Labor Parlamentaria

Tiene la palabra el Honorable señor Valente.

El Área Social: Recuperación por el Estado de las empresas estatales apropiadas por los monopolios privados.

Desde el mismo momento en que se dio a conocer a todo el país el programa básico de la Unidad Popular, los distintos sectores de la ciudadanía tomaron debida conciencia de las medidas que se aplicarían, especialmente para realizar los profundos cambios de la estructura económica capitalista y dependiente que paralizaba el desarrollo de la nación.

Se señalaba en el documento, por ejemplo, que en Chile se gobernaba y se legislaba para unos pocos, a favor de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas, cuyo poder, hasta que asumió el Gobierno de la Unidad Popular, mantenía la hegemonía del proceso económico en su exclusivo provecho.

El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos, se expresaba en el documento. Y se agregaba: Para que ellos se dignen seguir trabajando es preciso darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza de que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan; exigen que se les permita producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de fabricar y elaborar lo que necesita la gran masa de consumidores del país; presionan para que se les deje trasladar sus utilidades a las cuentas bancarias en dólares que mantienen en el extranjero; reclaman el derecho a despedir y desahuciar a los obreros y empleados si éstos reclaman mejores salarios; manipulan la distribución de mercaderías, especialmente de alimentos, para acapararlos y provocar la escasez que les permita alzar los precios para continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 por ciento de la población, acaparan y disfrutan de la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada 100 escudos que los chilenos producen, 50 se reparten entre 10 grupos de oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos que forman la clase trabajadora.

Esto ocurrió hasta 1970.

El subdesarrollo y el atraso de nuestro país se deben, en gran medida, a la acción de estos grupos monopólicos y a la voracidad del capital monopolista extranjero. Por eso, las fuerzas populares, encabezadas por la Unidad Popular, buscan como objetivo central de la política del Gobierno reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

El Programa establece, en consecuencia, la constitución de tres áreas económicas para lograr estos objetivos:

a) El área de propiedad social, dominante en la economía del país, integrada por las empresas que actualmente posee el Estado más las que se nacionalicen. Como primera medida se planteaba la nacionalización de las riquezas básicas como la gran minería del cobre, del salitre, yodo, hierro y carbón mineral; del sistema financiero del país, en especial la banca privada y los seguros; del comercio exterior; de las grandes empresas y monopolios de distribución de energía eléctrica; del transporte ferroviario, marítimo y aéreo; de las comunicaciones; de la producción, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados; de la siderurgia; del cemento; de la petroquímica; de la química pesada; de la celulosa y el papel, etcétera.

b) El área mixta, integrada por empresas con capitales aportados por particulares y el Estado; y

c) El área privada, que comprende aquellos sectores de la industria, la agricultura, la minería y los servicios, en los que la propiedad privada sobre los medios de producción permanecerá vigente. Esta área será la que cobije a la mayoría de las empresas. De las 35 mil empresas privadas que existen en Chile, a lo sumo 150 pasarán al área social de la economía, todas ellas monopólicas y vitales para el desarrollo planificado del país. El resto se mantendrá como empresas privadas.

Las cartas sobre la mesa.

Desde la campaña presidencial misma, se divulgaron y popularizaron los planes económicos de la Unidad Popular. Los propios grupos monopólicos y los oligarcas de todos los pelajes conocieron sobradamente estas intenciones, de modo que mal pueden alegar desconocimiento ni acusar al Gobierno de engaño. La Unidad Popular ha actuado clara y públicamente, con las cartas sobre la mesa. No valen, en consecuencia, los argumentos que expresan sorpresa o desprevención. Jamás la Unidad Popular ocultó sus propósitos. Al contrario; la exposición contenida en el programa es la razón básica de la lucha por la conquista del Poder enarbolalada por las fuerzas progresistas desde hace décadas. Lo que ocurre, quizás, es que la Derecha creyó que la Unidad Popular, llegada al Gobierno, capitularía y echaría el programa al canasto de los papeles inservibles, como había sido común hasta entonces. O que caería en las garras sutiles de una oligarquía insaciable y traicionaría al pueblo y al país. ¡Se equivocó medio a medio! Y al comprobar que el Gobierno Popular hacía irreversible el proceso de cambios estructurales, inició la ofensiva propagandística, organizó a todo costo el desprestigio del Gobierno, impulsó la campaña del rumor infundado, incitó el sabotaje industrial y participó en él, intensificó el acaparamiento, la destrucción de mercaderías, el contrabando de productos en gran escala hacia el exterior, especialmente de comestibles y medicamentos, con vistas a crear la bolsa negra para acrecentar la especulación el agio y el desabastecimiento.

El proceso revolucionario camina a paso firme.

El primer año de Gobierno exasperó a la Derecha monopólica y concitó las iras y la desesperación de las compañías extranjeras que explotaban nuestras principales riquezas. En el curso de 1971, Chile recuperó, por la vía de la nacionalización, la gran minería del cobre, el salitre, el hierro, el acero, el carbón, el cemento, pasando estas actividades al control estatal y sumándose a las empresas básicas de propiedad social existentes, como la Empresa Nacional de Petróleo, ENDESA, Industria Azucarera Nacional (IANSA) y otras. Fueron estatificados 16 bancos comerciales nacionales y extranjeros, pasando el Estado a controlar casi el 90 por ciento del crédito, orientando estos recursos, verdaderamente, al proceso productivo, y favoreciendo en especial a los pequeños y medianos empresarios hasta entonces ausentes de ellos; se abarató el crédito rebajando las tasas de interés, permitiendo disminuir los costos de producción por la incidencia que, sobre ellos, ejercen los gastos financieros. Numerosos monopolios industriales fueron puestos bajo control estatal, especialmente los textiles, cobre manufacturado, parte de la industria electrónica, cerveceras, alimenticias y otros. En resumen, alrededor de 70 grandes empresas fueron expropiadas, requisadas o intervenidas, iniciándose la estructuración del área económica de propiedad social, comenzando la batida contra los monopolios nacionales y extranjeros y concretando la transferencia al pueblo de los medios básicos y fundamentales de la producción. Tales medidas están permitiendo ampliar considerablemente el desarrollo económico del país y consolidar una política de franco beneficio popular. La participación de los trabajadores en la dirección de estas empresas va en aumento y cada día es más decisiva su influencia en la administración y planificación de la producción, en el cumplimiento de las metas y en las decisiones fundamentales, especialmente en los programas de inversión, reinversión, expansión, modernización y renovación de las maquinarias e instalaciones. Toda la iniciativa y la rica experiencia de la clase trabajadora está volcada en esta tarea vital para el éxito del programa del Gobierno de la Unidad Popular.

En año 1971 marcó aumentos considerables de la producción, de las ventas, de la ocupación; se hizo mayor, en favor de los trabajadores, su participación en la renta nacional y se logró avanzar en la lucha antinflacionaria con éxito relativo.

La oligarquía organiza la defensa de sus intereses.

Estos éxitos y la firme decisión del Gobierno de dar cumplimiento estricto al programa popular instó a los poderosos negociantes a estrechar sus filas. Organizaciones como la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y otras son la expresión gremial de la Derecha. La expresión política más concentrada de estos grupos es el Partido Nacional. Fundamentalmente, la acción de esas agrupaciones está guiada y orientada hacia una meta: impedir que se acelere el proceso revolucionario chileno, defender los intereses de los financistas y de los banqueros que desean recuperar el poder supremo para que el proceso económico dependa de su arbitrio y se ejerza en su exclusivo beneficio; intentan el retorno de las empresas imperialistas para que tomen de nuevo el control sobre nuestras principales riquezas naturales y para que sigan construyendo sus imperios económicos a costa del empobrecimiento de Chile y la explotación de sus trabajadores.

La incesante, metódica, alienante, persistente y aplastante máquina publicitaria de desprestigio que maneja la derecha económica, está, por supuesto, bien aceitada desde el exterior. La Central de Inteligencia Norteamericana (CIA), la ANACONDA, la I.T.T. y el Gobierno de Nixon, comprometido hasta la médula con estos consorcios piratas, proporcionan el oxígeno de esta campaña, traducido en dólares. Las revelaciones de la propia prensa norteamericana han causado expectación en todo el mundo por los sórdidos métodos empleados por los grupos financieros nacionales e internacionales contra Chile y su Gobierno. La lucha por la defensa de sus privilegios económicos se aprecia en estas actuaciones bandidescas y en su afán de derribar al Gobierno legítimo de Chile; constituye, además, una prueba flagrante del odio ancestral que un pequeño grupo de banqueros y capitalistas criollos y extranjeros profesa por Chile y su pueblo.

El Frente Nacional del Área Privilegiada.

Los sectores reaccionarios cobijados en el Partido Nacional, Patria y Libertad, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Central de Comercio y otras organizaciones gremialistas, no pierden ocasión para desacreditar la acción del Estado cuando éste orienta su política a favorecer a los sectores más desposeídos de la población.

Expresiones como el Estado no es buen empresario y no queremos un Estado patrón, por ejemplo, resultan verdaderos caballos de Troya dentro de las capas de empresarios pequeños y medianos. El desprestigio del Estado como dirigente del proceso económico es una de las más efectivas formas de sembrar el desconcierto entre estos sectores empresariales modestos. La oligarquía actúa con gran perspicacia buscando aliados para la política de protección de sus insólitas prerrogativas, aun en los sectores económicos de intereses antagónicos.

La plutocracia no encontró nada mejor, para uniformar los planteamientos y mantener una dirección única de toda la beligerante acción en contra del Gobierno Popular, que la constitución del llamado Frente Nacional del Área Privada, que es la suma, la confederación de los grupos oligárquico-político-financieros que actúan mimetizados, para defender sus prebendas y sus ilimitados privilegios. Bien podría decirse, sin exagerar, que ese organismo es un frente nacional de los empresarios del área privilegiada.

Amnesia premeditada y fraude publicitario.

El Estado no es buen empresario repiten los monopolistas y la Reacción, a sabiendas de que faltan a la verdad. Necesitan confundir por cualquier medio al país, confiando en sorprender desprevenida a la opinión pública.

¿Por qué no se refiere a la materia en discusión, señor Senador?

Estoy haciendo un análisis previo para luego referirme concretamente al proyecto en debate. Tenga un poco de paciencia, señor Senador.

Continúo, señor Presidente.

Para lograrlo, ponen en marcha su poderosa y eficiente red de comunicaciones, económicamente bien protegida, al expedito equipo de periodistas venales de que disponen y comienza el martilleo diario destinado a sembrar la confusión, la desconfianza y la duda.

Sin embargo, ocultan al país que en Chile el Estado ha sido y es empresario exitoso desde hace décadas, y que el primer intento, frustrado por la oligarquía y por la rapacidad imperialista, destinado a crear un área social de la economía, se hizo en 1939 con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción. Los chilenos recuerdan cómo entonces, al igual que ahora, la Derecha se jugó entera para impedir el nacimiento de la CORFO. Fueron derrotados, como lo serán también en esta ocasión.

Es interesante e ilustrativa la opinión que sobre esta materia da el profesor Sergio Bitar, que sirve la Cátedra de Política Industrial en la Universidad de Chile, expresada en el artículo La Estructura Económica Chilena y la Transición al Socialismo, publicado en la revista Mensaje Nº 202203, de septiembre-octubre de 1971. Dice el profesor Bitar:

El papel del Estado es uno de los rasgos más peculiares de la economía chilena. Ya en 1970, Chile era el país de América Latina (excluido Cuba) donde el Estado tenía la mayor participación en la actividad económica. En 1969, la participación del Sector Público en la inversión fija alcanzó a 58, 6%, muy por encima del resto de los países latinoamericanos. Si la influencia del Estado se midiera por los gastos totales del Gobierno Central en relación al producto interno, Chile también aparecería en primer lugar durante toda la década del 60. En los últimos 10 o 20 años estos porcentajes fueron aumentando permanentemente en Chile.

A diferencia de los otros países latinoamericanos, el Estado ha actuado desde temprano como empresario. Desde la creación de la CORFO, el Estado Empresario se ha venido expandiendo progresivamente. Durante ciertos Gobiernos su avance fue más lento que en otros, pero siempre creció. Antes de iniciarse la construcción del área social de la economía por el actual Gobierno, el Estado ya estaba presente, en numerosos sectores estratégicos, tales como la energía, petróleo, telecomunicaciones, acero, azúcar, y había penetrado recientemente en actividades más modernas como petroquímica, química y computación a través de nuevas empresas públicas.

Este hecho creo en el Estado una capacidad de gestión empresarial y un control sobre el sistema de empresas.

Este poder del Estado es, sin duda, un factor esencial para explicar una transición gradual al socialismo. El Estado dispone de un número elevado de mecanismos de conducción, control y gestión del aparato económico, es capaz de generar un excedente importante y de manejar un número importante de empresas. Tiene un poder persuasivo y disuasivo sobre el sector privado. Este último, si bien ha utilizado al Estado como un elemento de apoyo para su propio desarrollo también ha ido creando una suerte de acostumbramiento y de dependencia frente a él. Particularmente en los últimos años, todo proyecto privado de cierta envergadura sólo podía materializarse con créditos públicos y franquicias diversas.

En el sector agrícola, en los últimos años, el Estado logró operar cambios importantes en la estructura de la propiedad, enfrentándose a los grupos propietarios y consolidándose la acción sindical. Concentró su poder técnico y financiero para reemplazar al propietario y apoyar a los campesinos, evitando el deterioro en la producción que se ha observado siempre en este tipo de procesos. En estas circunstancias, obviamente, la etapa siguiente se facilita.

Con este poder, el Estado es capaz de sostener la economía y de evitar un dislocamiento del sistema. Le es posible reactivar el proceso empleando su capacidad para expandir la demanda (gasto público y remuneraciones) y, además, puede pasar a controlar un mayor número de empresas aprovechando para ello su organización empresarial ya existente (sistema CORFO y filiales).

Hasta aquí el artículo del profesor Bitar.

Contenido del proyecto de reforma constitucional.

La reforma constitucional en estudio revive las esperanzas de los clanes financieros interesados en paralizar el proceso de cambios y la configuración de las distintas áreas económicas;

En resumen, la reforma persigue:

a) Derogar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en nuestro país, desde hace 30 años. Estas disposiciones constituyen herramientas eficaces del Poder Ejecutivo para orientar y dirigir el proceso económico.

Es bueno repetir que estas disposiciones, que la reforma pretende derogar, han sido el fruto de numerosas y heroicas batallas del movimiento popular a lo largo de las últimas tres décadas. Ninguna de ellas ha sido dictada durante la Administración del Presidente Allende, y todos los Gobiernos anteriores las han utilizado;

b) Declarar nulas las actuaciones del actual Gobierno en el campo del derecho privado, con lo que se trata de impedir que ciertos monopolios sean incorporados al área social, no obstante que el Estado abrió poder comprador para sus acciones, pactándose una transacción comercial usual y ordinaria. La aprobación de esta norma produce una situación jurídica de dudosos efectos prácticos, a la vez que introduce gran incertidumbre en la actividad económica, pues numerosas empresas han llegado a acuerdo con el Gobierno, en el sentido de acogerse a un régimen mixto de propiedad. Lo propio ocurriría a miles de pequeños accionistas que han vendido voluntariamente sus acciones al Gobierno;

c) Obligar al Ejecutivo a comprar acciones de determinadas empresas sólo mediante la dictación de nuevas leyes, despojándose así al Poder que administra el Estado de sus facultades constitucionales, hasta el punto de impedirle efectuar las más simples operaciones de compraventa;

En cambio, no se prohíbe, en parte alguna, que los empresarios y monopolistas compren o vendan entre sí sus acciones, acumulando poder financiero ilimitadamente;

d) Derogar todas las facultades que tiene el Ejecutivo para la requisición, dejando, en esta forma, el campo libre a los acaparadores, agiotistas y especuladores, tan activos en los últimos tiempos;

e) Despojar al Poder Ejecutivo de todos los medios legales que posee, a fin de impedir la transformación estructural de la economía y avanzar hacia el socialismo a través de la legalidad.

La reforma es, pues, un grave intento para proscribir al Poder Ejecutivo y ponerlo prácticamente en interdicción.

Nacionalización por ley.

Algunos sectores de la Oposición se han manifestado partidarios de la constitución de estas áreas en el proceso económico que estamos viviendo. Objetaron el procedimiento seguido por el Gobierno, pues estiman que toda nacionalización de las empresas monopolistas debería hacerse cumpliendo los trámites legislativos usuales.

El Poder Ejecutivo, sin desandar lo ya avanzado, acogió esta sugerencia y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre la materia. En esa rama del Congreso el proyecto sufrió tal cantidad de modificaciones, que desvirtuaron la iniciativa original, despachando un proyecto a gusto de los sectores oligárquicos.

El Gobierno reformuló su proposición incluyendo en el veto a esta reforma constitucional las disposiciones que faciliten la estatificación de algunos monopolios estratégicos, individualizándolos por su nombre. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó estos planteamientos que no son otra cosa que la nacionalización por ley con el argumento de que el Ejecutivo había repetido ideas rechazadas por la Cámara de Diputados, además de calificar de inconstitucionales estas disposiciones por estimar que la idea incluida en el veto es distinta de la propuesta por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados. La del veto incorpora al área social empresas determinadas específicamente. La enviada a la Cámara concedía al Presidente de la República una facultad genérica para incorporar al área social empresas de determinado capital.

Es decir, las vías que ha buscado el Gobierno para satisfacer algunos planteamientos de sectores oposicionistas, sin que ello signifique por supuesto transar el objetivo central de la política económica, han sido eliminadas con argumentaciones contradictorias e insubstanciales, que se vuelven contra sus propios autores, quienes aparecen como capitulando en sus recientes posiciones doctrinarias.

Coincidencias e inconsecuencias.

Es útil transcribir el pensamiento que sobre la acción del Estado y de la empresa privada tenía el Gobierno anterior, según consta en la publicación de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, sobre la Política General de Desarrollo, correspondiente al año 1968, página 18. En ella se señala:

La delimitación de los campos de acción del Estado y de la empresa privada en la economía, generalmente se ha hecho en virtud de criterios ideológicos sobre la estructura más deseable del sistema productivo. Dado el nivel actual de desarrollo económico del país y los objetivos programáticos enunciados, la asignación de tareas entre el Estado y la empresa privada se hará de acuerdo con la mayor eficacia con que en uno u otro caso se cumplan dichos objetivos.

De acuerdo con este principio, corresponderá a la empresa privada jugar un papel preponderante en el desarrollo económico futuro del país, particularmente en aquellos sectores económicos en que la actividad privada puede hacer su aporte al desarrollo nacional, sin crear poderes monopólicos atentatorios al bien común y una concentración excesiva de la propiedad de los medios productivos.

La empresa privada subordinada a la política estatal.

El documento citado precisaba con mucha claridad el papel de la empresa privada, en los siguientes términos:

El desarrollo de la empresa privada deberá atenerse a las reglas del juego definidas por el Estado en materia de política económica, y orientará su acción por los planes de desarrollo y por la labor promocional y financiera de las entidades de crédito y fomento del Estado.

Por otra parte continúa ODEPLAN será de competencia del Estado el desarrollo de los siguientes sectores:

a) Aquellos sectores que produzcan bienes o servicios de vital importancia para el normal desarrollo del país, tales como la energía eléctrica, la explotación y refinación del petróleo, los transportes y las comunicaciones. En estas actividades, la empresa privada podrá desarrollar actividades paralelas o complementarias sujetas al control de los organismos pertinentes del Estado, que garantice un servicio regular y una tasa normal de rentabilidad.

b) Aquellos sectores que produzcan bienes o servicios que por razones tecnológicas requieren de la concentración de capital de tal magnitud en relación al mercado interno, que se transforman en actividades monopólicas conducentes a una concentración de propiedad excesiva en el sector privado.

En estos sectores y en aquellas industrias de gran escala y de alta tecnología, destinada a producir una exportación, especialmente al área latinoamericana, se podrá establecer asimismo un régimen de empresa mixta, con poder decisivo del Estado en aquellos aspectos vitales, como la política de precios, remuneraciones, utilidades e inversiones.

Finalmente, con la ayuda del Estado, la política de desarrollo contempla la promoción de empresas privadas de tipo cooperativo, en aquellos sectores donde tradicionalmente han existido extensos grupos de trabajadores por cuenta propia o grupos cooperativos, que han operado con escasa organización y asistencia técnica crediticia, como es el caso del sector agrario, la pequeña industria y el artesanado y la pequeña minería. En general, estas empresas deben desarrollarse donde existan condiciones tecnológicas favorables y donde el efecto ocupacional sea importante.

Este era el pensamiento del Gobierno anterior, expresado a través de ODEPLAN, con relación a la acción del Estado y de la empresa privada en la economía. Una posición diametralmente distinta de la contenida en la reforma constitucional que debatimos en esta sesión.

Los monopolios destruyen a las pequeñas y medianas industrias.

En su afán por encontrar aliados que se sumen a la defensa de sus intereses, los monopolistas recurren a todos los medios para engrosar sus filas. Sus esfuerzos se encaminan también a ganarse al importante sector de los pequeños y medianos empresarios.

A través de numerosas organizaciones aparentemente gremialistas, los grupos financieros trabajan sostenidamente para incorporar a esos pequeños y medianos empresarios a una alianza que combata la política económica de la Unidad Popular. Desfigurando la verdad, mixtificando e inventando actitudes jamás asumidas por el Gobierno, los monopolistas golpean incesantemente, y con éxito, la conciencia de los empresarios medianos y pequeños.

En la concentración realizada por los integrantes del Frente Nacional del Área Privilegiada en el Teatro Caupolicán, Jorge Fontaine, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y alto empleado de El Mercurio, dijo: Los trabajadores del área privada no desean quedar relegados a un segundo plano. Si el Estado toma control, como pretende hacerlo, de todas las actividades importantes producción, distribución, comercio exterior, finanzas, etcétera, queda en claro que el papel de los que trabajan en el área privada se reduce a un dócil dependiente del Estado. La suerte de cada comerciante pequeño o grande, cada industrial, transportista, minero o constructor, y la de sus colaboradores quedará irremediablemente ligada a la voluntad del funcionario respectivo.

no es empleado de El Mercurio. Sería conveniente que el señor Senador corrigiera la parte pertinente de su discurso.Jorge Fontaine

Con la declaración de Su Señoría, queda hecha la enmienda.

Lo es su hermano.

No nos sentimos identificados se agrega con ninguna fracción política ni sector económico determinado.

No nos unimos para defender intereses económicos, sino para apoyar un sistema de vida basado en la creciente participación de todos los chilenos en las grandes tareas nacionales. , añadió el señor Fontaine.

¡Flor de demagogo!

Primero, aparenta defender a los pequeños comerciantes, pequeños industriales, transportistas y otros grupos empresariales medianos y pequeños, olvidando que estos sectores han vivido sometidos permanentemente a la explotación y dominación de los grandes monopolios.

Segundo, confiesa apoliticismo, en circunstancias de que la totalidad de los dirigentes de ese Frente del Área Privilegiada reconoce filas en el Partido Nacional, en Patria y Libertad, y en otros grupos sediciosos.

Por otra parte, sabe perfectamente el señor Fontaine que el Ejecutivo no ha adoptado ni adoptará ninguna de las medidas agoreras que sostiene. Toda la acción del Gobierno Popular está encaminada a liquidar a la empresa monopolista y a los grupos político-financieros que han vivido como sanguijuelas y engordado a costa de trabajo ajeno. No puede confundirse a los pequeños comerciantes, al pequeño y mediano industrial, al transportista, al minero o al constructor, con los diez grupos familiares que detentan el 70 por ciento del poder económico industrial del país.

El verdadero enemigo es el monopolio.

Las grandes empresas tienden a apoderarse de los mercados, a destruir a los competidores o ponerse de acuerdo con ellos, y a dictar los precios. El monopolio es una asociación o alianza de capitales que reúne en sus manos la producción y venta de una parte considerable, a veces fundamental, de los artículos de una o varias ramas de la economía. El monopolio posee una enorme potencia económica, un gran peso en determinada esfera de la producción y del comercio, lo cual le asegura una posición dominante, es decir, la posibilidad de establecer unos precios elevados y, por consiguiente, de obtener grandes ganancias. Esta situación monopolista les permite multiplicar los beneficios sin incrementar la producción, simplemente, aumentando los precios, exprimiendo al comprador mediante un verdadero robo organizado. El monopolio es una agrupación de capitalistas que va dirigida contra los obreros a los que ellos explotan.

Lenin señalaba con mucha propiedad y precisión que el capitalismo ha sustituido ya hace mucho tiempo la pequeña producción independiente de mercancías, en que la competencia podía, en proporciones más o menos amplias, desarrollar el espíritu emprendedor, la energía, la iniciativa audaz, por la producción industrial en grande y en grandísima escala, por las sociedades anónimas, por los consorcios y demás monopolios. La competencia significa, en este tipo de capitalismo, el aplastamiento inauditamente feroz del espíritu emprendedor, de la energía, de la iniciativa audaz de la masa de la población; significa, también, la sustitución de la emulación por la pillería financiera, el despotismo, el servilismo en los peldaños más elevados de la escala social.

La formación de los monopolios agregaba hace que el lugar del pequeño productor sea ocupado por el grande; las fábricas enormes desplazan al pequeño productor. Las grandes empresas siguen siendo propiedad privada de determinados individuos o grupos capitalistas cuyo único móvil es la obtención de grandes beneficios.

Por otra parte, añadía la concentración de la producción va acompañada de la concentración y centralización del capital bancario. Ello trae consigo la aparición de monopolios bancarios y modifica radicalmente el papel de los bancos.

A medida que la banca se desarrolla y se concentra decía Lenin los bancos se convierten, de modestos intermediarios que eran, en todopoderosos monopolistas, que disponen de casi todo el capital monetario del conjunto de capitalistas y pequeños empresarios, y también de gran parte de los medios de producción y fuentes de materias primas dentro de su propio país. Los bancos pasan a ser copropietarios de las empresas industriales. A su vez, el capital industrial monopolista se incrusta en la banca. Se produce la fusión del capital monopolista de la banca y la industria, dando así origen al capital financiero.

El reducido grupo de grandes magnates del capital financiero se convierte en la oligarquía financiera y se apodera de las posiciones claves dentro de la economía de los países capitalistas. El poder de la oligarquía financiera se ve extraordinariamente incrementado por el hecho de que a través del sistema de sociedades anónimas dispone de capitales ajenos. El sistema de sociedades anónimas subordinadas permite a la oligarquía financiera entregarse a toda clase de maquinaciones altamente provechosas. Proporcionan enormes beneficios la fundación de nuevas compañías, las nuevas emisiones de acciones, la realización de empréstitos públicos, la especulación con tierras, etcétera. Esto significa un tributo que la sociedad satisface a los monopolistas.

La naturaleza social del pequeño productor propietario está claramente precisada en la teoría científica del socialismo y establece las vías y las posibilidades de desarrollar esta capa de la pequeña burguesía. En el capitalismo, los impuestos y la competencia monopólica de los grandes industriales ahogan a los artesanos y a los pequeños productores. Estos pequeños empresarios son víctimas de la opresión y explotación económica; desarrollan sus actividades en condiciones de inseguridad y son, generalmente, oprimidos y explotados. En ellos, está vivo un sentimiento de rebeldía contra la discriminación económica y están dispuestos a incorporarse a la lucha liberadora de la clase obrera.

El Gobierno Popular defiende al pequeño y mediano empresarios.

La Unidad Popular y el Ejecutivo reconocen el derecho legítimo de existencia y desarrollo de las amplias capas de pequeños y medianos empresarios. El programa de Gobierno no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopólico, cuyas contradicciones efectivas se han dado y siguen dándose con las grandes empresas monopólicas de la producción y la distribución. El Gobierno ha señalado repetidamente que, de las 35 mil empresas privadas existentes en Chile, pasarán al área social de la economía menos del 5%, y que la estatificación incorporará al área social los monopolios de la distribución, los monopolios industriales estratégicos y, en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país. En suma, se estatificarán alrededor de 100 empresas monopólicas.

Las empresas que integran el área privada serán beneficiadas con la planificación de la economía nacional; el Estado les procurará la asistencia técnica y financiera necesaria, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional.

El Gobierno ha dado pasos significativos para favorecer a estos pequeños y medianos sectores empresariales. El Estatuto de la Pequeña Industria y Artesanía suscrito con la AMPICH resuelve viejas aspiraciones y establece formas efectivas de apoyo y fomento de estas actividades.

En la reestructuración del Consejo Nacional de Desarrollo se ha incorporado a la AMPICH y a CONPIA, en sustitución de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Confederación de la Producción y del Comercio, que responden estas últimas a los intereses de los grandes monopolios. El Ejecutivo tiene mucho interés en dar a los pequeños y medianos empresarios plena participación en los asuntos de Gobierno y en el desarrollo del país.

Importantes sectores de pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores han experimentado, ahora, un trato sustancialmente diferente de parte del Gobierno de la Unidad Popular, comparado con el que recibieron cuando gobernaba la oligarquía financiera. La actual Administración ha dispensado a estos modestos empresarios un trato nuevo y especial: les ha abierto el crédito a bajo interés; les ha otorgado convenios tributarios muy beneficiosos; ha establecido amplios poderes de compra para sus productos; los ha incorporado a la seguridad social, de la que estaban marginados hasta ahora.

Los pequeños y medianos empresarios nada deben temer del Gobierno Popular. La acción de éste en el proceso industrial chileno tiende a erradicar la influencia de los monopolios, a poner fin a la concentración del capital en manos de un reducido grupo de clanes familiares y a terminar con la gravitación política que ellos ejercen en nuestro país. La acción de la burguesía monopolista y su alianza y vinculación con el capital imperialista, ponen a todos los chilenos patriotas frente a un enemigo poderoso y sin escrúpulos, que socava desde adentro nuestra economía, tratando de paralizar su desarrollo y acrecentar su dominio financiero.

Identificación de los grupos político-económicos.

Las siguientes expresiones del señor Orlando Sáenz, Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, demuestran hasta qué punto llega la impudicia de la burguesía monopolista. Dijo Sáenz en el acto de constitución del Frente del Área Privilegiada: He aquí el área privada que hoy se reúne en el acto más trascendental de su historia para hablarle a Chile y decirle de sus temores y esperanzas. Porque en verdad, hoy nos reunimos bajo la presión de un dificultado presente y de un inquietante porvenir. No es posible que los responsables de la conducción económica de un país vivan pensando qué estatizar y cómo hacerlo en la forma más rápida y agresiva posible.

¿Dónde están las inversiones creadoras del Estado y de los particulares? ¿No sería mejor para Chile que en lugar de desvivirse para arrebatar más y más actividades al sector privado se le ayudara a desempeñarla mejor y repartir equitativamente los excedentes de producción?

¡Nada más quieren los perlas: seguir aumentando su poderío económico a costa del Estado, de la inversión pública y del trabajo de los chilenos!

Precisamente, la orientación económica del Gobierno de la Unidad Popular tiende a terminar con los grupos monopólicos dominantes y estatificarlos en la forma más rápida posible. Así desbarataremos una de las causas del empobrecimiento paulatino del país y del subdesarrollo que agobia a las mayorías nacionales.

Pero ¿quiénes están detrás de esta campaña, moviendo los hilos desde las sombras y disparando desde todos los ángulos contra la política económica del Gobierno? Los conocidos de siempre. Un puñado de financistas y banqueros cuyos tentáculos llegan hasta las más simples y recónditas actividades. Forman no más de diez grupos político-financiero-familiares vinculados entre sí a través de múltiples empresas, ligados por intereses económicos y políticos, impermeables a todo cambio estructural y opositores intransigentes a la pérdida de sus irritantes privilegios.

La relación siguiente demuestra el grado de intereses que ata a estos grupos y el dominio que mantienen o pretenden continuar manteniendo en las principales actividades industriales, comerciales y financieras del país. Muestra, además, la interrelación de banqueros y monopolistas, como también la magnitud de la concentración del capital monopólico en pocas manos.

Grupo I: Banco Sudamericano.

Domina en este grupo el clan familiar Matte-Alessandri. Mantiene vinculaciones con los grupos Agustín Edwards, Yarur, Hirmas, Bulnes Grace. Controlaba más de 130 empresas, que cubrían las actividades más disímiles, tales como agrícolas, forestales, seguros, químico-farmacéuticas, mineras, textiles, maderera, plásticos, cobre manufacturado, avícolas, frutícolas, cemento, fertilizantes, carboníferas, metalúrgicas, navegación marítima, gráficas, inversiones y rentas mobiliarias, distribuidoras de mercancías, celulosa y papel, electrometalurgias, embotelladoras, importación de vehículos y repuestos, ganaderas, construcción, cupreras, etcétera. Entre las empresas de este grupo pueden destacarse las siguientes, varias de ellas incluidas entre las que integrarán el área de propiedad social: Manufacturas Sumar, Algodones Hirmas, Manufacturas Chilenas de Algodón Yarur, Tejidos Caupolicán, Rayón Said, Industrias Químicas, Paños Oveja Tomé, Grace y Cía., Compañía General de Electricidad Industrial, Cementos Biobío, Cemento Melón, Pesquera Guanaye, Compañía Industrial Metalúrgica (CIMET), Fábrica Nacional de Aceites, Compañía Chilena de Productos Alimenticios (CHIPRODAL), Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Manufacturas de Cobre (MADECO), Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Manufacturas de Metales (MADEMSA), Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, Embotelladora Andina, Sociedad Industrial Pizarreño, Dos Alamos Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Saavedra Benard, Laja Crown S. A., Industria Chilena de Alambres (INCHALAM), Nieto Hnos., Empresa Pesquera EPERVA, Oxiquim Limitada, Compañía Sudamericana de Vapores, Cristalerías Chile, Compañía Productos de Acero (COMPAC), y otras.

Grupo II: Banco de Chile.

Los clanes predominantes en este grupo eran Agustín Edwards, Matte-Alessandri, Campos Menéndez Braun, Yarur, con vinculaciones muy amplias entre sí.

Influía en más de 80 empresas monopólicas y controlaba numerosas actividades, como vitivinícolas, licoreras, cerveceras, abonos y fertilizantes, agrícolas, ganaderas, carboníferas, textiles, forestales, impresoras, periodísticas, tabacos, azucareras, lozas y refractarios, distribuidoras, manufactureras de cobre, metalúrgicas, petróleo, mineras, frutícolas, aceros, navieras y otras. Entre las empresas del grupo figuran: Compañía Cervecerías Unidas, Manufacturas Chilenas de Algodones Yarur, Textil Progreso, Industria Nacional de Rayón (RAYONHIL), Fábrica Nacional de Loza (FANALOZA), Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Agencias Graham, Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Compañía de Teléfonos de Chile, Compañía Industrial, Cristalerías Chile, Interoceánica de Navegación, INDUS LEVER, Refractarios Lota Green, Licores Mitjans, FERRILOZA, Industria de Metales, Industria Nacional de Neumáticos (INSA), Manufacturas de Cobre (MADECO), Compañía Industrial Hilos Cadena, Compañía Chilena de Tabacos, Fábrica de Envases FESA, dos Alamos S. A. I. C, Saavedra Benard, Farmo-química del Pacífico, OXIQUIM Limitada, Naviera Interoceangas. Este grupo estaba vinculado, además, a los imperios financieros norteamericanos International Telephone and Telegraph (I. T. T. ), Por intermedio de la Compañía Chilena de Teléfonos, y con la South American Power, a través de la Compañía Chilena de Electricidad.

Grupo III: Banco Agustín Edwards.

Controlaba e influía en más de 70 grandes empresas. Sus actividades más importantes son las periodísticas, cerveceras, textiles, vitivinícolas, navegación, carboníferas, minería aurífera, rentas e inversiones, químicas y farmacéuticas, electricidad y combustibles, aceites, pesqueras, jabones y detergentes, salitreras, conserveras, ganaderas, agrícolas, maquinarias, aeronavegación, etcétera. Las empresas más importantes que estaban bajo su dominio son: Compañía Cervecerías Unidas, Manufacturas Sumar, Tejidos Caupolicán, Grace y Cía., Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, Compañía de Consumidores de Gas (GASCO), Cristalerías Chile, Interoceánica de Navegación, Aceites y Alcoholes Patria, Compañía de Aceros del Pacífico, Pesquera INDO, Farmo-química del Pacífico, Interoceangas, Compañía Naviera, Compañía General de Electricidad Industrial, Industrias Chilenas de Alambres (INCHALAM), Cemento Melón, Manufacturas de Metales (MADEMSA).

El clan dominante es el Edwards, manteniendo vinculaciones con los grupos Matte Alessandri, Campos Menéndez Braun, Yarur, Bulnes, Grace.

Grupo IV: Banco de Crédito e Inversiones.

El grupo familiar dominante era Yarur. Mantenía vinculaciones con Matte-Alessandri, Edwards, De Castro. Influía en más de 40 empresas y controlaba, fundamentalmente, la industria textil y derivados. Otras actividades del grupo son: salitreras, salineras, mineras e importación de autos. Entre las empresas de este grupo podemos mencionar: Manufacturas Chilenas de Algodón Yarur, Textil Progreso, Nieto Hermanos, Compañía de Tejidos Salvador (COTESA), Compañía Salinas Yarur.

Grupo V: Banco Nacional del Trabajo.

El grupo dominante era SaidKattan, vinculado a Matte-Alessandri, Edwards, Campos-Menéndez-Braun. Influía en alrededor de 40 empresas, entre las que destacamos: Algodones Hirmas, Rayón Said Industrias Químicas, Industria Nacional de Rayón (RAYONHIL), Lanera Austral, Agencias Graham, Industria Chilena de Soldadura (INDURA), Pesquera Guanaye, Licores Mitjans, Compañía Productora de Aceites, Manufacturas de Cobre (MADECO), Cobre Cerrillos, Compañía Industrial Hilos Cadena, Fábrica de Envases FESA, Pollak Hnos., Saavedra Benard, Fábrica de Paños Continental, Compañía Chilena de Fósforos.

Grupo VI: Banco Español de Chile.

En este grupo tienen primacía los clanes Bulnes Grace, Matte Alessandri, Edwards. Controlaba e influía en más de 50 empresas relacionadas con petróleo, combustibles, textiles, seguros, electrometalúrgicas, ganaderas, curtiembres, inversiones y rentas, metal, mecánicas, caucho y plásticos, pesqueras, enlozados, vinos y licores, químicas, farmacéuticas, aceites, aguas minerales, etcétera. Entre las empresas del grupo citaremos: Paños de Oveja Tomé, Grace y Cía., Fábrica de Enlozados FENSA, Fábrica Nacional de Aceites, Textil Pollak Hnos., Pesquera EPERVA, Oxiquim Ltda., Sociedad Industrial de Calzado (SOINCA).

Decisivo poder económico en manos monopólicas.

La propia Sociedad de Fomento Fabril ha dicho que las 91 empresas incluidas en el área social representan nada menos que el 60 por ciento de la producción industrial del país. Esto quiere decir que tan sólo 91 empresas privadas de las 35 mil que existen en el país, es decir menos del 3 por ciento, dominan casi los dos tercios de la producción nacional. Esta producción está en manos de los seis grupos financieros que hemos individualizado hace un momento.

Este hecho es una revelación de la enorme concentración monopólica capitalista, los cuantiosos intereses privados en juego y la intensidad de la campaña financiero-política que está en marcha para proteger los intereses de un puñado de capitalistas. Por cierto que estos intereses no son los del país; por el contrario, afectan al desarrollo planificado de la economía, distorsionan nuestra realidad financiera, afectan grandemente los intereses de la inmensa mayoría nacional.

La empresa privada monopolista le cuesta un ojo de la cara al país.

Los esfuerzos publicitarios de los grupos monopólicos se orientan a crear conciencia de que la empresa privada es insustituible para promover el desarrollo económico de la nación.

Reconocemos la importancia de la iniciativa privada cuando se trata de actividades no monopólicas.

El Programa de la Unidad Popular no es contradictorio con los intereses de los sectores privados de pequeños y medianos empresarios. Sí es profundamente antagónico con la existencia de grupos financieros monopolistas y oligarcas.

Estos grupos o clanes familiares, constituidos por un reducido número de capitalistas, son, precisamente, los que frenan todo el desarrollo del país y profundizan las diferencias de clases y la explotación de los trabajadores.

La actividad privada monopólica ha crecido y se ha hecho poderosa casi exclusivamente por el aporte financiero que le ha dado el Estado. Hasta 1970, gran parte de los recursos financieros estaban destinados a fortalecer la actividad de los grandes empresarios privados. Cuando la oligarquía fue Gobierno, se alentó considerablemente la concentración del capital financiero en manos de los grupos político-familiares. El crédito estaba destinado a satisfacer las necesidades de estos grupos; los organismos estatales encargados del desarrollo económico cumplían sus actividades en función de los intereses de estos grupos; la Corporación de Fomento, el Banco del Estado, la Caja Central de Ahorro y Préstamo y otros organismos, comprometían sus recursos para incrementar el poderío económico de los clanes empresariales privados.

El siguiente dato es fiel reflejo del contenido y orientación de la política financiera aplicada entre 1940 y 1960. La distribución porcentual de todas las colocaciones bancarias, incluidas las asociaciones de ahorro y préstamo y la CORVI, es la siguiente:

Período Empresa privada Sector estatal

1941-1945 91% 9%

1946-1950 91,6% 8,4%

1951-1955 85,3% 14,7%

1956-1960 71,5% 28,5%

1961-1965 54% 46%

La misma fuente de información señala que desde su fundación, la Corporación de Fomento actuó en muchas circunstancias como institución crediticia, ya sea otorgando avales y garantías, traspasando créditos externos o dando créditos con cargo a sus propios recursos. En el período 19401960 el papel de la Corporación de Fomento como institución crediticia para el sector privado, se realizó sin una pauta preestablecida y sin que se crearan los mecanismos adecuados para ello. La política crediticia de la Corporación se fue adecuando de acuerdo a la política general del Gobierno y las circunstancias económicas imperantes. Durante ese lapso no hubo obstáculos para que la CORFO realizara una importante labor financiera, otorgando créditos y participando directamente como inversionista asociado al capital privado.

Por décadas, la Corporación de Fomento se constituyó, de acuerdo a la orientación de los Gobiernos, en la principal sostenedora y protectora de la empresa privada monopolista.

Al mismo tiempo, las breves permanencias de los partidos políticos progresistas en las tareas de Gobierno y la constante lucha de los trabajadores, permitió echar las bases para la creación de industrias estatales como la Empresa Nacional de Petróleo, Industria Azucarera Nacional, Empresa Nacional de Electricidad, Compañía de Aceros del Pacífico y otras. También se crearon industrias mixtas con capitales de la Corporación de Fomento y privados, dando nacimiento a la Empresa Manufacturera de Metales, Farmo-Química del Pacífico, Manufacturas de Cobre, Industrias Forestales, Industria Nacional de Neumáticos, un complejo pesquero en el norte del país, empresas carboníferas y muchas otras.

En los primeros años de su existencia, la Corporación de Fomento no sólo fue un factor decisivo en la planificación económica, sino que, además, contribuyó eficazmente a la creación de las más importantes empresas industriales que aún existen en el país.

A medida que se sucedían los Gobiernos en los que la burguesía monopolista ganaba más y más influencia, especialmente en el campo financiero y político, el capital privado desplazaba a la CORFO de su calidad de socio y asumía la propiedad integral de las empresas. La Corporación de Fomento pasó a constituirse solamente en el organismo financista de las grandes operaciones industriales y comerciales de la empresa privada.

Los capitalistas monopolistas nacionales y extranjeros empezaron a adueñarse de

las empresas estatales o semi-estatales y a configurar una poderosa área privada en la que el factor preponderante y característico fue la alianza político-financiera familiar que dio nacimiento a los clanes económicos e impulsó, de manera decisiva, la concentración del capital financiero en pequeños grupos.

El Gobierno Popular está recuperando las empresas estatales o mixtas creadas por CORFO.

La constitución del área social de la economía tiene por objeto y lo repetimos una vez más incorporar a la propiedad del Estado, de todos los chilenos, de la sociedad en su conjunto, las industrias básicas, como el cobre, el salitre, el hierro, el carbón y otras ya recuperadas; las grandes empresas monopólicas de la distribución, los seguros, la banca privada, los monopolios industriales estratégicos y, en general, todas aquellas actividades condicionantes del desarrollo económico y social del país.

Lo que el Gobierno Popular está haciendo no es sino recuperar aquellas empresas estatales o mixtas creadas y financiadas por la Corporación de Fomento de que fue indebidamente despojado el Estado por los monopolios privados.

De esta manera el Gobierno Popular reivindica la razón de existir de la Corporación de Fomento, cuya creación fue el primer intento serio y responsable para la constitución de empresas estatales y mixtas.

En las observaciones al proyecto de reforma constitucional en debate, el Gobierno ha incorporado la nómina de las empresas que integrarán el área social y mixta de la economía. Pido al señor Presidente que recabe al acuerdo de la Sala para insertar dicha lista en esta parte de mi intervención, cuando haya quórum en la Sala.

Oportunamente se recabará el asentimiento de la Sala, señor Senador.

La lista mencionada, que se acuerda insertar más adelante, es la siguiente:

Sociedad Pesquera Guanaye S. A.;

Compañía de Teléfonos de Chile;

Manufacturas Sumar S. A.;

Compañía de Cervecerías Unidas;

Algodones Hirmas S. A.;

S. A. Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón;

Tejidos Caupolicán S. A.;

Rayón Said Industrias Químicas S. A.;

Textil Progreso S. A.;

Paños Oveja Tomé S. A.;

Rayonhil Industria Nacional de Rayón S. A.;

Lanera Austral S. A.;

Textiles Banvarte S. A.;

Compañía Industrial El Volcán S. A.;

Fábrica Nacional de Loza de Penco;

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A.;

Compañía Sudamericana de Vapores S. A.;

Compañía General de Electricidad Industrial;

Compañía de Petróleos de Chile;

Compañía Industrial;

Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar;

Compañía Consumidores de Gas de Santiago;

Manufacturera de Metales S. A. (MADEMSA);

Fábrica de Enlozados S. A.;

Compañía Industrias Chilenas CIC S. A.;

Cristalerías de Chile Sociedad Anónima;

Compañía Molinos y Fideos Carozzi;

Aceros Andes S. A.;

Carburo y Metalurgia S. A.;

Compañía Chilena de Navegación Interoceánica;

Sindelén S. A. I. C. Sociedad de Industrias Eléctricas Nacionales;

Cemento Biobío S. A.;

Gildemeister S. A. C.;

Industrias Químicas Du Pont S. A.;

Pesquera Indo S. A.;

Aceites y Alcoholes Patria S. A.;

Industria Chilena de Soldadura S. A. (INDURA);

Refractarios Lota Green S. A.;

Compañía Industrial Metalúrgica S. A.;

Compañía Nacional de Teléfonos Sociedad Anónima;

Ferriloza S. A. Industria de Metales;

Compañía de Gas de Concepción;

Manufacturera de Cobre S. A. (MADECO);

Industria Chilena de Alambres (INCHALAM) S. A.;

Vidrios Planos Lirquén S. A.;

Fábrica de Pernos y Tornillos American Screw Chile S. A.;

Compañía Standard Electric S. A. C.;

Naviera Interoceangas S. A.;

Aga Chile S. A. Representaciones;

Indus Lever S. A. C. I.;

Compañía Industrial Hilos Cadena S. A.;

Phillips Chilena S. A.de Productos Eléctricos;

Embotelladora Andina S. A.;

Coresa S. A. Unidades y Complementos de Refrig.;

S. A. de Navegación Petrolera;

Chiprodal S. A. I.;

Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S. A.;

Agencias Graham S. A. C.;

Fábrica Nacional de Aceites S. A.;

Grace y Co. (Chile) S. A.;

Compañía Productora Nacional de Aceites S. A.;

Licores Mitjans S. A.;

Compañía Chilena de Tabacos S. A.;

Sociedad Industrial Pizarreño S. A.;

Bata Sociedad Anónima Comercial;

Sociedad Industrial de Calzado (SOINCA);

Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros (CATECU) S.A.;

Compañía Chilena de Fósforos;

Cobre Cerrillos Sociedad Anónima;

Fábrica de Envases S. A.;

Nieto Hnos. S. A. C. I. Consorcio;

Confecciones Burger Sociedad Anónima Comercial e Industrial;

Calderón Confecciones S. A. C;

Confecciones Oxford S. A.;

Dos Alamos S. A. I. y C.;

Lechera del Sur Sociedad Anónima Llanquihue;

Electromat S. A. Fca. de Materiales Eléctricos;

Industrias Textiles Pollak Hnos. y Cía. S. A.;

Fábrica de Paños Continental S. A.;

Comandan S. A. Hilos y Paños de Lana;

Compañía de Tejidos El Salvador;

Sociedad Anónima Comercial Saavedra Benard;

Laja Crown S. A. Papeles Especiales;

Elaboradora de Productos Químicos Sintex S. A.;

Oxiquim Ltda.;

Farmoquímica del Pacífico S. A.;

Empresa Pesquera Eperva S. A.;

Maderas y Sintéticos S. A. (Masisa);

Maderas Prensadas y Pinos de Cholguán S. A., y

Sociedad Productores de Leche S. A.

¿Por qué se nacionaliza la Compañía Chilena de Teléfono?

Uno de los monopolios extranjeros más tenebrosos que opera en nuestro país es el de la International Telephone and Telegraph, por intermedio de su filial la Compañía Chilena de Teléfonos, actualmente intervenida.

Conozcamos las razones que tiene el Gobierno Popular para estatificar esta empresa, dadas a conocer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el interventor don Jaime Schatz, en la sesión octava, de 11 de mayo de 1972.

Escasa inversión y ganancias colosales.

El total de la internación de capital hecha al país por la I. T. T. para la Compañía de Teléfonos de Chile, desde la fundación de esta empresa, en 1930, hasta ahora, es de únicamente unos 30 millones de dólares. El último aporte se hizo en marzo de 1970.

En cambio, la Compañía de Teléfonos, en el sólo decenio 19611970, ha declarado utilidades de 118 millones de dólares y ha remesado al extranjero, por dividendos, por intereses pagados a la propia I. T. T. de Nueva York, por intereses pagados a compañías asociadas a la I. T. T., por intereses pagados a bancos extranjero, por honorarios técnicos, y otros conceptos, la suma de 80 millones de dólares.

No obstante ser estas cifras bastante elocuentes, lo que la I. T. T. esperaba conseguir en Chile, a partir de 1972, era mucho más.

Hasta 1957, las utilidades anuales de la Compañía de Teléfonos, expresadas en su equivalencia en moneda norteamericana, fueron, en promedio, inferiores al millón y medio de dólares. En ese período se aplicó una cláusula del contrato-concesión que señalaba que la utilidad líquida que la Compañía tenía derecho a percibir sería hasta un 10 por ciento de la inversión neta. En el convenio que se celebró en 1958 y que modificó ese contrato-concesión, se estableció que el nivel de esta utilidad anual sería en lo sucesivo de un 10 por ciento sobre la inversión. Es decir, la frase que señalaba un límite de hasta un 10 por ciento, se puso imperativa, en un sentido de obtener un 10 por ciento sobre la inversión neta.

En los hechos, este cambio, aparentemente insignificante, se tradujo en una rápida elevación del monto de las utilidades anuales de la empresa. En 1959, fueron superiores a los 5 millones de dólares; en 1965 subieron a 12 millones de dólares y en 1970 alcanzaron a más de 16 millones de dólares. Estas cifras son las que ha proporcionado la propia Compañía en los balances, y que han sido objetadas por Impuestos Internos y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, por lo que están siendo materia de una investigación.

La parte del león.

Posteriormente, en el año 1967, se celebró un nuevo convenio del Estado chileno con la CORFO, para la ampliación del servicio telefónico, con la participación de CORFO en el capital social de la empresa y con la capitalización de la mayor parte de las utilidades hasta el año 1971. De acuerdo con el aumento de la inversión neta y con esta cláusula absurda de garantizar una utilidad anual del 10 por ciento sobre esa inversión, a partir de 1971, la Compañía habría tenido asegurada una ganancia líquida del orden de los 20 millones de dólares, si se hubiera mantenido la política ya tradicional de aplicar a los servicios telefónicos tarifas elevadísimas que hicieran posible tal volumen de utilidades, por más deficiente que fuese el manejo de la empresa.

Proyectando las utilidades hasta el final del plazo estipulado en el contrato-concesión, es decir, hasta el ejercicio correspondiente a 1979, con un crecimiento de la inversión neta igual al de los últimos años, de un 8% anual, la utilidad total de la empresa en el período 19711979 habría sido del orden de los 270 millones de dólares.

Como la I. T. T. tiene, en la actualidad, una participación del 63% en el patrimonio de la Compañía, sus expectativas de ganancias, por este solo concepto, para el período 19711979, ascendían a 170 millones de dólares. Esto es, casi seis veces el total del capital fresco internado al país en toda la historia de la Compañía.

Estas cifras no incluyen otros ítem que también han significado utilidades para la I.T.T. por su participación en la Compañía de Teléfonos de Chile.

Señor Presidente, la información del interventor se extiende aún una página más. Para no tener que leerla, solicito que se inserte en el texto de mi discurso.

Oportunamente, cuando haya quórum en la Sala, la someteré a votación, señor Senador.

El texto de dicho documento, que se acuerda insertar más adelante, es el siguiente:

Pongo, por ejemplo, el significado de los gastos financieros.

La Compañía, a pesar de la obligación establecida en el contrato, no estableció nunca el capital suficiente de explotación. Esta situación fue perfectamente calculada por la propia I. T. T., ya que en esta forma la empresa ha debido recurrir a un creciente endeudamiento en el extranjero.

La I. T. T. golpista y estafadora.

Y los beneficiados con esta política han sido la propia I. T. T. y otras empresas vinculadas a ella, más un grupo de bancos de los Estados Unidos, los que han percibido intereses con tasas superiores a las normales en el mercado financiero norteamericano, que en algunos casos llegaban al 12% anual.

Por esta vía, la I. T. T. y otras empresas se han llevado del país, como ya señalé anteriormente, aproximadamente 54 millones de dólares. Como en 1971 los gastos financieros de la Compañía fueron de más de 7 millones de dólares, puede deducirse la importancia de este rubro hasta el término pactado del contrato-concesión, de haberse mantenido esa política. Las proyecciones de este rubro para 19721979, aplicando la tasa media de incremento registrada en los últimos años, habría permitido un gasto financiero total de irnos 140 millones de dólares, el cual habría ido a favorecer fundamentalmente a la I. T. T. y a sus asociados.

Es por este camino por donde llegamos a establecer con meridiana claridad el móvil que impulsaba e impulsó a la I. T. T. a fraguar toda clase de complot contra nuestro país y el Gobierno Popular.

Evidentemente no hemos tomado todas las cifras relativas a las ganancias que obtenía la I. T. T. en la Compañía de Teléfonos de Chile; tampoco me detendré, en esta ocasión, en todas las verdaderas trampas que existen en los métodos de contabilidad impuestos en la Compañía, ni a la fabulosa estafa perpetrada por la I. T. T. en perjuicio de Chile, al elevar descaradamente los precios de los equipos que ella misma y sus filiales vendían a la empresa local. La I. T. T. en toda su vasta y compleja estructura mundial es, a la vez, fabricante de equipos telefónicos, vendedora de ellos, compradora y usuaria de los mismos. Esto le permitía, y así lo hizo, ciertamente, fijar a estos equipos precios muy superiores a los cotizados por otros fabricantes.

Tentáculos para dominar nuestra economía.

He puesto a disposición de la Comisión varios documentos de los archivos de la Compañía de Teléfonos que prueban que la I. T. T. la utilizaba abiertamente como una agencia suya para detectar, materializar y manejar nuevos negocios en nuestro país, para aumentar su grado de penetración y dominio dentro de la economía chilena. Claro es que todo esto lo hacía sin gastar un centavo, pues en tales gestiones se utilizaba personal, instalaciones, materiales y dinero de la Compañía de Teléfonos de Chile; es decir, toda esa labor era financiada por nuestro país a través de las tarifas aplicadas a los servicios telefónicos.

La nueva serie de documentos que obran en poder de la Comisión, constituyen categóricos testimonios de que la I. T. T. consideraba la posibilidad de introducirse en nuevos negocios en este país, como por ejemplo, en las industrias de la celulosa, equipos electrónicos y eléctricos, de la manufactura del cobre (MADECO y Cobre Cerrillos), de la fabricación de neumáticos, del salitre y hasta de la construcción de viviendas económicas y en la industria de la sal.

A mejores garantías, peor atención.

A pesar de los irritantes privilegios de que gozaba la I. T. T. en Chile y de los increíbles abusos cometidos por ella, la Compañía de Teléfonos estuvo muy lejos de proporcionar un servicio eficiente. A todo el país le consta la escasez de aparatos telefónicos, la larga demora, demora a veces indefinida, para obtener la instalación de un teléfono en una residencia, en una fábrica y hasta en una población o clínica y, frecuentemente, la mala calidad de los servicios.

Baste señalar, por ejemplo, que en Chile hay 3, 7 teléfonos por cada 100 habitantes, mientras que en Estados Unidos hay 56, 4, en Suecia 53, 7, en Australia 29, 3, en Uruguay 7, 2, en Argentina 6, 9. El promedio mundial es 7, 1 por cada 100 habitantes. Es decir, estamos en la mitad del promedio mundial.

¿Me permite, señor Senador?

Ha terminado el tiempo del Comité Comunista. Su Señoría puede continuar en el tiempo que le ha cedido el Comité de la Unión Socialista Popular, hasta por 25 minutos.

Comunico a los señores Senadores que la reunión de Comités ha sido postergada hasta las 15.

Puede continuar el Honorable señor Valente.

Gracias, señor Presidente.

Mecánica Industrial.

CORFO contribuyó a su organización en 1941, aportando 120 mil dólares, hasta llegar a 160 mil, en 1944.

En 1946 se transfirió a los capitalistas privados.

Controla la industria el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

No se incorpora al área social.

Corporación de Radio de Chile.

CORFO organizó esta empresa en 1941 sobre la base de la ex R. C. A. Víctor. El aporte inicial de CORFO alcanzó a 500 mil dólares ese año; en 1949 aumentó el capital en un millón de dólares más, y en 1958, en otro millón de dólares.

Ese mismo año se apoderó de la industria la empresa privada, quedando en manos del grupo Banco Sudamericano-Banco Edwards; Matte Alessandri.

El Gobierno Popular estatificó esta empresa, constituyendo la I.R.T., incorporada al área estatal.

Industria Nacional Rayón, Rayonhil.

Entre 1946 y 1948, etapa de su instalación, CORFO obtuvo del Eximbank un crédito por 1 millón 200 mil dólares para iniciar las actividades industriales.

La empresa fue controlada por los grupos económicos Banco de Chile y Banco del Trabajo.

Tiene 1.732 accionistas, 10 de los cuales controlan el 65% del capital.

La empresa se recuperará para la propiedad social.

Siam Di Telia S. A.

En 1941 CORFO hizo un aporte inicial de 4 millones 50 mil pesos (equivalentes a 204 mil dólares). En 1953, los aportes de CORFO alcanzaron a 686 mil dólares.

En 1960 se apropió de esta empresa el capital privado.

No pasa al área social.

Complejo Pesquero.

Quizás si la demostración más tétrica del asalto que la empresa privada monopolista efectuó a los recursos y al presupuesto de la CORFO lo constituya la formación del Complejo Pesquero en el norte del país; ello es, también, una evidencia de la incapacidad empresarial de los capitalistas privados monopólicos.

El aporte de CORFO para habilitar y urbanizar los terrenos, para financiar estudios, habilitar caletas, otorgar créditos, cauciones y avales para la adquisición de las maquinarias, implementos y su instalación, ascendió a 80 millones de dólares entre 1960 y 1963.

Esta actividad industrial alcanzó gran auge hasta 1965. Los empresarios privados, a costa de los recursos de la CORFO, obtuvieron ganancias súbitas e increíbles. La mayoría de ellos sin siquiera aportar capital. En el Norte se calificó esta irritante formación de fortuna como el nacimiento de la oligarquía pesquera.

La industria entró en crisis en 1965-1966. Los empresarios privados recurrieron a la CORFO, obteniendo más préstamos y mayores recursos para integrar industrias concentrando ahora, en pocas manos, casi todo el poder industrial pesquero.

Cada vez que la actividad florecía, las ganancias engrosaban las fortunas de los empresarios privados. En los años o en los ciclos críticos, las pérdidas eran absorbidas por la CORFO.

La concentración de la industria en 5 o 6 grupos económicos integrados, favoreció a los siguientes empresarios privados:

1. Grupo Guamaye, con 87 accionistas.

Diez de ellos controlaban el 74,5% del capital.

Dominaban el grupo los clanes financieros Banco Sudamericano, Matte-Alessandri, Banco del Trabajo.

Se constituyó en 1962, con un capital de 324 mil escudos, recibiendo de CORFO ese mismo año, aportes por 516 mil escudos.

Hasta 1969 este grupo había recibido de CORFO, en préstamos, aportes y bonificaciones, 12 millones de escudos.

2. Grupo Industone. Formado por capitales sudafricanos y el grupo Edwards. Aparte las elevadas utilidades logradas, recibió aportes y bonificaciones de CORFO, superiores a los 10 millones de escudos.

3. Grupo Indo. Declaró no enteró un capital de 4 millones de escudos en 1962. El mismo año CORFO le otorgó préstamos por 530 mil escudos, más 1 millón de dólares.

Hasta 1969, había recibido de CORFO ayuda en bonificaciones y aportes por 18 millones de escudos.

Controlaban la empresa el grupo Edwards y los hermanos Pubill.

Diez de los 130 accionistas dominaban el 99, 3% del capital.

4. Empresa Pesquera Eperva. Es talvez la más poderosa empresa del sector pesquero. Tiene 1. 205 accionistas; diez de ellos controlan el 66% del capital.

Entre 1962 y 1966, las ganancias líquidas de esa empresa, alcanzaron a 13 millones de escudos. No obstante ello, sólo por bonificaciones Eperva había recibido, hasta 1969, más de 12 millones de escudos.

Dominan la industria los grupos Banco Sudamericano, Matte-Alessandri, Banco Español-Chile, Grace y Compañía.

5. Alimar Norte. En 1962 declaró un capital de 525 mil escudos, recibiendo ese mismo año, aportes de CORFO por 400 mil escudos y 75 mil dólares.

Por concepto de bonificaciones había recibido hasta 1969, más de 9 millones de escudos.

Pertenecía a capitales norteamericanos y canadienses.

Por una muy deficiente administración de esas empresas, y por la escandalosa repartición de los recursos estatales en favor de los capitalistas privados CORFO debió intervenirlas, revitalizarlas económicamente, elevando en forma eficiente y con buen éxito su capacidad productora.

La oligarquía pesquera cuesta a la economía del país, en aportes, créditos, bonificaciones y otros valores, más de 800 millones de escudos.

Todas las empresas pesqueras se incorporan al área social.

Fábrica de Pernos American Screw.

El crédito de CORFO ascendió a 170 mil dólares. Está dominada sólo por tres accionistas.

Es del grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

Se incorpora al área social.

Laboratorio Bayer y Merck S. A.

Al ser disueltas estas empresas durante la Segunda Guerra Mundial, CORFO adquirió sus bienes e instalaciones formando la empresa Industrias Químico-Farmacéuticas-CORFO, mejorándose con notable auge la línea de producción de medicamentos y productos químicos.

Hasta 1954 el aporte de CORFO llegó a 2 millones de dólares.

Ese mismo año los capitalistas privados extranjeros recuperaron esta industria.

Se estudia con sus dueños la estatificación de la empresa para que integre el complejo farmacéutico estatal.

Sociedad Industrial de Colorantes.

Se formó con un aporte de CORFO que equivalía al 25% del capital. En 1942 CORFO aumentó su aporte a 7 millones de pesos (350 mil dólares).

Posteriormente, capitalistas norteamericanos reorganizaron la industria, apoderándose de ella.

No se considera su incorporación al área social.

Complejo textil.

Está integrado por:

1.- Manufacturas SUMAR: Tiene 109 accionistas. Los 10 mayores controlan el 99,1% del capital. Grupos dominantes: Banco Sudamericano, Banco Edwards, Matte-Alessandri.

2.- Algodones Hirmas. Tiene 16 accionistas; 10 de ellos controlan el 99, 9% del capital. Grupo dominante: Banco Sudamericano, Matte-Alessandri, Banco del Trabajo.

3.- Textil Progreso. Con 627 accionistas. El 81% del capital está en manos de 10 accionistas. Controlada por el grupo del Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Yarur.

4.- Paños Oveja Tomé. Sus accionistas son 2. 475. Los diez mayores dominan el 66, 5% del capital. Dominada por el Grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri, Banco Español-Chile.

5.- Lanera Austral. Sólo 5 accionistas, dominan el total de su capital.

Controlada por el grupo Banco del Trabajo.

6.- Textiles Banvarte. Seis socios controlaban todo el capital de la empresa. Empresa familiar vinculada al grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri. Al 31 de diciembre de 1970, el balance general acusaba una deuda de Eº 1.436.500 con la Banca Alemana, con el aval y garantía de CORFO.

Todas esas industrias están intervenidas y pasan al área social de la economía, integrando el gran complejo textil estatal.

Y lo mismo sucede con la Compañía de Tejidos el Salvador COTESA, Fábrica de Paños Continental, Compañía Industrial Hilos Cadena y la Sociedad RayónSaid Industrias Químicas.

Industrias Mecánicas Reunidas.

Formada por CORFO en 1947 con un aporte de 10 millones 522 mil pesos, iguales a 525 mil dólares de entonces.

En 1950 pasó a poder de empresarios privados.

No está considerada su inclusión en el área social.

Compañía Industrial El Volcán.

CORFO concedió a esta empresa diversos préstamos a largo plazo en moneda nacional y extranjera para ampliaciones industriales. El saldo de los préstamos al 30 de junio de 1971 alcanzaba a 2. 544. 400 escudos, igual a un tercio del capital pagado.

Tiene 428 accionistas. El 53,3% de capital está controlado por 10 accionistas.

Es del grupo Banco Sudamerican-Matte-Alessandri.

Se incorpora al área social.

Compañía Industrias Chilenas CIC.

CORFO aportó créditos en moneda nacional y otorgó caución solidaria para préstamos externos. El saldo de estos préstamos en dólares y francos, alcanzaba, en moneda nacional, al 30 de junio de 1971, a Eº 1.336.600. Tiene 2.456 accionistas. Diez de ellos controlan el 47,2% del capital. Pasó al área social.

Y lo mismo ocurre con la Compañía de Consumidores de Gas (GASCO), Compañía Nacional de Teléfonos, Compañía Standard Electric, Phillips Chilena S. A., todas las empresas del área forestal, la Sociedad Lechera Nacional (SOLECHE), otras empresas lecheras, la Compañía de Productos Alimenticios (CHIPRODAL), agencias distribuidoras, Indus Lever S. A., Fábrica Nacional de Loza (FANALOZA), empresas carboníferas, empresas navieras, etcétera.

Ruego que el detalle de estas páginas de mi intervención es incluya también en la versión, a fin de mantener el orden de ellas.

En el momento oportuno, se requerirá acuerdo de la Sala en tal sentido.

El documento cuya inserción se acuerda con posterioridad es el siguiente:

Compañía de Consumidores de Gas GASCO.

CORFO tiene el 18% del capital. El 82% está controlado por capitalistas privados.

El 10% de los accionistas controla el 52%; del capital.

GASCO mantiene una deuda con ENAP cercana a los 30 millones de escudos.

Controla esta empresa el grupo Banco Edwards.

Se incorpora la empresa al área estatal.

Compañía. Nacional de Teléfonos.

La CORFO otorgó préstamos y avales para financiar esta empresa controlada por el grupo Matte-Alessandri.

Al 31 de diciembre de 1971 la deuda en moneda nacional y extranjera alcanzaba a Eº 2.800.000 que es casi un tercio del capital.

Tiene 1.632 accionistas y 10 de ellos controlan el 41,3% del capital.

Esta empresa se estatiza.

Compañía Standard Electric.

Diez accionistas controlan el 100% del capital de la empresa que alcanzaba a Eº 1.500.000 al 31 de diciembre de 1970. El capital más reservas era, en igual fecha, a 24 millones 580 mil escudos.

Tiene aval de CORFO para una deuda extranjera de 1 millón 105 mil dólares. Convertida a moneda nacional esta cantidad equivale al 52% de su capital más reservas.

Se incorpora al área social.

Phillips Chilena S. A.

Los aportes de CORFO llegan a 590 mil dólares. Cinco accionistas controlan todo su capital.

Pasa a formar parte del área social.

Área forestal.

Por administración deficiente se dispuso que CORFO recuperara las empresas privadas forestales. La situación de algunas de ellas es la siguiente:

a) Sociedad Maderera del Sur. Fue formada por CORFO en 1941 para la elaboración de diversos tipos de madera terciada. El aporte fue de 5 millones de pesos (250 mil dólares). Completada su instalación y asegurada su estabilidad económica se apoderan de ella, en 1954, los inversionistas del sector privado.

b) Industrias Forestales. Organizada y financiada por CORFO pasó al control de empresarios privados. No obstante, CORFO continuó entregando aportes y vitalizando sus finanzas.

La deficiente administración llevó a esta empresa al colapso financiero.

CORFO debió hacerse cargo de ella y responder por deudas contraídas por INFORSA que ascienden a 62 millones de escudos (acuerdo 9.370 del 2 de diciembre de 1969).

Dominaba esta empresa el grupo Banco Edwards.

c) Bosques e Industrias Madereras BIMA. Al igual que INFORSA, fue organizada por CORFO con importantes aportes para ser entregada posteriormente a los empresarios privados. Por graves deficiencias en su funcionamiento debió ser recuperada por CORFO previa inversión de 41 millones 490 mil escudos, haciendose cargo de una deuda con el Export Import Bank y con Morgan Guaranty Trust Company (acuerdo 9.861 de 21 de agosto de 1970).

Controlaba esta industria el grupo Banco SudamericanoMatteAlessandri.

d) Impregnadora de Maderas. En 1947 fue organizada esta empresa con aportes de CORFO y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Entre 1947 y 1958 los aportes de CORFO alcanzaron a 1 millón 200 mil escudos del año 1960.

Capitalistas del área privada se hicieron dueños de esta empresa que ahora se recupera para el Estado.

e) Explotadora de Maderas de Chile. Se organizó en 1941 por CORFO para fomentar el comercio de exportación de maderas chilenas. Participaron en esta sociedad 17 empresas productoras de maderas. CORFO aportó el 50% del capital el que transfirió en 1954, a los capitalistas privados.

f) Maderas Prensadas Cholguán. CORFO aportó créditos por 870 mil dólares. En manos de empresarios privados sufrió un colapso financiero que la llevó prácticamente a la quiebra.

Diez de sus 11. 902 accionistas controlaban el 32% del capital. La mayoría son pequeños accionistas que perdieron o estuvieron a punto de perder sus aportes por la deficiente administración del capital privado.

Estaba controlada por el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

g) Maderas y Sintéticos M ASIS A. Los aportes crediticios de CORFO alcanzan a 650 mil dólares. Tiene 3. 465 accionistas; diez de ellos dominan el 61% del capital.

Todas estas empresas han sido incorporadas al complejo maderero estatal recuperándolas CORFO para el área social de la economía.

Sociedad Lechera Nacional SOLECHE.

La difícil situación financiera de la Planta Lechera Suprema y la necesidad de asegurar la producción y abastecimiento de este producto hizo que CORFO formara la Sociedad Lechera Nacional con la Empresa de Comercio Agrícola.

El aporte de CORFO fue de 900 mil escudos. Otras empresas productoras de leche también se incorporan al área social.

Entre ellas:

a) Sociedad Productora de Leche. Con 264 accionistas, 10 de ellos dominaban el 82, 4% del capital.

b) Lechera del Sur. Con 1.729 accionistas de los cuales 10 controlaban el 35% de su capital.

Compañía Chilena de Productos Alimenticios CHIPRODAL.

Los aportes, créditos y cauciones de CORFO a esta empresa alcanzan a 1 millón 730 mil dólares.

Está formada por 17 accionistas; el 95,5% del capital está en poder de 10 de ellos.

Es la más importante industria productora de alimentos.

Se incorpora al área social.

Estaba en manos del grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

Agencias distribuidoras.

La necesidad de asegurar un abastecimiento normal para los consumidores, evitando la especulación y el acaparamiento dio origen a la Empresa Distribuidora Nacional (DINAC).

DINAC se organizó en base a Weir Scott llevada a la quiebra por los capitalistas privados.

A ella se están incorporando otras empresas privadas de la distribución, como:

a) Agencias Graham, con 283 accionistas. El 49% de su capital está dominado por 10 de ellos.

b) Saavedra Benard, con 656 accionistas. Los 10 mayores controlan el 59, 4% del capital.

c) Gildemeister S. A. C., con 93 accionistas. El 99% de su capital está en manos de 10 de ellos.

INDUS Lever S. A.

CORFO aportó créditos por 1 millón 200 mil escudos más 666 mil dólares para la ampliación de sus plantas industriales.

Sus seis accionistas dominan todo el capital social.

Domina la empresa el grupo Banco Edwards.

Ingresa al área social.

Fábrica Nacional de Loza (FANALOZA).

Los aportes de CORFO llegaron en 1966 a 2 millones 200 mil escudos.

Está formada por 2.629 accionistas. El 40% del capital está controlado por 10 de ellos.

Es una empresa vinculada al grupo Banco de Chile.

Se incorpora al área social.

Empresas carboníferas.

La CORFO ha debido intervenir para vitalizar las empresas privadas explotadoras de carbón y evitar su quiebra o paralización.

Es el caso, por ejemplo de la:

1.- Compañía Carbonífera de Pilpilco. Sucedió en 1941 a la Sociedad Legal Carbonera de Pilpilco, empresa privada. CORFO aportó el 58, 5% del capital.

2.- Compañía Carbonera de Colico Sur. Para salvar de la quiebra a la empresa privada Sucesión Eugenio García la CORFO, junto con la ex Caja de Crédito Minero (ENAMI) formaron esta sociedad. El aporte de CORFO correspondió al 75% del capital social.

3.- Compañía, Carbonera Victoria, de Lebu. Reemplazó a la empresa privada Sucesión B. Naino Talavera en 1947. Se constituyó con aportes de CORFO, ex Caja de Crédito Minero y Sucesión Naino Talavera.

CORFO aportó el 80% del capital.

4.- Compañía Carbonífera de Lota y Schwager. CORFO proporcionó capitales para su desarrollo y funcionamiento y garantizó créditos en el exterior para modernizar la maquinaria, instalaciones y racionalizar la producción por agotamiento de las reservas económicamente explotables. Esta inversión, avalada por CORFO, alcanzó en 1960 a 27 millones de escudos y 21 millones 800 mil dólares.

Todas estas empresas están en el área social.

Empresas navieras.

Para formar la flota mercante nacional se necesita multiplicar el número de naves y el tonelaje de transporte.

Los capitalistas privados que controlaron esta vital actividad económica recibieron del Estado toda clase de apoyo legal y de ayuda extranjera, con el compromiso de impulsar el desarrollo naviero y de atender el cabotaje y tráfico de pasajeros en nuestro litoral.

En 20 años de actividad de estas empresas el número de barcos decreció en 39%. El trabajo aumentó levemente, tan sólo en 1, 25% por año. El transporte de pasajeros por la vía marítima se redujo, en igual lapso, en 62%.

A la inversa, las empresas de navegación han logrado importantes ganancias a costa de la pérdida física, de tan vital actividad económica:

1.- Compañía Chilena de Navegación Interoceánica. Se inició con un capital equivalente a 16 mil escudos. Entre 1962 y 1966 las ganancias alcanzaron a 2 millones 616 mil escudos. Está formada por 1. 143 accionistas. Diez de ellos controlan el 60% del capital.

Domina la empresa el grupo Banco de Chile y Banco Edwards.

2.- Compañía Sudamericana de Vapores. Se inició con un capital equivalente a 500 mil escudos. Entre 1962 y 1966 las ganancias alcanzaron a más de 34 millones de escudos.

Está formada por 5. 795 accionistas. Los 10 mayores dominan el 45% del capital.

Está controlada por el grupo Banco Sudamericano-Matte-Alessandri.

3.- Naviera Interoceangas. También se incorpora al área social de la economía.

Tres accionistas dominan todo el capital de la empresa.

Está controlada por los grupos Banco de Chile, Banco Edward.

Y así, la mayoría de las empresas, que se integraron al área social, tiene las mismas características: han recibido de CORFO préstamos, aportes y ayuda financiera masiva para su financiamiento y existencia.

El Estado subvenciona a la empresa privada.

Los capitalistas privados y extranjeros siempre se ingeniaron para dictar leyes que les concedieran toda clase de privilegios tributarios. Los gobiernos empresariales y reformistas crearon, de esta manera, una eficaz forma de subvencionar a las empresas privadas, a costa de los recursos estatales.

Una breve reseña de la prolífica legislación tributaria pro-monopólica da una idea de la envergadura de esta ayuda estatal para un grupo reducido de hombres de negocios, que prosperan y se enriquecen con el sacrificio de todos los chilenos.

1. Industrias manufactureras. No pagan o no pagaban impuestos por los dividendos que reparte la sociedad a los socios, ni por las utilidades que obtenía una sociedad de la que formaban parte; tampoco pagaban los derechos e impuestos percibidos por las aduanas y los impuestos a la renta los pagaban disminuidos en proporción inversa al porcentaje de aumento de la producción.

Estas franquicias benefician a la mayoría de las industrias manufactureras.

2. Empresas explotadoras de carbón. Estaban liberadas de pagar impuesto a la renta sobre las utilidades destinadas a estudios, prospecciones, etcétera, como también del pago de derechos aduaneros por la importación de maquinarias, repuestos, implementos, etcétera.

3. Empresas navieras. No pagaban o no pagan impuestos a la renta y están liberadas de derechos de internación por los elementos, maquinarias y materiales que aportan para sus actividades; gozan de un sistema especial de amortizaciones, y simultáneamente les está permitido revalorizar sus bienes, naves y material a flote sin que a esta revalorización le afecten impuestos.

4. Empresas exportadoras. Están liberadas del pago de impuestos, contribuciones, gravámenes y derechos por los productos originarios de Chile que exporten. Esta liberación de impuestos alcanza también a los combustibles, energía eléctrica, lubricantes empleados en la producción y transporte de los productos hasta los puertos de embarque.

Por otra parte, el Fisco devuelve los impuestos, contribuciones y gravámenes que pagan las empresas exportadoras mediante el drawback.

5. Empresas que elaboran cobre, hierro o acero. Están liberadas de pagar los impuestos y derechos de aduana, las contribuciones de bienes raíces, el impuesto a la producción y compraventa, impuesto a la renta que afecte a los dividendos, utilidades e intereses que paguen en Chile y en el extranjero.

6. Empresas de la construcción. No pagan impuesto a las compraventas y prestaciones por los materiales y elementos destinados a la construcción de viviendas que no excedan de 70 m2 de superficie; las remuneraciones pagadas a los constructores o empresas constructoras tampoco pagan impuestos. Aquellas empresas dedicadas exclusivamente, por cuenta propia o ajena, a construir viviendas económicas, no pagan impuestos a la renta; los socios o accionistas de estas empresas no pagan ninguna clase de tributos por las rentas, dividendos, beneficios, utilidades o participación que perciban. Tampoco pagan impuesto global complementario ni adicional.

7. Empresas periodísticas. No pagan impuestos a la renta, a las prestaciones, de compraventa, cifra de negocios, ni derechos de aduana por la internación de maquinarias y elementos industriales.

8. Empresas de aeronavegación comercial privadas. No pagan derechos o impuestos de internación por la importación de aeronaves, sus partes, repuestos y equipos. Tampoco pagan impuesto sobre las utilidades y están exentas del pago de cualquier otro impuesto fiscal o municipal.

9. Empresas pesqueras. No pagan impuestos, derechos y gravámenes aduaneros por la importación de maquinaria y elementos industriales; tampoco pagan impuestos a la compraventa, servicios o transferencias ni el impuesto de timbres, estampillas y papel sellado. El impuesto a la renta lo pagan con una rebaja del 90%. Las utilidades que los socios reinviertan o reinvertían en la actividad pesquera no pagan impuesto global complementario. Las contribuciones de bienes raíces también las pagan rebajadas en 90%.

10. Empresas distribuidoras de energía y combustibles. No pagan impuesto a la compraventa por el gas combustible que la empresa productora entrega a las distribuidoras.

11. Empresas de transportes. También están favorecidas por diversas franquicias tributarias que las liberan de pagar determinados impuestos.

12. Sociedades anónima de inversiones mobiliarias. Son empresas que se forman para administrar, por cuenta de terceros, capitales para su inversión en valores mobiliarios. Los dividendos, intereses, utilidades y beneficios que distribuyen no pagan impuesto a la renta.

13. Empresas forestales. No pagan impuesto a la renta, tampoco global complementario, por las rentas o participación de los socios o personas dedicados a esta actividad. Tampoco pagan impuesto sucesorio, y los aumentos de avalúo de sus bienes raíces, terrenos, plantíos, instalaciones y construcciones no pagan impuesto de bienes raíces.

14. Empresas agrícolas. Gozan de un sistema de tributación especial, a base de presunción de renta, según el avalúo del predio. En todo caso, la tributación es muy inferior a la que pagan los contribuyentes medianos y pequeños.

Y muchas otras franquicias para la gran mayoría de la actividad comercial e industrial monopólica.

El sistema de franquicias constituye, como lo hemos adelantado, una subvención fiscal, con cargo al erario y, consecuentemente, gravoso para la inmensa mayoría de los contribuyentes.

Hay franquicias que son necesarias y convenientes para incentivar el desarrollo de determinada actividad. Hay franquicias que son injustas, abusivas y perniciosas. Su vigencia y aplicación sólo persiguen fortalecer la actividad monopólica y hacer de los grupos financiero-políticos bastiones opositores a toda forma de cambios revolucionarios que rompan las arcaicas estructuras económicas que hacen del nuestro un país dependiente, atrasado y subdesarrollado.

Sin la ayuda estatal no existiría el dominio del capital privado en nuestra economía.

Los gobiernos oligárquicos y reformistas que orientaron el proceso económico nacional dispusieron de todo el poder político y financiero del Estado para trabajar en beneficio de un puñado de capitalistas privados y de los poderosos monopolios extranjeros.

Esta confluencia de intereses hizo de los grupos familiares financiero-políticos una fuerza dominante en todas las actividades nacionales. No es una exageración decir que, por décadas, casi todo el país trabajó para esos grupos. Los recursos del Estado, a través de la Corporación de Fomento, del Banco del Estado, del sistema crediticio, de los préstamos externos, de las rebajas o exenciones de impuestos, corrían por un solo y ancho cauce: el desarrollo apreciable de la empresa privada, la concentración del capital monopolista nacional, la creciente penetración del capital imperialista en nuestras fundamentales riquezas, la pauperización y el empobrecimiento cada vez más mayor de los chilenos.

La capacidad industrial de creación de riqueza, de desinterés personal de los grandes empresarios privados, en que tanto se insiste, no pasa de ser un mito. Sin el cuantioso aporte estatal, la poderosa empresa privada actual no habría existido en Chile con el poderío que hoy sustenta. Más aún, las principales y mayores empresas monopólicas privadas actuales nacieron, como lo hemos demostrado, como empresas estatales en un primer intento de la Corporación de Fomento de crear un área social económica, frustrado lamentablemente por la coordinada y comprometida actitud antipatriótica de capitalistas, gobernantes, reaccionarios y políticos aprovechadores.

A derrotar las causas de la miseria.

Por eso, las palabras del Presidente Allende, en su reciente Mensaje ante el Congreso Nacional, golpean con precisión en la conciencia ciudadana:

Una estructura económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción fundamentales, concentrados en un grupo reducido de empresas en manos extranjeras, y de un número ínfimo de capitalistas nacionales, es la negación misma de la democracia. Un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación, por una pequeña minoría, de los recursos económicos del país. Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica.

Y reafirmaba el compañero Presidente sus conceptos con las siguientes expresiones:

El Gobierno de los trabajadores está en dura lucha contra el poderío del capital extranjero y contra los grandes capitalistas internos que actuaban en simbiosis con aquél. Esta lucha, hasta ahora, ha sido incruenta; son sus armas la unidad organizada de los trabajadores, la conciencia de su papel en la sociedad, y el control de los recursos económicos fundamentales del país. Por eso, cada empresa monopólica o estratégica que pasa a manos de la clase trabajadora es una posición ocupada al capitalismo, un nuevo baluarte de la independencia de Chile y su liberación nacional.

Concebimos el área social, en su estructura y orientación, como el embrión de la futura economía socialista.

Esa es la lucha de la hora presente: los 10 millones de chilenos, contra la opresión de 10 familias político-financieras que recurren a todos los medios de ataque y defensa para mantener y defender sus privilegios.

He dicho.