Labor Parlamentaria

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio N° 176, sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 22 de junio de 1995.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Trabajo y Seguridad Social son los señores Tomás de Rementería y Héctor Ulloa , respectivamente.

Antecedentes:

-Moción, sesión 66ª de la presente legislatura, en lunes 21 de agosto de 2023. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 72ª de la presente legislatura, en lunes 4 de septiembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 17.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sesión 80ª de la presente legislatura, en lunes 25 de septiembre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En reemplazo del diputado De Rementería, rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ, doña Carmen (de pie).-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Convenio N° 176, sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 22 de junio de 1995, contenido en el boletín N° 16181-10, con urgencia calificada de suma.

A las sesiones en que se analizó esta iniciativa asistieron, además de las y los integrantes de la comisión, el señor Alex Wetzig Abdala , subsecretario subrogante de Relaciones

Exteriores; el señor Claudio Reyes Barrientos , subsecretario de Previsión Social, y el señor Francisco Neira Reyes , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Expone el mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República da origen al proyecto de acuerdo en informe que la seguridad y salud en el trabajo fueron elevadas a la categoría de derechos fundamentales por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según consta en los acuerdos y resoluciones adoptados en la 110ª Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, sostenida en Ginebra, Suiza, el 2022.

Afirma que para nuestro país la minería es uno de los sectores productivos más importantes, pues constituye aproximadamente el 10 por ciento del producto interno bruto, mientras que más del 50 por ciento de nuestras exportaciones corresponden a productos mineros.

En este contexto, los informes de la Superintendencia de Seguridad Social sobre seguridad y salud en el trabajo de los últimos años dan cuenta de que la tasa de accidentabilidad en el ámbito minero no supera el 1 por ciento; es decir, es baja en comparación al resto de los sectores productivos del país. Sin embargo, por la naturaleza de esas labores, la prevención es relevante, considerando la eventual mortalidad por los accidentes que pueden generarse en el sector minero.

Por lo anterior, la actualización y mejora constante de los estándares de seguridad y salud son necesarias para resguardar la vida e integridad física de las y los trabajadores mineros, a fin de asegurar condiciones de trabajo dignas y, de paso, potenciar la posición de nuestro país en la economía globalizada, considerando los estándares internacionales de inversionistas del sector.

Añade que el gobierno, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio N° 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, instrumento ratificado por Chile el 27 de abril del 2011 y publicado en el Diario Oficial el 19 de agosto del 2011, se encuentra trabajando en la actualización de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo conjuntamente con las y los empleadores y las y los trabajadores.

Del mismo modo, hace presente que, considerando la importancia del sector minero y en el contexto de la programación de la jornada de actualización de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, es relevante destacar que se han desarrollado instancias específicas para este rubro por medio de dos talleres en siete regiones del país, en las que representantes de las y los trabajadores, empleadores y el gobierno han generado un informe acerca de la importancia de la formulación de una política nacional de seguridad y salud de minería, reafirmando el compromiso con la mejora constante de los estándares de seguridad y salud en el sector.

Por otra parte, considerando los riesgos existentes en la minería, los mandantes tripartitos de la OIT adoptaron el Convenio N° 176 sobre seguridad y salud en las minas el 22 de junio de 1995. Dicho convenio se aplica a todas las formas de minería, incluyendo emplazamientos subterráneos o de superficie, así como a las máquinas y estructuras utilizadas en la exploración, extracción y reparación de minerales.

A su vez, cabe señalar que este convenio tiene, de acuerdo con la normativa de la OIT, el carácter de actualizado y técnico, lo que implica que dicho organismo internacional promueve activamente su ratificación como expresión de una herramienta moderna y adaptada a las realidades actuales del mundo laboral.

El convenio se estructura sobre la base de un preámbulo, en el cual la Conferencia General de la OIT da cuenta de su decisión de adoptar este instrumento, y de cinco partes que comprenden 24 artículos en los cuales se contienen las disposiciones sustantivas y finales, a las que, en aras del tiempo, no me referiré.

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, la comisión estimó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de lo expuesto y por las consideraciones precedentes, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recomienda la aprobación del artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rinde el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el diputado Héctor Ulloa .

El señor ULLOA (de pie).-

Señor Presidente, distinguidos y distinguidas colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Convenio N° 176, sobre seguridad y salud en las minas, adoptado por la 82a Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 22 de junio del año 1995, contenido en el boletín N° 16181-10, con urgencia calificada de suma.

A las sesiones en que se analizó esta iniciativa asistieron la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora Jeannette Jara , y el subsecretario de Prevención Social, señor Claudio Reyes Barrientos , junto con el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señor Francisco Neira .

Asimismo, concurrieron especialmente invitados el especialista en normas internacionales del trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur y América Latina , señor Sergio Paixao Pardo ; el presidente ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino ; la secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señora Ana Lamas Aguirre , y el consejero nacional de la Federación de Supervisores del Cobre señor Ricardo Calderón Galaz , ambos en representación de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería.

El proyecto fue aprobado en general y en particular a la vez por 12 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Daniella Cicardini , Maite Orsini y Ximena Ossandón , y los diputados señores Luis Cuello , Eduardo Durán , Diego Ibáñez , Cristián Labbé , Henry Leal , Juan Santana , Frank Sauerbaum , Héctor Ulloa y Alberto Undurraga .

Afirma el mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a ratificación el presente proyecto de acuerdo que la seguridad y salud en el trabajo fueron elevadas a la categoría de derechos fundamentales del trabajo por parte de la OIT, según consta en los acuerdos y resoluciones adoptados en la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, sostenida en Ginebra, Suiza, el 2022. Esta declaración, añade, motiva el compromiso de su gobierno de ratificar el convenio que se somete a vuestra consideración.

Agrega, entre otras consideraciones, que en virtud de los riesgos existentes en la minería los mandantes tripartitos de la OIT adoptaron el Convenio N° 176, sobre seguridad y salud en las minas, el 22 de junio de 1995. Dicho Convenio se aplica a todas las formas de minería, incluyendo los emplazamientos subterráneos o de superficie, así como a las máquinas y estructuras utilizadas en la exploración, extracción y preparación de minerales.

El presente convenio define las responsabilidades de las y los empleadores, así como los derechos y obligaciones de las y los trabajadores, y exige a los Estados miembros la adopción de medidas destinadas a garantizar su aplicación a través de la legislación nacional, la que deberá complementarse con normas técnicas, directrices o repertorios de recomendaciones prácticas cuando proceda.

Asimismo, se contempla la necesidad de una autoridad competente encargada de vigilar y regular los diversos aspectos de la seguridad y la salud en las minas, y de compilar y publicar estadísticas sobre los accidentes, las enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos.

El Convenio se acompaña de la recomendación Nº 183, de 1995, sobre la seguridad y salud en las minas, que ofrece orientaciones prácticas para la aplicación del Convenio. En la recomendación se indica que los países deberían adoptar medidas para fomentar y promover la prestación de una asistencia específica por parte de la autoridad competente a las pequeñas empresas mineras, con el fin de contribuir a la transferencia de conocimientos técnicos, al establecimiento de programas preventivos de seguridad y salud, y al fomento de la cooperación y de las consultas entre las y los empleadores y las y los trabajadores, así como sus representantes.

Asimismo, cabe señalar que, de acuerdo con la normativa de la OIT, este Convenio tiene el carácter de actualizado y técnico, lo que implica que dicho organismo internacional promueve activamente su ratificación como expresión de una herramienta moderna y adaptada a las realidades actuales del mundo laboral.

Del mismo modo, se debe destacar que el Convenio entró en vigor internacional el 5 de junio del año 1998, lo que da cuenta de un período en que la normativa minera se ha ido desarrollando y adecuando a nivel global.

El Convenio se estructura sobre la base de un preámbulo en el cual la Conferencia General de la OIT da cuenta de su decisión de adoptar este instrumento, y de cinco partes que comprenden 24 artículos en los cuales se contienen las disposiciones sustantivas y finales, a los que, en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicados en el informe que mis colegas tienen en su poder, no me voy a referir.

Finalmente, me permito hacer presente a mis colegas que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.

Se estimó que no existen en su texto normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por no tener ellas incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de lo expuesto y por las consideraciones dadas a conocer, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA .-

Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo al presente proyecto de acuerdo.

Este convenio se enmarca en un derecho fundamental de la humanidad, como es el derecho a la vida y a la salud de todos los seres humanos. En este caso específico, se refiere a la seguridad y a la salud de los trabajadores que laboran en las minas.

Sabemos que nuestro principal ingreso como país está en la minería. Somos un país minero, y por eso es aún mayor nuestra responsabilidad con nuestros compatriotas que laboran en dichas faenas. No obstante, también sabemos que no siempre existió ese deber de cuidado y protección. Tan solo recordemos, en la época salitrera, la masacre de la Escuela Santa María, de Iquique, en 1907, cuando el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas abrir fuego contra la multitud de mineros que exigían sus derechos. Asimismo, recordemos los abusos cometidos en las oficinas salitreras de Humberstone, donde los trabajadores vivían en condiciones indignas.

Nuestra historia está plagada de este tipo de abusos y de atropellos a la dignidad de los trabajadores, hasta que el movimiento obrero comienza a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, y, en consecuencia, empieza a legislarse al respecto. No obstante, aún tenemos mucho que avanzar.

Hoy, en la industria minera mueren aún cientos de trabajadores al año como consecuencia de la exposición crónica a emanaciones tóxicas, lo que provoca cáncer al pulmón. La tasa va en aumento en el caso de la pequeña minería, donde las medidas de seguridad son menores y se carece de fiscalización adecuada.

No es menor que la mayor tragedia minera metalífera de la historia haya ocurrido en nuestro país, en la gran zona minera del cobre, en El Teniente, de Rancagua, en Sewell, en la conocida “Tragedia del humo”, cuando 355 mineros perdieron la vida al quedar atrapados en sus túneles, en 1945.

La silicosis, la neumoconiosis, provocada por inhalación del polvo del carbón, y la asbestosis, entre otras, son las principales enfermedades del trabajador minero que ha estado expuesto a gases o a metales de distinto tipo. Estas enfermedades pueden, incluso, ser declaradas o diagnosticadas muchos años después de la exposición.

Quiero hacer particular mención de los trabajadores de la industria de planchas que se comercializan bajo la marca Volcanita , asentada en el distrito N° 12, donde hay numerosas víctimas de asbestosis y mesotelioma, que es un tumor de alta malignidad y letalidad, las que hasta hoy se encuentran asociadas para reclamar justicia.

Apruebo y celebro este convenio internacional, ya que como médico con inspiración y formación humanista siempre he defendido la importancia del trabajo seguro y libre de riesgos para la salud de las personas, ya que así lo establece expresamente nuestro Código del Trabajo en su artículo 184: “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores,…”.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU .-

Señorita Presidenta, este convenio viene a completar las normas vigentes en Chile y a nivel internacional sobre esta materia.

La firma de este convenio supone un avance mayor de la regulación de la industria minera. El mensaje del proyecto de acuerdo recuerda que la seguridad y la salud en el trabajo fueron elevadas a la categoría de derecho fundamental en el trabajo por parte de la OIT.

Recuerdo que durante mi niñez, en Chuquicamata, la antracosis, la silicosis y las secuelas pulmonares por los gases sulfurosos de la producción del cobre eran pan de todos los días.

Los informes sobre seguridad y salud en el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, en los últimos años, muestran una tasa de accidentes, en comparación con el resto de los sectores productivos del país, correspondiente al 1 por ciento. No obstante, resulta necesario seguir avanzando en esta materia, especialmente si se considera que por la naturaleza de las labores mineras la prevención es especialmente relevante.

Se hace presente que la ratificación de este convenio está en línea con el cumplimiento de lo establecido en el Convenio 187 de la OIT, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ratificado por Chile el 27 de abril de 2011. Este instrumento obliga a nuestro país a trabajar en la actualización de la política nacional de salud y seguridad en el trabajo en conjunto con los empleadores y los trabajadores. Es así como se han celebrado numerosas instancias de trabajo conjuntas, que han llevado concluir que ratificar el Convenio 176, sobre seguridad y salud en las minas, es un impulso relevante para avanzar hacia una política de salud y seguridad específica para la minería, la que deberá ser construida sobre la base del diálogo y de acuerdos con distintos actores del sector.

En salud se habla de prevención, lo que es muy positivo y avanza en el sentido correcto, pero no hay que olvidar las secuelas de los mineros en los años futuros, como cánceres pulmonares, renales y de vejiga, de manera que estoy muy de acuerdo con lo planteado por el diputado Palma al respecto.

Finalmente, quiero señalar que se establece una manera diferente de abordar este tipo de convenios, a través de un diálogo tripartito para su elaboración e implementación.

Por las razones señaladas, claramente anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO .-

Señorita Presidenta, nuevamente en esta Sala votaremos la ratificación de un tratado internacional que se va a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico.

Su principal objetivo es ampliar la protección de trabajadoras y trabajadores, esta vez del sector minero. El Convenio 176 de la OIT es un catálogo de obligaciones para el Estado de Chile, que reconoce la especial importancia de la prevención de accidentes laborales en la minería, dadas las particulares condiciones adversas en que dichos trabajadores y trabajadoras se desempeñan. Aquello cobra especial relevancia si se considera que la minería constituye el 10 por ciento del producto interno bruto y que representa más del 50 por ciento de nuestras exportaciones.

Detrás de esa gruesa producción hay seres humanos que se desempeñan en condiciones más duras que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores. Las cifras de accidentabilidad laboral son lamentables. Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la minería tiene el doble de fallecidos: una tasa de 5,1 accidentes fatales por cada 100.000 trabajadores, versus el promedio nacional, de 2,9 accidentes fatales. Por esta razón, casi todos los meses he dado cuenta en este hemiciclo de los distintos accidentes laborales que se están produciendo, muchos de ellos con resultado de muerte, situación que este convenio busca subsanar.

La prevención es clave para no lamentar los recurrentes accidentes y las frecuentes muertes que hemos dado a conocer en esta Sala. Por eso aplaudimos y celebramos no solo el contenido de este convenio, sino también la forma en que nuestro gobierno siguió impulsándolo para su ratificación.

Se adoptaron los estándares internacionales de participación y composición tripartita de la OIT. Por lo mismo, este convenio también fue socializado con sindicatos y con representantes de trabajadoras y trabajadores y de empleadores, incluyendo a subcontratistas y a representantes del gobierno, quienes dispusieron que se hicieran los esfuerzos necesarios para cumplir con este marco jurídico de protección de derechos laborales, elevados a la categoría de derechos fundamentales en la 110° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, celebrada en Ginebra, en 2022.

En otras palabras, el diálogo ha permitido que críticas esperables, que surgieron de parte del empresariado, de la Sociedad Nacional de Minería y del Consejo Minero, se fueran disipando a medida que el proyecto avanzaba. Ojalá pudiésemos tomar ese ejemplo para otros debates que estamos dando en este hemiciclo, lo que nos permitiría resolver condiciones materiales de quienes habitan en nuestro país. Entre esos debates están la reforma de pensiones y, por qué no decirlo, el pacto fiscal.

Si ratificamos este convenio nuestro país podrá avanzar en el desarrollo de una política nacional de salud y seguridad en el trabajo, especialmente en el sector minero. El desafío es contar con la participación vinculante de todos los involucrados e involucradas en cada política pública que les afecte, porque hemos visto cómo, en tiempos pretéritos, ha estado presente permanentemente la denuncia, sobre todo de las y los trabajadores que no son considerados en los debates.

Por eso, quiero valorar profundamente que el diálogo sea el sello que ha marcado la gestión del Ministerio del Trabajo. Por eso, por su intermedio, señorita Presidenta, saludo a la ministra Jeannette Jara .

Por lo tanto, anuncio mi voto a favor de esta iniciativa, que me parece es una demanda fundamental de los propios trabajadores y trabajadoras. Espero, por lo mismo, que cuente con el apoyo unánime de esta Sala.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señorita Presidenta, estamos terminando la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio N° 176, sobre seguridad y salud en las minas, acuerdo que, si no me equivoco, se encuentra sin ratificar desde 1995. La pregunta es por qué no se había ratificado, dado que para Chile, como se ha dicho, la minería es uno de los sectores más productivos e importantes, ya que constituye el 10 por ciento del producto interno bruto. Más del 50 por ciento de nuestras exportaciones corresponden a productos mineros.

Entonces, la respuesta fue porque, en el fondo, la minería chilena es un sector que representa muy buenos índices de baja accidentabilidad, y aun cuando lo que dijo el diputado Giordano es absolutamente cierto, esto es, que en la Comisión de Trabajo muchas veces hemos visto accidentes fatales, de todas maneras tenemos que avanzar en esto.

Los informes de seguridad y de salud en el trabajo de los últimos años de la Superintendencia de Seguridad Social nos dan cuenta de que la tasa de accidentabilidad en el ámbito minero no supera el 1 por ciento, es decir, es bastante más baja en comparación al resto de los sectores productivos, a lo que quizás también habría que meterle mucha cabeza.

A su vez, Chile es reconocido internacionalmente por sus altos estándares en términos de seguridad y salud en las minas; pero, lamentablemente, como dije, hay situaciones en las que se podrían haber evitado muertes.

Lo más importante es que en esta política, para prevenir los accidentes y proteger la salud de las personas que trabajan en las minas, se deben consagrar ciertos estándares que sean adecuados tanto para la gran minería como también para la mediana y pequeña minería; de lo contrario, los accidentes estarán refocalizados en los trabajadores más precarios, que es lo que se debe evitar. No puede haber diferencias entre trabajadores, independiente del grupo de la minería en que trabajen.

Sin embargo, hay un detalle que es importante resaltar, que es que Chile está al debe en la implementación de la política nacional de seguridad y salud que inició el gobierno anterior luego del accidente de la mina San José. ¿Y por qué digo “al debe”? Porque hay una política nacional que está estructurada y que considera, entre otras medidas, la modificación de los accidentes del trabajo, y eso aún duerme en la Comisión de Trabajo, que integro. Creo que también tenemos que avanzar en eso.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señorita Presidenta, este es uno de los convenios de seguridad largamente esperados por la minería.

A nosotros, como país minero, como primer productor de cobre en el mundo y beneficiado por la naturaleza con distintos minerales, nos queda la sensación de que nos falta mucho en seguridad, en derechos laborales, en materia de respeto por los trabajadores que día a día sacrifican su vida para extraer el mineral, con turnos extenuantes, con condiciones adversas.

En ese contexto, celebro la ratificación del convenio en comento, pero sabemos que en la práctica no basta con este instrumento, sino que debemos hacer todos los esfuerzos por que todo lo que esté en la letra de dicha herramienta, del Código del Trabajo y de la ley de seguridad laboral se exprese en las faenas mineras, y ahí tenemos una larga brecha.

Estos dos últimos años han sido particularmente negros en la minería, actividad que ha sido golpeada por accidentes fatales terribles, la gran mayoría de trabajadores contratistas, lo que es lamentable.

Entonces, también tenemos que revisar eso: cómo el régimen del subcontrato ha precarizado permanentemente a los trabajadores de faenas mineras.

También, cómo no decir lo que está pasando hoy en la minería estatal con la persecución a los dirigentes sindicales, a las personas que han abogado por los derechos laborales, que incluso han participado en comités paritarios y han sido despedidas arbitrariamente por el solo hecho de querer ejercer los derechos que estamos consagrando.

En ese contexto, aprovechando que está aquí la ministra del Trabajo, pido que pongamos énfasis en las prácticas antisindicales, las persecuciones a los dirigentes sindicales, que están largamente documentadas. En el mineral El Teniente ya tenemos a cuatro dirigentes sindicales reintegrados vía juicio, porque efectivamente se han constatado prácticas antisindicales, persecución, montaje, hostigamiento. Eso es gravísimo, porque los dirigentes sindicales son la voz de los trabajadores en las faenas, y si silenciamos la voz de los dirigentes, estaremos silenciando la voz de miles de trabajadores, cuando podemos salvar vidas mediante el cumplimiento de las normas que ya están en nuestro país.

Así, ministra, hago un especial énfasis en orden a poner atención a los ejecutivos sobre los cuales está evidenciado que están ejerciendo prácticas antisindicales en las faenas.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON .-

Señorita Presidenta, la minería es uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país, constituyendo aproximadamente el 10 por ciento del producto interno bruto, mientras que más del 50 por ciento de nuestras exportaciones corresponden a productos mineros.

Aunque hoy en día la minería chilena destaca por su seguridad y los informes de los últimos años de la Superintendencia de Seguridad Social dan cuenta de que la tasa de accidentabilidad en el ámbito minero no supera el 1 por ciento, es decir, es baja en comparación con otros sectores productivos, vemos que se siguen produciendo accidentes que muchas veces serían evitables si existiera mayor acuciosidad en el control de los procesos.

Por otro lado, si bien gran parte del contenido del acuerdo ya es aplicado en las faenas mineras, tanto por estar consagrado en nuestra legislación o porque gran cantidad de las empresas se rigen por estándares internacionales que van mucho más allá de lo exigido por la ley, es de vital importancia que el Sernageomin cuente con los recursos necesarios -ello hoy no ocurre- para que de esa forma pueda fiscalizar eficientemente las faenas de la minería y se puedan evitar accidentes, que generalmente cuestan la vida a esforzados trabajadores de nuestro país.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET .-

Señorita Presidenta, hace varios años trabajadores, particularmente de Atacama y de distintas regiones del país, nos plantearon la necesidad de aprobar el Convenio N° 176 y transformarlo en un tratado internacional, que es en definitiva el efecto que se producirá una vez que se apruebe en el Congreso. Porque Chile suscribió dicho convenio en 1995; es decir, han pasado más de veinte años.

El 11 de julio de 2019, mediante el proyecto de resolución N° 651, se solicitó al Presidente de la época la aprobación de este convenio OIT. El gobierno anterior no nos escuchó; no estuvo dispuesto a presentarlo al Congreso.

Posteriormente, y siguiendo nuestra labor de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la minería, presentamos el proyecto de resolución N° 146 en junio de 2022, el cual fue aprobado por amplia mayoría en esta Sala el 13 de septiembre.

Asimismo, debo decir que durante este año, al conmemorarse el día del minero y de la minera el 10 de agosto, el Presidente se comprometió a mandar el convenio al Congreso, como está ocurriendo hoy, y espero que se apruebe, razón por la cual pido el apoyo de la Sala para tal efecto.

Este convenio no es baladí, sino muy importante. Estamos hablando de la salud y la seguridad de los trabajadores de la minería. Hay otro convenio, el N° 155, que ojalá el gobierno también lo mande, que es más genérico respecto de otras actividades económicas, no solo de la minería. Pero el instrumento que hoy estamos viendo es muy relevante por la significancia que tiene la minería y por los trabajadores y trabajadoras que laboran en esta actividad.

En honor a los trabajadores fallecidos en faenas mineras por accidentes del trabajo, en honor a los enfermos de asbestosis y de silicosis -esto último es muy fuerte en el norte, y muchas veces vemos a los enfermos en sus días finales en malas condiciones, producto de las malas medidas preventivas que hay en las faenas mineras-, la aprobación de este proyecto es muy importante, porque obliga al Estado de Chile a modificar la ley y aspectos reglamentarios para dar plena seguridad a los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en temas como la vigilancia de la seguridad y salud en las minas, la inspección de las minas por inspectores designados para tal efecto, los procedimientos para la notificación y la investigación, la compilación y publicación de estadísticas; la facultad de la autoridad para suspender o restringir, por motivos de seguridad y salud, las actividades mineras; el establecimiento de procedimientos eficaces, etcétera. Se trata de una serie de normas; parte importante de la legislación chilena las tiene, pero muchas otras no, por lo que significará un beneficio para estos trabajadores.

Escuché con particular atención a los diputados que son médicos, como Daniel Lilayu y mi colega Hernán Palma , que destacaron la relevancia de este Convenio, por lo que espero que lo aprobemos por unanimidad, ya que es un gran paso.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, el derecho a trabajar en un entorno laboral seguro y saludable es una de nuestras posiciones esenciales, y adoptar un instrumento internacional como éste permite engrosar la protección de este derecho dentro de nuestra legislación interna.

La actividad minera es un puntal de nuestra economía, representando el 10 por ciento del producto interno bruto y más del 50 por ciento de nuestras exportaciones.

Los accidentes en esta rama de la economía no superan el 1 por ciento, por lo que se puede concluir que la tasa es baja; sin embargo, su ocurrencia tiene graves y mortales consecuencias, al ser una actividad de alto riesgo laboral; por ende, se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar todo tipo de accidentes en la minería.

La actualización y la mejora constante de los estándares de seguridad y de protección de la salud son necesarias para resguardar la vida y la integridad física de las y los trabajadores mineros, asegurando condiciones de trabajo dignas.

Nuestro país cuenta, en general, con un avanzado estatuto de protección de riesgos laborales y, en este sentido, el Convenio N° 176 de la OIT será la base que guíe el actuar normativo general dentro del rubro de la minería en particular.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Convenio N° 176 contiene una disposición especial relativa a su aplicación. Su artículo 16 consagra la obligación de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas sanciones y medidas correctivas apropiadas, para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio, y de facilitar servicios de inspección adecuados a fin de supervisar la aplicación de las medidas que se hayan de adoptar en virtud del Convenio y dotarlos de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas.

Es por eso que recomendamos aprobar este proyecto de acuerdo, ya que va en la lógica de robustecer la seguridad de las y los trabajadores de nuestro país en un rubro que es especialmente relevante.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

La Mesa saluda a la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, cuyos representantes se encuentran en las tribunas.

Sean bienvenidos.

-Aplausos.

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señora Presidenta, el Convenio N° 176 de la OIT, que establece el compromiso de fortalecer la normativa de seguridad y de salud laboral en las minas, es tremendamente importante y relevante.

El espíritu del Convenio es significativo, pues se hace cargo de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores y trabajadoras mineros del país, quienes, con su labor, han contribuido enormemente a entregar mucha riqueza a nuestra patria.

Valoro el compromiso que ha tenido el gobierno en esta materia y destaco el que hayan participado en esta tarea la ministradel Trabajo y Previsión Social, la anterior ministra de Minería y el Ministerio de Salud. Aquí se hizo un trabajo tripartito, fruto de un proceso participativo y regionalizado, que incluyó el levantamiento de información desde los territorios, con la participación de todos los actores y actrices, algo que es importante relevar.

La minería es un sector productivo importante para la economía nacional, pero los trabajadores y las trabajadoras son el tesoro que debemos resguardar y proteger. Los mineros y las mineras son el principal activo de la minería. Hemos visto situaciones bastante complejas, como el caso de los 33 mineros atrapados en una mina y otros accidentes en la Región de Atacama, todos los cuales dejan en evidencia ciertos elementos a considerar.

Primero, en relación con las facultades fiscalizadoras que deben tener los organismos públicos encargados en esta materia, es tarea de los gobiernos el dotarlos de mayores facultades y competencias fiscalizadoras.

Segundo, también hay que tener presente las responsabilidades de los empleadores y, en ese sentido, el Convenio también aborda ese tema. En buena hora.

Este es un proyecto muy importante para la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la minería. No obstante, debemos tener presente que esto debe ser medido con una vara distinta si se trata de la gran minería, de la mediana minería o de la pequeña minería.

La incorporación de esta normativa a nuestro ordenamiento jurídico no debe generar mayores dificultades a las que ya tienen los pequeños mineros, sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en caso alguno podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de tantos trabajadores y trabajadoras que contribuyen a nuestro desarrollo y que son un pilar fundamental para construir un país mucho mejor y moderno.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señora Presidenta, garantizar la protección de las trabajadoras y de los trabajadores, en general, y de los de la minería, en particular, es un derecho que está respaldado por diversas normativas y convenciones internacionales. Además, es el motor de nuestra lucha como izquierda y también de los sindicatos.

La industria minera es conocida por ser una de las más peligrosas y riesgosas en términos de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales]; por eso, destaco el objetivo principal del Convenio, que es prevenir accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo en las minas, así como promover un entorno laboral seguro y saludable.

Sin embargo, entendiendo la importancia que tiene este Convenio y su ratificación, es necesario seguir avanzando para robustecer la legislación interna en materia de seguridad laboral general y no solo en el caso de la minería.

Nuestro país tiene una política de seguridad minera que solo tiene un reglamento y algunos decretos que hacen lo suyo en materia de seguridad, lo cual es insuficiente. Quizá sería bueno pensar en tener una política especial de seguridad y de protección de la salud en la minería, que podría entregar constantemente orientaciones e informar respecto de los planes de acción relacionados con la prevención de la accidentabilidad. Cabe mencionar que los accidentes de trayecto están entre los más comunes, y su ocurrencia está vinculada al estado de los caminos de las mismas faenas o a las largas jornadas laborales de los conductores. Este es un tema que preocupa a los trabajadores del rubro.

La implementación de una política especial de seguridad permitiría que los trabajadores tuvieran plena confianza en que su actividad laboral se desarrolla en ambientes seguros.

Otro tema preocupante es la aplicación o la ejecución del Convenio N° 176 en la pequeña minería, que no tiene grandes recursos para implementar medidas de seguridad, a pesar de los planes que entrega Enami . Existe una gran diferencia entre lo que aparece en el papel y lo que se hace en terreno, porque, lamentablemente, no se cuenta con un ente fiscalizador robusto.

Quiero destacar la necesidad de continuar fortaleciendo la política de seguridad minera en el trabajo, ya que la actualización y la mejora constante de los estándares de seguridad es algo muy relevante.

Valoro este Convenio porque se ocupa de la prevención de los accidentes y de las enfermedades relacionadas con el trabajo en las minas; además, promueve un entorno laboral seguro y saludable para las trabajadoras y los trabajadores mineros, a quienes aprovecho de saludar, porque todos sabemos de su tremendo y esforzado trabajo.

Soy hija de un minero del cobre, quien, a pesar de su retiro temprano, no pudo superar la silicosis que afectó su salud de manera considerable, misma situación que viven cientos de familias del Norte Grande y del Norte Chico.

Votaremos a favor de este proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio N° 176, pero espero que el Estado…

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Terminó su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT .-

Señora Presidenta, si se efectúa una comparación entre las normas del Convenio N° 176 con las disposiciones del Reglamento de Seguridad Minera de nuestro país, con el objeto de determinar si este último cumple o no con los estándares que dicho convenio internacional establece, es posible concluir algunas cuestiones que son importantes.

En efecto, el Reglamento de Seguridad Minera establece un estándar de seguridad y salud en las minas que debe ser cumplido por las empresas y trabajadores que se desempeñan en faenas mineras. En general, el reglamento y la legislación nacional satisfacen las exigencias que a este respecto establece el Convenio 176 de la OIT. No obstante, existen ciertas materias específicas que regulan el convenio, que el reglamento las trata de manera distinta. Por su parte, se verifican materias del convenio que se encuentran reguladas en nuestra legislación fuera de las disposiciones del reglamento, en disposiciones generales de protección de la salud y de la vida de los trabajadores, contenidas tanto en el Código del Trabajo como en sus normas complementarias.

En efecto, el Convenio exige la existencia de una política nacional en materia de seguridad minera. Nuestro país no cuenta con una política específica en esta materia ni tampoco con una de carácter general, y el reglamento de seguridad minera es el único marco regulatorio sobre este tema.

De conformidad con el Convenio, la suspensión o restricción de faenas mineras debe ser facultad de la autoridad competente. Nuestra legislación, en tanto, entrega tales facultades a varios organismos: al Servicio Nacional de Geología y Minería, a la Dirección del Trabajo y al Servicio de Salud, lo que exige una práctica de coordinación de los distintos servicios y organismos que sabemos que no siempre ocurre de la mejor forma en nuestro país.

Respecto de los derechos de los trabajadores, en el caso de la legislación nacional, ciertas exigencias del convenio se encuentran más o menos cubiertas por las normas generales del ámbito del trabajo, tales como la notificación al empleador de accidentes, incidentes y riesgos, así como la solicitud de inspecciones e investigación al empleador u otra autoridad competente.

Finalmente, en cuanto a los derechos de los representantes de los trabajadores, se cumple con el estándar del Convenio en la medida en que existe el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, lo que se encuentra supeditado al número de trabajadores.

Como he dicho, nuestra legislación cumple con los parámetros establecidos en el Convenio, razón por la cual apoyamos su aprobación, pero es necesario que se precisen algunos puntos para evitar un incremento de conflictividad en el sector minero.

En ese sentido, hay que precisar el alcance del sistema de responsabilidad por culpa, la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos de consulta y participación de los trabajadores, así como cuestiones relativas al autocuidado y cuidado colectivo del trabajador. Aquellas precisiones, a través de declaraciones interpretativas, resultan indispensables, a mi juicio, para evitar que se reduzca el estándar de seguridad y salud en el trabajo minero, así como para evitar incertezas e interpretaciones incorrectas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Se suspende la sesión por falta de quorum.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

La señora HERTZ , doña Carmen (Vicepresidenta).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA .-

Señora Presidenta, al hablar de seguridad en las minas estamos hablando de trabajo digno, de asegurarle a cada minero que en su lugar de trabajo no va a poner en riesgo su vida, de dar tranquilidad para que sus familias no queden en vilo cada vez que van a la faena.

Garantizar la seguridad de cada trabajador es algo básico. Se trata de una demanda fundamental de las luchas sindicales de comienzos del siglo XX. Esta discusión debió haberse tenido hace años. Ratificar el Convenio 176 es un estándar mínimo que debemos cumplir como sociedad.

Cuando hablamos de que está en riesgo la integridad física estamos señalando que hay fallecimientos que debemos lamentar por no haberse tomado las medidas adecuadas de protección. Se trata de fallecimientos que se producen en un rubro que ha sido el motor para hacer de Chile un país más desarrollado y que es parte de la identidad de regiones enteras. Son generaciones las que han crecido al alero de la minería.

Por eso, quiero destacar la celeridad con que el gobierno del Presidente Boric ha avanzado en la ratificación de este instrumento, el que nos permite incorporar cuestiones fundamentales para saldar la deuda que tenemos con los trabajadores mineros de nuestro país. Entre sus aspectos más relevantes destaca, por ejemplo, la designación de una autoridad competente para vigilar aspectos de seguridad y salud en las minas, el derecho de los trabajadores a retirarse de la mina cuando haya una situación grave y la obligación del empleador de tomar medidas que eliminen o reduzcan los riesgos en que se encuentran.

Avanzamos en un anhelo de décadas para que nunca más se descuide a los trabajadores mineros de Chile; a los de Tierra Amarilla, a los de El Salvador, a los de la Región de Atacama y a los de todo el país, quienes día a día, jornada tras jornada, le entregan riqueza a nuestro país, y a los cuales no les hemos entregado la reciprocidad que se merecen.

Los socialistas, por supuesto, aprobaremos esta ratificación.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para imponer, a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones, en caso de incurrir en los delitos que indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 95ª de la presente legislatura, en lunes 23 de octubre de 2023. Documentos de la Cuenta N° 8.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, lamentablemente, el mundo del deporte no está ajeno a los problemas que pueden ocurrir en toda organización.

Como muchos saben, la práctica del deporte en gran parte de los países se estructura a partir de la formación de organizaciones deportivas con organismos internos directivos, técnicos y representativos, que se asocian entre ellas conformando finalmente federaciones como entes encargados de disciplinar la práctica de un particular deporte dentro de un territorio nacional. Esa es la función de una federación.

Las organizaciones deportivas manejan recursos y requieren la contratación de personal y de proveedores, entre muchas otras gestiones a cargo de sus directorios. Pero la realidad nos indica que en muchas ocasiones los recursos no se utilizan de manera proba ni eficiente. Son muchos los casos en que dirigentes de organizaciones deportivas se han visto involucrados en fraudes y malversación de fondos, entre otros delitos, con el perjudicial efecto que ello tiene respecto de la marcha habitual de la organización, especialmente dado que se produce el efecto de distraer recursos públicos que están destinados para la práctica del deporte y el desarrollo total de sus deportistas, y aun más cuando estos recursos siempre son muy escasos.

Este proyecto de ley viene en parte a mejorar esta situación o, al menos, a evitar que se repitan traumáticas situaciones al interior de las organizaciones.

Al imponer una pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos directivos en organizaciones deportivas, podemos en parte evitar que malas administraciones e indebidas gestiones se repitan.

Pero quiero poner el acento en un aspecto que me preocupa sobremanera. Habiéndome dedicado toda mi vida o gran parte de ella al deporte, sé bien que la fiscalización en este ámbito por parte del Instituto Nacional de Deportes, cualquiera que sea el gobierno de turno, es prácticamente nula. Casi nunca hay fiscalización, y cuando la hay solo se limita a detalles contables y formales. En el fondo, no hay fiscalización respecto de acciones que afectan a los deportistas.

Espero que este proyecto no sea letra muerta, pero para ello hace falta que el Instituto Nacional de Deportes se tome de una vez en serio la fiscalización, tome las herramientas con que cuenta y tome decisiones de una vez.

Las irregularidades no se evitan con una simple pena accesoria, mientras el organismo encargado de fiscalizar su cumplimiento no lo haga.

Llamo a votar a favor.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señora Presidenta, como una de las firmantes de este proyecto, me llena de alegría legislar para aumentar las sanciones para aquellos dirigentes o dirigentas deportivos que ejecuten actos de corrupción, estableciendo sobre ellos una inhabilidad para ejercer nuevamente cargos dirigenciales.

Este proyecto es del excelentísimo senador Sebastián Keitel . Lo traigo a colación, porque en este momento él está expectante por esta discusión. Quiero dejar muy claro que esto no tiene que ver sino con la Ley del Deporte, con las atribuciones que tienen hoy los dirigentes deportivos.

Sin duda, esta es una pena accesoria que no tiene que ver con el trabajo en otras instancias. No es que se mate a la persona que cometió algún ilícito en todo su espectro laboral.

Siempre es importante recalcar que el deporte no solo promueve las pasiones, sino también otros aspectos no deseados, como bien decía la diputada Érika Olivera , que alejan de la ética a la actividad deportiva.

Cómo olvidar el públicamente conocido caso del señor Sergio Jadue , entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), con todos esos aspectos que denostaron y pusieron en el lugar más oscuro a dicha institución.

Con nuestra aprobación esta iniciativa estará en condiciones de ser ley. Durante el segundo trámite constitucional se incorporaron como delitos, a los que se aplica la pena accesoria, la apropiación indebida y la administración desleal.

También se establece la misma sanción para quienes cometan los delitos mencionados siendo parte de aquellas organizaciones deportivas que contempla la ley que regula a las sociedades anónimas deportivas profesionales. Esto es un avance importante en materia de probidad en el deporte, sobre todo en los tiempos de tanta oscuridad que estamos viviendo.

Quiero traer a colación, y ojalá que todos los diputados y todas las diputadas presentes nos apoyen, lo que está pasando con el club Cobreloa y esta violación, agresión aún peor que la de La Manada, de España. Ocho hombres violaron a una mujer en dependencias de la Casa Naranja del club Cobreloa, y no podemos hacer caso omiso de este hecho. Es más, los dirigentes de ese club no pueden estar ni volver a estar. Estamos hablando, aparte de delitos económicos, de delitos sexuales.

Como Comisión de Deportes y Recreación hemos hecho un esfuerzo enorme para que estas cosas vayan en el camino correcto, y así lo veo, porque este proyecto, del cual soy una de las mocionantes, va en el camino correcto.

Insisto: quiero dejar muy claro y establecido que esto tiene que ver con las penas en el deporte, no en el sistema penal. Así que quiero relevar nuevamente a quienes lo suscribimos: al diputado Jaime Mulet y, por supuesto, al autor de este proyecto, el gran deportista Sebastián Keitel , que merece que hoy se apruebe este proyecto para empezar a avanzar en todas las inhabilidades que deben tener quienes han oscurecido el deporte nacional.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señora Presidenta, desde hace más o menos quince años que los llamados “delitos de cuello y corbata” han tomado protagonismo en la agenda pública. Bien lo evidencian los sondeos de opinión, la programación en los medios de comunicación y los mismos debates políticos, donde estos asuntos suelen ser materia de discusión constante. El posicionamiento de estos temas ha llevado a que durante los últimos años se hayan llevado a cabo reformas al Código Penal que endurecen las penas para este tipo de delitos.

Por otro lado, el deporte es una actividad muy importante para los países, y Chile no es la excepción, toda vez que conlleva importantes efectos en el plano de la salud y del desarrollo cultural y económico, por lo que no debe extrañar que se pretenda que este opere con los más altos estándares posibles. En consecuencia, la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación en el caso de los delitos que el proyecto señala, cumple con la aplicación de dicho estándares elevados, por cuanto se busca que las personas que los hubieren cometido en el ejercicio de sus cargos no puedan participar nuevamente en actividades dirigenciales vinculadas al deporte.

En nuestro distrito, el N° 25, Región de Los Lagos, y como seguramente ocurre en otras regiones, son conocidos los casos de personas van de club en club, dejando deudas, instituciones quebradas, algunas de las cuales incluso han desaparecido, llevándose con ellas años de historia y tradición deportiva; no obstante, no existe sanción alguna para estas personas. Hasta ahora, los inescrupulosos que saqueaban estas organizaciones quedaban sin ninguna sanción.

Señora Presidenta, imponer la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en dichas entidades, en caso de cometer determinados delitos económicos, era absolutamente necesario.

Por eso, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, en los recorridos que hago por el distrito que represento, zona norte de Santiago, en múltiples ocasiones me he encontrado con dirigentes de clubes deportivos y con deportistas, quienes, en su gran mayoría, hacen un tremendo trabajo no solo en lo deportivo, sino también, y principalmente, en lo social. Se organizan, se reúnen y generan instancias para que jóvenes y adultos puedan participar de la actividad deportiva.

Señora Presidenta, soy un convencido de que le hacen un tremendo daño a la actividad deportiva, pero también a la actividad social, quienes se aprovechan de este tipo de instituciones, sobre todo de la ilusión de los niños.

Por eso, por defender a aquellos que hacen bien la labor de dirigencia deportiva, que es la inmensa mayoría, veo con muy buenos ojos este proyecto, y, por supuesto, la bancada del Partido Republicano lo va a aprobar.

Me parece que es una muy buena idea impedir que puedan seguir participando en la dirigencia deportiva quienes sean condenados por delitos de corrupción, a propósito de la dirigencia deportiva. Tan buena idea me parece, que es una de las grandes razones que tengo para votar a favor el proyecto de nueva Constitución, que trae la muerte cívica para los condenados por corrupción en el mundo político. No los queremos en el mundo del deporte, no los queremos en los municipios, no los queremos en el Congreso, no los queremos en los gobiernos regionales, no los queremos en el Ejecutivo. A los corruptos hay que cerrarles todas las puertas.

Votaremos favorablemente este proyecto y, por supuesto, también votaremos favorablemente la nueva Constitución.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señora Presidenta, al parecer, siempre nos sacamos los premiados. Lo digo, porque, por Dios que hemos tenido malos dirigentes. Tuvimos buenos dirigentes en la década del 60 del siglo pasado, cuando logramos organizar un mundial de fútbol: porque no teníamos nada, lo queríamos todo. Las cosas se hacían con pasión, con mucha voluntad. Pero en el último tiempo, cuando el dinero entra a la arena deportiva, esto se empezó a pudrir.

Por eso, este proyecto ayuda en materia de abuso económico, pero también en otro tipo de abusos. Por tanto, y sin lugar a dudas, lo saludamos.

Pero permítaseme hablar algo sobre el abuso que hemos visto en esta institución vinculado al deporte. Se censuró a la Presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación, Érika Olivera , por tener convicciones. Hace unos días me emocioné cuando la vi llevando la antorcha en el contexto de la fiesta deportiva más importante que se ha hecho en este país, después del mundial del 62, y la respuesta de este Congreso, la respuesta de este Parlamento, la respuesta de los diputados fue censurarla en la presidencia. La verdad es que me parece una cuestión muy contradictoria con lo que estamos votando.

Termino con esto, por si a alguien le molesta: Érika Olivera nos prestigió hace muchos años como deportista y hoy nos prestigia como parlamentaria.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Señor diputado, debe ceñirse al tenor de lo que estamos debatiendo.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, honorable Cámara, el deporte ha sido tradicionalmente una actividad conservadora e impulsora de la sana convivencia y competencia, y protectora de la salud física y psicológica de las personas. Ha sido, también, desde la perspectiva médica, una actividad rehabilitadora de varias patologías, como la obesidad, las adicciones, las enfermedades nerviosas, depresivas y cardíacas, además de otras. Es lamentable que las malas prácticas -algunas, públicamente conocidas, y, otras, no tanto-, como fraudes, corrupción y diferentes figuras delictivas vinculadas al ámbito económico, hayan llegado también a la sana actividad.

Por ello, valoro el presente proyecto, que vendrá a sancionar con la pena accesoria de privación para ejercer y optar a cargos, empleos, oficios y profesiones en organizaciones deportivas a quienes incurran en actos de corrupción y estafa.

Apoyo la modificación del honorable Senado en tanto agrega a las sanciones penales ya incluidas en el proyecto original las descritas en el artículo 470, números 1 y 11, del Código Penal para sancionar la apropiación o distracción indebida por parte de quienes tengan la salvaguardia o la gestión del patrimonio de organizaciones deportivas de todo tipo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Para referirse a un punto del Reglamento, tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señora Presidenta, ojalá se llamara permanentemente la atención; pero, además, no me aparté hermenéuticamente del fondo de la cuestión.

-o-

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

La Mesa saluda a la delegación de la Agrupación de Mujeres Los Girasoles, presente en las tribunas, encabezada por su presidenta, señora Rosa Díaz , y acompañada por el concejal de la comuna de Chimbarongo señor Patricio Guerra , invitados por el diputado Cosme Mellado , del distrito N° 16.

-Aplausos.

-o-

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley es superimportante, porque consagra la posibilidad de avanzar en probidad en la actividad deportiva, tanto amateur como profesional, y pone de relieve en el debate la situación de una ley que hace mucho tiempo este Congreso Nacional debió haber abordado, que es la de la ley N° 20.019, sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, que en la práctica es la ley que ha instalado la corrupción en el deporte profesional en Chile, principalmente en el fútbol, a lo cual hemos tenido que acostumbrarnos. Hemos naturalizado que la corrupción es parte de la actividad.

La corrupción comienza cuando un papá o una mamá quieren que su hijo o hija participe en un club de fútbol importante, en un club profesional, para integrar las divisiones inferiores, y básicamente tienen que recurrir al pago de una coima para que su hijo pueda ser aceptado en dicho club. Esta situación continúa posteriormente a todo nivel: continúa en la adjudicación de los derechos de televisión y continúa en esta relación absolutamente escandalosa entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y las casas de apuestas, con millonarios contratos que ya han sido declarados ilegales por los tribunales de justicia. También escala a esa pseudoorganización del Mundial del 2030, que ha terminado en una cuestión absolutamente indignante, y continúa hacia la Confederación Sudamericana de Futbol e, incluso, hacia la FIFA. Estamos hablando de verdaderas organizaciones mafiosas, de asociaciones ilícitas que permanentemente delinquen con la complicidad de los Estados.

Por lo tanto, este proyecto de ley es tremendamente importante, pues permite dar un paso significativo en orden a castigar de manera contundente a aquellos dirigentes o dirigentas deportivos que incurren en ilícitos, en delitos de corrupción, pero también, como se ha señalado, en otro tipo de delitos, como la violencia sexual hacia deportistas. La situación que ocurre con el club Cobreloa, recientemente ascendido a primera división, es un absoluto escándalo. No puede ser que no se esté haciendo absolutamente nada para investigar y sancionar hechos que son de la máxima gravedad, hechos absolutamente aborrecibles en cualquier espacio de la sociedad, más aún cuando hablamos de deporte de alto rendimiento.

Este proyecto es muy importante y tenemos que aprobarlo ojalá por la unanimidad de esta Sala; pero también es tremendamente importante que podamos abordar, a la mayor brevedad posible, modificaciones sustanciales a la ley de sociedades anónimas deportivas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señora Presidenta, justamente hoy, que estamos viviendo una tremenda fiesta deportiva en Santiago 2023, se vuelve fundamental que discutamos este proyecto de ley que sanciona los delitos de fraude y corrupción cometidos por quienes desempeñan funciones al interior de las organizaciones deportivas.

Creo firmemente -lo he señalado varias veces en esta Sala- que el deporte es una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, pues enseña e inculca grandes valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y el compañerismo. Sin embargo, la corrupción atenta contra todos esos valores para quienes practican la actividad deportiva, pero también para quienes la apreciamos con mucho cariño y somos hinchas.

En Chile hemos sido testigos de varios casos de corrupción impresionantes, particularmente en el fútbol; por ejemplo, el caso “FIFA Gate”, en el que se involucró a dirigentes del fútbol chileno en un escándalo internacional de corrupción. Podemos recordar, incluso ver todavía en titulares, a Sergio Jadue , quien fuera presidente de la ANFP entre 2011 y 2015, arrestado en Miami con un cargo de corrupción que aún sigue con un proceso en curso. Sin duda es uno de los hitos de corrupción más graves del país, sobre todo en materia deportiva.

También podemos recordar cuando el IND bloqueó el acceso a 17 clubes profesionales del sistema de donaciones deportivas. ¿Por qué? Porque una investigación de Ciper había revelado que esos clubes habían recibido indebidamente fondos estatales a través de sus divisiones juveniles, esta vez utilizando un artificio para obtener dichos recursos a los que no tenían derecho.

Uno también podría mencionar lo que ocurre con las casas de apuestas online, las que, a pesar de haber sido declaradas ilegales, a pesar de que su situación fue tratada en esta Cámara y de que la ciudadanía en general ha visto cómo afectan la calidad y la probidad de nuestro fútbol, siguen operando y siguen relacionándose con clubes deportivos.

Diversos son los casos que han dañado la imagen del fútbol y del deporte chileno en general, y que han generado desconfianza. Por ello, es necesario adoptar medidas para erradicar la corrupción del deporte, y este proyecto de ley es un paso en esa dirección. Quedan cosas pendientes, pero es un paso decidido. El hecho de que se haya incluido a las sociedades anónimas, como dijo el diputado Sáez , es un avance fundamental, ya que estas son las que actualmente operan en la primera división del fútbol chileno. Además, la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en organizaciones deportivas es una sanción efectiva que permitirá -creemos- asegurar que quienes estén envueltos en casos de corrupción en el deporte no puedan seguir vinculados a él.

Es relevante tener una legislación sólida que garantice la transparencia, que combata la corrupción y que hoy, siendo testigos de la gran organización que ha mostrado Santiago 2023 , permita soñar y trabajar en la organización de otros eventos deportivos internacionales -¿por qué no?-, como podrían ser la Copa Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos.

Mantengamos esa visión enfocada en un futuro en el que Chile sea reconocido por sus logros deportivos, pero también por su integridad y transparencia en la organización de esos eventos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

No hay diputados inscritos para intervenir.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la modificación del Senado en los siguientes términos:

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión especial investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno relativos a las operaciones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa en Chile (CEI 10).

Para la discusión de este informe se otorgará una hora, distribuida proporcionalmente entre las diversas bancadas.

Diputado informante de la comisión especial investigadora es el diputado Andrés Jouannet .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de los organismos del Gobierno competentes, en relación con las operaciones de la línea aérea estatal venezolana Conviasa en Chile, por eventuales actos de terrorismo de sus integrantes, sesión 23ª de la presente legislatura, en lunes 24 de abril de 2023. Documentos de la Cuenta N° 16

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor JOUANNET (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Cámara, en mi calidad de diputado informante de la Comisión especial investigadora de los actos de los organismos competentes en relación con las operaciones de la línea aérea estatal venezolana Conviasa en Chile por eventuales actos de terrorismo de sus integrantes, paso a entregar una breve relación del trabajo realizado en el marco de su mandato.

Dicho mandato tuvo por finalidad reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno, especialmente de los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional, de Transportes y Telecomunicaciones, de Agricultura, de Hacienda, de la Policía de Investigaciones de Chile y de los siguientes servicios: Servicio Nacional de Migraciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, Junta de Aeronáutica Civil, Servicio Agrícola y Ganadero, y Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de los demás organismos que resulten competentes relacionados con las operaciones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa realizadas dentro del territorio nacional, y de las empresas Conviasa , Mahan Airlines y Qeshm Fars Air, tras la suscripción de un memorándum de entendimiento el 6 de abril del año pasado entre la Junta Nacional de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile y el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela para ampliar el espectro de la relación aerocomercial Chile-Venezuela, así como tras el aterrizaje del día 22 de junio de 2022, en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de una aeronave Airbus A340 , proveniente de Caracas y operada por la aerolínea estatal Conviasa , matrícula YV3533, todo lo anterior en relación con los antecedentes que existan sobre la aeronave perteneciente a la aerolínea Emtrasur , que fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires , por los eventuales actos de terrorismo de sus tripulantes.

Para el cumplimiento de la tarea encomendada por la Corporación, la comisión abordó su labor sobre la base de un plan de trabajo propuesto por este presidente. En virtud de este, durante su funcionamiento citó y escuchó a diversos personeros, tanto del ámbito público como privado, quienes ilustraron sobre aspectos de hecho, legales, técnicos y administrativos de su objeto.

La comisión celebró doce sesiones, incluida la sesión constitutiva. En el ejercicio de su mandato, la comisión remitió sendos oficios, cuyo tenor y respuesta se pueden encontrar en la página web de la Corporación.

Asimismo, cabe hacer presente que las intervenciones de las autoridades de gobierno, de las diputadas y de los diputados y de los particulares invitados se encuentran a disposición en el informe y acta respectivos, publicados en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Conclusiones y propuestas

En la última sesión celebrada por la comisión, con fecha 17 de abril del año en curso, se analizó la propuesta presentada, sobre la base de un trabajo realizado por los asesores de los integrantes de la comisión, que recogió y refundió algunas de las conclusiones y recomendaciones presentadas por las diputadas Chiara Barchiesi y Catalina Pérez y por los diputados Boris Barrera , Miguel Ángel Becker , Andrés Jouannet (Presidente) y Francisco Undurraga , lográndose consenso sobre ciertas modificaciones que se introdujeron en su texto a solicitud de algunos de sus miembros.

Por consiguiente, la propuesta fue aprobada por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes (9 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención). Votaron a favor las diputadas Chiara Barchiesi y Carolina Tello , y los diputados Boris Barrera , Miguel Ángel Becker , Álvaro Carter , Felipe Donoso , Jorge Guzmán (en reemplazo del diputado Francisco Undurraga) , Andrés Jouannet y Jorge Saffirio .

El diputado Álvaro Carter propuso agregar un párrafo final a la primera recomendación de la Comisión, del siguiente tenor: “El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los aeropuertos, para cuyo efecto debe proveer los elementos y condiciones de resguardo de infraestructura crítica, de conformidad a la normativa vigente sobre esta materia.”.

Puesto en votación, fue aprobado por mayoría de votos (7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones). Votaron a favor la diputada Chiara Barchiesi y los diputados Miguel Ángel Becker , Álvaro Carter , Felipe Donoso , Jorge Guzmán (en reemplazo del diputado Francisco Undurraga) , Andrés Jouannet y Jorge Saffirio . En contra votó el diputado Boris Barrera y se abstuvieron las diputadas Emilia Schneider y Carolina Tello .

Por consiguiente, el texto de las conclusiones y proposiciones aprobadas es el siguiente:

Conclusiones

El trabajo de esta comisión no logró establecer un vínculo probado y fehaciente entre esta operación aeronáutica y delitos terroristas.

No obstante, se pudo constatar la falta de estándares de nuestro control aeronáutico para analizar, alertar o controlar eventuales riesgos o amenazas de este tipo, vale decir, de terrorismo.

La investigación de la instancia parlamentaria ha dejado en evidencia la falta de coordinación entre las autoridades, que impide el análisis conjunto de la información sobre el ingreso y egreso de equipaje, carga y pasajeros al territorio nacional.

Los procedimientos estándares utilizados por los organismos competentes no permiten conocer el detalle del equipaje y de la carga que ingresa y sale del país, lo que es relevante en materia de aduanas y de seguridad. A pesar de estar contempladas en la legislación nacional, no se han adoptado excepciones para resguardar la soberanía y la seguridad en el contexto de la política de cielos abiertos.

Han existido contradicciones entre autoridades y un manejo liviano y poco riguroso en el aeropuerto. Las declaraciones del director general de Aeronáutica Civil, general Raúl Jorquera , en relación con todo lo vinculado al vuelo de Conviasa, han sido del todo insuficientes, vagas y contradictorias. Su actuar revela una carencia severa de controles y registros adecuados en lo relacionado con el aeropuerto. Asimismo, se muestra un manejo desprolijo e impropio del cargo que ostenta.

Estas contradicciones son llamativas, en el caso de versiones totalmente disímiles entre un funcionario como el director general de Aeronáutica Civil y una alta autoridad de gobierno, como el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve .

Se requiere mayores atribuciones, sin afectar los compromisos adquiridos por el Estado de Chile ni el normal tráfico aéreo.

Además, se necesitan mayores requerimientos y fiscalizaciones a las empresas que prestan servicios a las aeronaves, incluyendo la obligación de denunciar hechos ilícitos y la revisión exhaustiva de los vuelos no regulares.

Finalmente, se destacan graves inconsistencias entre los datos públicos y de las entidades privadas intervinientes en el proceso respecto de la carga e, incluso, de los pasajeros, lo que genera importantes dudas sobre la finalidad de los vuelos cuestionados.

Recomendaciones

1. Creación de una Policía Aeronáutica dependiente de una Policía Militar de Fronteras.

Esta comisión recomienda la creación de un cuerpo policial especializado con competencias en los aeropuertos nacionales, para ejercer una supervisión más rigurosa y efectiva, en vista de la deficiencia en los controles. Los actuales peligros para la seguridad, que también se han extendido a los aeropuertos, representan un desafío para implementar medidas más avanzadas y sofisticadas en relación con los vuelos y el tráfico aéreo, ya que estos espacios son cada vez más vulnerables a robos, delincuencia organizada y amenazas terroristas.

Durante el desarrollo de la comisión investigadora se produjo un lamentable incidente en el aeropuerto, que cobró la vida de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señor Claudio Villar , quien fue asesinado en marzo pasado por delincuentes en el contexto de un robo a camiones de valores.

Lo anterior muestra una serie de vulnerabilidades y la falta de controles que tiene este recinto. Se observa, además, que no hay cámaras de alto estándar y que existe una evidente falta de coordinación entre los órganos competentes.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los aeropuertos, para cuyo efecto debe proveer los elementos y las condiciones de resguardo de infraestructura crítica, de conformidad con la normativa vigente sobre esta materia.

2.Mejorar las alertas.

Se ha comprobado una fragilidad en materia de alertas de seguridad. Se requiere fortalecer el análisis y la autorización de las operaciones aeroportuarias, generando, además, un protocolo de reacción eficiente, eficaz y directa frente al requerimiento de control de cualquier organismo público, más aún si corresponde a otro Poder del Estado, como el caso de esta Cámara, ya que, de acuerdo con las circunstancias analizadas, no obstante la oportuna solicitud de información, frente a una situación sospechosa no se informó ni se aclaró con la celeridad necesaria.

3.Un nuevo modelo de aeropuertos.

Esta comisión recomienda al gobierno estudiar el diseño e implementación de modelos de aeropuertos de alto nivel de sofisticación en materia de seguridad, como los de Alemania, España, Francia e Italia, entre otros.

4.Información.

Resulta necesario centralizar el manejo de la información respecto del control de los vuelos nacionales e internacionales por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del Servicio Agrícola y Ganadero, del Servicio Nacional de Aduanas, de la Policía de Investigaciones de Chile y de las empresas externas.

Debe existir un protocolo con la obligación de compartir esos datos y cuadrarlos en una cifra única y objetiva, a fin de prevenir futuras discrepancias, así como un orden jerárquico más claro.

Resulta prudente considerar la necesidad de un ente coordinador para realizar este control cruzado. Además, se debe expandir el acceso a información previamente considerada como solo relevante para un actor específico, como es el caso de la cantidad de equipaje y el peso del mismo.

5.Registros.

La falta de registros en caso de no encontrarse irregularidades, si bien es comprensible dado el contexto, tiempos y personal, debe corregirse.

Resulta de vital importancia para futuras investigaciones contar con los registros necesarios, lo que incrementa, por lo demás, el sentido de responsabilidad de un funcionario determinado al adscribir su nombre a la certificación de todo lo que se encuentra en orden.

6.Contratación.

Se considera que el proceso de contratación para ciudadanos extranjeros respecto del trabajo en los aeropuertos, particularmente en revisión de equipajes y en las distintas funciones de empresas externas privadas, requiere mejoras.

El Estado debe hacerse cargo de las falencias presentes en la entrega de información de otros países cuyas instituciones se encuentran observadas en el concierto aeronáutico.

7.Financiamiento.

Si bien la modernización del equipo de fiscalización es algo a celebrar, resulta importante mantener y aumentar el apoyo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la Policía de Investigaciones de Chile, al Servicio Agrícola y Ganadero y al Servicio Nacional de Aduanas respecto de la actualización de todo equipo o tecnología desactualizado.

Resulta de importancia recomendar al Estado ampliar la contratación de personal y dar especial énfasis al control del tránsito de droga por los aeropuertos chilenos hacia otras destinaciones.

8.Mejoras en materia de inteligencia.

Se requiere proporcionar a la Agencia Nacional de Inteligencia de todas las habilidades, recursos y capacidades necesarias para prever eventos futuros que puedan ser considerados sospechosos, como acaeció con el vuelo de Conviasa.

9.Política internacional.

Para reforzar los aspectos de autonomía de la política exterior de Chile, se requiere construir un Estado diligente en la observación de los indicadores internacionales de riesgo de terrorismo, representado por Estados o grupos organizados, a fin de garantizar la seguridad humana de los chilenos y chilenas residentes en Chile y turistas.

10.Empresas privadas

Todas las empresas que operan en los aeropuertos a las que se externalizan servicios deben necesariamente prestarlos en atención a los contratos que el Estado de Chile celebra con las empresas aéreas que operan en el país.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el informe de la Comisión Especial Investigadora.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y treinta y un segundos, la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, muchas dudas quedaron de este avión venezolano-iraní de la aerolínea Conviasa que arribó a Chile el 22 de junio del año pasado.

La aeronave presta servicios a Conviasa desde el 15 de marzo de 2022. Esa empresa estatal venezolana se encuentra sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, y, ¡ojo!, anteriormente esa misma aerolínea había sido propiedad de Mahan Air, empresa iraní.

Durante el año 2022 la aeronave realizó seis vuelos a nuestro país. Otros aviones de Conviasa hicieron trece vuelos con destino a Chile. Entre esos vuelos anteriores figuraban once ciudadanos de nacionalidad iraní.

La comisión pudo constatar que no existe la necesaria coordinación entre las autoridades, lo que les impidió realizar un análisis conjunto de esa información y la forma de dar trazabilidad al ingreso y egreso de equipaje, carga y pasajeros al territorio nacional. Debemos recordar que la política de cielos abiertos permite excepciones para resguardar la soberanía y la seguridad nacional, las que no se han adoptado pese a estar contempladas en la legislación nacional, por lo que existe la necesidad de explicitar positivamente mayores atribuciones. Cabe considerar, además, la escasa o nula cooperación del Estado venezolano con la Interpol para dar el acceso a los antecedentes de las personas que ingresan a nuestro país.

Es por eso que presenté un proyecto de ley, que busca aumentar la fiscalización de vuelos tipo chárter que sean sospechosos de comprometer la seguridad nacional, e incluso prohibir su aterrizaje en suelo nacional. Este proyecto tiene dos objetivos: por un lado, facultar expresamente a la autoridad aeronáutica para que, previo informe de un organismo competente, como Aduanas o la PDI, pueda denegar el aterrizaje en nuestro país de uno de estos vuelos; por el otro, obligar a los aeropuertos y a las empresas que prestan servicios a denunciar las operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero.

Dicho proyecto está en la Comisión de Defensa Nacional, razón por la cual solicito a los diputados que conforman ese organismo que lo trabajen con celeridad. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y treinta y un segundos, el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, le pido que me sume el tiempo restante de la colega Chiara Barchiesi .

El informe que acabamos de escuchar los pocos que estamos en la Sala constata que no se logró establecer un vínculo probado y fehaciente entre la operación de la aerolínea venezolana Conviasa y delitos terroristas, pero, sí, que hay dudas importantes sobre las finalidades de estos vuelos.

Cuando reventó la noticia, muchos hacían fila en El Pensador, pero aquí tenemos el informe de la comisión investigadora, que constata graves faltas en los estándares de control en nuestro sistema aeronáutico, y esto es lapidario.

Dice que hay una falta de coordinación; hay falta de procedimientos adecuados; hay contradicción entre las autoridades; hay versiones distintas del director general de Aeronáutica Civil y del subsecretario del Interior; hay un manejo liviano y poco riguroso; hay desprolijidades del director general de Aeronáutica Civil; hay declaraciones de su parte que fueron insuficientes, vagas, contradictorias; hay una severa falta de control y de registros. Esto es lapidario y preocupante, porque da cuenta de la fragilidad de nuestro sistema aeronáutico.

Además, la comisión estableció que existe un manejo poco riguroso, que hay graves inconsistencias entre la información pública y privada. O sea, aquí estamos haciendo todo mal.

¿Cuáles son las recomendaciones que señala el informe? La creación de una policía aeronáutica especial; que exista coordinación entre los órganos -miren qué novedoso-; fortalecer el análisis y generar protocolos, o sea, no hay protocolos donde debería haberlos; centralizar el manejo de la información, algo que es básico; generar registros, una cosa elemental; modernizar los equipos y que la Agencia Nacional de Inteligencia cuente con los recursos y las capacidades necesarias para enfrentar la realidad que hoy vivimos con nuestros espacios. Además, dice que deberíamos observar indicadores internacionales de riesgo de terrorismo.

Todas esas son recomendaciones de Perogrullo, son cosas obvias, pero que no están ocurriendo en nuestro sistema de aeronáutica. Esto, estimados colegas, da cuenta de la fragilidad extrema en seguridad aeronáutica. Tenemos una fragilidad en ciberseguridad; tenemos problemas con nuestras fronteras; tenemos problemas con nuestras costas y el ingreso de distintas cosas y personas por ellas sin el control debido. Y ahora existe este informe -me habría gustado que estuvieran aquí presentes el subsecretario del Interior o la ministradel Interior y Seguridad Pública-, que es grave y preocupante.

Este informe no logra constatar un vínculo con delitos terroristas, pero, sí, es muy preocupante y denota la fragilidad. Aquí hay que hacer algo; no podemos quedarnos con este informe. La autoridad debe adoptar medidas, ya que esto es muy preocupante.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por seis minutos y doce segundos, el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, en primer lugar, celebro el informe de la comisión investigadora, ya que descarta cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivar de actos de gobierno respecto de la operación de la aerolínea en cuestión, puesto que el vuelo fue fiscalizado de acuerdo a los protocolos existentes y supervisado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Junta de Aeronáutica Civil, el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Internacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En segundo término, concluimos que, tal como se ha dejado de manifiesto por la justicia argentina, no existe ningún tipo de vínculo entre los aviones de procedencia iraní, el origen venezolano de la aerolínea Conviasa y delitos terroristas. Fue absolutamente desestimada la relación entre la aeronave matrícula YV3531, que aterrizó en Argentina, y el avión matrícula YV3533, que aterrizó en Chile, en lo expuesto en la comisión investigadora, donde no se presentaron pruebas sobre el presunto vínculo que originó dicha instancia. Es decir, ninguno de los argumentos planteados para crear el referido organismo se pudo demostrar.

En tercer lugar, quiero señalar que como país mantenemos relaciones diplomáticas con Venezuela desde los albores de la república y que, independientemente del gobierno de turno, no podemos condenar a las y los ciudadanos a una discriminación arbitraria sin sembrar mantos de dudas, señalando a países como terroristas, ya que esto enloda la honra de los ciudadanos.

Nuestras relaciones exteriores se deben basar en el trato afable y respetuoso entre naciones hermanas.

Es por eso que saludo que el informe sea veraz al señalar que no existió el vínculo terrorista que se quiso presumir en un comienzo.

Por último, quiero destacar un elemento que constatamos durante el desarrollo de la comisión -espero que los demás también se refieran a eso-, que creo que es lo más grave de todo lo que conocimos. Además, me parece sumamente complejo a ojo de nuestra soberanía nacional, debido a que, a consecuencia de la existencia de un bloqueo comercial hacia Venezuela, se han impedido viajes de ciudadanos y ciudadanas venezolanos en aerolíneas Conviasa aun en vista de que Chile tiene vigente un convenio suscrito con esta empresa para facilitar el transporte de pasajeros venezolanos, debido a la alta población migrante presente en el país.

En tal sentido, se habían comprometido 18 viajes chárter por año que no pudieron ser ejecutados a consecuencia de la falta de proveedores que prestaban servicios a las aerolíneas una vez que aterrizaran en Chile. Es decir, las sanciones económicas impuestas por países extranjeros, como Estados Unidos, están pasando a llevar nuestra soberanía.

Los que hablan de patriotismo, los que creen que ser patriota es solo cantar el himno nacional o izar la bandera se han quedado callados cuando una empresa privada no ha querido atender a una aerolínea a la que el mismo gobierno chileno mandató a realizar viajes que nos permitan enfrentar la crisis de migración con perspectiva humanitaria.

El mismo subsecretario del Interior reconoció que existe un bloqueo de otro país que impide realizar vuelos comprometidos. Es decir, es una empresa privada la que decide quién aterriza o no en nuestro país.

Quiero dejar de manifiesto este punto, porque no pueden ser las empresas, y menos otros países los que decidan quién sobrevuela el cielo chileno y quién aterriza en nuestros aeropuertos. Detrás de ello, obviamente, como he manifestado en otras oportunidades, está el país que más promueve la guerra -el verdadero terrorista-, el que más promueve los golpes de Estado y la desestabilización de los gobiernos, entre otras atrocidades: Estados Unidos de América, que, además, hace listas con los que, según ellos, son terroristas. ¡El mundo al revés! Quienes se han quedado callados ante semejante afrenta son los verdaderos patriotas, pero de cartón.

Para graficar lo anterior, cabe recordar los vuelos humanitarios hacia Venezuela que se realizaron en mayo. El avión transportó entre 115 y 120 pasajeros, y no más, porque no se permitió que aterrizara un avión más grande de la aerolínea Conviasa . Hasta altas horas de la noche, estuvimos en esa ocasión tratando de conseguir un avión de mayor tamaño, pero fue imposible, porque Estados Unidos de América impide que aterricen en tierra chilena aviones de esa aerolínea.

Por lo tanto, se trata de una afrenta importante, como manifestamos a la Cancillería, la que esperamos que nos responda prontamente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos y veinticinco segundos, el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señor Presidente, el informe, que la comisión acordó de forma unánime, muestra la debilidad del Estado en general. ¡Estamos haciendo agua por todas partes! Ese es el tema de fondo.

Hace unos días, la torre de control del aeropuerto de Santiago sufrió una grave caída en su sistema por más de media hora, tiempo suficiente para que hubiese pasado cualquier cosa. Ese es el estándar que tenemos hoy. ¿Tiene que ver con recursos? Sí, pero fundamentalmente con falta de gestión. El informe muestra que hay falta de gestión.

Hace un tiempo, la Comisión de Defensa Nacional realizó una visita inspectiva al aeropuerto de Santiago que evidenció una serie de fragilidades. No voy a mencionar varias de ellas por motivos de seguridad, pero están a la vista, y estoy cierto de que ocurren en el resto de los aeropuertos de Chile.

Actualmente, estamos en absoluta indefensión en materia de seguridad aeroportuaria, específicamente respecto de la seguridad fronteriza.

Quiero recordar que he señalado en más de una oportunidad la necesidad de crear una policía militar de fronteras, pero este gobierno ha hecho oídos sordos. Sin duda, es un tema que deberemos enfrentar algún día, porque lo que está ocurriendo en materia delictual con el narcotráfico, que está entrando por todas partes, tiene que ver con el resguardo de las fronteras.

Hoy, el 30 por ciento de la droga que llega a Europa pasa por Chile -de eso estamos hablando-, y no tenemos control en los aeropuertos, como demostró la comisión investigadora.

Quiero señalar un detalle. La línea aérea Conviasa puede venir cuando quiera a Chile. Lo que sucede es que no quiso volver y no sabemos por qué razón. Dejó a los pasajeros botados.

Más allá de lo anterior, nuestro problema tiene que ver con una cuestión estructural del Estado, que no se está haciendo cargo de la seguridad en muchas áreas, y, en ese sentido, el aeropuerto es muy sensible. Nuestra categoría irá bajando, a pesar del plan de modernización del aeropuerto y de la construcción de un nuevo terminal. En materia de control tenemos una serie de deficiencias que prefiero no compartir por motivos de seguridad.

Tal como ya señalé, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional realizamos una visita inspectiva al aeropuerto, y el resultado fue vergonzoso. De eso también da cuenta el informe, sin ambigüedades, sin medias tintas.

Podemos estar o no de acuerdo respecto de la situación del avión de Conviasa, pero lo que realmente me preocupa es si somos capaces de garantizar la seguridad en los aeropuertos. En ese sentido, el informe puede permear a las autoridades de gobierno para que no ocurra lo que pasó hace unos días cuando se cayó el sistema de la torre de control del aeropuerto de Santiago o lo que sucedió hace unos meses cuando asesinaron a un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estas situaciones están ocurriendo en los aeropuertos, en los puertos y en nuestras fronteras. Tenemos una tremenda fragilidad y una enorme debilidad. Esa es la conclusión del informe, por lo que espero que las autoridades entiendan lo que sucede en materia de seguridad.

Fuimos directos. Por eso, el informe concitó la unanimidad de los miembros de la comisión.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

No hay más diputados inscritos. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora en los siguientes términos: