Labor Parlamentaria

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 96ª de la presente legislatura, en lunes 4 de noviembre de 2024. Documentos de la Cuenta N° 8.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, no tenemos control sobre nuestras fronteras, Aduanas a estas alturas es un chiste, y, sin embargo, queremos prohibir otro adminículo más que es utilizado por los criminales.

Por nuestras fronteras entra armamento, entran granadas de mano, entran toneladas de droga, pero hemos llegado a la conclusión de que a través de una ley, por obra de magia, podemos impedir que los criminales accedan a este tipo de aparatos.

La verdad es que va a suceder exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, con las armas cuando se restringe la compra legal. Al final, los criminales terminan teniendo las armas, y la gente honesta no. Es decir, nosotros restringimos el uso legal de este tipo de aparatos, no permitimos que la gente honesta los tenga para uso legal y se los entregamos por completo al mundo del hampa. Esa es la situación.

¿Por qué? Porque no hay control de fronteras, porque no hay control en Aduanas, porque no basta lo que se está haciendo en materia de control de criminalidad. Mientras miles de autos salen de Chile y son rematados arriba en La Paz, nosotros nos dedicamos aquí, como en el antiguo Bizancio, cuando estaban siendo sitiados por los turcos, a discutir cuántos ángeles pueden bailar sobre la cabeza de una aguja.

Este tipo de legislación no se está haciendo cargo del problema real, cual es que no se persigue a la delincuencia con la cantidad de medios que se requiere para sofocarla.

No tenemos suficiente espacio carcelario, no tenemos suficientes policías y no tenemos cerradas o controladas suficientemente nuestras fronteras. Entonces, ¿de qué nos sirve aprobar una norma tras otra que lo único que hacen es ir reduciendo el espacio legal para la tenencia de este tipo de adminículos? De nada, porque no van a meter preso a nadie por ello.

Deberíamos tener casi 60.000 plazas más en las cárceles para delincuentes de todo tipo o toda monta, pero no veo movimiento en esa materia. Aquí nos dedicamos, literalmente, a vender el sofá de don Otto . Entonces, ¿hasta cuándo hacemos creer a la gente que con este tipo de iniciativas vamos a mejorar su situación?

Aquí hay un problema de gestión de criminalidad, un problema de gestión carcelaria y un problema de gestión de fronteras. Mientras no se mejore la gestión, no hay ninguna posibilidad -¡ninguna!- de que mejore la situación de criminalidad en nuestro país.

He dicho.

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, yo me voy a referir al proyecto de ley, el cual efectivamente colabora en materia de persecución criminal.

No es de difícil ocurrencia -sucede mucho- que dispositivos de inhibición de señales, particularmente de celulares, sean utilizados por bandas de crimen organizado para cometer algún tipo de ilícito.

¿Qué hace este proyecto de ley? Busca sancionar una conducta que no será reprochable hasta la promulgación de esta norma. Este proyecto no solo prohíbe la comercialización, la importación y la adquisición de estos dispositivos -hoy es posible comprar, porque no es ilícito, inhibidores de señales a través de una página web-, sino que además sanciona -por eso estoy de acuerdo con modificar la Ley General de Telecomunicaciones- el porte de instrumentos que inhiban cualquier tipo de señales que se emitan a través de un servicio de telecomunicaciones, por ejemplo, como se señaló, una señal GPS de algún vehículo o una señal del celular de una víctima, que le impida realizar una denuncia.

Por eso, esta norma es completamente adecuada para complementar la legislación actual y se hace cargo de la problemática tecnológica que avanza en materia delictual, sancionando la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia o porte de dispositivos electrónicos que interfieran señales de telecomunicaciones, como son los inhibidores de señales.

Por lo tanto, este es un muy buen proyecto de ley, que perfecciona la normativa actual y que va a permitir sancionar no solo a quienes utilicen estos dispositivos electrónicos para fines ilícitos, sino también a quienes los porten.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señorita Presidenta, este es un buen proyecto de ley. Por cierto, nosotros lo vamos a apoyar como Demócratas, ya que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones, y establece sanciones en caso de incumplimiento.

El 15 de junio de 2022, nosotros ingresamos un proyecto -en ese minuto lo conversamos de manera transversal- que tenía por objeto inhibir la señal telefónica en las cárceles y que quizá conversa con este proyecto de una u otra manera.

La entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, y el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve , nos dijeron que no era necesario y que se podía avanzar por vía administrativa, pidiéndoles a las distintas compañías que inhabilitaran la señal telefónica.

Pues bien, a la fecha hemos visto que ha sido muy escueta esa medida. Tenemos tres o cuatro cárceles concesionadas con inhibidores, pero hay reticencia.

No se quiso escuchar una propuesta de estos diputados y, lamentablemente, seguimos con el problema en las calles. El crimen organizado se está tomando también nuestras cárceles y, por lo tanto, todo lo que vaya a poner orden en eliminar señales telefónicas en las cárceles, como este proyecto, que sanciona drásticamente el porte de dispositivos electrónicos, es positivo.

Hago un llamado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a desarrollar un trabajo mucho más exhaustivo, y a relacionarse con los distintos ministerios y servicios, porque en hoy día la hiperdepartamentalización, tal como lo dice el actual subsecretario del Interior, es un problema de gestión. Ya no se necesitan más leyes, hay que ejecutar, y de manera coordinada.

El problema es que cada ministro, cada ministerio o subsecretaría cree que haciendo su pega está bien, pero no vamos a combatir el crimen organizado si cada uno vela por su pega, si paga su Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) a fin de mes y si no hay interoperatividad entre cada uno de los ministerios. De esa manera no lo vamos a combatir.

Vamos a apoyar este proyecto, pero esto requiere un trabajo más articulado entre los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos, y de Transportes y Telecomunicaciones, para que de una vez por todas, junto a nuestras policías y otros poderes del Estado, como el Ministerio Público, podamos ser efectivos en el combate al crimen organizado.

He dicho.

La señorita CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Corresponde continuar con el debate del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, correspondiente al boletín N° 16893-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se encuentra rendido.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto de ley se inició en la sesión 97ª de la presente legislatura, en martes 5 de noviembre de 2024, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Continuando con el debate, tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señorita Presidenta, vivir en un país democrático, donde impere el Estado de derecho, requiere de constantes perfeccionamientos, con el fin de velar por que los principios que permiten la convivencia social y el ejercicio del poder estatal sean cumplidos y se encuentren plenamente vigentes.

La realidad de las sociedades modernas incrementa aún más esa necesidad de perfeccionamiento, especialmente cuando la criminalidad desorienta el ejercicio legítimo del poder por parte de las autoridades, sean o no electas por votación popular.

Las chilenas y los chilenos esperan que el Estado, sus órganos y autoridades se encuentren al servicio de las personas y de los principales problemas que enfrenta el país, o bien que dirijan los procesos que permitan solucionarlos con un sentido ético y transparente, dando cuenta de los recursos empleados para ello.

En ningún caso esperamos a autoridades y funcionarios que pongan sus intereses particulares por delante del interés general de la nación. No esperamos que la voluntad democrática se vea torcida ante un ejercicio ilegítimo de poder.

En el último tiempo hemos conocido diversos casos en que, lamentablemente, ello se concreta sin que se imponga una sanción ejemplar a quienes vulneran el principio de probidad, precisamente por beneficiarse de determinadas acciones, valiéndose generalmente de recursos públicos o de la autoridad que detentan.

Del mismo modo, vemos cómo sin control algunas autoridades sancionadas por delitos contra la probidad y la función pública siguen en sus cargos, o bien postulan nuevamente, con la amenaza cierta de repetir tristes historias.

Valoro que este proyecto de reforma constitucional establezca expresamente en nuestra Constitución Política una inhabilidad para aquellas personas, autoridades o funcionarios que sean condenados por delitos contra la probidad, por un plazo indefinido que impida que ellos ejerzan funciones públicas, y que solo se permita el ejercicio de funciones públicas una vez habilitados por el Senado, previo plazo de quince años y solicitud expresa al efecto.

De ese modo, damos como Estado una señal clara y concisa de que no será tolerado ningún tipo de conductas que atenten contra la probidad y el uso indebido de recursos públicos.

Desde la bancada Demócratas votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, este es un proyecto de reforma constitucional muy importante, como bien se imaginarán todos los colegas.

El estándar que nos está exigiendo la ciudadanía hoy en día a todos los representantes en cargos públicos es mucho más alto.

Todas las personas que en ejercicio de un cargo público cometan delitos, especialmente delitos contra la probidad, malversación de caudales públicos, abuso de su posición en el cargo, no debiesen volver a acceder nunca a un cargo público.

Por supuesto, es importante que hagamos este punto hoy, cuando tenemos a un exsubsecretario que está siendo enjuiciado. En este momento se le está juzgando por delitos sexuales, pero probablemente se sumará el uso de redes con la PDI, y también el uso y abuso del acceso a cámaras de seguridad y recursos públicos, eventualmente.

Ese tipo de personas no debiese acceder nunca más a un cargo de representación popular, ni a ningún tipo de cargo de confianza o de administración de recursos públicos.

Esto es algo fundamental, es un paso que tenemos que dar, y es algo que espero, por supuesto, que sea transversal. Debe ser materia de un esfuerzo transversal en el Congreso Nacional exigirles a todos quienes ejercemos cargos de responsabilidad pública, a quienes administran recursos públicos y a todos quienes están en un cargo de confianza frente al país, que su estándar de comportamiento esté a la altura.

Lamentablemente, hemos visto en tiempos recientes que eso no ocurre siempre y, por supuesto, se le debe poner fin de una buena vez.

Votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .

La señora PIZARRO (doña Lorena).-

Señorita Presidenta, estamos observando un Chile en que hay personas que, de manera impúdica y poco ética, abusan del poder y del nivel de responsabilidades que tienen, utilizándolas para temas personales.

Es gravísimo lo que ocurre con aquellos desfalcos que han tenido lugar en los municipios; es gravísimo lo que ocurre, sin duda, también con el exsubsecretario Manuel Monsalve , y es gravísimo lo que está ocurriendo con toda esa red de poder y de corrupción al margen, encabezada por el señor Hermosilla y muchos otros.

En este espacio, en que estamos hablando de corrupción y de los delitos contra la probidad, no puedo dejar de señalar que ayer conocimos, a través del medio de comunicación The Clinic, cómo, entre otras cosas, se planificó desde este bufete de verdaderos delincuentes una acción para debilitar, perseguir y encarcelar al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue , y todo lo que significa su presencia al conducir un municipio en que demostró que se podía gobernar de manera distinta.

Muchas veces se dice en esta Sala que hay que dejar que las instituciones funcionen. ¿Cuál institución? ¿Aquellas que están coaptadas por el poder?

¿Cuál institución? ¿Aquella que tiene representantes elegidos a dedo?

Es muy necesario avanzar en esto, porque lo que se fragiliza es la democracia. También es muy importante avanzar porque esas redes de poder generalmente pertenecen a quienes tienen grandes recursos, compromisos e intereses económicos, y, por lo mismo, pueden perseguir, destruir e intentar encarcelar, como al exalcalde Daniel Jadue por la labor desarrollada y por ser militante comunista, y también querer silenciar a aquellas y aquellos que creemos que la democracia debe ser de verdad el fin de esa herencia de corrupción, autoritarismo y poder sin control heredada e impuesta por la dictadura y sus 17 años.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señorita Presidenta, todos los delitos son reprochables, sin duda, pero hay algunos que son especialmente graves. Nuestro ordenamiento jurídico establece jerarquías entre ellos. Por ejemplo, no es lo mismo un hurto que un homicidio. Lo mismo ocurre cuando los delitos son cometidos contra un privado o contra el Estado. Por supuesto que siempre son condenables; en eso no hay duda. Pero cuando se trata de delitos contra la probidad y contra los bienes públicos, es especialmente grave.

Por eso, considero que este proyecto de ley va en la dirección correcta porque inhabilita para desempeñar un cargo o una función pública a quien haya sido condenado por delitos contra la probidad, pero también establece el cese de funciones de quienes hayan cometido este tipo de delitos estando en un cargo público, sin importar si se trata o no de un cargo de elección popular.

Por lo tanto, hablamos de una base mínima con la que debe contar la democracia y las instituciones democráticas, porque las penas de cárcel o las penas remitidas, en este caso, no resultan suficientes para cuidar las instituciones.

Por ejemplo, hoy, Jaime Orpis , exsenador de la UDI, condenado por fraude al fisco y cohecho en el caso Corpesca, ya cumplió su condena y se encuentra en libertad, por lo que perfectamente el día de mañana podría postular a algún cargo de elección popular y salir electo, o bien que se le designe en un cargo público. Asimismo, personas respecto de las cuales no hay ninguna duda de su involucramiento en delitos contra la probidad fácilmente podrían optar a un cargo en el que deban decidir sobre compras públicas o la utilización de fondos públicos o, definitivamente, en el que reciban una remuneración que depende de las arcas fiscales.

En este caso estamos hablando de quienes tienen una condena, por tanto, una sentencia firme y ejecutoriada; es decir, de personas que efectivamente hayan cometido un delito contra la probidad.

Quienes ocupamos cargos de representación popular, cargos públicos o distintas funciones dentro del Estado tenemos una responsabilidad mayor, por lo que estamos especialmente llamados y llamadas a dar el ejemplo.

Este proyecto busca recuperar la confianza en el sistema político. Como señalé, las condenas en términos individuales pueden ser evaluadas como suficientes o no, pero son condenas en términos legales, en términos penales. Sin embargo, eso no es suficiente para cuidar las instituciones. Por eso creo que este proyecto podría ser un aporte en aquello.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señorita Presidenta, quiero partir mi intervención felicitando a los mocionantes, porque me parece un buen proyecto, ya que va al fondo de lo que queremos hacer con la política o debemos hacer con la política.

La probidad en el ámbito jurídico se refiere a la honradez, a la integridad y a la rectitud en el actuar. Su ausencia puede ser causa de rescisión de contratos de trabajo en algunas partes y en algunos estados.

En Chile la probidad es una exigencia de la justicia legal y contribuye al bien común. Quien actúa con probidad no comete abusos, no miente ni incurre en delitos. Es lo que debemos autoexigirnos y exigir a las personas que entren al servicio público y a la política.

Reitero mis felicitaciones por la presentación de esta moción. Me parece muy bueno que estemos discutiendo este proyecto, y espero que lo aprobemos por mayoría, ojalá por unanimidad.

Pero permítanme hacer una reflexión. Espero que esto no sea como el acto de Poncio Pilato, de lavarse las manos, en términos de presentar una iniciativa que finalmente no se traduzca en una acción concreta y en un cambio de actuar de toda la política, de todos los políticos, no solamente a nivel del Parlamento, sino de toda la estructura del Estado. La idea es que efectivamente recuperemos, de una vez por todas, la confianza que muchas veces nosotros mismos, en nuestro actuar, hemos no honrado con nuestros conciudadanos.

Así que anuncio que el proyecto contará con nuestro apoyo. Espero que tengamos claro que no solamente basta con hacer la declaración de intereses y patrimonio que está mandatado en la ley de probidad actualmente vigente, sino que, sobre todo, hay que actuar para contribuir al bien común, como dice la definición jurídica de probidad.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señorita Presidenta, en primer lugar, felicito a los mocionantes de este proyecto, liderado por el diputado Marcos Ilabaca . También participamos en su suscripción varios parlamentarios de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, entre ellos Raúl Leiva y otros.

¿Qué es lo que quisimos hacer con esta moción? A propósito de lo planteado por el diputado Francisco Undurraga , primero, quisimos elevar los estándares de probidad a lo más alto que establece nuestro sistema democrático. La manera de hacerlo es elevar las sanciones por corrupción al artículo 8° de la Constitución, que forma parte de las bases de la institucionalidad. Una piedra angular, un cimiento importante de todo nuestro andamiaje jurídico constitucional es el hecho de que en el capítulo sobre Bases de la institucionalidad se establezcan inhabilidades para acceder a cargos públicos y las causales de cesación para quienes hayan cometido delitos contra la probidad. Por eso, este proyecto se incorpora ya no en el Código Penal o en una ley especial por ahí perdida, sino en uno de los cimientos que inspiran y permiten interpretar todo nuestro sistema jurídico.

De ahora en adelante, a partir de esta modificación al artículo 8° de la Constitución

“Estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiere sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.”. Si estaba sirviendo en el cargo, el funcionario cesará inmediatamente en este “desde que se certifique que la sentencia condenatoria -por delitos contra la probidad- se encuentra ejecutoriada”.

Durante el debate del proyecto en la comisión se preguntó cuáles son los delitos contra la probidad, porque no está muy claro en nuestro sistema penal. Pues bien, se definió de común acuerdo, con todos los parlamentarios de todos los sectores, que se consideren para estos efectos delitos contra la probidad la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho. En estos casos opera completamente la inhabilidad para postular a cargos o función pública, sea o no de elección popular.

¿Por qué es importante esa aclaración? Porque, probablemente, alguien dirá que aquello ya está hecho, que ya existe esta inhabilidad respecto de los que cometen delitos contra la probidad. Sí, claro; pero siempre hay resquicios legales, porque la corrupción se desarrolla cuando hay facilidad en las instituciones para que esta se presente.

Hemos visto y conocido, con estupor e indignación, como aquello ha ocurrido. Podemos citar un caso que ocurrió en el norte, en Coquimbo, donde se destituyó a un alcalde por haber cometido el delito de fraude al fisco; es decir, fue deshonrado, fue destituido y fue sancionado a perpetuidad con la inhabilidad para ser elegido como alcalde por dicho fraude, debidamente acreditado. Pero la sentencia decía que estaba inhabilitado solo para ser alcalde. Por lo mismo, al año siguiente de su destitución, mucha gente lo apoyó y lo postuló al cargo de diputado, en el que resultó elegido. Y ejerció como diputado varios años.

También hay casos de personas que habían ejercido cargos públicos que fueron condenadas por delitos de corrupción y sancionadas con la inhabilidad por cinco años para el ejercicio de funciones o cargos públicos. No obstante, cuando estas cumplían la pena principal, la de presidio u otra, también lograban dar por cumplida la inhabilidad para postular a ese tipo de cargos. En ese caso, señalaban como argumento que como habían cumplido la pena principal, lo accesorio o lo secundario debía seguir el mismo destino. Argumentaban que debía estimarse cumplida la inhabilidad y simplemente postulaban nuevamente a cargos de elección popular.

Es muy difícil de presentar eso a la ciudadanía, porque esta entiende que mientras mayor autoridad pública tiene una persona debe haber mayor responsabilidad y ejemplaridad. Los ciudadanos no esperan que los parlamentarios, las autoridades de gobierno, los alcaldes, los gobernadores sean iguales que ellos; tienen que ser mejores que ellos, o por lo menos parecerlo, y tener una conducta ejemplar. Esa es la única manera de recobrar la confianza de la gente, de modo que la ejemplaridad pública es un principio que inspira este proyecto de reforma constitucional.

Por eso es que este proyecto propone establecer a nivel constitucional la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, mediante la modificación del artículo 8º, Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, ya que eso permitirá una interpretación restrictiva y dispondrá una sanción específica a todos aquellos que cometen graves delitos contra el orden democrático, contra la probidad pública y contra la ejemplaridad.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Señorita Presidenta, hace un tiempo en esta Cámara se sometió a votación un proyecto de acuerdo que solicitaba al Presidente de la República agilizar la presentación de un proyecto de ley que tuviera por objeto impedir, por única vez, la reelección de los gobernadores regionales. ¿Por qué? Porque en el contexto del escándalo de los convenios y las fundaciones se estaban presentando a la reelección muchas autoridades que estaban seriamente cuestionadas e investigadas por la fiscalía, por la Contraloría, por el Consejo para la Transparencia, etcétera.

Ese proyecto de acuerdo fue aprobado transversalmente en esta Cámara, pero, lamentablemente, no tuvo la celeridad que hubiésemos esperado por parte del Ejecutivo. Sin embargo, este proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, nos da nuevamente la esperanza de seguir avanzando en un camino hacia la probidad, hacia la transparencia, hacia esa probidad que no es otra cosa que desempeñar el cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular.

Acá se ha hablado que el foco está en la malversación y el cohecho, lo que me parece bastante bien, pero muchas veces hemos visto que varias autoridades políticas colocan por sobre muchas cosas sus propios intereses personales, incluso, sus propias carreras políticas, obstaculizando con ello el crecimiento y el desarrollo de la gente que quieren representar.

Voy a votar a favor este proyecto de reforma constitucional, porque, sin duda, está en la línea correcta, pero creo que es mucho más importante actuar en materia de prevención. En ese sentido, quiero decir que esta Cámara lleva forzando hace bastante tiempo, más de dos años, la introducción por parte del Ejecutivo del concepto de auditoría externa obligatoria tanto en municipios como en gobiernos regionales, pero hasta el momento no lo hemos conseguido.

No recuerdo si ayer o el viernes señalé aquello al ministro de Hacienda en esta Sala, quien se excusó de no haber atendido nuestro esfuerzo debido a que esa idea estaba incorporada en el proyecto de ley de rentas regionales. No obstante, quiero recordar que esto se viene discutiendo hace más de dos años y que todavía no se establece la señalada obligatoriedad de los gobiernos regionales. Debido a eso, los actuales gobernadores regionales van a dejar sus cargos sin haber hecho ninguna auditoría externa en medio de escándalos de convenios y de asignación de dineros, lo que es transversal para todas las regiones, y para qué decir en la que represento, de Arica y Parinacota .

Por lo tanto, insisto, voy a votar a favor, porque acá de lo que se trata es de crear una causal de cesación de cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad, así como la inhabilidad para acceder a ellos en una elección popular, pero, insisto, tenemos que colocar nuestro mayor esfuerzo en la prevención.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señorita Presidenta, este proyecto se da en un contexto complejo para el país, en una crisis de confianza en las instituciones y en la política en general, agravada por los casos de corrupción, por la crisis de seguridad, por los problemas de la migración irregular y por las deficiencias que las propias instituciones han demostrado tener a la hora de hacer frente a las necesidades ciudadanas.

Creo que este divorcio entre la política, entre las instituciones de la democracia y la ciudadanía, de alguna manera necesita señales claras y robustas a la hora de enfrentar problemas como son las faltas a la probidad, los delitos de corrupción y los problemas de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión de los cargos públicos y de representación popular.

Desde esa perspectiva, creemos que este proyecto de reforma constitucional va en la dirección correcta. Lo que propone es, justamente, que a rango constitucional quede establecida la inhabilidad de acceso y la causal de cesación de cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad. De eso se trata.

Justamente, queremos, y por eso respaldamos este proyecto de reforma, que quienes cometan delitos de corrupción, sancionados y condenados por la justicia de esa manera, no puedan volver a ejercer cargos públicos, no puedan volver a ejercer cargos de representación popular, porque justamente han traicionado la fe pública, porque han traicionado la confianza que los ciudadanos o el Estado les han entregado, motivo por el que no pueden seguir ejerciendo una función de esas características y de esa naturaleza.

Al mismo tiempo, se busca establecer que quienes cometen actos de corrupción o contra la probidad y son sancionados de esa manera por la justicia, y están en ejercicio de un cargo público, cesen de aquel cargo, que deban dejarlo por las mismas razones, por la gravedad de los delitos y las acciones incurridas y por haber traicionado la fe pública que se tuvo respecto de ellos para ejercer esa función.

Me parece que esta es una señal contundente para la ciudadanía de que en verdad en la Cámara de Diputados, y espero que tenga un apoyo transversal, queremos condenar estos actos y queremos dar paso a una nueva era en la política donde esta se ejerza de buena manera, de forma transparente, de forma proba, y donde quienes, insisto, vulneren aquello sean sancionados con toda la severidad de la ley y de la Constitución Política.

Vamos a respaldar este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .

La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-

Señorita Presidenta, este proyecto es muy importante; de hecho, durante los próximos días un diputado de esta Cámara será formalizado por fraude reiterado al fisco. Se trata del que, hasta hace poco, fuera militante del Partido Republicano, señor Mauricio Ojeda , quien está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de fondos desde el Gobierno Regional de La Araucanía.

Este hecho, sumado al caso Hermosilla y el millonario desfalco a la Municipalidad de Maipú por parte de la exalcaldesa señora Cathy Barriga son una nueva constatación de que la degradación moral y ética que caracteriza a un sector político es muy clara.

En todas las encuestas recientes, el Congreso Nacional aparece como una de las instituciones de peor evaluación ciudadana. Lamentablemente, esto no nos sorprende, porque existen evidencias claras de que parlamentarios, parlamentarias o exparlamentarios han utilizado sus cargos para enriquecerse de manera ilícita, traicionando la confianza que la ciudadanía les ha entregado.

Por eso, este proyecto cuenta con mi total apoyo y, por supuesto, con el de la bancada de la que soy parte, porque necesitamos mecanismos para sancionar de manera efectiva a quienes utilizan sus cargos para cometer delitos contra la probidad y corromper instituciones, instituciones que en nuestra democracia deben ser creíbles.

Para avanzar hacia un mayor nivel de transparencia en el servicio público, es importante que se inhabilite a quienes tengan condenas por delitos contra la probidad. Este debe ser un paso importante, porque lo que necesitamos hoy es reconstruir la confianza en nuestras instituciones.

Tenemos la oportunidad de enviar una señal clara a los ciudadanos y ciudadanas que se sacan la mugre trabajando todos los días y que ven en las noticias que existe impunidad para quienes se enriquecen a costa del Estado, mediante sus negociados y tráfico de influencia. La justicia también es parte de la democracia y la gente debe tener certeza de que no todos los políticos son ladrones y que aquellos que sí lo son, no podrán volver a pisar el Congreso Nacional ni ninguna otra institución del Estado.

Por eso, votaremos a favor de este proyecto.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señorita Presidenta, este proyecto de ley viene a complementar la norma del artículo 8° de la Constitución, que establece: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.”.

Luego, existen normas de rango legal, no constitucional, que establecen inhabilidades o incompatibilidades para ejercer un cargo público o un cargo de elección popular. Generalmente, por ejemplo, aquellas personas que son condenadas por un delito que merezca pena aflictiva no pueden optar a un cargo de elección popular. Sin embargo, en esta crisis de confianza institucional que atraviesa el país, se deben dar señales potentes, y lo que hace este proyecto de ley es elevar también a rango constitucional la sanción, para que no puedan desempeñar ningún cargo público ni tampoco, por cierto, un cargo de elección popular aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos que atenten contra la probidad administrativa o la probidad pública, particularmente delitos de malversación de caudales públicos, de fraude al fisco y delitos tan graves como el cohecho.

Vale decir, a través de este proyecto de ley se eleva la sanción de delitos contra la probidad pública a rango constitucional, evitando lo que muchas veces se daba, en que, a través de ciertos subterfugios, cumplimiento de las penas principales y luego las accesorias, existan personas que han cometido algún delito de esta naturaleza y sigan desempeñando cargos públicos o postulen a cargos de elección popular.

De ahí la trascendencia de este proyecto de ley, que propone nuevos incisos segundo y tercero en el artículo 8° de la Constitución, para sancionar, con rango constitucional, con la inhabilidad e, incluso, con cese inmediato a aquellas personas que sean condenadas por este tipo de delitos que atenten contra la probidad, independientemente de la cuantía o de la gravedad de la pena asignada al delito.

Es una muestra clara de la confianza que debe existir en nuestras instituciones y también en los servidores públicos.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señorita VELOSO (doña Consuelo).-

Señorita Presidenta, quiero partir por valorar, sin duda alguna, este proyecto que establece la inhabilidad de acceso a los cargos públicos y también como causal de cesación el haber cometido delitos contra la probidad. Valoro también que aquí se observe un grado de consenso entre derechas e izquierdas en cuanto a que todos estamos en contra de la corrupción, pero vale la pena señalar que no es tan así.

De hecho, el 70 por ciento de los casos de corrupción municipal viene de un sector, y ese sector es la derecha. Y no parece tan raro porque, de hecho, cuando tuvimos una sesión especial para discutir respecto del involucramiento del exministro del Interior de Sebastián Piñera señor Andrés Chadwick en las conversaciones con el abogado Luis Hermosilla , que encabeza uno de los casos de corrupción más grandes de los que hayamos tenido conocimiento en el último tiempo, y cuando ya se ha comprobado, incluso, que tuvieron reuniones, al parecer, con el exfiscal nacional, con el exdirector de la Policía de Investigaciones, y todo esto para cubrir al ex-Presidente Sebastián Piñera en algunas eventuales irregularidades en las que podría estar involucrado, se trató de hacer fracasar esa sesión. La UDI trató de hacer fracasar la sesión. Estaban todos muy tristemente escondidos en el pasillo para que no pudiéramos hablar.

De hecho, escuché al diputado Luis Sánchez , del Partido Republicano -por su intermedio, Presidente-, y debo confesar que tenía un grado de expectativa distinto respecto de ese partido hasta esa sesión, cuando la única que entró a la sesión a hablar fue la diputada Chiara Barchiesi , quien justificó y relativizó la gravedad del caso Hermosilla y su involucramiento con el exministro del Interior Andrés Chadwick .

Otra cosa no menor -vale la pena mencionarlo- es que el fraude más cuantioso de la historia municipal de Chile ocurrió con Cathy Barriga , exmilitante de la UDI, hoy en prisión preventiva, a quien se le asocia un desfalco de cerca de 32.000 millones de pesos, y cuyo esposo, el diputado Joaquín Lavín , también estaría involucrado y por eso está siendo investigado.

Sumado al anterior tenemos el caso de Raúl Torrealba , exalcalde de la comuna de Vitacura, militante de Renovación Nacional, con un desfalco de 750 millones de pesos, quien tenía plata escondida hasta en las paredes -¡dantesco!-, y de la exalcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato , de la UDI, con antecedentes por los cuales la están investigando, que involucran alrededor de 100.000 millones de pesos.

De esto no está ajeno, por cierto, ningún lugar de Chile. En mi distrito, que comprende las comunas de Maule Sur, tenemos casos vergonzosos, como el del alcalde reelecto de Linares, Mario Meza , ex-RN, que tiene un caso que involucra más de 198 millones de pesos por fraude al fisco; de hecho, fue reelecto con arresto domiciliario nocturno. ¡Es una locura! También puedo nombrar al alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz , con un historial de irregularidades que supera los 800 millones de pesos.

Entonces, me pregunto si esta vez podemos decir que da igual si usted es de derecha o si es de izquierda. Yo sé que en realidad a la gente le da lo mismo. La gente dice: “Al final yo voto por la persona, yo voto por una persona que dé confianza”.

Me preocupa cuando no tenemos la capacidad de ponerle nombre y rostro al encubrimiento masivo que ha existido a lo largo de la historia de nuestro país, de ciertos partidos políticos y de ciertos sectores, que con toda desfachatez nos hablan de cuidar el patrimonio público, de que hay gente que quiere vivir del Estado, de que algunos son unos irresponsables, son unos vagos, comunistas, que tienen miedo, que le van a prohibir usar el celular, etcétera, una serie de noticias falsas, de fake news, para encubrir lo más grave que existe dentro de la política: los encubrimientos masivos que hacen dentro de sus propias filas respecto de sus militantes.

Todas estas personas que nombré, probablemente, sin esta norma -espero que se apruebe-, volverían a ser candidatos y, sin ningún empacho, volverían a apoyarlos.

Respecto del diputado Ojeda , por ejemplo, del Partido Republicano, nunca escuchamos qué opinaban respecto de aquello. Los felicito, porque es una excelente estrategia comunicacional, porque no se refirieron al tema y nunca más se habló de él.

En ese sentido, espero que esta sea la oportunidad, ahora que aparentemente hay un cierto grado de consenso en que todos estamos en contra de la corrupción, para que los pensemos un poquito para las próximas elecciones, que son presidenciales y parlamentarias, y decir desde adentro de nuestros partidos: “Parece que Juanito Pérez , que es medio delincuente y medio manilargo, no debería postularse, por lo menos no por nuestros escaños”. Porque el poder que existe dentro del Congreso Nacional no radica solamente en el voto y en las redes. Aquí hay presidentes de partidos y los partidos definen quiénes se van a postular a los cargos.

Por lo tanto, esta reflexión es mucho más amplia que solamente aprobar este proyecto y decir que todos estamos en contra de la delincuencia.

Hago un llamado abierto a la Unión Demócrata Independiente, a la UDI, a Chile Vamos y al Partido Republicano, que espero que no caiga en la misma práctica, a pesar de que parece que va por el mismo camino, a que dejen de relativizar la delincuencia. Ahora les apareció muy atractivo hablar de un caso gravísimo, que es el caso Monsalve, pero siguen sin referirse a toda su gente que tienen desfilando en tribunales, a la investigada y a los que todavía no llegan. Tengan la certeza de que no vamos a descansar hasta que lleguen todos y dejen de meter la mano en el bolsillo de la gente.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señorita Presidenta, honorable Cámara, me parece muy oportuno este proyecto después de los escándalos que hemos visto en los últimos años, donde la ética, que debería acompañar no solo a la función que se desempeña, sino también a la calidad de las personas que asumen cargos públicos, ha ido desapareciendo año tras año, donde las investigaciones tardan tanto que la única sensación que queda en la opinión pública es que, al parecer, todo está permitido y nada se sanciona, sobre todo cuando quienes cometen estos hechos de corrupción y faltas a la probidad son cercanos al gobierno de turno.

Ejemplo más que claro es el caso de las fundaciones, en que las investigaciones siguen abiertas, sin responsables concretos que respondan por los más de 90.000 millones de pesos que debieron haber ido a programas sociales para las chilenas y los chilenos que realmente los necesitan, los mismos chilenos que confiaron en los que hoy día gobiernan. Prefiero no seguir con la lista, porque podría estar en ello el resto de la tarde.

Naturalmente, voy a apoyar el proyecto. Espero que se apruebe con el respaldo transversal de esta Sala, porque es lo que la ciudadanía está esperando desde hace mucho.

Por último, quiero aprovechar la oportunidad para indicar que, aparte de sancionar fuertemente estas conductas, debemos exigir al Ministerio Público la implementación de mecanismos de investigación más rápidos, y que se dé prioridad a los casos de corrupción y de vulneración del principio de probidad en el ejercicio de la función pública.

He dicho.

El señor BERNALES.-

Señorita Presidenta, quienes traicionan a sus electores y traicionan la confianza de la ciudadanía deben ser castigados fuertemente. Este proyecto va en ese sentido -hay que celebrarlo- y por supuesto que la bancada del Partido Liberal lo va a votar a favor. Debemos elevar las sanciones para que no puedan ejercer cargos públicos aquellos que traicionan a la ciudadanía.

Lamentablemente, en Puerto Montt hay un caso -los vecinos que me están mirando saben de lo que hablo-: el exalcalde de dicha ciudad, que ha acusado a los poderes fácticos de arruinar su carrera política, fue destituido y hoy está detenido por una serie de situaciones irregulares que denunciaron algunos concejales, como contratación de parientes, defraudación al municipio -existen muchas interrogantes aún sobre los pagos para construir la pileta de Puerto Montt, en pleno centro de la ciudad, que hoy está abandonada-, actos de discriminación arbitraria, daño al patrimonio municipal, actuaciones irregulares del administrador municipal, contratos fraudulentos de arriendo, por ejemplo, de una dependencia en el sector de Alerce. Hay una serie de irregularidades que aquí podría leer y leer y leer.

Es muy lamentable. Por eso, es bueno que hoy estemos tratando este proyecto acá, en la Cámara de Diputados.

También quiero aprovechar este espacio para hacer mención y felicitar a los concejales que se atrevieron a hacer la denuncia, porque no es sencillo. Juan Carlos Cuitiño , Emilio Garrido , Fernando Binder y Yerco Rodríguez denunciaron esta situación, y, cuando lo hicieron, muchos les dieron la espalda. Es más, el mismo alcalde los discriminó en varias actividades; los trataba mal, los emplazaba, se burlaba, se reía de ellos, los acosaba. Ahí también hay algo que nosotros deberíamos ver. Me refiero a cómo resguardar a quienes hacen este tipo de denuncias, en este caso, a estos concejales.

Nosotros, desde la Cámara, no fuimos indiferentes. Desde mi rol como representante de la Región de Los Lagos y la comuna de Puerto Montt, envié una serie de oficios, que aún están sin responder, porque bastaba ver las calles de Puerto Montt para percatarse del abandono de nuestra ciudad: calles llenas de hoyos, sin mantención; escuelas con los vidrios rotos y sin calefacción; estadios destruidos.

En razón de lo anterior, sufrimos el mismo trato que les dio a los concejales la ex primera autoridad comunal, porque no nos tembló la mano y tampoco la voz; porque no pedimos, a cambio de hacernos los lesos, que contrataran a algún pariente o que algún militante de nuestro partido estuviera en el municipio.

Creo que ahí la ciudadanía -les hablo a los puertomontinos: ustedes lo vieron-, como ocurrió en estas elecciones, debe encargarse de castigar a quienes realizan este tipo de acciones y traicionan su confianza.

Así que nosotros, como he dicho, desde la bancada del Partido Liberal vamos a votar a favor el proyecto, porque va en la línea correcta.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

No está.

Tiene la palabra la diputada Javiera Morales .

La señora MORALES (doña Javiera).-

Señorita Presidenta, ¿cómo se entiende que una persona que fue condenada por haber actuado corruptamente ejerza después como diputado, alcaldesa, senador? No se entiende, es verdaderamente incomprensible. Si una persona, ostente el cargo que sea, es condenada por corrupción, debe dejar su puesto y quedar, por cierto, inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos -aunque es de completa obviedad, hoy día esto no es recogido por nuestra legislación-, porque el daño que la corrupción hace a nuestra democracia y al debate público es irreparable. Cuesta mucho volver a generar confianza.

Ante la existencia de necesidades tan importantes en materia de seguridad, salud y educación, muchos y muchas empujamos la idea de que el Estado cuente con más recursos para enfrentar estas necesidades, estas urgencias. Al respecto, mucha gente responde legítimamente: “Bueno, ¿para qué quieren más recursos? Partan con que todos aquellos que roban devuelvan esa plata”, y pucha que tienen razón.

Primero, tenemos que avanzar en no permitir que esté en un cargo público gente que ha metido la mano en el bolsillo del Estado y ha malgastado, por ejemplo, en peluches y collares, plata que es necesaria hoy día para seguridad, para educación, para las listas de espera.

Tiene mucha razón toda esa gente que hoy dice: “No es necesario recaudar más. Lo que es necesario es que dejen de robar”.

Por eso, vamos a aprobar este proyecto de reforma constitucional, para que nunca más pueda ejercer un cargo público alguien que ha gastado en peluches y collares plata destinada a la educación y la salud.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señor Presidente, estimados colegas, hoy la corrupción amenaza nuestro sistema político. Varios casos han salido a la luz pública, lo que demuestra lo vulnerables que son nuestras instituciones a caer en las manos del cohecho, el soborno y el tráfico de influencias.

Se ventilaba que en nuestro país no existía la corrupción, que nuestras instituciones eran íntegras, que esto sucedía solamente en otros países, pero estábamos equivocados. ¡En Chile hay corrupción y está descontrolada!

Debemos protegernos frente a este mal que destruye la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Este proyecto de reforma constitucional, por un lado, disuade al funcionario por medio de graves sanciones penales, y, por otro, establece una inhabilidad para postular a cargos públicos, a fin de que funcionarios deshonestos no vuelvan a poner un pie en la Administración pública.

Protegernos frente a esta amenaza es urgente; pero no basta con castigar al funcionario: también debemos endurecer las penas para aquellos privados que busquen corromper los servicios públicos para obtener beneficios económicos. El problema debe atacarse por ambos frentes para garantizar a la ciudadanía la erradicación de todo tipo de conducta que pretenda destruir el prestigio de nuestras instituciones.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carla Morales .

La señora MORALES (doña Carla).-

Señor Presidente, hoy estamos ante la mayor crisis de confianza e institucional que ha vivido Chile, una crisis alimentada por escándalos de corrupción, como el caso Convenios y el caso Hermosilla, que han socavado la credibilidad de nuestras instituciones y la fe de los ciudadanos en el futuro de Chile.

Es urgente restablecer esa confianza, y una de las formas más efectivas de hacerlo es garantizar que quienes cometan actos de corrupción no puedan seguir en el poder.

Por eso, el proyecto de reforma constitucional que hoy discutimos, que establece la inhabilidad de acceso y la causal de pérdida del cargo para los funcionarios públicos condenados por corrupción, es un enorme avance en esta materia, y si bien está lejos de ser la solución a la enorme crisis que vivimos, va en la dirección correcta.

Esta medida no solo es una sanción, sino una forma de proteger la democracia, asegurando que quienes han traicionado la confianza pública no puedan volver a decidir sobre los recursos y el futuro de los chilenos. La corrupción no solo significa delitos económicos, sino que pone en riesgo la legitimidad de nuestras instituciones y de nuestro sistema político.

Es tiempo de enviar un mensaje claro: la política no puede ser un refugio para quienes se aprovechan del poder. El país necesita funcionarios íntegros, comprometidos con el bienestar común y con la probidad.

Votaré a favor esta iniciativa, así como cualquier otra que condene profundamente la corrupción y cualquier situación que ponga en riesgo la fe pública y nuestra democracia.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, para partir, quiero felicitar a las diputadas y a los diputados autores de esta moción. Me parece importante reconocerlo, porque da cuenta de que hay conciencia, desde este Congreso Nacional, de la importancia que tiene cuidar la fe pública.

Cuando se utilizan recursos públicos para beneficio propio se comete un acto de corrupción; cuando se mal utilizan recursos por acción u omisión, se comete un acto de corrupción. En eso no hay dobles lecturas ni debe haber dobles estándares; debe haber una posición única. La corrupción se condena o no se condena, y en eso es muy importante lo que acá estamos avanzando.

Inhabilitar para desempeñar cargos o funciones públicas a aquellos que fueron condenados por sentencia firme por delitos contra la probidad, o cesar en el cargo a los funcionarios que se encuentren en ejercicio de una función o cargo público desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada es muy importante, porque estamos dando un paso adelante, una señal con acciones concretas.

Quienes decidan violar la fe pública no se la llevarán gratis: asumirán responsabilidades y consecuencias, no podrán volver a ocupar un cargo de representación popular y saldrán de los cargos que detentan, porque cuando las chilenas y los chilenos eligen a un parlamentario, a un alcalde, a un concejal o a cualquiera que represente la voluntad popular, o incluso cuando un Presidente de la República designa o asigna funciones a un determinado ministro o subsecretario o cualquier responsabilidad o tarea que signifique llevar adelante tareas del Estado, la ciudadanía pone la confianza en ellos; la ciudadanía cree en quienes estamos representando distintas labores en la tarea pública.

Por eso, es tan decepcionante y terrible cuando la corrupción quebraja la legitimidad de las instituciones del Estado, debilita el sistema democrático y genera desconfianza profunda en los ciudadanos. Hoy nos preguntamos por qué hay tanta desconfianza en el sistema político, por qué incluso instituciones como la nuestra tienen tan baja legitimidad para la ciudadanía, y es precisamente por la falta de transparencia.

Sin embargo, también tienen una muy baja legitimidad por la falta de acciones, porque no sacamos nada con condenar la corrupción si los mismos condenados utilizan mecanismos para zafar con suspensiones condicionales de procedimientos. Más de alguna vez en la historia de este Parlamento hemos tenido parlamentarios que han enfrentado procedimientos por fraude al fisco e, incluso, algunos han sido condenados, y se llevan adelante acuerdos a través de suspensiones condicionales del procedimiento.

Hace algunos años, presenté un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de que parlamentarios o personas elegidas por votación popular puedan acceder a ese tipo de acuerdos, que son acuerdos pagados, porque no todas las chilenas y los chilenos tienen la posibilidad de pagar una cantidad de dinero para salir por el lado de un procedimiento judicial de estas características. Me parece que esto va más lejos todavía, porque establece que cuando hay una condena, la persona no vuelve a ocupar cargos públicos, no vuelve a tocar recursos públicos ni vuelve a poner en peligro la fe y la probidad.

Por eso, estoy muy de acuerdo con este proyecto de reforma constitucional. Creo que cuando hablamos de probidad, cuando hablamos de actos de corrupción, hay que tener un solo estándar para medir cualquier situación que ocurra en este sentido.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Chiara Barchiesi .

La señora BARCHIESI (doña Chiara).-

Señor Presidente, es urgente la muerte cívica para los políticos corruptos, para que nunca más puedan ejercer cargos públicos. Votaré a favor este proyecto de reforma constitucional, porque no podemos permitir que quienes traicionan la confianza pública vuelvan a administrar recursos de los ciudadanos. Los condenados por esta clase de delitos no merecen ni un segundo más estar en cargos públicos. La república no puede darse el lujo de darles otra oportunidad a quienes la traicionan.

Este es un pequeño paso para decirle a la ciudadanía que el servicio público es para quienes cumplan los más altos estándares de probidad, no para quienes buscan enriquecerse a costa del Estado. No queremos más chats que digan “parece que podrían salir las lucas”, como en el caso Democracia Viva y en tantos otros ejemplos que, lamentablemente, tenemos en nuestro país, especialmente en nuestra historia reciente. La corrupción ha dañado profundamente la confianza en nuestras instituciones.

Este proyecto no solo refuerza el principio de probidad, sino que también envía un mensaje claro: la corrupción no tiene cabida en la política chilena; es un paso crucial para devolverle la dignidad al servicio público.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Malla .

El señor MALLA.-

Señor Presidente, los corruptos no deben ocupar cargos públicos, eso es urgente; pero además todas las autoridades del país debemos levantar el secreto bancario, para que nuestras cuentas sean revisadas de manera constante y aleatoria. Sí, señores, el que nada hace, nada teme. Levantemos el secreto bancario de autoridades elegidas, designadas, civiles, policiales y militares, y dejemos de lado los discursos bonitos. Hagamos algo de una buena vez por todas.

Si alguna vez nos hemos cuestionado por qué tantos ciudadanos se sienten distantes de las instituciones, si alguna vez hemos reflexionado sobre la desconfianza generalizada en la política, en los políticos, la respuesta es clara: la corrupción ha corroído el corazón mismo de la Administración pública. No es un mal menor, es un cáncer que devora la legitimidad del poder.

Este proyecto de reforma constitucional que hoy estamos discutiendo busca una transformación radical, pero necesaria. Los corruptos no deben gobernar ni tener la posibilidad de presentarse a cargos de representación popular. No solo se trata de castigar el pasado, sino de prevenir futuros atropellos a la voluntad popular, de evitar que quienes han traicionado la confianza pública tengan la oportunidad de repetir su conducta. La probidad, al fin y al cabo, es una cuestión de respeto al pueblo y a las futuras generaciones.

No podemos permitir que personas con un historial manchado por la corrupción sigan ocupando cargos públicos en los que puedan disponer de recursos que no son suyos, que pertenecen a todos los ciudadanos. Esto no solo es una cuestión ética, sino una cuestión de eficiencia, de justicia y, sobre todo, de sentido común.

El proyecto de reforma constitucional que hoy se discute no se queda ahí. La propuesta de levantar el secreto bancario de todas las autoridades es una medida que debe ser entendida en su total trascendencia; el secreto bancario no puede ser un refugio para quienes tienen el poder. Si quienes nos gobiernan, quienes nos representan, tienen algo que ocultar, lo mínimo que debemos exigirles es que lo muestren a instituciones fiscalizadoras.

El dinero público y las decisiones que se adoptan desde el poder deben ser transparentes y trazables. Si alguien se siente incómodo con esta idea es porque algo tiene que esconder. Queremos que la política sea un campo donde el servicio público sea entendido como un honor, no como un medio para enriquecerse a costa de la gente.

Por ello, el levantamiento del secreto bancario no solo es una medida para identificar posibles ilícitos, sino que es una medida para garantizar que quienes ocupan puestos de poder actúen con la máxima responsabilidad.

Sabemos que esta propuesta no será fácil. Habrá quienes se resistan, se aferren a sus privilegios y argumenten que es una invasión a la privacidad, pero debemos ser claros: la privacidad no está en juego. Quienes tienen el poder no pueden estar por encima del derecho que tienen los ciudadanos de saber qué está pasando con el dinero de todos. La ciudadanía no puede ser el último eslabón en la cadena de transparencia, sino el primero.

El proyecto de ley es solo el comienzo de un cambio cultural y político profundo que necesita nuestro país. Necesitamos avanzar hacia un sistema en que la política no sea vista como un botín, sino como un espacio de servicio público genuino. Necesitamos avanzar hacia un sistema en que la ética y la responsabilidad sean las piedras angulares de todas las decisiones públicas.

Señora Presidenta, hago un llamado a mis honorables colegas a que voten a favor de la probidad y de la transparencia, no solo porque es lo que exige la sociedad, sino porque nuestra historia, nuestra moral y nuestras futuras generaciones nos lo exigen.

Que el actual Congreso no sea recordado como un escenario de titubeos, sino como el foro en donde la corrupción fue derrotada con las armas de la ley y la ética; que sea recordado como el lugar donde decidimos restaurar la confianza de la gente y donde decidimos dar un paso firme hacia un futuro más justo y limpio.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señor Presidente, por su intermedio felicito a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por sacar adelante tan rápidamente esta iniciativa, que se presentó hace aproximadamente siete meses. Es un proyecto que pone un estándar alto de probidad, que es lo que necesita nuestro país.

También recuerdo a los presentes, sobre todo a los miembros de la Comisión de Constitución que nos acompañan en la Sala, que hay otra iniciativa que complementa esta, que castiga a las altas autoridades públicas, pero por el consumo de drogas. Ambos proyectos no tienen tantas diferencias, porque también ejerce corrupción aquella autoridad que compra drogas al mundo del narco. La pregunta que muchos se hacen es por qué a esa iniciativa no se le dio celeridad, a pesar de que presidentes anteriores señalaron que apenas se desocupara la tramitación de proyectos se iba a examinar rápidamente. El Presidente Piñera le dio dos urgencias calificadas de suma, pero la comisión no la sacó adelante. Es muy extraño.

Por eso, hago un llamado a la Comisión de Constitución, especialmente a su nuevo Presidente, señor Miguel Ángel Calisto -comprometió su apoyo a esa iniciativa hace algunos meses-, a que le dé celeridad por separado al proyecto en discusión o bien que ambos se fusionen, para dar la señal de que cualquier delito o consumo de sustancias prohibidas debe ser castigado con la mayor celeridad, con la cesación del cargo o prohibición de ejercer cualquier cargo público.

Debemos combatir los delitos, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en todas sus dimensiones. No nos pueden ganar la batalla que, en gran parte, depende de nosotros. La gente lo sabe.

He dicho.

La señora CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señorita Presidenta, vamos a aprobar el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental, para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación de cargos políticos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad. Sin embargo, creo que los delitos contra la probidad no consisten solo en meter las manos o recibir sobornos: también es un delito de corrupción y contra la probidad cuando alguien acepta un cargo para el cual no tiene competencias.

Hoy vemos con mucha preocupación que en el gobierno central, los municipios y los gobiernos regionales hay personas que ocupan cargos para los cuales “no tienen dedos para el piano” -discúlpenme el término poco académico- y lo único que hacen es lucrar con él.

Escuchaba a mi colega Luis Malla hablar sobre levantar el secreto bancario y que hay un sector que no quiere que eso ocurra. Le recuerdo al diputado Malla y al resto de los colegas que si un juez de la república ordena revisar las cuentas bancarias, lo puede hacer; no necesita que alguien se lo ordene.

Señorita Presidenta, me he autodenunciado en dos oportunidades, como alcalde y como diputado. En ambas ocasiones me autodenuncié, porque decían que había sesgo de corrupción bajo mi administración. Permití, sin que ninguna ley me obligara, a que revisaran mi cuenta bancaria. La última vez estuvieron revisando mi cuenta casi por cuatro años. Gracias a Dios, no encontraron nada, porque no había nada que encontrar.

Qué bueno, pues, que el proyecto sea transversal y considere a presidentes, ministros, subsecretarios, alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, porque la corrupción no tiene color político. Hay corruptos de todos los colores políticos, incluso del color que yo represento. Son personas que han recibido plata y van felices por la vida, porque nadie hace nada.

Invito a los colegas parlamentarios a presentar querellas si tienen sospechas de corrupción respecto de un concejal, un alcalde, un gobernador o un consejero regional. Somos buenos para hablar en la tele y en el hemiciclo, pero nadie presenta querellas. Bueno, yo lo hice, y eso me ha costado caro. Lo quiero decir responsablemente, porque la justicia persigue y sanciona al que denuncia e, incluso, a sus familiares; sin embargo, los denunciados, bien, gracias; van felices por la vida y la comunidad los vuelve a elegir con una alta mayoría, porque parece que para ocupar un cargo público en nuestro país hay que tener prontuarios bien altos de corrupción. Lamento esa situación, Presidenta.

Reitero, los delitos contra la probidad no solamente consisten en meter las manos o recibir prebendas; también se configuran por ocupar cargos para los cuales no se tienen competencias, habilidades y menos conocimiento, pero nadie dice nada al respecto.

No es necesario dictar una ley para levantar el secreto bancario. El que se sienta ofendido puede permitir que se revise su cuenta bancaria; de lo contrario, que un juez lo ordene. Si mañana se llega a un acuerdo en la Cámara, lo voy a aprobar. Sin embargo, cabe recordar que cuando nos hicimos los exámenes de droga, uno de los acuerdos era que inmediatamente se iba a informar a la justicia de todo aquel que diera positivo como consumidor, para que se revisara su cuenta bancaria. Curiosamente, ninguno dio como consumidor. Nadie. Si estamos burlando la ley, no tienen sentido los discursos apasionados y las leyes muertas, esas leyes que no llegan a nada, con las que solamente dejamos contenta a la comunidad, pero que nosotros no cumplimos. Es lamentable.

Me inscribí para hacer uso de la palabra después de escuchar a mi colega Malla. ¡Basta ya de esos discursos! No es necesario, aunque suene majadero, que exista una ley. Si alguien se siente menoscabado u ofendido, entonces que permita revisar su cuenta bancaria. Repito, lo he permitido dos veces, como alcalde y como diputado, porque, gracias a Dios, no tengo nada que temer, pero estoy pagando la cuenta; estoy pagando con persecución y amenazas, no solo yo, sino también mi familia -mi hija y mis hermanos-, por atreverme a denunciar la corrupción.

Es más, cuando denuncié el financiamiento ilegal de la política, la carpeta la echaron al tacho de la basura. Eso fue hace ya cinco o seis años, pero el perseguido soy yo. Es lamentable, pero real.

He dicho.

La señora CARIOLA, doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señora YEOMANS.-

Señora Presidenta, votaré a favor el proyecto, porque creo en el valor y en la importancia de defender la democracia. Defenderla también implica que la corrupción debe ser erradicada de los cargos públicos, evitando que quienes fueron sancionados vuelvan a ejercer cualquier función de representación popular.

Los actos de Cathy Barriga , quien ha sido acusada por malversación de fondos públicos durante su administración en la Municipalidad de Maipú -se encuentra prisión preventiva-, le costaron 31.000 millones de pesos a la comuna, lo que implicó que durante tres años y medio, desde la salida de Barriga, la administración actual haya tenido que trabajar y enfocarse en disminuir la deuda. La corrupción nos hace perder recursos importantísimos, que son de los ciudadanos, y también energía que podría estar enfocada en las necesidades de los vecinos.

En La Araucanía se produjo uno de los mayores hechos de corrupción de la historia, protagonizado por dos funcionarios del actual gobernador Luciano Rivas , por convenios truchos. Rivas, que va a la reelección este fin de semana, se queja de que lo asocian con el caso Convenios. Luciano Rivas es apoyado por un sector político de este Congreso. En otras palabras, si ellos gobiernan, ¿entonces, la corrupción tiene chipe libre? Esa es una consulta.

Sin embargo, las dos imputadas que están siendo acusadas de cohecho le terminaron costando al Gobierno Regional de La Araucanía 44.000 millones de pesos. En Linares, al alcalde Mario Meza se le acusa de utilizar la pandemia para contratar a sus amigos en la compra de implementos utilizados para la emergencia sanitaria. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra por el delito de fraude al fisco, que implicó que, a través de la compra a sobreprecio de estos implementos, se gastaran 24.000 millones de pesos más de lo que debiese. O sea, se trata de recursos públicos de los ciudadanos, de la población de esas comunas.

Por lo mismo, una de las razones por las cuales se salen con la suya es porque nuestra legislación se los permite y, en parte, porque, incluso si son condenados, pueden seguir postulándose y repostulándose a cargos de elección popular.

Por ello, el presente proyecto, a mi juicio, es uno de los más importantes que estamos legislando actualmente y también es una señal para las próximas elecciones. Aprobar esta iniciativa es dar una señal concreta a la ciudadanía y es decirles que no a los corruptos que nos hacen perder recursos, perder tiempo y también perder la iniciativa de ponernos a disposición de las necesidades ciudadanas y no simplemente resguardar el bolsillo de quienes están postulándose a cargos de representación popular.

Honrar la democracia es desterrar la corrupción de ella. Esa es la señal que debemos dar en este Congreso Nacional.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señorita Presidenta, obviamente nosotros tenemos que sancionar duramente los delitos contra la probidad y los actos que involucren corrupción, sobre todo si se trata de recursos públicos, que son de todos los chilenos y chilenas.

No me parece adecuado empezar a apuntarnos con el dedo y mencionar casos de uno u otro sector, porque podríamos estar interminables horas mencionando casos. Por ejemplo, tenemos un alcalde destituido del Partido Socialista. Tenemos el caso de un fundador de Revolución Democrática, un señor de apellido Rosenzvaig , que dilapidó todos los recursos de educación en la municipalidad de Providencia y hoy se encuentra en Inglaterra. Parece que es costumbre del Frente Amplio tener algunos actos reñidos con la ley y después ir a hacer posgrados a Inglaterra.

Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en buscar una forma de castigar duramente la corrupción y sancionar a aquellos que incurren en dichos actos, para no ponerlos nuevamente, de una u otra manera, a cargo de recursos públicos o, como dice el dicho, para no dejar al gato a cargo de la carnicería.

En tal sentido, me parece que este es un buen proyecto. Sin embargo, tiene algunos aspectos que van a hacer que vuelva a la comisión.

No estamos de acuerdo en la sanción de inhabilidad constitucional perpetua. Nosotros hemos establecido en una indicación que sea una inhabilitación de quince años. ¿Por qué? Porque para el delito de terrorismo se establecen quince años de inhabilidad.

Si bien el proyecto señala que transcurridos quince años recién se puede pedir la rehabilitación al Senado, no es exactamente lo mismo, porque la rehabilitación no opera de pleno derecho cuando se trata de una inhabilidad perpetua o cuando después de quince años se puede pedir la rehabilitación al Senado.

Nos parece que este proyecto fue mejorado en la comisión. En un principio el proyecto era una especie de ley penal en blanco, pero fue depurándose en la comisión con el correr del tiempo.

Anuncio que vamos a votar a favor en general, porque, con las indicaciones presentadas, el proyecto volverá a la comisión, donde esperamos seguir perfeccionándolo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señorita Presidenta, me inscribir para intervenir en la discusión de este proyecto luego de haber escuchado atentamente muchas de las intervenciones realizadas en esta sala.

¿Saben lo que hace que a ratos resulte poco creíble esta discusión? Efectivamente, observo que el sector al que le corresponde hablar critica al sector contrario y, luego, el sector contrario critica al otro sector. Eso hace que sea poco creíble una discusión en que se intenta responsabilizar al otro, sin verla desde la perspectiva de cómo dentro del entorno, dentro de estos grupos políticos o dentro de la estructura a la que se pertenece se puede contribuir a que la corrupción, que si bien es inherente al ser humano, pueda permitirnos tener una democracia mucho más sana.

Yo no sé si un debate en que se hacen ver a distintas personas que hoy están siendo debidamente juzgadas contribuye a encontrar la solución.

Este es un proyecto que vamos a aprobar, porque efectivamente puede ser una contribución. Es algo que va a permitir mejorar una situación donde hoy hemos visto una danza de todos los sectores políticos, sin excepción; una danza de actores públicos que cometieron actos de corrupción. Esto podría ser mucho más grave en la medida en que esta corrupción esté ligada a actores dentro del narcotráfico o de bandas criminales. Obviamente, yo espero no ver pronto situaciones como esas, aun cuando uno ya advierte que parte de la corrupción puede estar ligada a los grupos que he mencionado.

Entonces, permítanme hablar, de la puerta para afuera de este Congreso, a la gente en general. La gente hoy ve un riesgo en nuestra democracia. Nosotros estamos conscientes de lo que puede llegar a significar perder la democracia. Puede gustarles a algunos y no gustarles a otros, pero la democracia es lo que nos permite tener un Estado que puede recoger las inquietudes de toda una ciudadanía.

Entonces, en el tema de la corrupción quiero dejar a un lado las acusaciones de uno u otro sector, para que quienes hoy estamos dando cumplimiento a una función pública, dentro del período que nos corresponde, nos aboquemos a encontrar mejores resguardos, mejores medidas, mejores formas de fiscalización para evitar que personas corruptas, mujeres u hombres, del sector político que sean dejen de ejercer un cargo de representación popular.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno .

El señor MORENO.-

Señorita Presidenta, sin lugar a dudas, este es un buen proyecto, porque contribuye a poner freno a los incentivos de aquellas personas que ven en el servicio público o en los distintos estamentos de los gobiernos una oportunidad de aprovecharse y de dar pie a la corrupción, la cual, por lo demás, está muy extendida en los distintos sectores políticos.

Generalmente, hemos escuchado discursos desde la izquierda que curiosamente atacan la corrupción, pero se les olvida algunas cositas que de repente es bueno recordarles.

El mecanismo es la serie donde retratan el acto de corrupción que ocurrió en Brasil y que terminó con el actual Presidente Lula da Silva preso. El mecanismo también fue lo que se insertó dentro de los gobiernos regionales de nuestro país a petición de un español de Podemos, que es muy amigo del Frente Amplio. El mecanismo es algo que uno puede analizar si escucha los apellidos Contreras , un exseremi; Fuica , una concejala, o Pérez , una diputada del Frente Amplio. Lo mismo ocurre cuando uno recuerda a Democracia Viva, cuando uno se acuerda de las autodonaciones del ahora exministro Giorgio Jackson , cuando se pierden computadores, cuando uno ve a Claudio Orrego , el actual gobernador, y las donaciones a ProCultura, tan extendidas a lo largo de los gobiernos regionales. Ese es un mecanismo de corrupción. ¿Con quién? Con el psiquiatra amigo del Presidente.

Llama la atención que muchas personas de la izquierda solo se acuerden de los casos de Maipú o de Vitacura, cuando simplemente tienen que mirar un par de bancos hacia el lado, o un par de puestos, para darse cuenta de que la corrupción es un flagelo extendido a lo largo de toda la clase política. Apuntan con el dedo, pero son muy malos para mirarse en la interna. Hace poco teníamos a un diputado del Partido Comunista celebrando la impecable fiesta democrática de Venezuela, cuando todos sabemos que no fue así; hace poco teníamos a ministros diciendo que acá no iba a haber espacio para la corrupción, o al mismo Presidente citando a Salvador Allende : “En nuestro gobierno podremos meter las patas, pero no vamos a meter las manos”, y resultó que a poco andar cayeron en los mismos vicios contra los cuales tanto alegaban.

¿Qué falta para que veamos más hipocresía en eso? ¿Qué falta? ¿Tendremos que ver a Manuel Monsalve hablando de los derechos de las mujeres? ¿Tendremos que ver a Giorgio Jackson hablando de donaciones? ¿Qué falta para que veamos más hipocresía en esto?

Lo que estamos debatiendo acá es si estamos o no de acuerdo en generar una inhabilidad mucho más grave para aquellas personas que cometan actos de corrupción, ya sean de izquierda, de derecha o de centro, o para aquellos que se hacen llamar independientes, pero que en realidad tienen claro su color político.

Es impresentable que en estas situaciones, teniendo tejado de vidrio, tengan la desfachatez de venir aquí a apuntar a alguien con el dedo.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker .

El señor BECKER.-

Señorita Presidenta, saludo por su intermedio a los diputados presentes en la Sala.

Quise hacer uso de la palabra para plantear una serie de temas. La verdad es que el país, de alguna forma, se nos está derrumbando a causa de este tema de la corrupción, y por todos lados, entre paréntesis, porque acá no hay nadie que se salve.

En consecuencia, no voy a empezar a mencionar situaciones de la izquierda, porque también tenemos situaciones en nuestro sector que dan mucha vergüenza.

Sin embargo, también es corrupción que, durante el transcurso de la tarde del lunes, en algún momento llegáramos a tener solo treinta diputados en la Sala.

También es corrupción que en las comisiones especiales investigadoras cueste llegar a cuatro diputados para dar inicio a las sesiones, en circunstancias que están compuestas por trece diputados, quienes deberían estar presentes en horario y tiempo, como corresponde.

Por ejemplo, me correspondió presidir la Comisión Especial Investigadora relativa al secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda , en la que hubo cuatro o cinco diputados que nunca asistieron a una sesión, ¡nunca!, en casi dos meses y medio en que sesionamos cada lunes a las 12 del día. Puse sus nombres a disposición de la Secretaría, pero tengo entendido que no pasó nada.

Un detalle: lamento ser autorreferente, pero, para estar presente a la hora de inicio de cada sesión y ejercer mi función como Presidente, debía viajar los días domingo en la tarde desde mi región, con el fin de estar el lunes a la hora que correspondía cumpliendo con mi deber, nada más.

Entonces, no asistir a las sesiones también es corrupción.

Aquí debería haber hoy debatiendo, o escuchando, al menos, ciento treinta o ciento cuarenta diputados. ¿Dónde están? ¿En sus oficinas? ¿Durmiendo siesta? ¿Preparándose para salir de juerga en la noche? No lo sé.

Voy a mencionar algo que dijo una diputada del Partido Comunista, o del Frente Amplio, en relación con el gobernador regional de La Araucanía. En tres ocasiones el fiscal se ha referido a ese caso, y en todas ellas ha señalado que el gobernador, Luciano Rivas , de acuerdo con todos los antecedentes que están en poder de la Fiscalía, no está involucrado en los hechos que ocurrieron en el gobierno regional.

En relación con ese caso, hay dos personas que hoy están en la cárcel, y probablemente dos más también van a caer.

Situaciones de ese tipo ocurren también en las empresas privadas, donde hay personas que se aprovechan de la confianza del dueño o del gerente, y a veces cometen ilícitos.

Lamentablemente, acá sí hubo situaciones de sustracción de recursos públicos, que el gobernador en algún momento no supo parar; confió en su equipo, y ese equipo lo traicionó.

En ese sentido, creo que allí hay al menos una suerte de justificación. Yo no lo dejo como justificación, porque creo que sí se pueden administrar bien los recursos públicos.

Me correspondió administrar casi 200.000 millones de pesos anuales en el municipio de Temuco durante doce años -ya cumplo cuatro años desde que salí del municipio-, y puedo asegurar que las cosas se pueden hacer bien cuando el control y la fiscalización se ejercen como corresponde.

En ese sentido, creo que todos debemos hacer un esfuerzo por terminar con la corrupción en todos los aspectos. Si se nos obliga a someternos a un examen de drogas, todos debemos cumplir con ello.

Nos debemos a la gente, de modo que no podemos eludir ese tipo de obligaciones, porque, con el cargo que tenemos, claro, hay algunos que inventan situaciones especiales para no estar en su trabajo.

Actualmente solo dos diputados en el hemiciclo -creo que el otro es el diputado Cristián Araya - cumplimos hoy con un ciento por ciento de puntualidad y de asistencia a la Sala y a las comisiones. No obstante, eso debería ser lo normal, no algo que aparezca como extraordinario.

Entonces, les pido a todos que, por favor, se pongan serios, que se pongan a trabajar, que respeten el cargo que tienen, que respeten el cargo en que estamos. Fuimos elegidos por la ciudadanía, y la gente quiere que le demos respuestas como corresponden.

Dios salve a Chile, y que termine pronto este mal gobierno.

He dicho.

El señor AEDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el debate que se ha dado en la Sala, y al mismo tiempo reconocer esta iniciativa que impulsó nuestro compañero de bancada, el diputado Marcos Ilabaca , en el sentido de presentar este proyecto de reforma constitucional, al cual nos sumamos muchos de los nuestros, porque nos pareció pertinente y oportuno.

Hoy en día nadie puede desconocer que la corrupción está matando el alma de Chile, en las diversas instituciones e instancias del país. Por eso valoro que, en esta sesión, parlamentarios de diferentes bancadas condenen la corrupción que actualmente existe, y lo valoro más todavía cuando escucho que algunos de ellos condenan la corrupción en que han caído algunos de los suyos. Creo que eso habla bien del problema que tenemos, de la gravedad del problema que tenemos, y que requiere para abordarlo la unanimidad de este hemiciclo.

Cuando ha caído alguno de los nuestros en actos de corrupción, nuestra bancada siempre lo ha condenado y ha tomado las medidas disciplinarias correspondientes, porque en el alma socialista nos duele profundamente que algunos de los nuestros, quienes se comprometieron a actuar honesta y honradamente en el servicio público, terminen coludidos en actos de corrupción.

Por eso, creo importante que la corrupción sea abordada con la mayor energía y decisión, en todas las instancias de nuestro país. Uno percibe, con dolor también, cómo en instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público se ven actos de corrupción, condenables, por cierto, pero duele más, y lo reitero, cuando es alguno de los nuestros quien cae en esa tentación y en ese delito. Por eso, reitero mi reconocimiento a esta iniciativa, que levantó nuestro compañero Marcos Ilabaca .

Percibo que, en el ámbito de la discusión, todos, unánimemente y del lado que sea, queremos sumarnos a esta lucha contra la corrupción, y este es un paso, tal vez no el más importante, pero es una señal potente que damos al país, en términos de que no vamos a permitir que la corrupción se instale en Chile, sea del lado que sea; de los míos, de los tuyos o de los nuestros.

Creo que esa es una buena señal al país, a sus instituciones, y a tener confianza en que ante este momento amargo que estamos viviendo como país, en que la corrupción aflora por distintos lugares de nuestra patria, estamos decididos a combatir y a ganar esta batalla contra este flagelo.

De manera que vamos a votar a favor esta iniciativa, porque somos adherentes a ella. Ojalá que sigamos dando señales en esa dirección en este Congreso. He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Eric Aedo .

El señor AEDO.-

Señorita Presidenta, quise pedir la palabra en esta discusión, porque me parece que este proyecto es importante y fundamental, pues modifica nuestra Carta Fundamental para establecer la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.

Esta cesación en cargos públicos no solo tiene que estar referida a quienes estamos directamente en el mundo político, como alcaldes, alcaldesas, consejeros regionales, parlamentarios y parlamentarias. También es fundamental extenderla a las autoridades o a quienes ejercen distintos cargos públicos en el Estado. Digo esto porque hemos enfrentado parte de esta corrupción en este ámbito. Parte de esta corrupción en el mundo público se advierte, por ejemplo, en lo que ha sucedido en La Araucanía y en la provincia de Arauco con el delito de robo de madera. Cuando uno ve -lo pudimos establecer claramente en la comisión investigadora sobre robo de madera, que me tocó presidir- que las fiscalizaciones Impuestos Internos las hacía en las aceras o en las vías que iban al sur de la provincia de Arauco, en circunstancias de que los camiones con madera robada transitaban desde el sur al norte, concluye que también la corrupción se instala en servicios públicos. Los funcionarios de esos servicios también tienen que cesar en sus cargos. Esto no se trata solo de quienes están en cargos de elección popular.

Se llegaron a robar más de 100 millones de dólares en madera, lo cual ocurrió en La Araucanía y en la provincia de Arauco desde 1997 en adelante. ¿Nadie vio esto? ¿Ni una autoridad? Por ello, la corrupción no solo hay que atajarla en los cargos de elección popular; también hay que estar muy atento a lo que sucede al interior de distintas instituciones públicas.

También -y están incluidos, diputado Ilabaca - no solo debemos pensar en quienes hoy tienen cargos de elección popular. También -lo digo mientras hablan diputados socialistas atrás; porque están hablando- los partidos tenemos una responsabilidad: evitar -más allá de las risas de algunos- llevar como candidatos a personas que hoy están siendo imputadas por delitos de corrupción, porque esa es la señal que entrega la política y que daña la fe pública.

Si queremos convertir a nuestra nación en una cancha amplia para la instalación del crimen organizado, entonces sigamos equivocándonos de esa manera y sigamos impulsando candidaturas y candidatos, que son elegidos, pero que están imputados por delitos de corrupción.

Si eso es lo que el mundo político quiere entregar a Chile, bueno, que Dios nos pille confesados.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, creo que aquí hay que tener cuidado con botar a la guagua con el agua al baño.

No hay que olvidar que nosotros todavía somos una nación que cree en el principio de presunción de inocencia. Y sí, los procesos deberían ser mucho más rápidos; los fallos deberían ser dictados de manera mucho más rápida. Deberíamos tener una justicia presta, porque solamente la justicia rápida es justicia. Pero si usted va a establecer, literalmente, que la sola acusación basta para que una persona no se pueda presentar a una elección o a un cargo público, usted le abre las puertas a que cualquier persona o gobierno o quien fuere impida una candidatura a través de la presentación de una denuncia, con lo cual puede terminar cometiendo una injusticia peor que la que quiere impedir. Si ese funcionario o ese personero electo tenía una causa por corrupción y esté siendo vista esa causa de corrupción, eventualmente va a ser condenado y va a ser removido de su cargo. Sin embargo, usted no puede devolverle ni al ciudadano ni a la persona que haya sido injustamente acusada la posibilidad de restañar el daño hecho por una acusación infundada.

¿Cómo queremos hacernos cargo, entonces, de esta situación?

No sé si lo que se está haciendo en este momento efectivamente va a conducir a una mejora o va a conducir a un empeoramiento de la calidad de las personas que se presenten a cargos de elección popular. Les voy a decir por qué. Si su postulación depende de que alguien, cualquiera, no presente una acusación en su contra, entonces el incentivo para hacer acusaciones infundadas va a crecer de manera exponencial.

No sé si nos estamos haciendo cargo correctamente de la problemática. Creo en la muerte civil. Si una persona es condenada por haber cometido un delito contra la probidad, no tengo ningún problema. Sin embargo, impedir que una persona pueda presentarse a una elección mientras no ha sido condenada, significa adelantar parte de la pena, que es el ser inhabilitado para poder postular a cargos públicos.

(Un señor diputado se dirige al diputado Johannes Kaiser fuera de micrófono)

Estoy respondiendo, estimado colega, por su intermedio, señorita Presidenta, a un comentario que se hizo hace pocos minutos.

No nos pasemos tres pueblos en esta materia. Efectivamente, voy a respaldar este proyecto, pero siempre manteniendo un ojo en que la presunción de inocencia es un valor demasiado importante como para que en algún momento lo podamos sacrificar. Y sí, quienes han cometido delitos contra la fe pública no deberían volver a ser candidatos ni ocupar cargos públicos en la administración.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Cuello .

El señor CUELLO.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, quiero referirme a las palabras del diputado Kaiser , quien ha hecho mención a la presunción de inocencia.

Creo que está bastante claro que lo que dispone este proyecto tiene que ver con la inhabilitación para acceder a cargos públicos una vez que contemos con una sentencia firme y ejecutoriada. En consecuencia, en este caso no cabe la presunción de inocencia al respecto.

Cuando pensamos en este tipo de proyectos, cuando llegamos a esta solución, a este camino, claramente lo hacemos recordando tantos casos que han ocurrido en la política chilena, partiendo por el caso Penta, de financiamiento ilegal de la política, que involucró fundamentalmente a la Unión Demócrata Independiente, el caso SQM y la ley de pesca. Es decir, estamos en presencia de un fenómeno que ha sido extendido en el tiempo, durante la posdictadura, y que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es la captura o el intento de captura del Estado y sus instituciones por parte de grandes grupos económicos. La corrupción en sus distintas formas ha sido una práctica extendida, ha sido una manera de conservar una determinada forma de sociedad y una determinada forma del modelo económico, puesto que el modelo económico finalmente se alimenta de la corrupción. La corrupción es inherente a un modelo económico como el neoliberal.

Cuando hablamos del caso Penta, nos acordamos de los enormes casos de corrupción en ciertos municipios, como el de Vitacura, que fue un poco más burdo, pues no había ninguna sofisticación. En ese caso había triangulaciones, maletines con dinero, billetes escondidos en las paredes. Creo que se perdió un poco la práctica en casos como ese, pues fueron mucho más burdos.

En definitiva, los casos de corrupción y los atentados contra la probidad, que se han prolongado durante el tiempo y que han permeado la política chilena, sobre todo a ciertos sectores políticos, como la derecha, tienen que ver con una falla estructural.

El ejemplo más claro es la ley de pesca, o el caso de aquel artículo, cuya vigencia ya se extinguió, que tenía que ver con una garantía tributaria para la empresa SQM, que fue redactada, ni más ni menos, en sus propias oficinas.

La corrupción tiene dos dimensiones: una de estas dice relación con determinar cómo combatimos la corrupción en la persecución penal, para encarcelar e inhabilitar a los corruptos, como se propone en este proyecto de reforma constitucional, y, la otra, de qué forma eliminamos los efectos de la corrupción.

Incluso, Chile tiene compromisos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para eliminar y suprimir esos efectos. Hasta ahora, ha sido bastante lento en cumplirlos.

Por eso, como bancada del Partido Comunista, impulsamos la nulidad de la ley de pesca. Me correspondió diseñar y crear la tesis jurídica de dicha nulidad, que apunta a poder eliminar un efecto económico y social de la corrupción, dado por una norma diseñada para beneficiar a grandes grupos económicos, las famosas siete familias.

Aún no tenemos una nueva ley de pesca, pero tenemos una ley de fraccionamiento que, de alguna forma, corrige esa injusticia y ese acto de corrupción.

Esa nulidad, que se validó y legitimó en el período legislativo pasado, creo que es un buen precedente para poder indagar y atacar otros impactos de la corrupción que no solo tenían expresión legislativa, sino también administrativa, en contratos, por ejemplo, que han beneficiado a grandes empresas.

Después de aprobar este proyecto, que creo que es un gran avance para impedir que los corruptos lleguen a cargos de elección popular, también habría que pensar en mecanismos, más generales y uniformes, para eliminar o suprimir los efectos de actos administrativos o legislativos que se hayan originado en casos de corrupción.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Honorable Sala, nos quedan cinco minutos de sesión y quedan tres diputados inscritos.

Si le parece a la Sala, como hemos tenido varias sesiones de discusión, podríamos votarlo en el día de hoy. Para ello, podríamos cerrar el debate con estas tres intervenciones. Aunque son cinco minutos por intervención, podría reducirse a tres minutos cada intervención.

Propongo cerrar el debate con estas tres intervenciones y que, además, sean de tres minutos cada una.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Hasta por tres minutos, tiene la palabra el diputado Felipe Donoso .

El señor DONOSO.-

Señorita Presidenta, honorable Sala, es impresionante cómo algunos se desdoblan y desconocen a sus alcaldes que están siendo procesados y que estuvieron presos. Hoy día, están en la casa, pero cumpliendo condena.

O sea, estamos hablando de lo que se debe hacer. Lo correcto es la persecución de la corrupción. Tratar de imputársela a otro o enlodarlo, desconociendo que este gobierno se demoró ocho meses en tener escándalos de corrupción y a grandes líderes de la coalición de gobierno procesados y en tribunales, creo que no lo hace bien a Chile. No lo hace bien a Chile.

Hay que ser decididos contra la corrupción y no empezar con estos falsos discursos en que se desdoblan y desconocen a los amigos; se desdoblan y desconocen a quienes les mandan los teléfonos; se desdoblan y desconocen a quienes les dijeron no te preocupes, ahí, está la plata.

Ese constante doble estándar del Partido Comunista y del Frente Amplio le hace pésimo a la política, tratando de decir que otros son los corruptos y que no tienen corruptos en sus partidos. ¡Señores, eso es mentira!

Si queremos ponernos de acuerdo en algo, combatamos la corrupción de verdad. Combatámosla en serio. Apoyemos estos proyectos y no planteemos dobles discursos, porque eso también es corrupción.

He dicho.

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Tiene la palabra el diputado Rubén Oyarzo .

El señor OYARZO.-

Señorita Presidenta, el caso Hermosilla recuerda que la corrupción, en Chile, es un problema sistemático que requiere medidas profundas y urgentes.

Este proyecto de ley es una medida precisa, que va en el camino correcto, pero no es suficiente. Necesitamos a todos los sectores para fortalecer la transparencia, la probidad y la ética en la gestión pública. Las redes de poder y el tráfico de influencias debilitan las instituciones y la democracia. Es necesario un compromiso desde la izquierda hasta la derecha.

Les pido a los diputados que están al lado, por favor, si pueden bajar un poco… ¡Muchas gracias!

La obligación de la declaración de intereses y patrimonio, así como las incompatibilidades y motivos para inhabilitarse debiera recaer en todos los funcionarios públicos y ser acompañada de su rigurosa fiscalización y la aplicación de sanciones efectivas en caso de incumplimiento. Del mismo modo, debiera repensarse la designación de altas autoridades por órganos no políticos, sino técnicos, incluso en la participación ciudadana, como se observa en legislaciones comparadas. Además, debemos buscar mecanismos eficientes para mejorar la fiscalización en el empleo de los recursos públicos en instituciones opacas especialmente.

Este proyecto de reforma constitucional va en el camino correcto, pero tenemos que estar todos unidos contra la corrupción. Aquí, nadie puede hacerse el leso. Hay que recordar que el 51 por ciento de las municipalidades -de distintos sectores- está con casos de corrupción.

No vengan a hacerse los lesos -ni la izquierda ni la derecha- porque esto es de todos los sectores. Los actores políticos debemos ponernos en contra de la corrupción y en favor de la transparencia.

He dicho.

La señorita CARIOLA , doña Karol (Presidenta).-

Y, por último, tiene la palabra la diputada Ericka Ñanco .

La señorita ÑANCO (doña Ericka) .-

Señorita Presidenta, en esta Sala, hemos escuchado sobre la corrupción de un lado y otro y para el medio. En realidad, para todos los lados porque, cuando se habla de corrupción, sabemos que están todos los poderes del Estado involucrados muchas veces, como lo demostró el caso Hermosilla en este año.

Concuerdo con los diputados de oposición cuando dicen que, cuando se trata del partido de un diputado en particular, todos se lavan las manos y nadie quiere hacerse cargo.

Sin embargo, en el caso del Frente Amplio, cuando nos vimos involucrados en una situación bastante similar y obviamente condenada por todos lados, fuimos los primeros en condenarla y también incluso en entregar los antecedentes a la Fiscalía de este caso en particular.

Desde el otro lado, no sucede lo mismo. Hasta el día de hoy, aparece la candidata presidencial de la derecha haciendo campaña por el imputado Rivas en la comuna de Temuco, único gobernador de derecha del periodo pasado y que es imputado por el caso de corrupción más grande que tiene La Araucanía. Todos los diputados de oposición, incluso el diputado de Amarillos, lo apoyan.

Entonces, ¿será real que los diputados están dispuestos a condenar la corrupción de todos los lados, caiga quien caiga? Al parecer las cosas no son tan así. Vemos dobles discursos de lado y otro. Hoy día, los diputados de oposición de la Región de La Araucanía apoyan férreamente al candidato imputado. Por cierto, también es apoyado por un examigo de Spiniak, quien también es parte de su equipo de campaña al parecer. No lo sé, pero aparece públicamente apoyado por esta persona, que le restó importancia cuando iba a visitar a Claudio Spiniak en la cárcel. ¿Saben quién es Claudio Spiniak ? Si no se acuerdan, es uno de los casos de pedofilia más grande, en nuestro país, hace muchos años para las nuevas generaciones.

Y así es como se van juntando los amigos. Así se van tejiendo redes entre quienes son más amigos o quienes no. Cuando les conviene denunciar, denuncian y, cuando no, no.

Por supuesto, este proyecto de ley viene como anillo al dedo. Supongo que, si no es por ley, entonces, ¿de qué manera vamos a evitar que este tipo de situaciones ocurran? Las personas imputadas o investigadas por casos de corrupción o de deudas con el Estado no debieran ni siquiera presentarse a candidatos. Y eso también debe estar registrado o al menos legalizado con un proyecto de reforma como este.

He dicho.