Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En el Orden del Día, según lo acordado, corresponde tratar, con las reglas de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que concede la nacionalidad, por especial gracia, al destacado entrenador deportivo Eduardo Pérez Téllez .

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Jaime Mulet .

Antecedentes:

-Moción, sesión 66ª de la legislatura 371ª, en lunes 21 de agosto de 2023. Documentos de la Cuenta N° 31.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 49ª de la presente legislatura, en lunes 8 de julio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor MULET (de pie).-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer a la Cámara la unanimidad para tratar este proyecto con las reglas de Fácil Despacho, por la importancia que tiene, especialmente en este día.

En nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero parlamentario, iniciado en moción de las diputadas Camila Musante y Carolina Tello , y de los diputados Cosme Mellado , Jaime Mulet , Hernán Palma , Víctor Pino y Marco Antonio Sulantay , que concede la nacionalidad, por especial gracia, al destacado entrenador deportivo Eduardo Pérez Téllez .

Constancias reglamentarias

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se deja constancia de lo siguiente:

La idea matriz del proyecto es conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano cubano y destacado entrenador deportivo para Chile señor Eduardo Pérez Téllez.

Normas de quorum especial El proyecto es de quorum simple.

Trámite de Hacienda No requiere.

La idea de legislar fue aprobada por unanimidad (10 votos a favor).

Participaron en la votación las diputadas Danisa Astudillo , Catalina Pérez y Carolina Tello , y los diputados Miguel Becker , Bernardo Berger , Fernando Bórquez , Juan Fuenzalida , José Carlos Meza , Rubén Oyarzo (Presidente) y Matías Ramírez .

Se designó diputado informante al señor Jaime Mulet .

Al respecto, agradezco, sinceramente, el gesto de la comisión, ya que no formo parte de ella.

Antecedentes La moción.

Eduardo Pérez Téllez es un atleta de lucha, nacido en Cuba y radicado en Chile desde marzo de 2019. Entre sus títulos figuran los siguientes: profesor de Cultura Física (1972), licenciado en Cultura Física (1977), diplomado en Ciencias (1999), máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo (2000) y especialista de primer grado en lucha (2008). Además, cuenta con catorce cursos de posgrado de diferentes especialidades.

Fue atleta de lucha entre los años 1968 y 1972, como también árbitro nacional categoría superior de luchas. En el Instituto Superior de Cultura Física ejerció como jefe de la cátedra de Lucha, jefe del Departamento de Deportes de Combate y tutor de más de sesenta trabajos de diplomas para optar al título de licenciado en Cultura Física. Asimismo, fue miembro de la Comisión Técnica Nacional de Lucha en Cuba, desde 1976 a 2000, y participó como miembro del Consejo Nacional de Capacitación Deportiva entre los años 1978 y 1989. También fue jefe técnico de la delegación cubana en los siguientes eventos: Juegos de la Buena Voluntad (Estados Unidos, 1998); Juegos Centroamericanos (Colombia, 2006); Juegos del ALBA (Venezuela, 2007); Juegos Panamericanos (Brasil, 2007), y miembro ejecutivo de la Confederación Panamericana de Luchas (2011-2021).

Además, se ha desempeñado como profesor de educación física, entrenador de lucha en la Escuela Especial de Niños, entrenador de escolares en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), de La Habana; profesor de luchas en el Instituto Superior de Cultura Física de Cuba, jefe de Departamento de Deportes de Combates de la Universidad Nacional del Deporte, entrenador del equipo nacional de lucha libre de Cuba, asesor nacional para los deportes de combate de Cuba, jefe del Departamento Técnico-Metodológico Nacional de Alto Rendimiento, presidente de la Federación Nacional de Luchas de Cuba, y metodólogo de la Dirección Nacional de Ciencia y Técnica del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Ha sido también director de eventos desde 2003 hasta la fecha, organizando la mayoría de los certámenes de luchas que se efectúan en el continente, entre ellos los siguientes:

XVIII y XIX Torneos Panamericanos de Lucha (Guatemala 2003-2004); Mundial Juvenil (Guatemala , 2006); Torneo Panamericano en Chile, 2013; Torneo Panamericano Juvenil , Venezuela 2016 ; Juegos Olímpicos de la Juventud 2018/Juegos Suramericanos, 2022.

De igual forma, se ha desempeñado como instructor de cursos nacionales e internacionales en varios países. En este sentido, pueden mencionarse los cargos desempeñados como asesor metodológico y entrenador del Equipo Nacional de Lucha en Nicaragua (1988-1990), jefe del grupo asesor deportivo en Belice (2001- 2003), asesor del viceministro de Deportes de Venezuela (2015-2017), presidente del Comité Académico de la Especialidad de Postgrado de Luchas, delegado en dos juegos olímpicos, tres juegos panamericanos, cinco congresos mundiales, tres copas del mundo, ocho congresos panamericanos y seis campeonatos mundiales.

En sus múltiples entradas a Chile, a partir de la década del 90, se destacan las siguientes actividades que ha desarrollado:

Desde 1993 ha asesorado a la Federación de Lucha de Chile (1993-2000).

Ha dirigido a los deportistas de más alto rendimiento en competencias internacionales fuera de Chile.

Ha impartido capacitación a los técnicos de lucha y de deportes de combate.

Ha participado en seminarios de capacitación para los metodólogos de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder).

Ha participado en cursos de solidaridad olímpica.

Ha tomado parte en la organización de eventos nacionales e internacionales, ligas escolares y exhibiciones.

Ha acompañado a los deportistas nacionales en casi todos los eventos celebrados entre 2019 y 2022.

Ha sido gerente técnico de la Federación Chilena de Luchas desde 2019 a la fecha.

Durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 participó en la elaboración, control y evaluación de los objetivos estratégicos de los Juegos Panamericanos realizados en Santiago en 2023.

Por último, la moción destaca que ha participado en más de treinta eventos científicos nacionales e internacionales, que posee nueve publicaciones y que ha recibido nueve condecoraciones ministeriales, por ejemplo, entre ellas, seis Sellos Forjadores del Futuro, La Orden Mártires de Barbados, La Estrella de Oro de la Federación Internacional de Luchas (2010), y el Botín de Oro del United World Wrestling Américas (2014).

Discusión y votación del proyecto Discusión general.

Durante la discusión general, el diputado Mulet expresó que esta moción, apoyada por parlamentarios de distintas bancadas, se originó en una solicitud que le planteó el Comité Olímpico de Chile, en su calidad de integrante de la Comisión de Deportes y Recreación de esta Corporación. Luego, destacó algunos de los logros deportivos alcanzados por el señor Eduardo Pérez , así como su exitosa trayectoria como instructor en su especialidad deportiva, tanto a nivel nacional como internacional. Igualmente, puso de relieve sus vínculos con Chile, que datan de la década de 1990.

Agregó que, gracias a su contribución, nuestro país ha podido tener hoy un rol destacado en la lucha, particularmente en los Juegos Panamericanos. Precisamente, el equipo de lucha de Chile logró medalla de oro panamericana por primera vez. Acotó que el profesor Pérez Téllez entrena, entre otras personas, al gran deportista y medallista chileno Yasmani Acosta .

Votación en particular.

El proyecto consta de un solo artículo, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano cubano y destacado entrenador deportivo para Chile Eduardo Pérez Téllez .

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización aprobó por unanimidad el artículo único.

Artículos e indicaciones rechazados.

No hay.

Indicaciones declaradas inadmisibles.

No hay.

Texto del proyecto aprobado

Como consecuencia de lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer el diputado informante, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala la aprobación del siguiente:

“Artículo único.- Concédase, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano cubano y al destacado entrenador deportivo para Chile, Eduardo Pérez Téllez .”.

Esto fue acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 2 de julio del año 2024, con la asistencia de las diputadas señoras Danisa Astudillo , Catalina Pérez , Joanna Pérez y Carolina Tello , y de los diputados señores Miguel Ángel Becker , Bernardo Berger , Fernando Bórquez , Juan Fuenzalida , Cosme Mellado , José Carlos Meza , Rubén Oyarzo (Presidente), Matías Ramírez y quien informa, Jaime Mulet .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señorita Presidenta, recién me refería a lo hermoso que va a ser hoy, entre las 13:00 y las 14:00 horas.

Por supuesto que esto va de la mano con el éxito que ha tenido Yasmani Acosta Fernández , nuestro deportista olímpico.

Se trata de don Eduardo Pérez Téllez , de un cubano, de un atleta cubano que tiene licenciatura, diplomado, maestría, posgrado, todo lo que necesita el deporte chileno en general en todas las ramas para profesionalizarse.

Acabamos de terminar recién una sesión más de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el deporte. Lo digo, porque cuando más profesional es el entrenador, es mejor el trato que se da a los deportistas, a las niñas, niños y adolescentes que sueñan con algún día tener una medalla como sí la tiene hoy nuestra Francisca Crovetto , quien nos llena de orgullo, o como los históricos, y por qué no mencionar al señor Massú , con doble medalla en una misma rama. Además, la historia nos obliga también a recordar a aquellas mujeres importantes, como las que han ganado el Premio Nacional del Deporte.

Por mi parte, va a tener todo mi apoyo aquel profesional que se dedique de esta manera.

Recordemos que Yasmani, su entrenado, fue un chico que vino a participar y que caminó por las calles esperando que Chile le diera la acogida necesaria, porque en su país no iba a poder ejercer este deporte, puesto que en la lucha grecorromana solo hay un representante olímpico.

En ese sentido, don Eduardo Pérez Téllez ha demostrado con creces hasta dónde ha podido llegar su entrenado y, por supuesto, él como entrenador refuerza y viene a darle una dimensión importante a lo que puede llegar a ser el fútbol nacional.

Es por eso que no solo apoyo esta mención independiente, en la que no me nombró el diputado informante, pero yo sí lo nombro, don Jaime Mulet ,…

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Ha terminado su tiempo, diputada. Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señorita Presidenta, primero, valoro este proyecto de ley, que busca entregar la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Eduardo Pérez Téllez , quien, como bien dijo el diputado Mulet , es un destacado atleta profesional que hoy no solo aporta a nuestro país desde los conocimientos, sino también entregándonos alegrías como técnico.

Por supuesto que estoy de acuerdo con aprobar este proyecto, pero también quiero hacer un llamado a este Congreso y a todas las autoridades.

Hace poquito tiempo también entregamos la nacionalidad, por especial gracia, a Néstor Almanza , a Eduardo Bernal y a Santiago Ford , deportistas que nos representaron durante el año 2023 en los Juegos Panamericanos, obteniendo medallas, uno de ellos una medalla de oro.

Hoy vamos a tener a uno de los grandes representantes de la lucha grecorromana, como lo es Yasmani Acosta , quien también peleará por la medalla de oro.

Sin embargo, quiero apuntar algo muy importante. En Chile tenemos una población migrante que está formando a un grupo de deportistas jóvenes con gran proyección, pero hoy, lamentablemente, muchas veces pierden oportunidades para competir porque no cuentan con la nacionalidad chilena.

Por lo tanto, nuevamente insisto y hago el llamado al gobierno, al Departamento de Extranjería, a todos quienes pueden apoyar y ayudar en esta materia para que no tengamos que estar recurriendo constantemente a estos proyectos de ley, sino que se abra el espacio a esos deportistas jóvenes que están a lo largo de Chile y que hoy necesitan del respaldo de nosotros para poder representar a nuestro país en las próximas competencias.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

En segundo lugar, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 18.450, que Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada de Obras de Riego y Drenaje, para facilitar su aplicación en casos de catástrofes y emergencias que se indican, correspondiente al boletín Nº 16932-01.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

En remplazo de la señora Consuelo Veloso , rinde el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, la señorita Emilia Nuyado .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 43ª de la presente legislatura, en martes 18 de junio de 2024. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 60ª de la presente legislatura, en lunes 5 de agosto de 2024. Documentos de la Cuenta N° 15.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita NUYADO, doña Emilia (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley del epígrafe, originado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en incorporar en el articulado de la ley Nº 18.450 nuevas hipótesis para poder establecer mecanismos y exigencias que permitan abordar de manera más oportuna y efectiva los daños o efectos adversos producidos por una situación excepcional, como la declaración de zona afectada por sismos o catástrofes y la declaración de emergencia agrícola por los efectos de daño productivo.

El fundamento del mensaje de su excelencia el Presidente de la República recuerda que en el año 2023 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.597, que modifica y prorroga por siete años la vigencia de la ley Nº 18.450, que Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada de Obras de Riego y Drenaje.

Añade que esta norma incrementa los apoyos estatales a la pequeña y mediana agricultura, y a las comunidades y organizaciones de regantes, y se constituye en una importante herramienta de adaptación del sector agrícola al cambio climático, así como en una palanca para promover un desarrollo rural que entregue sus frutos a quienes más lo requieren y contribuya a enfrentar los desafíos sociales, ambientales y alimentarios del campo chileno, como también del país en su conjunto.

Dentro de las modificaciones incorporadas por la ley Nº 21.597, se incluye en el artículo 3°, inciso final de la ley Nº 18.450, la posibilidad de que en situaciones excepcionales de escasez hídrica o daño a la infraestructura de riego, la Comisión Nacional de Riego pueda establecer mecanismos y exigencias distintas a las señaladas en la ley o en su reglamento para abordar de manera más oportuna y efectiva los daños o efectos producidos.

Explica que para ello la ley vigente señala como condición para la aplicación del mecanismo indicado anteriormente que exista una declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

Hace presente que, sin embargo, los últimos eventos de daño de infraestructura de riego a nivel regional ocurridos durante el año 2023 e inicios de 2024, y especialmente la situación de escasez hídrica extrema que afectan a la Región de Coquimbo y a la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso, sugieren que la aplicación de la excepción señalada puede resultar excesivamente restrictiva, limitando el accionar eficaz de la comisión ante la concurrencia de este tipo de eventos.

Por todo lo anterior, este proyecto de ley tiene como principal objetivo modificar el inciso final del artículo 3º de la ley N° 18.450, incorporando nuevas hipótesis para poder establecer mecanismos y exigencias que permitan abordar de manera más oportuna y efectiva los daños o efectos adversos producidos por una situación excepcional, como la declaración de zona afectada por sismos o catástrofes y la declaración de emergencia agrícola por los efectos de daño productivo.

Resumen del contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley consta en un artículo único que dispone la sustitución del inciso final del artículo 3º de la ley N° 18.450 por tres nuevos incisos.

Trabajo realizado por la comisión

La comisión discutió en particular la indicación presentada por el Ejecutivo, cuyas observaciones están contenidas in extenso en el primer informe de la comisión.

En concreto, el proyecto de ley aprobado por la comisión en primer trámite reglamentario consta del siguiente artículo único: “Artículo único.- Sustituyese el inciso final del artículo 3º de la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, por los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“En caso de situaciones excepcionales de escasez hídrica o en las que se haya producido daño a la infraestructura de riego o afectación a su funcionamiento, por las cuales el Presidente de la República hubiere decretado estado de excepción constitucional de catástrofe o en su defecto, declarado una o más zonas afectadas por sismos o catástrofes de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley N° 16.282, la Comisión podrá establecer mecanismos y exigencias distintas a las señaladas en la presente ley o en su reglamento, con la finalidad de atenuar los efectos de la catástrofe, restablecer de manera oportuna los servicios o adaptar la infraestructura de riego a las condiciones imperantes en la zona. La Comisión no podrá modificar por esta excepción los porcentajes máximos de bonificación a los que alude el inciso tercero del artículo 1°, ni los requisitos regulados para el pago en el inciso primero del artículo 7°.

Las facultades señaladas en el inciso anterior también serán aplicables en las comunas respecto de las cuales el Ministerio de Agricultura hubiere declarado una emergencia agrícola, debido a la existencia de daños a la infraestructura de riego o de eventos de contaminación que afecten significativamente su funcionamiento y que generen perjuicio a productores agrícolas o habitantes rurales. Previo a la declaración, el Ministerio requerirá un informe técnico de la Comisión que acredite la afectación a la infraestructura de riego.

Los mecanismos y exigencias excepcionales deberán ser presentados ante el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego en la sesión siguiente a su establecimiento. La aplicación de los mecanismos o exigencias propuestos por la Comisión, y fundados en una declaración de zona afectada por sismo o catástrofe, o de emergencia agrícola, requerirá la autorización previa de la Dirección de Presupuestos.”.”. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro. Es grato verlo en la Sala, sobre todo cuando se discuten temas que golpean a una región tan importante como potencia agroalimentaria: la Región del Maule.

Voy a votar a favor de este proyecto, como lo he hecho en muchos otros. Pero quiero manifestar mi preocupación por el aprovechamiento que han hecho algunas personas de las catástrofes, involucrando a funcionarios de distintos organismos del Estado, para cobrar sobreprecio en las emergencias.

Voy a dar un dato. En la emergencia pasada, provocada por las inundaciones, a muchos pequeños empresarios, dueños de maquinarias que trabajaron en la emergencia, aún no se les paga. Investigando lo ocurrido, porque de oficina parlamentaria pasamos a ser más bien una oficina de investigación, supimos que a esos terceros se les estaba presupuestando pagar 20.000 pesos la hora por maquinaria.

No obstante, al que hacía el trato directo con la delegación o con la entidad correspondiente, le presupuestaban más de 100.000 pesos. ¡Hasta dónde llega la sinvergüenzura! Lo digo para que lo tenga presente el ministro.

Cuando en la Región del Maule sufrimos inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes, lo que nos preocupa es que la ayuda llegue rápido. ¿Y quién es el que actúa más rápido? Nuestros Prodesal, gente que ha sido postergada, gente que no depende del Estado, a quienes se les saca la mugre, que trabajan con sus vehículos propios. ¡Ellos son la primera línea! No son los que están para las fotos, en las que siempre vemos a otras autoridades. Son los que cargan los sacos de alfalfa, y digo que los cargan, porque la alfalfa ya no viene en fardo, sino en sacos y calugas.

Insisto, creo que el proyecto tiene una buena intención, pero debemos poner atención en los negocios que se están haciendo en las emergencias. Al ministro le voy a hacer llegar un dosier de denuncias que tenemos de gente a la que, desafortunadamente, no se le han pagado los trabajos que realizaron, como, por ejemplo, enrocados y desvíos de ríos. Ellos nos dicen que cobran 20.000 pesos la hora versus la negociación directa que hicieron las autoridades por más de 100.000 pesos. Eso no resiste análisis. Aquí se están robando la plata de todas y todos los chilenos.

Por mi parte, voy a seguir fiscalizando.

He dicho.

El señor BÓRQUEZ.-

Señorita Presidenta, estimado señor ministro, estimados colegas:

La legislación chilena debe adecuarse para abordar de manera más oportuna y efectiva los daños o efectos adversos producidos por situaciones excepcionales que afectan a nuestros sistemas de riego, esenciales para la producción agrícola.

En 2023, la ley que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje fue modificada para consagrar la posibilidad de flexibilizar los requisitos de acceso a los instrumentos de fomento en situaciones de catástrofe. Esa medida fue un paso positivo, ya que reconoce la urgencia y rapidez necesarias en los procesos de habilitación y reparación de sistemas de riego tras una catástrofe. Sin embargo, esta excepción no resulta del todo suficiente para enfrentar las diversas circunstancias que afectan al mundo rural y que dependen del sistema de riego.

Este proyecto proporcionará un mecanismo más adecuado para responder a las necesidades del sector agrícola en situaciones específicas y localizadas, sin depender exclusivamente de la declaración de un estado de excepción constitucional.

Señorita Presidenta, nuestra identidad como país agricultor y nuestra exposición constante a catástrofes naturales requieren una legislación que pueda adaptarse y responder con celeridad a las necesidades de nuestras comunidades rurales. La modificación propuesta en este proyecto de ley es un paso fundamental en esa dirección, asegurando que nuestras políticas de riego sean efectivas y oportunas ante cualquier emergencia.

Voy a votar a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro señor Valenzuela .

Hace unos días, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, me acerqué al ministro de Agricultura para contarle la dura realidad que aún viven nuestros agricultores en la Región de Ñuble. Desde el año pasado sufrimos los efectos de la catástrofe derivada de las inundaciones. Si no hubiese sido por la Comisión Nacional de Riego, simplemente no hubiésemos podido tener temporada de riego, porque, hasta el día de hoy, el Ministerio de Obras Públicas no se pronuncia respecto de las obras que tiene que hacer.

Señor ministro -por su intermedio, Presidenta-, para que usted se haga una idea, en el río Ñuble existen treinta bocatomas que todavía no recuperan su operatividad. Funcionan manualmente, pero antes eran electrónicas.

En Ñuble, la Comisión Nacional de Riego, de aquí a fin de año, solo tiene dos concursos para postular a obras de riego, lo que es absolutamente insuficiente para recuperar siquiera lo que había antes, no solo en el río Ñuble, sino también en el río Perquilauquén. La catástrofe no solo afectó a los agricultores, sino también a la zona central de la comuna de Ñiquén.

Ministro, el problema que tenemos es legal, y usted lo sabe. Hoy día los agricultores tuvieron que pedir permiso insistentemente al MOP para poder intervenir los ríos, cosa que la ley no permite; por lo tanto, no pudieron cooperar en el momento adecuado. Hay un problema de trámites y de permisología que es necesario solucionar.

Hay que darles más atribuciones a los ministerios. Este tipo de iniciativas nos va a ayudar a flexibilizar normas en épocas de emergencia y a enfrentar realidades que en su momento requieren de un accionar rápido.

Por último, ministro, quiero decirle que en el río Ñuble tenemos ochenta bocatomas de hormigón que se deben intervenir. Algunas son pequeñas, pero hay ocho que son muy grandes y requieren de muchos recursos. Necesitamos que haya más recursos disponibles para recuperar esas obras de riego y volver al nivel de riego que teníamos en forma previa a la catástrofe del año pasado. Como digo, son ocho bocatomas de hormigón que se deben hacer, pero hoy no existen los recursos suficientes para postular a aquello.

Ministro, vamos a votar a favor este proyecto, porque creemos que es la única forma de enfrentar situaciones como las que ocurrieron el año pasado.

Repito: si no hubiésemos tenido trabajando a la Comisión Nacional de Riego, habríamos debido enfrentar más problemas, porque es imposible que el MOP, a través de los instrumentos legales que tiene, pueda colaborar rápido.

Sin duda, este proyecto fortalece la institucionalidad para entregar una respuesta más rápida a quienes sufren las consecuencias de terremotos, inclemencias del tiempo e inundaciones, como las que sufrimos el año pasado.

Por último, ministro, le pido que se comunique con el Ministerio de Obras Públicas. Esa repartición se comprometió el año pasado a terminar las obras en el río Perquilauquén. Esas obras todavía están en movimiento y sigue lloviendo en Ñuble. Si no se actúa, esas obras, finalmente, se van a terminar perdiendo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señorita Presidenta, además de apoyar el proyecto de ley, es fundamental entender que en distintos servicios públicos, ministerios, programas, etcétera, enfrentamos dificultades para las actuaciones rápidas dentro del aparato del Estado.

Necesitamos más eficiencia y más rapidez. Los eventos del cambio climático nos están hablando y gritando con los desastres en uno y otro lugar, y también en la agricultura.

Las lluvias que este año han ocurrido en las regiones de O’Higgins, del Maule y de Ñuble han sido desastrosas. Obviamente, los procedimientos ordinarios que se establecen en este proyecto de ley, que modifica la ley No 18.450, para que la Comisión Nacional de Riego vaya rápidamente con sus proyectos a restablecer ductos, canales y sistemas de regadío, se requieren con rapidez.

Sé que la ley establece un procedimiento en caso de estado de excepción constitucional, pero muchas veces no hay un estado de excepción constitucional, sino emergencias que no son un estado de excepción constitucional. Entonces, para ese tipo de emergencias, como, por ejemplo, la emergencia agrícola, es necesario establecer una especie de fast track, como lo ha planteado el ministro de Agricultura, para actuar rápidamente, cuidando los sistemas de concursabilidad, transparencia y probidad, que están dentro de un contexto que, obviamente, no se puede descuidar. Pero el Estado requiere actuar rápidamente no solo en lo que dice relación con la Comisión Nacional de Riego.

Ahora, lo que han sufrido las regiones que recién señalé también ha pasado en la Región de Atacama por situaciones desastrosas. Allá es muy común que por las lluvias haya aluviones que bajan por las quebradas y alteran los sistemas de riego en los valles transversales, particularmente en el valle del Huasco y en el valle de Copiapó.

Obviamente, una de las primeras medidas que piden y exigen razonablemente los pequeños y los grandes agricultores, y el sector de la agricultura en general dice relación con la vida. En la agricultura la vida fluye a través del agua. Por lo tanto, se requiere el restablecimiento urgente de los sistemas de regadío. Para eso está, entre otros canales de ayuda, la Comisión Nacional de Riego.

Por eso, creo que este es un buen proyecto de ley, que está dentro de lo correcto. Tenemos que apurar los trámites dentro del aparato del Estado, salvaguardando la probidad y la transparencia.

En consecuencia, debemos aprobar rápidamente esta iniciativa con el objeto que se ha señalado.

Por eso, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, me causa un grado de preocupación el hecho de que este proyecto no haya pasado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Considero que debería haber tenido algunas diligencias en esa instancia.

En segundo lugar, debo señalar que este es un buen proyecto de ley. Es una iniciativa necesaria y casi urgente, porque evidentemente estamos frente a una crisis climática que algunos quieren desconocer, pero que existe en términos concretos. Cada vez más se irán profundizando los accidentes que estamos viviendo, por lo que se requiere una legislación o un cuerpo normativo que permita solucionar de manera inmediata los conflictos que se puedan producir.

Por eso, se realizó este proyecto de ley, que viene a modificar el artículo 3 de la ley No 18.450, sobre obras de riego y drenaje, y lo aplaudo. El año pasado o antepasado también hubo una modificación de los criterios para realizar el fomento de determinadas actividades de riego.

Junto con señalar que este es un proyecto que debemos aprobar, quiero expresar una preocupación mucho más de fondo o mucho más profunda. Yo siento que no existe una política nacional que aborde profundamente la construcción de embalses, en circunstancias de que los embalses son necesarios. Sé que esto no tiene directa relación con el Ministerio de Agricultura, pero evidentemente que ese ministerio debería asociarse con el Ministerio de Obras Públicas para generar un plan nacional de embalses como corresponde.

Entendemos que no deben construirse grandes embalses como los que se realizaban antes. Se tienen que construir embalses de cabecera o laterales. De una vez por todas, se tiene que empezar a generar un plan integral que vaya en esa perspectiva. Es doloroso ver la cantidad de agua que se está perdiendo después de todas estas lluvias.

No quiero interferir en el ciclo hídrico o en el ciclo del agua, pero evidentemente se está perdiendo una cantidad importantísima de agua, que vamos a echar de menos en los años que siguen, porque estamos en medio de una crisis climática. Por más que este año hayamos tenido muchas lluvias, evidentemente en el futuro vamos a continuar con la sequía.

Por lo tanto, echo de menos que desde el Estado de Chile no se asuma un compromiso real para la construcción de embalses, porque la construcción de un embalse no demora menos de diez años. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar para siquiera anunciar un plan de esta naturaleza?

Creo que es el momento de que nos tomemos muy en serio la situación climática que estamos viviendo. Debemos ser capaces de definir el futuro de Chile. Debemos preocuparnos no solo por la coyuntura, sino también de cómo definimos los problemas alimentarios y agrícolas que vamos a tener en adelante debido a la crisis y la catástrofe climática que estamos viviendo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .

El señor LILAYU.-

Señorita Presidenta, este proyecto sobre obras de riego y drenaje se fundamenta en los siguientes argumentos.

En primer lugar, en el año 2023 se publicó la ley No 21.597, que prorroga por siete años la vigencia de la ley No 18.450, sobre el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. La modificación facultó a la Comisión Nacional de Riego para establecer exigencias distintas a las contempladas en la ley para postular a los instrumentos de fomento dispuestos en materia de infraestructura de riego. Esta facultad solo es aplicable en el caso de que haya sido declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe.

Este proyecto de ley propone ampliar el catastro de aplicabilidad de la referida facultad, incorporando la declaración de las zonas afectadas por sismos o catástrofes, y la declaración de emergencia agrícola por la existencia de daños a la infraestructura de riego o de eventos de contaminación. Todo ello está amparado en el sentido de urgencia y rapidez que debe mediar en los procesos de habilitación y reparación del sistema de riego.

La excepción contemplada, si bien es positiva y su aplicación ha sido sumamente útil, no resulta del todo suficiente para enfrentar las distintas circunstancias y emergencias que afectan al mundo rural, independientemente del sistema de riego.

En la Región de Los Lagos, en particular en el distrito No 25, que represento, el riego es fundamental para la producción de verduras, trigo, papas, etcétera; si su producción no se mantiene en condiciones normales, los precios llegan a las nubes y las personas con menos recursos sufren las consecuencias. En esos casos, los estados de excepción constitucional de catástrofe son declarados ante situaciones generales críticas, pero los efectos de los sistemas de riego muchas veces implican fenómenos localizados en cuencas o valles singulares, o eventos de contaminación con escala de afectación total. En definitiva, los estados de excepción se decretan tarde, cuando ya no hay mucho que hacer.

Lo relatado anteriormente viene a ser resuelto con la modificación propuesta en este proyecto, especialmente por la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura declare el estado de emergencia agrícola.

Claramente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señorita Presidenta, valoro inmensamente este proyecto de ley, porque va a permitir que el Estado sea mucho más ágil en situaciones de catástrofe en que la infraestructura de riego ha sido afectada.

Este debate se llevó a cabo en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, donde se aprobó este proyecto de manera unánime.

La iniciativa va a permitir a los pequeños y medianos agricultores tener la posibilidad de ser atendidos por la Comisión Nacional de Riego en el tiempo oportuno, porque, como se ha señalado, en el período 2023-2024 las diversas afectaciones han hecho un tanto lento el proceso para disponer de esos recursos.

Además, el Ministerio de Agricultura podrá determinar las zonas de emergencia agrícola en situaciones de sismo o catástrofe, o en otras situaciones que afecten los territorios. Asimismo, este sistema de obras de riego va a permitir generar la productividad para aquellas familias.

Ha sido un largo aprendizaje el relacionado con el cambio climático que nos ha tocado vivir. Por ello es muy importante que esta Sala pueda aprobar de manera unánime un proyecto que fue debatido y acordado por el bienestar de las familias que tanto lo requieren.

En la comisión escuchamos la exposición de varios canalistas, quienes señalaron el gran aporte que hizo la Comisión Nacional de Riego.

Queda pendiente el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas y de la Dirección de Obras Hidráulicas, ya que es importante que aquello se siga complementando y apoyando, para que ellos puedan enfrentar un año productivo distinto.

Por lo tanto, felicito al ministro de Agricultura, a la subsecretaria y al director de la Comisión Nacional de Riego, quienes hicieron la presentación de este proyecto. Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor RATHGEB.-

Señorita Presidenta, claramente, esta es una normativa que viene a dar solución a una situación que estaba contemplada de manera débil en la legislación, a fin de que las obras de riego y canalización se puedan reponer rápidamente cada vez que se produzca una situación compleja de catástrofe, haya sido declarado o no el estado de excepción propiamente tal.

En la Sala se ha mencionado una serie de casos en los que faltan obras de riego y embalses, pero siempre tenemos el conflicto medioambiental en términos de si es o no conveniente construir un embalse en un determinado lugar, ya que puede afectar la flora y la fauna. También existe la dificultad respecto de si el caudal que existe en ese lugar será o no el ecológico para efectos de la preservación de las distintas especies que se reproducen o viven en él.

Claramente, es un tema que hay que analizar con mucha precaución y con mucho cuidado, porque cada vez que se han tratado de presentar proyectos para construir embalses, son las mismas autoridades o los mismos políticos que dicen que deben construirse embalses los que salen en defensa de determinadas personas para que no se hagan esas obras; pero luego reclaman cuando no se hacen.

Por lo tanto, hay que tomar con seriedad esta situación, porque en nuestro país faltan obras de riego, faltan embalses, pero también hay que analizar qué decisión corresponde tomar en su momento: nos abocamos exclusiva y restrictivamente a la situación ecológica o medioambiental o nos preocupamos de lo que significa la producción agrícola de las personas.

En muchos sectores el embalse y represamiento de agua serviría para alimentar las propias napas subterráneas.

Vamos a apoyar este proyecto por cuanto -reitero- viene a dar agilidad a la normativa que hoy existe, ya que cada vez que se produce una situación de catástrofe nos encontramos con algunas dificultades.

Llamo a votar favorablemente esta iniciativa, a fin de contar con la normativa que permita llevar rápidamente adelante este tipo de obras en situaciones de catástrofe o de emergencia.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señorita Presidenta, en realidad no preparé ninguna presentación para hablar ahora, porque lo que diré me lo sé de memoria. No es porque sea memoriona, sino porque lo he dicho tantas veces y lo he repetido tantas veces que quisiera que no les quedara solo en su retina, estimados colegas, sino también en lo más profundo de su corazón campesino y agrícola de nuestra tierra.

El presupuesto de emergencia en el Ministerio de Agricultura es igual a cero todos los años. Cada año partimos con cero presupuestos en ese ámbito, y cuando se produce una emergencia agrícola, se saca plata de otra parte; se desviste un santo para vestir a otro.

Ustedes podrían decir -los que no son de regiones agrícolas- que una emergencia agrícola ocurre una vez a las quinientas, pero la verdad es que las emergencias agrícolas ocurren todos los años, a cada rato y cada vez con mayor frecuencia, producto de la crisis climática.

Por consiguiente, recursos como estos, que se han aumentado y que se han ampliado…

(Hablan varios diputados)

Estimada Presidenta, quiero un poco de atención de la Sala y que recuperáramos un poco la cordura, por favor.

Para seguir con mi intervención, quiero señalar que es preciso que para estos efectos tengamos presupuesto disponible para las obras de riego…

(Hablan varios diputados)

Por favor, señorita Presidenta.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Pido a los diputados y diputadas, por favor, que mantengan un poco de silencio para escuchar el discurso de la diputada Riquelme , y que quienes no se encuentran en sus pupitres vuelvan a ellos para continuar con el debate. Continúa con el uso de la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señorita Presidenta, como dije, es muy importante que podamos contar con recursos para paliar estas situaciones.

El diputado Nelson Venegas dijo algo muy cierto: necesitamos más tranques. ¡Pero miren qué peligroso! Vuelvo a repetir algo que bien saben todos los colegas de la Región de O’Higgins: la situación del tranque Millahue . Este tranque motivó que hace poco la ministra Tohá presentara un proyecto de ley para permitir que las personas fueran evacuadas en un plazo rápido, producto de un desastre. ¿Por qué? Porque fueron evacuadas 270 familias en la última inundación, debido a que un tranque particular fue intervenido sin autorización de la DGA y ha puesto en riesgo hasta hoy a 270 familias.

Hoy me ha llegado un informe de la Dirección General de Aguas que señala que no es posible asegurar la estabilidad del muro de tierra de ese embalse. Debido a esto podría ocurrir un desastre no solo con una inundación, estimados colegas, sino también con un terremoto.

Por eso, pido que no se apruebe un proyecto que está en el Senado, iniciado en una moción del diputado Coloma .

Solicito especialmente al ministro que, producto de esta modificación, a través de la Comisión Nacional de Riego se destinen recursos que permitan ayudar, de alguna forma, a paliar la situación que viven los vecinos debido al estado del tranque Millahue , que ha sido intervenido ilegalmente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, los parlamentarios que están aquí interviniendo tienen derecho al respeto que corresponde en razón de la representación de las personas que los eligieron.

El artículo 90 del Reglamento, respecto de las faltas al orden, en el N° 6 señala que incurre en ella quien realizare acciones descomedidas o imputaciones. En este caso, se han realizado acciones descomedidas que distraen la atención de los presentes y de los colegas que están interviniendo. Por ello, señorita Presidenta, solicito que le pida a nuestra muy querida y adorada abuela que cancele su contrato con Enel y que corrija, entonces, la manifestación silenciosa que está haciendo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Señor diputado, hemos solicitado a los diputados y diputadas volver a sus pupitres y mantener silencio durante la discusión para poder escuchar a los diputados y diputadas que están interviniendo. Sin embargo, no podemos sancionar a una diputada o a un diputado por su atuendo o por su vestimenta.

Frente a ello, lo que debemos hacer desde la Mesa es seguir llevando adelante acciones que resguarden el orden de la Sala mientras un diputado o diputada está interviniendo y pedir que vuelvan a sus pupitres a quienes no están en ellos.

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señorita Presidenta, quiero partir dando la definición de locura. La locura o psicosis se define como la pérdida del sentido común o del sentido de realidad.

Nací en el siglo XX, en Puerto Montt, que también debería llamarse “Región de Los Lagos y de Los Ríos”, porque está llena de ríos. Sin embargo, jamás se ha desbordado un río.

Lo miro a usted, ministro, porque es el que tiene que lidiar con la falta de agua y con el problema de los agricultores. Digo que nunca se desbordaba un río porque había una tradición: el servicio militar del trabajo hacía drenaje todos los años, entre octubre y enero. Por ello nunca teníamos desbordes de ríos.

Cuando escucho lo que contó el diputado Pulgar, en el sentido de que algunos cobraban cinco veces el valor de lo que se escribió en un papel para realizar trabajos de emergencia por las tragedias en el Maule, me pregunto dónde está la anticipación a los hechos. ¿Dónde está el sentido común?

Ustedes saben que estudié el caso Chaitén. El problema que allí se produjo se debió al embancamiento del río Chaitén, por la ceniza del pseudocerro que realmente era un volcán. Entonces, se repiten y se repiten las historias.

Ahora, el Ministerio de Obras Públicas tiene una ministra que parece un moái. No está nunca, está como desaparecida o muy silente. No sé qué le pasará, si habrá tenido un accidente vascular o si tendrá una afasia, pero hace falta más presencia del Estado y más sentido común. Desafortunadamente, a la estructura del Estado moribundo y flojo que tenemos no se le puede dar algún medicamento antipsicótico. No podemos recetarles, por ejemplo, quetiapina, que les enderezaría el cerebro psicótico.

Entonces, pido que se hagan cosas de sentido común. Hay que dragar los ríos todos los años, para que no se desborden. Los ríos se desbordan porque no los han dragado durante décadas.

Me temo -lo voy a decir, aunque me pasen a la Comisión de Ética o me quieran desaforar de nuevo los que me tienen ganas- que después de la dictadura nunca más se permitió que el Cuerpo Militar del Trabajo hiciera cosas por Chile. Parece que hubo un problema con la dignidad, no tengo idea, pero desapareció la labor del Cuerpo Militar del Trabajo, que permitía que los que nacimos enterrados en el agua en la Décima Región nunca nos mojáramos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señorita Presidenta, este proyecto tiene por objeto poner a la Comisión Nacional de Riego (CNR) como receptora. Tiene por finalidad que la CNR tenga la posibilidad de actuar en situaciones de emergencia y que no tengamos para tales casos solo a algunas personas, tal como ocurrió el año pasado, cuando, gracias a personas muy diligentes -debo decirlo-, se logró avanzar en los proyectos y eso hizo posible que la Región del Maule tuviera riego. Aunque el ministro me mire con cara de asombro, yo sí reconozco los triunfos. El problema es que son pocos, pero es importante apoyar un proyecto como este.

¿En qué ayuda esta iniciativa? Ayuda a que la CNR pueda actuar con criterio de emergencia, es decir, que no solo reciba fondos de emergencia, sino que sus proyectos puedan ejecutarse con ese criterio. Por lo tanto, el objetivo no es tener la burocracia que tiene el Estado en sus tiempos normales, sino una respuesta de manera rápida. Por ejemplo, eso se debió haber hecho en la Región del Maule el año pasado, cuando perdimos, prácticamente, cuarenta años de obras de riego, ¡cuarenta años! La CNR, el Estado deben entrar con fuerza para que podamos regar.

¿Qué significa regar? No significa ayudar al agricultor rico; no es un problema de aprovechamiento de derechos de aguas, sino de proveer alimentos para Chile, de entregar las condiciones mínimas que necesita el país para poder subsistir. Por eso es importante un proyecto como este, porque permitirá una buena gestión de los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas.

Para la Región del Maule también existen embalses priorizados, como el embalse La Jaula, que espero este gobierno termine licitando, a fin de que podamos tener aguas embalsadas que se utilizarán con prioridad para el consumo humano, para el riego, para el turismo, y para que la Región del Maule pueda seguir siendo verde, porque la desertificación es una realidad.

Asimismo, nos tienen que dar la posibilidad, en la medida de la cantidad de litros que haga este embalse, de ser un regulador de cauces. Ciertamente, ante eventos de la magnitud del ocurrido el año pasado un regulador no será suficiente, pero en eventos más pequeños sí será un aporte. Así, la cuenca del río Mataquito va a tener embalses y podrá tener riego en verano, y no simplemente inundaciones en invierno y sequía en los veranos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Pino .

El señor PINO.-

Señorita Presidenta, cuando hablamos de emergencia hídrica se nos vienen a la mente muchas situaciones que hemos vivido en los últimos meses. Hemos visto cómo la naturaleza, de forma generosa, nos ha enviado sistemas frontales que han ayudado a mejorar los niveles del agua caída en cada una de las regiones de nuestro país.

Soy un agradecido de Dios por eso, por permitirle a la Región de Coquimbo poder avanzar y disponer hoy de mayor cantidad de recursos hídricos en nuestros embalses, lo que nos permitirá fortalecer y crear distintos sectores productivos que giran en torno al agua.

En cuanto a este proyecto, siempre me parece razonable contar con alternativas enfocadas en buscar soluciones, que a veces tardan, pero llegan, que muchas veces se esperan durante bastante tiempo, sobre todo en los territorios más apartados.

Los sectores rurales necesitan disponer de recursos y soluciones, y que se hagan las gestiones que correspondan, para que no queden desplazados y postergados en los últimos lugares de la respuesta por parte del Estado.

Esperamos que la iniciativa busque realzar aquello, y que ante casos de emergencia exista mayor agilidad en la tramitación de diversas soluciones, que esto se aborde de forma oportuna por el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Riego. Los últimos sistemas frontales han dejado, desde la Región de Valparaíso hasta el sur, principalmente, bastantes daños a la propiedad privada, y, por lo tanto, proyectos como este van a ayudar a que puedan salir adelante quienes más lo necesitan.

Por mi parte, creo que es razonable seguir avanzando en esta línea, en el sentido de potenciar todo lo que tenga que ver con el fomento del recurso hídrico. Chile es un país rural. En gran medida, dependemos del agua para poder realizar todas las actividades productivas, por lo cual es fundamental que empecemos a asegurarla a través de políticas públicas reales, como la desalinización del agua de mar y la reutilización de aguas de emisarios submarinos, que son aguas que necesitamos para salir adelante.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo) .-

Señorita Presidenta, sin duda alguna, valoro este proyecto. Creo que se ha dicho de todo en este hemiciclo, pero me parece importante recalcar, perteneciendo a una región que ha sido sumamente afectada por las catástrofes, cómo muchas veces la burocracia ha generado una dilación, y también cómo hemos quedado al debe, a propósito de las catástrofes, en cuanto a los avances en infraestructura de riego.

Nos parece importante este proyecto de ley, que fue iniciado desde el gobierno, porque servirá para fomentar la inversión privada respecto de las obras de riego y de drenaje en particular, en cuanto tienen que ser repuestas.

Asimismo, me parece importante hacer un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos -esta es mi impresión-, porque en tiempos de catástrofe uno se encuentra con muchas barreras a la hora de afrontar la crisis. Entendemos que los ministerios hacen lo que pueden con lo que tienen, y también sujetos a una estructura y procedimientos que están previamente establecidos.

En ese sentido, es trascendental que el Ministerio de Hacienda adopte una posición de flexibilidad o que trabaje en una propuesta para flexibilizar otro tipo de procesos frente al Estado, especialmente enfocados a los tiempos de crisis. Creo que esa también es una tarea que tenemos nosotros y nosotras, puesto que es muy lamentable la dilación con la que muchas veces se generan soluciones o la reposición de obras cuando hay una catástrofe, ya que cuando una ayuda o cuando la justicia llegan tarde, en el fondo, uno se cuestiona si llegan realmente.

En todo caso, quiero valorar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, en especial el director de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta , porque me parece que han afrontado las catástrofes y las emergencias con las herramientas que tienen y con la mayor celeridad posible. Felicito esos esfuerzos, pero creo que siempre es bueno -a propósito de eso se presenta esta iniciativa legislativa- dar una mirada a los procedimientos del Estado, para facilitar el acceso de las personas a los fondos, a fin de reponer lo que falla cuando se producen las catástrofes, de manera que eso no termine siendo un dolor de cabeza más para quienes ya han sido afectados.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Cristián Tapia .

El señor TAPIA.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, por su intermedio saludo al ministro de Agricultura, señor Esteban Valenzuela .

Creo que como país estamos asumiendo responsabilidades y compromisos que tal vez tendríamos que haber asumido durante muchos años. Pero, bueno, es lo que toca vivir y es lo que le toca hacer, de alguna forma, a este Parlamento, junto con el Ministerio de Agricultura: velar para que las obras de riego y drenaje y el enfrentar la catástrofe y la emergencia se hagan de la mejor manera.

En este país muchas veces se dice que vivimos mayoritariamente de la minería. En un gran porcentaje eso es así, pero no podemos dejar de mencionar que para nosotros la agricultura cumple un rol fundamental, y creo que -se lo tengo que decir, ministro- la responsabilidad que usted ha tenido no ha sido fácil: se ha enfrentado con muchas catástrofes producto de incendios, inundaciones, lluvias y también de sequías, especialmente en la zona norte, pero lo importante es seguir trabajando con las comunidades, con las juntas de vigilancia de las cuencas de los distintos ríos.

En ese sentido, quiero destacar la gestión, la labor que ha desarrollado la Junta de Vigilancia del Río Huasco. Creo que ha sido muy responsable; ha mirado más allá de que las personas tengan sus acciones de agua, ha visto por la comunidad. Tenemos todavía un río Huasco que no se ha secado, y eso obedece también a la responsabilidad fundamentalmente de esta administración de la Junta de Vigilancia del Río Huasco para velar por el futuro de lo que significa nuestro valle.

Tenemos un desierto. Cuando uno va hacia el norte, ve el esplendoroso paisaje que tenemos en nuestra cuenca, y hay que cuidarlo. Pero queremos pedir nuevamente que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la DOH, agilice la entrega de recursos para la limpieza del río. Sabemos que la limpieza del río en la cuenca urbana le corresponde por ley a la municipalidad, pero, por desgracia, eso no ha sucedido y en esto ha tenido que asumir la responsabilidad la cartera de Obras Públicas, porque si en la cuenca del río no están las condiciones para que el agua pase de buena forma, se nos puede venir una lluvia grande como la que pasamos en 2015, 2017, y la verdad es que sufriremos una catástrofe, una emergencia muy grande y que a lo mejor será imposible detener.

Por lo tanto, pido avanzar con estos proyectos que le hacen bien a nuestro país. Y, una vez más, felicitaciones por el trabajo, ministro.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señorita Presidenta, muchas gracias por su generosidad, una vez más, en la conducción de la Mesa.

Creo que este proyecto apunta en una dirección correcta, porque, evidentemente, en nuestro país ya nos estamos acostumbrando a enfrentar diversos fenómenos extraordinarios en materia de catástrofes naturales, lo que obliga a que el aparato del Estado y los recursos que este pueda disponer para ir en apoyo de los afectados actúen con mayor rapidez y mayor agilidad.

En ese sentido, me parece bien esta iniciativa, porque estos fenómenos naturales, no diría nuevos, pero sí que están teniendo una permanencia más larga en el tiempo, una mayor constancia, nos obligan a que particularmente el aparato del Estado pueda adecuarse a esta nueva realidad.

Ya que está el ministro de Agricultura presente, y aprovechando que esto tiene que ver con materia de riego, quiero expresarle, ministro, una preocupación que creo que sería importante tener en consideración. La inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas vence el próximo año, y, hay que señalarlo: cuando hicimos la prórroga de la entrada en vigencia de esta normativa legal fue pensando en que la Dirección General de Aguas, el Indap u otras instituciones del Estado serían un apoyo de capacitación y de orientación, particularmente para que los pequeños propietarios y productores agrícolas pudieran reinscribir sus aguas, cosa que, por desgracia, no ha estado ocurriendo con la frecuencia que se requiere.

De esa manera, le dejo abierto el punto en el sentido de que a lo mejor vamos a tener que presentar una nueva iniciativa para prorrogar otra vez la reinscripción de derechos de aprovechamiento de aguas, porque, por lo menos por lo que he percibido y visto en mi región, hay mucha desinformación, hay poca orientación y escasa capacitación, que fue lo que nos llevó a postergar la aplicación de la normativa de reinscripción de derechos de aguas; es decir, seguimos en lo mismo que nos llevó a dicha prórroga.

Entonces, ministro, le reitero esta preocupación, que está relacionada con el tema, de manera que su cartera tome algún tipo de medida, pues, de lo contrario, nuevamente nos veremos en la obligación de prorrogar la implementación de esta normativa legal sobre reinscripción de derechos de aguas.

He dicho.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, correspondiente al boletín N° 14983-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Señalo a la Sala que el informe de este proyecto se encuentra rendido.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 58ª de la presente legislatura, en martes 30 de julio de 2024, oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor TAPIA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Sulantay .

El señor SULANTAY.-

Señor Presidente, el crimen organizado está en todas partes -de eso no hay duda-, y uno de sus ámbitos de acción es el robo de cables, y no estamos hablando del simple hurto de este material, con el que, por ejemplo, se electrifican plazas o espacios públicos, sino que nos referimos a los cables de transmisión eléctrica de alta tensión, sistema vital para mantener con servicio a todos nosotros. Y, como suele ocurrir, los sectores más perjudicados siempre serán los más vulnerables.

A modo de ejemplo, en la Región de Coquimbo, que represento, los territorios rurales, especialmente La Higuera y Monte Patria, lamentablemente, lideran el ranking nacional de comunas afectadas por este delito, por lo que no solo quedan periódicamente a oscuras, con las consiguientes molestias que eso acarrea, sino que también se quedan sin agua, porque simplemente las bombas de los sistemas de APR dejan de funcionar, y también quedan incomunicados, porque no pueden cargar ningún tipo de dispositivo ni menos teléfonos celulares. Y ni hablar de aquellas personas electrodependientes, porque para ellos el robo de cables significa la diferencia entre la vida y la muerte.

Por esta razón, es fundamental legislar sobre este delito, que hace rato dejó de ser un simple robo, ya que se han creado verdaderos mercados negros que son proveídos por peligrosas bandas organizadas, con un alto poder de recursos y contactos.

Por ello, es fundamental atacar este flagelo con todo el rigor de la ley, no solo a quienes roban este material, sino también a aquellos que vigilan mientras se comete el delito, a quienes conducen los vehículos para transportar las especies, a aquellos funcionarios y trabajadores cómplices que permiten que el cable robado sea receptado, almacenado y embarcado al extranjero. En fin, a toda la cadena que interviene en este ilícito.

Fui uno de los diputados que presentaron una moción al respecto, la que finalmente fue refundida con otras. Mi intención era asimilar a este delito lo que ocurre en el sur de Chile, con el robo de maderas, situación que, mediante una ley, ha sido controlada en buena parte.

Por esta razón, llamo a la Sala a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes .

El señor CIFUENTES.-

Señorita Presidenta, efectivamente, el robo de cables se ha convertido en uno de los principales ilícitos de los últimos años, lo que ha afectado, como aquí se ha dicho, la vida cotidiana de millones de personas en el país, especialmente en el sector rural. Son muchas las actividades de la vida cotidiana, incluso de la supervivencia de la vida humana, las que están unidas a la existencia o no de la electricidad. Lo hemos comprobado con el desastre que han cometido las distribuidoras eléctricas en la capital y en otras regiones del país, a propósito de las últimas lluvias.

Según cifras de la industria, esta conducta aumentó de manera explosiva a nivel nacional, respecto del año 2021, registrando un promedio de 60 delitos diarios, lo que representa un alza de más de 85 por ciento, es decir, casi el doble de delitos que años anteriores. La región más afectada es la Región de Coquimbo, seguida por la Región de O'Higgins. El robo de cables para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en riesgo no solo a quienes cometen el ilícito, sino también a los técnicos que realizan el mantenimiento de la red de distribución.

Al cometer este delito y después al ser reparadas las instalaciones que han sido violentadas, mueren personas, porque estamos hablando de líneas de alta tensión que, obviamente, tienen un riesgo enorme para la vida humana. Además, se pone en riesgo una cantidad enorme de actividades.

La Compañía General de Electricidad señaló que, en el año 2022, se produjeron 854 de estos robos, equivalentes a 363 millones de pesos, solo por concepto de sustracción de tendidos de cobre, totalizando, solo en la Región de Coquimbo, 42 toneladas de cobre, equivalentes a 169 kilómetros, cifras que triplicaron las del año 2021.

En mi caso, presenté un proyecto de ley, que después refundimos con una iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio Sulantay , como él mismo lo ha señalado.

La iniciativa que hoy discutimos proviene del Senado y me parece razonable que se tramite con celeridad. Independientemente de que hayamos presentado una moción en este sentido, me parece que lo más urgente es que aprobemos este proyecto de ley y demos una señal muy significativa, como la hemos dado en otros sectores, para que efectivamente las penas por este hurto o robo suban de manera importante y demos una señal a estos delincuentes que ponen en riesgo no solo sus vidas, sino la de millones de personas en el país.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, la bancada del Partido Socialista va a aprobar este proyecto de ley, porque persigue un objetivo que es urgente y necesario abordar, pero de una manera inteligente. Y este proyecto, que se construyó fusionando varias mociones parlamentarias, incluyendo algunas socialistas, da una respuesta al delito de robo de cables de cobre que no se ha visto, prácticamente, en ninguno de los que se han tratado en la agenda de seguridad.

La típica respuesta parlamentaria, a veces incluso bastante básica, es simplemente aumentar las penas a los delitos, esperando que el crimen organizado, las bandas criminales o los delincuentes, en general, se enteren de que ha subido una pena en algún delito y disminuyan su comisión. La verdad es que el robo de cables de cobre es un problema a nivel mundial, que se ha transformado en una pandemia. El cobre es un metal que sostiene prácticamente toda la vida moderna: la electricidad, el sistema ferroviario, el abastecimiento de agua, el transporte, las telecomunicaciones, etcétera, pues todos usan este metal conductor, y el precio del cobre no para de subir en todo el mundo.

La mayoría del cobre que se produce en el planeta, legal, ilegal -cuando digo “ilegal” me refiero al robo de cobre- o reciclado termina prácticamente en su totalidad en China. China utiliza el cobre que se extrae de las minas, el que se recicla y también el robado, porque la voracidad de la economía china, que necesita cobre para todas sus redes, sin duda, opera como un incentivo gigantesco para estas bandas criminales.

¿Cómo aborda este tema el proyecto de ley? Básicamente, aborda todas las etapas del robo, y no tan solo la sustracción, el hurto, el robo, desde las catenarias de los trenes hasta las redes de fibra óptica, las subestaciones eléctricas o el tendido eléctrico callejero. Después está el transporte, la extracción del plástico al cable de cobre, el acopio y transporte a los centros de distribución e, incluso, su exportación a países como China.

Todo este circuito, esta cadena delictual respecto del cable de cobre, fue abordado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y establecimos un conjunto de normas que no solo suben las penas, sino que también fortalecen la persecución en cada una de las etapas de este delito, tan complejo y tan lucrativo.

Por eso, se establecen delitos como la no justificación de la tenencia de cobre usado en transmisión eléctrica; se establecen delitos vinculados al acopio de estos materiales cuando no se tienen las guías de despacho o facturas, o se transportan sin tenerlas. La falsificación de aquellas guías -ideológica, directa o material- también tiene una penalización especial. Por último, recibe una pena el quebrantamiento de las normas sobre aduanas, que permiten que este cobre robado llegue a los centros de destino en el extranjero.

Todas estas etapas fueron abordadas inteligentemente en la Comisión de Constitución y este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad y esperamos que, de una u otra manera, esta iniciativa sea una contribución decisiva a terminar con este tipo de robos que, más que encontrar ganancias ilícitas en un área de la economía, produce un daño gigantesco a las infraestructuras tecnológicas y físicas que permiten que se mueva la sociedad.

Cada 20 minutos se comete un delito de robo de cobre a gran escala. Se paralizan trenes, se paraliza la conexión a internet en ciudades completas, a raíz de robos de esta magnitud.

Por ello, cabe mencionar que el proyecto de ley en discusión no solo garantiza la continuidad y calidad de los servicios, sino también disminuye enormemente las facilidades que hoy la vida moderna otorga a grupos criminales, las que permiten que obtengan ganancias ilícitas e incentivan el delito de robo de cobre.

Esperamos que las modificaciones que introduce el proyecto de ley sean aprobadas por esta Cámara, para dar un golpe definitivo a esta lacra criminal que, sin duda, produce mucho daño a todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .

El señor CELIS.-

Señorita Presidenta, en este período el Poder Legislativo debe estar a la altura en materia de seguridad.

Recuerdo el fast track legislativo acordado por el Ejecutivo y los presidentes de ambas ramas del Congreso Nacional. Destacan los proyectos de ley patente cero; el que regula el destino de los bienes incautados al narcotráfico; el que faculta a Gendarmería a ser una entidad auxiliar del Ministerio Público en las tareas de investigación, y la iniciativa que dio origen a la “ley Nain-Retamal”, entre otras. Se trata de un total de 31 iniciativas que podrían entrar en vigencia en su totalidad en los próximos meses, en caso de lograr acuerdos.

Hoy nos encontramos frente a otro proyecto de esa lista, el que viene a incorporar el comiso como pena accesoria al delito de robo de cables, modifica la ordenanza de Aduanas en relación con determinar la responsabilidad penal de autoría de funcionarios públicos que intervengan en delitos previstos en sus artículos 168 y 169, y -lo más relevante- extiende la aplicación de técnicas especiales de investigación a los delitos de robo y hurto, porque, dada la complejidad de dichos delitos, se necesitan técnicas de investigación más intrusivas y se requiere prescindir de cierto grado de autorización judicial.

A primera vista, suena muy convincente entregar herramientas más intrusivas a los fiscales para la investigación de delitos, pero no es magia, colegas, ya que para lograr que un delincuente obtenga una sentencia ejemplar no es suficiente aprobar una ley -acá hemos elaborado varias-, sino, además, hay que acusar y condenar.

¿Sabían ustedes que en el Ministerio Público hay precariedad laboral? ¿Sabían que el Ministerio Público no renueva los contratos a plazo fijo de los abogados asistentes, porque, por presupuesto, no puede asumir el contrato indefinido de los profesionales? ¿Sabían que existe una rotación importante de abogados a causa de lo anterior, lo que provoca retardo en las investigaciones penales? ¿Sabían, además, que los fiscales locales trabajan -reitero- en instancias precarias, tanto en la atención de público como en las actividades administrativas propias de la persecución penal?

Por ello, hace un par de días oficié al Ministerio de Hacienda, para que informe sobre la conformación de la partida presupuestaria para 2025 del Ministerio Público. Es impresentable que aquellos que se dedican a la investigación y persecución penal estén preocupados de si a fin de mes les renovarán los contratos.

Votaré a favor.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, una vez más estamos legislando para las empresas. ¿Cuándo legislaremos para la gente? Lo digo sobre todo porque el tema del suministro eléctrico se ha tomado la agenda pública y la agenda nacional.

Está en discusión el robo de cables, proyecto que también beneficia a las empresas distribuidoras de electricidad, porque los postes no son de las empresas de telecomunicaciones, sino de las empresas eléctricas.

Principalmente, mi intervención está dedicada a la gente de la Región del Maule. Veamos hasta dónde llegará la justicia frente a todo lo que las personas han vivido esta última semana. Al aumento de las tarifas eléctricas se suma el deficiente servicio que nos han proporcionado las empresas eléctricas, no solo ahora que los cortes de luz en la Región Metropolitana han sido noticia nacional. Volvemos a lo mismo: Santiago es Chile y por eso es noticia. Si la situación afectara a las regiones del sur o del norte, el problema pasaría colado y las empresas seguirían abusando, como lo hacen hasta ahora.

También cabe considerar la afectación hídrica en las distintas cuencas. Colegas, tanto de la derecha como de la izquierda: vayan a la Región del Maule a ver cómo han devastado el río.

En invierno, deberíamos acumular agua para nuestros agricultores, sobre todo para los pequeños agricultores. Sin embargo, la empresa Enel -sí, la empresa Enel, generadora en el Maule y distribuidora en Santiago- pide la apertura de compuertas en invierno para sacar agua, a pesar de que deberíamos estar acumulándola.

Lo anterior dice mucha relación con este proyecto. La iniciativa en debate busca sancionar a aquellos que roban cables de cobre, entre otros objetivos, pero también cautela el negocio de esas grandes empresas que están sumamente cuestionadas.

Volvemos a un tema importante. ¿Quién fiscaliza? El Estado de Chile. ¿Pero a través de quiénes? A través de personas que designa el gobierno en distintos cargos.

No voy a dejar pasar la oportunidad para preguntar quién es el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el Maule. Vicente Marinkovic , uno de mis persecutores por mi gestión a favor de la protección del medio ambiente en el Maule.

El señor Marinkovic fue secretario regional ministerial de Energía del Maule. Lo sacaron. Se trata del mismo seremi que dijo que las cuentas iban a disminuir en un 20 por ciento durante el segundo gobierno de Bachelet, lo cual nunca pasó. Vean las cuentas ahora.

Por eso le digo a la gente del Maule que pusieron al gato a cuidar la carnicería. ¿Por qué el gato cuida la carnicería? Porque en este gobierno nombraron a Vicente Marinkovic como director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Déjenme condimentar la historia, porque no solo constituye un acto de justicia para mí, sino también para mi familia. Diez días antes de la elección de gobernador regional, este personaje motivó una denuncia en mi contra. No obstante, ¿adivinen qué pasó, colegas? A tres años de iniciada la investigación, el señor Marinkovic es el único personaje al que no le han tomado declaración.

Por eso, volvemos al mismo tema. ¿Quién está protegiendo a las grandes empresas?

¡Ojo, maulinas y maulinos, de cordillera a costa! A aquellos que llevan cinco días sin luz; a aquellos a los que les proporcionan un deficiente servicio, les quiero pedir que no se dejen embaucar por discursos de autoridades que dicen trabajar para la gente, mientras están cubriendo y protegiendo los intereses de las grandes empresas.

Como dije en 2022, cuando llegué al Congreso Nacional, las empresas hidroeléctricas y de distribución mandan, prohíben y permiten en el Maule. ¿Por qué? Porque muchas de ellas financian campañas políticas. Es así; está acreditado. Además, parlamentarios que han pasado por este Congreso han sido accionistas de empresas generadoras y distribuidoras.

¡Que alguien me desmienta! ¡Emplazo a que alguien lo desmienta! Reitero: la gente del Maule somos del campo, pero no de las chacras.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Romero .

La señora ROMERO (doña Natalia).-

Señorita Presidenta, en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, el 2023, se robaron más de diez toneladas de cobre. En lo que va del año 2024, se han registrado aproximadamente 190 episodios, lo que implica el robo de algo así como 2.500 metros de cables.

Si bien hasta la semana pasada este proyecto era importante, porque permite sancionar este delito que afecta directamente a la comunidad, hoy, luego del gran temporal, probablemente será muy mal recibido por la comunidad. Actualmente, en la Región de O'Higgins, hay aproximadamente 20.000 personas sin electricidad. Van seis días durante los cuales la empresa eléctrica no ha tenido la voluntad de entregar la información a los vecinos. Los sectores rurales se han visto totalmente afectados, y pareciera que a las compañías eso no les importa, porque sus representantes dicen que, lamentablemente, no tienen tanto personal para hacer todas las reparaciones necesarias.

Entendemos que este es un proyecto necesario e importante. Por supuesto, vamos a aprobarlo, porque hay que sancionar un delito que se ha convertido en un lucrativo negocio. Sin embargo, también es importante que se ponga urgencia al proyecto de ley que obliga a las empresas eléctricas a hacer las podas de los árboles que pasan por los tendidos eléctricos. Además, hay que obligar a las empresas a que renueven los postes, sobre todo en los sectores rurales más vulnerables.

Hoy estamos legislando para que ellas tengan una menor merma con el robo de cables, con este delito que se ha hecho habitual. Sin embargo, pareciera ser que desde el Congreso debiéramos legislar para aplicar sanciones más draconianas, para que las empresas eléctricas -solo es una en cada una de las regiones más pequeñas- tengan la obligación de responder a los clientes en tiempo y forma, y también para dotar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de más atribuciones, para que pueda resguardar la continuidad de la energía eléctrica para los vecinos.

Hoy, la Región de O´Higgins vive la ausencia del Estado, la ausencia de las autoridades y la ausencia de respuestas. La gente ha salido a las calles de las comunas del distrito N° 15, de la Región de O´Higgins, pero hasta la fecha sigue sin tener respuestas.

Por tanto, aprobaremos este proyecto para sancionar este delito, porque estamos en contra del robo de cables, pero es deber de los parlamentarios que estamos en esta Sala gestionar de manera más rápida los proyectos de ley para obligar a las empresas a que presten un servicio de calidad, tal como lo merecen los chilenos que pagan sagradamente su cuenta de la luz.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señorita Presidenta, qué duda cabe de que este proyecto es muy importante, considerando lo que ocurre a diario en nuestro país. El robo de cables de telecomunicaciones, que interrumpe servicios básicos, se ha convertido en un negocio muy rentable para bandas del crimen organizado y bandas delictuales que lucran con ello a costa de gran parte del país, que se queda sin servicios que son esenciales.

En el marco de la agenda corta hubo una modificación en el 2016, que subió las penas precisamente para este tipo de delitos.

Por lo tanto, lo relevante en la tramitación de este proyecto es el fortalecimiento de la persecución administrativa y la persecución penal, porque el gran problema es el contrabando, con el cual terminan reduciendo y sacando del país los cables por distintas vías.

En ese sentido, incorporamos varios elementos tremendamente relevantes que sacamos de la ley de robo de madera. La ley de robo de madera permitió desarticular muchas bandas que lucraban precisamente con ese delito. En ella incorporamos las técnicas especiales de investigación, que son fundamentales para que el Ministerio Público pueda indagar e investigar con las herramientas más intensas que se establecen en nuestra legislación para desarticular a estas bandas.

Por otro lado, los despachos con documentos electrónicos son relevantes precisamente para hacer el seguimiento a estas bandas respecto de la legalidad de la utilización del cargamento de estos elementos.

En ese sentido, modificamos normas que tienen que ver con el contrabando y el Servicio Nacional de Aduanas, para que precisamente ese elemento sea fundamental para la persecución administrativa y, en ese sentido, desarticular a las bandas.

Sin embargo, hay varios problemas que es necesario corregir en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Resulta que hubo una modificación del tipo penal que quedó contradictoria o confusa, porque el inciso primero del artículo 443 del Código Penal establece el robo en bienes nacionales de uso público y en lugares no destinados a la habitación, y el inciso final de esa norma establece el agravamiento de esa conducta cuando se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tal como electricidad, agua, gas, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía. En ese inciso sustituimos la palabra “telefonía” por la expresión telecomunicaciones, porque es un término mucho más amplio.

Sin embargo, en la discusión se incorporó la interrupción de los equipos e instalaciones de servicios de telecomunicaciones del transporte de pasajeros, entre otros. ¿Cómo se pueden interrumpir los equipos e instalaciones de esos servicios? Derechamente, eso es un robo.

Por lo tanto, la redacción quedó confusa, por lo que es necesario corregirla. De lo contrario, nos va a conducir a equívocos absurdos, como que podremos contrabandear terminales de buses, cuando lo que se contrabandea es precisamente la chatarra reducida.

Por eso, incorporamos una serie de indicaciones para que los tipos penales sean coincidentes, concordantes y coherentes, porque, por otro lado, también tenemos figuras en otras leyes que sancionan el robo de la línea férrea, a propósito de los delitos ferroviarios, pero resulta que lo incorporamos dentro de las figuras de robo, hurto y receptación.

Entonces, es fundamental corregir eso, porque tenemos penas altas para este tipo de delitos, pero hay que mejorar la persecución de las bandas criminales que terminan afectando servicios públicos básicos y esenciales.

Por último, un recado para la Mesa. Hoy nos enteramos de que el reglamento de la “ley chao cables”, que establece la obligación de las empresas de sacar los cables en desuso que están en las calles, aún no se ha dictado. Ha pasado más de un año respecto de eso.

Así que pido a la Mesa oficiar al gobierno sobre esta materia, porque esa ley debe tener un correlato en el reglamento, y eso depende precisamente del gobierno.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señorita Presidenta, creo que para el proceso de discusión legislativa respecto de esta materia se pueden recoger varios elementos esenciales de la intervención de cada uno de los parlamentarios que han planteado su postura.

Obviamente, el robo de cables es una figura nueva en términos de que el crimen organizado está generando acciones que tienden a entorpecer permanentemente el suministro eléctrico de la población, pero no estamos legislando algo novedoso. Esto está regulado en los artículos 213 y siguientes del DFL N° 4, donde el robo de cables está establecido como un delito.

Como dije en la comisión, este proyecto de ley es importante, porque tenemos que mejorar la persecución penal. Tenemos que entregar mayores y mejores herramientas para llevar adelante una persecución penal como corresponde, porque podemos seguir aumentando las penas, pero al final del día no ocurre nada. En este proyecto de ley hemos avanzado en varias áreas, en orden a generar un trabajo coordinado entre diferentes actores.

Me sumo a algunos cuestionamientos que hizo el diputado Andrés Longton . Presentaron indicaciones que van a tener que ser debatidas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamentos, que son pertinentes. Sin embargo, no puedo quedarme callado ante el objetivo y la idea matriz de este proyecto, que es tratar de proteger a la población ante el grave daño que implica el robo de cables, en términos de energía, de telecomunicaciones y del sistema ferroviario, que también fue incluido.

No obstante, esta norma nos invita a hacernos cargo de una discusión más profunda, que dice relación con la preocupación que debe tener la empresa privada respecto del cuidado de sus instalaciones. Como le dije al representante de la asociación gremial de estos empresarios, es importante que las empresas inviertan necesariamente en resguardar sus instalaciones, y el mensaje que nos entregó en ese momento el representante de la asociación gremial fue que, efectivamente, ellos han desarrollado una tremenda inversión para que los servicios no se vean interrumpidos; pero hoy, gracias al desastre natural que ocurrió como consecuencia del frente de mal tiempo de la semana pasada, nos damos cuenta de que, al parecer, la inversión que desarrollan las empresas eléctricas no es tan alta.

En consecuencia, invito a que en algún momento abramos un debate sobre el sistema de concesiones por el cual se rigen estas empresas, que no invierten necesariamente todo lo que debieran, y que mantienen interrumpido el servicio eléctrico de miles de chilenos.

Nosotros avanzamos en orden a protegerlos estableciendo este tipo de normativas, pero ¿quién protege a los chilenos del mal servicio que se presta hoy en día? ¿Quién protege a los chilenos en un tema que acaba de plantear el diputado Longton , que dice relación con la cantidad de cables basura que mantienen tales empresas eléctricas, y que provocan daños a los servicios que ellas mismas prestan?

Yo solicito que, así como legislamos rápidamente respecto de esta materia, exijamos a estas empresas monopólicas, que tienen una concesión entregada por el Estado, que lleven adelante las inversiones que deben hacer para mantener un servicio ¡como la gente!, un servicio que, lamentablemente, a pesar de sus lucrativas utilidades, no prestan adecuadamente a los chilenos y chilenas. No es posible que hayan pasado más de cien horas y todavía existan personas que no cuenten con energía eléctrica.

Esto no es producto del robo de cables, sino de la negligencia de empresas privadas que no invierten lo necesario. En el caso de la Región de Los Ríos tenemos cerca de 70.000 vecinos sin energía.

Espero que el Ministerio de Energía aborde ese tema en algún momento.

Acabamos de votar una norma que permitirá rebajar un aumento generalizado en las tarifas eléctricas; es decir, cuando se debe legislar para apoyar a la empresa, todos estamos dispuestos, pero, cuando tenemos que legislar en contra, como producto del mal servicio que prestan, lamentablemente, son temas por los cuales pasamos y dejamos de lado.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señorita Presidenta, efectivamente, este es un tema que requiere una actualización legislativa, porque el delito de robo de cables ha experimentado un incremento exponencial en los últimos años.

Solo en los últimos tres años podemos constatar que han sido robados más de 1.300 kilómetros de cables. Para que los parlamentarios se hagan una idea, esta es la distancia que recorremos entre Antofagasta y Santiago . Si esa cifra la traspasamos a la ciudadanía, tenemos como resultado 550.000 hogares afectados. Pensemos que solo en la Región de Antofagasta se registraron 33 incidentes con esas características, que afectaron a la empresa CGE durante el primer semestre de este año, con 10.000 toneladas de cables robados.

Esa es una situación de la cual debemos hacernos cargo. Hoy en día existen denuncias de bandas organizadas, bandas criminales en torno al robo de cables que se han tomado nuestras regiones y nuestro territorio nacional.

Por todo lo anterior, se requieren con urgencia medidas efectivas.

Me gustaría llamar la atención sobre el problema que esto representa no solamente a nivel de seguridad pública, sino también a la hora de hablar sobre la accidentabilidad que aquello tiene como consecuencia para vecinos y vecinas.

Esto lo hemos visto en los últimos días a propósito de las inclemencias climáticas que hemos debido enfrentar y que deberemos seguir enfrentando.

El problema de la existencia de cables es que no son retirados por las empresas, y eso tiene una consecuencia directa en el bienestar de los hogares de nuestro país en términos de ausencia de suministro eléctrico, que es esencial para la convivencia y para la subsistencia humana, porque implica un problema de seguridad pública.

Además, representa un problema de alta responsabilidad para las empresas. Como bien sabrán los colegas parlamentarios, desde 2019 se encuentra vigente en Chile la ley “chao cables”, que se aprobó por unanimidad en esta Sala y de igual forma en el Senado; de hecho, todos salimos a festejarla. Sin embargo, el hecho de no contar a la fecha con un reglamento que permita su implementación ha cargado esa responsabilidad a las municipalidades, no a las empresas de telecomunicaciones, que son las que en teoría deben cumplir con la obligación de proceder al retiro de cables, tarea que no realizan.

De tal forma, la chatarra aérea generada por el problema de los cables en desuso termina convirtiéndose en un verdadero botín para los delincuentes, lo que tiene como consecuencia lo que decíamos recién: un problema de seguridad pública, un problema ambiental y un problema de accidentabilidad para los vecinos.

Antofagasta es una de las regiones con los cielos más limpios y hermosos del mundo; sin embargo, levantamos la vista solo para ver cables. Eso ha motivado una discusión parlamentaria no solo respecto del aumento de penas -lo creo necesario; por ello, nuestra bancada votará a favor esta iniciativa-, sino también sobre una revisión de las obligaciones que no están cumpliendo las empresas a la hora de generar esos retiros de cables en desuso, lo que constituye, como he señalado, un problema para vecinos y vecinas.

Por lo tanto, el llamado es a aprobar esta iniciativa, pero también hago un llamado de atención sobre el resto de las iniciativas que debemos impulsar para regular esta materia.

La diputada Claudia Mix habló ayer sobre la necesidad de conversar respecto de soterrar los cables. ¿Por qué en los sectores acomodados de nuestras regiones y de nuestras ciudades tenemos cables soterrados, pero en los sectores populares no? Eso representa un riesgo para la seguridad pública, un riesgo de accidentes, y también un problema de conservación de nuestro medio ambiente y de nuestro entorno público.

¿Dónde está el cumplimiento de las obligaciones de las empresas? ¿Dónde están la necesidad y el cumplimiento de las obligaciones de los privados?

Este es un problema mucho mayor, del cual debemos hacernos cargo.

Anuncio nuestro voto a favor, y esperamos que la Cámara de Diputados se haga cargo de las diversas problemáticas que esto acarrea.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta) .-

Señorita Presidenta, hoy nos reunimos para abordar el problema que implica el robo de cables de telecomunicaciones. Para ello se propone modificar el Código Penal y la Ley General de Telecomunicaciones, con el objeto de aumentar las sanciones por los delitos de robo, hurto y receptación de cables, y de incorporar nuevas medidas investigativas y cautelares contra esta actividad ilícita.

El delito en cuestión, impulsado por los beneficios económicos que genera, causa severos perjuicios a la población debido a la interrupción del suministro de servicios esenciales, como telefonía e internet.

Además de afectar el derecho de propiedad de las compañías de telecomunicaciones, este delito impacta directamente a los usuarios, quienes dependen cada vez más de esas redes para sus actividades cotidianas y profesionales.

En Chile hemos visto la formación de verdaderas mafias y bandas criminales especializadas en el robo de cables, con un notable incremento de sus actividades en los últimos años.

En un operativo realizado en 2022 se llevaron a cabo allanamientos en 56 domicilios en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins, lo que se tradujo en la detención de 33 personas y en la incautación de 176,5 toneladas de cobre, avaluadas en más de 1.300 millones de pesos.

Además, se encontraron armas de fuego y municiones, lo que evidencia el nivel de organización y peligrosidad de estas bandas.

Las modificaciones que se proponen en la iniciativa, que son de largo plazo, permitirán una desarticulación más efectiva de las bandas criminales y funcionarán como un disuasor más eficaz contra tales crímenes.

Por lo anterior, espero que este proyecto cuente con el apoyo transversal de esta Cámara. Es nuestra responsabilidad adaptarnos a los desafíos actuales y garantizar un marco legal robusto y efectivo contra el robo de cables.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo a mis colegas y a los funcionarios de la Corporación.

Inicio mi intervención manifestando que votaré a favor este proyecto de ley, que modifica distintos cuerpos legales en materia de delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, y lo haré con fuerza, porque en la Región de La Araucanía, que represento, particularmente en la provincia de Malleco, existen graves situaciones en materia de telecomunicaciones, donde comunidades enteras necesitan apoyo por parte del Estado para tener una mejor conectividad telefónica y de internet.

Así lo viven, por ejemplo, y me lo han hecho saber, en el sector de Captrén, en Curacautín; en el sector San Andrés , en Collipulli; en Pehuenco Bajo, en Lonquimay; en Faja Tolhuaca, en la comuna de Victoria; en Colonia Mendoza, en la comuna de Vilcún, y en una gran cantidad de sectores, la mayoría del mundo rural, con graves problemas de conectividad y de energía.

Por eso, debemos atacar con fuerza los delitos asociados al robo de cables de telecomunicaciones, porque no podemos dar pie a que se generen aún más complicaciones a mis compatriotas.

Con esta iniciativa se endurecen las penas: actualmente es de de tres años y un día a cinco años, y se incrementa en un grado, pasando a presidio en grado mayor, es decir, de cinco años y un día a diez años. Además, las multas, que actualmente van desde 5 UTM a 20 UTM, se elevan a un monto que va desde 75 UTM a 100 UTM. Con estos cambios, las mafias y los delincuentes que están detrás del robo de cables de telecomunicaciones tendrán que pensar dos veces antes de querer cometer este delito.

En la Región de La Araucanía, la cual represento, este fin de semana fue caótico: gran cantidad de cables, producto del clima, quedaron en el suelo, lo que dejó un sector importante sin energía eléctrica. Por eso, es muy importante tener un proyecto de soterramiento de líneas eléctricas, pues mejoraría la eficiencia y la estética y reduciría el impacto ambiental y los riesgos asociados. Es bueno apoyar un proyecto de esas características, porque además genera mano de obra.

En los sectores de Lonquimay, Melipeuco , Curacautín , Victoria y Lautaro , gran parte de la población rural aún está sin energía eléctrica. Es importante que se informe de ello a las autoridades respectivas para que apoyen, pero, sobre todo, para que exijan a las empresas que respondan.

Votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez .

La señora PÉREZ (doña Marlene).-

Señorita Presidenta, es importante mencionar algo que en la Sala han dicho todos los parlamentarios que han intervenido: cada cierto tiempo vemos en los noticieros de diversos medios de comunicación la ocurrencia de múltiples casos de robo de cables en las distintas ciudades de nuestro país. Represento a la Región del Biobío, donde ello ocurre constantemente. Lo lamentable es que con la comisión de ese delito se interrumpen las actividades diarias, se deja a las personas incomunicadas y se genera un perjuicio grave a las personas electrodependientes, como ocurrió estas últimas semanas. La salud de estas personas depende de la operatividad de sus equipamientos médicos.

El modus operandi de este delito se ha ido sofisticando con el paso del tiempo, mostrando similitudes con el crimen organizado; es decir, quienes lo cometen tienen funciones específicas, que van desde la sustracción hasta el blanqueo de los cables, los que comúnmente son robados para ser exportados ilegalmente.

En razón de esas circunstancias, este proyecto busca otorgar mayores herramientas al Ministerio Público. Para ello permite el uso de técnicas especiales en la investigación de este delito, como se estableció en su momento para los delitos de robo de madera y de abigeato, entendiendo que el aumento de penas no sirve de nada si no se consigue detectar e identificar a los responsables que integran bandas criminales.

El proyecto también busca sancionar a aquellos funcionarios públicos que faciliten el robo y la exportación de cables y chatarra de cobre.

Por tales motivos, espero que este proyecto sea aprobado y que prontamente sea ley de la república. El robo de cables de telecomunicaciones es un delito que afecta a todas las regiones del país, que ha ido aumentando y para cuya comisión se emplea, como dije, un modus operandi que se ha ido sofisticando con el paso del tiempo, mostrando similitudes con el crimen organizado; es decir, quienes lo cometen tienen funciones específicas, que van desde la sustracción hasta el blanqueo de los cables, los que comúnmente son robados para ser exportados ilegalmente.

No tengo ninguna duda de que este proyecto se va a aprobar en la Cámara de Diputados, porque creo que es de extrema necesidad.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, hay que entender que el robo de cables de electricidad, de telecomunicaciones, etcétera, lo pagamos todos, porque su reemplazo significa también un aumento en las cuentas de la luz y de telefonía de la gente. No existe nada gratis, aunque haya gente que así lo piense.

Ahora, entendiendo la necesidad de resguardar nuestra infraestructura, también debo hacer presente que en este proyecto de ley se establece el comiso de los vehículos utilizados para la comisión de estos delitos. Me parece perfecto que se decomisen los vehículos utilizados en estos delitos, así como la casa del autor del delito, sus cuentas bancarias y lo que tenga, pero hay una pequeña dificultad: ¿qué pasa si el auto o el camión utilizados son arrendados? Creo que no se tomó en cuenta que existen situaciones en las cuales un auto u otro vehículo pueden ser utilizados sin que el dueño del mismo actúe de mala fe o con dolo. En ese sentido, creo que hay que corregir ese artículo en la posterior tramitación del proyecto. Creo que nosotros y los tribunales, en general, debiésemos actuar, en materia de comisos, de manera mucho más agresiva, pero no podemos castigar al inocente cuando hay una persona que es personalmente responsable del delito cometido.

Por lo tanto, voy a votar a favor este proyecto y espero que en su futura tramitación se corrija lo señalado.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señorita Presidenta, sin duda el robo de cables de telecomunicaciones es un delito que tiene toda la tipología de crimen organizado y asociación ilícita. Por ello, me parece bien que se repliquen algunas medidas como las establecidas para el robo de madera, respecto del cual se asumió que no era un delito común, ya que había una planificación, una articulación y una coordinación que le daba esta connotación de asociación ilícita, y porque hay mucho dinero involucrado desde el momento en que se gesta el complot para ejecutar el robo, hasta la última instancia, cuando el producto robado sale del país. Por ello, el Servicio Nacional de Aduanas es muy relevante en lo que se puede hacer en la persecución de los responsables.

Además de lo anterior, cabe mencionar todos los efectos que ese delito provoca en los usuarios, quienes, al quedar sin los cables, sufren el corte del suministro eléctrico, materia que hoy está en el tapete de la discusión pública, y que espero que lo esté por más tiempo a propósito de los más de seis días que han transcurrido de corte de suministro de energía eléctrica y, en muchos casos, también de agua potable, ya que los sistemas de agua potable rural se alimentan de electricidad para su funcionamiento, como ocurre en el distrito que represento en las provincias de Arauco y Biobío, en las comunas de Cañete, Santa Bárbara , Contulmo , Arauco . En todas las comunas, en general, el servicio está interrumpido o es entregado en forma intermitente; todavía no llega en condiciones normales.

De manera que hoy podemos notar y evidenciar, a propósito del último temporal, la importancia de contar con electrificación, porque su interrupción tiene efectos negativos -ya se ha dicho- en los electrodependientes, en los adultos mayores y en muchas personas en materia de salud, de educación, en fin. La falta de suministro eléctrico tiene múltiples impactos en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, hay gente que, no por el temporal, sino por cometer un delito, se organiza para provocar este daño.

Por lo tanto, hoy sí estoy de acuerdo con que se endurezcan las penas y con que las penas de presidio sean aumentadas. Pero también debemos esperar que no solo existan las penas, porque si no tenemos a quiénes aplicárselas, no sacamos nada. Esto significa que primero debemos prevenir, para que no ocurra esto, y ahí las fiscalías suprarregionales tendrán un rol también importante, porque estas son mafias, organizaciones criminales muy bien organizadas, con mucha inteligencia, a las que el Estado no es capaz de contrarrestar.

Por lo tanto, debemos generar esa prevención, así como las sanciones que correspondan en relación con el control, la persecución y la investigación -hablo de la Fiscalía-, ya que con las sanciones llegamos a esta última parte de la cadena, y tienen que ser más duras, porque tienen que ser ejemplificadoras.

Creo que hoy, dado el momento de inseguridad que vive el país, debido a la delincuencia y al crimen organizado, debemos dar señales de mano dura, de que a quienes cometen delitos tan graves como estos no les va a salir gratis, sino al revés, que les costará muy caro.

Así que estoy de acuerdo con ello, pero me gustaría que, además de la prevención, por lo ejemplar de las penas, estos delincuentes o estos criminales que se asocian ilícitamente para generar un lucro, perjudicando con ello a miles de familias en Chile, tengan no solo por esa vía un desincentivo, sino que no haya cables que robar, y ahí apunto a lo que es una política que hay que enfrentar a futuro, que es el soterramiento de los cables.

Eso tiene que avanzar, se tiene que proponer y se tiene que obligar a que esta política pública, este sistema de generar y transmitir, ya sea la telefonía, la energía eléctrica o internet, sea soterrado, que es la forma en que vamos a combatir este delito, y es la forma de avanzar en el desarrollo futuro.

¿Alguien tiene que pagarlo? Es verdad. Pero tiene que hacerse acorde con las condiciones económicas del país, con las condiciones de la tecnología, de la ingeniería, porque eso nos permitirá estar en un nivel competitivo, incluso desde el nivel del desarrollo urbano, de la planificación urbana, de la contaminación paisajística, lo que no es menor, de manera que por todos lados tendrá un efecto positivo.

¡Y qué decir de la seguridad de las personas! También habrá menor riesgo de que los accidentes automovilísticos sean fatales, como ocurre hoy cuando un vehículo choca contra un poste de energía eléctrica. No tengo el porcentaje a la mano, pero muchos de esos accidentes terminan con resultados fatales o con daños físicos de por vida a las personas involucradas.

Entonces, ahí también hay un elemento de seguridad, no solo en las ciudades, sino también en las carreteras, en las autopistas, en las rutas donde están esos postes, que sirven para sostener el tendido eléctrico o telefónico.

Es un tema que hoy no debemos dejar de seguir presentándolo y planificándolo como país, porque es una señal de desarrollo y también de seguridad y de bienestar para las personas.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, qué complicado es vivir en zonas alejadas y qué complicado es vivir en lugares donde las telecomunicaciones no tienen facilidad. Y más complicado es cuando hay personas inescrupulosas que se roban los cables o los medios de comunicación.

Vivimos días complejos para muchas zonas de nuestro país, incluyendo la Región de La Araucanía, a la cual represento, ya que no tienen energía eléctrica, con lo cual, claramente, pierden toda comunicación con sus seres queridos, especialmente en situaciones de emergencia.

Además de que hay caminos que se cortaron, que se interrumpieron, la energía eléctrica todavía no llega.

Aparentemente, quienes elaboraron este proyecto son pitonisos, porque adivinaron que se tendría que discutir en la Sala en estos días, cuando estamos enfrentando situaciones muy complejas, que han dejado en evidencia que las autoridades de gobierno no tomaron las precauciones respectivas. Lo señalo porque, a principios de año, envié oficios a distintos municipios, a distintos organismos de emergencia, para que me informaran cómo estaban preparados para enfrentar la época de invierno.

Hasta hoy, no más allá de un 20 por ciento de esos oficios han sido respondidos.

Por lo tanto, cuando legislamos respecto de este tipo de iniciativas, que además pretenden dar cierta tranquilidad a la población, para que no haya inescrupulosos que se roben los cables e impidan que las personas puedan desarrollar una vida normal, con lo cual resultan perjudicados los propios trabajadores, estamos siempre disponibles a votarlas a favor.

Por lo tanto, esperamos que este proyecto sea aprobado, para que se convierta rápidamente en ley de la república, a fin de que quienes se lucran del sufrimiento ajeno dejen de cometer este tipo de delitos y comiencen a trabajar, pero no a robar el trabajo de los demás.

He dicho.

El señor RIVAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, hoy los delitos de robo, hurto y receptación de conductores de cobre se han convertido en un problema de impacto social, ya que interrumpe el suministro eléctrico a clientes residenciales, instituciones sanitarias, colegios y a la ciudadanía en general, afectando un servicio público.

Este delito es uno más de los que han caído en las prácticas del crimen organizado, con más de mil querellas presentadas tan solo en el 2023. Por lo tanto, no solo es necesario aumentar las penas privativas de libertad y las multas, sino que es imprescindible crear un estatuto diferenciado, similar al utilizado para el robo de madera. En ese sentido, se valora que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento haya contemplado modificaciones en esa dirección y haya incorporado mayores facultades de investigación para las policías, mecanismos especiales de investigación para la fiscalía, trazabilidad tributaria y, sobre todo -a mi juicio, una de las más idóneas desde el punto de vista disuasivo, la medida de establecer una cautela real y especial de las especies sustraídas mediante el auxilio de la fuerza pública, incluso antes de la formalización.

Quedaría pendiente perfeccionar este proyecto mediante la iniciativa del Ejecutivo para ampliar la facultad fiscalizadora del Servicio Nacional de Aduanas, ya que probablemente este delito se concentra en la exportación de estos productos robados.

Voy a apoyar el texto de este proyecto contenido en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Cerrado el debate.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno señalados en su mandato relacionados con el sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo (CEI 40).

Para la discusión de este informe se otorgarán sesenta minutos distribuidos en forma proporcional entre las bancadas.

Diputada informante de la Comisión Especial Investigadora es la señorita Mónica Arce .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 32ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de mayo de 2024. Documentos de la Cuenta N° 35.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora ARCE, doña Mónica (de pie).-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, paso a relatar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con el funcionamiento del sistema de protección financiera para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de alto costo y la incorporación de nuevas coberturas en este.

Competencias de la comisión especial investigadora

La Cámara de Diputadas y Diputados, en su sesión 106ª, de 20 noviembre de 2023, ante la petición formulada por 64 diputados, acordó la creación de esta comisión especial investigadora. Los patrocinantes de la instancia solicitaron su creación con la finalidad de fiscalizar los actos del gobierno, particularmente de los ministerios de Salud y de Hacienda, relativos al funcionamiento del sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alto costo, “ley Ricarte Soto ”, la incorporación de nuevas patologías para ser cubiertas por el sistema, sobre todo en lo relacionado con las políticas de diagnóstico oportuno y tratamiento de la atrofia muscular espinal, más conocida como AME, y la forma de precaver eventuales conflictos de intereses que se puedan originar por la incorporación de nuevos diagnósticos y tratamientos médicos.

La comisión dispone de un plazo no superior a sesenta días para evacuar su informe.

Para el cumplimiento de su cometido podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Dicha solicitud fue presentada para conocer, indagar e investigar los actos del gobierno relacionados con el diseño, implementación y financiamiento de las políticas públicas relacionadas con el diagnóstico oportuno y tratamiento idóneo de las enfermedades de alto costo, como la atrofia muscular espinal entre otras, y visualizar el manejo de eventuales conflictos de intereses que pudieran presentarse.

Trabajo realizado por la comisión

A propuesta del Presidente de la comisión, se acordó abordar el objeto de la comisión tomando en cuenta los siguientes temas:

1.Campañas de atrofia muscular espinal.

2.Experiencias internacionales y laboratorios.

3.Otras organizaciones de pacientes buscando financiamiento.

4.Estado de acuerdos de riesgo compartido.

5.Cuidados en domicilio y pesquisa neonatal.

6.Estado de la “ley Ricarte Soto ”.

7.Comisión ad hoc que ha decidido y decide la entrega de los medicamentos.

8.Fondo de judicialización y posibilidades de más recursos.

Para el cumplimiento de su cometido, la comisión destinó once sesiones ordinarias, en las que se procedió a tomar conocimiento de parte de las autoridades citadas y de los invitados particulares sobre la materia que se estudió. Todos ellos expusieron la situación en que se encuentra en la actualidad el tema que les aqueja, por un lado, y la forma en que se ha abordado, por el otro. Asimismo, respondieron las consultas que se les formularon durante las respectivas sesiones.

Las exposiciones figuran en resumen en el informe correspondiente, e in extenso en las actas taquigráficas respectivas.

Consideraciones que sirven de base a las conclusiones y proposiciones aprobadas por la comisión

Con el voto favorable unánime de los diputados y diputadas presentes, señores y señoras Danisa Astudillo Peiretti , Félix González Gatica , Tomás Lagomarsino Guzmán (Presidente), Hernán Palma Pérez , Consuelo Veloso Ávila y quien informa, se aprobaron (seis votos a favor) las siguientes consideraciones, conclusiones y propuestas formuladas de consenso:

1. Campañas de pacientes de tratamientos de alto costo

Si bien son de público conocimiento las actividades solidarias que se realizan en nuestro país para financiar la salud, sean estas a microescala, como completadas, bingos, rifas, entre otros, o a megaescala, como la Teletón, desde hace algunos años, aprovechando el uso de las redes sociales, se han viralizado campañas individuales para financiar tratamientos de alto costo. Ejemplos en esta materia existen muchos desde hace muchísimos años, y han ido progresivamente en aumento.

Sin embargo, la llegada de las campañas individuales para recaudar recursos para pacientes con atrofia muscular espinal rompe los esquemas conocidos hasta hoy. El elevadísimo costo del tratamiento genético en cuestión, la viralización por redes sociales, la cobertura mediática y la presión a tomadores de decisión en distintos niveles no ha tenido precedentes.

Dado este explosivo avance, el Estado de Chile no ha podido establecer mecanismos que le permitan procesar adecuadamente estos requerimientos y la presión que se ejerce con el análisis de la evidencia científica asociada a los tratamientos y la forma de adquisición que asegure el buen uso de los recursos públicos que le cabe como responsabilidad.

2. Evaluación de tecnologías sanitarias (Etesa)

Es fundamental fortalecer la política de evaluación de tecnologías sanitarias para poder analizar adecuada y minuciosamente la evidencia científica asociada a los tratamientos de alto costo. La ley N° 20.850 estableció tanto el estándar de oro en la capacidad y calidad de la evaluación de este tipo de tecnologías como el manejo de conflictos de intereses, con la metodología que tiene para su incorporación al fondo. Sin embargo, el financiamiento de tratamientos de alto costo por fuera de esta ley empobrece el análisis y genera retrocesos en la materia.

Para el caso de la atrofia muscular espinal, y según quedó de manifiesto en la sesión celebrada el 16 de abril de 2024, existió un conflicto de intereses entre uno de los especialistas de neurología infantil que integraba la comisión que asesoró al Ministerio de Salud para decidir la entrega de onasemnogén abeparvovec y un laboratorio de la competencia que pudo haber inhibido al profesional de entregar este nuevo medicamento. Este conflicto de intereses se suscitó al participar en un ensayo clínico de otro tratamiento para el mismo diagnóstico. Dicha relación, al no ser desmentida, cuestionada, desarticulada o despejada del debate, confirma que la regulación por fuera de la “ley Ricarte Soto ” es insuficiente para asegurar la probidad y la transparencia necesarias en la utilización de recursos públicos para costear los casi 2.000 millones de pesos por dosis del medicamento en cuestión.

Es un desafío para el Estado de Chile regular la entrega y la adquisición de tratamientos de altísimo costo por fuera de la “ley Ricarte Soto ” para contar con mayores estándares éticolegales y de evaluación de evidencia científica.

Tardíamente, el Ministerio de Salud desarrolló un protocolo titulado Tratamiento con Onasemnogén Abeparvovec para Personas con Atrofia Muscular Espinal Tipo 1, el cual estipula el proceso de evaluación de casos clínicos posibles de ser beneficiarios de este tratamiento y que fue publicado mediante la resolución exenta N° 1.574, del 24 de noviembre de 2023. Dicha evaluación será desarrollada por una comisión ad hoc, contemplando los aspectos económicos, ético-sociales y de equidad.

Adicionalmente, los tiempos autoimpuestos por este protocolo del Ministerio de Salud terminaron no cumpliéndose, según se constató en la sesión realizada el 15 de enero de 2024, afectando directamente los derechos constitucionales a la vida y a la integridad psíquica y física de las personas, amparados en el artículo 19, N° 1°, de la Constitución Política de la República.

Sea cual sea el caso, el establecimiento de comisiones ad hoc como las que fueron conocidas en la comisión especial investigadora son metodologías de baja calidad para definir la prescripción de tratamientos de alto costo. Esto, dado que no cuentan con un cuerpo legal claro que les dé sostén y, por tanto, sin el manejo adecuado de conflictos de intereses.

Es fundamental fortalecer el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud o crear una agencia que evalúe de forma lo más imparcial posible los nuevos tratamientos. En el caso de la “ley Ricarte Soto ” es relevante remunerar a los integrantes de la Comisión de Recomendación Priorizada a fin de reglar de mejor forma dicha instancia decisional.

Posterior a la ley N° 20.850, en 2020 se creó el Comité de Drogas Oncológicas de Alto Costo (CDAC), que tiende a fragmentar la política de tratamientos de alto costo considerando que la “ley Ricarte Soto ” financia también drogas oncológicas de alto costo. Es relevante el esfuerzo de rectoría que haga el Ministerio de Salud para mantener ordenada la política de financiamiento de tratamientos de alto costo o que se genere una definición en cuanto a la diferenciación de aquella destinada a tratamientos oncológicos.

3. Donación de medicamentos

Se conoció la donación al Estado de Chile de medicamentos de alto costo para la atrofia muscular espinal tanto en el gobierno anterior como en el actual. La decisión de a quiénes se les entregaban dichas donaciones en algunos casos fue discrecional y sin una metodología clara, lo cual pudo haber incidido en que hubo pacientes que no fueron considerados para su entrega y, por tanto, que hubiera conflictos de intereses en la decisión. De hecho, durante las sesiones de la comisión una agrupación de pacientes se adjudicó el haber enviado al Ministerio de Salud de aquel entonces la nómina de pacientes que recibieron dichos medicamentos donados.

El Ministerio de Salud debe reglar claramente el procedimiento por el cual se reciben las donaciones para tratamientos de alto costo por parte de laboratorios y cómo se decide la entrega de esos medicamentos a los pacientes.

4. Tratamientos de elevadísimo costo

Chile y los Estados del mundo están desafiados por la llegada de nuevos medicamentos cuyo costo ya sobrepasa todo límite. El primero de estos es onasemnogén abeparvovec, más conocido como Zolgensma, que corresponde al primer medicamento genético, es decir, que puede corregir un error genético, en este caso, para la atrofia muscular espinal.

El siguiente fármaco de estas características, que aún no ha sido registrado en Chile, es delandistrogene moxeparvovec-rokl, más conocido como Elevydis, para la distrofia muscular de Duchenne.

A pesar de que la ley N° 20.850 fue expresamente creada para tratamientos de alto costo, y esta no contó con un techo de costo para incorporar medicamentos, cabe preguntarse si esta política pública es capaz de responder a una generación de fármacos cuyo costo ya no son cientos de millones de pesos, sino miles de millones de pesos, dado que la incorporación de tratamientos de estas características consumiría rápidamente el fondo disponible de esta ley.

De todas formas, al no existir otra política pública dirigida a estos medicamentos y no contar la ley N° 20.850 con un techo de costo, esta normativa es la que debe tender a acoger este tipo de tratamientos.

Sea cual sea la normativa mediante la cual el Estado adquiera estos tratamientos, la compra por unidad siempre será más ineficiente, por lo cual se debe tender a su adquisición por volumen o mediante acuerdos de riesgo compartido, según se comentará más adelante.

5. Judicialización de tratamientos de alto costo

El Estado de Chile ha sucumbido ante la judicialización. Prueba de ello es la incorporación en la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2023 y 2024 de un fondo en la partida del Ministerio de Salud destinado a financiar los fallos en materia de tratamientos de alto costo.

Lo anterior toma mayor gravedad, considerando que en junio de 2022 no se incorporaron nuevas tecnologías a la ley N° 20.850, dado que se había alcanzado el techo de sustentabilidad financiera. El Estado de Chile decidió responder a la judicialización en vez de fortalecer la política pública destinada a financiar de forma ordenada y sistemática, y con evaluación de la evidencia científica los tratamientos de alto costo.

Esta medida de por sí es altamente discriminatoria, dado que no todos los pacientes o sus familias son capaces de llevar un proceso judicial hasta la Corte Suprema para que se falle y se ordene al Estado de Chile la entrega de un medicamento de estas características.

Se debe propender a que los recursos destinados al Fondo de Judicialización sean traspasados a la “ley Ricarte Soto ” en la medida que se puedan incorporar nuevos tratamientos a esta.

Debe existir un acercamiento con el Poder Judicial, a fin de establecer estándares que aseguren certeza jurídica frente a la incertidumbre de sentencias que obliguen al Estado a financiar tratamientos futuros de elevado o elevadísimo costo.

6. Acuerdos de riesgo compartido

Ninguno de los últimos gobiernos había logrado implementar un acuerdo de riesgo compartido (ACR) para la adquisición de medicamentos de alto costo, compartiendo el riesgo entre el Estado y el laboratorio innovador. Del análisis de las experiencias anteriores, se obtiene que siempre se habían realizado descuentos por volumen. Todo lo anterior, a pesar de que la ley N° 20.850 instaló expresamente esta modalidad de adquisición en su artículo 7°.

Tanto el director de la Cenabast como la directora de Chile Compra descartaron que se requiera de modificaciones legales para la implementación de los acuerdos de riesgo compartido, aunque su realización podría facilitar la ejecución. Lo que sí se requiere son modificaciones en los reglamentos, sea de la ley N° 20.850 o de la ley de compras públicas para mejorar su implementación.

En febrero de 2024 se realizó el primer acuerdo de riesgo compartido que correspondió a uno de resultado clínico. Sin embargo, este correspondió al fallecimiento del paciente, por lo cual es el resultado clínico más básico que pudiera haberse implementado.

7. Servicio de atención de usuario con soporte ventilatorio en domicilio

Se conocieron denuncias de falta de insumos y mantenimiento de equipos del programa en comento, y tanto la ministra de Salud como el subsecretario de Redes Asistenciales se comprometieron a realizar una auditoría amplia al programa, cuyo informe final y medidas adoptadas serán enviados a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados para su conocimiento. Por ello, se sugiere por esta comisión que dicho informe de auditoría no exceda el plazo de seis meses desde aprobado el informe.

No queda claro de lo expuesto por el subsecretario de Redes Asistenciales a quién le corresponde la contraparte técnica para fiscalizar el cumplimiento de los contratos con empresas externas que prestan estos servicios.

8. Pesquisa neonatal

Ha existido inacción de las autoridades que manejan el presupuesto, en cuanto a la ampliación de la pesquisa neonatal, dado que en los años 2017, 2018, 2019 y 2023 ha existido recomendación favorable para su incorporación en la ley de presupuestos para el sector público, y no se ha concretado.

Si bien Chile fue pionero en Latinoamérica en su programa de pesquisa neonatal, que incorporó dos patologías, con el correr de los años se quedó atrás en comparación con otros países de la región, que fueron ampliándola y manteniendo una tasa de cobertura adecuada.

A modo de ejemplo, Costa Rica mantiene 29 patologías en pesquisa, con una cobertura de 97,7 por ciento; Uruguay mantiene 21 patologías, y una cobertura de 99,2 por ciento, y Chile tiene dos patologías, con una cobertura de 98 por ciento. Además, se debe fortalecer la fiscalización de la aplicación de la pesquisa neonatal en el sector privado (isapres).

El Estado de Chile está perdiendo la oportunidad de pesquisar precozmente patologías en recién nacidos, lo cual sería un beneficio para ellos y sus familias, pero que también mejoraría la eficiencia del sistema de salud, dado que el diagnóstico tardío de esas patologías requiere un tratamiento aún más complejo y costoso.

9. Agrupaciones de pacientes

La “ley Ricarte Soto ” y la ley del cáncer, entre otras, han surgido gracias al trabajo realizado y desplegado por las agrupaciones de pacientes de nuestro país, ya que no estaban en los programas de los gobiernos en que se discutieron. Es por ello por lo que las agrupaciones de pacientes deben ser permanentemente escuchadas y se debe fortalecer su participación en todas las discusiones sanitarias.

Así como se plantea lo anterior, se deben tener en cuenta los eventuales conflictos de intereses que pueden surgir considerando que la industria farmacéutica, a través de las organizaciones de la sociedad civil, presiona a los tomadores de decisión.

Atendido que no fue posible escuchar a todas las entidades o agrupaciones de pacientes existentes, la comisión recomienda escucharlas y convocarlas en otras instancias legislativas o fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados. Entre otras, a las siguientes: Asociación Autoinflamatorias Chile, Asociación XLH Chile, Corporación Familia Duchenne Chile, Fundación Josseline Fernández Cuevas, Fundación Me Muevo , Fundación Familia Miastenia Chile, Fundación Síndrome de Angelman Chile, Asociación Esclerodermia Chile, Fundación del Síndrome de Vogt y Red Chilena de Pacientes Reumáticos.

10. Estancamiento de la “ley Ricarte Soto ”

Ha existido desidia en la aplicación de la ley N° 20.850, conocida como “ley Ricarte Soto ”, desde 2021 hasta la fecha. El gobierno anterior, sabiendo que debía publicarse en junio de 2022 el quinto decreto para incorporar nuevas tecnologías, y sabiendo que se había alcanzado el techo de sustentabilidad, no incorporó recursos adicionales en la ley de presupuestos para el 2022. El gobierno actual, en conocimiento de la situación de la “ley Ricarte Soto ”, tampoco ha incorporado recursos adicionales en las leyes de presupuestos para los años 2023 y 2024.

Es responsabilidad del gobierno impedir el estancamiento de esta ley, considerando que se alcanzó el techo de sustentabilidad, y que desde 2019 los egresos del fondo superan a los ingresos anuales, según quedó demostrado en la presentación de la directora de Presupuestos en la sesión respectiva.

Se recomienda encarecidamente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda que se adopten las medidas pertinentes para aumentar el presupuesto de la “ley Ricarte Soto”, sea a través de la ley de presupuestos para el sector público o a través del boletín N° 15047-11, que modifica la ley N° 20.850 en su actual tramitación.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

RETIRO DE BENEFICIOS A FALSOS EXONERADOS Y DESTINO DE RECURSOS A PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL (Solicitud de Resolución N° 1.180)

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Cerrado el debate.

-o-

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Saludo a las delegaciones de socios y socias de los clubes de adulto mayor Gimnasia es Vida e Inmaculada Concepción de Maipo, de la comuna de Buin, encabezadas por sus presidentas, Nancy Carrasco y Erika Godoy , respectivamente, invitadas por el diputado Leonardo Soto.

¡Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados!

-Aplausos.

ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS AL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD OPERATIVA E INFRAESTRUCTURA (SOLICITUD DE RESOLUCIÓN No 1.181)

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

No hay diputados inscritos para hablar a favor o en contra de esta solicitud de resolución.

-o-

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Saludo a los estudiantes de Osorno y de Santiago que hoy visitan la Corporación, invitados por el diputado Héctor Barría .

¡Bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados!

-Aplausos.

-o-

CALIFICACIÓN CON URGENCIA A PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA LOS INMUEBLES QUE INDICA, UBICADOS EN LA COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO (BOLETÍN N° 16582-14) (Solicitud de Resolución No 1.182)

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde tratar la solicitud de resolución No 1.182.

El señor Prosecretario dará lectura a su título.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

Solicitud de resolución No 1.182, del diputado señor Félix González , en virtud de la cual se solicita a su excelencia el Presidente de la República hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto de ley que declara de utilidad pública los inmuebles que indica, ubicados en la comuna de Tomé, Región del Biobío.

-Los textos íntegros de las solicitudes de acuerdos y de resoluciones figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: https://www.camara.cl/fiscalizacion/Acuerdos/proyectos_acuerdo.aspx