Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica y fortalece la ley No 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación, correspondiente al boletín No 12748-17.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Hacienda son la señorita Emilia Schneider y el señor Carlos Bianchi , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 65ª de la legislatura 369ª, en martes 10 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 28.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 142ª de la legislatura 371ª, en miércoles 6 de marzo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 4ª de la presente legislatura, en miércoles 13 de marzo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 2.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

La señorita SCHNEIDER, doña Emilia (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación, iniciado en moción de los entonces senadores Adriana Muñoz , Alejandro Guillier y Álvaro Elizalde , y de los senadores José Miguel Insulza y Juan Ignacio Latorre .

Cabe hacer presente mi especial orgullo y satisfacción por la aprobación de esta iniciativa, pues sepan ustedes que tuvo más de dos años de extenuante, ardua y dura tramitación, lo que se refleja en cada una de las hojas de un muy extenso informe que, con agrado, intentaré resumir en estas breves líneas.

Las ideas matrices que dieron origen a esta iniciativa legal son dos: en primer lugar, lograr el fortalecimiento de la prevención de la discriminación y, en segundo lugar, promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la ley N° 20.609.

Para lograr el cometido de estas ideas matrices, el Senado aprobó un texto que consta de tres artículos permanentes más uno transitorio, en tanto que la comisión aprobó después innumerables indicaciones tanto de parlamentarios como del Ejecutivo en un texto más extenso, que consta de cinco artículos permanentes, más cuatro disposiciones transitorias.

Para hacer un poco de historia, vamos a recordar lo aprobado por el Senado.

En primer lugar, se estableció un procedimiento judicial especial y rápido, que permite reestablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Añade que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá considerar en todo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos la promoción de la no discriminación arbitraria, de conformidad con sus competencias orgánicas y con la normativa nacional e internacional vigente.

En segundo lugar, se elaboró una definición de discriminación arbitraria, conceptualizando la expresión “justificación razonable” y distinguiendo entre distintos tipos de discriminación. En tercer lugar, se contempló la acción de no discriminación arbitraria, la legislación aplicable, los plazos, la legitimación activa, la acción indemnizatoria, la forma de interposición de la demanda, las excepciones del demandado, la audiencia de contestación, conciliación y prueba, de la suspensión provisional de los actos y ejecución provisional de los actos omitidos, de los incidentes, de la prueba, de las medidas para mejor resolver, de las medidas de reparación, de los recursos y de la reserva de la acción indemnizatoria.

En materia penal, se modificó la agravante contemplada en el ordinal 21 del artículo 12 del Código Penal, referida a delitos motivados por razones políticas, de raza, credo religioso, orientación sexual, género, edad y apariencia, entre otras.

En materia laboral, se modificó el Código del Trabajo, adecuándolo a los conceptos definidos en este proyecto de ley.

Finalmente, se contempló un solo artículo transitorio, que señala que las disposiciones contenidas en el Título II de la ley No 20.609 introducidas por esta iniciativa solo serán aplicables a los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de esta Corporación, en tanto, junto con respetar en gran medida lo propuesto por el Senado, hizo notables mejoras, como las que paso a indicar.

En primer lugar, se amplió a todos los órganos de la Administración del Estado el deber de elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales.

En segundo lugar, se prohibió que la aplicación de esta ley tenga como objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las libertades de expresión, conciencia y religión.

En tercer lugar, se declaró el 1 de marzo de cada año como el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación Arbitraria.

En cuarto lugar, se redefinió el concepto jurídico de “discriminación arbitraria” y se reguló lo que no será considerado como tal.

En quinto lugar, se perfeccionó la distinción y clasificación de discriminación indirecta, discriminación múltiple o agravada y discriminación estructural.

En sexto lugar, se regularon una a una las atribuciones que tendrá la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de sus competencias, para que dé impulso al cumplimiento de esta ley.

En séptimo lugar, en materia jurisdiccional, se precisó la incompatibilidad de la acción de no discriminación con la acción de protección o de tutela laboral, pues todas persiguen un fin parecido, pero por distintos medios.

En octavo lugar, en materia probatoria, se introdujo la prueba indiciaria en favor del demandante solo cuando aporte antecedentes que, a juicio del tribunal, resultaren en indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria.

En noveno lugar, se estableció una multa, a beneficio fiscal, de cinco a cien unidades tributarias mensuales a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio. Asimismo, se reguló una serie de medidas de reparación, además de señalar que, si los hechos pueden revestir carácter de delito, los antecedentes serán despachados al Ministerio Público.

En décimo lugar, en materia penal, se tipificó el acoso discriminatorio, el que será sancionado con penas de multa y/o prisión, según la gravedad de los hechos y de la conducta del infractor.

En undécimo lugar, en materia de institucionalidad, se creó un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se trata de un órgano consultivo, de promoción y de participación, mas no resolutivo. Las recomendaciones del Consejo serán de carácter público y deberán recoger la diversidad de opiniones existentes en él, cuando no haya unanimidad respecto de estas.

Por último, en sus disposiciones transitorias, se reguló la entrada en vigencia y la dictación de reglamentos, así como su gasto fiscal, que asciende, según el informe financiero que acompaña este texto, a la suma de 856 millones de pesos el primer año, lo cual baja a 677 millones de pesos en régimen.

Es por estas consideraciones, estimados colegas y honorable Sala, más otras que se detallan en extenso en el informe que está en sus pupitres electrónicos, que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios propone a este honorable hemiciclo la aprobación del proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Saludo y doy la bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega .

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor BIANCHI (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, colegas, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los entonces senadores Álvaro Elizalde , Alejandro Guillier y Adriana Muñoz , y de los senadores José Miguel Insulza y Juan Ignacio Latorre , y patrocinado luego por el Ejecutivo, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación.

Concurrió a la comisión a presentar los detalles del proyecto el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Xavier Altamirano .

La idea fundamental de la iniciativa apunta a fortalecer la prevención de la discriminación, así como a promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficiencia y eficacia la acción de no discriminación consagrada en la ley N° 20.609.

En sus fundamentos, el proyecto declara que sus objetivos se orientan a corregir el propósito de la ley N° 20.609 actual, agregando las funciones de prevenir la discriminación arbitraria y de promover y garantizar el principio de igualdad.

Asimismo, la norma en tramitación pretende mejorar la definición de discriminación arbitraria y las referencias a las categorías sospechosas, ajustándolas a lo establecido en tratados internacionales.

En la misma orientación, se apunta a suprimir la excepción al principio de no discriminación, invertir la carga de la prueba sobre la existencia de una acción u omisión de discriminación arbitraria, aumentar el monto máximo de la multa que puede fijar el juez en contra de quienes cometan actos u omisiones de discriminación arbitraria, establecer el deber del juez de otorgar una indemnización de perjuicios a la persona afectada por la discriminación arbitraria y suprimir la sanción contra el recurrente que es vencido en juicio.

En particular, y mediante la modificación de cinco cuerpos legales vigentes, el proyecto establece un procedimiento judicial especial y expedito para restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Contempla, de igual modo, la acción de no discriminación arbitraria, detalla los plazos del proceso, establece la legitimación activa y la acción indemnizatoria civil, precisa en el proceso judicial la forma de interposición de la demanda, las excepciones del demandado, la audiencia de contestación, la conciliación y prueba, la suspensión provisional de los actos, los incidentes, la prueba, las medidas para mejor resolver las medidas de reparación, los recursos y la reserva de acción indemnizatoria.

En sus artículos transitorios se establecen los plazos diferenciados para la entrada en vigencia de las diversas disposiciones.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que para materializar sus objetivos este proyecto crea una nueva institucionalidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos: la División de Igualdad y No Discriminación, cuya planta de personal considera un jefe de división y trece profesionales, equipo que será responsable de la coordinación interinstitucional, la vinculación territorial y el desarrollo de estudios en políticas de igualdad de género.

Con esa creación orgánica, el mayor gasto en personal se proyecta en 576 millones de pesos desde el primer año, a lo que se adicionan egresos en bienes de consumo por 293 millones el primer ejercicio y por 125 millones en régimen, así como desembolsos en activos no financieros para la instalación material por 17 millones solo durante el primer año.

En términos consolidados y actualizados, el gasto fiscal del proyecto ascendería a 886 millones de pesos el año de implementación y a 701 millones en régimen.

La fuente de financiamiento provendrá del presupuesto vigente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, en lo que faltare, de recursos del Tesoro Público.

Puestos en votación los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda anteriormente descritos, resultaron todos aprobados por siete votos a favor y cinco en contra.

Votaron a favor los diputados Eric Aedo , Boris Barrera , Jaime Naranjo , Jaime Sáez y quien informa, y las diputadas Javiera Morales y Gael Yeomans (Presidenta).

Votaron en contra la diputada Sofía Cid y los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez , Agustín Romero y Gastón von Mühlenbrock .

En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la iniciativa de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FRIES (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, si bien la iniciativa aprobada en 2012 fue un avance sustantivo en establecer medidas contra la discriminación, después de 12 años han quedado en evidencia sus falencias y, por tanto, la necesidad de delinear con mayor claridad y detalle el derecho protegido, ajustar los mecanismos para hacerlo efectivo y concretar una institucionalidad que vele permanentemente por la promoción de estos derechos.

Algunos aspectos a destacar del proyecto son: la ampliación de las categorías de discriminación, el reconocimiento y definición de los distintos tipos de discriminación, la incorporación de una acción indemnizatoria para las personas afectadas, la eliminación de la multa en caso de perder la demanda ante el desincentivo que ello genera y la creación del Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria.

El principio de no discriminación es un elemento nuclear del derecho internacional de los derechos humanos y está presente en todos los tratados actualmente vigentes y ratificados por Chile. Ello, porque es expresión de la premisa base de nuestra civilización: todas las personas, sin distinción alguna, son iguales en dignidad y derechos.

Ahora, garantizar que esto sea así también requiere reconocer que históricamente ha habido grupos sociales que, por razones socioeconómicas, de sexo o género, de religión, de edad, de pertenencia étnica o de nacionalidad, entre otras, no han podido disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad con otros.

El origen de estas discriminaciones está en la existencia de relaciones asimétricas de poder que operan en todos los ámbitos de la vida, limitando el acceso y ejercicio de derechos a dichas personas. No se trata solo de la expresión de acciones caprichosas y circunstanciales que afectan a un sujeto, sino también de elementos estructurales que impactan durante toda la trayectoria de vida a quienes pertenecen a determinados grupos en la sociedad.

Así, enfrentar la discriminación es también replantearse la forma en que se distribuye y se usa el poder.

La universalidad de los derechos humanos en relación con el principio de igualdad y no discriminación solo puede garantizarse en el marco de una igualdad sustantiva y no meramente formal. No se trata de un punto de partida, sino de garantizar el punto de llegada y que arribemos en las mejores condiciones, y que en el camino se remuevan los obstáculos que impiden el igual goce y ejercicio de derechos y libertades.

Chile es uno solo, pero también es diverso. Por lo mismo, vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, hoy votaremos un proyecto de ley que cercena duramente nuestras libertades en los más diversos asuntos de la vida.

Las nuevas nociones de discriminación arbitraria plantean una definición autónoma de discriminación fácil de configurar, sin que exista una lesión a los derechos fundamentales de una persona.

Además, el proyecto permite considerar como discriminación las meras preferencias, atentando en contra de la libertad de expresión. Uno de los mayores problemas de esta iniciativa es que, tal como se promulgó hace doce años, no obliga al Estado a prevenir la discriminación, sino que solo le da facultades para castigarla.

Con los años se ha hecho evidente que, sin prevención, sin educación y sin concientizar al respecto, no hay manera de detener la discriminación que sufren miles de personas en el país. Claramente, darle más poder al Estado para que, bajo el pretexto de erradicar la discriminación, castigue a diestra y siniestra no es la solución.

Adicionalmente, como médico, miro con absoluta preocupación los dos últimos incisos incorporados al artículo 2° de la ley N° 20.609, que impiden que una persona pueda asistir libremente a un experto en asuntos relacionados con su sexualidad. Esto claramente muestra una visión ideológica del ser humano, que lo limita hasta el punto de no poder hacer nada.

No voy a ser partícipe de esta mala reforma a la ley de antidiscriminación, por lo que claramente anuncio mi voto en contra de este proyecto.

Finalmente, formulo reserva de constitucionalidad en contra del inciso cuarto del artículo 12 de la ley N° 20.609, contenido en el artículo primero, numeral 22, letra c), del proyecto de ley, el cual infringe el artículo 1°, inciso tercero, y el artículo 19°, numerales 6°, inciso primero; 11°, inciso primero; 12°, inciso primero; 15°, inciso primero, todos de la Constitución Política de la República, debido a que consagra distintas medidas que pueden afectar las convicciones morales o religiosas de una persona, como es el caso de las letras a) y e), obligándola a expresar cuestiones contrarias a su pensamiento u opinión.

Además, estas medidas pueden afectar el ideario de una institución, a través de la revisión de su normativa interna o mediante la eventual enseñanza de visiones antropológicas que no considera como ciertas, lo cual, en definitiva, afecta la autonomía que es propia a los grupos intermedios.

También formulo reserva de constitucionalidad respecto del artículo 18 de la ley N° 20.609, contenido en el artículo primero, numeral 27, del proyecto de ley, al contravenir el artículo 19, numerales 2º, inciso primero, y 3°, inciso sexto, de la Constitución, pues permite al demandante, con la sola presentación de una acción de no discriminación arbitraria, el goce de un privilegio presente a lo largo de todo el proceso, consistente en una interpretación a su favor del texto legal. En otras palabras, el precepto obliga al juez, sin alternativa, a otorgar una mayor protección al demandante en caso de que se discuta el sentido y alcance de la disposición de la ley, desequilibrando notoriamente la balanza procesal en perjuicio del demandado.

He dicho.

-o-

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, este es un proyecto que invierte la carga de la prueba, que permite a cualquiera ser sujeto activo en el proceso, por lo que no necesariamente una persona que haya sido efectivamente dañada en sus derechos es quien interpondrá la acción.

Es un proyecto de ley que amenaza la libertad de expresión, que incluye criterios para el juez que no tienen que ver con la acción individual y que sanciona la acción u omisión, es decir, el hacer o no hacer; un proyecto de ley que llega al extremo de no sancionar al que denuncie falsamente; un proyecto de ley que establece multas altísimas y sanciones realmente leoninas para aquellos que hagan uso de su legítimo derecho a preferir -porque ya preferir es un problema-, y, en el caso de aquel que está denunciado, el juez tendrá que considerar si su acción se enmarca en acciones discriminatorias históricas o estructurales, con lo cual la persona no tiene que responder por sus propios actos. El juez tendrá que considerar si esos actos se enmarcan en una situación de discriminación histórica.

En la comisión, en la que todas o prácticamente todas las indicaciones de la oposición fueron rechazadas, dije que este es un proyecto de ley totalitario. El proyecto permite que cualquiera esté a un paso de entrar a tribunales a responder por algo que hizo o que no hizo; en cambio, quien denuncie de mala fe, haga propaganda y destruya el nombre de otra persona, no tendrá que pagar ningún precio por haber hecho ese daño.

¡Y para más remate, quien interponga la denuncia puede ser cualquiera, puede ser una organización no gubernamental!

Han creado un monstruo jurídico que lo único que hará será crear una industria de querellas, de la cual van a profitar naturalmente los abogados, pero no beneficiará a los ciudadanos.

Es un proyecto de ley que destruye la seguridad jurídica en nuestro país y es una amenaza esencial a la libertad de los ciudadanos. Por eso, votaré en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señor Presidente, al estudiar esta profunda reforma en materia de discriminación, he tomado conocimiento de deficiencias del proyecto en aspectos muy básicos.

En primer lugar, la moción no resguarda adecuadamente la libertad de expresión, pues considera como discriminación no solo las acciones u omisiones, sino también las preferencias de las personas, las que, ciertamente, se pueden exteriorizar mediante opiniones. Además, el proyecto permite que personas jurídicas no relacionadas con el conflicto puedan demandar a una persona por discriminación. Estas mismas personas jurídicas pueden integrar el órgano público creado al efecto, el Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria, que emite lineamientos en materia de no discriminación, por lo que existe un evidente conflicto de intereses.

Además, se elimina toda barrera para evitar el mal uso de la ley. Así, por ejemplo, se suprime la multa establecida para aquel que demanda sin fundamentos.

Por estas consideraciones, me veo en la obligación moral de votar en contra este proyecto.

Finalmente, formulo reserva de constitucionalidad en contra del artículo sexto del proyecto de ley, el cual infringe el artículo 19°, numeral 2°, inciso primero, de la Constitución, debido a que, tal como señala el Tribunal Constitucional, consiste en una sanción excesivamente gravosa que en otros cuerpos normativos se ha reservado respecto de conductas precisas y delimitadas frente a conductas particularmente reprochables, lo que deviene en irracional e injusto, afectando también el artículo 19, numeral 2°, inciso segundo, de la Constitución, pues contempla una sanción excesiva para una infinidad de conductas que podrían coincidir dentro del concepto amplio de discriminación contenido en el proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, si quieren conocer realmente a alguien, denle un poco de poder. Eso es lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. La izquierda más radical tenía mayoría y dieron rienda suelta a su proyecto totalitario, barriendo con las bases fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico: igualdad ante la ley, presunción de inocencia, libertad de expresión y patria potestad.

Este proyecto debe rechazarse en general, porque es un verdadero mamarracho jurídico. No basta con hacerle algunas correcciones cosméticas. Estructuralmente busca tener un país amordazado en el que los ciudadanos vivan bajo la amenaza de ser perseguidos por sensaciones y percepciones de otros; un país sin libertad.

Si no me creen, daré un par de ejemplos. El artículo 2 persigue a quienes quieran acompañar o guiar a quienes buscan alternativas distintas al cambio de sexo.

El artículo 2 bis crea nuevas categorías de discriminación que resultan vagas, como la indirecta y la estructural, que serán imposibles de objetar en un juicio.

El artículo 3 crea la discriminación por omisión -escucharon bien: ¡por omisión!-; ya comprenderán lo que significa eso.

El artículo 4 legitima a cualquier ONG para interponer una denuncia, aun contra la voluntad de los padres de un niño.

Los artículos 5, 5 bis y siguientes crean un nuevo proceso, con plazos y dinámicas muy distintos a los de todos los otros procedimientos contenciosos.

El artículo 7, que trata de registros audiovisuales, obliga al juez a mandatar siempre poner una leyenda en la publicación que diga con mayúscula que la publicación es materia de juicio. Pero tranquilos, porque los únicos excluidos somos los políticos cuando estemos en campañas electorales, cosa que demuestra explícitamente que la leyenda produce un daño irreversible para quien la debe incluir en sus registros.

Otra joyita de este proyecto es la creación del acoso discriminatorio. Mediante un nuevo artículo 147 bis, una conducta poco clara y residual puede ser sancionada con pena de prisión en su grado medio a máximo. El último día fue presentada una innovación por un señor Jiménez , la que, incomprensiblemente, fue aprobada, pese a la oposición de un diputado oficialista.

Ya se pueden imaginar el ánimo legislativo de la comisión y cuán parecido era al primer proceso constitucional. ¡Hasta eliminaron cualquier sanción frente a una denuncia temeraria!

La guinda de la torta es el artículo 18. ¡Escuchen bien: se invierte la carga de la prueba! La ambigüedad de esta iniciativa de ley opera siempre en favor de quien denuncia discriminación. Olvídense de la presunción de inocencia, del in dubio pro reo, etcétera.

Los mismos autores de esta aberración jurídica luego se llenan la boca apuntando a qué es un avance civilizatorio y qué es un retroceso civilizatorio.

Por la libertad, por los niños y sus padres, y por Chile, votaremos en contra este proyecto de ley mordaza. Hago expresa reserva de constitucionalidad respecto de todo su contenido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión se refiere a una de las ideas clave en la construcción de una sociedad democrática, como es el fortalecimiento del principio de igualdad.

La iniciativa pretende modificar la ley N° 20.069, conocida como “ley Zamudio”, con la intención de fortalecer la prevención contra la discriminación, promoviendo y garantizando de mejor forma el principio de igualdad, lo que otorgará mayor eficacia a la acción de no discriminación que señala esta ley.

Se define lo que es la discriminación arbitraria; se establece un procedimiento judicial especial y rápido; se incorpora a la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, y se promueve la no discriminación arbitraria, según los estándares nacionales e internacionales, entre otros.

La propuesta de modificación legal en comento es necesaria, ya que, pese a los valorables esfuerzos hechos por este Congreso Nacional, la realidad muestra que, en la práctica, aún perduran casos de discriminación. La discriminación en todas sus formas es tremendamente dañina para nuestra democracia y afecta seriamente la convivencia del país, en sus diversas regiones y territorios.

Lamentablemente, la Región del Biobío no escapa a este flagelo. Un estudio publicado por la Fundación Iguales, realizado en abril de este año junto con la Universidad de Concepción, arrojó que un 63,2 por ciento de las personas de la diversidad sexual de la Región del Biobío ha sido discriminada. La comuna de Los Ángeles es donde se ha dado la mayor cantidad de denuncias.

Asimismo, hay que recordar la manifestación que realizó la madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA), en mayo pasado, porque le cancelaron la matrícula en un colegio de Concepción, y el condenable caso de un joven haitiano, estudiante de medicina de la Universidad San Sebastián, de Concepción, quien acusó discriminación del Hospital Naval de Talcahuano, donde debía realizar su práctica profesional el año pasado.

Todos los casos mencionados son una muestra normalizada de la discriminación en sus diversos niveles, de forma abierta o disimulada. Por tanto, toda modificación legal que permita proteger el principio de igualdad es bienvenida.

Por eso, llamo a aprobar el presente proyecto de ley.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, durante los últimos días el gobierno ha sincerado bastante su postura frente a varios temas. Creo que eso es bueno, porque así sabemos lo que realmente prioriza para los chilenos.

Hay personas que solo instigan a otras, como cuando hablaron del aborto; sin embargo, cuando hay que votar, les tiemblan las canillas, abandonan la Sala, se parean y no votan de acuerdo con sus convicciones. Eso le pasó a Boric, Jackson , Crispi y Monsalve en 2021. Hoy rasgan vestiduras por el aborto, pero no fueron capaces en su momento de afirmar su posición y votar a favor. Tuvieron miedo; le tuvieron miedo a la ciudadanía.

Sucede lo mismo con esta discusión, donde hubo volteretas en la comisión. Hasta la presidenta de dicha instancia decía algo y votaba otra cosa. Por ejemplo, señaló que no se debía incluir el concepto “preferencia” en la definición de discriminación arbitraria, pero cuando se votó la norma, ¡bingo!, se contó con el voto de la presidenta que había dicho otra cosa.

En la discusión que se efectuó en la comisión, el gobierno también fue bastante sincero con lo que desea conseguir mediante este proyecto. Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de 20 de diciembre de 2023, el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente el asesor del Ministerio de Justicia señor Esteban Miranda , señaló que bajo esta norma un grupo de personas podía perseguir a un artista cuando emitiera una opinión considerada como agresiva para ellas. Como bien dice el viejo adagio, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Así, el gobierno procultura, proartista, propro, manifestó que la nueva ley podría ser usada para perseguir expresiones de una persona emitidas en un concierto, en una muestra de arte, o en una instancia similar. La iniciativa permite ver fácilmente cómo se pone en entredicho la libertad de expresión, según lo señalado por el propio gobierno.

A esto se debe sumar la eliminación de todas las barreras que evitan el mal uso de la ley, como la ampliación del concepto de discriminación arbitraria, el aumento de los plazos para demandar y la expansión excesiva de la legitimación activa. Todos esos elementos constituyen un caldo de cultivo para judicializar excesivamente la vida, con el nuevo y sagrado parámetro de la no discriminación.

La nueva forma de entender la discriminación que nos propone esta moción, impulsada también por el Ejecutivo, se convierte en una verdadera herramienta de persecución y no en un escudo que proteja genuinamente a las víctimas de discriminación arbitraria.

Invito a mis colegas a rechazar este mamarracho jurídico, porque así podremos cumplir con el estándar mínimo que la ciudadanía nos exige, y que el oficialismo, que pasó máquina en la Comisión de Derechos Humanos, no pudo cumplir: dar leyes dignas a nuestro país.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, anuncio mi voto en contra de este proyecto y hago reserva de constitucionalidad respecto del artículo 2° bis, contenido en el artículo primero, número 3, del proyecto en discusión, debido a que el inciso primero vulnera el artículo 19, número 3°, inciso noveno, de la Constitución; el artículo 19, número 3°, inciso sexto, y también su inciso séptimo. Las definiciones contenidas en los literales a), b) y c) vulneran el artículo 19, número 6°, inciso primero; número 11°, inciso primero; número 12°, inciso primero; número 15°, inciso primero, y número 26°, como también el artículo 5°, inciso segundo, todos de la Constitución Política de la República.

El inciso segundo infringe los artículos 6° y 7° de la Constitución, y también los artículos 63, número 20, y 65 y siguientes del texto político.

El inciso tercero infringe el artículo 19, número 2°, inciso primero, de la Constitución y también el artículo 1°, inciso primero.

Señor Presidente, quienes impulsan este proyecto, bajo la consigna de terminar con la discriminación, terminan amordazando a otros y limitando las libertades de expresión, de conciencia y de culto. Todos coincidimos en que hay que avanzar hacia sociedades más respetuosas y educadas, pero este proyecto establece medidas desproporcionadas que vienen a coartar libertades de manera dictatorial.

En primer lugar, este proyecto amplía el catálogo de discriminación con una carga significativa de subjetividad, haciendo prácticamente imposible su delimitación. Esto llega al extremo de que cualquier expresión o acto podría ser considerado discriminatorio. Por ejemplo, ¿qué pasará con quienes defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer o quienes pensamos distinto de la ideología de género? Con este proyecto nos están obligando a aceptar ideologías que no compartimos. Quienes lo aprueben tendrán que rendir cuenta a la ciudadanía por imponer su visión ideológica.

Además, este proyecto se inmiscuye en el ejercicio profesional de la medicina, de la psicología y de cualquier otra práctica, incluyendo la espiritual. Incluso, si una persona desea recibir una terapia para volver a su sexo biológico en forma voluntaria, se le negará. Esta es una muestra más de la esencia totalitaria del proyecto.

También se negará la asistencia espiritual y se perseguirá a los pastores que oren y ofrezcan consejería a las personas que accedan a ellas voluntariamente. Otro punto injusto de la iniciativa.

Quien denuncie, incluso sin fundamentos, no pierde en ningún escenario, ya que este proyecto elimina la sanción que se establecía en nuestra legislación por caso de falso testimonio.

Finalmente, no cabe duda de que esta iniciativa termina limitando los derechos de todos los chilenos de manera peligrosa. Varios parlamentarios estamos en listas negras de algunos movimientos por defender nuestros principios y valores. Ahora estarán en estas listas negras otras autoridades, así como medios de comunicación y la propia ciudadanía, solo por pensar distinto.

Reitero que votaré en contra el proyecto.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider .

La señorita SCHNEIDER (doña Emilia).-

Señor Presidente, lo primero que quiero aclarar es que este proyecto no invierte la carga de la prueba. La prueba indiciaria ya existe en la tutela laboral, es perfectamente utilizada en nuestro ordenamiento y no hay ninguna lesión al debido proceso en esa materia.

La discriminación es un flagelo que atraviesa nuestra sociedad y nos deja una herida que todavía sigue abierta. Una vida con menos derechos, con menos oportunidades y menos libertades es inaceptable para cualquier grupo de la sociedad, porque todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Lamentablemente, la realidad dista mucho de eso.

Por eso es necesario este tipo de proyectos, porque la igualdad aún no es una realidad, sino que es un mandato o un deber ser para nuestra sociedad. Debemos combatir la desigualdad donde la veamos.

Espero que el día de hoy avancemos y que no tenga que ocurrir otra tragedia para que recordemos la importancia de combatir la discriminación y la desigualdad en nuestro país, porque si hoy tenemos la ley antidiscriminación es porque hace doce años asesinaron en forma brutal y tortuosa a un joven solo por ser homosexual, solo por ser gay y andar por la calle. Ese joven se llamaba Daniel Zamudio , y al igual que él hay muchas y muchos, como Nicole Saavedra y Ever Albarrán .

Legislemos por las buenas, lleguemos a tiempo y no perdamos más vidas que merecen ser vividas con total libertad, porque al final este es un asunto de libertad para desarrollar nuestros proyectos de vida en paz y del deber del Estado de garantizar esa posibilidad para todos. Pero este también es un asunto relacionado con seguridad para muchos grupos de la población que hoy viven con miedo, porque este es un proyecto no solamente para las diversidades sexuales. Quiero ser muy categórica en esto: si mejoramos la ley antidiscriminación, mejoramos la protección y el resguardo para todos los grupos históricamente discriminados, ya sea por pertenecer a comunidades religiosas, por su sexo, por ser parte de un pueblo indígena, por vivir con alguna discapacidad y por un largo etcétera que también incluye a niños, niñas y adultos mayores.

No queremos que a ninguna persona se le nieguen sus derechos, se le discrimine en el trabajo o se le vulnere su integridad por una razón arbitraria.

Este proyecto busca resguardar a las víctimas de discriminación para que efectivamente accedan a la justicia, con un procedimiento eficaz y rápido, porque actualmente la ley antidiscriminación se ha quedado corta y no ha sido una herramienta útil para resguardar a quienes la necesitan.

Además, buscamos crear una nueva institucionalidad que decididamente combata y busque erradicar la discriminación desde el Estado, al igual que como pasa en Alemania, Argentina y Francia, entre muchos otros países.

Asimismo, cabe destacar que la Corte Suprema, en su informe del 14 de marzo de este año, destacó las normas aprobadas en la Cámara de Diputados en el marco de este debate, mejorando lo que ya se había avanzado en el Senado.

No se me ocurre un motivo para oponerse a un proyecto como este. Hablamos de que nos respetemos entre todas y todos, y de que seamos libres e iguales no solo en el papel, sino también en la realidad.

Queda mucho por mejorar y mucho por avanzar, pero este es un paso en la dirección correcta. Construyamos un país donde tengamos la libertad de ser y de vivir sin importar quiénes somos. Afuera nos están mirando, porque estos debates sí importan.

Votemos a favor del respeto, de la libertad y de la igualdad.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, saludo al ministro Luis Cordero , quien tiene una difícil misión -solo comparable con Tolerancia Cero el fin de semana-, especialmente por su condición de abogado, porque tengo la sensación de que para alguien que analiza jurídicamente este proyecto es muy difícil defenderlo.

Esta iniciativa tiene un mérito. Creo que aquí tenemos más o menos consenso en que la propuesta de la Convención Constitucional, rechazada por un 62 por ciento, fue rechazada por extrema. Déjenme decirles que este proyecto va más allá que la Convención Constitucional, una cosa que nos parecía francamente imposible.

Cuando el artículo 2° habla de preferencia, ¿qué significa que alguien pueda ser perseguido por su preferencia? Es una cosa curiosa. ¿Cómo dialoga eso con los delitos de opinión, con la libertad de expresión y con la libertad que ha expresado el diputado Miguel Mellado ?

Cuando en el artículo 2° incorpora el tema migratorio como categoría sospechosa en materia de discriminación, ¿cómo dialoga eso con las políticas que se están implementando, donde legítimamente se busca resguardar la seguridad nacional y perseguir la inmigración ilegal? ¿Cómo dialoga este proyecto de ley con esa ofensiva y con el anhelo de muchos chilenos de que la migración ilegal no suceda en nuestro país, sino que se ingrese al país de manera regular?

Se incorpora que, en caso de colisión con ciertos derechos fundamentales y libertades esenciales, estos se podrán ejercer “siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima”. Es decir, para defender la libertad se va a tener que acreditar que se ha ejercido en el marco de una finalidad legítima. ¿Qué significa eso? ¿Qué margen de discrecionalidad introduce esa disposición?

En el artículo 5° se presume la discriminación y se establece la carga de la prueba para el demandado de demostrar ciertas cosas. Una cuestión básica del derecho procesal es que no se puede probar hechos negativos. Por lo tanto, parece ser insólito que aquí no se diga que se invierte la carga de la prueba, cuestión elemental en cualquier norma de derecho procesal.

Por último -podría seguir con muchas cosas más, pero estoy tratando de dar argumentos que no tienen que ver con cuestiones ideológicas, sino con cuestiones de base jurídica elemental-, cuando se establecen estructuras de discriminación, valga la redundancia, estructural, ¿cómo dialoga eso con los mínimos estándares de atribución de responsabilidad? ¿Cómo pueden hacer a una persona responsable de persecución, incluso de carácter penal, por cuestiones estructurales en las cuales puede terminar siendo demandada sin legitimación activa por una organización a la que ni siquiera se pide un giro específico en la materia? Se amplía la legitimación activa de manera simplemente indiscriminada.

En simple, me parece que este es un proyecto que, más allá de la discusión ideológica que aquí podamos tener, no cumple estándares esenciales en materia de respeto a ciertos derechos humanos fundamentales en el debido proceso. Por lo tanto, me parece que cualquier persona que se tome en serio el análisis jurídico del proyecto no lo puede aprobar.

Por eso, porque es más radical que la Convención Constitucional, vamos a votar en contra.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señor Presidente, no puedo dejar de expresar la impresión y la desazón que me provocan algunas intervenciones.

Lo primero que quiero señalar es que esta es una reforma a la llamada “ley Zamudio”, cuyo solo nombre nos hace recordar por qué tuvimos que hacer esa ley. A los que tanto les parece que aquellos puntos que hablan de la discriminación son inentendibles debo decirles que inentendible es que alguien por ser homosexual haya sido asesinado en la forma en que lo fue Daniel Zamudio . Eso es inentendible. Eso dialoga nada más que con la barbarie.

Resulta que después de aquello hemos observado que esta ley mantenía y seguía manteniendo en la indefensión a las víctimas de todo tipo de discriminación, a las cuales seguía manteniendo en un rincón donde sus discriminaciones no podían ser visibilizadas y, por sobre todo, enmendadas para que no siguieran ocurriendo. Vemos que desde entonces hasta ahora no se ha terminado con los crímenes de odio, con el racismo, con el clasismo, etcétera, porque hay una minoría -la ley lo dice claro- que en posición de indefensión es agredida y discriminada por cualquier condición. Esto ocurre hoy en el país.

El problema de esto es determinar si protegemos a las víctimas, porque, de lo contrario, se afecta a toda la sociedad, o seguimos defendiendo y permitiendo conductas discriminatorias que terminan incluso con la vida de algunas personas.

Esto es un mínimo civilizatorio. Esto no va contra la libertad de expresión. Esto va con la profundización del respeto a los derechos de la persona. Este proyecto de ley busca enmendar en algo tanto dolor que tienen aquellas comunidades que son agredidas.

Para terminar, debo decir que no es que se les da facultad a organizaciones para negocios. Se les da facultad a organizaciones no gubernamentales para realizar su labor.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, para decirlo en forma simple, este proyecto de ley antidiscriminación claramente es un atentado contra la democracia. ¿Por qué? Porque lo impulsa el Partido Comunista, el Frente Amplio y el habitante de La Moneda. Estas son propuestas que no le hacen bien a Chile. ¿Por qué? Porque limitan las libertades individuales, privilegian a unos sobre otros, atentan contra la igualdad ante la ley, atentan contra la libertad de expresión, atentan contra los derechos individuales.

En resumen, que quede muy claro que esta propuesta, si se aprueba, va a traer graves consecuencias, porque la está promoviendo la extrema izquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y te podrán acusar de discriminación si no piensas como ellos.

Por eso, voto convencido en contra de este proyecto de ley, que atenta gravemente contra los derechos individuales de los chilenos.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señor Presidente, este proyecto representa un avance en algo que es un consenso, afortunadamente, porque, más allá de lo que acabamos de escuchar recién de parte del diputado Bobadilla , representa un consenso ampliamente mayoritario en nuestra sociedad, y en enhorabuena que así sea. Ese consenso significa derribar barreras discriminatorias y arbitrariedades que generan menoscabo en la integridad moral e incluso física de personas, ya sea por género, origen u otro tipo.

Muchos países de la OCDE han establecido leyes para limitar la discriminación arbitraria en diversas áreas: Alemania, Australia , Canadá , Dinamarca , España , Estados Unidos, Finlandia , Francia, Irlanda , Italia , Japón , México , Noruega , Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal , Reino Unido, Suecia, Suiza ; y nosotros, como país, también estamos avanzando en esa línea.

Sobre esta materia se han dicho muchas cosas que son francamente inmorales, que asustan, porque se están cumpliendo treinta años de una de las peores masacres en la historia reciente de la humanidad, como la que aconteció en Ruanda en 1994, donde se produjo un genocidio en que una tribu masacró a otra en cuestión de un par de meses, período en que se asesinó a millones de personas.

Entonces, cuando los países no avanzamos en generar normativas que reduzcan el odio y la violencia -eso ocurre a partir de cuestiones tan simples como la discriminación a la hora de postular a un empleo, a un establecimiento educacional o a un sinfín de trámites públicos-, cuando no generamos normativas que frenen la discriminación, estamos generando e incubando odiosidades que finalmente se traducen en la habilitación tácita para que unos atropellen a otros, para que unos menoscaben a otros, para que unos agredan a otros, y eso no se puede aceptar en una democracia ni en un Estado de derecho.

Cuando acá escuchamos intervenciones desde una forma muy particular de ver la sociedad, anclada en el siglo XVIII, le estamos haciendo un flaco favor a quienes, por ejemplo, nos visitan continuamente, día a día, que son estudiantes que vienen a formarse y a asistir a debates en que se espera que el Congreso Nacional esté a la altura de lo que implican los desafíos epocales de esta sociedad.

Superar la discriminación arbitraria es un mínimo, es una cuestión de decencia básica. No podemos perdernos en esos antidiscursos profundamente mezquinos, identitarios, que lo único que buscan es anclar a nuestra sociedad en modelos anquilosados, que favorecen la violencia y la…

-Aplausos.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo de su intervención, diputado.

-o-

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

En nombre de la Mesa saludo a los alumnos de la Escuela Lagunillas de Casablanca, quienes fueron invitados a esta sesión por el Senado de la República.

Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

-o-

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, no sé si sabían, pero el gobierno tiene diversas políticas diseñadas especialmente para segmentos específicos de la población, las que tienen en consideración pertenencia étnica, la condición de refugiado inmigrante, la orientación sexual, entiéndanse todas las políticas de la mal llamada diversidad, todas esas leyes y políticas que discriminan.

Si se aprueba este proyecto de ley, todo eso pasaría a ser discriminación arbitraria. Así de mal hecha está la presente iniciativa, bajo el concepto de discriminación que tiene la izquierda, claro está.

Sabemos, por supuesto, que una norma de este tipo nunca se hará valer contra las políticas de izquierda impulsadas por gobiernos como el de Gabriel Boric, sino que se usará solo como un arma en contra de quienes no compartimos su falsa religión, y que estamos dispuestos a levantar la voz en contra de ella.

Basta revisar un poco en internet para encontrarse con múltiples casos en que normativas de este estilo han sido utilizadas en otros países para perseguir a activistas provida, a creyentes de diversas confesiones religiosas, a hombres y mujeres honestos que solo buscan defender a sus hijos frente a los abusos de la izquierda extrema cuando esta se apodera del Estado y usa la fuerza pública para imponer su ideología, cosa que no permitiremos en Chile.

Ayer me encontré con un caso que ocurre en Estados Unidos, donde desde hace tiempo están imponiendo en escuelas públicas, especialmente en Estados dirigidos por la izquierda progre, la lectura de libros que contienen ideología LGBT a niños pequeños, de cinco o seis años. Estamos hablando de niños que cursan kínder.

Claro, porque no hacerlo sería un acto de discriminación contra ese pobre oprimido que no solo quiere la libertad de cambiarse de sexo, sino que quiere imponernos a los demás que lo aplaudamos. Hacia allá vamos.

Como republicano, represento a una generación de jóvenes que nos rebelamos frente al silencio de la generación que nos precedió. Decidimos estar acá, en el Congreso Nacional, estar en política, para levantar la voz frente a esas locuras.

Aunque nos multen, aunque nos encarcelen, aunque sigamos saliendo en la lista del Movilh, no callaremos.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señor Presidente, la prueba indiciaria no es un invento, no es una ideología; la prueba indiciaria, no la inversión de la prueba, es algo que existe en nuestro derecho y en muchas legislaciones.

Hoy se presume la inocencia de un delincuente y hay que probar cada uno de los hechos que pueda haber cometido para acusarlo, pero él tiene defensa y se presume que dice la verdad. No obstante, cuando un trabajador demanda, cuando una persona agredida demanda, tiene que probarlo todo.

En las legislaciones relativas a la tutela de derechos fundamentales, como lo es precisamente la tutela laboral, la prueba indiciaria permite construir a partir de hechos. Prueba indiciaria no es un invento, no es magia, no se saca de un sombrero; son hechos que llevan a una conclusión unívoca por parte del juez.

Iré más al fondo de este proyecto de ley, y quiero mirar a los ojos a cada uno de ustedes, especialmente a la diputada Francesca Muñoz -por su intermedio, Presidente-, para contestarle cuando ella pregunta: “¿Qué pasa con los que pensamos distinto, con los que creemos en un matrimonio entre hombres y mujeres?”.

¿Qué les ha pasado? ¡Nunca les ha pasado nada! Los que sufrimos la discriminación somos los que creemos distinto. ¿Ustedes han tenido miedo alguna vez de caminar de la mano con su pareja por la calle? ¡Nunca! Ustedes no saben lo que es eso, ustedes no saben lo que es tener miedo de que agredan a tu pareja, no saben lo que es tener miedo de tener y usar nuestra bandera con tanto orgullo por la calle y caminar sin que alguien te amenace o que te pase algo.

Ustedes no tienen idea de lo que eso significa.

(Habla un señor diputado sin micrófono)

¡Camina de la mano de un hombre, te desafío! A ver qué es lo que te dicen.

Para ellos estamos legislando, y me importa un bledo lo que cada uno tenga en sus convicciones personales.

¿Vieron a los jóvenes que estaban en la tribuna? Legislen para ellos. ¿Van a tener cara para decirle a otro padre de Zamudio: “Lo siento, señor, porque no fuimos capaces de hacer nada”? ¿Van a tener cara para eso?

Esos jóvenes son los que sufren discriminación, no ustedes, que pueden decir lo que quieran porque tienen fuero, pero esos jóvenes no. No se pueden peinar como quieren, no pueden tener el nombre que quieran, no pueden andar de la mano de la persona que aman.

Por mi hija, por los hijos de aquellos que han sido discriminados, porque necesitamos una ley que lo haga por ellos, aprobaremos con el corazón.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señora CONCHA (doña Sara).-

Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención manifestando mi total rechazo a esta iniciativa de ley, y hago reserva de constitucionalidad respecto del artículo 2 ter, letra a), contemplado en el artículo primero del proyecto, pues contraviene el artículo 19, número 2°, inciso primero de la Constitución Política de la República, y respecto del artículo primero, numeral 8, del proyecto de ley, el cual atenta contra el artículo 1°, inciso segundo, y el artículo 19, número 10°, inciso tercero, ambos de la Constitución Política, debido a que la norma permite demandar, incluso, a los padres de un niño cuando están ejerciendo su deber y derecho parentales, lo que atenta contra estos derechos, como también contra la familia.

La ley en cuestión, concebida para proteger los derechos de todos los ciudadanos, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de discriminación en sí misma, especialmente para aquellos que tenemos creencias y opiniones diferentes. La libertad de pensamiento y de expresión son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, estas modificaciones a la ley amenazan con coartar dicha libertad al imponer restricciones injustas a aquellos que se atreven a pensar de manera distinta. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, sin ser tildados o enjuiciados como discriminadores. No podemos, de ninguna manera, permitir que se establezca un clima de censura y represión en nuestro país, donde el miedo y la intolerancia dicten qué ideas son aceptables y cuáles no lo son.

En cuanto a la acción de discriminación, se crea un estatuto privilegiado y castigador para la parte demandada, la que bajo ciertas circunstancias deberá, incluso, probar que no ha discriminado, pues se invierte la carga probatoria.

Falta el tiempo para explicar cada una de las perjudiciales disposiciones que nos propone la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en la que, curiosamente, no fue la tolerancia lo que primó.

La ley de culto, que debería proteger el derecho de todos los ciudadanos a practicar su fe libremente, se verá socavada por disposiciones que favorecen un único punto de vista y criminalizan cualquier expresión que no se alinee con él.

Estas modificaciones ponen en peligro programas y servicios vitales que la Iglesia ha desarrollado durante años para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, así como en la rehabilitación en materia de consumo de drogas y reinserción a personas en las cárceles, trabajo del cual existen frutos tangibles.

Estas modificaciones no solo son injustas, sino que también son peligrosas y socavan los principios fundamentales de la libertad y la autonomía individual, que son la base de una sociedad democrática. A veces pienso que, incluso, puede ser una ley mordaza encubierta.

Desde el Partido Social Cristiano votaremos absolutamente en contra esta propuesta, porque amenaza con vulnerar gravemente nuestros derechos fundamentales a la expresión y a la libertad de conciencia y libre culto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE (doña Camila) .-

Señor Presidente, me cuesta entender cómo pueden existir opositores a una moción, a una iniciativa legislativa de estas características. El profundizar en nuestra institucionalidad, sobre todo en la institucionalidad de derechos humanos, para garantizar la no discriminación, me parece que es de toda justicia, más cuando -bien lo decía la diputada Riquelme - tenemos a la vista un sinnúmero de crímenes que se han cometido en nuestro país por razones de odio.

Me parece que la intolerancia a lo distinto, a lo diferente, a lo que legítimamente se puede expresar, y que estas diferencias muchas veces sean castigadas por nuestra sociedad, con agresiones físicas y verbales, e, incluso, en algunos casos, recordando la situación de Daniel Zamudio , con la muerte, es algo respecto de lo cual como sociedad tenemos el deber de avanzar a través de la legislación.

Quiero hacer una precisión respecto de algo que ha salido a la luz dentro del debate legislativo y que tiene que ver con el sistema probatorio o esta llamada “inversión de la carga de la prueba”, que no es tal. No lo es porque el sistema de prueba indiciaria ya existe en nuestra legislación: se aplica para el caso de los trabajadores cuando se ven vulnerados sus derechos fundamentales, y tiene una justificación y una fundamentación entendiendo que en ciertos tipos de delitos y crímenes, como también ocurre en los delitos sexuales y en las agresiones hacia las personas que tienen una orientación sexual diversa, es muy compleja la producción de la prueba. Por tanto, cuando existen indicios de vulneraciones que tienen que acreditarse, es de toda justificación que exista una inversión. Y no es lo que se está planteando por algunos diputados en el sentido de que se esté eliminando de manera absoluta una carga de la prueba. Simplemente se establece un régimen que, precisamente, se aplica a ciertos grupos de protección especial.

Así que, por supuesto, vamos a aprobar esta iniciativa y me parece de toda lógica, en miras de avanzar hacia una sociedad sin discriminación y sin odio, que se haga por todo el Congreso Nacional.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, la izquierda siempre necesita generar o crear conflictos y relatos afines a sus causas, para lo cual necesita nuevos derechos, los que podemos llamar neoderechos. A medida que crecen los neoderechos, se recortan los beneficios de los derechos fundamentales. Con los neoderechos, la situación de igualdad de todos los seres humanos queda alterada. Mientras unos quedan con menos derechos, otros adquieren derechos que no son tales. De ahí la necesidad de hacerlos exigibles.

En este proyecto se utiliza la manipulación social para conseguir que la sociedad admita estas vulneraciones de derechos, llevando a cabo algunos puntos como los siguientes: promulgación de leyes que afiancen los neoderechos y eviten las seudodiscriminaciones; la inversión de la culpabilidad; el ataque a quienes se oponen racionalmente a estos neoderechos, tratándolos de cuántos tipos de fobias pueden existir; manipulación exagerada de medios de comunicación y la planificación en el adoctrinamiento a los menores en estos neoderechos.

Siempre estas leyes crean desigualdades evidentes e injusticias mayores, presentando raras características; por ejemplo, su nombre siempre obedece a lo contrario de lo que es, como es el caso. Lejos de reducir el problema, lo agranda, como es el caso. Los conceptos de acusación y arbitrariedad de lo que es el delito, según este proyecto, nos genera una enorme inseguridad jurídica.

Este proyecto instaura e impone la vulneración de los siguientes derechos: el derecho a la igualdad; el derecho a la libre opinión y expresión; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a la libertad religiosa, al impedir que las diferentes confesiones puedan enseñar y difundir su postura y valoración moral respecto de determinadas conductas; el principio de tipicidad; el derecho a la igualdad de oportunidades, y el derecho de los padres a educar como quieran a sus hijos.

Lo curioso es que todas las leyes denominadas “de igualdad” o “de no discriminación” están en la Constitución, lo que refleja, con la ley común, que se pueden aplicar y proteger casos de discriminación que se pretenden resolver. Por ello, no es aceptable esta vulneración de derechos de todos para afianzar presuntamente derechos ya existentes, crear neoderechos o resolver seudodiscriminaciones.

Por último, este proyecto es más bien una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales. Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirles a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos, porque eso no es discriminar.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, pido que en un asunto tan sensible y tan serio para la sociedad chilena tengamos un debate de respeto. Podemos tener opiniones distintas, pero otra cosa es insultar. El diputado Cristóbal Urruticoechea trata de “desviados”, y habla del “desvío ajeno”. Me parece sinceramente que no debería quedar en el acta un insulto de esa naturaleza. Su opinión es legítima. Él puede votar como quiera, pero no tiene que calificar ni insultar.

Para terminar, ahorrémonos los calificativos y discutamos sobre el fondo, pero con respeto cívico. Lo otro no corresponde al Congreso Nacional.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, por su intermedio aclaro al diputado Vlado Mirosevic que es así como lo dicen los psicólogos y psiquiatras. No lo digo yo. Es así como lo dice la ciencia. Si ellos tienen un lenguaje distinto, y quieren intervenir, que se preocupen justamente del proyecto del que estamos hablando. O sea, ¿uno no puede opinar? ¿No puede decir lo que la ciencia dice? ¿No puede decir la verdad aquí en el hemiciclo? ¿Uno se tiene que amparar solamente en lo que ellos permiten decir y hablar? ¿Se dan cuenta de que esto es un absurdo?

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Junto con el Secretario vamos a revisar la expresión y vamos a determinar lo que corresponda.

Tiene la palabra el diputado Hernán Palma .

El señor PALMA.-

Señor Presidente, hoy no podemos debatir este proyecto sin remontarnos al año 2012, esto es, doce años atrás, para recordar un hito que marcó la historia de la ley antidiscriminación y reveló la necesidad de legislar en nuestro país, con suma urgencia, esta materia tan importante.

Quiero recordar hoy al joven Daniel Zamudio y a todas las víctimas de la discriminación.

Daniel Zamudio , hijo de Iván y Jacqueline , un joven estudiante de tan solo 24 años, con sueños y metas, como hacer carrera en el mundo de las comunicaciones, ser reconocido, formar una familia y ser padre, se convirtió en un símbolo de la antidiscriminación tras un hecho del que nadie quisiera ser protagonista: ser víctima de un ataque homofóbico y discriminatorio que terminó con su vida el 27 de marzo de 2012.

En Chile ha habido un aumento del 52,6 por ciento en los casos de discriminación, alcanzando el número más alto de atropellos a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQA+ de los cuales se tiene registro, sumando 1.597 los abusos en el plazo de un año, entre ellos agresiones físicas y verbales, abusos laborales y educacionales, movilizaciones y campañas homo- y transfóbicas, exclusión institucional, marginación en espacios públicos y privados, agresiones comunitarias propinadas por amigos, familiares o vecinos; declaraciones de odio en redes sociales y medios de comunicación.

La ley antidiscriminación vigente ha mostrado poca efectividad para erradicar actos y omisiones de discriminación arbitraria. Por tanto, sin duda votaré a favor este proyecto, que hoy nos hace avanzar en el pago de esta deuda tan grande que tenemos como sociedad de incorporar políticas que apunten a fortalecer la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación arbitraria.

Es primordial fortalecer, asimismo, el principio de igualdad y no discriminación.

Considero importante implementar un procedimiento judicial especial y rápido que permita que las personas víctimas de discriminación puedan interponer conjuntamente la acción de no discriminación arbitraria y la de reparación en un mismo juicio.

Para terminar, invito al diputado Urruticoechea a leer los manuales de salud mental DSM-IV. Hasta hace pocos años, increíblemente, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Aún hoy hay gente que cree en la terapia conversiva, es decir, que los homosexuales son personas enfermas.

Quiero agradecer a mi abuela y a mi madre, quienes enternecieron mi infancia con los adorables y mágicos cuentos de Oscar Wilde.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La verdad es que cuando miraba el proyecto de la Convención Constitucional, pensaba que lo había visto todo. Sin embargo, al ver este proyecto en la forma en que está planteado, me parece que altera las bases mínimas de un justo, racional y debido proceso, que son garantías mínimas establecidas en nuestra Constitución y en cualquier ordenamiento jurídico.

Las categorías de discriminación que se establecen no solo son fáciles de acreditar, sino que además nos van a poner en la situación de que todo es discriminación, a no ser que la ley determine algo distinto.

Eso, obviamente, nos pone en una situación muy compleja, porque además altera las reglas de la prueba, porque una situación de discriminación es distinta en la esfera laboral, en que además el estándar es diferente, porque estamos frente a un empleador, hay documentos, un contrato de trabajo. Aquí estamos hablando de situaciones tremendamente subjetivas de la manera en que están planteadas.

El proyecto señala: “la discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición,”. ¿Qué es “una disposición”? ¿A qué se refiere con “una disposición”?

Sobre la discriminación estructural, dice: “disposiciones, criterios o prácticas, tanto de hecho como de derecho, que provocan una preferencia,”. ¿Qué es eso? Se lo vamos a entregar a un juez para que lo interprete, porque, además, en algunas cosas les damos mucha facultad a los jueces, pero en otras los eliminamos del mapa. Damos por acreditadas con presunciones de derecho situaciones que tienen que ser probadas en un juicio. Eso, obviamente, genera una distorsión en la estructura básica de cualquier persona que quiere defenderse.

Por otra parte, el proyecto establece que si el afectado se niega a deducir una acción, un tercero la puede interponer por él. Pero ¿dónde se ha visto eso? Si la acción es personal. Además, la iniciativa señala: “la acción podrá interponerse verbalmente”. ¿Qué significa eso? O sea, ¿el afectado irá donde un secretario del tribunal y le dirá: “Mire, yo estoy afectado, tome nota de la prueba, de los hechos, y después, bueno, dela por presentada”?

Como mencioné recién, esto altera las reglas de la prueba. Asimismo, el solo hecho de la presentación de una acción de discriminación obliga a que el demandado tome acciones inmediatamente en relación con eso, o sea, sin ni siquiera un acto probatorio previo.

Esto es aberrante, además desde el punto de vista del establecimiento de una agravante en el Código Penal absolutamente subjetiva, entendiendo que en este debe tratarse de una conducta típica y antijurídica.

Vamos a rechazar este proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Nathalie) .-

Señor Presidente, en este proyecto se ha planteado que, tras siete años de vigencia, la normativa en comento ha mostrado tener muy poca efectividad para lograr su propósito principal, que es erradicar los actos y omisiones de discriminación arbitraria.

Por eso, esta reforma pretende fortalecer la prevención de la discriminación, y promover y garantizar el principio de igualdad.

En este sentido, pareciera que para la bancada de enfrente existen personas de primera y personas de segunda o de tercera categoría, o sujetos especiales de protección cuando se trata de víctimas del delito, evidenciando su doble estándar, porque cuando hablamos de víctimas de discriminación, en estos casos se hacen los desentendidos.

Acá se ha planteado un tema que es relevante, que es la libertad de expresión. En este sentido, la Constitución establece como un derecho la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Sin embargo, las personas tienen que responder por los delitos y abusos que cometen en el ejercicio de la libertad de expresión de acuerdo con la normativa.

Por lo tanto, en el marco de esta discusión, el delito máximo es el homicidio por motivaciones de odio. Pero resulta que antes de este hecho inescrupuloso, que es un crimen, hay un camino, el más recurrente y que está casi normalizado en nuestra cultura: los discursos y los relatos con motivaciones de odio. Este tipo de discursos promueve la violencia, la intolerancia, y su efecto más horroroso, el odio, no es nada nuevo; sin embargo, su impacto se ve ahora aumentado por las nuevas tecnologías de la comunicación. Eso lo vemos habitualmente, e incluso es realizado en esta Sala por diputados que abusan del discurso de odio a través de las redes sociales, que, además, se ha convertido en una de las formas más habituales de extender un relato peligroso a escala mundial, poniendo en riesgo la paz en todo el mundo y, por ende, la protección de los derechos humanos.

Es importante avanzar en políticas públicas que no solo sean para un grupo exclusivo de la sociedad, sino que tengan un carácter universal, y, por eso, se debe ver bajo esa mirada y tener la altura de miras para entenderlo, dado que los actos de discriminación arbitraria se viven en todos los espacios en que las personas se desenvuelven.

Este no es un atentado a la democracia. No atenta contra la libertad de expresión ni los derechos individuales. Y aquí, señor Presidente, por su intermedio le responderé al diputado Bobadilla que entiendo que el atentado a la democracia ocurre cuando se persigue a quienes piensan diferente o se aprueba un exterminio o tortura como forma de acallar a quienes piensan distinto o viven en la diversidad, y no mediante la reforma a la ley que estamos discutiendo hoy. Porque eso no atenta contra la democracia, sino, por ejemplo, lo que vivimos hace cincuenta años, cuando ocurrió el genocidio que defienden muchas y muchos que se oponen a este proyecto y, además, celebran las muertes de nuestros compatriotas.

Entonces, hagámonos cargo por las generaciones futuras. Dejen de lado los prejuicios, las ideologías retrógradas, los credos, las trancas. Eso déjenlo en la casa. Aquí estamos para legislar para la ciudadanía sin distinción, e incluso para las hijas y los hijos de los conservadores que hoy día se oponen a este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señor Presidente, para aclarar, no estamos en contra de una norma antidiscriminación. Por cierto, estamos en contra de todo tipo de discriminación. La “ley Zamudio” es una ley necesaria. ¿Podemos mejorarla? Podemos hacerlo. ¿Hay que defender que nadie sea discriminado y pueda caminar de la mano -como decía una diputada- con otra persona del mismo sexo? Tienen todo el derecho a hacerlo, y vamos a defender que lo puedan hacer. ¡Esa es una sociedad democrática!

Sin embargo, de eso a este proyecto de ley hay un mundo de distancia. El problema no es la “ley Zamudio” o sus mejoras; el problema es esta propuesta, que presenta muchos problemas, como varios de mis colegas ya lo han señalado.

Aquí se crea un criterio nuevo, que es muy preocupante: el concepto de discriminación arbitraria. Al respecto, el proyecto señala que “…se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y/o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas.”. Extrañamente, solo se refiere a temas de sexo y no a otro tipo de discriminación.

Asimismo, las categorías son demasiado amplias. Por ejemplo, “modificar la orientación” es impreciso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál orientación? ¿La orientación primitiva o la que tiene después? Y si esa orientación posterior se modifica, ¿cuál no podemos alterar? ¿La que modificó antes o la que modificó después? Eso es impreciso. ¿Se impide el derecho a cambiar? ¿Es el Estado el que va a determinar por nosotros cuáles prácticas son o no son lesivas?

Este proyecto de ley va a generar una autocensura, que es la peor de todas las censuras, porque la sanción va a ser alta y las consecuencias van a ser muy gravosas.

Se crean nuevas formas de discriminación: indirecta, múltiple o agravada, y estructural. Dice: “La discriminación estructural se refiere al conjunto de disposiciones, criterios o prácticas, tanto de hecho como de derecho, que provocan una preferencia, distinción, exclusión o restricción en contra de un grupo de personas en situación de vulnerabilidad, de forma generalizada.”.

O sea, con las alternativas planteadas podría existir un criterio de hecho que provoque una preferencia en favor de un grupo en situación vulnerada, lo que sería sancionado como discriminación estructural. Esto está mal redactado. Además, tiene la dificultad de probar, cuando es masivo, quién está ejecutando este acto de supuesta discriminación; se alteran las reglas del debido proceso, y genera una acción antidiscriminación por parte de personas jurídicas, como en el caso de personas jurídicas sin fines de lucro destinadas a la promoción, protección y defensa de los derechos.

Lo anterior va a generar una industria de demandas entre unos y otros, para buscar ser prestigiados en la sociedad o bien seguir avanzando. La demanda puede ser interpuesta de manera verbal. ¿Qué justifica eso? Aquí se crea un nuevo organismo, grande, costoso y con mucho poder. ¿Qué justifica eso?

Mejoremos las normas, velemos por la no discriminación, hagamos cambios a la “ley Zamudio”, pero esta norma es contraria a la Constitución y genera categorías imprecisas que van a transformar negativamente a la sociedad.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señora Presidenta, promulgada en 2012, tras el asesinato de Daniel Zamudio , la ley antidiscriminación fue un hito trascendental para el movimiento LGBTI en Chile. Sin embargo, a más de diez años de su implementación, hay que ser sumamente críticos en la evaluación que hacemos.

Menos de 5 por ciento de las denuncias presentadas corresponden a personas de las disidencias sexuales. Si pensamos en sentencias con agravante por discriminación homofóbica o transfóbica, en más de diez años podemos contarlas con los dedos de la mano. Han ocurrido 46 crímenes de odio tras el asesinato de Daniel Zamudio , tanto o más escabrosos que el desenlace de Daniel; decenas de personas denuncian, año a año, ser sometidas a inhumanas terapias de conversión y continúa el bullying transfóbico en los liceos, al punto de tener casos como el de José Matías, joven que en Copiapó decidió quitarse la vida.

¿De qué libertad me hablan? ¿De qué amenaza a futuras libertades me hablan? Hoy hay personas que no pueden caminar libremente por las calles, hoy hay personas que no pueden expresar libremente su identidad u orientación sexual. ¿De qué libertad me hablan si los asesinan en la calle, si patologizan su identidad? ¿De qué libertad me hablan si dicen que en terapia me puedo curar, si menoscaban mi valía al punto de convencerme que soy yo quien debe cambiar y no la persona que me está discriminando, que me está maltratando?

¡No, señores! Eso no es libertad religiosa, eso no es de Dios. Eso es discriminación arbitraria, como lo reconoce este proyecto de ley, cuando señala que es toda práctica que tenga por objeto modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. ¡No puedo creer que en eso no exista consenso en esta Sala!

La “ley Zamudio” se quedó corta, porque no castiga, no sanciona de forma contundente y no previene. En cambio, este proyecto de ley que estamos discutiendo, y que algunos anuncian que van a rechazar, crea una institucionalidad con financiamiento en la Subsecretaría de Derechos Humanos, para elaborar y coordinar políticas antidiscriminación, además de brindar asistencia y protección a las víctimas, previniendo situaciones, que es lo que necesitamos, porque sin prevención, sin educación, sin consciencia de la sociedad y de los diputados que están enfrente, no podremos terminar con la discriminación que sufren las personas, no hay cómo detener la discriminación.

Hoy tenemos la oportunidad de aprobar la creación de un procedimiento judicial especial, más simple, más rápido, que incluye la posibilidad de reparación a las víctimas en casos que deriven en una condena, porque tenemos un procedimiento muy ineficaz, que termina derivando en un conjunto de recursos de protección. De hecho, hoy la multa no beneficia a la víctima en casos de sanción. Acceder a la justicia debería ser un mínimo, pero hoy eso no existe.

La discusión sobre este proyecto de ley es una discusión sobre derechos humanos, y debemos tener claro que en democracia los derechos humanos no son opcionales. Por eso, espero que este Congreso esté a la altura de lo que se requiere.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Roberto Arroyo .

El señor ARROYO.-

Señora Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Nuevamente nos encontramos ante una aparente buena idea. ¿Quién podría oponerse a fortalecer nuestra legislación en aras de no discriminar a nuestros pares? Sin embargo, escudados en esta idea, se busca afectar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la gran mayoría, ampliando -desproporcionadamente, a mi juicio- el concepto de discriminación, lo que hace que este proyecto presente una serie de falencias:

En primer lugar, la inversión de la carga de la prueba, a lo que ya se han referido muchos de los diputados, por lo que no voy a hablar sobre eso.

En segundo lugar, la vaguedad de las definiciones. El proyecto incluye términos y definiciones que pueden ser interpretados de manera amplia y ambigua, como preferencia o cualquier otra condición social. Esta vaguedad puede llevar a interpretaciones subjetivas y contradictorias, haciendo difícil su aplicación coherente y justa. Las leyes deben ser claras y precisas para evitar abusos y malas interpretaciones.

Por eso, hago reserva de constitucionalidad en contra del artículo 3° de la ley N° 20.609 contemplado en el artículo primero, numeral 5, del proyecto de ley, debido a que permite demandar y, por tanto, eventualmente, sancionar a una persona en virtud de categorías de discriminación sumamente vagas e imprecisas, especialmente por tipos discriminatorios no contemplados en la ley, según señala el inciso primero del nuevo artículo 2 bis, de la ley N° 20.609.

Lo señalado infringe claramente la garantía constitucional de que toda conducta sancionada debe estar descrita expresamente en la ley, consagrada en el artículo 19, numeral 3°, inciso noveno, de la Constitución.

En tercer lugar, el aumento de las multas y sanciones. El incremento propuesto para las multas y la obligatoriedad de indemnizaciones sin una evaluación justa y detallada del caso pueden resultar en sanciones desproporcionadas, y este enfoque punitivo no necesariamente contribuye a la erradicación de la discriminación, sino que puede fomentar un ambiente de temor y una judicialización excesiva, desviando recursos que podrían ser utilizados en educación y en programas de concienciación.

En cuarto lugar, la eliminación de excepciones razonables. Suprimir las excepciones al principio de no discriminación puede llevar a situaciones en las que cualquier diferencia de trato, aunque justificada por otras normativas legales o necesidades prácticas, sea considerada discriminatoria. Esto puede crear conflictos con otras áreas del derecho, incluyendo al derecho laboral y al derecho administrativo, generando incoherencias legales.

En quinto lugar, la eficacia de la legislación existente. La escasa aplicación práctica de esta ley no necesariamente implica que deba haber cambios legislativos drásticos, sino más bien podría implicar la necesidad de mejorar la implementación y el acceso a la justicia. Es esencial abordar las barreras prácticas, como la falta de formación y de recursos legales, en lugar de simplemente modificar la ley en sí.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señora Presidenta, por principios, estoy de acuerdo con la libertad de las personas y que puedan ejercerla a plenitud, hasta el punto en que esa libertad afecte a otra persona.

En ese sentido, cada uno puede vivir como quiera, según su parecer, nuevamente, hasta el punto en que esa libertad coarte la libertad de otros. También condeno cualquier atentado a personas por su condición personal, pero aquí claramente se atropella y, en nombre de la antidiscriminación, se discrimina. ¡Vaya contradicción!

Este proyecto reconoce múltiples formas de discriminación: indirecta, múltiple o agravada y estructural. Sin duda, esta norma es una de las más peligrosas del proyecto, por la textura abierta que presenta para la interpretación judicial, con el riesgo de calificar como discriminatoria una serie de cuestiones socialmente aceptadas. Hay una peligrosa ampliación del concepto que tiende a entrar en conflicto con una serie de derechos, principalmente el relacionado con la libertad de expresión.

Como se ha manifestado, esta norma también altera la carga de la prueba ante una demanda eventualmente insuficiente, traspasando al demandado el deber de justificar hechos denunciados. Introduce una regla de interpretación en la ley antidiscriminación que ordena interpretarla siempre en beneficio del demandante.

En fin, como ejemplo, y ya que se ha mencionado en algunas intervenciones, el texto de la ley de identidad de género permite el arrepentimiento de una persona que incurrió, en forma libre, en un cambio de sexo. Sin embargo, esta norma que hoy se presenta limita cualquier acto de apoyo, incluso el médico. Se prohíbe que la medicina, la psicología, la psiquiatría y cualquiera otra disciplina, inclusive los actos de asesoría y consejería espiritual de entidades religiosas, actúen para que una persona pueda retrotraerse de una decisión que tomó y se arrepienta por esa nueva condición.

Presidenta y colegas, no podemos vivir en un Estado totalitario que pretenda coartar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Alguien dice por ahí “¡viva la libertad!”. Yo no comulgo con las ideas de ese Presidente, pero, sin duda, no podemos permitir que en nuestro país las libertades personales, individuales, de conciencia, de pensamiento y de fe sean coartadas por un proyecto como el que se pretende votar hoy.

En la antigüedad hubo sociedades que llegaron al totalitarismo tremendo y salvaje de impedir a muchos otros que se realizaran, y al final los aniquilaron. De hecho, hay muchos ejemplos en la historia de Chile.

Por eso…

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, las leyes no son una solución mágica a los problemas de la sociedad, pero son indispensables para abordar situaciones que son inaceptables, como la discriminación, la violencia o los discursos de odio, que excluyen a grupos específicos, como las diversidades y disidencias sexuales, pero que, sin embargo, en un afán por atacar la diferencia, estas expresiones se extienden a grupos amplios de la sociedad, negando libertades y llegando a atentar, incluso, contra la vida. La “ley Zamudio” tiene su origen en una de las expresiones más extremas de la discriminación: el asesinato de un joven en manos de personas homofóbicas. Por eso, Presidenta, es de la máxima relevancia aprobar esta reforma, porque a través de ella se logran juicios más rápidos y efectivos, con reparaciones oportunas para las víctimas y sanciones efectivas para los culpables. Además de generar políticas de prevención -esto es muy importante-, crea una nueva institucionalidad a través del Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria, que coordinará diversos órganos del Estado para abordar la discriminación de manera transversal.

Es indispensable señalar que esta legislación beneficia a la sociedad en su conjunto y, a diferencia de lo que aquí se ha dicho, no atenta contra las familias; muy por el contrario, las protege de la discriminación al ampliar este concepto para garantizar la igualdad ante la ley, por ejemplo, por situación socioeconómica, pertenencia étnica, sexo, identidad de género, religión, discapacidad, pensamiento político, entre otros.

Pido que actuemos con honestidad hacia la ciudadanía. En Chile, muchas personas viven situaciones de discriminación que no se pueden naturalizar.

Antes de terminar, quiero expresar mi reconocimiento a quienes han luchado por este proyecto y que, siendo parte de la sociedad civil organizada, han logrado sensibilizar a quienes tenían prejuicios y hoy los han cambiado. Ese es el rol de la política: representar convicciones que incluso sobrepasan las propias.

Así, abriéndonos a distintas visiones, legislando con evidencia, con profundo sentido humano, y no con nuestros prejuicios, podremos garantizar un Chile seguro y justo para todos y todas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señora Presidenta, lamentablemente, en esta Sala algunos no agotan sus esfuerzos por tratar de penalizar a quienes piensan distinto. Esto lo vemos cada cierto tiempo.

Pasa un par de años y tenemos intentos de “ley mordaza” que, en algunas ocasiones, fracasan por las votaciones en esta Sala; en otras, hemos tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para demostrar que este tipo de iniciativas son inconstitucionales.

Aquí hay algo que es básico: nadie está en contra de que los derechos de uno terminan cuando parten los derechos de otro. Aquí nadie está avalando la discriminación; nadie está avalando que personas, cualquiera que sea su edad, tengan que ser excluidas de nuestra sociedad por verse, tener afecto o querer hacer su vida personal de la manera que les parezca. Pero esa misma libertad que nosotros respetamos pedimos que se nos respete, particularmente en lo que se refiere a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de conciencia y a la libertad de culto. Una sociedad sin libertad no es una sociedad democrática, no es una sociedad sana.

Aquí, lamentablemente, ciertos proyectos o iniciativas que pueden tener un bonito titular, una bonita idea general, siempre terminan maleados por una serie de artículos, de indicaciones, que se van agregando y que a nosotros nos es imposible aprobar.

Desde mi perspectiva, el proyecto introduce innovaciones jurídicas realmente sorprendentes, como invertir la carga de la prueba. Es decir, si a usted le dicen que discriminó a una persona, por acción u omisión -eso también lo contempla este proyecto-, tendrá que probar que no lo hizo. La víctima no tiene que probar que fue afectada. ¿De qué estamos hablando? Yo entiendo que no todos tienen que ser abogados y conocer, en términos generales, los procedimientos judiciales, pero paremos la innovación, paremos de mentir.

Aquí nadie está avalando el sufrimiento de una persona, cualquiera que sea su condición o su género, pero nosotros pedimos que se respete nuestra libertad.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, llevamos, al menos, media hora funcionando sin el quorum necesario. Solicito que se tomen las medidas que corresponden y, si fuera necesario, que suspenda la sesión.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Señor diputado, voy a darle la palabra a la diputada Consuelo Veloso , luego de lo cual tomaré esa medida. Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señora Presidenta, en primer lugar, valoro este proyecto, que viene desde el Senado, que fortalece la ley antidiscriminación precisamente para que cumpla su propósito: resguardar de discriminaciones arbitrarias a los chilenos, a las chilenas y a quienes habitan este territorio. Además, desde este lugar del continente, debemos colocarnos a la par de legislaciones de países que se consideran desarrollados, como Francia y Alemania.

Este es un proyecto de ley que resguarda a grupos importantes de la sociedad. Por cierto, no tengo problemas con eso, pero la derecha sí puede tener algún interés de enfrascar este tema simplemente en las disidencias sexuales. Sin embargo, lo cierto es que cualquiera de los habitantes de este país puede ser sujeto de derecho de este proyecto de ley. Hay muchos adultos mayores que son discriminados cuando se acercan a los consultorios; hay muchos niños que están bajo la tutela del Estado y que son discriminados a la hora de acercarse a algún servicio; hay muchas mujeres que, por estar en cierta condición de gravidez, suelen sufrir discriminación.

En ese sentido, me parece importante señalar que el fondo de este proyecto, incluso la forma, viene a ajustarse totalmente a lo que este país necesita y a lo que cualquier patriota querría para su país: que sus compatriotas puedan vivir tranquilos y acceder a los servicios y los derechos por el solo hecho de ser parte de esta sociedad, sin sufrir una merma en esos derechos por no encuadrarse en lo que algún desviado quiera imponer a otros como modo de vida, tal como señaló el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El diputado Urruticoechea -quiero hacerme cargo de ciertas cosas- habló de los neoderechos. Pues bien, aquí viene otro problema que tienen con las mujeres, porque un neoderecho, por ejemplo, es el voto femenino, que empezó a mediados del siglo XX.

Dicen que el proyecto afecta la igualdad ante la ley. ¡No! De hecho, viene a corregir cuando se afecta la igualdad ante la ley, porque no nos tratan a todos igual. Eso es constatable dependiendo de nuestra orientación sexual, de si somos mujeres u hombres, o de nuestra condición socioeconómica.

Dicen que afecta la libertad de opinión. Parece que la derecha no concibe opinar sin hacer daño o sin agredir a otra persona. Eso me parece gravísimo.

Por último, se escudan en la ley de culto. Como mujer católica, quiero decirles que, si su líder religioso habla de Dios y al mismo tiempo dice que tienen que discriminar u odiar a alguien, cámbiense de líder religioso, cámbiense de religión, cámbiense de iglesia o de culto, porque las personas que odian no son de Dios. A ustedes se lo digo, diputadas del Frente Social Cristiano: si su pastor les dice que ustedes odien a las personas, debo decirles que Dios nunca dijo eso. Dios promulgaba el amor. Se están equivocando absolutamente, pero no importa, porque, como ustedes saben, hay un Dios que todo lo ve.

Quiero hacer un llamado a la cordura y a que evolucionemos como país. El subdesarrollo del que tanto les gusta hablar se demuestra precisamente en esto: en la incapacidad que tienen los parlamentarios de legislar en un Estado laico para el bienestar de las personas y no para sus propios fetiches. En particular, con el Partido Republicano y el Frente Social Cristiano, retrocedimos décadas aquí.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Carlos Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, llevamos 45 minutos sesionando sin quorum. Ahora lo acabamos de alcanzar, pero le comento que mientras la diputada Carmen Hertz ejerció la presidencia se comprometió a suspender la sesión si no había quorum en la Sala. Me gustaría que usted también asumiera ese compromiso, porque no puede ser que den discursos tan incendiarios, pero demuestren, con apenas un tercio de la Cámara de Diputados presente, que en realidad no les importa mucho la discusión.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Diputado Meza , efectivamente es como usted señala. Sin embargo, me indican de la Secretaría que tenemos quorum en este minuto. Si vuelve a ocurrir la circunstancia que usted menciona, que efectivamente ocurrió, vamos a suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, lo primero que quiero decir es que la “ley Zamudio” no solo protege a los discriminados por su opción o condición en el mundo LGTBIQ+. La “ley Zamudio” viene a proteger a todos los discriminados.

Si bien es cierto yo tengo una condición social que me ha permitido gozar de beneficios que probablemente mucha gente en mi condición física como discapacitado no ha gozado, pido que elevemos un poquito el tono de los discursos. Cuando hablamos de la “ley Zamudio” y de los discriminados, hablamos no solo del mundo LGTBIQ+, sino también del mundo de la discapacidad, del mundo de la pobreza, del mundo de los analfabetos.

Siempre he sido una persona que busca la inclusión. Estoy en política para incluir; no estoy en política para excluir. Me he presentado a todas las elecciones sin argumentar que debo tener un cupo especial por mi condición de discapacitado, y me ha ido bien.

He estado en posiciones más progresistas y en posiciones menos progresistas, pero a mí me preocupan varias cosas de las que hoy estaríamos aprobando.

Lo primero es que estaríamos aprobando algo menos malo y no óptimo para la discriminación.

Lo segundo es que estaríamos aprobando algo que, al cambiar el peso de la prueba, está eliminando la presunción de inocencia. Todo ser humano, incluso un discapacitado, merece la presunción de inocencia, porque es la base fundamental del Estado de derecho y de la democracia.

Adicionalmente a aquello, me parece que, si nosotros buscamos la inclusión, estamos al menos poniendo al mundo de la discapacidad como un grupo peligroso, en donde no voy a querer molestar ni que se me vayan a imputar ciertas acciones, ya sea por los propios afectados o por terceros que interpretan. Desde ese punto de vista, si he luchado mi vida entera por que al menos el mundo de la discapacidad se incluya, hoy no puedo generar ese riesgo para ese grupo tan querido y tan vivido, al cual pertenezco con orgullo.

Me van a disculpar quienes piensan distinto, pero este proyecto no mejora las condiciones. Si bien es cierto mejora algunos trámites de las mismas, genera exclusión.

Por lo tanto, votaré en contra este proyecto en general.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señor Presidente, voy a votar en contra este proyecto de ley. Es lamentable cómo utilizan en muy mala forma el terrible asesinato de Daniel Zamudio . Este proyecto es una muestra de aquello, ya que detrás de esta idea se encuentra la ideología trasnochada del Frente Amplio y del Partido Comunista.

En resumen, este proyecto pretende determinar la validez de las opiniones en función de la orientación sexual de las personas. Eso es totalmente discriminatorio, pero sobre todo odioso.

Parece que quieren dividir a la sociedad, estableciendo que si eres heterosexual, hombre, chileno o agente del Estado, eres victimario, mientras que si eres indígena, mujer u homosexual, eres la víctima. ¿Hasta cuándo van a seguir con eso?

Además, buscan coartar la libertad de expresión, ya que una persona que diga, por ejemplo, que la migración llega con delincuencia podría ser denunciada por alguna institución o una ONG. Esa es la expertise del Frente Amplio. Con esto se habilita la persecución de opiniones por ser consideradas ofensivas.

Lo más increíble es que la presunción de inocencia se vería afectada y la carga de la prueba recaería en el denunciado, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley e instaurando la igualdad sustantiva.

¿En qué país están viviendo? ¿Por qué no tienen la valentía, por qué no se atreven a enfrentar a los verdaderos malos de este país: a los delincuentes y narcotraficantes? ¿Por qué no se atreven a invertir la carga de la prueba en esos casos? No se atreven, porque les tienen temor, les tienen miedo.

Por último, no menos importante es que no habría multa para quienes realicen denuncias temerarias, es decir, sin un fundamento plausible. Eso me hace recordar lo que sucedió hace un par de años con la falsa denuncia contra la comisaría de Baquedano, la de plaza Italia, que algunos parlamentarios de este hemiciclo dijeron que era verdad. Resultó ser una falsa denuncia de una falsa víctima, que decía que en ese sector los carabineros torturaban. Todo eso fue mentira, pero con este proyecto de ley hoy el Frente Amplio y, especialmente, el Partido Comunista pretenden que eso sea verdad.

Estoy a favor de combatir con todo la discriminación, porque en Chile nadie puede ser discriminado, pero con este tipo de proyecto, con este sesgo ideológico, no vamos a avanzar.

Por lo tanto, votaré en contra el proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señorita Presidenta, yo no puedo aceptar que en la discusión de un proyecto de ley antidiscriminación se permita a una diputada, a través de su discurso, ofender al 99 por ciento de los pastores, a la actual ley de culto y a la actual legislación.

Por lo tanto, no puedo permitir que una diputada que dice ser católica ofenda de esa manera a los pastores evangélicos, mintiendo y calumniando, porque los pastores no les dicen a los miembros de sus iglesias que tienen que discriminar. Eso lo encuentro totalmente fuera de lugar.

Por consiguiente, pido que se saquen esas expresiones de la intervención de la diputada Consuelo Veloso .

He dicho.

El punto de Reglamento es punto de Reglamento, y no una discusión en Sala al respecto. Tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka) .-

Señorita Presidenta, para iniciar mi intervención, quiero saludar a quienes nos acompañan hoy desde las tribunas, quienes estuvieron también durante toda la discusión de este proyecto de ley, que, por cierto, tardó mucho en salir desde la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

¿Sabe cuánto tardamos para que este proyecto de ley saliera de dicha comisión? Más de un año. Nos tardamos más de un año, porque se presentaron censuras antojadizas por parte de los diputados de enfrente, por parte de los mismos diputados que no creen en los derechos humanos ni reconocen la calidad de víctimas a nadie, a menos que se trate de ellos mismos.

Se presentaron excusas constantes para intentar trabar este proyecto de ley, y ¿saben por qué? Porque con una mano hablan de libertad mientras con la otra la cortan a punta de garrotazos.

Esos son los diputados que prefieren que existan más víctimas fatales, en lugar de ser consecuentes con su discurso del derecho a la vida. Quienes se oponen hoy son los mismos que dicen defender la vida del que está por nacer, siempre y cuando el niño no salga gay; obvio, pues, si así se vuelve una dictadura gay. Quizás de eso quisieran hablar.

Estamos discutiendo este proyecto de ley en este mes, en junio, que es el mes del orgullo; junio, que proviene de Juno, la diosa romana equivalente a Hera, diosa griega del amor y del matrimonio. Juno es la diosa romana del amor y del matrimonio; pero, del matrimonio homosexual, para qué vamos a hablar.

Qué bueno votar este proyecto de ley en este mes, porque todos deberíamos sentirnos orgullosos de saber quiénes somos. Yo me siento orgullosa de ser mapuche, y como mapuche, viviendo la discriminación que me ha tocado vivir, también he conocido casos de discriminación en otros espacios.

Por eso nos vamos a posicionar a favor de la no discriminación.

En mi cultura existía antiguamente el derecho a amar libremente. Conocidos son los denominados machi weye, autoridades ancestrales que representaban dos espíritus: hombre y mujer, es decir, epu püllü. ¡Qué bonito!, ¿no? Así deberíamos pensar todos.

Acá se habla de los problemas de salud mental aludiendo a las comunidades LGTBIQANB+, cuando lo único que produce problemas de salud mental es la discriminación. Se sabe que quienes pertenecen a esas comunidades tienen más probabilidades de relatar que han tenido un intento de suicidio en el último año o en el transcurso de su vida. Por eso se creó la línea telefónica *4141, cuyo objeto es la prevención del suicidio.

Por el miedo de que mis amigues no vuelvan con vida a sus casas, votaré hoy a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señorita Presidenta, me sorprende el bajo nivel de la discusión que está teniendo la derecha en este tema tan esencial; poca densidad, y falacias que de verdad deberían avergonzar a quien tenga un mínimo de formación política.

Ya en la educación media nos enseñan que existe la falacia ad hominem, que, básicamente, para que allá enfrente se entienda, es atacar a quien emite una opinión para evitar ir al fondo del asunto.

Hace poco un diputado señaló, y cito: “Esta ley es un atentado contra la democracia. ¿Por qué? Porque la impulsan el Partido Comunista y el Frente Amplio”.

¿En serio que esos van a ser los argumentos para rechazar este proyecto de ley? De verdad, avergüenza un poco tener adversarios políticos con ese nivel de argumentación.

Tratemos este tema en serio. El proyecto de ley que discutimos viene a modificar cuestiones esenciales para la ley antidiscriminación.

Primeramente, amplía el objeto de la ley, precisa que el acto de discriminación lesiona los derechos fundamentales del discriminado y reconoce la discriminación indirecta.

En cuanto a lo procedimental, valoro que este proyecto reestructure el proceso civil y permita demandar la indemnización dentro del mismo juicio de la acción de no discriminación.

No obstante, más allá de este proyecto de ley, que me parece del todo necesario, mi preocupación va más al fondo.

La ley es lenta en cambiar las conductas de las sociedades, especialmente aquellas que juran que son las víctimas de los cambios, porque se verán, según ellos, limitados de botar espuma por la boca en aras de la libertad de expresión.

Llegamos a un absurdo donde el opresor se dice oprimido; donde, para quienes se oponen a este proyecto, el discriminado es el victimario, y donde la justicia castiga a quien pide clemencia.

Estamos en un momento esquizofrénico y de poca racionalidad en que la derecha, la cada vez más conservadora derecha, nos acusa de violar los derechos humanos justamente cuando legislamos para fortalecerlos.

Creo que debemos centrarnos nuevamente en ver los avances civilizatorios que implica este proyecto en su letra, no en la fantasía ni en los sueños de aquellos que inventan cualquier cosa para quedarse tranquilos y votar en contra este proyecto, que no les afecta en nada y que permitiría tener una sociedad mejor para todas y todos.

Llamo a aprobar este proyecto de ley para tener una sociedad más humana.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señorita Presidenta, desde la UDI vamos a votar en contra este proyecto de ley, que se ha transformado en una verdadera ley mordaza, porque lo que pretende, más allá de las ironías del debate que hizo el diputado Hirsch , es acallar a quien piensa distinto, es decirle, “Mire, si usted denuncia a alguien, no necesitará demostrar su culpabilidad. La otra persona deberá demostrar su inocencia”. Este es un punto esencial de la igualdad ante la ley que está siendo vulnerado en este proyecto de ley.

Les puede gustar o no, podrán estar incluso de acuerdo, pero aquí existe una vulneración al principio de igualdad ante la ley, ante la forma en la cual probatoriamente se deben demostrar los hechos o los delitos en nuestro país; y no solo eso, sino que, además de esta vulneración a la igualdad ante la ley, se establece que un denunciante no puede ser condenado en costas, cuidando así al denunciante falso.

Entonces, lo que se empieza a instalar con proyectos de este tipo es decir que aquí hay un grupo de personas que legalmente van a tener una preferencia al momento de demostrar en un juicio cuándo existe o no un delito; y no solo eso, sino que además, como lo saben hacer ustedes en forma extraordinaria, se empiezan a crear cargos y consejos donde, obviamente, se aseguran de tener mayoría. Cuando haya un representante del INDH en un consejo asesor, no creo que vaya a ser muy objetivo, porque nunca lo han sido. Cuando haya un representante de la Comisión de Derechos Humanos… Ustedes actualmente tienen mayoría en dicha instancia, por lo que saben perfectamente quién va a ser el representante.

A través de este tipo de leyes pretenden hacer dos cosas: primero, vulnerar la igualdad ante la ley, cuestión esencial en el Estado de derecho; segundo, crear comisiones, cargos y reparticiones al interior del gobierno, donde van a dejar amarrada a su gente, y donde al mismo tiempo van a ser capaces de tener mayoría para ir impulsando normas que, como estas, vulneran principios esenciales del derecho.

Dense cuenta de algo: si a una persona la denuncian en la actualidad por cualquier delito, el denunciante debe probar la culpabilidad. Con este proyecto de ley, si una persona es denunciada, tendrá que demostrar su inocencia.

Esto está conceptualmente mal diseñado, porque busca amordazar a quienes piensan o a quienes pensamos distinto, y se genera una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

Por este y por otros motivos, que en solo tres minutos no alcanzo a explicar, desde la bancada de la UDI votaremos en contra.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señorita Presidenta, saludo por su intermedio a las personas que nos acompañan en las tribunas.

Quiero partir diciendo que siempre he estado a favor y he apoyado todo este tipo de iniciativas que se han presentado a lo largo de estos seis años.

La ley antidiscriminación, mayormente conocida como “ley Zamudio”, ha sido un relevante avance para los derechos de las personas en materia de no discriminación en los últimos años en nuestro país. Me atrevo a decir que ha sido el primer paso legislativo hacia la visibilización de conductas discriminatorias normalizadas en nuestro país por siglos. Hoy permite encontrar en ella el marco regulatorio preciso para su desarrollo en otras regulaciones más específicas.

Por ello, creo preciso hacer un reconocimiento a la misma, por cuanto, desde su entrada en vigencia, podemos hablar quizás de una conciencia colectiva en contra de la discriminación en ámbitos tan diversos como el laboral, el académico, el deportivo, el de las materias de género, entre muchos otros.

En ese sentido, la “ley Zamudio” se ha constituido como una primera respuesta o reacción estatal ante los actos de discriminación en contra de los ciudadanos motivados por razones múltiples, aun cuando podamos observar también, críticamente, algunas deficiencias.

Por ello, es justo que una ley que ya lleva años en aplicación sea objeto de un profundo análisis y revisión desde la óptica de mejoras regulatorias que adapten su contenido y aplicación a los tiempos actuales y a las características de la sociedad chilena actual, en la cual el tema migratorio, día a día, genera intensos debates.

Reconocemos el esfuerzo legislativo por mejorar particularmente la aplicabilidad de la ley antidiscriminación, pero creemos, respetuosamente, desde un análisis del texto, que existen varios puntos que mejorar y revisar con mayor detalle, en particular la carga de la prueba y la agravante que se incorpora al Código Penal. Creemos necesario precisar la norma a fin de evitar un trato desproporcionado e injustificado.

La experiencia nos dice que, desde la entrada en vigor de la ley, ha habido pocos casos judiciales exitosos, básicamente originados por algunos obstáculos procesales para los denunciantes, los que urge mejorar, pero con rigurosidad.

Por otro lado, valoro la inclusión de la necesidad de prevención de la discriminación. Esta reforma proporciona esa mirada de política pública a largo plazo que todo proyecto de esta naturaleza requiere, pues precisamente con más y mejor prevención lograremos el cambio cultural hacia el respeto pleno de los derechos de todas las personas, sin distingos de ningún tipo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señorita Presidenta, encuentro inaceptable que los comunistas y los frenteamplistas utilicen una causa noble o que manipulen la imagen de Daniel Zamudio , víctima de un crimen horroroso, con tal de conseguir sus fines.

Los de enfrente no son defensores de la libertad ni adalides de la antidiscriminación. De lo contrario, veamos cómo viven los ciudadanos oprimidos por las tiranías gobernadas por ellos cuando no tienen ningún contrapeso. Aunque les moleste a los zurdos, llamo a rechazar este vergonzoso proyecto, digno de sociedades decadentes y esclavizadas.

Como abogado y desde la técnica legislativa, me resulta impresentable aprobar un texto francamente peligroso para la democracia, como ya se ha argumentado. Lo digo aunque les moleste a los diputados de enfrente. De hecho, a esos diputados no les interesan los argumentos porque ya politizaron esta causa y los argumentos aquí ya no valen; no les interesan. Así que vamos a debatir en ese estadio.

Este proyecto destroza el concepto de la discriminación arbitraria porque cualquier cosa podría ser considerada discriminación arbitraria. Cualquier disenso a la ideología de género sería considerado discriminación arbitraria y, por tanto, perseguido, como les gusta a algunos. No solo cualquier disenso a esta ideología, sino cualquier palabra y pensamiento en todas las áreas de la sociedad.

Repito, con este proyecto de ley, a través de la expansión sin límite de la discriminación de género, se destruye todo tipo de libertad y disenso.

Además, se crea un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria, una verdadera policía del pensamiento. ¡Insólito, señorita Presidenta!

Llamo a rechazar este proyecto de ley digno de sociedades -insisto- decadentes, esclavizadas y totalitarias y de un verdadero régimen del terror del pensamiento, digno de la novela 1984 de George Orwell. Les recomiendo que la lean todos aquellos que aún tienen alguna luz en la mente, para que vean lo tiránica y decadente que podría llegar a ser esta iniciativa.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señorita Presidenta, cuesta realizar un debate sensato en una discusión legislativa de estas características cuando no hay argumentos.

El diputado que me antecedió, lamentablemente, con toda su verborrea no aporta en nada al debate de fondo. Habla de policía de las ideas y de un montón de cosas. En realidad, no es necesario ir a otras latitudes para saber lo que en Chile efectivamente fue una policía que se dedicaba a reprimir las ideas. Ese sector político no tiene ideas porque eran los victimarios y andaban persiguiendo a quienes pensaban distinto. Jamás van a entender lo que puede significar la discriminación, porque ellos la ejercieron durante 17 años. Esa es la realidad.

Me parece que hay antecedentes de sobra precisamente para avanzar en mejorar la ley contra la discriminación. No puede ser que el 62 por ciento de las personas LGBT se sientan discriminadas en algún momento de su vida. ¿Cómo eso no nos va a llamar a la urgencia de legislar? ¿Cómo no nos va a llamar a generar acciones concretas para que un porcentaje importante de nuestra población se sienta protegido en nuestro país?

Incluso, me parece preocupante que varios legisladores digan “ojo, la carga de la prueba”, como si fuera una cuestión que nunca se hubiese debatido en este espacio. Los llamo a leer el Código del Trabajo. En esta misma instancia se discutió crear la prueba indiciaria para la violación de derechos fundamentales en el ámbito laboral. Y actualmente se ejerce. ¿Eso qué significa? Que si un trabajador denuncia a un empleador y hay indicios suficientes en esa denuncia, es el empleador quien debe responder. Fíjense que eso existe a la fecha. Entonces, realmente, el nivel legislativo es paupérrimo, porque si no conocemos las normas que se aplican en nuestro país, cerremos por fuera.

Reitero, con este proyecto no se está innovando, sino incorporando algo que ya existe en nuestra legislación y que ha dado buenos resultados. Lo que se busca no es generar un cambio en la carga de la prueba, sino replicar una norma, que laboralmente ha sido exitosa, a un procedimiento que ha tenido muchas dificultades en su aplicación. Se busca dinamizar para que, el día de mañana, cualquier persona que se sienta discriminada pueda ir a un proceso eficaz y eficiente que le permita garantizar sus derechos.

Vamos a aprobar esta iniciativa y, gustosos, vamos a dejar en evidencia a los de siempre.

He dicho.

El señor MEZA.-

Señorita Presidenta, el artículo 90, número 6, del Reglamento señala que un diputado incurre en falta al orden si: “Falta al respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los ministros con acciones o palabras descomedidas, o -en esto quiero hacer hincapié- con imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes.”.

En esta discusión, el diputado que me antecedió utilizó una palabra expresa. Espero que en esta oportunidad la Mesa no patee para el córner la pelota y resuelva inmediatamente, porque el diputado Ramírez acaba de apuntar hacia este sector de la Sala, tratando de victimarios a los diputados.

Por ello, señorita Presidenta, le pido que, de una vez por todas, se sancione al diputado. Primero, se nos recordó una época. Le recuerdo, Señorita Presidenta…

-Manifestaciones en la Sala.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Diputadas, les pido, por favor, guardar silencio para escuchar el punto de Reglamento del diputado Meza .

Diputado Meza , continúe, por favor.

El señor MEZA.-

Muchas gracias, señorita Presidenta.

Se hizo una imputación específica al tratar a los diputados de este sector de victimarios de violación a los derechos humanos, porque ese es el contexto en el que habló el diputado Ramírez . Usó la palabra “victimarios”. Espero que al menos una de las personas sentadas en la testera la haya escuchado y recuerde esa palabra, para que no se nos diga que van a revisarlo, y para que se sancione ahora, en este momento, esa falta al orden, señorita Presidenta. Eso es lo primero.

Lo segundo es que me habría gustado ser tan superdotado, cuando tenía cuatro o cinco meses de nacimiento, para haber participado en el gobierno militar. Lamentablemente, nací muy tarde.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Señor diputado, respecto de lo que usted solicita, como Mesa, por definición de la buena aplicación del Reglamento, hemos decidido que, cada vez que se haga una solicitud de llamado al orden, se pida al Secretario que revise de manera rigurosa la intervención, a través del video, para que se haga el llamado al orden correspondiente. En ese sentido, una vez que se hace la revisión, la Secretaría nos propone una sanción y sobre la base de eso la aplicamos por escrito para que los diputados y diputadas tengan la posibilidad de defenderse.

Por lo tanto, ese criterio, diputado Meza , lo vamos a aplicar para todos los parlamentarios y parlamentarias. Lo hemos hecho así en todos los casos solicitados, y en esta oportunidad no vamos a variar al respecto, pues creemos que es la acción más responsable de aplicación del Reglamento. No por eso no se sanciona. Las sanciones se han aplicado cada vez que se ha considerado adecuada la reclamación que un parlamentario o parlamentaria ha hecho en la Sala.

Así, señor diputado, tomaremos en consideración su punto de Reglamento y se hará la revisión correspondiente a la brevedad para poder tomar una resolución como Mesa. Tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval .

El señor IRARRÁZAVAL.-

Señorita Presidenta, ya ha quedado de manifiesto que este proyecto contiene muchos vicios de constitucionalidad, por eso seré muy práctico en hacer las reservas de constitucionalidad.

Primero, por el artículo 19, número 3°, de la Constitución, el cual garantiza a los ciudadanos la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y establece las principales garantías en materia de derecho procesal.

Se trata de un proyecto de ley que carece de racionalidad si se le contrapone con la tradición procesal chilena, con disposiciones que invierten la carga de la prueba, con disposiciones que establecen responsabilidades sin la claridad que debiesen tener normas de esta índole.

Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad respecto del artículo 1°, números 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 24 y 27; del artículo 2°, números 1 y 2, y del artículo 3°.

Segundo, por el artículo 19, número 4°, de la Constitución, el cual garantiza a las personas la protección de su honra. Existe una norma que, en pleno desarrollo del proceso en que impera, por tanto, la presunción de inocencia, establece que el demandado deba exhibir junto a su publicidad una nota, lo que ocasiona un daño evidente en la reputación de este.

Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad respecto del artículo 1°, número 18.

Finalmente, por el artículo 19, número 6°, de la Constitución, el cual garantiza a las personas la libertad de conciencia, así como también por el número 9° de dicha norma, el cual garantiza a las personas el derecho de la protección de la salud y el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

El proyecto de ley prescribe la existencia de actividades en el ámbito de la medicina, psicología o psiquiatría en circunstancias en que en una sociedad libre y democrática deben ser las personas y no el Estado las llamadas a ejecutar valoraciones de este tipo de terapias.

Ello, sin contar con que se enloda de buenas a primeras el trabajo de disciplinas que son dinámicas, como es el caso de la medicina, la psicología y la psiquiatría.

Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad respecto del artículo 1°, números 2 y 3.

Haré llegar a la Secretaría el documento que acabo de leer para que quede constancia de lo que he señalado de la manera más fehaciente posible.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señorita Presidenta, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.609, llamada “ley Zamudio”, correspondiente al boletín N° 12748-17, no busca mejorar la aplicación de una normativa que ya está vigente en nuestro país, sino más bien realizar una imposición aún más radical que la actual de ideología de género por vía legal.

El texto altera sustancialmente el ámbito de acción que le compete al Estado respecto de la discriminación por medio de la palabra “erradicar”. Como ya es común, el progresismo se inmiscuye en los aspectos más personales de la vida, imponiendo sus ideas sin dar espacio al que piensa diferente.

Esta iniciativa no solo crea nuevas situaciones, figuras o tipos de discriminación, sino que limita y suprime derechos fundamentales, como la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la objeción de conciencia, el derecho de asociación, la libre iniciativa y el libre ejercicio profesional.

Otro punto preocupante es que se establece como uno de los objetivos de la ley la promoción de la igualdad, sin indicar que se trata de igualdad “ante la ley”. Lo anterior no es sino otro paso más en el progresismo, remplazo que viene realizándose de dicho principio fundamental por el de la igualdad sustantiva, que es aquella que legitima y valida los privilegios y tratamientos especiales a ciertas personas o grupos que el principio de igualdad ante la ley prohíbe.

Del análisis normativo es posible concluir que el proyecto avanza en una sustitución paulatina del principio de igualdad ante la ley por el principio de igualdad sustantiva o de resultado.

Otro punto muy alarmante es que el proyecto avanza en una sola aplicación de una terapia afirmativa de identidad sexual que hoy en Europa y Estados Unidos sigue causando estragos en niños y adolescentes que, sin destino, van camino al suicidio. En Chile no podemos negar a nuestros jóvenes la alternativa de revertir el trastorno simplemente para que un grupo de activistas que cree tener la verdad absoluta realice ingeniería social para sentirse cómodo con su sexo biológico, el cual le entregó Dios al momento de la concepción.

Me pregunto si nuestro Parlamento está consciente de esto y se encuentra a la altura de poder dimensionar el alcance que tiene esta norma o si, por el contrario, nuevamente se cederá ante las presiones del progresismo, ya sea por ignorancia, complicidad o conveniencia en el corto plazo, dañando irreparablemente a futuras generaciones.

Por eso, voy a votar en contra todo el proyecto.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, los socialistas creemos que siempre hay que impulsar iniciativas destinadas a tener una sociedad multicultural, tolerante, solidaria, donde todos los chilenos vivamos en una cultura de respeto al diferente, a la diversidad, erradicando todo tipo de discriminación y de violencia. Ese es nuestro ideal. Hoy día este ideal será puesto en votación, porque se votará en general la idea de legislar sobre una modificación a la ley antidiscriminación; una modificación a la ley N° 20.609, también llamada “ley Zamudio”. Se trata de una iniciativa de ley que busca garantizar que en Chile todos seamos iguales ante la ley; que no haya abuso, discriminación ni violencia.

La votación, a favor o en contra, va a tener que ver con eso: si creemos que realmente la ley que hoy se plantea modificar erradicó la discriminación arbitraria en nuestro país o no lo ha hecho.

Hay muchos acá que han dicho que van a votar en contra la iniciativa, es decir, están conformes con el estado de la sociedad en materia de discriminación. Les advierto que hoy día en nuestra sociedad hay millones de personas que se sienten miradas en menos por razones socioeconómicas, por razones raciales, por su orientación sexual; se sienten humilladas, menoscabadas, postergadas. Hay discriminación laboral. ¿Quién no ha vivido en el acceso a los trabajos la frustración de verse postergado por alguien que tenía un apellido vinoso o que tenía mejores “pitutos”? ¿Quién no se ha visto menoscabado en los ascensos, en los sueldos o en la renovación de los contratos, en el ámbito laboral? En materia educacional, lo mismo.

Este proyecto de ley fortalece las normas antidiscriminación y protege a las personas discriminadas. Los que vamos a votar a favor de la iniciativa estamos a favor de los discriminados, pues creemos que necesitan más garantías, acciones judiciales y derechos para materializar ese ideal, mientras que los que van a votar en contra quieren que las cosas sigan igual.

Lamento que estemos sufriendo una involución como Congreso. Cuando se votó la “ley Zamudio”, en 2012, hubo muchos parlamentarios de derecha que votaron a favor la iniciativa. René Manuel García, José Miguel Ortiz , Germán Becker , Maximiliano Errázuriz y Arturo Longton , entre otros, votaron a favor la ley antidiscriminación, cuya tramitación se inició en 2005; sin embargo, hoy sus sucesores quieren votar en contra esta norma. Como vemos, hay una regresión valórica y moral en nuestro Congreso que me parece preocupante.

Los socialistas vamos a votar a favor, porque se necesita proteger a los discriminados en nuestro país.

He dicho.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Sara Concha .

La señorita CONCHA (doña Sara) .-

Señorita Presidenta, de conformidad con el artículo 91, número 6, del Reglamento, le pido que ratifique mi solicitud sobre eliminar las palabras ofensivas hacia los pastores, emitidas por la diputada Veloso .

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).- Como señalamos en su momento, la Secretaría está mandatada para revisar el video en relación con el punto al cual hace referencia.

Cuando tengamos una sugerencia de la Secretaría, una vez terminada la sesión -no es posible hacerlo en este momento-, la Presidencia informará la resolución respecto de su solicitud.

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señorita Presidenta, dado que se acordó cerrar el debate, ¿podría repetir lo que dijo? Lo pregunto, porque no se escuchó lo que se señaló debido a la discusión que teníamos.

¿Votaremos en general y luego nos tomaremos un tiempo para hacerlo en particular?

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).- Así es, señor diputado.

Reitero: dado que se aprobó cerrar el debate, ahora debemos proceder a la votación en general y en particular. Sin embargo, como no hubo acuerdo para votar en particular mañana, tendremos que hacerlo hoy, pero para ello primero se requiere elaborar la minuta de votación correspondiente.

Por lo tanto, la Secretaría nos ha indicado que, de aprobarse el proyecto en general, tendremos que suspender la sesión y volver más tarde para votar en particular.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señorita Presidenta, ya que no alcancé a intervenir en el debate, a continuación procedo a hacer reserva de constitucionalidad al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación (boletín Nº 12748-17).

Formulo reserva de constitucionalidad al inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 20.609, contenido en el artículo primero, numeral 18, del proyecto de ley, el cual infringe el artículo 19, numeral 2°, incisos primero y segundo de la Constitución, debido a que en este caso el legislador establece una diferencia arbitraria e irracional, constituyendo una tutela anticipada sin margen de discrecionalidad para el juez, siendo suficiente que el demandante efectúe la solicitud de que se inserte una advertencia.

Además, la inserción de esta advertencia en un video, texto o material producido por una persona constituye infracción al artículo 19, numerales 4° y 6°, inciso primero; 11°, inciso primero, y 12°, inciso primero, todos de la Constitución, debido a que la intromisión de una nota aclaratoria en un material destinado a difundir distintas ideas de una persona o de un grupo de personas afectará su honra, su libertad de conciencia, su libre expresión u otros derechos fundamentales garantizados por la Constitución, aún más si se tiene en cuenta el estigma social que implica ser demandado por la ley N° 20.609.

Asimismo, formulo reserva de constitucionalidad en contra del inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 20.609, contenido en el artículo primero, numeral 22, letra c), del proyecto de ley, por infringir el artículo 19, numeral 2°, incisos primero y segundo de la Constitución, debido a que contempla una sanción excesiva y desproporcionada para la persona que discriminó conforme a la nueva ley, la cual cobra vigencia si se tiene en cuenta el sistema global de multas.

En otras normas, con conductas mucho más graves, como en el caso del Código Penal, las faltas son sancionadas con no más de 4 UTM, y, en el caso de los crímenes, las penas de carácter económico no exceden las 30 UTM.

He dicho.