casos.

Por eso, me parece que este proyecto envuelve algo peligroso. No quiero para nada que se abra la puerta para que, a través de ciertas justificaciones, se vaya mermando este derecho que para mí es sagrado: el derecho preferente que tenemos los padres a decidir sobre la educación de nuestros hijos, sobre la religión y sobre, incluso, la salud de nuestros hijos, en tanto no se ponga en peligro la misma. En este caso en particular, excepcionalmente, que sean los tribunales de justicia los que tengan que resolver.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 190, sobre la Violencia y el Acoso, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de julio de 2019 (boletín Nº 15307-10).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputadas informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Trabajo y Seguridad Social son las señoras Carmen Hertz y Daniella Cicardini , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 66ª de la presente legislatura, en martes 30 de agosto de 2022. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 84ª de la presente legislatura, en martes 11 de octubre de

2022. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 92ª de la presente legislatura, en lunes 7 de noviembre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

La señora HERTZ, doña Carmen (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 190, sobre la Violencia y el Acoso, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio de 2019, el que se encuentra sometido a consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.

Para el estudio de este proyecto, la comisión recibió, de manera presencial, a la señora Jeannette Jara Román , ministra del Trabajo y Previsión Social, y a la señora Ximena Fuentes Torrijo , subsecretaria de Relaciones Exteriores.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo señala que el gobierno tiene un firme compromiso con el trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Agrega que su programa de gobierno procura reforzar y proteger los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, entre los que se encuentra el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por identidad de género, a no ser objeto de discriminación, y a la integridad física y psíquica.

Añade que, como señala el Convenio 190, la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son incompatibles con el trabajo decente.

Asimismo, asevera que el gobierno ha asumido el compromiso de garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres, que les permitan acceder, permanecer y progresar en el mundo del trabajo. En este sentido, la ratificación del Convenio 190 provee un marco para la creación y mejora de normas y políticas que adopten un enfoque inclusivo que permita abordar las causas subyacentes de la violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Entre las consideraciones tenidas a la vista para adoptar este convenio, expone el mensaje, es importante destacar las siguientes:

a) La Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. En este sentido, no debe olvidarse que tanto la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como la garantía de contar con un entorno de trabajo seguro y saludable se enmarcan actualmente dentro los principios y derechos fundamentales para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

b) La existencia de otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará, de 1994.

c) El derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, y que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, así como una amenaza para la igualdad de oportunidades, por lo que tales conductas son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.

d) La importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la violencia y el acoso.

En dicho contexto, se estima indispensable la ratificación por Chile del Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso, adoptado con fecha 21 de junio de 2019 por la Centésima Octava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Reunión del Centenario de la OIT), teniendo en consideración los acuerdos aprobados en la Cámara de Diputadas y Diputados del 11 de noviembre de 2020 (proyecto de resolución N° 1.630) y en el Senado, con fecha 26 de enero de 2021 (boletín N° 2154-12), con votos de todas las bancadas.

El Convenio 190 de la OIT y la Recomendación 206 de la misma organización son las primeras normas internacionales que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Este convenio fue adoptado el 21 de junio de 2019 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y entró en vigor internacional el 25 de junio de 2021.

El Convenio 190 está directamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de la Organización de las Naciones Unidas, en especial su Objetivo N° 8, que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas y todos. Específicamente, busca “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores”.

A su vez, cabe señalar que este instrumento tiene, de acuerdo con la normativa de la OIT, el carácter de actualizado y técnico, lo que implica que dicho organismo internacional promueve activamente su ratificación en cuanto herramienta moderna y adaptada a las realidades del mundo laboral.

Hasta la fecha, este convenio ha sido ratificado por Albania, Antigua y Barbuda , Argentina, Ecuador , El Salvador , España , Fiji , Grecia , Italia , Mauricio , México , Namibia , Perú , Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, San Marino , Somalia , Sudáfrica y Uruguay .

El convenio se estructura en un preámbulo, en el cual la conferencia de la OIT da cuenta de su decisión de adoptar este instrumento, y veinte artículos, en los que se contienen disposiciones sustantivas y finales, a las que no me referiré en aras del tiempo y por encontrarse ellas latamente explicitadas en el informe que mis colegas tienen en su poder.

La comisión aprobó el proyecto de acuerdo por 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Cid, doña Sofia ; Hertz , doña Carmen (Presidenta), y Ñanco , doña Ericka , y los diputados señores Bernales, don Alejandro ; De Rementeria, don Tomás ; González, don Félix ; Moreira, don Cristhian , y Undurraga, don Alberto . Se abstuvo la diputada señora Muñoz , doña Francesca .

Finalmente, me permito señalar a mis colegas que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo.

Por otra parte, se determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recomienda a la Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Convenio 190, sobre la Violencia y el Acoso, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 21 de junio de 2019, el que se encuentra contenido en el boletín N° 15307-10, con urgencia calificada de “suma”.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora Jeannette Jara Román , ministra del Trabajo y Previsión Social; el señor Giorgio Boccardo Bosoni , subsecretario del Trabajo, y el señor Pablo Ortúzar , jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se recibió al señor Sergio Paixão , especialista en normas internacionales del trabajo y legislación laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); a la señora Manuela Tomei , directora del Departamento Workquality de la OIT Ginebra, quien participó a través de un video; al señor Pablo Bobic , gerente legal de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); al señor David Acuña Millahuieque , presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que concurrió junto con la señora Karen Palma Tapia , vicepresidenta de la Mujer CUT; y a la señora Anaí Freire Barrientos , enfermera del Hospital de Coyhaique de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, dirigenta nacional de la Confederación Fenpruss y encargada de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, junto con la señora Gabriela Farías Tamayo , primera vicepresidenta de la Confederación Fenpruss.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo señala que el gobierno tiene un firme compromiso con el trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.

Agrega que su programa de gobierno procura reforzar y proteger los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, entre los que se encuentra el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por identidad de género, a no ser objeto de discriminación, y a la integridad física y psíquica.

Añade que, como señala el Convenio 190, la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, e incompatibles con el trabajo decente.

En aras del tiempo y por encontrarse latamente explicitado en el informe que mis colegas tienen en su poder, no me referiré a las diversas consideraciones tenidas en cuenta por el Ejecutivo para proponer la aprobación de este proyecto de acuerdo.

Hasta la fecha, este convenio ha sido ratificado por Albania, Antigua y Barbuda , Argentina, Ecuador , El Salvador , España , Fiji , Grecia , Italia , Mauricio , México , Namibia , Perú , Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, San Marino , Somalia , Sudáfrica y Uruguay .

El convenio se estructura en un preámbulo, en el cual la Conferencia de la OIT da cuenta de su decisión de adoptar este instrumento, y 20 artículos, en los que se contienen disposiciones sustantivas y finales.

El artículo 1 contiene las definiciones necesarias para la aplicación del convenio:

La expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto causar o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

La expresión “violencia y acoso por razón de género” designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

El convenio establece que la violencia y el acoso pueden definirse en la legislación nacional como un concepto único o como conceptos separados.

De conformidad con el artículo 2, que establece el ámbito de aplicación subjetivo, se señala que el convenio protege a trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, incluyendo a: personas asalariadas, según se definen en la legislación y la práctica nacionales; personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual; personas en formación, lo que incluye pasantes y aprendices; trabajadores y trabajadoras que hayan sido despedidos o despedidas; personas voluntarias; personas en búsqueda de empleo y postulantes a un empleo; personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de una persona empleadora; trabajadores y trabajadoras de los sectores privado y público; trabajadores y trabajadoras de la economía formal e informal, y trabajadores y trabajadoras de zonas rurales y urbanas.

Por su parte, el artículo 3, que establece el ámbito de aplicación espacial, señala que el convenio se aplica a la violencia y el acoso que ocurre durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de este, es decir, en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo; en los lugares donde se paga al trabajador, donde este toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios; en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo; en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; en el alojamiento proporcionado por el empleador, y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

El convenio establece como principios fundamentales: el deber de respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso; promover y llevar a efecto la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como también fomentar el trabajo decente y seguro.

Especial consideración se debe tener con las trabajadoras y otras personas pertenecientes a uno o varios grupos vulnerables, o a grupos en situación de especial vulnerabilidad que se encuentran afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo laboral.

Para cumplir con estos principios, los Estados miembro deben considerar, entre otras medidas, las siguientes: prohibir legalmente la violencia y el acoso; realizar un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional relativa a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; garantizar un fácil acceso a mecanismos de reclamación y reparación apropiadas y eficaces, y a procedimientos de solución que sean seguros, equitativos y eficaces; proteger la privacidad de las personas implicadas; prever sanciones; establecer que las víctimas tengan acceso efectivo a mecanismos de reclamación, asistencia, reparación y de solución de conflictos, con enfoque de género y que sean seguros y eficaces; garantizar que toda persona que trabaja tenga el derecho de alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas si está expuesta a un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso, y velar por que la Inspección del Trabajo y otras autoridades pertinentes, cuando proceda, estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Por su parte, el artículo 11 del convenio indica que todo miembro deberá esforzarse por garantizar que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se aborden en las políticas nacionales pertinentes, como las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación, y la migración; se proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, a los empleadores y a los trabajadores y a sus organizaciones respectivas, así como a las autoridades competentes, en forma accesible, según proceda, y se emprendan iniciativas al respecto con inclusión de campañas de sensibilización.

Entre los artículos 13 y 20 se contemplan las disposiciones finales del convenio, entre las que pueden señalarse las siguientes: que las ratificaciones deberán ser comunicadas para su registro al director general de la OIT; que obligará únicamente a aquellos miembros cuyas ratificaciones han sido registradas; que el convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha de registro de su ratificación; el procedimiento y oportunidad para efectuar su denuncia; la fórmula de elaboración de una memoria y revisión del convenio, y los idiomas en que aquel se adoptó.

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que, a juicio de la comisión, no existen en el proyecto de acuerdo que se somete a consideración de la Sala normas que revistan el carácter de orgánico constitucional ni de quorum calificado.

Asimismo, estimó que no existen en el proyecto normas que deban ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, por no incidir ellas en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el trabajo, principal actividad que muchas personas realizan fuera de sus casas, no siempre es un lugar seguro. Aquella actividad por la que estudian, se preparan, se capacitan, asumen compromisos y rutinas no siempre es un lugar en el cual se puedan sentir cómodas y no sean víctimas de eventuales acciones de terceros en su contra.

Son miles las historias de personas que han sufrido en sus lugares de trabajo situaciones de acoso y violencia, situaciones que los han violentado de manera tal que no solo han afectado su salud mental y su desempeño laboral, sino también su salud física, incluso llegando al punto de atentar contra sus vidas. Es algo lamentable, pero muy frecuente.

En lo personal, he asumido un compromiso permanente por erradicar todo tipo de violencia en los lugares de trabajo. He conocido muchas historias dolorosas, crueles, sin finales felices.

Se estima que solo en el último año la Dirección del Trabajo han registrado más de dos mil casos de acoso laboral. Por eso, hace un tiempo presenté una iniciativa que busca mejorar la legislación aplicable hoy en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, que hemos denominado proyecto de “ley Karin”. Esto, en homenaje a Karin Salgado , una técnico en enfermería de nivel superior, quien, lamentablemente, producto de una sistemática persecución por sus superiores jerárquicos dentro del contexto de un sumario administrativo en el que ella fue testigo, decidió poner fin a las constantes situaciones de acoso laboral atentando contra su vida.

La familia de Karin ha emprendido la tarea de concientizar sobre el acoso laboral y la importancia de eliminar todo tipo de violencia en el trabajo, labor a la cual nos hemos sumado con esperanza y esfuerzos, precisamente porque quienes viven situaciones de acoso laboral muchas veces se ven obligados y obligadas a callar y a continuar trabajando, soportando los abusos de sus jefes e, incluso, de sus mismos compañeros de trabajo.

En esta oportunidad, quiero agradecer el respaldo que la ministra Jeannette Jara nos ha dado en ese proyecto, así como también a mis colegas que lo han apoyado con su firma.

La iniciativa a que hago mención va en total concordancia y complemento con el Convenio N° 190 de la OIT, que hoy estamos discutiendo. Muchos de los planteamientos que este tratado contiene se encuentran desarrollados en el proyecto de “ley Karin”, y eso nos dice que vamos por un buen camino en vistas de implementar mecanismos de detección de situaciones de acoso laboral, interviniendo psicosocialmente en aquellos momentos y evitando consecuencias de abusos sistemáticos y permanentes que se traducen en secuelas en la salud mental.

Por ello, señor Presidente, manifiesto mi apoyo a la ratificación de este convenio y espero que podamos seguir trabajando…

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, si en el entorno laboral se producen conductas que vulneran la tranquilidad y los derechos de los trabajadores, todo el ambiente laboral se arrastrará a un clima de tensión que no se puede tolerar en un Estado que tiene como principal fin que se respete la dignidad humana en todo contexto.

Nuestro país no ha estado ajeno a esta problemática y ha adoptado una serie de medidas tendientes a proteger a los trabajadores de los distintos tipos de acosos y abusos laborales, los cuales pueden ser denunciados tanto administrativa como judicialmente, constituyendo una causal de autodespido; es decir, permitiéndole al trabajador poner término al contrato, conservando su derecho a contar con la indemnización establecida en el Código del Trabajo.

Pese a estos innegables avances en materia legislativa, durante mis actividades en distintos lugares de mi distrito, conversando con los ciudadanos, he comprobado que, lamentablemente, siguen siendo muchos los trabajadores que son víctimas de acoso laboral, en especial las mujeres, que son las más afectadas.

Por lo tanto, considero que, si bien esta tarea está bien encaminada, estamos lejos de haberla terminado.

Creo que este proyecto nos entrega una importante posibilidad para dar una señal muy potente para repudiar el acoso laboral.

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, más que innovar, ofrece un marco jurídico cuyos estándares han sido de sobra cumplidos por nuestro país, tales como prohibir legalmente la violencia y el acoso, garantizar un fácil acceso a mecanismos de re- clamación y reparación apropiados y eficaces, contar con procedimientos de solución seguros, equitativos y eficaces; proteger la privacidad de las personas implicadas y prever sanciones para quienes incurran en esta conducta, entre otras obligaciones que representan un mínimo civilizatorio para nuestro país.

Por otro lado, al igual que en nuestra legislación laboral, se trata de un convenio cuya aplicación es de carácter amplio, donde los beneficiarios son todos los trabajadores. Nuestro país ha reconocido en el acoso laboral y sexual una amenaza que debe ser enfrentada desde la esfera legislativa, en especial cuando las víctimas son mujeres, ya que las estadísticas demuestran que son las más expuestas a ser víctimas de este tipo de prácticas.

Por lo tanto, llamo a apoyar este proyecto.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia) .-

Señora Presidenta, me alegro mucho de que estemos por votar la suscripción de este convenio de la Organización Internacional del Trabajo cuyo objetivo es prevenir y combatir el acoso, la violencia y la discriminación en el contexto laboral. Me alegro también de que haya contado con un apoyo transversal en la comisión.

Recuerdo que en marzo de este año, junto al diputado Andrés Giordano , nos reunimos con la plataforma Sindicalismo con Nosotras para promover que el gobierno impulsara el Convenio 190, y me alegra mucho también que nuestro gobierno haya escuchado el llamado de mujeres y diversidades sexuales, trabajadoras y trabajadores cuyo objetivo es construir un movimiento sindical y espacios laborales en el que todas las personas podamos desarrollarnos y desenvolvernos en igualdad de condiciones, sin miedo a que un compañero de trabajo nos insulte, hostigue o algo aún peor.

La violencia y el acoso no son problemas que nos afecten solamente a nosotras; es un problema de la sociedad toda y debemos darle respuesta. Cuando tu espacio laboral es un lugar hostil y violento, lo que te están diciendo es que ese espacio no te pertenece, no es para ti, y por tanto se te está apartando del espacio público, lo que me parece completamente indeseable y contrario a lo que apostamos en una sociedad democrática.

Que este convenio se traduzca en políticas concretas y que construyan un espacio de dignidad para el trabajo es fundamental y un mandato que espero que acoja no solo el gobierno, sino todos los sectores que componen este Congreso. El respeto no puede ser patrimonio solo de un color político.

Con este convenio, el Estado adquiere la obligación de velar por el derecho que tienen todas las personas a un trabajo libre de violencia y acoso, adoptando medidas concretas, en diálogo con organizaciones de empleadores, trabajadores y trabajadoras, haciendo seguimiento a la legislación que aprobamos en este Congreso Nacional sobre la materia, para proponer nuevas políticas, y garantizando que existan procesos que no dejen en la impunidad estas situaciones, así como también velando por la reparación y la solución de los conflictos, protegiendo siempre a las víctimas.

Pero este convenio va más allá, pues vuelve a enfatizar en la necesidad de erradicar el trabajo infantil y busca reconocer también los efectos de la violencia doméstica en el trabajo, porque para muchas mujeres el trabajo sigue en la casa y es urgente reconocer los cuidados, así como también lo hace la reforma de pensiones que ha presentado nuestro gobierno.

Votaré a favor de este proyecto y espero que acojamos el desafío al que nos llama el Convenio 190 de la OIT, porque la violencia y el acoso vulneran derechos, afectan la salud, rompen la igualdad de oportunidades y pueden llegar incluso a producir la muerte, como hemos visto en casos lamentables de trabajadores que se han quitado la vida producto del hostigamiento en sus trabajos.

Votaré a favor, para que no seamos cómplices y para que nunca más lamentemos estas situaciones.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señora Presidenta, este es un convenio que hemos seguido muy de cerca, por el impacto y la importancia que tiene hoy en día este problema en nuestro país.

Desde hace años que las organizaciones sindicales, gremiales y los trabajadores, en general, vienen solicitando que se ratifique este convenio. Pero queremos que no pase como con otros que no son más que una declaración de principios o una firma en el ámbito internacional, ya que en la práctica y en la vida laboral de cada trabajador no tienen impacto. Queremos que este convenio llegue a todos los lugares de trabajo.

El Convenio 190, por la erradicación de la violencia en el ámbito laboral, hoy nos puede parecer de todo sentido común o un mínimo civilizatorio, pero lamentablemente no estamos cumpliendo esos mínimos civilizatorios en nuestro país.

Tal como ocurre con la violencia contra la mujer, el acoso y el hostigamiento suceden en lugares donde no hay testigos, lo que los hace difíciles de probar. Ello lleva a que las víctimas vivan en silencio ese hostigamiento, esa agonía, y quedan en la encrucijada de perder la fuente laboral con la que mantienen a sus familias o mermar su salud mental.

Los problemas de salud mental son una de las primeras causas de licencias médicas entre los trabajadores. Hemos tenido casos dramáticos que incluso han llevado al suicidio a causa del hostigamiento laboral permanente, del abuso de poder, de esa cultura –todavía del llamado patrón de fundo, que dice que las cosas se hacen así porque yo digo, lo que no tiene una contraparte en que se reconozcan derechos laborales, derechos colectivos, en que se reconozca la contraparte del trabajo como una opinión para el desarrollo de los lugares de trabajo.

Es por eso que convenios como el 190 y el 149, que hoy día piden organizaciones de la salud, tienen como uno de sus principios el que los trabajadores sean escuchados, que se consideren sus medidas, su visión de la empresa; es algo básico para el desarrollo de nuestro país.

Esperamos que toda la legislación se modifique y que -insisto– podamos llegar a todos los lugares de trabajo. No podemos permitir que los abusadores y los acosadores pasen en la empresa sin ninguna sanción.

También quiero insistir en la medición del clima laboral a través del cuestionario Istas21, que tiene que estar regulado en todas las empresas.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Fries .

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señora Presidenta, déjeme felicitarla por haber asumido su cargo de Vicepresidenta y verla hoy subrogando la Presidencia, dado que antes no tuve la oportunidad de hacerlo públicamente. Siempre es un gusto ver mujeres en espacios de poder.

Estamos pasando por tiempos especialmente complejos en materia laboral. La precariedad a la que están sometidas miles de personas que salen a ganarse la vida, acentuada por la crisis económica, nos obliga a actuar con mayor decisión para promover y cautelar el derecho al trabajo en condiciones dignas, especialmente entre los grupos con posiciones más bajas en la jerarquía organizacional, que son proclives a convertirse en víctimas de distintas dinámicas de abuso.

En el contexto de la asimetría de poder que implica una relación laboral, las mujeres están particularmente expuestas a soportar gestos recurrentes, presiones, actitudes o decisiones degradantes por la necesidad imperiosa de mantener su puesto de trabajo, los cuales muchas veces son camuflados como bromas, comentarios o halagos mal entendidos o no solicitados. En cualquier caso, es acoso y es violencia.

Es cierto que, hasta la fecha, desde el ámbito legislativo se han adoptado medidas que van en línea con el Convenio 190 de la OIT, como las disposiciones en el Código del Trabajo que definen el acoso sexual, el acoso laboral, el maltrato, los actos de discriminación y los procedimientos para denunciarlos. Pero aún nos queda mucho por hacer para incentivar un cambio cultural en todos los ámbitos de las relaciones sociales y especialmente en el mundo del trabajo.

Por eso, la aprobación de este proyecto representa una base para un nuevo pacto laboral al que todos y todas debemos sumarnos. En Chile, el desafío al que hago referencia tiene una expresión concreta y muy lamentable: el 75 por ciento de las denuncias por maltrato laboral fueron presentadas por mujeres, al igual que el 72 por ciento de las denuncias por acoso laboral y un altísimo 92 por ciento de las denuncias por acoso sexual. La mayoría de ellas son desestimadas o sobreseídas.

Tenemos razones más que suficientes para aprobar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contiene un alto valor técnico en cuanto a entregar un marco común para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Espero, por lo tanto, que sigamos en esta senda. Aprobemos este proyecto como nos lo merecemos todos y todas, trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señorita Presidenta, una de las principales demandas de las movilizaciones feministas del año 2018 fue terminar con el acoso. Enhorabuena se visibilizó el acoso callejero, y nos alegramos de que esto sea hoy materia de ley y de diversas ordenanzas en los gobiernos locales.

Lamentablemente, el acoso y el abuso que existen en los lugares de trabajo hacia las mujeres, principalmente, en sus diversas dimensiones, no son fáciles de enfrentar. El miedo de las víctimas y también de los testigos, sobre todo la revictimización que sufren las afectadas durante el proceso judicial o de denuncia, constituyen factores que sin duda desalientan la demanda. En esta Sala se ha dicho que el silencio prevalece por el temor de perder el empleo. Esto sin duda afecta en mayor medida a las mujeres trabajadoras.

La Dirección del Trabajo registró entre los años 2019 y 2021 un total de 5.197 denuncias presuntivas por acoso laboral; estas fueron mayoritariamente realizadas por mujeres. Asimismo, en igual periodo se registraron 2.003 casos correspondientes a denuncias por acoso sexual.

Por otra parte, las cifras señalan que en el servicio público, donde creemos y esperamos que este tipo de hechos no sucedan, aunque son más recurrentes de lo que pensamos, entre el 2018 y el 2021 se presentaron 6.097 denuncias, hechas nuevamente por mujeres: 75 por ciento por maltrato, 72 por ciento por acoso laboral y 92 por ciento por acoso sexual.

Es un problema generalizado en diversos espacios, países, ocupaciones y modalidades de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. En el ámbito laboral, esta problemática se manifiesta a través de diversas maneras: acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de género, el que afecta -ya lo hemos dichode manera significativa a las mujeres, lo que constituye una clara manifestación de discriminación.

Debemos aprobar este convenio de manera unánime, y a eso las y los invito, porque viene a fortalecer la legislación interna, integrando un enfoque de género, e impone también obligaciones al Estado de Chile, para prevenir y sancionar los diferentes acosos y las violencias en los espacios laborales, precisando que las normas de este tratado deben aplicarse a través de las políticas públicas en reglamento y en convenios colectivos. Además, esto es una innovación sustantiva importante en tanto democratiza la implementación del Convenio.

Por último, se destaca por tener un carácter tripartito, ya que fue negociado por trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras y los gobiernos, por lo que tendría una mayor legitimidad en su aplicación.

Anuncio que vamos a aprobar este Convenio.

He dicho.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señorita Presidenta, es un placer verla en la testera; la felicito por ello.

Desde 1919 la Organización Internacional del Trabajo ha marcado la pauta sobre la protección internacional de trabajadoras y trabajadores, desplegada en justo 190 convenios. Estamos discutiendo el último de ellos, y Chile solo ha ratificado un tercio, es decir, 63 de los convenios internacionales que la OIT ha dispuesto.

No obstante ser poquitos los que hemos ratificado en comparación con otros países, la plena vigencia de estos tratados internacionales en Chile ha contribuido al reconocimiento y a la consagración de numerosos derechos y normas laborales, robusteciendo una normativa nacional que -como se ha dicho y sabemoses a todas luces insuficiente en esta materia.

Así, a través de la incorporación de estos convenios, nuestro ordenamiento jurídico ha podido avanzar paulatinamente en la protección laboral, sobre todo de los derechos colectivos, contraviniendo la determinación consciente de la dictadura militar de despojar a los trabajadores y trabajadoras de sus herramientas básicas, y de quitarles poder a las organizaciones sindicales para defender estos derechos.

Son particularmente relevantes para estos efectos los convenios 87 y 98 de la OIT. Así que para bien hoy día estamos discutiendo un nuevo convenio, el 190, que desde ya nos permite augurar múltiples beneficios para nuestro país y especialmente para los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, alineándolos con el estándar internacional.

En esta ocasión, el presente convenio y su respectiva recomendación se abocan a un tema que tiene escasas garantías y regulación, como son las situaciones de violencia y acoso laboral en el ámbito del trabajo. En este sentido, lo plasmado incorpora una bajada concreta sobre violencia en sus diversas formas y acoso, todo esto con la amplitud e integralidad que conlleva, considerando, por ejemplo, los maltratos por medios virtuales, las discriminaciones de todo tipo por razones de género, incluso salariales; las amenazas, las vulneraciones a derechos fundamentales del trabajo, el impedimento al acceso al derecho de maternidad, paternidad, entre otros, sea cualquiera de estas situaciones reiteradas o por una única vez.

Desde mi experiencia como dirigente, en los últimos trece años me tocó ver varias de estas situaciones, sin tener las herramientas necesarias para enfrentarlas. Por eso, el Convenio 190 de la OIT nos da una oportunidad para reparar ese daño y construir políticas en serio, que permitan atacar el problema de raíz y prevenirlo. Políticas como el proyecto de “ley Karin”, presentado por la diputada Érika Olivera , a quien saludo por ello y le comprometo, como hice también con la hermana de Karin, Claudia Salgado , mi apoyo y compromiso para que este proyecto avance y lo podamos robustecer. Un abrazo fraterno a Claudia. Ese proyecto va a ser ley.

Asimismo, saludo enormemente que el Presidente Gabriel Boric haya cumplido con su compromiso de ratificar este convenio. Instamos a todo el Parlamento a aprobarlo unánimemente y, sobre todo, a fortalecer a las organizaciones sindicales, que han sido las principales promotoras de esta ratificación, pero que también serán las que velen por su cumplimiento.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, tal como ya se ha dicho, el convenio que hoy conoce la Cámara es un cuerpo normativo internacional muy relevante para combatir desigualdades y violencias de índole laboral, sexual y de género. Este es un convenio que tiene por objeto prevenir y erradicar el daño que generan situaciones de acoso y de abuso sexual en la relación de trabajo.

Dijimos que no y seguiremos diciendo que no toleramos más machismo en el trabajo. Los

Estados miembros de este convenio tienen la gran responsabilidad de promover un entorno libre de violencia y acoso, así como su prevención. Al mismo tiempo, se reconoce que la violencia y el acoso en el contexto laboral afectan la dignidad de las personas, su entorno social y familiar, afectando también la calidad de los servicios entregados, ya sean públicos o privados, impidiendo el libre ejercicio del trabajo.

Como ya se dijo, las cifras de Chile son preocupantes. La Dirección del Trabajo señala que el 2021 se registraron 593 denuncias frente a ese organismo. El Observatorio contra el Acoso en Chile consigna que una de cada dos mujeres, o sea, un 44 por ciento, ha sufrido de acoso sexual laboral. Las mujeres que tienen entre 27 y 38 años de edad son las que más han vivido este tipo de agresión.

Antes de continuar, cabe recalcar que la importancia de este convenio no solo es normativa o nominal. Este convenio se hará carne y ley efectiva porque le prestaremos nuestra aprobación, pero también porque se vinculará con proyectos como el de “ley Karin”, que tanto se ha celebrado. Nuevamente, felicito a la colega Érika Olivera por dicho trabajo.

El proyecto de “ley Karin” ha recibido, además, apoyo ciudadano. De hecho, se reunieron más de 12.000 firmas para apoyar la presentación de esa iniciativa. Lo curioso es que la mayoría de las mujeres afectadas por ese tipo de violencia pertenecen al área de la salud. En el hospital regional de Rancagua, por ejemplo, el 50 por ciento de las licencias médicas han sido presentadas por tens de salud, que es el gremio más afectado junto con el de enfermeras. Es por eso que este mes celebraremos en Rancagua un seminario al que se encuentra invitada la colega diputada Érika Olivera , para que exponga sobre el proyecto de “ley Karin”. A ese seminario están invitados, además, parlamentarios de mi región.

Los nombres Karin Salgado , Vanessa Araya , Florencia Elgueta , Jennifer Peña , Janin Gerdes y Mónica Vásquez no se nos pueden olvidar.

Las compañeras de Karin están mirando lo que hacemos. Por los trabajadores y, especialmente, por las trabajadoras de nuestro país, votaremos a favor el proyecto de acuerdo.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, hay conductas dentro del ámbito laboral que todos sabemos que son inaceptables. Todo tipo de acoso y todo tipo de hostigamiento, por la razón que sea, no son tolerables.

En esta iniciativa se hace mucho énfasis en razones de sexo y género, motivos de acoso inaceptables, pero creo que es necesario reivindicar la gravedad de todo tipo de acoso y hostigamiento dentro del mundo laboral, porque se trata de dinámicas que se generan sobre la base de la diferencia de poder.

Es evidente que desde el Estado tenemos una responsabilidad en ello. Una de las responsabilidades ineludibles de la política, del Estado, del Congreso Nacional y del gobierno es resguardar los derechos de los trabajadores, especialmente ante cualquier tipo de presión indebida. Este Congreso Nacional tiene la responsabilidad ineludible de elaborar leyes que vayan en esa dirección y de defender las vigentes, pero también tenemos la responsabilidad, sobre la base de la autonomía de nuestro país, de resguardar esa autonomía frente a la injerencia de poderes extranjeros e intereses internacionales.

Por eso, los republicanos somos siempre tan críticos de cuántas atribuciones y de cuánto poder se da a organismos internacionales o a potencias extranjeras, a burócratas y activistas que no tienen dentro de sus intereses los de nuestro país.

No tomamos en forma liviana la responsabilidad que debemos asumir todos los miembros del Congreso Nacional. Este no es un tema de sectores políticos. Por eso, a veces, encuentro lamentable que los republicanos quedemos, en cierta forma, un poco solos en la defensa de nuestra soberanía nacional, cuestión que debería preocuparnos a todos, independientemente del sector político de que se trate. A todos debería preocuparnos no regalar atribuciones, no regalar responsabilidades que son nuestras, las que nos han confiado todos los ciudadanos por medio de su voto. No podemos renunciar a eso.

Por eso, los republicanos no estamos de acuerdo con esta iniciativa, porque constituye una renuncia a nuestras atribuciones, a nuestros deberes y a nuestras responsabilidades, renuncia que no tenemos derecho a ejercer frente a chilenos que nos han elegido, independientemente de nuestro sector político.

Seguiremos defendiendo que sea el Congreso Nacional, que sea el gobierno de Chile, quien sea que ocupe la presidencia de la república, el que resguarde los derechos de todos los trabajadores y el que impulse iniciativas legales que mejoren la calidad del trabajo y las condiciones económicas para que pueda haber empleo. Se suele olvidar con mucha liviandad la responsabilidad que tenemos para mejorar las condiciones económicas con el objeto de que haya más trabajo. Los republicanos nunca renunciaremos a esa responsabilidad, la que debe ser reivindicada por este Congreso Nacional y en nuestro país, no por potencias extranjeras.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, en este momento hay 32 parlamentarios presentes en la Sala. Por respeto a la gente, no podemos sesionar con ese número, por lo que solicito que se llame a los diputados y diputadas a través de los timbres o que se cierren las puertas de la Sala, porque esto se viene repitiendo. Es algo a lo que se han referido colegas de distintas bancadas.

Creo que lo mínimo es que se cumpla el quorum de funcionamiento de la Sala.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Diputado, entiendo absolutamente el punto que plantea. Ya estamos llamando a los diputados y diputadas, como se ha escuchado desde hace unos minutos. En paralelo, a las 11:30 horas se iniciará la reunión de Comités. Además, se está sesionando en distintas comisiones. No obstante, acogemos su punto.

Repito: estamos haciendo el llamado a través de los timbres, así que seguramente dentro de unos minutos tendremos quorum.

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, las señales que damos como país y las señales que damos desde este Congreso Nacional importan. Por ello, es imperativo ratificar el convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso en el trabajo.

En nuestro país, entre 2019 y 2021, se registraron más de 5.000 denuncias por acoso laboral. En igual período, la Dirección del Trabajo registró 2.003 casos por acoso sexual. En el caso de los servicios públicos, entre 2018 y 2021, se reportaron más de 6.000 denuncias por acoso.

El maltrato y el acoso afectan, principalmente, a las mujeres. Para constatar eso basta con mirar las cifras: el 75 por ciento del total de casos por maltrato laboral, el 72 por ciento de los casos por acoso laboral y el 92 por ciento de los casos por acoso sexual fueron denunciados por mujeres. Lamentablemente, la mayoría de esas denuncias fueron desestimadas o sobreseídas. Y no se trata solo de cifras, sino de la vida, el sustento y la salud mental de miles de personas y sus familias.

Los entornos laborales que presentan este tipo de violencia afectan la salud física y mental de las personas e infectan a todo el grupo familiar del trabajador o trabajadora, sobre todo cuando esa violencia no se enfrenta, no se previene o cuando la denuncia no se investiga o no se repara. El daño causado es profundo, pero lo importante es que es perfectamente prevenible.

El convenio que estamos discutiendo asegura el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, permite consensuar internacionalmente un entendimiento sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, recomienda a los Estados miembros establecer la prohibición legal de la violencia y el acoso y la garantía a un fácil acceso a mecanismos de reclamación y reparación, así como la protección de la privacidad de las personas implicadas, entre otras medidas.

También, un elemento importante a destacar es que el convenio se aplica tanto al mundo público como al mundo privado.

Sin duda, el convenio 190 de la OIT constituye un avance civilizatorio que es necesario afianzar, porque los derechos nunca están completamente garantizados; por el contrario, están constantemente amenazados por sectores conservadores que no dudan en intentar hacer que retrocedamos en estas materias.

El acoso y el maltrato son incompatibles con el trabajo decente. Creo que esa es la frase con la que nos tenemos que quedar.

Por eso, espero que este proyecto cuente con un contundente apoyo en esta Sala.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva gestión que asume en la testera de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Quise hacer uso de la palabra, entre otras cosas, porque para las y los socialistas todas aquellas leyes y convenios internacionales que permitan avanzar en establecer más derechos para las y los trabajadores, sin duda, forman parte de nuestros motivos para estar acá y, en definitiva, para avanzar en una legislación robusta, que permita que el mundo del trabajo avance de manera efectiva en mejores condiciones, no como hoy, que vivimos tanta precariedad laboral. La materia que trata este convenio, sin duda, es una materia sentida por todos nosotros y nosotras.

El Convenio N° 190 promueve la negociación colectiva como principal herramienta para las trabajadoras y los trabajadores, para eliminar la violencia y el acoso en el trabajo.

Aprobar este convenio implica un avance más en mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Es un paso importante para enfrentar la cruda realidad que demuestran los datos. Por ejemplo, el 25 por ciento de las denuncias en Chile sobre acoso, que están puestas en la Dirección del Trabajo, son sobre acoso sexual. El 92 por ciento de ellas son realizadas por mujeres.

Argumentar en contra de los convenios internacionales, como se ha planteado aquí por la bancada del Partido Republicano, sin duda, es un contrasentido, entendiendo que el mundo camina hacia avances civilizatorios a nivel global. Hay mínimos comunes que los Estados y las sociedades deben ir respetando.

Por lo tanto, hacemos un llamado en esta Sala a todos los sectores políticos para avanzar en estas medidas. No hacerlo implica la política de negar que el mundo civilizado avanza en grandes acuerdos internacionales en distintas áreas del mundo del trabajo y también en el ámbito de reconocer la crisis climática, por ejemplo. Negarse a esto, señalando que deben ser solo normas a nivel nacional aquellas que den cuenta de estas realidades, sin duda, es no entender absolutamente nada.

Por eso, queremos hacer un llamado en esta Sala a aprobar el Convenio N° 190, para que el Estado de Chile, en definitiva, pueda avanzar en determinadas obligaciones para garantizar razones laborales que permitan a las trabajadoras y los trabajadores trabajar en mejores condiciones, sin acoso, sin violencia, con…

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señor Presidente, en primer lugar, hay que recordar que aquí se está tratando de establecer una gobernanza global.

A través de este tipo de tratados, existe el establecimiento de elementos legisladores que van más allá de lo que son nuestras fronteras. El derecho internacional va evolucionando sin la participación de esta Cámara de Diputados.

Entonces, permitimos que en la comunidad internacional muchos actores que no son países democráticos terminen ejerciendo influencia dentro de lo que es nuestra legislación interna. No veo la razón por la cual nosotros debiésemos tercerizar en el extranjero la función de ser legisladores.

Por otro lado, cualquiera que conozca algo de derecho internacional sabe que nosotros estamos entregando soberanía con este tipo de acuerdos.

¿Qué es la soberanía? De acuerdo con Jean Bodin , en 1543, el padre de la ciencia política, soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado. Esa facultad se articula en Chile a través del voto. Mientras más facultades les entregamos a organizaciones internacionales, menos pesa el voto de los chilenos en las elecciones. Aquí se está entregando el contenido y el efecto del voto a organizaciones internacionales. Esa es la situación, y siempre se hace de la mano de las mejores intenciones, por supuesto.

Después vamos evolucionando a nivel internacional y obligando a los Estados a adaptar su legislación interna a aquello que se ha decidido a nivel global, sin participación democrática de los chilenos, con concurrencia de naciones tan poco democráticas como Pakistán, Arabia Saudita y otras.

Entonces, damas y caballeros, ¿somos un país independiente? ¿Queremos seguirlo siendo o no?

Acabamos de pasar a la Comisión de Derechos Humanos un proyecto -un mal proyecto, por lo demás que se refiere exactamente a este tema.

¿Nosotros somos incapaces de legislar para impedir el acoso sexual? ¿Necesitamos que venga la ONU, como en Haití, a gobernarnos aquí mismo? ¿Ese es el tema? Si queremos reconocer que ese será el camino, entonces, renunciemos y ahorrémosle al contribuyente chileno la necesidad de tener que pagarnos, ya que seríamos perfectamente inútiles, puesto que la legislación no vendría desde aquí. Nosotros solo seríamos una caja de resonancia de lo que deciden organizaciones internacionales.

Sincerémoslo : ¿vamos a seguir siendo un país independiente o no? Con cada tratado de este tipo que estamos firmando, estamos perdiendo cada vez más independencia y nos estamos riendo en la cara de nuestros votantes.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Araya .

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señor Presidente, desde luego, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.

No deja de ser curioso que cuando se trata de incorporar derechos, se levantan las fronteras, pero cuando se quiere incorporar capitales, se derriban las fronteras.

Curiosamente, nunca he escuchado ningún tipo de alegación en contra del dólar, que se ha instalado en todo el mundo. Al contrario, se defiende y se promueve la inversión en dólares.

Fíjense que aquellos que hablan en contra de las Naciones Unidas y del sistema de cooperación multilateral, que es la salida razonable que se ha dado al mundo para resolver conflictos, no dicen ninguna palabra en contra del bitcóin. Al contrario, promueven el bitcóin, que echa abajo las fronteras y que, además, tiene procedencia bastante dudosa.

No deja de ser llamativo que cada vez que uno pretende decir que hay avances civilizatorios, como mencionó el diputado Daniel Melo , aquí haya ciertos sectores que invocan la bandera de Chile. Sin embargo, bajo la bandera de Chile se atropellan derechos laborales y hay trabajadores que no tienen derechos laborales, empleadores sin conciencia e industrias abusivas, como la de las AFP, que abusan hasta el hartazgo. Lo que hacen estos instrumentos internacionales es generar un espacio de protección para las trabajadoras y los trabajadores que son constantemente abusados en nuestro país.

¿Cómo uno podría no estar de acuerdo con esto? Aquí lo que hay son principios ordenadores y reguladores para que el trabajador, en ausencia de normativa interna que permita protegerlo, pueda invocar un tratado internacional. Eso es lo importante en lo que estamos haciendo: ampliar la protección de los trabajadores en un modelo que es absolutamente asimétrico, que además es injusto y que, lamentablemente, ha sido utilizado por algunos -no todosempresarios inescrupulosos y abusivos.

Hay que hacer una clara distinción respecto de que en Chile también hay empresarios que son decentes, conscientes y con un estándar ético que ojalá fuera cada vez más extendido en nuestro país.

Creo que no es correcto pintar el mundo en blanco y negro: si uno está a favor de que los tratados internacionales den recomendaciones y principios, es prácticamente un antipatriota; por el contrario, cuando uno tiene una opinión respecto de algunos empresarios abusivos, se transforma en un anticapitalista, y si uno dice que hay empresarios que tienen ética, se transforma en un facho.

Creo que los extremos no hacen bien a la discusión, porque se pierde la racionalidad al legislar, puesto que se hace sobre la base de consignas de frase fácil que nada aportan y no resuelven el problema de las trabajadoras y los trabajadores de Chile, que vivimos en un sistema asimétrico.

Mientras no tengamos una legislación del trabajo que reconozca en el trabajador a una persona y en el empleador o el dueño de la empresa a otra persona que tiene que establecer una relación, este tema va a seguir siendo motivo de división en nuestro país.

Creo que este es un avance importante para la protección de las trabajadoras y los trabajadores, que además permite a aquellos que hoy no podrían negociar colectivamente abrir una puerta para construir una figura de negociación colectiva que precisamente busca equilibrar la cancha en un sistema que lamentablemente se caracteriza por la asimetría y el abuso.

Llamo a aprobar este convenio, que vamos a suscribir prontamente.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).

 Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista va a aprobar el Convenio N° 190, que celebran muchos países civilizados del mundo, para perseguir y erradicar la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual en las relaciones laborales. Esto es un avance civilizatorio.

Para que entendamos bien de qué estamos hablando, quiero relatar el caso de Mónica Vásquez , una trabajadora que el 20 de enero de este año era cajera del supermercado Líder en Bellavista, Concepción, y que durante meses había pedido a sus jefes o superiores que la sacaran de las cajas de autoservicio, que obligan a trabajar de pie, toda vez que tenía fuertes dolores en sus piernas, acreditados por certificados médicos que así lo establecían y en los que se recomendaba que su empleador le diera un puesto de trabajo sentada, como lo hacen muchas cajeras en todos los supermercados del país.

El 20 de enero, la señora Mónica Vásquez , ante los dolores terribles que estaba sufriendo en sus piernas, nuevamente pidió a sus superiores que cumplieran con ese mandato médico. Sin embargo, recibió solamente maltrato. El empleador le dijo que fuera a las cajas de servicio, donde tenía que estar de pie, porque esa era su pega. Era una orden, y si no le gustaba, se iba, como suele ocurrir en las relaciones autoritarias que se dan en algunos lugares de trabajo. Ella se vio obligada a volver a las cajas de autoservicio, y a las 3 de la tarde le dio un infarto fulminante por lo que falleció en el propio supermercado Líder.

Ella es una más de los miles de personas que han sufrido al interior de sus lugares de trabajo el acoso laboral, el maltrato, el insulto, el gritoneo de sus jefes, el desprecio por el aporte que hacen. Esa situación ocurre en Chile y en todas partes del mundo, porque las personas que trabajan ponen parte de su libertad al servicio de la empresa. Las relaciones autoritarias que se construyen en algunas empresas se estiman básicamente como una dependencia cercana a la esclavitud.

Tenemos que erradicar la violencia, tenemos que erradicar el acoso, el maltrato y el hostigamiento en nuestras empresas. Es la mejor manera de contribuir a la economía, pero sobre todo a la dignidad de las personas.

Cada trabajador merece un trato digno, y hoy, con este convenio internacional, estamos globalizando, no los paraísos fiscales como quieren algunos, no las guerras como quieren otros, sino la dignidad de los trabajadores.

Chile se pone en la fila de los que van a defender con toda su fuerza, en este gobierno, la dignidad de cada trabajador.

Los socialistas vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Hago presente a la Sala que desde hace varios minutos están sonando los timbres para llamar a los diputados a la Sala a fin de completar el quorum requerido para continuar la sesión. Faltan cuatro o cinco diputados para alcanzar el quorum. Hemos insistido en el llamado, pero nos han señalado que los diputados están en reuniones de Comités y en distintas comisiones.

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA (don Cristián).-

Señor Presidente, hay varias preguntas que debemos hacernos cuando vamos a legislar. Una de ellas es la necesidad de legislar. En esta Cámara somos buenos para generar muchas normas y para suscribir un montón de cosas, pero ¿cuán necesarias resultan?

El acoso laboral y los malos tratos en el trabajo son una temática que por cierto nos tiene que preocupar a todos. Fui concejal y en su momento supimos de un caso de acoso laboral y de hostigamiento en otro municipio, por parte de una concejala de Revolución Democrática, quien tuvo términos muy despectivos contra la persona que la asesoraba, contra otra mujer: la trató de esclava blanca. Fue una concejala de Revolución Democrática la que tuvo un trato muy despectivo. Hubo un sumario, pero finalmente quedó impune. No hubo sanción por esos tratos vejatorios contra una mujer. Esa es una realidad que lamentablemente se repite. Hay que ver cómo podemos trabajar y mejorar la legislación para que casos como ese no queden impunes.

Este convenio que se nos presenta incorpora una serie de conceptos que son poco claros, entre ellos el enfoque de género. ¿Qué significa ese enfoque de género? ¿Cómo vamos a comprender un enfoque de género? Enfoque de género de qué. ¿Qué pasa en el caso que mencioné, por ejemplo, en el que una mujer trata de esclava blanca a otra mujer? ¿Qué pasa cuando tiene un trato así de despectivo, de ninguneador y de humillante? En ese caso no se trata de machismo. ¿De qué se trata? ¿Qué dice el enfoque de género sobre aquello? Sería interesante que el Frente Amplio, que tiene más vínculos con esa concejala, pueda explicarnos qué pasa en esos casos. ¿Esa situación la incorpora el enfoque de género? ¿O en el caso que señalé no hubo violencia de género?

Hay varios asuntos que quedan poco claros en este convenio. Además, creemos que resulta innecesario.

Y como decían algunos diputados, no vamos a renunciar a nuestra soberanía nacional. Este tipo de materias las podemos regular y mejorar en este Congreso, con nuestra legislación, con nuestra forma de generar leyes, no suscribiendo infinitamente este tipo de convenios.

No vamos a respaldar este convenio, no porque no creamos que se debe combatir el acoso -he dado un ejemplo muy claro de una concejala de Revolución Democrática, pues condeno absolutamente la forma vejatoria con la que trató a una mujer-, sino porque queremos ser claros en que la soberanía nacional no se la vamos a entregar a organizaciones internacionales.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Informo a la Sala que se está cumpliendo con el quorum requerido en la Sala.

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karla) .-

Señor Presidente, como es sabido, este es un convenio negociado dentro de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que exige que los estados miembros adopten, para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, un enfoque inclusivo e integrado y que tenga en cuenta consideraciones de género, tal como se ha dicho durante la discusión.

Creemos que esto es muy importante porque viene a fortalecer efectivamente la normativa, las políticas públicas en esta dirección y las normas reglamentarias que se requieren para que finalmente el Convenio 190 de la OIT pueda ser aplicado.

Chile tiene una incipiente legislación en materia de acoso laboral, que ha demostrado ser insuficiente en la práctica. Este tratado viene a fortalecer aquella legislación doméstica y a imponer obligaciones al Estado de Chile en relación con prevenir el acoso y la violencia en el trabajo. Además, contiene un enfoque de género y reconoce el impacto que tiene la violencia doméstica.

Se destaca que las normas del tratado deben aplicarse mediante políticas públicas, legislación y otras medidas que generen innovación sustantiva en relación con la democratización e implementación de un tratado que es tan relevante para nuestro país.

Creemos que es necesaria su aprobación ya que tiene fuerza vinculante para todos los órganos del Estado, la administración central, las entidades fiscalizadoras, el Poder Judicial y el Legislativo, dentro del ámbito de sus competencias. Así también, el normar derechos humanos está sometido a mecanismos de control respecto de su cumplimiento.

También al ser un convenio negociado dentro de la OIT tiene un carácter tripartito. Esto quiere decir que ha sido negociado entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Por tanto, tiene, además, una mayor legitimidad.

El Estado de Chile, en caso de ratificar, quedará sujeto a deberes tales como el seguimiento y control de la aplicación de la legislación, imponer sanciones, generar procedimientos con enfoque de género, reconocer los efectos de la violencia doméstica y, en la medida de lo posible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo; velar por que la Inspección del Trabajo y otras autoridades pertinentes estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo.

El convenio es aplicable, además, a toda persona en toda circunstancia laboral, sea del sector público o del sector privado.

Hoy vamos a ratificar un importante convenio de la OIT. Este organismo nos ha permitido dar avances importantes en materia de derechos laborales. Hoy lo hacemos buscando erradicar nuevamente la violencia de género en todas sus expresiones, y particularmente cuando se trata de la violencia en el mundo del trabajo. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad salarial, que es una deuda pendiente no solo en la ratificación del convenio 100 de la OIT -tenemos un proyecto de ley que espero que sea aprobado en el Senado-, sino, además, en la ratificación del presente convenio.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, quiero hacer una precisión respecto de lo que se ha señalado en la Sala sobre el derecho internacional y la soberanía nacional.

Quiero precisar que la comunidad internacional, a partir fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de los horrores del Holocausto, construyó una normativa en la que participó toda la comunidad internacional civilizada. Es decir, los tratados internacionales de derechos humanos no tienen nada que ver con el problema de soberanía; por el contrario, son avances civilizatorios.

Solo aquellos países que quieren imponer normas autoritarias o desconocer estos principios civilizatorios podrían restarse, y significa no entender el derecho internacional, las reglas que regulan el derecho internacional, las reglas que regulan los tratados internacionales.

La verdad es que causa un poco de temor existencial el hecho de que se desconozca toda la trayectoria que la comunidad internacional ha realizado por más de setenta años para cuidar los derechos fundamentales de todas y todos.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que interpreta el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín N° 14685-13.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El debate del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se inició en la sesión 72ª y continuó en la sesión 92ª, ambas de la presente legislatura, en lunes 12 de septiembre de 2022 y lunes 7 de noviembre de 2022, respectivamente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señor Presidente, aquí se trata de realzar la labor de los dirigentes sindicales, pero ¿desde cuándo requieren poder quedar autorizados para, eventualmente, insultar a sus empleadores?

Digamos las cosas como son: este proyecto no hace otra cosa que fomentar la impunidad de los dirigentes sindicales para ser todo lo agresivos que quieran y para darles un marco preferencial por el solo hecho de tener fuero sindical.

Lo que plantea el proyecto es que a los dirigentes sindicales no se les puede desaforar por las razones de que se podría llegar a despedir incluso sin indemnización al resto de los trabajadores de Chile.

Estos proyectos para mí son una vergüenza, porque además están adornados de un lenguaje bien romántico, como el caso de la expresión “sobre el fortalecimiento de los derechos de los dirigentes sindicales”. Lo dije en otra sesión cuando se discutió esto mismo, y lo repito: el derecho a sacarle la madre o mandar a cualquier parte al empleador no es el fortalecimiento de los derechos sindicales.

Quiero vivir en un país desarrollado y en paz, con líderes que se comporten como tales, y el camino para eso no es darle derecho a nadie ni a un grupo de personas para que se comporten como matones, donde el liderazgo lo ejercen eventualmente las personas más despreciables.

Por eso, nuevamente, rechazo con el alma este tipo de iniciativas, y espero que el resto del hemiciclo pueda ver lo que se busca realmente a través de este tipo de proyectos, que es envenenar, en forma deliberada, las relaciones laborales en Chile.

He dicho.

-Aplausos.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, la verdad es que no me había inscrito para hablar en este proyecto, pero decidí hacerlo después de escuchar al diputado Agustín Romero , que espero me escuche, porque yo fui dirigenta sindical durante siete años, y fui despedida con fuero sindical y maternal. No tuve cómo defenderme. Me acusaron de abandono deberes, e, incluso más, de incumplimiento de contrato de trabajo.

Cuando uno está en esas circunstancias, sobre todo cuando es mujer y dirigente en este país, la verdad es que queda de manos atadas, porque lo que los empleadores usan y hacen habitualmente, para que quien no ha sido dirigente lo sepa, es que obligan a tus compañeros y compañeras de trabajo a declarar en contra tuya, porque lo que está puesto en juego es la estabilidad laboral de esos trabajadores también. O sea, después de las declaraciones te dicen “pucha, no me quedó otra, lo tuve que hacer”.

Entonces, ¿cómo resguardamos efectivamente el rol de un dirigente sindical, cuando está en una abierta y desmedida arbitrariedad y desventaja respecto de lo que puede ofrecer el empleador a tus compañeros y compañeras de trabajo? Tenemos que ver los mecanismos para resguardar la labor de la dirigenta y del dirigente sindical.

Por tanto, le digo que yo no tuve nunca una actitud de matonaje ni de falta de respeto con mi empleador; en cambio, fui sacada de mis funciones, teniendo doble fuero: el laboral y el de maternidad.

Creo que hay que entender que cuando estamos cumpliendo esos roles estamos bastante abandonados por la actual legislación. Por tanto, llamo a aprobar la iniciativa. Tenemos que resguardar y fomentar la participación sindical.

Chile hoy en día es uno de los países que tiene menor nivel de sindicalización y además de negociación colectiva de los países OCDE. Creo que para poder elevar los estándares debemos permitir que haya legislaciones que resguarden el ejercicio de la labor sindical en nuestro país, porque yo no le puedo ofrecer a mis compañeras de trabajo que no van a ser despedidas por no declarar en contra mía. Eso sí lo puede hacer el empleador.

Por tanto, creo que hay que equiparar la cancha. Resguardar esos derechos es una obligación de nosotros.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario, para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal, correspondiente al boletín N° 12599-01.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Benjamín Moreno .

Antecedentes:

-Moción, sesión 21ª de la legislatura 367ª, en martes 7 de mayo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 22.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 86ª de la presente legislatura, en lunes 17 de octubre de 2022. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Benjamín Moreno , rinde el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el diputado Juan Antonio Coloma .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor COLOMA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los diputados Harry Jürgensen , Miguel Mellado , Gastón von Mühlenbrock , y de los entonces diputados Iván Flores, Fernando Meza y Mario Venegas , que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal.

Idea matriz o fundamental del proyecto de ley

La idea matriz del proyecto es incorporar en el Código Sanitario la definición de carne y establecer la prohibición de denominar carne a cualquier otro producto que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley o no sea de origen animal.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos: 10 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Votaron a favor las diputadas Mercedes Bulnes , Paula Labra y Emilia Nuyado , y los diputados Félix Bugueño, Juan Antonio Coloma , Felipe Donoso , Harry Jürgensen , Benjamín Moreno , Víctor Pino y Jorge Rathgeb . Votó en contra la diputada Consuelo Veloso y se abstuvo la diputada Marcela Riquelme .

Antecedentes y fundamentos

Los autores de la moción señalan que históricamente la carne ha sido uno de los principales alimentos consumidos por las personas en todo el mundo; es más, antes de que las comunidades conocieran y aplicaran técnicas de agricultura, la caza y recolección eran los medios utilizados para que las familias recibieran los nutrientes necesarios para su subsistencia.

Seguidamente, destacan que, con el transcurso del tiempo y el asentamiento de las comunidades, el hombre pasó a desarrollar nuevas técnicas: ya no solo cazaban y se alimentaban de los distintos animales que encontraban, sino que desarrollaron técnicas e infraestructura para criar animales para su posterior consumo. Esto nos da cuenta de la importancia que ha tenido la carne y su consumo desde el inicio de los tiempos.

En la actualidad, se encuentran pequeños, medianos y grandes crianceros y engorderos de distintas especies de animales con el objetivo de producir carne para el consumo humano.

Todo lo anterior hace que la carne goce de un gran prestigio, y las personas conocen los beneficios que trae su consumo: aporte en aminoácidos, proteínas, vitaminas, entre otros.

Con todo, se ha intentado regular el mercado de la carne en todas sus etapas. Es así como la legislación ha establecido una definición exacta de lo que debemos entender por carne; sin embargo, se ha permitido que productos que no siendo de origen animal sean denominados como tal.

El Reglamento Sanitario de los Alimentos, dictado por el Ministerio de Salud, ha definido: “Con la denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos, y de otras especies aptas para el consumo humano.”.

Prosiguen los mocionantes señalando que la situación anterior causa una gran confusión para muchos consumidores, ya que se ofrecen productos que tienen denominación de carne, pero que no provienen de ninguno de los animales indicados en la normativa, y, más aún, cuyo origen es efectivamente vegetal, como es el caso de las hamburguesas de soya, las hamburguesas de lenteja, las hamburguesas de garbanzo, las hamburguesas de quinoa, entre otros.

La situación anterior causa un gran perjuicio a la industria de producción de carne, y así lo han denunciado dirigentes del gremio, ya que un producto que no posee las características similares a la carne animal se dice ser carne.

Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley consta de un artículo único, por el cual se modifica el Código Sanitario mediante la incorporación de un párrafo III denominado De la carne, compuesto por tres artículos.

El primer artículo señala que con la denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos, y de otras especies aptas para el consumo humano. Además, dispone que las carnes de animales de caza en sus procedimientos de manejo, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta deberán ceñirse a lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y a la norma técnica dictada para estas.

La segunda disposición establece que la carne comprende todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo su cobertura grasa, tendones, nervios, huesos propios de cada corte cuando estén adheridos a la masa muscular correspondiente y todos los tejidos no separados durante la faena, excepto los músculos de sostén del aparato hioideo y el esófago.

Además, señala que se entiende por subproducto comestible a las partes y órganos tales como corazón, hígado, riñones, timo, ubre, sangre, lengua, sesos o grasa, de las especies de abasto.

La tercera norma prohíbe catalogar como carne a un producto que no sea de origen animal y que no cumpla con lo establecido en los artículos anteriores, y prescribe que “Las infracciones al presente artículo serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Libro Décimo de este Código.”.

Principales ámbitos discutidos por la comisión

Durante la discusión general y el análisis de esta iniciativa se contó con la colaboración y asistencia de representantes de la Corporación de la Carne, de la agrupación Vegetarianos Hoy, de la fundación Abogados por los Animales (APLA), de la nutricionista señora Cintia Demmer y de la gerente legal de NotCo, señora Tábata Santelices , quienes plantearon sus diferentes puntos de vista sobre el proyecto.

Destacaron como argumentos a favor el hecho de que la actual libre rotulación de los productos de origen vegetal puede inducir a errores a consumidores, sobre todo en cuanto a la dispar capacidad nutritiva que tendrían las proteínas vegetales versus las proteínas animales y a la utilización de las características y atributos de las proteínas animales para proporcionar los productos de origen vegetal.

Por su parte, los argumentos se encuentran centrados fundamentalmente en que los consumidores no son engañados, ya que conocen aquello que consumen y no deben ser infantilizados; en que el asunto ya se encontraría regulado en el reglamento sanitario y en que habría un gran aumento de oferta de los denominados productos plant based o a base de plantas y es necesario respetar las libertades individuales de las personas.

Durante el debate en particular fueron aprobadas dos indicaciones: una, con precisiones formales, y otra, que establece que las denominaciones asociadas a productos de origen animal, tales como hamburguesas, chorizos, salchichas, cecinas, entre otras, no pueden ser utilizadas para describir, promover o comercializar productos alimenticios que contengan mayor proporción de materia vegetal que cárnica.

Cabe destacar que ningún artículo del proyecto tiene el carácter de orgánico constitucional. Por las consideraciones expuestas, solicito a la Sala que preste su aprobación a esta iniciativa. Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señor Presidente, el producto “carne” toma su definición a partir del Codex Alimentarius . Implica solo la musculatura, sin adición de sustancias o productos externos, como el agua, la sal y otros tipos de marinados. En ese sentido, muchos productos que se denominan “carne” y que son consumidos en el hogar o restaurantes de comida rápida, solo por mencionar algunos, son ultraprocesados; por ello, ya en su definición no corresponden a carne como tal.

En estudios publicados en Estados Unidos de América en 2021 -hace poco-, en la Universidad de Duke, se midió la composición de un producto de carne versus un alternativo denominado similar y los resultados determinaron que son en un 90 por ciento distintos. Quien crea que como alimentos son reemplazables está en un error.

Según una encuesta de 2019 del INE sobre ganadería, leche y carne, un 64 por ciento de los predios posee la actividad agropecuaria como única fuente de ingresos. En la Región de Los Lagos, de donde soy, esta cifra llega a un 67 por ciento. Solo el 14 por ciento de los predios se dedica a leche; el resto, todo a ganadería en carne.

A nivel nacional, un 49 por ciento de los predios son clientes de Indap de Los Lagos; alcanza el 53 por ciento de pequeña agricultura, y se estima que el 75 por ciento de nuestras crianzas estarían en manos de la pequeña ganadería.

Nuevas formas de hacer estudios nutricionales en humanos describen el cómo comemos los alimentos como factor crucial. Por ello, la carne, como músculo, ha demostrado ser un elemento positivo para el metabolismo, lo que cambia en dietas altamente procesadas.

Un estudio de 2020 nos indica que una dieta saludable a base de carnes y vegetales cambia el riesgo para cáncer, y existe al menos un 20 por ciento menos de riesgo de cáncer si es balanceada.

Acá la misma carne, cambiando la forma de consumo como saludable, baja los niveles de triglicéridos en cuatro meses.

Finalmente, una dieta balanceada es lo mejor. Solo se desea que el consumidor compre informado: la carne es carne.

Nuestros pastos chilenos dan como resultado un alto contenido de omega 3, omega 6 y otros triglicéridos deseables que solo el rumiante sintetiza, no el ser humano.

El cuerpo humano se compone, aproximadamente, de 250.000 proteínas distintas, formadas a partir de 20 aminoácidos. Las personas pueden sintetizar, es decir, producir, 11 de ellos, y los 9 restantes son los aminoácidos esenciales que no pueden ser fabricados por el organismo, sino que se obtienen de los alimentos. La carne bovina contiene los 9 aminoácidos esenciales, mientras que los vegetales pueden proporcionarlos, pero en una variedad mucho más extensa de legumbres o verduras.

Por lo tanto, el proyecto no solo evita confusiones a los consumidores en cuanto a lo que consumen, sino que protege una industria esencial para el país y beneficia la alimentación y salud de los chilenos.

Claramente, votaré a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, estimados diputados y diputadas, quiero aclarar muchas cosas sobre este proyecto de ley.

Esta iniciativa obedece a una mala práctica jurídica. ¿Cuál es el fundamento? ¿Para qué legislamos? ¿Para qué estamos aquí? Para proteger a la ciudadanía, para sancionar conductas indebidas: para eso estamos aquí; esa es nuestra tarea como legisladores.

Entonces, me pregunto: ¿qué estamos protegiendo con esta iniciativa de ley? Les pido, por favor, abrir sus mentes y situarse en el texto de esta propuesta. Dice: “en innumerables supermercados, almacenes y páginas de internet del país se ofrecen productos denominados como carne, aun cuando no provienen de ningún animal indicado en la normativa, y, más aún, su origen es realmente vegetal.”. Y sigue: “la situación anterior causa la confusión de muchos consumidores, que en innumerables casos creen que al adquirir el producto están adquiriendo proteína animal solo de una nueva variedad…”, y denominan carne de soya, carne de lentejas, carne de garbanzos. A propósito, nunca he escuchado de carne de soya o carne de lentejas.

Esto tiende a caricaturizar la diferencia que existe en la denominación. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo? A los consumidores, ¿verdad? Se trata de que el consumidor no se confunda. Los autores de la iniciativa dicen que la situación descrita causa confusión en los consumidores. Por lo tanto, estamos protegiendo a los consumidores. Muy bien; excelente proyecto de ley.

¡No, pues! No es así. No estamos protegiendo a los consumidores. Preguntamos a todas las organizaciones de consumidores si ha habido un reclamo en Chile, uno solo, debido a que un consumidor se equivocó y creyó consumir una cosa distinta. Nada. Ni un solo consumidor ha reclamado por ello.

Es más, el Reglamento Sanitario de los Alimentos dice claramente que deben estar en lugares distintos, que se debe señalar el origen del alimento. Los invito a verlos en el supermercado, y constatarán que en todos dice si su origen es vegetal o animal.

Entonces, la discusión de esta iniciativa se transformó en si la carne es buena o no, pero ese no es el tema. Hay mucha gente que es vegetariana o vegana, y tienen su preferencia, pero este proyecto de ley no trata de eso, no es ver cuáles son nuestras preferencias alimenticias. Esta iniciativa no tiende a proteger a uno u otro consumidor; lo que pretende es, derechamente, proteger a la industria de la carne.

Fíjense en esto. En los antecedentes del proyecto, se señala: “La situación anterior causa gran perjuicio para la industria de producción de carne, y así ha sido denunciado por el gremio…”. Pues bien, los gremios de la carne fueron invitados a la comisión, así como también los vegetarianos.

¿Saben qué respondieron los representantes del gremio de la carne cuando les preguntamos sobre cuál es el perjuicio que han sufrido? No hay perjuicio. Ninguno.

Además, le preguntamos: ¿cómo lo han medido? No hay ningún perjuicio, la gente se confunde. Les consultamos si alguna vez los han demandado por eso. O ustedes, como perjudicados por esta confusión, ¿han demandado? No, jamás; nunca.

Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién estamos protegiendo? ¿A quién estamos beneficiando con este proyecto de ley? ¿A los consumidores o a los grandes productores de carne?

Ahora, no hay problema en proteger a los grandes productores de carne, pero sinceremos nuestros proyectos de ley, digamos para qué son; no digamos que esto es para que no se confunda la gente. No digamos que esto no es para perjudicar a la industria. No digamos eso; seamos sinceros y digamos para qué estamos aquí, a quién vamos a proteger, a favor de quién vamos a legislar.

Por eso, espero el apoyo de mi bancada y que rechacemos este proyecto de ley.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, las cosas son lo que son y no lo que se dice que son, señala un antiguo aforismo jurídico.

No es más que ese el objetivo de este proyecto de ley, que se hace cargo de una derivación de primer orden de la definición lógica y clásica entre el reino animal y el vegetal, en este caso respecto de los productos que se derivan de uno u otro reino.

Así, solo se aclara que carne es carne, remitiéndose a la actual definición contenida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y en línea con la definición internacional del Codex Alimentarius.

La carne es un producto que ha construido su reputación y prestigio durante siglos. Históricamente, el hombre ha sido cazador y la proteína animal siempre se ha diferenciado de la proteína vegetal.

Por lo demás, algo similar se hizo con la leche hace unos años y dio origen a la ley N° 21.179, que Establece Normas sobre Elaboración, Denominación y Etiquetado de Productos Lácteos o Derivados de la Leche. Ahí se distinguió claramente entre los productos lácteos y las bebidas vegetales. Por eso, junto al entonces diputado Iván Flores , ahora senador, impulsamos este proyecto de ley, porque debíamos hacer lo mismo con los productos cárnicos.

Algunos se preguntarán por qué es importante regular esto. Lo es porque así como antes se denominaba, por ejemplo, como leche de soya a bebidas vegetales, ahora hay productos de proteína vegetal que utilizan la palabra carne en su denominación, lo que obviamente produce confusión en el consumidor, al creer que consume un alimento con propiedades similares a la proteína animal y cuya única diferencia sería el origen vegetal. Esto no es así, por lo que resulta necesario que se haga la distinción entre lo que es y lo que no es.

Además, el proyecto avanza en dar una definición legal a alimentos que, por su naturaleza, tienen origen en productos cárnicos, en línea con lo que ya se establece en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Aprovecho la ocasión para hacer una aclaración, puesto que algunos quieren generar confusión y malentendidos. El proyecto no limita la libertad de los consumidores para adquirir productos que sean de proteína vegetal, el proyecto no discrimina a quienes no consumen productos de origen animal ni impide el desarrollo de la industria que produce alimentos a base de proteína vegetal; por el contrario, se podrá seguir innovando en alimentos de soya, legumbres u otros, reconociéndolos por lo que son y que se destaquen por sus atributos propios.

Así como no nos tembló la mano para presentar y aprobar el proyecto de ley que aumentaba fuertemente las sanciones para los que adulteren o falsifiquen la información de la trazabilidad animal, porque atentaba contra la marca que por años se ha construido en torno a la carne chilena, su calidad y sus atributos, tampoco dudaremos a la hora de dar claridad a las personas respecto de lo que están consumiendo.

Por último, valoro enormemente el apoyo transversal que recibió esta iniciativa en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, donde tanto el texto inicial como las mejoras que propusimos fueron aprobadas por una amplia mayoría de votos, contando con el respaldo de diversos sectores políticos, lo que espero que se repita en esta Sala cuando votemos este proyecto de ley.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señor Presidente, sobre este proyecto no hay nada más que decir: las cosas son lo que son y no veo problema alguno en ello.

Por eso, espero el apoyo de todos los parlamentarios para decir que la carne es carne y que los otros alimentos, las otras proteínas, reciban otro nombre, el que se les quiera dar. El objetivo es que cuando en un supermercado queramos comprar una hamburguesa, esta sea efectivamente de carne y no de soya u otro producto, ya sea por error u omisión por la disposición en una góndola.

Es importante que la Cámara ayude a la transparencia, que ayude a identificar las cosas como son y no dar paso a ideologías o posturas, como se dio en la discusión de este proyecto en la Comisión de Agricultura, donde hubo algunas agrupaciones que nada tienen que ver con la denominación de carne, sino que más bien tienen un problema con el consumo de la carne y querían instalar una discusión que no es real.

Por eso, los invito a votar a favor de este proyecto para denominar la carne, carne; a la leche, leche, y al pasto, pasto.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, uno podría estar de acuerdo con el título de este proyecto, porque en Chile la palabra carne evoca, evidentemente, algo de origen animal; sin embargo, con este proyecto, la industria ganadera podría apropiarse de otras palabras, como el caso de la palabra “hamburguesa”, porque también existen hamburguesas vegetales, hamburguesas veganas.

Entonces, esta intención de querer abarcarlo todo les va jugar en contra y, por lo menos, yo votaré en contra de este proyecto, precisamente, por querer apropiarse de denominaciones que no necesariamente están ligadas a productos de origen animal.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea.

El señor URRUTICOECHEA .-

Señor Presidente, lanzar bulos sobre el maltrato animal

y así hacer desaparecer las tradiciones, crear la fantasía de los animales sintientes y, por tanto, intocables; criminalizar a los trabajadores del campo por la supuesta contaminación por CO2, son palabras propias del texto que se pretendía aprobar como nueva Constitución. El señalar a quienes comen carne y obligarlos a reducir su consumo; hablar del beneficio de la carne artificial, comida artificial para ti y filete para ellos. Tenemos el vulgar ejemplo del tirano Nicolás Maduro que, me imagino, recordarán el Partido Comunista y el Frente Amplio. Todas parecen ser bromas, pero se han publicado desde el año 2015 e incorporado en la Agenda 2030.

O ponemos fin al fanatismo ambiental y de género -locura patrocinada por gobiernos multimillonarios, de ideologías políticas generalmente comunistaso vamos directo a la ruina y a la tiranía.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, solo quiero hacer una observación en relación con este proyecto.

Me parece bien que se planteen modificaciones al Código Sanitario, pero quiero llamar la atención respecto de algunos datos estadísticos que, a lo mejor, quienes impulsan esta iniciativa no los han considerado.

En el país, cuando éramos aproximadamente unos 6 millones de habitantes, había alrededor de 5 millones de cabezas de ganado; en cambio, ahora que somos alrededor de 20 millones de habitantes, el país tiene menos de 2 millones y medio de cabezas de ganado vacuno, de acuerdo a las cifras del último censo agropecuario, entregadas esta semana.

Probablemente, así como vamos, esta denominación va a quedar fuera de contexto, porque cada día el país está produciendo menos carne.

Hago un llamado de atención, en el sentido de que, mientras el país no desarrolle una política de seguridad alimentaria, que es fundamental para enfrentar los desafíos futuros, particularmente los que se vislumbran durante los próximos años ante la crisis de alimentos que se está generando en el mundo, ya que los principales productores de carne y de otros alimentos están viviendo una seria crisis, fruto de la sequía y del cambio climático.

Si el país no impulsa una política de seguridad alimentaria y no desarrolla una política específica, a través de un banco ganadero en favor de los productores agrícolas y agropecuarios, probablemente el día de mañana la denominación de “carne” va a quedar absolutamente fuera de contexto. Es solo una observación.

He dicho.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

La discusión y votación de este proyecto quedará pendiente para una próxima sesión.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Por acuerdo adoptado por los Comités Parlamentarios, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el “Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento”, el “Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile e incorporación de la República de Chile como país miembro” y el “Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y la República de Chile, adoptado el 7 de febrero de 1968 y suscrito con fecha 23 de junio de 2022, respectivamente, correspondiente al boletín N° 15433-10.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta.Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).-

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, a continuación corresponde votar en particular, sin discusión, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende transitoriamente el permiso posnatal parental.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 13 de este boletín de sesiones.

-Segundo informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 14 de este boletín de sesiones.

-Los primeros informes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de la de Hacienda se rinderon en la sesión 91ª de la presente legislatura, miércoles 26 de octubre de 2022.

La señorita PÉREZ , doña Catalina (Vicepresidenta).- Corresponde votar en particular el artículo 1º del proyecto de ley, con la indicación aprobada en el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de quorum calificado.