Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, y de conformidad a lo prescrito en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en moción de los H. senadores señores Rodrigo Galilea Vial, Juan Ignacio Latorre Riveros, Jaime Quintana Leal y David Sandoval Plaza, y del exsenador señor Alejandro Navarro Brain.

Durante el análisis de esta iniciativa legal la Comisión contó con la asistencia del Jefe de la Gerencia de Prevención de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, señor Rolando Pardo Vergara; del Asesor Jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio Palma; del Director Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, señor Álvaro Hormazábal López; de la Presidenta de la Comisión de Gestión del Riesgo y Desastres Naturales de la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, Alcaldesa de Molina, señora Priscilla Elena Castillo Gerli; del Director de la Unidad de Seguimiento Legislativo de la ACHM, señor Miguel Moreno García y del Asesor de la referida Unidad, señor Jaime Coloma Álamos.

I.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

La idea matriz o fundamental del proyecto es conferir responsabilidad a las juntas de vecinos en la prevención de incendios.

II.- ANTECEDENTES.

Este proyecto comenzó su tramitación en el H. Senado mediante el ingreso de la moción ya individualizada, con fecha 22 de octubre de 2019, la que fue remitida a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para su estudio e informe.

Dicha instancia parlamentaria emitió un informe que dio cuenta de la discusión general y particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, aprobándose en la Sala el texto despachado en el primer trámite constitucional en la sesión 1ª/370, celebrada el día 15 de marzo de 2022.

Cabe hacer presente que el proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización como en la Sala.

Iniciando su segundo trámite constitucional, se dio cuenta del proyecto de ley, en los términos aprobados por el H. Senado, en la sesión 3ª/370, celebrada el día 21 de marzo de 2022, ocasión en que dicha iniciativa fue destinada a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, para su tramitación e informe. Dicha instancia parlamentaria destinó una sesión para conocer el proyecto y recibir opiniones (sesión 44ª, de 25 de enero de 2023).

La Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, habiendo tomado conocimiento de que el proyecto estaba en estado de Tabla el día 14 de junio de 2023 con informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, acordó mediante el oficio N° 53/2023, de 13 de junio del presente, solicitar a la Sala retirar de la Tabla la referida iniciativa a objeto de ser remitida a esta Comisión para su estudio e informe de conformidad a lo prescrito en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, en forma previa a su discusión y votación general en la Sala.

La Sala de la Cámara de Diputados, en sesión 46ª/371, de 14 de junio de 2023 acordó acceder a la solicitud de esta Comisión, comunicándole dicha decisión a través del oficio N° 18.472 de la Secretaría General.

III.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, cabe precisar que este informe debe recaer sobre las modificaciones propuestas al texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, en su calidad de comisión matriz.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del referido artículo 222, se deja constancia de lo siguiente:

1.- El proyecto de ley no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

2.- El artículo único de la iniciativa no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

3.- Se designó diputado informante al señor Rubén Darío Oyarzo Figueroa.

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

La Comisión escuchó la opinión de los siguientes invitados:

1. El Jefe de la Gerencia de Prevención de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, señor Rolando Pardo expuso apoyado en una presentación [1].

En términos generales, junto con valorar positivamente todas las iniciativas en materia de incendios forestales y especialmente aquellas enfocadas en la etapa de prevención; destacó la modificación propuesta respecto del proyecto original, toda vez que inicialmente consideraba tareas de combate, las que catalogó como peligrosas para civiles no calificados. En esa línea, resaltó que las competencias para combatir son vitales.

De igual modo, expresó que la coordinación de las comunidades es un elemento fundamental de la prevención, particularmente de aquellas que se encuentran en zonas de riesgo de incendios forestales. Lo que ejemplificó con el plan “Comunidades Preparadas” que lleva a cabo Conaf o la Red de Prevención de Incendios Forestales en el ámbito privado, ambas iniciativas promueven que las comunidades tengan una preparación intensa que les permita identificar las zonas de riesgos y las acciones a realizar de forma previa al incendio y contar con la capacidad para reaccionar.

Expresó que Conaf ha identificado zonas de riesgos a nivel nacional, desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos que es donde se concentra la mayor ocurrencia y afectación por incendios forestales y donde también se encuentra concentrada la población. Se han identificado más de 8 mil comunidades y juntas vecinales en la periferia de los centros urbanos, que deberían conocer su condición de alto riesgo y acciones de prevención. No obstante, se carece de la capacidad instalada para llegar a esas 8 mil comunidades, sin una coordinación entre diversos servicios públicos y privados. Ello requiere de una reglamentación que obligue a que esas comunidades cuenten con algún grado de implementación a cargo de Conaf, en conjunto con Bomberos y eventualmente los municipios.

Destacó la iniciativa de Águila Sur en Paine, comunidad que ha logrado tener una preparación del entorno, contar con equipos propios, implementar fuentes de abastecimiento de aguas para móviles incluida aeronaves, la coordinación con los equipos de emergencia para enfrentar un suceso, entre otros. Así debería replicarse en el resto de las comunidades, afirmó.

Todo lo anterior, considerando que no es necesario esperar una gran catástrofe para actuar.

Sobre el proyecto de ley en estudio, reiteró que, si bien valora las iniciativas en materia de prevención y preparación de la comunidad, se debe tener presente que las tareas de combate son privativas de la autoridad competente. Para combatir incendios se requiere de: capacitación y entrenamiento permanente, implementación de vestuario adecuado, gestión de prevención de riesgos en las personas que desarrollan la actividad y lo más importante coordinación y comunicación con los distintos servicios, entre otros.

En consecuencia, estimó que no es oportuno ni conveniente que se fomente la acción de combate de parte de las comunidades, independientemente que se les entreguen herramientas y capacitación. Se trata de un gran riesgo que las juntas vecinales realicen esa labor.

No obstante, enfatizó que todas las capacidades de la Conaf deberían estar disponibles para capacitar y entrenar en gestiones de prevención y mitigación del entorno con la vegetación, vías de evacuación, preparación de los techos, etc. Todo ello en conjunto con Bomberos, Senapred y los municipios para que sea un trabajo coordinado.

De igual modo, señaló que la propuesta debería ser reforzada con financiamiento para la capacitación que se haga a las comunidades.

Recordó que en las próximas semanas se presentará por el Ejecutivo un proyecto de ley sobre prevención y control de incendios forestales y rurales.

Finalmente, concluyó que: 1) Toda iniciativa de prevención es muy positiva, 2) El combate, por su alto riesgo, debe ser una labor privativa de las autoridades competentes, 3) Las comunidades preparadas y coordinadas son claves para disminuir el riesgo de incendios y sus daños y 4) Conaf actúa y apoya a las comunidades y juntas de vecinos, y debe seguir avanzándose en ello como una obligación del Estado.

2. El Asesor Jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio señaló que la posición de Bomberos sobre la materia es absolutamente contraria a que el combate de incendios quede en manos de juntas de vecinos o cualquier organismo que no se encuentre estructurado dentro del sistema nacional de Senapred, para ese efecto existe la Conaf, los Bomberos y las brigadas de las empresas forestales.

Estimó que constituye un alto riesgo que las juntas de vecinos combatan incendios, por diversos motivos, entre ellos que carecen de entrenamiento y capacitación y no tienen protección legal ante los riesgos que se exponen.

El nivel de riesgo ante un incendio forestal es enorme, y en ese sentido comparte que el principal enfoque de la iniciativa sea la prevención o disminución del riesgo, es decir, morigerarlo o evitar que llegue a las poblaciones.

En esa línea expresó que la clave es la realización de un trabajo coordinado y sistematizado con la dirección de riesgo de los municipios para la prevención y evitar la pérdida de vidas humanas, por ejemplo, eliminando los pastizales. Mientras más prevención exista disminuye el riesgo, acentuó.

En consecuencia, en la iniciativa debe constar claramente que la labor de las juntas vecinales es solo de prevención y reacción ante la emergencia para evitar la pérdida de vidas humanas.

El Jefe de la Gerencia de Prevención de Incendios Forestales de la Conaf, señor Rolando Pardo al diputado Pulgar manifestó que el rol de las comunidades o juntas de vecinos en el tiempo de arribo de un recurso, es fundamental. Ese es el fondo, de ahí la importancia de la metodología del plan de “Comunidades Preparadas” y contar con una cartografía.

La persona hace una aproximación primaria sobre el riesgo para determinar la intensidad calórica que permite o no su combate o control por ellos mismos. No se puede entregar la responsabilidad del combate a personas sin conocimientos, equipamientos, comunicaciones con otros organismos de emergencia, capacidades físicas o habilidades, entre otros.

Hizo presente que, de acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de la República, a la Conaf no se deben entregar más facultades hasta que se transformen en servicio público, independiente de que se tiene el interés y cree que es un deber trabajar con todas las comunidades.

Destacó que muchas veces las comunidades no saben que están en riesgo por diversos motivos, además de que existen nuevas comunidades en parcelaciones de alto riesgo en diferentes regiones del país. Es importante que éstas tengan una responsabilidad intrínseca en acciones de prevención de incendios y tomar decisiones adecuadas a la espera de los equipos de emergencia.

3. El Director Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, señor Álvaro Hormazábal en base a una minuta [2] expresó que si bien se encuentra a favor de cualquier iniciativa que promueva la preparación de las comunidades, el combate de los incendios forestales debe quedar restringido a los organismos técnicos correspondientes del sistema, es decir, Bomberos y Conaf que son quienes cuentan con las capacitades técnicas, las lecciones aprendidas y los recursos al efecto.

Enfatizó que la respuesta al riesgo de incendio forestal no debe ser solo en el sentido de fortalecer el combate. Hay que mejorar la respuesta sin duda, pero lo más importante es invertir y poner los esfuerzos en que los incendios forestales no ocurran, o sea, en la prevención. Los incendios forestales son una amenaza que ha sido catalogada de origen antrópico, vale decir, que son ocasionados por la intervención del ser humano con acciones negligentes o intencionales. Solo el 1% de los incendios forestales encuentran un origen natural, por ejemplo, rayos.

En razón de lo anterior, reiteró que los esfuerzos deben colocarse en primer lugar en la prevención, en evitar que los incendios ocurran y eso se hace a través de la educación, la concientización y el compromiso entre las comunidades, los municipios y los organismos sectoriales; y en segundo lugar en mejorar la respuesta para que los incendios forestales que ocurran sean abordados rápidamente.

Precisó que la solución a que una comunidad aislada no cuente con un Cuerpo de Bomberos cerca o que el puente que la conecta no soporte el peso de un carro de bomberos no puede ser que la junta de vecinos sea la responsable de combatir un eventual incendio forestal. Hay que evitar que los incendios forestales ocurran.

Ejemplo de ello, es la Red de Prevención Comunitaria que es una iniciativa que desarrolla en comunidades de interfaz urbano-rural la capacidad de prevenir incendios forestales de una manera colaborativa y permanente. Se trata de una alianza colaborativa de vecinos, municipios, empresas y organismos públicos. La Red se encuentra presente en 6 regiones, 15 provincias, 83 comunas y existen 369 comités conformados a la fecha. Trabajan con un modelo ciclo colaborativo en base a la elaboración de un plan local de prevención ejecutado por esos comités y que se concreta en acciones preventivas, acciones de educación para la prevención y reacción coordinada.

A la fecha a través de los comités se han gestionado, entre otras cosas: 3.142 acciones de silvicultura preventiva como cortafuegos y fajas, 1.969 acciones de limpieza de casas y espacios comunes, 1.990 actividades de educación puerta a puerta, 1.400 charlas o capacitaciones, 1.209 operativos carreteros, 359 protocolos de emergencia, 175 simulacros de evacuación, además, de que 303 comités cuentan con cartografías con microzonificación de riesgos.

Comentó que haciendo una comparación de la ocurrencia de incendios forestales año 2022 versus 2023 en los territorios donde se han implementado los mencionados comités hubo un 25% de aumento de incendios forestales, 41% mantuvo el número del año anterior y el 34% disminuyó.

Como Senapred planteó considerar la siguiente redacción en la iniciativa: “Las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias deberán contribuir a velar por la implementación de medidas de prevención y mitigación en su territorio, así como reforzar la preparación de sus integrantes para la respuesta comunitaria ante situaciones de emergencia”. Esta propuesta considera un foco en la prevención más que en el combate mismo y se extiende a las situaciones de emergencia y no solo a incendios forestales, aseguró.

4. La Presidenta de la Comisión de Gestión del Riesgo y Desastres Naturales, Alcaldesa de Molina, señora Priscilla Castillo con base a una presentación[3] llamó a considerar preliminarmente, los siguientes antecedentes:

- Recurrencia de incendios forestales. A lo largo de cada temporada estival, Chile enfrenta una temporada de incendios forestales que ocurre desde comienzos de la primavera hasta el final del verano, con un impacto devastador, causando la destrucción del recurso natural, pérdida de vidas humanas y daños a la vivienda de las personas que residen en zonas cercanas.

- Daños y pérdidas económicas. La Conaf ha señalado que los incendios forestales generan daños y pérdidas estimadas en 2.255 dólares por hectárea al año. Estos incendios afectan a los bienes y servicios que los ecosistemas boscosos proporcionan tanto directa como indirectamente a las sociedades y comunidades. Además, la principal causa de los incendios forestales es antrópica, es decir, son causados por actividades humanas, resaltó.

- Planificación y gestión territorial. La planificación de los recursos para la detección, ataque, control y extinción de los incendios forestales se lleva a cabo en base a la administración territorial geopolítica. Se desarrollan planes de protección contra incendios a nivel comunal considerando los componentes de riesgo, peligro y daño potencial.

- Rol de Conaf en la gestión de incendios forestales. En Chile, la Conaf es la entidad encargada de planificar las actividades de prevención, uso del fuego, combate y control de incendios forestales en diversas áreas, incluyendo terrenos públicos, parques y reservas nacionales, propiedades de pequeños y medianos propietarios y las zonas de interfaz. El Departamento de Protección contra Incendios Forestales (DEPRIF) de esa Corporación coordina y gestiona los recursos para enfrentar los incendios mediante distintas áreas de trabajo.

Sobre los objetivos de la iniciativa, manifestó entender que son los siguientes:

- Conferir responsabilidad a las juntas de vecinos en la prevención de incendios forestales en ciertas regiones de Chile, con el fin de involucrar activamente a las comunidades locales en la protección contra incendios y aumentar la conciencia sobre la importancia de la prevención y la mitigación.

- Enfocar funciones de las juntas de vecinos en la prevención, mediante la incorporación de un nuevo artículo (41 bis) en el decreto Nº 58 del Ministerio del Interior. Se busca que las juntas de vecinos en las regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Aysén centren sus funciones y esfuerzos en la prevención de incendios forestales, lo que apunta a mejorar la preparación y respuesta de las comunidades frente a la temporada de incendios.

- Formación de brigadas de combate asesorada. Se propone que las juntas de vecinos en su rol de prevención de incendios forestales puedan formar brigadas de combate, las que podrían recibir asesoramiento y apoyo de entidades especializadas como Bomberos o personal de la Conaf para llevar a cabo acciones de combate de manera segura y efectiva.

- Destinar recursos para prevención y combate para las juntas de vecinos en las regiones mencionadas, que cuenten con al menos un 20% del fondo establecido en el artículo 43. Esta asignación de recursos se considera esencial para fortalecer las capacidades de respuesta de las comunidades frente a los incendios forestales.

Sobre el artículo 41 bis que incorpora la iniciativa, expresó entender que si bien se ciñe a las regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Aysén en atención a que fueron las principales afectadas por los incendios post 2017, a su juicio, debe tener carácter nacional y ser para todas las regiones del país.

De igual modo, desde la perspectiva del análisis de riesgo, le asisten preocupaciones en cuanto a otorgar responsabilidad a las juntas de vecinos en la prevención de incendios forestales, especialmente porque se les permite formar brigadas de combate contra este tipo de incendios sin contar con la capacitación adecuada, por los peligros asociados al combate de incendios, la carencia de recursos y equipos, la comunicación inadecuada y las responsabilidades políticas, legales y administrativas que conlleva.

Aseveró que involucrar a las juntas de vecinos sin la formación especializada y los recursos adecuados podría generar riesgos significativos tanto para sus integrantes como para las comunidades en general. Es sabido que controlar incendios forestales implica enfrentar situaciones de alto riesgo y peligro físico, y sin el entrenamiento y equipo adecuado, los miembros de las juntas de vecinos podrían estar expuestos a situaciones peligrosas durante su participación en las labores de combate.

A mayor abundamiento, por un lado, expresó que la falta de recursos y equipos adecuados podría poner en riesgo la eficacia y seguridad de las acciones en la emergencia; además, de que la coordinación y comunicación efectiva con otros organismos son fundamentales durante el combate de incendios forestales y en consecuencia la carencia de un sistema de comunicación adecuado y una coordinación fluida podrían comprometer su eficiencia y efectividad. Por otro lado, permitir que las juntas de vecinos participen en el combate de incendios forestales sin una preparación y respaldo adecuados podría generar responsabilidades legales y civiles para los municipios y las propias organizaciones comunitarias

En conclusión, si bien la idea de conferir responsabilidad a las juntas de vecinos en la prevención de incendios forestales busca involucrar activamente a las comunidades locales en la protección contra incendios y aumentar la conciencia sobre la importancia de la prevención y la mitigación, estimó esencial abordar adecuadamente las preocupaciones y riesgos identificados para garantizar la seguridad y efectividad de la medida.

En razón de lo anterior, propuso implementar una ordenanza municipal de "Prevención y Gestión de Riesgos Comunales por Incendios Forestales", junto con el programa Equipos Comunitarios para Respuesta en Emergencias (CERT). La primera establecería regulaciones y obligaciones para las comunidades en términos de prevención y mitigación, mientras que el CERT fortalecería la capacidad de respuesta y preparación de la comunidad ante emergencias y desastres.

Hizo presente que los municipios jugarían un papel importante en la fiscalización y control de medidas de prevención y mitigación ante emergencias y desastres, considerando su conocimiento local y su capacidad para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas. La nueva ordenanza podría establecer obligaciones y requerimientos para las comunidades en términos de prevención como es el caso del mantenimiento de vías de evacuación, la implementación de planes de emergencia, la disponibilidad de equipos y recursos de respuesta, entre otros aspectos críticos. Al mismo tiempo, podría definir mecanismos de fiscalización y multas por el incumplimiento para asegurar la observancia de estas medidas.

El CERT es un programa diseñado para fortalecer las capacidades de las comunidades ante emergencias y desastres mediante la preparación y capacitación de equipos comunitarios, enfocándose en la prevención, preparación y respuesta, logrando comunidades resilientes y mejor preparadas para enfrentar situaciones de crisis y minimizar los impactos negativos que puedan surgir a raíz de estos eventos. El fortalecimiento de este programa en una alianza con los municipios sería de gran relevancia para el éxito en la prevención de incendios, destinando más recursos y ampliando su rango de acción y capacitación a todas las comunas solicitantes, aseveró.

Destacó que su propuesta busca que a través de la ley Nº 19.300, los municipios cuenten con una ordenanza de "Prevención y Gestión de Riesgos Comunales por Incendios Forestales" con una estructura y contenidos obligatorios similares a la de tenencia responsable de mascotas. Además, de otorgarles facultades legales para la fiscalización y control de asuntos relacionados con la mitigación y prevención de incendios forestales y no con su combate. Estas modificaciones se introducirían en la ley Nº 18.695, y los decretos supremos Nºs 4.363 sobre ley de Bosques, 276 sobre reglamento Roce de Fuego y 733 sobre Prevención y Combate de Incendios Forestales.

En ese sentido, precisó que uno de los ejes principales implica modificar el artículo 1 del decreto N° 733, que deberá considerar la inclusión de los municipios en la función de fiscalización relacionada con la prevención y combate de incendios forestales. Actualmente, ese decreto establece que dicha función corresponde al Ministerio de Agricultura a través de Senapred y Carabineros de Chile.

Finalmente, concluyó lo siguiente:

- Sobre los riesgos asociados al combate de incendios, expresó que controlar focos de incendio implica enfrentar condiciones de alto riesgo, como la exposición al fuego, el humo denso y terrenos accidentados. La participación de las juntas de vecinos sin el entrenamiento y equipo adecuado podría poner en peligro su integridad física y afectar la efectividad del combate.

- En materia de responsabilidades, señaló que permitir la participación de las juntas de vecinos sin la preparación y respaldo adecuados podría generar responsabilidades legales y civiles para los municipios y las propias organizaciones comunitarias. Es importante considerar las implicaciones legales de involucrar a comunidades en situaciones peligrosas sin la capacitación necesaria.

- Respecto del fortalecimiento de los programas CERT, afirmó que podría ser una buena opción para garantizar la preparación y respuesta efectiva de las comunidades ante emergencias y desastres, minimizando los riesgos identificados en el proyecto de ley.

- En relación a fortalecer las ordenanzas municipales, indicó que sería una mejor opción que el proyecto de ley, debido a que permitiría: adaptar las medidas de prevención y combate de incendios forestales a las necesidades y características específicas de cada municipio; establecer regulaciones locales más adecuadas y detalladas para enfrentar los riesgos de incendios forestales; facilitar la ejecución de acciones inmediatas en situaciones de emergencia, sin la demora que podría implicar la aprobación de una ley a nivel nacional; permitir la asignación de recursos y fondos municipales de manera más ágil y específica para la prevención y combate de incendios; fomentar una mayor participación y colaboración de las comunidades locales en la elaboración y cumplimiento de las ordenanzas, y adaptar las sanciones y responsabilidades a las características y necesidades de cada municipio.

En resumen, fortalecer las ordenanzas municipales brinda la flexibilidad y capacidad de respuesta necesarias para enfrentar los incendios forestales de manera más efectiva y adaptada a cada contexto local.

En esa línea, también realizan cursos a las comunidades y las empresas y trabajan en los planes de reducción de riesgos de desastres, cuya importancia destacó, en atención a que permite -analizando el nivel de amenazas, vulnerabilidad y exposición de la población- identificar los riesgos para tomar medidas con los diversos organismos con los que se vinculan. Se trabaja la prevención para minimizar o mitigar el riesgo.

Destacó el mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares de evacuación inmediata.

Se encuentran trabajando a nivel nacional y regional para hacer un levantamiento de la información y amenazas para que los organismos técnicos competentes tomen las acciones correspondientes según su ámbito de acción, por ejemplo, en Aguas Frías Conaf debería tomar medidas para la tala de pinos, lo que si bien es de fácil solución, se debe considerar que hay otras que son de larga data y requieren de la intervención de varios organismos del Estado y años, agregó.

Llamó a tener presente que los incendios forestales son de las pocas emergencias que, con un trabajo preventivo, en conjunto con las comunidades, se pueden evitar; a diferencia de los terremotos y tsunamis, por ejemplo.

La Presidenta de la Comisión de Gestión del Riesgo y Desastres Naturales de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcaldesa de Molina, señora Priscilla Castillo señaló que si bien ante un incendio los primeros en llegar son los vecinos con todas las ganas de apoyar y ayudar; sin capacitación y formación para distinguir los riesgos, se exponen y se puede provocar una tragedia peor o agravar la situación. A la fecha existe un comportamiento reactivo.

Aseguró que el Estado debe apoyar con capacitación a los vecinos a través de una estructura que funcione, tal como ocurrió con la Unidad de Seguridad Pública que creó la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Situación similar debería ocurrir con la ley Nº 21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica. De ese modo, el municipio –como ente más cercano a las personas- comienza a preparar y capacitar a las comunidades por medio de una Unidad de Prevención de Desastres, siempre con el compromiso de todos los intervinientes, incluyendo a las empresas eléctricas, por ejemplo. Lo anterior, además de las labores de fiscalización que se deben entregar a los municipios.

Complementó el Asesor de la referida Comisión, señor Jaime Coloma quien destacó la propuesta de modificación legal que expuso la alcaldesa, en post de mejorar la fiscalización de los municipios en materia de seguridad y limpieza, como también la de entregarles la facultad de multar. Ello sería un gran avance en materia de prevención, enfatizó.

Adicionalmente el Director de la Unidad de Seguimiento Legislativo de la ACHM, señor Miguel Moreno realzó la importancia de educar desde la primera infancia a la adultez en materia de emergencias. A su juicio, debería consistir en una política de Estado.

El Asesor Jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio coincidió plenamente con la exposición del Senapred. El entrenamiento y capacitación de las brigadas ante las emergencias requiere de trabajo, estructura y recursos. Asimismo, expresó que Bomberos siempre se encuentra disponible a cooperar y resaltó que el trabajo de prevención es fundamental.

Las municipalidades deben trabajar en conjunto con las comunidades, aprovechando los cursos que ya se imparten por el Senapred y Bomberos, enfatizó.

V.- VOTACIÓN DE LAS INDICACIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS.

El texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el siguiente:

“Artículo único.- Incorpórase en el decreto N° 58, del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, el siguiente artículo 41 bis, nuevo:

“Artículo 41 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, las juntas de vecinos podrán tener como objetivo la prevención de incendios forestales.”.”.

A su respecto, se presentaron las siguientes indicaciones:

Puesta en votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los presentes (10-0-0), diputadas Karen Medina, Francesca Muñoz y Marcela Riquelme y los diputados Cristián Araya, Rubén Darío Oyarzo, Francisco Pulgar, Guillermo Ramírez, Jorge Rathgeb, Nelson Venegas y Sebastián Videla.

El Asesor jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, señor Fernando Recio compartió lo expuesto por el diputado Araya. Afirmó que, en caso contrario, se estaría permitiendo y fomentando la creación de “Cuerpos de Bomberos” paralelos sobre los que no existiría ningún control.

Puesta en votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los presentes (10-0-0), diputadas Karen Medina, Francesca Muñoz y Marcela Riquelme y los diputados Cristián Araya, Rubén Darío Oyarzo, Francisco Pulgar, Guillermo Ramírez, Jorge Rathgeb, Nelson Venegas y Sebastián Videla.

A continuación, la Comisión por unanimidad de sus miembros presentes, acordó modificar el nombre de la iniciativa con el objeto de adecuarla a su nuevo contenido, quedando del siguiente tenor: proyecto de ley que incorpora como objetivo de las juntas de vecinos la prevención de incendios.

VI. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

No hubo.

VII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

No hubo.

VIII. ADICIONES Y ENMIENDAS AL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN MATRIZ.

Las modificaciones incorporadas por la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos en el artículo 41 bis incorporado en el decreto N° 58, del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, por el artículo único del proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización son las siguientes:

1. Suprímese la palabra “forestales”.

2. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Estas labores de prevención estarán sujetas a la coordinación con el Cuerpo de Bomberos de la comuna o sección de comuna a la que pertenece la junta de vecinos.”.

3. Incorpórase el siguiente inciso segundo: “En ningún caso se entenderá por prevención el combate de incendios.”.

Finalmente, la Comisión acordó por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes, modificar el nombre de la moción a fin de adecuarla a su nuevo contenido, quedando del siguiente tenor: proyecto de ley que incorpora como objetivo de las juntas de vecinos la prevención de incendios.

********************

Sala de la Comisión, a 1 de agosto de 2023.

MARÍA CRISTINA DÍAZ FUENZALIDA

Abogada Secretaria de la Comisión