Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, continuar con el tratamiento del informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno, especialmente los del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos y otros entes fiscalizadores, en relación con la prevención, fiscalización y protección de la seguridad y orden público ante la criminalidad y el robo de madera en la macrozona sur durante los últimos cuatro años, así como también las acciones conjuntas de los organismos del Estado para prevenir tales hechos (CEI 9).

Para la discusión de este informe se destinarán sesenta minutos, distribuidos proporcionalmente entre las bancadas.

Hago presente que el informe fue rendido en la sesión 50ª, en martes 4 de julio de 2023.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en la sesión 50ª de la presente legislatura, en martes 4 de julio de 2023, quedando pendiente su discusión y votación.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, cuando se inició esta comisión especial investigadora, sobre los actos del gobierno en materia de prevención, fiscalización y protección de la seguridad y el orden público ante la criminalidad y el robo de madera en la macrozona sur, nos llevamos varias sorpresas, porque muchos expositores, sin ser pitonisos, señalaron que con la sanción del delito de robo de madera este iba a mutar, ya que los delincuentes iban a buscar otras alternativas para financiar su acción delictiva.

Pues bien, en la macrozona sur hemos visto, en particular en la Región de La Araucanía, el aumento importante que ha habido de otros delitos, como el abigeato. Quizás, todavía no tenemos ningún dato estadístico de dicho incremento, pero los vecinos sí lo han señalado. Asimismo, como lo he planteado en otras ocasiones, allí también se está perpetrando el robo de insumos y productos agrícolas. De manera que esto es como un globo: al apretarlo por un lado se infla por otro.

El robo de madera ha financiado mucha actividad delictiva en nuestra zona. Por eso, los órganos del Estado deben seguir trabajando para solucionar ese problema, porque si la actividad delictiva sigue siendo financiada por el robo de madera o por otras actividades delictivas, eso va a significar que se provean de mayor capacidad para realizar los mismos actos delictivos u otros hechos de violencia que están íntimamente relacionados.

Resulta relevante señalar que para avanzar en la eliminación o disminución de los actos de violencia en la Región de La Araucanía debemos aprobar otras iniciativas que van aparejadas, como el proyecto que sanciona el delito de usurpación. Se trata de dos delitos que están relacionados, porque usurpar un terreno y mantenerlo retenido permite la impunidad de quienes extraen los productos que se generan en ese predio, sean estos agrícolas o maderables. Normalmente, prefieren usurpar terrenos con bosques o grandes extensiones para poder explotarlos sin ninguna dificultad.

Sin embargo, mientras avanzamos en el trabajo de comisiones especiales investigadoras que abarcan un aspecto del problema, vemos señales del gobierno que son erróneas o poco claras, como la designación como jefe de tierras de la Conadi de alguien que alentó, impulsó y avaló las tomas y las usurpaciones de terrenos en distintos lugares, las que llevan a la comisión de delitos como el robo de madera, el abigeato y el robo de produ ctos e insumos agrícolas.

Por lo tanto, por mucho trabajo que hagamos como parlamentarios en este tipo instancias, si no hay señales concretas y precisas por parte de las autoridades del gobierno, que avalen nuestro trabajo y las sugerencias que hacemos como comisión especial investigadora, es muy poco lo que podremos avanzar. Vamos a tener lindos discursos y lindas presentaciones, pero se adopta una decisión errónea y poco clara por parte del Ministerio de Desarrollo Social cuando designa como encargado de tierras a alguien que ha alentado la toma y la usurpación de las mismas, porque, seguramente, el día de mañana va a negociar con las víctimas y con quienes las pretenden.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka).-

Señor Presidente, quiero felicitarlo por su nuevo cargo. También quiero felicitar a nuestra Segunda Vicepresidenta, la diputada Daniella Cicardini , y a la Primera Vicepresidenta, nuestra compañera la diputada Carmen Hertz . ¡Qué lindo verlos en la testera!

Fui parte integrante de esta comisión especial investigadora, instancia en la que nos comprometimos a realizar un informe que fuese lo más adecuado posible con la situación que se estaba viviendo en La Araucanía, en el sur de Chile, con la madera.

Este informe tiene conclusiones bastante importantes, y me gustaría mencionar algunas de ellas. Sin embargo, también es necesario señalar que se trata de un informe extratemporal, puesto que hoy no estamos viviendo situaciones como las que surgían mientras funcionaba la comisión, cuando se hablaba, por ejemplo, de crisis de seguridad.

Hemos visto que los esfuerzos que ha hecho este gobierno para disminuir las tasas de inseguridad en el país han sido efectivos. Hemos visto cómo el Presidente Gabriel Boric se ha ocupado de hacer que nuestro Chile sea un Chile mucho más seguro. El informe en comento habla, por ejemplo, sobre legislación en materia de robo de madera, que en ese tiempo no existía. Hoy sí existe, y gracias a ello se han podido desbaratar distintas bandas de crimen organizado vinculadas a ese delito.

También, hemos visto cómo no solamente se ha hecho cargo del robo de madera, sino también de bandas criminales relacionadas con otro tipo de delitos en nuestro país.

Uno de los temas más importantes que me gustaría rescatar del informe en discusión es que, de acuerdo a todos los testimonios que se recabaron en la comisión investigadora, no se pudo concluir bajo ninguna circunstancia que existiera un vínculo entre la causa mapuche y las demandas territoriales de pueblos indígenas y la organización delictual, cuestión que en este hemiciclo, lamentablemente, muchas veces se ha intentado relacionar.

Por eso, a pesar de que muchos parlamentarios de oposición tratan de decir que los crímenes y la delincuencia vienen desde este sector, quiero decir que la verdad es que este gobierno ha sido el que más se ha preocupado y ocupado de detener la delincuencia en Chile. Por desgracia, con la anterior administración las cifras aumentaron: se incrementó la crisis de inseguridad y subió el número de delitos en nuestro país. Hoy, el Presidente Gabriel Boric tiene un compromiso latente con nuestra gente, y eso se demuestra en números.

Asimismo, ha habido un refuerzo a las policías en materia de recursos, de cómo se las ha dotado para que puedan ejercer su labor de mucho mejor forma.

De igual modo, dados todos los invitados que recibimos en la comisión, pudimos concluir que existen algunas cuestiones que hoy están totalmente desactualizadas; hay algunas conclusiones que son inoportunas. No obstante, creo que ahora nos corresponde aprobar el informe, porque, más allá de que hoy sea extemporáneo, en su momento la comisión tuvo la capacidad de definir cuáles eran las conclusiones a las cuales podíamos llegar y que en ese minuto se necesitaban.

Es por eso que me gustaría también hacer una solicitud en el sentido de que cada vez que tengamos comisiones investigadoras es muy necesario que los informes que emanen de ellas sean votados a la brevedad, ojalá al momento en que terminen su cometido, puesto que pronunciarse sobre aquellos con tantos meses de retraso tampoco nos permite seguir avanzando en materia legislativa en los temas que hoy Chile requiere.

Hoy llamo a mis colegas a que aprobemos este informe, haciendo la salvedad sobre algunas de sus conclusiones, que son importantes. Cuando se habla de grupos paramilitares en los territorios, quiero decir que desde las comunidades también ha existido la inquietud acerca de grupos armados que se encuentran allí y que ejercen labores que, por supuesto, les causan algún temor. Respecto de esos grupos aún no ha habido una investigación, por lo que también es necesario seguir avanzando en ello para poder dar a nuestra gente la seguridad que necesita.

En esa línea, valoro que exista disposición para trabajar en pos de nuestra gente, pero insisto en que necesitamos votar informes -espero que ello sea en el más breve plazo posible- que se adecúen a la realidad que hoy estamos viviendo y que esto sea una experiencia para que el día de mañana, cuando debamos seguir sancionando informes de las distintas comisiones investigadoras que estamos llevando en paralelo dentro del período legislativo, también tengamos la consideración necesaria para ponerlos en tabla una vez que aquellas finalicen su mandato, porque no corresponde votar cuestiones que no digan relación con los tiempos que estamos viviendo.

Insisto: el robo de madera no tiene ninguna vinculación con las comunidades mapuches ni con la justa causa de reivindicación de ellas dentro de sus territorios. Este informe lo menciona, y en esta Sala también hemos visto a parlamentarios, tanto de izquierda como de derecha, que están de acuerdo con esa conclusión.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Gloria Naveillan .

La señora NAVEILLAN (doña Gloria).-

Señor Presidente, tengo una duda y pido que la Secretaría por favor me la aclare.

Sé que hay repocas causales para que un diputado deje de ejercer el cargo. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para ello cuando un diputado tiene, por ejemplo, un problema de salud, eventualmente de salud mental? ¿Cómo se hace eso? ¿Se solicita algún tipo de examen? Me gustaría saberlo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, la regla general es que solo por enfermedad grave que no tenga recuperación un parlamentario puede renunciar al escaño. No hay otra alternativa. Y esa situación la termina revisando el Tribunal Constitucional, en virtud de sus facultades.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, en relación con esta comisión investigadora, que integré y cuyo informe estamos viendo, quiero decir que me parece que se trata de uno de los pocos organismos de esta naturaleza que han tenido un mejor funcionamiento, no solo desde el punto de vista comunicacional, porque hubo mucho interés en ella y quizás eso también ayudó a que pudiéramos hacer un trabajo con mucho mayor detalle para poder responder a preguntas o inquietudes. Esto, porque se trata de un tema vinculado también con lo que ocurre en nuestra macrozona sur: la presencia del crimen organizado, ya que -acá se ha dicho muy bien y ha quedado clarono era un ilícito que se estuviera atribuyendo ni a una causa ni a las comunidades mapuches, sino que, lisa y llanamente, se trataba de bandas de delincuentes del crimen organizado que muchas veces utilizaron -quizás la necesidad de algunas comunidades, en el sentido de llevarlas por este camino del ilícito.

Pero hay algo en lo que al final existe coincidencia, porque así es la realidad: se trata de personas -finalmente, son delincuentesque usaron espacios en ese territorio para vulnerar la propiedad privada y enriquecerse a costa, en este caso, del robo de madera.

Se hizo un trabajo que fue muy bien conducido por el Presidente de la comisión, el diputado Eric Aedo -aprovecho de felicitar al colega por la labor realizada-, quien tuvo además la altura para llevar esto más allá de una situación de política partidaria. En este sentido, hubo un muy buen manejo y también un respeto en la comisión. Creo que es necesario destacar y decir eso, porque así avanzamos en un trabajo en el que todos tuvimos el espacio para manifestar nuestras opiniones, pero siempre en un marco de respeto. Eso es algo que se agradece a quien conduce la comisión, ya que es una realidad en cuanto a cómo se lleva este tipo de organismos.

También, me parece que los informes deben ponerse a disposición de la Sala lo antes posible, porque el tiempo pasa y luego se va perdiendo el foco y el interés en este tema.

En la provincia de Arauco, donde se emplazan algunas comunas del distrito que represento, esta situación ha mejorado, y también hay que decirlo: ha habido una baja en este tipo de delitos, que se han trasladado de los lugares en que estaban ocurriendo de manera más intensa, como el sector de Cayucupil. Pero ahora hay sectores en Paicaví y Llancao, comuna de Cañete, donde tales delitos se están produciendo de la misma forma, porque se ha visto que, más allá de los mecanismos de control -que se mencionan en el informe y que se debatieron ampliamente- y de fiscalización en terreno, es importante que, de manera articulada, haya un mecanismo de control y de seguimiento de la ruta del dinero, y para ello debe existir cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos, las policías y un organismo que hoy requiere una mayor musculatura, que es la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que está llamada a controlar y otorgar la autorización de los planes de manejo de los bosques. Cabe recordar que, a través de los planes de manejo, se autoriza el corte de los bosques y su posterior traslado en rollizos o en metros ruma para ser comercializados.

Hay una falla que sigue presente porque si bien el Servicio de Impuestos Internos ha generado mecanismos, como la guía de despacho electrónica, que está en línea, aún falta la capacidad de la Conaf para controlar los planes de manejo que autoriza, los cuales tienen un número de rol que es usado por delincuentes para sacar estas maderas y blanquearlas diciendo que están autorizadas por los propietarios de los terrenos. Es decir, se usa el rol de un propietario, pero no se hace el control ni el seguimiento de la cantidad de metros ruma o de madera que ese predio puede dar.

Esta situación provoca que en un plan de manejo de un predio de 10, 20, 30 o 40 hectáreas saquen el doble, el triple o hasta diez veces lo autorizado durante un año o, incluso, meses, dependiendo de la cantidad de camiones, maquinarias y personas con las que cuenten. Así ocurre en la comuna de Cañete, donde se autorizan 10 y se sacan 100. Es evidente que ahí se burla al sistema, porque se permite circular sin que nadie, ninguna institución, controle. En este caso, debería ser Conaf la encargada de controlar y verificar si realmente lo extraído corresponde al volumen de madera de ese bosque o predio, si ya estaba todo trasladado de un lugar a otro o si había sido trasportado desde el bosque.

Reitero que ahí continúa existiendo una falla y no nos podemos quedar conformes con el hecho de que aprobamos la ley que sanciona de forma más drástica el robo de maderas. Vale la pena destacar que durante todo el proceso de funcionamiento de la comisión investigadora hubo mayor fiscalización, se prendieron las alertas sobre este tema y disminuyó la cantidad de robos. Sin embargo, hoy -lo dije con ocasión de la renovación del estado de excepción- vemos que se ha relajado la fiscalización. La gente lo dice, pues apenas oscurece, empiezan a circular estos camiones. Señalé los lugares donde eso está ocurriendo, de manera que eso podría ser controlado si hay un efectivo cruce de información y un trabajo mancomunado entre los diferentes servicios, particularmente, en este caso, la Corporación Nacional Forestal.

Si un campesino o un agricultor muy pequeño decide cortar uno o dos árboles para leña o porque los considera un riesgo para su casa, dado que pueden caer encima por los vientos fuertes, Conaf supervisa y da la autorización correspondiente, y para ello llega personal de Conaf -a veces más de un funcionarioa la propiedad y, si se incumple una norma, cobra una multa. A esa persona se le presiona, se le atemoriza y se le hace cumplir con la norma. Me parece que, en este caso, se aplica de forma absolutamente asimétrica un control muy intenso sobre un ciudadano que está trabajando, que cuida su tierra, su campo y su bosque por muchos años, una persona que tiene sus manos callosas por el trabajo realizado. En cambio, quienes roban madera a diestra y siniestra, nadie los controla, porque no se tiene la capacidad para ello.

Quiero hacer hincapié en esa situación. La constitución de esta comisión, a todas luces, la considero positiva, pues hay un informe que refleja una cantidad de aspectos que van mucho más allá de los que he señalado respecto de las capacidades investigativas y de inteligencia o la capacidad del Ministerio Público para hacer el seguimiento de estas causas.

Los hechos ocurren en terrenos de difícil acceso, en lugares boscosos, apartados, pero esa no es razón suficiente para no adecuar los sistemas para tratar de controlar y erradicar este delito de nuestra macrozona y, particularmente, de las provincias de Arauco y de Biobío, que represento. En esta materia puntual, todavía estamos absolutamente al debe y no veo que haya una modernización, si lo queremos llamar así, en la funcionalidad de la Corporación Nacional Forestal para que sea capaz de controlar, fiscalizar y supervisar adecuadamente el corte de madera, para evitar que todavía siga existiendo impunidad en el robo de madera.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a los integrantes de esta comisión investigadora y también hacer una mención especial a las familias de la macrozona sur, a las familias de la Región del Biobío y de la Región de La Araucanía.

Soy representante de la Región de Aysén, pero formamos parte de un mismo país, y desde otras regiones de Chile vemos con cierta preocupación lo que ha ocurrido en una zona que ha sido intervenida por grupos paramilitares, por grupos terroristas y por organizaciones que cuentan con financiamiento desde el exterior para causar terror, violencia, muerte La verdad es que lo que estoy diciendo era muy difícil decirlo en el período pasado. Este es mi segundo período como diputado, fui Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en pleno estallido social y hablar de estos temas era prácticamente imposible, pues nos acusaban de que éramos violadores de derechos humanos, que no permitíamos la libre expresión, y éramos objeto de funas, persecuciones, amenazas de muerte, entre otras cosas. Eso vivíamos los parlamentarios, e imagino lo que vivieron los parlamentarios que representaban a esas regiones.

Por eso, me alegro de que hoy en comisiones como esta, de manera transversal, se reconozcan los graves problemas que existen en ese territorio, por la acción de grupos paramilitares y grupos terroristas, que reciben financiamiento desde el extranjero. Muchos de esos grupos se dedican, además, a vista y paciencia de todo el mundo, a generar negocios millonarios, como el robo de madera.

Por lo tanto, creo que la labor de estas comisiones ha permitido generar consenso en el mundo político acerca de que no hay espacio para la ambigüedad cuando se trata de la defensa y del fortalecimiento de las instituciones y del Estado derecho.

Después de todo lo que hemos recorrido desde el estallido social a la fecha, ha quedado demostrado, de manera transversal, incluido el gobierno, que es un gobierno de izquierda, que el Estado de derecho es fundamental. Por lo tanto, se deben aplicar todas las medidas y utilizar todos los recursos para apoyar a nuestras policías que están presentes en ese territorio y también entregar todos los recursos y todas las herramientas necesarias para que la fiscalía opere de manera ágil y rápida en la persecución de los criminales y terroristas que actúan en la macrozona sur de nuestro país.

Esta es una señal potente que hoy entrega la Cámara de Diputados al condenar el delito y buscar el fortalecimiento institucional y del Estado de derecho.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señorita Presidenta, aunque en este caso no sucedió, quiero consultar a la Mesa o a la Secretaría lo siguiente: si el informe no obtiene 52 votos a favor, ¿se da por rechazado o se aprueba por simple mayoría de los diputados presentes?

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, los informes requieren para su aprobación el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde de tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre el actuar de las autoridades de gobierno, en particular aquellas pertenecientes al Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile, sobre eventuales irregularidades y posible tráfico de influencias (CEI 2).

Para la discusión de este informe se otorgarán sesenta minutos, distribuidos en forma proporcional entre las bancadas.

Diputado informante de la Comisión Especial Invest igadora es el señor Miguel Ángel Calisto .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre actuar de las autoridades de gobierno, en especial las relacionadas con la PDI y su alto mando, respecto a diversas irregularidades y el posible tráfico de influencias (CEI 2), sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 19 abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CALISTO (de pie).-

Señor Presidente, honorable Sala, en primer lugar, quiero saludar a los familiares y víctimas que se encuentran presentes en las tribunas.

Me corresponde entregar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el actuar de las autoridades de gobierno, en especial las relacionadas con la Policía de Investigaciones y su Alto Mando, respecto de diversas irregularidades y el posible tráfico de influencias.

También quiero destacar el trabajo que han realizado los integrantes de esta comisión. Quiero mencionar a la diputada Claudia Mix , que fue quien impulsó esta Comisión Especial Investigadora; a las diputadas y diputados Marisela Santibáñez , René Alinco , Johannes Kaiser , Maite Orsini , Paula Labra , Karen Medina , Cristhian Moreira y Alejandra Placencia .

La integración, asistencia e intervenciones de autoridades, diputados e invitados, oficios enviados, respuestas y la totalidad de las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el informe y en las actas publicadas en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que omitiré hacer mención de ellas, para concentrarme en las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la comisión.

Se ha recogido una treintena de denuncias contra la PDI por faltas a la probidad, conflicto de intereses, eventual obstrucción a la investigación y mal manejo de los procedimientos internos entre los funcionarios. Las denuncias recibidas se han clasificado en las siguientes áreas: delitos sexuales, desvinculaciones de la institución por sumarios administrativos, denuncias por torturas y procedimientos policiales, con o sin resultado de muerte.

Muchos de los testimonios de las víctimas apuntaron a que la mala gestión interna se concentraba en su alto mando y el director general, instalando la idea de una fragilidad en los principios de transparencia y probidad que informa la institución.

Los casos relatados ante esta comisión no pueden considerarse hechos aislados, por cuanto se han encontrado elementos negativos en común, como se relata a continuación.

Muchas de las víctimas han sido desvinculadas de la institución por haber denunciado hechos enmarcados en violencia sexual o actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las personas.

La PDI no posee un procedimiento acorde a normas básicas para este tipo de hechos ni protocolos de actuación eficientes basados en la asistencia, respeto, contención y confidencialidad.

En razón de la exposición constante de las víctimas, la mayoría tuvo pensamientos suicidas y los agresores siguieron compartiendo espacios laborales con las víctimas, como fue el caso de Mitzi Liberona y Tania Jara . Luego de que las víctimas denunciaron situaciones, se produjo un acoso laboral constante en relación con quienes quedaron en la institución.

Los testimonios que más ocuparon a esta comisión fueron los casos sobre desvinculaciones de la institución, a raíz de sumarios administrativos que fueron aplicados, según las víctimas, de forma errónea, en que los procedimientos no tenían una duración determinada o un plazo fatal.

El fiscal o el actuario designado era el jefe de la unidad donde se desempeñaba la víctima, con lo que la investigación carecía de imparcialidad. Había omisión de notificaciones esenciales del sumario, imputaciones artificiosas, vagas o imprecisas, sin determinar con exactitud las normas vulneradas; desvinculación del funcionario antes del término del sumario o la imposición reiterada de la suspensión de funciones.

En cuanto a la desvinculación de funcionarios por haber sido calificados y clasificados con notas y en listas menores, se hace notar que la lista de retiros se confecciona anualmente, a medida que se completa una vacante, a partir de lo cual se va asignando a quiénes deben ser llamados a retiro; no obstante, no existe un criterio objetivo para dicha generación de vacantes.

En ciertos casos se han configurado causales de implicancia de integrantes de la junta calificadora, como en el caso de la exfuncionaria Tania Jara . En otros, como los de Jonathan Orellana , Andrés Cáceres y Felipe Aburto , los funcionarios fueron encasillados en lista 4 por denunciar hechos de corrupción o faltas a la probidad.

A pesar de que exfuncionarios han sido absueltos de los delitos que se les han imputado, como Ricardo Meza y Jonathan Orellana , la PDI no ha realizado una reconsideración de sus situaciones y prefirió separarlos de sus funciones permanentemente, por no contar con una vía expedita de reincorporación por la ocurrencia de estos hechos.

Durante el transcurso de las investigaciones que estaban bajo el alero de la institución, se vulneraba constantemente la reserva funcionaria, ya que no existe un tratamiento diligente en cuanto a respetar la cadena de custodia del material probatorio. Resalta el caso de Mitzi Liberona , quien menciona que los antecedentes contenidos en su sumario permanecieron guardados durante un mes en un cajón, sin que nadie conociera su avance; el de Tania Jara, quien sufre el extravío de antecedentes al interior de la PDI, y el de Germán Vásquez, quien denunció que se le ocultaron sus hojas de vida.

Los diversos testimonios aluden a que los informes técnicos de la comisión médica se habrían modificado en forma arbitraria y que no se justifican con la realidad del estado físico o psíquico del personal afectado; que se emiten resoluciones artificiosas, sin precisar sustento clínico, omitiendo que las enfermedades han sido resultado de actividades propias de la profesión y de actos de servicio. En otros casos no se habría emitido informe técnico.

Los hechos denunciados por Ricardo Bopp , en relación con el uso del método de aplicación de descargas eléctricas en su contra, conocido como la “Lora”, configuran el delito de tortura.

Por su parte, el relato del caso de Ariel Albornoz , conocido como “el robo del siglo”, da cuenta de una detención ilegal por parte de la PDI, la que aplicó simulacros de fusilamiento, golpes y amenazas, hechos que se relacionan directamente con el actuar del alto mando de la PDI. En ese caso se obstruyó la investigación y se negó información a la familia por un procedimiento policial erróneo de allanamiento de propiedad.

En la muerte de las víctimas, cuyos casos se conocieron, se contaría con la participación de funcionarios de la PDI. Con posterioridad a estos hechos se presentaron irregularidades en la información dada a los familiares de las víctimas, comunicándose versiones dispares respecto de las causas de muerte. Ello ocurrió, por ejemplo, en el caso del fallecimiento del subcomisario Sebastián Ley Reyes y de la subinspectora Valeria Vivanco Caru .

Hubo casos con resultado de muerte en que se advierten ciertos patrones de riesgos, tales como participación en operativos en los que no se contaba con equipamiento apropiado para, por ejemplo, tener enfrentamientos con armas de fuego, como sucedió con el subinspector Luis Morales Balcázar y con el subcomisario Claudio Orellana Torres .

Asimismo, hubo irregularidades en ciertos operativos, donde se evidenciaron problemas respecto de la profesionalización de funcionarios de la PDI, como ocurrió en el caso de los disparos efectuados por un funcionario que produjo la muerte del estudiante Agustín Plaza Fica .

Por otra parte, se aprecian serias inconsistencias e irregularidades cometidas en las investigaciones sumarias realizadas por la institución, así como un exacerbado secretismo de las mismas, junto a la falta de apoyo de la institución, sin contención emocional ni psicológica.

La PDI es una institución cuyo superior jerárquico es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que resulta ineludible la responsabilidad del Estado en esta materia.

La Comisión recomienda, en primer lugar, a la Policía de Investigaciones:

a) Disponer de manera urgente una actualización completa de la normativa que regula la PDI, partiendo por el decreto ley N° 2.460, que fija la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile.

b) Mejorar la protección de los derechos de los funcionarios y funcionarias de la institución, otorgando mayores garantías en los procedimientos en que figuren en calidad de denunciantes o víctimas por cualquier tipo de investigación, con especial atención al personal que requiere denunciar hechos sobre violencia sexual o laboral.

c) Establecer protocolos concretos sobre el manejo, asistencia, apoyo oportuno e integral a los familiares y víctimas de hechos de violencia sexual, suicidios, homicidios y personal que haya resultado con lesiones graves, mediante los cuales se les garantice asistencia psicosocial.

d) Actualizar y publicar, por medio de su página institucional, el procedimiento que regula la orden general Nº 26.097, que aprueba el procedimiento de denuncia presencial por maltrato y/o acoso laboral, sexual, y el formulario de denuncia de maltrato laboral, acoso laboral y/o sexual.

e) Coordinar, con apoyo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el despliegue de capacitaciones constantes en funcionarias y funcionarios, con enfoque en directrices que fortalezcan sus políticas laborales, en razón de la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

f) Actualizar el decreto con fuerza de ley N° 41, con énfasis en el “Párrafo 5°”, denominado “División de Homicidios”, estableciendo una mejor comunicación y coordinación entre los intervinientes en las investigaciones por homicidios en que tengan participación la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal.

g) Fortalecer por medios internos entre los funcionarios los mecanismos de denuncias relacionados con casos de faltas a la probidad y control de conductas indebidas en la Policía de Investigaciones (PDI), rindiendo cuenta a la Subsecretaría del Interior.

h) Establecer una mayor dotación de profesionales de la salud mental para la institución, con especialistas que no pertenezcan a las filas de la misma, y mantener un sistema de evaluación psicológica y psiquiátrica en forma semestral, especialmente para aquellos funcionarios sometidos a situaciones u operativos policiales de alto impacto.

i) Establecer de manera objetiva, según evaluación científico-técnica, aquellas enfermedades que son incompatibles con el servicio y aquellas que corresponden a enfermedades profesionales, a fin de establecer un catálogo público y transparente para su consulta y uso.

j) Modernizar un perfil profesional de ingreso de funcionarios policiales a todas las unidades, con sobreexigencia en las áreas de inteligencia, que incorpore estándares robustos de formación profesional a través de la reformulación eficiente y transparente de un sistema de desarrollo personal y profesional al interior de la institución.

k) Adoptar, frente a denuncias que involucran a funcionarios en delitos de lesa humanidad, acciones que permitan dar celeridad a los procesos sumariales.

l) Mejorar pericias que forman el diagnóstico por delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en ilícitos extemporáneos o cuya data de comisión del hecho punible sea superior a diez años en el manejo asociado al protocolo de Estambul, para la obtención de mejores resultados.

m) Instaurar un cambio en la metodología de enseñanza, basado en principios pedagógicos inclusivos, sin sesgos ni arbitrariedades desde los procesos de admisión e ingreso.

n) En aquellos casos en que se ha establecido por sentencia firme que la institución ha operado con negligencia respecto de su personal otorgar una disculpa pública por parte del alto mando, en armonía con los estándares internacionales en materia de reparación de los organismos del Estado.

También la comisión establece recomendaciones al Poder Ejecutivo:

a) Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que envíe a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley con objeto de que ordene orgánica y sistemáticamente protocolos de actuación en las distintas materias aquí tratadas, de manera que queden comprendidos en un solo cuerpo normativo de naturaleza legal y no administrativa.

b) Modificar el método de designación del alto mando, como lo es el personal de nombramiento supremo y el personal de nombramiento institucional, cuya designación se hace por resolución de la dirección general, a través de concursos públicos y transparentes.

c) Establecer una rotación que acote los tiempos de permanencia de quienes componen la dirección general, junto a la plana mayor en sus cargos, reduciéndolo de seis a cuatro años.

d) Incluir en la estadística delictual a las víctimas funcionarios policiales en el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, estadísticas del Ministerio Público y de las Policías.

e) Proponer al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que informe semestralmente a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las cifras señaladas en el punto anterior, indicando además la existencia o no de sumarios administrativos o investigaciones sumarias y sus responsables.

f) Implementar mecanismos obligatorios de control de gestión y rendición de cuentas de su alta dirección ante la sociedad civil.

g) Solicitar a la mesa de trabajo interinstitucional con ONU Mujeres que se estudien los casos en detalle de la comisión especial investigadora, mediante observación directa y entrevistas con las víctimas.

h) Modificar la nueva ley N° 21.427 en cuanto a los plazos de presentación de recurso jerárquico por procedimientos de expulsión, de disciplina y de sumarios.

i) Realizar una modificación integral al decreto Nº 1, que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que el fiscal a cargo de sumarios o investigaciones sumarias sea un profesional externo, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

j) Modificar el reglamento orgánico de la Policía de Investigaciones (PDI), disponiendo que el director o directora del área jurídica sea un civil con el título de abogado o abogada, en vez de un oficial de justicia de mayor grado de este mismo escalafón, nombrado por la Alta Dirección Pública, junto a todo el departamento jurídico y quienes dependan de esta área.

k) Modificar la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo organismo dependa de un ente ajeno a la institución, al igual que el decreto Nº 32, del 04 de febrero de 1976, de Defensa, que designa miembros para su integración, el que incluya a profesionales externos.

l) Modificar el decreto Nº 28, sobre el “Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”, en cuanto a la designación de quienes califican, con colaboración directa de profesionales del Ministerio del Interior.

También la comisión hace recomendaciones al Poder Legislativo:

a) Crear una comisión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de fiscalizar el ordenamiento y desarrollo interno de la Policía de Investigaciones, verificando el correcto cumplimiento de sus objetivos, metas y protocolos, en razón de nuevos criterios u orientaciones de funcionamiento de gestión.

b) Ampliar el catálogo de autoridades que pueden ser acusadas constitucionalmente, extendiéndose al director de la Policía de Investigaciones (PDI), por las causales dispuestas para los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la Defensa Nacional.

c) Modificar el decreto ley N° 2460 en lo referido a la Escuela de Investigaciones, su Centro de Capacitación Profesional y el Instituto Superior, en relación con la plana mayor de la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina, la cual debiese velar de manera objetiva, eficiente y conforme a los principios de ética y probidad por la gestión del área docente y el alumnado.

d) Modificar el actual artículo 136 ter de la ley N° 21.427, con el fin de que por medio de una auditoría externa, en conjunto con la unidad a cargo, según lo determine el director general de la institución, se elabore e implemente un sistema de declaración de patrimonio e intereses de quienes se encuentran obligados en virtud de la ley Nº 20.880.

e) Modificar el actual artículo 25 quáter del decreto ley N° 2460, respecto de la unidad encargada de realizar auditoría interna, la que actualmente es dependiente directamente del director general y a cargo de un prefecto, cuya finalidad será controlar las operaciones financieras y contables, para establecer una auditoría de control externo, efectuada por profesionales dependientes del Ministerio del Interior, considerando delito de utilización gastos reservados.

f) Proponer la obligación de comparecencia a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados a los exfuncionarios públicos hasta los seis meses posteriores al término del ejercicio del cargo o cese efectivo de sus funciones.

Finalmente, se propone abordar una serie de proyectos de ley, cuya tramitación se encuentra pendiente en el Congreso Nacional, contenidos en los boletines NOS 10378-02, 15726-06 y 13084-07.

Hago presente que las conclusiones y recomendaciones de este informe fueron aprobadas por la unanimidad de los y las integrantes de la comisión investigadora, por lo que se recomienda a esta honorable Sala aprobarlas en los mismos términos.

Antes de finalizar, quiero reiterar mi saludo y agradecimiento a las víctimas por su participación en la discusión de esta comisión especial investigadora; a su equipo jurídico, que respaldó cada una de las intervenciones. También saludo la compañía permanente de cada una de las diputadas y de cada uno de los diputados. Asimismo, quiero destacar la presencia de las autoridades de la Policía de Investigaciones, quienes participaron en todas las sesiones y entregaron la información requerida.

Esperamos que las conclusiones sean un aporte importante para las instituciones que hemos mencionado.

No quiero finalizar mis palabras sin antes extender el saludo de todos los integrantes de la comisión al equipo de Secretaría, que realizó un trabajo arduo y complejo, cuyo resultado es este informe, elaborado en detalle, muy preciso y muy profesional.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el informe de la comisión especial investigadora.

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, también aprovecho la ocasión para desearle el mayor de los éxitos en la labor que se le ha encomendado.

Presidente, por su intermedio quiero saludar con afecto a la agrupación “Familia Policial, víctimas de PDI”, que hoy nos acompaña en la tribuna; sé que este es un día sensible para ellos. Quiero agradecerles su infinita valentía y decirles que, gracias a su honestidad y a su inagotable perseverancia, hoy tenemos la oportunidad de enmendar camino y mejorar las cosas votando favorablemente este informe, que obtuvo el voto de aprobación unánime y transversal de la comisión.

En noviembre de 2021 me acerqué a la familia de Valeria Vivanco, una joven policía de 25 años, asesinada en circunstancias que el Estado aún no logra aclarar. La institución que eligió para servir a la patria, en la cual confió, le mintió a su familia por semanas.

Conocer su caso fue abrir una caja de Pandora. En menos de cuatro meses se nos acercaron cerca de cuarenta familias. Sus testimonios eran desgarradores. Constatamos que sus relatos coincidían; describían situaciones de abuso de poder, de acoso laboral y de violencia sexual; de negligencias administrativas y de obstrucción de investigaciones, entre otras irregularidades que estaban ocurriendo al interior de la PDI. Muchos funcionarios, cuya inocencia quedó esclarecida, fueron desvinculados de la institución, mientras que sus victimarios seguían en funciones. Supimos de asesinatos; de personas violadas por sus propios compañeros de labores, de funcionarias y funcionarios acosados por denunciar corrupción, y de un evidente tráfico de influencias.

Las atrocidades develadas desde mayo de 2022 en la Comisión Especial Investigadoras de la PDI dan para un guion de película. Sin embargo, lo más alarmante fue que el alto mando desconoció los hechos relatados.

¿Será posible que los más de cien casos que conocimos durante los diez meses de funcionamiento de esta comisión, de los cuales casi la mitad fueron entregados de forma voluntaria y valiente, con relatos llenos de dolor, arriesgando represalias, hayan sido expuestos solo para mentirle a Chile? ¡Les puedo asegurar que no!

El informe final de la comisión revela graves falencias e irregularidades en una institución esencial para la seguridad nacional. Frente a ello, proponemos medidas que el Ejecutivo puede adoptar e iniciativas legislativas que esta Corporación debiese tener a bien considerar y con la premura que la situación amerita.

A lo expuesto por el Presidente de la comisión, diputado Miguel Ángel Calisto , quiero sumar el reforzamiento de algunas de las medidas que se propusieron, como garantizar los derechos y la protección de los denunciantes y víctimas de violación sexual y laboral, fortaleciendo los mecanismos de denuncia; establecer protocolos de manejo integral, con asistencia psicosocial para víctimas y familiares; mejorar la dotación de profesionales de salud mental, externos a la PDI, que realicen evaluaciones semestrales; suspender los procesos de promoción y ascenso a escalafones de alto mando de funcionarios involucrados en los delitos de lesa humanidad, y, lo más importante, que el alto mando ofrezca disculpas públicas a las víctimas y familiares de estos abusos en todos los casos en que la institución operó con negligencia respecto de su personal, pensando incluso en la reincorporación de quienes fueron perjudicados por denunciar la verdad.

Chile requiere policías a la altura de los nuevos desafíos, capaces de controlar el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos, pero también es importante revisar profundamente sus protocolos y valores.

A Chile le duele mucho el pasado y requiere hacerse cargo de la modernización de sus instituciones policiales, combatir la corrupción, el tráfico de influencias, la falta de probidad y, sin duda, las atrocidades aquí señaladas.

Los resultados del informe que hoy votaremos apuntan en esa dirección, especialmente porque fueron levantados con la participación de exfuncionarios policiales, quienes, pese a todo, siguen sintiendo orgullo de la PDI y desean lo mejor para Chile. Cuidemos a quienes nos protegen honradamente y alejemos a quienes enlodan la reputación de esta institución.

A quienes nos acompañan en las tribunas, abogando por una Policía de Investigaciones digna para Chile y por la memoria de quienes no pudieron estar: Valeria Vivanco , Luis Morales Balcázar , Agustín Plaza , Claudio Orellana , Sebastián Ley , Francisco Gutiérrez y Cynthia Pérez ; a sus madres y a sus padres, que están presentes en las tribunas, soportando el dolor de lo que todo esto significa; a Danitza Araya y a su familia, a quienes les envío un abrazo fraterno, detective que fuera lesionada de gravedad por una bala proveniente del arma de un compañero de su brigada y que no pudo acompañarnos porque aún batalla por su rehabilitación; a Jonathan , Mitzy , Verónica , Andrés , Jaime , Tania , Fernando , Felipe , Germán , Catalina , Albert , Héctor, Ricardo y a tantos otros valientes que nos emocionaron con sus relatos, y a quienes nos hicieron llegar sus relatos por correo y que fueron incorporados en este informe, a todos les digo que mi compromiso es seguir trabajando para que se sepa toda la verdad y se repare todo el daño causado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, qué lástima tener que felicitarlo cuando mis palabras no son felices; pero igual lo felicito por estar en la testera, en la esperanza de que su presidencia sea exitosa.

Señor Presidente, al fin llegamos a este momento, un momento en el que vamos a discutir y aprobar por unanimidad -así lo espero, porque así se dio en la comisiónel informe sobre las irregularidades de la PDI, irregularidades que resultan curiosas, porque se cometieron entre funcionarios de la propia institución.

Quiero saludar y agradecer la presencia en las tribunas de madres, padres, amigos, hermanos, pero, especialmente, la de Miguel Ángel Vivanco, porque no ha aflojado un solo día, porque lo ha entregado todo, porque es parte de las policías también.

A cada mamá, a cada papá, a cada hijo, a esa niña que quedó sola, a todos ustedes les dedico estas palabras, porque con toda la voluntad me puse a disposición de quienes hoy son parte de la institución PDI; a los familiares de las víctimas, a los detectives, a los funcionarios, pero también a los altos mandos, porque soy un puente. Hace mucho tiempo trabajé con la PDI para la concreción de la ley de extraviados, legislación que aún no tiene reglamento. En la oportunidad, de ambas partes pusimos todo a disposición; pero hoy nos encontramos en un escenario adverso: nos miramos las caras. Todo esto resultó sensible y doloroso; una situación difícil de enfrentar, pero lo más complejo es que se trataba de conflictos de sumarios, de conflictos de denuncias, de irregularidades, de abuso sexual, de violaciones.

Tengo que poner una alerta como fiscalizadora, y tengo la convicción de que no estoy ante un enemigo, de que la PDI no es mi enemigo, porque los que están ahí -en las tribunas- son parte de la PDI; las víctimas son parte de la PDI. Por eso no la miremos como un enemigo, y lo dejo muy claro.

Vine a este lugar porque me eligieron para representarlos, para representarlas, no para denostar; sí para ser un puente. Soy un puente, y si puedo ser útil, úsenme todo lo que sea necesario.

Las ciudadanas y los ciudadanos tienen necesidades y carencias. Nosotros no somos jueces ni tampoco tenemos esa atribución ni las herramientas. Pero indiferente, jamás me voy a quedar, menos ante los testimonios de hombres, de mujeres, de hijos, de compañeras, de una familia que no baja la guardia, que no baja los brazos, a pesar del dolor de la ausencia de una hermana, de una hija, de una amiga, de una mujer llamada Valeria Vivanco . En este caso me voy a detener. Es en este caso en que puedo, humildemente, pero con el coraje que me destaca siempre y que me caracteriza, alzar la voz y exigir el ejercicio responsable y legítimo por los sumarios que aún no se firman por parte de la dirección de la Policía de Investigaciones. Nada va a devolver a Valeria; nada va a traer esos días en que ella no pudo servir a su patria a través de la PDI.

Lo justo es responder, es asumir, es proceder con una transparente investigación; que los sumarios se firmen y se cierren, y que caigan los que tengan que caer. Así debe ser. Así se limpian las cosas; así se curan las heridas.

Por otro lado, quiero pedirles con humildad, pero también con fuerza, a la ministra Orellana y a la ministra Tohá que cumplan su palabra con esas mujeres que están allá arriba en las tribunas, con la madre de Valeria, con las hijas que están sin sus madres por un suicidio.

En resumen, por casos como esos esperamos que la aprobación de las conclusiones de la comisión investigadora sirva para mejorar el funcionamiento de la PDI. En ese sentido, como señalan las conclusiones, creemos importante que se realice una actualización completa de la normativa que regula la PDI, iniciando desde el mismo decreto ley N° 2460, que dicta la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile. Una actualización debe ser enfocada en mejorar la protección de los derechos de los funcionarios y funcionarias de la institución, otorgándoles mayores garantías en todos los procedimientos en que figuren en calidad de denunciantes o de víctimas por cualquier tipo de investigación.

Es una suma de muchas cosas: es rabia, es impotencia, es tratar de hacer algo. No tengo las herramientas, pero sé que desde la Cámara de Diputadas y Diputados, a pesar de que somos 30 las personas presentes en este momento, esta voz se va a escuchar. Ojalá el Presidente de la República, don Gabriel Boric , sepa que en esa institución falta una profesionalización para atender la salud mental. Los suicidios no son cualquier cosa y se repiten una y otra vez.

Lo pido a la Policía de Investigaciones, apelando a la buena disposición que ha tenido de escucharme muchas veces, como la tuvo, por ejemplo, para ayudar a Danitza Araya en su recuperación, con la operación que le hicieron una y otra vez en la Clínica MEDS -también agradezco su labor a los doctores de la Clínica MEDS-. Eso no habría sido posible si no hubiésemos intervenido. Sé que usted lo sabe, señora Presidenta; usted me ha escuchado varias veces hablar de esta materia. La felicito por formar parte de la Mesa y escucharme con esa cara de sensibilidad con que lo hace, porque esto duele. Soy nieta de carabinero; en la familia de Valeria Vivanco son todos policías. La familia de Danitza Araya está compuesta por carabineros y policías.

Pido a la Policía de Investigaciones que los sumarios se cierren y que den una palabra para que la mujer, para que la madre pueda seguir respirando y luchando por una institución limpia, limpia de corrupción y con el perdón que merecen las familias.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señorita Presidenta, solo quiero hacer una reflexión muy breve en el marco de lo que ya se ha dicho, y sumarme a las palabras de mis colegas parlamentarias.

Lamento que en la discusión del informe de esta comisión investigadora no esté presente algún representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque, finalmente, todos hacen el esfuerzo: los familiares, los parlamentarios, pero las recomendaciones van para los parlamentarios, para el Poder Legislativo, para la Policía de Investigaciones, pero principalmente para el gobierno, que es donde está la autoridad, donde están los jefes de las policías.

Por lo tanto, esperamos que usted, señora Presidenta, pueda transmitir a los demás integrantes de la Mesa que para la discusión de los informes de estas importantes comisiones investigadoras se gestione que estén presentes las autoridades de las instituciones que tienen que ver directamente con los objetivos que se investigan.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno, especialmente los del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y el directorio de la empresa Metro S.A., en relación con los incendios que en octubre de 2019 afectaron a distintas estaciones de metro en la Región Metropolitana, la administración y manejo de la información recogida por los sistemas de televigilancia y el rol que hubieren tenido en su uso y destino los servicios de inteligencia del Estado y de Carabineros de Chile.

Para la discusión de este informe se otorgarán sesenta minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas.

Diputado informante de la Comisión Especial Investigadora es el señor Alberto Undurraga .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno en relación con los incendios en estaciones de metro durante octubre de 2019 en la Región Metropolitana. (CEI 3), sesión 121ª de la legislatura 370ª, en jueves 19 de enero de 2023. Documentos de la Cuenta N° 22.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor UNDURRAGA, don Alberto (de pie).-

Señora Presidenta, antes de leer el informe, permítame explicar que en este momento en el hemiciclo hay menos parlamentarios que lo habitual porque hay muchas comisiones sesionando en forma simultánea con la Sala, y varios diputados estábamos en ellas.

Honorable Cámara, paso a informar sobre las conclusiones y proposiciones de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno en relación con los incendios en estaciones de metro durante octubre de 2019 en la Región Metropolitana (CEI 3).

La Cámara de Diputados, en sesión 20ª, celebrada el 9 de mayo de 2022, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 62 diputadas y diputados para crear esta Comisión Especial Investigadora.

La comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 17 sesiones en las que escuchó a diversas autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. Asimismo, recibió al asesor jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y a diversos comandantes. También escuchó a periodistas, a académicos y a peritos que realizaron investigaciones sobre la materia de la investigación, y a abogados expertos y defensores de acusados por delito de incendios, así como a dos jóvenes que estuvieron en prisión preventiva por esos delitos.

Luego de haber escuchado a los invitados, analizado los testimonios y estudiado los documentos y hechos que motivaron esta investigación, la comisión aprobó las conclusiones y proposiciones que se señalan a continuación, las que se han sistematizado de la siguiente forma:

A. Conclusiones

Considerando el mandato de esta comisión investigadora, en virtud de lo expuesto precedentemente, habiendo escuchado las exposiciones de los invitados y estudiado los oficios respectivos, se presentan las conclusiones finales de la comisión.

Cabe señalar que la solicitud formulada por 62 diputadas y diputados para crear esta comisión declara que en el contexto de las protestas que tuvieron lugar en dicha época, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, según consta en informes de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, nos parece que aquello se aleja de lo que a esta comisión compete investigar y sobre lo cual debe pronunciarse, que serían los incendios ocurridos en las estaciones de metro durante octubre de 2019.

Luego, como dato de contexto, se debe considerar que en dicha fecha, según la información proporcionada por la empresa pública encargada de operar la red Metro en la Región Metropolitana, 7 estaciones resultaron completamente incendiadas, 18 parcialmente siniestradas, 93 con múltiples daños y 18 resultaron indemnes.

Fruto de estos sucesos, el gobierno anterior presentó 21 querellas, cuyas investigaciones judiciales resultaron en algunos casos en civiles que fueron condenados y otros absueltos luego de permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva por extensos períodos de tiempo.

En cuanto a daños en las estaciones del metro, cabe señalar que durante la investigación especial de la comisión recibimos respuesta de oficios, y luego de haber escuchado a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. y a otros intervinientes, tomamos conocimiento de que 118 fue el número de estaciones dañadas, lo cual resulta un hecho indubitable y de público conocimiento, y quisiéramos enérgicamente manifestar la condena unánime a la quema de estaciones del metro.

Como entendemos, Metro es una empresa de transporte público clave para el transporte seguro y oportuno de millones de pasajeros en la Región Metropolitana. En general, es valorada por ello y querida por todos nosotros, y los daños efectuados a las instalaciones y estaciones señaladas dañan y perjudican a las personas que la utilizan para llegar a sus distintos destinos.

Por ese conjunto de razones, reiteramos la condena de incendios y daños a las estaciones del metro, y a los hechos constitutivos de delitos, ya sea de incendio o daños, respectivamente, en contra de la empresa Metro.

En cuanto al rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, este actuó conforme lo dispone la ley, presentando las querellas criminales en contra de los que resultaren responsables de los hechos punibles, algunas de las cuales aún están en curso.

Se hace presente que el Ministerio del Interior presentó veintiuna querellas criminales, y el resto de información en cuanto a número de condenados, absueltos, entre otros, no pueden consignarse en esta conclusión por mantener a la fecha carácter de información reservada.

En cuanto al rol de los servicios de inteligencia del Estado, respecto de este punto es necesario señalar que a la comisión especial investigadora de este proceso no le fue remitido informe alguno por parte de dichos servicios.

Con todo, podemos deducir lo siguiente: los servicios de inteligencia del Estado no alertaron por no tener conocimiento, o alertaron, pero estas alertas no fueron tomadas en consideración.

Hacemos presente que cualquiera de los supuestos anteriores muestra una deficiencia de nuestros servicios de inteligencia.

No se concibe que un daño de esta naturaleza no haya sido previamente alarmado o alertado, por lo que, evidentemente, se requieren refuerzos en los servicios de inteligencia del Estado, los que se consignarán en las recomendaciones finales.

En cuanto al rol de Carabineros de Chile, excluyendo lo propio relativo a los servicios de inteligencia, de las distintas declaraciones a lo largo de este proceso, unido a los distintos oficios recepcionados, puede desprenderse claramente que Carabineros de Chile tuvo un trabajo de protección en las distintas estaciones, lo cual era limitado a los recursos disponibles en ese momento, sin alcanzar a cubrir todas las estaciones.

Con todo, se hace presente que esta comisión carece de la experticia para evaluar la eficiencia del actuar policial.

Asimismo, con los antecedentes tenidos a la vista por esta comisión, no hay antecedentes que permitan sostener participación de Carabineros de Chile en los incendios de las estaciones del metro de Santiago.

Respecto de las condenas a los imputados por los delitos de incendio y daños a las estaciones de metro, con los antecedentes tenidos a la vista, hacemos presente que existe un numero de 118 de estaciones siniestradas y un número muy inferior de condenas efectivas, las que mayormente fueron por delitos de d años, que no se detallarán en profundidad por tratarse de información reservada.

Observado de manera cuantitativa, resulta un número muy menor de condenas en relación con el número de estaciones dañadas o derechamente quemadas.

En cuanto a las condenas efectivas a algunos imputados, no corresponde pronunciarse sobre las mismas, toda vez que corresponde a otro poder del Estado resolver y hacer ejecutar lo fallado.

En el mismo orden de ideas, asimismo, no corresponde pronunciase sobre el rol del Ministerio Publico, ya que tampoco se cuenta con antecedentes para ello.

En cuanto a la empresa Metro, los daños y las quemas respectivas a sus estaciones resulta un hecho imprevisible dada la información disponible a la fecha. Respecto de las acciones judiciales, Metro de Santiago actuó correctamente en la presentación de las acciones judiciales respectivas.

Asimismo, se hace presente que, con los antecedentes tenidos a la vista en esta comisión especial investigadora, no es posible establecer algún hecho de negligencia por parte de la empresa Metro, puesto que ellos actuaron con los recursos disponibles en ese momento.

Sobre las prisiones preventivas, tal como se expuso anteriormente, no procede pronunciamiento alguno en cuanto al mérito de las prisiones preventivas, por ser de exclusiva facultad de otro Poder del Estado, ya que es el juez de garantía quien, en mérito de lo expuesto en la audiencia y a requerimiento del solicitante, resuelve otorgarla si cumple con los requisitos legales del artículo 140 del Código de Procedimiento Penal.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente y por los antecedentes tenidos a la vista en la comisión, en especial la declaración de dos invitados, pudo constatarse la existencia de ciertos casos de prisiones preventivas de alta duración de personas que, con posterioridad, fueron absueltas.

B. Recomendaciones

Sobre la base del diagnóstico desarrollado en el capítulo de conclusiones de este informe, anteriormente leído, esta comisión recomienda las siguientes medidas:

1. Reforzar y modernizar los servicios de inteligencia del Estado.

2. Modernizar los sistemas de cámaras del metro y otros sistemas orientados a dar mayor seguridad.

3. Legislar acerca de la duración de las prisiones preventivas, limitando estas en la etapa de investigación, lo que incentiva al ente persecutor a presentar acusaciones en plazos más acotados.

Respecto de las votaciones, se recibieron tres propuestas de conclusiones y proposiciones: del Presidente de la comisión, diputado Alberto Undurraga ; de la diputada Carmen Hertz y del diputado Andrés Celis .

En primer lugar, se sometió a votación la propuesta del diputado Undurraga , que resultó aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas y los diputados Álvaro Carter , Andrés Celis, Juan Antonio Coloma , Francesca Muñoz , Helia Molina , Agustín Romero y Alberto Undurraga . Votaron en contra la diputada Carmen Hertz y el diputado Hernán Palma . Siete votos a favor y dos en contra.

Luego se puso en votación la propuesta de la diputada Hertz , la que resultó rechazada por mayoría de votos. Este voto de minoría consta de manera íntegra en las páginas 90 a 95 del informe de la comisión, para quien se interese posteriormente en leerla. Votaron a favor las diputadas Carmen Hertz y Helia Molina , y el diputado Hernán Palma . Votaron en contra los diputados Álvaro Carter , Andrés Celis, Juan Antonio Coloma , la diputada Francesca Muñoz , y los diputados Agustín Romero y Alberto Undurraga . Tres votos a favor y seis en contra.

A continuación, la comisión acordó votar los párrafos 2 y 3 de la propuesta del diputado Celis , a fin de complementar la propuesta de conclusiones aprobada. Puesto en votación el párrafo 2, resultó aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas y los diputados Andrés Celis , Carmen Hertz , Helia Molina , Hernán Palma y Alberto Undurraga . Votaron en contra la diputada Francesca Muñoz y el diputado Agustín Romero . Se abstuvieron los diputados Álvaro Carter y Juan Antonio Coloma . Cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Puesto en votación el párrafo 3, resultó aprobado por mayoría de votos. Votaron a favor las diputadas y los diputados Andrés Celis, Juan Antonio Coloma , Francesca Muñoz , Carmen Hertz , Helia Molina , Hernán Palma , Agustín Romero y Alberto Undurraga . Se abstuvo el diputado Álvaro Carter . Ocho votos a favor, cero en contra y una abstención.

Finalmente, la Comisión acordó proponer a la Sala que remita copia de este informe tanto a su excelencia el Presidente de la República como a las autoridades a las cuales van dirigidas las propuestas, esto es, a la ministra del Interior y Seguridad Pública, a la empresa Metro S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 318 del Reglamento de la Corporación, con el objeto de que tengan a bien adoptar las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas durante la investigación de la comisión.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señorita Presidenta, parto por felicitarla por este desafío que asume; sin duda, lo va a hacer muy bien.

Qué malos recuerdos nos trae acordarnos de aquellos días donde en nuestro país la democracia estuvo en riesgo. Cuando uno escucha al diputado Alberto Undurraga informar y traernos a la memoria 118 estaciones de metro siniestradas, de las cuales varias acontecieron de manera coordinada, uno se acuerda del contexto de relativización de la violencia que vivimos en ese minuto en Chile, donde parecía ser casi parte del inventario el que se violentara el mobiliario público y privado, que se hiciera uso de la violencia como medio de acción política y que se emplearan acciones tan grotescas como el “si baila, pasa”, entre otras.

Y esto que aconteció con el uso de acelerantes, de manera coordinada, de manera sofisticada, nos permite reflexionar, habiendo transcurrido ya un par de años, qué increíble que hasta el día de hoy los chilenos no sepan quienes quemaron las estaciones del metro. Qué cosa más vergonzosa para el Estado de Chile que hasta hoy no seamos capaces de tener respuesta de lo que aconteció en esos días.

Sin el ánimo de hacer un paralelo que sea demasiado provocador, en ese tiempo se hablaba de que ese era un delito común; o sea, que un grupo de señores se concertaron y quemaron las estaciones del metro, que iban pasando por ahí y se les ocurrió quemar las estaciones del metro.

Perdóneme que lo diga con tanta franqueza, pero tengo la intuición de que podría ocurrir lo mismo con el “caso Convenios”, es decir, que bajo la idea de creer que se cometieron delitos comunes, aislados, de alguna u otra forma lleguemos a la conclusión de que todo esto no va a tener respuesta, que los chilenos nunca van a tener respuesta, que justo se roben los computadores desde las dependencias de los ministerios que, de alguna u otra manera, tienen relación con este caso, que justo se roben esa caja fuerte. Sería un bochorno para el Estado de Chile que nuevamente los chilenos no tengan respuestas.

Más allá de nuestras miradas políticas, acá debemos tener un enemigo común, y ese enemigo se llama impunidad. El hecho de que en Chile se puedan cometer delitos y crímenes con impunidad…

(Hablan varios diputados a la vez)

Perdón, a mí no me vengan a dar lecciones, porque siempre he tenido una mirada clara en materia de derechos humanos. ¡A mí lecciones en ese tema no me las dan!

Por lo tanto, con esa coherencia, con este enemigo común, que se llama impunidad, cuesta creer que, habiendo transcurrido tanto tiempo, todavía la fiscalía no tenga claridad de decir quiénes cometieron estos delitos; que en esta comisión especial investigadora el diputado informante tenga que hablar de información reservada, lo cual da cuenta de los pocos dientes que a veces tenemos en este Congreso Nacional para investigar casos como este; que hasta el día de hoy no contemos con una inteligencia, con un departamento de inteligencia, a la altura de la sofisticación de estos delitos, y, por último, que no se haya hecho justicia respecto de esos miles y miles de chilenos de clase media y de sectores vulnerables que se vieron impedidos de usar el transporte público, porque algunos, bajo el pretexto de defender una determinada idea ideológica, se sintieron con la capacidad de incendiar el mobiliario público del metro.

Por ese enemigo común que tenemos, que se llama impunidad, debemos sentirnos avergonzados de que hasta la fecha no haya respuesta por el incendio de las estaciones de metro. Y, más aún, tenemos que sentirnos comprometidos para que no suceda lo mismo con los delitos que hoy se están verificando en el país y que algunos quizás quisieran tapar, pero lo cual este Congreso no puede permitir.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, tengo el honor de transmitir la intervención de la diputada Carmen Hertz , quien fuera integrante de la comisión investigadora -hoy, la colega está fuera del país en una misión oficial de la Corporación- de lo que significaron las simultáneas acciones de incendio de estaciones de metro durante octubre de 2019 en la Región Metropolitana.

Los hechos investigados por la comisión especial se insertan en un contexto histórico determinado: el de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde el retorno a la democracia. Esto consta en numerosos informes y acciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.

Así, no se trató de hechos aislados, excesos o errores, sino de parte de una política de Estado cuyos actos de represión tuvieron por finalidad desincentivar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social, puesto que el gobierno de turno tuvo una respuesta puramente represiva, que apuntó a criminalizar la protesta social mediante acciones concretas llevadas a cabo especialmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de Carabineros de Chile. En este punto, es un hecho público y notorio el que las personas imputadas en los procesos judiciales que se dieron lugar pertenecen a grupos históricamente vulnerados, en particular en sus derechos económicos y sociales.

Lo anterior se tradujo en el incumplimiento de estándares internacionales en puntos como el derecho a la protesta, protocolos sobre el uso de la fuerza de las policías en contexto de manifestaciones sociales y la responsabilidad de sus mandos operativos y estratégicos, así como incumplimiento de las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación que tiene el Estado de Chile fruto de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Como se trata de una obligación estatal, existe una responsabilidad de los tres poderes del Estado en aquello, por lo que esta honorable Cámara, y, por cierto, la comisión especial investigadora, está facultada para pronunciarse sobre este punto de contexto.

Conclusiones

Sobre el rol de Carabineros de Chile

El mandato de esta comisión especial investigadora comprende expresamente actos de Carabineros de Chile, por lo que pronunciarse sobre aquello constituye una obligación emanada de su encargo.

La exposición de las autoridades y funcionarios de Carabineros, especialmente del Departamento OS9 Investigación de Organizaciones Criminales, constituye un relato general que adoleció de falta de información concreta en ciertos puntos. Pese a ello, resultó útil arribar a conclusiones importantes, como que en algunas causas las diligencias para identificar y detener a los imputados se hicieron a través de imágenes y no en virtud de la comisión de delitos flagrantes.

Sin embargo, ellos declararon no estar en conocimiento de haber actuado en cumplimiento de una orden judicial por alguna diligencia solicitada por el Ministerio Público. Relacionado con lo anterior, la Policía de Investigaciones concurrió, a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, cuyo jefe reconoció la inconsistencia entre la fecha y horario que muestran las imágenes versus la evidencia efectiva levantada y el levantamiento de la evidencia en el caso de la investigación del incendio en la estación Pedreros.

A su vez, la referida falta de información aportada a esta investigación por dicha institución da muestra de que los mandos superiores no ejercieron de manera adecuada los mecanismos de control y disciplina frente a esos hechos. Por tanto, esta comisión concluye que surge la necesidad de reforzar o replantear los mecanismos de control y de rendición de cuentas públicas de Orden y Seguridad en relación con las autoridades civiles de las cuales dependen, para que se pueda dar eficacia plena a lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política.

Sobre la información obtenida por los testimonios de civiles imputados y sus defensas

Si bien el mandato de investigación de esta comisión no comprende pronunciarse sobre los fundamentos de las decisiones de otro poder del Estado en materia de sentencias condenatorias o absolutorias, imposición de medidas cautelares o el rol del Ministerio Público, sí cabe a esta instancia hacer presentes ciertos aspectos emanados de la información recopilada, en específico de los testimonios contestes de personas que fueron imputadas en procesos judiciales.

Según los antecedentes recogidos en el caso del incendio de la estación La Granja, hubo dos elementos que no fueron investigados en profundidad, lo que hace poco serio el proceso, mientras que respecto de las personas que sí fueron investigadas por los hechos es claro que tampoco hubo una investigación a fondo, y solo se decretó prisión preventiva.

En ese mismo sentido, quiero señalar que nos parece importante profundizar en recomendaciones que permitan que nunca más la impunidad sea el camino a seguir cuando se ejerce el legítimo derecho…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señorita Presidenta, muchas gracias.

Felicitaciones, querida colega Cicardini , por su nombramiento. Usted es una persona que seguramente se hará cargo de un mar a veces medio proceloso y desordenado. También es muy inteligente y muy cálida, así que le deseo lo mejor.

Ahora bien, en primer lugar, quiero felicitar a todos quienes participaron en las comisiones investigadoras cuyos informes estamos viendo ahora, porque estos organismos se crean para mejorar la conducta humana y dar satisfacción a las personas que han sufrido. Estoy pensando en los familiares de funcionarios de la Policía de Investigaciones que han sufrido por causa de la impunidad -así lo dijo el diputado Schalper - y de la ineficiencia.

Les quiero contar dos pequeñas anécdotas de cuando me di cuenta de que Chile era un país corrupto.

Al igual que la cantante Cecilia , yo nací en 1943, y ahora tengo ochenta años. A mis siete años fuimos a tomar once a la casa de una conocida de mi mamá y con el té me aumentó la diuresis, por lo que pedí permiso para ir al baño. Allí, al secarme las manos, había una toalla blanca con una huincha celeste, que decía: “Servicio Nacional de Salud”, de modo que ese día me di cuenta de que en Chile había corrupción.

Entonces, en lo interno me río muchísimo cuando algunos dicen que acaban de descubrir que Chile es un país corrupto. Yo, por lo menos, en Puerto Montt, en 1950, con la toalla azul del Servicio Nacional de Salud, me di cuenta de que había nacido en un país corrupto.

Además de eso, a mis doce años confirmé que en este país mediocre y envidioso a Gabriela Mistral le dieron el Premio Nacional de Literatura seis años después de que recibiera el Premio Nobel.

¿Qué quiero al decir esto? Ofrecer disculpas a los familiares que se encuentran en las tribunas, porque en los protocolos -en esto vaya todo mi cariño y respeto al señor Miguel Landeros , que es un ángel caído del cielo-, cuando se leen los informes de comisiones investigadoras, tienen que estar los acusados, porque, si no, entonces, podríamos hacer como dice en la obra de teatro español: “¿Quién mató al comendador?” “Fuenteovejuna, señor”.

Siento que aquí les estamos faltando el respeto, no tenemos consideración, empatía ni compasión con los familiares de la gente que ha sufrido la oscuridad de una institución como es la Policía de Investigaciones, que a mí me da escalofríos. Me tocó ir a declarar una vez, y sentí que…

(Hablan varios diputados a la vez)

Mejor me callo para que hablen los demás.

(Hablan varios diputados a la vez)

Bueno, el hecho de que se converse mientras intervengo quiere decir que este tema no le importa a nadie. Me da mucha pena por los familiares.

Hay un trastorno de la personalidad definido por los norteamericanos que se llama asif personalities, a saber, personalidades como si: como si fueran decentes, como si fueran trabajadoras, como si fueran cultas, como si supieran hacer bien las cosas. En mi caso, a los veintidós años, mientras estaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, me di cuenta de que el diagnóstico que correspondía a Chile era ese: Chile es un país con un trastorno asif, es decir, parece que somos correctos, pero en el fondo somos incorrectos, oscuros, hacemos mal las cosas y les faltamos mucho el respeto a las personas que son víctimas. En Chile las víctimas son muy maltratadas.

He dicho.