Labor Parlamentaria

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente , por su intermedio, saludo a la ministra de Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte , y al intendente de la Región Metropolitana , señor Álvaro Erazo , a la espera de la pronta llegada de los demás ministros.

Señor Presidente , 43 diputados de todas las bancadas políticas hemos convocado a esta sesión especial para analizar las razones por las cuales la Comisión Regional de Medio Ambiente Metropolitana ha aprobado la construcción definitiva de una planta de gas propano en la comuna de Peñalolén.

No cuestionamos la necesidad de asegurar que 370 mil familias conectadas a la red de suministro de gas natural en Santiago puedan contar con ese elemento. El punto es que ése ha sido el gran y único argumento que han esgrimido quienes dieron su autorización para construir la planta, justificando así su instalación, incluso contra la ley de Medio Ambiente, que fue dictada para luchar por su protección.

No aceptamos que se diga que había que instalar la planta en alguna parte, porque no era necesario instalarla en cualquier lugar, sino que había que hacerlo en un sector seguro, donde no se destruyera el medio ambiente y no se pusiera en riesgo a la población colindante.

Después de una dura batalla de casi un año y tras haber analizado todos los antecedentes del proyecto, sus implicancias medioambientales, sus deficiencias técnicas, su impacto para la comunidad de Peñalolén y, especialmente, los riesgos para la seguridad de las familias que viven en los alrededores de estas instalaciones, no se explican las razones por las cuales la Comisión Regional del Medio Ambiente, la máxima autoridad regional en esta materia, ha aprobado primero el permiso provisorio y, en el mes de febrero, el permiso definitivo para la construcción de lo que se ha denominado “Sistema de respaldo red de distribución de gas natural para la zona oriente de la Región Metropolitana”.

Más inexplicable resulta todavía que el gobierno haya avalado la presión de una empresa privada, que prometió a sus consumidores el suministro de gas natural, que esperó a que se generara una crisis para pedir la autorización para construir una planta de respaldo. De esta manera se forzó a la autoridad a una solución de emergencia, que justifica su instalación ante la amenaza de corte de este suministro.

El gobierno responde que si no se construye la planta en ese lugar, no habrá gas para la comuna de Santiago.

Sin embargo, la empresa sigue expandiendo la red de conexiones y, por lo tanto, continúa enviando su producto. Desde que empezaron los cortes de gas en 2004, a la fecha Metrogas ha incorporado 100 mil nuevos clientes, entre los que me incluyo, ya que me inscribí el año pasado para tener calefacción a gas.

¿Por qué los vecinos, el alcalde, los concejales, los parlamentarios que representamos a la zona y los miembros de las Comisiones de Medio Ambiente, de Minería y de Defensa de la Cámara y del Senado hemos cuestionado y algunos nos hemos opuesto al proyecto? Porque tiene implicancias graves e irreversibles en materia de medio ambiente, particularmente en lo relativo a la seguridad; porque importa un golpe dramático a la calidad de vida de miles personas y porque se atropella la dignidad de una comuna que se ha levantado con el esfuerzo y compromiso de todos en veintitrés años, hasta convertirse en lo que es hoy.

Aquí se ha cometido un abuso contra la comuna de Peñalolén. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto en Las Condes o en Lo Barnechea? Porque la oposición habría sido insoportable. La presión de la comunidad de Peñalolén ha sido constante, pero nunca se podría comparar con la que hubiese existido en las comunas que serán beneficiadas con esta obra. Es necesario dejar constancia de que el 13 por ciento de los habitantes de las comunas de Peñalolén y de La Reina usan gas natural y que el resto corresponde a personas que viven en comunas que están alejadas del proyecto, que son las nombradas.

¿Por qué no se construye esta planta en esos lugares? ¿Por qué no se instala en Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura? La razón es obvia.

Estamos hablando de una planta de elaboración de gas propano, que almacenará 800 mil litros de gas licuado, que realizará un complejo proceso industrial para convertir el gas licuado en gas propano, trabajo que se realizará sobre las cabezas de mil familias que viven a poco más de 200 metros de distancia y en una zona con una población diurna de cinco mil personas, que circulan en torno a dos universidades, dos colegios, jardines infantiles, la propia zona ecológica protegida, el Chile Protege, etcétera.

Estamos hablando de la circulación de 38 camiones que subirán y bajarán diariamente, cuyas dimensiones alcanzan los 18 metros de largo y que transitarán cargados con 22 toneladas de gas licuado a través de las únicas vías de acceso que existen en la zona, que son caminos vecinales públicos, que alcanzan hasta los 30 grados de pendiente y llenos de curvas. Además, se debe considerar que esta construcción está a pie de monte, en donde en invierno hay lluvias torrenciales, hielo y posiblemente nieve.

El daño medioambiental que ya se ha producido gracias al permiso provisorio es irreversible, como se muestra en la fotografía que tienen los diputados en sus carpetas. La planta se construye en una de las pocas zonas privilegiadas de la precordillera, a relativa poca distancia del corazón de la ciudad. Un santuario de la naturaleza que ha sido declarado “zona de preservación ecológica” por el Plano regulador intercomunal. Lo que ustedes ven hoy parece un estadio. Eso fue construido recién aprobado el permiso provisorio.

La propia Contraloría General de la República nos dio la razón, ya que confirmó en la resolución del 21 de agosto pasado que, efectivamente, no es posible conceder un permiso industrial en un terreno con un uso de suelo consagrado para fines ecológicos, es decir, dedicado exclusivamente a proyectos científicos, culturales, deportivos y turísticos, pero no para una planta industrial, que es una fábrica de gas y no un gasoducto. Ahí se convertirá el gas licuado con aire en gas propano que tenderá a reemplazar al gas natural. Además de depredar la flora y fauna, ha ocasionado otros daños, derivados del uso de pomacita y calicanto, y por el transporte de miles de metros cúbicos a vertederos clandestinos en otras comunas de Santiago, porque la empresa, durante el permiso provisorio, cambió la tierra donde se instalaron esos estanques, ya que el suelo, a pesar de los estudios que existían, no era apto, motivo por el cual debieron cambiar toneladas de tierra de ese lugar.

Haciendo caso omiso de esa resolución, la Corema ha declarado admisible la planta, gracias a una interpretación antojadiza que hace el Ministerio de la Vivienda respecto de lo que es posible construir en zonas declaradas como patrimonio ecológico.

Ahora bien, el aspecto que debiera estar más fundamentado en el estudio de impacto ambiental presentado por Metrogas, porque no tiene que ver con un negocio, con energía o con acuerdos bilaterales, sino que, ni más ni menos, con la seguridad de mil familias y su entorno, es paradójicamente el elemento más débil del proyecto, porque el resguardo de la vida de las familias no figura en el estudio.

A pesar de todo, el proyecto ha sido aprobado por un organismo mandatado para velar por los derechos de la ciudadanía, regido por la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, que establece claramente las limitaciones de la Corema.

Metrogas no ha entregado información que aclare los temores ante una eventual fuga. Sólo se ha limitado a asegurar que las fugas de gases serán detectadas tempranamente; es decir, reconoce que pueden producirse fugas, pero ni siquiera se pone en la hipótesis de posibles fallas en los sistemas.

Tampoco ha aclarado los riesgos que existen por el transporte de este gas. Asegura que cuenta con los elementos necesarios para impedir el estallido de un contenedor -¿qué será eso?-, sin ponerse en la hipótesis de posibles fallas en dichos sistemas y sin demostrar que está preparada.

Tampoco informado sobre las medidas de mantención de los camiones que transportarán gas. En algún lugar del estudio de impacto ambiental dicen que deberán tener motores silenciosos para no crear contaminación acústica. No dice cómo van a capacitar a los choferes que conducirán esos vehículos, que son pesados y que deberán operar en pendientes, ni quién asumirá la responsabilidad ante alguna falla, pues cabe señalar que los camiones no son de propiedad de Metrogas, sino que corresponden a una subcontratación, es decir, a una empresa externa, por lo que Metrogas no puede controlarlos en detalle. Una falla mecánica puede significar desde la obstrucción de la única vía que existe en la zona, hasta una catástrofe que no estamos en condiciones de dimensionar.

En el set de fotografías que hemos entregado a cada diputado figuran dos láminas que dan cuenta de cómo se comportan los camiones en esa zona: no caben en las curvas ubicadas en la parte plana, porque tienen 18 metros de largo. Es de imaginar lo que sucederá hacia la cima, donde el camino es muy sinuoso y tiene una pendiente de 30 grados.

Metrogas no cumple con el artículo 84 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos, que establece la manera de calcular la distancia segura de este tipo de plantas a edificios habitados, que en este caso debiera ubicarse a 2.600 metros. ¿Saben a qué distancia se encuentra esta planta? A sólo 200 metros de las primeras casas de los vecinos. ¿Y saben a qué distancia de las viviendas pasan los pesados camiones cargados con gas, que circulan por un camino angosto, con pendientes de 30 grados y que nunca fue preparado, asfaltado o pavimentado para ese tipo de vehículos? A sólo 5 metros.

Metrogas no ha entregado un plan de evacuación -aunque lo pide el estudio de impacto ambiental- y coordinación con Bomberos, ante eventuales emergencias; ni con la Conaf, ante la generación de incendios forestales. En el informe se señala que, como la probabilidad de accidentes mayores es muy baja, no existe mayor riesgo y no resulta necesario evaluar ni siquiera la coordinación con bomberos para establecer una zona de evacuación.

Los accidentes con explosivos no son producto de la imaginación de los vecinos ni del alcalde. Son una realidad, incluso, en los países desarrollados: En Bélgica, en 2004, murieron 23 personas en una explosión; en Estados Unidos ha habido 18 accidentes; en Inglaterra, 200 muertos; en Rusia, 645 muertos, y en Nigeria, 500 muertos. El sábado pasado hubo una explosión en una planta de municiones en Albania que dejó 15 muertos y 300 heridos graves. También ocurrió una explosión en Valparaíso, en 2007, en el barrio cívico. Recién tuvimos en nuestra comuna una tragedia aérea, de la cual todavía no nos podemos reponer. La explosión de un pequeño avión significó la muerte de 12 personas, cifra que todavía puede aumentar.

Los habitantes de Peñalolén y, en general, toda la comunidad está dolida y tiene más temor a lo que significa una explosión de combustible.

Como si todo lo dicho fuera poco, la planta estará construida sobre la falla de San Ramón. El informe de Metrogas señala que el técnico que ellos consultaron dijo que probablemente no habrá sismos fuertes o terremotos en cinco años y, por eso, no importa su construcción en ese lugar. ¿Cómo no va a importar si es una falla sísmica? Además, es la línea por la cual pasan los aviones que aterrizan en el aeródromo de Tobalaba.

Resulta contradictorio que la máxima autoridad medioambiental de la región que tiene la más alta contaminación del país, cuya situación se compara con las peores del mundo, generándose emergencias, autorice, por un mero trámite burocrático, a una empresa privada para que arrase con un espacio de conservación ecológica.

Esto es tan contradictorio que, mientras el Gobierno, la Iglesia y las Fuerzas Armadas están tratando de desarmar al país, se está instalando una planta de gas que en cualquier momento, por una falla humana u otras razones, puede producir una explosión, que significaría una cantidad incalculable de muertes. No sabemos lo que puede pasar. Se pretende instalar 800 mil litros de gas licuado sobre las cabezas de familias, niños, peatones que recorren la precordillera por el camino Protege o Cantalao . Por ahí pasarán, ¡76 veces al día! camiones de 40 toneladas y de 18 metros de largo.

¿Funcionan o no las instituciones en Chile? No entendemos por qué un organismo como la Corema ha usado argumentos tan débiles para aprobar este proyecto, no obstante que la ley Nº 19.300 es clara en la materia.

La Corema desoyó a la Contraloría y aprobó la construcción a través del estudio de impacto ambiental.

El estudio del Ministerio de Vivienda señaló que la ley se podía adaptar a las necesidades de la empresa.